Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 402 diputadas y diputados., por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 12:07 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 27 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Luis Alfredo Valles Mendoza, Blandina Ramos Ramírez, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Lilián Zepahua García, Mariana Arámbula Meléndez, Exaltación González Ceceña y Erika Arroyo Bello.

Por los que solicitan el retiro de iniciativas y de proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implementar una Cruzada Nacional Interinstitucional y Transversal a favor de la cafeticultura en México.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite información complementaria correspondiente al primer trimestre de 2016 de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el artículo 515 Bis a la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10 fracción VII de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández y suscrita por los diputados María del Rosario Rodríguez Rubio y Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 122 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 11 y segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o., 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 86, 87, 293 y 390 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 Bis y reforma el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Ulises Ramírez Núñez y Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Arturo Santa Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 277 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o., 6o. y 84 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ricardo Quintanilla Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona un artículo 383 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 26 y 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

.g Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

De Decreto, para la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 314, 324 y 328 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Pablo Elizondo García y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por legisladoras integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 22-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 60 y 420 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y, 368 Quinquies y 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiséis de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y un minutos del martes veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas: Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Claudia Sánchez Juárez, del Partido de Acción Nacional, y Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; así como los diputados Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México; Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido de Acción Nacional, y Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Con la que comunica que se realizó modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, el cinco de abril de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión. Actualícense los registros parlamentarios.

• Con la que comunica que se recibió de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo ciento treinta y dos, numeral uno, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Instituto Nacional Electoral a efecto de que se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.

b) Se recibieron quince oficios de los diputados Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ; Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido de Acción Nacional; Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Serrano Lora, de Morena; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido de Acción Nacional; José Teodoro Barraza López, del Partido de Acción Nacional; Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena; Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; José Adrián González Navarro, del Partido de Acción Nacional; Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Partido Revolucionario Institucional, por los que solicitan que el retiro de iniciativas y proposiciones, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado. Se remite a la Comisión de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

• Con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

• Por el que se solicita a la Secretaría de Salud crear el número de atención “cero uno ochocientos” nacional y gratuito, para la orientación y atención de las mujeres con algún tipo de urgencia obstétrica; asimismo implementar los mecanismos de difusión entre la población en general, entre los servidores públicos de establecimientos hospitalarios de la red de salud pública en el país y las entidades federativas. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que comunica la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que a partir del primero de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal designó a la ciudadana María de las Mercedes Martha Juan López, como Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

• Por el que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de dieciséis fraccionamientos que se han visto afectados al no haber vías de comunicación alternas libres de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el Estado de Baja California. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

• Por el que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suspender el cobro de peaje de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro noventa y cinco, hasta en tanto no se establezca el estado óptimo de la misma que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores analizar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su caso, valorar su pertinencia, a fin de recomendar al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha Convención. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los titulares y funcionarios del primer nivel de los tres poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscales. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de Gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como a regularizar el abasto del medicamento en el sector salud, para combatirla. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

e) Del Gobierno del estado de Jalisco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en materia de movilidad. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

f) De la Secretaría del estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para intensificar las campañas de información para la prevención de la Influenza en todos sus tipos. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

g) De la Unidad de Protección Civil del estado de Sonora, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para mantener actualizado su Atlas de Riesgos. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

h) Del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer la comercialización de la leche. Se remiten a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

i) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales de los titulares de los tres Poderes de la Unión. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

j) De la Secretaría de Salud, con la que remite el Primer Informe Trimestral de dos mil dieciséis, de diversos programas sobre el Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

k) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite información complementaria correspondiente al Cuarto Trimestre de dos mil quince, de los organismos descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

l) De la Agencia de Noticias del Estado de México, con la que remite el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Gobernación, y de Radio y Televisión, para su conocimiento.

m) De la Cámara de Senadores:

• Con la que comunica que el senador Óscar Román Rosas González, se da de alta como Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. De enterado. Comuníquese.

• Con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman las fracciones tercera, y cuarta del artículo doscientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos siete, y dieciséis, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa a la Asamblea que con fundamento en lo que establece el artículo veintitrés, numeral uno, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día de ayer veinticinco de abril del año en curso, se turnó de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se reforman la fracción quinta del artículo noveno; las fracciones décima primera, y décima segunda, del artículo diecisiete y se adiciona una fracción décima tercera, al mismo artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo noventa y tres de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Mayans Canabal, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

n) Del Congreso del estado de Nuevo León, con la que remite las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos dos, tres, diez, once, dieciséis y diecisiete, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción décima séptima al artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Tercera Circunscripción Plurinominal. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Derechos de la Niñez, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

b) Fomento Cooperativo y Economía Social, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

c) Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

d) Asuntos Indígenas, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley General de Vida Silvestre.

e) Deporte, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el deporte.

f) Trabajo y Previsión Social:

• Por el que se reforman los artículos quinientos trece, y quinientos quince, y se adiciona el artículo quinientos quince Bis a la Ley Federal de Trabajo.

• Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo.

g) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Por el que se reforma el numeral uno y adiciona el numeral dos del artículo noventa y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Por el que se reforma los artículos doscientos treinta y nueve, y doscientos cuarenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Por el que se adiciona un numeral tres, al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.

h) Cambio Climático:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

• Por el que se reforma la fracción séptima del artículo treinta y tres, y el inciso b) de la fracción segunda del artículo treinta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático.

• Por el que se adiciona una fracción y un párrafo final al artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Cambio Climático.

• Por el que se reforma la fracción décima del artículo cuarenta y siete de la Ley General de Cambio Climático.

i) Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman los artículos cuatro, fracción tercera, y diez, fracción séptima de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas y los diputados: José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido de Acción Nacional; Roberto Guzmán Jacobo, Araceli Damián González, ambos de Morena; Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional y Patricia Sánchez Carrillo, del Partido de Acción Nacional;

El Presidente saluda la presencia en el Salón de Sesiones del clavadista mexicano Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y familiares que lo acompañan, invitados por el diputado Pablo Gamboa Miner, Presidente de la Comisión de Deporte. El Presidente lo invita a pasar a la Mesa Directiva para hacerle entrega de un reconocimiento por su trayectoria deportiva y le desea éxito en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro dos mil dieciséis.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

a) Por el que se reforma el artículo noveno del decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México.

b) Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

A solicitud de los diputados Soralla Bañuelos de Torre, de Nueva Alianza; Claudia Sánchez Juárez, y José Erandi Bermúdez, ambos del Partido de Acción Nacional, el Presidente invita a la Asamblea ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en memoria del doctor Néstor de Buen, prestigiado abogado laboralista y uno de los precursores de la defensa de los derechos de los trabajadores, así como del legislador local del estado de Guanajuato, Ricardo Torres Origel, quien fue diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura y senador de la República.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Juan Romero Tenorio, de Morena; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México y;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Fidel Calderón Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática.

A las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Partido de Acción Nacional; y Pablo Basáñez García, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran los dos dictámenes suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por cuatrocientos doce votos a favor; y treinta y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo noveno del decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Salud:

a) Por el que se adiciona una fracción décima segunda al artículo sexto, y un tercer párrafo al artículo sesenta y seis de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

b) Por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo setenta de la Ley General de Salud.

c) Por el que se reforma la fracción tercera del artículo ciento doce de la Ley General de Salud.

d) Por el que se reforma la fracción octava del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley General de Salud.

Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, para fundamentar los cuatro dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Mariana Trejo Flores, de Morena; Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México, Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

y Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional. Se someten a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

a) En votación nominal por cuatrocientos cuarenta y cuatro votos a favor; y uno en contra; se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima segunda al artículo sexto, y un tercer párrafo al artículo sesenta y seis de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo setenta de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo ciento doce de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

d) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción octava del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional;

a) Por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

b) Por el que se adiciona el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, para fundamentar los dos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Manuel de Jesús Espino, de Movimiento Ciudadano; Norma Edith Martínez Guzmán, de Partido Encuentro Social; Alfredo Basurto Román, de Morena; Wendolin Toledo Aceves, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Sánchez Juárez, del Partido de Acción Nacional; y Fidel Almanza Monroy, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tercero, y décimo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Evelyng Soraya Flores Carranza, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, que reforma el artículo ciento dieciséis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, que reforma los artículos veintitrés de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y noveno, y treinta de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Gobernación, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, y suscrita por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rosa Elena Millán Bueno, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo noventa y seis de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, y de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

– Que reforma el artículo séptimo Bis de la Ley de Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, y suscrito por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General para el Control del Ruido Urbano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Vidal Llerenas Morales, y suscrito por diputados integrantes de Morena, que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y reforma los artículos setenta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuarenta y nueve de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen; y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

Se recibe del diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Se turna a la Transparencia y Anticorrupción, para dictamen; y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma los artículos setenta y seis de la Ley de Petróleos Mexicanos, y setenta y ocho de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud, y de la Ley General de Población. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Población, para opinión.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, y suscrita por el diputado Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y de la Ley de Aeropuertos. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General de Sistemas Nacionales de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción vigésima primera, del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos ciento tres y ciento siete, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley de Instituciones de Crédito. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante en Comisión. De enterado. Comuníquese.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas con proyecto de decreto, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Impulso y Desarrollo de la Industria Vitivinícola. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanismos que den solución al bajo precio de la tonelada de trigo y se implemente un plan para su desarrollo y producción en el estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, relativo al otorgamiento de seguridad social para todos los prestadores de servicios de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a desarrollar estímulos fiscales para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Integrantes de la Comisión de Juventud, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se lleve a cabo la promoción de programas para la prevención del suicidio en jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal, y a los titulares del Poder Ejecutivo de diversas entidades federativas, a fin de implementar medidas de prevención y combate de incendios forestales y aplicar proyectos de reforestación en los lugares afectados. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanismos que den solución al bajo precio de la tonelada de algodón. Se turna a Comisiónde Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Gobernación, se difunda el convenio celebrado entre estas dependencias para crear la Gendarmería Ambiental. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud, a celebrar los acuerdos y convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de realizar un nuevo levantamiento de la Encuesta Nacional Sobre Violencia en el Noviazgo. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, y Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de solucionar la problemática de los artesanos y artesanas-comerciantes de Teotihuacán, Estado de México. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a elaborar un plan de acción que permita erradicar las conductas de intimidación y extorsión por parte de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular, en las zonas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del Valle de México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen; y a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

• Juan Romero Tenorio, y Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de solucionar la problemática de los artesanos y artesanas- comerciantes de la zona arqueológica de Chichen Itza. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Integrantes de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de emprender un Plan Nacional de búsqueda de todas las personas desaparecidas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que a través de la Procuraduría General de Justicia, y de la Secretaría de Seguridad Pública, se implementen acciones para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con veintinueve minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continúe con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

El que suscribe diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a la Mesa Directiva que sea retirada la iniciativa: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual presente el martes 10 de noviembre de 2015, y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

El que suscribe diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a la Mesa Directiva que sea retirada la iniciativa: Que expide la Ley General de Aguas, la cual presente el jueves 24 de septiembre de 2015, y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y a la de Recursos Hidráulicos.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el párrafo quinto del artículo 25 y el párrafo cuarto del artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la suscrita del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 13 de octubre de 2015 y que fue turnada el 14 de octubre de 2016 a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2016.— Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Como es de su conocimiento, en la pasada sesión de fecha 25 de febrero de 2016, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La presente es con motivo de solicitar al órgano que dignamente preside y por así convenir a mis intereses, que sea retirada de los registros, reservándome el derecho de presentarla de nueva cuenta en posterior ocasión.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo y mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2016.— Diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

De conformidad con las facultades conferidas a la Presidencia de la Mesa Directiva en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle que dicte sus instrucciones para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada el 9 de febrero del presente año y turnada a la Comisión de Transportes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada Lillian Zepahua García (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el gusto de enviarle un cordial saludo, solicito de la manera más atenta el retiro del punto de acuerdo, turnado a la comisión de Derechos de la Niñez.

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, elabore un “Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual”, en el cual se incluyan las materias de prevención, atención y sanción.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, y aunado a un cordial saludo, me dirijo a usted con el debido respeto, y en aras de nuestra labor legislativa, para solicitarle amablemente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirado el siguiente:

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de garantizar la libertad de expresión y dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Fomento Cooperativo y Económica Social, el punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al gobierno de estado de Guanajuato a firmar convenio de coordinación con el fideicomiso PAGO con el objeto de apoyar a los ahorradores guanajuatenses defraudados por las sociedades de “cajas de ahorro”, presentado por la que suscribe. Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-11-8-1108 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/2288/2016 suscrito por el ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría .de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar una Cruzada Nacional Interinstitucional y Transversal a favor de la cafeticultura en México, a través de medidas de apoyo en las actividades a desarrollar con el Programa de Empleo Temporal, para las actividades de infraestructura en el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades qué atañen a este cultivo, que fomenten la actividad económica de las regiones cafetaleras.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle 1a seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP /UEL/311/681/16, por el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, implemente una Cruzada Nacional Interinstitucional y Transversal a favor de la cafeticultura en México a través de medidas de apoyo en las actividades a desarrollar con el Programa de Empleo Temporal, para las actividades de infraestructura en el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades que atañen a este cultivo, que fomenten la actividad económica de las regiones cafetaleras, a través de incentivos económicos implantando programas de empleo temporal, entre otros.

Al respecto, adjunto copia simple del oficio número SDSH/DGS/214/337/2016, signado por el licenciado Joel Vargas Zempoaltécatl de la Dirección General de Seguimiento, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2016.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios.— Presente.

En atención a su oficio número DG.510.11/2100/2016, del 18 de abril de 2016, a través del cual informa a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, del punto de acuerdo aprobado el 7 del actual, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras para que implemente una Cruzada Nacional interinstitucional y Transversal a favor de la cafeticultura en México a través de medidas de apoyo en las actividades a desarrollar con el Programa de Empleo Temporal, para las actividades de infraestructura en el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades que atañen a este cultivo, que fomenten la actividad económica de las regiones cafetaleras, a través de incentivos económicos implementando Programas de Empleo Temporal, entre otros.

Al respecto, me permito enviar en forma anexa los comentarios vertidos respecto de dicho exhorto por parte de la Unidad Responsable de la Operación del Programa de Empleo Temporal a través de oficio número SDSH/ UMRl212/0372/2016.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Ciudad de México, a 22 de abril de 2016.— Licenciado Joel Vargas Zempoaltécatl, encargado del despacho de la Dirección General de Seguimiento.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Joel Vargas Zempoaltécatl, encargado del despacho de la Dirección General de Seguimiento.— Presente.

Estimado licenciado Vargas:

Hago referencia a su oficio número SDSH/DGS/214/329/2016, de fecha 20 de abril de 2016, por el cual remite el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 7 de abril de 2016, que en el punto segundo señala:

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a que las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Sagarpa, implementen Cruzada Nacional Interinstitucional Transversal a favor de la cafeticultura en México. A través de medidas de apoyo en las actividades a desarrollar con el Programa de Empleo Temporal, para las actividades de infraestructura en el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades que atañen a este cultivo, que fomenten la actividad económica de las regiones cafetalera, a través de las siguientes vertientes propuestas 1. Impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y certificados 2. Adquisición de planta para renovación de cafetales 3. Acompañamiento técnico 4. Incentivos económicos: Implementando programas de empleo temporal 5. Impulsar incentivos adicionales a los apoyos, proyectos económicos 6. Paquetes tecnológicos 7. Infraestructura y equipamiento 8. Generación de un padrón nacional cafetalero nuevo y sistema integral de indicadores 9. Retomar la vinculación y participación de México en organismos de cooperación técnica regional como el Promecafe. (Énfasis añadido)

En relación con lo anterior, es importante resaltar que nuestro país ha establecido, a través del Programa de Empleo Temporal (PET), una alternativa cuando la oferta laboral disminuye en algunas regiones a lo largo del año debido a emergencias o por efecto de los ciclos productivos, afectando principalmente a la población de escasos recursos que enfrenta periódicamente etapas con una grave disminución en sus ingresos y patrimonio.

En tal virtud, el PET puede ser una vía para atender a la población afectada referida por la Honorable Cámara de Diputados.

Asimismo y considerando, que el grupo permanente de trabajo del PET, integrado por las y los directores generales de las dependencias que ejecutan el programa (Sedesol, Semarnat, SCT y STPS), es el órgano operativo del Comité Técnico, se hará de su conocimiento el citado punto de acuerdo; para que, en el marco de las Reglas de Operación del PET, de conformidad con los tipos, conceptos, montos de apoyo y mecánica operativa, y en coordinación con la Sagarpa, se desarrollen los proyectos específicos para atender a la población que ha visto disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por las situaciones ya mencionadas, específicamente respecto de lo señalado en el numeral 4 del multicitado acuerdo segundo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de abril de 2016.— Maestro José Miguel López Olvera (rúbrica), director general adjunto de Programas Sociales y encargado del despacho de la Unidad de Microrregiones, quien con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento Interior de esta dependencia, firma en suplencia por ausencia del titular.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance al oficio 710.2016.20.3-0837 de fecha 27 de enero del presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el cual se indica que los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de éstos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite disco compacto con información correspondiente al primer trimestre de 2016 de los siguientes organismos descentralizados:

- Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (515),

- Universidad Nacional Metropolitana, (A2M),

- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (L5X),

- Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q).

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de abril de 2016.— Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INICIATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar la siguiente

Propuesta de Iniciativa

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso c), párrafo segundo; y Base Quinta, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 42, en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno.

Sírvase encontrar anexa al presente copia del dictamen en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Recinto Legislativo, a 19 de abril de 2016.— Diputado José Manuel Delgadillo Moreno (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura.— Presente.

El 9 de diciembre del 2015 fue turnada a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se desprende reformar el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso c), párrafo segundo; y Base Quinta, primer párrafo, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, Apartado C, Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, fracción I, 18, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, fracción I, 48 y 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, fracciones I y II, 11, 14, 17, fracciones III, IV y V, 18, fracciones II, III, IV y X, 59, 60, fracción II, párrafo I, 61, 62, fracción XXI, 63, 64, 66, 67, 68, 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 28, párrafo I, II, III, IV, V, IX, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41 párrafo II, 85, 86, 88, 90, 91 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, fracción I, II 19 I, X, XI, 34, 35, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la propuesta en cuestión, para someter a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor del siguiente

Preámbulo

1. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la presente iniciativa con proyecto de decreto, en virtud del cual se desprende reformar el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso C), párrafo segundo; y Base Quinta, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Antecedentes

1. El 8 de diciembre de 2015, el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se pretende reformar el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso c), párrafo segundo; y Base Quinta, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno.

2. El 9 de diciembre de 2015, mediante el oficio número MDPPSOPA/ CSP/ 1536/ 2015, el diputado Víctor Hugo Romo Guerra, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se pretende reformar el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso c), párrafo segundo; y Base Quinta, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. Para cumplir en lo dispuesto por los artículos 64, 66 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se reunieron el 28 de enero de 2016, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al pleno de esta honorable Asamblea Legislativa bajo los siguientes:

Considerandos

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer la presente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se pretende reformar el artículo 122 apartado C, base primera, fracción V, inciso C) párrafo segundo; base quinta, primera párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42 en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 7, 10, fracción I; 89, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 30 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1, 3, 4, 8, 9, fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo. Que la iniciativa sujeta a análisis, plantea:

“...La concepción jurídico política del Distrito Federal, como capital, entidad híbrida de la federación y sede de los poderes federales, le confiere un carácter sui generis, generador de un trato excluyente, sino es que discriminatorio, distinto al de las demás entidades federativas, cuya autonomía competencial, deriva del principio de exclusión tutelado por el artículo 124 de la Constitución Federal, que por ser el asiento de los Poderes de la Unión, no es beneficiario el Distrito Federal; argumento que carece de sustento jurídico y teórico...”

“...Se requiere evolución orgánica y política del Distrito Federal, a fin de realizar los ajustes y adecuaciones que confieran mayor fuerza y certeza a la función fiscalizadora, consolidando un régimen autónomo, trasparente, congruente con los principios y directrices de la Constitución Federal, que garantice el resarcimiento de la hacienda pública y el oportuno financiamiento de responsabilidades, superando el constante reclamo de establecer un sistema autónomo eficaz que tutele la transparencia y la rendición de cuentas; y que proscriba la corrupción e impunidad...”

“...Se desprende que se delimita un sistema de funciones y competencias en materia de fiscalización pública garante de la transparencia y rendición de cuentas; que el legislador regula como contrapeso de la administración y aplicación de recursos al gasto público...”

“...Siendo cuestionable e injustificable que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, carezca de facultades para legislar en dicho ámbito, situación que atenta a los principios de equidad democrática del Estado federado sirva de ejemplo el manifiesto retraso e incongruencia constitucional que en materia de fiscalización tiene, al contar con un marco competencial restringido por los artículos 74 y 122 de la Carta Magna, que confieren únicamente a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal, facultades para la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal...”

“...Por ello, con esta propuesta de reforma constitucional, se redimensiona el Sistema Federal Mexicano, al otorgarle plena autonomía constitucional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar en la materia de fiscalización y con ello coadyuvar al Sistema Nacional de Fiscalización, como sucede con las entidades federativas en su participación en esta materia...”

Tercero. De la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión se desprende que la iniciativa de reforma constitucional con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 122 apartado C, base primera, fracción V, inciso C) párrafo segundo; y base quinta primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42 en sus fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; realizada por el diputado promovente, es atendible.

Lo anterior en virtud de que esta comisión dictaminadora una vez que se abocó al estudio y análisis exhaustivo de la propuesta encontró que en el numeral CUARTO de su propuesta señala: “Túrnese al Congreso de la Unión, en términos del artículo 122 inciso “C” BASE PRIMERA inciso “O” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y del artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

En este orden de ideas la y los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en aprobar el presente dictamen, mismo que contendrá la iniciativa realizada por el promovente y que será insertada al presente de manera íntegra a fin de que el Congreso en el momento procesal oportuno y una vez que haya desahogado el proceso legislativo correspondiente decida sobre la aprobación de la misma.

Lo anterior con base en las siguientes motivaciones y fundamentos de derecho:

Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada a legislar en materia de lo que expresamente le confiere el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que en ninguno de sus supuestos señala la facultad de poder legislar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la del Estatuto de Gobierno ya que dicha facultad se encuentra otorgada al Congreso de la Unión a través del numeral antes señalado que a la letra dice:

“Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, al Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

...

...

...

...

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

...

...

...

...

...

...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

...

...

...

V. Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servicios públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 155 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea.

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal tendrán carácter público.

El titular de la entidad de la entidad de fiscalización Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberán contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades;

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de gobierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

f) expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumieran, respectivamente, para jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales;

g) Legislar en materia de administración pública local, régimen interno y de procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civiles y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre exploración, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa;

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y

q) Las demás que se le conferían expresamente en esta Constitución.

...

I y II. ...

...

I y II...

...

...

...

I a VI...

...

...

...

...

...

...

...

...

...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII legislatura .con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 7, 10 fracción I y XXVII, 89, y los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1, 3, 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

Resuelve

Primero. Se aprueba la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se pretende reformar el artículo 122 apartado C, base primera, fracción v, inciso c), párrafo segundo; y base quinta, primera párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, en las fracciones IX, XI, XIX, y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para ser remitida a la Cámara de Diputados en los siguientes términos:

Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos C), y E); Base Quinta, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones IX, XI’, XIX y XX; 43, y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII Legislatura.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

El suscrito diputado Iván Texta Solís integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, segundo párrafo, 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos g), h), i), j), k) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 42, fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI y 46, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 10, fracción I y 17, fracción IV, de la Ley Orgánica; y artículo 85, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se permite poner a consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa la presente: iniciativa de reforma constitucional con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso c), párrafo segundo; y e); Base Quinta, Primer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, fracciones IX, XI, XIX y XX, y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La concepción jurídico política del Distrito Federal, como capital, entidad hibrida de la federación y sede de los Poderes federales, le confiere un carácter sui generis, generador de un trato excluyente, sino es que discriminatorio, distinto al de las demás entidades federativas, cuya autonomía competencial, deriva del principio de exclusión tutelado por el artículo 124 de la Constitución federal, que por ser el asiento a los Poderes de la Unión, no es beneficiario el Distrito Federal; argumento que carece de sustento jurídico y teórico, para pretender invocarlo como premisa para aislarlo del goce de un régimen constitucional idéntico al de los demás miembros del pacto federal; máxime, que no se obstaculiza el eficaz funcionamiento de los Poderes federales, con quienes puede y debe concurrir bajo el respeto demócrata institucional; principio que, de conformidad con la división de poderes tradicional y contemporánea, prevalece en todo Estado, bajo la óptica de integración democrática y el diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad cuya composición social, económica y geopolítica, afronta los mismos retos que el resto del país.

La evolución estructural constitucional de las instituciones de gobierno del Distrito Federal, se ha consolidado paulatinamente a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que generaron el surgimiento de su propio órgano legislativo, con competencia restringida, situación que obstaculiza su equilibrio democrático y eficacia gubernamental, siendo necesario dotarlo de autonomía, respetando, el papel que desempeña como capital federal y sede de los Poderes de la Unión.

Autonomía que no consolida, a pesar del avance significativo que han representado las iniciativas de reformas constitucional respecto de la concepción y conformación del Distrito Federal, al reservarse la federación de facultades en materias que deben ser ejercidas por los órganos locales de gobierno; lo que notoriamente refleja un desfase conservador teórico práctico que riñe con las teorías del neofederalismo contemporáneo.

Se requiere evolución orgánica y política del Distrito Federal, a fin de realizare los ajustes y adecuaciones que confieran mayor fuera y certeza a la función fiscalizadora, consolidando un régimen autónomo, trasparente, congruente con sus principios y directrices de la Constitución Federal, que garantice el resarcimiento de la hacienda pública y el oportuno fincamiento de responsabilidades, superando, el constante reclamo de establecer un sistema autónomo eficaz que tutele la transparencia y la rendición de cuentas; y que proscriba la corrupción e impunidad.

Del estudio conjunto, armónico y sistemático de los artículos 73, 74, 79, 116, 122, sexto párrafo, inciso C), Base Primera, fracción V, incisos b), c) y e), y 134, primer párrafo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se despende que, se delimita un sistema de funciones y competencias en materia de fiscalización Pública garante de la transparencia y rendición de cuentas; que el Legislador regula como contrapeso de la administración y aplicación de recursos al gasto público; consecuentemente, podemos afirmar que, la atribución de fiscalizar y evaluar, se traduce en la revisión de la cuenta pública como instrumento destinado a comprobar el uso correcto de los recursos públicos autorizados en el presupuesto de egresos, brindando elementos al Legislativo, para formular un juicio crítico, imparcial y objetico, de la obra realizada por el ejecutor del presupuesto, señalándole las deficiencias si las hubiere, pero además y en forma principal establecer si existió un desbordamiento en gastos no autorizados; es por ello que el artículo 74, fracción VI, de la Constitución federal, determina que el objeto de la revisión de la Cuenta Pública radica en evaluar los resultados de gestión financiera, comprobar si se ajustó a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, por ello, la función que realizan las entidades de fiscalización superior, persigue, como fin inmediato verificar si se cumplió estrictamente con las disposiciones del presupuesto de egresos, y como fin mediato garantizar a los gobernados que los recursos públicos están siendo manejados con pulcritud y destinados al bienestar de la población, por lo tanto, la función de Fiscalización, radica en revisar y verificar que el Presupuesto de Egresos, hay sido ejercido por las instancias públicas y privadas que recibieron recursos públicos con:

A) Eficiencia, es decir, que se emplearon los menores costos y se maximizaron los beneficios, utilizando los mejores medios para alcanzar los fines.

B) Eficacia, al satisfacer plenamente los objetivos del presupuesto con el empleo correcto de los recursos autorizados.

C) Economía, al ejercerlos y administrarlos con racionalidad, austeridad, de modo transparente tanto en sus procedimientos como en los resultados, fomentando su máxima publicidad y honradez.

Función que debe ejercerse con imparcialidad, legalidad, objetividad, definitividad y confiabilidad; y que concluye con la entrega del Informe de Resultados; instrumento que conforma al crisol de auditorías practicadas, dictámenes de revisión, apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos, la verificación del desempeño en el cumplimiento de los programas y observaciones que la Entidad Fiscalizadora haya realizado.

Como se despende del texto constitucional y de nuestra conformación como federación, concurrente tres ámbitos de fiscalización, el reservado a favor de la Auditoría Superior de la Federación, regulado básicamente por el artículo 79 de la Constitución federal, el previsto para las entidades federativas en términos de los artículos 116 y 124 del citado ordenamiento; tanto el federal, como el de los estados, han evolucionado a la par y en algunos casos de Querétaro y Veracruz, que regulan la autonomía constitucional plena; sin embargo el más desfasado es el del Distrito Federal, que hoy en día demanda congruencia entre el marco competencial y funcional de sus instituciones y los lineamientos de la Constitución federal, sirva de ejemplo, el hecho que a nivel nacional, sólo en el Distrito Federal la Cuenta Pública se presenta hasta junio, como se desprende del cuadro comparativo que a continuación se expone:

Siendo cuestionable e injustificable, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, carezca de facultades para legislar en dicho ámbito, situación que atenta a los principios de equidad democrática del Estado federado, sirva de ejemplo el manifiesto retraso e incongruencia constitucional que en materia de fiscalización tiene, al contar con un marco competencial restringido por los artículos 74 y 122 de la Carta Magna, que confieren únicamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, facultades para la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal, lo que le priva de las atribuciones previstas en los artículos 79 y 116 de nuestra Ley Suprema, la realidad demanda impulsar una reforma con el propósito expreso de que técnica, jurídica y administrativamente se consolide de la función fiscalizadora con una presencia más activa y directa en los proceso de revisión de la Cuenta Pública, al garantizar un desempeño más exhaustivo, con resultados eficaces; asegurando la rendición responsable y rigurosa de la gestión pública.

En virtud de lo anterior, es que se propone reformar el artículo 122 de la Constitución federal a efecto que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, salvaguarde la protección de los recursos públicos, fomentando la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de la hacienda pública, legislando en el ámbito de su competencia en los términos de entrega de la Cuenta Pública, e Informe de Resultados de conformidad con la revisión de la Cuenta Pública federal, como sucede con las demás entidades federativas; en virtud que actualmente a nivel federal la cuneta pública se presenta el 30 de abril, concluye a más tardar el 31 de octubre del año siguiente y el Informe de Resultados se entrega a más tardare el 20 de febrero del año siguiente; en tanto que en el Distrito Federal la Cuenta Pública deber ser enviada en los primeros diez días del mes de junio y el informe de resultados se presenta el 15 de julio del año siguiente a la recepción de la Cuenta Pública; en el ámbito federal, el proceso de revisión de la cuenta comprende seis meses y el relativo a la entrega del Informe de Resultados tres meses con veinte días, que suman un total de nueve meses veinte días; mientras que en el Distrito Federal el proceso de la revisión de la Cuenta Pública y entrega del Informe de Resultados abarca aproximadamente 13 meses entre ambos procesos de revisión de la Cuenta Pública, lo que se traduce en un desfase que impacta, entre otros aspectos. En los términos de prescripción de las acciones de finamiento de responsabilidades y emisión de observaciones y recomendaciones.

El fortalecimiento institucional de las entidades de fiscalización superior como factor de equilibrio en nuestro régimen de división de poderes logrará en la medida en que se fortalezca su autonomía la profesionalización, control y transparencia pública; como lo estableció en su momento en 1977 la “Declaración de Lima de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, Intosai, instrumento que determinó “que el cumplimiento efectivo y eficaz de los mandaros legales y constitucionales de las entidades de fiscalización, sólo puede llevarse a cabo sí son independientes y están protegidas contra influencias externas; atributo que como mínimo debe ser funcional, organizativo, estar garantizado constitucionalmente, a favor tanto de la institución, como a favor de sus miembros y funcionarios, a fin que su actuar se blinde de injerencias externas que vulneren la imparcialidad de su criterio técnico profesional; independencia que debe abarcar el aspecto financiero, pues es necesario poner a disposición de las entidades de fiscalización los medios financieros necesarios a fin de que cumplan sus funciones con total responsabilidad e independencia”, premisa adoptada en 2001, como parte de las decisiones del XVII Congreso del Intosai, en Seúl, corea, al determinar que las Entidades de Fiscalización “solo pueden realizar sus cometidos si son independientes de la institución fiscalizada y están protegidas contra influencias externas, por lo que dicha independencia debe ser garantizada por Ley”, antecedente de la “declaración de México durante el XIX Congreso de la Intosai, instrumento que por acuerdo del XX Simposio de Intosai, se acordó publicar y distribuir bajo el título “Declaración de México sobre independencia”, que establece como principios que garantizan la Independencia de las Entidades de fiscalización los siguientes:

*1) la legislación apropiada y eficaz, 2) la seguridad en el cargo e inmunidad de sus miembros, 3) mandatos amplios y facultades discrecionales para el cumplimiento de sus funciones, 4) acceso irrestricto a la información, 5) derecho y obligación de informar sobre sus labores, 7) mecanismos eficaces de seguimiento a las recomendaciones emitidas y 8) autonomía financiera, gerencial y administrativa, y disponibilidad de recursos apropiados.”

Principios que la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, Asofis, hace suyos en abril de 2009 a través de la Declaración de Zacatecas, conformada por los siguientes postulados:

Primero. Transición de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) con autonomía técnica y de gestión a organismos constitucionalmente, autónomos.

Segundo. Fortalecer la autonomía técnica y de gestión de las EFS mediante reformas legislativas.

Tercero. Fortalecer la autonomía de las EFS mediante la seguridad en el cargo de los titulares de las entidades de fiscalización superior.

Cuarto. Autonomía de la EFS en la elaboración, ejecución y seguimiento del programa anual de auditorías.

Quinto. Fortalecer la autonomía de las EFS mediante el acceso, irrestricto a la información en posesión de los sujetos auditados.

Sexto. Fortalecer la autonomía de las EFS mediante la transparencia y acceso a la información.

Séptimo. Fortalecer la autonomía de las EFS mediante la publicación de los informes de resultados.

Octavo. Autonomía de las EFS para el fincamiento de responsabilidades administrativas y resarcitorias.

Noveno. Fortalecer la autonomía financiera y gerencial/administrativa de las EFS.

Décimo: Fortalecer la autonomía de las EFS mediante la rendición de cuentas a la sociedad ser sujetos de fiscalización.

Décimo Primero. Fortalecer la autonomía de las EFS mediante la implementación de códigos de ética profesional.

Contexto que busca garantizar la potestad de las Entidades de Fiscalización de regular su funcionamiento interno sin interferencia externa que inhiba su funcionamiento; y la libertad para determinar, atender, resolver y decidir las prácticas que adoptará en el cumplimiento y ejercicio de la función encomendada.

Como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que “la revisión de las cuentas públicas es una tarea preponderantemente técnica para la que no se requiere de conocimientos especializados en materia de auditoría...” confiriéndole el carácter de documento inspirador de la independencia en materia de auditoría a la Declaración de Lima, lo que le otorga a dicho instrumento el carácter de fuente de la autonomía que deben gozar constitucionalmente las entidades de fiscalización superior.

Por ello, con esta propuesta de reforma constitucional se redimiensiona el sistema federal mexicano, al otorgarle plena autonomía constitucional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar en materia de fiscalización y con ello coadyuvar al sistema nacional de fiscalización, como sucede con las entidades federativas en su participación en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma

Primero. El artículo 122, Apartado E, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Base Primera, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Segundo.Se reforma el artículo 42 en sus fracciónes IX, XI, XIX y XX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 42. ...

I. a VIII. ...

Atentamente

Diputado Iván Texta Solís

Dado en el recinto legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 1 de diciembre de 2015.

Segundo.Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28; 32 y 33del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 25 días del mes de febrero de dos mil dieciséis.— La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputados: José Manuel Ballesteros López (rúbrica), Dunia Ludlow Deloya (rúbrica), Raúl Flores García, Juan Gabriel Corchado Acevedo (rúbrica), José Manuel Delgadillo Moreno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Antonio Tarek Abdala Saad, para fundamentar el dictamen de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Antonio Tarek Abdala Saad:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el espíritu de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales parte de la necesidad de implementar una política de fomento económico, de desarrollo industrial en las zonas económicas más rezagadas de México, capaz de activar un crecimiento real e impulsar un cambio sustantivo en la estructura económica hacia los sectores de las actividades más productivas.

Los senadores hicieron algunas aportaciones a la propuesta que enviamos como Cámara de origen. Dentro de las aportaciones más importantes destaca el que se amplía el criterio para considerar como susceptible a los beneficios de esta ley a más entidades federativas y a más regiones de nuestro país.

Esto permitirá que las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema puedan ser beneficiadas en futuros decretos, así también esta minuta permite especificar que en las zonas podrán desarrollarse tanto actividades de innovación y desarrollo científico y tecnológico, como de agroindustria, ya que se trata de impulsar los sectores económicos que puedan tener alta productividad y cuya relevancia sea importante.

En el mismo sentido, las modificaciones hacen posible que el Conacyt pueda participar activamente en la Comisión Intersecretarial y, así, darle mayor alcance al tema de la conformación del capital humano.

El Senado de la República incorporó que los proyectos de carácter federal que formen parte del programa de desarrollo tengan preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciendo así patente la importancia de este programa en el ámbito presupuestario federal.

Los senadores también precisaron la definición del administrador integral, para que este tenga carácter de desarrollador y de operador de las zonas. Con esto los inversionistas podrán identificar de mejor manera su rol institucional.

Con el objeto de dar certidumbre jurídica a los contribuyentes de la zona, se establecen las directrices para el otorgamiento de los beneficios fiscales. En este sentido, relacionado con el impuesto del valor agregado, los bienes que se introduzcan a las zonas, así como los servicios que se aprovechen de las mismas, estarán afectos a una tasa cero, siempre y cuando estas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México.

También se incorporó en cuanto a los bienes que salgan de las zonas para introducirse al resto del país, estarán afectos a una tasa general de pago. Sin embargo, si se trata de la extracción de los bienes de la zona fuera del país dicha operación no estará sujeta a este impuesto. Las actividades que se realicen al interior de las zonas económicas y las empresas que la realicen tampoco serán consideradas como contribuyentes en este impuesto.

En relación al impuesto sobre la renta se especifica que los beneficios fiscales deberán promover la inversión productiva, la formación de capital humano, la formación y la capacitación de los trabajadores. Esto impulsará la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de las remuneraciones de los trabajadores empleados en la zona.

Por lo que respecta a los impuestos al comercio exterior, se especifica que éstos se paguen al extraer las mercancías de la zona. Se podrá optar por la menor incidencia arancelaria en función de la cuota aplicada a los insumos o a las mercancías después de haberse sometido a procesos de elaboración, de transformación o de reparación dentro de las mismas.

En relación a la celebración de convenios de coordinación, se realizaron las siguientes tres modificaciones.

En primer lugar se añada que el convenio de coordinación sea publicado en el medio de difusión oficial de la entidad federativa además del Diario Oficial de la Federación, tal como lo establecía la minuta enviada por esta Cámara.

En segundo lugar se consideró necesario aclarar que los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y delos municipios deban pasar por la autorización del Poder Legislativo local o del ayuntamiento, según corresponda a su legislación local. En caso que estas autorizaciones no sean requeridas conforme a dicha legislación los titulares deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con ello, las autoridades federales y los particulares interesados tendrán seguridad jurídica respecto a la celebración del convenio de coordinación, que se ha cumplido con las autorizaciones gubernamentales aplicables a nivel local y municipal.

Por último, dentro de los ajustes realizados por la colegisladora se modifican las atribuciones del Consejo Técnico de la zona. Esta instancia opinará en los programa de vinculación con empresas, trabajadores locales y de responsabilidad social, así mantendrá su participación como instancia de seguimiento de estas materias, facultándola a emitir recomendaciones al programa de desarrollo, lo cual indudablemente fortalece su objeto al darle un firme instrumento de comunicación con las autoridades que elaboran y ejecutan el programa de desarrollo.

Con este ajuste obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar al Consejo Técnico en un plazo no mayor a 60 días, las recomendaciones que se han hecho a este órgano colegiado.

Se precisa que el Consejo Técnico tendrá una naturaleza multidisciplinaria y contará con autonomía en funciones, lo cual determinará de mejor forma su carácter plural y la independencia de sus opiniones.

Por lo que respecta a la integración del Consejo Técnico, se establece como requisito de los miembros que representan los sectores de educación, de investigación y los empresarios, que acrediten la experiencia y el conocimiento en las materias vinculadas con esta ley. También se incorpora la participación de los representantes de los trabajadores que laboran en la zona.

Por otra parte, los representantes de la sociedad civil participarán en el Consejo Técnico con carácter de invitados, con el fin de que aporten elementos al Consejo desde el punto de vista de observadores sociales.

Sin lugar a dudas, compañeras y compañeros, la aprobación de este dictamen va a representar un paso de gran importancia para la economía de nuestro país. Reconocemos la labor de la colegisladora y compartimos su voluntad de mejorar los aspectos relativos a la operación de las zonas económicas y a sus áreas de influencia.

Convencido de la viabilidad de este ordenamiento y de la necesidad de contar con una normatividad que regula adecuadamente las zonas económicas especiales, en nombre de la Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge Dávila, solicito su voto a la aprobación de esta minuta, que en la comisión fue aprobada con 25 votos a favor y una abstención. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala.

Está a discusión en lo general. Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos anotados a diputadas y diputados para hacer uso de la palabra.

Antes queremos saludar la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Bachillerato Tecnológico Lucio Mendieta y Núñez, de la Delegación Benito Juárez, de aquí de la Ciudad de México, así como alumnos y maestros de la Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón, del municipio de Cuautitlán Izcalli, del Estado de México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Vamos a darnos tres minutos de participaciones, a ver si lo logramos, sabiendo que tenemos un día intenso de trabajo, con una cantidad significativa de dictámenes.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente, como dice el diputado Abdala, es un punto estratégico detonar y que el Senado haya hecho modificaciones, consideramos como Partido Encuentro Social, acertadas.

Generar e impulsar el crecimiento económico de regiones que presentan los mayores rezagos sociales, es un imperativo para cualquier gobierno. Hay un pasivo social, amigas y amigos, en materia del sureste del país y qué bueno que se incrementan las entidades federativas con una visión de mayor justicia.

Ahí está la oportunidad, pero también es un indicador que nos debe de quedar muy claro, sin detrimento del acierto de la generación, de la creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales.

Es un indicador de que los programas sociales han fracasado en el combate a la pobreza, no han funcionado, no han ejercido el resultado esperado por la sociedad y, por supuesto, por el diseño de la política pública destinada a ese sector menesteroso.

Por eso vemos con buenos ojos y venimos a votar en favor de este dictamen que, por supuesto, va a fortalecer en gran parte al sureste del país, donde, si tenemos un análisis de ingreso per cápita de las ciudades del centro y del norte del país, nos daremos cuenta en ese indicador que han crecido en décadas, digamos, 48 por ciento, y las zonas del sureste han crecido en ingreso per cápita sus habitantes, por supuesto, en un 38 por ciento, 10 puntos menos, lo cual refleja la necesidad y la prioridad para impulsar a la economía.

De ahí celebramos que esta iniciativa, que esta reforma, mejor dicho, que hoy se apruebe con el voto de todos nosotros, viene integrada con un consejo consultivo que constituyen el sector educativo, el sector de investigación y el sector productivo organizado, esto no estaba anteriormente en el esquema de la iniciativa con firmeza jurídica, estaba de manera enunciada.

Hoy este dictamen viene a fortalecer para que sean escuchadas las voces de las personas que radican en las zonas y que conocen el problema desde el punto de vista innovador. Agregar la agroindustria y agregar la innovación, es un acierto estratégico.

Vamos a velar por el sector de la agroindustria, que es un sector abandonado y que si le damos los elementos necesarios sin duda que este país tendrá un diferente rostro en materia de desarrollo económico y, por supuesto, de justicia social. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las zonas económicas especiales para que sean exitosas exigen la madurez y los compromisos conscientes entre empresarios, sector social y los gobiernos participantes.

Hace apenas un año funcionarios del Banco Mundial dirigían al Senado de la República información precisa sobre las experiencias y advertencias recopiladas por ese organismo internacional sobre las zonas económicas especiales.

Doce meses después los mexicanos tenemos una Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Con esta ley México pretende fomentar la inversión pública y privada para relanzar el desarrollo regional del país. La intención es reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos y expandir las oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones que tengan mayores rezagos en desarrollo social.

Para ello se requiere fomentar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Sin duda, estos objetivos son de la más admirable responsabilidad hacia los grupos de mayor rezago social, pero no debemos dejar de lado las advertencias que hicieron los especialistas del Banco Mundial al citar que en el mundo la mayoría de las zonas económicas especiales han fracasado debido a que han seguido criterios políticos, haciendo a un lado las leyes y principios de la economía en el mercado.

Con estos señalamientos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza desde ahora hace un exhorto a los funcionarios responsables del diseño e instrumentación de los proyectos a que hagan pública la metodología precisa sobre la evaluación de proyectos con criterios e indicadores verificables.

Ello con la finalidad de que los responsables de aprobar los recursos para establecer dichas zonas tengamos información veraz y evitar futuros lamentos atribuibles a fallas de información.

Ciertamente, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales considera ampliamente la participación del sector privado, pero la participación de las empresas privadas no se logra por decreto sino garantizando la rentabilidad de sus inversiones y la gobernanza de las regiones, pero un contexto de descomposición social que presenta México, donde las presiones de los grupos de interés social sobre sus gobiernos y empresarios son evidentes en varias regiones del país.

Para ello, resulta indispensable buscar los mecanismos que garanticen la cordialidad social, étnica, ambiental, empresarial y gubernamental para establecer estas zonas especiales. A Nueva Alianza nos preocupa también que los planes de inversión cuiden de manera especial el hecho de que esas zonas económicas cumplan una función de encadenamiento con la industria y economía nacional, consumiendo servicios de origen nacional y cubriendo cuotas del mercado interno y absorban suministros regionales.

De nada servirá a México otra vez instalar en nuestra geografía enclaves que solamente ocupen territorio y destruyan recursos naturales, mientras que los costos de instalación los pagamos con recursos públicos.

Con estas observaciones, el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza da la bienvenida a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, confiados de que será el instrumento articulador de los mercados locales, que encadenará a los más diversos sectores productivos regionales, que generará miles de oportunidades para emplear la mano de obra regional que por falta de empleo emigra a otras regiones en busca de otras oportunidades. Celebramos en Nueva Alianza que así sea. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gutiérrez. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la realidad en las regiones de nuestro país se ve a grandes luces la carencia, la pobreza, la desigualdad y, sobre todo, en el sur de México.

Muestra que esta ha quedado rezagada respecto al crecimiento económico y de competitividad de otras zonas del país, como si los estados y municipios del sur no fueran parte de la nación mexicana y tuvieran un derecho a gozar de los beneficios de una economía pujante, tal como lo prevé nuestra Carta Magna.

Los datos nos indican que en el sur del país se encuentran las tres entidades más rezagada en términos de bienestar social y de desarrollo económico, con una incidencia de pobreza patrimonial terrible.

El panorama anterior es solo un ejemplo de la deuda histórica que tiene el Estado con los mexicanos que habitan esta región. La aplicación de la misma ley fomentará mayor entendimiento entre los municipios y los estados, y para el ciudadano; siendo que se celebran convenios de coordinación entre ambos y sin duda un seguimiento puntual en la actualización del programa de desarrollo, el cual se revisará por lo menos cada cinco años, cumpliendo con ello las expectativas y metas planteadas, sin duda con una mira en la sustentabilidad y protección del medio ambiente.

Los beneficios fiscales que se proponen tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dicha zona económica, actividades que estarán afectadas en tasa cero, y de igual forma, dando seguimiento a la tramitología y siguiendo con las mejoras regulatorias. Por ello, las primeras zonas beneficiadas con el régimen jurídico particular, que se propone, se encuentra en el sur del país.

En la actualidad, a nivel internacional existen más de 3 mil 500 zonas económicas especiales como en China, Corea del Sur, India, Malasia, Irlanda, Polonia, entre otros países. Lo anterior no se ejemplifica que las zonas económicas especiales, a pesar de ser la primera vez que se implementan en nuestro país tienen arraigo a nivel mundial, están propiciando resultados satisfactorios para la atracción de inversiones.

La generación de empleo y el desarrollo de cadenas y valores y productividad, reduciendo así la brecha a nivel económico que existe entre las distintas regiones que integran un país. Además, la creación de las zonas económicas especiales en el contexto de los estados y municipios del sur mexicano, permitirán a las autoridades retomar en gran medida el control de una zona donde el crimen organizado ha echado raíces, ha contribuido precisamente al estancamiento de la actividad productiva y económica, pues todos sabemos que los altos niveles de inseguridad y los efectos asociados a ésta, frenan la llegada de inversiones, pero sobre todo estropean la vida de hombres, mujeres, incluso de jóvenes y niños induciéndonos a la comisión del delito y aprovechándose de la pobreza y desesperación de los que estos se encuentran, al no poder encontrar una alternativa digna, legal, para sacar adelante a sus familias.

Consideramos que si se aplica de manera adecuada y se ejerce una vigilancia firme para evitar posibles abusos de inversionistas, la ley contribuirá a regular la planeación, el establecimiento y la operación de las zonas económicas especiales para impulsar el crecimiento económico, sostenible y social a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

En la presentación de esta iniciativa del grupo parlamentario, Movimiento Ciudadano se abstuvo de manifestar su voto, ya que en la misma carecía de algunas adecuaciones que hoy vemos reflejadas en el presente dictamen, así como lo es la intervención de la Auditoría Superior, la inclusión de pequeña y mediana empresa. Pero también presentaremos una reserva, por un México incluyente para aquellos que menos tiene, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. Nos regresa el Senado de la República la minuta que les enviamos con algunas modificaciones. Algunas podrían sumar la inclusión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Coneval en el análisis de indicadores, para ver si efectivamente el tema de combate a la pobreza va a tener algún impacto con este enfoque y ver cómo puede haber absorción de tecnología en la zona.

Creo que las facilidades fiscales que se están estableciendo en la minuta que estamos votando tenemos que verlas con cuidado. Se establece un régimen parecido al de maquila en donde pudiera haber una evasión fiscal y también pudiera haber la posibilidad de que se importen de manera importante insumos como el acero.

Ahí tenemos que tener cuidado en evaluar realmente cuál va a ser el impacto de estos incentivos fiscales en generar desarrollo económico y no solamente que pueda ser una pérdida de los ingresos.

Ahí hubiera sido importante que se tomara en cuenta una discusión que hubo en el Senado en el sentido de que solamente se pudieran otorgar incentivos fiscales cuando efectivamente se redujera la pobreza en las comunidades. A mí me parece que hay un punto fundamental que desgraciadamente va a ser el tema de zonas económicas especiales no funcione, y que es la falta de infraestructura.

Esto que ustedes están viendo aquí es el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. En este puerto de pretendió ampliar el muelle en este año y con los recortes presupuestales que ha habido, que hubo el año pasado y que hubo en este año especialmente en infraestructura, la ampliación del muelle en Salina Cruz, Oaxaca, está detenida en este momento y estamos a punto de perder incluso la inversión que ya se hizo.

Es decir, es mentira que estas zonas sean prioridad del país. Hicimos un viaje entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Toma más o menos tres horas y media hacerlo en una carretera que no está completa, no existe un aeropuerto en Salina Cruz tampoco. El tren tiene un trazo del porfiriato y se descarrila una vez a la semana. Es decir, estamos recortando presupuesto en este momento para la infraestructura de zonas que decimos que queremos fomentar. Sin infraestructura este proyecto va al fracaso.

Todo el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz, necesitaría una inversión de no mucho dinero, 7, 8 mil millones de pesos. Incluso están ahí los proyectos. Se tiene claridad en qué se tiene que hacer: en dragar los puertos, en ampliar los muelles, en comprar grúas, en cambiar el ferrocarril. Lo que no hay es la voluntad de invertir.

El gasto público en inversión pública del país es el más bajo prácticamente de la historia. Se recortó en el Presupuesto que aprobamos, se recortó este año por la Secretaria de Hacienda, se recortó el año pasado por la propia secretaría. Que quede claro, sin inversión en infraestructura, las Zonas Económicas Especiales simplemente serán un fracaso y simplemente serán una promesa no cumplida. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Lorena Corona Valdés:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, las modificaciones realizadas por la colegisladora a la minuta que hoy se está en discusión, enriquecen el dictamen que aprobamos el pasado 14 de diciembre en esta Cámara. Entre ellas destacan la participación de la Auditoría Superior de la Federación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Asimismo se modifica el criterio de selección de las regiones en donde se establecerá una zona económica especial; se sustituye el término de pobreza multidimensional, por el concepto de mayor incidencia de pobreza extrema, lo que significa que se va a beneficiar a regiones donde sus habitantes disponen de un ingreso tan bajo que no pueden adquirir una canasta básica, lo que resulta más adecuado para los fines de esta ley.

Se añade con relación al Programa de Desarrollo que será revisado cada cinco años, y se potencia el desarrollo de las comunidades a través de centros de investigación y capacitación para el trabajo, incubadoras de empresas, programas de salud, acceso a internet y se establecen mayores salvaguardas al medio ambiente.

El gobierno federal con la aprobación de esta ley asume un gran reto, y compromiso que sabremos tendrá éxito, fundamentalmente porque en las zonas económicas especiales se busca atraer la inversión que genere empleos y oportunidades productivas y al mismo tiempo tiene el deber de impulsar la creación de infraestructura social y urbana sustentable que mejore la calidad de vida de la gente.

Cabe destacar que para cumplir con el requisito de ubicación estratégica en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el gobierno federal proyecta impulsar la carretera y rehabilitación del ferrocarril del Istmo, lo que resulta fundamental para reducir costos y tiempos de transporte y facilitar el acceso a los mercados e integrar cadenas productivas, ya que sin infraestructura de transporte, las zonas económicas no podrán alcanzar el nivel de éxito deseado.

Compañeros legisladores, estamos convencidos que bien aprovechadas las zonas económicas especiales pueden ayudarnos a resolver el problema de desigualdad, de desarrollo en las zonas más rezagadas del país, ya que con esta figura jurídica se busca crear condiciones óptimas para fomentar los círculos virtuosos que impacten la población.

Por nuestra ubicación geográfica con acceso a dos océanos, miles de kilómetros de frontera y una extensa red de mercados internacionales, estamos obligados a integrar polos de desarrollo con miras a una integración mundial.

Por lo expuesto, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Tiene la palabra, también, por cinco minutos, para hablar sobre el decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y adiciona un quinto párrafo al artículo y de la Ley General de Bienes Nacionales, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Waldo Fernández González:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del PRD quiero destacar que valoramos de forma positiva la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, y que hemos contribuido a mejorar el proyecto de forma significativa.

En la Cámara de Diputados y en el Senado, nuestros grupos parlamentarios trabajaron para crear una buena ley que sirva para atraer inversiones a los estados y municipios más pobres del país.

Con la aprobación de este dictamen se establece que la operación de zonas económicas especiales servirá para impulsar el crecimiento económico sostenible, que tendrá como finalidad reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos, y expandir la oportunidad de vida saludable y productiva en las regiones del país que cuentan con mayor rezago social.

Para lograr lo anterior el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector social y privado, se contribuya al desarrollo social y económico de las regiones en las que se ubiquen.

Por otro lado, se establece que las personas físicas o morales que operen en las zonas económicas especiales podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales.

Quiero mencionar que en el Senado la actividad del PRD fue importante para precisar que las zonas económicas se desarrollaran en las 10 entidades con mayor incidencia en pobreza extrema, que el Conveal evalúe las acciones de Programas de Desarrollo.

