Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:01 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 28 de abril de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes en sentido negativo de puntos de acuerdo.

De los diputados Alejandro González Murillo, Ángel García Yáñez, Flor Estela Rentería Medina, Rosalina Mazari Espín, María Concepción Valdés Ramírez, Norma Xóchitl Hernández Colín, Armando Luna Canales, Laura Valeria Guzmán, Xavier Nava Palacios, Samuel Alexis Chacón Morales, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Victoriano Wences Real, Héctor Javier García Chávez, Ricardo del Rivero Martínez, Eva Florinda Cruz Molina, Pablo Elizondo García, Evelyn Parra Álvarez, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Brenda Velázquez Valdez y Matías Nazario Morales.

Por los que solicitan el retiro de iniciativas y de proposiciones.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, quedando concluido su proceso legislativo.

Con el que devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

Del Banco de México

Con el que remite el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del año 2015.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite la información relativa a las Contrataciones por Honorarios, al Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios Otorgados y a las Reglas de Operación, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, e informa que el resultado de las evaluaciones de los Programas Sujetos a Reglas de Operación se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página electrónica de esta institución.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al nuevo Reglamento de Tránsito.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 203 de la Ley del Seguro Social, y adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández y suscrita por los diputados María del Rosario Rodríguez Rubio y Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 122 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 11 y segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o., 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 86, 87, 293 y 390 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 Bis y reforma el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Ulises Ramírez Núñez y Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Arturo Santa Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 277 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o., 6o. y 84 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ricardo Quintanilla Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona un artículo 383 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 26 y 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De Decreto, para la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 314, 324 y 328 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Pablo Elizondo García y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por legisladoras integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 22-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 60 y 420 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y, 368 Quinquies y 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 202 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y 70 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 403 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Animales de Asistencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 24 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado Óscar Ferrer Abalos y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 33 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 49 y 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 283 y 562 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 86, y se adiciona un último párrafo al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, en materia de vías férreas.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de displasia de cadera.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la Ley General de Salud, en materia de obesidad y sobrepeso.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del registro nacional de cáncer.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el artículo 515 Bis a la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10 fracción VII de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el deporte.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 Bis y una Sección Tercera al Capítulo II del Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE, a la sener y a la SHCP, a fin de implementar una estrategia para regular los precios de los insumos agrícolas, utilizados en la producción de los granos básicos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a reconsiderar y en su caso, dejar sin efectos el Acuerdo CCNO/1/2016, a cargo del diputado Ángel Rojas Angeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Coahuila, a fin de realizar las acciones necesarias para la discusión y aprobación de la legislación en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en la entidad, a cargo del diputado Cesar Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, implemente mecanismos de transparencia que permitan a los usuarios de transporte aéreo, conocer las razones por las que se determinan las demoras de las aerolíneas, y se aplique las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, ejecute una revisión en los términos del contrato de concesión realizado en favor del Aeropuerto del Bajío S.A de C.V., a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Coordinación Guerrero, a fin de realizar la pronta aprehensión y castigo a quienes resulten responsables de los actos de violencia efectuados en Acapulco de Juárez, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efeméride

Con motivo del 1o. de mayo, Día del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos dos diputadas y diputados, a las doce horas con siete minutos del miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Se recibieron oficios de los diputados Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Blandina Ramos Ramírez, de Morena; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Partido Verde Ecologista de México; Lillián Zepahua García, y Erika Lorena Arroyo Bello, del Partido Revolucionario Institucional, Mariana Arámbula Meléndez, y Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional; por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retirados, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implementar una Cruzada Nacional Interinstitucional y Transversal a favor de la cafeticultura en México. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite información complementaria correspondiente al Primer Trimestre de dos mil dieciséis, de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y cuarenta y dos, y cuarenta y tres del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Tarek Abdala Saad, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena, Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

y Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Partido Revolucionario Institucional.

A las trece horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general, e intervienen en pro los diputados Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: tercero, sexto, noveno, décimo, once, doce, trece, dieciséis veintiséis, treinta y cuatro, y treinta y seis, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales; y Cuarto Transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos ochenta y nueve votos a favor; y treinta y un abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados, a las diputadas y a los diputados:

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, al artículo sexto, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha, e informa a la Presidencia que declina sus reservas restantes, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, mismas que se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, Morena, a los artículos: trece de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales; y Cuarto Transitorio del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se desecha el artículo trece; y de la misma manera se desecha el artículo Cuarto Transitorio, ambos se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Morena, al artículo décimo de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, al artículo doce de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos sesenta y seis votos a favor; y cincuenta abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos: tercero, sexto, noveno, décimo, once, doce, trece, dieciséis veintiséis, treinta y cuatro, y treinta y seis, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales; y el artículo Cuarto Transitorio, del proyecto de decreto, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. El Presidente informa a la Asamblea que con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el proyecto de decreto, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley sin modificar lo aprobado por el pleno.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de cinco dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

a) Por el que se reforman los artículos quince, veintidós, y veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Por el que se reforman los artículos: noveno, doce, y cincuenta y nueve, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c) Por el que se adiciona el numeral segundo del artículo noventa y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados.

d) Por el que se reforman los artículos doscientos treinta y nueve, y doscientos cuarenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados.

e) Por el que se adiciona un numeral tercero, al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar los cinco dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Rogerio Castro Vázquez, de Morena; Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Ramos Hernández, del Partido de Acción Nacional; y Cristina Sánchez Coronel, del Partido Revolucionario Institucional. Se someten a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Sin más oradores registrados, en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintitrés votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos quince, veintidós, y veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintitrés votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos: noveno, doce, y cincuenta y nueve, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

c) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral segundo del artículo noventa y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

d) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos doscientos treinta y nueve, y doscientos cuarenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

e) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral tercero, al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género:

a) Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, para fundamentar los dos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Ariadna Montiel Reyes, de Morena; Daniela De los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia García García, del Partido de Acción Nacional; y Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diez votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Cambio Climático:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

b) Por el que se adiciona una fracción séptima, y un párrafo final al artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Cambio Climático.

c) Por el que se reforma la fracción décima del artículo cuarenta y siete de la Ley General de Cambio Climático

Se concede el uso de la palabra a la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, para fundamentar los tres dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; María Chávez García, de Morena; Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México; Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática; César Flores Sosa, del Partido de Acción Nacional; y Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción séptima, y un párrafo final al artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos quince votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo cuarenta y siete de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, y suscrita por los diputados Coordinadores de diversos grupos parlamentarios, por el que expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En votación económica se considera de urgente resolución y se dispensan todos los trámites. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, no habiendo oradores registrados en votación nominal por trescientos setenta votos a favor; y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa con proyecto de decreto por que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Luis Fernando Antero Valle, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Juventud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ángel II Alanís Pedraza, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, que reforma los artículos cuarto, veinticinco, veintisiete, y veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Manuel de Jesús Espino, y suscrita por diputados integrantes del de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que adiciona un artículo doscientos veintinueve Bis, y una Sección Tercera al Capítulo Segundo, del Título Sexto, del Reglamento de la Cámara de Diputados. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y Juntas Directivas en Comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que da a conocer los nombres de los integrantes de los Comités de los Centros de Estudios. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas, con proyecto de decreto, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional:

– Y suscrita por el diputado Francisco Javier Santillán Oceguera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y noventa y seis de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

– Y suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, el Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, y levanta la sesión a las dieciocho horas con trece minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el punto de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo atendidos y en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agua Potable y Saneamiento

•Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y al ayuntamiento de Bahía de Banderas a realizar las acciones necesarias que garanticen el abasto de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, en esa entidad.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar la construcción del acueducto Monterrey VI.

Asuntos Indígenas

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultura, a la Procuraduría General de la Republica y al Ejecutivo del Estado de Nayarit a esclarecer y sancionar el atentado contra el patrimonio religioso-cultural de la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suspender la ejecución de la planta hidroeléctrica Las Cruces, en el estado de Nayarit.

Defensa Nacional

• Dictamen por él que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina a realizar un diagnóstico de la labor efectuada en tareas de seguridad pública en las que participan integrantes de dichas instituciones.

Derechos de la Niñez

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República que coordinen una evaluación sobre los casos de violencia contra niñas y niños migrantes y personas desaparecidas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y previsión Social, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Desarrollo Social, a redoblar esfuerzos en la sensibilización, detección y atención del problema del trabajo infantil en México.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar un Comité de Expertos que realicen un análisis del proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas; Niños y Adolescentes.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia a llevar a cabo, en coordinación con sus similares de las entidades federativas y de la Ciudad de México, la integración del registro de institucionales de cuidado alternativo.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar, en coordinación con las Procuradurías de los estados, un proceso de simplificación y armonización de los procedimientos existentes para activar la alerta Amber.

Desarrollo Social

• Dictamen por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a atender y difundir los medios por los que da respuesta a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, emitidas en su informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social en México.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a difundir las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral durante los comicios por celebrarse en diversas entidades federativas en 2016.

Distrito Federal

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigue violaciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo con difundir los contratos suscritos con Autotraffic e Inteltrafic.

Educación Pública y Servicios Educativos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarias de Salud, y Educación Pública que emitan el plan de instalación de los bebederos en las escuelas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores a constituir en cada entidad federativa un fideicomiso público para la creación, operación y evaluación de un programa social destinado a otorgar tarifas de transporte público preferenciales a los estudiantes de educación secundaria, media superior, superior y de educación especial.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior a cubrir en tiempo y forma el pago de las becas asignadas a los universitarios mexicanos que cursan algún posgrado en el extranjero.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y a la procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a resolver el conflicto laboral suscitado en la unidad académica de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a definir un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación básica, media superior y normal, para el próximo ciclo escolar 2016-2017.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cultura que difundan entre las escuelas y centros de trabajo públicos y privados, la modalidad de lectura grupal conocida como slow reading.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implementar a través de la Secretaría de Educación Pública un programa para elevar el aprovechamiento educativo de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico.

Juventud

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a actualizar y, en su caso, sustituir los indicadores de tasa de desempleo en población joven.

Relaciones Exteriores

Dictamen por el que se desechan dos proposiciones con punto de acuerdo relativas a la credencialización de mexicanos en el exterior y los derechos humanos de migrantes.

Salud

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un protocolo de investigación sobre la mutilación genital femenina en México, a fin de establecer políticas públicas para proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Transportes

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por las autoridades correspondientes una tarifa especial en la autopista Del Sol para incrementar el turismo nacional en el estado de Guerrero.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.— LXIII Legislatura.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Iniciativa proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, (en materia de nombramiento, ratificación y remoción de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos), suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de abril de 2016.

“Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen”.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Se recibieron oficios de los diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 200 y 201 del Código Penal Federal, presentada el 1 de diciembre de 2015, por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Adopción presentada el 15 de diciembre de 2015 por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Derechos de la Niñez para opinión.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

El que suscribe, diputado Ángel García Yánez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted con fundamento en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a esa Mesa Directiva que sea retirada la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual presente el 1 de diciembre de 2015, y que fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2016.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente, a la que se le dio el número de expediente 1393/LXIII, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada a la Comisión de Salud y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de noviembre de 2015.

Sobre el particular, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.— Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio del presente y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de evitar la violencia obstétrica, a la que se le dio el número de expediente 1274/LXIII, presentada por la suscrita integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada a la Comisión de Salud y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de diciembre de 2015.

Sobre el particular, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.— Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle, me dirijo a usted para solicitarle que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Segob, la PGR, la SRE y demás dependencias competentes se dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe Situación de derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2015, de la que soy proponente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle, me dirijo a usted para solicitarle que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y al gobernador de Nuevo León a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el penal de Topo Chico, Monterrey, y otros penales, de la que soy proponente.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención a este mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle, me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del inciso A, numeral XXI, artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que soy proponente.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención a este mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como a la Junta de Coordinación Política, el punto de acuerdo relativo a la integración del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión del Distrito Federal, el punto de acuerdo relativo a realizar una investigación respecto a la operación y aspectos legales relacionados con el programa Ecoparq y los permisos administrativos temporales revocables a diversas empresas para la operación de parquímetros durante el periodo 2012-2015, en diversas demarcaciones de la Ciudad de México, presentado por la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Derechos Humanos, el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo a cumplir la recomendación 45/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 3 de septiembre de 2014.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión del Distrito Federal, el punto de acuerdo relativo a difundir acciones que lleva a cabo para hacer cumplir el respeto de la igualdad en su interior la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México, presentado por la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Derechos Humanos, el punto de acuerdo relativo al traslado de José Manuel Mireles Valverde del Cefereso número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, al Cereso David Franco Rodríguez, en Charo, Michoacán.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Turismo, el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Sectur y el INAH a promover acciones para garantizar el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Gobernación, el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Cultura se instituya el 28 de enero como el Día del Pluralismo Cultural, derivado de la diversidad de los pueblos indígenas, en el calendario gubernamental.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito por este conducto de la manera más respetuosa, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se retire de los registros parlamentarios el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata a todas las personas que presten servicios a esta Cámara y que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo de la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 27 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de saludarle, me dirijo a usted para solicitarle amablemente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Saltillo, Coahuila, para que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 103/2015, que le fue girada por la CDH estatal, misma que fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Armando Luna Canales (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman los artículos 64 y 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de parto humanizado, a la que se le dio el número de expediente 2191/LXIII, presentada por la suscrita integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada a la Comisión de Salud y publicada en la Gaceta Parlamentaria de 8 de marzo de 2016.

Sobre el particular, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.— Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente solicito atentamente a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados realice el procedimiento necesario para retirar una proposición con punto de acuerdo presentada por su servidor lo anterior de conformidad con el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de Cámara de Diputados.

La proposición que solicito sea retirada es la siguiente:

1) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del poder ejecutivo a reconocer expresamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y a garantizar su seguridad, presentado el 5 de abril del presente y que fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

Agradezco su atención y aprovecho para enviarle atentos saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Xavier Nava Palacios (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado Zambrano Grijalva:

Sirva la presente para enviarle un respetuoso saludo, asimismo solicitar a la Mesa Directiva a su digno cargo, gire sus amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea retirado del orden del día de mañana miércoles 27 de abril del año en curso, mi punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a fin de revisar los cobros indebidos realizados por las empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur del país, así como solucionar el problema de roaming.

Sin más por el momento, agradezco la atención que le sirva dar a la presente, quedando a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 26 de abril de 2016.— Diputado Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:De la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del PRI, por el que solicita el retiro de la las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente que sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por una servidora en sesión ordinaria del 6 de octubre de 2015, y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen y de Desarrollo Rural para opinión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente que sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por una servidora en sesión ordinaria del 1 de marzo de 2016, y turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración. Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado hace de su conocimiento la intención de retirar de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, de la cual soy proponente y que fue presentada en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de octubre de 2015. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.— Diputado Victoriano Wences Leal (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle cordialmente, solicito por este conducto de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios, así como de las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Erradicación de la Desigualdad y el Fomento de la Igualdad Económica entre Hombres y Mujeres, presentada por el diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada y turnada a las comisiones con fecha 15 de diciembre de 2015.

Sin más por momento y agradeciendo brindarle la atención a la presente, quedo de usted, para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Héctor Javier García Chávez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y solicitarle de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a fin de que sea retirado de los registros parlamentarios, así como de la Comisión de Comunicaciones, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, el IFT y la Profeco a efecto de que las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular otorguen a los usuarios un servicio eficiente y de calidad, presentado el 5 de abril de 2016 por el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Le agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en virtud de que la Presidencia de esa Mesa Directiva emitió prevención en los términos del artículo 88, numeral 1, del mismo reglamento, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria, solicito a usted muy atentamente se retire esta iniciativa, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de noviembre de12015, con número de expediente 1077.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Del diputado Pablo Elizondo García, del PRI, por el que solicita el retiro de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho de retiro del siguiente punto de acuerdo.

Fecha: 2016-02-16

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer con instituciones del Sector Salud y gobiernos locales, campañas tendentes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial.

Presentada por el diputado Pablo Elizondo García, PRI, turnada a la Comisión de Salud.

Gaceta Parlamentaria, número 4469-V, martes 16 de febrero de 2016. (1045)

Fecha: 2016-04-21

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer con instituciones del Sector Salud y gobiernos locales, campañas tendentes a informar, prevenir y detectar oportunamente la diabetes.

Presentada por el diputado Pablo Elizondo García, PRI, turnada a la Comisión de Salud.

Gaceta Parlamentaria, número 4513-IX, jueves 21 de abril de 2016. (1559).

Lo anterior para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 27 de abril de 2016.— Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:De la diputada Evelyn Parra Álvarez, del PRD, por el que solicita el retiro de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante de la LXIII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral segundo del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada el 11 de noviembre de 2015, turnada a la Comisión de Justicia, así mismo agradeceré actualizar los registros parlamentarios.

El retiro de la iniciativa radica además en la intención de robustecerla y perfeccionarla.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante de la LXIII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral segundo del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 13 de octubre de 2015, turnada a la Comisión de Salud; asimismo agradeceré actualizar los registros parlamentarios.

El retiro de la iniciativa radica además en la intención de robustecerla y perfeccionarla.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Apreciable presidente: con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted de la manera mas atenta, gire sus apreciables instrucciones a fin de que la iniciativa con proyecto de decreto que se describe a continuaciín sea retirada:

• Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal Federal y se reforma y adicionan las fracciones XIX, XX y XXI, recorriéndose la fracción XIX a la XXI del artículo 14 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en materia de violencia feminicida.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputada Erika Rodríguez Hernández (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a la Mesa Directiva que sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fomento para la Lectura y el Libro, y Federal de Protección al Consumidor, a fin que la Profeco sea la encargada de recibir denuncias de violaciones al precio único establecido y, en su caso, aplicar las sanciones y medidas correspondientes, la cual presente el jueves 31 de marzo de 2016, y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Economía.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecida con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2016.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa sea retirada la proposición con “punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP para que incluya y refuerce los contenidos en materia de educación ambiental, en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial”, que presenté el día 12 del mes y año en curso, y fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para la elaboración del dictamen correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el numeral 2, fracción VII, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad mi más atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a miércoles 27 de abril del 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México, me complace enviar a ustedes copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, que ya fue presentado ante la Junta de Gobierno de ese banco central.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.— Contador público certificado Gabriel Alejandro Baroccio Pompa (rúbrica), socio de Auditoría Mancera, SC, Ernest &Young.»

«Informe de los auditores independientes

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Honorable Junta de Gobierno del Banco de México.

Hemos auditado el anexo I “Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física” del Banco de México por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, teniendo como objetivo mostrar el cumplimiento de las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, autorizadas por la Junta de Gobierno del Banco de México.

Responsabilidad de la administración en relación con el Anexo I

La administración a través de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto es responsable de la preparación del Anexo I adjunto, de conformidad con las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, autorizadas por la Junta de Gobierno del Banco de México, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación del anexo I libre de desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la información del anexo I adjunto basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética profesional, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si el anexo I está libre de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en el anexo I. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en el anexo I debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de Banco de México del anexo I, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Banco de México. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación del anexo I.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, el anexo I adjunto, “Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física” del Banco de México por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, ha sido preparado, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, autorizadas por la Junta de Gobierno del Banco de México.

Otros asuntos

El presente informe tiene como objetivo mostrar el cumplimiento de las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, autorizadas por la Junta de Gobierno del Banco de México y por lo tanto de conformidad con las normas profesionales que nos rigen, no debe utilizarse para otro propósito.

Atentamente

Ciudad de México, 30 de marzo de 2016.— Contador Público Certificado Gabriel Alejandro Baroccio Pompa (rúbrica), socio de Auditoría Mancera, SC, Ernest &Young.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al diverso 315-A-00861, suscrito por el actuario César J. Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto A de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual solicita se remita en forma directa al Honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información a que se refieren los artículos 69, 75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto, por instrucciones del doctor José Ramón Narro Robles, secretario de Salud, con apoyo de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta Unidad Coordinadora: “...coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo...”, me permito enviar copia de la tarjeta 071/2016, suscrita por la licenciada Marcela Velasco González, subsecretaria de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual da respuesta a dicha solicitud.

Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 177, último párrafo, y 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Por medio de la presente y en relación con el oficio número 315-A-00861, suscrito por el actuario César J. Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto A de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual, solicita se remita en forma directa al Honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, 75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto, envío a usted en impreso y CD, mediante atenta nota de fecha 21 de abril del presente año, suscrita por el maestro Genaro Montiel Rangel, director general de Programación, Organización y Presupuesto, información relativa a “contrataciones por honorarios”, “reporte del monto y ejercicio de los subsidios otorgados” y “reglas de operación”, correspondientes al periodo enero-marzo del ejercicio fiscal de 2016. Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de dicha información es el 30 de abril de 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de abril de 2016.— Licenciada Marcela Velasco González, subsecretaría de Administración y Finanzas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Atenta Nota

Para: Licenciada Marcela Velasco González

Subsecretaria de Administración y Finanzas

De: Maestro José Genaro Montiel Rangel

Director General de Programación, Organización y Presupuesto

Anexo copia del oficio número 315-A-00861 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual, solicita se remita en forma directa al Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, 75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Al respecto, con fundamento en los artículos 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, anexo en impreso y CD, la información relativa a las “contrataciones por honorarios”, “reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados” y “reglas de operación”, correspondientes al periodo enero-marzo del ejercicio fiscal de 2016 con la finalidad de obtener su visto bueno para el envío correspondiente.

Así también informo que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, a que se refiere el artículo 78 de la LFPRH, se encuentra publicado conforme al programa anual de evaluación en la página web de esta secretaría en el siguiente vínculo: http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/evaluacion.htm l

Es importante mencionar que la fecha límite para entregar dicha información es el 30 de abril de 2016, y debe enviarse una copia del oficio que se remita a la Honorable Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (actuario César Javier Campa Campos.- Director General de Programación y Presupuesto A de la SHCP).

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo.— Ciudad de México.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número DPE-655-2016, de fecha 18 de abril de 2016, signado por el arquitecto Luis Enrique Fuentes Cortizo, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Movilidad, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo federal y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-1-0409, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar lo siguiente: Las acciones que en ejercicio de sus atribuciones están realizando para que las autoridades facultadas en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal cuenten con la capacitación necesaria para ejercer sus facultades de forma objetiva y transparente, a fin de prevenir e inhibir actos de corrupción. Las acciones que se estén realizando a efecto de que la Ciudad de México cuente con la señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamento de Tránsito. Las acciones en materia de comunicación social que concienticen y promuevan entre los habitantes de la Ciudad de México a la adopción de los valores contenidos en el nuevo Reglamento de Tránsito.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de abril de 2016.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Héctor Serrano Cortés, secretario de Movilidad del Distrito Federal, en atención al oficio SG/CEL/PA/055/2016 en que, por los motivos que el mismo expone, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno del Distrito Federal informar las acciones que se estén realizando a efecto de que la Ciudad de México cuente con la señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamento de Tránsito, como se describe en el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo federal, de acuerdo a lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al gobierno de la Ciudad de México informe sobre:

a) Las acciones que en ejercicio de sus atribuciones están realizando para que las autoridades facultadas en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal cuenten con la capacitación necesaria para ejercer sus facultades de forma objetiva y transparente, a fin de prevenir e inhibir actos de corrupción.

b) Las acciones que se estén realizando a efecto de que la Ciudad de México cuente con una señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamente de Tránsito.

c) Las acciones en materia de comunicación social que concienticen y promuevan entre los habitantes de la Ciudad de México la adopción de los valores contenidos en el nuevo Reglamento de Tránsito.

Al respecto, me permito informar a usted que, en apego a las atribuciones de esta Secretaría de Movilidad, personal técnico adscrito a mi cargo participó, en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, en mesas técnicas para la sustitución de señalamiento vertical en vías primarias, con el objetivo de implementar dispositivos de control de tránsito actualizados en concordancia con lo estipulado en el nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, y en particular con las nuevas disposiciones que diferencian a este nuevo instrumento normativo de su antecesor, como son los artículos 9, 37, fracción II inciso b, y 38 fracción II inciso d y e, referentes a los nuevos límites de velocidad, la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad, y la prohibición de distractores como teléfonos celulares, respectivamente. Las mesas técnicas fueron llevadas a cabo al tiempo para la ejecución de los trabajos de sustitución de los dispositivos previamente a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito.

El presente se emite con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 93 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de enero de 2016; así como a la fe de erratas al mismo todos estos ordenamientos de aplicación en el territorio del Distrito Federal vigente, hoy Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y queda de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de abril de 2016.— Arquitecto Luis Enrique Fuentes Cortizo (rúbrica), director general de Planeación y Evaluación.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase al promovente para su conocimiento.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 807/2016 II P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presenta iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 203 de la Ley del Seguro Social; y adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de asistencia social a menores con discapacidad.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 5 de abril de 2016.— Diputada Mónica Guerrero Rivera (rúbrica), vicepresidenta del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Acuerdo número 807/2016 II P.O

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, tiene a bien presentar iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 203 de la Ley del Seguro Social, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 203. ...

El Consejo Técnico para la expedición de las disposiciones referidas en el párrafo anterior, deberá hacerlo con absoluto respeto de los derechos consagrados en el artículo 1o. constitucional, por lo que se abstendrá de limitar el ingreso y permanencia de los menores con discapacidad, independientemente del grado que ésta sea, a las estancias infantiles o guarderías.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, tiene a bien presentar iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 6. ...

Dicha interpretación deberá realizarse con absoluto respeto a los derechos consagrados en el artículo 1o. constitucional, por lo que no se deberá limitar el acceso o permanencia a las estancias infantiles o guarderías a los menores con discapacidad, independientemente del grado que ésta sea.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a la brevedad inicien con los procedimientos que permitan adecuar tanto la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, como la Norma que Establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, y demás disposiciones normativas relacionadas con el ingreso y permanencia de niñas y niños con discapacidad en las estancias infantiles o guarderías, a los disposiciones constitucionales para garantizar el derecho de no discriminación de este grupo vulnerable, sin distinguir el grado de discapacidad que padezcan.

Cuarto. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, solicita a las delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Desarrollo Social, dependientes del gobierno federal, que en tanto entran en vigor las reformas anteriores, procedan a realizar las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia, para garantizar el acceso y permanencia a las guarderías y estancias infantiles, de los menores con discapacidad, independientemente del grado que la padezcan, con el propósito de dar cabal cumplimiento al derecho constitucional en materia de no discriminación.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis.— Diputada Mónica Guerrero Rivera (rúbrica), en funciones de presidenta;diputada Ana Lilia Gómez Licón secretaria, diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Derechos de la Niñez para dictamen.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Roberto Alejandro Cañedo, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para denunciar que el pasado martes el candidato por Morena a la alcaldía de la ciudad de Rosarito, fue hostigado y violentado de manera arbitraria por cuerpos del Ejército cuando se dirigía a realizar campaña en su ciudad, lo cual queremos hacer una denuncia ante la Sedena y exigir que deje de hostigar a compañeros y a cualquier otro candidato que desee realizar sus campañas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registran sus preocupaciones, diputado, y yo le rogaría que pudiéramos darle conducto a su planteamiento para hacer llegar, en su caso, formalmente, esta exigencia que se ha planteado por usted.

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Seguimos ahora con el capítulo de la presentación de iniciativas de diputadas y diputados, y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o., de la Ley de Institutos Nacionales de Salud. Vamos a dar, acordamos, por cierto, junto con la Junta de Coordinación Política, que buscáramos atenernos a tres minutos porque va a ser un día muy largo de trabajo, entonces hay que optimizarlo en todo lo posible. Gracias, diputada.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente, diputadas, diputados, el 26 de mayo del año 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el objeto de regular la organización y funcionamiento de estos, y, a su vez, fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realicen en ellos. Sin embargo es importante resaltar que la investigación científica es un trabajo delicado y su resultado debe de ser considerado del conocimiento general de la población.

Para alcanzar tan importante fin, considero prudente robustecer el contenido actual del artículo 6o., fracción II de la citada ley, que por su nueva redacción que propongo, se constituya una base jurídica con políticas públicas en beneficio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud pública. Dado que el conocimiento científico es un producto social, teniendo en cuenta que la ciencia es de por sí una actividad social, se hace evidente la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. La divulgación y la difusión científica difieren particularmente al público al que se desea informar.

Es necesario, compañeros diputados, comprender entonces que la divulgación tiene como fin crear en la sociedad la cultura de la ciencia; y la difusión ayuda al científico a tener nuevos hechos probados que le permita resolver problemas o proponer otras hipótesis gracias al conocimiento racional obtenido.

La relevancia de esta reforma es, porque la divulgación científica en temas médicos debe ser asequible a un mayor segmento de la población, y con esto, beneficiar a mexicanos en su protección de la salud, que implica la divulgación como política pública, y se cumpla con el objeto de la Ley de la Institutos Nacionales de Salud que son la investigación, enseñanza y prestación de servicios dentro de su área de salud pública propia de cada Instituto.

La propuesta de reforma implica también que los institutos, además de sus publicaciones que en libros y revistas realizan, y como ya ha quedado expuesto, implican a un segmento especializado de su área médica con la divulgación científica, se constituyan en los institutos nacionales de salud mecanismos propios, didácticos, informativos, accesibles y programas interinstitucionales que den una cultura científica médica en la población a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y con esto la sociedad se vea beneficiada con avances en el área de la salud pública.

Por los argumentos antes expuestos, propongo el decreto que reforma el artículo 6o, fracción II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue:

Artículo 6o. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, mediante un proceso organizado y sistemático de difusión y divulgación por los medios de información asequibles de los institutos, que permita dar a conocer avances médicos especializados, información técnica y científica a personas dedicadas a la ciencia médica y población en general.

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Que los institutos actualicen sus reglamentos y definan el proceso.

Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del distrito 4 en Morelos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma al artículo 6 fracción II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de conformidad a la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de mayo del año 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el objeto de regular la organización y funcionamiento de estos y a su vez fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realicen en ellos, sin embargo, es importante resaltar que la investigación científica es un trabajo delicado y su resultado debe ser considerado del conocimiento general de la población. Para alcanzar tan importante fin considero prudente robustecer el contenido actual del artículo 6 fracción II, de la citada Ley, que por su nueva redacción que propongo se constituya una base jurídica con políticas públicas en beneficio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud pública.

“Dado que el conocimiento científico es un producto social, teniendo en cuenta que la ciencia es de por sí una actividad social, se hace evidente la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. La divulgación y la difusión científica difieren particularmente al público al que desea informar. En el ámbito científico es común referirse a divulgar cuando se trata de poner el conocimiento resultado de investigaciones a disposición de un público interesado, extenso y general, que puede comprender la importancia de los resultados y la arquitectura de las argumentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en el campo específico en que se presenta; mientras que difundir se refiere comúnmente a la disposición de este conocimiento ante un público más detallado, cuando en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en la comunidad científica, un grupo específico calificado y competente en un campo específico” véase a (Diana Cristina Ramírez Martínez, Divulgación y Difusión del Conocimiento: Las revistas científicas, Universidad Nacional de Colombia, 2012, página 27).

Es necesario comprender entonces que la divulgación tiene como fin crear en la sociedad la cultura de la ciencia y la difusión ayuda al científico a tener nuevos hechos probados que le permita resolver problemas o proponer otras hipótesis gracias al conocimiento racional obtenido. Además, como lo plantea otra tratadista, “La difusión de la ciencia es una actividad cuyo mensaje apunta a un público especializado en un determinado tema. La divulgación, por el contrario, busca que el mensaje sea asequible para todo tipo de personas. Pacheco Muñoz dice que la divulgación es una disciplina que se encarga de llevar el conocimiento científico y técnico a un público no especializado que va desde los niños hasta las personas de edad (2003:56). Pasquali, por su parte, indica que la divulgación es el envío de mensajes elaborados mediante la transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del universo perceptor disponible (Pasquali en Calvo Hernando: 2006). Así, mientras la difusión se preocupa porque el mensaje llegue a conocedores del tema, principalmente científicos, investigadores y especialistas, la divulgación se propone expandir esos conocimientos a todas las personas interesadas y, para lograrlo, busca que el mensaje sea atractivo, fresco, pero que sin que por eso desvirtúe el contenido. Sin divulgación de la ciencia no se puede construir una cultura científica (Ferrer y León, 2008)” véase a (Sarelly Martínez Mendoza, La Difusión y la Divulgación de la Ciencia en Chiapas, Revista Razón y Palabra: 2012, página 2). La divulgación, es una perspectiva más amplia, enriquecedora y evolutiva de la comunicación científica entre los propios Institutos Nacionales de Salud y los ciudadanos en general y así coadyuvar con la protección de la salud a que se refiere el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, para fortalecer esta propuesta enuncio una encuesta del Inegi, denominada la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) en México en 2013. La muestra fue de 3 mil 200 viviendas urbanas, en áreas geográficas urbanas con 100 mil y más habitantes. Indicador: 1) Población interesada en desarrollos científicos y tecnológicos: 82.1 por ciento; 2) Población interesada en temas relevantes sobre desarrollos científicos y tecnológicos: Medio Ambiente el 84.6; Medicina el 73.8; Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) el 72.9; y 3) Medios de comunicación por los que la población se informa en temas de ciencia y tecnología: revista el 65.9 por ciento; periódico el 49.9; televisión el 44.0 y radio el 16.3. Por otra parte, la misma encuesta establece el nivel de interés de la población por nuevos descubrimientos científicos y son los siguientes porcentajes: Muy buena aceptación el 4.92 por ciento; buena aceptación el 27.08; moderada el 43.54 y nula el 24.46. Esto comprueba que nuestra población según las herramientas científicas expuestas, las personas están muy interesadas en el desarrollo científico y tecnológico, y dentro de esto la medicina ocupa un interés esencial por parte de la población encuestada, pero al momento de contrastar los datos descubrimos que la intensidad del interés, es poco estimulada ya que el 4.92 demuestra estar muy interesada y el 27.08 es buena y de ahí cerca de la mitad de los encuestados el 43.54 tienen un interés moderado, por eso la relevancia de esta reforma porque la divulgación científica en temas médicos debe ser asequible a un mayor segmento de la población y con esto beneficiar a mexicanos en su protección de su salud, que implica la divulgación como política pública, y se cumpla con el objeto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que son la investigación, enseñanza y prestación de servicios dentro de su área de salud pública propia de cada Instituto.

La propuesta de reforma implica también que los Institutos, además de sus publicaciones que en libros y revistas realizan y como ya ha quedado expuesto, implican a un segmento especializado de su área médica, con la divulgación científica, se constituyan en los (13) Institutos Nacionales de Salud, mecanismos propios didácticos, informativos accesibles y programas interinstitucionales que den una cultura científica médica en la población (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) y con esto la sociedad se vea beneficiada con avances en el área de la salud pública.

Por los argumentos antes expuestos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto de

Decreto que reforma el artículo 6 fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:

I. ...

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, mediante un proceso organizado y sistemático de difusión y divulgación por los medios de información asequibles de los Institutos, que permita dar a conocer avances médicos especializados, información técnica y científica a personas dedicadas a la ciencia médica y población en general.

Transitorios

Primero: El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Que los Institutos actualicen sus reglamentos y definan el proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Rosalina Mazari Espín,Alfredo Bejos Nicolás, María Bárbara Botello Santibáñez, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Mazari. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos, el diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Bueno, vamos a ser tolerantes, van a ser dos iniciativas en una sola presentación.

El diputado Wenceslao Martínez Santos:Gracias, presidente. Muy buenos días, diputadas y diputados. El día de hoy presento ante ustedes dos iniciativas para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La pesca y la acuacultura son actividades con un importante potencial de crecimiento que posibilitan el desarrollo regional del país a través del impulso de actividades sustentables, para lo cual es indispensable contar con esquemas de financiamiento acordes a las necesidades del sector.

El extenso litoral de nuestro país guarda una riqueza especial por la abundancia y calidad de las especies marinas que la habitan y que son aprovechadas para el consumo humano. Por ello, adecuar nuestra normatividad vigente permitirá fortalecer a este importante sector productivo.

El motivo de la primera iniciativa que presento tiene que ver con la pesca de las especies bentónicas. ¿A qué me refiero? Me refiero a un cambio conceptual para que en el artículo 11 de la Ley General de Pesca se modifique el término de especies sésiles por especies bentónicas.

Los organismos sésiles son todos aquellos animales que viven fijados a los sustratos, sin embargo, los organismos sésiles son parte de un grupo mayor denominado organismos bentónicos, los cuales se definen como todos aquellos organismos que habitan en el bentos marino, conformado por las comunidades de organismos que viven sobre el fondo del mar y dentro del sustrato, como: langosta, abulón, almeja, erizo, cabrilla, lenguado, entre otros. De tal suerte que los organismos sésiles son parte toral de la comunidad bentónica, pero no son la totalidad de esta comunidad.

Es por ello que propongo ante esta soberanía la presente iniciativa para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con el propósito de cambiar el término sésiles por bentónicos, por considerar que este término es el más amplio y el correcto en términos de conservación, aprovechamiento, preservación racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

El otro tema con proyecto de decreto que les presento es un tema de gran importancia dentro de nuestros sectores productivos. Y dentro de nuestra legislación mexicana tenemos la institución del silencio administrativo, que es por el tema que quiero abordar, que lo considero importante modificar dentro de la Ley de Pesca, también, y Acuacultura Sustentable.

Miren, pese a que poco a poco la figura de la afirmativa ficta ha avanzado en nuestro país y pese a la gran resistencia administrativa, existen muchos ordenamientos que en la actualidad establecen la negativa ficta como un elemento neurálgico resolutivo para sus silencios administrativos.

Tal es el caso de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en la que la negativa ficta es la institución utilizada para sustentar el silencio administrativo propio, sin embargo se debe tener en consideración la importancia que reviste dicho sector en la economía mexicana, así como en la seguridad alimentaria que tanto debe proteger cualquier país del mundo, hace que la institución de la negativa ficta sea disfuncional, ya que hace que la autoridad competente pueda ser más laxa en lo que se refiere a las resoluciones de gran envergadura para una comunidad determinada, atentando contra la productividad y competitividad del sector.

Además, es claro que el tema sobre el cual está utilizando la negativa ficta es un perjuicio a la economía del país, con lo que habría que resaltar que para regular lo relativo a permisos y concesiones en materia pesquera existen otros instrumentos y mecanismos que aseguran que se cumpla con las directrices determinadas por la autoridad competente en estricto apego a la normatividad existente.

También es el grave problema de las exiguas acciones hasta hoy para ordenar el sector pesquero del país. Esto ha provocado innumerables veces que le sea negado un permiso o una concesión a los interesados, sólo por el hecho de que el tiempo establecido en la norma terminó para la autoridad sin haber sido siquiera revisado.

Con estos argumentos resulta evidente que la utilidad de la institución del silencio positivo en lo que refiere al artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, por un lado otorgaría certidumbre al peticionario y por otro lado obligaría al órgano o al servidor público a revisar minuciosamente todas las solicitudes, pues en la última instancia se entiende que la responsabilidad derivada de los derechos obtenidos por el gobernado es la administración.

Por las razones expuestas someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 45, tercer párrafo, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la finalidad de modificar la institución del silencio administrativo de la negativa ficta, a afirmativa ficta. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Wenceslao Martínez Santos, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma el artículo 11, fracción II, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la finalidad de adicionar a las especies bentónicas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad la industria pesquera de captura, la acuacultura y el suministro de pescado para la alimentación en México continúan siendo actividades productivas prioritarias debido a la importancia que revisten en la seguridad alimentaria en nuestro país, así como a la posesión de 11,592.8 km de litoral, 231,813 km2 de mares territoriales (hasta 22.2 km de distancia de la costa) y 2’715,012 km2 de Zona Económica Exclusiva (desde 22.2 km de distancia de la costa hasta los 370.6 km de distancia). También tiene 29 mil km2 (2.9 millones de ha) de aguas interiores comprendidas por ríos, lagos, presas y lagunas en 314 cuencas hidrológicas.

Sin embargo, uno de los principales problemas que se enfrentan hoy en día, es la necesidad imperante e inminente del correcto ordenamiento del Sector, así como aplicar de manera adecuada y justa la normatividad existente para tal fin.

No obstante dicha ingente problemática, el Gobierno en sus tres niveles ha tratado de frenar el desordenamiento y de revertirlo. Para muestra existen diversas acciones, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el cual busca Impulsar la productividad en el Sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

En estos instrumentos de política pública el Gobierno Federal ha asentado las directrices primordiales y fundamentales del Sector pesquero, que es el tema que en este momento nos interesa analizar, subrayando que la nueva visión de la pesca y la acuacultura es desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a precios accesibles. La pesca y la acuacultura son actividades con un importante potencial de crecimiento que posibilitan el desarrollo regional del país, a través del impulso de actividades sustentables, para lo cual es indispensable contar con esquemas de financiamiento, acordes a las necesidades del subsector. El extenso litoral de nuestro país guarda una riqueza especial por la abundancia y calidad de las especies marinas que la habitan y que son aprovechadas para el consumo humano. Asimismo, los pescados y mariscos proveen de proteína de origen animal de gran calidad con múltiples especies accesibles para la población por su precio, sin embargo no ha sido suficientemente aprovechada como fuente estratégica de alimentos, por lo que se debe poner especial énfasis en la promoción del consumo de especies marinas baratas y altamente nutritivas, de manera prioritaria por la población rural con mayores necesidades. En nuestro país, la captura debe concentrarse en un enfoque sustentable, es decir, bajo criterios de veda y artes de pesca cada vez más selectivas que garanticen la conservación de los recursos, respondiendo a criterios científicos y a un sólido marco jurídico nacional e internacional, con base en los cuales la Secretaría publica, entre otros, los acuerdos de inicio y levantamiento de vedas en el Diario Oficial de la Federación, así como otras importantes medidas de manejo pesquero y acuícola. La prioridad más significativa estriba en la contribución de la pesca al desarrollo sostenible; esto es, satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. Una importante área de oportunidad, se encuentra en el desarrollo de sistemas de inocuidad eficaces y anticipatorios que cubra todos los aspectos desde la captura o cosecha, el procesamiento y la distribución de los productos conforme a normas sanitarias nacionales e internacionales, que permita penetrar más mercados globales.

Por lo que hace mención el programa en comento, es fundamental resaltar la estrategia siguiente:

“...Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas. Destacadamente y ante el insuficiente consumo nacional de pescados y mariscos, es importante realizar campañas de promoción de estos productos e inducir a un mayor porcentaje de la población mexicana a incrementar el consumo semanal de pescados y mariscos. Para lograrlo se aplicará en coordinación con la Secretaría de Salud un programa permanente e integral de “sana alimentación”, con el fin de crear conciencia en la población en general sobre la importancia de consumir productos pesqueros, por su alto valor nutritivo, calidad y beneficio a la salud...”

Entendiendo lo anterior se puede hacer mención expresa que se ha tratado de velar por la seguridad, competitividad y eficiencia del Sector pesquero en México. Sin embargo, aún se aprecian vacíos profundos e importantes en la normatividad que actualmente existe en el país, tal es el caso específico del artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) que a la letra dice:

“... Artículo 11.- Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes funciones:

I.La administración de los permisos para la realización de pesca deportivo-recreativa;

II.La administración sustentable de las especies sésiles que se encuentren en los sistemas lagunarios estuarinos y en el mar territorial frente a sus costas, que se determinen previamente en la Carta Nacional Pesquera y en la Carta Nacional Acuícola;

III.La administración de la pesca en cuerpos de agua que sirvan de límite a dos Entidades Federativas, o que pasen de una a otra, que comprenderá además las funciones de inspección y vigilancia;

IV.El ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos acuícolas;

V.La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento, o

VI.La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven...”

La importancia de hacer mención del anterior artículo es neurálgica ya que en la segunda fracción se refiere a la administración de las especies sésiles, se debe hacer un paréntesis para comprender a fondo la definición de dichas especies, ya que la definición de los organismos sésiles, de acuerdo con diversas fuentes, tales como la Obra Social Caixa (Fundación internacionalmente reconocida en temas pesqueros) es:

“Son todos aquellos animales que viven fijados al sustrato. Muchas especies de organismos sésiles no viven siempre fijados al fondo del mar, sino que sólo lo hacen durante su estadio adulto. Estar fijadas al fondo del mar no les impide encontrar alimento, pues las corrientes marinas se encargan de transportar partículas de materia orgánica y plancton que los organismos bentónicos atrapan. De hecho, muchos de estos organismos se alimentan filtrando partículas en suspensión, por ello se denominan suspensivoros. Otros, como los corales, son más bien carnívoros y se alimentan, sobre todo, de zooplancton.”

Ahora bien, como se puede apreciar en la definición mencionada, se entiende claramente que los organismos sésiles son parte de un grupo mayor denominado organismos bentónicos, los cuales se definen cómo:

“Todos aquellos organismos que habitan en el bentos marino”

Y finalmente se debe conocer la definición del bentos:

“El bentos lo conforman las comunidades de organismos que viven sobre el fondo del mar y dentro del sustrato. En zonas muy iluminadas o fóticas, el bentos puede estar dominado por organismos vegetales o por algas, pero en la mayoría de los fondos marinos –zonas afóticas-, los organismos dominantes son animales, a pesar de que muchos de ellos presentan parecidos estructurales y fisiológicos con las plantas...”

De tal suerte que retomando la mención del artículo 11 de la LGPAS, ciertamente los organismos sésiles son parte toral de la comunidad bentónica, pero no son la totalidad de esta comunidad.

Ahora bien, se debe recordar que la actual LGPAS aprobada en el año 2007 fue el resultado de largas discusiones entre los actores activos del Sector pesquero, académico y político, los que trabajaron arduamente para crear un cuerpo normativo que fuera justo y funcional a nivel nacional. Sin embargo, se hizo una omisión titánica al dejar fuera una de las demandas coincidentes de todos los participantes a lo largo y ancho de la república; y era precisamente que los estados federativos y los municipios administraran las especies “Bentónicas”, que se encuentran en los sistemas lagunarios estuarinos y en el mar territorial frente a sus costas, como langosta, abulón almejas, erizo, cabrilla, lenguado, etc., es decir, especies distintas a los pelágicos, que son organismos migratorios; finalmente en los términos del artículo 11 de la LGPAS se cambió el término “bentónico” por el de “sésiles”.

Este cambio en la actual Ley es de gran importancia ya que se apega en estricto sentido a las políticas expresadas anteriormente por el Ejecutivo Federal, y coadyuva en la promoción de una política real de participación, donde la federación logre delegar a los estados integrantes del pacto federal, las facultades necesarias que permitan llevar a cabo de manera directa la administración, conservación, aprovechamiento y preservación, racional y sustentable, de los recursos pesqueros y acuícolas que se encuentren adyacentes a sus costas.

Y para mayor impulso del presente proyecto, se acude al estudio comparado analizando el Sector pesquero en Chile, país que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se encuentra entre los 10 países pesqueros más importantes del mundo; y que cuenta con un sinfín de ordenamientos atinentes a los organismos bentónicos, dada la importancia que reviste dicho tema en el Sector, para muestra están los siguientes:

• R EX N° 1575-2011 Autoriza Pesca Macro Fauna Bentónica y la ictiofauna marina IX Reg.

• R EX N° 3674-09 Autoriza Pesca Bentónica II Reg.

Esto sin mencionar los debates intensos que se han llevado acabo para anclar la Ley Bentónica en aquél país.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 11, modificando la fracción II de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 11. Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes funciones:

I. ...

II. La administración sustentable de las especies bentónicas que se encuentren en los sistemas lagunarios estuarinos y en el mar territorial frente a sus costas, que se determinen previamente en la Carta Nacional Pesquera y en la Carta Nacional Acuícola;

III. a VI...

Notas:

1https://www.elmarafondo.com/documents/10180/15151/ gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+bentos/bbc41d49-bcd9-41d8-afd2-7e21461398f5

2 Ídem

3 Ídem

4 http://www.fao.org/fishery/facp/CHL/es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Wenceslao Martínez Santos,Francisco Javier Pinto, Genoveva Huerta Villegas, Jesús Antonio López Rodríguez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Miguel Ángel Huepa Pérez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El diputado Wenceslao Martínez Santos:

«Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Wenceslao Martínez Santos, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma el artículo 45, tercer párrafo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la finalidad de modificar la institución del silencio administrativo de la negativa ficta a afirmativa ficta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Génesis del silencio administrativo

La figura del silencio administrativo es una institución que fue creada por el derecho administrativo francés ante la inactividad de la administración pública, con la cual se trataba de superar la omisión de respuesta a las instancias de los administrados y la evasión del contencioso administrativo con la consecuente inseguridad para los derechos particulares. Acorde con Luciano Parejo, renombrado jurista español “La inactividad administrativa consistente en no resolver expresamente sobre las pretensiones deducidas por los administrados constituye un riesgo de quiebra del entero sistema jurídico-administrativo y, en su caso, del estado de derecho”.

El fundamento del silencio administrativo se desprende de que ante el transcurso del tiempo, la ley presume que la omisión de la respuesta de la administración pública a una petición debe ser considerada generalmente como denegatoria, lo cual da origen al derecho del administrado para impetrar los medios de defensa, dentro o fuera de la administración, contra el acto presunto.

Con ello se entiende diáfanamente que el silencio es nada en sí, materialmente representa o muestra inactividad (vacío en el obrar, pero esta ausencia es proyectada por el ordenamiento, dándole una significación determinada) que puede ser negativa o afirmativa.

No obstante, diversos tratadistas en materia jurídico-administrativa consideran que los órganos administrativos están en obligación de proceder conforme a las necesidades del servicio que revisten y tienen, como principio general, el deber de pronunciarse sobre las cuestiones que les son planteadas.

Es por estos argumentos que la figura del silencio administrativo debe contar con la consagración legal y que deberá ser la propia ley la que determine la existencia de la afirmativa o afirmativa presunta. Se entiende entonces que el silencio administrativo es una presunción legal, producida ante la ausencia de respuesta o petición del particular.

El silencio administrativo en México

Esta figura se puede conformar como de regulación segmentada, difundido y consolidado principalmente en la materia fiscal y sus materias supletorias, con prevalencia de la negativa ficta y presencia esporádica de la afirmativa ficta sobre todo en materia registral. Ante la falta de regulación legal de los efectos negativos o afirmativos del silencio administrativo, se tiene abierta la vía de amparo contra la violación al derecho de petición instituido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el ámbito federal el silencio administrativo ha tenido un eco importante basándose en la negativa ficta principalmente en el rubro fiscal, ya que la Ley de Justicia Fiscal instituyó la negativa ficta en su artículo 16, misma que apareció en los Códigos Fiscales de la Federación de 1938, 1967 y 1981. En materia fiscal, la negativa ficta se ha actualizado en distintos plazos: noventa días, cuatro meses y tres meses, siendo éste último el vigente. Ya que el Código Fiscal de la Federación (CFF) influye fuertemente en la legislación tributaria de los estados, también lo ha hecho el silencio administrativo.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (LFPA) en 1995, se intentó subsanar un vacío en materia del régimen jurídico del acto y el procedimiento administrativo, así como generalizar la negativa ficta en la administración pública federal mexicana y en las materias en las que tiene aplicación dicho ordenamiento. Antes de este ordenamiento, en la materia predominaba la negativa ficta fiscal, afirmativa ficta dispersada en algunas leyes y la ausencia de la negación presunta que provocaba la promoción del amparo por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. Anteriormente mencionado.

Se puede generalizar entonces, que la LFPA con sus deficiencias de fondo busca permear de seguridad jurídica a las relaciones jurídico-administrativas en las que intervienen los gobernados, cuando se trate de la falta de respuesta a las promociones encabezadas por éstas hacia las autoridades. Empero, el silencio administrativo considerado por la LFPA es el negativo y se encuentra radicado en el artículo 17 que a la letra dice:

“Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo”.

Se puede apreciar que esta ley resultó paradójica, ya que en artículos anteriores se demuestra el espíritu de economía exigiendo el mínimo de formalidades para el desempeño de la función administrativa y adelante se levanta un “muro” que impide dicho principio.

Y a pesar del tsunamique impulsa a la negativa ficta en la normatividad mexicana, especialmente en materia fiscal; fuera de ésta han surgido algunos supuestos que afirmativa ficta que se encuentran creando una tendencia creciente, tal es el caso de la otrora Ley sobre el Registro de la Transferencia de la Tecnología, la cual preveía a la afirmativa ficta en materia de inscripción de actos, convenio o contratos, y en la reconsideración prevista en dicho ordenamiento.

También la Ley Federal del Trabajo en su artículo 366 la establece cuando se refiere a la de inscripción de sindicatos en materia federal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en un plazo de 60 días.

Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 87 prevé la afirmativa ficta en un plazo de 30 días para que la Procuraduría Federal del Consumidor, en el caso de la aprobación y registro de los contratos de adhesión exhibidos por los proveedores de bienes y servicios.

La Ley de Inversión Extranjera determina la afirmativa ficta en los casos de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la emisión de los permisos que les requieran las instituciones de crédito para adquirir como fiduciarias, derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida que prevé la fracción I del artículo 27 constitucional, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes, sin constituir derechos sobre ellos.

En la Ley de Instituciones de Fianzas el artículo 85 prevé un plazo de 30 días hábiles para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas apruebe, modifique o corrija los documentos, que las instituciones financieras le sometan a su consideración para utilizar en la oferta, solicitudes y contratación de fianzas, así como los modelos que usen para ceder responsabilidades en reafianzamiento.

La Ley Federal de Sanidad Animal establece la afirmativa ficta en su artículo 60, con el fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resuelva el recurso de inconformidad interpuesto contra actos dictados en acatamiento de dicho ordenamiento.

Asimismo existen jurisprudencias al respecto emitidas por el Poder Judicial federal y que sostienen la viabilidad e importancia de la utilización, cada vez mayor, del silencio administrativo en la institución de la afirmativa ficta.

Como se ha mencionado, esta institución ha ido tomando fuerza con el paso de los años, desde la creación de la denominada “Mejora Regulatoria” con el entonces presidente Miguel de la Madrid, hasta nuestros días. Sin embargo, se debe mencionar el ingente esfuerzo realizado en la administración de Vicente Fox, donde se expidió el Acuerdo para la Desregulación y Simplificación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y los ciudadanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 25 de junio de 2001; y que en el artículo 1o., inciso c, referente a las nuevas acciones de mejora regulatoria que las dependencias y organismos descentralizados sujetos al título tercero A de la LFPA deben llevar a la práctica; se presenta lo siguiente:

“...Establecer la afirmativa ficta al termino de los plazos de respuesta de los trámites...”

Pese a que poco a poco la afirmativa ficta continúa avanzando, pese a la gran resistencia consuetudinaria administrativa, existen muchos ordenamientos que en la actualidad establecen la negativa ficta como un elemento neurálgico resolutivo para sus silencios administrativos. Tal es el caso de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que en su artículo 45 se establece que:

“La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el reglamento.

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la secretaría requerirá por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.”

Es fácilmente apreciable en el segundo párrafo que la negativa ficta es la institución utilizada para sustentar el silencio administrativo propio. Sin embargo, se debe tener en consideración que la importancia que reviste dicho rubro en la economía mexicana, así como en la seguridad alimentaria que tanto debe proteger cualquier país del mundo, hace que la institución de la negativa ficta sea disfuncional, ya que hace que la autoridad competente pueda ser más laxa en lo que refiere a resoluciones de gran envergadura para una comunidad determinada atentando contra la productividad y competitividad del sector.

Además, es claro que el tema sobre el cual está utilizándose la negativa ficta es un perjuicio a la economía del país, con lo que habría que resaltar que para regular lo relativo a permisos y concesiones en materia pesquera, existen otros instrumentos y mecanismos que aseguran que se cumpla con las directrices determinadas por la autoridad competente en estricto apego de la normatividad imperante.

También existe el grave problema de las exiguas acciones, hasta hoy, para ordenar el sector pesquero en el país. Esto ha provocado innumerables veces que les sea negado un permiso o una concesión a los interesados, sólo por el hecho de que el tiempo establecido por la norma terminó para la autoridad sin haber sido siquiera revisado.

Con estos argumentos resulta evidente que la utilidad de la institución del silencio positivo en lo que refiere al artículo 45 de la Ley de Pesca y Acuacultura sustentable, por un lado otorgaría certidumbre al peticionario; por otro lado obligaría al órgano o al servidor público a revisar minuciosamente todas las solicitudes, pues en última instancia se entiende que la responsabilidad derivada de los derechos obtenidos por el gobernado es de la administración.

Para concluir la presente exposición de motivos a continuación se enunciarán algunas entidades federativas que actualmente cuentan con la institución de la afirmativa ficta en ordenamientos locales:

• La Ley Federal del Procedimiento Administrativo es base para el estado de Nuevo León, y en el título tercero referente al procedimiento administrativo en el capítulo décimo primero de las visitas de verificación, en el artículo 69 enuncia que las dependencias podrán verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar artículo 69.

• En la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en el título tercero referente al proceso administrativo en el capítulo séptimo, de la conclusión del procedimiento administrativo, artículo 90 establece que si el silencio de la autoridad en términos del artículo 89 considera que aplica en su favor la afirmativa ficta, debe solicitar para la aplicación de la misma la certificación que ha operado la resolución ficta, en termino de hasta diez días hábiles.

• En el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en la sección tercera de la terminación del procedimiento artículo 132, expresa los posibles términos y éstos son: Desistimiento, convenio entre los particulares y las autoridades administrativas, resolución expresa del mismo, resolución afirmativa ficta que se configure, resolución negativa ficta. Del artículo 135 las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita, de un plazo máximo de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción.

• En la Ley de Procedimiento Administrativo también del estado de México en el título segundo de la actividad administrativa, sección segunda de los actos tácitos y presuntos en el decreto número 152 87. El veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete. En el artículo 29. Nos presenta a la afirmativa ficta como la decisión normativa de carácter administrativo por la cual las solicitudes por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo marcado por la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas.

• En la Ley del Procedimiento Administrativos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenta en el título tercero que trata la inactividad administrativa, en el capítulo con el mismo numeral de la afirmativa ficta, mediante los artículos del 29 al 34. Manifestando la forma en que se constituye ésta respecto de la solicitud de emitir actos regulativos ante la omisión de la autoridad de manera expresa por no emitir una resolución, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso específico.

• En el estado de Baja California Sur se regula esta figura en el Código Fiscal, en su título tercero de los derechos y obligaciones, capítulo primero de los sujetos pasivos y responsables solidarios. En el artículo 49 se establece que cuentan con noventa días las autoridades para dar su solución a las peticiones hechas, si no se brinda esa respuesta, se considerará como resolución afirmativa.

• En la Ley Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en el título tercero está integrado por doce capítulos. El capítulo I, Disposiciones Generales, señala un plazo de cuarenta y cinco días para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado, salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo. En relación con ello, se establece la figura de la negativa ficta, que operará cuando la autoridad administrativa no dé respuesta en el plazo mencionado, salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, o bien, que opere la afirmativa ficta en los supuestos previstos en dichos ordenamientos o en la ley que se propone.

• La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el título II del juicio contencioso administrativo, capítulo I de la Competencia, artículo 36, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer los siguientes puntos:

- Sobre los juicios en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, en el ejercicio de sus funciones, dictarán, ordenarán, ejecutarán las dependencias que integran la administración pública estatal o municipal en perjuicio de los particulares.

- De los juicios en contra de cualquier acto o resolución de tipo fiscal, producida por un organismo descentralizado, estatal o municipal, contra los particulares.

- Juicios contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas anteriormente, con un término de 15 días, a menos que las leyes fijen otros plazos como el caso de la materia fiscal, a falta de éste, en el de noventa días. El silencio de las autoridades se considerará resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda.

- Al operar la afirmativa ficta o negativa ficta, la demanda se interpondrá con un máximo de ciento veinte días naturales contados a partir del día en que se produzcan tales consecuencias jurídicas.

- Por quejas sobre incumplimiento de las sentencias que dicten.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 45, tercer párrafo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la finalidad de modificar la institución del silencio administrativo de la negativa ficta a afirmativa ficta, para quedar como sigue:

Artículo 45. La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el reglamento.

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la secretaría requerirá por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará como afirmativa ficta, ante lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

Notas:

1 Parejo Alfonso, Luciano, Jiménez-Blanco, Antonio y Ortega Álvarez, Luis, Manual de Derecho Administrativo, Parte General, vol. I, Barcelona, Ariel, 1998, p. 456.

2 Amparo en revisión 267/88, Eli Lilly y Cía. De México, S.A. de C.V., 9 de Marzo de 1988, Unanimidad de votos, Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Tomo I, Segunda parte-2, Enero a Junio de 1988.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Wenceslao Martínez Santos,Francisco Javier Pinto Torres, Genoveva Huerta Villegas, Jesús Antonio López Rodríguez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Miguel Ángel Huepa Pérez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver antes, diputado, permítame, sí. Permítame, diputado un momentito, discúlpeme. Sonido a la curul del diputado Pinto Torres, por favor.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Buen día, presidente. Nada más solicitar que a través de su conducto nos permita adherirnos a la iniciativa de nuestro compañero diputado Wenceslao Martínez.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado. El diputado proponente lo acepta y por supuesto que está aquí a disposición de quienes quieran suscribirlo en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Erik Juárez Blanquet, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita también por la diputada María Concepción Valdez Ramírez, ambos del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeros, buenos días compañeros y compañeras diputados, a nombre de su servidor y de la diputada Concepción Valdez, tengo a bien exponer la presente iniciativa.

A lo largo de la historia de nuestro amado México, encontramos diversos episodios relacionados con la desaparición forzada, nos encontramos con este crimen de Estado, que en pocas o mejor dicho nulas ocasiones ha sido castigado y por lo cual aún se clama justicia, sin encontrarla y este clamor va más allá de la memoria y del paso del tiempo.

De entre estos episodios, tan solo en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, tenemos la matanza del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, que no fue solamente un ataque artero del gobierno contra jóvenes estudiantes, sino que además muchos de los heridos y caídos jamás fueron encontrados por sus familiares. Es decir, fueron desaparecidos por funcionarios públicos sin ética, sin sentimientos, sin humanidad.

Posteriormente, al final de la década de los sesentas tenemos otro episodio trágico, la famosa y poca investigada guerra sucia, del cual se desprenden más violaciones a los derechos humanos mediante la cruzada, y no me refiero a la Cruzada contra el Hambre. De los gobiernos de ese entonces contra los movimientos guerrilleros de este país.

Esta guerra de baja intensidad es una de las menos conocidas en la historia de México, pero podemos mencionar algunos ejemplos, como la operación de Xochicalco contra Rubén Jaramillo, o el caso de Rosendo Radilla.

En esta etapa se presentaron alrededor de 374 denuncias de desaparición forzada ante la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la organización no gubernamental de nombre Eureka, dedicada exclusivamente a investigar desapariciones forzadas en este periodo, tiene 557 expedientes de casos relacionados con la guerra sucia.

Llegando a la década de los ochenta, con la caída del sistema y la supuesta victoria de Carlos Salinas de Gortari, de la Presidencia de la República, empezó otro episodio violento por parte del gobierno contra sus gobernados. Esta vez, los muertos y los desaparecidos los puso el Partido de la Revolución Democrática y muchos luchadores sociales.

En esa época la orden era desaparecernos, acabarnos, exterminarnos como si fuéramos una plaga. Tan sólo en 1988 a 2007 se tuvo un conteo de 696 militantes perredistas, entre asesinados, desaparecidos y presos políticos.

No menos dolorosos son los casos que siguieron a estas tragedias perpetradas por el Estado, porque sí, compañeros y compañeros, fue el Estado. En los tiempos recientes, en pleno siglo XXI tenemos las desapariciones de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, así como la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Eso sí, sin mencionar los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como los de Tlatlaya y otros más en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó el informe denominado Situación de Derechos Humanos en México. La comisión constató que la desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles críticos en nuestro país, puntualizando que dicho fenómeno ha dejado de ser una figura motivada exclusivamente por razones de carácter político, sino que hoy en día las desapariciones se extienden de manera exponencial para cualquier persona sin militancia social o política alguna.

Compañeros y compañeras, cabe recordar que el viejo sistema autoritario está tratando de rearmarse y consolidarse tanto que lo podemos observar en la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, donde se dejan en incertidumbre los derechos de los ciudadanos. Compañeros y compañeras, los invito a adherirse a esta iniciativa.

Por falta de tiempo no abundo más en este tema que es molesto e incómodo para muchos. Ojalá y esté equivocado y que en algunos años dejemos de escuchar los ecos de nos faltan 43 y fue el Estado. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La desaparición forzada en el país es una realidad constante que no se debe ocultar. Organismos internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Amnistía Internacional y Human Rights Wacth respectivamente, han señalado reiteradamente la situación por la que atraviesa el país en materia, catalogando este ilícito como un preocupante factor de violación de los derechos humanos.

El reto de afrontar el tratamiento de la desaparición forzada de personas, se ha tratado de abordar en México desde dos perspectivas: la primera, desde el campo de la legislación penal, que no se estandariza a las recomendaciones de que el tipo penal de la desaparición sea ampliado a un mayor espectro, esto, para con los sujetos activos, entre otros elementos; y segundo, en lo relativo a la poca eficacia de las políticas públicas como mecanismos para dar seguimiento por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El quid de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, se sustenta en el debate de que el punto de partida respecto al abordaje de esta problemática, es partir de una reconfiguración del tipo penal de desaparición forzada de personas de acuerdo a los estándares internacionales, teniendo con ello, una visión amplia del tipo penal, una correcta integración en las averiguaciones previas, así como una eficacia para con la dictaminación de sentencias.

Argumentos

El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, publicó el informe denominado “Situación de Derechos Humanos en México”. El documento en mención, se deriva de la visita in loco del órgano y de sus observaciones en materia, la cual, tuvo realización del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2015 en nuestro país, a fin de monitorear el estado que se guarda en materia de derechos humanos, particularmente, en lo relativo a: las ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país, y propiamente, lo tocante a la desaparición forzada de personas.

En lo correspondiente al Capítulo 4, Violencia y Seguridad Ciudadana, del informe en comento, la CIDH constató que la desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles críticos en nuestro país. Puntualizando que dicho fenómeno como problemática, ha sido una constante desde la época de la denominada “guerra sucia” en nuestro país, donde la figura se daba principalmente bajo motivos de carácter político, mientras que hoy en día, las desapariciones se extienden de manera exponencial para cualquier persona sin militancia social o política alguna.

La magnitud de la desaparición per se en nuestro país es preocupante. Para el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ha indicado que para el 30 de septiembre de 2015, las personas no localizadas en México asciende a un total de 26,798; de las cuales, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha señalado previamente, que estas podrían calificarse como desapariciones con carácter de forzadas.

Respecto a la tipificación del tipo penal de la desaparición forzada en nuestro país, diversas organizaciones de la sociedad civil, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la propia CIDH, han manifestado de manera reiterada que el tipo penal en referencia contemplado actualmente en el Artículo 215-A del Código Penal Federal no es acorde con los estándares contemplados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos donde nuestro país es Estado parte. La definición contemplada en el artículo citado del CPF, estipula lo siguiente:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

La desaparición forzada de personas, se encuentra contemplado en el Título Décimo, referente a los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, del propio Código Penal Federal, el cual, en su Artículo 212 se plantea un catálogo de quien es considerado como servidor público para efectos de su conformación del tipo penal, y que a la letra dice lo siguiente:

“Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente”.

Como se desprende del artículo en referencia, la enumeración de servidores públicos es amplia para efectos de los delitos que se lleven a cabo y se deban perseguir, tales como el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y la desaparición forzada por mencionar algunos.

En efecto, el espíritu legislativo que en su momento propulso esta clase de delitos, tenía como idea principal en aquellos cometidos por la figura del servidor público ya referido, no obstante, existe una apenas notable aliciente de que también cualquier persona que participe en la perpetración de estos ilícitos será considerado como sujeto de sanción como se puede contemplar en el Segundo Párrafo del Artículo 212 del código en cita, es decir, se amplía el espectro de sujetos activos del delito a particulares por decirlo de alguna manera.

No obstante, el razonamiento que aducen los organismos e instrumentos internacionales para con estos ilícitos, pero particularmente en lo tocante a la desaparición forzada de personas, es que para la configuración del tipo penal debe expresarse ampliamente quienes son sujetos activos del delito, y no dejándolo para efectos interpretativos del mismo en otro articulado, esto, en virtud de que cualquier persona –no propiamente servidor público- pueda ser partícipe del delito en comento.

En este sentido y contraste, la conocida sentencia de la Corte Interamericana, Rosendo Padilla vs. México, señaló en su argumentación que la definición del tipo penal de desaparición forzada contemplada en la legislación de nuestro país restringe la autoría del delito únicamente a servidores públicos y no a otros sujetos activos, esto, de conformidad a lo estipulado por el Artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que a la letra dicta:

“Para los efectos de la presente Convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Como parte de esta argumentación, la Corte Interamericana puntualizó que la sanción para con el sujeto activo del delito debe ser extensiva para con los autores, cómplices y encubridores del tipo penal de desaparición forzada de personas, lo cual, abre la posibilidad de que también sean sujetos activos de esta actuación los propios particulares vinculados o no a poderes u órganos del Estado.

El tipo penal limitativo que se contempla en el Código Penal Federal, no únicamente no está adecuado y/o estandarizado al carácter extensivo de la desaparición forzada de personas como se contempla Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino de igual manera, a lo que establecen otros instrumentos como la propia Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada; el Conjunto de Principios de Protección para la Protección de Todas las Personas; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En lo tocante a las entidades federativas, actualmente 19 entidades incluyen en su respectiva legislación penal a la desaparición forzada como delito autónomo. Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Querétaro, han aprobado leyes específicas para la prevención y sanción de este delito. No obstante, las definiciones que configuran el tipo penal en los estados no precisamente se adecuan a la estandarización con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Casualmente e inclusive paradójicamente, en el caso de Guerrero y su respectiva Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, contempla el tipo penal de la siguiente forma:

“Artículo 3. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.

”Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas aquellas que, aun cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos”.

Más que una casualidad, es una causalidad que sea Guerrero donde se haya tipificado de forma más acabada el tipo penal de desaparición forzada que en el contexto federal, pues, como lo destaca Christoph Grammer del Instituto Max Planck es que: uno de los detonantes de este delito de desaparición forzada de personas fue la situación de inestabilidad política que pudo haber variado en su intensidad desde una auténtica guerra civil, como sucedió en El Salvador o en Guatemala.

En los últimos 9 años, es al interior de las Cámaras del H. Congreso de la Unión que se han tratado de impulsar un poco más de 60 proyectos de Iniciativa de Ley para lo relativo a la desaparición forzada de personas, propuestas legislativas que han quedado en diversos estatus dentro de su análisis, pero sin grandes resultados en concreto.

Posteriormente a la visita in loco de la CIDH a nuestro país, el titular del Poder Ejecutivo Federal tuvo a bien enviar al Senado de la República un proyecto de iniciativa de ley relativo a la expedición de una Ley General sobre Desaparición Forzada, el 10 de diciembre de 2015. Dicho proyecto por parte del Ejecutivo Federal, se anunció como un trabajo conjunto entre ciudadanos, organizaciones civiles, entidades federativas, y asistidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El proyecto del Poder Ejecutivo pretende establecer una nueva política pública enfocada en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como plantea la creación de cuatro instrumentos básicos: primero, el establecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda; segundo, redireccionar la función del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; tercero, la creación de un Registro Nacional Forense; y cuarto, la integración de un Consejo Nacional Ciudadano. Lo anterior, a fin de reactivar el debate para con la necesidad de una legislación en la materia en el país. Sin embargo, diversos colectivos ciudadanos de defensa de derechos humanos, plantean que la propuesta del Ejecutivo Federal es limitada.

Es ante un panorama crítico de un ilícito que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y que su tipo penal tanto en la legislación federal como local no se encuentra estandarizado conforme a diversos instrumentos internacionales, que solamente en nuestro país se han emitido en el ámbito federal 6 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, esto, de conformidad a lo que informó México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas apenas en 2014. Lo anterior, como resultado de las reiteradas quejas de los familiares de las víctimas hacia los mecanismos de presentación de querellas y de acceso a la justicia, como se indica en el informe de la CIDH, además de diversas problemáticas que adolecen las instituciones de procuración de justicia.