Para que la zona pueda entrar en operación los gobiernos de las entidades federativas y los municipios deberán suscribir el Convenio de Coordinación, para lo cual se deberá contar con la autorización del Congreso local, así como de los ayuntamientos.

En lo que se refiere a la elaboración del Programa de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda tomará en cuenta la opinión de los sectores social y privado, y se revisará cada cinco años.

Este programa incluirá diversas políticas públicas y acciones entre las que destacan: fortalecimiento de la seguridad pública en su zona, establecimiento de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, tanto el ámbito público como del privado; así como cetros de investigación y capacitación para el trabajo; asimismo, la promoción del encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, y la incorporación de insumos nacionales a los procesos productivos.

En materia de impuesto al valor agregado, los beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dichas zonas, así como los servicios siempre y cuando se lleven a cabo por empresas residentes en México, mismas que estarán afectas al cero por ciento.

En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, los beneficios fiscales deberán promover la inversión productiva, la formación de capital humano, así como la capacitación de los trabajadores, de forma que se impulse el empleo y se incremente la remuneración de los trabajadores empleados en la zona.

A fin de disminuir la burocracia en los trámites se establece en cada zona la creación de una ventanilla única, la cual permitirá agilizar los trámites para construir, desarrollar y operar y administrar la zona.

Para el cumplimiento de sus objetivos cada zona contará con un Consejo Técnico que estará representado por tres representantes provenientes de instituciones de educación superior e investigación, tres representantes del sector empresarial y tres representantes de los trabajadores que se encuentren laborando en la zona.

Cabe destacar que las zonas en todo momento atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto a los derechos humanos de las personas.

Por todo lo anterior el PRD respalda el dictamen. Vemos que la iniciativa del Ejecutivo fue sustancialmente modificada y enriquecida por el Congreso, que participó de manera proactiva, seria y propositiva. Ahora tendremos un marco robusto para abrir oportunidades a la inversión, al desarrollo para nuestra gente y por esta razón es que los diputados del PRD votaremos a favor. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también por cinco minutos, el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados.

El desempeño de nuestra economía en los últimos tres años a nadie ha dejado satisfecho. La tóxica reforma fiscal, lejos de propiciar la recuperación ha frenado el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Además los recortes presupuestales en infraestructura han afectado los proyectos de inversión que podrían reactivar la economía.

En el PAN estamos preocupados por la difícil situación que atravesamos, los precriterios de política económica 2017 que nos envió la Secretaría de Hacienda, significan más de lo mismo y restan oportunidades para que los mexicanos salgan adelante.

El crecimiento económico es necesario para abatir la pobreza; sin embargo, por sí mismo no disminuye la desigualdad, es necesario el diseño de políticas públicas que den rostro humano a la economía de mercado.

Por eso, ante la propuesta del Ejecutivo para establecer las zonas económicas especiales hemos actuado con responsabilidad a favor de los mexicanos y propusimos adecuaciones para convertir esta política de fomento económico en una de desarrollo humano.

Estos cambios van en congruencia con las 24 acciones que propuso el PAN para reactivar la economía, a través de estímulos fiscales, mejoras regulatorias, inversión en infraestructura y el saneamiento de las finanzas públicas.

Las zonas serán un mecanismo para fomentar el crecimiento económico y social de las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema. Las empresas que en ella se instalen e beneficiarán de incentivos fiscales para promover la inversión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores.

Los trámites de apertura se realizarán de forma sencilla y expedita a través de la ventanilla única, que estamos estableciendo en el presente dictamen. El éxito de las zonas dependerá en gran medida de la calidad de la infraestructura y de los servicios portuarios, ferroviarios y aéreos que se ofrezcan.

En este sentido, es pertinente avanzar en las iniciativas que garanticen la calidad de los servicios, como la propuesta por mi compañero Miguel Salim, en materia de puntualidad aérea.

Así los habitantes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde se instalarán las primeras zonas económicas, podrán contar con nuevas oportunidades, servicios e infraestructura para cerrar las brechas que hay con otras regiones del país.

De la misma manera en que estamos creando un entorno favorable de desarrollo de las empresas dentro de las zonas económicas especiales, necesitamos extender estas políticas de reactivación económicas al resto del país.

Ese es el objeto de las 24 acciones que presentamos en el PAN, no queremos que esta administración sea nuevamente un sexenio perdido, en perjuicio de los más desprotegidos.

Necesitamos regresar el régimen de pequeños contribuyentes para fortalecer y favorecer la apertura y operación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los mexicanos demandan incentivar la inversión y generación de empleos a través de la deducción total de activos, nóminas y prestaciones sociales.

Estamos seguros que se puede recuperar el camino del crecimiento, con las aportaciones hechas al dictamen y nuestro voto a favor refrendamos el compromiso del PAN para que México sea una patria ordenada y generosa para todos. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cuanalo.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la escuela nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, de la UNAM, así como de alumnos de la Universidad Veracruzana, de la licenciatura en derecho, invitados por el diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza. Y de alumnos de la FES Aragón, de la UNAM, invitados por el diputado Santiago Taboada Cortina. Sean todas y a todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Tiene ahora la palabra la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, con una porra estruendosa.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez:Con su venia, presidente. Amigas y amigos legisladores, en septiembre de 2015 el Ejecutivo federal propuso crear nuevos polos de desarrollo en nuestro país, a partir del establecimiento de zonas económicas especiales.

A siete meses de distancia, esta visión será una realidad a través de la ley que hoy estamos votando, visión que se ha fortalecido con el trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados.

Para nosotros, para el PRI, esta ley demuestra una vez más la disposición de transformar la vida de los mexicanos. Bajo el liderazgo del Ejecutivo federal estamos determinados a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza con la creación de empleos formales, que ofrezcan salarios competitivos, desarrollando oportunidades para que empresas y emprendedores tengan dónde potenciar sus capacidades y conocimiento.

Donde la competitividad de los salarios sea el punto de referencia para que los trabajadores decidan a su conveniencia e interés y se establezcan los medios adecuados para que quienes viven en condiciones de pobreza tengan cómo desarrollar su potencial.

Con esta ley estamos dando opciones reales para combatir la escasez. Enfrentar los problemas de manera diferente, porque en condiciones de pobreza no se puede pensar en futuro alguno, pues resolver el presente ocupa todo el tiempo.

En el PRI consideramos que para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes y tomar decisiones con planeación es el primer paso obligado.

Con las zonas económicas especiales estamos cambiando esquemas. La combinación de factores potenciará la economía y disminuirá cualquier distribución inequitativa del ingreso, mientras se desarrollará infraestructura y se detonará el crecimiento.

Al votar esta ley estamos creando oportunidades claras y funcionales para lograr prosperidad y desarrollo. Al votar esta ley estamos ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas.

Promovemos la inversión, la productividad, la competitividad en un país que tiene recursos suficientes para cambiar su realidad. Establecemos la simplificación regulatoria y administrativa, así como beneficios fiscales para propiciar el crecimiento económico. Fortificamos la rendición de cuentas al fortalecer a los consejos técnicos de la zona.

Y con la participación del Coneval los resultados sociales y económicos derivados de la implementación de la ley podrán medirse para asegurarnos que vamos en la dirección correcta.

Lo anterior, sumando la inclusión de las diez entidades con mayor incidencia de pobreza, dentro de ellos mi estado, Tabasco, establece la determinación de todos por reducirla, porque para lograr un país fuerte tenemos que generar oportunidades para todos. Porque para salir adelante como nación tenemos que atajar diferencias entre entidades federativas y hacer que México sea más igual.

Por el bien de todos, nadie puede quedarse atrás. Por el bien de todos, el tiempo de los dos Méxicos tiene que superarse. Tenemos que cerrar la brecha de la desigualdad, sí o sí. Por ello impulsamos con toda esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, porque estamos conscientes de los alcances que tendrán las zonas económicas especiales.

El Ejecutivo federal ha hecho su parte, tocará a los gobiernos de las entidades que integrarán estas zonas de manera responsable desarrollar todo el potencial de esta ley.

Este dictamen a votación comprende la visión precursora del Ejecutivo federal y del Revolucionario Institucional. Y, por supuesto, comprende también complementos y ajustes de otras visiones, que bajo una actitud de inclusión y apertura el PRI mostró la voluntad que México demanda para hacer de este un proyecto vigoroso, un proyecto con la fuerza suficiente para cambiar la vida de millones de personas en las entidades en donde estarán las zonas económicas especiales.

En el PRI tenemos perfectamente claro que cambiar las condiciones de vida de millones de personas exige lo mejor de todos los que tenemos responsabilidades públicas.

No buscamos el aplauso fácil, no nos mueve cuidar la popularidad. Estamos por tomar las decisiones que México necesita. Aunque nos tome más tiempo, preferimos recorrer el camino de los argumentos y de la razón, porque para nosotros transformar a México es trabajo permanente y no de coyuntura. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha concluido el plazo para la presentación de reservas a este dictamen que está a discusión.

Continuamos con la discusión y ahora para hablar en pro tiene la palabra el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Enrique Zamora Morlet:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Verde está a favor del presente dictamen, porque a través de su aprobación contribuimos a alcanzar la meta de un México más moderno en el cual las zonas económicas especiales desplieguen una alta capacidad industrial manufacturera, esto integrará al país como una economía global y competitiva, promoverá mejores tasas de crecimiento, favorecerá el mediano plazo a elevar las tasas de empleo bien remunerado y significará una reducción sustantiva en los niveles de marginación social.

En el marco de la planeación nacional de desarrollo, la regulación y establecimiento de las zonas económicas especiales es un primer paso para abatir la desigualdad y cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional. Esto se puede lograr al implementar reunir e identificar áreas prioritarias del desarrollo nacional y arreglar un entretejido institucional entre los sectores público, privado y social en aras de mantener un desarrollo sostenido e inclusivo.

El objetivo es superar las diversas barreras estructurales que inhiben el potencial productivo de nuestro país, con el propósito de un desarrollo económico participativo e integral. Para alcanzar esto, es importante analizar y contrarrestar el porcentaje de la población en edad laboral que se ocupa en actividades de baja productividad y empleos informales, ambas con bajo potencial de valor agregado para pasar a vincular a las clases trabajadoras para el país.

Con actividades económicas como la fabricación de bienes manufacturados industriales que aportan mejores niveles de rendimiento industrial y óptimas condiciones de empleo, ésta se traducirá en una reducción de brechas entre ricos y pobres existentes entre el norte y el sureste del país.

Las zonas económicas especiales formalizan en legislación un concepto integral para potenciar las zonas de influencia donde se perciben beneficios de orden económico, pero también beneficios de orden social y de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Se trata de concretar un proceso de planeación estratégico bien diseñado, incluyendo el desarrollo ordenado, estrategias para mantener la estabilidad social y políticas públicas complementarias, las cuales en conjunto detonarán en el desarrollo económico del sureste del país, región que posee un alto potencial productivo pero que hace falta explotar.

La iniciativa propone construir infraestructura de primer nivel, incentivar el sector privado, publicar programas de apoyo para la población, generar estímulos y condiciones preferenciales en términos fiscales, así como estructurar un régimen aduanero especial.

El Partido Verde está a favor de apoyar a los estados del sureste de nuestro país que padecen pobreza y la marginación. Se trata de formalizar los mecanismos para que México avance en la ruta del desarrollo sostenido. En ese sentido consideramos la propuesta no solo acertada sino imprescindible.

La reducción de la desigualdad, marginación y pobreza en las zonas del sur del país es algo que no solucionaremos con lamentos o con discursos. Hay que trabajar de manera decidida para generar empleos de calidad, atraer inversión nacional y extranjera, formar cadenas de valor, acelerar y diversificar el mercado interno, crear vínculos productivos, así como mejorar el capital humano y social de las comunidades. Por eso estamos a favor de este dictamen, porque presentamos un plan organizado para hacer los cambios necesarios para transformar el sureste mexicano, que sucede ya.

También quiero destacar la idea contenida en la propuesta original de crear una cultura y política industrial que promocione mecanismos de financiamiento para las empresas, oferte servicios logísticos y fomente el incremento del capital humano a través de la capacitación y certificación laboral, lo cual abonará a elevar la eficiencia productiva y propiciará el desarrollo de actividades económicas de alta rentabilidad.

En el Partido Verde destacamos el papel que se juega a favor para promover la estabilidad social, la certeza regulatoria, productiva, competitividad e innovación y desarrollo tecnológico en la zona del país, que es lo que más necesita.

Por ello votaremos a favor de la aprobación de la presente ley. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores integrantes de la Mesa Directiva, estimados coordinadores, vicecoordinadores, amigos y amigas diputadas, muchas gracias. Dice una frase que “el futuro es el tiempo de las cosas que tenemos que hacer hoy”.

Hoy hay que invertir en México, hoy hay que crearle oportunidades a los jóvenes, hoy hay que crear puestos de trabajos para mujeres que les permitan al mismo tiempo seguir desarrollando una actividad integradora en sus familias; hoy hay que crear nuevas opciones que nos permitan entrar a los mercados internacionales, hoy hay que darle a los estados vocaciones que antes no tenían, vocaciones que antes no habían descubierto y que sin embargo contando con materia prima, y sobre todo con el recurso humano tan rico que ofrece México, se quedaban rezagados, rezagados al punto de formar parte de una lista nada prestigiosa, los estados más rezagados de la República.

Amigos, la ley que nosotros enviamos al Senado de la República, ha regresado a nosotros mejorada. El impulso, el énfasis que pusimos en que se diera oportunidad a más estados de la República, hoy se concreta. Hoy gracias a las reformas de nuestra colegisladora, son beneficiarios: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán; pero también: Hidalgo, Campeche, Tabasco y Yucatán.

Lo agradecemos en lo que vale. Millones de mexicanos, millones de jóvenes, hoy tendrán la oportunidad de que haya nuevas empresas y nuevas oportunidades de trabajo; de que estas empresas tengan un tratamiento fiscal que haga lo más atractivo posible invertir en ese estado.

Esto es combatir la pobreza, esto es acabar con la pobreza, esto, señores, es poner a México al día, no hay duda, gracias a los que aceptaron las modificaciones y a los que las impulsaron. Este es el tiempo de México. Hoy es el momento del futuro. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ramírez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: Del artículo primero del proyecto de decreto que es de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se reservan el artículo 3o, 6o, 9o, 11, 12, 13, 16, 26, 34, 36 y además el artículo 10. Y de los artículos transitorios está reservado el artículo cuarto transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de agentes y subagentes municipales de Córdoba, Veracruz, invitados por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, sean ustedes bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Está abierto, pueden hacerlo en este momento. ¿Se pregunta a la asamblea si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Adelante, diputado Castañeda. Está abierto el sistema electrónico. Sigue el sistema electrónico abierto, por si falta alguna diputada o algún diputado. Antes de proceder al cierre del sistema electrónico. Diputada Pinete Vargas, de viva voz, por favor. Diputada.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor. Diputada Pinete Vargas a favor.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Ciérrese el sistema.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 31 abstenciones y 1 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 389 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su propuesta de modificación a varios artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Sólo me reservaré el artículo 6o, en virtud de que la propuesta de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales tiene un alcance limitado y representa un riesgo debido a los patrones de comportamiento de la economía nacional e internacional.

Nos parece iluso pensar que el éxito en el establecimiento de empresas al amparo de la creación de zonas especiales, puede asegurarse por decreto. Por ello es legítimo el temor fundado que esta legislación representa.

Es factible que el establecimiento de las multicitadas zonas propicie la creación de elefantes blancos o de lucrativos negocios particulares receptores de privilegios, sin que representen un beneficio real para las comunidades más pobres del país.

Derivado del análisis del contenido de la normatividad no es posible localizar el sentido social, mucho menos al desarrollo de las personas y las comunidades. Su disposición claramente está encaminada a proveer facilidades administrativas y fiscales para el establecimiento de negocios, como si por añadidura esto representara la mejora de las condiciones de vida de la población.

La ley no representa vínculos legales en el establecimiento de zonas y del desarrollo social que esto se supondría debe implicar. La reducción de la pobreza estipulada en su redacción se queda en una frase declarativa y sólo en buenas intenciones. Por ello se estima que la redacción debería encaminarse a generar el establecimiento de zonas económicas con condición irrestricta de lo que esto representa para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las regiones donde éstas llegan a ubicarse.

Mal haríamos si apreciamos la legislación desde un punto de vista estrictamente comercial o mercantil. La decisión de establecer zonas especiales debe estar encaminada efectivamente al desarrollo social y no generar intereses particulares.

En este caso es importante mencionar que las modificaciones propuestas por el Senado son tibias, no abonan al cumplimiento de los objetivos de la propuesta de combatir la pobreza, no estipulan la obligación de establecimiento de empleos bien remunerados, ni siquiera la obligatoriedad de contar a las personas que habitan en las áreas de influencia.

Propone el otorgamiento de incentivos excesivos y avanza en materia de transparencia, pero tampoco involucra de lleno a la Auditoría Superior de la Federación en las evaluaciones a practicarse.

Es importante recalcar que se dilapidó la oportunidad de imponer sanciones pecuniarias que inhiban la comisión de infracciones o delitos en su contenido. La ley propicia que resulte redituable el incumplimiento legal en comparación con las ganancias obtenidas al amparo de los estímulos fiscales provistos y del negocio puesto en marcha con la ayuda gubernamental.

Las sanciones deben inhibir la comisión legal que en su imposición implique resarcir el daño causado al erario y el incumplimiento del objetivo de desarrollo social. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. En virtud de que la diputada Xochitl Hernández, que había hecho una cantidad importante de reservas, declinó las que ella había presentado con excepción del artículo 13, que será abordado, nos informan, por el diputado Vidal Llerenas y solo se refirió por lo tanto a hacer propuestas de modificación del artículo 6.

Informo primero que los artículos que estaban reservados y que fueron declinados para presentar propuestas aquí, de cualquier manera habremos de votarlos en lo particular en términos del dictamen.

Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación presentada.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es si se admite a discusión, okey.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen, al igual que los artículos declinados, con excepción del 13.

Ahora tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. La modificación que hace el Senado de la República en relación al artículo 13, presenta dos cambios importantes, yo diría los más importantes, con respecto a la minuta que nosotros enviamos.

Uno. Tiene que ver con los beneficios fiscales que se establecen con respecto al IVA, y ahí la discusión que hubo en el Senado y la discusión que creo que deberíamos tener aquí, es que además de la evaluación del impacto de estos beneficios, tendríamos que ver cómo realmente hay un impacto en el combate a la pobreza, que es la acción que el Estado tiene como responsabilidad, como una manera de medir a estos beneficios.

Y también quiero hacer un punto con respecto a un tema que distintas organizaciones industriales nos han hecho llegar, en el sentido de que el tipo de régimen en el sentido de que se puede escoger el arancel menor en la zona puede llevar a una importación masiva de ciertos productos, el acero en específico que sí tiene un arancel y cuando el producto sea transformado, en la zona económica, hacia un producto de acero ya transformado pueda tener no arancel o arancel cero.

Esto no es un tema menor, especialmente en el contexto en donde nos encontramos, en donde la capacidad productiva acerera mexicana es más o menos del 60 por ciento de su capacidad y donde hay un riesgo claro de que las importaciones chinas de acero realmente terminen con esta industria.

Entonces, creo que del tema arancelario estamos en el riesgo de lograr precisamente lo contrario de lo que nos proponemos, que el contenido nacional no sea el que se crezca en estas zonas económicas especiales.

Ayer tuvimos la información de que las exportaciones de México cayeron, las exportaciones de México con respecto al mismo periodo, al mismo trimestre del año pasado cayeron aún con la devaluación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no tenemos una política de aranceles y una política industrial que privilegie el contenido nacional.

Creo que en este caso estamos cayendo en el mismo error. Estamos cayendo en la posibilidad de que buena parte de lo que se transforme en la zona económica especial no tenga un alto valor nacional, y entonces sigamos teniendo una economía abierta, una economía globalizada, pero que no produce mucho del valor en el mismo país.

Entonces, ojalá podamos reflexionar sobre la modificación del Senado en ambos temas. Y más bien entonces, dejar que la autoridad, que tiene facultades en materia tanto de incentivos fiscales como arancelarios pueda establecer una política más racional en este sentido. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Llerenas. Nada más para, entonces, ¿presentó usted en paquete también la reserva que tenía, relacionado con el artículo cuarto transitorio, verdad?

El diputado Vidal Llerenas Morales: Sí, la presentamos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, perdón.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Y el segundo tema al que me quería referir es de naturaleza distinta. Pero creo que es importante, y yo pediría que sí pudiéramos reflexionar en este sentido.

El Senado establece una serie de transitorios, que como no los conocíamos en el cuerpo original de la minuta que nosotros enviamos, puede ser discutido y puede ser modificado por esta Cámara para que establezcamos entonces, en el presupuesto, un fondo de infraestructura para zonas económicas especiales. Así como hay un Fondo Metropolitano hay un Fondo Sur-sureste, hay un Fondo de Capitalidad, sí podamos tener y dar un mandato claro de que hubiera un fondo de infraestructura con recursos que sean precisamente invertidos en estas zonas, pudiera haber una evaluación del mismo, y un compromiso presupuestal de que año con año haya inversión pública en estas zonas. Si no, pues simplemente va a ser demagogia lo que estamos aprobando.

Se nos dice que buena parte de la inversión en las zonas pudiera ser inversión privada o inversión público-privada. Yo la verdad tengo dudas muy importantes en este sentido, la inversión privada no está en el dragado de puertos, no está en la ampliación de muelles, no va a estar en la construcción de un ferrocarril en el istmo, no va a estar en proveer grúas a puertos que hoy no tienen un movimiento importante de mercancías.

La inversión pública es indispensable para que estas zonas sí generen crecimiento económico, incluso, para que estas zonas eventualmente generen inversión privada en distintos temas.

Entonces, creo que lo responsable sería que en el próximo presupuesto de la Unión hubiera, eso sí, un fondo de infraestructura para zonas económicas especiales, que hubiera una planeación para distintos años y podamos, por ejemplo, como vimos hace rato, no dejar un puerto como el de Salina Cruz a una obra a medio hacer y poder perder la posibilidad de que ahí realmente se genere desarrollo. Es decir, esta Cámara podrá apoyar estas zonas si genera un fondo presupuestal que invierta en las mismas. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué propósito, diputada Lorena Alfaro? A ver, sonido ahí en la curul.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Es referente a la reserva que presentó el diputado Llerenas, de manera particular en el artículo 13. Invitar a los diputados de esta Cámara a reflexionar sobre este punto en particular.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para eso nada más.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Y decirle al diputado que se me permite adherirme a su reserva. Es un tema muy delicado, tiene una deficiente técnica legislativa y fiscal en su redacción. Es sumamente delicado. Las facultades para otorgar estímulos fiscales ya las tiene el presidente de la República a través de decreto. Y que no se confunda en esta importante ley. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita. Si se admite a discusión, ahorita le entramos a la misma. Ahorita vamos a ver si la asamblea la admite. Son dos reservas en realidad a las que se refirió. Vamos, en todo caso, a partir de este planteamiento que se hace. Primero, consulte si se admite a discusión el artículo 13.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 13.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La reserva, pues, presentada.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: La reserva del artículo 13. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva referida al artículo cuarto transitorio.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva del artículo cuarto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha, igualmente, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Y tiene ahora la palabra, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. En un país como el nuestro donde desafortunadamente el conflicto de intereses está presente en muchas de las decisiones que se toman en los diferentes niveles de gobierno, es muy importante dejar las facultades de cada entidad con toda claridad. Por eso el día de hoy, Movimiento Ciudadano presentó una reserva que consideramos muy relevante para garantizar los pesos y los contrapesos, así como los equilibrios en la operación de las zonas económicas especiales.

En el artículo 10, el párrafo tercero, esta Cámara de Diputados aprobó que los Convenios de Coordinación de estas zonas deben ser aprobados por los Congresos locales y los ayuntamientos, lo que sin duda abonaría a la rendición de cuentas, la transparencia, la vigilancia de estos convenios y por supuesto combatir la corrupción. Sin embargo hay que decirlo con toda claridad, en el Senado o la Colegisladora modificó esta disposición estableciendo que en caso de que las Legislaciones locales no prevean esta ratificación por parte de los ayuntamientos y los mismos Congresos locales, solo se deberá informar de ello. Es decir, con esta situación se deja abierta la puerta de una manera deliberada para que no se involucre a los Congresos locales y también a los ayuntamientos.

Creemos que el federalismo es muy importante en nuestro país, que desafortunadamente en los últimos tiempos se han tomado muchas decisiones que contravienen precisamente esta división y estos pesos y contrapesos, que son decisiones que se han tomado en este Congreso de la Unión, de manera que ayudan y apoyan al centralismo, pero que nada ayudan para que haya esos contrapesos de los que hablamos.

Creemos que los equilibrios y la rendición de cuentas debe ser permanente, por eso en esta reserva que presentamos pedimos que se vea con toda claridad la posibilidad de poder modificar este artículo, en virtud de que esta modificación ayudaría y abonaría a lo que hoy es un grave problema en nuestro país, que es la transparencia a la rendición de cuentas y que en virtud de que lo dejamos muy claro, vemos que esta ley ayudará al desarrollo económico de nuestra entidad, del país, del estado, pero definitivamente con estos artículos que no dan claridad puede ser contraproducente la aprobación de la misma. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de reserva.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Aprovechamos para la saludar la presencia de alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también de agentes y subagentes –parece que no estaban aquí– municipales de Córdova, Veracruz, invitados por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Adelante, diputada Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señor presidente. Estimados compañeros del Congreso. Hoy esta iniciativa, esta Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se prevé que tenga un efecto positivo en México. Hace rato escuché a compañeros decir que se va a generar empleo, que se hace con el mejor propósito y que esto puede sumar, y es la generación de riqueza en el país.

Para el Grupo Parlamentario de Morena también es importante el desarrollo social, el desarrollo humano y la educación. No todo es lo económico, y en base a ello hago una reserva al artículo 12 donde se señala el programa de desarrollo que va a tener estas zonas económicas.

Nos hablan de acciones de ordenamiento territorial, de políticas públicas, de fortalecer el capital humano, sin embargo el Senado de la República eliminó en el inciso a) del artículo 12, fracción II, que para tal efecto se fomentará el establecimiento de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, públicas y privadas, así como centros de investigación y capacitación para el trabajo, de acuerdo con la vocación productiva de la zona, que promuevan la incorporación de trabajo, de mayor calificación en las actividades económicas. Esto es mano de obra calificada, esto es contenido nacional, y lo eliminaron, lo eliminaron en esa fracción.

También en este artículo la fracción i) hablan que se va a velar por las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional, para guardar congruencia con el Programa de Desarrollo. Sin embargo nuevamente eliminó el Senado el último párrafo de este artículo donde debemos de asegurar el presupuesto para infraestructura para las zonas económicas.

Ya el diputado Vidal Llerenas, subió y dijo claramente si no aseguramos el Presupuesto, todo esto es pura ilusión. ¿Qué se eliminó? Se eliminó que los proyectos que correspondan a la federación, incluidos en el Programa de Desarrollo, tendrán preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los proyectos de inversión de infraestructura que formen parte del Programa de Desarrollo que sean aprobados por esta Cámara de Diputados, con carácter plurianual, deberán preverse en un apartado específico correspondiente a este Presupuesto. Lo eliminó el Senado. Entonces cómo vamos a ofertar o a dar seguridad a un proyecto de este calado. ¿Por qué no vamos a fondo? Por eso está esta reserva.

Morena está a favor. Hemos venido aquí a decirles que queremos crecimiento, que queremos productividad, pero bien, no nada más con falsas ilusiones, no nada más con proyectos a medias. Vamos a fondo. Por ello presento esta iniciativa y los exhorto, de manera respetuosa, para que votemos a favor y pueda regresar el artículo a como nosotros lo habíamos enviado al Senado.

Decirles que las zonas económicas que se pretenden, se hicieron bajo el argumento de pobreza que hay en el sur sureste del país. Los que vivimos ahí, los que padecemos las carencias, queremos proyectos concretos. Los comerciantes, los empresarios están esperando esto, pero lo están esperando en serio. Por eso, compañeros, los invito a que apoyen esta reserva. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría, habiendo concluido ya la presentación de las reservas en lo particular, abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 3o, 6o, 9, 11, 12, 13, 16, 26, 34, 10, 36 y cuarto transitorio.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por la Presidencia en términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada Cecilia Guadalupe Soto González. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Diputada, si gusta hacerlo de viva voz. Adelante.

La diputada Martha Hilda González Calderón (desde la curul): A favor. Gracias.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Diputada Martha Hilda González a favor. Gracias, diputada. ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto. Adelante, diputada Candelaria. Está abierto el sistema. Sigue abierto el sistema electrónico de votación, si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto lo puede hacer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No se ve movimiento ya en el tablero electrónico.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 366 votos a favor, 50 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos 3o., 6o., 9, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 34 y 36 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales; así como el artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto, en términos del dictamen por 366 votos, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Y esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita el proyecto de decreto se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por el pleno.

VOLUMEN II

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de cinco dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El primero, por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo, por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El tercero, por el que se adiciona el numeral 2 al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El cuarto, por el que se reforman los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y el quinto, por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de homologación de normatividad interna.

Esta Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 92, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 27 de enero de 2016, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 15 numeral 9; 22 numeral 2; 23 numeral 3, y 40 numeral 3; así como la reforma a los artículos 9 fracción IV; 12 fracción II, y 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2.Con fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente mediante Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-06-0415, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y elaboración del respectivo dictamen.

3.Mediante oficio número CRRPP/169-LXIII/16 de fecha viernes 29 de enero de 2016 la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

I.Que la Iniciativa busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada la normatividad interna con base en el contenido constitucional.

II.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no escapa a esta Dictaminadora, tomar en cuenta que se trata de una Iniciativa de reformas y adiciones, a dos Ordenamientos normativos sujetos a distintos trámites dentro de su proceso legislativo.

a) El primero, que son reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere en el supuesto de ser aprobado por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ser turnada a la Cámara de Senadores, en su calidad de Colegisladora para que continúe su Proceso Legislativo, y una vez aprobada por la Revisora, instruir su correspondiente envío al Ejecutivo de la Unión para su Sanción, y Publicación en su caso.

b) El segundo trámite, consiste en las reformas y adiciones que propone la Diputada promovente de esta Iniciativa, al Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo procedimiento legislativo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados sin la intervención de la Cámara de Senadores, es decir, se trata de un procedimiento unicameral, por tratarse de una normatividad que rige exclusivamente la vida parlamentaria interna de esta Cámara. Razón por la cual, se divide en dos dictámenes.

III.La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que en el Congreso de la Unión las comisiones legislativas pueden tener diversas denominaciones de acuerdo a su naturaleza, función y temporalidad, estas se dividen en ordinarias, permanentes, transitorias, especiales, mixtas, y de investigación.

La comisión ordinaria tiene una competencia delimitada y conoce los asuntos a que se refiere su propia denominación, tienen cierto número determinado de miembros y se conforman de acuerdo a las necesidades de la Cámara.

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con la denominación y clasificación de las mismas. En relación a su naturaleza, las comisiones se clasifican en tipos de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Para los fines que hayan sido creadas, se denominan “especiales”; y “ordinarias” son las que se derivan de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal.

Refiere que como antecedentes de la tan esperada reforma política del Distrito Federal, para crear la Ciudad de México, fue aprobada en el Senado de la República en sesión ordinaria el pasado 15 de diciembre de 2015; que fue después de años de trabajo, estudio, dedicación y gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto asentó en el punto 5.4 del Pacto por México su voluntad política y el compromiso de impulsar la culminación de este proyecto. Al respecto transcribe párrafos de dicho Pacto:

“5.4. Reforma del Distrito Federal.

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

• Se revisarán las facultades del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la república.”

La Diputada Cuenca Ayala comenta en la exposición de motivos de su Iniciativa, que el sueño se culminó y fue que el pasado 20 de enero, la Comisión Permanente hizo la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México, con la aprobación de 23 Congresos Estatales, de las siguientes Entidades Federativas que integran la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y hasta el momento se suma San Luis Potosí.

Que a partir de este logro, el estatus del Distrito Federal fue modificado para beneficio de sus ciudadanos, habitantes y visitantes.

Que esta reforma permite un cambio estructural de la Ciudad de México como ente jurídico-político, con particularidades propias de una entidad federativa, pero también deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal.

La Diputada autora de la Iniciativa, refiere que se constituye a la Ciudad de México como una entidad federativa, en sustitución del Distrito Federal. Y que entre lo propuesto, destaca:

• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y sede de los Poderes de la Unión;

• Se establecerá la Asamblea Constituyente que analizará, discutirá y aprobará el proyecto de Constitución Política que envíe el jefe de gobierno;

• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017;

• Se transforman las delegaciones políticas en alcaldías con lo que los ciudadanos se verán beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos;

• Deroga la facultad del Senado de remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México;

• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo aprobar el presupuesto de la entidad;

• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, entre otras.

Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de nuestra Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.

Asimismo, que la reforma contempla en el artículo 44 constitucional, que la Ciudad de México es una entidad federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el artículo 135 constitucional. Pero también seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el centro político del país.

Que de esta manera, es indispensable homologar el marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados ante la implementación de dicha reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito Federal es creada, para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de nuestra Carta Magna ya con la reforma aprobada, así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que resulta impostergable que la denominación de la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base en el contenido constitucional.

IV.Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas esferas de la vida político-administrativa del país, con el propósito de elaborar productos legislativos que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

V.Por ello esta Comisión Dictaminadora, coincide con los propósitos que animan la Iniciativa, en el sentido de que es fundamental la armonización de las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas acordes con la reciente reforma en materia política de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario establecer la viabilidad jurídica de las propuestas de la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir de los contenidos y razones por las que las legisladoras y legisladores incorporaron en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así como las razones por las que con el Decreto de reformas y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad de México, ahora ameritarían adecuaciones y a qué artículos.

Para efectos del correspondiente análisis se debe considerar que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122, Constitucional que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso de la Unión, legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Congreso Local para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de la Unión.

Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece que la Ciudad de México, es la Entidad Federativa sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le reconoce a la ahora Ciudad de México, el estatus de Entidad Federativa.

Otro aspecto relevante para establecer la viabilidad jurídica de los contenidos de la Iniciativa que se dictamina, es que en esta última reforma, la Ciudad de México tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para dicha Ciudad. Aunado a ello, ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden reservadas al poder legislativo local de la Ciudad de México.

VI.Conforme al análisis de la Consideración anterior, esta Dictaminadora estima procedentes las reformas a los artículos 15 numeral 9; y 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas a los artículos 9, fracción IV; 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el concepto entidades federativas.

Asimismo, la Dictaminadora estima procedentes con modificaciones, los artículos 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologarlos en su correspondiente redacción con la referencia a poderes federales y poderes municipales, para que en lugar de autoridades locales de la Ciudad de México, diga poderes locales de la Ciudad de México.

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 40 numeral 3, relacionada con el cambio de nombre de la anterior Comisión del Distrito Federal, por Comisión de la Ciudad de México, por los argumentos planteados por esta Comisión Dictaminadora, se estima improcedente; ya que el Pleno de esta H. Cámara, ha aprobado su incorporación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión del día martes 29 de marzo de 2016.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforman los artículos 15, 22, y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 9. del artículo 15; el numeral 2. del artículo 22, el numeral 3. del artículo 23, así como el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.

1. a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las Entidades Federativas.

10. ...

ARTÍCULO 22.

1. ...

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y los poderes locales de la Ciudad de México. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. a 4. ...

ARTÍCULO 23.

1. a 2. ...

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, de la Ciudad de Méxicoy de los Municipios.

4. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Y tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar los dictámenes de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Triana Tena:Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente, con la finalidad de abonar a la eficiencia en el trabajo legislativo y en virtud de la carga de trabajo, vamos a abordar cinco dictámenes distintos en un solo acto.

Los dos primeros se refieren a reformas trascendentales surgidas de este Congreso, y una de ellas es la del cambio de denominación del otrora Distrito Federal por Ciudad de México. Su trascendencia impacta directamente en la vida de millones de capitalinos, así como en la de su régimen jurídico además de que deberá implementarse desde el Legislativo una de las labores de armonización de textos normativos más complejas y extensas, a fin de adecuar definiciones, conceptos y mecanismos acorde a lo que el Constituyente Permanente ya estableció.

Estos primeros dictámenes consisten en realizar una labor de armonización y adecuación de nuestra normatividad interna, a fin de modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologar el marco normativo jurídico aplicable en el decreto de reforma política de la Ciudad de México.

En su momento esta Comisión de dictamen y sus integrantes manifestamos nuestro beneplácito con motivo de la aprobación de esta reforma, incluso hace algunas sesiones aprobamos un instrumento parlamentario de similares características, en donde se establece que la anterior Comisión del Distrito Federal ahora tendrá la denominación de Comisión de la Ciudad de México.

Por ello, coincidimos con los propósitos que animan la presente en el sentido de que es fundamental la armonización de las demás disposiciones normativas cuyo impacto administrativo es esencial, no sólo en la nomenclatura, sino en las funciones y tareas que en su momento fueron ejercidas por la Comisión del Distrito Federal y hoy de la Ciudad de México.

Pues no olvidemos que muchas de sus labores se encontraban establecidas en virtud de que hasta antes de la reforma constitucional esta Cámara de Diputados era la que ejercía en ciertas materias la función de Congreso local, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, cl Congreso local.

Por ello la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera oportuna la reforma a los artículos 15, numeral 9 y 23, numeral 3 de la Ley Orgánica, y a los artículos 9, fracción IV, 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el concepto de entidades federativas.

El tercer dictamen que nos ocupa y siguiendo por esta línea otra de las reformas de gran trascendencia aprobadas, es aquella que reforma el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que se otorgue de manera anual, en sesión solemne, la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo a ciudadanos nacionales y a promotores ciudadanos y comunitarios del deporte social, pues es preciso reconocer a quien realiza un esfuerzo desde la sociedad para convertirse en promotor de una actividad deportiva, sobre todo porque es preocupante que en nuestro país el 58 por ciento de la población mayor de 18 años no realiza actividad física alguna y solo el 30 por ciento de este grupo nunca ha realizado en su vida.

Es de tal importancia el deporte, que el derecho a su acceso se encuentra salvaguardado en el artículo 4o. de la Constitución y aunque a nivel nacional el máximo galardón se otorgue a los profesionales y amateurs en distintas modalidades del ámbito deportivo a través del premio nacional del deporte, este es otorgado a quienes ya ostentan cierta fama, como consecuencia de sus logros y de sus éxitos.

Sin embargo, vale la pena que en esta ocasión se reconozca desde esta Cámara, no solamente esos importantes representantes, sino a quienes de manera voluntaria y desde el anonimato en muchas ocasiones se desempeñan como promotores voluntarios y ciudadanos a cargo del deporte social.

El siguiente dictamen y en otro orden de ideas, y con la finalidad de continuar perfeccionando nuestros mecanismos organizacionales en esta comisión de dictamen, consideramos fundamental actualizar el interior de esta Cámara de Diputados aquellos procesos y acciones que permitan un mejor manejo, tanto de residuos para la eficiencia y economización de los recursos, en este caso, el papel.

En su momento la UNAM presentó a la Cámara de Diputados el Programa Universitario de Medio Ambiente, un estudio ambiental en el cual informa sobre la infraestructura de este órgano legislativo relacionada con la eficiencia energética, la gestión del agua y de residuos y el consumo responsable, otorgándole el distintivo ambiental básico.

Este distintivo tiene una vigencia de tres años y se pueden implementar acciones complementarias a fin de obtener créditos que le permitan mejorarlo. Cabe señalar que en la última década se han realizado esfuerzos por integrar el uso de la tecnología en el desempeño gubernamental. Sin embargo, la mayoría de los documentos son impresos, ya sea por requerimiento normativo o por un simple uso y costumbre, como consecuencia de erróneas prácticas arraigadas en el colectivo laboral.

En el recinto legislativo se ha instrumentado parcialmente un sistema de gestión documental, para el manejo automatizado de la información, donde la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates se encuentran disponibles ya en formato digital.

Al contar actualmente con la versión electrónica de estas no hace necesaria su impresión, por ello la dictaminadora coincide en la intención de considerar las observaciones del Programa Universitario del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra reglamentación, a fin de generar ahorro de papel en la impresión de diversos insumos para nuestro trabajo, así como el traslado de archivos a formato puramente electrónico.

Y finalmente, otro mecanismo para hacer más eficiente el trabajo legislativo se refiere a la reforma al Reglamento, en particular el artículo 97, a fin de que los legisladores tengan en su poder en menos de 24 horas y de manera electrónica los dictámenes que se aprueban en comisiones, con el objeto de contar con un mayor tiempo para su análisis y discusión.

Además, también de poder recurrir al documento de primera fuente sin necesidad de entorpecer los trabajos de los secretarios y conseguir un documento público que fue aprobado ya en comisiones.

El dictamen al que se hace referencia es congruente con la exigencia de prontitud en la práctica parlamentaria, pues es de todos los presentes sabido que los momentos para desahogar asuntos legislativos responden a una gran dinámica, muchas veces una precipitada dinámica, diría yo.

Cabe señalar que actualmente no existe un mecanismo unificado desde el Reglamento que obligue a las comisiones a circular los contenidos de un asunto, y así a veces se circula por medios electrónicos, en papel o en fotocopia o hasta en imágenes por medio electrónico y ello genera una dispersión en la manera en que los asuntos son estudiados por los legisladores en perjuicio de la calidad del debate parlamentario, poniendo en riesgo las resoluciones de esta Cámara de Diputados.

Por ello la importancia de esta propuesta de incluir en el Reglamento la obligación de las comisiones dictaminadoras y de opinión, de turnar a las oficinas de los diputados, en un periodo máximo de 24 horas, sus proyectos para que sean posteriormente puestos a consideración de la asamblea.

En conclusión, con las modificaciones presentadas en estos cinco dictámenes, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias busca implementar mecanismos que perfeccionen el trabajo diario de esta Cámara en beneficio de nuestros representados, de ahí la necesidad de facilitar y eficientar nuestra labor, a fin de optimizar el tiempo de los ciudadanos y que los debates se den de manera informada, con soporte documental y con anticipación, ello en un afán de rentabilizar esfuerzos y optimizar el trabajo legislativo. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también, para fijar la postura de su grupo parlamentario, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Estando a discusión en lo general y en lo particular los cinco dictámenes.

Para precisar, el diputado Guizar Valladares se referirá a los cinco dictámenes que hemos mencionado, y lo hará hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guizar Valladares: Muchas gracias, diputada presidenta. Efectivamente, armonizar el marco jurídico, derivado de la reforma política de la Ciudad de México es un imperativo y es lo que hoy nos trae aquí a tribuna como Partido Encuentro Social a votar en pro de estos cinco dictámenes a discusión.

En primer lugar, o el primero de ellos significa que la reforma se cambie de Distrito Federal por el de Ciudad de México. Asimismo, se modifica la expresión autoridades locales de la Ciudad de México por el de poderes locales de la Ciudad de México. Lo anterior con la finalidad de adecuar y armonizar la ley a los cambios constitucionales.

El segundo dictamen, compañeras y compañeros. Se cambia el enunciado de los estados y el Distrito Federal por el de entidades federativas, son partes para armonizar los conceptos, las locuciones de textos anteriores.

El tercero de ellos adiciona el número 2 al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y por supuesto, para establecer la obligación de las comisiones dictaminadoras y de opinión, de enviar a las oficinas de todos los diputados dictámenes aprobados en el seno de las comisiones. Y asimismo, se establece que el dictamen puede ser enviado en formato impreso o electrónico.

En ese contexto, esta trascendente reforma va a enriquecer, sin duda, el análisis y por tanto, la discusión, en su momento, de los dictámenes enviados y resueltos en las comisiones en su interior.

De esta manera, los diputados podrán conocer en tiempo y forma también el cuarto dictamen que habremos de votar en la reforma al 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Estará disponible en sistemas electrónicos de la curul.

En suma, amigas y amigos, un dictamen trascendente de esta reforma es la entrega al reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales destacados por su actuación deportiva.

En este deporte social consideramos importante y trascendente esta iniciativa, toda vez que México es uno de los principales países consumidores de refrescos. Así lo marcan las estadísticas y primeros lugares de obesidad en el mundo. En este contexto estamos dando ya una reforma anterior en materia de salud pública para combatir estos conceptos.

Por otro lado, esta iniciativa viene a complementar el tema de entregar medallas al reconocimiento deportivo en el ámbito social estrictamente, lo cual para nosotros es un aliciente y, por tanto, votamos a favor de estos dictámenes. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también para referirse a los dictámenes, hasta por tres minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, por favor.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Es preciso adecuar el marco jurídico del Congreso para dar certeza al trabajo legislativo y parlamentario de los representantes populares.

Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, en esta ocasión me dirijo al pleno para hablar a favor de cinco dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El primero de ellos se refiere a la adición del numeral 2 del artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que los dictámenes aprobados por las comisiones se circulen a las legisladoras y los legisladores en formato electrónico en un plazo máximo de 24 horas, a partir de la aprobación en el seno de la comisión.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a dignificar la política de México, fortaleciendo su papel de servicio a la sociedad y de resultados. Por ese motivo, consideramos prioritario que el trabajo legislativo se realice con la mayor profundidad y profesionalismo que exige la responsabilidad que se nos ha otorgado por parte de la sociedad.

Como señala la fracción VIII del artículo 3o. de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria es la publicación a través de la cual se difunden las actividades, comunicaciones, documentos o acuerdos que tienen que ver con la Cámara. Sin embargo, existen grandes cargas de trabajo y la responsabilidad de los diputados de conocer los dictámenes es impostergable.

Para Nueva Alianza es prioritario que las y los legisladores estén suficientemente informados de los argumentos contenidos en los dictámenes que se someterán a discusión en el pleno de la Cámara, ya que en caso de aprobarse y convertirse en ley o decreto, impactarán en la vida de los ciudadanos de este país, razón por la cual coincidimos con la dictaminadora.

El segundo dictamen se refiere a la reforma del numeral 1, del artículo 239 y del numeral 4, del artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se pretende reducir el impacto ambiental que origina la impresión de la Gaceta Parlamentaria. En Nueva Alianza hemos tomado con toda seriedad la defensa del medio ambiente y buscamos un cambio de visión económico, político, a fin de aprovechar las ventajas tecnológicas en favor de la preservación de los recursos naturales.

Si bien existe en la Cámara de Diputados un sistema de sesión documental para el manejo automatizado de la información, tanto de la Gaceta Parlamentaria, como del Diario de los Debates, se encuentran disponibles en formato digital, aún se siguen imprimiendo miles de ejemplares que tienen un oneroso costo ambiental y económico. Por este motivo, en Nueva Alianza estamos a favor de esta reforma, en la que se establece que la Gaceta Parlamentaria tendrá solo difusión electrónica y que se imprimirá únicamente cuando así lo solicite algún diputado o diputada.

El tercer dictamen es sobre una adición de un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que se otorgue anualmente la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo. Para Nueva Alianza es fundamental contribuir a regenerar el tejido social, por ello consideramos loable reconocer a quienes contribuyen públicamente a fomentar la cultura de la activación física, misma que puede repercutir y beneficiar en la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos, se traduce en acciones positivas dentro de la sociedad,

El reconocimiento a las y los deportistas, así como a quienes promuevan en la comunidad el deporte es una acción que puede contribuir a promover la disciplina y una vida saludable. Los logros de los mexicanos y mexicanas en competencias o actividades deportivas pueden constituir un ejemplo para generaciones presentes y futuras.

El cuarto dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se refiere a la reforma de los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La finalidad de la reforma referida es adecuar el texto de la Ley Orgánica con la reforma política de la Ciudad de México, cuyo decreto fue publicado el 29 de enero de 2016. Nueva Alianza considera que para garantizar la certeza jurídica de la reforma política de la Ciudad de México es preciso incorporarla plenamente al marco jurídico nacional.

A partir de la reforma de la Ciudad de México, se convierte en la entidad federativa sede de los poderes federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se sigue distinguiendo de los demás estados de la República que son libres y soberanos, pero está reconocida como entidad federativa, por lo que es necesario incluir esta característica en la ley.

Otra modificación sustantiva que debe incorporarse al texto de la Ley Orgánica es la que tiene que ver con los poderes de la Ciudad de México. Se requiere homologar esta circunstancia cuando la ley se refiere a las autoridades locales de la Ciudad de México.

Finalmente la comisión consideró pertinente reformar la fracción IV del artículo 9, la fracción II del numeral 1 del artículo 12 y el numeral 1 del artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Al referirse al tema mencionado con antelación, es por tanto procedente adecuar el texto de la Ley Orgánica para su total armonización con el decreto de la reforma política de la Ciudad de México.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos comprometidos con nuestra labor legislativa y, por las razones expuestas, determinados a votar a favor de estos dictámenes.

Lo hacemos con congruencia y por el bien de México. Podemos mejorar, todos juntos, hagámoslo. Es el reto de dar resultados a las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Tiene la palabra también por tres minutos el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con la venia de la presidenta. Hay temas que son tan buenos que no se les puede decir que no. Estamos ante cinco de ellos provenientes del buen trabajo de la Comisión de Régimen a la que tengo el honor de pertenecer. Son tan buenos que lo voy a anunciar brevemente, no requiere más explicación.

El 1 y el 2 hablan del cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. No podemos hacernos a un lado de la historia.

El tercer tema habla de la presea a deportistas distinguidos. Cuerpo sano en mente sana; vamos bien, creo que no hay dudas.

El cuarto tema es muy interesante. Proviene de la iniciativa inteligente del joven legislador Santiago Torreblanca Engell, que habla de que los dictámenes aprobados en comisiones deben llegarnos a las 24 horas por forma electrónica, cosa que es muy sana, para así superar la abrumadora llegada de documentos y poder trabajar con más precisión y poder tomar mejores decisiones.

Y la quinta iniciativa es todavía más sana, desde el punto de vista del medio ambiente; proviene de mi compañera de bancada Mirza Flores, se habla de la prohibición de imprimir la Gaceta, ahí la tenemos todos, nadie la ve, y recibir de manera electrónica el texto.

Así que miren, no voy a tomar más su tiempo, recomiendo que se vote a favor para así avanzar un poquito más en buena calidad del trabajo. Gracias y buenas tardes.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, también por la sugerencia. Le pedimos a todos los diputados que van a subir a tribuna también acaten el término que se les ha dado a todos los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, los dictámenes que están a discusión, producto del trabajo de la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, en primera instancia está la homologación de los términos de Distrito Federal hacia la Ciudad de México, y en ese sentido nosotros estamos a favor de que se logre esa homologación en el reglamento.

Sin embargo sí queremos ser muy críticos en cómo se está dando ese cambio en la Ciudad de México, y siendo de que estamos a favor de una Constitución, pero en contra de la manera en cómo se eligieron a los constituyentes, y que eso quede muy claro.

Pero en el tema siguiente, del medio ambiente, es muy importante lo que hoy se está tratando de aprobar, que hoy se va a aprobar. Morena está a favor de este tema tan importante que se modifica el numeral dos del artículo 97 para que se mande en formato electrónico, preferentemente electrónico; también en la Comisión de Transparencia tuvimos ese tema, algunos diputados hablaban del excesivo papeleo en el que se, pues nos vemos involucrados porque hay muchos dictámenes, mucho trabajo que hacer, y es importante que también se establezca que sea de manera electrónica la publicidad de estos dictámenes y que se reparta a los diputados. Es muy importante porque nos va a llevar a ahorrar buena cantidad de papeles.

En el otro tema, que es el último que quisiera hablar un poco más ampliamente, que es el tema del deporte. Es muy importante reconocer a todos nuestros atletas, diría que en un contexto como es el de México, donde nuestros atletas tienen que andar en condiciones económicas, políticas, sociales, complicadas, que logren medallas, que logren triunfos, es prácticamente un acto heroico que vayan al extranjero a representarnos y que logren triunfos, es muy importante reconocérselos.

Pero creo que si vamos al fondo de este tema del deporte, quisiera que nos sensibilicemos en muchas comunidades del país, particularmente donde otorgaba e impartía clases, hay alumnos que practican deporte sin zapatos en campos, con condiciones deplorables y eso en una comunidad del país, y le podría hablar solamente de la zona de donde trabajaba, había como seis o siete comunidades en la misma situación.

Entonces, en este tema es importante reconocer a nuestros deportistas, pero también reflexionar de que el deporte en el país tiene que ser impulsado y, sobre todo, garantizar las condiciones a todos nuestros jóvenes estudiantes en las escuelas, no permitir que los jóvenes practiquen el deporte descalzos, eso es una infamia y nosotros lo queremos decir muy claramente, aunque vamos a votar a favor de que se les reconozca a los deportistas por estas condiciones de las que hablamos, pero sí quisiera señalar, dejar claro y sensibilizarlos en este tema que creo que se debe ir al fondo en la cultura del deporte en el país. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra el diputado Diego Valente Valera Fuentes.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes:Con su permiso, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Adelante, por favor.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Hoy votaremos cinco dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Debemos de ir adecuando nuestra normatividad interna, las nuevas reformas que hemos ido aprobando, por eso es importante que estos sencillos, pero congruentes y sustanciales dictámenes sean votados a favor, el proceso de homologación de leyes secundarias para reconocer la plena autonomía de la Ciudad de México como una entidad federativa más.

Como Partido Verde, cambiando el orden de las ideas, estamos a favor de cualquier medida que nos ayude a cuidar el ambiente, por eso celebramos la propuesta que la Gaceta Parlamentaria sea distribuida de manera digital y de esta manera ahorremos miles de pesos en gastos de papel; pero, más importante aún, hacer lo propio, nuestro granito de arena cuidando la materia prima de estos.

La práctica del deporte es una actividad gratificante, reconfortante, motivadora y placentera. Es por eso que apoyamos los esfuerzos de nuestro país y particularmente en el estado de Chiapas al fomento de esta actividad que fortalece los cuerpos, el espíritu y el corazón de jóvenes que se alejan de los problemas.

Esta medalla de reconocimiento al mérito deportivo por parte de este Poder Legislativo la celebramos en el Partido Verde Ecologista de México.

Este es el pleno del debate y de la construcción de acuerdos, y las diferencias ideológicas y partiditas, para que demos paso a las coincidencias nacionales. Por eso debemos reconocer, compañeros legisladores, y lo digo con mucho respeto, que los tiempos en los que se nos entregan los dictámenes no permite el verdadero debate. No permite la discusión propositiva y sana, que ha sido poco frecuente en este periodo de sesiones.

A menudo polemizamos por el partido que representamos o por nuestra fuerza. Esto, compañeros, es y ha sido irresponsable y poco congruente con nuestro compromiso con los mexicanos y las mexicanas a los que representamos.

No estamos a la altura del México que queremos ver y por lo cual hemos adquirido este enorme compromiso de ser legisladores. Es por eso que nos manifestamos a favor de que la Junta Directiva de cada comisión circule a los diputados el resultado de los dictámenes que vayan resolviendo, dándonos el tiempo necesario para hacer análisis, para hacer investigación y para hacer propuestas; dándonos y generando un debate edificante y enriquecedor, que genere un consenso que privilegie el bienestar de nuestro país.

El debate es el único camino, es la única forma en que la tarea legislativa puede dar buenos frutos. Parafraseando a Margaret Thatcher les diría que nadie tiene por qué sentarse y estar simplemente de acuerdo. Eso, compañeros, no es nuestro trabajo.

Que se deje de ver a un México como un país de improvisaciones y con poco profesionalismo, y demos la oportunidad a que las ideas de 500 hombres y de 500 mujeres construyan un mejor país: el país que los mexicanos anhelan, el país que todos queremos ver. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora también del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos tiene la palabra el diputado Victoriano Wences Real.