Por lo referido, más allá de las declaraciones oficiales, de las ideas encontradas y de la necesidad de impulsar leyes en materia como políticas públicas eficaces, la tipo penal de la desaparición forzada debe partir del supuesto de ser adecuado a los estándares internacionales, tal y como ha emitido su recomendación en específico la propia CIDH en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”; además de otras organizaciones como Amnistía Internacional que de igual manera han puntualizado la adecuación del tipo penal, esto desde el año de 2013, conforme a lo que señala su informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición forzada de personas en México”.

En este contexto, los efectos de la desaparición forzada de personas, sin duda, causan graves sufrimientos a la víctima, lo mismo que a su familia, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la personalidad jurídica, la seguridad de las personas y el propio derecho a la libertad, como se contempla en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; en suma, este tipo penal se traduce en un carácter pluriofensivo como de grave violación de derechos humanos.

En lo tocante a la configuración del tipo penal de la desaparición forzada de personas en nuestro país, hemos señalado el carácter limitativo del ilícito pena, el cual describe solo 3 elementos: primero, que el activo tenga la calidad especial de servidor público; segundo, que participe o no en la detención legal o ilegal de una o varias personas; y, tercero, que independientemente de su participación, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Mientras que en contraparte, las definiciones contempladas en los instrumentos internacionales ya referidos, hablan de otros elementos como: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

En suma, el carácter distintivo de la desaparición forzada de personas respecto a otras formas de privación de la libertad, consiste básicamente que esta se ejecute o pretenda ejecutar, no únicamente por particulares, sino por servidores públicos y por supuesto que también por personas o grupos de personas que con la autorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, priven de la libertad a una persona o grupo de personas, o como lo sostiene el Estatuto de Roma, por una organización política, pero con la aquiescencia de los agentes del Estado; que luego de la privación de libertad, sea ésta legal o ilegal, los agentes estatales se nieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la víctima, y algo que a mi juicio resulta fundamental es que con la conducta omisiva se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en perjuicio del sujeto pasivo de este delito. Así, se hace necesaria una norma integral que comprenda un concepto del delito que contenga todos los elementos constitutivos del ilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmente por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El quid de la presente de iniciativa con proyecto de decreto, pretende ser una propuesta de estandarización del tipo penal de la desaparición forzada de personas acorde a los elementos contemplados en los instrumentos internacionales para con este tipo penal. La planteada reconfiguración de la desaparición forzada, vendría a dimensionar de manera más amplia no solo su concepto y sus propios elementos constitutivos, sino eficientaría la conformación de las averiguaciones previas correspondientes por parte de las instituciones de procuración de justicia, como generaría un amplio espectro para con la dictaminación de sentencias condenatorias.

En este contexto, consideramos que es de suma importancia las recomendaciones hechas por la propia CIDH como lo mismo que ha señalado Amnistía Internacional en materia de desaparición forzada de personas. Asimismo, es importante reconocer la voluntad del Poder Ejecutivo Federal de enviar el ya citado proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada al Senado de la República. No obstante, es necesario que para el planteamiento de una reforma de grandes dimensiones como se pretende, debe partir de una correcta estandarización del tipo penal de desaparición forzada, en virtud, de que los alcances de la reforma sean de amplio espectro e incidencia en nuestra legislación como en las políticas públicas que se impulsen.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo estipulado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la suscrita, diputada María Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforma el Artículo 215-A del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo III Bis
Desaparición forzada de personas

Artículo 215-A.Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente del ejercicio de sus facultades o con motivo de ellas, detenga, oculte o prive de la libertad a una o más personas. Así como las personas o grupo de personas que con el apoyo o la aquiescencia del servidor público, informa de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar información acerca del paradero de la persona; con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Erik Juárez Blanquet,Hugo Alego Domínguez, Lilia Arminda García Escobar, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita la misma por integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, esta Legislatura tiene la enorme oportunidad de legislar en favor de la progresividad de los derechos humanos. Uno de los derechos humanos primordiales es el trabajo, pues con el empleo bien remunerado te puedes alimentar, vestir, educar a tus hijos, etcétera, etcétera.

Una de las motivaciones de esta iniciativa es que tanto los gobiernos estatales como municipales puedan generar empleos extraordinarios sin perjudicar las finanzas públicas y tampoco violentar su autonomía.

¿Cómo pretendemos hacer esto? Miren, queremos empoderar dos de los fondos de la Ley de Coordinación Fiscal. El primero es el Fondo tres, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que es el recurso que se etiqueta de la federación directamente a los municipios para que hagan obra pública en las zonas más marginadas.

También queremos empoderar el fondo cuatro, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que son los recursos de la federación que van etiquetados directamente a los gobiernos de los estados para que mediante el rubro de obra pública.

Cuando hablo de obra pública me refiero a dos componentes importantes, que son los insumos y la mano de obra. El objetivo de esta iniciativa es que 70 por ciento de mano de obra que pueda contratar el gobierno del estado, los gobiernos municipales, lo hagan con trabajadores de la comunidad, del municipio o de la región donde se vaya a hacer la obra.

Pretendemos también que 60 por ciento de los insumos sean comprados a los comercios de la comunidad, del municipio o de la región donde se va a realizar la obra. Con esto los comercios como las ferreterías podrán vender más. Podrán tener chamba carpinteros, electricistas, plomeros; pero sobre todo, los trabajadores de la construcción, nuestros queridos albañiles a los que, por cierto, les mandamos una felicitación adelantada porque el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz. A esos albañiles que tanto han ayudado a la sociedad para edificar nuestras viviendas, hospitales, escuelas y oficinas.

Les decía que la ruta normativa que proponemos es reformar el artículo 33, Apartado B, inciso 2), así como el artículo 40, párrafo primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Cuáles son las finalidades? Que los recursos que nosotros ya etiquetamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 puedan emplearse con mayor eficiencia, sin que se alteren las finanzas estatales y municipales. Que se pueda lograr un doble beneficio en las comunidades con esta reforma. Un doble beneficio, primero social por la ejecución de la obra, y económico por la derrama que dejará este fondo en la generación de empleo y compra de insumos.

También, como a todo trabajo desarrollado se debe generar una remuneración, todas las personas se verán involucradas en este círculo virtuoso. Y como se dice coloquialmente, traerán dinero en el bolsillo allá en estas regiones tan olvidadas.

Para finalizar, ante ustedes presento las siguientes cifras. Nosotros etiquetamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el rubro de infraestructura educativa, 10 mil 673 millones 518 mil 118 pesos, y también etiquetamos para el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, 61 mil 419 millones 593 mil pesos, dando un total de 72 mil 93 millones 112 mil 91 pesos.

Imagínense con más de 71 mil millones que estuvieran generando y reactivando la economía en aquellas zonas y municipios marginados de nuestro país, esos 72 mil millones de pesos estuvieran en el bolsillo de las y los mexicanos más necesitados de nuestro querido México. Es cuanto y estoy a sus órdenes.

«Iniciativa que reforma los artículos 33 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Omar Noé Bernardino Vargas y diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33, Apartado B, fracción II, inciso B); y 40, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en todo el país la principal exigencia ciudadana es el empleo constante y bien remunerado. A la par de esta demanda se enfrenta una complicada situación económica derivada de la caída en los precios del petróleo lo que ha impactado en los ingresos públicos federales, estatales y municipales, por consiguiente los recursos con los que cuentan los diferentes órdenes de gobierno deben ser ejercidos con eficiencia, maximizando sus rendimientos y en función de su multiplicación. Otra consecuencia del entorno económico que se vive es la quiebra de pequeñas y medianas empresas, lo que a su vez genera mayor desempleo y exclusión del desarrollo económico nacional.

En la actualidad, el mundo vive una complicada situación económica derivada de la desaceleración económica que enfrentan las economías de Estados Unidos, de la Unión Europea y de China, principalmente. Aunado a este adverso contexto económico en el que interactúa la economía mexicana, ésta también se ve afectada por la caída del precio del petróleo, impactando de alguna manera en la captación de ingresos públicos.

Bajo estas premisas, el Estado mexicano en todas sus estructuras de gobierno, se encuentra obligado a diseñar políticas públicas de corte económico que permitan emplear con mayor eficiencia los recursos humanos, financieros, naturales y materiales, lo que implica hacer más con menos, explotar las potencialidades regionales y detonar el mercado interno.

Es del conocimiento de todos, que los ingresos y egresos de la federación, estados y municipios se determinan por anualidad, lo que dificulta realizar grandes cambios en los citados rubros; por tanto, de conformidad con las reglas económicas aprobadas por esta Soberanía, se debe hacer frente a la volátil situación económica que hoy enfrentamos, obligando a emplear las distintas partidas presupuestales con sensibilidad social y con visión de Estado.

En momentos donde el mercado externo por cuestiones cíclicas de la economía, dificulta generar desarrollo económico, se debe recurrir al fortalecimiento del mercado interno y para ello, se requiere la suma de todos los órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con aportaciones conjuntas de sus respectivos recursos económicos, se atiendan de manera urgente las principales necesidades de los ciudadanos sin que ello implique desajustes financieros para ningún orden de gobierno.

Así pues, el empleo constituye la principal demanda de la ciudadanía, además de ser el motor de la economía y el factor primordial de distribución de riqueza, es por ello que la creación de empleos debe estar en la órbita de acción del Estado mexicano, pero no debe quedarse allí, tiene que transitar a la activación de los instrumentos económicos con los que contamos para lograr dicho cometido.

Sin duda, la legislación es la piedra angular sobre la cual se edifican las políticas públicas, amén de ser la fuente de legitimidad de los actos de autoridad, además de ser el instrumento que obliga al gobernante a llevar o no cabo determinada acción. Bajo estas premisas, la norma en materia de coordinación fiscal establece diversos fondos de aportaciones federales para estados y municipios, tales como el Fondo de Aportaciones Múltiples que para el ejercicio fiscal 2016 tiene asignada la cantidad de 19 mil 765 millones 774 mil 292 pesos, de los cuales 10 mil 673 millones 518 mil 118 pesos se etiquetaron para el rubro de infraestructura educativa. Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social cuenta con una asignación presupuestal de 61 mil 419 millones 593 mil 973 pesos.

Cabe resaltar que por mandato de la Ley de Coordinación Fiscal, el precitado fondo de Infraestructura Social tiene como objetivo realizar obras y acciones que generen infraestructura tales como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. Como se puede observar, la realización de dichas obras forzosamente requiere de mano de obra, de materiales e insumos, por lo que se propone se contraten las personas de la localidad en el caso de la primera y se adquieran los segundos en los comercios de la región o del municipio donde se realice la obra.

Ahora bien, muchos municipios del país se encuentran en crisis financiera y luchan además por salir del clima de inseguridad que los aqueja, por consiguiente, la creación de empleos y el impulso a la actividad comercial abonarían enormemente a combatir la inseguridad y a fortalecer la gobernanza en las entidades federativas y sus municipios, sin que ello genere desequilibrios en las finanzas públicas.

Por tanto, la reformas que se plantean tienen como fin establecer en el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b), de la Ley de Coordinación Fiscal la obligación a los municipios que ejercen el fondo III Infraestructura Social Municipal, de contratar el 70 por ciento de trabajadores de la comunidad y adquieran por lo menos el 60 por ciento de los productos en los comercios donde vaya a verificarse la obra, impulsando con tales acciones una derrama económica positiva en las regiones y municipios a través de la creación de empleos y de la compra de bienes y servicios relacionados con la obra pública.

De igual forma, con estas acciones se puede fortalecer el tema de la seguridad pública, ello en virtud de que al haber dinero circulante en los municipios, producto del empleo y del impulso al pequeño y mediano comercio, habrá menos necesidad de la gente y por ende, disminuirán delitos como el robo, lesiones o incluso los homicidios.

En el mismo tenor, se plantea reformar el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de mandatar a los gobiernos de las entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de desayunos escolares y de construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel, sea contratada por lo menos el 70 por ciento de mano de obra de la comunidad y se adquieran por lo menos el 60 por ciento de los insumos que se requiera, en el lugar donde habrá de edificarse o mejorarse la escuela o donde se distribuyan los desayunos escolares.

La presente reforma tiene la noble misión de que los recursos que ya se tienen asignados se empleen para beneficiar al mayor número de personas posible, multiplicando su rendimiento, pues si la gente tiene empleo tiene dinero para consumir y al consumir llegan recursos a los comercios, al campo o a la industria, generándose con ello más empleo y un circulo virtuoso, el cual es indispensable en estos momentos de escasez de recursos y de volatilidad económica.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 33, Apartado B, fracción II, inciso B); y 40, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman los artículos 33 apartado B, fracción II, inciso b) y 44 párrafos primero y segundo, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 33. [...]

A. [...]

B. [...]

I. [...]

II. [...]

a) [...]

b) Garantizar la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar, para tal fin deberán contratar por lo menos el setenta por ciento de mano de obra de la comunidad y adquirir al menos el sesenta por ciento de los insumos que requieran los fines de este artículo en las pequeñas o medianas empresas del Municipio o región

c) a g) [...]

III. [...]

Artículo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y la Ciudad de México se destinarán en un 46 por ciento al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54 por ciento restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Las entidades tendrán la obligación de

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

II. Deberán adquirir por lo menos el 60 por ciento de los insumos que requieran los desayunos escolares y las obras y acciones a que hace alusión este articulo a los productores, comercios y en general a la pequeña o mediana empresa del Municipio o de la región destinataria del beneficio, de igual forma la mano de obra que se necesite para cumplir con los fines de este precepto será cubierta en por lo menos el 70 por ciento con la fuerza laboral que habita en la comunidad objetivo .

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Omar Noé Bernardino Vargas,Alex Le Baron González, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fernando Uriarte Zazueta, Hugo Alejo Domínguez, Jesús Sesma Suárez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Lilia Arminda García Escobar, María Bárbara Botello Santibáñez, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Salomón Fernando Rosales Reyes, Timoteo Villa Ramírez, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Sergio Gómez, por favor acá. ¿Con qué propósito? Ya está ahí su sonido.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (desde la curul): Señor presidente, con su permiso. La intención que acabo de escuchar del compañero es bastante noble y ayudaría efectivamente a la gente marginada. Desgraciadamente hay un vicio que ocurre en las zonas marginas. Yo me he dedicado a las construcciones, soy acerero, constructor, ferretero, constructor de estructuras, desde hace dos generaciones, hace años, y me encuentro que cuando mis camiones llevan grava barata de la región de Tehuacán, pues son secuestrados, inclusive quemados porque la grava de abajo es más barata que la de la sierra y quieren que uno iguale los precios de la grava que se vende en la sierra y todos insumos, la mano de obra, la albañilería, los electricistas a veces no están capacitados y se cotizan muchísimo más alto que gente capacitada de zonas urbanas.

Yo podría mencionar por la experiencia que he tenido, que me han quemado camiones, me los han volteado, me los han secuestrado y he tenido amenazas de muerte, que se les pidiera a esas personas que están marginadas y que necesitan realmente ese dinero, que mantengan alejados a esos sindicatos que controlan la grava, la arena, el tabique, el cemento, a esos ferreteros que son casi los caciques del pueblo, para que fueran estandarizados los precios y sean competitivos con otros lugares del país...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (desde la curul): ... con otros lugares del país, con otras constructoras y no encarezcan los precios de los productos. Es todo lo que yo quisiera agregar. No es que esté en contra, pero simplemente que se tomara en cuenta el parecer de los constructores cuando nos exponemos en esas zonas marginadas donde no hay seguridad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan asentadas sus expresiones, nada más que hay que asumir que será en la Comisión correspondiente de Hacienda y Crédito Público a la que se le ha dado turno, en donde se empezará a discutir el tema. Sonido en la curul del diputado Salomón Rosales, por favor.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul). Gracias, presidente. Pedirle –y felicitar– a Omar Bernardino que si nos da la oportunidad de adherirnos a su iniciativa. Estas son las cosas que los mexicano necesitamos; no venir a hablar incongruencias que no benefician a los mexicanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Bernardino. Dice que sí, claro, con mucho entusiasmo y enjundia. Está aquí para quienes quieran suscribirla. Sonido en la curul del diputado Alfredo Anaya. Dice que es para suscribirla, se entiende. Sonido en la curul del diputado Gerardo Cuanalo, por favor. Abajo a la derecha, ahí está.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle al diputado Bernardino si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Bernardino, el diputado Cuanalo solicita también suscribirla. Dice que todos, para que ya no estén pidiendo la palabra. Ya está aquí. Por supuesto acepta. Entonces continuamos.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias. Con el permiso del diputado presidente. El motivo de la iniciativa surge como parte de una anterior que presentamos y que nos han acompañado diputados de otros partidos, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PRI en el sentido de promover el matrimonio igualitario.

En el Código Civil Federal proponemos en este caso que se sustituyan los términos esposo y esposa por cónyuge. Pero también cambiar nuestro Código Civil Federal que tiene verdaderas atrocidades en su redacción y que es claramente discriminatorio.

Por ejemplo, se debe eliminar la clasificación de hijos naturales de matrimonios incestuosos y adúlteros, así dice nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil dice que hay “hijos de matrimonios incestuosos y adúlteros”.

También nuestro Código Civil establece que tiene que haber una causal de divorcio, es decir, que no se puede solicitar el divorcio solamente porque una persona así lo considera, solamente porque una persona no quiere estar casada; se requiere alguna causal. La Suprema Corte de Justica ha dejado ya en claro que esto es inconstitucional, que no tiene que haber una causal para una solicitud de divorcio, pero nuestro Código Civil Federal todavía lo establece.

Y algo que me parece también muy grave, es que hay algunos casos de nuestro Código Civil Federal en la que el esposo le tiene que dar permiso a la esposa para ciertas cosas. Por ejemplo, para decidir que una persona sea la albacea o para rechazar una herencia. Es decir, tenemos un Código Civil Federal que discrimina a las personas, desde el momento mismo que se hace una acta de nacimiento y se les clasifica de una manera que no permite a las mujeres hacer ciertos actos si no tienen el permiso del esposo y que todavía no establece con claridad, como también nosotros lo queremos, que el matrimonio no pueda distinguir entre hombre y mujer.

El matrimonio igualitario es una demanda no solamente importante, es algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera reiterada, ha pedido que a este Congreso para que se reforme y para que se legisle en esa materia.

Tomemos en serio nuestro Código Civil Federal y reformemos para que esta voluntad que tenemos en favor de los niños y de las mujeres y del combate a la discriminación, se refleje en nuestra propia norma. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Vidal Llerenas Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica distintas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa pretende modificar una serie de artículos del Código Civil Federal en distintos temas con el objetivo de actualizar el contenido del ordenamiento de tal manera que se corresponda con la realidad actual y maximice el respeto a los derechos humanos de las personas.

Se pretende reformar el Código en tres materias en específico:

1. Clasificación de hijos

Actualmente, el Código Civil Federal contempla diversos tipos de hijos, como hijos naturales, hijos adulterinos, incestuosos, entre otros. Tal clasificación resulta violatoria de las disposiciones legales, constitucionales y convencionales en materia de protección de los derechos humanos y los derechos de la niñez.

Se considera que debe eliminarse tal tipología y los hijos e hijas deben recibir calificativo alguno que marque su desarrollo futuro. Dichos adjetivos los estigmatizan y colocan en posición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del mandato constitucional de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, como integrantes del Poder Legislativo debemos asumir tal obligación y eliminar disposiciones legales a todas luces anacrónicas y violatorias de los derechos de la niñez.

2. Disposiciones que se refieren únicamente a matrimonios conformados por “esposo y esposa”

El pasado 15 de diciembre de 2015, el suscrito presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio igualitario, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Se considera que el Código Civil Federal debe actualizarse en conformidad en lo relativo a todas las disposiciones que hacen referencia expresa a los matrimonios conformados únicamente por hombre y mujer.

3. Divorcio sin causa

El tres de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una serie de reformas al Código Civil del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia de divorcio para establecer la posibilidad de que un cónyuge promueva unilateralmente el divorcio y eliminar las causales de éste.

En el amparo directo en revisión 917/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que: “a través de la figura mencionada (divorcio sin causa), se respeta el libre desarrollo de la personalidad, pues es preponderante la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, en virtud de que esa voluntad no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado”. Además, los ministros afirmaron: “igualmente, el respeto al libre desarrollo de la personalidad justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, por ello, el derecho a tramitar la disolución del vínculo matrimonial, no puede hacerse depender de la demostración de causa alguna”.

En el mismo sentido, en el amparo directo en revisión 1611/2011, la Primera Sala determinó “que son constitucionales los artículos impugnados (del Código Civil del Distrito Federal) que establecen el “divorcio sin causales”, ya que dicha figura no vulnera las garantías constitucionales de audiencia y debido proceso, porque si bien es cierto que una vez que se cumplan con las formalidades de ley el divorcio se decretará con la sola voluntad del que solicite, sin que dé explicación de la causa que origina esa petición”. También afirmó que “mediante esta figura jurídica se respeta el libre desarrollo de la personalidad del individuo, ya que cuando uno de los cónyuges no desea seguir casado con el otro, no puede hacerse depender de la demostración de causa alguna, ya que aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la demanda, resultando inadmisible que el Estado se empeñe en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su situación particular se torna irreconciliable”.

En otros expedientes, la SCJN avaló la constitucionalidad de disposiciones legales de otras entidades de la República que también incluyeron el “divorcio sin expresión de causa”.

Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 73/2014, la Primera Sala confirmó lo sostenido en el AD 917/2009 respecto a la inconstitucionalidad de los ordenamientos que establecen la actualización de ciertas causales para la disolución del vínculo matrimonial, por considerar que dichas disposiciones transgredes el libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que pretende divorciarse.

Divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas).

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el estado de Morelos y 141 del Código Civil para el estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

En cumplimiento de lo establecido por el máximo tribunal del país, se considera necesario modificar en este sentido el Código Civil Federal y eliminar las causales de divorcio.

4. Disposiciones que establecen explícitamente que la mujer casada no necesita autorización del marido para llevar a cabo ciertos actos jurídicos

Los artículos 1655 y 1679 del Código Civil Federal establecen que la mujer casada no necesita la autorización del marido para aceptar o repudiar la herencia y ser albacea, respectivamente.

Tales disposiciones resultan anacrónicas y se considera que no es necesario hacer explícito que no es indispensable contar con la autorización del marido en estos casos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto

Decreto que modifica distintas disposiciones del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64,77, 78, 80, 82, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 158, 162, 163, 168, 169, 172, 173, 177, 216, 217, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,278, 279, 280, 281, 282, 283, 283 Bis, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 324, 325,326, 327, 328,329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 338 Bis, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 353 Bis, 353 Ter, 353 Quáter, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 370, 373, 378, 380, 382, 385, 386, 389, 1655 y 1679, para quedar como sigue:

Capítulo II
De las actas de nacimiento

Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaria de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad.

En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los términos en que lo establezca el Reglamento del Registro Civil.

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos.

Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento ante el Juez del Registro Civil de su elección, el padre y la madre o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

En caso de registro extemporáneo de nacimiento, deberá estarse a lo que disponga el Reglamento del Registro Civil.

Para el registro de nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil.

Artículo 56 y 57. ...

Artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan; asimismo, en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículo 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca

Artículo 59. En todas las actas de nacimiento se deberá asentar los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación.

Artículo 60. El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos.

Cuando no estén casados, el reconocimiento se hará concurriendo los dos personalmente o a través de sus representantes, ante el Registro Civil.

La investigación tanto de la maternidad como de la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo a las disposiciones relativas a este Código.

Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, edad, ocupación y domicilio.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 63. Se presume, salvo prueba en contrario, que un hijo nacido en matrimonio es hijo de los cónyuges.

Artículo 64. Se deroga.

Capítulo III
De las actas de reconocimiento

Artículo 77. Derogado

Artículo 78. En el caso de reconocimiento hecho con posterioridad al registro, se harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original y deberá levantarse nueva acta de nacimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 82.

Artículo 79. El reconocimiento del hijo mayor de edad requiere el consentimiento expreso de éste en el acta respectiva.

Artículo 82. En el acta de nacimiento originaria se harán las anotaciones correspondientes al reconocimiento, la cual quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna salvo mandamiento judicial.

Artículo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Juez del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese:

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si éstos fueren conocidos.

II. Que no tienen impedimento legal para casarse, y

III. Que es su voluntad unirse en matrimonio.

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere o no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar.

Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas del Registro Civil deberá observarse lo establecido en el Reglamento del Registro Civil.

Artículo 98. Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará.

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes;

II. La constancia de que otorguen su consentimiento las personas a que se refiere el artículo 148 de este Código, para que el matrimonio se celebre.

III. Un documento público de identificación de cada pretendiente o algún otro medio que acredite su identidad de conformidad con lo que establezca el Reglamento del Registro Civil.

IV. Se deroga.

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

VI.Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;

VII.La manifestación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica, establecido en el Capítulo IV Bis del Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, misma que tendrá el carácter de reservada; y VIII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

Artículo 100. El juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes y los ascendientes o tutores que deben prestar su consentimiento, reconozcan ante él y por separado sus firmas.

Artículo 103. Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes;

II. Si son mayores o menores de edad;

III.Los nombres, apellidos, ocupación y domicilio de los padres;

IV.El consentimiento de éstos, de los abuelos o tutores o de las autoridades que deban suplirlo;

V.Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó;

VI.La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio, y la de haber quedado unidos, que hará el Juez en nombre de la Ley y de la sociedad;

VII.La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes;

VIII. Se deroga.

IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior.

El acta será firmada por el Juez del Registro Civil, los contrayentes y las demás personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo.

En el acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes.

Artículo 104. Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, serán consignados al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las personas que falsamente se hicieren pasar por padres o tutores de los pretendientes.

Artículo 113. El Juez del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad y de su aptitud para contraer matrimonio.

Capítulo II
De los requisitos para contraer matrimonio

Artículo 158. (Se deroga)

Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca en un lugar que ponga en riesgo su salud e integridad.

Artículo 168. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación, así como a la administración de los bienes de los hijos. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 169. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 172. Los cónyuges mayores de edad tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de los cónyuges el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173. Los cónyuges menores de edad tendrán la administración de sus bienes conforme a lo establecido en el artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales.

Artículo 177. Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno contra el otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.

Capítulo VI
De la separación de bienes

Artículo 216. En ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los cónyuges podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los cónyuges, por ausencia o impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y al resultado que produjere.

Artículo 217. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.

Artículo 218. Se deroga.

Capítulo X
Del divorcio

Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo.

Sólo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el siguiente artículo.

Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces;

II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos;

III. El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento;

IV. Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje;

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición;

VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

Artículo 268. Se deroga.

Artículo 269. Se deroga.

Artículo 270. Se deroga.

Artículo 271. Los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto.

Las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse en los casos de divorcio respecto del o los convenios propuestos.

Artículo 272. Procede el divorcio administrativo cuando habiendo transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El juez del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior.

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así obtenido no producirá efectos, independientemente de las sanciones previstas en las leyes.

Artículo 273. Se deroga.

Artículo 274. Se deroga.

Artículo 275. Se deroga.

Artículo 276. Se deroga.

Artículo 277. La persona que no quiera pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con su cónyuge, cuando éste se encuentre en alguno de los siguientes casos:

I. Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria;

II. Padezca impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada; o

III. Padezca trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo;

En estos casos, el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio.

Artículo 278. Se deroga.

Artículo 279. Se deroga.

Artículo 280. La reconciliación de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio en cualquier estado en que se encuentre. Para tal efecto los interesados deberán comunicar su reconciliación al juez de lo Familiar.

Artículo 281. Se deroga.

Artículo 282. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De oficio:

I. En los casos en que el juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas;

II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;

III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes;

IV. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de este Código;

B. Una vez contestada la solicitud:

I. El juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia.

II. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.

Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.

III. El juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres;

IV. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y

V. Las demás que considere necesarias.

Artículo 283. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones:

I. Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores.

II. Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno.

III. Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, misma que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores.

IV. Tomando en consideración, en su caso, los datos recabados en términos del artículo 282 de este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los excónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos.

V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir los actos de violencia familiar en términos de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Distrito Federal. Medidas que podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

VI. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección;

VII. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación que prevé el artículo 267 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

VIII. Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los hijos menores de edad.

Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento el juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los menores.

Artículo 283 Bis. En caso de que los padres hayan acordado la guarda y custodia compartida en términos de lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 282, el juez, en la sentencia de divorcio, deberá garantizar que los divorciantes cumplan con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los hijos.

Artículo 284. Se deroga.

Artículo 285. El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.

Artículo 286. Se deroga.

Artículo 287. En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste no contravenga ninguna disposición legal, o presentaren un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, en uno u otro caso el juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia. En caso contrario, el juez decretará el divorcio dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio.

El juez exhortará en la referida sentencia que, previo al inicio de la vía incidental, las partes acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, e intenten, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo respecto del convenio señalado.

En caso de que las partes, una vez recibida la pre-mediación, no hubieren aceptado el procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera posible llegar a un acuerdo, podrán hacer valer sus derechos por la vía incidental. En el caso de que las partes logren la construcción de un acuerdo por medio del procedimiento de mediación, lo harán del conocimiento del juez.

Artículo 288. En caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias:

I. La edad y el estado de salud de los cónyuges;

II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;

III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;

IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;

V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y

VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio.

Artículo 289. En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer matrimonio.

Artículo 291. Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de lo Familiar, bajo su más estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al Juez del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que realice la anotación correspondiente en la del matrimonio disuelto.

Título Séptimo
De la filiación Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 324. Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario:

I. Los hijos nacidos dentro de matrimonio; y

II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del mismo, de muerte del marido o de divorcio, siempre y cuando no haya contraído nuevo matrimonio la ex cónyuge. Este término se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial.

Artículo 325. Contra la presunción a que se refiere el artículo anterior, se admitirán como pruebas las de haber sido físicamente imposible al cónyuge varón haber tenido relaciones sexuales con su cónyuge, durante los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento, así como aquellas que el avance de los conocimientos científicos pudiere ofrecer.

Artículo 326. El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos alegando adulterio de la madre aunque ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que no tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros ciento veinte días de los trescientos anteriores al nacimiento. Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos.

Artículo 327. Derogado.

Artículo 328. Derogado.

Artículo 329. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse, de conformidad con lo previsto en este Código, en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación; pero esta acción no prosperará, si el cónyuge consintió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge.

Artículo 330. En todos los casos en que el cónyuge varón impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento.

Artículo 331. Si el cónyuge varón está bajo tutela por cualquier causa de las señaladas en la fracción II del artículo 450, este derecho podrá ser ejercido por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el cónyuge varón después de haber salido de la tutela, en el plazo señalado en el artículo anterior, mismo que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento.

Artículo 332. Cuando el cónyuge varón, habiendo tenido o no tutor, hubiere muerto incapaz, los herederos podrán impugnar la paternidad, en los casos en que podría hacerlo el padre.

Artículo 333. Los herederos del cónyuge varón, excepto en los casos previstos en el artículo anterior, no pueden impugnar la paternidad de un hijo nacido dentro del matrimonio, cuando el cónyuge no haya interpuesto esta demanda. En los demás casos, si el cónyuge ha fallecido sin hacer la reclamación dentro del término hábil, los herederos tendrán para interponer la demanda, sesenta días contados desde aquél en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean perturbados por el hijo en la posesión de la herencia.

Artículo 334. Derogado.

Artículo 336. En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad, serán oídos, según el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien, si fuere menor, se le proveerá de un tutor interino, y en todo caso el Juez de lo Familiar atenderá el interés superior del menor.

Artículo 337. Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Juez del Registro Civil. Faltando algunas de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad.

Artículo 338. La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la familia; por lo tanto, no puede ser materia de convenio entre partes, ni de transacción, o sujetarse a compromiso en árbitros.

Artículo 338 Bis. La ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados de la filiación, cualquiera que sea su origen.

Artículo 339. Puede haber transacción o compromiso en árbitros sobre los derechos pecuniarios que de la filiación legalmente adquirida pudieran deducirse, salvo aquellos casos en que este Código señale lo contrario.

Capítulo II
De las pruebas de filiación de los hijos

Artículo 340. La filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento.

Artículo 341. A falta de acta o si ésta fuere defectuosa, incompleta o falsa, se probará con la posesión constante de estado de hijo. En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, incluyendo aquellas que el avance de los conocimientos científicos ofrecen; pero la testimonial no es admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones, resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión.

Si faltare registro o estuviere inutilizado y existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba.

Artículo 342. Derogado

Artículo 343. Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo por la familia del padre, de la madre y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo, si además concurre alguna de las circunstancias siguientes:

I. Que el hijo haya usado constantemente los apellidos de los que pretenden ser su padre y su madre, con la anuencia de éstos;

II. Que el padre o la madre lo hayan tratado como hijo, proveyendo a su subsistencia , educación y establecimiento; y

III. Que el presunto padre o madre tenga la edad exigida por el artículo 361.

Artículo 344. La declaración de nulidad de matrimonio, haya habido buena o mala fe en los cónyuges al celebrarlo, no afectará la filiación de los hijos.

Artículo 345. No basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al padre. Mientras que éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo.

Artículo 346. Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que ha adquirido durante su estado de hijo, aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción.

Artículo 347. La acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes.

Artículo 348. Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el artículo anterior:

I. Si el hijo ha muerto antes de cumplir veintidós años.

II. Si el hijo presentó, antes de cumplir los veintidós años, incapacidad de ejercicio y murió después en el mismo estado.

Artículo 349. Los herederos podrán continuar la acción intentada en tiempo por el hijo, y también pueden contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle su filiación.

Artículo 350. Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que a los herederos conceden los artículos 348 y 349, si el hijo no dejó bienes suficientes para pagarles.

Artículo 351. Las acciones de qué hablan los tres artículos que preceden, prescriben a los cuatro años, contados desde el fallecimiento del hijo.

Artículo 352. La condición de hijo no puede perderse sino por sentencia ejecutoriada.

Artículo 353. Si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere despojado de ellos o perturbado en su ejercicio, sin que preceda sentencia por la cual deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes para que se le ampare o restituya en la posesión.

Artículo 353 Bis. Aunque el reconocimiento sea posterior, los hijos adquieren todos sus derechos desde la fecha de nacimiento que consta en la primera acta.

Artículo 353 Ter. Pueden gozar también de ese derecho a que se refiere el artículo anterior, los hijos que ya hayan fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres, si dejaron descendientes.

Artículo 353 Quáter. Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre declara que reconoce al hijo de la mujer que está embarazada.

Capítulo III
De la Legitimación. (Derogado.)

Artículo 354. Derogado.

Artículo 355. Derogado.

Artículo 356. Derogado.

Artículo 357. Derogado.

Artículo 358. Derogado.

Artículo 359. Derogado.

Capítulo IV
Del reconocimiento de los hijos

Artículo 360. La filiación también se establece por el reconocimiento de padre, madre o ambos o por una sentencia ejecutoriada que la así lo declare.

Artículo 361. Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio.

Artículo 364. Derogado

Artículo 365. Derogado

Artículo 370. Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo en un supuesto diferente al señalado en el artículo 324 de este Código, únicamente se asentará el nombre del compareciente. No obstante quedarán a salvo los derechos sobre la investigación de la paternidad o maternidad.

Artículo 373. (Se deroga).

Artículo 378. La persona que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído a su educación y subsistencia podrá, contradecir el reconocimiento que alguien haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En este caso, no se le podrá separar de su lado a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la entrega por sentencia ejecutoriada. El término para contradecir el reconocimiento será de ciento veinte días contados desde que se tuvo conocimiento de él.

Artículo 380. Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan a un hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá su guarda y custodia; y si no lo hicieren, el juez de lo Familiar, oyendo al padre, madre y al menor, resolverá lo más conveniente atendiendo siempre el interés superior del menor.

Artículo 381. Si el reconocimiento se efectúa sucesivamente por el padre o la madre que no viven juntos, ejercerá la guarda y custodia el que primero hubiere reconocido, salvo que ambos convinieran otra cosa entre ellos, y siempre que el Juez de lo Familiar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los progenitores y del menor.