El diputado Victoriano Wences Real:Con su venia, presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no tiene objeción alguna con los dictámenes a discusión y votaremos a favor todos y cada uno de ellos, sin embargo quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar un tema que es recurrente en las Cámaras del Congreso mexicano.

Aquí venimos a votar un sinnúmero de propuestas, dictámenes que sin dejar de revestir cierta importancia o pertinencia técnica, jurídica o incluso política, no atiende en lo sustantivo en la problemática nacional.

La gente que nos observa en el Canal del Congreso muchas veces no entiende lo que estamos haciendo aquí o de lo que estamos hablando. Frente a los grandes nacionales, frente a las grandes crisis, a los fenómenos y catástrofes que nos azotan recurrentemente, la dinámica de la Cámara nos somete a abordar muchas veces temas que no están en el interés de nuestros representados.

Por ejemplo, armonizar la Ley y el Reglamento para sustituir Distrito Federal por Ciudad de México es algo necesario, pero honestamente no debería consumir un trámite legislativo sino que debería resolverse como ocurre en otros parlamentos del mundo; por la vía de una instancia de armonización legislativa, claro, con la sanción y de las y los diputados, pero en procedimiento mucho más ágil de lo que hacemos en esta Cámara.

Al parecer esta Cámara está tomada por fuerzas políticas que se empeñan en tejer acuerdo en asuntos sin trascendencia. No estamos cumpliendo con las expectativas de la sociedad.

Por ejemplo, ¿Qué cuentas tenemos que ofrecer a la sociedad en cuanto a los avances que llevamos en la Cámara y en la colegisladora, en la construcción del sistema nacional anticorrupción? Pues se han hecho foros, consultas, iniciativas, pero no tenemos, hoy por hoy, dictámenes.

Solo pudimos aprobar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya está en el Ejecutivo. Tenemos que sacar todo el sistema nacional anticorrupción y el sistema nacional de transparencia. Para darle sentido tenemos que derribar el muro de la inmunidad de los servidores públicos, si no vamos a construir un castillo de simulación. Es el reto de esta legislatura, hay que acelerar el avance en estos temas fundamentales.

Justo hoy el presidente está finalmente en el límite del tiempo que le concede la Constitución Política para promulgar la Ley de Disciplina Financiera y tenemos que construir aquí, por mandato constitucional, la comisión bicamaral que le dé seguimiento a la evolución que siga el endeudamiento de las entidades federativas. No lo hemos hecho aún, hay que hacerlo a la brevedad.

En los otros dictámenes estamos dando pasos. Ya lo que entendemos como Parlamento abierto, donde tenemos que hacer esfuerzos para transparentar nuestra labor. Es por ello que se faculta a las Juntas Directivas de comisiones para que circulen a las diputadas y diputados en formatos impresos y electrónicos en un plazo máximo de 24 horas, a partir de su aprobación en el seno de la comisión el dictamen o la opinión que se turnará al pleno de la Cámara para su discusión y eventual aprobación, y también se define a la Gaceta Parlamentaria como el órgano de difusión electrónica de la Cámara.

También estamos de acuerdo en que se especifique en que la Cámara otorgará anualmente la Medalla al Mérito Deportivo, en un afán de reconocer a ciudadanos destacados en el deporte y fomentar asimismo esta actividad sana y fundamental para el desarrollo de todas las personas que conforman nuestra sociedad. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra por tres minutos, el diputado Jorge Ramos Hernández.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias nos presenta cinco dictámenes de modificación a la normatividad interna de este Congreso y en particular de la Cámara de Diputados.

Antes de referirme al contenido de estos dictámenes, quiero hacer un amplio reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y muy en particular a su presidente el diputado Jorge Triana Tena, por presidir una comisión de las más dinámicas de este Congreso.

Únicamente me referiré, por razón de tiempo, a tres de los dictámenes que hoy se aprueban. Uno, que es fundamental para la información de los diputados y las diputadas, obligándonos a quienes presidimos comisión de enterar en un lapso de 24 horas a la totalidad de los integrantes de esta Cámara, para proveer mejor información y con ello darles más y mejores herramientas a las y los diputados de esta Cámara.

Por otra parte, el tercer dictamen tiene el objetivo de hacer más eficiente la tarea legislativa y con ello tocar esta parte que tiene que ver con la ecología, que por supuesto el Partido Acción Nacional se suma a este planteamiento por razones obvias de economía y de ecología.

Por último, quiero referirme a la Medalla al Mérito Deportivo que esta Cámara está por aprobar. He tocado esta tribuna en varias ocasiones para abordar el tema de la seguridad de nuestro país, y lo hemos hecho desde la perspectiva policiaca, desde la perspectiva de la prevención y de las intervenciones de todos los órdenes de gobierno, pero hoy estoy seguro que empatizo con todas las diputadas y diputados al compartirles que también el deporte es un eje central para la prevención de la inseguridad en este país.

Este mérito deportivo tiene el propósito de que las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país encuentren, en esta tribuna y en esta Cámara, un tema aspiracional, que sepan que hay otras alternativas y otros motivos por los cuales encontrar reconocimiento. Para mí es un honor estar tocando esta iniciativa y agradezco a sus integrantes, como iniciador de esta reforma, la aprobación unánime de la cual fue objeto esta iniciativa.

Y por otra parte, decir que niños y niñas como estos, que son objeto de esta reforma, tenemos aquí mismo en la Cámara de Diputados a una niña tijuanense que optó por el camino del deporte y que aprendió de la disciplina, de la entrega, del trabajo, del camino honesto y del camino recto, me refiero a la diputada Jaqui Nava, que forma parte de esta Legislatura, y que con ella y con su nombre, al igual que Paola Longoria, que lleva más de cinco años siendo campeona mundial de raquetbol en este país, y que ambas, al igual que otras mexicanas y mexicanos van y reflejan al mundo lo que verdaderamente somos, ese México de disciplina, de honorabilidad, de valores, de moralidad y de principios éticos.

Por eso para mí, en esta Legislatura, esta aprobación tiene un gran contenido, un gran contenido social, un gran contenido ideológico esta aprobación. Y por último, no hay que dejar también de mencionar a esos promotores que en el anonimato formaron a nuestros valores. A ese promotor deportivo de la colonia, a ese promotor deportivo que también está en la escuela y que nos ha dado grandes satisfacciones a este pueblo mexicano.

En fin, gracias por esta iniciativa. Y desde luego, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de estos cinco dictámenes. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. También por tres minutos tiene la palabra la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional.

La diputada Cristina Sánchez Coronel:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, nosotros como legisladores tenemos la gran responsabilidad de trabajar en pro de los ciudadanos en todas y cada una de las etapas del proceso legislativo, así como velar por la correcta elaboración de leyes que definirán una convivencia social estable.

En el trabajo legislativo el dictamen es la resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, tomada por la mayoría de sus miembros sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición; sometido a consideración por acuerdo del pleno de la Cámara a la que pertenece. Dicho documento está sujeto a lecturas previas, así como a discusión, modificación, votación y aprobación de la Cámara respectiva.

Dada su importancia, es trascendental la publicidad que se le dé a los dictámenes, para que los legisladores puedan analizarlos en su totalidad, previo a emitir un voto en el pleno, con la finalidad de que se vote de manera informada.

Todos y cada uno de los acuerdos son de trascendencia nacional, por ello, mi fracción parlamentaria considera oportuno el primer dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, ya que gracias a esta modificación el legislador podrá discernir en el pleno de manera más adecuada e informada en beneficio de los representados y con ello decidir conscientemente el sentido de su voto.

El segundo dictamen pretende evitar el mal uso del papel y, a su vez, ayudar a la conservación de los recursos naturales. Al respecto, en el Grupo Parlamentario del PRI sabemos que la naturaleza es el sustento y la base de la vida en el planeta; sin embargo, cuando la sobreexplotación de los recursos naturales está por encima de la capacidad misma de reposición, se pone en riesgo el bienestar y la sobrevivencia de las futuras generaciones.

Estamos conscientes de que proteger los recursos naturales es el principio sobre el cual las sociedades deben organizar sus actividades para satisfacer la necesidad del presente y, por tal, una función que el Estado y el gobierno deben atender desde ahora con urgencia y talento para asegurar la preservación del ambiente y los recursos naturales.

El tercer dictamen que se establece en la Cámara de Diputados es otorgar anualmente una medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano o a aquellos que por el fomento, la protección y el impulso al deporte social.

En mi grupo parlamentario consideramos que el deporte nos propone con mucha convicción un ejercicio cotidiano de práctica del buen ejemplo desde valores tales como la amistad, la solidaridad, la tolerancia y el juego limpio. El deporte también tiene como encomienda estimular sus practicantes a luchar contra dificultades en vez de rendirse ante la adversidad, enseñándoles la importancia del autodominio y del sentido del orden, exigiéndoles una actitud leal y también de respeto hacia unas normas y reglamentos haciéndoles evaluar las propias virtudes y cualidades de manera objetiva en comparación con los demás.

Por último, la comisión nos presenta dos dictámenes oportunos al cambio estructural que está viviendo el país al agregar una nueva entidad federativa, la Ciudad de México, se modifica el ordenamiento para coadyuvar con lo ya reformado y a su vez establece seguridad jurídica en este nuevo ente. Dichos dictámenes reflejan el seguimiento adecuado que merecen reformas de trascendencia nacional.

Por ello en el Grupo Parlamentario del PRI, nos manifestamos a favor de los dictámenes presentados por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Para hablar en pro de los cinco dictámenes, tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Señora presidenta, con su venia. El día 10 de noviembre del año pasado presente ante esta honorable tribuna, la propuesta de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fui muy clara al decir que esta iniciativa no tenía ningún tinte político. Todo lo contrario, el espíritu de la misma obedece a una necesidad de realizar todos los esfuerzos que sean necesarios en este recinto legislativo para cumplimentar con recomendaciones hechas por la máxima casa de estudios de este país, la Universidad Autónoma de México.

Esto es para encaminar todos los esfuerzos que sean necesarios para hacer de este recinto legislativo un área de trabajo sostenible y sustentable, y con este ser ejemplo para todo el país de ahorro y de una precaria inversión de dinero y de recursos naturales, que esto implicaría un ahorro en términos del dinero público y de los mexicanos que se puede invertir en otros aspectos.

De aprobarse esta propuesta, estamos dando un paso para convertirnos en un ejemplo para demás dependencias de gobierno, así como iniciativa privada. Esto tiene que ver, y está implícito en el artículo 4o. constitucional y diversos tratados internacionales que hablan de un respeto al derecho a tener un medio ambiente sano.

En este recinto legislativo no es un asunto menor votar a favor de que se deje de imprimir la Gaceta Parlamentaria y caminar hacia un gobierno digital. ¿Por qué no es menor? Se gastan anualmente en esta Cámara un millón 450 mil millares de hojas. Parte de esas hojas es para la impresión de esta gaceta. Dejarla de imprimir nada más representaría un ahorro de 37 millones de pesos para esta Cámara, lo que no solamente se ahorra papel, se ahorra tinta, se ahorra energía eléctrica y se ahorra el destino final de este residuo sólido.

También estamos hablando de 49 mil árboles y 125 hectáreas de bosque. Sumamos no solamente el ahorro monetario, representa un gran paso para la agenda sostenible de este recinto parlamentario. Debemos de ser ejemplo de buenas noticias para el país. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, muchas gracias, señora presidenta.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya regresé. Gracias, diputada Flores. Me halaga en la equidad de género en el uso del lenguaje. Gracias. Andábamos en otra actividad acá, instalando el Consejo Técnico para la elaboración de la Ley de Cultura. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

En consecuencia se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y les pedimos, les rogamos encarecidamente que no se vayan de sus curules porque van a ser, como ya se han percatado, cinco dictámenes que votaremos uno tras otro, nominalmente, de tal suerte que si permanecemos aquí en el salón de sesiones, las siguientes votaciones buscaríamos que fueran con menos tiempo en el tablero electrónico, y así agilizamos más nuestros trabajos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de representantes de la industria maquiladora, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Bienvenidos, amigos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Nuevamente se pregunta si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya nadie se ve que entre.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron, señor presidente, 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación... Ahorita vamos a irnos de cuatro, tres, dos, uno y van a ver que vamos a ir más rápido, a ver si lo logramos.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposicionesde la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de homologación de normatividad interna.

Esta Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 27 de enero de 2016, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 15 numeral 9; 22 numeral 2; 23 numeral 3, y 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la reforma a los artículos 9 fracción IV; 12 fracción II, y 59 numeral 1 .

2. Con fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente mediante Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-06-0415, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y elaboración del respectivo dictamen.

3. Mediante oficio número CRRPP/169-LXIII/16 de fecha viernes 29 de enero de 2016 la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Que la Iniciativa busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada la normatividad interna con base en el contenido constitucional.

II. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no escapa a esta Dictaminadora, tomar en cuenta que se trata de una Iniciativa de reformas y adiciones, a dos Ordenamientos normativos sujetos a distintos trámites dentro de su proceso legislativo.

a) El primero, que son reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere en el supuesto de ser aprobado por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ser turnada a la Cámara de Senadores, en su calidad de Colegisladora para que continúe su Proceso Legislativo, y una vez aprobada por la Revisora, instruir su correspondiente envío al Ejecutivo de la Unión para su Sanción, y Publicación en su caso.

b) El segundo trámite, consiste en las reformas y adiciones que propone la Diputada promovente de esta Iniciativa, al Reglamento de la Cámara de Diputados,cuyo procedimiento legislativo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados sin la intervención de la Cámara de Senadores, es decir, se trata de un procedimiento unicameral, por tratarse de una normatividad que rige exclusivamente la vida parlamentaria interna de esta Cámara. Razón por la cual, se divide en dos dictámenes.

III. La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que en el Congreso de la Unión las comisiones legislativas pueden tener diversas denominaciones de acuerdo a su naturaleza, función y temporalidad, estas se dividen en ordinarias, permanentes, transitorias, especiales, mixtas, y de investigación.

La comisión ordinaria tiene una competencia delimitada y conoce los asuntos a que se refiere su propia denominación, tienen cierto número determinado de miembros y se conforman de acuerdo a las necesidades de la Cámara.

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con la denominación y clasificación de las mismas. En relación a su naturaleza, las comisiones se clasifican en tipos de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Para los fines que hayan sido creadas, se denominan “especiales”; y “ordinarias” son las que se derivan de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal.

Refiere que como antecedentes de la tan esperada reforma política del Distrito Federal, para crear la Ciudad de México, fue aprobada en el Senado de la República en sesión ordinaria el pasado 15 de diciembre de 2015; que fue después de años de trabajo, estudio, dedicación y gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto asentó en el punto 5.4 del Pacto por México su voluntad política y el compromiso de impulsar la culminación de este proyecto. Al respecto transcribe párrafos de dicho Pacto:

“5.4. Reforma del Distrito Federal.

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

• Se revisarán las facultades del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la república.”

La Diputada Cuenca Ayala comenta en la exposición de motivos de su Iniciativa, que el sueño se culminó y fue que el pasado 20 de enero, la Comisión Permanente hizo la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México, con la aprobación de 23 Congresos Estatales, de las siguientes Entidades Federativas que integran la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y hasta el momento se suma San Luis Potosí.

Que a partir de este logro, el estatus del Distrito Federal fue modificado para beneficio de sus ciudadanos, habitantes y visitantes.

Que esta reforma permite un cambio estructural de la Ciudad de México como ente jurídico-político, con particularidades propias de una entidad federativa, pero también deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal.

La Diputada autora de la Iniciativa, refiere que se constituye a la Ciudad de México como una entidad federativa, en sustitución del Distrito Federal. Y que entre lo propuesto, destaca:

• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y sede de los Poderes de la Unión;

• Se establecerá la Asamblea Constituyente que analizará, discutirá y aprobará el proyecto de Constitución Política que envíe el jefe de gobierno;

• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017;

• Se transforman las delegaciones políticas en alcaldías con lo que los ciudadanos se verán beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos;

• Deroga la facultad del Senado de remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México;

• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo aprobar el presupuesto de la entidad;

• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, entre otras.

Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de nuestra Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.

Asimismo, que la reforma contempla en el artículo 44 constitucional, que la Ciudad de México es una entidad federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el artículo 135 constitucional. Pero también seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el centro político del país.

Que de esta manera, es indispensable homologar el marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados ante la implementación de dicha reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito Federal es creada, para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de nuestra Carta Magna ya con la reforma aprobada, así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que resulta impostergable que la denominación de la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base en el contenido constitucional.

IV.Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas esferas de la vida político-administrativa del país, con el propósito de elaborar productos legislativos que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

V.Por ello esta Comisión Dictaminadora, coincide con los propósitos que animan la Iniciativa, en el sentido de que es fundamental la armonización de las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas acordes con la reciente reforma en materia política de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario establecer la viabilidad jurídica de las propuestas de la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir de los contenidos y razones por las que las legisladoras y legisladores incorporaron en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así como las razones por las que con el Decreto de reformas y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad de México, ahora ameritarían adecuaciones y a qué artículos.

Para efectos del correspondiente análisis se debe considerar que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122, Constitucional que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso de la Unión, legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Congreso Local para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de la Unión.

Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece que la Ciudad de México, es la Entidad Federativa sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le reconoce a la ahora Ciudad de México, el estatus de Entidad Federativa.

Otro aspecto relevante para establecer la viabilidad jurídica de los contenidos de la Iniciativa que se dictamina, es que en esta última reforma, la Ciudad de México tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para dicha Ciudad. Aunado a ello, ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden reservadas al poder legislativo local de la Ciudad de México.

VI.Conforme al análisis de la Consideración anterior, esta Dictaminadora estima procedentes las reformas a los artículos 15 numeral 9; y 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas a los artículos 9, fracción IV; 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el concepto entidades federativas.

Asimismo, la Dictaminadora estima procedentes con modificaciones, los artículos 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologarlos en su correspondiente redacción con la referencia a poderes federales y poderes municipales, para que en lugar de autoridades locales de la Ciudad de México, diga poderes locales de la Ciudad de México.

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 40 numeral 3, relacionada con el cambio de nombre de la anterior Comisión del Distrito Federal, por Comisión de la Ciudad de México, por los argumentos planteados por esta Comisión Dictaminadora, se estima improcedente; ya que el Pleno de esta H. Cámara, ha aprobado su incorporación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión del día martes 29 de marzo de 2016.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforman los artículos 9, 12, y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 9, la fracción II del numeral 1 del artículo 12 y el numeral 1 del artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 9.

1. ...

I. a III. ...

IV. Desempeñe una comisión o empleo de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios o cualquier empleo remunerado del sector público, sin la licencia previa de la Cámara, con excepción de las actividades que desempeñen en instituciones y asociaciones docentes, científicas, culturales y de investigación;

V. a VI. ...

Artículo 12.

1. ...

I. ...

II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo de la Federación, de las Entidades Federativas, y de los Municipios, por el que se disfrute de sueldo;

III. a V. ...

2. ...

Artículo 59.

1. La Mesa Directiva integrará el proyecto del Orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados, los poderes locales de la Ciudad de México, los Municipios y los organismos públicos o en su caso, de los particulares.

2. a 3. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Firmamos para constancia el presente decreto, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pues los que falten que voten. Allá viene corriendo, vestida de verde sin ser del Verde.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya lo vamos a cerrar. Ya no se ve más movimiento. A ver, quién. Ya. Vámonos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 del artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40, numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.En sesión de fecha miércoles dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1. y adiciona el numeral 2. del artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. El jueves diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de esta Cámara, turno mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-689, a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dicha iniciativa, para continuación de su proceso legislativo y la elaboración de su respectivo dictamen.

TERCERO.Mediante oficio número CRRPP/225-LXIII, de fecha jueves 17 de marzo de 2016, la Presidencia de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el martes 5 de abril de dos mil dieciséis, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el numeral 1. y adiciona el numeral 2., ambos del artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA.Que acorde con el objeto del Reglamento de la Cámara de Diputados de normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento, la iniciativa propone dotar de mayor precisión, oportunidad y eficacia al proceso parlamentario, estableciendo la adición de un numeral 2. al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que los dictámenes aprobados por las comisiones, se circulen a las legisladoras y legisladores, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su aprobación, por la o las Comisiones responsables del Dictamen, en forma impresa o electrónica. Así también propone la supresión en el numeral 1. del mismo artículo, el término iniciativas.

TERCERA. Como antecedentes, el Diputado autor de la Iniciativa que se dictamina refiere que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, el dictamen es la resolución escrita de una o varias Comisiones legislativas, tomada por la mayoría de sus miembros, sobre una Iniciativa de ley, decreto, asunto o petición, sometido a su consideración por acuerdo del Pleno de la Cámara a la que pertenecen; dicho documento está sujeto a lecturas previas, así como a discusión, modificación -en su caso-, votación y aprobación de la Cámara respectiva.

Que la Cámara de Diputados, concibe al dictamen como una opinión técnica calificada emitida por escrito por una o varias comisiones, para aprobar total o parcialmente, o desechar minutas, iniciativas de ley o decreto, observaciones hechas ya sea por el Ejecutivo Federal (sic) a proyectos de ley o decreto, o por la colegisladora en términos de la fracción E del artículo 72 constitucional, así como la Cuenta Pública, proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permiso constitucional en términos del artículo 37 constitucional, inciso c, de las fracciones II a la IV.

Que actualmente, el Poder Legislativo Federal y en concreto, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, conoce de un gran número de Iniciativas, puntos de acuerdo y asuntos en general, razón por la que consecuentemente los dictámenes son igualmente numerosos.

Que los legisladores, tienen la responsabilidad de estar bien informados acerca de los asuntos que discuten y votan en el Pleno de la Cámara y que, en caso de aprobarse y convertirse en Ley, impactarán en la vida de las y los ciudadanos, sin embargo, la forma en que en ocasiones se da el proceso legislativo, complica esta labor.

Manifiesta el diputado autor de la Iniciativa, que el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que “Las iniciativas, minutas e iniciativas con vencimiento de plazo a discusión, dictámenes, votos particulares, actas, proposiciones o acuerdos deberán publicarse en la Gaceta a más tardar, a las 22:00 horas del día anterior a la Sesión en la que se presenten”. No obstante, esta publicidad genera que los legisladores desconozcan total o parcialmente el contenido de los documentos que se votarán en la Sesión del Pleno el día siguiente.

El diputado Torreblanca Engell señala que por ello, se propone incluir en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la obligación de las Comisiones dictaminadoras y de opinión, de turnar a las oficinas de los diputados y las diputadas, ya sea en formato impreso o electrónico y en un plazo máximo de 24 horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen o la opinión que se turnará a la Mesa Directiva para, posteriormente, ser llevado al Pleno de la Cámara para su discusión y eventual aprobación.

Que así, la inclusión de esta reforma, permitiría la publicidad necesaria a los dictámenes, para que los legisladores puedan analizarlos en su totalidad, previo a emitir un voto en el Pleno, pues el dictamen se daría a conocer en las oficinas de las y los legisladores, con la finalidad de que se vote de manera informada, todos y cada uno de los asuntos de trascendencia nacional.

Para ilustrar los contenidos de su Iniciativa de reforma al numeral 1 del artículo 97 del referido Reglamento, así como la adición de un numeral 2 al citado artículo, se presenta el siguiente cuadro:

CUARTA. La elaboración de leyes que regulan la convivencia social, implica que legisladoras y legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo, gran responsabilidad, tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de su posición y definición del sentido de su voto.

Por ello, esta Dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos contenidos en la iniciativa en comento, ya que se trata de reformar la normatividad reglamentaria de la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados, a fin de contribuir a que los representantes populares estén informados a cabalidad de los distintos argumentos en torno a dictámenes con proyectos de ley o decreto que se someten a discusión y se votan en el Pleno de la Cámara; los que en caso de aprobarse y convertirse en Ley o Decreto, impactarán en la vida de las y los ciudadanos.

QUINTA.Que la Gaceta Parlamentaria es el medio de difusión oficial interno de la Cámara de Diputados en el que se publican las iniciativas presentadas por los diputados, por el Poder Ejecutivo o por las legislaturas de los estados; las proposiciones con punto de acuerdo; las votaciones y asistencias de los diputados en el Pleno; los dictámenes; las convocatorias, actas, informes y planes de trabajo de las Comisiones, así como las Comunicaciones o Acuerdos enviados o presentados por el Senado de la República, los Congresos Estatales, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, entre otros documentos.

SEXTA. Esta Dictaminadora no pierde de vista, que es objeto del Reglamento de la Cámara de Diputados, establecer procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. El diputado Torreblanca Engell propone adicionar un numeral 2 al artículo 97 del Reglamento arriba mencionado, para prever la obligación de las Comisiones dictaminadoras y de opinión, de turnar a las oficinas de los diputados y las diputadas, ya sea en formato impreso o electrónico y en un plazo máximo de 24 horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen o la opinión que se turnará al Pleno de la Cámara para su discusión y eventual aprobación.

Esta Dictaminadora coincide en que la adición, permitiría la publicidad necesaria a los Dictámenes, para que los legisladores puedan analizarlos en su totalidad, previo a emitir un voto en el Pleno, pues el dictamen se daría a conocer en las oficinas de las y los legisladores, con la finalidad de que se estudie oportunamente y, de esta forma, se voten de manera informada, todos y cada uno de los asuntos de trascendencia nacional.

Sin embargo, también es necesario mantener la eficiencia en la estructura y funcionamiento de las Comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que esta Comisión Dictaminadora considera, que los propósitos enmarcados en la iniciativa que se analiza, se consiguen con la circulación del formato de Dictamen aprobado por la correspondiente Comisión, en forma electrónica. Por lo que se aprueba la adición, con modificaciones.

SÉPTIMA. En lo que respecta a la propuesta de reforma al numeral 1. del mismo artículo, la Dictaminadora advierte que la redacción actual se refiere a una serie de productos legislativos que deberán ser publicados en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, órgano oficial interno de la Cámara de Diputados. Ahora bien, entre esos productos legislativos están las iniciativas que presentan al pleno las y los legisladores, así como las iniciativas con vencimiento de plazo, que son aquellas que prevé el artículo 82 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, referente a que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se presente el Dictamen de comisión respectivo cuando: se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la Comisión responsable, en los plazos establecidos en este Reglamento y deban ser presentadas en sus términos ante el Pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito de declaratoria de publicidad que deberá hacerse, con una anticipación de al menos, dos sesiones previas a la que se discuta.

Por los términos de la redacción del precepto, se trata de dos diferentes productos legislativos, las iniciativas de las y los legisladores; y las iniciativas que no hubieran sido dictaminadas por la Comisión responsable en los plazos establecidos. Por lo tanto, resulta improcedente suprimir las primeras de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforma el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se adiciona el numeral 2 del artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 97.

1. ...

2. La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a los diputados en formato electrónico, en un plazo máximo de 24 horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen o la opinión que se turnará al Pleno de la Cámara para su discusión y eventual aprobación.

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha martes 5 de abril de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García, Diego Valente Valera Fuentes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pegunta si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta nuevamente si falta alguien de emitir su voto. Se encuentra aún abierto el sistema electrónico, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya lo vamos a cerrar. Apúrese diputado García Barrón. Córrale, le sirve para la salud.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 al artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este Pleno, el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha martes dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. La Mesa Directiva de esta Cámara, mediante oficio número DGPL 63-II-5-242 de fecha martes diez de noviembre de dos mil quince, acordó turnar a esta Dictaminadora la Iniciativa de mérito, con la finalidad de estudiarla y elaborar su respectivo dictamen.

3. Mediante oficio número CRRPP/079-LXIII/15 de fecha miércoles dieciocho de noviembre de dos mil quince, este órgano de apoyo legislativo, envió copia de la Iniciativa turnada a las y los Diputados que le conforman, con la intención de que emitieran sus observaciones y sus comentarios sobre el asunto en análisis.

4. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes esta Comisión Dictaminadora, se reunieron el jueves 14 de abril de dos mil dieciséis, para discutir el dictamen correspondiente a la Iniciativa comentada, por lo que con la finalidad de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, se emite el presente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. Que la Iniciativa busca modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, para realizar en las instalaciones de la Cámara de Diputados las acciones necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México a la LXII Legislatura en materia de manejo de residuos sólidos y gobierno digital.

TERCERA. En la Iniciativa, la Diputada proponente señala que actualmente existe una omisión en la estructura orgánica de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, que no ha permitido que el edificio sede de la Cámara de Diputados cumpla con las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respecto del manejo de residuos sólidos y la implementación de un gobierno digital.

Que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y la Universidad Nacional Autónoma de México celebraron un convenio con la finalidad de implementar el “Programa Distintivo Ambiental UNAM de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión”.

Que el objetivo del Programa consiste en realizar un diagnóstico en la Cámara de Diputados y proponer una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental en su edificio sede, en los siguientes temas de estudio: energía, agua, residuos sólidos urbanos y consumo responsable, y que el principal objetivo del convenio es emitir el “distintivo ambiental UNAM”, que consta de tres niveles: básico, azul y oro.

Señala que el diagnóstico y distintivo ambiental UNAM, constituyen en conjunto, un proceso dinámico de búsqueda, organización y manejo de información ambiental para la identificación, priorización y análisis de las potencialidades y problemáticas ambientales que orientan la selección de escenarios adecuados de gestión, así como la formulación de objetivos específicos y soluciones requeridas para optimizar el desempeño ambiental de dependencias y organizaciones educativas y administrativas.

Que las instalaciones del recinto obtuvieron el distintivo Puma-UNAM básico, y que gracias al diagnóstico, se cuenta con información detallada sobre la infraestructura y operación de los 10 edificios que la conforman, definiendo una línea base sobre la cual se puede comparar el impacto de las acciones a realizar, identificando las principales áreas de oportunidad para dar seguimiento a los indicadores ambientales y evaluar el beneficio ambiental de las acciones recomendadas.

Que en la actualidad, existe una tendencia mundial que obedece al compromiso de las empresas y los gobiernos con la conservación del medio ambiente; y que la implementación de un Sistema de Gestión Documental para el manejo automatizado de la información, obedece a la necesidad y a los beneficios que ofrecen una oficina sin papel, los cuales se traducen en productividad, eficiencia y ahorro.

Que varias empresas de investigación se han dedicado a estudiar el impacto del uso del papel en el mundo empresarial, como el caso de Coopers & Lybrand, Nolan Norton Institute, Ernst & Young, Sandy Schiele y Betsy Delfosse, Lee Mantelman y Nucleus Research entre otras, y que han publicado los resultados de sus estudios, presentando las siguientes estadísticas:

• El 90 por ciento de las tareas típicas de una empresa giran alrededor de la búsqueda y distribución de documentos en papel.

• El 60 por ciento de los empleados invierten una hora diaria o más en duplicar el trabajo de otros.

• El 30 por ciento del tiempo de los empleados se invierte en buscar información para hacer el trabajo.

• El documento promedio es copiado 19 veces.

• El 50 por ciento de los documentos que archivan las empresas son copias o fotocopias de los documentos.

• El 7,5 por ciento de los documentos archivados en papel se pierden.

• El 3 por ciento de los documentos están mal archivados.

• El 85 por ciento de los documentos generados nunca vuelven a utilizarse.

Que en el recinto legislativo se ha instrumentado parcialmente un Sistema de Gestión Documental para el manejo automatizado de la información, donde la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates se encuentran disponibles en formato digital. Sin embargo, refiere la Diputada que aún se tienen grandes áreas de oportunidad como la aplicación de la Ley de Firma Electrónica Avanzada en los trámites legislativos internos y en el resguardo físico de documentación.

En este sentido, la proponente menciona que en la Legislatura anterior, se implementó el sistema electrónico de votación en la Cámara de Diputados, y que por ello, se tendrá un ahorro neto en papel, consumibles, equipos de talleres gráficos y ediciones compradas por alrededor de 63 millones de pesos, a los que se les agrega el ahorro en horas de trabajo para imprimir el orden del día, la Gaceta Parlamentaria y documentos de último minuto.

Que en días pasados, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth anunció que la cámara alta dejara de imprimir su Gaceta Parlamentaria, generando un ahorro de 35 millones de pesos anuales en su presupuesto.

Menciona la Diputada que, de acuerdo al capítulo 3360 del Techo Presupuestal 2015 de la Cámara de Diputados, se destinaron 37 millones de pesos en servicios de apoyo administrativo, fotocopiados e impresión de órganos y unidades vinculadas al quehacer legislativo.

Que se estima que este órgano legislativo consume un millón cuatrocientos cincuenta mil millares de hojas anualmente, de las cuales, una parte de ellas se utilizan para la impresión de la Gaceta Parlamentaria, por ello, al publicar únicamente de forma electrónica se traduciría en un ahorro en los gastos operativos.

Que por ello, resulta necesario realizar en las instalaciones de la Cámara de Diputados las acciones necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México a la LXII Legislatura en materia de manejo de residuos sólidos y gobierno digital, siendo un ejemplo para las demás dependencias gubernamentales y empresas privadas, en el respeto al derecho a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4o. constitucional, dando un paso importante para la obtención del “distintivo Puma-UNAM oro”.

CUARTA. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado los recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades, sin embargo, su aprovechamiento desmedido ha provocado un desequilibrio en nuestro entorno. Frenar el deterioro ambiental, se ha convertido en uno de los mayores retos que tienen los gobiernos y sociedad, en la actualidad.

En el ámbito internacional, se han suscrito diversos instrumentos, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo objetivo es generar los mecanismos de acuerdos vinculantes, para atender el problema de cambio climático; o el Protocolo de Kyoto, que vincula jurídicamente a los países desarrollados a los objetivos de reducción de emisiones. El primer período del compromiso del Protocolo, inició en el año 2008 y finalizó en 2012. El segundo período se estableció del 1 de enero de 2013 y concluirá en 2020.

Para el estudio de esta Iniciativa, debemos considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño o deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó a la Cámara de Diputados, el “Programa Universitario de Medio Ambiente”, un estudio ambiental en el cual informa sobre la infraestructura de este órgano legislativo, relacionada con la eficiencia energética, la gestión del agua y de residuos y el consumo responsable, otorgándole el Distintivo Ambiental Básico.

Este distintivo tiene una vigencia de tres años y se pueden implementar acciones complementarias, a fin de obtener créditos que le permitan mejorarlo.

Dicho Programa evaluó el desempeño ambiental de los 10 edificios que conforman la Cámara de Diputados, por lo que se emitieron recomendaciones específicas, así como un plan de acción.

Al efecto, el 26 de noviembre de 2015, la Comisión de Cambio Climático aprobó un punto de acuerdo para la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de reducir la huella de carbono en las instalaciones del Recinto Legislativo y combatir el cambio climático.

QUINTA. En la última década se han realizado esfuerzos por integrar el uso de la tecnología en el desempeño gubernamental, para paulatinamente convertirse en un gobierno digital, al utilizar equipo de cómputo que supondría podía sustituir el uso del papel, sin embargo, la mayoría de documentos que en ellos se elaboran, son impresos posteriormente, ya sea para dejar constancia física o por requerimiento normativo para acreditar la validez legal de su contenido.

En el caso que nos ocupa, la Gaceta Parlamentaria es “ el medio de difusión oficial interno de la Cámara de Diputados en el que se publican las iniciativas presentadas por los diputados, por el Poder Ejecutivo o por las legislaturas de los estados; las proposiciones con punto de acuerdo; las votaciones y asistencias de los diputados en el Pleno; los dictámenes; las convocatorias, actas, informes y planes de trabajo de las Comisiones, así como las comunicaciones o acuerdos enviados o presentados por el Senado de la República, los congresos estatales, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, entre otros documentos.”

Cuanta también con una versión electrónica, en donde se pueden consultar las bases de datos de iniciativas y de dictámenes de las legislaturas LVII, LVIII y LIX, así como un motor de búsqueda para la localización de documentos.

Esta Comisión Dictaminadora considera que, al contar actualmente con la versión electrónica de la Gaceta, no hace necesaria su impresión y esta Cámara de Diputados contribuiría a impulsar acciones y medidas que contribuyan a la mitigación del deterioro ambiental, y al mismo tiempo, permitirían dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México a la LXII Legislatura.

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las diputadas y diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, convenimos en emitir el siguiente:

DECRETO por el que se reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 1. del artículo 239 y el numeral 4. del artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 239.

1. La Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión electrónico de la Cámara y su propósito es divulgar sus actividades como:

I. a XXIX. ...

Artículo 241.

1. a 3. ...

4. Los días de sesión la Gaceta Parlamentaria estará disponible en el sistema electrónico de cada curul. Sólo se imprimirá la gaceta a petición de las diputadas y diputados que lo soliciten.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Servicios Parlamentarios realizará las acciones pertinentes a efecto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4. del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nota:

1 H. Cámara de Diputados. http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_dire ctos/006_glosario_de_terminos/v_la_gaceta_parlamentaria

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 14 de abril de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría de nueva cuenta abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general... ¿Por dos? A ver si lo logramos en dos. Por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del cuarto proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguien por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema, diputado. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya nadie, ya está. A ver...

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, parece que ya. Diputado Jackson, ya. Ahora sí.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, el diputado Jorge Ramos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-II-2-719, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO.Mediante oficio número CRRPP/LXIII-250 de fecha lunes 11 de abril de 2016, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes esta Comisión Dictaminadora, se reunieron el jueves 14 de abril de dos mil dieciséis, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. Que la Iniciativa busca establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que de manera anual, en sesión solemne, se otorgue la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales, pero también que lo haga con aquellos que se constituyen voluntariamente en promotores ciudadanos y comunitarios del Deporte Social.

TERCERA. En la Exposición de Motivos, el Diputado proponente menciona que en la Ley de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, se incluyeron preceptos que pretenden incrementar la participación de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, en la consolidación del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el mismo precepto constitucional establece que corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte, conforme a las leyes en la materia.

Que el artículo 73, fracción XXIX-J de la Carta Magna, concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de cultura física y deporte con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado.

Que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2010), México ocupa el primer mundial en sobrepeso y el segundo en obesidad.

Que resulta incuestionable que la cultura física y el deporte son instrumentos insustituibles para lograr una vida más sana y para el control del sobrepeso y la obesidad.

Señala el Diputado que en nuestro país, 58% de la población mayor de 18 años no realiza actividad física, y el 30% de este grupo nunca la ha realizado.

Que para lograr la activación física de los jóvenes y de la población en general, es necesario que las autoridades deportivas incluyan a los ciudadanos en sus estrategias y políticas públicas y que los promotores del deporte comunitario deben recibir el estímulo correcto y el reconocimiento justo, para que continúen realizando su labor e incorporen a más personas a las acciones de deporte social.

Por otra parte, que de acuerdo con el artículo 5, fracción VI de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se entiende como Deporte Social: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

Que el deporte promueve valores y hábitos, como herramienta de convocatoria e integración para acompañar a un crecimiento saludable de las personas de la comunidad en torno al desarrollo de un proyecto comunitario basado en la inclusión y la tolerancia.

Que las cualidades inclusivas de la actividad física, la recreación, el juego y el deporte, requieren la articulación de trabajo interdisciplinario y, por lo tanto, es necesario incluir en ellas, tareas de alfabetización, de promoción de la salud, así como actividades lúdicas encuadradas en un marco de disfrute, colaboración y desarrollo colectivo, por lo que la función de los promotores de la salud resulta fundamental.

Que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la obesidad infantil sigue siendo un problema a solucionar en México, pues ha crecido alarmantemente en los últimos años y actualmente ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y en obesidad en adultos.

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el estudio “Obesidad y la economía de la prevención”, en México 30% de los adultos padecen obesidad y 69.5% tiene sobrepeso.

Que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indica que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.

Que para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares en México, conviviendo con este problema.

Señala que la principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta y el sedentarismo. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Que actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud, siendo la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

El diputado proponente, considera necesario el reconocimiento a los deportistas destacados del país, por el esfuerzo que hayan realizado para lograr y conservar una trayectoria exitosa en el deporte, pues con ello, se constituyen en figuras ejemplares para las generaciones presentes y futuras.

Propone que en el Reglamento de la Cámara de Diputados, de manera anual, en sesión solemne, se otorgue la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales, pero también, no excluye a aquellas y aquellos que se constituyen voluntariamente en promotores ciudadanos y comunitarios del Deporte Social.

CUARTA. Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos del Diputado autor de la Iniciativa, ya que actualmente, la obesidad es un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial.

La obesidad y el sobrepeso se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y la causa fundamental es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas; es decir, un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos y un descenso en la actividad física de quienes los consumen.

Anteriormente era un problema asociado a los países de altos ingresos, pero en la actualidad también prevalece en los países de ingresos bajos y medianos.

En cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2014, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.

En el mismo año, alrededor del 13 por ciento de la población adulta mundial (11 por ciento hombres y un 15 por ciento mujeres) eran obesos. El 39 por ciento de los adultos de 18 o más años (38 por ciento hombres y un 40 por ciento mujeres) tenían sobrepeso, por lo que la prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 2014.

Se estima que cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso, ya que son un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular); la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis); y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).

Entre las medidas para hacer frente a este problema mundial, la Organización Mundial de la Salud adoptó en mayo de 2004 la “Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, cuya meta general es promover y proteger la salud a través de la alimentación sana y la actividad física.

La Estrategia consta de cuatro objetivos principales:

1. Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las dietas malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública.

2. Incrementar la concienciación y los conocimientos acerca de la influencia de la dieta y de la actividad física en la salud, así como de los efectos positivos de las intervenciones preventivas.

3. Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción mundiales, regionales y nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física para que sean sostenibles e integrales, y cuenten con la participación activa de todos los sectores.

4. Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre la dieta y la actividad física.

Además, exhorta a las partes interesadas (Estados miembros, la Organización Mundial de la Salud, asociados internacionales, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y el sector privado) a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local, para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la población.

Cabe destacar, que nuestro país se adhirió a la Estrategia Mundial en el 2004, ya que desde hace algunos años ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos; situación que se ha convertido en un problema de salud pública, que ha obligado al gobierno a establecer políticas públicas y crear instrumentos como el “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia Contra el Sobrepeso y la Obesidad”, en el año 2010; la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, en 2013; por mencionar algunos, con el objetivo de prevenir la obesidad, el sobrepeso y combatir las diversas enfermedades que se presentan a consecuencia de estos.

Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en la mayoría de los casos prevenibles si se toman las decisiones adecuadas y se cuenta con un entorno favorable.

En este sentido, el Estado está obligado a proporcionar los instrumentos necesarios para que cada individuo pueda tener acceso a una vida saludable, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, párrafos tercero, cuarto y décimo tercero, que a la letra dicen:

“ ...

...

“ Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte que reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte contenido en el artículo 4 de la Carta Magna, estipula en su artículo 2, que la Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal (sic) y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia.

Una adecuada coordinación y colaboración que garantice el acceso a este derecho, representa la oportunidad de implementar estrategias eficaces que permitan reducir factores de riesgo de enfermedades, así como la contención de los índices de obesidad, sobrepeso y de mortalidad.

Esta Dictaminadora coincide con el Diputado en el sentido de que el deporte promueve valores y hábitos, por lo que es necesario fomentar el desarrollo de la activación física para preservar la salud y como medio importante en la prevención de conductas antisociales y delitos.

QUINTA. Esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa es loable, al reconocer a quienes contribuyen públicamente a fomentar una cultura de activación física, que repercute en la mejora de calidad de vida de los individuos y, que al mismo tiempo, se traduce en acciones positivas dentro de la sociedad.

Estamos ciertos que la actividad física y el deporte se han convertido en una necesidad social que involucra el compromiso de autoridades, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y sector privado, por lo que es merecido el reconocimiento a ciudadanos nacionales y a quienes voluntariamente son promotores comunitarios del Deporte Social, ya que constituyen un ejemplo para generaciones presentes y futuras.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 261.

1. a 2. ...

3. La Cámara otorgará anualmente la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano, o a aquellos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, emitirá en los sesenta días siguientes a la aprobación del presente Decreto, el Reglamento que regula la entrega de esta condecoración.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

2 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/

3 H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 14 de abril de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación... Por aclamación, abra el sistema electrónico por 1 minuto, a ver si lo logramos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del quinto proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 1 minuto para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada secretaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 431 votos, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Se rompió récord. Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Continuamos.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género. El primero con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El segundo con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2; 81, 84, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

• En el apartado “Contenido de las iniciativas”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de marzo de 2016 la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y adiciona un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que fue suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del mismo grupo parlamentario.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone reformar el artículo 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para quedar como sigue:

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I-IV...

V. Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio.

Así como adicionar un artículo 34 Bis del referido ordenamiento, que quedaría como se transcribe:

IV. Consideraciones

PRIMERA: Por técnica legislativa y para mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa materia del presente dictamen, y coincide con el objeto de la misma en virtud de que representa un avance importante en la reivindicación del derecho de las mujeres a la propiedad y tenencia de la tierra y en la participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural. Asimismo contribuye al reconocimiento de su dignidad en el entorno cultural que históricamente le ha sido adverso, contribuyendo en la adecuación del marco normativo para impulsar el goce de los derechos agrarios y el pleno desarrollo de su persona.

TERCERA: Esta Comisión comparte la preocupación de los diputados proponentes acerca de promover la igualdad en los derechos de las mujeres en la incorporación de la vida económica nacional, en la que consideran debe añadirse expresamente la situación de las mujeres rurales que laboran en actividades agropecuarias como la agricultura y la actividad ganadera, entre otras actividades, y que además realizan labores domésticas que en gran medida no son remuneradas. Los diputados proponentes buscan mencionar explícitamente la sustantividad de los derechos de las mujeres sobre sus propiedades, entendiéndose no solamente los bienes inmuebles, sino en bienes muebles, pues es relevante considerar que en la vida económica no solamente figura la industria de bienes, sino también los servicios como es la renta de bienes muebles e inmuebles, situación con la que esta Comisión coincide.

CUARTA: Esta Comisión considera que la propuesta viene a complementar las acciones en materia legislativa en favor de la protección de los derechos de las mujeres, y en el caso que nos ocupa sobre las mujeres rurales, ya que como lo mencionan los proponentes en su “exposición de motivos”, en la legislatura pasada se llevó a cabo una reforma a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para incluir acciones tendientes a la promoción y respeto de los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Por tal razón, esta Comisión estima pertinente continuar con la realización de las medidas legislativas para proteger a las mujeres rurales, se mantiene la lucha por la defensa de sus derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4, 5 y 27, en materia de igualdad, libertad de trabajo y acceso al dominio y posesión de tierras.

QUINTA: Esta Comisión dictaminadora considera que la adición del artículo 34 Bis, viene a prescribir con precisión la garantía de cumplir con el principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras, de la misma forma proscribe la discriminación de las mujeres en materia agraria, pues compartimos el interés de la propuesta para que en los procesos productivos de índole agropecuario, así como en lo referente a la disposición de las tierras, las mujeres rurales, incluyendo a las indígenas, deben ejercer el dominio pleno, así como obtener las mismas oportunidades que los hombres para recibir apoyos y para trabajar sus tierras.

SEXTA:Esta comisión añade que la situación de las mujeres rurales constituye parte fundamental de la Agenda de las Naciones Unidas en las áreas de integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, lo que conmina a los países a plantear reformas legislativas que permitan el acceso a recursos y la propiedad; al reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales; a la capacitación y garantizar la participación en los niveles de decisión; a la promoción de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas; a la promoción de programas que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares de las mujeres y los varones; y a la creación de un ambiente contra la violación de los derechos de las mujeres y las niñas.

SÉPTIMA: Esta Comisión añade los siguientes ordenamientos que fundan la petición de reforma y adición motivo del presente dictamen:

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José, donde se establece el derecho de toda persona al uso y goce de sus bienes así como el hecho de que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley.

• La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) propone, entre las medidas a adoptar por los Estados: a) asegurar en todos los niveles, que la mujer pueda adquirir, poseer y vender bienes y tierras en las mismas condiciones que los hombres, b) mejorar el acceso a la tierra, el crédito, la información, la infraestructura y otros recursos productivos.

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda: a) que los gobiernos cumplan plenamente sus obligaciones internacionales y regionales relacionados con la tenencia de la tierra y la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda adecuada, b) que los Estados armonicen sus legislaciones para asegurar que las mujeres disfruten de plena igualdad de derechos en materia de propiedad de la tierra y otros bienes, incluso a través de la herencia, c) que los gobiernos transformen sus costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer y que le niegan la seguridad de tenencia y la igualdad en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada y d) que los gobiernos alienten a sus instituciones de crédito para que aseguren que sus políticas y prácticas no sean discriminatorias contra la mujer.

OCTAVA: Esta Comisión destaca la referencia que realizan los diputados proponentes al señalar que el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha hecho observaciones y recomendaciones para empoderar a las mujeres rurales e indígenas, toda vez que frecuentemente son las herederas legítimas para tener el control y dominio de tierras y propiedades, las cuales deben ser empleadas para su beneficio. Por ello el referido Comité en el informe del año 2012 destaca la recomendación número 35 que indica lo siguiente:

El Comité de expertas reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al Estado parte que: a) velar por que todas las políticas y programas encaminados a la erradicación de la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural con miras a eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas rurales; b) adoptar medidas especiales temporales para abordar las disparidades que enfrentan las mujeres rurales indígenas con respecto al acceso a la tierra y a la propiedad, así como los servicios sociales básicos, incluyendo educación y salud y su participación en procesos de toma de decisiones(...)

Por lo que esta iniciativa responde a una recomendación de la CEDAW.

Por las razones expuestas, esta Comisión resuelve que es procedente la iniciativa que se dictamina, en virtud de que coadyuvará en la inclusión de las mujeres rurales e indígenas en la vida económica nacional, reconociendo su potencial productivo tanto en el trabajo agropecuario como en la administración de sus tierras para la producción, además de que no contraviene ni duplica ninguna disposición del orden jurídico vigente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo Único. Se adicionan una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: ...

I. y II...

III. Impulsar liderazgos igualitarios;

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 A/58/167 Improvement of the situation of women in rural areas, Report of the Secretary General , 58th session, Item 112 of the provisional agenda, UN General Assembly 18, July 2003

2 CEAMEG, Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres en la LXII Legislatura. Retos Y pendientes. Cámara de Diputados, 2015.

3 OEA, San Joseé, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México 24 de marzo de 1981.

4 ONU, El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1194.

5 ONU, Consejo Económico y Social, disponible en

http://www.acnur.org/Pdf/0653.pdf?view=1.

6 Observaciones finales del Comité de expertas para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW/C/MEX/CO/7-8 Distr. General 27 July 2012, Original: Inglés. Traducción de cortesía al Español Quincuagésimo segundo período de sesiones, consultado en

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ docs/observacionescedaw.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Y tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández para fundamentar los dictámenes, de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados. Ya la vi que viene.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández:Con la venia de los que integran la Mesa Directiva. Compañeros y compañeras legisladores, realmente estaba aprovechando este momento tan puntual que tuvieron ustedes de seguir aquí en la votación y de poder aprovechar su presencia.

La discriminación, la apatía, la falta de compromiso y la violencia sistemática de las mujeres y las niñas representan los principales obstáculos para el desarrollo.

Esta desigualdad retrasa el progreso, el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en México.

A nombre de la diputada presidenta, Laura Plascencia, y de quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género hemos pasado del dicho al hecho, ratificando nuestro compromiso de trabajar día a día para legislar en igualdad por resultados, fortaleciendo las políticas públicas y realizando reformas legislativas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Es por eso que hoy se presentan ante esta soberanía dos dictámenes que discutimos y analizamos ampliamente al seno de la Comisión, que responden al compromiso adquirido por todas y por todos para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Diputadas y diputados, con la primera de ellas se responde a la agenda de las Naciones Unidas al garantizar el derecho de la propiedad, así como el uso y disfrute de la tierra; sobre todo a la no discriminación en materia agraria.

El campo mexicano se ha feminizado, las mujeres rurales representan uno de los grupos más afectados por la crisis alimentaria. Se requiere inversión para la modernización del campo y fortalecer los programas de apoyo.

Hoy tenemos desde esta, la legislatura de la paridad, la gran oportunidad de empoderar a ese sector. No solo es fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica de nuestro país.

Esta reforma al artículo 33 del artículo 34 Bis de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres garantiza la inclusión de las mujeres rurales, las cuales en su mayoría son mujeres indígenas. Ellas deben ser dueñas y administrar sus tierras.

Significa también propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades, estimulando la participación igualitaria de las actividades económicas del medio rural.

Con esta modificación del marco normativo se impulsa el goce de los derechos agrarios y el pleno desarrollo de las mujeres en este importante sector para la economía mexicana.

Señoras legisladoras, señores legisladores, la segunda iniciativa es crucial para contar con registros administrativos que permitan la generación de estadísticas necesarias para la toma de decisiones y la aplicación de medidas de prevención, atención y protección de manera pronta, expedita, con la debida diligencia para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas. Es necesario fortalecer los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades para realizar los registros informativos sistemáticos de los datos de los casos de violencia contra las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Banavim, tiene como objetivo crear expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.

Además, de generar un registro de datos sobre la aplicación de las órdenes de protección e identificar situaciones que requieren medidas gubernamentales de urgente aplicación cuando la vida de una mujer está en riesgo y que permita romper el silencio, alzar la voz y mirarse nuevamente para reconstruir la vida de las mujeres que han vivido violencia.

Ya basta de las inercias. Ya basta de las inercias que evaden la obligación y el compromiso de actualizar la información del estado que guardan los delitos de género.

Con esta modificación, se obliga a los diferentes órdenes de gobierno a registrar la información necesaria para los datos del Banavim, que se encuentren actualizados y que con cifras fidedignas de la situación sobre casos de cualquier tipo de violencia o delitos contra mujeres, con lo que se fortalecen los mecanismos que garanticen el sistema de información, estadísticas sobre las causas, las frecuencias de la violencia contra las mujeres. Con la aprobación de este segundo dictamen, las mujeres y las niñas contaremos con herramientas tangibles, cuantificables para identificar, detectar y prevenir la violencia.

Aquí en este momento, en esta Cámara de Diputados, en esta Legislatura, nos encontramos hombres y mujeres que estamos construyendo un derecho, el derecho a una vida libre de violencia para que a las niñas y las mujeres se les respete. Ni una más, y vivamos con igualdad entre mujeres y hombres. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rodríguez. Están a discusión en lo general y en lo particular los dictámenes.

Y ya para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, tenemos anotadas, anotadas, una lista de diputadas. Tiene la palabra, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Le saludo, diputado presidente. Honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, vengo a posicionar dos dictámenes relacionados con la Comisión de de Igualdad de Género.

El primero, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El segundo, dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Encuentro Social sabemos que las mujeres en el ámbito rural aun presentan grandes desventajas respecto al resto de la población en México, y por eso reivindicar su derecho a la propiedad y tenencia de la tierra y participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural, forma parte de uno de los compromisos de mi partido.

En México se registra un crecimiento en la participación de las mujeres en el sector rural. De acuerdo a datos de los centros de investigación de la Cámara de Diputados, el sexo femenino representa un poco más del 19 por ciento de la población económicamente activa de nuestro país.

Por ello coincidimos con lo que establece el dictamen en el sentido de que la modificación propuesta complementa las acciones en materia legislativa a favor de la protección de las mujeres, especialmente de aquellas que se desenvuelven en el ámbito rural.

La adición del artículo 34 Bis es un avance importante en materia de libertad de trabajo y acceso al dominio y posesión de la tierra, además de que garantiza que mujeres y hombres puedan disfrutar de derechos reales de propiedad, de su uso, de su disfrute.

Acaba también con la discriminación en materia agraria y garantiza el dominio pleno por parte de las mujeres rurales e indígenas con el propósito de obtener las mismas oportunidades que los hombres para recibir apoyo y poder trabajar sus tierras.

Por lo que se refiere al segundo dictamen, en Encuentro Social estamos preocupados porque a nueve años de que fue promulgada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aun se registran inconsistencias como justamente el tema de la integración del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.

Como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, durante dos años estuvimos insistiendo constantemente en el tema de asegurar que este registro se volviera una realidad en nuestro país. Si bien se han hecho esfuerzos para integrar una base de datos en ese sentido, el dictamen resalta que no se cuenta con diagnósticos actualizados y periódicos que favorezcan acciones a favor de atender esta problemática.

De verdad necesitamos acciones, necesitamos generar políticas públicas que sean capaces de resolver esto que enfrentan especialmente mujeres y niñas con respecto a la posibilidad de librarse de la violencia.

Con la reforma que habremos de aprobar estamos garantizando que todas las instancias involucradas proporcionen de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia, la información que se requiere para el banco, pero además que este banco dependa de la Secretaría de Gobernación para poder influir todos los aspectos que abonarían a que el contenido de esta información generara un cambio consistente, serio, para el tema de la violencia hacia las mujeres, no así como hoy se encuentra, dependiendo sólo del tema de sanciones que implica la seguridad pública.

Los diputados de Encuentro Social habremos de votar a favor de los dictámenes que se presentan ahora, pues consideramos que en ambos casos se deben garantizar acciones legislativas a favor de proteger y asegurar un México que brinde oportunidades justas para todos sus ciudadanos. Es todo y es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Los derechos de las mujeres no sólo deben ser reconocidos en la ley, deben ser un pilar fundamental en la búsqueda de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sólo así podremos lograr una verdadera inclusión social en nuestro país.

Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hemos asumido un compromiso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad donde no se distinga a las personas por su género, raza, condición física, social o económica y preferencia sexual, sino que se reconozcan los derechos de todas las personas.

En ese sentido reconocemos el trabajo de la Comisión de Igualdad que hoy presenta dos dictámenes que estamos seguros constituyen un paso más para logar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y contribuyen a erradicar la violencia de género.

En primer lugar me referiré al dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33, y un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dicha reforma es importante, ya que atiende a un sector de las mujeres que por su entorno cultural resulta más difícil el reconocimiento de los derechos de las mujeres como es la mujer rural.

En Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, ya que como señala el dictamen, representa un avance importante en la reivindicación del derecho de las mujeres a la propiedad y tenencia de la tierra, y en la participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural.

De acuerdo con el Inegi, en 1990 la población económicamente activa de mujeres rurales era de 587 mil, mientras que en un década después, en 2010 fue de un millón 700 mil mujeres que se desempeñaban en el ámbito rural. De 2012 a 2014, la participación de las mujeres rurales se incrementó un 11.9 por ciento, mientras que la de los hombres disminuyó en 1.8 por ciento.

Este es el universo de mujeres que se pretende beneficiar con la aprobación de este dictamen fortaleciendo sus derechos de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras, de la misma forma proscribe la discriminación de las mujeres en materia agraria.

En cuanto al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quiero reconocer en primer lugar, la sensibilidad de las integrantes de la Comisión de Igualdad por aprobar una iniciativa de Nueva Alianza que se presentó el pasado 3 de marzo.

La reforma subraya la necesidad de sistematizar y articular el objetivo sustancial del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres, el cual es, entre otros, contar con una herramienta gubernamental para la generación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro país.

Asimismo, se propone establecer de manera clara que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de coordinar, integrar y actualizar el banco tal como lo establece el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer el Banavim, como se le conoce al banco.

Se dispone que las instancias integrantes del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sean las encargadas de proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna a mencionado banco.

Al reformarse una ley general se incluye el mandato para la creación y articulación de los bancos estatales, por lo que la PGR y las Procuradurías estatales también formarán parte del sistema. Finalmente el banco no solo registrará los casos, sino también los delitos cometidos en contra de las mujeres.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres es una realidad que lacera y lastima a nuestra sociedad. Con el lema vivas nos queremos el pasado domingo miles de mujeres se manifestaron en todo el país contra la violencia de género, principalmente la sexual.

En Nueva Alianza hacemos eco de estas demandas y nos sumamos a esta lucha de las mujeres que día a día son acosadas, asesinadas o maltratadas por las visiones misóginas que aún prevalecen en nuestra sociedad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Quisiera antes de iniciar que le mandáramos un abrazo hoy a la diputada Cristina Gaytán por el fallecimiento de su señor padre.

Hoy nos han sido turnados dos dictámenes, uno que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de reforzar los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades para proporcionar los datos necesarios para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, conocido como Banavim.

Quizás ustedes no se acuerdan, pero en noviembre presenté un punto de acuerdo precisamente en este sentido. Así lo he manifestado en esta tribuna, porque la información es un tema importante para avanzar con políticas públicas en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia.

La falta de información certera, oportuna y estructurada contribuye a invisibilidad las problemáticas de las sociedades. Y, en el caso de la violencia de género, todavía más grave, pues se conjuga con prácticas culturales que ven a la violencia contra las mujeres como algo natural.

Sin embargo, en la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se buscaba contrarrestar esa falta de información al incluir el Banavim como una figura importante, porque se convertiría en el instrumento que concentrara la información dispersa entre dependencias, y que permitiera mostrar la situación de violencia de género en nuestro país.

Hoy la Secretaría de Gobernación es la responsable de conminar a los estados y a las procuradurías a alimentar es banco de datos. Sin embargo, pudimos ver que la Auditoría Superior de la Federación en su informe 2014 da cuenta de que este banco no es alimentado con datos suficientes.

Por ello, también en el estudio presentado la semana pasada sobre violencia feminicida en México se menciona que en el caso del feminicidio actualmente los sistemas de información de los que disponemos no están diseñados para brindar datos apropiados sobre esta problemática.

En la bancada ciudadana tenemos el compromiso firme e irrenunciable de legislar en favor de las mujeres, de luchar contra la violencia de género y de lograr un país en el que cualquier mujer se sienta orgullosa de serlo, y no una amenaza, por eso nos pronunciamos a favor de este dictamen.

El segundo dictamen es el que reforma el artículo 33 y adiciona el 34, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y tiene como objetivo proporcionar a las mujeres de las zonas rurales la certidumbre sobre los derechos de propiedad que les corresponde, y que en muchos lugares por el hecho de ser mujer aún se les niega.

En nuestro país las mujeres que habitan las zonas rurales aún presentan grandes obstáculos para su desarrollo personal, familiar y económico. Siguen siendo las más golpeadas por la pobreza, violentadas física y emocionalmente por prácticas machistas y misóginas, excluidas de servicios educativos y de salud y les son negados o condicionados sus derechos políticos y económicos.

Uno de los grandes problemas que deben enfrentar es la migración, lo que las hace convertirse en mujeres jefas de familia y que además enfrentan una gran responsabilidad del cultivo y cosecha de las tierras familiares. Sin embargo, la exclusión de sus derechos de propiedad sigue limitado, por lo tanto el acceso a créditos, apoyos agrícolas, programas de tecnificación y mejora agrícola y otras prestaciones y programas están fuera de su alcance.

Históricamente, los derechos de propiedad fueron considerados la primera condición de ciudadanía. Y reivindico a Olympe de Gouges en esta tribuna, en donde decía que las mujeres tenemos derecho a la propiedad.

El no ser propietarias es un problema que se ha agravado cada vez más, apenas el 3 por ciento de las mujeres tienen derecho a ello. El caso extremo, además, es la violencia que sufren y que es una de las principales propiedades en las que están excluidas. Pero además no tienen derecho y no tenemos derecho las mujeres al cuerpo y el derecho a decidir sobre él.

Por eso este 24 de abril salimos a las calles a exigir un freno a las violencias machistas, un freno a todas las violencias de género, al acoso sexual, el fin al feminicidio, a la omisión del Estado y al cumplimiento de las obligaciones con todas las mujeres de este país.

Por eso en la iniciativa de hoy sobre los derechos de propiedad, nos permite que las mujeres sean beneficiadas y sin duda es parte de los rezagos que debemos subsanar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidente. La historia normativa de la tenencia de la tierra en México comienza con la Revolución Mexicana bajo el lema Tierra y libertad.

La reforma agraria signó formas de propiedad social, mediante los terrenos ejidales y los comunales, con lo que se lograron importantes avances en la distribución de la tierra y el reconocimiento a comunidades tradicionales de sus derechos sobre el territorio.

En el régimen ejidal, aunque a cada ejidatario se le asignaba una parcela para trabajar, los derechos colectivos sobre la tierra ejidal eran indivisibles y la única forma de transferirlos era por herencia a la esposa del ejidatario y a sus hijos, por lo que el derecho de las mujeres a la tierra se obtenía principalmente por medio de este mecanismo.

Solo podían ser ejidatarias las mujeres cabeza de familia a falta de un hombre y siempre y cuanto tuvieran hijos. La igualdad de derechos agrarios entre hombres y mujeres se hizo expresa en una reforma de Ley Agraria en 1971, con la que además las mujeres adquirieron la voz y voto en los órganos internos de decisión del ejido, aunque solo ocuparon el 5.2 por ciento de estos cargos.

En 1992 se promulgó una nueva ley agraria, en donde se permitió que las propiedades ejidales y comunales entraran en el mercado. Se alentó la inversión privada y se crearon nuevos tipos de propietarios, como las empresas que podían poseer hasta 25 veces más que las personas de manera individual.

Al abrirse la posibilidad de venta, el patrimonio familiar se convirtió en propiedad individual del ejidatario y las mujeres poco pudieron hacer frente a esta decisión. Conforme a la norma, si un ejidatario decide vender su parcela, su cónyuge o compañera y sus hijos tienen la primera opción de compra, pero sólo tienen 30 días para ello, teniendo en cuenta los bajos ingresos de las mujeres campesinas, es dudoso que muchas puedan acceder de esta manera a la tierra que sus esposos deciden vender.

La brecha de género entre hombres y mujeres en la propiedad de la tierra, en nuestro país, es dramática. Se calcula menos del 30 por ciento de las propiedades que sean posesión de mujeres, y se explica por un modelo de familia patriarcal que trajo consecuencias directas a favor de los hombres en la herencia, en el mercado, en el uso efectivo de la tierra y en la política pública del Estado, en la distribución de tierras.

Es indispensable poner en el centro del debate el tema de la reforma agraria de manera integral, que incluye la redistribución de tierras y que tenga en cuenta las medidas de inclusión que se han logrado para las mujeres.

La propuesta presentada permitirá a las mujeres ejidatarias puedan ser propietarias legales de su terreno. Es por eso que en Morena votaremos a favor de esta iniciativa.

Con respecto al dictamen por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre el Banco Nacional de Datos, ya se ha dicho aquí en esta tribuna por las mujeres que me han antecedido, compañeras diputadas, que se reconocen los avances de las leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hay muchos incumplimientos del Estado mexicano a los ordenamientos y algunas inconsecuencias que han obstaculizado la implementación, la operación adecuada de algunas de las figuras que ahí se mandatan.

Esta ley establece que la Secretaría de Gobernación será la instancia de gobierno coordinadora de las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y la faculta para llevar a cabo la integración del banco de datos.

La integración de estos datos nos sirve para generar política pública, para tener acciones de prevención, hasta la fecha no funciona en la mayoría de las entidades. Se podrá tener un diagnóstico sustentado, estadístico sobre la violencia contra las mujeres. Al contar con una base nacional de datos confiable podemos hacer mejores políticas públicas.

Por eso Morena votará a favor de esta iniciativa que esperamos no solo se quede en el papel sino que haya voluntad política en todos los ámbitos para cumplirla. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Montiel. Tiene ahora la palabra la diputada Daniela De Los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Daniela De Los Santos Torres:Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el año 2012 el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer realizó diversas observaciones y recomendaciones a los estados parte, entre las cuales incluye un llamado a nuestro país para empoderar a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas.

Dentro de estas recomendaciones destaca la número 35, relativa al reconocimiento legítimo de la mujer de no solo ser poseedora y tenedora de la tierra, sino también legítima propietaria de la misma.

Esta recomendación derivó en una reforma a la Ley Agraria para reconocer a la mujer como titular de derechos ejidales en 2012.

En ese sentido, uno de los dictámenes que se somete a nuestra consideración armoniza lo ya establecido en la Ley Agraria para incorporar en la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres el derecho de las mujeres rurales e indígenas de acceder a la igualdad de oportunidades en la vida económica nacional y así reconocer su potencial productivo tanto en el trabajo agropecuario como en la administración de sus tierras para la producción.

Lamentablemente, debemos hacer notar que a las mujeres rurales aún no se les reconoce el valor del enorme trabajo que realizan. Por este motivo ellas son consideradas uno de los segmentos más vulnerables de la población dadas las condiciones de pobreza, marginación, escaso acceso a los servicios de educación, salud, alimentación y vivienda en las que viven. En virtud de esta condición se hace necesario impulsar todas aquellas políticas encaminadas a su empoderamiento.

Por otra parte, el dictamen que modifica diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres pretende establecer que la gestión de éste dependerá de la Secretaría de Gobernación y no de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública como en la actualidad se ordena.

No debemos olvidar que el 22 de febrero del presente año el gobierno de la República anunció diversas acciones para impulsar la igualdad de género, entre ellas el fortalecimiento del referido Banco de Datos, con la finalidad de saber a profundidad e identificar con toda precisión las causas de violencia, en aras de instrumentar acciones más eficaces para prevenirla.

La importancia de este Banco Nacional radica en que concentra el registro de datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, de los agresores y de las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres afectadas.

Asimismo, este banco concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar la Violencia contra las Mujeres, que son las encargadas de crear, procesar y actualizar los expedientes electrónicos, únicos para cada caso de violencia contra la mujer y las órdenes de protección.

En consecuencia, se incorporan nuevas actividades con atribuciones, obligaciones para que cada una de ellas proporcione de manera periódica, y dentro de su ámbito de competencia, la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Como se puede observar, con la aprobación de estos dictámenes estamos dándole viabilidad no solo legal sino también práctica a uno de los compromisos asumidos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, relativo a velar por el respeto y dignificación de las mujeres mexicanas a través del combate decidido y frontal contra la violencia hacia ellas.

Por todo lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de la aprobación de ambos dictámenes, pues una vez reiteramos que nuestro ideario político se fundamenta en la aspiración de que la justicia y el bienestar alcancen a todos y cada uno de los habitantes de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada De Los Santos. Tiene ahora la palabra la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Karen Orney Ramírez Peralta:Con su venia, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD respecto a dos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género.

Esta Cámara de Diputados contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico tendiente a romper la exclusión y marginación estructural existente en el país, posibilitando la autonomía de las mujeres rurales respecto a la producción y propiedad; así como contar con información puntual y precisa respecto a la situación de la violencia de género que enfrentan las mujeres en todo el territorio nacional, a fin de mejorar las políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno.

Datos oficiales estiman, que la población femenina en el medio rural para el 2014 asciende a cerca de 14 millones. En este medio la edad de jefas de familia ha de ser avanzada, de cada 10, 6 mujeres tienden a tener 45 años, circunstancia que ubica a este tipo de hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, en comparación con los demás hogares.

En el medio rural, en particular en la población directamente vinculada a las actividades del campo, la familia tiene una connotación diferente de la que presentan los hogares urbanos, debido a la persistencia de formas de propiedad de la tierra y de producción agropecuaria que tienen su eje en el hogar, en cuyo seno además de encargarse de la reproducción generacional, participan de manera directa con su fuerza de trabajo, en la producción de bienes y servicios.

Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, al propiciar una mayor participación de las mujeres, pero también en muchas ocasiones tienden a propiciar situaciones de mayor inequidad, al tener que asumir más responsabilidades en la supervivencia de los hogares, sin dejar de asumir las tareas domésticas.

En este contexto, que a pesar de las dificultades que tradicionalmente han tenido las mujeres para el acceso a la tierra, en las últimas décadas se aprecia la feminización de la tierra como un proceso creciente de acceso de las últimas mujeres a la tendencia de la tierra. La información oficial señala que del total de núcleos agrarios en el país, integrados por 4.2 millones de ejidatarios y comuneros y 1.4 millones de posicionarios que conforman los sujetos con derechos agrarios, el 21 por ciento corresponde a mujeres, siendo aproximadamente 1.2 millones.

Sin duda, garantizar el acceso a la propiedad en la tenencia de la tierra de las mujeres rurales, así como su aprovechamiento y acceso al financiamiento productivo, propósitos del primer dictamen en comento, se contribuirá a la construcción y fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres rurales.

Por otra parte, es urgente tomar acciones con determinación y eficacia, que contribuyan a erradicar la violencia de género que enfrentan las mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. Ese fue el clamor unánime de manifestaciones el pasado 24 de abril en calles de esta ciudad y otros 29 estados del interior del país, motivados por los escandalosos y lamentables hechos de abuso sexual cometidos en contra de nuestras mujeres.

En esta dirección apunta el segundo dictamen al precisar los contenidos conceptuales del Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres, así como la obligación de diversas entidades del gobierno federal para proporcionar la información necesaria y de las entidades federativas, por contar con uno propio en su ámbito de actuación.

Sin duda estas condiciones harán que se cuente con información precisa respecto a las causas e identificación de lugares críticos en donde se requieren acciones urgentes con la concurrencia de los tres niveles de gobierno, así como la prevención de estos actos oprobiosos que atentan contra la dignidad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de estos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Tiene ahora la palabra la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Patricia García García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el ejercicio de los derechos humanos que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Un avance fundamental en el ámbito legislativo mexicano fue la aprobación de la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como parte de ella, la institucionalización del Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia Contra las Mujeres.

No obstante ello, y como bien apunta el dictamen a discusión, aunque cuando se mandató la creación de un Banco Nacional de Datos, hasta la fecha no se ha implementado y no ha sido incorrecta; no existe diagnóstico actualizados y periódicos que permitan establecer acciones concretas para prevenir y atender y mucho menos sancionar y erradicar las violencias que sufren las mujeres mexicanas.

En el ámbito laboral y docente, nueve de cada diez mujeres fueron víctimas de discriminación laboral, lo que ha reflejado en menores oportunidades de trabajo y salarios, promociones y prestaciones.

En el ámbito comunitario, tres de cada diez mujeres declararon haber vivido alguna situación de violencia en los espacios públicos a lo largo de su vida. Aunque resulte evidente en el incumplimiento de las disposiciones como la referente a la creación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos, no es una variable determinante de la violencia contra las mujeres, pero sí las ha privado de un instrumento esencial en su combate. Por ello votaremos a favor del dictamen que se discute, que tiene por objeto dar certeza jurídica a la creación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres

Los datos son contundentes, más de 14 millones de mujeres rurales en el país en el 2013, sólo el 1.15 por ciento participaron como titulares o suplentes en los órganos de representación. Y únicamente el 4 por ciento de los núcleos agrarios estaba dirigido por una mujer.

En nuestro país las mujeres rurales enfrentan grandes limitaciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a las productoras rurales, tales como la asistencia técnica y a la tecnología.

Cuando son trabajadoras asalariadas de la agricultura, no se les reconocen sus derechos laborales y mucho menos se les reconoce el trabajo doméstico y el cuidado que ellas le ponen. De ahí es que expresamos nuestro voto a favor del dictamen que se discute y que tiene por fin establecer que las autoridades correspondientes garanticen el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de la propiedad, así como el use y el disfrute de la tierra, el derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria.

En Acción Nacional reconocemos la importancia del valor económico y social del trabajo agrícola, y que realizan las mujeres rurales y campesinas.

Compañeras y compañeros, con los dictámenes que hoy aprobamos fortalecemos las disposiciones jurídicas que nos permitirán avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos de la mujer en nuestro país. Sin duda, saldamos una deuda frente a las enormes disparidades que viven las mujeres rurales y campesinas, y generaremos mecanismos más eficaces que permitirán implementar políticas y acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada García. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia el generar mecanismos que eliminen la discriminación y las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos.

La situaciones de marginación de clase etnia y género, sitúan a las mujeres rurales en uno de los grupos más desprotegidos, subordinados y de mayor discriminación en nuestro país.

A ello se suman otros tipos de discriminación que limitan su desarrollo de capacidades, ya que los hombres son quienes toman las decisiones sobre los recursos. No obstante, que las mujeres rurales contribuyen con más del 40 por ciento de la oferta agrícola en el mercado interno y que no se les otorgan derechos individuales a la tierra, al crédito y al agua, los cuales son indispensables para su trabajo en el medio rural.

Datos del observatorio de igualdad de género de América Latina y El Caribe, Cepal, señalaban desde hace algunos años que las tasas de actividad de las mujeres de zonas rurales han aumentado del 32.4 por ciento al 46.4 por ciento entre 1990 y 2005. A pesar de ello no han logrado empoderarse económicamente.

Cabe señalar que la falta de normas jurídicas que propongan acciones y políticas públicas que eliminen las brechas de desigualdad, que signifiquen una igualdad de hecho o igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación estructural que pesa sobre las mujeres, sigue siendo una deuda vergonzante para nuestro país. Y estas propuestas apuntan precisamente en un sentido.

Cuando nos referimos a igualdad sustantiva o igual de hecho nos referimos al acceso, al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Hay que advertir que la discriminación por cuestiones de género estableció estereotipos y roles determinados de acuerdo al sexo, los cuales han generado la exclusión de las mujeres al acceso del dominio patriarcal y denigrar e imponerse a las mujeres.

La reforma a la ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres que hoy se plantea viene a coadyuvar en el cumplimiento del principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de sus tierras.

Asimismo la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obligando al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Banavim, actualizando y generando puntuales estadísticas sobre la información recabada, mismo que coopera a fortalecer mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de los dictámenes presentados por la igualdad de género, los cuales –estamos seguros– serán instrumentos en beneficio de las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Covarrubias. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, si consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, vamos a abrirlo por tres minutos porque veo algunas ausencias. Vamos a abrirlo por tres y luego el otro ya lo hacemos menos. Por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada, algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico. ¿Falta alguna diputada, algún diputado? Levanten la mano, córranle, vamos a cerrar.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Córranle, que les hace bien a la salud. Parece que ya no hay más.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Algún diputado, alguna diputada? Ahí viene otro diputado corriendo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Ramírez Marín, va llegando barrido.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 434 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 434 votos, unanimidad, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos, así como el artículo 80, 82 numeral 1; 85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2016 la diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó la Iniciativa a esta Comisión de Igualdad de Género, para la elaboración su estudio y dictámen correspondiente.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa pretende reforzar los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades para proporcionar los datos necesarios para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, así como modificar la instancia de la cual depende.

III. Consideraciones

Primera. La iniciativa expresa que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, es uno de los principales instrumentos de nuestro marco jurídico nacional que da respuesta a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, específicamente para prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres de nuestro país.

Subraya que el principal objetivo de este instrumento jurídico es guiar y coordinar las acciones entre la federación, las entidades y los municipios, para garantizar el acceso de las mujeres mexicanas a vivir libres de violencia. Además, establece y define los tipos y modalidades de la violencia, instrumenta diversas figuras jurídicas como la alerta de violencia de género y las órdenes de protección, mandata la integración del programa integral y un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales buscan la unificación de esfuerzos, programas y políticas interinstitucionales para el cumplimiento de la ley. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia enuncia la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Menciona que a nueve años de que fue promulgada la Ley General de Acceso, se muestran visibles inconsistencias que han obstaculizado la implementación y operación adecuada de algunas de las figuras que ahí se mandatan. La presente propuesta se refiere específicamente al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, comúnmente denominado por su acrónimo BANAVIM.

Segunda. En la propuesta se incluye que la figura del banco es enunciada desde 2007, con la promulgación de la ley; sin embargo, la operación del mismo no ha dado cumplimiento al objetivo de su creación. En este sentido, es necesario reconocer que, desde su creación, erróneamente se faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la integración del mismo (artículo 44 fracción III). De igual manera, establece a la Secretaría de Gobernación como la instancia de gobierno coordinadora de las acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Menciona que aunado a la atribución que se le otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de manera aislada también se integró en las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el mandato de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres. (Artículo 38 fracción X). En este sentido es importante mencionar que la ley mandata a la Secretaría de Gobernación a elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema (artículo 42 fracción III).

Subraya que la articulación del banco en el texto de la ley no es precisa. A pesar de ello, de manera institucional muchos han sido los avances para el arranque y funcionamiento de esta importante herramienta gubernamental, como son:

• A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se han etiquetado recursos para su operación.

• El 16 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el funcionamiento y operación del banco.

• En el año 2010, la plataforma nacional del banco entró en operación.

• Con la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2013, se mandata a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el banco nacional de conformidad con los lineamientos que debe emitir la SSP (artículo 47); y se mandata a la Secretaría de Gobernación la atribución de administrar y operarlo, así como emitir los lineamientos necesarios para determinar e integrar la información que contendrá, (artículo 54 fracciones XI y XII) y la de proporcionar la información del banco a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental (fracción XIII del mismo artículo).

La iniciativa subraya la evidente desarmonización que prevalece entre el reglamento y la ley, e incluso afirma que el reglamento ha rebasado a la ley.

Señala que los esfuerzos antes mencionados no han sido suficientes para tener diagnósticos actualizados y periódicos que favorezcan direccionar de manera adecuada las acciones que se requieren para erradicar y atender la violencia en los estados y en cada una de las instituciones que integra el sistema nacional.

Tercera. Dentro de la argumentación, establece la necesidad de actualizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de sistematizar y articular el objetivo del Banco que es, entre otros, el de contar con una herramienta para la generación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos, con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de mujeres.

En esta sistematización propone de manera primordial incluir al banco en las disposiciones generales de la Ley General de Acceso, para definirlo de acuerdo a su funcionamiento y objetivos. Plantea también, que tal y como ya sucede en el intento de su funcionamiento, se debe establecer de manera clara que la instancia rectora en materia de violencia en nuestro país será también la encargada de coordinar, integrar y actualizar el banco la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tal y como lo establece el reglamento. En esta iniciativa también se enuncia que son todos los integrantes del sistema quienes deben proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al banco. Asimismo, menciona que la Procuraduría General de la República, por ser parte integrante del Sistema, debe publicar claramente la inclusión de los delitos cometidos en contra las mujeres.

Señala que debido a que en el año 2013, mediante decreto presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en la Comisión Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que el BANAVIM pasó a depender de dicha Comisión; no obstante, la presente propuesta hace énfasis en establecer de manera clara la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación de operar el BANAVIM para la articulación de mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y no de los mecanismos de sanción que son propios de la seguridad pública.

La iniciativa reitera que el 22 de febrero del presente año, la Secretaría de Gobernación anunció diversas acciones para acelerar la igualdad de género, entre ellas incluye el fortalecimiento del BANAVIM, con la finalidad de conocer a profundidad las causas de la violencia e identificar acciones para prevenirla. En este sentido, menciona que las y los legisladores tenemos la responsabilidad de actuar al respecto y en cumplimiento a nuestras obligaciones contribuir a la adecuación del marco jurídico para el armónico funcionamiento del banco.

Cuarta. Esta Comisión de Igualdad de Género analizó y discutió el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto del presente dictamen y tomaron en consideración lo siguiente.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los tratados internaciones de los cuales México es parte y dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 como se menciona en la iniciativa.

Quinta. De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Sexta. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en su Informe de Labores del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres 2013, incluye, dentro de los resultados presentados que dan cuenta de lo realizado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres: Garantizar los Sistemas de Información y Estadísticas sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

En dicho informe, se documenta que recaban información de la situación que guarda cada entidad federativa en el tema de violencia contra las mujeres y las niñas, informando:

“En el caso de los registros, 20 entidades federativas reportaron contar con un banco de datos o un sistema de información sobre los casos de violencia”

Dicho informe precisa que “la Secretaría de Gobernación con el objeto de administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), brindó soporte técnico a 23 dependencias integrantes de los sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y llevó a cabo una reunión de trabajo para revisar y actualizar los lineamientos del BANAVIM”.

Séptima. Recientemente en la Comisión de Igualdad de Género, se aprobo un dictamen que adhiere dentro de la modalidad de violencia en la Comunidad la obligatoriedad de las entidades federativas para proporcionar los datos necesarios para la alimentación del BANAVIM.

Octava. Por técnica legislativa y para fácil comprensión de la iniciativa, las Comisiones elaboraron un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

Novena. Respecto a las observaciones que el órgano auditor realizó en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 estableció que:

“ El cumplimiento del objetivo del programa en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres La CONAVIM no acreditó que hubiese llevado a cabo acciones con perspectiva de género para publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que en 2014 no se evidenció que impulsó el fortalecimiento de la integración y administración del BANAVIM, que permita instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de género, a fin de apoyar la toma de decisiones para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, por lo que en el país aún no se dispone de estadísticas oficiales y confiables sobre los casos de violencia contra las mujeres”.

Ante la inconsistencia de la Ley y las observaciones de la integración y administración del BANAVIM, esta Comisión dictaminadora considera que las y los legisladoras tienen la obligación de armonizar la Ley de acuerdo a la realidad social y solicitar la información correspondiente para que este mecanismo funcione adecuadamente permitiendo con ello instrumentar una política de prevención y atención de la violencia de género.

Actualmente no se ha cumplido con la publicación semestral de la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, por tanto, tampoco se dispone de datos oficiales sobre los casos de violencia contra las mujeres, en este sentido esta Comisión comparte la preocupación de la iniciativa relativa a la falta de armonización que favorezca el adecuado funcionamiento de los sistemas que se han mandatado.

Décima. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una ley que establece y coordina acciones entre los tres ámbitos de gobierno, esta Comisión considera prioritario que la ley regule de manera adecuada la operación del BANAVIM para que se obligue de manera expresa a las instancias que integran el Sistema Nacional, así como a las entidades federativas para que integren, coordinen y actualicen el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres. En este sentido, consideramos que la propuesta de crear el Banco Estatal, se debe de ampliar a coordinar y actualizarlo.

Décima Primera. Esta Comisión coincide con la viabilidad y procedencia de la propuesta legislativa, toda vez que armoniza con lo que ya se opera actualmente y se mandata en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 5; se reforma la fracción X del artículo 38; se adiciona la fracción XII Bis al artículo 42; adiciona la fracción VII Bis al artículo 43; se reforma el título de la Sección Cuarta; se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 44; se adiciona la fracción XII Bis del artículo 46; se adiciona la fracción VII Bis del artículo 46 Bis; se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Ter; se adiciona la fracción X Bis al artículo 47; y se reforma el primer párrafo y adicionan las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres: Al sistema digital en el que se concentra el registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres. Concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que son las encargadas de crear, procesar y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada caso de violencia contra la mujer y las órdenes de protección.

Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. a IX. ...

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitosde Violencia contra las Mujeres;

XI. a XIII. ...

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a la XII. ...

XII Bis. Coordinar, integrar y actualizar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las mujeres;

XIII. a XV. ...

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. a IX. ...

Sección Cuarta. De la Comisión Nacional de Seguridad

Artículo 44. Corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad:

I. a II. ...

III. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

IV. a XII. ...

Artículo 46.Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a XII. ...

XII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XIII. y XIV. ...

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. y IX. ...

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. a V....

V Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI. a VIII. ...

Artículo 47.Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. a X. ...

X Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XI. y XII. ...

Artículo 49.Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a VI. ...

VI Bis. Crear, coordinar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI Ter. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por dos minutos...

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refieren...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por un minuto, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por un minuto para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Alguna diputada o algún diputado? No.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto todavía puede votar, pero ya lo vamos a cerrar.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 410 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Felicidades.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Cambio Climático. El primero, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. El segundo, por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático. Y el tercero, por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes:

1. Con fecha 2 de octubre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII del artículo 28, XV del artículo 29 y II del artículo 30, todos de la Ley General de Cambio Climático, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y el senador Femando Herrera Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para su dictamen fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

2. Con fecha 28 de abril de 2015 se sometió a discusión el dictamen de la iniciativa, el cual fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados.

3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 30 de abril de 2015, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la Minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

4. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen”.

5. Mediante oficio Núm. DGPL.62-II-3-2540 de la Mesa Directiva, fue notificada la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático.

II. Contenido y objeto de la Minuta:

De acuerdo con la iniciativa señalada en el punto 1 del apartado anterior, así como del dictamen de la misma que formularon las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos del Senado, se expone a continuación el contenido y objeto de la minuta que aquí se dictamina.

La senadora iniciante cita datos de los informes de 2008 y 2010 de la Organización Internacional para las Migraciones en relación con las migraciones debidas a presiones medioambientales, desastres naturales relacionados con e! cambio climático, principalmente inundaciones y tormentas; habiendo llegado a 2010 a 42 millones de personas.

Así mismo menciona que en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó que los desastres naturales ya han provocado en México migraciones ambientales en Veracruz, Chiapas y Zacatecas. Refiere también los desastres provocados por en 2013 en 14 estados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Agrega la legisladora que se prevé que el cambio climático aumente la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos, por lo que a los factores normales por los que las personas tienden a emigrar, habrá que sumar el cambio climático.

Las migraciones originadas por el cambio climático van desde aquellas derivadas de la afectación de actividades económicas sensibles al clima como las actividades primarias que se ven seriamente afectadas por sequía, precipitaciones, etcétera. Los riesgos ambientales son otra causa de desplazamientos de población como las llanuras costeras, zonas susceptibles de padecer derrumbes, deslaves e inundaciones.

Adicionalmente, las poblaciones más afectadas, son las más vulnerables por su localización, tienen una condición económica desfavorecida y, por consiguiente, no cuentan con capacidad de respuesta. A este respecto, la senadora señala, citando el Quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que al tiempo que se acrecienta el desplazamiento de personas, el riesgo de desplazamiento aumenta cuando las poblaciones que carecen de recursos para realizar una migración planificada experimentan una mayor exposición a fenómenos climáticos extremos, sobre todo en países de ingresos bajos.

Estas migraciones, si no son previstas o no son gestionadas de manera adecuada, empeoran los indicadores sanitarios, educativos y sociales, además de que a los lugares que llegan sufren marginación, exclusión social, discriminación y violencia; y las regiones a las que arriban sufren sobrepoblación, falta de empleos, sobreexplotación de recursos, insuficiencia de infraestructura y servicios y, eventualmente, conflictos sociales.

Si se considera la condición de alta vulnerabilidad de nuestro país en relación a las consecuencias del cambio climático que se prevén, debemos tomar las medidas que permitan enfrentar esta situación ante esta contingencia.

La iniciativa que dio lugar a la minuta que aquí se dictamina proponía reformar los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de Cambio Climático a fin de que:

- La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, ejecuten acciones para la adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los programas en el ámbito de la migración.

- Se consideren acciones de adaptación, entre otros, los programas sobre migración.

- Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones para la adaptación utilizando la información contenida en los atlas de riesgo para prevenir y atender posibles migraciones ocasionadas por el cambio climático (sic), reglamentos de construcción y ordenamiento territorial en las entidades federativas y municipios.

Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores modificaron esta propuesta, bajo consideraciones que más adelante se detallan para aprobar el siguiente proyecto de decreto:

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se reforman las fracciones VII del artículo 28 y II del artículo 30, todos de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

I. a VI. ...

VII.Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano;

VIII.a IX. ...

Artículo 30. ...

I....

II. Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de tos planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios; y para prevenir y atender el posible desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático;

III. a XXIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecido el contenido y objeto de la minuta sujeta a dictamen, los integrantes de esta comisión dictaminadora fundamentan el presente dictamen en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES:

Primera. Los diputados integrantes de la Comisión de Cambio Climático, comparten la preocupación que dio origen al proyecto de decreto que aquí se revisa, por lo que el análisis de la misma se ha realizado con máximo detenimiento e interés pues alrededor del tema que se aborda se encuentra en juego la toma de decisiones que incidirán en el destino de grupos humanos.

Segunda. Las comisiones dictaminadoras de la colegisladora señalaron, con respecto de las migraciones internas que pudieran provocar los efectos del cambio climático, que es claro que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, algunos estudios confirman que los factores ambientales son estadísticamente significativos en la decisión de migrar en México.

Hay que recordar que nuestro país es altamente vulnerable por su posición geográfica. A este respecto, la Estrategia Nacional de Cambio Climático diagnostica que 1385 municipios y 27 millones de personas se encuentran en riesgo ante los desastres naturales y que por la misma razón las condiciones climáticas serán cada vez más severas.

Tercera. Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en los cambios realizados a la iniciativa que dio lugar a la minuta que se analiza, los cuales se centran en los siguientes puntos:

- Sustituir el término migración en las reformas propuestas para los artículos 28 y 30 (que la Ley de Migración lo refiere a la movilidad de personas de un país a otro) por desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático,pues de esta manera como lo señala el dictamen de la iniciativa “se mantiene congruencia con las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y se ajusta al marco de la política interna en materia de adaptación al cambio climático”.

- Por la misma razón se desechó la propuesta de reforma al artículo 29. No obstante, se considera que el objetivo de los iniciantes queda a salvo si se toma en cuenta que el mismo artículo dispone en su fracción XIV que “Se considerarán acciones de adaptación (...) los programas del Sistema Nacional de Protección Civil” y que la Ley General de Protección Civil, que establece el Sistema Nacional de Protección Civil, señala en su artículo 15 que “El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población”.

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran adecuados los argumentos de la colegisladora para la valoración del proyecto de decreto aquí dictaminado y, en consecuencia, los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático y, para los efectos del apartado A del artículo 72 constitucional, sometemos al Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo Único. Se reforman las fracciones VII del artículo 28 y II del artículo 30, todos de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

I. a VI. ...

VII. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano;

VIII. a IX. ...

Artículo 30. ...

I....

II. Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios; y para prevenir y atender el posible desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático;

III. a XXIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2016.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Alex Le Baron González (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García, Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Mirza Flores Gómez, Cecilia Guadalupe Soto González, Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tanto la fundamentación de los dictámenes como el posicionamiento de los grupos parlamentarios se efectuará en un solo acto y tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre para fundamentar el dictamen de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre:Gracias. Con su aquiescencia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el viernes 22 de abril se conmemoró el Día mundial de la Tierra. Ese mismo día, en Nueva York, en una jornada histórica 175 países firman el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, un acuerdo para dar una respuesta enérgica, progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del aumento de la temperatura media mundial.

El Acuerdo tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza, y para ello mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados, contribuir con diferentes aportaciones económicas al Fondo Verde Internacional, las cuales estarán sujetas a criterios de transparencia y rendición de cuentas. Y los compromisos firmados tendrán que revisarse en este marco internacional cada cinco años.

Todas estas medidas con el fin de buscar, por sobre todas las cosas, restablecer un ambiente limpio para nuestra casa común, y en donde los países firmantes deberán respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones, relativas a los derechos humanos, especialmente en esta firma del Acuerdo de París, donde México pone sobre la mesa políticas públicas en materia de cambio climático, con visión de equidad de género y de derechos de los pueblos indígenas.

Es por ello que en este proceso de dar pasos para fortalecer la legislación me permito presentar tres dictámenes con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

En primer lugar, el dictamen a una minuta del Senado, iniciativa original de la senadora Silvia Garza, en donde se aborda el fenómeno de la migración provocada por los efectos del cambio climático.

Es de sumo interés, pues alrededor del tema que se aborda se encuentra en juego la toma de decisiones que incidirán en el destino de grupos humanos.

En segundo lugar, el dictamen de una iniciativa del diputado Tomás Montoya para establecer un grupo de trabajo de educación en materia de cambio climático al interior de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Finalmente, el dictamen de una iniciativa del diputado Braulio Guerra, que busca impulsar acuerdos internacionales para que se declare al medio ambiente global y la coexistencia sustentable de todas las formas de vida en la Tierra, como un bien jurídico tutelado por el derecho internacional.

Reconozco el trabajo de mis compañeros de la comisión y solicito a todos ustedes su respaldo para la aprobación de estos dictámenes, porque al hacerlo impulsamos medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono; impulsamos medidas para un futuro más resiliente e impulsamos medidas para un futuro más sostenible. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Rodríguez. Tiene el uso de la voz, hasta tres minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia de la Presidencia, voy a hacerlo en un minuto. Para Encuentro Social son muy importantes estos cambios y estas iniciativas, porque traen como punto fundamental atacar entre todos el cambio climático.

Entonces, tenemos que trabajar, concientizar, educar y decir que el cambio climático ya nos alcanzó. Tenemos problemas de contaminación en todo el país y hay problemas también muy serios de desarrollo urbano en ciudades que no son sustentables, de colonias sustentables.

Es por eso que es importante esta reforma, porque van a educar, van a facilitar el esquema educativo nacional. Van a tratar también de educar a la gente adulta, porque tenemos que hacer cambios importantes nosotros. Y también van a tratar de que todos los estados, los municipios y sobre todo la federación impulsen políticas públicas para tratar de llevar acciones que mitiguen el cambio climático. Muchas gracias, y estamos apoyando esta iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ferreiro. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en esta participación abordaremos tres dictámenes que nos presenta la Comisión de Cambio Climático, mediante los cuales se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

En primer lugar, me referiré al dictamen que reforma la fracciones VII del artículo 28, y II del artículo 30, cuyo objetivo es sustituir el término migración, por el desplazamiento interno de personas provocado por el fenómeno relacionados con el cambio climático.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la migración humana podría ser consecuencia más grave del cambio climático. Hasta 2010, 42 millones de personas se habían desplazado debido a desastres naturales, relacionados principalmente con tormentas e inundaciones que han dejado a su paso devastaciones y daños permanentes en los suelos, afectando severamente las actividades primarias.

En México, la Estrategia Nacional del Cambio Climático diagnóstica que mil 385 municipios y 27 millones de personas se encuentran en riesgo ante los desastres naturales. Por su parte el Inegi revela que los desastres naturales ya han provocado en México migraciones ambientales, en Veracruz, Chiapas y Zacatecas.

La migración originaria por el cambio climático es una realidad que nos exige acciones para hacer frente al problema, que se estima para 2050 dejará mil millones de personas desplazadas. Para Nueva Alianza éste es un tema prioritario ante las condiciones climáticas serán cada vez más severas, se pone en riesgo la calidad de la población, no solo de los grupos que emigran, sino también de la población que los recibe.

Si no se realiza una migración planificada, el equilibrio y la estabilidad de ambos grupos se pone en riesgo, ya que las regiones a las que arriban sufren sobrepoblación, falta de empleo, sobreexplotación de recursos, insuficiencia de infraestructura y de servicios y eventualmente conflictos sociales, en tanto los recién llegados padecen marginación, exclusión social, discriminación y violencia.

Respecto al dictamen que adiciona una fracción VII y el párrafo al artículo 49 de la ley, a fin de fortalecer la educación ambiental y cambio climático mediante la migración del grupo de trabajo de educación en esta materia, en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad y la importancia de impulsar una educación ambiental que nos permita mitigar los efectos del cambio climático y nos lleve a alcanzar las metas de sustentabilidad que posibiliten construir una sociedad más justa, igualitaria, pacífica y sostenible.

Fortalecer esa educación desde los niveles básicos, contribuye a formar ciudadanos preocupados y ocupados por el combate al cambio climático, con la convicción de salvaguardar el patrimonio natural de nuestro país. Por ello, avalamos que la Secretaría de Educación Pública promueva dicha educación y la incorpore en las materias educativas.

A nivel internacional el tema del medio ambiente es uno de los más abordados y comprometidos, dado que se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente a las circunstancias de vida de las personas y la sociedad en conjunto. No obstante, hay un vacío jurídico para juzgar y en su caso castigar los actos que atenten contra el medio ambiente internacional.

El dictamen por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley de Cambio Climático busca ampliar las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a fin de que impulse acuerdos internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente global como un bien jurídico que debe ser tutelado de derecho internacional.

Compañeras y compañeros, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente son el mayor problema de nuestro tiempo. Frenar y revertir el daño medioambiental es una tarea que requiere cambios sustantivos en las políticas públicas.

En Nueva Alianza estamos dispuestos a crear condiciones para proteger ese patrimonio de todos los mexicanos. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra convicción. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Mirza Flores Gómez:Los saludo de nuevo, compañeras diputadas y compañeros diputados. En esta ocasión como representante de la bancada de los ciudadanos, vengo a fijar la postura de mi grupo parlamentario a los tres dictámenes a consideración de la Comisión de Cambio Climático.

Asimismo, quiero felicitar –y felicitarme también– a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, así como a las compañeras y compañeros que integran la misma por los trabajos que se han desarrollado al interior de la comisión. Hemos trabajado de manera muy seria para eliminar tanto los tintes como las expresiones políticas y de esta forma sumar esfuerzos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a todos los mexicanos.

En la actualidad existe un consenso global sobre la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible. Nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática que está provocando graves problemas ambientales y serios impactos en los recursos básicos del planeta y en los sistemas socioeconómicos. Estamos por eso convencidos que la educación es una herramienta fundamental para la transformación del país, y que incluso los pequeños cambios en nuestro estilo de vida y comportamiento, pueden contribuir mayormente a reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

En este sentido no se puede entender una agenda de desarrollo sostenible sin incorporar como pilar fundamental de una política de Estado en materia de educación, al cambio climático. Por eso los diputados ciudadanos votaremos a favor de este dictamen para que se incluya en el contenido de los materiales educativos, la información relativa sobre el cambio climático, dejando la responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública para que actúe en consecuencia.

El derecho a un medio ambiente sano es un elemento social de la complejidad y las relaciones de este con la salud y la calidad de vida de las personas, han adquirido una trascendencia cada vez mayor.

Las emisiones es un punto del planeta en donde nos están afectando a todos. No tenemos otro planeta a donde irnos. Es por eso que es imperativo que hagamos todo lo que esté, todos los esfuerzos que estén a manos de nosotros los diputados, para encaminar a mejorar las condiciones de vida de todos los seres vivos que habitamos en este país y en este planeta.

No quiero ahondar porque sería una necedad querer convencerlos de las buenas noticias que tenemos para darle a México; estamos trabajando en favor del medio ambiente, pero sobre todo del cambio climático y de fomentar de manera seria y consistente, desarrollos recibientes en las ciudades que prevengan, reduzcan y generen menores impactos ante los desastres por el efecto del cambio climático.

Gracias, compañeras y compañeros, y esto es solamente el principio de muchas de las cosas que deberemos de trabajar en materia de medio ambiente. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Flores. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Chávez García:Buenas tardes, señor presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, el cambio climático se considera como uno de los factores limitantes para el desarrollo humano en el presente siglo y el mayor reto que enfrenta la humanidad con efectos potencialmente irreversibles para la sociedad en su conjunto y para nuestro planeta. Este fenómeno global es un problema complejo en el sentido de que además de ser difícil solución y entrelaza dentro de un sistema, múltiples factores provenientes de distintos ámbitos.

Por lo mismo vemos que los tres dictámenes referentes a la Ley General de Cambio Climático abordan distintos temas que parecieran ajenos, unos de otros, pero que tienen un denominador común, el aumento nocivo de la temperatura en nuestro planeta y los efectos que esto tendrá.

De tal forma que uno de los dictámenes toca el tema de la migración bajo el concepto de desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático.

En el mundo seguimos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 42 millones de personas se han desplazado a consecuencia de los efectos relacionados al cambio climático. Nuestro país debe de tomar nota al respecto y tomar sus precauciones.

Debemos de identificar las regiones que perderán habitantes y a dónde se irán éstos, plasmándolas en el atlas de riesgo que la misma ley establece para estar preparados y tener de antemano las estrategias a tomar.

El segundo de los dictámenes toca el tema de la educación, que es indispensable en la construcción del desarrollo sustentable, y por lo mismo en la mitigación y adaptación al cambio climático.

La Ley General de Cambio Climático ya toma medidas al respecto, pero es hasta el sexto grado de educación primaria que en los libros de texto aparece el tema de cambio climático y se maneja sólo de forma somera.

Con el dictamen en comento buscamos revertir esta situación al crear dentro de la comisión intersecretarial un grupo de trabajo abocado a la educación en esta materia y al poner al frente del mismo a la Secretaría de Educación Pública.

Esto con el objetivo de incluir en los materiales didácticos conocimientos y valores en materia de cambio climático que traten con mayor amplitud el tema.

El último de los dictámenes que hoy comentamos no es menos importante, se trata de que nuestro país impulse en los foros mundiales los acuerdos internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente global y la coexistencia de todas las formas de vida en el planeta tierra como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional. Al ser el reto que plantea el cambio climático de orden global se requiere de los esfuerzos de toda comunidad internacional para poder vencer este desafío.

Morena, al estar comprometido con el desarrollo sustentable, y, por lo mismo, con la mitigación y adaptación al cambio climático, ve con agrado las reformas que a la ley en esta materia se harán por medio de los dictámenes en comento y votará a favor de los mismos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Chávez. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Con la venia de la Presidencia. El Partido Verde nació hace 30 años, cuando un grupo pequeño de entregados mexicanos partió dispuesto a cambiar el mundo y forjó un movimiento que trascendió, y se convirtió en la organización política más desafiante para demandar un mejor futuro con sustentabilidad.

En la agenda nacional los problemas de la ecología no estaban en la prioridad, pero nunca se claudicó. Y hoy celebramos no solo que sean prioridad, sino que estemos todos los aquí presentes alcanzando consensos sobre cómo solucionarlos.

En esta misma lógica los tres dictámenes que estamos pro aprobar se enmarcan en la lucha que nuestro partido ha emprendido para que los grandes desafíos del combate al calentamiento global sean prioridad en lo político, lo social y lo legislativo.

Para mí es un orgullo ser miembro de la Comisión de Cambio Climático, una comisión activa que ha realizado varios foros reconociendo que nuestra labor también es difundir el conocimiento. Ha sabido aprovechar la expertise y el conocimiento de distinguidos funcionarios del gobierno local y federal para enriquecer los dictámenes que tenemos hoy enfrente.

Y en especial reconozco a la compañera presidenta de la comisión, Ángeles Rodríguez, por la gran conducción. Muchas gracias, Ángeles.

Por eso, con decisión, con gran visión de futuro, los invito a votar a favor de estos tres dictámenes que nos inspiran como legisladores a plantear soluciones legislativas a problemas multidimensionales, como es el cambio climático, los enumero:

Dictamen 1, con gran humanismo hacemos obligatorio tanto en la planeación como en la Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático que se incluyan políticas para prevenir el desplazamiento de personas, de tal suerte que aquellos que hoy son vulnerables por vivir en zonas de riesgo afectadas por los estragos de la naturaleza, queden protegidos.

El dictamen 2, con activismo logramos alcanzar los consensos para aprobar que este dictamen en donde la educación es un pilar importante, se logre conectar a la gente con un mundo, con una vida y con la sustentabilidad. Previmos en el artículo 49 de este dictamen que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático cuente con un grupo de trabajo especializado en enseñanza, que pueda crear los contenidos educativos que reflejen el llamado a una conciencia ambiental integral.

En el dictamen 3, con valentía nos llama a crear un mayor liderazgo en la política internacional contra la mayor amenaza que tiene la humanidad; el calentamiento global, porque no se trata de convenciones internacionales, agendas o declaraciones; se trata de potencializar nuestra Comisión Intersecretarial como portavoz de la política posición de México hacia el exterior, hacia la formulación de tratados ad hoc y acuerdos internacionales que favorezcan la coexistencia de todas las formas de vida en el planeta.

Compañeros diputados, un legislador puede ser tan grande como quiera ser si hoy con determinación, dedicación y voluntad no nos damos por vencidos. Votaremos a favor de estos tres dictámenes y en un futuro próximo, sin duda, seremos testigos de una realidad: que nuestro país reduce su huella de carbono, alcanza su independencia del petróleo a través de las energías renovables y protege la vida, la biodiversidad en todas sus formas y el derecho humano que tenemos al medio ambiente.

Es cierto, vivimos en un país que está en medio de una crisis climática sin precedentes, la destrucción de nuestros bosques, la contaminación del agua, el deterioro del medio ambiente por la basura y la mala calidad del aire nos tienen en ese problema, pero México tiene un futuro, tiene recursos naturales que lo bendicen y tiene millones de mexicanos, aquí 500 dispuestos a votar a favor de estos tres dictámenes que seguramente germinarán como semillas, porque nos hemos fijado una prioridad: salvar nuestra naturaleza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Herrera. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Gracias, presidente. Con su permiso. Estimados colegas, diputadas y diputados, ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso.

Todos recordamos que en septiembre de 2014, el estado de Guerrero fue afectado por la rara coincidencia de dos tormentas tropicales: Manuel, que venía del Pacífico, como es común en aquella zona del país, e Ingrid, que venía del Golfo. Coincidencia de dos tormentas tropicales que no se veía desde hace muchas décadas. La devastación de estas tormentas provocó el desplazamiento de miles de ciudadanos guerrerenses que todavía no regresan a sus casas.

En una amplia zona costera de Tabasco, el cambio climático afecta gravemente a familias asentadas frente al mar. En Sánchez Magallanes, municipio de Cárdenas, Tabasco, el mar ya ha avanzado cinco metros hacia el territorio y ha inutilizado la mitad del poblado; en el municipio de Paraíso, Tabasco, el mar ha avanzado un mínimo de 17 metros y en zonas ha avanzado hasta 100 metros, acabando con el faro y amenazando con alcanzar el cuerpo lagunar y, en un futuro no lejano, avanzar sobre el territorio de Tabasco.

Modelos mexicanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han calculado que si aumenta la altura del mar, de la superficie del mar en 50 centímetros podría desaparecer 20 por ciento de las playas tabasqueñas.

Es así, que el cambio climático no es solo un tema académico o de congresos internacionales, sino una realidad que afecta a miles de mexicanos y los obliga a abandonar sus casas, sus poblados, o a cruzar la frontera.

Además de los ejemplos mencionados de Guerrero y Tabasco, es importante señalar que muchos migrantes económicos se han visto obligados a dejar sus cultivos por el aumento y persistencia de la sequía en vastas regiones del norte del país, consecuencia también del cambio climático.

Es por ello que el PRD saluda los compromisos firmados el pasado diciembre de 2015, en la COP21, donde por fin se alcanzó un consenso global por el compromiso para limitar el aumento de la temperatura global media a un máximo de 2 grados centígrados y preferentemente abajo del 1.5 grados centígrados. De ahí la importancia de aprobar la minuta que propone que el artículo 28 de la Ley General de Cambio Climático se considere que los diversos órdenes de gobierno dentro de sus acciones a ejecutar para la adaptación al cambio climático considere el tema de los desplazados.

Igualmente, también es importante la reforma a la fracción X del artículo 47 de esta ley, que va a aumentar las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que impulse acuerdos internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente y la coexistencia sustentable de todas las formas de vida en la tierra como un bien jurídico tutelado por el derecho internacional.

La reforma al artículo 49 también es muy importante, porque mandata la creación de un grupo de trabajo sobre educación en materia de cambio climático, de tal manera que las nuevas generaciones de niños mexicanos crezcan con una idea diferente de la que crecimos nosotros, orientada en aquél entonces por un dominio antropocentrista que planteaba que había que henchir la tierra y dominarla.

Lo importante es que estas nuevas generaciones nazcan con la idea de la comunión que tiene que haber entre la especie humana y la naturaleza para salvaguardar el planeta. Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Soto. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Cesar Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Cesar Flores Sosa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como ya lo han dicho, el pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra y para celebrarlo se firmó en Nueva York el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

El compromiso de 196 países integrantes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es el siguiente. Mantener el aumento a la temperatura mundial a menos de 2 grados centígrados, incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, así como promover la resistencia al clima y lograr un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y de un modo que no comprometa la producción de los alimentos.