Artículo 382. La paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios. Si se propusiera cualquier prueba biológica o proveniente del avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la madre o el padre.

Artículo 385. Está permitido al hijo y a sus descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualesquiera de los medios ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada.

Artículo 386. No obstante lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo podrá investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal.

Artículo 389. El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos tiene derecho:

I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca;

II. A ser alimentado por las personas que lo reconozcan;

III. A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la Ley;

IV. Los demás que se deriven de la filiación.

Capítulo IIIDe la aceptación y de la repudiación de la herencia

Artículo 1655. La herencia común será aceptada o repudiada por los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá el juez.

Capítulo IV
De los albaceas

Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes.

Notas:

1 Gaceta Oficial del Distrito Federal

http://www.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/ gacetas/OCTUBRE_3_08.pdf

2 Amparo directo en revisión 917/2009 http://programadederechoalasalud.cide.edu/ADSyR/wp-content/uploads/2012/01/SCJN -Divorcio-Express-2009.pdf

3 http://programadederechoalasalud.cide.edu/ADSyR/wp-content/ uploads/2012/01/SCJN-Divorcio-Express-2009.pdf

4 https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/noticias/Paginas/31-Agosto-2011.aspx

5 Tesis: Divorcio sin expresión de causa. Al establecerlo en la ley, el legislador del estado de Coahuila atiende a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano, prevista en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional; divorcio sin expresión de causa. El artículo 582 del Código Procesal Civil para el estado de Coahuila de Zaragoza, impone una restricción a los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, atendiendo a una finalidad constitucionalmente válida; divorcio sin expresión de causa. El hecho de que el artículo 585 del Código Procesal Civil para el estado de Coahuila no establezca recurso alguno contra la resolución que la decreta, no lo torna inconstitucional.

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/ResultadosV2.aspx? Epoca=1e0000000000000&Apendice=1000000000000 &Expresion=divorcio%20sin%20causa%20febrero%202015 &Dominio=Rubro,Precedentes,Localizacion&TATJ=2 &Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resultados &TesisPrincipal=TesisPrincipal&Hits=20

6 Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Pest1/Attachments/ 95/73-2014-CT-PS-VP.pdf

7 http:200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx? Epoca=1e3e100000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=28%2F2015 &Dominio=Rubro.Texto&TATJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL &NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0 &InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2009591&Hit=2 &IDs=2009591&Hit=2&IDs=2009918.2009591.2009127 &tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= y

https://www.scjn.gom.mx/Transparencia/Lists/Pest1/Attachments/ 95/73-2014-CT-PS-VP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Vidal Llerenas Morales,Carmen Victoria Campa Amaral, Soralla Bañuelos de la Torre(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, suscrita también por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Muchas gracias, presidente. Hoy la realidad de una gran parte de los mexicanos es esencialmente urbana y cada vez más con un carácter metropolitano, es decir, en donde se han diluido las fronteras municipales y administrativas para dar paso a conurbaciones en donde los ciudadanos desarrollan su vida diaria.

Por ello, las zonas metropolitanas de México cada vez requieren más y mejores servicios e infraestructura mejor planeación, mejores instrumentos de participación ciudadana, de inclusión y de diálogo entre los ciudadanos y sus autoridades.

Tenemos que ser conscientes que las dinámicas de crecimiento urbano no han venido acompañadas de instrumentos que permitan un desarrollo metropolitano, ordenado, planificado pero, sobre todo, coordinado. Prueba de ello, es que en distintas partes de la República, la coordinación metropolitana ha sido rehén de las geometrías partidistas, de la buena voluntad de los gobiernos en turno o de la intervención de intereses particulares y de corto plazo en el proceso de presupuestación y programación de la inversión pública sin atender las causas de los problemas urbanos y las demandas de los habitantes de nuestras zonas metropolitanas.

Por ello, el día de hoy estamos presentando la Ley General de Desarrollo Metropolitano, una iniciativa que tiene como objeto sentar las bases de una verdadera coordinación metropolitana, en donde se privilegie la planeación, el uso racional de los recursos públicos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno en torno a lo que sucede en nuestras zonas metropolitanas. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que necesitamos gobiernos municipales preocupados y ocupados en su trabajo, conscientes de su responsabilidad y dispuestos a rendirles cuentas a los ciudadanos, sin importar los colores partidistas o las fronteras administrativas.

Para nosotros, la coordinación metropolitana es un imperativo que no puede ser obstaculizado por intereses particulares o de corto plazo, y así lo hemos dejado ver en claro en el área metropolitana de Guadalajara, que hoy con gobierno emanados de Movimiento Ciudadano, están poniendo el ejemplo a nivel nacional en materia de coordinación y de planeación.

Con esta Ley General de Desarrollo Metropolitano buscamos promover una adecuada planeación del desarrollo municipal metropolitano de transporte público sustentable, de movilidad no motorizada, de ordenamiento del territorio, de competitividad económica, de cuidado al medio ambiente y de prestación de servicios y desarrollo de infraestructura. La falta de incentivos e instrumentos que faciliten la coordinación metropolitana han generado muchos costos para nuestras ciudades.

Por ello, hoy Movimiento Ciudadano plantea esta ley general que nos permitirá no sólo sentar las bases de un nuevo esquema de coordinación metropolitana racional, responsable y a la altura de los ciudadanos.

Buscamos no solo sembrar el camino para construir buenos gobiernos. Hoy estoy convencido que el desarrollo metropolitano no puede seguir secuestrado por los intereses de corto plazo o por la buena voluntad, el desarrollo metropolitano debe ser una política de Estado y hoy esta legislatura tiene la oportunidad de dar un paso contundente en la construcción y desarrollo de las zonas metropolitanas en todo el país.

Mención especial merece mi compañero, el diputado Clemente Castañeda, coordinador de mi grupo parlamentario, por su valiosa participación en la construcción de la presente iniciativa.

Asimismo, reconozco el trabajo de mis compañeras diputadas y de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, especialmente a la diputada Monserrat Arcos, el diputado Pablo Basáñez, la diputada Alicia Barrientos y la diputada Olga Catalán, quienes suscriben la presente iniciativa de ley.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su atención, compañeros diputados.

«Iniciativa que expide de la Ley General de Desarrollo Metropolitano, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos Salvador Zamora Zamora y Clemente Casteñeda Hoeflich, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La coordinación metropolitana debe entenderse como un espacio de concurrencia, que vincule la potestad de los municipios en diversas materias de manera homogénea y concertada con las entidades federativas y la Federación.

La organización intermunicipal y metropolitana debe tener su corresponsable marco de rectoría, planeación, coordinación fiscal, administrativa y técnica de parte de los tres órdenes de gobierno.

Agua, salud, residuos sólidos, alimentación, medio ambiente, movilidad (conectividad y transporte), vivienda, seguridad, protección civil y resiliencia al cambio climático, son algunos de los grandes temas de responsabilidad del Estado, repertorio de derechos fundamentales, y universos de construcción política de los ciudadanos que se ciñen al territorio de una metrópoli de manera concreta y sin fisuras. Frente a estos temas públicos existe un problema para los ciudadanos, para los representantes públicos y las unidades de gobierno: su disponibilidad y operación.

Nuestras ciudades y metrópolis concentran toda esta gama de demandas públicas, y no existe una oficina o administración que responda conjuntamente por ellas. El sentido de los instrumentos de planeación metropolitana, simbolizan cortapisas que homologan y homogenizan los problemas ambientales, sociales, económicos e institucionales de la ciudad, para que se resuelvan de manera homogénea en el concierto de autoridades responsables.

El desafío del desarrollo metropolitano comienza por la definición de aquellas funciones sociales de los centros de población urbana, y entender que los habitantes urbanos tienen sus derechos sociales y económicos vinculados con el territorio a través de la cobertura, garantía y aplicación de las funciones y servicios públicos municipales, que a su vez concurren con las responsabilidades concurrentes del Estado y la Federación.

En ese tenor el Fondo Metropolitano fue creado por el Ejecutivo Federal en el año de 2006, para atender las necesidades de las metrópolis en virtud de la tendencia acelerada del país a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas metropolitanas y para afrontar la problemática que implicaba la concentración de un mayor número de habitantes en diversas regiones donde se requería la concurrencia y participación de los diferentes niveles de gobierno para poder gobernarlas, administrarlas y planificarlas.

Se define como Zona Metropolitana como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Para la delimitación de las zonas metropolitanas se definieron a su vez tres grupos de Municipios Metropolitanos, con sus respectivos criterios y los cuales se clasifican en Municipios Centrales, Municipios Exteriores y Municipios Exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana, mismos que se detallan a continuación:

1. Municipios centrales:

Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de las siguientes características:

1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes.

1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos.

1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes.

1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más habitantes.

2. Municipios exteriores:

Definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones:

2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión.

2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última.

2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento.

2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea.

El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor población) del municipio exterior.

El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de las zonas metropolitanas.

El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona metropolitana en cuestión.

Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad de ocupación de su territorio.

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana:

En este caso son aquellos que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la ordenación de su territorio.

Para su incorporación a una Zona Metropolitana se toma en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana correspondiente.

3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona metropolitana respectivo.

3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente. Lo anterior con apego a la Ley General de Asentamientos Humanos y a la legislación urbana de cada entidad federativa.

En este sentido, la Ley General de Asentamientos Humanos establece que cuando el fenómeno de conurbación involucre a municipios de dos o más entidades federativas, su planeación y regulación conjunta estará a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, entre las que se encuentran el convenir la delimitación de la zona conurbada correspondiente y, los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los límites de una misma entidad federativa se rigen por lo que establece la legislación local.

La ultima Delimitación de Zonas Metropolitanas publicadas por el Ejecutivo Federal, fue en el año de 2010, en la cual se identifican 59 Zonas Metropolitanas que se enlistan en la Tabla 1.

La delimitación de Zonas Metropolitanas obedece en primer lugar, a que para ser objeto de asignación de recursos federales etiquetados como Fondo Metropolitano dentro del Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, es necesario que un área geográfica sea definida por el Gobierno Federal como Zona Metropolitana.

Es así que en cada ejercicio presupuestal, desde el año 2006 cada Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recursos para el Fondo Metropolitano, definiendo a detalle, las Zonas Metropolitanas que serán beneficiadas con recursos económicos y los montos asignados a cada una de estas.

Para el ejecución de estos recursos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica cada año en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, sin embargo esta normatividad fue realizada desde que los recursos del Fondo Metropolitano ascendían a Un mil millones de pesos, empero, para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos del Fondo ascienden a más Diez mil cuatrocientos millones de pesos.

Queda claro que la dimensión del Fondo Metropolitano requiere un mayor rango en la normatividad que lo rige y vigila.

Por otra parte, el listado incluido en Delimitación de Zonas Metropolitanas, no es reflejo en la asignación de recursos propuestos por el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

De un análisis a los decretos de Presupuestos de Egresos de la Federación desde el año 2006 hasta el año 2016, se identifican datos sobresalientes, que señalan una discrecionalidad en la asignación de recursos, dejando a un lado las características y criterios dispuestos para ser considerada Zona Metropolitana.

Estos datos se enlistan a continuación:

• Desde el año 2011 las Zonas Metropolitanas de Tampico y Guaymas no tienen asignados recursos del Fondo Metropolitano.

• A pesar de no estar incluida en la Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010, la Zona Metropolitana de Laja – Bajío tiene asignados recursos de manera creciente desde el año 2012.

• Las Zonas Metropolitanas de Tampico y Hermosillo, solo le fueron etiquetados recursos del Fondo Metropolitano en el Ejercicio Fiscal 2010, desconociéndose los motivos por los cuales dichas zonas ya no reciben recursos federales dentro del Fondo.

• Las Zonas Metropolitanas de Tapachula y Guaymas, solo le fueron etiquetados recursos del Fondo Metropolitano en el Ejercicio Fiscal 2011, desconociéndose los motivos por los cuales dichas zonas ya no reciben recursos federales dentro del Fondo.

• Las Zonas Metropolitanas de Hermosillo, Tapachula y Laja – Bajío no se encuentran en los documentos de Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2005 y 2010, pero en el último de los casos si se ha beneficiado con recursos del Fondo, desconociéndose la situación de estas tres Zonas Metropolitanas.

Uno de los objetivos de la presente Iniciativa es en primer término, fomentar una coordinación intermunicipal y en otros casos inter estatal, para que la problemática de las urbes que hoy en día han perdido la delimitación entre municipios y estados sea tratada de manera conjunta, coordinada y con bases determinadas por las experiencias internacionales para que las soluciones que se tomen sean en beneficio de los ciudadanos de las metrópolis y no solo soluciones parciales que terminan en acciones limitadas y que no resuelven como lo ejemplifica los temas de seguridad pública, medio ambiente y movilidad.

Hoy tenemos un ejemplo con la problemática que vive la Ciudad de México en materia ambiental y de movilidad; que si bien es cierto el órgano encargado de proponer una solución no ha encontrado el camino correcto, lo que ha quedado de manifiesto es que la coordinación entre entidades federativas es una realidad que se puede alcanzar.

Otro objetivo de esta Iniciativa es fomentar la Planeación en las Zonas Metropolitanas

Un ejemplo evidente de la falta de planeación es la Zona Metropolitana del Valle de México, zona central del país con una deficiencia en la oferta de vivienda, servicios públicos e infraestructura; es necesario fomentar el crecimiento ordenado de las metrópolis sin descuidar en ningún momento al campo y nuestras áreas productivas; la planeación también le permite a la industria poder ubicar áreas de oportunidad y generar Zonas económicamente activas, lo que repercutiría en mejores niveles de calidad de vida y economía per cápita, lo que se traduce en desarrollo para la nación.

El último objetivo, motivo de la presente Iniciativa es el correcto ejercicio del subsidio Federal denominado Fondo Metropolitano, que si bien se encuentra regulado desde el año 2007, mediante Reglas de Operación , también es prudente mencionar que al día de hoy existen deficiencias y faltas administrativas en la ejecución de los recursos.

Elevar a rango de Ley y por lo tanto de observancia fiscal, los recursos del fondo metropolitano, con la intención de garantizar el recurso, y por lo tanto que su aplicación cumpla con los objetivos para los cuales fueron creados, es decir con vocación metropolitana; la participación activa de los municipios o demarcaciones territoriales en la toma de decisiones del ejercicio de dicho presupuesto, lo que permitirá a partir de la coordinación para la repartición de recursos contar con un órgano donde se podrán discutir las problemáticas metropolitanas con objeto de dirigir los esfuerzos y recursos conjuntos para mitigarlas o solventarlas.

Con reglas claras y que no cambien año con año, se podrá garantizar que el destino de los recursos tenga un solo camino y que los requisitos para obtenerlos sean claros y de fácil cumplimiento. Con esto se busca que las entidades federativas y municipios aprovechen el cien por ciento de los recursos etiquetados para obras tangibles en sus metrópolis.

Esta legislación propuesta, no implica un gasto extraordinario de la federación, al no crear nuevas estructuras que impliquen el crecimiento del gasto corriente, cada entidad federativa y sus municipios mediante sus estructuras gubernamentales subsanaran las funciones que la propia ley describe.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente:

Decreto de por el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano

Único. Se expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Metropolitano

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los Artículos 73, Fracciones XXIX-C, XXIX-D y XXIX-G, del Artículo 115 fracción VI y del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es aplicable para la el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios que formen parte de las Zonas Metropolitanas.

Tiene por objeto la coordinación de planes, programas, acciones, presupuestos y ciclos hacendarios de las políticas públicas metropolitanas.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:

I. Definir los requisitos de una Zona Metropolitana

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para el desarrollo metropolitano en la nación;

III. Fijar las bases de planeación, programación, presupuesto, ejercicio y rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno sobre las zonas metropolitanas;

IV. Dictar las bases de organización y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el Artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. Área metropolitana: Es el centro de población, geográficamente delimitado, asentado en el territorio de dos o más municipios, con una población de cuando menos cincuenta mil habitantes, declarado oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso de cualquier Entidad Federativa.

III. ASF: La Auditoría Superior de la Federación?

IV. Análisis Costo­Beneficio Simplificado: La evaluación socioeconómica del proyecto a nivel perfil, que consiste en determinar la conveniencia de un proyecto de inversión, mediante la valoración, en términos monetarios, de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la ejecución y operación de dicho proyecto?

V. Análisis Costo­Eficiencia Simplificado: la evaluación socioeconómica del proyecto a nivel perfil, que consiste en determinar la manera óptima de realizar un proyecto, mediante la comparación de dos alternativas de solución, a través de la valoración, en términos monetarios, de todos los costos asociados directa e indirectamente a las mismas, bajo el supuesto de que generan los mismos beneficios. Esta evaluación se realiza cuando los beneficios no son cuantificables o son de difícil cuantificación?

VI. CAE: El Costo Anual Equivalente?

VII. Cartera: el conjunto de estudios, programas y/o proyectos de inversión ubicados dentro de la circunscripción territorial de la entidad federativa?

VIII. Comité: El Comité Técnico del Fideicomiso?

IX. Coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social?

X. Consejo: El Consejo para el Desarrollo Metropolitano?

XI. Demarcaciones Territoriales: Los órganos político­administrativos que integran la Ciudad de México?

XII. Desarrollo metropolitano: El proceso de ordenamiento territorial de una zona metropolitana de uno o varios municipios, de una o varias entidades federativas, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la planeación y regulación, para la conservación, mejoramiento y crecimiento ordenado de las metrópolis?

XIII. Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales?

XIV. Desarrollo urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población?

XV. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

XVI. Entidades federativas: los estados de la Federación y la Ciudad de México?

XVII. Equipamiento: El conjunto de bienes muebles que sean indispensables para el funcionamiento de los diversos espacios que se contemplan en los proyectos de inversión?

XVIII. Expediente Técnico: El documento (Estudio, Nota Técnica, Nota Técnica con CAE, Análisis Costo­Beneficio Simplificado o Análisis Costo­Eficiencia Simplificado) presentado por la entidad federativa de acuerdo al monto solicitado para el proyecto?

XIX. Fondo: El Fondo Metropolitano que de acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se asignado a las Zonas Metropolitanas?

XX. Gastos indirectos: Los gastos necesarios para la supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras financiadas por este Fondo?

XXI. Instancia ejecutora: las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales u otros organismos públicos encargados de llevar a cabo los Estudios, programas y/o proyectos de inversión?

XXII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

XXIII. Nota Técnica: el documento que contiene la descripción general del programa y/o proyecto de inversión y que establece, de manera detallada, la problemática a resolver, las actividades a realizar, los beneficios del proyecto, el marco de referencia, costos, condiciones operativas y administrativas, tiempos de ejecución y especificaciones técnicas, entre otros?

XXIV. Región metropolitana: Es la delimitación geográfica integrada por un área metropolitana y uno o más centros de población, geográficamente cercanos, con tendencias de crecimiento que los acerquen y relaciones socioeconómicas con aquella, declarada oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso de cualquier Entidad Federativa.

XXV. Semarnat: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XXVI. SFP: La Secretaría de la Función Pública.

XXVII. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXVIII. Sistema electrónico: la aplicación web que permite registrar, almacenar, procesar y dar seguimiento a la información relativa a los Estudios, Notas Técnicas, Nota Técnica con CAE, Análisis Costo­Beneficio Simplificado o Análisis Costo­Eficiencia Simplificado, según sea el caso, de los proyectos a realizarse con los recursos del Fondo Metropolitano, por parte de los usuarios autorizados.

XXIX. Subcomité: El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

XXX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XXXI. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer necesidades;

XXXII. Tesofe: La Tesorería de la Federación.

XXXIII. UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán de aplicación supletoria los ordenamientos legales en el siguiente orden:

I. Ley General de Asentamientos Humanos.

II. Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público.

III. Ley General de equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente.

IV. Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Artículo 5. Se considera de utilidad pública:

I. La ejecución de planes o programas de desarrollo metropolitano;

II. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

VII. La protección del patrimonio cultural de las Zonas Metropolitanas, y

VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de las Zonas Metropolitanas.

Título Primero Capítulo I
De las Zonas Metropolitanas

Artículo 6. La delimitación de Zonas Metropolitanas tendrá por efecto los siguientes objetivos generales:

I. Contar con una base conceptual y metodológica que dé cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas, en clave de información estadística y geográfica, de evaluación, pesos y medidas, para comprender los fenómenos y tendencias en su escala, y proporcione criterios claros para su actualización.

II. Establecer un marco de referencia común que contribuya en la consolidación de objetivos y acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo metropolitano.

III. Crear los ciclos hacendarios, fiscales, financieros, presupuestales, de evaluación, cuenta pública y fiscalización de los fondos y recursos públicos que integre a los tres niveles de gobierno de manera coordinada y concurrente para la planeación y gestión metropolitana.

Artículo 7. Se considera una Zona Metropolitana a el conjunto de dos o más municipios o de marcaciones territoriales en los que se localizan (al menos) una ciudad o municipio central de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos o municipios exteriores, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Adicionalmente, se considera como Zona Metropolitana a todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Artículo 8. Los municipios, las entidades federativas y congresos estatales que cuenten con Zonas Metropolitanas deberán adaptar sus delimitaciones, instituciones e instrumentos de planeación y gestión a los términos de esta Ley.

Artículo 9. Se considera Municipio central a aquel que da origen a la Zona Metropolitana, de acuerdo a uno o varios de los siguientes criterios:

a) Conurbación intermunicipal, definida como la unión física entre dos o más localidades geoestadísticas urbanas de diferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes y cuyos municipios integrantes poseen también características urbanas, entendiéndose por la unión entre localidades geoestadísticas urbanas a la continuidad en la conformación de amanzanamiento.

b) Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos urbanos.

c) Municipios con ciudades de un millón o más habitantes.

d) Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más habitantes

Artículo 10. Se considera Municipio exterior por criterios estadísticos y geográficos a aquel que cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Distancia a la ciudad central. Su localidad geoestadística principal, de tipo urbana, aquella con el mayor número de habitantes, está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril de los límites de la ciudad central.

b) Integración funcional por lugar de trabajo. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última.

c) Población ocupada en actividades no primarias. Porcentaje de población ocupada en actividades secundarias y terciarias mayor o igual a 75 por ciento.

d) Densidad media urbana. Este indicador se debe ubicar en por lo menos 20 habitantes por hectárea.

Artículo 11. Se considera Municipio exterior por criterios de planeación y política urbana a aquel que habiendo cumplido los incisos b, c y d del Artículo anterior, cumpla con uno de los siguientes requisitos:

a) Estar incluidos en la publicación más reciente del grupo interinstitucional sobre las Delimitaciones de las Zonas metropolitanas o estar dentro de la declaratoria que emita el congreso local.

b) Estar considerados en el respectivo programa de ordenación de zona metropolitana.

c) Estar considerados en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.

Capítulo II
De la Delimitación de las Zonas Metropolitanas

Artículo 12. Para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas se integrará un grupo técnico denominado Interinstitucional, conformado por la Secretaría, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para emitir un documento que contemple los criterios y requisitos técnicos para la determinación de las Zonas Metropolitanas descritos en el Artículo 9, 10 y 11.

La Secretaria podrá determinar técnicamente las excepciones a los criterios y requisitos, y presentarlas el grupo interinstitucional para su incorporación a la Delimitación de las Zonas Metropolitanas.

Artículo 13. La Secretaría, a través de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial convocara para la actualización de la Delimitación de las Zonas Metropolitanas al grupo interinstitucional, dentro de los veinte días posteriores a la publicación del Censo de Población y Vivienda y de la Encuesta Intercensal, según corresponda.

Artículo 14. El Grupo Interinstitucional tendrá un término de nueve meses contados a partir de su instalación para la publicación de la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, la cual recibirá y contemplará para su estudio dentro los primeros tres meses de su instalación las solicitudes de los congresos estatales y de la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión del Desarrollo Metropolitano, para incorporar o modificar Zonas Metropolitanas.

Artículo 15. Una vez concluidos los trabajos del grupo interinstitucional deberán presentar ante la Honorable Cámara de Diputados a través del pleno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano los resultados del trabajo realizado, una vez concluida la presentación se ordenará su publicación.

Artículo 16. Una vez publicada la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, la Secretaría seguirá recibiendo las solicitudes de los congresos estatales y de la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, analizando las solicitudes y en caso de así considerarlo procedente, convocará al Grupo Interinstitucional para el estudio y análisis de las solicitudes recibidas, instalándose en un Comité Técnico de Revisión.

Artículo 17. En caso de que el Comité Técnico de Revisión determine conforme a las solicitudes recibidas la modificación o actualización de la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, presentará una vez por año ante la Honorable Cámara de Diputados a través del pleno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano dichas modificaciones, para su publicación.

Artículo 18. Los estados y municipios que integren las Zonas Metropolitanas conforme a la Delimitación de las Zonas Metropolitanas serán el objeto de la presente Ley.

Título Segundo Capítulo I
De la Coordinación Metropolitana

Artículo 19. Las Zonas Metropolitanas celebrarán convenios de coordinación metropolitana con el objeto que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios respectivos convengan libremente a la planeación y regulación conjunta y coordinada de:

a) El desarrollo de la Zona Metropolitana;

b) La coordinación de planes, programas, presupuestos, recursos públicos y ciclos hacendarios en la Zona Metropolitana, y

c) Las funciones y servicios públicos objeto de coordinación metropolitana.

Artículo 20. Los convenios de coordinación metropolitana serán obligatorios para las partes que los firmen y por el término que así se describa.

Si no se describe un término específico en el convenio de coordinación metropolitana, el término será indefinido y para su extinción se requiere del acuerdo del total de las partes que lo suscribieron.

Artículo 21. Todo convenio de coordinación metropolitana debe contener cuando menos:

I. Capítulo de declaraciones: integrado por los datos generales de las partes y sus representantes;

II. Capítulo de obligaciones: integrado por las obligaciones contraídas conjunta e individualmente por cada parte, en el que se precisen:

a) Las funciones y servicios públicos municipales que son materia de coordinación y asociación metropolitana;

b) El grado y alcance de la intervención de las instancias de coordinación metropolitana en las etapas de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control, revisión y evaluación de las funciones y servicios públicos municipales anteriores, en el caso de área metropolitana, y de las funciones públicas municipales y realización de infraestructura regional en el caso de región metropolitana, así como las atribuciones reservadas a los municipios en dichas áreas o regiones;

c) Las fórmulas, montos determinados o determinables, límites o topes, condiciones de ejecución, suspensivas y de exclusión, tiempos y demás aspectos relativos a las aportaciones en recursos financieros, humanos y materiales que harán las partes para el caso de cada función o servicio público materia de coordinación metropolitana, así como para el funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana; y

d) Las bases generales de la integración y operación del Fideicomiso Metropolitano que se constituirá, en su caso, para la creación del fondo único de los recursos financieros que se aporten para el desarrollo de los proyectos metropolitanos;

III. Capítulo de sanciones y controversias: integrado por las sanciones convenidas para el caso del incumplimiento de las obligaciones contraídas y la indicación de las instancias jurisdiccionales ante las que se dirimirán las posibles controversias derivadas de su aplicación; y

IV. Capítulo de validación: integrado por la indicación del lugar y fecha de su celebración, así como la identificación, firma autógrafa y sello oficial de los representantes de las partes.

Artículo 22. Son materias de interés público, para efectos de coordinación y asociación metropolitanas, las siguientes:

I. La planeación del desarrollo sustentable metropolitano;

II. La infraestructura metropolitana;

III. La realización de funciones y prestación de servicios, públicos, en coordinación o asociación metropolitanas; y

IV. Las demás que establezca el convenio respectivo o se autoricen conjuntamente dentro de sus respectivas competencias.

Artículo 23. Los convenios de coordinación metropolitana estarán sujetos a revisión y, en su caso, a modificación, a solicitud de:

I. Cualquiera de las partes integrantes de la Zona Metropolitana, durante los primeros doce meses del periodo constitucional de la entidad federativa o municipio correspondiente;

II. Cuando menos la mitad más uno de los municipios integrantes de la Zona Metropolitana, en cualquier tiempo.

Para incluir a un municipio en un convenio de coordinación metropolitana se requiere que:

I. El municipio interesado o parte del mismo forme parte de la Zona Metropolitana, del área o región metropolitana en los términos de la declaración oficial correspondiente expedida por el Congreso de la Entidad Federativa;

II. Las partes suscribientes del convenio acepten la inclusión del municipio interesado; y

III. Se realicen las modificaciones necesarias al convenio correspondiente.

Cualquier modificación debe aprobarse por todas las partes suscribientes del convenio.

Artículo 24. Los municipios integrantes de la Zona Metropolitana, el Gobierno o gobiernos de las entidades federativas que conciernan en la Zona Metropolitana, suscribirán y publicarán Estatutos Orgánicos para la creación de las instancias metropolitanas que indica esta Ley, y las demás instancias que resulten necesarias para la administración de recursos públicos, la gestión de las acciones administrativas, de gobierno, la contratación pública, la regulación de funciones y/o servicios públicos que resulten de la coordinación de la Zona Metropolitana.

Artículo 25. Los Estatutos Orgánicos serán de carácter reglamentario, formando parte del orden normativo de las unidades de gobierno municipal y estatal que la integran, y regularán el funcionamiento de los organismos de derecho público que concierten sus acciones para la coordinación metropolitana.

Artículo 26. El Gobierno Federal y la Cámara de Diputados registrará y dará el debido seguimiento en el ámbito de sus atribuciones, de los convenios de coordinación metropolitana, estatutos orgánicos y creación y funcionamiento de las instancias y órganos de derecho público que coordinen las acciones de gobierno en las Zonas Metropolitanas.

Capítulo II
De las Instancias Metropolitanas

Artículo 27. Son instancias de coordinación metropolitana las siguientes:

I. La Junta de Coordinación Metropolitana,

II. La Comisión Metropolitana Ambiental,

III. La Comisión Metropolitana de Infraestructura,

IV. La Comisión Metropolitana de Movilidad,

V. El Instituto de Planeación y Gestión Metropolitana,

VI. El Comité de Participación Ciudadana,

VII. El Fideicomiso de Coordinación Metropolitana,

VIII. Las Comisiones especiales o sectoriales que la Junta de Coordinación determine como necesarias para la Zona Metropolitana, y

IX. Los órganos públicos, institutos, mutualidades, superintendencias y otras figuras de derecho público que la Junta de Coordinación determine como necesarias para la gestión de un servicio y/o función pública inter-gubernamental de alcance metropolitano.

Artículo 28. Cada Zona Metropolitana podrá crear las instancias que considere necesarias para abordar sus problemáticas particulares.

Artículo 29. Las instancias metropolitanas deberán ser constituidas por convenio de coordinación metropolitana y, en caso de consistir en órganos descentralizados intergubernamentales, además por Estatuto Orgánico.

Capítulo III
De la Junta de Coordinación Metropolitana

Artículo 30. El Consejo para el desarrollo Metropolitano será el órgano colegiado que defina los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana; y una instancia de interés público y beneficio social que apoyará la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano y regional; y contribuirá a una adecuada coordinación intergubernamental en las zonas metropolitanas.

Artículo 31. El Consejo estará integrado por los titulares de las entidades federativas que correspondan y los presidentes municipales y/o delegados que integren la Zona Metropolitana, quienes tendrán voz y voto.

La Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, la Secretaria y SHCP, podrán acudir con voz, pero sin voto.

Artículo 32. El Consejo, tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar la agenda metropolitana;

II. Autorizar, coordinar y vigilar la ejecución de:

a) El plan de ordenamiento territorial metropolitano;

b) El programa de desarrollo metropolitano y los proyectos específicos derivados del mismo;

c) El mapa de riesgo metropolitano;

d) El Sistema de información y gestión metropolitana y

e) Los demás instrumentos de planeación y programación derivados de las áreas sujetas a coordinación metropolitana, en los términos del convenio respectivo.

III. Gestionar los asuntos de su interés ante las instancias federales, estatales o municipales correspondientes;

IV. Elaborar el proyecto y proponer para su aprobación a los municipios correspondientes y los titulares de las entidades federativas, la constitución y, en su caso, modificación, del Fideicomiso Metropolitano como fondo único de administración de los recursos financieros de la zona metropolitana;

V. Diseñar, autorizar y enviar para su aprobación a los municipios correspondientes, los mecanismos e instrumentos tendientes a conjuntar en el Fideicomiso Metropolitano los fondos federales y estatales que correspondan al área o región metropolitana respectiva, cuando la normativa aplicable lo permita;

VI. Fungir como comité técnico del Fideicomiso Metropolitano cuando no se establezca disposición en contrario en el convenio de coordinación metropolitana y no se contravengan otras disposiciones legales aplicables;

VII. Recibir de las entidades federativas y los municipios las solicitudes de proyectos o programas para aplicar los Fondos del Fideicomiso Metropolitano,

I. Turnar a las comisiones los asuntos de su competencia;

II. Recibir y poner a votación el dictamen de las comisiones, con la finalidad de aplicar los fondos del Fideicomiso Metropolitano;

III. Solicitar y recibir informes de las entidades federativas y municipios, sobre los temas metropolitanos que se estén tratando,

IV. Autorizar, con cargo al patrimonio del fideicomiso, los recursos necesarios para la realización de programas y/o proyectos; y definir su prioridad y prelación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Autorizar, con cargo a los recursos del fideicomiso, el uso de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras, los cuales podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión que formen parte del programa autorizado por el propio Consejo para el ejercicio fiscal correspondiente

VI. Aprobar el Programa Anual de Inversión que contendrá los proyectos metropolitanos que se realizarán con recursos del Fideicomiso Metropolitano; y

VII. Aprobar y publicar la convocatoria pública abierta para la selección de los integrantes del Comité; y

VIII. Las demás que le concedan el convenio de coordinación.

Artículo 33. La Junta estará presidida por el titular o los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas donde se ubique la zona metropolitana.

La presidencia de la Junta será rotativa, con el derecho a declinar cuando el presidente municipal o titular del gobierno estatal así lo decidan por interés público.

En las zonas metropolitanas localizadas en territorio de dos o más entidades federativas, la presidencia será rotativa y con duración de por lo menos un año, pudiendo acordar el establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no tendrá término de duración.

Por cada uno de los integrantes de la Junta, se designarán los suplentes respectivos, excepto para el presidente o presidentes.

Para que haya cuórum se necesitara de la mitad más uno de los integrantes.

Artículo 34. La Junta tendrá un Secretario Técnico, que será designado por el presidente de dicha Junta.

El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones e informar del avance en su cumplimiento?

II. Recibir y revisar que los programas y/o proyectos que se presenten a consideración cumplan con los requisitos establecidos en el convenio de coordinación para recibir recursos del Fondo, turnándolos a las comisiones que les correspondan, para su análisis y dictaminación?

III. Corroborar que los programas y/o proyectos que se postulen se encuentren alineados a los objetivos, prioridades, políticas y estrategias de los planes y programas de desarrollo metropolitano, municipal, regional y urbano, de conformidad con los criterios que para tal efecto se emita?

IV. Revisar que los programas y/o proyectos sean congruentes con los criterios de impacto metropolitano que se establezca?

V. Publicar los resultados del trabajo realizado, así como informar al pleno del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, sobre las observaciones y recomendaciones que emitan las Comisiones, programas y/o proyectos, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establezcan en las disposiciones aplicables?

VI. Presentar los programas y/o proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo de coordinación metropolitana?

VII. Integrar la carpeta de asuntos que será sometida a consideración del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, conforme a lo establecido en el convenio de coordinación.

VIII. Deberá generar y entregar los informes que de acuerdo a esta Ley se obligue;

IX. Las demás que el pleno de la Junta para el Desarrollo Metropolitano le designe.

Artículo 35. Los acuerdos de la Junta se deberán hacer del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la Sedatu y de la UPCP mediante oficio a más tardar quince días hábiles posteriores a la fecha del acuerdo. Dicha notificación deberá incluir copia del Acta de Sesión del Consejo respectiva y sus anexos.

Artículo 36. Las sesiones de la Junta serán ordinarias y extraordinarias, debiendo sesionar cuando menos seis veces al año de manera ordinaria y las veces que se consideren necesarias de manera extraordinaria.

Para las sesiones ordinarias se requerirá que la carpeta de asuntos a tratar sea entregada junto con la convocatoria de la sesión cuando menos cinco días antes de la fecha y hora de la misma.

En el caso de las sesiones extraordinarias podrán convocar con la carpeta de asuntos a tratar cuando menos con cuarenta y ocho horas antes de la sesión.

Artículo 37. Para que pueda votarse un asunto ante la Junta, deberá haberse turnado con anterioridad a la comisión o comisiones que le corresponda de conformidad a la materia de la que se trate y tener el dictamen técnico respectivo del asunto.

Artículo 38. Los acuerdos de la Junta se decidirán por mayoría, en el caso de que habiendo votación esta se encuentre dividida, el presidente o presidentes tendrán el voto de calidad, en caso de continuar el empate, se retirara el asunto para su discusión en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria.

Artículo 39. Los acuerdos deberán comunicarse por escrito a todos los integrantes del órgano, para su conocimiento y en su caso ejecución.

Artículo 40. En caso de ser necesario y por acuerdo de la mayoría de los integrantes del órgano podrán declararse la sesión en permanente y reanudar su discusión en forma expedita, debiendo estar presentes para su reanudación cuando menos las dos terceras partes de los integrantes.

Capítulo IV
De las Comisiones Metropolitanas

Artículo 41. Las comisiones metropolitanas serán los órganos técnicos auxiliares de la Junta y serán encargados de dictaminar las propuestas sobre los programas y proyectos presentados ante el pleno de la Junta, para que estos puedan ser votados.

Artículo 42. Además de las que la Junta de Coordinación Metropolitana determine por acuerdo mayoritario, las comisiones se integrarán de la siguiente manera:

I. La Comisión Metropolitana Ambiental,

a) El o los secretarios de medio ambiente de las entidades federativas de él o los estados que conforman la Zona Metropolitana o en su defecto el titular de la secretaria encargada de dichos asuntos, quien fungirá como presidente de dicha comisión.

b) El titular del área que por competencia le correspondan los asuntos Ambientales en el municipio, debidamente designado para el efecto por el presidente municipal.

c) Eventualmente, la participación de las representaciones federales, cuando las decisiones y acuerdos exijan la concurrencia de los tres niveles de gobierno.

II. La Comisión Metropolitana de Infraestructura,

a) El o los secretarios de obras de las entidades federativas de el o los estados que conforman la Zona Metropolitana o en su defecto el titular de la secretaria encargada de dichos asuntos, quien fungirá como presidente de dicha comisión.

b) El titular del área que por competencia le correspondan los asuntos de infraestructura en el municipio, debidamente designado para el efecto por el presidente municipal.

c) Eventualmente, la participación de las representaciones federales, cuando las decisiones y acuerdos exijan la concurrencia de los tres niveles de gobierno.

III. La Comisión Metropolitana de Movilidad,

a) El o los secretarios de movilidad de las entidades federativas de el o los estados que conforman la Zona Metropolitana o en su defecto el titular de la secretaria encargada de dichos asuntos, quien fungirá como presidente de dicha comisión.

b) El titular del área que por competencia le correspondan los asuntos de movilidad en el municipio, debidamente designado para el efecto por el presidente municipal.

c) Eventualmente, la participación de las representaciones federales, cuando las decisiones y acuerdos exijan la concurrencia de los tres niveles de gobierno.

Artículo 43. Cada Comisión contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el o los titulares de las secretarias que correspondan de acuerdo a la materia de la que se trate.

Artículo 44. El Secretario Técnico de cada comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir del secretario técnico del consejo los programas o proyectos a dictaminar.

II. En un plazo no mayor a tres días hábiles remitirá dicho asunto a los representantes de los municipios debidamente acreditados, solicitando su opinión técnica la cual deberá ser entregada en un plazo no mayor a diez días hábiles.

III. Conceder en su caso la prórroga solicitada por un mismo periodo para emitir la opinión técnica de algún municipio, siempre que el programa o proyecto impacte a dicho municipio, de lo contrario la prorroga será negada de facto.

IV. Una vez que tenga las opiniones de los titulares designados por los municipios integrantes de las Zonas metropolitanas, contara con un máximo de seis días hábiles para emitir una propuesta de dictamen.

V. La propuesta de dictamen se enviará junto con la convocatoria para reunión de trabajo con la finalidad de discutir y en su caso aprobar dicho dictamen dentro de los siguientes tres días de haberse vencido el plazo de la fracción anterior.

VI. Una vez discutido y aprobado el dictamen respecto, deberá remitirlo en un término de dos días hábiles al Secretario Técnico del Consejo, para que este a su vez lo someta al pleno del Consejo para su votación.

VII. En el caso de que el dictamen arroje la inviabilidad o el rechazo técnico del programa o proyecto presentado, este se comunicará al promovente de manera directa y se remitirá el expediente completo al Secretario Técnico del Consejo, para efecto de informar al pleno del Consejo de dicho dictamen.

Artículo 45. Las comisiones metropolitanas, podrán emitir de manera conjunta dictámenes técnicos o solicitar la opinión de otra, con la intención de contar con mayores elementos de evaluación, siempre que los mismos se encaminen al interés común.

Artículo 46. Las comisiones metropolitanas, podrán solicitar que en sus reuniones de trabajo sean apoyados por el personal de la Secretaria o de las secretarias de estado que de acuerdo a su competencia les corresponda el tema, en cuyo caso podrán hacer aportaciones técnicas al documento, teniendo voz, pero no voto en las sesiones.

Artículo 47. El dictamen de cada comisión es vinculante para las decisiones de la Junta.

Artículo 48. Los dictámenes técnicos de las comisiones se tomarán por mayoría, en caso de haber una votación dividida, el asunto se retirará para su mayor discusión, en cuyo caso se sesionará dentro de los siguientes diez días únicamente para ver este asunto, si la votación continuara dividida en la siguiente sesión este se remitirá con ambas opiniones al Consejo para que sea votado.

Artículo 49. En todos los dictámenes técnicos se deberá respetar los principios de oportunidad, austeridad y calidad.

Capítulo V
Del Instituto de Planeación y Gestión Metropolitana

Artículo 50. El Instituto será un organismo público descentralizado metropolitano, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y autonomía técnica en el ejercicio de sus atribuciones, que tiene por objeto coordinar la planeación del área o región metropolitana correspondiente y apoyar técnicamente a los Consejos de la entidad federativa sobre la que corresponda la o las Zonas Metropolitanas.

En el caso de que la zona metropolitana se encuentre entre dos o más entidades federativas podrá crearse un solo instituto para esta zona, salvo en caso de que una de las entidades federativas ya cuente con este organismo para otras zonas metropolitanas y se establezca en el convenio de coordinación que se estará a lo que acuerde el Instituto conformado por la otra.

El Patrimonio y dependencia administrativa será parte de un acuerdo de coordinación metropolitano.

Artículo 51. El órgano de Gobierno del Instituto es el Consejo.

Artículo 52. El instituto tendrá como titular a un director general y será integrado por las unidades administrativas que se establezcan el estatuto orgánico correspondiente y el convenio de coordinación metropolitano.

El Director General será designado por el Consejo, de entre las propuestas de sus integrantes, durando en su encargo seis años, pudiendo ser ratificado hasta por un periodo más.

Artículo 53. Para ser director general del Instituto se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación;

III. Tener estudios de maestría;

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. Los demás requisitos que señale el estatuto orgánico.

Artículo 54. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer a la Junta, para su consideración, autorización y posterior envío a los municipios o demarcaciones territoriales para su aprobación:

a) El plan de ordenamiento territorial metropolitano;

b) El programa de desarrollo metropolitano y los proyectos específicos derivados del mismo;

c) El mapa de riesgo metropolitano;

d) El Sistema de Información y Gestión Metropolitana;

e) El programa anual de inversión; y

f) Los demás instrumentos de planeación y programación derivados de las áreas sujetas a coordinación metropolitana, en los términos del convenio respectivo

II. Evaluar los instrumentos de planeación metropolitana señalados en la fracción anterior;

III. Elaborar los documentos técnicos encomendados por la Junta, en las áreas sujetas a coordinación metropolitana;

IV. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Junta, en el ámbito de su competencia;

V. Ejecutar los programas, proyectos o acciones en los que tenga atribución directa de ejercicio; y

VI. Las demás que le concedan los municipios a través del convenio de coordinación y el estatuto orgánico correspondientes.

Artículo 55. El Instituto debe coordinarse con las dependencias y entidades estatales correspondientes en el desahogo de los asuntos de su competencia.

Artículo 56. Las opiniones, resoluciones o resolución de trabajos encargados por el Consejo emitidos por el Instituto serán de carácter obligatorio para los miembros del consejo, una vez que los mismos hayan sido autorizados por los municipios y/o demarcaciones territoriales

Capítulo IV
Del Comité de Participación Ciudadana

Artículo 57. El comité es un órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en la Zona metropolitana.

Artículo 58. El comité se integrará por el número de consejeros que determine el estatuto orgánico, sin que pueda ser menor a un integrante por municipio o demarcación territorial integrante de la zona metropolitana.

Artículo 59. No pueden integrar el comité:

I. Servidores públicos federales, estatales o municipales en funciones;

II. Ministros de culto religioso;

III. Integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía;

IV. Miembros de las dirigencias federales, estatales o municipales de los partidos políticos o agrupaciones políticas; y

V. Los que establezca el estatuto orgánico.

Artículo 60. Los integrantes del Comité deben seleccionarse aleatoriamente de entre las propuestas ciudadanas, derivado de una convocatoria pública abierta, en los términos del convenio de coordinación respectivo.

Duraran en su cargo cuatro años a partir de la selección aleatoria.

Artículo 61. El Comité contará con un presidente que será electo de entre los propios integrantes por mayoría, por periodos de dos años, sin que pueda reelegirse para el periodo inmediato.

Artículo 62. El Comité tendrá un Secretario Técnico que debe depender administrativamente del Instituto.

Artículo 63. El Comité tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los municipios o de marcaciones de la Zona Metropolitana, la Junta, el Instituto o demás órganos de coordinación metropolitana en todos los aspectos de las áreas sujetas a coordinación metropolitana en los términos del convenio;

II. Denunciar las anomalías detectadas y presentar propuestas para el mejor funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana; y

III. Las demás que le concedan el convenio de coordinación y el estatuto orgánico correspondientes.

Artículo 64. Para el funcionamiento del Comité deberán cumplir con lo siguiente:

I. El Comité requiere la asistencia de más de la mitad de sus integrantes para sesionar y tomar acuerdos válidamente.

II. Las sesiones del Comité son públicas y deben realizarse con la periodicidad que establezca el estatuto orgánico o cuando menos una cada tres meses.

III. El Comité toma sus acuerdos por mayoría simple de votos de los integrantes presentes. Los acuerdos del Comité que tengan como propósito su desahogo en el seno de la Junta o las comisiones, deberán indicar el objeto y alcance del acuerdo.

Título Tercero Capítulo I
De los Recursos Metropolitanos

Artículo 65. Los recursos metropolitanos son integrados conforme al Programa Anual de Inversión de la Zona Metropolitana, y derivado por las siguientes fuentes:

I. Fondos y presupuestos municipales;

II. Fondos y presupuestos estatales;

III. Fondos y presupuestos federales;

IV. Financiamientos derivados de asociaciones público privadas;

V. Aportaciones y mecanismos de financiación privada; y

VI. Rendimientos financieros del Fideicomiso Metropolitano

Artículo 66. Aquellos recursos públicos federales vinculados con infraestructura, desarrollo urbano, así como de programas, fondos y proyectos cuya incidencia material, o su última fase de implementación recaiga sobre elementos de planeación metropolitana, o de impacto en municipios que se circunscriban en una Zona Metropolitana, deberán ser debidamente etiquetados, reglamentados y programados en escala metropolitana.

Artículo 67. Los programas federales, estatales y municipales que se encuentren en esquemas de ejercicio concurrente y coordinado en Zonas Metropolitanas, deberán adaptar sus reglas de operación y fórmulas de elegibilidad y erogación, a efecto de atender propiamente las escalas metropolitanas del país, y a través de las instancias metropolitanas creadas conforme a esta Ley.

Artículo 68. Para las actividades de carácter metropolitanos de las Zonas Metropolitanas, se podrán administrar financiamientos extraordinarios de acuerdo al convenio de coordinación metropolitana respectivo.

De conformidad al Decreto de Presupuesto de Egresos para la Federación, se asignarán subsidios federales, de los cuales la SHCP establecerá las reglas para su ejercicio. No obstante, se deberá contemplar un incremento anual proporcional al factor que la SHCP determine de acuerdo al crecimiento previsto por el Grupo interinstitucional.

Artículo 69. Los recursos metropolitanos serán administrados a través de un Fideicomiso de administración e inversión denominado Fideicomiso de Coordinación Metropolitana.

Artículo 70. Por ningún motivo los recursos metropolitanos podrán utilizarse en los proyectos de las Zonas Económicas Especiales y/o gasto corriente.

Capítulo II
Del Fondo Metropolitano

Artículo 71. Los recursos del Fondo se destinarán a acciones, procesos, obras de infraestructura y su equipamiento, conforme a los instrumentos de planeación metropolitana y el Plan Anual de Inversión, en cualquiera de sus componentes, incluyendo proyectos de infraestructura en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.

Los, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser viables y sustentables, orientados a promover:

I. La adecuada planeación del desarrollo municipal, regional, metropolitano y urbano? el transporte público y la movilidad no motorizada? así como del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica?

II. La sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas? así como coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica? o

III. La consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento municipal regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Artículo 72. Las acciones y obras de infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser resultado del Plan Anual de Inversión de la Zona Metropolitana, de los instrumentos de planeación metropolitanos, programas y proyectos específicos derivados ?

Artículo 73. Los recursos del Fondo solo se destinarán a cualquiera de las siguientes acciones:

I. Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo metropolitano, urbano y de movilidad no motorizada en el ámbito territorial metropolitano y para el ordenamiento de los asentamientos humanos?

II. Inversión en infraestructura pública y su equipamiento en materia de transporte público metropolitano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, entre otros rubros prioritarios?

III. Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente? y el impulso al desarrollo municipal, regional, urbano, social y económico de las zonas metropolitanas?

IV. Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía para la realización de obras, proyectos y acciones para el desarrollo de las zonas metropolitanas?

V. Realización de los instrumentos de planeación metropolitana y el Plan Anual de Inversión? y

VI. El funcionamiento de las instancias de coordinación creadas en la Zona Metropolitana.

Artículo 74. Para programas y/o proyectos de inversión en infraestructura, la propiedad del inmueble donde se ejecuten las obras debe ser pública, salvo en los casos en que el proyecto considere la adquisición de reserva territorial para la construcción de la obra en cuyo caso al finalizar la obra, el inmueble será parte del patrimonio de la entidad federativa donde se ubique, estableciendo que el uso de la misma será para el desarrollo metropolitano.

Artículo 75. Es responsabilidad de las instancias ejecutoras contar con todos los permisos vigentes, que sean necesarios para la ejecución de los proyectos.

Artículo 76. Para que las instancias de coordinación metropolitana estén en posibilidad de disponer de los recursos, será necesario:

I. Formular y presentar el Plan Anual de Inversión a la Secretaría y la Secretaría de Hacienda, puntualizando aquellos rubros presupuestales y programáticos que se reconozcan en la escala del Presupuesto de Egresos de la Federación, entendiéndose en clave de proyecto de presupuesto;

II. Presentar a la UPCP la solicitud de los recursos del Fondo acompañada de la Cartera, en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto?

III. Presentar a la UPCP copia de las Actas de la Junta, mediante las cuales se aprobarán los programas o proyectos para el ejercicio fiscal correspondiente? y

IV. Registrar el Expediente Técnico de los programas y proyectos en los formatos o en el sistema electrónico que para tal efecto establezca la UPCP.

Artículo 77. Los programas o proyectos deberán estar dictaminados técnicamente por la o las Comisiones que le corresponda.

Artículo 78. Para la asignación del Fondo Metropolitano, se deberá reunir la Secretaría, la UPCP y los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, con la finalidad de establecer una distribución equitativa de dicho fondo, distribución que se verá reflejada en el decreto de presupuesto de egresos de la federación.

Artículo 79. Para que la federación haga entrega de los recursos, la Junta de Coordinación Metropolitana deberá constituir un fideicomiso correspondiente denominado Fideicomiso Metropolitano, y elegir como fiduciario, preferentemente, a una institución de banca de desarrollo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, debiendo informar de la constitución y de sus actos de manera trimestral a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados

Artículo 80. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las instancias de coordinación de la Zona Metropolitana deberán contratar con la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la TESOFE, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos del Fondo.

Artículo 81. En el caso de que la zona metropolitana abarque dos o más entidades federativas, éstas comunicarán a la UPCP las proporciones, aprobadas por el Consejo, en que se les ministrarán los recursos.

En caso de no contar con esa información, la UPCP no entregara dichas cantidades, registrándose en su defecto como subejercicio.

Artículo 82. Las instancias de coordinación de la Zona Metropolitana deberán garantizar la participación de los municipios pertenecientes a las Zonas Metropolitanas, en la administración, ejercicio y vigilancia de los recursos del fideicomiso.

Artículo 83. El Gobierno Federal deberá entregar los recursos federales del Fondo a la cuenta específica correspondiente del Fideicomiso Metropolitano, de acuerdo a las fórmulas establecidas y aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 84. Una vez que los recursos del Fondo sean transferidos al patrimonio de los fideicomisos, será responsabilidad del Comité de dichos fideicomisos vigilar que el ejercicio de los recursos se realice bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 85. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales que se encuentren comprendidos en alguna de las zonas metropolitanas podrán destinar recursos de otras fuentes de financiamiento para la rea-lización de los estudios, análisis costo, programas y/o proyectos, siempre y cuando se especifiquen en la presentación del Programa o proyecto las acciones que se llevarán a cabo con los recursos del Fondo.

Artículo 86. En tales casos, se deberán establecer en el Fideicomiso Metropolitano cuentas específicas para la identificación, registro, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos de cada fuente de financiamiento, de acuerdo con su origen, naturaleza, aplicación, destino y resultados alcanzados.

Artículo 87. En la aplicación de los recursos presupuestarios federales, las instancias de coordinación de la Zona Metropolitana deberán observar las disposiciones jurídicas federales aplicables cuando se ejerzan en el marco de convenios específicos con dependencias o entidades paraestatales del ámbito federal.

Artículo 88. Para la aplicación de los recursos mediante convenios específicos que suscriban las entidades federativas con los municipios o demarcaciones territoriales u otros organismos o dependencias públicas locales, éstos asumirán el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos que se les proporcionen, como ejecutores de gasto, de acuerdo con los convenios que se celebren para tales efectos, en los términos de esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto, se deberá cumplir con lo siguiente:

I. El municipio, demarcación territorial u organismo público local establecerá una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la identificación de los apoyos recibidos y sus rendimientos financieros, y

II. Se deberá asegurar que las instancias de control y fiscalización competentes del Ejecutivo y del Legislativo, tanto federal como estatal, tengan total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos aplicados mediante dichos convenios.

Artículo 89. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de ejecución y gasto autorizado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del período otorgado para la aplicación de los recursos, la autorización para modificar dicho calendario, siempre que los proyectos hayan sido informados a la UPCP.

Artículo 90. La SHCP, la Secretaria y la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la H. Cámara de Diputados, registrarán los fideicomisos denominados Fideicomiso Metropolitano conforme al repertorio de zonas metropolitanas reconocidas por el Grupo Técnico Interinstitucional que indica esta Ley.

Artículo 91. La SHCP, la Secretaria y la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la H. Cámara de Diputados, podrá solicitar en cualquier momento el avance presupuestal o el avance del programa o proyecto para el que se hayan destinado los recursos del Fondo metropolitano.

Capítulo
Del Programa Anual de Inversión de la Zona Metropolitana

Artículo 92. El Programa Anual de Inversión de la Zona Metropolitana tiene por objeto la clasificación y sistematización del conjunto de recursos asignados en la coordinación metropolitana para la ejecución de los instrumentos de planeación, los proyectos específicos metropolitanos, así como la prestación intergubernamental de servicios y/o funciones públicas en virtud de un convenio específico.

Artículo 93. El Programa Anual de Inversión tendrá efecto para el cumplimiento de las obligaciones en materia de programación, cuenta pública y fiscalización conforme a la ley, y se ejecutará a través de los instrumentos financieros de derecho público vigente.

Artículo 94. El Programa Anual de Inversión será la base de las instancias de coordinación metropolitana para presentarse como proyectos de presupuesto ante la Secretaría y la SHCP, las secretarías, dependencias o ministerios responsables de las finanzas y presupuestos estatales y municipales, los Ayuntamientos, los Congresos de las entidades federativas y la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Artículo 95. El Programa Anual de Inversión será presentado por el Instituto a la Junta a partir de las propuestas y documentos de las comisiones y el Instituto.

La Junta aprobará por mayoría en lo general y en sus capítulos.

Si la Junta rechaza el proyecto general, el Instituto deberá presentar un nuevo proyecto en un término no mayor a 30 días naturales.

Los capítulos rechazados por mayoría deberán ser presentados en un término no mayor a 30 días naturales.

En caso de que no exista consenso, se presentará el Programa Anual de Inversión del año en curso, con las adecuaciones que exijan la Federación, la entidad federativa correspondiente y los Ayuntamientos en el seguimiento de objetivos, gasto y cuenta pública.

Artículo 96. La Secretaría coadyuvará a las instancias de coordinación metropolitana para la alineación de objetivos, procesos, metas, capítulos presupuestales y conceptos de gasto vinculados al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 97. La SHCP apoyará a las instancias de coordinación de las Zonas Metropolitanas que presenten su Programa Anual de Inversión, en lo concerniente a la estructura, conceptos de gasto, proyección de indicadores, programas de mediano plazo e inscripción al Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas y proyectos inscritos en el Programa Anual de Inversión.

Artículo 98. La Junta entregará el Programa Anual de Inversión aprobado a la Secretaría y la SHCP, las secretarías, dependencias o ministerios responsables de las finanzas y presupuestos estatales y municipales, los Ayuntamientos, los Congresos de las entidades federativas y la Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Artículo 99. El Programa Anual de Inversión deberá armonizarse con el Sistema Federal, Estatal y Municipal de Planeación del Desarrollo, así como en los sistemas de planeación urbana y asentamientos humanos y ordenamiento ecológico.

El Programa Anual de Inversión, en el marco de la armonización de la planeación, planteará en clave presupuestal el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, para vincular el ejercicio del gasto con los programas y proyectos, vinculados funcionalmente y respetando su respectiva autonomía, para llevar a cabo el proceso de planeación del desarrollo en forma coordinada y concertada.

Artículo 100. El Programa Anual de Inversión deberá fijar las bases y procedimientos para la debida rendición de cuentas en la administración financiera y recaudatoria de la Hacienda Pública municipal, estatal o federal; atender los mandatos del sistema de coordinación fiscal y de coordinación programático-presupuestal de las entidades federativas, la Federación y los municipios, así como el sistema de coordinación fiscal y de colaboración administrativa.

Artículo 101. Los alcances del Programa Anual de Inversión serán los siguientes:

I. Financiar materialmente aquellos proyectos, programas, instrumentos y servicios de las instancias de coordinación que se encuentren vigentes y en pleno cumplimiento.

II. Financiación de estudios, mesas de trabajo y propuestas de aquellas áreas de abarquen aspectos, materias, funciones, servicios públicos, potestades, competencias, atribuciones y facultades que son propicios para la concertación de intereses y la coordinación metropolitana para los tres niveles de gobierno.

III. Financiación de proyectos específicos metropolitanos en la gestión de proyectos estratégicos y proyectos de inversión.

IV. En el apoyo y colaboración para la alineación, coherencia e integración de los planes, programas, acciones y proyectos específicos metropolitanos, con los elementos constitutivos, metas, objetivos y evaluación de los planes e instrumentos de los sistemas estatal y nacional de planeación democrática.

V. Financiación para la elaboración y seguimiento del Programa de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el Mapa de Riesgos Metropolitano, y el Sistema de Información y Gestión Metropolitano, mediante la aportación de estudios y análisis específicos, la elaboración conjunta de diagnósticos, en la organización y desarrollo de consultas ciudadanas en las materias acordadas, materia de diseño, generación y aplicación de instrumentos de análisis e interpretación consultiva de aquellas materias de coordinación metropolitana que sean a su vez materias concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

VI. Creación de instrumentos financieros de derecho público, así como de instrumentos de regulación y aplicación de recursos federalizados y/o derivados de instrumentos de coordinación fiscal. Esto es: la integración de los anteproyectos de ingresos y de egresos de los planes y programas metropolitanos, procurando su debido registro en los ciclos de presupuesto, gasto, contabilidad y fiscalización de los municipios metropolitanos, de las entidades federativas y del Gobierno Federal, cuidando en todo caso que sean congruentes con sus objetivos y posibilidades de desarrollo, integrales respecto de las administraciones públicas municipal, estatal y federal, y que se apeguen a las normas aplicables en materia de presupuesto, contabilidad, fiscalización y transparencia.

VII. Instrumentos para realizar las estimaciones de ingresos fiscales provenientes de derechos, productos y aprovechamientos derivados del régimen de coordinación metropolitana, así como de las aportaciones del Gobierno Federal incluyendo las participaciones, en donde las instancias de coordinación metropolitana lo perciban en nombre propio, o derivado de convenios de coordinación fiscal y administrativa.

VIII. Acuerdos de colaboración con los órganos contralores de los municipios y las entidades federativas y el Gobierno Federal, para la definición de los procesos de armonización contable, gastos de operación, servicios generales, registros, almacenes, proveedores, adquisiciones, enajenaciones y otros asuntos de administración pública que requieran la congruencia con las normas aplicables a nivel estatal y municipal.

Artículo 102. El Programa Anual de Inversión será la base para instrumentos de coordinación fiscal, financiera y de administración de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

Título Cuarto Capítulo I
De los Ejes Rectores Metropolitanos

Artículo 103. Los ejes rectores para la coordinación y el desarrollo metropolitano son los siguientes:

I. El Medio Ambiente y la sustentabilidad, donde se deberá priorizar la conservación del medio ambiente utilizando preferentemente tecnologías sustentables, y buscando en todo momento la armonización de los ordenamientos locales a la metropolización para una mejor calidad de vida;

II. La Movilidad; en este eje debe de buscarse en todo momento beneficial un transporte público acorde a las necesidades de las metrópolis, prefiriendo el transporte colectivo sobre el particular, buscando en todo momento la sustentabilidad, la economía y la suficiencia;

III. La Infraestructura, este eje que se encuentra relacionado con los anteriores y buscara obras de infraestructura o equipamientos que beneficien la calidad de vida, vigilando los principios de sustentabilidad y economía, teniendo en cuenta el desarrollo metropolitano.

IV. La Seguridad Pública, eje que buscara que los municipios y los estados coordinan sus fuerzas para mitigar la inseguridad que como consecuencia del incremento poblacional se da en la Zonas Metropolitanas.

V. La Planeación, este eje vigilara y en su caso propondrá los planes de desarrollo metropolitano, buscando que a consecuencia de la metropolización, no se abandone el campo, implementado las medidas necesarias para mantener los centros de producción.

Artículo 104. Los programas, proyectos, convenios de coordinación y decisiones del Consejo deberán tener como principio cuando menos estos ejes.

Capítulo II
Del Medio Ambiente y la Sustentabilidad

Artículo 105. Para el desarrollo metropolitano se deberá considerar lo siguiente:

I. Establecer en las metrópolis la política de desarrollo integral, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población.

II. Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano.

III. Garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de los derechos humanos en forma integral e interdependiente.

Artículo 106. Para la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente de las metrópolis los integrantes de las Zonas Metropolitanas tendrán las siguientes obligaciones:

I. El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización e industrialización, desconcentración económica y poblamiento, en función del desarrollo sustentable del ambiente.

II. La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, atmósfera, fauna, paisaje, gea, fuentes energéticas y demás recursos naturales, en función del desarrollo sustentable.

III. La conservación de la diversidad biológica y la gestión ecológica racional de la biotecnología.

IV. La preservación del patrimonio cultural y el fomento y desarrollo de procesos culturales, enmarcados en el desarrollo sustentable.

V. La protección, preservación y gestión de los recursos hídricos y la prevención y control de inundaciones y anegamientos.

VI. La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas naturales protegidas de cualquier índole y dimensión que contuvieron suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas o no, rasgos geológicos, elementos culturales o paisajes.

VII. La sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo humano.

VIII. La formulación de políticas para el desarrollo sustentable, y de leyes y reglamentaciones específicas acordes a la realidad metropolitana.

IX. La regulación, control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar algunos de los bienes naturales protegidos por esta ley en el corto, mediano o largo plazo.

X. Los incentivos para el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas orientadas al uso racional de los recursos naturales y a la protección ambiental.

XI. La educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.

XII. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en las cuestiones ambientales.

XIII. La coordinación de las obras, proyectos y acciones, en cuanto tengan vinculación con el ambiente, considerado integralmente.

XIV. La promoción de modalidades de consumo y de producción sustentable.

XV. El desarrollo y promoción de tecnologías energéticas eficientes, de nuevas fuentes de energías renovables y de sistemas de transporte sustentables.

XVI. La debida regulación metropolitana sobre el control de la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.

XVII. El seguimiento del estado de la calidad ambiental y protección de áreas amenazadas por la degradación.

XVIII. La minimización de riesgos ambientales, la prevención y mitigación de emergencias ambientales y la reconstrucción del ambiente en aquellos casos en que haya sido deteriorado por acción antrópica o degradante de cualquier naturaleza.

XIX. La cooperación, coordinación, compatibilización y homogeneización de las políticas ambientales a nivel metropolitano, y la gestión conjunta de ecosistemas compartidos orientada al mejoramiento del uso de los recursos naturales, el control de la calidad ambiental, la defensa frente a emergencias y catástrofes y, en general, al desarrollo sustentable.

Artículo 107. Sera obligación de los integrantes de las Zonas Metropolitanas establecer en los municipios o demarcaciones territoriales sistemas de monitoreo de la calidad del aire su administración y reporte quedara sujeto a los acuerdos que el propio Consejo tome.

Artículo 108. Todas las obras de infraestructura de carácter metropolitano deberán contemplar un apartado de reforestación de cuando menos el 5% del monto total de la inversión, independientemente de las obras de mitigación ambiental.

Artículo 109. Todas las medidas de movilidad en las Zonas Metropolitanas deberán contemplar estudios de impacto ambiental y en su defecto las obras de mitigación.

Capítulo III
De la Movilidad

Artículo 110. La movilidad en las Zonas Metropolitanas tendrá como principio establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, asegurando el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Las Zonas Metropolitanas deberán sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este ordenamiento.

Artículo 111. Se considera de utilidad pública e interés general:

I. La prestación de los servicios públicos de transporte masivo y sustentable en las Zonas Metropolitanas;

II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad;

III. La señalización vial y nomenclatura;

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; y

V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio.

Artículo 112. Para el establecimiento de la política pública metropolitana en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;

II. Ciclistas;

III. Motociclistas;

IV. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

V. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

VI. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías;

VII. Usuarios de transporte particular automotor; y

VIII. Usuarios de transporte agrícola.

Artículo 113. Las Zonas Metropolitanas deberán implementar sus acciones en materia de movilidad, observarán los principios siguientes:

I. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna;

II. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.

III. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;

IV. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular;

V. Sustentabilidad. Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;

VI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos; y

VII. Armonización. Intervenir y opinar en las políticas de Desarrollo Metropolitano a fin de armonizar los ordenamientos locales en una planeación conjunta de la Zona Metropolitana.

Artículo 114. Se deberán establecer alternativas para una mejor utilización de las vialidades de manera conjunta en la Zona Metropolitana.

Artículo 115. En el consejo se priorizaran los planes de movilidad que tengan con finalidad e transporte masivo de pasajeros, con corredores metropolitanos.

Capítulo IV
De la Infraestructura

Artículo 116. Las obras de infraestructura o equipamiento de las Zonas Metropolitanas obedecerán a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

Artículo 117. Toda obra de equipamiento o infraestructura en las que se ocupen los fondos metropolitanos deberán ser por licitación pública nacional o internacional, sin que haya excepciones.

Artículo 118. El presidente de la comisión que de acuerdo a la materia le haya correspondido el Dictamen Técnico fungirá como dependencia convocante de la licitación y será en el cargado de emitir la convocatoria respectiva.

Artículo 119. De la comisión que de acuerdo a la materia que corresponda haya correspondido el Dictamen Técnico, deberá formarse una comisión en la que se incluya a los funcionarios del o los municipios a los que impacte la obra o equipamiento, con la finalidad de fungir como órgano vigilante de la licitación.

Artículo 120. Las bases de las licitaciones públicas para las obras de equipamiento o infraestructura contendrán como mínimo lo siguiente:

I. Nombre de la dependencia convocante responsable de la licitación;

II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; la fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las propuestas y comunicación del fallo;

III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de descalificación;

IV. Los requisitos mínimos para acreditar solvencia técnica y económica y los criterios para desechar posturas y para seleccionar al ganador de la licitación;

V. Las características técnicas mínimas de la obra;

VI. Proyecto técnico, salvo que conforme a las bases de la licitación el proyecto técnico sea criterio para seleccionar al ganador o deba ser elaborado por el ganador; y en el caso de servicios públicos, las especificaciones mínimas que deberá cumplir la propuesta;

VII. La información legal, técnica, administrativa y financiera necesaria para evaluar la propuesta, incluyendo, en su caso, tecnologías y calidades requeridas, salvo que estas cuestiones deban ser propuestas por los licitantes o su valoración sea criterio para seleccionar al ganador;

VIII. Las garantías que la Administración requiera de los licitantes, cuando sea procedente, las que ofrezca a este último o a los proveedores de financiamiento.

IX. Las medidas para mitigar el impacto urbano que en su caso puedan generarse.

X. Las demás que considere pertinentes la autoridad convocante.

Artículo 121. Los participantes en las licitaciones públicas deberán garantizar su solvencia y acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, además de satisfacer los requisitos previstos en las bases de licitación pública.

Artículo 122. El procedimiento de licitación se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo siguiente:

I. En la primera etapa, los participantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en dos sobres cerrados en forma inviolable por separado; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos;

II. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas. Los sobres que contengan las ofertas económicas serán firmados por los licitantes y los servidores públicos de la Dependencia convocante responsable de la licitación, y quedarán en custodia de ésta, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda etapa. Durante ese periodo, la Dependencia auxiliar responsable del concurso evaluará las propuestas técnicas para determinar si cumplen con todos los requisitos exigidos;

III. En la evaluación técnica se considerará la factibilidad técnica de la postura, su factibilidad para ser utilizada comercialmente y los costos de inversión, operación y mantenimiento relacionados con cada una de las alternativas tecnológicas que se presenten;

IV. La evaluación técnica deberá desechar a aquellas posturas técnicas que no sean factibles, y viables, o que comercialmente no sean convenientes a juicio de la Dependencia convocante por representar algún riesgo para los usuarios. El criterio de selección de posturas técnicas en esta etapa estará en función del menor costo de vida del proyecto, el cual incluirá los costos de inversión, operación y mantenimiento inherentes a las tecnologías propuestas;

V. En la fecha establecida se emitirá el fallo técnico donde se señalen los participantes que cumplieron con la evaluación técnica y los que fueron eliminados, levantándose el acta correspondiente;

VI. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa o en la evaluación de las mismas, y se dará lectura en voz alta a las propuestas contenidas en los documentos presentados por los licitantes;

VII. La evaluación económica deberá considerar la viabilidad financiera de la propuesta, así como la consistencia de la información presentada. Las posturas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas, y

VIII. El licitante ganador será elegido de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación las cuales asegurarán las mejores condiciones.

Artículo 123. La proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante diez días hábiles a partir de que se haya pronunciado el fallo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 124. Se declarará desierta la licitación y, de ser necesario, se procederá a expedir una nueva convocatoria cuando ninguna de las proposiciones presentadas cumpla con las bases del concurso o por la detección de vicios en la aplicación del procedimiento que marca esta Ley.