Los tres dictámenes que hoy se presentan nos permiten avanzar con lineamientos normativos precisos y fundamentales hacia los objetivos adoptados a nivel nacional y global, ya que sentar las bases jurídicas para reducir la temperatura del planeta y permitir la preservación de nuestro entorno y la sobrevivencia de todas las especies que interactúan en él, las propuestas presentadas modifican y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático.

Primero. Considerar dentro de los planes acciones y adaptación de los tres ámbitos de gobierno políticas específicas para atender el desplazamiento de las personas provocadas por el cambio climático.

Segundo. Integrar un grupo de trabajo sobre educación en materia de cambio climático con una mayor participación de la Secretaría de Educación Pública en el diseño y planes, así como programas, a fin de lograr una mayor difusión y comprensión de los fenómenos ligados al cambio climático.

Tercero. Que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático impulse acuerdos internacionales para incluir en el medio ambiente global y todas las formas de vida del planeta como un bien jurídico tutelado por el derecho internacional.

Es importante destacar que actualmente la mayor parte de los acuerdos internacionales en materia del cuidado del medio ambiente y del desarrollo sustentable tienen como uno de sus principales objetivos reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, a partir del aumento de la capacidad de adaptación a los efectos adversos a nivel país y a nivel región.

Esta tensión global no es reciente. Desde hace varias décadas se comenzó a observar que la emisión de bióxido de carbono, resultado de la quema de combustibles fósiles no solo provoca efectos en el clima en el lugar donde se producen, sino que los efectos también tienen una repercusión planetaria, incidiendo en la salud humana, en los ecosistemas terrestres y marinos y en el deshielo de los polos.

Los efectos en el clima, provocados principalmente por los gases de efecto invernadero impactan a la población, principalmente las asentadas en zonas de riesgo y las vulnerables. Esto provoca migraciones y un desequilibrio de los asentamientos humanos y los ecosistemas alterados.

Considerar en nuestra legislación estos fenómenos sociales, provocados por este cambio climático, es dar respuesta para una mejor adaptación a los efectos adversos a través de considerar en estas variantes, cada vez más presentes en la política de planeación de todos los sectores.

Como ya lo hemos observado, el tema de cambio climático no incumbe solamente a países en forma aislada, las causas y efectos son planetarios y, por ende, las respuestas deben darse en un ámbito global donde cada país, cada comunidad, cada individuo asuma la responsabilidad que le corresponde y avanzar así a la preservación de nuestra madre tierra, que es la única que tenemos.

En Acción Nacional creemos que aprobar esta modificación a la ley contribuirá al avance de la política de mitigación, pero sobre todo permitirá garantizar la integridad de todos los ecosistemas...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputado.

El diputado Cesar Flores Sosa: ... y la protección de la biodiversidad reconocida por algunas culturas como la madre tierra, siendo fundamentalmente instrumental el concepto de la justicia climática para hacer frente a este cambio climático.

Insisto, la aprobación de estos dictámenes logrará consolidar el trabajo...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputado.

El diputado Cesar Flores Sosa: ... de este Poder Legislativo en el cumplimiento de la agenda internacional y, específicamente, el recién firmado Acuerdo de París. Muchas gracias, amigos diputados, amigas diputadas. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Flores. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, antes de entrar en la materia de los dictámenes que nos ocupan, permítanme compartir con todos ustedes algunos datos sobre los efectos del cambio climático.

La elevación del nivel del mar aumenta el riesgo de inundación de las costas, causando desplazamientos en la población. Se debe considerar que más de la mitad de la población mundial vive en una franja costera.

El aumento de la temperatura global afecta las cosechas en muchas regiones en desarrollo, en donde la seguridad alimentaria ya es un problema. El aumento de la variabilidad de las lluvias pone en riesgo el suministro de agua, misma que ya afecta a un 40 por ciento de la población mundial.

¿Por qué empezar un posicionamiento con estos datos? Porque es necesario construir una nueva conciencia en los mexicanos. EL cambio climático es un problema real que no distingue de raza, nacionalidad, posición social, ideología política o creencia religiosa, es un problema que afecta al hogar común de todos los seres humanos, que es nuestro planeta tierra.

Los fenómenos causados por el calentamiento global y la variación de las condiciones climatológicas en todo el planeta, tienen consecuencias ambientales, económicas, alimentarias, migratorias y de salud que nos ponen en peligro no solo como nación, sino como especie humana. Carece de sentido apelar a la retórica si la realidad de nuestro planeta es más clara en la advertencia y la amenaza que todos enfrentamos.

Existen esfuerzos institucionales en la materia para la reducción de emisiones y la mitigación de los efectos de fenómenos meteorológicos, donde nuestro país, por cierto, ha sido líder en la emisión de una Ley General de Cambio Climático y en la permanente participación en los foros internacionales. Sin embargo, como sociedad durante décadas debemos de reconocer que se ha minimizado este problema y se ha dejado de poner atención en sus causas, enfrentando solo aquellos efectos que es inevitable atender.

El cambio climático en muchas ocasiones cobra protagonismo en nuestra sociedad cuando ocurren desastres, cuando se reporta la pérdida de una especie o ante la devastadora degradación de nuestros ecosistemas. Generaciones enteras han trasladado el problema de las generaciones venideras, llevada en su responsabilidad en la degradación de nuestro entorno, esta visión es insostenible, no podemos ser una población indiferente que endose el problema a nuestros hijos. Solo con una nueva visión podemos ofrecer futuro a las nuevas generaciones.

Es por ello, que hoy impulsamos una reforma que adicione al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, que tiene la finalidad de dotar a las instituciones herramientas que permitan fomentar la generación de una nueva conciencia y una nueva cultura en nuestros niños y en nuestros jóvenes, a través de materiales educativos, información actualizada y valores, apostando por la educación sobre el cambio climático en todos los niveles como uno de los ejes centrales de la política nacional en la materia.

A nombre de mi grupo parlamentario apoyamos estos dictámenes, que atienden esta realidad inminente atendiendo los desplazamientos migratorios causados por los fenómenos meteorológicos y poniendo al bienestar del planeta como un bien jurídico tutelado en el centro de las acciones internacionales de México en la materia.

Los diputados del PRI hacemos ideal de ruta y destino las palabras de un gran mexicano: El mundo no nos fue heredado por nuestros padres; nos ha sido prestado por nuestros hijos. Trabajemos y hagamos un esfuerzo por construirles un mejor planeta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Montoya. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del PRI.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Compañeros, compañeras diputados y diputadas. En primer término, saludar y felicitar el desempeño de la Comisión de Cambio Climático y reconocer el esfuerzo de su presidente y de sus integrantes.

Segundo. Decir que estamos a favor de la iniciativa que proviene del Senado de la República, porque le fenómeno migratorio a causa o por efectos de cambio climático no es un asunto ni de ciencia ficción ni del futuro. Es un asunto real, presente y persistente. Por ello se invoca a los planes estatales y municipales de desarrollo para que contemplen en sus atlas de riesgo las medidas de organización y logística ante catástrofes naturales.

En tercer término, saludamos y felicitamos la iniciativa del diputado Tomás Montoya, que es muy explícita en llevar a las aulas, a los programas educativos, a los niños, a los adolescentes, a los ciudadanos la comprensión entera el conocimiento de qué puede hacer cada quien en lo individual y en lo colectivo desde la perspectiva de la educación en México, para poder tener una conciencia mucho más elevada respecto del fenómeno del cambio climático.

En cuarto término, impulsamos la iniciativa de llevar al ámbito internacional y empujar el concepto del planeta como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional, porque hoy no basta ser estadistas, tenemos que convertirnos en verdaderos globalistas.

Porque hemos transitado de leyes que desde hace muchísimos años en el yus yiensium, el derecho de gentes, Francisco de Victoria, Hugo Grotius, evolucionara después al derecho internacional, el derecho entre los Estados, el derecho entre las naciones, pero hoy no podemos ver estos fenómenos de manera y de forma segmentada solamente desde la perspectiva del Estado, tenemos que verlo de manera integral, como un todo, de manera holística, enfrentar el fenómeno del cambio climático atendiendo y protegiendo al planeta como un bien jurídico.

Sí de manera aislada y segmentada la fauna, la flora, los bosques, el agua, pero en sí, el todo, el contenedor de todas las formas vivientes que existen en nuestro planeta y no solamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino reconociendo la gran vastedad de especies que aquí habitan y coexisten y que no tienen parangón y no se conocen en ningún otro sitio del universo.

Por ello estamos a favor de estas iniciativas, reconociendo el liderazgo del Estado mexicano, del jefe del Ejecutivo federal en el empuje internacional en torno a este fenómeno y de los compromisos que México ha signado frente al mundo y que debemos que armonizar y llevar a nuestro derecho interno para convertirlo también en derecho positivo mexicano. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guerra. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto; hasta por tres minutos. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, sonido en la curul. De viva voz, por favor, manifieste la intención de su voto. Le pedimos de favor que primero diga su nombre y el sentido de su voto, para que se haga al registro.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Gracias. Diputada Garzón, a favor.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguien más por emitir su voto? El diputado Álvaro Ibarra, el sentido de su voto.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Señor presidente, se emitieron 418 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 9 de diciembre de 2015, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.

3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático duplicado del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-II-7-560, con fecha 18 de enero de 2016.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Mediante la iniciativa materia del presente dictamen, el diputado Roberto Montoya propone que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático integre un Grupo de trabajo de Educación en materia de cambio climático encabezado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su exposición de motivos el diputado Montoya reconoce que en México el desarrollo jurídico en materia de cambio climático ha registrado un avance importante en los últimos años; sin embargo, señala que se requiere del impulso y diseño de arreglos institucionales apropiados a fin de lograr políticas públicas integrales y eficientes ante este fenómeno el cual representa un nuevo reto para el desarrollo de Latinoamérica.

En el caso concreto de México, el diputado promovente refiere, con base en información obtenida de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que el impactos económico atribuible al fenómeno del cambio climático, ha pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21,950 millones para el periodo 2000-2012. El principal factor de riesgo frente a los impactos del cambio climático radica en la vulnerabilidad de su población frente a los fenómenos hidrometeorológicos, aunado a la vulnerabilidad social es decir la pobreza.

A decir del diputado Montoya, el cambio climático configura hoy en día una amenaza inminente y compleja, representando uno de los desafíos más importantes para el país y la comunidad internacional, cuya atención requiere necesariamente del desarrollo de nuevas capacidades. Bajo esta perspectiva, la educación y desarrollo de conocimiento en relación con el medio ambiente y, específicamente en materia de cambio climático, se presenta como una de las apuestas más progresistas y con mayores beneficios sociales, a través del impulso de la participación activa de la población.

En relación con lo anterior el diputado destaca las siguientes consideraciones:

- Que para la UNESCO la educación es una herramienta que permite fortalecer la base de conocimientos sobre el cambio climático para crear sociedades ecológicas.

- Que el impacto de la educación en las nuevas generaciones se enfoca en los siguientes aspectos: Comprender el fenómeno; desarrollo de estrategias para hacer frente, atenuar y adaptarse a los efectos del cambio climático; promover los cambios de actitudes y comportamientos necesarios para poner a nuestro mundo en una senda más acorde con el desarrollo sostenible y, formar una nueva generación de ciudadanos conscientes del cambio climático.

- Que recientemente México presentó sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (en inglés Intended Nationally Determined Contributions o INDCs), las cuales se integran por medidas de adaptación y mitigación. Estas medidas incluyen un enfoque transversal de derechos humanos y perspectiva de género.

- Que al respecto el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha emitido una serie de recomendaciones a México, entre las que destaca, tomar en cuenta la importancia de promover y fortalecer la afinidad de la sociedad y el gobierno hacia los nuevos conocimientos sobre el cambio climático ya que sólo de esta manera se incrementará la capacidad de identificar y aprovechar las ventanas de oportunidad y asignar de forma eficiente los recursos financieros para reducir las emisiones a largo plazo y disminuir la vulnerabilidad del planeta.

Por lo que toca a los diferentes instrumentos que integran el marco normativo mexicano en materia de cambio climático y educación, el diputado destaca lo siguiente:

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo enuncia dentro de los enfoques transversales los siguientes objetivos:

México con Educación de Calidad, objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

México Próspero, objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

2. Que la Ley General de Cambio Climático establece lo siguiente:

En el artículo 45, que la Secretaría de Educación Pública forma parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

El artículo 47 establece las facultades de la Comisión, y por tanto las acciones en las que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe colaborar.

El artículo 22 dispone que entre las atribuciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en materia de educación está el fomentar, en coordinación con la SEP y las instituciones de investigación y educación superior del país, la capacidad científica, tecnológica y de innovación, en materia de desarrollo sustentable, medio ambiente y cambio climático, así como proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la Ley General de Educación.

El artículo 7o. establece que entre las atribuciones de la federación está el promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima;

A decir del diputado Montoya, la participación de la SEP en las políticas públicas sobre educación en materia de cambio climático resulta limitada, debido a su participación tangencial. Lo anterior, pese al margen de acción que otorga la propia Ley, a través de las facultades concedidas a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Por lo anterior, el diputado busca mediante la iniciativa en dictamen fortalecer la participación de la Secretaría de Educación Pública. Para ello, se respalda en lo dispuesto en el artículo 7, numeral XI de la Ley General de Educación, el cual señala que la educación tendrá entre sus finesinculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.

Aunado a lo anterior y en el marco del Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018, en el cual se plantea la actualización progresiva de los materiales educativos, el diputado Tomás Roberto Montoya presenta la iniciativa con proyecto de

Decreto que propone reformar y adicionar un párrafo y una fracción al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático

Único: Se reforma y adiciona la Ley General de Cambio Climático el artículo 49 (sic), donde se propone adicionar la fracción VII y que la fracción VII de la Ley General Vigente se convierta en VIII, y adicionar un párrafo para quedar de la siguiente manera:

Capítulo II

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

Artículo 49. La comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes

I. al VI.

VII. Grupo de trabajo de Educación en materia de cambio climático, el cual deberá ser coordinado por el representante de la Secretaría de Educación Pública.

VIII. Los demás que determine la comisión.

La Secretaría de Educación Pública impulsará y coordinará las actividades enfocadas a promover la educación en materia de cambio climático. De manera concreta, fomentará la inclusión de información sobre la materia en el contenido de los materiales educativos, de acuerdo a su normatividad y en atención a lo establecido en el artículo 22 fracción XIII (sic) de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los instrumentos normativos que derivan de la presente ley, así como los que integran el Plan Nacional en materia de cambio climático deberán adecuarse a la presente reforma.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que promueve el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES:

Primera. Esta Comisión de Cambio Climático coincide con la propuesta del diputado Roberto Montoya, misma que tiene como objetivo fortalecer la participación de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que la educación en materia de medio ambiente y cambio climático configure una de las principales estrategias frente a la adaptación y mitigación de este fenómeno.

Segunda. De acuerdo con la Iniciativa de la UNESCO para el Cambio Climático, para hacer frente a este fenómeno mundial, es necesaria una acción concertada de todas y cada una de las partes de la sociedad. La Iniciativa de la UNESCO sobre el Cambio Climático fue puesta en marcha por la Directora General, Irina Bokova, en Copenhague, durante la 15ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCCNU COP 15). El objetivo de este documento es impulsar el reforzamiento de las capacidades científicas, de atenuación y de adaptación de los países y comunidades más vulnerables ante los efectos del cambio climático.

La iniciativa se basa en cuatro ámbitos temáticos: ciencias, educación, medio ambiente y ética. Por lo que toca al tema de la educación sobre el cambio climático, en el marco general de la Educación para el Desarrollo Sostenible, se plantea la elaboración de un programa de educación que aplique enfoques educativos innovadores dirigidos especialmente a los jóvenes a comprender, hacer frente, atenuar y adaptarse a los efectos del cambio climático; promover los cambios de actitudes y comportamientos necesarios para poner a nuestro mundo en una senda más acorde con el desarrollo sostenible; y formar una nueva generación de ciudadanos conscientes del cambio climático.

En relación con lo anterior, esta dictaminadora alude al Programa de Educación en Cambio Climático, Manual del Docente, en cuyo contenido destaca quela alfabetización científica permite responder ante los problemas globales de manera razonada e informada, dado que el individuo cuenta con las capacidades de análisis necesarias para valorar la información y tomar una decisión independiente.

A todas luces, se requiere de grandes esfuerzos para atender, con la importancia que lo requiere, el actual escenario climático, cuya variación y efectos adversos son innegables. La participación conjunta del gobierno y sociedad para generar un cambio cultural resultan cruciales y, como lo refiere el diputado promovente, la educación con el consecuente desarrollo de habilidades, capacidades, así como el acceso a información adecuada y oportuna, será una de las estrategias más eficientes para enfrentar la problemática.

Tercera. Esta comisión dictaminadora determina aprobar en sentido positivo la iniciativa en comento con las siguientes modificaciones.

Podría objetarse la reforma que aquí se analiza, puesto que el mismo artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, en su fracción IV considera la integración de un grupo de trabajo de mitigación.

Así mismo, la fracción II del artículo 47 establece que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático ejercerá, entre otras atribuciones, la de “Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes...”

El artículo 34 de la misma ley establece acciones de mitigación en diferentes sectores y que en materia de educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción (fracción VI), se deben considerar las siguientes acciones:

“ a) Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en patrones de producción y consumo.

b) Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de energía, el transporte y la gestión integral de los residuos.

c) Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus trabajadores y empleados tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, consumo, educación y entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas de trabajo continuas.

d) Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación y construcción de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.”

Es claro que no se considera en esta fracción la educación en el sistema formal y que, en cambio, se hace referencia a programas de difusión dirigidos a la población en general.

La Ley General de Cambio Climático establece como una atribución del INECC la de “Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la Ley General de Educación”.

Sin embargo, una revisión a los textos que se están utilizando actualmente en el sistema educativo nacional muestra que no se abordan de manera clara, con la importancia que el tema amerita, los conceptos del cambio climático y, por consiguiente, la forma en que la población puede contribuir con acciones de mitigación y adaptación. Si bien los temas ambientales aparecen desde los primeros años de la educación básica, es hasta el sexto grado de la educación primaria cuando aparece el tema específico, mas no con la profundidad que en ese nivel educativo se puede abordar.

Por otra parte, la Ley General de Educación le concede a la Secretaría de Educación Pública, como se puso de relieve al describir el contenido de la iniciativa del diputado Montoya, como un fin particular el inculcar conceptos y principios en materia de ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático y elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático.

Como lo considera la UNESCO, la educación es una herramienta que permite fortalecer la base de conocimientos sobre el cambio climático para crear sociedades ecológicas.

Los diputados integrantes de la Comisión de Cambio Climático consideran que la educación de niños y jóvenes será importante para que en el largo plazo se realicen acciones de combate al cambio climático que permitan mantener el equilibrio climático como lo conocemos y evitará catástrofes de magnitudes inimaginables.

Por ello, se estima que la reforma que aquí se dictamina generará las condiciones que hagan posible poner en primer plano el tema de la educación como acción de mitigación del cambio climático con el impulso que le puede dar la Secretaría de Educación Pública al encabezar los trabajos de un grupo de trabajo al seno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

A fin de evitar redundancia en la ley se omite referir en la fracción VII que la SEP encabezará el Grupo de trabajo de Educación toda vez que el adicionado último párrafo del artículo lo establece.

Por otra parte, con el propósito de armonizar la redacción y otorgarle claridad a las facultades de las dependencias involucradas, en el texto del párrafo que se adiciona, se considera establecer que la Secretaria de Educación Pública encabezará el grupo de trabajo en materia de educación con el objetivo de promover la educación en materia de cambio climático y que la misma secretaría impulsará los esfuerzos encaminados a la inclusión de información sobre cambio climático en el contenido de los materiales educativos.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Cambio Climático de la LXIII Legislatura somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

ÚNICO. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para quedar como fracción VIII del artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático y se adiciona un último párrafo del mismo artículo para quedar como sigue:

Artículo 49. ...

I. al VI. ...

VII. Grupo de trabajo de Educación en materia de cambio climático.

VIII. Los demás que determine la comisión.

...

...

La Secretaría de Educación Pública encabezará el grupo de trabajo en materia de educación con el objetivo de promover la educación en materia de cambio climático; así mismo, impulsará los esfuerzos encaminados a la inclusión de conocimientos y valores sobre cambio climático en el contenido de los materiales educativos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción XII del artículo 22 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Iniciativa de la UNESCO para el Cambio Climático, Educación sobre el Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible, edición digital 2011.

2 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente Primera edición digital, marzo 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2016.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Alex Le Baron González (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García, Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Mirza Flores Gómez, Cecilia Guadalupe Soto González, Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. del segundo proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, por dos minutos.

Va a ser por tres minutos por los problemas que se tienen cuando se registra en el sistema electrónico.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputaos. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Serenos, yo sé que están con la euforia de la terminación de los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Cierren las puertas.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:¿Algún diputado o diputada falta por votar? Todavía está abierto. Adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Cierren las puertas.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 417 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, consigne 418, porque inexplicablemente mi voto aparece en abstención, pero es a favor; entonces, es 418.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:O 19.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, a lo mejor me equivoqué aquí con las prisas y con esa aclamación de ustedes lo ponen a uno nervioso, como quiera que sea. El diputado Cándido Cueto también dice que se registró abstención y que su voto es a favor. Por lo tanto, serían 419 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X, del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos éstos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el 17 de octubre de 2015, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa por la que se reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen”.

3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-II-2-164, con fecha 17 de noviembre de 2015.

II. CONTENIDO Y OBJETO DE LA INICIATIVA:

El diputado proponente inicia su exposición de motivos señalando que el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático establece los principios que han de regir la política nacional en la materia, a lo que agrega que el principio 11 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo señala que los estados deben promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.

Hace posteriormente una relación de las cumbres internacionales, acuerdos y compromisos a los que se ha adherido nuestro país en materia ambiental y del cambio climático:

1. En la Cumbre de Río de 2012, las naciones ahí reunidas renovaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico y social sostenible para el planeta y para las generaciones presentes y futuras.

2. En la Cumbre de Río, se hizo énfasis en la necesidad de seguir examinando periódicamente el entorno cambiante de la Tierra y sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos.

En 2012, los jefes de Estado y de gobierno y los representantes de alto nivel, renovaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. Ahí se reconoció que son objetivos y requisitos generales del desarrollo sostenible la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico, social y humano, la promoción de un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

A partir del reconocimiento de estos principios, los Estados se comprometieron a fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como principal autoridad ambiental mundial que establece las actividades mundiales en esta materia.

Así mismo, se subrayó la necesidad de seguir examinando periódicamente el entorno cambiante de la Tierra y sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos; que el desarrollo sostenible debería incorporarse en las actividades de los programas, fondos y organismos especializados de las Naciones Unidas, otras entidades pertinentes como las instituciones financieras internacionales y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; la necesidad de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia; se reconoció la importancia de los sistemas de alerta temprana como parte de una reducción efectiva del riesgo de desastres para reducir los daños económicos y sociales, incluida la pérdida de vidas humanas, por lo que se alentó a los Estados a que integren esos sistemas en sus estrategias y planes nacionales de reducción del riesgo de desastres.

En este mismo sentido, se reafirmó que el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo, por lo que es necesaria la cooperación más amplia posible y la participación de todos para acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global, así como movilizar financiación para apoyar medidas de mitigación nacionales apropiadas, medidas de adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de la capacidad en los países en desarrollo.

Por ello se consideró necesaria la formulación de objetivos para la puesta en marcha de medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible, basados en el Programa 21 y en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y que respeten todos los Principios de Río y los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Éstos deben ajustarse al derecho internacional, basarse en compromisos ya contraídos y estar orientados a la acción. A su vez, éstos deben ser ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales.

Señala el diputado Guerra un punto muy importante: “...que el Estado mexicano, por ser parte de diversos acuerdos, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, está obligado a actuar en consecuencia para la protección del planeta Tierra y la conservación del ambiente”.

Finaliza esta descripción de los alcances de la Convención de Río, agregando que en ella “...se reconoció la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, reafirmando el valor intrínseco de la diversidad biológica y el papel primordial que desempeña en el mantenimiento de ecosistemas que prestan servicios esenciales, por lo que es importante consolidar la resiliencia de los ecosistemas e incorporar la consideración de los efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales en los programas y políticas pertinentes a todos los niveles”.

3. Refiere el diputado Guerra que “...a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, se agregó a la visión política y jurídica de nuestro país el principio relativo al respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos; con ello México se adhirió a la perspectiva mundial entorno al respeto de la persona humana como parte fundamental de la exigencia internacional, para consolidar el estado democrático desde la óptica del individuo y su desarrollo en un marco de libertad, igualdad, respeto y seguridad jurídica. En este entorno, México ha adoptado principios que la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas ha vertido en sus resoluciones, y que a la par han hecho eco en la Asamblea General de la institución internacional”.

4. Pasa a continuación a señalar los compromisos que nuestro país ha adquirido en materia ambiental, los cuales se ven reflejados en diversos instrumentos internacionales, como lo son:

• Mecanismo Ambiental Global. México ratificó su participación en este mecanismo de otorgamiento de fondos en marzo de 1994.

• Acuerdos paralelos del TLC. Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México firmaron los acuerdos paralelos del TLC en materia laboral y ambiental el 14 de septiembre de 1993. Esos acuerdos entraron en vigencia junto con el TLC el 1 de enero de 1994.

• La Cocef y el BDAN. El Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el Establecimiento de una Comisión de Cooperación Ecológica Transfronteriza y un Banco de Desarrollo de América del Norte firmado el 18 de noviembre de 1993 establece una comisión para evaluar y certificar los proyectos de infraestructura que se propongan construir a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

• Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental. Este fondo fue creado bajo los auspicios del Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental de América del Norte, en 1996, entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, y tiene como finalidad financiar proyectos comunitarios que promuevan el cumplimiento de las metas de la Comisión para la Cooperación Ambiental.

• Memorándum de Entendimiento sobre Educación Ambiental. Este memorándum entre Canadá, México y Estados Unidos se firmó el 17 de septiembre de 1992, con miras a promover, desarrollar, coordinar y crear capacitación educativa y ambiental conjunta, así como intercambiar información que mejore la protección del medio ambiente, la calidad de vida y la conciencia públicas.

Una vez hecho este recuento, el diputado Guerra expone, la reforma que aquí se dictamina en los siguientes términos:

Decreto

Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Política Nacional de Cambio Climático

Capítulo I

Principios

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de

I. a X. ...

XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad;

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales; y

XIII. Generación de acuerdos de colaboración internacional para promover la inclusión del planeta Tierra como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional, a fin de lograr el desarrollo sostenible, minimizar la degradación ambiental y las acciones humanas que la provoquen.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES.

Durante la formulación del presente dictamen, el cuerpo técnico de la Comisión de Cambio Climático sostuvo consultas con la oficina del diputado Braulio Guerra. Resultado de dichas consultas, fue la ampliación de información y conceptos que se han incorporado a este documento.

PRIMERA. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden y comparten la inquietud del diputado promovente en el sentido que en la lucha contra el cambio climático se necesita una visión integral planetaria, que rebasa los límites del estado-nación, de gobierno e incluso al propio ser humano.

Esta concepción permitiría que en el caso de actos o acciones que atenten contra el medio ambiente, o que se realizaran actos de gran magnitud que propicien las condiciones que desencadenan el cambio climático se pudiera sancionar a personas físicas o jurídicas.

Actualmente, si alguna persona contamina o daña el medio ambiente en aguas internacionales, por ejemplo, no es posible sancionarla hasta que este daño afecta al territorio de un Estado en particular. Este fue el caso del derrame petrolero de 2010 en el Golfo de México, que representó una de las peores catástrofes ecológicas causadas por el hombre y los grandes intereses de las compañías petroleras multinacionales. Millones de barriles de petróleo, alrededor de 5 mil diarios (equivalentes a unos 800 mil litros) fueron expulsados por un pozo en aguas profundas de la empresa British Petroleum.

SEGUNDA. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está limitado ya que, como regla primaria que prescribe sanciones y que indica las conductas que se consideran deseables, no establece como crimen ante la competencia de la Corte, los asuntos ambientales que afectan la supervivencia del ecosistema; es decir, como un crimen que no solo impacta contra la humanidad, sino que altera la integridad del “todo” y de todas las formas vivientes en el planeta, por lo que su consideración y jerarquía debe ser claramente superior.

En el derecho internacional público se han establecido, de manera reciente, reglas primarias, como lo es el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, pero aún con una visión orientada y restringida a los atentados contra la humanidad y a la guerra. Claro está, que representa un avance altamente significativo que incorpora, desde una visión moderna, a la persona como sujeto del derecho penal internacional; parte del derecho internacional público, que rebasa a la propia Convención de Viena de 1969, que limita a los sujetos de este derecho a los estados y a las organizaciones formalmente hasta su protocolo en 1986.

No obstante el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está limitado, siendo que como regla primaria que prescribe sanciones y que indica las conductas que se consideran deseables, no establece como competencia de la Corte, los crímenes relacionados con asuntos ambientales que afectan la supervivencia del ecosistema que no solo impacta contra la humanidad sino que altera la integridad del “ todo” y de todas las formas vivientes en el planeta. Por ello su consideración y jerarquía es claramente superior.

En este sentido, el artículo 5.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dispone lo siguiente:

“Artículo 5.1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.”

El proponente de la iniciativa en cuestión considera este instrumento como regla primaria imperante para todo el sistema jurídico internacional, y que debería incorporar un inciso: e) El crimen de atentados graves contra el medio ambiente como violación al derecho a la coexistencia global de todas las especies y formas de vida en la tierra.

Es por estos motivos que a esta comisión aprueba incluir la propuesta del diputado Guerra en la legislación mexicana vigente, con el propósito de que el Estado mexicano promueva en las altas instancias internacionales la incorporación de esta visión del medio ambiente del planeta Tierra como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional.

TERCERA. El derecho regula la actividad humana y que a la vez protege al género desde un ángulo particular y colectivo. El derecho encuentra en la vida humana el bien jurídico a tutelar por excelencia, por ello, podemos advertir que la constante en las legislaciones penales en el mundo es la de interiorizar las sanciones por delitos contra el honor o bien la propiedad, y maximizar los castigos para quienes privan de la vida a otra persona.

Es la vida, pues, un valor absoluto; sin embargo, no lo debe ser solamente la vida humana, sino que es fundamental la protección a la vida de todo cuanto vive para que ésta prevalezca en su conjunto. Así las cosas, la vida ha adquirido el grado máximo de tutelaje por el derecho, siendo que el punto más alto de la pirámide debe ser el recipiente que alberga toda la existencia vital: el planeta.

Por tanto, la tutela del ambiente planetario adquiere una significación principalísima, en razón de que constituye el recipiente en donde se alojan todas las formas de vida conocidas por el hombre hasta el momento.

CUARTA. La Iniciativa propone modificar el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, cabe hacer la siguiente reflexión:

La lectura de la redacción del artículo 26 debe hacerse de manera integral de modo que haya coherencia en la misma, que sea claro el sentido del mismo. La redacción de dicha disposición estipula los principios que regirán la política nacional de cambio climático. Así, entonces, el artículo en cuestión se lee de la siguiente manera:

“Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de... sustentabilidad, corresponsabilidad, precaución, prevención, etcétera”.

La reforma que aquí se analiza no propone un principio adicional para delinear la política nacional de cambio climático; propone, en cambio, que se generen acuerdos de colaboración internacional, lo cual queda fuera del contexto y no es coherente con la redacción del artículo en cuestión.

Así, la inclusión de la adición propuesta en la iniciativa que aquí se dictamina se leería de esta manera:

“En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de (I-XII) XIII. Generación de acuerdos de colaboración internacional para promover la inclusión del planeta Tierra como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional, a fin de lograr el desarrollo sostenible, minimizar la degradación ambiental y las acciones humanas que la provoquen”.

QUINTA. Las leyes se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores. La propuesta de reforma, en cambio, es una disposición que eventualmente podría dar lugar a un acto (lograr acuerdos), a partir del cual dejaría de tener vigencia lo que le da un carácter temporal.

SEXTA. Por las consideraciones Cuarta y Quinta anteriores, esta comisión dictaminadora estima necesario modificar la reforma contenida en la iniciativa en comento, de modo que se incorpora una adición a la fracción X del artículo 47, correspondiente a las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; órgano en el que participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la secretaría competente en materia de la conducción de la política exterior y que, por lo tanto, interviene en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte (artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

A lo anterior, se agrega que cuando se habla del planeta Tierra, se alude a un todo impreciso, sin referirse al objetivo exacto que se busca proteger, como sería los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas o todo aquello que integra el medio en que vive la humanidad, como quedó claro en la consideración Tercera.

De esta manera la modificación queda en los siguientes términos:

Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes:

I al IX...

X. Formular propuestas para determinar el posicionamiento nacional por adoptarse ante los foros y organismos internacionales sobre el cambio climático, así como impulsar acuerdos internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente global y la coexistencia global de todas las formas de vida en el planeta Tierra como un bien jurídico tutelado por el Derecho Internacional;

XI al XVIII...

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

ÚNICO. Se modifica la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

I al IX ...

X. Formular propuestas para determinar el posicionamiento nacional por adoptarse ante los foros y organismos internacionales sobre el cambio climático, así como impulsar acuerdos internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente global y la coexistencia de todas las formas de vida en el planeta Tierra como un bien jurídico tutelado por el Derecho Internacional;

XI al XVIII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cuando se celebra la Convención sobre el Derecho de los Tratados en su contenido solamente se consideró a los Estados como sujetos de derecho internacional público, siendo que la ONU ya venía funcionando desde 1945, incurriendo en una grave omisión relativa a la inclusión de las organizaciones internacionales como sujetos. Frente a tal error, no fue hasta 1986 cuando se estableció el protocolo a dicha convención que le dio existencia jurídica a las organizaciones frente al derecho internacional público.

2 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

Consultado el día 27 de agosto de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2016.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Alex Le Baron González, Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García, Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Mirza Flores Gómez, Cecilia Guadalupe Soto González, Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por dos minutos... A petición de la asamblea, que es soberana, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por un minuto, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por un minuto para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo sé que están ansiosos porque iniciemos con las rondas de iniciativas. Ciérrense las puertas.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:¿Falta algún diputado o alguna diputada por votar? Por favor, ahí hay uno.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 414 votos a favor...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, aquí hay uno más de la diputada Jisela Paes.

La diputada Jisela Paes Martínez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y continuamos, yo sé que están ansiosos por ello, con la presentación de iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el de la voz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social al tenor de la siguiente exposición de motivos:

México se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus 62 pueblos indígenas. Hoy tenemos más de 15 millones de personas pertenecientes a estos pueblos, quienes por si fuera poco habitan en alrededor de la quinta parte del territorio nacional, población que vive en circunstancias de precariedad.

De acuerdo con el Inegi, en el 2010, 8.5 millones de hablantes de lengua indígena se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, el 72.5 por ciento de este grupo de población. Para 2012 la proporción se redujo a 62.3 por ciento, sumando 8.4 millones de población indígena en condiciones de pobreza multidimensional.

En ese mismo año, de esta población el 30.2 por ciento padece pobreza multidimensional extrema. En este contexto de rezago social y económico, la población indígena precisa de la atención del Estado y por ende se requiere de los cambios legislativos necesarios que representen el mecanismo para revertir sus condiciones actuales a través del desarrollo humano y de políticas públicas que brinden una mejora continua en la calidad de vida de la población indígena, es decir, el Estado mexicano debe armonizar su marco jurídico en congruencia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con objeto de redefinir el perfil socioeconómico de los grupos indígenas, en función de sus características particulares y, a la vez, cumplir con los compromisos internacionales contraídos, como es el caso de las recomendaciones realizadas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

Los pueblos indígenas cuentan con una diversidad de características de acuerdo a la región en que se encuentran situados. En ese sentido, es necesario que el diseño de la legislación y de las políticas públicas se generen en función de sus diferentes contextos, a fin de hacerlas funcionales y que respondan a las necesidades requeridas.

El Poder Legislativo ha contribuido de manera sustancial para el logro del reconocimiento de los derechos humanos. Es el caso de la aprobación de diversas leyes, como la reforma garantista a la Constitución en 2011; la de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006; la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2002; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2003, y la Ley General de Derechos Logísticos de los Pueblos Indígenas, en ese mismo año; instrumentos que sin duda constituyen el punto de partida para fortalecer a los marcos jurídicos con perspectivas de derechos indígenas.

La propuesta va encaminada a revertir la marginación en la cual se encuentran inmersos los más de 15 millones de indígenas de este país, a través de las promociones del ejercicio de sus derechos y del desarrollo humano.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

Único. Se reforma el artículo 2 y se adiciona una fracción X al artículo 1o. Las fracciones XI y XII al artículo 3, una fracción X al artículo 10, las fracciones V y VI al artículo 11, y un artículo 12 Bis y una fracción VI al artículo 14. Todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Por obviedad de término y en razón de que este documento se encuentra publicado en la Gaceta legislativa, no daré lectura al texto íntegro y adecuado.

Artículo 1, fracción X. Promover el desarrollo humano, fortaleciendo el proceso de crecimiento y expansión de capacidades humanas, de tal forma que permita a las personas mejorar su calidad de vida.

Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria, excluyente o nugatoria de derechos en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, compañeras y compañeros, pedimos su apoyo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

México se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus 62 pueblos indígenas, hoy tenemos más de 15 millones de personas pertenecientes a éstos pueblos, quienes por si fuera poco, habitan en alrededor de la quinta parte del territorio nacional, población que vive en circunstancias de precariedad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, 8.5 millones de hablantes de lengua indígena se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, 72.5 por ciento de este grupo poblacional. Para 2012 la proporción se redujo a 72.3 por ciento, sumando 8.4 millones de población indígena en condiciones de pobreza multidimensional, en ese mismo año, de esta población el 30.2 por ciento padecen pobreza multidimensional extrema.

En este contexto de rezago social y económico, la población indígena precisa de la atención del Estado, y por ende, se requiere de los cambios legislativos necesarios que representen el mecanismo para revertir sus condiciones actuales, a través del desarrollo humano y de políticas públicas que brinden una mejora continua en la calidad de vida de la población indígena, es decir, el Estado mexicano debe armonizar su marco jurídico en congruencia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el objeto de redefinir el perfil socioeconómico de los grupos indígenas en función de sus características particulares, y a la vez, cumplir con los compromisos internacionales contraídos, como es el caso de las recomendaciones realizadas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en el documento relativo al tema de mujeres indígenas de las zonas rurales, en donde, y cito, el comité observa que la Convención ha sido traducida a 10 idiomas indígenas; observa también que se han establecido centros de mujeres indígenas para prevenir y tratar la violencia y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación, el alto nivel de pobreza, analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra la mujer indígena de las zonas rurales, particularmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Los pueblos indígenas cuentan con una diversidad de características de acuerdo a la región en que se encuentren situados, en ese sentido, es necesario que el diseño de la legislación y de las políticas públicas se generen en función de sus diferentes contextos, a fin de hacerlas funcionales y que respondan a las necesidades requeridas, para ello, es menester visibilizar en la norma el enfoque de derecho que impacte a favor del desarrollo y del enfoque intercultural.

La vinculación entre el enfoque intercultural y el desarrollo humano, debe de favorecer el ejercicio de derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los grupos indígenas.

El Poder Legislativo, ha contribuido de manera sustancial para el logro del reconocimiento de los derechos humanos, es el caso de la aprobación de diversas leyes como la reforma garantista a la Constitución (2011), la de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2002), para prevenir y eliminar la Discriminación, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), instrumentos que sin duda constituyen el punto de partida para fortalecer los marcos jurídicos con perspectiva de derechos indígenas y, en ese orden de ideas, la generación de leyes que conlleven al reconocimiento y acceso al ejercicio de los derechos humanos de éstos pueblos, es una deuda del Estado mexicano con sus raíces, ineludible además, por la imperante necesidad de crear normas incluyentes que coadyuven a la cohesión social de México.

La propuesta, va encaminada a revertir la marginación en la cual se encuentran inmersos más de 15 millones de indígenas en este país, a través de la promoción del ejercicio de sus derechos y del desarrollo humano.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que reforma y adicionan diversos artículos a la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforma el artículo 2; y se adiciona una fracción X al artículo primero; las fracciones XI y XII al artículo 3; una fracción X al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un artículo 12 BIS y una fracción VI al artículo 14, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. a IX. ...

X. Promover el desarrollo humano, fortaleciendo el proceso de crecimiento y expansión de capacidades humanas de tal forma que permita a las personas mejorar su calidad de vida.

Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria, excluyente o nugatoria de derechos en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.

Artículo 3. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios:

I. a X. ...

XI. Enfoque de derechos: Visión basada en los derechos humanos consiste en servir de herramienta para identificar y analizar las desigualdades que forman parte de los problemas más importantes del desarrollo para, de esa forma, corregir las prácticas de carácter discriminatorio que limitan el desarrollo humano; y

XII. Enfoque intercultural: Visión orientada a abordar las particularidades de los pueblos indígenas, afro descendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a IX. ...

X. Recibir la atención respetando su identidad cultural, que les permita el ejercicio de todos sus derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades para su desarrollo integral.

Artículo 11. La política nacional de desarrollo social tiene los siguientes objetivos:

I. a IV. ...

V. Promover el fortalecimiento de capacidades para garantizar el desarrollo humano, tomando en cuenta sus necesidades estratégicas en función de su condición de género, etaria y su cosmovisión cultural y origen étnico-racial, y

VI. Adoptar medidas para aumentar la participación social en la vida económica, social, cultural y política, a través de los organismos nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, cooperativas, asociaciones indígenas, organizaciones de trabajadores y de empleadores y organizaciones femeninas y juveniles, a fin de lograr la plena integración de la sociedad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático.

Artículo 12 Bis. Promover en los planes, políticas, programas y lineamientos destinados a eliminar la pobreza, los enfoques intercultural y de derechos, de acuerdo con las condiciones y circunstancias particulares de los indígenas de las zonas rurales.

Artículo 14. La política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. a V. ...

VI. Vinculación entre el enfoque intercultural y el desarrollo humano.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Página web de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Revisión octubre 2013,

http://www.cdi.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zúñiga. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les informo, compañeras y compañeros diputados, que tenemos aquí una iniciativa, que ahorita presentará el diputado Waldo Fernández, pero que viene suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y además por una cantidad significativa de diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios, que tiene que ver con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Y les adelanto que lo vamos a someter a consideración si le damos un trámite de urgente resolución, con la dispensa de todos los trámites, por efecto de que estamos ya en los últimos días de trabajo del periodo de sesiones ordinarias. El Senado es probable que concluya mañana sus actividades y habría que considerar la pertinencia, cosa que yo comparto, de darle un curso inmediato.

De tal suerte que para que nadie se nos vaya, de los que ya están aquí, y para que quienes se ausentaron por cualquiera razón puedan ser invitados por su respectivo grupo parlamentario a que se reintegren a la sala de sesiones.

Y en consecuencia con todo lo anterior, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández, a nombre de varios diputados, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, suscrita –como lo dije– por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, diputado Fernández.

El diputado Waldo Fernández González:Con su venia, señor presidente. Como ya lo citó usted, esta iniciativa está presentada por varios diputados, entre ellos los coordinadores de las bancadas.

La intención de ésta es recordarles un poco que el 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la desindexación del salario mínimo, conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización.

Conforme al decreto, la UMA se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas de la Ciudad de México, así como en todas las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de desindexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a los hijos.

En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad de indexación que lo sustituya en dicha función.

Cabe mencionar que el valor inicial de la UMA, de acuerdo con el segundo transitorio del decreto, es el equivalente al que tenía el salario mínimo general vigente diario para todo el país al momento de la entrada en vigor del decreto, por lo que a fin de dar cumplimiento con dicho transitorio el Inegi publicó el 28 de enero del 2016, en el Diario Oficial de la Federación el valor inicial diario de la UMA conforme a dicha disposición transitoria.

Asimismo el segundo transitorio del decreto estableció que la UMA se actualiza conforme al procedimiento previsto en el quinto transitorio del propio decreto, hasta en tanto se promulgue la ley objeto de la presente iniciativa.

En esta iniciativa se propone que la actualización del valor de la UMA siga el mismo método que se estableció en el quinto transitorio del decreto, por lo que dicha actualización se ajustará conforme al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, a la inflación.

De este modo la conversión inicial de los montos será de uno a uno, y estos mantendrán constante en el tiempo su poder adquisitivo sin generar distorsiones como las que se podían ocasionar con la vinculación al salario mínimo. Así la UMA da certidumbre a la actualización de los supuestos y montos indexados a él.

En términos generales el valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el Inegi, de conformidad con el siguiente método: el valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de diciembre del año inmediato anterior.

El valor mensual será producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4 y el valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12.

Por todo esto quiero agradecer a los diputados César Octavio Camacho, Marko Antonio Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, Norma Rocío Nahle García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Alejandro González Murillo, Federico Döring Casar, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Octavio Herrera Borunda, Virgilio Caballero Pedraza, María Elena Orantes López, Soralla Bañuelos de la Torre y Alfredo Ferreiro Velazco, por firmar de manera conjunta esta iniciativa, y al resto de los diputados que se vayan a sumar a esta. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa de decreto que expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y diversos diputados.

Los suscritos diputados César Octavio Camacho Quiroz, Marko Antonio Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, Norma Rocío Nahle García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Alejandro González Murillo, Federico Döring Casar, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Octavio Herrera Borunda, Virgilio Caballero Pedraza, María Elena Orantes López, Soralla Bañuelos de la Torre y Alfredo Ferreiro Velasco integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, al tenor de la siguiente:

El 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (decreto), conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Conforme al decreto, la UMA se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad de indexación que lo sustituya en dicha función.

Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización (artículo 28 de la Ley del Seguro Social, por ejemplo).

Asimismo, es importante señalar que conforme al artículo 26, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sea la autoridad facultada para calcular, en los términos que señale la ley reglamentaria que apruebe el Congreso de la Unión, el valor de la UMA.

En este sentido, a fin de dar cumplimiento con el quinto transitorio del decreto, el cual establece la atribución para que esa soberanía emita la ley reglamentaria que será utilizada por el Inegi para calcular y determinar el valor de la UMA, se somete a su consideración esta iniciativa.

Cabe mencionar que el valor inicial de la UMA de acuerdo con el segundo transitorio del decreto es el equivalente al que tenía el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del decreto, por lo que a fin de dar cumplimiento con dicho transitorio, el Inegi publicó el 28 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el valor inicial diario de la UMA conforme a dicha disposición transitoria. Asimismo, el segundo transitorio del decreto estableció que la UMA se actualizará conforme al procedimiento previsto en el quinto transitorio del propio decreto, hasta en tanto se promulgue la ley objeto de la presente iniciativa.

En esta iniciativa se propone que la actualización del valor de la UMA siga el mismo método que estableció el quinto transitorio del decreto, por lo que dicha actualización se ajustará conforme al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir a la inflación. De este modo, la conversión inicial de los montos será de uno a uno, y éstos mantendrán constante en el tiempo su poder adquisitivo, sin generar distorsiones como las que podía ocasionar la vinculación al salario mínimo. Así, la UMA da certidumbre a la actualización de los supuestos y montos indexados a ésta.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esa soberanía, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización

Artículo único.Se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá por:

I. Índice Nacional de Precios al Consumidor: El que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía conforme a lo previsto en el artículo 59, fracción III, inciso a de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;

II. Inegi: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y

III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.

Artículo 4.El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el Inegi, de conformidad con el siguiente método:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4.

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12.

Artículo 5.El Inegi publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en vigor dichos valores e1 1o. de febrero de dicho año.

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El valor de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor de esta ley, será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 28 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, mismo que permanecerá vigente hasta en tanto se emita otra publicación en términos del artículo 5 de la presente ley.

Tercero.El valor a que se refiere el transitorio anterior se actualizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 4 de la presente ley.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Waldo Fernández González,Alejandro González Murillo, César Octavio Camacho Quiroz, Eva Florinda Cruz Molina, Federico Döring Casar, Francisco Martínez Neri, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Jesús Sesma Suárez, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Marbella Toledo Ibarra, Moisés Guerra Mota, Norma Rocío Nahle García, Salvador Zamora Zamora, Soralla Bañuelos de la Torre, Verónica Delgadillo García, Victoriano Wences Real, Wesceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaria a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites. Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que ya ha sido considerado aquí. No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A los tres vamos a preguntar si falta alguien o no.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya. No se mueve nadie intempestivamente en el salón ni se mueve tampoco el tablero electrónico.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 368 votos a favor, abstenciones 1 y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 368 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Perdón, ¿me decía algo, diputada secretaria? Que se agrega un voto, ¿De quién?

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Hugo Eric Flores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hugo Eric Flores.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Hugo Eric Flores a favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El sentido de su voto a favor, del diputado Hugo Eric Flores, señor presidente.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Pool Pech también a favor, de tal suerte que serían 370. Diputado Tomás Montoya

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor. Tres, siete, uno. Bien. Ya. El diputado Mota.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor. Tres, siete, dos, y ahí ya. Aprobado en lo general y en lo particular por 372 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. Tiene la palabra ahora por cinco minutos, el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor. Ambas en una misma intervención.

El diputado Luis Fernando Antero Valle:Con su venia, diputado presidente. Agradecería me pudiera acumular hasta cinco minutos, puesto que presentaré dos iniciativas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí los tiene, ya está corriendo el tiempo.

El diputado Luis Fernando Antero Valle: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores y público que nos acompaña en este recinto legislativo. Hago uso de la tribuna para presentar dos iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad en nuestro país.

Cada uno de estos proyectos contiene propuestas distintas, dirigidas a resolver un problema específico y con un objetivo en común; hacer de México un lugar donde las personas estén garantizadas de que el crecimiento económico es posible y donde las oportunidades sean reales para todos.

México experimenta a últimas fechas diversos frenos a su competitividad, presenta una economía débil y una regulación deficiente que desalienta a nuestros emprendedores y empresas locales. Las iniciativas que presento en este momento buscan frenar estas situaciones adversas contribuyendo a crear condiciones integrales que permitan a los mexicanos y a sus empresas maximizar su potencial productivo, aumentando de forma permanente su nivel de bienestar.

Las dos propuestas buscan fortalecer por un lado a las instituciones, y por otro lado el mercado. Todo esto para impulsar desde ambos lados que México avance en el ámbito de la competitividad.

La primera iniciativa es una ley general que se enfoca a la población joven de México, un grupo demográfico que a pesar de tener una fuerte presencia nacional frecuentemente es pasado por alto por elaborar políticas en beneficio de los ciudadanos.

El actual marco legislativo es un factor que contribuye a acrecentar las problemáticas por las que atraviesa este sector, pues es omiso al abordar íntegramente el apoyo a la actividad emprendedora de la población joven de México. Por ello, la propuesta que anuncio se trata de un proyecto de ley que busca regular de una forma expresa la manera en que los jóvenes podrán abrirse camino en la economía mexicana.

Con miras a combatir las condiciones desiguales que mantienen a miles de jóvenes en situación de desempleo, es que se presenta la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, un ordenamiento que busca desarrollar el potencial de este grupo a través de los siguientes puntos fundamentales:

Primero, estamos buscando un financiamiento específico para que los jóvenes busquen la creación de nuevos proyectos, negocios o empresas.

En segundo término, la incorporación en educación básica, media superior, los elementos que permitan fomentar el espíritu emprendedor de estas futuras generaciones.

Por último, estamos buscando el fortalecimiento de la asesoría en la incubación de los proyectos productivos desde la concepción de una idea, hasta la consolidación de una empresa.

La segunda iniciativa tiene como fin introducir un cambio importante en favor de la sociedad, en donde los ciudadanos se vean beneficiados por las políticas públicas que implementa el Estado. Esto pretende lograrse a través de la mejora regulatoria, una política que requiere de una efectiva expansión para que sus ventajas sean percibidas en todo el país.

Actualmente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es el principal ordenamiento nacional que contiene el tema de la mejora regulatoria, sin embargo, es muy escueta la mención que esta ley hace sobre los niveles estatales y los niveles municipales.

Es bien sabido que la mejora regulatoria es una correcta y óptima aplicación y también es capaz de originar una gran cantidad de beneficios, entre los que destacan principalmente menores costos en trámites y servicios para las sociedad y para las dependencias públicas, fácil apertura de empresas y una mayor competitividad económica en nuestro país.

Al día de hoy, compañeros legisladores, existen aún cinco entidades de la República que aún no cuentan con su propia legislación en materia de mejora regulatoria: la Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear una responsabilidad compartida entre la federación, los estados y los municipios.

Ambos temas, compañeros legisladores, son de suma importancia sobre los que esperamos contar con su valiosa participación y su apoyo positivo para mejorar las condiciones de empleo entre los jóvenes mexicanos, así como hacer una mejor promoción de las mejores prácticas desde el gobierno para mejorar empresas y mejorar emprendedores.

Diputado presidente, solicito atentamente que se incluya el texto íntegro de las dos iniciativas en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa tiene la finalidad de hablar por la población joven de México, un grupo demográfico que, a pesar de tener fuerte presencia en el país, con gran frecuencia es pasado por alto, a la hora de elaborar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. En concreto, se trata de un proyecto que busca regular expresamente la manera en que los jóvenes podrán desarrollarse y abrirse camino en la economía mexicana.

De conformidad con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2014 residían en México 29.9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, quienes representa 24.9 por ciento de la población del país. De los adolescentes de entre 15 y 19 años, el Inegi reportó que 8.6 carecían de empleo, mientras que los jóvenes de 20 a 24 años presentaban una tasa de desempleo de 8.3.

Los porcentajes anteriores revelan que, en la transición a la edad productiva, el desempleo de los jóvenes mexicanos disminuye en apenas 0.3. Ésta es una realidad problemática que daña la economía nacional, y cuyos orígenes involucran a múltiples actores sociales.

La sociedad mexicana experimenta desde hace varios años el fenómeno poblacional conocido como “bono demográfico”, caracterizado principalmente porque el número de personas en edad de trabajar es mayor que en ningún otro momento de la historia. Ello propicia la existencia de oportunidades únicas de crecimiento económico, que pueden aprovecharse sólo si se ofrecen las condiciones de inversión, formación y financiamiento que permitan impulsar o crear nuevos negocios y empresas, a partir de proyectos innovadores.

No obstante, para un joven que intenta incorporarse al mercado laboral, a menudo hay obstáculos que van más allá de su preparación académica o sus capacidades reales. Las restricciones que los jóvenes encuentran tienen la forma de prejuicios, como los relativos a inexperiencia e inmadurez, por los cuales se les niega el acceso a empleos que les permitirían adquirir mejores conocimientos. Así, la juventud suele verse estancada e impedida para forjar su vida profesional.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al mismo tiempo que los índices de desempleo juvenil son altos, gran parte de los empleadores asegura no encontrar personas con las habilidades y aptitudes necesarias para llenar sus puestos; estos empleadores afirman que 40 por ciento de sus vacantes no llegan a cubrirse.

La contradicción existente entre la percepción de las empresas y la situación real de los jóvenes da lugar a un ciclo que se perpetúa y crece, donde pocos jóvenes acceden a un empleo remunerado, y de éstos, sólo 15 por ciento obtiene un salario superior a los 6 mil pesos mensuales, de acuerdo con el CCE. Asimismo, 61.1 de los jóvenes ocupados trabaja de manera informal, sin estabilidad, prestaciones o proyección a futuro.

Los jóvenes son un sector con amplias potencialidades de trabajo y desarrollo; con ideas novedosas que pueden aportar mejoras tangibles a la comunidad. Sin embargo, a escala nacional no se cuenta con un apoyo económico destinado a financiar, específicamente, a los jóvenes con iniciativa de emprender un proyecto productivo. Esto ocasiona que cientos de ideas de negocio no se lleven a cabo y se desperdicien posibilidades de crecimiento económico.