Artículo 125. Los participantes inconformes con el fallo podrán promover ante el órgano de control respectivo el recurso que corresponda o promover algún medio de defensa legal.

En caso de que los participantes inconformes interpongan algún recurso o medio de defensa legal en contra del fallo, sólo procederá la suspensión de la adjudicación correspondiente siempre que así lo solicite por escrito el recurrente y que garantice mediante fianza los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la Zona Metropolitana o al tercero, cuyo monto será fijado por la autoridad que conozca del medio de defensa respectivo, cuyo monto nunca será inferior al 20% ni superior al 50%, del valor del objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la suspensión.

Artículo 126. La Dependencia convocante que lleve a cabo el procedimiento de licitación será la responsable en todo momento de llevar a cabo dicho procedimiento conforme a lo establecido en esta Ley, y serán corresponsables las dependencias coadyuvantes si las hubiera.

Artículo 127. Todas las obras o equipamientos que de acuerdo al presente capitulo se contraten deberán tener en cuenta las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, cuando menos en caso de luminarias la tecnología conocida como Led y su alimentación deberá ser mediante celdas solares, así mismo en el caso de servicios sanitarios deberán utilizarse los mingitorios de los llamados secos y los sanitarios ahorradores de agua.

Capítulo V
De la Seguridad Pública

Artículo 128. Los Estados y los Municipios integrantes de las Zonas Metropolitanas, en el ámbito de su competencia y en los términos de los convenios de coordinación metropolitana descritos en la presente Ley, deberán coordinarse para:

I. Integrar el Sistema Nacional de Seguridad Publica y cumplir con sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica;

IV. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

V. Homologar los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

VI. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

VII. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

IX. Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos;

Capítulo VI
De la Planeación

Artículo 129. El objetivo de la planeación metropolitana es que los integrantes de cada una de las Zonas Metropolitanas se coordinen con la finalidad de elaborar y someter al pleno de su Consejo los planes y programas de cuando menos los siguientes puntos:

I. El plan de ordenamiento territorial metropolitano;

II. El programa de desarrollo metropolitano y los proyectos específicos derivados del mismo;

III. El mapa de riesgo metropolitano; y

IV. Los demás instrumentos de planeación y programación derivados de las áreas sujetas a coordinación metropolitana, en los términos del convenio respectivo.

Artículo 130. La planeación metropolitana tendrá como base el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las Zonas Metropolitanas.

Artículo 131. Los planes de desarrollo metropolitano, deberán privilegiar el transporte público masivo, sobre el transporte particular, estableciendo planes y programas de renovación vehicular simultáneos en la Zona Metropolitana que corresponda.

Título Quinto Capítulo I
De la Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 132. Los planes, programas y proyectos integrados y ejecutados en escala metropolitana, deberán desarrollar un ciclo hacendario completo, tomando como base la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en un documento global, y entregarse a las contrapartes de los tres niveles de gobierno con las siguientes características:

I. Ser único, uniforme e integrador;

II. Integrar en forma automática la operación contable con los presupuestos públicos de acuerdo con lo siguiente;

a) En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

b) En lo relativo al ingreso, estimado, modificado, devengado y recaudado.

III. Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;

IV. Registrar las transacciones de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;

V. Permitir la integración automática entre los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas; y el catálogo de bienes;

VI. Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;

VII. Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria, económica y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;

VIII. Estar estructurado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; y

IX. Sustentar los registros que se efectúen de las operaciones contables y presupuestarias con la documentación original que las compruebe y justifique.

Artículo 133. Por cuanto hace a los fondos del fideicomiso serán las instancias ejecutoras del gasto los responsables de la integración de los Expedientes Técnicos correspondientes y de la veracidad de la información contenida en ellos.

Artículo 134. Las entidades federativas e instancias ejecutoras deberán realizar, de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda en los términos de las disposiciones aplicables? que permitan acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados.

Artículo 135. Las entidades federativas e instancias ejecutoras asumirán, plenamente y por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos.

Artículo 136. Los recursos que se otorguen a las entidades federativas relativas a la asignación del Fondo Metropolitano no perderán el carácter federal, por lo que las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable.

Artículo 137. Las entidades federativas y los municipios que ejerzan recursos del Fideicomiso metropolitano deberán incluir, en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presenten al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados por concepto de Zona Metropolitana y la naturaleza de dicho recurso, desglosando dichos conceptos en un capitulo por separado.

Artículo 138. Las entidades federativas y los municipios integrantes de cada Zona Metropolitana deberán tener una página de Internet exclusiva y de fácil acceso para la Zona Metropolitana donde se publicará de manera trimestral, la información relativa a:

I. La descripción de la obra, monto, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, y

II. El Fideicomiso:

a) Estado de posición financiera,

b) Saldo o disponibilidad al inicio del periodo que se reporta?

c) Ingresos?

d) Rendimientos financieros?

e) Egresos desglosados por concepto o tipo de gasto?

f) Saldo o disponibilidad de los recursos federales al final del periodo que se reporta?

g) Destino y resultados alcanzados con los recursos? y

h) Avance en el cumplimiento de la misión, objeto y fines del fideicomiso.

Así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 139. Cuando sea requerida por la SHCP, la SFP o la ASF, la Secretaría de Finanzas o su equivalente en las entidades federativas presentará la documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y erogaciones realizadas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la SFP, realicen la Secretaría de Contraloría o su equivalente en las entidades federativas.

Artículo 140. La Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Honorable Cámara de Diputados, podrá solicitar cualquier información respecto de los proyectos de las Zonas Metropolitanas que sean financiados total o parcialmente con recursos federales, requerimiento que deberá ser atendido en un término no mayor a quince días hábiles contados a partir de su recepción.

Capítulo II
De las Sanciones

Artículo 141. Para el caso del incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley en el caso de ejercicio de recursos federales será a través de la SHCP que iniciaran las acciones correspondientes.

Artículo 142. Respecto de los procesos de licitación será el órgano de control de la entidad federativa quien con base en los hechos y las disposiciones de la presente ley ejecute las acciones necesarias.

Artículo 143. En caso de existir subejercicio de cuando menos el cinco por ciento de la asignación del Fondo, la SHCP será la responsable de iniciar el procedimiento que al respecto corresponda y reducirá por dos ejercicios fiscales hasta en un veinte por ciento los recursos de dicha Zona Metropolitana.

Artículo 144. El incumplimiento de los objetivos metropolitanos podrá ser causa de exclusión de la unidad de gobierno responsable, o la suspensión temporal de la Junta de Coordinación de la Zona Metropolitana en el esquema nacional.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero de 2017.

Segundo. Por lo que hace a la materia presupuestal, el Ejecutivo Federal deberá contemplar la presente en el decreto de Presupuesto de Egresos 2017.

Tercero. Las entidades federativas y los municipios integrantes de las Zonas Metropolitanas tendrán 120 días a partir de su entrada en vigor para instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano y constituir el Fideicomiso Metropolitano.

Cuarto. Las entidades federativas y los municipios integrantes de las Zonas Metropolitanas tendrán 12 meses para hacer las adecuaciones normativas necesarias en sus legislaciones conforme a la presente Ley.

Notas:

1 Definición del libro Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. Conapo, Sedesol, Inegi.

2 Criterios utilizados en la Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. Conapo, Sedesol, Inegi.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a los doce días del mes de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Salvador Zamora Zamora,Alicia Barrientos Pantoja, Jonadab Martínez García, José Clemente Castañeda Hoeflich, María Candelaria Ochoa Avalos, Mirza Flores Gómez, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pablo Basañez García, René Cervera García, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Desarrollo Metropolitano, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Mirza Flores. Sí, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Buenos días, señor presidente. Quiero solicitarle que me permita adicionarme a esta iniciativa a mi compañero, el diputado Salvador Zamora. Es una iniciativa de una ley de mucha vanguardia porque lo que necesita hoy por hoy nuestro país es deslindar o generar apoyos a las municipalidades, que muchas veces están tan olvidadas o no tienen las facultades para poder poner orden en sus ciudades.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Diputado Zamora.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Por supuesto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Zamora manifiesta su aquiescencia para que pueda ser suscrita.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Delgadillo, por favor. Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que mi compañera, para pedir la solicitud a mi compañero Salvador Zamora de sumarme a su iniciativa por considerarla muy conveniente para la realidad de nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Zamora reitera su disposición para que así sea, y está aquí a disposición igualmente para quienes quieran suscribir la iniciativa presentada.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada –a ver si lo logramos, lo dudo porque va a presentar cuatro iniciativas en una sola intervención–, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo. Son cinco minutos, ahorita. El nombre, decía, de Hermila Galindo Acosta.

Igualmente, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Elvia Carrillo Puerto. También para presentar iniciativa... permítame, todavía no termino de leer las que va a presentar.

Igualmente, decía, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita ésta también por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Plascencia nos dice que también iba a presentar una quinta iniciativa, que se refiere a reformar los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, y se adicionan los artículos 55 Bis, 59 Bis, 59 Ter y 59 Quater, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, suscrita por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y la totalidad de los integrantes de la Comisión homóloga del Senado de la República. Adelante entonces, diputada.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:Gracias, presidente. El pasado 24 de abril, al grito de Viva nos queremos, miles de mujeres salimos en más de 27 ciudades para exigir una vida libre de violencia, a la cual tenemos derecho.

Desde esta máxima tribuna del país y como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, les reitero mi compromiso a todas las peticiones, un compromiso inalienable y un compromiso también solidario con cada una de las demandas.

Como ya lo manejó el presidente de la Mesa Directiva, el motivo de estar el día de hoy en esta tribuna es para presentar cinco iniciativas en un tiempo máximo de tres minutos; la primera y cada una de ellas van en relación con el cumplimiento de cada una de las recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado mexicano.

La primera, es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59 y se adiciona el artículo 55 Bis, 59 Bis, 59 Ter y 59 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta iniciativa la suscribimos todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de diputadas y diputados y también todas las integrantes del Senado de la misma comisión. Va relacionada en fortalecer y garantizar los servicios de atención para las víctimas que están en refugios de esta atención.

La segunda y tercera iniciativa van en relación con visibilizar el gran trabajo de dos grandes mexicanas que fueron pioneras en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y que queremos verlas en este momento en esta legislatura en el Muro de Honor de esta Cámara de diputadas y diputados, me refiero a la gran Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del mayab y me refiero también a la gran Hermila Galindo Acosta, primera mujer que le exigió al Constituyente de Querétaro que las mujeres tuviéramos el derecho para votar y para ser votadas.

Sin estas dos grandes mujeres en la historia de nuestro país difícilmente hoy tendríamos 212 diputadas representadas en esta Cámara, en esta LXIII Legislatura.

La cuarta iniciativa es en relación con un proyecto de decreto para reformar la fracción III del artículo 17 y el último párrafo del artículo 28, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que también está correlacionado con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo Código Penal y esto en relación con las órdenes de protección, para que estas sean expedidas en un tiempo que garantice la seguridad de las víctimas, pero que también no dejemos ninguna laguna legal para que estos criterios queden establecidos, tanto el Comité de la CEDAW como diversos organismos internacionales se cumplan.

La siguiente iniciativa es con el afán de crear en esta Cámara de diputadas y diputados un reconocimiento acorde a la lucha y a la valía de una gran mujer, que desde hace 100 años pidió que las mujeres tuviéramos el derecho para votar y ser votadas.

En esta Cámara no contamos con un reconocimiento que vaya enfocado a reconocer el trabajo de organizaciones civiles de mujeres en la lucha por los derechos de las mujeres, por eso es que propongo a esta soberanía que sea creado el reconocimiento a Hermila Galindo Acosta y que este pueda ser entregado el día 17 de octubre del presente año, para las mujeres más destacadas en la lucha para los derechos humanos de las mujeres, en el aniversario del sufragio femenino de nuestro país.

Y en relación a mi participación, no quiero pasar de dejar a un lado un tema que es muy importante, como jalisciense, como mujer y como Comisión de Igualdad de Género en esta máxima tribuna del país, en la Cámara de diputadas y diputados, extender un gran reconocimiento a la primera mexicana, engañar la Medalla de Oro en la Olimpiada Europea Femenil, y nos referimos a nuestra compañera, a nuestra gran mexicana jalisciense Olga Medrano Martín del Campo, orgullosamente jalisciense y que solicitamos que en esta Cámara le sea invitada como testigo de honor en el próximo periodo legislativo. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por legisladoras de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas Laura Nereida Plascencia Pacheco, Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Mazo, Érika Araceli Rodríguez Hernández, Carmen Salinas Lozano, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, María Verónica Muñoz Parra, Flor Estela Rentería Medina, María Soledad Sandoval Martínez, Guadalupe González Suástegui, Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Ávalos, Angélica Reyes Ávila, Hortensia Aragón Castillo, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón, Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López, Karina Padilla Ávila, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Concepción Villa González, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Sandra Luz García Guajardo, Gabriela Cuevas Barrón y Pilar Ortega Martínez, diputadas y senadoras integrantes de los diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, y se adicionan los artículos 55 Bis, 59 Bis, 59 Ter y 59 Quáter, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La visión de la Comisión de Igualdad de Género y de la Comisión para la Igualdad de Género de esta LXIII legislatura, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, ha sido la de impulsar la modificación del marco legal en aras de consolidar las acciones institucionales y de la sociedad civil para fortalecer las respuestas que tengan como fin o resultado el proteger los derechos de las mujeres, promover su acceso a la justicia y establecer acciones que garanticen el cumplimiento de los instrumentos nacionales de protección a las mujeres y niñas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), misma que enfatiza que la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y social, así como para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. Asimismo dicha Convención establece en su artículo 8, inciso D, que los Estados Parte tendrán que adoptar medidas para ello tales como los refugios con la finalidad de garantizar la protección de las mujeres.

Derivado de este sustento jurídico y de la realidad actual de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia y su limitado acceso a la justicia y al debido proceso, la presente propuesta va encaminada a realizar algunas modificaciones legales para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y al marco constitucional del Estado Mexicano, coadyuvando con la sociedad civil, quien ha demostrado ser impulsora para crear espacios de prevención, atención y protección, como son los Refugios en el país.

La presente iniciativa busca que se garantice la prestación de servicios integrales y brindar certeza jurídica a la operación de estos espacios, es por ello que la presente propuesta la presentamos en conjunto, Diputadas y Senadoras, con la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR), compartiendo las voces de las mujeres víctimas en sus demandas, anhelos y necesidades.

En este orden de ideas encontramos que la creación y operación de los refugios en México, tiene su antecedente desde la década de los 90´s, impulsados por Organizaciones de la Sociedad Civil para proporcionar servicios que protegieran a las mujeres; ante la ausencia de mecanismos institucionales para hacerlo y por la exigencia de diversos organismos internacionales que señalaron la grave situación de violencia y el contexto feminicida que prevalecía, principalmente en Ciudad Juárez, que años más tarde derivó en la sentencia del “Campo Algodonero”, una de las más importantes que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Los dos primeros refugios en nuestro país fueron creados en 1996 en la ciudad de Monterrey y Aguascalientes, por organizaciones de la sociedad civil creadas para brindar apoyo moral, emocional, jurídico, médico y psicológico a personas en situación de violencia familiar y por razones de género. En 1999 se creó la RNR, con el propósito de unir esfuerzos y buenas prácticas para atender a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.

El contexto de violencia que prevalecía en esas fechas fue bien documentado por las primeras dos encuestas que midieron científicamente las violencias que sufren las mujeres, principalmente en las relaciones de pareja.

En el caso de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2003 (ENDIREH 2003), la cual constituyó la primera encuesta nacional que se levantaba en México y América Latina, realizada en los hogares.

Entre los principales resultados encontrados figuran las siguientes prevalencias de violencia contra ellas por parte de su pareja, ejercida en los 12 meses anteriores a la encuesta:

• De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44%reportó algún incidente de violencia emocional, física o sexual.

• De este 44% más de la mitad padece al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica.

• El 35.4%de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional.

• El 27.3%de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia económica.

• El 9.3%de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia física.

• El 7.8%de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual.

Ante ese escenario y dada la lucha de activistas y organizaciones de la sociedad civil, en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV), la cual consideró la creación de Refugios para Mujeres víctimas de violencia como un espacio físico donde se brindará protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata.

La citada ley incorporó estándares internacionales de derechos humanos, así como la perspectiva de género contenida en la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, las cuales instauran la obligación del estado parte para otorgar medidas que garanticen la seguridad de las mujeres, enunciando como parte de ellas la posibilidad de ingreso a un refugio.

De esta forma es que los artículos 54 al 57 de la LAMVLV establecieron toda la conceptualización de lo que hoy conocemos como refugios para mujeres, misma que a la letra cita lo siguiente:

Artículo 54.- Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género:

I.Aplicar el Programa;

II.Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;

III.Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IV.Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita;

V.Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención;

VI.Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y

VII.Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos.

Artículo 55.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Artículo 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I.Hospedaje;

II.Alimentación;

III.Vestido y calzado;

IV.Servicio médico;

V.Asesoría jurídica;

VI.Apoyo psicológico;

VII.Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;

VIII.Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, y

IX.Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

Artículo 57.- La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.

Artículo 58.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

Artículo 59.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

Sin embargo, y no obstante estas disposiciones, a casi diez años de promulgada la ley, la RNR ha documentado y constatado que:

1. La respuesta institucional ha sido insuficiente;

2. Se ha invisibilizado el trabajo de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia que realizan los refugios y los centros de atención externa;

3. Existe una ausencia de normas oficiales para la creación y operación de los mismos;

4. Los recursos son insuficientes para una actividad tan estratégica como la que desempeñan los refugios, ya que sólo se otorgan recursos para la operación durante ocho meses, y los criterios para su otorgamiento se basan en criterios de discrecionalidad en ausencia de reglas de operación.

Al respecto, el Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), en su trabajo “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”, señaló que:

En México operan actualmente 72 Refugios, de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR).

El objetivo del trabajo de investigación realizado por Fundar se centró en tres aspectos relevantes:

1. Describir el papel de los refugios en la atención a las víctimas de violencia familiar en México;

2. Analizar la inserción de los refugios en la política pública de atención a la violencia familiar en México con especial énfasis en el financiamiento público, y

3. Contribuir a mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la política pública de atención a la violencia familiar.

Una parte relevante de la investigación resultó ser la constatación de que los refugios reciben recursos financieros de diversas fuentes públicas y mediante procedimientos diversos, lo que en realidad dificulta la operación de los mismos.

Por otra parte las conclusiones y propuestas revelan las marañas programáticas y legales en las que se ven envueltas las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos, que operan estos refugios, para lograr acceder con oportunidad a los recursos y que les permita lograr cumplir a cabalidad la responsabilidad del estado mexicano para con las mujeres víctimas de violencia, ya que son estas instancias y estos esfuerzos los que auxilian al estado a responder a estas violencias.

En síntesis, las recomendaciones y propuestas del diagnóstico señalaron lo siguiente:

a) La obligación del estado para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Señalan que es necesario cuestionar y reflexionar en torno a las acciones de prevención, de sensibilización a funcionarios públicos y de visibilización de la violencia doméstica que el Estado mexicano está realizando para evitar que las mujeres sigan acudiendo a los refugios. Y eso por supuesto debe incluir las medidas presupuestales y programáticas que haga asequible el acceso a los recursos con oportunidad. Se debe avanzar más en evitar la normalización de la violencia doméstica como un acto entre parejas o privados en la sociedad mexicana y más como un tema de derechos humanos.

b) La necesidad de visibilizar a los refugios en la política pública de atención a la violencia doméstica.

Manifiestan que a pesar del enfoque integral que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la práctica muestra que los refugios no están suficientemente visibilizados dentro de la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Lo anterior se refleja en la nula alusión de los refugios para mujeres víctimas de violencia dentro de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo lo que genera una desatención institucional para las estrategias de atención a la violencia contra las mujeres. Señalan que sobre el funcionamiento de refugios, no ha habido cambios sustantivos en la política pública para los refugios.

c) Los retos para la sustentabilidad de los refugios en la actual política pública de atención a la violencia doméstica.

En el estudio se observó que existen cuatro programas presupuestario sin conexos de corto plazo, ejecutados por diferentes instancias, bajo distintas reglas de acceso y a partir de las prioridades que cada instancia adopta. Esto implica enormes desafíos para la sustentabilidad de la operación los refugios, ya que la forma en la que está planteado el acceso a estos programas genera incertidumbre sobre el financiamiento para el siguiente año. De ahí que se concluye que el Estado, como diseñador y ejecutor responsable de una política pública para servicios de atención, como los refugios, debiera garantizar la sustentabilidad de los refugios con esquemas de financiamiento que aseguraran el acceso a recursos de manera accesible, transparente y bajo mecanismos de rendición de cuentas. No puede ser posible que el funcionamiento de los refugios dependa en 90% del financiamiento que proviene del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysr) dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno federal. No obstante, es el programa presupuestario que registró una disminución real de recursos en los últimos años, y presenta importantes retrasos en las ministraciones y los criterios de asignación de recursos no son transparentes.

d) La falta de coordinación en la distribución de recursos de los diferentes programas presupuestarios a nivel estatal.

Que la ausencia de una estrategia global para el financiamiento a la operación de los refugios se hace evidente si se analizan las diferentes convocatorias en conjunto. El hecho de que hay estados sin refugios clasificados de tal manera o que no cuentan con refugios que reciban apoyo mediante la convocatoria del Cnegysr, resulta incomprensible ante la alta incidencia de violencia en todos los estados. La estrategia para mejorar la distribución de refugios a nivel estatal está ausente. Es posible constatar que en cada una de las convocatorias los montos varían mucho por estado.

e) Retos institucionales para implementar el modelo ecológico de atención a la violencia.

El mapeo de la política pública para la atención a la violencia doméstica para el funcionamiento de los refugios mostró que existe una falta de articulación de las dependencias que participan en la atención integral de las mujeres que han sobrevivido violencia familiar. La visión integral propuesta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pierde en la implementación, entre otras cosas, por la confusión de las responsabilidades, el trabajo atomizado y limitado a los ámbitos de acción de dichas instancias y la falta de herramientas adecuadas para ponerlo en práctica. Una Ley que parte de un modelo ecológico requiere para su implementación trabajar al mismo tiempo en distintos niveles y de forma.

Por último, deseamos destacar que el comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, señaló en la recomendación CEDAW/C/MEX/CO/7-8, numeral 19 inciso e), que:

Es preciso: “Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y...”

Por otra parte, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 2011, en la que se amplían los derechos de las personas en un nuevo esquema constitucional, a través del reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro personacomo rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas; trae consigo la obligación expresa de observar los tratados internacionales y regionales firmados por el Estado, en los que se reconocen los derechos humanos y con ello garantizar el pleno ejercicio de los mismos.

Bajo esta tesitura el artículo 1° constitucional, tiene importancia trascendental debido a que incorpora conceptos novedosos para el constitucionalismo mexicano, precisamente el párrafo tercero de dicho precepto, contempla las obligaciones del Estado, en materia de derechos humanos, al establecer lo siguiente:

“Artículo 1°. .....

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

De lo que se advierte un complejo sistema de interpretación, aplicación e implementación de los derechos humanos, dirigidos a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto federales como locales, además de los órganos públicos autónomos del país que ponen énfasis en los derechos pero que también contiene un sofisticado mecanismo para el análisis y la implementación de los derechos y sus obligaciones a partir de ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar el disfrute de los derechos.

De este párrafo tercero deriva:

a) La obligación a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos;

b) El establecimiento en el marco constitucional de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales deben ser interpretados y aplicados en correlación al establecimiento de las obligaciones del Estado referidas en el inciso anterior; y

c) Lo que debe hacer el Estado mexicano cuando se presente una violación a esos derechos y aun antes de esa violación, prevenir, investigar, sancionar y reparar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, proponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, y se adicionan los artículos 55 Bis, 59 Bis, 59 Ter y 59 Quáter, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación contará con un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la Norma Oficial Mexicana para Refugios, la cual deberá ser desarrollada por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Red Nacional de Refugios, A.C. Siendo el Instituto Nacional de las Mujeres la instancia encargada de su monitoreo y seguimiento.

Notas:

1 En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México y significo un hito en la lucha feminista por el reconocimiento del feminicidio como un delito.

2 “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. El diagnóstico completo puede consultarse en

http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/ Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf.

3 Los primeros estudios, de manera sistematizada, sobre la violencia de género, lo constituyeron la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2003, que fue elaborada por el Inegi, el Inmujeres y Unifem, y la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres elaborada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Si bien se ha cuestionado la disparidad en cuanto a los datos aportados por ambos estudios, las mismas han seguido siendo elaboradas de manera periódica por las instituciones antes mencionadas y hoy por hoy son referente indiscutible para dimensionar las múltiples violencias que sufren las mujeres.

4 Los datos e información de la ENDIREH 2003 se encuentran disponibles en diversas fuentes electrónicas. En particular:http://www.inmujeres.gob.mx/dgpe/vidasinviolencia/reto/index.htm.

5 Definición proporcionada por la Red Nacional de Refugios, la cual está disponible en

http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-refugio.html02 de abril de 2016.

6 Texto consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm el día 02 de marzo de 2016.

7 El diagnóstico completo puede consultarse en http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexic o-fundar.pdf.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Ibídem. Página 50 del Diagnóstico.

11 El documento integro puede consultarse en http://cedoc.inmujeres. gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Mazo, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Guadalupe González Suástegui, Karen Orney Ramírez Peralta, María Candelaria Ochoa Ávalos, Angélica Reyes Ávila, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Hortensia Aragón Castillo, Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López, Flor Estela Rentería Medina, Concepción Villa González, María Bárbara Botello Santibañez (rúbricas).; senadoras: Anabel Acosta Islas, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Gabriela Cuevas Barrón, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Martha Elena García Gómez, Pilar Ortega Martínez, Sandra Luz García Guajardo, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Ceballos Llerenas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Plascencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DE HERMILA GALINDO ACOSTA

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

“Si practicas la equidad, aunque mueras no perecerás”: Lao-Tsé.

La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 262 y undécimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Reconocer a las mujeres en los procesos históricos en que se han desarrollado las sociedades es una asignatura pendiente.

La historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo de las bélicas [...] Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas o bien de contramodelo para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos hacer.*

En este sentido, considero fundamental contar la historia de Hermila Galindo Acosta. Mujer excepcional que entendió, antes que nadie, que nuestro país necesitaba un cambio profundo que incorporara, en nuestro sistema jurídico y en la realidad social y política, a las mujeres como personas sujetas plenas de derechos.

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso feminista de México, realizado en Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia “La mujer del porvenir”, la cual encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes.

Hermila afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y al reconocimiento de sus derechos sexuales.

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna, medio que promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres, en un contexto de justicia.

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores.

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los postulados de la Constitución.

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Antes y durante los debates del Constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político-electorales.

Antes se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria particular de Venustiano Carranza.

Venustiano, sabiendo de su gran capacidad política, la nombró su representante en Cuba y Colombia, donde Galindo se hizo cargo de difundir la doctrina internacional del gobierno, haciendo gala de su excelente oratoria.

Cuando Carranza ascendió al poder, Galindo tuvo la oportunidad de presentar una propuesta para que la nueva Carta Magna incluyera los derechos políticos de las mujeres por los que había luchado y propuesto en otros congresos y foros en todo el país. Sin embargo el voto femenino no estuvo en la agenda de los constituyentes, lo que constituyó un desengaño para Hermila Galindo, quien confiaba en que la revolución garantizaría los derechos políticos de las mujeres.

La desilusión de Galindo tuvo también como antecedente la promesa de Venustiano Carranza de restablecer la igualdad entre las y los mexicanos y la efectividad en el pleno goce de sus derechos ante la ley, sin embargo no incluyó a las mujeres.

Pero pese a esta decepción, en 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral.

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 y 1930, y abrió la puerta para que muchas de las mujeres que hoy estamos aquí en este espacio de representación popular, hayamos contendido en clima de mucho mayor tolerancia y apertura, ya que ella y otras mujeres de esta época, como Elvia Carillo, construyeron los cimientos, hace 100 años, de lo que hoy conocemos como paridad de género en la ley electoral.

Quiero manifestar que Hermila Galindo fue reconocida en múltiples ocasiones por distintas instituciones, derivado principalmente por su amor a este país, por su amor a sus semejantes y por amor sororal a las mujeres.

En 1952 fue nombrada la primera mujer congresista en el gobierno de Ruiz Cortines. También, el 7 de febrero de 1940, Hermila Galindo recibió la condecoración al Mérito Revolucionario, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la unificación de Veteranos de la Revolución por los servicios prestados al movimiento durante el primero y segundo períodos: Comprendidos del 19 de noviembre de 1910 al 15 de mayo de 1911 y del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914.

Hay que decir que con sus logros en el ámbito de la política, Hermila consiguió mostrar de manera pública que las mujeres podían y debían ser elegidas para ocupar puestos públicos. Antes impensable en ese tiempo pues se les atribuía, incluso todavía hoy en muchos espacios, características como la bondad, la sumisión, la entrega y la disposición, las cuales las situaron, principalmente, como especialistas en el cuidado y atención de las hijas e hijos, confinadas solamente al espacio doméstico.

El papel estratégico y la trascendencia política, social y cultural de Hermila, radica en la apertura de espacios que se creían exclusivamente masculinos para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas, comprometidas con la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la inclusión de estos en la Constitución Política Mexicana.

Galindo concibió México como un espacio plural, incluyente y democrático donde la participación y voz de las mujeres debía ser, en estricta justicia, incorporada.

El 13 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió la reforma de los artículos 34 y 115, fracción I, constitucionales. Por el primero, se otorgó plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana. Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953.

Hermila Galindo, la primera progresista, vio culminada su lucha por el voto de las mexicanas en la Constitución, en 1953.

Hermila Galindo Acosta murió a los 58 años de edad, el 18 de agosto de 1954, en la Ciudad de México, un año después de la aprobación del derecho al voto de las mujeres. El pueblo de Lerdo y el gobierno le hicieron justicia y develaron un busto en la Plazuela Juárez de Lerdo, evento llevado a cabo dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Rosario Topete Galindo, hija de la desaparecida Hermila Galindo, dijo: “Luchó por la mujer; murió como vivió: Con sus ideales, con sus anhelos y sus ambiciones, pegada a la máquina de escribir”.

Por último, deseo señalar que Hermila fue una pionera del movimiento feminista en México, luchadora social, oradora por excelencia, maestra y periodista que durante su vida encontró en la defensa de los derechos de las mujeres el aliciente que condujo su vida y su trayectoria política.

Murió, y a pesar de que ninguna calle, parque o lugar público lleva su nombre, salvo Lerdo, cada vez que una mujer emite su voto, se le rinde un sublime homenaje a su lucha.

Fue una mujer adelantada a su tiempo que iluminó el camino de todas las que continuarían la lucha.

Hermila es motivo de inspiración y motivación para muchas de las que hoy estamos aquí.

La propuesta que hago ante ustedes será una forma de rendirle un homenaje a ella, quien junto con muchas otras, cimentaron las bases del trabajo legislativo, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Por lo anterior propongo al pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre de Hermila Galindo Acosta.

Transitorios

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

* Uno de los objetivos de la tertulia feminista Les Comadres es dar a conocer y recuperar personajes femeninos a quienes la historia oficial no ha otorgado el reconocimiento merecido o bien ha relegado al olvido. Por ello, en 2002 organizamos el ciclo de conferencias La otra historia,donde se rescataban las figuras históricas de mujeres del mundo antiguo y medieval. Texto disponible en http://www.comadresfeministas.com/publicaciones/libros/otrahistoria.htm

Referencias bibliográficas

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Gobierno de Yucatán. Primer Congreso Feminista en México, México: Gobierno de Yucatán, 160 páginas, 1916.

Hermila Galindo. “Las mujeres en el ideal político y las viejas en el enredo y el chisme”, en La Mujer Moderna 1, número 8, México, 7 de noviembre de 1915, páginas 2 y 3.

Hermila Galindo. “La mujer en el porvenir”, obra citada, página 198.

Referencias electrónicas

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/ hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/56354

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/ cont/5/pr/pr5.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, María Bárbara Botello Santibañez, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DE “ELVIA CARRILLO PUERTO”

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvia Carrillo Puerto, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La igualdad de género ha de ser una realidad vivida.

Michelle Bachelet.

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 262 y undécimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Elvia Carrillo Puerto fue una mujer extraordinaria que inscribió su nombre en los anales de la historia de nuestro país.

Feminista y líder, promotora de liderazgos de mujeres, Elvia, fue de los trece hijos de Adela Puerto Solís y Justiniano Carrillo Pasos. Nació en la ciudad de Motul, Mérida, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878.

Por sus orientaciones y filosofías revolucionarias, Elvia sería también recordada como “La Monja Roja del Mayab”.

Ella nace en una etapa de gran convulsión social en nuestro país, caracterizada por el incremento en la cantidad de peones viviendo en las casas de las hacendados henequeneros de Yucatán.

En esos tiempos, aproximadamente, 1,200 haciendas eran de dueños cuyos latifundios cubrían entonces alrededor de un millón de hectáreas, propiedad que se concentraba en unas 800 familias.

La condición de peones que trabajaban en las haciendas henequeneras es más que paupérrima. Los patrones les exigían horas de trabajo cada vez más largas y les vendía en “tiendas de raya” los productos básicos necesarios para su supervivencia a precios cada vez más elevados, lo cual aumenta su deuda hereditaria para con el patrón, perpetuando de facto un sistema de esclavitud. Abolida casi 100 años antes.

Fueron estas circunstancias sociales las que provocaron en Elvia y en Felipe, su hermano, indignación, aun y cuando habían crecido en una familia de clase media baja, y se turnaban para ayudar a su padre y madre en la miscelánea de su propiedad.

Los hermanos aprendieron sus primas letras en una escuela secular rodeados de alumnos cuya lengua era el maya. En ese escenario fue dónde Elvia logró adquirir el bilingüismo que le serviría más adelante y para toda su vida.

Los orígenes de Elvia Carrillo Puerto en el feminismo parecen tener sus orígenes siendo una ferviente seguidora de Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908) quien fundara la organización feminista La Siempreviva.

La revista incluía artículos escritos por Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Florence Wright, John Stuart Mill y su compañera Susan Anthony, Grimké y Victoria Woodhull, quienes discutían abiertamente los problemas que aquejaban a las mujeres y entre los cuales destacaban el control de la natalidad, el derecho al aborto, la prevención contra las enfermedades venéreas y la prostitución.

Veinte años después, las ideas feministas de Elvia Carrillo Puerto plantearían la discusión de esos mismos temas.

Cabe decir que los trabajos de Rita Cetina tenían como antecedente la fundación de la escuela secundaria para mujeres en Mérida, así como la primera escuela normal para maestras.

En 1891, Elvia Carrillo Puerto, de 13 años de edad, contrajo nupcias con un hombre mayor que ella, Vicente Pérez Mendiburo, con quien tuvo su único hijo, Marcial Pérez Carrillo. Aunque el matrimonio no duro mucho ya que enviudo años más tarde.

Elvia, en esos años, aprendió taquimecanografía y también se desempeñó como maestra. En 1909 trabajó activamente para la causa anti-reeleccionista en Yucatán, como mensajera y propagandista. Su trabajo la lleva a Acanceh, Tizimin, Temax y Valladolid. Entre los documentos que se le encomiendan uno dice: “Es urgente aliarse a los morenistas para evitar que el gobierno sucumba en manos de un gobierno déspota y tirano”; gobierno formado “por una sola familia de esclavistas” cuya única ambición es “apoderarse de todas las principales riquezas del país y reducir al sufrido pueblo a braceros de sus ricas propiedades”.

Lo que motivó este movimiento fue la idea de derrocar a Muñoz Arístegui, hombre del exgobernador Molina Solís, Ministro de Fomento de Porfirio Díaz. Sin embargo, la rebelión de Valladolid fracasa y Elvia se ve forzada a regresar a Motul en donde su hijo Marcial, de 18 años de edad, colabora en el periódico que Felipe Carrillo Puerto que ha empezado a publicar. Ese mismo año Elvia se casa en segundas nupcias con Francisco Barroso.

En 1912, Elvia organiza la Liga Feminista Campesina Rita Cetina Gutiérrez, en ese tiempo su hermano Felipe se encuentra encarcelado en Mérida, acusado de asesinar a Néstor Arjonilla.