Adicionalmente, de acuerdo con el estudio Global Entrepreneurship Monitor, en el ámbito educativo, principalmente en los niveles básico y medio superior, la formación de las futuras generaciones se limita a preparar al estudiante para buscar un empleo, en lugar de ayudarlo a desarrollar habilidades, capacidades y actitudes que lo conduzcan a emprender un negocio propio. Si bien en épocas recientes se ha comenzado a incorporar la idea de la cultura emprendedora en la educación, esto se ha hecho únicamente en el nivel superior, cuando idóneamente tendría que ser parte integral del desarrollo de la persona, desde temprana edad.

El marco legislativo mexicano es otro factor que contribuye a acrecentar el problema descrito, pues es omiso en abordar integralmente el apoyo a la actividad emprendedora en la población joven. Por esta razón, pocas entidades de la República han respondido a la demanda de sectores sociales y empresariales, de crear un marco normativo que obligue a sus gobiernos a incluir en su agenda pública las necesidades de los jóvenes emprendedores.

Ante estas circunstancias, el gobierno federal tiene la obligación de crear mecanismos de financiamiento y asesoría constante y continua, que lleguen de manera ágil y expedita a los jóvenes emprendedores. Del mismo modo, los legisladores tenemos el deber de impulsar leyes que fomenten la competencia de las micro, pequeñas y medianas empresas creadas por jóvenes; y de propiciar que desde los inicios de la formación académica, los educandos adquieran habilidades de emprendimiento y conocimientos prácticos acerca de cómo empezar y mantener un negocio exitoso.

En el ámbito internacional, acciones como las referidas ya están llevándose a cabo con resultados satisfactorios. Por ejemplo, dos tercios de los países de la Unión Europea se dedican a fomentar la cultura emprendedora en sus sistemas educativos, circunstancia que se ve reflejada positivamente en sus economías. Esto ha traído como consecuencia que nuestro país se encuentre en una posición de atraso y, por ende, de desventaja para competir en una economía global.

El punto anterior se demuestra claramente en el documento ¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos?, de Fundación Idea, donde se señala que la edad promedio en la que se comienza una empresa innovadora en México es de 35 años, y la edad promedio de quienes poseen una empresa de este tipo es de 45 años.

Por los motivos descritos, esta iniciativa de ley aborda puntos fundamentales para promover e impulsar al joven emprendedor mexicano, entre los que se consideran:

a) La creación de un financiamiento específico para los jóvenes que busquen la creación de nuevos proyectos, negocios o empresas;

b) Incorporar en la educación básica y media superior elementos que permitan fomentar el espíritu emprendedor a las futuras generaciones;

c) Asesoría e incubación de los proyectos productivos desde la concepción de la idea, hasta su consolidación, mediante un plan de negocios y un análisis de rentabilidad y factibilidad.

Es momento de que nuestro trabajo se oriente hacia la consecución de resultados positivos para la ciudadanía. Para ello, es imprescindible lograr el aprovechamiento digno y pleno de la fuerza de trabajo que son los jóvenes.

Por lo expuesto y fundado, y en uso de las facultades que me confiere el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor

Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés general y tienen por objeto

I. Impulsar el crecimiento económico del país mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, propiciando su incorporación al mercado y economía nacional, como actores fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la nación;

II. Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de acción gubernamental que propicien la implementación de políticas públicas e instituciones que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas, en el marco de esta ley;

III. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura emprendedora y empresarial en los jóvenes mexicanos a través del establecimiento de programas de simplificación administrativa, compensación y estímulo al capital joven, entre otros mecanismos institucionales que apoyen la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial de la juventud;

IV. Promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de emprendimiento, incorporando sus temas y contenidos en las actividades extracurriculares de los niveles educativos básico, medio superior y superior, en los sectores público y privado, de las diferentes modalidades que se imparten en el país; y

V. Promover la inserción de los jóvenes en el sector empresarial.

Artículo 2o.Para efectos de la presente ley se entiende por

I. Cátedra transversal de emprendimiento. La acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de las instituciones educativas en los niveles de educación básica, media superior y superior, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento;

II. Comisión dictaminadora. Es el órgano convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud responsable de determinar y aplicar los criterios de selección de proyectos o ideas de negocio a financiar, por medio de los recursos del Fondo para el Joven Emprendedor.

III. Fomento emprendedor.El desarrollo de la cultura emprendedora por medio del estudio de temas que despierten el interés de los jóvenes por convertirse en agentes de cambio y satisfagan sus metas a través de su propia acción, generando riqueza para sí y su comunidad en un marco de libertad, legalidad y responsabilidad;

IV. Fondo para el Joven Emprendedor. Recurso formado cuando menos por 10 por ciento del monto que se transfiere al Fondo Nacional Emprendedor; siempre que los proyectos sometidos a la consideración de la comisión dictaminadora cumplan los requisitos para acceder a los créditos;

V. Incubadora. Órgano encargado del impulso, desarrollo y asesoría de la actividad productiva económica de proyectos de negocios para la realización exitosa de nuevas empresas, así como de la selección de tales proyectos para el otorgamiento de los beneficios señalados en esta ley;

VI. Joven emprendedor. Persona de 12 a 29 años de edad que identifica una oportunidad de negocio o necesidad de un producto o servicio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha, convirtiendo una idea en un proyecto concreto; ya sea mediante una empresa o una organización social, que genere algún tipo de innovación y empleos;

VII. Joven empresario. Persona de 12 a 29 años de edad que ejercita y desarrolla una actividad empresarial mercantil, a nombre propio, de forma habitual, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado;

VIII. Proyecto incubado de negocios. Es un documento escrito elaborado por un Joven Emprendedor o Empresario, que define claramente los objetivos de un negocio y describe los métodos a emplearse para alcanzar los objetivos. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de un proyecto con un sistema de planeación tendiente a alcanzar metas determinadas;

IX. Inadem. El Instituto Nacional del Emprendedor; órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, encargado del impulso de la cultura emprendedora, de conformidad con el acuerdo que regula su organización y funcionamiento interno; el cual estará a cargo del otorgamiento de los beneficios y apoyos señalados en esta ley, a los proyectos emprendedores que, según el proceso de selección llevado a cabo por la comisión dictaminadora, resulten acreedores a los mismos; y

X. Imjuve. El Instituto Mexicano de la Juventud; organismo público descentralizado de la administración pública federal, responsable de garantizar la participación plena y en equidad de los jóvenes en el acceso a los créditos materia de esta ley.

Artículo 3o. Para promover el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas creadas por jóvenes, el gobierno federal deberá generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y estimular su capacidad emprendedora, para así explotar las potencialidades creativas y aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo regional equilibrado.

Artículo 4o. Las actividades emprendedoras se regirán por los siguientes principios:

I. Formación integral en aspectos y valores como: desarrollo del ser humano y su entorno, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, subsidiariedad, bien común y desarrollo del interés por la innovación, creatividad y competitividad;

II. Estímulo a la investigación y aprendizaje permanente;

III. Fortalecimiento de procesos de trabajo en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social;

IV. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad;

V. Responsabilidad por el entorno, protección y cuidado del medio ambiente, la naturaleza, sus recursos y su comunidad;

VI. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural y ambiental del país; y

VII. Difusión de los procedimientos, normas, reglas, programas, apoyos e incentivos en los diferentes niveles de gobierno.

Artículo 5o. En materia de desarrollo, fomento y cumplimiento de las disposiciones de esta ley, el gobierno federal, así como los estados y sus respectivos municipios, dentro de su competencia, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Promover en toda la educación básica, media superior y superior, pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema educativo-formativo y el laboral-productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios educativos;

II. Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de acción gubernamental, que propicien la implementación de políticas públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas, en el marco de esta ley;

III. Promover el desarrollo productivo de nuevas micro y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas;

IV. Desarrollar estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los jóvenes mexicanos, bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las diferentes instancias educativas, empresariales y de la sociedad civil;

V. Promover estrategias orientadas al desarrollo de proyectos productivos, innovadores, creativos y competitivos que impulsen el desarrollo nacional;

VI. Establecer los principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e interinstitucional que fomenten y promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas innovadoras y competitivas;

VII. Crear un vínculo entre el sistema educativo y sistema productivo nacional, mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales, a través de una cátedra transversal de emprendimiento;

VIII. Inducir y posibilitar el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de nuevas empresas;

IX. Promover y crear un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Fondo para el Joven Emprendedor;

X. Otorgar incentivos para la instalación de empresas nuevas creadas por jóvenes;

XI. Promover en los distintos medios de comunicación los apoyos a los jóvenes emprendedores; y

XII. Las demás que le confieran otros ordenamientos en la materia.

Artículo 6o. La aplicación de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo de la federación, por conducto de las siguientes dependencias en el ámbito de sus competencias:

I. La Secretaría de Economía;

II. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y

III. La Secretaría de Educación Pública.

IV. Los estados de la federación; y

V. Los municipios.

Asimismo, será competente en términos de esta ley el Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo público descentralizado de la administración pública federal.

Artículo 7o. Corresponde a la Secretaría de Economía

I. Promover y direccionar el desarrollo económico nacional, impulsando la actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras, articuladas con las cadenas y bloques productivos reales, relevantes para las distintas regiones del país y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;

II. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo nacional y de las entidades federativas;

III. Emitir anualmente las reglas de operación que regirán el manejo del Fondo para el Joven Emprendedor;

IV. Coordinar esfuerzos con las diferentes instituciones gubernamentales, empresariales y asociaciones de la sociedad civil, con la finalidad de desarrollar estrategias orientadas a vincular y financiar los proyectos innovadores, creativos y competitivos, para lograr su consolidación;

V. Establecer mecanismos para el rápido desarrollo de la cultura emprendedora y empresarial en la población joven del país a través del establecimiento de programas de simplificación administrativa, compensación y estímulo al capital joven, identificado por su administración, operación y destino, entre otros mecanismos institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial juvenil;

VI. Establecer un programa nacional de mentoría a la iniciativa joven por medio de las incubadoras existentes, además de asesoramientos y estudios de factibilidad desarrollados en ellas; y

VII. Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que en materia de regulación, estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto en la presente ley.

Artículo 8o. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es responsable, en coordinación con la Secretaría de Economía, de promover y desarrollar programas de capacitación para el manejo de las relaciones obrero-patronales y cultura laboral, impositiva y jurídico administrativa, mediante enlaces con organizaciones, cámaras o dependencias afines, dando prioridad a los jóvenes mexicanos que requieran de estos servicios como herramientas necesarias para el éxito de sus proyectos productivos o nuevas empresas.

Artículo 9o. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública

I. Coordinar la puesta en marcha de las acciones que la presente ley contempla para el logro de sus objetivos en el ámbito de su competencia, mediante la incorporación transversal de la cultura emprendedora en las actividades extracurriculares;

II. Crear un vínculo entre el sistema educativo y el desarrollo económico, mediante enlaces o prácticas laborales, sociales y empresariales, a través de actividades emprendedoras, a fin de generar jóvenes agentes de desarrollo económico para el bien común;

III. Promover la cultura y formación emprendedora mediante la incorporación de sus temas y sus contenidos en las actividades extracurriculares de la educación básica, media y superior, pública y privada, en las diferentes modalidades que se imparten en el país; y

IV. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a instituciones que impulsen y desarrollen programas educativos profesionales, para facilitar al estudiante el entendimiento del sistema de economía de mercado con contenido social.

Artículo 10. Corresponde al Instituto Mexicano de la Juventud

I. Dar seguimiento y facilitar el proceso de incubación, en cualquiera de las incubadoras existentes en el país, de las ideas de negocio, proyectos productivos y propuestas de nuevas empresas de jóvenes mexicanos; y

II. Convocar a la integración y el funcionamiento de la comisión dictaminadora del Fondo para el Joven Emprendedor.

Artículo 11. Corresponde a los estados

I. Crear, en su ámbito, el marco jurídico que permita el cumplimiento armónico de los objetivos de la presente ley, facilitando la apertura y el desarrollo de empresas constituidas por jóvenes;

II. Establecer las condiciones preferenciales que resulten necesarias en lo referente a servicios estatales para reducir los costos de las empresas constituidas por jóvenes en los términos de la presente ley;

III. De acuerdo con su disponibilidad presupuestal, establecer programas, locales de crédito para jóvenes emprendedores, así como las reglas de operación que regirán aquéllos; y

IV. Celebrar acuerdos de coordinación con la federación para elaborar programas educativos tendentes a fomentar e impulsar la cultura emprendedora y competencias integrales, mediante una cátedra transversal de emprendimiento.

Artículo 12. Corresponde a los municipios, en coordinación con el gobierno estatal respectivo, crear campañas de difusión e información integral, a fin de acercar a la totalidad de la población municipal de entre 18 y 29 años de edad a los programas impulsados para el apoyo de jóvenes emprendedores.

Artículo 13. La comisión dictaminadora será el órgano responsable de determinar y aplicar los criterios de selección de proyectos o ideas de negocio a financiar a través de créditos formados con los recursos del Fondo para el Joven Emprendedor. Estará integrada por un representante de cada una de las siguientes instituciones y organizaciones:

I. Instituto Mexicano de la Juventud;

II. Secretaría de Economía;

III. Secretaría de Educación Pública;

IV. Confederación Patronal de la República Mexicana;

V. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo;

VI. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción;

VII. Cámara Nacional de la Industria de Transformación;

VIII. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

IX. Comisión Nacional del Agua, en los casos en que deba dictaminarse un proyecto relacionado con el uso de recursos hídricos; y

X. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

Artículo 14. El proceso de integración, las facultades específicas y el funcionamiento de la comisión dictaminadora serán determinados por el reglamento de la presente ley.

Artículo 15. Los recursos para la constitución del Fondo para el Joven Emprendedor provendrán del presupuesto otorgado al Inadem, para la constitución del Fondo Nacional Emprendedor.

Artículo 16. El Inadem y el Instituto Mexicano de la Juventud serán los encargados de administrar y entregar los créditos del Fondo para el Joven Emprendedor, conforme a lo dispuesto en la presente ley y las reglas de operación que se emitan para el funcionamiento del Fondo.

Artículo 17. La aprobación de los proyectos por la comisión dictaminadora, para el otorgamiento de los créditos, se basará y regirá por los criterios de equidad, viabilidad económica, factibilidad, innovación y competitividad, entendiéndose por éstos:

I. Equidad: La calificación de los proyectos se aplicará en base a los mismos parámetros, que deberán ser precisados en las reglas de operación que cada año emita la Secretaría de Economía;

II. Viabilidad económica: El proyecto debe garantizar que el crédito otorgado podrá ser pagado por el beneficiario, y que generará utilidades para el emprendedor, así como oportunidad de empleos;

III. Factibilidad: El objeto del proyecto deberá ser realizable a corto o mediano plazo y ser lícito;

IV. Innovación: Se priorizará la inclusión en los proyectos, de ideas novedosas, originales y propositivas; y

V. Competitividad: El proyecto productivo deberá diversificar las opciones y la calidad del servicio o producto en el mercado para el cliente.

Artículo 18. Serán sujetos de crédito todas las personas físicas entre los 18 y los 29 años de edad, residentes en México, que cuenten con ideas, proyectos productivos, o propuestas de creación de empresas, que generen fuentes de empleo y mejoren su nivel de vida y el del país.

Los jóvenes emprendedores y empresarios de 16 y 17 años de edad podrán acceder a los apoyos otorgados por el Inadem, siempre que sus padres o tutores se constituyan en deudores directos, en la forma y términos que establezca el reglamento.

Artículo 19.Para efectos del proceso de análisis, selección y evaluación de los proyectos, se aprovecharán las incubadoras existentes en el país.

Artículo 20. La Secretaría de Economía, en el marco de sus atribuciones y para el cumplimiento de esta ley, gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inclusión en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, la propuesta de incentivos fiscales en favor de los jóvenes emprendedores en la creación de empresas, debiendo promover además:

I. El establecimiento de tasas preferenciales en el pago de los actos o contratos, tales como los trámites notariales para la constitución de las empresas;

II. Convenios con las autoridades de las entidades federativas, para la reducción en los pagos por adquisiciones de servicios públicos estatales; y

III. Las demás acciones que se acuerden por el titular de la Secretaría de Economía.

Artículo 21. Tendrán preferencia en la obtención de los beneficios y apoyos señalados en esta ley, emprendedores y empresarios jóvenes que desarrollen y promuevan proyectos de

I. Alto valor agregado económico, en los sectores que previo estudio de vocación económica del país, se haya comprobado son prioritarios para el desarrollo;

II. Creación de empleos para jóvenes;

III. Proyectos productivos en las regiones, municipios y comunidades en los que se creen empleos para que los jóvenes se arraiguen en sus comunidades;

IV. Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el medio ambiente;

V. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de agua;

VI. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia; y

VII. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos productivos.

Artículo 22. Para efectos de la fracción I del artículo anterior, los estudios de vocación económica para determinar el alto valor agregado de un proyecto serán realizados por la Secretaría de Economía.

En los casos de las fracciones IV y V del artículo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la dependencia encargada de realizar los estudios necesarios para calificar el uso racional de los recursos mencionados.

Para el caso de la fracción VI del artículo anterior, la Secretaría de Energía estará a cargo de los estudios que determinen cuándo un proyecto promueve el uso de fuentes de energía renovable y limpia.

Artículo Primero.La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en ella.

Artículo Tercero.Los estados y sus respectivos municipios contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar en su marco normativo las reformas y adecuaciones que resulten pertinentes a fin de sujetarse al contenido de la presente ley.

Artículo Cuarto. Las dependencias estatales encargadas de dar cumplimiento a los programas de microcréditos para jóvenes emprendedores se ajustarán para tal efecto a los recursos presupuestales, humanos, financieros y materiales con que cuenten.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Luis Fernando Antero Valle, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Cesar Flores Sosa, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtanza, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jisela Paes Martínez, José Erandi Bermúdez Méndez, José Máximo García López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vechia, Nadia Haydee Vega Olivas, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia García García, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones Unidas de Economía y de Juventud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Luis Fernando Antero Valle:

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado federal Luis Fernando Antero Valle ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de la siguiente

El presente proyecto tiene como objeto introducir un cambio importante en favor de la sociedad, para que todos y cada uno de los ciudadanos se vean beneficiados por las políticas que implementa el Estado. En esta ocasión hablo de la mejora regulatoria, un tema ampliamente tratado por las ventajas que genera, pero no suficientemente garantizado en todos los niveles de gobierno.

Las regulaciones son las reglas que el gobierno formula para garantizar beneficios sociales, y pueden ser de carácter económico, social o administrativo. Todas estas reglas impactan fuertemente la vida y las actividades cotidianas de los particulares, por lo que es necesario que se elaboren bajo los principios de eficiencia, certeza jurídica y economía.

Ahora bien, según la definición contenida en el Convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la mejora regulatoria se define de la siguiente manera:

« (...) una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.»

Tanto a nivel federal, como en los ámbitos estatal y municipal, varias dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados poseen facultades para emitir regulaciones en sus respectivas materias. La multiplicidad de actores que a lo largo y ancho del país tienen atribuciones para expedir esta clase de normas, plantea la exigencia, en primer lugar, de que la mejora regulatoria llegue a todo el territorio nacional; y, en segundo lugar, de que exista una coordinación entre niveles gubernamentales para aplicar los principios de dicha política.

Actualmente, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo es el principal ordenamiento nacional que contiene el tema de la mejora regulatoria, así como las atribuciones de la Cofemer para implementarla. Sin embargo, es escueta la mención que esta ley hace sobre los niveles estatal y municipal: su artículo 69-E dispone, apenas, que la Comisión Federal podrá «brindar asesoría técnica» en mejora regulatoria a los estados y municipios que se lo soliciten.

Este precepto, aunque positivo en su contenido, resulta insuficiente para expandir la mejora regulatoria a todo el país. Ello se debe, principalmente, a que no existe norma alguna que obligue a todos los órdenes de gobierno a trabajar en este tipo de políticas.

Bajo la misma línea, existen cinco entidades que aún no cuentan con su propia legislación en la materia que nos ocupa: la Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Al revisar el ranking Estatal de Mejora Regulatoria, publicado en 2012 por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., es posible observar que estos cinco estados se encuentran en las peores posiciones, lo cual indica que su marco legislativo no se adecúa a las prácticas y a los principios impulsados por la mejora regulatoria.

La mejora regulatoria, con una correcta y óptima aplicación, es capaz de originar una gran cantidad de beneficios, entre los cuales destacan:

• Mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas.

• Menores costos para la sociedad y para las dependencias.

• Trámites simplificados, rápidos y homologados para la obtención de distintos servicios.

• Fácil apertura de empresas.

• Mayor competitividad económica.

Es por tales motivos que la presente propuesta busca introducir una reforma importante al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de elevar la política de mejora regulatoria a la categoría de obligación constitucional. La reforma planteada consiste en los siguientes puntos medulares:

1. Otorgar competencia al Congreso de la Unión, para expedir normas que determinen la concurrencia de los tres niveles de gobierno, en materia de aplicación de la mejora regulatoria.

2. Establecer que en dichas normas se instaurará una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, para garantizar la aplicación de las políticas de mejora regulatoria.

Mediante la adición propuesta, se pretende crear una responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios, para que los beneficios previstos por los programas de mejora regulatoria alcancen a todas las demarcaciones del país, y de esta forma se elimine el rezago existente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Único.Se adiciona la fracción XXIX-X, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 73. ...

I. a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir las normas que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de aplicación y mejora regulatoria.

Las normas a que se refiere el párrafo anterior dispondrán la obligación de los Poderes Legislativos de los Estados, de expedir leyes que rijan su corresponsabilidad en materia de mejora regulatoria;

XXX. ...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el mismo.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Luis Fernando Antero Valle,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdes, César Flores Sosa, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jisela Paes Martínez, José Erandi Bermúdez Méndez, José Máximo García López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nadia Haydee Vega Olivas, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia García García, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Antero. Insértense en el Diario de los Debates de manera íntegra las iniciativas presentadas tal y como lo ha pedido el diputado proponente. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac, por favor.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle al diputado Antero si me permite adherirme a esta iniciativa de la competitividad económica ya que es muy importante y, sobre todo, porque en Michoacán se necesita implementar todo este tipo de prácticas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente manifiesta su aquiescencia para que así pueda suceder, y está a disposición acá en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Karla Osuna, por favor.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): De igual manera, presidente, solicitar a mi compañero diputado que me permita suscribir su iniciativa de joven emprendedor, es debido a que será de gran beneficio para la población joven de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Antero, la diputada Karla Osuna, manifiesta también su disposición para que pueda ser suscrita, diputada. Gracias.

CÓDIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos, tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Penal Federal, adelante, diputado Alanís.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Con su venia, señor presidente. Señores diputados y señoras diputadas, quiero hablarles de la usura. Desde hace mucho tiempo han existido personas que multiplican su fortuna con el préstamo de dinero.

De la misma manera existen familias y existen personas que han perdido su patrimonio o su patrimonio ha sido gravemente afectado y eso conlleva a la desintegración de las familias. El origen de esas afectaciones se encuentra no en la colocación ni en el libre destino del dinero sino en el cobro de tasas de interés ya no solamente usurarias sino abusivas. De tal manera que actualmente existen hombres y mujeres que trabajan únicamente para pagar sus deudas y a veces terminan pagando sin saber cuánto es lo que realmente deben.

Es conocido el hecho de que en los préstamos no se entrega la cantidad completa que se pretende prestar. Se le descuenta la comisión, se le descuentan los honorarios del abogado, se le descuentan los honorarios de los notarios públicos y se descuentan a veces los intereses por mensualidades adelantadas, entre otras comisiones. Pero sin embargo, se cobran intereses, es la suerte principal, tal y como si hubiera sido entregada.

De la misma manera los préstamos de dinero se encubren siendo contratos de mutuo, civiles, se encubren con la suscripción de pagarés para darles vida como asuntos mercantiles.

También se simulan esos préstamos de dinero suscribiendo escrituras, a veces de venta y a veces otorgando poderes generales para ejercer actos de administración de dominio, todo eso para encubrir lo que originalmente fue un préstamo de dinero.

De esa manera, desde el principio se está falseando la realidad del acto que se está realizando y eso va en detrimento de los deudores puesto que queda en manos de los acreedores, es decir, de los prestamistas.

En relación con los pagos de intereses y abonos a capital, todos sabemos que generalmente no son debidamente respaldados por quienes reciben esos pagos. De tal manera que a veces se anotan en libretas, en tarjetas o simplemente no se anotan en ningún documento y queda a la elección del acreedor reconocerlos o no reconocerlos.

También a veces los recibos los firman simples cobradores o personas que no tienen relación con esos préstamos y por tanto, no es posible reconocerlos.

De la misma manera, proponemos que quienes prestan dinero respeten la inviolabilidad de los domicilios y que se evite, se sancione y se equipare el delito de extorsión; el hecho de hablar por teléfono, enviar correos electrónicos o hacer cobros extrajudiciales en los domicilios de los deudores o en sus fuentes de trabajo.

De esta manera, la iniciativa que propongo es para proteger a las personas más vulnerables, que por lo general son los que menos tienen. Para esto, es necesario que nosotros, ustedes como legisladores de la República, apoyen esta iniciativa porque vamos a enfrentar intereses elevados, intereses muy fuertes y la única manera de contrarrestarlo es con el apoyo de ustedes. Y además, con la participación de todas aquellas personas que ustedes representan desde cada uno de sus distritos.

Yo los invito a que apoyen esta iniciativa. Y por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de los Códigos Civil Federal, Federal de Procedimientos Civiles, Fiscal de la Federación, y Penal Federal, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

Desde tiempo inmemorial, han existido personas que multiplican su fortuna mediante el préstamo de dinero; también hay personas que de tener exiguos recursos económicos, en poco tiempo logran amasar un gran patrimonio, también mediante el préstamo de dinero.

A la par, existen infinidad de casos documentados, y no documentados, en los que personas y familias han perdido su patrimonio, una parte de su patrimonio, o su patrimonio ha sido gravemente afectado, en detrimento de su bienestar y progreso, lo que además implica una clara violación de sus Derechos Humanos, en términos de lo establecido por el artículo 1° Constitucional, tal y como enseguida se expondrá.

Es conocido el hecho de que esos problemas trascienden a la desintegración de las familias, pues al afectarse el patrimonio que se ha construido durante años de esfuerzo, ahorro y sacrificios, se da lugar a riñas, separaciones y divorcios, que evidentemente inciden en el desarrollo integral y armónico de las niñas y de los niños; y al ser de esa manera, es evidente que se daña la célula primigenia de nuestra sociedad: La familia.

El origen de esas afectaciones a las familias lo podemos encontrar, no en la colocación y destino libre del dinero, sino en el cobro de tasas de interés ya no solo usurarias, sino notoriamente lesivas, excesivas y abusivas que, pese a ser injustas, durante décadas han sido consideradas legales, por estar permitidas por la Legislación Mexicana.

Las bondades de nuestra Legislación, sus vacíos y sus omisiones, han permitido que algunas personas, aprovechando la existencia de un adeudo o crédito, cobren diversas prestaciones en dinero que de ninguna manera están comprendidas, ni derivan de la operación original, y al no tener su pago, lo agregan a la cuenta y le calculan los intereses, de manera tal que si la o el deudor no paga lo que el acreedor señala, no les reciben el pago, provocando que la deuda crezca hasta llegar a ser impagable por desproporcionada. Y podría decirse que si el acreedor se niega a recibir pagos, los deudores podrían depositarlos en los tribunales para liberarse de obligaciones, pero hay que considerar que es inviable hacerlo cuando se trata de pequeñas cantidades de dinero y de pagos semanales porque, como es del dominio público, existen créditos que las partes convienen en que se pagarán en exhibiciones semanales.

Y no sólo eso, existen mujeres y hombres que sólo trabajan para pagar sus deudas, hay quienes en lugar de alimentarse y alimentar a su familia adecuadamente, o vestirse un poco más que modestamente, o en lugar de atenderse médicamente, prefieren pagar los intereses que generan sus deudas.

Pero además, ya es normal la existencia de personas morales bien establecidas, grandes y pequeñas, y personas físicas, que se anuncian en volantes y publicidad en el equipamiento urbano, que prestan cantidades de dinero que van desde los mil, a los cinco mil pesos, sin aval, sin mayores requisitos, y con la sola presentación de la credencial de elector de los interesados, pues los acreedores saben perfectamente que en cualquiera de los hogares mexicanos, hay bienes muebles que con seguridad cubren la cantidad prestada. Inclusive hay quienes por teléfono ofrecen prestar dinero.

También es conocida la práctica de no entregar completa la cantidad de dinero prestada, pues a la misma se le descuenta la comisión, los intereses adelantados del primer mes, los honorarios profesionales del abogado que interviene, y los del Notario Público que protocoliza el acto.

Frecuentemente, los préstamos de dinero, siendo de naturaleza civil –mutuos-, se ocultan o encubren como actos de comercio –pagarés-, o como compraventas, o como poderes notariales con facultades para ejercer actos de administración y de riguroso dominio. Inclusive, existen casos en los que además de firmarse una escritura pública, se firman a la vez poderes notariales o pagarés por las mismas cantidades, duplicándose así una sola operación, todo ello con la finalidad de que el acreedor quede totalmente asegurado; de ahí que surja la necesidad de establecer y sancionar las responsabilidades en las que pueden incurrir los Fedatarios Públicos al intervenir y protocolizar esa clase de operaciones.

Acerca de los pagos de intereses y abonos a capital, debe decirse que generalmente no son debidamente respaldados, pues a veces se anotan en simples libretas o tarjetas, o se expiden recibos de pago sin formalidad alguna, o los firman los cobradores, o los firman terceras personas que carecen de relación efectiva con la deuda, y en algunos casos se otorgan recibos impresos con tinta tenue o en papel térmico, con la finalidad de que al paso del tiempo desaparezca lo anotado, pero la característica común de esos recibos, cuando se otorgan, es que en su texto de ninguna manera se consignan los datos suficientes e idóneos que los vinculen de manera directa con el crédito, préstamo o deuda de que se trate y, por lo mismo, su reconocimiento queda a elección de quien prestó el dinero o de su representante legal, lo que casi no ocurre; dicho de otra manera, es frecuente que se realicen abonos al adeudo consignado en los títulos de crédito, sin que el acreedor otorgue recibos en relación a los mismos.

Sucede también, que por la cuantía de las cantidades prestadas, y pese a que sean constantes los cobros lesivos, excesivos y abusivos, las personas deciden pagar, pues les resulta más costoso contratar los servicios de algún abogado y, aún si lo hicieren, de la manera que sea subsiste la posibilidad de que pese a oponer sus defensas y excepciones, sean judicialmente condenados a pagar lo que ya pagaron o lo que se les cobra en exceso.

Entonces, es evidente que por la indefensión en que la propia Ley coloca a miles de personas, y por la prioridad que las leyes le dan a los actos de comercio, quienes prestan el dinero abusan impunemente de muchas formas : a veces cobrando de cien a quinientos pesos por cada visita de sus cobradores, o imponiendo “multas” por retrasos de un solo día, y si no se pagan se suman a la cuenta y a su vez causan intereses (como si esas cantidades formaran parte del capital prestado); a veces convenciendo a las personas de “renegociar” la deuda, suscribiendo un nuevo pagaré con la suma del dinero prestado, sus intereses, penalizaciones y demás gastos o costos financieros inventados; o cobrando intereses ordinarios y moratorios al mismo tiempo; o cobrando intereses mensuales por un solo día de retraso; o no aceptando pagos anticipados a capital y negando la entrega de estados de cuenta que reflejen fielmente y ajustado a derecho la situación en que se encuentra la deuda.

Existen personas, físicas y morales, cuyo negocio es comprar y vender pesos con centavos, es decir, pagarés vencidos, a lo que denominan “cartera vencida”, a sabiendas de que ya están pagados total o parcialmente, para de esa manera, al amparo de la propia Ley, y por la precariedad que tienen los deudores para defenderse de los abusos legales, cobrar nuevamente esos documentos íntegramente, como si nunca se hubiera hecho pago alguno. En la inteligencia que esos documentos, en muchas ocasiones ya están prescritos, pero con engaños se hace creer a las personas que con un “convenio” solucionan de momento ese problema, cuando en realidad se trata de un nuevo pagaré con nuevas cantidades; o bien, les basta con asentar un abono mínimo con fecha reciente al reverso de los pagarés, para que se considere que los mismos no han prescrito. Consecuentemente, se hace necesario establecer y sancionar las responsabilidades de quienes endose o hagan circular títulos de crédito, con conocimiento de que su importe ha sido pagado total o parcialmente. Todo ello porque los títulos de crédito denominados “pagarés”, una vez que reúnen los requisitos señalados en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, gozan de mérito ejecutivo en términos de los artículos 5o. de la propia Ley, y 1391, fracción IV, del Código de Comercio, y son considerados como prueba preconstituida de la acción, de modo que el término probatorio es para que el demandado acredite sus defensas y excepciones, por lo cual, sin esfuerzo alguno resulta procedente la vía ejecutiva mercantil y el ejercicio de la acción cambiaria directa, condenándose a los demandados al pago de la suerte principal, así como al pago de los intereses que supuestamente fueron pactados, desde la fecha en que se incurrió en mora, y a los gastos y costas del juicio, previa su aprobación y regulación judicial, tal y como lo reclama el acreedor demandante.

De la misma manera, hay quienes no entregan ni destruyen o cancelan el pagaré suscrito, aún y cuando se les haya cubierto íntegramente las prestaciones que ampara. Y también hay personas que en el texto de los pagarés asientan lugares distantes del domicilio del deudor, para de esa manera darle competencia a Tribunales alejados y así entorpecer y encarecer la probable defensa de los demandados.

Por otra parte, ya es necesario e ineludible precisar en las leyes secundarias que efectivamente son inviolables el domicilio y las fuentes de trabajo de las personas, y que por esa razón ningún acreedor puede realizar en esos lugares molestias telefónicas, ni electrónicas, ni personales de manera extrajudicial y, mucho menos, difundir la circunstancia cierta o falsa de que una persona haya o no dejado de cumplir alguna obligación económica, sea de la naturaleza que sea.

Hay personas físicas y morales que agregan y cobran el Impuesto al Valor Agregado, a los intereses moratorios, pero no los tributan, aprovechándose de que los deudores no tienen la posibilidad de exigirles un recibo de pago que reúna los correspondientes requisitos fiscales.

Evidentemente, todos esos movimientos económicos –marginales- han venido generando y actualmente generan enormes ganancias (incalculables, por cierto), de las que tiene poco conocimiento el Fisco Federal, de ahí que pueda sostenerse que la usura y las prácticas notoriamente lesivas, excesivas y abusivas, hasta el momento prácticamente se mantienen libres de impuestos, es decir, no contribuyen al desarrollo nacional y, al contrario, provocan la ruina de personas y familias.

Por las razones que anteceden es que en la presente Iniciativa, se propone que en todos aquellos juicios civiles o mercantiles, en los que se reclame el pago de tasas de interés lesivas, excesivas, abusivas o equiparables, al admitir en trámite la demanda, los jueces ordenen correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que en su momento intervenga dentro del ámbito de su atribuciones y funciones. Más aún porque ya es necesario legislar para evitar que los acreedores falseen o alteren la verdadera operación o acto que realizaron con los deudores pues, se insiste, al distorsionarse la verdad, se falsen los hechos de la demanda, y ello conlleva a la substanciación de juicios en la vía civil o mercantil, o viceversa, que no son concordantes con la realidad aún y cuando efectivamente haya incumplimiento por parte de los deudores, sin que en la práctica pueda acreditarse la excepción de alteración del pagaré o de falsedad de los hechos que integran la demanda, principalmente por lo costoso que resultan las pruebas periciales (al ser las pruebas idóneas), además de que está visto que devienen inútiles porque ni con ese tipo de medios de convicción puede determinarse la antigüedad del documento, la antigüedad o contemporaneidad de las letras y firmas impresas en un título de crédito, entre otros problemas que implica toda prueba pericial.

Se elimina, además, la expresión “escritos y notas taquigráficas” del catálogo de pruebas que contiene el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y se sustituye por “archivos electrónicos”, pues se considera que desde hace muchos años las “notas taquigráficas” se encuentran en franco desuso, al grado de que actualmente son inexistentes, en tanto que los segundos han surgido como consecuencia de los avances tecnológicos y pese a ello no se encuentran debidamente contemplados en la Ley (excepto en materia hacendaria). Más aún porque al ser “escritos y notas taquigráficas” se encontrarían comprendidas dentro de las pruebas documentales a que se refieren las fracciones II y III del mismo precepto.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Que la Ley permita pactar intereses usurarios, contraviene lo que dispone el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como lo establecido en el Artículo 1° Constitucional.

En realidad, desde siempre los intereses usurarios han sido conculcatorios de Derechos Humanos; sin embargo, hasta hace muy poco tiempo se ha reconocido así, de ahí que el planteamiento de esta Iniciativa, sea indudablemente oportuno, más aún porque los alcances de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo se refieren a la materia Mercantil, soslayando la Civil, Penal y Fiscal, pese a que en éstas también existen normas y omisiones que favorecen las prácticas notoriamente lesivas, excesivas y abusivas.

Y si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha determinado que el contenido normativo del artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal), debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra un interés excesivo derivado de un préstamo, pero sin dejar de permitir que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés; también lo es que esos criterios, relativamente recientes, son insuficientes para lograr que el Estado Mexicano proteja los Derechos Humanos de los gobernados, pues los vacíos legales continúan permitiendo que la misma Ley, sirva de fundamento para que algunas personas obtengan en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra persona, un interés excesivo derivado de un préstamo.

Cabe señalar que los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen su origen en lo establecido por el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la usura como una forma de la explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al Derecho Humano de Propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la Ley debe prohibir la usura.

Esto quiere decir, que no fue sino hasta que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establecieron las bases para empezar a combatir los abusos de la usura, cuando la Suprema Corte de Justicia reaccionó y empezó a tutelar Derechos Humanos que durante muchas décadas fueron vulnerados por las actividades que realizan acreedores en su interrelación con los Tribunales, siendo para ello necesario hacer uso de la contradicción de tesis y de la adecuación del texto legal al espíritu de la Constitución (lo establecido en el Artículo 1° Constitucional, a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), como enseguida se expondrá.

La realidad demuestra que lo reconocido y avanzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace poco tiempo, en el sentido de regular las tasas de intereses “notoriamente usurarias”, es insuficiente para evitar que algunas personas continúen obteniendo en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de los préstamos de dinero, y por esa razón es que resulta necesario y oportuno legislar para evitar de la manera más amplia posible que la libertad contractual de las partes, permita establecer voluntariamente la tasa de interés reconocida por el artículo 174 párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a efecto de ya no permitir la operación de una tasa de interés que pueda ser considerada como usuraria, por constituir una ataque a la propiedad privada, al permitir la explotación del hombre por el hombre.

Actualmente los jueces, si advierten que la tasa de intereses pactada es usuraria, pueden reducirla de oficio, a su prudente arbitrio, aplicando para ello el control convencional previsto en el artículo 1º constitucional, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia:

“Pagare. Si el juzgador advierte que la tasa de intereses pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés –si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos- los siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias pueda apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.”

(J); 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 402. 1a./J. 47/2014 (10a.)

Ello es así, porque en las reformas del 6 seis y 10 diez de junio del 2011, dos mil once, el Constituyente Permanente generó un cambio de paradigma en el tema relativo a la protección de los derechos humanos consignados en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia, de los que el Estado Mexicano sea parte; y entre otras normas, fue adicionado el artículo 1º de la Ley Suprema, con un párrafo tercero, que impone a todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme con los principios que los regulan, como sigue :

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los trámites que establezca la ley.

...

...”

Esas reformas, entre las que también se incluyen las realizadas a los artículos 103 y 107, Constitucionales, generaron la base normativa para una serie de cambios profundos de la justicia en general, en cualquier materia, generando inclusive una coexistencia de dos regímenes de control de constitucionalidad, el control concentrado, a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación que lo tienen asignado en forma expresa en los dos últimos preceptos, y el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad que corresponde a las mismas pero que se extiende incluso al resto de autoridades jurisdiccionales, aunque con un alcance distinto. Sólo para justificar la coexistencia de ambos sistemas se estima pertinente citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a/J. 18/2012 (10ª), que dice:

“Control de constitucionalidad y de convencionalidad (reforma constitucional de 10 de junio de 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1º constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamientos en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

Por eso, con la finalidad de cumplir con la obligación prevista en el párrafo tercero del transcrito artículo 1º Constitucional, consistente en proteger los Derechos Humanos del gobernado consignados en la máxima norma, los Tribunales pueden examinar oficiosamente si en los asuntos de su competencia se violaron Derechos Humanos, a la luz de la interpretación conforme que, respecto del artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, en la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis número 350/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonando los criterios que había sostenido con anterioridad, sentó jurisprudencia sobre la constitucionalidad del artículo en cita, y al advertir que su simple lectura permitía que las partes convinieran, al suscribir un pagaré, intereses desproporcionados, susceptibles de ser considerados dentro el concepto de interés usurario, hizo la interpretación conforme de dicha norma, para que sea aplicada con el alcance que permite hacerla compatible con la Constitución; y, con la finalidad de que el novel criterio fuera eficaz, estableció que sería obligación de todas las autoridades judiciales que resuelvan los asuntos en que se ejerciten pagarés con pacto de intereses, con esas características, hacer el control de la norma inclusive llegando a reducir la tasa de interés pactada hasta un nivel que sea Constitucionalmente válido, con base en los parámetros que fijó la propia Sala del Máximo Tribunal.

Dichos criterios fueron publicados bajo los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), y son del tenor literal que sigue:

“Pagaré. El artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite a las partes la libre convención de intereses con la limitante de que los mismos no sean usurarios, interpretación conforme con la Constitución [(abandono de la jurisprudencia 1a/J. 132/2012 (10a.) y de la tesis aislada 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a/J. 132/2012 (10a.), así como la 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1º Constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el interés legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e interés que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante el cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose el contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver”.

Entonces, a pesar de que los jueces puedan reducir las tasas de interés, de oficio y a su prudente arbitrio, aplicando para ello el control de convencionalidad previsto en el artículo 1° Constitucional, es necesario que se prohíba la usura y evitar que alguien pueda obtener en provecho propio y de modo abusivo sobre el patrimonio de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; y para lograrlo, es necesario que esos imperativos queden claramente establecidos en las diversas leyes secundarias que se vinculen a esos temas, lo que es precisamente el objetivo que persigue esta Iniciativa ya que la jurisprudencia citada anteriormente del rubro “Pagaré. Si el juzgador advierte que la tasa de intereses pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente” –(j); 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 402. 1a./J. 47/2014 (10a.), es insuficiente por sí misma ya que sus alcances, que debieron ser más amplios, se limitaron y restringieron al referirse sólo a la propiedad de las personas y no a su patrimonio y al insertarse en su texto las expresiones “si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos”, “a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso”, “acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones”, “mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver”, “solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos”, “además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor”; porque nuevamente se deja abierta la posibilidad de abusos por las desventajas en las que se encuentran los deudores frente a sus acreedores, los cuales ya fueron brevemente reseñados con antelación. Objetivo que puede lograrse haciendo compatible y armonizando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las diversas Leyes que se mencionan en esta Iniciativa y con lo dispuesto en el Artículo 1° Constitucional, para así evitar que la libertad contractual de las partes para establecer voluntariamente la tasa de interés reconocida por el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siga permitiendo la operación de una tasa de interés que pueda ser considerada como usuraria, por constituir una ataque a la propiedad privada, al permitir la explotación del hombre por el hombre.

Cuadros comparativos

Para la mejor comprensión de la propuesta, a continuación insertamos cuadros comparativos en los que se aprecia el texto legal vigente, y cómo se plantea su reforma o adición, a saber:

Fundamento legal

En esa virtud, el suscrito, Diputado Federal ANGEL II ALANIS PEDRAZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo y someto a discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de :

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se adiciona la fracción V, del artículo 16; se adiciona el párrafo segundo, al artículo 76; y, se reforma la fracción IV, del artículo 1391, del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

I a la IV...

V. Tratándose de préstamos de dinero, realizados mediante la suscripción de letras de cambio o pagarés, el comerciante además deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio, en el listado nacional respectivo, y observar lo dispuesto en el Capítulo Segundo, del Título I, y en los artículos 26, 27 y 27-A, del Código Fiscal de la Federación, sin lo cual estará impedido para exigir el pago de intereses convencionales.

Artículo 76. ...

Tampoco se reputarán actos de comercio los préstamos de dinero que se realicen mediante la suscripción de letras de cambio o pagarés, cuando el acreedor no se encuentre inscrito en el Registro Público de Comercio, y en el listado nacional respectivo, o no se sujete a lo dispuesto en el Capítulo Segundo, del Título I, y en los artículos 26, 27 y 27-A, del Código Fiscal de la Federación, ni cuando con la celebración de esos actos se simule, duplique o encubra un acto jurídico distinto previo o posterior.

Artículo 1391. ...

...

I a la III...

IV. Los títulos de crédito, excepto cuando el tenedor no se encuentre inscrito en el Registro Público de Comercio y en el listado nacional respectivo, o no se sujete a lo dispuesto en el Capítulo Segundo, del Título I, y en los artículos 26, 27 y 27-A, del Código Fiscal de la Federación, o cuando con su celebración se haya simulado, duplicado o encubierto un acto jurídico distinto previo o posterior;

V a la VIII...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero, del artículo 1o; se reforma el párrafo primero, y se adiciona el párrafo segundo, del artículo 130; se reforma el párrafo segundo, del artículo 174, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue :

Artículo 1o. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio , excepto cuando se trate de los mencionados en la fracción IV, del artículo 1391, del Código de Comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos.

Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio.

Artículo 130. El tenedor no puede rechazar un pago parcial; pero debe conservar la letra en su poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente, ese recibo deberá otorgarse simultáneamente y será impreso en papel y tinta permanente, en el cual se contengan los datos necesarios para identificar la obligación que se liquida.

En ningún caso el tenedor podrá conservar la letra de cambio, una vez que sea pagada íntegramente; de hacerlo será responsable de los perjuicios que ocasione al girador.

Artículo 174. ...

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos, siempre y cuando la tasa de interés no sea lesiva, excesiva, abusiva o equiparable, quedando expresamente prohibida la usura, en cuyo caso el juzgador estará facultado para analizar el reclamo de los intereses pactados y determinar de forma razonada y fundada la condena conducente, reduciendo prudencialmente la tasa de interés que sea excesiva, acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, en términos de lo dispuesto por el Artículo 1° Constitucional, a fin de inhibir esa condición usuraria; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos al tipo legal.

...

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo único, del artículo 1o; se reforma la fracción III, del artículo 1795; y se adiciona el párrafo segundo, del artículo 2062, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1°. Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del orden federal, interpretándose y aplicándose en términos de lo establecido por los párrafos primero y tercero, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1795. ...

I a la II. ...

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito, se simule o encubra un acto jurídico previo o posterior a su celebración, o no se entregue completa la cantidad de dinero a que se refiera; y

IV. ...

Artículo 2062. ...

Quien reciba el pago deberá otorgar simultáneamente el correspondiente recibo, impreso en papel y tinta permanente, en el cual se contengan los datos necesarios para identificar la obligación que se liquida.

Artículo Cuarto. Se reforma el párrafo segundo, del artículo 1o; se reforma el párrafo primero, del artículo 2o; se reforma el párrafo primero, del artículo 3o; se adiciona el segundo párrafo o párrafo último, del artículo 8o; se adiciona el tercer párrafo, del artículo 71; se adiciona el párrafo tercero, del artículo 79; se reforma el párrafo único, del artículo 81; se reforma el párrafo único, del artículo 89; se reforma el párrafo primero del artículo 90; se reforma el párrafo único, del artículo 91; se reforma el párrafo único, del artículo 92; se reforma la fracción VII, y se adicionan los párrafos segundo, incisos A) y B), tercero y cuarto, del artículo 93; se reforma el párrafo único, del artículo 132; se reforma el párrafo único, del artículo 137; se reforma el párrafo único, del artículo 164; se reforma la denominación del Capítulo VII, del Título Cuarto, del Libro Primero; se reforma el párrafo único, del artículo 188; se reforma el párrafo primero, del artículo 217; se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo, al artículo 353; se reforma el párrafo único, del artículo 392; se reforma el párrafo único (primero) y se adiciona el párrafo segundo, al artículo 440, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue :

Artículo 1o. ...

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados, sus representantes, apoderados o endosatarios, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.

Artículo 2o. Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés de que habla el artículo anterior, dejará de ser parte quien haya perdido el interés, y lo será quien lo haya adquirido. La misma disposición se observará cuando se realice cualquier endoso.

...

Artículo 3o. Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas facultades y obligaciones, así como los términos, recursos y toda clase de medios que este Código concede para hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir modificaciones en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea actora o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, de manera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes, para lo cual las disposiciones de este Código se interpretarán y aplicarán en términos de lo establecido por el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8°. ...

...

I al III. ...

Tampoco será condenada en costas la persona o parte que pierda, si se reclaman intereses lesivos, excesivos, abusivos o equiparables.

Artículo 71. ...

...

En los litigios en los que se reclame el pago de tasas de interés lesivas, excesivas, abusivas o equiparables, al admitir en trámite la demanda, los jueces ordenarán correr traslado con la demanda, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que obre conforme a sus atribuciones y funciones.

Artículo 79. ...

...

Cuando en el juicio se reclame el pago de intereses notoriamente lesivos, excesivos, abusivos o equiparables, y de las constancias de actuaciones se apreciaren los elementos de convicción respectivos, los juzgadores evaluarán como parámetros guía, el tipo de relación existente entre las partes, la calidad de los sujetos que intervienen y si la actividad del acreedor se encuentra regulada, el destino o finalidad del crédito, su monto, el plazo del mismo, la existencia de garantías para el pago, las tasa de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, las condiciones del mercado, y las demás cuestiones que le generen convicción, para disminuir las tasas de interés pactadas, debiendo apreciarse además la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, en su caso, la legalidad de la tasa de intereses que reclame, y el reo los de sus excepciones.

Artículo 89. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer.

Artículo 90. Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad. Deben, sin demora, exhibir la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueran requeridos.

...

...

Artículo 91. Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por comparecer o exhibir la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, cosas o documentos, serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el tribunal procedió de oficio; sin perjuicio de lo que se resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad. La indemnización, en casos de reclamación, se determinará por el procedimiento incidental. Los daños y perjuicios que causen los terceros por no comparecer o exhibir la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, cosas o documentos, serán resarcidos por ellos mismos a través del juicio respectivo.

Artículo 92. En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuando se demuestre que haya peligro de que una persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa, información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, o documento,desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución de la cuestión controvertida, podrá el tribunal ordenar la recepción de la prueba correspondiente.

Artículo 93. ...

I a la VI. ...

VII. Las fotografías, la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y

VIII. ...

Y como parámetros guía para regular la condena al pago de intereses notoriamente excesivos, y disminuir las tasas de interés pactadas:

A) El tipo de relación existente entre las partes; y

B) La calidad de los sujetos que intervienen.

Si la actividad del acreedor se encuentra regulada, el destino o finalidad del crédito, su monto, el plazo del mismo, la existencia de garantías para el pago, las tasa de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, las condiciones del mercado, y las demás cuestiones que le generen convicción.

Debiendo apreciarse además la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

Artículo 132. De la traducción de los documentos, o de la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor.

Artículo 137. Si el documento o la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, se encuentra en libros, papeles o cualquier medio magnético o informático de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento, la constancia o la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con el asunto, deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimonial o reproducción digital se tomará en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas, ni a más que presentar las partidas, documentos o la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, designados.

Artículo 164. A juicio del tribunal o a petición de parte, se levantarán planos, se realizarán reproducciones digitales, o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.

Capítulo VII, del Título Cuarto, del Libro Primero.

Fotografías, información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnologíay, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Artículo 188. Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.

...

Artículo 353. ...

Cuando haya condena al pago de intereses, se atenderá a lo dispuesto en la parte final del artículo 3o de este Código.

Artículo 392. La medida de que trata la fracción II del artículo 392 se decretará, cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas , la información generada o comunicada que conste en medios o archivos electrónicos, ópticos, o en cualquier otra tecnología relacionados con la litis, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse.

Artículo 440. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal, nuevos vencimientos, costas, gastos y daños y perjuicios, en su caso.

Cuando se trate de réditos o intereses, no procederá embargo alguno, hasta en tanto no sean regulados en términos de lo establecido en la parte final del artículo 3° de este Código.

Artículo Quinto. Se adiciona el artículo 27-A; y, se adiciona el artículo 109-A, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 27-A. Lo dispuesto en el numeral anterior, se observará por las personas físicas, así como por las personas morales que realicen cualquier préstamo de dinero con intereses superiores al tipo legal, quienes además deberán estar inscritos en el Registro Público de Comercio, y en el listado nacional de prestamistas a que se refiere el Reglamento de este Código.

Artículo 109-A. Las mismas penas del delito de defraudación fiscal, se aplicarán a las personas físicas, y a los socios, accionistas, cooperativistas, integrantes del consejo directivo de las personas morales, que presten dinero con intereses superiores al tipo legal, que no declaren sus ganancias y tributen el Impuesto Sobre la Renta, o no se inscriban en el Registro Público de Comercio, y en el listado nacional de prestamistas a que se refiere el Reglamento de este Código.

La misma sanción se impondrá a quien por sí o por interpósita persona agregue y cobre el Impuesto al Valor Agregado, a los intereses ordinarios o moratorios, sin tributarlo.

Se considerará calificado este delito, cuando en el préstamo de dinero, se pacte el pago de intereses notoriamente lesivos, excesivos, abusivos o equiparables, o si con la operación original o accesoria, se simula o encubre algún otro acto jurídico distinto de la naturaleza que sea.

En lo conducente, se observará lo dispuesto por el artículo 11 del Código Penal Federal.

ARTICULO SEXTO. Se reforman las fracciones VIII y X, y se adicionan las fracciones XXII, XXIII y XXIV, del artículo 387; se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, al artículo 390, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387. ...

I a la VII. ...

VIII. Al que obtenga dinero, valores, bienes raíces o cualquier otra cosa, mediante el cobro de intereses o réditos lesivos, excesivos, abusivos o equiparables, u obtenga cualquier beneficio económico, o realice cualquier préstamo de dinero con intereses superiores al tipo legal, sin estar inscrito en el Registro Público de Comercio, y en el listado nacional de prestamistas a que se refiere el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y a quien cobre, bajo cualquier concepto, prestaciones en dinero que no estén comprendidas, ni deriven de la operación original;

IX. ...

X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, o cuando con la celebración, formalización o protocolización de un convenio o contrato, o con la suscripción de un título de crédito, se encubra o duplique un acto jurídico distinto, previo o posterior, de la naturaleza que sea, o colabore en hacer aparecer operaciones, convenios o contratos inexistentes, o cambiando u ocultando los reales, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido;

XI a la XXI. ...

XXII. A quien mediante engaños obtenga de otra persona, la renegociación de una deuda vencida y no pagada, en la que se suscriba un título de crédito o convenio que incluya la suma del dinero adeudada, sus intereses, penalizaciones y demás gastos o costos financieros inventados; o cobrando intereses ordinarios y moratorios al mismo tiempo; o cobre intereses mensuales por un solo día de retraso; o no acepte pagos anticipados a capital; o niegue la entrega de estados de cuenta que reflejen fielmente y ajustado a derecho la situación en que se encuentra la deuda.