Venustiano Carranza, después de la rebelión militar de Abel Ortiz Argumedo, nombra al General Alvarado gobernador y comandante militar de Yucatán. Elvia Carrillo le es presentada al General Alvarado por Rosa Torre quien había sido enfermera en las fuerzas de Alvarado durante las batallas de Blanca Flor, Pocboc y Halachó.

Elvia causó una gran impresión al General Alvarado, pues poco después de la visita del General a Motul, Felipe Carrillo es liberado, y después es nombrado Presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Motul.

En 1916 Alvarado anuncia la organización del Primer Congreso Feminista de México, que tendría lugar en Mérida, Yucatán.

De los asuntos a discusión : La otorgación del voto femenino y la decisión de implementar la “educación racionalista” en las escuelas yucatecas.

Elvia ayudó también a fundar las “Ligas de Resistencia Feministas”. Recorrió todo Yucatán organizando ligas de resistencia campesinas de mujeres, campañas de alfabetización y de higiene femenina, así como de control rudimentario de la natalidad, escribiendo sus discursos en maya y en castellano. Como propagandista de las ideas socialistas fue calificada por la prensa conservadora de “suffragette bolchevique” y de “Monja roja del Mayab”.

El primero de febrero de 1922 se instala en su estado natal el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, con un discurso en maya dirigido a los campesinos y obreros del estado.

Elvia ocupa una oficina en el edificio de la Liga Central, como presidenta de la “Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez”, desde donde colabora como editorialista y reportera de la revista socialista Tierra. Organiza la visita de Anne Kennedy, Secretaria Ejecutiva de la Liga Americana de Control de la Natalidad de Margaret Sanger con el propósito de organizar en Yucatán una serie de clínicas para el control de la natalidad.

Adelantada a su tiempo, Elvia acude a los llamados “jueves agrarios” donde pugna porque a las mujeres que son madres independientes se les garanticen los mismos derechos que a los hombres en la distribución de tierras.

Por otra parte, Elvia fue una gran promotora de la “educación racionalista” y de la construcción de escuelas rurales en Yucatán, así como de la constitución de cooperativas de mujeres para la venta de hamacas, artesanía y productos agrícolas.

En las zonas urbanas una de sus luchas y exigencias fue por la eliminación de la prostitución y la fundación de guarderías infantiles para las obreras.

Gracias a las reformas progresistas impulsadas por Alvarado y Felipe, Elvia es una de las primeras en obtener el divorcio de su segundo marido.

En 1923, y acompañada de dos otras feministas yucatecas, Gloria Mireya Rosado y Susana Betancourt, Elvia asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la ciudad de México. La delegación se destacó como la más radical aún y cuando salieron derrotadas en sus demandas relacionadas con el control de la natalidad y el amor libre, lo que sí lograron fue obtener un consenso a favor del voto femenino.

Este último se convertiría en el punto central de las demandas de todos los grupos feministas de México y del resto de América Latina.

La lucha de Elvia por la obtención del voto femenino continuaría por varias décadas. En San Luis Potosí es candidata a diputada y casi asesinada por su rival más cercano quien había obtenido una votación inferior a la de Elvia.

La Cámara de Diputados y el gobernador de San Luis declararon nula la votación argumentando la anticonstitucionalidad de votar por una mujer, aún a nivel estatal.

De 1925 a 1950, Elvia Carrillo fundó un gran número de ligas feministas, compiló cientos de apoyos y miles de firmas a favor del voto femenino, teniendo entrevistas con todos los presidentes de la república, hasta que en 1958 se otorgó a la mujer el derecho de votar en elecciones presidenciales.

Años más tarde, en el sexenio de Lázaro Cárdenas y en el de Ruiz Cortines, condecorarían a Elvia Carrillo Puerto como veterana de la Revolución Mexicana, con la medalla de la Legión de Honor Mexicana.

En todo este proceso cabe señalar que Elvia ocupó diversos cargos en instituciones Públicas, ya como trabajadora social, investigadora, oficinista.

Elvia Carillo fue una mujer que hasta hoy sigue esperando que el juicio de la historia le reconozca, a ella y a otras mujeres, lo valiosa que fue su lucha para conquistar los derechos que ahora gozan millones de mujeres en este país.

Por supuesto que fueron bastantes años de lucha y de una gran pobreza económica, pues antes no se reconocía como hoy el trabajo que muchas mujeres realizan en la función pública, por lo que pasó sus últimos días en un humilde apartamento de San Cosme, en la Ciudad de México, donde cuentan vivía con sus perros y su única nieta, Elvia Pérez.

En 1968 muere Elvia Carrillo Puerto a la edad de 90 años, su cuerpo reposa en el cementerio de Mérida, cerca de las tumbas de sus hermanos y de Alma Reed.

Elvia Carrillo Puerto fue una gran revolucionaria, una gran socialista y una feminista que luchó durante toda su larga vida por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, de la campesina maya y de las obreras mexicanas. Merece, sin que quepa la menor duda, ser redescubierta y ocupar el papel que le corresponde en la historia del feminismo mexicano.

La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a ella, quien junto con otras, cimentaron las bases del trabajo que hoy realizamos en esta Cámara, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Ella, junto a otras, son quienes contribuyeron enormemente en el nacimiento de esta gran nación bajo la mirada estratégica de las mujeres.

Por lo anterior propongo al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre de Elvia Carrillo Puerto.

Transitorios

Primero.Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Información biográfica tomada del sitio: http://www. cimac.org.mx/cedoc/indesol/part__mujer_en_indep_y_rev_mex/documentos/29_elvia_c arrillo_puerto.pdf. Consultado el día 23 de diciembre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Felipe Cervera Hernández, Francisco Alberto Torres Rivas, Liborio Vidal Aguilar, Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, María Bárbara Botello Santibáñez, Pablo Gamboa Miner, Ramón Bañales Arambula, Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

.

Esopo

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 y el último párrafo del artículo 28, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se adiciona un párrafo al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2007, se incorporaron varias figuras e instrumentos de política pública para proteger el derecho de las mujeres a salvaguardar su integridad física. Una de ellas, y quizá de las más importantes, fueron las Órdenes de Protección.

Es importante mencionar que “la protección de los poderes públicos hacia las víctimas de la violencia de género y/o familiar ha ido en aumento en los últimos años debido principalmente a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de los efectos devastadores de esta lacra social. En la última década, ha pasado de ser un problema privado a ser considerado como un problema público que afecta al conjunto de la sociedad, teniendo incidencia en todos los estratos sociales. La violencia de género es un problema complejo, que se manifiesta con un tipo de violencia específica y, por tanto, requiere una intervención institucional, específica y técnica, con el fin de proporcionar una respuesta global y coordinada.”

En este sentido vale la pena ocuparse de los criterios sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido sobre la Constitucionalidad de estas medidas u órdenes de protección, al respecto es interesante leer el boletín de su Unidad de Igualdad de Género, el cual puede consultarse en el siguiente Link: http://equidad.scjn. gob.mx/son-constitucionales-las-ordenes-de-proteccion/.

De conformidad con el artículo 27 de Ley en cuestión, las órdenes de protección: “Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.”

Ahora bien, respecto de las órdenes de protección de emergencia y preventivas, el artículo 28 de la Ley General señala que:

Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas, y

III. De naturaleza civil.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

En términos generales podemos decir que las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y constituyen un título habilitante de la mujer –víctima de violencia de género- para que acuda a diversos sectores de la administración para reclamar un copioso conjunto de derechos que la Ley le confiere.

Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas, que exige el cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres frente a cualquier forma de violencia.

En 2013 fue reformado el artículo 28 de la Ley General, para reducir el tiempo en el que se deben otorgar este tipo de medidas de protección ya que se consideraba que era mucho tiempo el que pasaba entre la solicitud de la orden y el tiempo en que se emitía, sin embargo la legisladora dejo intocado el aspecto de la duración de las mismas, lo que en los hechos ha demostrado genera una grave omisión que pone en peligro la vida de las mujeres.

Diversas han sido las víctimas y organismos defensores de derechos humanos de las mujeres, las que se han acercado a una servidora para mencionar la necesidad de modificar las duración de las mismas hasta en tanto la victima deje de estar en riesgo.

También a ese respecto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujer de CEDAW, en sus observaciones: CEDAW/C/MEX/CO/7-8, del 52° periodo de sesiones del 9 al 27 de julio de 2012, estableció como un aspecto de preocupación y a manera de recomendación número 16, inciso c) que es preciso:

c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.

Por otra parte la reforma a la Constitución Política Federal de 2011, en la que se amplían los derechos de las personas en un nuevo esquema constitucional, a través del reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro personacomo rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas; trae consigo la obligación expresa de observar los tratados internacionales y regionales firmados por el Estado mexicano, en los que se reconocen derechos humanos.

El artículo 1o. constitucional, tiene importancia trascendental pues incorpora conceptos novedosos para el constitucionalismo mexicano, precisamente el párrafo tercero de dicho precepto, contempla las obligaciones del Estado, en materia de derechos humanos, alestablecer lo siguiente:

“Artículo 1o.. .....

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

De lo que se advierte un complejo sistema de interpretación, aplicación e implementación de los derechos humanos, dirigidos a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, además de los órganos públicos autónomos del país; que pone énfasis en los derechos pero que también contiene un sofisticado mecanismo para el análisis y la implementación de los derechos y sus obligaciones a partir de ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar eldisfrute de los derechos.

De hecho, de este párrafo tercero deriva:

a) La obligación a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos;

b) El establecimiento en el marco constitucional de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales deben ser interpretados y aplicados en correlación al establecimiento de las obligaciones del Estado referidas en el inciso anterior; y

c) Lo que debe hacer el Estado mexicano cuando se presente una violación a esos derechos y aun antes de esa violación, prevenir, investigar, sancionar y reparar.

En este sentido es que la presente propuesta busca dar respuesta a la necesidad que tienen las mujeres, víctimas de violencia que han utilizado este tipo de medidas protectoras, en aras de lograr incidir en una salvaguarda integral que dé tranquilidad y seguridad a las mujeres, y a su vez atender las propuestas de diversas organizaciones de mujeres que nos lo han solicitado y por las recomendaciones que el comité de expertas han hecho al estado mexicano.

Los grupos de trabajo que se han conformado, principalmente por las instancias de las mujeres y por organismos de la sociedad civil, para la emisión de las alertas de género en los estados donde se han emitido, han corroborado la viabilidad de la propuesta, y en el caso de algunas de estas expertas y expertos “se considera que 72 horas es un término demasiado corto y que poco cumple con la naturaleza de proteger a una posible víctima de feminicidio” por lo que recomendaron modificar la norma para ampliar la duración de las mismas.

En el mismo sentido y siguiendo con las recomendaciones de distintos Diagnósticos sobre el contexto de violencia contra las mujeres en las entidades del país, es que también propongo reformar la fracción III del artículo 17, con el objeto de incorporar mayor información al banco de datos, que eventualmente ayude a generar elementos valiosos para modificar, corregir o incluir medidas que le den mayor efectividad a estas herramientas legales.

La reforma al artículo 17 tiene que ver con una misma intención y un mismo objeto: el incidir y dar mayor efectividad a la emisión de las órdenes de protección, en este caso a través de la incorporación de información, cualitativa y cuantitativa, al Banco de Datos sobre todas las órdenes de protección emitidas, con datos de las víctimas y de las personas sujetas a ellas, el tipo de orden, así como el seguimiento e incumplimiento de las mismas con la finalidad de generar elementos que permitan una mejora continua a través de los análisis que al respecto pueda arrojar la información que se incorpora con esta propuesta. No es un asunto desvinculado uno del otro, es decir de la reforma al artículo 28 de la citada ley, pues de lo que se trata es que las mujeres cuenten con mayor seguridad a través de la emisión de este tipo de mecanismos de protección.

Por otra parte, para la presente iniciativa, consideramos necesario observar las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en los artículos 109, 137 y 139, relativos al derecho de las víctimas a obtener órdenes de protección, de la obligación del Ministerio Publico de otorgarlas y sobre la duración de las mimas.

En este sentido consideramos que por lo que ve a los dos primeros artículos, 109 y 137, citados en el párrafo anterior, nos parece adecuado y oportuno que dicho cuerpo jurídico haga una remisión a la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia. Sin embargo en lo que corresponde al artículo139 del mismo ordenamiento, nos parece que limita las medidas de protección al establecerse sólo 60 días de duración prorrogables por otros 30 días más, como puede verse a continuación:

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos.

Dicha redacción contraviene las recomendaciones aludidas, en los párrafos que anteceden, por el Comité de la CEDAW y de distintas opiniones de organizaciones y expertas que, a través de la práctica diaria y de los múltiples estudios y diagnósticos con que cuentan, han señalado la necesidad modificar estos preceptos para que las medidas de protección perduren hasta en tanto la victima deje de estar en riesgo. De ahí que incluimos en esta propuesta la modificación del artículo en cuestión adicionando un párrafo que remita a la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en la especie ya lo hacen los artículos aquí señalados.

Pareciera un asunto sin mucho significado pero no lo es, estas medidas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer, en un contexto generalizado de violencia como es el caso de algunos territorios del país donde existe una violencia sistémica contra las mujeres.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 17 y el último párrafo del artículo 28, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se adiciona un párrafo al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de modificar la temporalidad de las órdenes de protección preventivas y de emergencia e incorporar mayores elementos al banco de datos

Decreto

Artículo primero. Se reforma la fracción III, del artículo 17 y el último párrafo del artículo 28, ambos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como siguen:

Artículo 17. (...)

I. a II. (...)

III .El establecimiento de un banco de datos que contenga todas las órdenes de protección emitidas, con datos de las víctimas y de las personas sujetas a ellas, de conformidad con las leyes de la materia, el tipo de orden, así como el seguimiento e incumplimiento de las mismas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias.

Artículo 28. (...)

I. a III.(...)

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Artículo segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias.

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

En cuanto a la duración de las medidas de protección tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Tomado del sitio http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAm bitoAutonomico/asistenciaSocial/docs/Protocolo_coordinacion_ordenes_proteccion_ Murcia.pdf

2 información tomada del sitio http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/643526/6/fallan-en-emision-de-ordenes -de-proteccion-para-mujeres.htm.

3 Entre estos el Diagnóstico Situacional del Feminicidio en el Estado de Jalisco, elaborado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres en diciembre de 2015, con fondos proporcionados por Inmujeres en diciembre de 2015.

4 Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm. 28 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,María Bárbara Botello Santibañez, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, para dictamen.

CREA EL RECONOCIMIENTO “HERMILA GALINDO ACOSTA” Y, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa de decreto, por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Mazo, Érika Araceli Rodríguez Hernández, Carmen Salinas Lozano, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Érika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, María Verónica Muñoz Parra, Flor Estela Rentería Medina, María Soledad Sandoval Martínez, Guadalupe González Suástegui, Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Ávalos, Angélica Reyes Ávila, Hortensia Aragón Castillo, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón, Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López, Karina Padilla Ávila y Concepción Villa González, diputadas de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, y se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V, al numeral 1, del artículo 38 y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:

“La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo.”

Cieri Estrada Doménico

Exposición de Motivos

En nuestro país existe poco reconocimiento social a las mujeres que han destacado en algunas actividades humanas, lo cual es de larga data.

Las mujeres han sido invisibilizadas históricamente en la mayoría de los procesos sociales que le ha tocado vivir a esta gran nación.

Contrario a lo que se piensa, las mujeres no han sido espectadoras pasivas de los grandes cambios sociales y políticos de nuestra tierra. Mucho más que eso, en las luchas de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, las mujeres rompieron con los estereotipos impuestos por la clase dominante y participaron de manera activa, combinando su papel de madre, esposa e hijas.

Así, en ese proceso histórico-político, tenemos el caso de doña Josefa Ortiz Girón, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora de Querétaro, que con su valentía, osadía e inteligencia contribuyó a la causa independentista de manera determinante, y con sus famosos “Taconazos” alertó a los insurgentes como Hidalgo, Allende y Aldama, que la causa había sido descubierta, por lo que se adelantó el inicio de la lucha.

Doña Josefa al ser aprendida por orden del virrey Feliz María Calleja, exclamo: “Tanto soldado para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formare un patrimonio a mis hijos”.

Quién diría que en los años 50 del siglo pasado fue la Corregidora la inspiración de muchas mujeres que solicitaron vehementemente la obtención del voto femenino en nuestro país.

Siguiendo en la misma ruta de la Independencia, otra mujer que figuró de forma destacada en este proceso fue doña Leona Vicario, quien formó un grupo de rebeldes allá por Tacuba, en la ciudad de México, y donó parte de su fortuna para la causa insurgente, además de que colaboró de forma destacada en la impresión del periódico El Ilustrador Nacional, que postulaba las proclamas en contra de la corona española.

En el periodo de la Revolución Mexicana muchas mujeres participaron de manera activa, incluso en los frentes de batalla tomando las armas, otras en su papel de activistas desde una posición de ideólogas de la revolución.

En este proceso encontramos el caso de Carmen Serdán, quien conformó un grupo de rebeldes que al ser descubiertos se atrincheraron en su casa, donde ella resultó herida y después capturada. A su salida continuó la lucha desde la junta revolucionaria.

Otra mujer que dejó huella en las crónicas oficiales no descritas fue Dolores Jiménez y Muro, quien fundó el Partido Liberal Mexicano y el Partido Femenil Antireelecionista. Dolores Jiménez fue quien le dio forma el Plan de Tacubaya y después al Plan de la Sierra de Guerrero, mismo que serviría de antecedente del Plan de Ayala, el cual fue llamado por el historiador de la Revolución Mexicana, John Womack Jr.: “la sagrada escritura de los zapatistas” .

En esta misma etapa merecen especial mención el caso de Hermila Galindo Acosta y de Elvia Carrillo Puerto, principales promotoras del reconocimiento del derecho al sufragio femenino en México. Para el caso particular de la presente iniciativa me referiré de manera especial a Hermila Galindo, por ser esta una luchadora excepcional poco reconocida en nuestro país.

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso feminista de México, realizado en Mérida, Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia La mujer del porvenir, la cual encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes.

Hermila, de pensamiento visionario, afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y al reconocimiento de sus derechos sexuales.

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna, medio que promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres en un contexto de justicia.

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores.

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los postulados de la Constitución.

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Antes y durante los debates al constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político electorales.

Antes ya se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria particular de Venustiano Carranza.

En 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el 5o. distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral.

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 y 1930.

Hermila fue pues una mujer que como muchas se adelantaron con sus ideas y trabajo político a muchas de su época y marcaron, sin duda alguna, de forma indeleble la historia de este gran país.

Como se ha podido observar, la participación de las mujeres en los acontecimientos sociales y políticos de nuestro país ha sido más que destacada, aun y cuando esto significó desafiar los roles tradicionales que se les imponían durante el siglo XIX y XX, actividades determinadas en función del género.

Insisto en que la desvalorización de las mujeres para situarlas en el contexto específico de los procesos sociales, se debe a una cultura que ha situado a hombres y mujeres en esferas separadas.

De ahí que todas las áreas de la actividad humana han sido trastocadas por esta idea de superioridad masculina que invisibilizaba a las mujeres. Esto se ha dado incluso en lugares como la academia, donde pareciera que por ser un escenario donde fluye el conocimiento científico no podría darse tal discriminación. Lo cierto es que sí ocurre. Pareciera que el papel de las mujeres en la ciencia es marginal, sin embargo no es así, lo que ha ocurrido es que ha sido poco recogido por la historia.

Las mujeres han encontrado dificultades para acceder a la academia y a la ciencia debido a la histórica división sexual del trabajo y la separación que el patriarcado ha hecho de las actividades: en públicas y privadas, dejándolas confinadas a la esfera doméstica. No obstante debemos reconocer que esto se ha ido modificando de forma paulatina.

Es por este breve análisis que sitúa a las mujeres en su justa dimensión histórica y ante la falta de reconocimiento de la que comprobadamente han sido objeto, que lo que anima la presente propuesta es reconocer a todas aquellas mujeres, que al igual que Hermila Galindo, han luchado porque éstas puedan desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos, incluido el político, por ser este un espacio tradicionalmente masculinizado.

La idea de reconocer a las mujeres no es nueva en el Congreso General. En 2013 el Senado de la República instituyó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se entrega a las mujeres en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como una forma de rendir un homenaje a Elvia y de reconocer a las mujeres que han destacado en la lucha social, política y cultural de nuestro país.

De esta forma es que considero necesario que también esta Cámara de Diputadas y Diputados, otorgue un reconocimiento a las mujeres destacadas y a las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado en actividades a favor de las mujeres, a través de la docencia e investigación, la función pública, el arte y la cultura, la salud, la equidad e igualdad, y la participación ciudadana, precisamente bajo el nombre de Hermila Galindo Acosta.

Hermila y Elvia son las precursoras y principales exponentes de una lucha que consiguió que, el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortinez publicara en el Diario Oficial de la Federación, la reforma por medio de la cual se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones federales, de ahí que la propuesta versa sobre la entrega de un reconocimiento, el mismo 17 de octubre, como una forma de rendir un homenaje a Hermila Galindo, la cual hasta hace poco había sido marginada por la historia, pero también a las mujeres que actualmente luchan y que puedan ser homenajeadas por este concepto.

Hay que mencionar que en México los primeros esfuerzos y luchas para lograr el voto de las mujeres se remontan a 1923 en Yucatán, sin embargo hubo peticiones desde 1916. En Yucatán se reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además de que Rosa Torre fue electa regidora en el ayuntamiento de Mérida.

Después en San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.

En 1937, el General Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia.

Uno de los primeros países en el mundo que otorgó igualdad a las mujeres fue Australia en 1912, pero sólo a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no pudieron votar hasta 1962. Lo mismo ocurrió en Canadá, donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917 mientras que los nativos, hombres y mujeres, lo pudieron hacer en 1960. Estados Unidos lo concedió en 1920 y Suiza en 1971. El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita en 2011, aunque las mujeres no podían ejercer el derecho hasta 2015.

Así pues, la idea también surge como una forma de reconocer a todas aquellas mujeres que en este tiempo emprenden grandes luchas por lograr la protección y respeto de los derechos de las mujeres.

No es menos relevante destacar que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que:

Artículo 3

Los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

“Artículo 5

Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”;

De ahí que la presente iniciativa también pretende tomar medidas para reconocer a las mujeres en las esferas política, social y cultural, y modificar los patrones que se basan en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, mismos que aún persisten en nuestra sociedad mexicana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución federal, la cual dispone que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...

En este sentido es que la CEDAW es un documento de observancia obligatoria para nuestro país lo que evidentemente le da contenido y fundamento a la presente propuesta.

En virtud de lo expuesto, proponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V al numeral 1 del artículo 38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Primero.Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, el cual se otorga, por la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, para quedar como sigue:

Primero. Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, que se entregará en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, para reconocer a las mujeres y organizaciones que se hayan destacado en la realización de actividades a favor del género, a través de la docencia e investigación, la función pública, el arte y la cultura, la salud, la equidad e igualdad, la participación ciudadana o cualquiera que amerite tal reconocimiento.

Segundo.El reconocimiento Hermila Galindo Acosta constará, cada uno, de un diploma o pergamino y de un busto en bronce de 18 centímetros de alto y ancho a proporción, con una base de madera o de metal y placa grabada del mismo material, en color dorado. La placa grabada enunciará la siguiente leyenda: “La Cámara de Diputadas y Diputados, en el Marco del Día 17 de Octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, le otorga el reconocimiento Hermila Galindo Acosta en honor a su destacada labor a favor de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Género”.

Tercero.El reconocimiento será otorgado en ceremonia solemne en la Cámara de Diputados, en el mes de octubre de cada año, en el marco del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México.

Cuarto.Para la entrega de este reconocimiento se propondrá una lista de 10 mujeres u organizaciones de la sociedad civil, de la siguiente manera:

I. Tres organizaciones o mujeres propuestas por los organismos públicos dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género.

II. Tres mujeres u organizaciones propuestas por la Cámara de Senadoras y Senadores, de conformidad con la convocatoria.

III. Cuatro mujeres propuestas por las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres.

Quinto.Las propuestas para el reconocimiento contendrán al menos lo siguiente:

a) Nombre de la mujer u organización propuesta al reconocimiento.

b) Una descripción detallada de sus trabajos y aportes en el reconocimiento, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres, en todos los ámbitos o cuya finalidad sea el empoderamiento de las mujeres o la igualdad de género.

c) La argumentación por la cual la aspirante deba ser elegida para el reconocimiento Hermila Galindo Acosta.

Sexto.La lista de las propuestas deberá ser entregada a la Comisión de Igualdad de Género en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente, para su debido análisis, discusión y aprobación.

Séptimo.El dictamen de aprobación emitido por la Comisión de Igualdad de Género, será inscrito y agendado en sesión de pleno de la Honorable Cámara de Diputados para deliberar mediante votación, quiénes serán las cinco candidatas elegidas para recibir el reconocimiento en los términos descritos en la convocatoria. El dictamen aprobado será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con la finalidad de que se emita la convocatoria correspondiente para la sesión solemne, conforme a los lineamientos que al efecto señala la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su entrega.

Octavo.Las constancias y registros de las candidaturas que al efecto lleve a cabo la Comisión de Igualdad de Género serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en del Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Cámara de Diputados emitirá el reglamento respectivo dentro los 45 días siguientes a la publicación del presente decreto.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V, al numeral 1, del artículo 38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 38.

1. (...)

I. a II. (...)

III. Recibir a visitantes distinguidos, delegaciones parlamentarias o invitados especiales,

IV. Realizar actos protocolarios o diplomáticos, y

V. Otorgar el reconocimiento Hermila Galindo Acosta.

2. (...)

Artículo 38 Bis.

1. Las ciudadanas u organizaciones acreedoras al reconocimiento Hermila Galindo Acosta serán elegidas por el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes el día de la sesión correspondiente.

2. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, previo proceso de consulta con las y los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil y con todas y todos los actores involucrados en la materia, propondrá al pleno la lista de candidatas al reconocimiento de conformidad con el reglamento correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion.pdf, 02 de febrero de 2016.

2 Consultado en https://www.wdl.org/es/item/2970/. 02 de febrero de 2016.

3 Consultado en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/ sconvention.htm 29 de febrero de 2016.

4 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco. htm, 03 de febrero de 2016.

Referencias

• http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion. pdf

• http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/rojas_g_i/capitulo2.pdf

• http://www.cimacnoticias.com.mx/node/56354

•http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/cont/5/ pr/pr5.pdf

• http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-03482010000 100005&script=sci_arttext

• https://www.wdl.org/es/item/2970/

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Ana María Boone Godoy, Angélica Reyes Ávila, Carmen Salinas Lozano, Concepción Villa González, David Gerson García Calderón, Érika Araceli Rodríguez Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Hortensia Aragón Castillo, Irma Rebeca López López, Karen Orney Ramírez Peralta, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, María Bárbara Botello Santibañez, María Candelaria Ochoa Ávalos, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Muñoz Parra, Ramón Bañales Arambula, Sofía del Sagrario de León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Saludamos la presencia de un grupo de personas de Alianza Joven, Ciudad de México, invitados por el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Y una tercera con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable. Suscrita ésta última por los diputados Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante. Como son tres iniciativas le vamos a dar un minuto más. Vamos a ser tolerantes con el tiempo, pero que usted también lo sea.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, hoy me ocupa presentar esta serie de iniciativas que tienen qué ver con el desarrollo rural del campo mexicano, una de ellas es la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, donde la producción, comercio y certificación es un tema que ilustra nuestras condiciones de rezago y desventaja que hemos venido transitando con respecto a la comunidad internacional.

Les voy a poner un ejemplo, en América Latina, para 2006 México exportaba 3 mil 100 toneladas de semillas mejoradas, básicamente trigo, papa, maíz, cebada, sorgo, frijol y arroz, pero importábamos más de 12 veces tal cantidad, importábamos 38 mil 400 toneladas.

Y si hacemos una comparación con otros países de América, Argentina, por ejemplo, exportó lo doble de lo que México importó, exportó 79 mil 500 toneladas e importó menos de la mitad que nosotros, apenas 18 mil 700 en el mismo periodo.

Esto, compañeras y compañeros, se traduce en la parte de que el productor, el pequeño productor invierte en sus cosechas, invierte en lo que va a cosechar. Mucho de lo que invierte es la compra de estos insumos básicos, y estos insumos son básicos para la producción y mejoramiento del rendimiento de los cultivos, con una visión de Estado y corresponsable con el Congreso de la Unión, el 15 de julio de 2007 el entonces gobierno de la República publicó la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la que definió de la siguiente manera, cito:

Los productores y comercializadores de semillas, los obtenedores, citomejoradores y mantenedores de semillas, los comités consultivos regionales y estatales de semillas, asociaciones de agricultores, consumidores de semillas, la instituciones de enseñanza superior, de investigación y de extensión, y los organismos de certificación que lleven a cabo las actividades realizadas con esto.

¿Qué es lo que queremos? Hoy nuestra producción de origen nacional de semillas en México es solamente de 6 por ciento del total. El 94 por ciento restante es semilla que importamos de otras empresas o de otros lugares y quienes llevan la batuta en este tema son: Inifab, el Colegio de Posgraduados, la Universidad de Chapingo, la Universidad de Narro. Necesitamos darle la certeza jurídica, las herramientas para que puedan desarrollar en este ámbito las investigaciones necesarias para poder tener nosotros, de nuestro país, la semilla.

Fíjense nada más. El 94 por ciento de esta semilla vienen de empresas como Monsanto, Cargill, Pioneer, entre otras empresas, con una capacidad financiera que hoy no tenemos. Esto finalmente radica en los costos que tienen nuestros agricultores.

La otra iniciativa en comento es la Ley de Almacenamiento Rural. La motivación de la presente iniciativa se deriva de la situación actual que viven nuestros pequeños productores.

Voy a tratar de ser muy breve. Los productores actualmente tienen la necesidad de vender sus cosechas por dos motivos. El primero, por el alto costo de financiamiento que tuvieron al momento de efectuar la compra de sus insumos y por eso al momento de la cosecha tienen que vender.

Segundo, porque no tienen dónde almacenar esta semilla, no tienen donde almacenar este producto. Pero al paso del mes, al paso de los dos meses el precio de esta semilla empieza a subir. ¿Quiénes son los que llevan el gran costo, el gran beneficio de este incremento? Los acaparadores, los que pudieron tener la oportunidad de almacenar esta semilla.

Lo que queremos en esta Ley de Almacenamiento Rural es que podamos tener esa red de almacenes donde no se tiene un costo presupuestal para el gobierno, para Hacienda, pero que Hacienda, Sagarpa certifiquen qué semillas, qué productos, en dónde están. Que podamos tener también un mejor control de inventarios, que hoy no lo tenemos en este país y que ese control de inventarios a lo único que nos ayuda o nos perjudica, más bien, es que al paso del tiempo los especuladores son los que llevan las grandes ganancias y no sean así nuestros productores.

Estas iniciativas son iniciativas que estamos presentando junto con el grupo parlamentario para darles una certeza jurídica, pero sobre todo un bienestar a las personas de las comunidades rurales, y sobre todo darle un desarrollo rural sustentable. Esta iniciativa anterior que mencioné, la Ley de Almacenamiento Rural, ya fue presentada en la LXI Legislatura por parte de un servidor, aprobada y dictaminada por esta Cámara de Diputados en su momento y detenida desgraciadamente en el Senado, por presiones ajenas a las que tenemos.

Hoy, por ejemplo, les digo, solamente en este país los almacenadores son 17 empresas nacionales que tienen realmente cautivo y captivo al pequeño productor y eso lo que hace es que sus ingresos siempre vayan en detrimento. Es cuanto, diputado presidente.

Me gustaría ampliar un poco más, pero por respeto al tiempo de mis compañeros y el acuerdo que se tuvo, lo dejo aquí. Solamente pediría que se inserten los textos íntegros en el Diario de los Debates. Muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Erandi Bermúdez Méndez, diputado a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Producción, Certificación, y Comercio de Semillas, al tenor siguiente

I. Introducción

México es centro de origen de numerosas especies que han mostrado ser útiles e indispensables para la vida humana. La existencia e interacción de numerosos climas construyen variados paisajes, creando la diversidad de flora, fauna y recursos naturales nativos que se enriquecen con el trabajo de grupos humanos cuya presencia data desde hace más de 30 mil años, lo que ha favorecido su evolución, el endemismo y su domesticación, particularmente, de diversas especies vegetales útiles.

Sobre esta diversidad florística nativa prosperaron las culturas prehispánicas en México, y se sentaron las bases para domesticar especies como el maíz, frijol, chile, calabaza, amaranto, cacao entre muchas otras, que ahora forman parte de la dieta básica de todos los mexicanos.

Los factores como la explosión demográfica, el comercio internacional y la calidad de la alimentación en nuestro país, han forzado el incremento de la producción agrícola. Resulta entonces de vital importancia que la semilla para uso agrícola sea de buena calidad, ya que representa el insumo estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades primarias contribuyendo a mejorar su producción en términos de calidad y rentabilidad.

A diferencia de la mayoría de los insumos utilizados en la producción agrícola, con la excepción de algunos insumos biológicos tipo plaguicidas e inoculantes, la semilla es un ente vivo por su naturaleza. Esto lo hace sumamente sensible al deterioro con consecuencias significativas en el establecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos.

La semilla es el elemento que encierra el potencial genético determinante de aspectos agronómicos tales como: rendimiento, adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades, calidad, entre otros.

II. Planteamiento del problema

Actualmente, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en nuestro país se encuentra presente en casi todas nuestras actividades productivas como lo son la salud, la industria, el medio ambiente, entre otras. En lo que respecta a la alimentación, su incorporación ha sido paulatina; sin embargo, a pesar de las restricciones legales, productos como el algodón o el sorgo en México han presentado escenarios alentadores de producción, reduciendo así la dependencia a las importaciones.

En México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, es la institución académica líder no sólo en egresar investigadores de alto nivel en las áreas de las ciencias exactas, naturales, biológicas, de la salud y de la ingeniería, sino también en la generación de conocimiento científico y tecnológico, es por ello que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), considera al centro como una institución de vanguardia a nivel internacional.

El Cinvestav cuenta entre su planta académica con 26 premios nacionales (8 en tecnología y diseño, y 18 en ciencias físico-matemáticas y naturales), y 33 premios de la Academia Mexicana de Ciencias, 7 integrantes del Colegio Nacional, el premio Príncipe de Asturias y el premio de L’Oreal-Unesco, entre muchos otros reconocimientos internacionales.

Particularmente en el área de Investigación de la ingeniería genética y biotecnología, se han realizado diversos estudios para tener una mayor producción del maíz, uno de estos trabajos es el estudio de la apomixis,un método natural de la reproducción asexual de plantas. Su objetivo es introducir este método en semillas híbridas con importancia alimenticia como lo es el maíz. En los laboratorios del Cinvestav también se ha logrado identificar, caracterizar y clonar la globulina 11s, también llamada amarantina, una de las proteínas más importantes del amaranto, lo que permitirá aprovechar las propiedades nutricionales de la planta.

Los resultados científicos anteriores en su mayoría, no llegan a tener un impacto alimentario significativo en las mesas de millones de mexicanos, derivado principalmente a una serie de obstáculos normativos, de mercado y principalmente financieros. Hasta cierto punto, la biotecnología ha convertido a la biodiversidad en un auténtico medio de especulación.

Un ejemplo de lo anterior es que tanto el Cinvestav como en cualquier universidad o centro de investigación dedicado a la biotecnología en México, una vez que se ha hecho un descubrimiento, éste se patenta, pero se tienen que conseguir los recursos económicos para patentarlo porque las instituciones públicas no tienen dinero. Una vez que se tiene la patente, hay que licenciarla para iniciar una empresa.

Cabe mencionar que sólo se patenta la modificación o característica específica para dotar a esos cultivos de resistencia a ciertos insectos y/o tolerancias a ciertos herbicidas. Esto significa que ninguna persona, empresa o centro de investigación puede ostentarse como propietario del germoplasma existente en la biodiversidad de nuestro país, para ello nuestra Constitución es muy clara al enunciar la tutela a la propiedad en tres formas, la pública o estatal, la social (ejidal, comunal y cooperativa) y la privada o particular.