A quien compre, venda, endose o cobre títulos de crédito vencidos, a sabiendas de que ya están pagados total o parcialmente, sin sujetarse al importe realmente adeudado; y

A quien cobre o presente para su cobro títulos de crédito prescritos, asentando en ellos cualquier anotación que los haga estar vigentes.

Artículo 390. ...

...

Las mismas penas señaladas en este artículo, se impondrán a quien con derecho, o sin él, extrajudicialmente ejerza presión física o psicológica, en forma personal o a través de cualquier medio de comunicación, en el domicilio o fuente de trabajo de otro, con la finalidad de compelerlo a cubrir alguna obligación económica, sin importar su naturaleza, proveniente de cualquier crédito o adeudo civil o mercantil, aun cuando no sea su titular.

Las mismas sanciones se impondrán a quien o quienes reciban dinero o cualquier cosa mueble o inmueble, como pago de suerte principal, réditos, intereses o equiparables, relacionados con un adeudo civil o mercantil, y no otorgue simultáneamente el correspondiente recibo, impreso en papel y tinta permanente, en el cual se contengan los datos necesarios para identificar la obligación que se liquida.

Idéntica sanción se impondrá a quien por cualquier medio, difunda el hecho cierto o falso de que una persona haya dejado de cumplir alguna obligación económica, sea de la naturaleza que sea.

Primero.Las adiciones, reformas y adecuaciones, surtirán efectos a partir del día siguiente a aquél en que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan a las adiciones, reformas y adecuaciones, contenidas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Ángel II Alanís Pedraza, Arturo Santana Alfaro, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Héctor Peralta Grappin, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jorge Tello López, Karen Hurtado Arana, Kathia María Bolio Pinelo, Lluvia Flores Sonduk, Luis de León Martínez Sánchez, Rafael Hernández Soriano, Tania Victoria Arguijo Herrera, Tómas Octaviano Félix (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alanís. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, para dictamen. Y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Arturo Santana, por favor.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Sí, diputado presidente, nada más por su conducto preguntarle al diputado Alanís Pedraza si nos permite suscribir esta importante iniciativa, que me dicen mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD que nos permita suscribirla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Alanís. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que quién sabe?

El diputado Ángel II Alanís Pedraza(desde la curul): Que sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia para que quienes han sido aludidos, incluido el diputado Santana, todos los del Grupo Parlamentario del PRD puedan, desde luego, suscribirla. Aquí está a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Y desde luego para quienes así lo consideren.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jorge Tello, por favor.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Solamente para pedirle al diputado promovente que me dé la oportunidad de suscribir esta iniciativa, ya que en Oaxaca, como sin duda es en todo el país, hay muchas cajas que defraudan a los compañeros que están allá en el vecino país de Estados Unidos y los dejan sin nada.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Alanís reitera su disposición.

El diputado Alfredo Basurto Román(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido también allá en la curul del diputado Basurto.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, presidente. En relación, y agradecer a los pocos legisladores que todavía quedan en el pleno. La iniciativa la estuve escuchando con mucha atención y hay mucho de fondo en esa iniciativa que se está presentando. Yo creo que donde debemos de iniciar, incluso como ampliarla, mientras no toquemos los intereses con los que presta el banco, las cajas de ahorro se sujetan y se apoyan en la tasa de interés que se fija por la Banca de México.

Entonces vamos más de fondo. si reducimos los intereses que la Banca reduzca los intereses las cajas de ahorro o los grupos que prestan, no les va a quedar otra más que de sujetarse al interés legal que rige en el país, y por lo tanto evitaríamos esa usura que usted menciona, que es muy cierto. Hay personas que por ocho mil pesos terminan pagando 50 mil, y otros de acuerdo a su crédito pierden todo su patrimonio y quedan totalmente en la insolvencia.

Pero toquemos realmente donde viene el mal, el mal viene de la Banca, si tocamos ahí el interés que a la Banca se le baje y se reduzca el interés y quede plasmado en ley, verá que lo demás va a surgir efectos en favor de la población. Es cuanto, presidente

El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Sí, adelante, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, el diputado Alanís, ha manifestado desde luego su disposición para que pueda ser suscrita por quienes así lo consideren.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Los todavía aun presentes, diputados y diputadas, presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, la iniciativa que se presenta con modificaciones a lo anteriormente mencionado y en el cual estoy seguro que todos reconocemos que los alimentos, junto con el agua, son los insumos energéticos esenciales para los seres humanos.

Luego entonces cuestiono, ¿Por qué se esmeró tanto este gobierno y los partidos corruptos firmantes del Pacto por México, en impulsar una serie de reformas como la energética, que da prioridad a la explotación de recursos naturales de una manera desmesurada, antes de buscar el bienestar real de la población, satisfaciendo una de las necesidades básicas como es la alimentación?. Nuestro país está atravesando por una crisis en materia de alimentación.

Por un lado hay comunidades de nuestro país con alto grado de marginación, las que tienen menor índice de desarrollo humano, donde rayan en la hambruna. Al mismo tiempo la dependencia alimentaria en los grandes centros poblacionales con un paupérrimo poder adquisitivo, trae como consecuencia el aumento de enfermedades por una mala alimentación provocada por productos chatarra que han generado diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardíacas, pérdida de calidad ósea, entre otros males.

Todo esto se debe entre otras cosas porque en los últimos 25 años las malas políticas públicas implementadas por los gobiernos anteriores del PRI y del PAN han fomentado la globalización de manera negativa al importar alimentos de baja calidad sin valor nutricional dando la espalda a los productores mexicanos, que han desmantelado toda la estructura para facilitar la producción, transportación, almacenaje y comercialización de estos alimentos.

Hoy, tan solo las cifras oficiales, en nuestro país se encuentran 28 millones de personas padeciendo pobreza alimentaria y otros 35 más en situación de vulnerabilidad, es decir que es un promedio de 63 millones de mexicanos en el cual no hay un índice de pobreza de quién es más pobre y quién es menos pobre. Es pobreza y díganlo como quieran.

Cada vez es más frecuente, pero hay un factor más que ha afectado la producción nacional de alimentos y por ende la alimentación del pueblo de México. El gobierno mexicano se ha llenado la boca presumiendo de las más recientes reformas estructurales como la cúspide y la palanca del proceso y desarrollo de México.

Cosa más falsa porque la privatización de la riqueza de la nación, con un falso discurso el cual ha mantenido este gobierno, en donde se sabe que la riqueza económica se genera solo para unos cuantos beneficiarios, dentro de ellos Grupo Higa, OHL, o el consentido de este gobierno corrupto, Ramiro Garza, dueño de Grupo R, contratista preferido del gobierno federal a través de Pemex con esa filial de Grupo R, en donde según los medios de información renta plataformas petroleras por medio millón de dólares diarios.

Cada vez es más frecuente escuchar el descontento en comunidades enteras que se oponen a la puesta en marcha de megaproyectos que solo benefician a unos cuantos y restringen los recursos naturales en lugar donde antes se sembraban alimentos, donde se hacían surcos para ver crecer el maíz, alimento base de la cultura mexicana. Lamentablemente ahora se han convertido en caminos de asfalto y de concreto.

Así tenemos ejemplo de líderes sociales que se anteponen a estos proyectos como La Parota en Guerrero, como la comunidad yaqui, que se opone al acueducto Independencia, en el noreste del país, a los habitantes de Tlaxcala, Puebla y Morelos, que se oponen al gasoducto y tras bases del Proyecto Integral Morelos; entre ellos tenemos afortunadamente, a nuestra diputada Blandina Ramos, en Puebla. También existe un grupo de especialistas que se oponen al fracking, entre muchas otras cuestiones.

Siguen el mal ejemplo del traidor y ladrón del PRI Carlos Salinas de Gortari, al grado de la insensatez y de que esta administración quedaron perfectamente evidenciadas y plasmadas por lo que publica el The Economist, en donde señala que en referencia a la corrupción, por los que en ese momento atravesaba el país, y en donde continúan, y el presidente no entiende que no entiende del asunto de la corrupción que hay que pararla.

Como muestra, el pasado primero de marzo de este año, en el marco de la Trigésima Cuarta Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el doctor José Graziano da Silva, representante de la FAO en México, indicaba que “así como existen diferencias de México, hay también disparidad en el resto de América Latina y el Caribe, alrededor de 34 millones de personas siguen sufriendo de hambre en la región”.

En el mismo acto el presidente Peña Nieto señalaba “somos la única región que alcanzó las metas establecidas en los objetivos de desarrollo del milenio, logramos reducir a menos de la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, al pasar de 15.3 por ciento, en el trienio 90-92, (que por cierto gobernaba Salinas de Gortari, el patrón de muchos de aquí), al 6.1 por ciento en el trienio 2012-2014”. Concluyo. Luego entonces no nos queda duda que es verdad que el presidente no entiende, por ende, no entiende tampoco y les expongo a ustedes que la agricultura familiar en nuestro país produce cerca del 35 por ciento de los alimentos que se producen para todos los mexicanos, ocupando tan sólo el 8.3 por ciento de la superficie nacional.

Por ello exhorto a que analicen esta iniciativa que se propone, y aprobarla para garantizar el desarrollo del país y eliminar el hambre, de la cual se padece una cuarta parte de nuestra población mexicana y garantizar el futuro alimentario de las futuras generaciones. Hacer lo contrario es continuar en un camino de traidores y de corruptos. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez,integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, párrafo tercer; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México enfrenta hoy una de sus peores crisis en materia de alimentación. Tomando en cuenta las estadísticas oficiales más recientes podemos observar que, de acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México se contabilizaron 119 millones 938 mil 473 habitantes; con este dato, es importante analizar los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, que señalaba que en 2014 el 23.4% de la población, es decir 28 millones de mexicanos padecía de carencia por acceso a la alimentación; ello significaba un una tasa de crecimiento del 0.1% es decir 600 mil mexicanos más que en el año 2012, año de la revisión anterior, lo que significa que prácticamente 1 de cada 4 mexicanos padecen hambre.

En la revisión del año 2014, se puede ver que la población asentada en localidades urbanas y que lamentablemente se encontraban en situación de carencia alimentaria ascendía a 19.1 millones de personas, en contraste 8.9 millones de personas tenían este padecimiento en sector rural; un 20.7% contra un 32.1% de la población en estos entornos respectivamente.

Si es en el agro donde se producen los alimentos predominantemente, resulta un contrasentido el hecho de que de 2012 a 2014 el porcentaje de la población rural en estas circunstancias aumentara en 1.2% lo que equivale a un aumento de cerca de medio millón de personas.

De acuerdo con el Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, en México existen 5.4 millones de Unidades de Económicas Producción Rural (Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras), cerca de 4.2 millones (78.52%) de éstas corresponden a Unidades Familiares, y de estas, poco más de 1.2 millones son consideradas Unidades Productivas Familiares de subsistencia sin vinculación al Mercado, y su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”; cerca de 2.7 millones de unidades son consideradas de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos primarios, presentan emprendimientos no agropecuarios de menor escala, así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso familiar. En cuanto a las Unidades Productivas Familiares en transición, estás no alcanzan las 300 mil, la mayoría de ellas con problemas de dotación de activos productivos.

La extensión territorial de México es de 196.4 millones de hectáreas, de las cuales 109.25 millones de hectáreas se encuentran en manos de las Unidades Económicas Rurales, lo que corresponde al 57.2% del territorio nacional. La superficie de labor concerniente al segmento de agricultura familiar representa únicamente el 8.3% (2.58 millones de has) del total de la superficie de labor en México.

El segmento de agricultura familiar con potencial productivo presenta en promedio una superficie de 4.7 hectáreas, mientras que a nivel nacional la superficie promedio de las UER en el sector rural es de 24.7 ha equivalentes. Es decir, en el sector rural la superficie promedio es más de cinco veces mayor que en el segmento de agricultura familiar.

En vista de lo anterior, es de suma importancia resaltar que, con tan solo el 8,3% de la superficie productiva del país, la agricultura familiar produce cerca del 35% de la producción nacional de alimentos; muy en sintonía con la realidad de toda Latinoamérica, donde la agricultura familiar genera entre 30 y 40% del PIB agrícola y más del 60% del empleo rural, da empleo aproximadamente a dos de cada tres agricultores, representa más del 70% de las unidades productivas, y es el principal abastecedor de la canasta básica de consumo de alimentos.

Frente a este escenario resulta absurdo qué la dependencia alimentaria en México se haya incrementado sustancialmente en los últimos 20 años. Del 65% restante de los alimentos consumidos en México, casi un 40% provienen de fuera de nuestras fronteras, muchas de las veces empaquetados en formatos de alimentos procesados y ultra-procesados que poco aportan al valor nutrimental y cultural de las familias mexicanas y que, por el contrario, han abonado a la grave crisis de obesidad y enfermedades relacionadas que hoy afectan tanto a la población, como al sistema de salud pública y sus finanzas, contraviniendo así tanto con el desarrollo de México, como con el marco legal nacional e internacional que el Estado ha ratificado.

En ese sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, establece que los Estados Parte reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; así mismo, se debe Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Para profundizar, la Organización de las Naciones Unidas emitió en 1999 la Observación General No. 12 en la que señalaba que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, lo que significa que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles.

Señala también que por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda. Es en este punto, donde la participación de la agricultura familiar resulta no solo rescatable, sino del todo un modelo a promover y proteger en la legislación mexicana.

La misma observación indica que el derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. En relación a la agricultura familiar, es de rescatar que la obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 66/222 afirma que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria y se reconoce su importante contribución para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente

Las explotaciones agrícolas familiares son, con gran diferencia, la forma de agricultura predominante en el mundo. Hay más de 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, de los cuales más de 500 millones son granjas familiares. Las estadísticas muestran que estas producen más del 80 % de los alimentos del mundo en términos de valor. Si bien existe una gran diversidad de explotaciones familiares en el plano mundial, la gran mayoría de ellas son pequeñas o muy pequeñas. Las granjas familiares constituyen en su conjunto la fuente más importante de empleo en todo el mundo. La agricultura familiar es mucho más que un modo de producción de alimentos: también es una forma de vida.

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con fecha de cumplimiento en el año 2030; el segundo de los 17 objetivos acordados por 193 acciones, entre las que se encuentra México, señala:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Con este marco global, se llevó a cabo del 29 de febrero al 3 de marzo del presente año, en la Ciudad México, la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En el acto inaugural, el Dr. José Graziano da Silva, Representante de la FAO en México, indicaba que:

“...así como existen diferencias de México, hay también disparidad en el resto de América Latina y el Caribe; alrededor de 34 millones de personas sigue sufriendo de hambre en la región, que es la mayor exportadora neta de alimentos de todo el mundo.”

Si bien es difícil que en el ámbito de lo rural encontremos definiciones que puedan aplicar en la legislación para toda la población y actividades que se realizan, es conveniente en la medida de lo posible, buscar la más cercana y aplicable a la diversidad que en la ruralidad se encuentra. Con el propósito de disponer de una medida para evaluar el avance en el derecho a la alimentación, diversos organismos internacionales e instituciones han desarrollado el concepto de seguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos. Este concepto se encuentra estrechamente vinculado al acceso a la alimentación, por lo que se considera apropiado para la medición del indicador de carencia para esta dimensión.

Cuando hablamos del sector rural, es inevitable referirnos a la actividad agricultura como la actividad del campo, sin que esta sea la única que pueda realizarse en este sector, sin embargo, la estadística no deja lugar a dudas que es la agricultura junto con la ganadería, la actividad de mayor ejercicio entre las familias del agro.

Es entonces, la agricultura familiar y su principal producto, los alimentos, la gran aportación que hace la gente del sector rural a la sociedad no solo del campo, sino también de las sociedades; es por ello que en el contexto mexicano, la aportación que hacen las familias que practican la agricultura es una herramienta fundamental para combatir la pobreza alimentaria en nuestro país.

Más aun, el potencial productivo que tienen quienes se dedican a esta noble tarea, debería bastar para alimentar a todos y cada uno de los mexicanos y generar excedentes que sirvan a los productores para satisfacer todas sus necesidades básicas y más.

Como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO, por sus siglas en inglés- l a agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres.

Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma predominante de agricultura en la producción de alimentos.

A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar, como las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación especializada, entre otros.

La agricultura familiar tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, y sus aportaciones son plenamente reconocidas en el ámbito internacional.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Para ello, en el Decreto por el que se estableció la Cruzada Nacional contra el Hambre, principal política con la que el Estado ha pretendido combatir este mal, el ejecutivo federal ha señalado, que es su propósito dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social; nuestra prioridad es que ningún mexicano padezca hambre.

Más aún, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un “ México Próspero” que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos;

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala dentro de la Meta Nacional No. IV. “México Próspero”, el Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, disponiendo al mismo tiempo que para efectos de lograr su consecución se implementarán las siguientes estrategias de política pública nacional: 1).- “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”; 2).- “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario”; 3).- “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”; 4).- “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, y 5).- “Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo”.

En este mismo contexto de políticas, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establecen los siguientes objetivos estratégicos: a).- Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria; b).- Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario; c).- Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; d).- Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y e).- Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

Bajo este marco, es importante señalar que las familias que se dedican a la agricultura, enfrentan varios retos, por una parte, aquellos que impone el libre mercado y que, en vista de sus escalas y magnitudes, les somete a incorporarse a un sistema de oferta y demanda que no responde a sus realidades; remarcando que al referirnos al plural “realidades”, entendemos que la mega diversidad ambiental y cultural de la nación mexicana, deberían obligar a la generación de políticas que reconozcan estas diferencias.

Por otra parte, el esquema de Agricultura Familiar, responde más a una lógica de cooperativismo que no coincide con el esquema de competencia de libre mercado bajo el cual se han redactado las leyes, particularmente las del sector rural.

Es por ello que el impulso a la agricultura familiar, la producción nacional de alimentos en su conjunto y el derecho humano a una alimentación adecuada, suficiente, y de acuerdo a las realidades culturales y regionales del país, debe implicar el reconocimiento a tal actividad y a la producción de alimentos, desde el marco constitucional, hasta sintonizar con la legislación internacional que el estado mexicano ha suscrito y ratificado.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman los artículos 4, párrafo tercero; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 4o., párrafo tercero; 25, párrafo quinto; 27, fracción XX, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará mediante el impulso de la producción nacional de alimentos.

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Artículo 25. ...

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El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. La producción de alimentos será considerada un área estratégica del Estado.Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

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Artículo 27. ...

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I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X....

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX.El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra y el impulso a la agricultura familiar para la producción de alimentos en el país, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca , a partir de la producción nacional de alimentos y de las unidades familiares de producción.

Artículo 28. ...

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No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; e incluirá la producción de alimentos;así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

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Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez,Alfredo Basurto Román, Jorge Tello López (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

VOLUMEN III

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra el diputado Manuel Espino, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Manuel de Jesús Espino:Gracias, diputado presidente, con su permiso. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados federales, en nuestro país la democracia y la política están en crisis de credibilidad, vienen a la baja en la aceptación ciudadana.

La Encuesta Nacional de Vivienda realizada a finales del 2014 daba cuenta ya desde entonces, que el 61 por ciento de los mexicanos estaban insatisfechos con la democracia, y sólo un 12 por ciento decía creer en los partidos o que éstos representan a los intereses de la sociedad.

En consecuencia de lo anterior, nuestro sistema electoral registra una participación promedio de al menos un 45 por ciento en los comicios federales y locales. Una de las causas primordiales de esa crisis de credibilidad reflejada en el abstencionismo electoral es el desempeño de los partidos políticos y su corresponsabilidad con la corrupción que aflora en nuestros gobiernos e instituciones.

Tan es así, que el 91 por ciento de los ciudadanos considera a los partidos como las entidades más corruptas en México. La explicación de esa opinión ciudadana es simple, los partidos han postulado candidatos que llegan a un cargo público a robar y se ven envueltos en la impunidad, ejemplos abundan. Han habido diputados –y los sigue habiendo– aficionados a los moches, por ejemplo, y a la acumulación de fortunas de origen ilícito.

A esta representación nacional han llegado personajes promovidos por los partidos que son unos verdaderos pillos y que se refugian en el fuero constitucional. Otros hasta han solicitado licencia para ser postulados recientemente como candidatos a gobernadores.

El malestar de la ciudadanía hacia los partidos no es sólo por su imbricada relación con la corrupción, es también por altísimo nivel de financiamiento público que reciben y por el gasto que representan en un contexto de pobreza que crece cotidianamente en México.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la población en pobreza es superior a los 55 millones de mexicanos. El Colegio de México reporta además una medición de más de 11 millones de personas que sobreviven en pobreza extrema. Es preocupante que casi 33 millones de mexicanos están en el empleo informar y más del 27 por ciento de la población padezca, como ya se ha dicho anteriormente, carencia alimentaria.

Tan solo con estos indicadores, compañeras y compañeros, resulta inaceptable por incongruente que el Instituto Nacional Electoral aprobara más de 5 mil 300 millones de pesos para distribuir entre los partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral de 2015.

Ello representó casi el doble de recursos asignados en 2014 para programas de construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mismos que son fundamentales para la ciudadanía.

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, por sus siglas en inglés, ha señalado que en México el sistema de elecciones es un gran devorador de recursos públicos, que el sistema de elecciones es de los más caros en la región de la América Latina.

De acuerdo con estudios de esta organización, el costo de cada voto en México en 2009 fue superior a los 5.9 dólares. En el año 2015 el voto fue 18 veces superior al promedio de toda América Latina, llegó a 17.24 dólares. Con razón, dice IFES, el sistema electoral mexicano no solo es el más oneroso en la región, sino también de una lista de 36 naciones de África, Asia y Europa.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde 1964 diversas reformas en materia electoral recogieron la conclusión de que era conveniente otorgarles a los partidos financiamiento público para evitar que fueran patrocinados por poderes fácticos. Ese cálculo evidentemente falló, la situación de los partidos lo demuestra.

Por ello, en la bancada de Movimiento Ciudadano consideramos que nuevamente ha llegado el momento de reabrir el debate con seriedad y con responsabilidad para impulsar modificaciones profundas a nuestro sistema de partidos, a los cuales reconocemos como imprescindibles en la configuración de la democracia.

Proponemos no disminuir, como muchos han sugerido recientemente. Proponemos eliminar el financiamiento público de los partidos. No solo para que estos dejen de ser una carga costosa para los ciudadanos, no solo para generar un ahorro en el erario público, sino para incentivar la construcción de una democracia electoral de contiendas equitativas y limpias y de una cultura cívica basada en la participación ciudadana.

Si millones de mexicanos han vivido en la austeridad, justo es que los partidos se aprieten ahora el cinturón, así sea temporalmente, en lo que se reivindican ante la sociedad. Diputado presidente, le ruego a usted que el texto íntegro de esta iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con la siguiente:

I. En México, la primer reforma en materia de financiamiento a partidos políticos fue en el año de 1964, a razón de la propuesta del ex Presidente Adolfo López Mateos, con la finalidad de considerar apoyos económicos para los partidos políticos siempre y cuando estuviera constituidos legalmente, dispensando impuestos para timbre que cause en los contratos de arrendamiento, compra, venta y donaciones de inmuebles, rifas y sorteos que generen recursos para fines de su instituto, aquellos ocasionados por la venta de los impresos que se editen relacionados con la difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de equipos y medios de los diputados del partido.

Sin embargo, no fue hasta el año de 1977 cuando el ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, retomo el tema sobre las prerrogativas para los partidos políticos, donde se adicionaron algunas innovaciones como el acceso a la radio y la televisión con cobertura nacional, durante los períodos de campaña electoral disponiendo de hasta 10 minutos quincenales.

En el año de 1977 José López Portillo propuso la nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y el reconocimiento constitucional de los partidos políticos en México, otorgando el acceso permanente a la radio y televisión, la exención de impuestos y pago de derechos, disfrutar de franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, disponer de los medios adecuados para sus tareas editoriales y contar durante los procesos electorales en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades, encaminadas a la obtención del sufragio popular.

Derivado de la reforma a dicha Ley, el 27 de octubre del siguiente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de los Organismos Electorales y Previsiones para la Ley de Organizaciones Políticas para la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En este reglamento se tipifican las prerrogativas a las que se tienen derecho los partidos políticos; se otorga un tiempo mínimo de dos horas y un máximo de 4 del tiempo del estado en radio y televisión; se extienden franquicias postales y telegráficas para enviar correspondencia ordinaria, propaganda y publicaciones periódicas. Además se extienden prerrogativas para la impresión de carteles y folletos de igual formato y calidad para todos los partidos políticos, con un número proporcional al número de fórmulas de candidatos registrados para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y al de las listas para elección de diputados por el principio de representación proporcional. Por último, se extienden las prerrogativas para facilitar locales de los partidos políticos que así lo soliciten y para la celebración de sus reuniones públicas.

En 1987 Miguel de la Madrid Hurtado propuso y aprobó un Código Federal Electoral, en este se fijaron quince minutos mensuales de tiempo de transmisiones para cada partido político de manera permanente reafirmando el incremento de la duración de las transmisiones en tiempos electorales, además se dispone la transmisión de programas de cobertura regional, siempre y cuando no excedieran la mitad del tiempo asignado para sus propios programas de cobertura nacional, asimismo se añade que todos los partidos tendrían derecho a participar en un programa especial transmitido por radio y televisión dos veces al mes.

Carlos Salinas de Gortari modificó en 1989 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Libro segundo de los Partidos Políticos, ampliando nuevas bases de financiamiento, introduciendo disposiciones relativas al desarrollo de las campañas y a la propaganda electoral, estableció los principios que generaran equidad en el acceso a los medios de comunicación y mayor equilibrio en el financiamiento a los partidos y el establecimiento de topes de campaña.

Fue en 1996 cuando el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, poco antes de que iniciara el proceso electoral, promovió reformas al COFIPE obligando a las legislaturas de los estados a modificar sus leyes electorales. Con esto se otorgó el derecho a los partidos políticos a disfrutar de sus prerrogativas y a recibir el financiamiento público, generando con esto la práctica de auditorías y verificaciones respecto de sus ingresos y egresos, además de puntualizar que las prerrogativas y el financiamiento público sean utilizados exclusivamente para el sostenimiento de las actividades contempladas en la Ley.

En cuanto a las condiciones de la competencia se introdujo el precepto de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, de tal manera que los partidos políticos dependieran del erario público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y otra para las actividades relativas a la obtención del voto durante los procesos electorales. En ambos casos, 30% del financiamiento público total se distribuirá entre los partidos de manera igualitaria, el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos en la elección inmediatamente anterior.

II. En México existe una gran problemática sobre el excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos. Si bien es cierto que estas organizaciones juegan un papel importante en la configuración de la democracia, también existen muchas opiniones acerca de que estos resultan demasiado costosos y que algunas de estas organizaciones son utilizadas como negocios en beneficio exclusivo de sus dirigentes, a costa del erario público.

Por esta razón ha llegado el momento de impulsar modificaciones profundas a nuestro sistema de partidos, de tal manera que el Estado mexicano sea capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos e incentivar su participación en la vida democrática.

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) es un organismo que año con año publica informes que se han tomado como referencia por diversos estudiosos del tema, para señalar que en México, el sistema de elecciones es un gran devorador de los recursos públicos, siendo de los países más costosos para llevar a cabo procesos electorales, no solo en América Latina sino también entre algunos países de Asia, África y Europa.

De acuerdo con estudios de esta organización el costo de cada voto en México en 2009, fue de 5.9 dólares: “las distancias respecto de otras democracias en América Latina son muy desfavorables en relación con la mexicana, pues según se desprende del informe, en Brasil el costo del voto es de 29 centavos de dólar; en Colombia, 1.95; Ecuador, 1.09; Panamá, 5.25; Uruguay, 3.72, y el más elevado –sin contar a México– es el de Costa Rica, donde asciende a 8.58 dólares”.

Para el año 2015, el costo del voto en México es 18 veces superior que el promedio de toda América Latina, subrayando que “el sistema electoral mexicano no sólo es el más oneroso en la región, sino también de una lista de 36 naciones de África, Asia y Europa”. Tras las elecciones llevadas a cabo durante el 2015, el IFES señaló que “el costo por voto [...] en México llega a 17.24 dólares, lo que lo convierte en el voto más caro de Latinoamérica”, y con lo que se confirma que el costo del voto en México creció en más del doble en 6 años.

En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 5,356’771,247 pesos, para ser distribuidos entre los partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral de 2015, casi el doble de recursos asignados en 2014 para programas de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y similar al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, mismos que son fundamentales para la ciudadanía.

III. En Movimiento Ciudadano consideramos fundamental eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, no sólo para generar un ahorro en el erario público mexicano, sino para incentivar la construcción de una democracia de calidad, de contiendas electorales equitativas y limpias, y de una cultura cívica basada en la participación ciudadana.

Debemos ser conscientes que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Vivienda realizada en julio de 2014, 41 por ciento de los mexicanos manifiesta que los partidos políticos no representan los intereses de la ciudadanía, aunado a la inconformidad generalizada por el excesivo otorgamiento de recursos públicos por medio de sus contribuciones. En las pasadas elecciones según datos del INE, se contó con una participación ciudadana de 39 millones 872,757 votantes, es decir 47.7 por ciento respecto al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Los partidos políticos son entidades de interés público y por ello es su responsabilidad impulsar la participación ciudadana en los procesos electorales. Reivindicar la credibilidad de las instituciones tendrá que ser una tarea exhaustiva para los partidos políticos, cambiar la manera atraer al ciudadano y que ello derive en un voto a favor será la recompensa en primera instancia por su labor de convencimiento.

Los partidos políticos no deben ser una carga para los ciudadanos, ni debe ser costosos para la democracia. Los ciudadanos exigen austeridad y política de calidad, y frente a ello los partidos políticos deberían tener el valor de apretarse el cinturón. Si los partidos políticos no son capaces de generar confianza y de ganar votos, simplemente, deben recibir menos recursos públicos. Los partidos políticos que quieran más recursos, deben ser capaces de convencer a los ciudadanos de apoyarlos.

Con esta modificación buscamos los siguientes objetivos:

• Impulsar una medida de austeridad y ahorro. Detener el derroche de recursos públicos que representa el financiamiento público a los partidos políticos.

• Obligar a los partidos políticos a hacer campañas de calidad, porque si quieren más dinero tendrán que lograr que la gente salga a votar, así como erradicar la compra de votos con dinero de las contribuciones de los ciudadanos. Hoy, los partidos políticos reciben automáticamente financiamiento público e incluso hay algunos partidos que promueven el abstencionismo, la guerra sucia y otras prácticas que desincentivan la participación ciudadana. Con nuestra propuesta, si quieren más recursos, deberán buscar incentivar el financiamiento privado y el apoyo ciudadano, y para lograrlo tendrán que modificar su comportamiento y las malas prácticas en sus campañas.

• Contar con una mayor rendición de cuentas, ya que los partidos políticos estarán obligados a fortalecer sus lazos de comunicación e interacción con los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Que reforma la fracción II del artículo 41 y los incisos g) y k) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y deroga y modifica diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 41 y los incisos g) y k) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.[...]

[...]

I. [...]

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, mismo que deberá ser de origen privado , y se sujetará al límite que establezca el Instituto Nacional Electoral conforme a esta Constitución y las leyes correspondientes.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. a VI. [...]

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

[...]

I. a III. [...]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

a) a f) [...]

g) Los partidos políticos puedan acceder a financiamiento privado. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

h) a j) [...]

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho de acceder a financiamiento privado y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

l) a p) [...]

V a IX. [...]

Artículo Segundo. Se derogan el inciso b) del artículo 26, los artículos 50, 51 y 52, el inciso a) del artículo 70, y se reforman el inciso d) del artículo 23, el inciso k) del artículo 30, el numeral 1 del artículo 53, el inciso a) del artículo 54, el artículo 56, la fracción I del inciso d) del artículo 380 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) a c) [...]

d) Acceder a las prerrogativas y al financiamiento privadoen los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.

[...]

e) a la l) [...]

Artículo 26.

1 .Son prerrogativas de los partidos políticos.

a) [...]

b) Derogado.

c) a d) [...]

Artículo 30.

1. Se considera información pública de los partidos políticos:

a) a j) [...]

k) Los montos de financiamiento privadootorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así? como los descuentos correspondientes a sanciones;

l) a t) [...]

Artículo 50. Se deroga.

Artículo 51. Se deroga.

Artículo 52. Se deroga.

Artículo 53.

1. Los partidos políticos podrán acceder al financiamiento privado con las modalidades siguientes:

a) a d) [...]

Artículo 54.

1. [...]

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos;

b) a g) [...]

Artículo 56.

1. Los partidos políticos podrán acceder financiamiento privado con las modalidades siguientes:

a) a c) [...]

2. El financiamiento privado se ajustara? a los siguientes límites anuales

a) El instituto determinará el tope de financiamiento privado anual conforme a lo establecido en la presente ley y la Constitución;

b) El tope anual de financiamiento privado sólo podrá incrementarse conforme a la inflación.

3. al 6. [...]

Artículo 70.

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Derogado.

b) a j) [...]

Artículo Tercero.Se reforman el artículo 212, la fracción I del inciso a) del numeral 4 del artículo 243, el numeral 2 del artículo 353, el numeral 4 del artículo 368, la fracción I del inciso f) del artículo 394, los artículos 398, 406 y 407, y se derogan el numeral 3 del artículo 31, el inciso d) del artículo 55, el inciso c) del artículo 104, el inciso a) del artículo 188, el inciso c) del artículo 393 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 31.

1. a 2. [...]

3. Derogado.

4. [...]

Artículo 55.

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a) a la c)

d) Derogado.

e) a o) [...]

Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) a b) [...]

c) Derogado.

d) a r) [...]

Artículo 188.

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Derogado

b) a j) [...]

Artículo 212.

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para la imposición de la sanción que al respecto establezca esta Ley.

Artículo 243.

1 a 4. [...]

a) [...]

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del tope establecido para el financiamiento privado en el año de la elección presidencial, y

b) [...]

Artículo 353.

1. [...]

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

3. [...]

Artículo 368.

1. a 3. [...]

4. Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral donde recibirá el financiamiento privado en los términos de la legislación aplicable.

5. [...]

Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes:

a) a d) [...]

I) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos;

II) a VI) [...]

e) la i) [...]

Artículo 393.

1. [...]:

a) a b) [...]

c) Derogado.

d) a h)

Artículo 394.

1. [...]:

a) a f) [...]

I) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos;

II) al VII) [...]

g) a o) [...]

Artículo 398.

1. El régimen de financiamiento de los candidatos independientes se sujetará a las modalidades del financiamiento privado que otorga la Constitución y esta ley.

Artículo 406.

1. En ningún caso, los candidatos independientes podrán recibir en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento privado que reciban.

Artículo 407.

1. Los candidatos independientes tendrán derecho a acceder al financiamiento privado para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución de prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.

Segundo.Una vez publicado el presente decreto se cancelarán las ministraciones de financiamiento público destinadas a los partidos políticos para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que se deberán realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas. Los recursos que se hayan previsto para el financiamiento público a los partidos políticos deberán redireccionarse en los respectivos presupuestos exclusivamente a inversión pública, educación o salud.

Tercero.El Instituto Nacional Electoral y los institutos locales deberán aprobar dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo en el que establezcan el tope máximo de financiamiento privado que podrán obtener los partidos políticos, conforme a las reglas establecidas en la presente reforma, debiéndose calcular por única ocasión, la parte proporcional a los meses del año que falten por transcurrir.

Cuarto.En las entidades federativas que se encuentren en proceso electoral al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las reglas del financiamiento establecidas en esta reforma entrarán en vigor hasta que concluya el proceso electoral respectivo.

Quinto.El Instituto Nacional Electoral deberá adecuar sus reglamentos conforme a las disposiciones del presente decreto a más tardar 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Urrutia, Alonso y Martínez, Fabiola (2009), “Cuesta el voto en México 18 veces más que el promedio en AL”, en La Jornada,19 de Junio de 2009, Política.

2 Redacción (2010), “México, el voto más caro de Mundo”, en El Milenio,22 de Noviembre de 2010, Política

3 Huchim, Eduardo y Villanueva Paloma (2015), “El costo de las elecciones”, en Reforma, 26 de junio de 2015, Revista R.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Espino. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal cual lo ha solicitado el diputado proponente, y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o de la Ley General de Educación.

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad infantil son ya un grave problema de salud púbica en México. De no atenderse y tomarse las medidas adecuadas, corremos el inminente riesgo de hacer colapsar a nuestro sistema de salud.

Se calcula para que para este año habrá 42 millones de niños de sobrepeso a nivel mundial, de los cuales 35 millones provendrán de países en desarrollo. Lo anterior resulta alarmante si tomamos en cuenta que un niño obeso tiene altísimas probabilidades de que nunca deje de tener problemas de sobrepeso y será propenso a desarrollar diabetes y padecimientos cardiovasculares.

Como consecuencia de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud ha priorizado el tema de la prevención de la obesidad infantil, para lo cual ha establecido métodos y patrones de comportamiento infantil que permitan conocer y saber cuál es el peso y talla ideal en cada etapa de desarrollo infantil. Sin embargo, los acelerados cambios fisiológicos que se presentan durante la niñez complican la determinación de valores de peso y talla adecuados en cada etapa del infante.

En Encuentro Social creemos que si somos capaces de establecer las políticas públicas adecuadas para atender la obesidad infantil, les estaremos asegurando a nuestros niños una edad adulta plena y una vejez larga y sana. De lo contrario no habrá recursos que alcancen para poder atender a una población mayoritariamente obesa.

Por tal razón, se hace necesario trabajar desde ya en la educación alimentaria y activación física de nuestras niñas y niños. Resulta revelador conocer que dentro de los países que integran la OCDE, uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis es considerado obeso, y en ese contexto nuestro país junto con Estados Unidos ocupa los índices más altos de sobrepeso y obesidad dentro de la OCDE.

Además la obesidad representa una carga enorme para los sistemas de salud. El gasto dedicado a personas obesas es al menos 25 por ciento más alto que el que se destina a una persona sin sobrepeso.

Al respecto, la OCDE ha elaborado un diagnóstico para nuestro país, señalando lo siguiente. Con programas individuales de prevención se podrían evitar anualmente hasta 47 mil muertes por enfermedades crónicas y con una estrategia integral de salud se evitarían hasta 55 mil muertes relacionadas con la obesidad. Si los médicos de familia otorgaran un asesoramiento a las personas obesas se ganarían años de buena salud.

Señoras y señores diputados, la presente iniciativa propone establecer en la Ley General de Educación que desde las escuelas se fomenten hábitos nutricionales sanos, asociado a la activación física y práctica deportiva. Todo esto como medidas para prevenir y tratar la obesidad y el sobrepeso de los educandos.

Con la iniciativa se busca que los estudiantes se alimenten sanamente y que dentro de su formación escolar se incentive la activación física y la práctica deportiva. Asimismo se requiere restringir dentro de los planteles educativos la disponibilidad de productos alimenticios procesados de alto valor calórico y bajo nivel nutricional y de bebidas endulzadas. En su lugar se deben ofrecer alimentos balanceados, bebederos de agua y ocupar un mínimo de 30 minutos diarios para la activación física de los educandos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para fomentar desde la escuela la educación en materia de nutrición, la educación física y la práctica del deporte, por un mínimo de dos horas y media a la semana.

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o., fracción IX. Fomentar a la educación en materia de nutrición, así como la educación física y la práctica del deporte. Para estos efectos la actividad física y práctica del deporte debe ser como mínimo de dos horas y media a la semana.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de educación física y práctica del deporte, al tenor de la siguiente

El incremento del sobrepeso y por tanto de la obesidad en los niños, es, quizá, uno de los problemas de salud pública que más afectan y podrían llegar a colapsar los sistemas de salud en algunos años. No es un problema aislado o sólo de México, es un problema a nivel mundial donde, a decir de la Organización Mundial de la Salud, está afectando a muchos países, principalmente a aquellos de bajos y medianos ingresos. Para el año 2010, se calculaba, que había 42 millones de niños con sobrepeso a nivel mundial, y de este número, 35 millones viven en países que están en desarrollo.

Cuando un niño es obeso, o tiene sobrepeso, la probabilidad de que continúe así en su crecimiento y de adulto es más alta. Además, es propenso a adquirir, desde joven, enfermedades tales como la diabetes y aquellas relacionadas con el corazón.

En ambos casos, las enfermedades puedes ser prevenibles, sin embargo, es necesario, como lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, darle “una gran prioridad al tema para prevenir, justamente, la obesidad infantil”.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil.

El sobrepeso, queda entendido, entonces, como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que supone un riesgo para la salud.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido métodos y patrones de comportamiento infantil, para conocer cuál debe ser un peso corporal que no sugiera que el menor tenga algún tipo de sobrepeso u obesidad, por lo que habría de contarse con estos datos de referencia, a fin de que se puedan definir parámetros de medición. Sin embargo, por los cambios propios del crecimiento de los niños es difícil la determinación de los mismos. En los adultos, se cuenta, por ejemplo con el índice de masa corporal, el cual auxilia en la determinación del sobrepeso y la obesidad en los adultos, pero no es aplicable, para los niños.

Para poder abordar este desafío de salud, una de las soluciones es el contar con una nutrición mejorada; es decir, que los menores no sólo cuenten con alimentos, sino que estos sean con la calidad y elementos nutricionales requeridos y la forma como llegan a impactar en la salud o en el deterioro de los mismos en los infantes.

Por su parte, la desnutrición es una de las subyacentes causas de muerte de 2.6 millones de niños cada año (un tercio de las muertes infantiles) y deja a millones más con deficiencias físicas y mentales de por vida. La desnutrición inhibe el desarrollo sano y reduce la productividad y, por tanto, el desarrollo económico. Los niños desnutridos corren un mayor riesgo de tener dificultades en el aprendizaje, el juego y la participación en las actividades de una infancia normal. Los adultos que estuvieron desnutridos de niños ganan un 20 por ciento menos, en promedio, que aquellos que no lo estuvieron.

El problema de las deficiencias en la nutrición, se suma a los grandes problemas mundiales que aquejan hoy en día a la población. Se tiene considerado que son al menos 2.8 millones de personas mueren cada año como consecuencia de sobrepeso u obesidad y que quienes no fallecen, padecen de enfermedades tales como la diabetes, así como los problemas cardiovasculares en donde los culpables, serían aquellos alimentos que no contienen nutrientes o contienen un muy bajo número de ellos, pero que tienen como ventaja, el ser más económicos, que un alimento saludable y nutritivo, lo cual afecta a países desarrollados, pero en su mayoría, a países en vías de desarrollo.

El G20 ha señalado que México debe invertir en nutrición, especialmente para los más vulnerables –en particular, mujeres y niños— a fin de mejorar los resultados de salud, los medios de subsistencia y el desarrollo en general.

Por tanto, el G20 promueve la inclusión de esfuerzos para la ampliación de intervenciones exitosas, con el fin de que se aborde la desnutrición y la sobrenutrición en los niños, entre las que destacan invertir en la nutrición de madres y de niños de hasta dos años de edad; el uso de intervenciones nutricionales que se apliquen de forma directa, para prevenir la desnutrición; crear y fomentar campañas que concienticen acerca de los riesgos que se tiene si es que hay sobrenutrición, sobretodo campañas para controlar el peso de los menores, advirtiéndoles el riesgo que conlleva el ser obesos, así como enseñarles a sustituir los alimentos que tengan altos contenidos calóricos pero que no cumplan con un valor nutricional mínimo.

Los sistemas alimentarios existentes han fracasado en abordar la malnutrición. La continua volatilidad de los precios de los alimentos ha limitado el acceso de las poblaciones vulnerables a dietas sostenibles y nutritivas. Si este problema no es abordado, la malnutrición seguirá debilitando el desarrollo económico sostenible.

Por su parte, la OCDE en sus informes recientes, se ha centrado en denominar a la obesidad como una epidemia, enfocándose en sus causas y en sus costos, ya que desde los años 80 este problema de salud pública ha ido en aumento en forma alarmante, asociado con los cambios en las costumbres alimenticias, sumado a una ausencia de realización de actividad física.

En los países que conforman la OCDE, uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis es considerado obeso.

Los índices más altos se encuentran en Estados Unidos y en México mientras que los más bajos se encuentran en Japón y Corea. Sin embargo, se ha observado un aumento casi general. Los niños no son la excepción ya que hoy más de uno de cada tres tiene sobrepeso. Las personas que padecen obesidad severa, así como los fumadores, fallecen entre 8 y 10 años antes que las personas con peso normal y tienen más predisposición para contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, o cáncer. La obesidad es una carga para los sistemas de salud puesto que el gasto dedicado a personas obesas es al menos 25 por ciento más alto que para una persona con peso normal.

Sobre México, dentro de los hechos clave que se mencionan por parte de la OCDE comprenden los siguientes:

• Si se contara con programas individuales de prevención, se podrían evitar anualmente hasta 47mil muertes por enfermedad crónica y podrían evitarse hasta 55 mil muertes, si se combinara una estrategia integral de prevención.

• Si los médicos de familia otorgaran un asesoramiento a las personas obesas, se ganarían años de buena salud.

Para mostrar de una manera gráfica lo que la OCDE expresa, se presenta a continuación la intervención que se podría lograr a nivel de la población:

Fuente: https://www.oecd.org/els/health-systems/46068717.pdf

Si se hiciera un cálculo de cuánto cuestan los programas de prevención y cuánto se ahorra, las cifras que maneja la OCDE comprende que de prevención, costaría menos de 3.5 mil millones de pesos (mmp) cada año, mientras que con asesoramiento individualizado por médicos de familia, sería un costo de 19 mil millones de pesos.

Fuente: https://www.oecd.org/els/health-systems/46068717.pdf

La OCDE afirma que la prevención puede mejorar la salud a un cosot menor que los tratamientos que ofrecen los sistemas de salud de la OCDE hoy en día. En México, todos los programas de prevención examinados serán rentables en el largo plazo en relación con las normas internacionalmente aceptadas que corresponden a alrededor de 640 mil pesos por año de vida ganado en buena salud. Sin embargo, algunos programas tardarán más tiempo en tener un impacto en la salud y por lo tanto serán menos rentable en el corto plazo.

Fuente: https://www.oecd.org/els/health-systems/46068717.pdf

Por lo que con respecto a la obesidad y la economía de la prevención refiere que hoy en día la mitad de las personas de países miembros de la OCDE es obesa o tiene sobrepeso. Dentro de 10 años se perfila que 2 de cada 3 personas serán obesas.

Además, cuando una mujer tiene un bajo nivel socio-educativo, tiene una mayor probabilidad de tener sobrepeso que una mujer con un nivel socio educativo elevado. Cuando un niño tiene padre o madre obesos, la probabilidad de que sean obesos se encuentra entre 3 y 4 veces más.

Por lo tanto, es necesario que se adopten medidas que ayuden a reducir y a evitar la obesidad en donde se inicie, desde la infancia y seguido hasta la adolescencia, que es la etapa en la que las escuelas pueden, justamente, realizar programas obligatorios de la activación física y práctica de deporte, para evitar que se siga propagando la obesidad como una “epidemia” en México.

Se debe de trabajar en niños que coman mejor y que sean más activos. Deben fomentarse ambientes saludables y seguros, para que los niños puedan realizar actividad física y práctica de deporte en la escuela y al aire libre.

La Organización Panamericana de la Salud, plantea algunas líneas de acción para reducción en las tasas de obesidad en niños y adolescentes. La más relacionada con lo que se pretende en esta iniciativa comprende la siguiente:

“Alimentos más saludables y más actividad física en las escuelas: En las escuelas se debe restringir la disponibilidad de productos alimenticios procesados de alto contenido calórico y bajo valor nutricional y de bebidas endulzadas con azúcar; en lugar de ello, se debe ofrecer a los estudiantes alimentos más saludables y agua. Además, la actividad física debe ocupar al menos 30 minutos de la jornada escolar.”

El Instituto Nacional de Salud Pública en su publicación de la Encuesta de Salud y Nutrición de 2006 (Ensanut 2006) alzó la voz, alarmando acerca del incremento que existe en las tasas de sobrepeso y obesidad en México, ya que para ese entonces 70 por ciento de los adultos mexicanos la tienen, sumado a ello, el incremento se ha visto reflejado, principalmente, en la población escolar, pasando, de un 18.4 por ciento en 1999, a un 26.2 por ciento en 2006, lo cual ha causado, en enfermedades derivadas del sobrepeso y de la obesidad, un aproximado de 80 mil millones de pesos al año, lo cual impacta negativamente tanto en la economía de las familias, como en el sufrimiento y desgaste emocional que esto conlleva.

Por su parte, la Ensanut 2012, refiere los aumentos en el sobrepeso y en la obesidad, así como la deficiente nutrición, lo cual se refleja de la siguiente manera a través de gráficas:

Fuente: http://ensanut.insp.mx/informes/Ensanut2012ResultadosNacionales.pdf

En esta gráfica se puede observar, cuál ha sido la prevalencia nacional, en donde antes, se diferenciaba entre regiones norte, centro y sur, notándose un incremento importante, en la región norte principalmente.

Fuente: http://ensanut.insp.mx/informes/Ensanut2012ResultadosNacionales.pdf

Las poblaciones de niños de entre 5 y 11 años de edad, en las tres Ensanut realizadas, reflejan, justamente, como la mayoría de estos se encuentran con problemas de sobrepeso que desencadenan en obesidad, prevaleciendo ligeramente mayor en niños que en niñas.

Fuente: http://ensanut.insp.mx/informes/Ensanut2012ResultadosNacionales.pdf

Al llegar a la adolescencia, nuevamente el sobrepeso continúa siendo la constante, mientras que es notable como el sector femenino rebasa en este rango de edad (12 a 19 años),siendo quienes permanecen con mayor sobrepeso, mientras que los masculinos, son quienes tienden más a ser obesos.

Fuente: http://ensanut.insp.mx/informes/Ensanut2012ResultadosNacionales.pdf

Por último, al llegar a la vida adulta (20 años o más) y de acuerdo a la medición del índice de masa corporal, se tiene que más del 50% de la población: 69.4% de masculinos y 73.0 en femeninos, presentan sobrepeso u obesidad.

Lo anterior refleja que en 2012 ya era una situación de llamar la atención el incremento alarmante desde los menores de 5 años, hasta llegar a la vida adulta, con márgenes de aumento constantes en su peso, lo cual, sin duda, ya representa para el sector salud, una problemática, justamente, de salud pública.

Por tanto, en niños y en adolescentes, el sobrepeso y la obesidad están relacionadas directamente con los alimentos que consumen y con la poca o nula actividad física que realizan, sumado al factor cultural, que influye negativamente, ya que si los padres tienen malos hábitos alimenticios y de sedentarismo, los hijos seguirán su ejemplo.

Con base en lo expuesto y dado que lo que se busca es generar las condiciones para que desde las escuelas, de manera preventiva y a través del verdadero fomento de la educación nutrimental, la educación físcia y la práctica del deporte, presento ante esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, con el objeto de que a nivel de ley se establezca como mínimo, y siguiendo la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, que la actvidad física y práctica del deporte de los alumnos sea de 2.5 horas a la semana:

“ Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7.

...

IX. Fomentar a la educación en materia de nutrición, así como la educación física y la práctica del deporte; para estos efectos la actvidad física y práctica del deporte debe ser como mínimo de 2.5 horas a la semana.

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/es/

2 http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/es/

3 http://www.who.int/pmnch/media/press/2012/20120619_articula_ sobre_g20_jfrenk/es/

4 Ibidem

5 http://www.who.int/pmnch/media/press/2012/20120619_articula_ sobre_g20_jfrenk/es/

6 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/obesidadylaeconomiasdelaprevencion.h tm

7 https://www.oecd.org/els/health-systems/46068717.pdf

8 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content &view=article&id=10057%3A2014-countries-pledge-action-to- reduce-child-obesity-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMEN DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 Bis y una sección tercera al Capítulo II del Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sígale, ¿ya? Perdón, perdón, tenía abierto el micrófono y aquí estaba haciendo unos comentarios.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya, gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

Continúe, por favor, secretaria.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo cause alta como secretaria en la Comisión de Comunicaciones.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense. Aprobadas con una aplastante mayoría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado el 14 de abril del año en curso, me permito comunicarle los legisladores que habrán de integrarlos. Asimismo, le informo que sus sesiones de instalación se llevarán a cabo el jueves 28 de abril.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Luis Molina Robles, secretario ejecutivo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, por lo tanto este es un asunto que simplemente se le da trámite. De enterado y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Presidente, díganos quiénes son.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita, abra la pantalla de su ordenador, dirían los españoles, ahí está lo que ya decidió el diputado Ramírez Marín, así que usted tranquilo. Hizo una señal así como de, como de que no quedaste en ninguna.

INICIATIVAS

El presidente José de Jesús Zambrano Grijalva, remite oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas que no se presentaron en tribuna.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto registradas en el orden del día del miércoles 27 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto, registradas en el orden del día del 27 de abril de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

« Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

2. Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Vivienda, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.»

LEY AGRARIA

«Iniciativa que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Síntesis de la Iniciativa

Sucesión en materia agraria

Problema

1. Actualmente los avecindados y posesionarios no tienen derecho a designar sucesores por lo que al morir, el derecho al uso y disfrute se pierde, quedando a favor del ejido.

2. Existen ejidatarios que cuentan con dos o más certificados parcelarios. No obstante, cuando se trata de formular la lista de sucesores, únicamente pueden designar a una persona quien adquirirá el carácter de ejidatario y también el derecho sobre todas las parcelas, excluyendo la posibilidad de que el ejidatario pueda repartir las parcelas entre diferentes personas.

Propuesta de la iniciativa

1. Reconocer el derecho de avecindados y posesionarios a suceder o heredar sus derechos pues aunque sólo tienen el uso y disfrute de bienes ejidales, estos también forman parte de su patrimonio.

2. Permitir que los ejidatarios tengan el derecho de designar a más de un heredero si cuenta con dos o más certificados parcelarios. No obstante; sólo uno de ellos tendrá el derecho a adquirir el carácter de ejidatario para conservar los mismos derechos del autor de la sucesión dentro de los órganos de gobierno del ejido, de esta manera se evita afectar los derechos que los demás ejidatarios tienen sobre tierras de uso común.

Expropiación en materia agraria

Problema

1. El artículo 96 de la Ley Agraria contempla que quienes tienen derecho a indemnización son única y exclusivamente los ejidatarios y no así los avecindados o posesionarios a quienes previamente se les haya reconocido tal carácter, a pesar de que son estos quienes las trabajan.

Propuesta de la iniciativa

1. Reconocer el derecho de avecindados y posesionarios a recibir una indemnización en caso de expropiación para proteger su patrimonio, así como asegurar la estabilidad de su familia.

Los suscritos, diputada Alma Carolina Viggiano Austria y diputado Francisco Javier Santillán Oceguera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero: Planteamiento del Problema. De acuerdo con datos del Sistema Integral de Modernización Catastral y Regional, del Registro Agrario Nacional, en nuestro país hasta el 3 de diciembre de 2015, había 3 millones 344 mil 59 personas a las que se les reconoce el carácter de ejidatario, de las cuales 2 millones 418 mil 747 cuentan con certificados de derechos parcelarios y o de uso común vigentes. A la par, existen 706 mil 999 personas que han sido reconocidas como posesionarias de tierras ejidales y que cuentan con certificados parcelarios vigentes.

Los ejidatarios, avecindados y posesionarios son los principales destinatarios de la Ley Agraria que reglamenta la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con dicha regulación, el sujeto jurídico por excelencia es el ejidatario quien goza de todos los derechos y obligaciones que surgen del reconocimiento de la personalidad de los núcleos de población ejidales y comunales, siendo este el único que tiene derecho a participar e integrar la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. No obstante, avecindados y posesionarios se encuentran injustificadamente en desventaja frente al ejidatario en situaciones jurídicas donde el trato preferente no tiene una justificación razonable y genera una regulación desigual como a continuación se señala.

De acuerdo con el texto vigente de la Ley Agraria, la calidad de ejidatario se reconoce a quienes acrediten ser mexicanos mayores de edad y avecindados del ejido correspondiente o que cumplan con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Asimismo, también pueden adquirir este carácter los menores de edad que tengan familia a su cargo y quienes sean herederos del ejidatario.

Todo ejidatario tiene derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, así como los derechos que la Ley Agraria y el reglamento interno de cada ejido les otorguen sobre el ejido y las demás tierras ejidales. Además, la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios, con el certificado parcelario o de derechos comunes o con la sentencia o resolución relativa de un tribunal agrario.

Por otro lado, la ley reconoce la calidad de avecindado a los mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. En tanto avecindados, pueden adquirir derechos parcelarios y derechos sobre tierras de uso común.

Asimismo, los posesionarios tienen derecho a que se les reconozca el parcelamiento económico o de hecho, o a regularizar a su favor la tenencia de bienes ejidales, para ello el Registro Agrario Nacional expide los certificados correspondientes.

Sin embargo, una interpretación estricta de diversas disposiciones de la Ley Agraria, apegada a los principios de legalidad y seguridad jurídica, permite concluir que a pesar de que los avecindados y posesionarios tienen derecho de uso y disfrute sobre bienes ejidales al igual que los ejidatarios, únicamente estos tienen derecho a designar sucesores o, en caso de que omita tal designación, sólo tienen derecho a suceder el cónyuge, la concubina o el concubinario, uno de los hijos, uno de los ascendientes o cualquiera de los dependientes económicos del ejidatario. Por lo tanto, los derechos adquiridos por los avecindados y posesionarios, no son transmisibles por sucesión por lo que al morir, el derecho al uso y disfrute se pierden, quedando a favor del ejido.

Esta interpretación ha sido sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció jurisprudencia por contradicción de tesis bajo el rubro: Sucesión en materia agraria. Sólo comprende los derechos agrarios de los ejidatarios y no la posesión que ejercen quienes no tienen ese carácter.

En la misma, se establece que si un avecindado que no ha obtenido la calidad de ejidatario es poseedor de una fracción de terreno dentro del ejido, es claro que los derechos derivados de esa posesión no están comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria, siendo similar la situación de quien es reconocido por la asamblea como posesionario de tierras ejidales.

Por otro lado, existen ejidatarios que además de contar con su certificado de derechos agrarios que los acredita como ejidatarios de ejidos determinados, cuentan con dos o más certificados parcelarios, mismos que le otorgan el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de las parcelas que amparan dichos documentos. No obstante, cuando se trata de formular la lista de sucesores, únicamente pueden designar a una persona quien adquirirá el carácter de ejidatario y también el derecho sobre todas las parcelas, excluyendo la posibilidad de que el ejidatario pueda repartir las parcelas entre diferentes personas.

Por otra parte, en relación a la expropiación de bienes ejidales, el artículo 96 contempla que quienes tienen derecho a indemnización son única y exclusivamente los ejidatarios y no así los avecindados o posesionarios a quienes previamente se les haya reconocido tal carácter.

Si bien las tierras en posesión de avecindados o posesionarios pertenecen originariamente al ejido –al igual que sucede con las parcelas de los ejidatarios– y que como sujetos jurídicos en materia agraria, sólo los ejidatarios constituidos en asamblea pueden decidir sobre el dominio del conjunto de bienes que forman el ejido, la pérdida de tierras en posesión de avecindados y posesionarios les produce una pérdida patrimonial importante a estos sin que la misma les sea indemnizada, es decir, únicamente se reconoce valor al dominio que ejercen los ejidos pero no al uso y disfrute que ejercen avecindados y posesionarios sobre tierras ejidales.

Segundo: Argumentos que sustentan la iniciativa. En virtud de lo anterior, es necesario realizar una serie de modificaciones y adiciones con el propósito de equilibrar el marco jurídico de ejidatarios, posesionarios y avecindados.

Con tal propósito, se propone reconocer el derecho de avecindados y posesionarios a suceder o heredar sus derechos pues aunque sólo tienen el uso y disfrute de bienes ejidales, estos también forman parte de su patrimonio, por lo que, bajo el marco jurídico actual, la muerte de un avecindado o posesionario de tierras ejidales, conlleva la incertidumbre jurídica de su familia y la pérdida de su patrimonio que aunque pertenece originariamente al ejido, es innegable que su aprovechamiento y disfrute es un derecho que favorece a quien trabaja la tierra y son estos quienes mayor perjuicio sufrirían con la muerte del poseedor originario.

Por otro lado, con bastante regularidad, quienes disfrutan de tierras ejidales son personas que viven únicamente de su producción agrícola. Su vida entera la han dedicado al trabajo dentro de sus parcelas y estas son la principal fuente de sus ingresos. De ahí la necesidad de garantizar que las familias de avecindados y posesionarios no pierdan sus ingresos a causa de un rigorismo jurídico que, si bien encuentra sustento en los principios de exacta aplicación de la ley y legalidad, resulta injusto para el entorno familiar de quien con esfuerzo y dedicación obtiene el derecho a usar y disfrutar las tierras ejidales.

Asimismo, se propone permitir que los ejidatarios tengan el derecho de designar a más de un heredero si cuenta con dos o más certificados parcelarios. Sin embargo, sólo uno de ellos tendrá el derecho a adquirir el carácter de ejidatario para conservar los mismos derechos del autor de la sucesión dentro de los órganos de gobierno del ejido y evitar afectar los derechos que los demás ejidatarios tienen sobre tierras de uso común.

Finalmente, se plantea reconocer el derecho de avecindados y posesionarios a recibir una indemnización en caso de expropiación para proteger su patrimonio, así como asegurar la estabilidad de su familia.

Por lo expuesto y considerando que es necesario actualizar el marco jurídico de las sucesiones y expropiaciones en materia agraria, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica los artículos 18 y 96; adiciona dos párrafos al artículo 17 y un último párrafo al artículo 18, todos de la Ley Agraria

Primero. Se adiciona un tercero y cuarto párrafos al artículo 17 y un último párrafo al artículo 18; se modifica el artículo 18 y 96; todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

Los avecindados y posesionarios que cuenten con certificados parcelarios, tienen derecho a designar sucesores sobre sus derechos agrarios, en los términos y con las formalidades previstas en este artículo.

Los ejidatarios, avecindados y posesionarios que cuenten con dos o más certificados parcelarios podrán nombrar un sucesor para cada uno de ellos. En el caso de los ejidatarios, deberán designar sólo a una persona para que adquiera el carácter de ejidatario sin perjuicio de lo anterior. Los demás sucesores adquirirán el carácter de posesionarios.

Artículo 18. Cuando el ejidatario, avecindado o posesionario, no haya hecho designación de sucesores conforme al artículo anterior, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. a V. ... (intocados)

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario, avecindado o posesionario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del autor de la sucesión para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales o, si el sucesor contaba con dos o más certificados parcelarios, en qué forma se repartirán los derechos sobre las parcelas y quién de entre ellos adquirirá el carácter de ejidatario. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Los herederos de avecindados y posesionarios no adquirirán por este hecho el carácter de ejidatarios.

Artículo 96. La indemnización se pagará a los ejidatarios, avecindados o posesionarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afecta tierras ejidales asignadas a determinados ejidatarios, avecindados o posesionarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada beneficiario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada y diputado: Alma Carolina Viggiano Austria,Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES

«Iniciativa que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputada Alma Carolina Viggiano Austria y diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia de buenas prácticas comerciales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero:El estado actual de la economía mundial y la creciente occidentalización, ha hecho posible que casi todos los países sean interdependientes y que sean objeto de un proceso de integración que ha alcanzado a sus regiones más distantes; lugares que en otros tiempos parecían llevar su propio ritmo. En términos económicos, esta interdependencia se debe a la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, al flujo internacional de capitales y al uso creciente de la tecnología –sobre todo en el ámbito de las comunicaciones y la información.

Precisamente el flujo internacional de capitales -que se ha dado con ciertas facilidades operadas por los gobiernos, quienes ven en ello la oportunidad de atraer inversión-, ha hecho posible que empresas transnacionales hayan logrado posicionarse en países donde la industria local, normalmente rezagada, no había logrado satisfacer las exigencias de su mercado. En un principio, la llegada de estas empresas se avizoró como una oportunidad de los consumidores para tener más variedad de productos, con mejor calidad y precio, partiendo de la idea de que la competencia propiciaría un crecimiento favorable de la industria local. No obstante, con el paso del tiempo, las empresas transnacionales han extendido sus alcances y han impuesto formas de consumo que han dado pie al rezago de los pequeños comercios.

Hoy en día encontramos, cada vez con más frecuencia, fenómenos trascendentales como la proliferación de cadenas de tiendas en los formatos de megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, tiendas de conveniencia, clubes de membrecías y centros comerciales, y la expansión de las tiendas de autoservicio y departamentales a través de alianzas comerciales.

Por el contrario, los comercios tradicionales de venta al menudeo, como las tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, siguen operando, pero en condiciones de desventaja por la forma en que los grandes establecimientos llevan a cabo sus operaciones en nuestro país y porque son objeto de prácticas que, si bien no son monopólicas, si afectan el adecuado desarrollo de su actividad.

Los pequeños y medianos comerciantes son un eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento nacional y su aportación a la economía nacional es de vital importancia. Por ello, es cada vez más necesaria una regulación que los proteja contra las malas prácticas que, por su naturaleza, hasta la fecha no han sido atendidas. Se trata de prácticas como la venta a distribuidores de productos en mal estado, descuentos o reducciones unilaterales a precios facturados previamente o incumplir con cualquiera de las condiciones pactadas con anticipación entre los agentes económicos.

Es indispensable garantizar la supervivencia de los pequeños y medianos comerciantes, así como procurar su crecimiento y desarrollo, proveyéndolos de un marco normativo que les brinde seguridad jurídica. Su mantenimiento en la economía nacional es determinante para fomentar un mercado competitivo.

Por otro lado, en la actualidad, los micro, pequeños y medianos productores, proveedores de las tiendas de autoservicio, enfrentan dificultades para operar ante la fuerza económica de las grandes cadenas comerciales que los obliga a aceptar condiciones unilaterales y desventajosas para seguir en el mercado, o bien, a cerrar sus negocios.

La creciente participación de las cadenas de tiendas de autoservicios que concentran la demanda y consiguen una mayor participación del valor total de la producción vendida, obliga a los pequeños productores, agricultores, ganaderos, industriales, entre otros, y a sus organizaciones, a recurrir a estrategias cada vez más complicadas para lograr que sus productos ingresen y permanezcan en el mercado de las grandes cadenas comerciales.

Se requiere de un régimen jurídico que atienda específicamente la interacción de las transacciones entre comerciantes, así como entre éstos y sus proveedores, además de establecer una mínima protección contra los abusos de los grandes proveedores, establecimientos o cadenas comerciales, beneficiando con ello al consumidor final, que actualmente resulta perjudicado por abusos o mala calidad de la mercancía.

Segundo: Tomando en cuenta la situación descrita, se propone crear una ley específica que regule las prácticas comerciales que se dan entre productores y comerciantes, cuyo principal objetivo es brindarles un marco jurídico e institucional que les permita tener acceso expedito a la justicia.

Esta iniciativa de Ley para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales desarrolla en su contenido las disposiciones básicas para garantizar las buenas prácticas comerciales que no son objeto de la Ley Federal de Competencia Económica, pero generan un desequilibrio en las relaciones comerciales. La finalidad es propiciar la interacción eficiente y equitativa entre agentes económicos.

Para tal fin, se contempla hacer uso de los medios alternativos de solución de conflictos entre las partes involucradas para facilitar los procedimientos y reducir los costos de la resolución de controversias. Puntualmente, se regulan los procedimientos de mediación y de arbitraje, con lo cual se amplía la gama de posibilidades por medio de las cuales los agentes podrán dirimir sus diferencias, propiciando así el diálogo, la negociación y la cooperación entre ellos.

Asimismo, se prevé la creación de un Consejo para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, dependiente de la Secretaría de Economía, y de Unidades de Buenas Prácticas Comerciales, a través de las cual se vigile el cumplimiento de esta Ley, así como el combate y la sanción a las conductas recurrentes contrarias a las buenas prácticas comerciales.

Entre las facultades del Consejo y las Unidades, según sea el caso, se incluyen: (i) iniciar procedimientos administrativos de investigación; (ii) imponer sanciones y medidas de apremio; (iii) conocer de las inconformidades presentadas por los agentes; (iv) establecer los procedimientos de mediación y arbitraje; (v) entre otros.

Las resoluciones que emitan respecto a un procedimiento administrativo de investigación podrán consistir en:

• Una recomendación a los agentes involucrados conminándoles a modificar sus prácticas comerciales;

• La determinación de que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y la imposición de una sanción de conformidad con esta Ley, o

• La determinación de que no existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales.

El crecimiento económico de México depende de efectivas condiciones de igualdad de oportunidades, equidad, legalidad, corresponsabilidad y competitividad. Para ello, es de gran importancia contar con un ordenamiento específico, como la iniciativa que se presenta, que regule las prácticas comerciales que se desarrollan en el territorio nacional, para que exista así, un adecuado equilibro y distribución de la riqueza que permita la participación de todos los actores: pequeños, medianos y grandes.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales

Artículo Único.Se expide la Ley para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales , para quedar como sigue:

Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1o.La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio nacional; tiene por objeto proteger y promover las buenas prácticas comerciales competitivas, a lo largo del ciclo comercial y hasta la oferta de mercancías al consumidor final, con el fin de generar seguridad jurídica, facilitar la solución conciliada de conflictos entre éstos, sancionar las conductas contrarias a las prácticas comerciales competitivas y contribuir a la salvaguarda de los derechos de los consumidores finales.

Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en esta Ley, el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Competencia Económica y los tratados internacionales suscritos por México en los términos que marca la Constitución.

Artículo 2o.La presente Ley será aplicable a los contratos que se celebren entre los agentes a los que se refiere la fracción I del artículo 3º de este ordenamiento.

Para efectos de esta Ley se presumirá que existe un contrato siempre que se dé una relación comercial entre agentes.

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los contratos de prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

Las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal no estarán sujetas a esta Ley para efectos de las contrataciones que lleven a cabo.

Artículo 3o.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agentes: las personas físicas y morales a las que se refiere el Título I del Código de Comercio, además de los consorcios, grupos empresariales, grupo de personas o personas relacionadas en los términos de la presente Ley;

II. Cámara o Confederaciones: las definidas en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones;

III. Conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales: las establecidas en el artículo 6º de esta Ley;

IV. Contrato: cualquier acuerdo de voluntades entre agentes que tenga por objeto la compraventa, suministro o distribución de mercaderías, cualquiera que sea el medio por el que se alcance el acuerdo y sin importar la forma de celebración;

V. Consejo: el Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales;

VI. Consorcio: el conjunto de agentes vinculados entre sí por una o más personas físicas que integrando un grupo de personas tenga el control de las primeras;

VII. Control, la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral;

b. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y

c. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma;

VIII. Costo de adquisición: el incurrido por las personas que realizan actividades comerciales y que se integra a partir del monto por compra de mercancías, disminuido con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas, efectuados sobre las mismas en relación con los últimos costos o gastos conocidos en el ejercicio de que se trate, adicionado de los gastos o costos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas;

IX. Costo de transformación: el que comprende aquellos costos o gastos directamente relacionados con las unidades producidas, además de una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados;

X. Días: los días naturales;

XI. Grupo empresarial: el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales;

XII. Grupo de personas : las personas que tengan acuerdos de cualquier naturaleza para tomar decisiones en un mismo sentido en el marco de la presente Ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un grupo de personas:

a. Las personas morales que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades.

XIII. Ley: la presente ley;

XIV. Mediación: cualquier procedimiento por virtud del cual los agentes, con la ayuda de un tercero neutral, intentan alcanzar un acuerdo que resuelva sus diferencias, incluyendo la conciliación;

XV. Mercadería: Todo bien mueble susceptible de ser adquirido para su venta a un consumidor final;

XVI. Personas relacionadas: las que respecto de un agente se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

a. Las personas que controlen o tengan influencia significativa en una persona moral que forme parte del grupo empresarial o consorcio al que la pertenezca, así como los consejeros o administradores y los directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio;

b. Las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo empresarial o consorcio al que pertenezca;

c. El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos a. y b. de esta fracción, así como los socios y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de negocios;

d. Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca, y

e. Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos a. a c. de esta fracción ejerzan el control o influencia significativa;

XVII. Patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales: las prácticas comerciales en relación con las cuales existan, en términos de la presente Ley, más de dos inconformidades sin resolver respecto del mismo agente o cuando al menos tres agentes presenten de manera simultánea o colectiva una inconformidad contra el mismo agente por la misma práctica, y

XVIII. Unidad de Buenas Prácticas Comerciales: La unidad administrativa a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 4o.Serán principios de las buenas prácticas comerciales los siguientes:

I. El fomento a la libre competencia y concurrencia;

II. La formalización mediante contratos de las relaciones comerciales entre los agentes;

III. El respeto y cumplimiento estricto de lo pactado;

IV. La lealtad y buena fe en la conducción de las relaciones comerciales;

V. La libre determinación contractual;

VI. La información veraz, adecuada, clara, completa y oportuna sobre las condiciones de contratación;

VII. El uso de la mediación y el arbitraje para solucionar las diferencias que se susciten en el cumplimiento de los contratos;

VIII. El respeto a la legislación fiscal, mercantil, de competencia económica, de protección al consumidor, de propiedad intelectual, de metrología y normalización y demás disposiciones aplicables según el caso;

IX. La seguridad jurídica entre los agentes;

X. El respeto a los derechos de los consumidores, y

XI. La generación de condiciones que favorezcan relaciones comerciales estables, continuas y equitativas.

Artículo 5o.A efecto de proteger las buenas prácticas comerciales, los agentes estarán obligados a:

I. Respetar los precios, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades y demás condiciones y aspectos señalados en los contratos y que se relacionen con las actos de comercio de los que sean parte, así como a informar a su contraparte de manera veraz, completa, oportuna, clara y adecuada de todas esas condiciones de manera previa a la celebración del contrato respectivo;

II. Cumplir con las medidas que les sean impuestas por el Consejo;

III. Colaborar con el Consejo para que pueda ejercer las atribuciones que le otorga esta Ley;

IV. Conducirse en apego a los principios previstos en el artículo 4º de esta Ley;

V. Proporcionar a su contraparte la información necesaria para la celebración de los contratos en que intervenga;

VI. Respetar los derechos de autor y la propiedad industrial, así como las denominaciones de origen, y

VII. Las demás obligaciones que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6o.Se considerarán conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales las siguientes:

I. Aplicar de manera unilateral descuentos o reducciones al precio facturado o pactado en los contratos entre los agentes. Se considerarán descuentos o reducciones unilaterales aquellos respecto de los cuales no conste un soporte por escrito firmado por algún proveedor de la mercadería en cuestión;

II. No pagar puntualmente las facturas;

III. No entregar en la fecha acordada, la mercadería solicitada o pagada previamente;

IV. Efectuar devoluciones o rechazos de mercaderías, a menos que la causa o causas sean imputables al proveedor o se hayan convenido en forma previa . Se consideran causa o causas imputables al proveedor, las siguientes:

a) No cumplir con los estándares de calidad requeridos y previamente pactados por las partes:

b) Recibir mercadería en caja en buenas condiciones sin la revisión a detalle del contenido y que posteriormente se identifique que el producto viene dañado de origen;

c) No cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables al mismo;

d) Entregar mercadería fuera del rango de caducidad acordada o necesaria para su venta;

f) Cuando al deshacer el embalaje de la mercancía se encuentren fallas de origen a nivel de artículo; y

g) Las que los agentes convengan preferentemente por escrito.

V. Aplicar penalizaciones de manera unilateral;

VI. Dar por terminadas las relaciones comerciales como represalia por el uso de los mecanismos de solución de controversias o bien cualquier tipo de coerción en algún momento a lo largo del establecimiento de las condiciones comerciales;

VII. Proporcionar información falsa o que induzca al error en la celebración de los contratos objeto de esta Ley;

VIII. Negarse injustificadamente a acudir a la sesión de inicio de la mediación prevista en el artículo 21 de esta Ley;

IX. Incumplir los acuerdos de mediación o de los laudos arbitrales, y

X. En general, toda violación a las condiciones pactadas en los contratos objeto de esta Ley.

Las conductas a las que se refiere este artículo no podrán justificarse argumentando la existencia de costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

Capítulo IIConsejo para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales

Artículo 7o.El Consejo será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía y contará con autonomía técnica, operativa y de decisión.

El Consejo tendrá por objeto la protección y la promoción de las buenas prácticas comerciales entre los agentes, la vigilancia del cumplimiento de esta Ley, así como el combate y la sanción a las conductas recurrentes contrarias a las buenas prácticas comerciales, en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras autoridades.

Artículo 8o.Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Difundir, fomentar y procurar las buenas prácticas comerciales entre los agentes;

II. Emitir las recomendaciones y acuerdos que considere necesarias a los agentes, cámaras y confederaciones con el propósito de mejorar las prácticas comerciales;

III. Implementar los mecanismos y herramientas idóneos para combatir las acciones que pongan en riesgo la marcha de las buenas prácticas comerciales;

IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala a los agentes, así como la observancia por parte de éstos de los principios establecidos en el artículo 4º de esta Ley;

V. Establecer los mecanismos de vigilancia necesarios para identificar las buenas prácticas comerciales, así como las conductas que atenten contra ellas;

VI. Promover entre los agentes las buenas prácticas comerciales, así como la adopción de autorregulación basada en ellas;

VII. Expedir lineamientos para la codificación de las buenas prácticas comerciales por sectores;

VIII. Recibir de las Cámaras o Confederaciones, las inconformidades por conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales e iniciar los procedimientos que establece esta Ley;

IX. Dar inicio al procedimiento de investigación derivado del incumplimiento de un laudo arbitral;

X. Fomentar el uso de la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias para la resolución de los conflictos entre los agentes;

XI. Llevar un registro del cumplimiento de los acuerdos de mediación, laudos arbitrales o sentencias judiciales, en su caso;

XII. Realizar análisis o estudios en materia de buenas prácticas comerciales o de las conductas que puedan atentar o atenten contra ellas;

XIII. Revisar las resoluciones de las Unidad de Buenas Prácticas Comerciales que hayan desechado una inconformidad cuando el inconforme se haya opuesto a la misma. El Consejo resolverá si confirma, modifica o revoca la resolución en cuestión.

XIV. Llevar a cabo las investigaciones necesarias para ejercer las atribuciones que les señala esta Ley;

XV. Gestionar programas de apoyo a los agentes para fomentar la mejora en las prácticas comerciales;

XVI. Imponer sanciones en los términos de esta Ley;

XVII. Actuar como perito en materia de prácticas comerciales;

XVIII. Actuar, a petición escrita de uno de los agentes, cámaras o confederaciones, en el establecimiento de las condiciones comerciales cuando se den situaciones de coerción;

XIX. Celebrar convenios en materia de fomento y mejora de las buenas prácticas comerciales con los agentes, cámaras o confederaciones;

XX. Certificar mediadores, integrar y difundir la lista de mediadores certificados;

XXI. Elaborar una lista de árbitros calificados y de instituciones administradoras de arbitraje y difundirla;

XXII. Establecer un arancel para los mediadores que intervengan en los procedimientos de mediación contemplados en esta Ley;

XXIII. Expedir los lineamientos generales para la conducción de los procedimientos de mediación previstos en esta Ley;

XXIV. Expedir el Reglamento Interno del Consejo;

XXV. Rendir un informe anual de actividades a la Junta Consultiva, y

XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables

Artículo 9.El Pleno estará integrado por tres consejeros, incluyendo al Presidente del Consejo. Deliberará de forma colegiada y decidirá por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad, y adoptará sus decisiones con plena independencia.

El Consejo contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 10.Los consejeros serán designados por el Secretario de Economía de ternas propuestas por la Junta Consultiva y durarán en su encargo siete años no prorrogables.

Los consejeros sólo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada. Por causa grave se entenderán aquellas que al efecto se determinen en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 11.Los Consejeros deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de 35 años y menor de 70, al momento de su designación;

III. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales relacionadas con el objeto de esta Ley, y

IV. Gozar de buena reputación.

Los Consejeros deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, los consejeros estarán impedidos para conocer de asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, a efecto de lo cual se excusarán en los términos del Reglamento de esta Ley, en caso contrario, será causa justificada para su destitución, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.

Artículo 12.El Presidente del Consejo será elegido de entre los propios Consejeros, quienes ocuparán dicho cargo de forma rotatoria y por un período de dos años.

Corresponderá al Presidente del Consejo:

I. Coordinar los trabajos del Consejo;

II. Ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas del Consejo;

III. Rendir anualmente un informe público de las actividades del Consejo dentro del primer semestre del año y en los términos que señale el Reglamento de esta Ley;

IV. Representar legalmente al Consejo, y

V. Las demás atribuciones que le confiera esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interno del Consejo y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 13.El Consejo contará con una Junta Consultiva que tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ser enlace con los sectores público y privado para recabar las opiniones de éstos sobre el funcionamiento y operación del Consejo;

II. Conocer y aprobar los programas del Consejo, así como el informe anual del Presidente;

III. Expedir su Reglamento Interno;

IV. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración, y

V. Las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.La Junta Consultiva del Consejo estará integrada por:

I. El Secretario de Economía, quien la presidirá;

II. El Presidente de la Comisión Federal de Competencia;

III. El Procurador Federal del Consumidor;

IV. El titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

V. Dos representantes del sector académico, y

VI. Ocho representantes de cámaras, confederaciones y del sector empresarial en lo general, los cuales serán designados conforme al procedimiento que al efecto se establezca en el Reglamento Interno del Consejo y se incluirán, en todo caso, al menos cuatro representantes de las organizaciones que representen a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Artículo 15.El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo que será designado por el pleno del Consejo, a propuesta de su Presidente, y el cual tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa del órgano desconcentrado.

Artículo 16. En cada una de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, habrá una Unidad de Buenas Prácticas Comerciales dependiente del Consejo.

Artículo 17. La Unidad de Buenas Prácticas Comerciales tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar y auxiliar al Consejo para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala a los agentes, así como la observancia por parte de éstos de los principios establecidos en el artículo 4º de esta Ley

II. Recibir las inconformidades por conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales e iniciar los procedimientos que establece esta Ley;

III. Promover la inclusión de cláusulas de mediación o arbitraje en los contratos celebrados entre los agentes;

IV. Llevar a cabo las investigaciones necesarias para ejercer las atribuciones que les señala esta Ley;

V. Imponer sanciones en los términos de esta Ley;

VI. Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 18.Los titulares de la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales serán nombrados por el Consejo y podrán ser propuestos por los Delegados Federales.

Capítulo IIIInconformidades

Artículo 19.Cualquier agente afectado por una conducta de las previstas en el artículo 6o. de esta Ley podrá inconformarse por su propio derecho ante la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales en forma individual o colectivamente, a través de los medios electrónicos establecidos para tal efecto en forma escrita.

Las cámaras y confederaciones acudirán al Consejo a presentar una inconformidad, cuando detecten que se haya incurrido en una de las prácticas previstas en el artículo 6º en contra de tres o más agentes asociados a la misma y actuar en representación de éstos. En todo caso, la cámara o confederación estará obligada a documentar debidamente cada inconformidad, pudiendo mantener como confidencial la identidad del o los agentes en nombre del o los cuales actúa.

El Reglamento Interno del Consejo preverá los medios adecuados para que los consejeros puedan conocer la documentación que sustente cada inconformidad sin que se vulnere la confidencial e identidad de los agentes afectados por alguna conducta contraria a las buenas prácticas comerciales.

En toda inconformidad se deberá señalar:

I. El nombre o razón social del agente o de los agentes que la presentan, o en su defecto, la denominación de la Cámara o Confederación que lo representa,

II. El domicilio o dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones;

III. El nombre o razón social del agente que presuntamente cometió la conducta contraria a las buenas prácticas comerciales;

IV. La descripción de la práctica que genera la inconformidad;

V. Los medios y elementos de prueba que considere pertinentes;

VI. En su caso, el consentimiento para que la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o, en su caso, el Consejo inicie el procedimiento de mediación de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Ley. Dicho consentimiento no deberá manifestarse cuando la inconformidad se presente a través de Cámaras o Confederaciones, y

VII. En su caso, la solicitud a la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o al Consejo para que inicie el procedimiento administrativo de investigación sin sujetarse previamente al de mediación.

Artículo 20.Una vez que la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o, en su caso, el Consejo examine la inconformidad, podrá acordar:

I. Admitirla y darle el trámite correspondiente;

II. Desecharla cuando sea notoriamente improcedente;

III. Remitirla a la Comisión Federal de Competencia, cuando considere que pudiera constituir práctica monopólica absoluta, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica;

IV. Remitirla a la Comisión Federal de Competencia, con la anuencia del Agente que presentó la inconformidad, cuando considere que pudiera constituir una práctica que, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, disminuya, dañe o impida la competencia y la libre concurrencia en la distribución y comercialización de bienes;

V. Remitirla al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando considere que ha lugar a iniciar los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial;

VI. Admitirla y remitirla al procedimiento de mediación y arbitraje previsto en el Capítulo IV de esta Ley, o

VII. Integrar un expediente para iniciar, en su caso, el procedimiento administrativo de investigación previsto en el Capítulo V de esta Ley.

Artículo 21.Una vez presentada la inconformidad, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o el Consejo, según corresponda, contará con un plazo de diez días para resolver sobre la admisión de la misma.

Si la inconformidad se remite a otra instancia para su atención en términos del artículo 20 de esta Ley, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o el Consejo deberá informar a los inconformes, a fin de que puedan dar el seguimiento correspondiente.

En caso de que la queja sea desechada, se señalará a los inconformes las razones en las que funde y motive su decisión y éstos contarán con un plazo de diez días, contados a partir de que la resolución les sea notificada, para argumentar lo que a su derecho convenga. Sí la resolución proviene de la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, los argumentos a su favor que hagan valer los inconformes en contra de ésta serán remitidos al Consejo para que resuelva.

Una vez escuchados los nuevos argumentos presentados por los inconformes el Consejo contará con un plazo de diez días para resolver en definitiva sobre la admisión y trámite de la inconformidad.

Artículo 22.Varios agentes podrán presentar una inconformidad respecto a la misma conducta por un agente en lo particular. En este caso y sólo para efectos del procedimiento de mediación, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales procederá a darle trámite como si se tratara de una sola inconformidad.

Si la inconformidad es presentada por al menos tres agentes conjunta y simultáneamente o por conducto de la Cámara o Confederación correspondiente en representación del mismo número de agentes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de esta Ley, se presumirá que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y corresponderá al Consejo actuar de oficio, dando inicio de inmediato al procedimiento administrativo de investigación, de acuerdo con lo que establece la fracción I del artículo 33 de esta Ley.

Capítulo IVMediación y Arbitraje

Artículo 23.El procedimiento de mediación iniciará cuando la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o el Consejo turnen, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a su recepción, una inconformidad a mediación, siempre y cuando el agente que presentó la inconformidad haya expresado su consentimiento en términos del artículo 19 de esta Ley. En caso contrario, se podrá requerir al agente que presentó la inconformidad que otorgue su consentimiento, en cuyo caso, podrá otorgarlo dentro de los diez días posteriores al requerimiento.

La Unidad de Buenas Prácticas Comerciales notificará a la contraparte del agente que presentó la inconformidad el día y la hora para celebrar una sesión de inicio de mediación en la que se procurará que los agentes convengan en el uso de este mecanismo y elijan a un mediador de entre la lista de mediadores certificados por el Consejo.

La sesión de inicio deberá tener lugar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la inconformidad a la contraparte, en el horario y en las oficinas dela misma Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o en el lugar que la misma estime conveniente. Al final de la sesión se levantará un acta en donde los agentes manifiesten, en su caso, su libre voluntad de someter su desavenencia a una mediación y conste el nombre del mediador. En caso de que las partes no logren acordar la elección del mediador, éste será designado por el Consejo.

La sesión de inicio se podrá realizar en las instalaciones de la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, por vía electrónica, o telefónica; en estos dos últimos casos, la Unidad deberá establecer los mecanismos para que los agentes formalicen su consentimiento y los procedimientos necesarios para confirmar la identidad de las partes y su sujeción a las resolución que se obtenga.

Artículo 24.Durante la sesión inicial de mediación, los agentes podrán acordar recurrir a los buenos oficios de la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales para lograr un acuerdo inmediato. En este caso, el titular de la Unidad facilitará la reunión y procurará que los agentes solucionen sus diferencias. De lograrse un acuerdo, se levantará un acta y la Unidad establecerá los mecanismos para formalizar el consentimiento.

En caso contrario, las partes podrán designar un mediador en términos del artículo 23 y continuar con el procedimiento ordinario de mediación.

Artículo 25.La negativa injustificada de la contraparte del inconforme para participar en la sesión de inicio a la que se refiere el artículo 23 de esta Ley se presumirá como una práctica violatoria a la presente Ley y el Consejo deberá proceder a integrar el expediente respectivo para iniciar el procedimiento administrativo de investigación.

En caso de que el inconforme no acuda a la sesión de inicio y no presente dentro de los siguientes diez días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de su reclamación y no podrá presentar otra ante la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales por los mismos hechos.

La repetición de los hechos, posteriores a la fecha de la sesión de inicio, por parte de la contraparte del inconforme, podrán ser objeto de otra reclamación.

Artículo 26.En caso de que las partes no logren un acuerdo respecto al uso de la mediación, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales se dará inicio al procedimiento administrativo de investigación y se orientará al inconforme sobre las demás vías jurídicas de acción para dirimir la controversia.

Artículo 27.El mediador conducirá la mediación de conformidad con lo que establece esta Ley, con los lineamientos que para ese efecto haya expedido el Consejo y, en su caso, con las reglas que hayan acordado los agentes.

Artículo 28.El mediador deberá:

I. Explicar a los agentes las características y alcances de la mediación;

II. Exponer a los agentes un resumen de la inconformidad y señalar los elementos comunes y los puntos de controversia;

III. Conducir la mediación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, y

IV. Procurar establecer las acciones necesarias para lograr un acuerdo entre las partes y presentar una o varias opciones de solución a los agentes, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, salvo oposición de uno o de los agentes.

Artículo 29.Una vez que concluya el procedimiento de mediación, se levantará un acta que reflejará, en su caso , el acuerdo al que hayan llegado los agentes. El acuerdo establecido entre los agentes tendrá el carácter de confidencial, pero la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales lo conocerá a efecto de dar seguimiento a su cumplimiento. En caso de incumplimiento al acuerdo, se integrará un expediente administrativo para dar inicio al procedimiento administrativo de investigación.

En caso de que los agentes no lleguen a un acuerdo a través del procedimiento de mediación, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales los exhortará a celebrar un acuerdo arbitral. Para ello, les proporcionará una lista de árbitros privados y de instituciones encargadas de la administración de procedimientos arbitrales. Si se aceptara el arbitraje, se dará aviso al Consejo, en caso contrario, se dejarán a salvo los derechos de los agentes.

Artículo 30.Una vez que concluya el arbitraje, el laudo se notificará a los agentes y al Consejo. El laudo tendrá carácter de confidencial, pero el Consejo dará seguimiento a su cumplimiento. En caso de que cualquiera de los agentes incumpla el laudo arbitral, el Consejo integrará un expediente administrativo para dar inicio al procedimiento de investigación.

Artículo 31.En todo lo no previsto por este capítulo, se aplicará supletoriamente el Título IV del Libro Quinto del Código de Comercio.

Artículo 32.Cualquiera de los agentes podrá pedir al Consejo que, en calidad de perito, emita un dictamen en el cual se determine en cantidad líquida la obligación contractual. El dictamen del Consejo podrá utilizarse en los procedimientos arbitrales o jurisdiccionales y se efectuará con base en las siguientes consideraciones:

I. Se calculará el monto de la obligación contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por los agentes;

II. Se analizará el grado de cumplimiento efectuado por los agentes con relación a la obligación objeto del procedimiento, y

III. Se estimará la obligación incumplida tomando en consideración los datos antes señalados y, en su caso, el pago de las contraprestaciones que correspondería.

Capítulo VProcedimiento administrativo de investigación

Artículo 33.La Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o, en su caso, el Consejo dará inicio al procedimiento administrativo de investigación en los siguientes supuestos:

I. Cuando se presuma o identifique que se han realizado conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales establecidas en el artículo 6ºde esta Ley;

II. Cuando el agente se haya negado a participar en la sesión de inicio de mediación sin causa justificada, a juicio del Consejo;

III. Cuando un agente incumpla el acuerdo de mediación o el laudo arbitral.

Artículo 34.El Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir a los agentes, así como a las autoridades, los informes o documentos relevantes para llevar a cabo sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate.

La información y los documentos que hayan obtenido directamente el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales en la realización de sus investigaciones, así como aquellos que se le proporcionen, serán estrictamente confidenciales. Los servidores públicos adscritos a la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o al Consejo estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de dicha información, excepto cuando medie orden de autoridad competente en ese sentido.

Artículo 35.El procedimiento de investigación se tramitará conforme a las siguientes bases:

I. La Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, o en su caso, el Consejo emplazará al agente respecto de quien se plantea la inconformidad, informándole en qué consiste la investigación, acompañando, en su caso, copia de las inconformidades, garantizando, cuando corresponda, que se preserve la confidencialidad del agente inconforme;

II. El emplazado contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar las pruebas documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten desahogo;

III. Una vez desahogadas las pruebas, el Consejo fijará un plazo no mayor a treinta días para que se formulen los alegatos verbalmente o por escrito;

IV. Una vez integrado el expediente, el Consejo deberá dictar resolución en un plazo que no excederá de sesenta días, y

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 36.Las resoluciones de la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales y del Consejo respecto a un procedimiento administrativo de investigación podrán consistir en:

I. Una recomendación a los agentes involucrados conminándoles a modificar sus prácticas comerciales;

II. La determinación de que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y la imposición de una sanción de conformidad con esta Ley, o

III. La determinación de que no existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales.

Las resoluciones a las que se refiere el presente artículo serán públicas y deberán divulgarse en la página de Internet del Consejo, así como en al menos dos medios de comunicación impresos a nivel nacional o estatal, según de quien provenga la resolución. En los casos descritos en las fracciones I y II del presente artículo, el nombre o razón social de los infractores sobre los que recaiga la resolución no podrán ser considerados como confidenciales o reservados para efectos de la difusión. Cuando así lo estime conveniente el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, en razón de la extensión de las resoluciones, podrá elaborar un resumen de éstas para facilitar su publicación en los medios de comunicación impresos a nivel nacional.

Capítulo VIMedios de apremio y sanciones

Artículo 37.Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, el Consejo podrá emplear los siguientes medios de apremio:

I. Apercibimiento, y

II. Multa hasta por el equivalente al tres por ciento de los ingresos totales del agente económico, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Consejo.

Artículo 38.Para efectos de lo señalado en la fracción II del artículo 36 de esta Ley, el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales podrán imponer las siguientes sanciones:

I. Ordenar la suspensión, corrección o eliminación de la conducta contraria a las buenas prácticas de que se trate;

II. Multa hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos del agente económico, cuando se haya declarado falsamente o entregado información falsa al Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

III. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos totales del agente económico, cuando se haya incurrido en un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales establecidas en el artículo 6o. de esta Ley;

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos totales del agente económico, a los individuos que participen directamente en cualquiera de las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales establecidas en el artículo 6o. de esta Ley, en representación o por cuenta y orden de algún agente, y

V. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los establecimientos comerciales del agente relacionados con el patrón recurrente cuando:

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por el Consejo ola Unidad de Buenas Prácticas Comerciales con las medidas ordenadas en términos de la fracción I de este artículo;

b. Haya desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de las medidas ordenadas por el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, o

c. En caso de reincidencia, sin perjuicio de la aplicación de las multas respectivas.

Artículo 39.Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales deberán tomar en consideración:

I. La gravedad de la infracción,

II. El daño causado;

III. Los indicios de intencionalidad;

IV. El poder sustancial del infractor sobre el mercado relevante;

V. El tamaño del mercado afectado;

VI. La duración de la práctica, y

VII. La reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

En caso de reincidencia, la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales o el Consejo podrá imponer una multa hasta por el doble del monto que corresponda en términos del artículo 38 de esta Ley, así como a la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de establecimientos comerciales de acuerdo con lo señalado en ese mismo artículo.

Artículo 40.Las sanciones a que hace referencia el presente capítulo serán impuestas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Artículo 41.Con independencia de las sanciones a que hace referencia el presente Capítulo, el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales ordenará, cuando corresponda, a la parte responsable de incurrir en conductas contrarias a las buenas prácticas que repare los daños o las afectaciones causadas a su contraparte.

Artículo 42.Contra las resoluciones dictadas por el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El recurso de revisión interpuesto contra una resolución emitida por la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales será resuelto por el Consejo.

Artículo 43.Cuando dentro del procedimiento de investigación se haya demostrado que uno o varios agentes sufrieron daños y perjuicios a causa de las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales, podrán acudir a la vía judicial, con las formalidades de representación previstas en el artículo 19 de la presente Ley, para solicitar una indemnización por daños y perjuicios. La autoridad judicial podrá considerar la estimación de los daños y perjuicios que haya realizado el Consejo o la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias para que el Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales y la Unidad de Buenas Prácticas Comerciales, inicien sus actividades a más tardar a los sesenta días de entrada en vigor de la presente Ley, incluyendo las gestiones necesarias para la implementación de medios electrónicos para la presentación de las inconformidades previstas en la Ley.

Tercero.La primera sesión de la Junta Consultiva del Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales deberá celebrarse a más tardar a los cuarenta y cinco días del inicio de la entrada en vigor de esta Ley.

Cuarto.El Secretario de Economía deberá designar a los integrantes del Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.

Quinto.El Reglamento de esta Ley y el Reglamento Interno del Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales deberán publicarse a más tardar a los sesenta días de la entrada en vigor de la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputada y diputado: Alma Carolina Viggiano Austria,Alfredo Bejos Nicolás (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Alma Carolina Viggiano Austria, José Luis Sáenz Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Daniel Torres Cantú, Fernando Uriarte Zazueta, Fidel Kuri Grajales, Edith Yolanda López Velasco, José Lorenzo Rivera Sosa, Maricela Serrano Hernández, José Alfredo Torres Huitrón, Rafael Yerena Zambrano y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa para la armonización de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a las nuevas normas de carácter general en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Toda ley general, incide válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por las autoridades federales, locales y municipales, salvo que se establezcan condiciones de vigencia en los artículos transitorios.

Al respecto, el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que el Congreso de la Unión, tiene un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes federales.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una entidad pública del orden federal, por lo que está sujeto a lo dispuesto en la ley general y en la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como a lo previsto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Esto último es necesario ponerlo de relieve, ya que la sola publicación de la que será la nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental no será suficiente para cumplir con las disposiciones transitorias de la ley general. Es decir, la armonización legislativa a que hace referencia el quinto transitorio mencionado, no debe circunscribirse a la ley federal de la materia, sino a todas esas leyes que contengan disposiciones que se relacionan con las nuevas obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es necesario reformar la citada Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Segundo. Por tal motivo, a través de la presente iniciativa se plantea hacer las modificaciones necesarias para:

• Cambiar la denominación del “Comité de Información” por la de “Comité de Transparencia”.

• Precisar que la normatividad interna del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley General y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Corregir que las acciones del Instituto para favorecer la rendición de cuentas es un derecho de toda persona, con independencia de su status jurídico, y no sólo de quienes tengan el carácter de ciudadanos.

• Aclarar que el informe anual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe ser remitido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por lo expuesto y considerando que es necesario armonizar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Artículo Único. Se reforman los artículos: 6o., párrafos primero y último; 10, fracciones X y XI; 18, fracciones V y VI; 25 bis, párrafo primero; 25 bis 1, párrafo primero, fracciones III, IV y VIII; y 28, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales.

...

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 10. La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I. a IX...

X. Aprobar lanormatividad del Institutoen materia de transparencia y acceso a la información pública conforme a la legislación general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su expedición;

XI. Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades.

XII a XIV...

Artículo 18. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. a IV...

V. Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VI. Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VII. a XI...

Artículo 25 Bis. El Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del gobierno federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

....

...

1...

2...

3...

4...

Artículo 25 Bis 1. Son funciones del Comité de Transparencia, además de las establecidas en la Ley General y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes:

I. y II...

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V a VII...

VIII. Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

...

Artículo 28. En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Alma Carolina Viggiano Austria,José Luis Sáenz Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Daniel Torres Cantú, Fernando Uriarte Zazueta, Fidel Kuri Grajales, Edith Yolanda López Velasco, José Lorenzo Rivera Sosa, Maricela Serrano Hernández, José Alfredo Torres Huitrón, Rafael Yerena Zambrano, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. En México, casi el 90 por ciento de las personas habitan en hogares familiares. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Por tanto, la familia es el primer ámbito que nos brinda seguridad.

No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 20.8 por ciento de las personas de 18 años de edad o más, consideran que una de las tres principales causas de la inseguridad se debe a la desintegración familiar.

Esta relación de la inseguridad con la desintegración familiar es relevante porque algunos estudios señalan que una familia bien estructurada permite a sus miembros hacer frente a las presiones tanto de su hogar como de la sociedad; por lo que una desintegración familiar lleva a sus integrantes a enfrentar las situaciones con mayor dificultad, en particular cuando hay crisis. De ahí que el desarrollo de los hijos puede llevarlos a identificarse con grupos nocivos y caer en conductas antisociales.

La desintegración familiar tiene consecuencias importantes tanto en la dimensión material como en la emocional de las parejas y, principalmente, de los hijos e hijas. No obstante, sus causas son ajenas al derecho, no así sus efectos. Entre ellos, se encuentra el cambio en el nivel de vida de los hogares a causa del incumplimiento de obligaciones alimentarias.

De acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de argucias que los deudores alimentarios implementan para evadir esa responsabilidad.

Ello se debe a que el marco jurídico actual, pese a que se han creado todo tipo de garantías para asegurar el pago de alimentos, no regula mecanismos lo suficientemente eficaces que resulten ineludibles para el deudor.

El mecanismo más eficaz que normalmente se utiliza para obtener el pago de alimentos, consiste en el descuento vía nómina que el patrón de un deudor alimentario está obligado a realizar sobre el salario para, posteriormente, entregar dicha cantidad a los acreedores. Sin embargo, para ello se requiere la existencia de un patrón y de una relación de trabajo formal.

Cuando no existen estas condiciones, la legislación permite que los jueces calculen el importe de la pensión alimenticia y que obliguen al deudor a su pago mediante una orden judicial que no siempre se cumple. Cuando esto ocurre, las leyes autorizan a los jueces para que embarguen bienes del deudor alimentario con el fin de cubrir el adeudo con un eventual remate de los mismos. La dificultad a la que se enfrentan los acreedores alimentarios en este caso, consiste en que con frecuencia los deudores ocultan sus bienes o permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente.

Asimismo, se ha llegado a reconocer como delito el incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin embargo, muchas personas víctimas u ofendidas no están interesadas en castigar penalmente este tipo de conductas o bien, la propia legislación establece elementos cuya acreditación favorecen al deudor alimentario. Ello se suma a lo tortuoso que puede llegar a ser para los acreedores alimentarios, el camino que se debe seguir para obtener una eventual orden de aprehensión.

Por otro lado, el 16 de marzo de 2016, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración con el fin de establecer que las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, no podrán salir libremente del territorio nacional. Esta adición aprobada por el Congreso de la Unión, fue enviada al Presidente de a República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, para aumentar la posibilidad de hacer valer este derecho, de tal manera que las autoridades migratorias de todo el país e, incluso, cualquier otra persona, conozcan la situación legal de las personas en relación con sus acreedores alimentarios, es necesario crear un mecanismo de información fidedigno que se encuentre al alcance de todos, de forma sencilla y rápida.

Segundo. Atendiendo a ello, es pertinente crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de carácter público que administre una base de datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Este mecanismo debe ser de alcance nacional y sus efectos deben superar la esfera familiar para que tenga consecuencias favorables para los acreedores alimentarios. A su vez, la eficacia de este mecanismo dependerá de los efectos negativos que generaría para los deudores a causa de su conducta contraria a la ley.

En otras palabras, se trata de que el deudor redimensione el valor de sus obligaciones frente a sus acreedores alimentarios -a quienes tiene que asegurarles la supervivencia, estabilidad y desarrollo integral- y frente a la sociedad, usando la información sobre su situación legal en materia de alimentos como mecanismo de coacción.

Este Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos estaría a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y su base de datos se alimentaría con la información que proporcionen los Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos que, a su vez, las entidades federativas deberán crear.

Un deudor alimentario moroso es aquella persona que haya dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, con sus obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada. La inscripción de deudores alimentarios morosos en los Registros Estatales sólo procederá por orden de las autoridades judiciales.

Una vez que se haya ordenado una inscripción, el registro correspondiente debe expedir el certificado que acredite dicha circunstancia para que el mismo sea presentado ante la autoridad judicial que lo ordenó. Con este certificado, el juez solicitará al Registro Público de la Propiedad que corresponda que lo anote en los registros de bienes de los que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso, sin necesidad de solicitud de parte. Dicha anotación, si fuera procedente, surtirá efectos de anotación preventiva.

Cuando el Registro Nacional tenga conocimiento de una inscripción de deudores alimentarios morosos, tendrá la obligación de informarlo a las Sociedades de Información Crediticia, quienes integrarán dicha información a sus bases de datos y que servirá para generar el historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias, mismo que se dará a conocer en los Reportes de Crédito que le sean solicitados.

La cancelación de la inscripción de deudores alimentarios morosos sólo procederá si se cubre el total del adeudo. No obstante, las Sociedades de Información Crediticia, sólo podrán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haber ocurrido el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria. Esto con el objeto de que los usuarios de los servicios de dichas sociedades, conozcan los antecedentes de las personas sobre las que se haya generado este historial. No obstante, si existe algún motivo de reclamación, la misma podrá tramitarse ante la autoridad judicial que haya conocido de la inscripción.

Por lo expuesto y considerando que es necesario crear un mecanismo de alcance nacional que haga efectivo el cumplimiento de obligaciones alimentarias, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia

Primero. Se modifica la denominación del Capítulo Único, del Título Cuarto y se adiciona el Capítulo Segundo; se adicionan los artículos 113 Bis, 113 Ter, 113 Quáter, 113 Quinquies, 113 Sexies, todos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Título CuartoDe la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo PrimeroDe los Centros de Asistencia Social

107 a 113...

Capítulo SegundoDe los Registros de Deudores Alimentarios Morosos

113 Bis. Para proteger los derechos alimentarios, así como promover y garantizar su cumplimiento, la federación contará con un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos adscrito a la Secretaría Ejecutiva, quien emitirá las disposiciones reglamentarias del mismo.

Las entidades federativas deberán contar con Registros de Deudores Alimentarios Morosos, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en las disposiciones que para tal efecto emitan.

113. Ter. Los Registros de Deudores Alimentarios Morosos serán públicos y sus encargados estarán obligados a alimentar la base de datos del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos por medios electrónicos, conforme a los mecanismos y disposiciones reglamentarias que establezca la Secretaría Ejecutiva.

Los encargados del mismo tendrán la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, acrediten o no interés, que se enteren de las inscripciones e información que obre en el acervo registral. También tendrán la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o certificaciones que informen si un deudor alimentario se encuentra inscrito.

Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas. En su caso, se hará mención en ellas de las discrepancias existentes entre la solicitud y los asientos registrales.

113 Quáter. En los Registros de Deudores Alimentarios Morosos se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada.

113 Quinquies. Las inscripciones de Deudores Alimentarios Morosos sólo procederán por orden judicial durante juicio o por incumplimiento de una Sentencia definitiva o convenio judicial.

Ordenada la inscripción a que se refiere el párrafo anterior y una vez que se haya obtenido el certificado respectivo, los jueces o tribunales formularán solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote dicho certificado en los registros de bienes de los que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso.

El Registro Público de la Propiedad informará al juez o tribunal competente si fue procedente la anotación, misma que surtirá efectos de anotación preventiva.

Una vez que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos tenga conocimiento de la inscripción de personas, la informará a las Sociedades de Información Crediticia en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 ter de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

113 Sexies. La cancelación de la inscripción sólo procederá por orden judicial cuando se haya cubierto el adeudo, informando de tal circunstancia a las Sociedades de Información Crediticia y al Registro Público de la Propiedad.

Con la cancelación de la inscripción, se ordenará la cancelación de la anotación en los bienes del deudor alimentario inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Segundo. Se adicionan los artículos 20 Ter, 23 Bis y 42 Bis; se modifican los artículos 27 y 36 Bis, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Ter. Adicionalmente, la base de datos de las Sociedades se integrará con la información que le proporcione el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos sobre las personas inscritas en el mismo por haber incumplido sus obligaciones alimentarias. La información que proporcione el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a las Sociedad deberá especificar la fecha en que se decretó la pensión alimenticia y el periodo o periodos de incumplimiento. Cuando el deudor alimentario cubra el adeudo y el mismo sea notificado al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, el encargado de este proporcionará dicha información a las sociedades.

Artículo 23 Bis. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales por incumplimiento de obligaciones alimentarias que les sean proporcionados por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, al menos durante un plazo de setenta y dos meses.

Las Sociedades podrán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haberse reportado el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria en dicho historial.

Artículo 27. Las Sociedades, al proporcionar información sobre operaciones crediticias, incumplimiento de obligaciones alimentarias y otras de naturaleza análoga, deberán guardar secreto respecto de la identidad de los acreedores, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, en cuyo caso, informarán directamente a los Clientes el nombre de los acreedores que correspondan.

Artículo 36 Bis. Las Sociedades al emitir Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir, la contenida en las bases de datos de las demás Sociedades y del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En todo caso, los reportes de crédito a que se refiere el presente artículo, deberán incluir, respecto de cada operación, al menos la información siguiente:

I. a VI...

En relación con las deudas alimentarias, cualquiera de los reportes de crédito, deberán especificar la información siguiente:

I. Fecha en que se fijó la pensión alimenticia.

II. Fecha del primer incumplimiento.

III. Fecha del último pago.

IV. Total del adeudo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 42 Bis. Las reclamaciones sobre el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias deberán tramitarse ante la autoridad judicial que haya ordenado la inscripción, quien resolverá lo conducente y puede tener como consecuencia la eliminación, modificación o confirmación del historial. Esta resolución deberá ser notificada inmediatamente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y a las Sociedades.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría Ejecutiva tendrá un plazo máximo de dos años para implementar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a partir de la publicación del presente decreto, así como para expedir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el primer párrafo del artículo 113 ter de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. Las entidades federativas tendrán un plazo máximo de seis meses para adecuar su marco normativo a lo dispuesto en el presente decreto a partir de su publicación.

Cuarto. Las entidades federativas tendrán un plazo máximo de un año para implementar los Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos contado a partir de la publicación del decreto de armonización legislativa a que se refiere el artículo tercero transitorio de este decreto.

Quinto. Las Sociedad de Información Crediticia tendrán un plazo máximo de dos años y seis meses para implementar la base de datos que contendrá el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias y para expedir los Reportes de Crédito en los términos de lo dispuesto en este decreto.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de abril de 2016.— Diputada Alma Carolina Viggiano Austria(rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 18:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 28 de abril de 2016, a las 10:30 horas. Que tengan buena tarde y provecho a los que no lo han tenido.

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