El problema de la empresa naciente comienza cuando su patente recién identificada, se somete a análisis por lo menos en cien líneas experimentales, sin la certeza de que alguna funcione. El costo por cada línea aproximadamente cuesta tres mil dólares, situación que hace incosteable la investigación por lo menos para aquellas empresas que quieren patentar un descubrimiento. Las únicas empresas en México que pueden costear estas líneas de experimentación son Monsanto, Cargill, Pioner, Syngenta, entre otras, sin contar desde luego, con los permisos de siembra experimental en el exterior.

En el periodo 2013-2014, México importó 13 millones 766 mil toneladas de productos agrícolas transgénicos. De ese total, 56.7 por ciento fue maíz; mismo que sirve para alimento de animales, también importamos tres millones 450 mil toneladas de soya, un millón 480 mil toneladas de canola y un millón 36 mil toneladas de algodón, a pesar de que la producción de algodón en México es importante, ésta sólo cubre la mitad del consumo doméstico; la otra mitad la compra de Estados Unidos.

Derivado de lo anterior, la semilla genéticamente modificada no es una opción real para el productor nacional principalmente por los factores enunciados anteriormente; sin embargo, el panorama negativo no sólo se cierra con el poco acceso a la biotecnología en México, también se presenta en la comercialización de semilla tradicional y su producción.

La producción de semillas en México la concentran en 94 por ciento, solamente las empresas privadas, en tanto el sector público únicamente 6 por ciento. La semilla original la producen el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados (Colpos), Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Universidad Agraria Antonio Narro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), y los sectores privado, público y social son los encargados de multiplicarla, distribuirla y venderla.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), la producción de semilla certificada se concentra en los cultivos de trigo, papa, maíz, cebada, y después en sorgo, fríjol y arroz.

Con la crisis de la Productora Nacional de Semillas (Pronase), que se inició en 1989, cuando el gobierno abrió el mercado de semillas a la iniciativa privada y los recortes fiscales, las ventas disminuyeron. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), indica que 18 por ciento de las empresas operan desde hace más 20 años en la producción y comercialización de semillas; 18 por ciento de hace menos de 20 años y 64 por ciento restante empezó a partir de 1992, esto demuestra lo joven de la industria nacional de semillas.

En el ámbito internacional, México es uno de los países que más importa semillas certificadas, con lo que se coloca en una posición en desventaja con el resto de los países en América Latina y el mercado de producción de semillas como se observa en el siguiente cuadro:

III. Comentarios finales

La agricultura es el sector más afectado por el cambio climático. Los resultados de los análisis multi-modelo indican que la combinación del incremento en la temperatura con el estrés nutricional por falta de nitrógeno, reducirán de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones productoras de nuestro país.

Ante este escenario, nos encontramos en un momento decisivo para generar políticas públicas para reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos que mitiguen nuestra dependencia alimentaria con otros países y a su vez incrementen la actividad primaria con opciones de crecimiento reales.

Para ello es necesario apoyar a las empresas nacionales que son productoras y distribuidoras de semillas, así como financiamiento público para la investigación y el desarrollo que tenga como propósito fundamental la transferencia de tecnología que genere opciones para el sector productivo del campo mexicano.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

Artículo Único. Se reforman la fracción XI del artículo 4; artículo 11 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas...

Artículo 11. La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, formación de recursos humanos y redes de conocimiento para la creación de empresas semilleras nacionales, así como el desarrollo de los sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que inciden en el mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector...

Artículo 18....

...

...

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos y redes de conocimiento para la generación de empresas semilleras nacionales con apoyo de universidades agrarias y centros de investigación, la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cinvestav, 50 Aniversario. 2011

2 El Economista, México, entrevista realizada a Adriana Otero, Analista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus siglas en inglés), el 25 de agosto de 2014.

3 CEDRSSA, Producción, Comercio y Certificación de Semillas en México, Margarita Álvarez López.

4 Ídem

5 Memoria: Foros para la transformación del Campo, AMSAC, CEDRSSA, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados y diputadas: José Erandi Bermúdez Méndez,Eva Florinda Cruz Molina, Felipe Cervera Hernández, Genoveva Huerta Villegas, Jesús Antonio López Rodríguez, Lilia Arminda García Escobar, Miguel Ángel Huepa Pérez, Natalia Karina Barón Ortiz, Ramón Bañales Arambula, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bermúdez. Insértense íntegros los textos de las iniciativas presentadas, en el Diario de los Debates, tal como lo pide el proponente. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez:

«Iniciativa que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y reforma los artículos 98 a 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano es generar las condiciones para lograr el bienestar de las familias campesinas e incrementar la productividad del sector agrícola, estableciendo directrices que se traduzcan en lograr un progreso en las actividades agropecuarias con la finalidad de obtener mejores rendimientos y una más justa distribución de la riqueza que contribuya también a la generación de empleo; por lo que se requiere la expedición de instrumentos jurídicos que ordenen los procesos productivos del sector.

Así lo mandata el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“...el Estado mexicano debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar el bienestar a la población campesina, a través de la participación y su incorporación en el desarrollo nacional. Asimismo, con base en este mismo precepto constitucional, el Estado debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

También es atribución del Estado mexicano expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Por lo que con fecha 11 de febrero de 2010, durante la LXI Legislatura a nombre propio y del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural.

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen correspondiente con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Es importante mencionar que en el proceso de estudio para la elaboración del Dictamen correspondiente las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural formularon consulta respecto del contenido de la iniciativa a sus integrantes, así como al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentaria (CEDIP) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). A si como también se solicitó opinión a las Secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que dichas dependencias formularan las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes.

Con fecha 28 de abril de 2011 fue votada y aprobada con modificaciones entre las que se pueden referir a algunas definiciones en la Ley y la adecuación a la regulación aplicable a los instrumentos que documentan el depósito de productos agropecuarios y de semovientes en las instalaciones de los almacenes rurales, redacción en estricto apego a los lineamientos formales de la Técnica Legislativa, se modificaron algunos preceptos de la Ley de Almacenamiento Rural a fin de aportar claridad a sus contenidos.

Además, se modifica la intención original de la iniciativa de solo establecer un almacén rural por región, imposibilitando la instalación de más almacenes, considerando que deben ser las necesidades de cada región las que determinen el número de almacenes rurales necesarios.

Por otra parte, se revalora la intención original de la iniciativa de ser Ley reglamentaria de los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que por la naturaleza de la presente iniciativa, esta resulta vinculada solo a la fracción XX del artículo 27 constitucional.

Por último, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de la iniciativa y dado que el proyecto legislativo refiere a un nuevo ordenamiento, las Comisiones dictaminadoras consideraron oportuno enriquecer algunos preceptos de la legislación vigente, mediante la adición y reforma practicadas a tres artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de hacer congruente el marco jurídico vigente con el establecimiento de la regulación del almacenamiento especializado aplicable a los productos agropecuarios y a los semovientes, modelo normativo que ya existe en otros países y que resulta indispensable al medio rural mexicano.

Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara baja con 381 votos en pro y fue turnada a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El 29 de abril de 2011 se recibió oficio en la Cámara de Senadores con el que se remitía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural y se reformaban los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y dictamen correspondiente.

Finalmente el pasado 15 de diciembre de 2015 por Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso la conclusión de los proyectos de Ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las LIX, LX y LXI Legislaturas.

Por lo que el suscrito considera de suma importancia presentar de nuevo el Proyecto de Iniciativa en comento, ya que el almacenaje rural, al ser parte del proceso de comercialización demanda ser impulsado por el Estado y en favor del desarrollo rural, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el tercer párrafo del artículo 1°, al citar lo siguiente:

“..Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución...”

Con base en lo anterior resulta indispensable que el Estado regule el almacenamiento rural, otorgando certidumbre, visión de largo plazo y articulación a los diversos procesos productivos agropecuarios y a la economía en su conjunto, sin ingerir con una reglamentación rígida que frene el buen desempeño de los flujos comerciales, ni trastocar la dinámica del mercado.

Para aumentar los niveles de productividad en el sector agropecuario, se requiere dotar a los agentes rurales, de un marco jurídico adecuado, acorde a las necesidades actuales y a los niveles internacionales de los socios con los que México mantiene relaciones comerciales que cumpla con las exigencias de un mercado agroalimentario cada vez más competitivo, con mayores requerimientos de productividad, calidad y sanidad.

Dentro de este marco queda patente la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento rural seguro y eficiente para la guarda, custodia y conservación de productos, que otorgue utilidad de las mercancías, al ser contrapeso de otras externalidades que padece la producción agropecuaria como las ambientales y estacionales, cuidando las normas sanitarias aplicables a los productos que serán objeto de depósito.

El proceso para integrar y modernizar al sector agropecuario requiere de la publicación y actualización de leyes destinadas al campo en general y a la actividad agropecuaria en lo particular, que contienen nuevos conceptos para lograr la integración competitiva en el mercado de productos en el comercio, que permitan un mejor y más ágil acceso al capital con y mejores condiciones de crédito financiamiento e inversión productiva así como la optimización de los recursos públicos que se otorgan al sector.

La labor del sector agropecuario no termina con la cosecha o con la producción de animales, continúa en la distribución y comercialización de los productos; en este punto el productor agropecuario debido a la necesidad de contar con dinero sobre su producción, la vende en los tiempos de cosecha cuando los precios se ubican generalmente en su punto más bajo, y conforme pasan las épocas de cosecha, los precios tienden a subir y la posibilidad de programar su comercialización a lo largo del año; es mediante sistemas eficientes de acopio y almacenamiento que los productores lograrán mejores precios por sus productos y también contribuirá al beneficio de la población en general al regularizar ciclos y precios, garantizando el abasto oportuno. Existe la convicción de que es necesario activar una desregulación y simplificación administrativa, sin que ello implique la renuncia a la efectiva rectoría y supervisión por parte de las autoridades de la materia.

Las normas actuales que rigen el sistema de almacenamiento bajo el régimen de los Almacenes Generales de Depósito, que son regulados tanto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito tienen su principal actividad en sectores industriales y comerciales urbanos principalmente y se han instalado en lugares propios para atender esa demanda, por lo que frecuentemente resultan inaccesibles a la mayoría de los productores del campo, amén que la ubicación de las mismas no coinciden con los lugares estratégicos que cubran las necesidades de ubicación de acuerdo a los productos a depositar en las diferentes regiones del país.

Para que el almacenamiento rural opere en la dirección correcta y dé respuesta a los requerimientos del sector agropecuario mexicano y, a la necesidad de contar con información veraz y actualizada de inventarios, se propone la expedición de la Ley de Almacenamiento Rural, como un instrumento jurídico que proteja a los usuarios, garantizando el cumplimiento de sus objetivos: incrementar la productividad del agro nacional y fomentar el desarrollo rural.

La presente iniciativa busca crear un servicio de almacenamiento rural que contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento y comercialización del sector y a fomentar la confianza de los productores agropecuarios en los almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y asegurar el depósito de sus productos, y que tendrán la posibilidad de negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el país de acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la obtención de créditos, o bien para lograr mejores precios en sus productos.

En la Ley de Almacenamiento Rural están previstos los instrumentos necesarios, para que los costos del almacenaje, sean accesibles tanto a los productores como para quienes pretendan solicitar las autorizaciones para operar almacenes rurales y bodegas rurales simplificando los trámites para su constitución y prestación del servicio.

Los lugares en que se instalen los almacenes de depósito rural, deberán atender a las necesidades de los productores en los lugares estratégicos, considerando: la cercanía a los lugares de producción, los medios de comunicación con que se cuenta y las necesidades de cuidado de los bienes depositados.

La tutela del marco legal que se propone se le confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), toda vez que dicha dependencia tiene entre sus atribuciones legales, propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir más y mejor, además de integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía.

En esta ley se otorgarán a la SAGARPA las facultades legales necesarias para la aplicación e interpretación, y para su operación supervisión y control, por lo que se fortalecerán las atribuciones conferidas en otros ordenamientos dirigidas a integrar y articular los diversos procesos productivos.

La Secretaría es la instancia adecuada ya que de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lleva a cabo funciones de interrelación directa con los productores mexicanos, también porque cuenta dentro de su estructura con órganos desconcentrados como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que tienen los medios e infraestructura suficiente para atender de manera inmediata los requerimientos de los productores con los que tradicionalmente han venido trabajando.

Las facultades que dota la presente ley a la Secretaría, permitirán conocer la existencia en cantidad y calidad de los productos almacenados bajo el amparo de la Ley, cubriendo el vacío que hasta hoy se tiene por el desconocimiento de los inventarios de los diferentes productos agropecuarios, para eso se crea el Sistema de Integral de Información del Almacenamiento Rural, que permitirá que al Sector en su conjunto la toma de decisiones que redunden en beneficio de los intereses de los productores.

El Sistema Integral de Información del Almacenamiento Rural es una base de datos que contendrá la información relevante, que tiene como finalidad coadyuvar al manejo eficiente y confiable del almacenamiento rural, así como establecer una base sólida de conocimiento y control de inventarios y movimientos de los productos susceptibles de almacenamiento rural, para el conocimiento de los recursos nacionales y para el funcionamiento más ordenado y adecuado del mercado a favor de los productores rurales.

Por otra parte se dota a la Secretaría de facultades para la realización de auditorías, verificación, inspección de los almacenes y bodegas rurales que se encuentren sujetas a la presente ley, con el objeto de otorgar certeza a los depositantes de mercancías y sobre los documentos, certificados de depósito rural, de igual forma a quienes realizan operaciones mercantiles con ellos.

También la Ley que se propone, deja sentadas las bases para evitar la práctica de emisión de certificados de depósito de productos inexistentes o inventarios inexactos, o que no contengan las especificaciones de calidad y contenido que emanan de su texto, a efecto de otorgar certidumbre a los mismos para garantizar su operación confiable como instrumento de financiamiento por los particulares y las instituciones financieras del país.

Bajo el contexto descrito el almacenamiento rural representa una necesidad latente, tomando en cuenta que este servicio con establecimiento y acceso sencillo, amparado en una Ley, constituiría un instrumento de defensa para que el productor comercialice sus productos a precios reales y en mejores condiciones, disponiendo de un sistema sencillo y con certificados de depósito simples que respalden la cantidad y calidad de la producción, sirviendo éstos como garantía ante las instituciones crediticias.

Cabe destacar que la responsabilidad que otorgaría la propuesta de Ley de Almacenamiento Rural a SAGARPA, no requeriría de partidas presupuestales especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por tal razón el mandato quedaría enmarcado en el ejercicio de las funciones de la Secretaría, haciendo uso de los propios recursos de que disponga.

En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento legal que dé certeza jurídica en las transacciones comerciales de los productos agropecuarios, genere certidumbre a los agentes económicos del sector, y permita la incorporación de nuevos productos crediticios con el objetivo primordial de incrementar la productividad y calidad del agro nacional.

Por otra parte, desde su presentación y aprobación en la LXI Legislatura, no se encuentra una iniciativa integral en materia de almacenamiento que incide en mejorar la productividad y competitividad de los productores y que es congruente con los objetivos y estrategias con las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Federal, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2013-2018.

En general, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante cinco estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario; Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.

En particular, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, considera en su Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, una estrategia específica en esta materia, la 1.6: “Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante el almacenamiento y transporte”.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Primero. Se expide la Ley de Almacenamiento Rural.

Título Primero
Disposiciones Generales Capítulo I
Del Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden público e interés social.

La aplicación e interpretación para efectos administrativos de la presente Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las demás atribuciones que se vinculen con la debida ejecución de este ordenamiento y que le estén conferidas a otras dependencias del Ejecutivo federal.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, así como de sus instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio nacional;

II. Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, control, guarda o conservación de Productos Almacenables;

III. Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y conservación de Productos Almacenables, así como de las actividades que se deriven de las disposiciones contenidas en la presente Ley;

IV. Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por Almacenes Rurales;

V. Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, y

VI. Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo de existencias de Productos Almacenables resguardados en instalaciones autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales.

Capítulo II
De las Definiciones

Artículo 3. Para efectos de la Ley se entiende por:

I. Almacenamiento o Almacenaje Rural: Conjunto de actividades de recepción, acopio, manejo, conservación, control, guarda y custodia de Productos Almacenables;

II. Almacén Rural: Persona física o persona moral que se encuentra debidamente autorizada para prestar el servicio de Almacenamiento Rural en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que de ella deriven;

III. Autorización: Acto administrativo que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual faculta a personas físicas o morales para operar como Almacenes Rurales;

IV. Certificación: Procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría o terceros autorizados por la misma, hacen constar que las instalaciones, la infraestructura, los procedimientos y los establecimientos de los Almacenes Rurales, cumplen con la normatividad aplicable a la preservación y al buen estado de los Productos Almacenables que mantenga en depósito un Almacén Rural;

V. Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito: Documento expedido por los Almacenes Rurales, en términos del tercer párrafo del artículo 229 de la Ley general de títulos y Operaciones de Crédito, mediante el cual se representan el valor, la calidad y la existencia de los productos agropecuarios o semovientes resguardados en sus establecimientos;

VI. Contrato de Depósito Rural: Acuerdo celebrado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural en su calidad de depositante, con el objeto de depositar Productos Almacenables;

VII. Cuotas por Almacenaje: Tarifa de los servicios que por concepto de Almacenaje Rural se aplique al resguardo de los Productos Almacenables, la cual deberá ser erogada por el depositante;

VIII. Depositante: Propietario o poseedor legítimo que ingresa Productos Almacenables a los Almacenes Rurales, con motivo de la celebración de uno o varios Contratos de Depósito Rural;

IX. Disposiciones administrativas de carácter general: Actos administrativos de carácter general, que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como: acuerdos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de Almacenamiento Rural, y demás disposiciones aplicables al objeto de esta Ley;

X. Establecimiento: Silos, granjas, corrales y demás instalaciones de que dispongan las personas autorizadas, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural;

XI. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XII. Ley: Ley de Almacenamiento Rural;

XIII. Productos Almacenables: Maíz, trigo, sorgo, arroz, garbanzo, soya, frijol, café, azúcar, semovientes, así como los demás productos que autorice la Secretaría en términos de la presente Ley, y de la normatividad que de ella derive;

XIV. Retención: Acto administrativo expedido por la Secretaría que consiste en asegurar temporalmente los Productos Almacenables depositados en Almacenes Rurales, cuando se presente algún riesgo fitosanitario y/o zoosanitario, o en cumplimiento de disposición jurídica vigente;

XV. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XVI. Sistema: Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVII. Unidad de Verificación: La persona física o moral que realiza actos de verificación; y

XVIII. Verificación: Procedimientos que ejecuta la Secretaría o los terceros autorizados que tienen como objeto comprobar el cumplimiento de la presente Ley.

Capítulo III
De la Autoridad

Artículo 4. La Secretaría podrá celebrar los convenios que resulten necesarios con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los municipios.

Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría:

I. Expedir las autorizaciones de funcionamiento de los Almacenes Rurales, con base en lo dispuesto por esta Ley;

II. Establecer mediante acuerdos expedidos por el Titular de la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación, qué Productos Almacenables son susceptibles de ser depositados en Almacenamiento Rural, en adición a los señalados en la fracción XV del artículo 3 de esta Ley;

III. Dar a conocer al público en general, las autorizaciones que se otorguen para el funcionamiento de Almacenes Rurales, así como las solicitudes que se presenten y la cancelación o suspensión de las autorizaciones previamente concedidas;

IV. Verificar, inspeccionar y certificar el funcionamiento de los establecimientos que operen los Almacenes Rurales y que se encuentren destinados al depósito de Productos Almacenables en los términos de la presente Ley;

V. Establecer las obligaciones que deberán cumplir los Almacenes Rurales para integrar las bases de datos relativas a la integración de los inventarios; a los procedimientos que permitan preservar la calidad de los productos almacenados y de sus insumos; en términos de lo establecido por la Secretaría mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación;

VI. Evaluar, y en su caso, determinar la ubicación geográfica de los lugares en los que sea factible autorizar la operación de Almacenes Rurales, según las necesidades del Estado o región;

VII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio de Almacenes Rurales autorizados por la Secretaría, así como de aquellos que con motivo de una cancelación o suspensión han perdido la autorización para fungir como tales;

VIII. Determinar, y en su caso, ejecutar las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar, destruir o resguardar los Productos Almacenables depositados, cuando exista un riesgo sanitario o de desabasto, atendiendo el criterio de las autoridades correspondientes o a los peritos reconocidos por la Secretaría;

IX. Calificar las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan al incumplimiento de la misma;

X. Fijar con base en el servicio de Almacenamiento Rural que les ha sido autorizado, las garantías que deban otorgar quienes obtengan la autorización para operar como Almacenes Rurales;

XI. Regular la integración, la operación y el funcionamiento del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; y

XII. Las demás que determinen otros ordenamientos en materia de Almacenamiento Rural.

Artículo 6. El monto del pago de derechos que deberán realizar a la Federación, las personas físicas o morales interesadas en presentar a la Secretaría solicitudes de autorización para operar como Almacén Rural, o bien para prorrogar la autorización ya concedida, se determinará en la Ley Federal de Derechos.

Artículo 7. La Secretaría podrá celebrar convenios con Organismos Públicos o empresas privadas debidamente reconocidas, conforme a las Leyes aplicables como verificadores o profesionistas independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría, con el objeto de que se constate, el estado que guardan los establecimientos de que disponen las personas autorizadas, para operar como Almacenes Rurales y se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad aplicables.

Título Segundo
De los Almacenes Rurales Capítulo l
De las Autorizaciones

Artículo 8. La Secretaría, expedirá las autorizaciones que resulten procedentes a las personas físicas o morales, para operar como Almacén Rural.

Artículo 9. La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará los Productos Almacenables factibles de ser recibidos en Almacenamiento Rural que den lugar a la expedición del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, por parte de los Almacenes Rurales, en adición a los señalados en el artículo 3, fracción XV de esta Ley.

De igual forma integrará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el Directorio de los Almacenes Rurales que se encuentren autorizados en los términos de esta Ley.

Artículo 10. Para funcionar como Almacén Rural, se deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 15 de esta Ley y las demás disposiciones legales y/o administrativas en la materia y podrán almacenar los productos que les sean autorizados por la Secretaría, de acuerdo a la capacidad acreditada de sus instalaciones.

Artículo 11. Para efecto de otorgar las autorizaciones a que refiere la presente Ley, la Secretaría podrá solicitar a los interesados que acrediten la capacidad técnica y económica, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, ya sean personas físicas o morales, en los términos que establezca la Secretaría mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 12. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley, deberán usar en su denominación la expresión “Almacén Rural”.

Ninguna persona física o moral distinta a las señaladas en el párrafo anterior, podrá usar el término “Almacén Rural”. La institución que así lo haga, será sancionada conforme a la Ley.

Artículo 13. Para la autorización del establecimiento de Almacenes Rurales, se atenderá a las necesidades de cada región, de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, la recepción de solicitudes de autorización que estarán acompañadas con la información que deban presentar los interesados, de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría.

Corresponde a la Secretaría, a través de la unidad administrativa, que designe su titular, mediante instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la verificación e inspección de los Almacenes Rurales.

Capítulo II
De los Almacenes Rurales

Artículo 15. Para obtener la autorización para operar como Almacenes Rurales, las personas físicas dedicadas a la actividad rural, así como las personas morales constituidas con arreglo a la legislación nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con capacidad de contratar;

II. Operar establecimientos para la guarda, custodia, manejo y consignación de Productos Almacenables;

III. Contar con instalaciones de almacenaje dentro del territorio nacional;

IV. Tener domicilio legal dentro del territorio nacional;

V. Acreditar ante la Secretaría que cuentan con establecimientos de su propiedad o ser legítimo poseedor;

VI. Contar con Registro Federal de Contribuyentes.

VII. Cumplir con los requerimientos que se prevén en el Capítulo III de éste Título.

VIII. Para el caso de Almacenamiento Rural de semovientes, los interesados en obtener la autorización, deberán acreditar ser propietario o legítimo poseedor de la granja o corral confinado exclusivamente al depósito de animales donde se reciban éstos.

Asimismo, deberán comprobar que los establecimientos destinados a este tipo de servicio de Almacenamiento Rural, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Sanidad Animal, respecto a las medidas zoosanitarias y de Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Reducción de Riesgos;

IX. Deberán contar con un seguro contra riesgos que asegure todos los Productos Almacenables; y

X. Los demás que establezcan las disposiciones previstas en la presente Ley y en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Las autorizaciones que sean otorgadas al amparo del presente artículo, son por su propia naturaleza intransferibles.

Artículo 16. Los Almacenes Rurales tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo y control de Productos Almacenables bajo su custodia, amparados por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

Artículo 17. Los Almacenes Rurales podrán operar uno o varios establecimientos para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, obteniendo la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que deberá presentarse solicitud por cada establecimiento. Aquellos establecimientos autorizados, deberán recibir en depósito sólo los Productos Almacenables referidos en la autorización correspondiente.

Artículo 18. Los Almacenes Rurales podrán prestar el servicio de Almacenaje Rural, a los usuarios que deseen depositar Productos Almacenables, que se especifiquen en la autorización que para tal efecto expida la Secretaría, en estricto apego a las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 19. En relación a los Productos Almacenables depositados, los Almacenes Rurales podrán expedir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, mismos que no son títulos de crédito.

Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales autorizados, deberán amparar el depósito de Productos Almacenables, cuya existencia y almacenamiento sea verificable.

Artículo 20. Las personas morales que deseen obtener la autorización para operar como Almacén Rural, deberán contar con un capital social mínimo íntegramente pagado por aportes en efectivo y/o en especie equivalente a 8,702 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y para el caso de las personas físicas, deberán acreditar la existencia de un haber patrimonial cuyo valor sea igual a esta suma.

Artículo 21. Los Almacenes Rurales no podrán participar en actividades de especulación comercial ni bursátil, incluyendo la colocación de títulos de deuda en el mercado de valores, ni asumir deudas bancarias o financieras, ni emitir obligaciones o bonos, ni gravar sus bienes o activos.

Sus pasivos serán aquellos resultantes de la actividad propia de las operaciones de Almacenamiento Rural, así como salarios, cargas fiscales y sociales devengadas.

Artículo 22. Los Productos Almacenables bajo la custodia de los Almacenes Rurales no podrán ser objeto de embargo, gravamen o secuestro por cualquier causa o persona distinta de las consignadas en los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni podrá ejecutarse contra ellos acción o mandamiento de ejecución con motivo de cualquier operación o adeudo a cargo del Almacén Rural, que no se encuentre directamente relacionado con esos productos y los documentos que amparan su Almacenamiento Rural.

Artículo 23. La autorización que otorgue la Secretaría previo pago de los derechos correspondientes, tendrá una duración de cinco años contados a partir de su entrada en vigor y podrá ser prorrogada por el mismo plazo, siempre y cuando el Almacén Rural, se haya conducido conforme a los términos establecidos en su autorización, en estricto apego a las disposiciones aplicables a la materia, asimismo con tres meses de anticipación a la conclusión de la vigencia de la autorización, deberá manifestar por escrito su interés y disposición para continuar funcionando como Almacén Rural, para que se lleve a cabo la inspección correspondiente para determinar la procedencia de la prórroga, así como el pago de los derechos respectivos.

De igual forma, dicha autorización podrá ser revocada o suspendida en el momento que la autoridad constate el incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley y a las demás disposiciones legales y/o administrativas que expida la Secretaría.

Artículo 24. El Almacenamiento Rural autorizado y supervisado por la Secretaría, será acreditable mediante la celebración de uno o más Contratos de Depósito Rural de Productos Almacenables a título oneroso, acordado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural.

El costo de los servicios de guarda y custodia de los Productos Almacenables, depositados previstos en el Contrato de Depósito Rural, implicarán un concepto independiente al monto que cubra los servicios de seguro, conservación u otros, que maneje el Almacén Rural de que se trate, sin exceder las políticas generales determinadas para tal efecto por la Secretaría de Economía.

Capítulo III
De las Instalaciones

Artículo 25. Los Almacenes Rurales deberán designar a la persona que será la responsable del establecimiento, asimismo sus instalaciones deberán cubrir los siguientes:

I. Requerimientos mínimos:

a) Aduana de recepción;

b) Báscula;

c) Laboratorio de acuerdo al producto o productos a que sea destinada;

d) Montacargas y otros sistemas automatizados de movimiento;

e) Equipo contra incendio;

f) Equipo de ventilación si el producto lo requiere;

g) Tener en lugar visible los anuncios que permitan saber al público, que se trata de un establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, en términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene autorizadas realizar, y

h) Los demás requerimientos que mediante disposiciones administrativas de carácter general establezca la Secretaría.

II. Tratándose de granjas o corrales la designación de la persona que será responsable del establecimiento, deberá contar con los servicios de un médico veterinario responsable, conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal, así como:

a) Aduana de recepción;

b) Báscula;

c) Lugar de bebederos, comedores y sombreadores;

d) Lugar de estancia;

e) Equipo contra incendio;

f) Contar con mangas, corrales, presas de manejo y otros equipos para el manejo humanitario de los animales;

g) Tener en un lugar visible al público los anuncios de que se trata de un establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, aprobado en los términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene autorizadas realizar, y

h) Los demás requerimientos previstos en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Capítulo IV
Del Procedimiento de Recepción

Artículo 26. Para la recepción de los Productos Almacenables en los establecimientos previstos en esta Ley, se requiere:

I. Celebrar el Contrato de Depósito Rural, el cual deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

a) Los generales del depositante.

b) La descripción, cantidad y calidad de los productos.

c) La dirección y/o ubicación precisa del Almacén Rural.

d) Las cuotas por concepto de almacenaje, seguro y maniobras.

e) Las instrucciones del depositante relativas a las necesidades de almacenamiento, que requiera el producto almacenable depositado.

f) Las condiciones de depósito de los productos.

g) Anexar los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios que se requieran, conforme a las leyes aplicables.

h) Tratándose de Productos Almacenables importados, anexar los permisos correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable.

i) Anexar en su caso, el certificado de verificación de origen debidamente validado por las autoridades mexicanas.

II. Expedir los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

III. Condiciones Generales:

a) La forma en que se cobrarán las tarifas (sobre el valor de los productos, sobre la base del peso de los mismos, por unidades, entre otros.)

b) La fecha en que deberá cubrirse el pago de la cuota por concepto Almacenaje Rural.

c) Los aspectos en que no se hará responsable el Almacén Rural.

d) Los casos en que el Almacén Rural se encuentre obligado a responder.

e) Las condiciones y la cobertura del seguro de los bienes en resguardo, a petición del depositante.

Artículo 27. Todos los Productos Almacenables, cuyo depósito se encuentre representado por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, deberán contar con un seguro contra riesgos, que deberá ser contratado por el depositante o por el Almacén Rural, según se estipule en el Contrato a que se refiere el artículo anterior. En caso de siniestro se procederá en los términos del propio contrato de seguro.

Título Tercero
Funcionamiento de los Almacenes Rurales Capítulo Único
De la Operación de los Almacenes Rurales

Artículo 28. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para operar como Almacenes Rurales, deberán:

I. Mantener y conservar los establecimientos en las condiciones en las que les fue otorgada la autorización;

II. Celebrar el contrato previsto en la fracción I, del artículo 26 de la presente Ley, por cada depósito de Productos Almacenables que se resguarden en sus establecimientos;

III. Cumplir con lo pactado en los Contratos de Depósito Rural que celebren con sus depositantes, así como con aquellas obligaciones que de dichos instrumentos deriven;

IV. Ser responsable frente a cada depositante por el resguardo de los Productos Almacenables agrícolas mezclado o combinado, de la misma forma que si el producto agrícola hubiese sido depositado por separado;

V. Recibir los Productos Almacenables autorizados, siempre y cuando se encuentren en condiciones de ser depositados y de conformidad con la capacidad de sus instalaciones, mediante la práctica que el Almacén Rural tenga autorizada por la Secretaría;

VI. Requerir al depositante de Productos Almacenables, la presentación de los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones que sean aplicables a la condición sanitaria de los bienes que se pretenden depositar;

VII. Cumplir con lo establecido en la Ley de Federal de Sanidad Animal, relativo a las Buenas Prácticas Pecuarias y de Disminución de Riesgos, en el resguardo de los Productos Almacenables que sean semovientes;

VIII. Recabar, en su caso, copia de los documentos que acrediten la legítima importación de aquellos Productos Almacenables que así lo requieran;

IX. Emitir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, siempre y cuando los Productos Almacenables estén efectivamente almacenados en sus instalaciones al momento de su expedición y cumplan con las características que se contienen en dicho certificado;

X. Acreditar la existencia de los Productos Almacenables representados en los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, los cuales deberán cumplir con los elementos establecidos en el artículo 30 de la presente Ley y con la información que la Secretaría determine mediante disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

XI. Recibir el pago por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural de los productos que reciban en depósito. Las tarifas por este concepto deberán fijarse de acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría de Economía;

XII. Retener, en caso de no recibir el pago correspondiente, los Productos Almacenables depositados en sus establecimientos, hasta en tanto se garantice el pago por concepto de los servicios relacionados con el Almacenamiento Rural de dichos Productos Almacenables;

XIII. Entregar los Productos Almacenables depositados, contra la presentación y la devolución del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, que los represente, cuando así lo exija el legítimo tenedor y hacer el registro correspondiente para efectos de informar a la Secretaría;

XIV. Entregar los Productos Almacenables depositados, en el establecimiento en el que originalmente se recibieron, en la cantidad, calidad, grado y peso previstos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente, con independencia de que posteriormente a su recepción, hayan sido transferidos a otra instalación;

XV. Realizar la cancelación de aquellos Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que correspondan a los Productos Almacenables entregados en los términos de lo establecido en la fracción XIII del presente artículo;

XVI. Contar con la plataforma que establezca la Secretaría, en la cual puedan acceder para realizar el registro de datos que, en términos de las disposiciones aplicables, se incorporen al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVII. Entregar puntualmente a la Secretaría los reportes periódicos a que se refiere el artículo 40 de la Ley, así como la información que se requiera para integrar la base de datos que conforma el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVIII. Dar aviso oportuno a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria;

XIX. Informar a la Secretaría en los casos en los que sus instalaciones hayan sufrido alguna modificación o siniestro o cualquier daño, que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

XX. Informar a la Secretaría, sobre la modificación de su patrimonio social en caso de ser persona moral, y su estado patrimonial en caso de ser persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación o cambio;

XXI. Permitir en todo momento la inspección en instalaciones, libros, documentación y cuentas que la Secretaría determine, facilitándole los elementos necesarios para la realización de la misma;

XXII. Quienes obtengan una autorización en los términos de esta Ley, estarán obligados durante el periodo que dure la misma y hasta en tanto concluya la liquidación de las operaciones inherentes al servicio de Almacenamiento Rural, a proporcionar la información, los documentos y los demás elementos que faciliten las condiciones para que se lleven a cabo de manera oportuna, las verificaciones e inspecciones que realice la Secretaría o terceros autorizados; y

XXIII. Las demás que se encuentren previstas en la presente Ley y en la normatividad, que en materia de Almacenamiento Rural, expida la Secretaría.

Artículo 29. Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán proyectos de inversión para la comercialización, la modernización de la infraestructura comercial y desarrollo de capacidades administrativas, técnicas y de información comercial a los almacenes rurales regulados por esta Ley. Asimismo, se deberá asegurar la convergencia de los programas de apoyo al desarrollo, de la infraestructura de acopio y almacenamiento para la comercialización, así como los programas de pignoración, aseguramiento y coberturas, a fin de fortalecer el servicio de almacenaje objeto de esta Ley.

Título Cuarto
De los Instrumentos emitidos en materia de Almacenamiento Rural Capítulo Único
De los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito

Artículo 30. La expedición de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se regirán conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 31. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales, para acreditar la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables que sean depositados en Almacenamiento Rural, deberá contar, con los siguientes elementos mínimos:

a) Lugar y fecha del depósito.

b) Fecha de expedición.

c) Plazo señalado para el depósito, el cual no excederá los nueve meses.

d) Nombre del depositante, y en su caso, el tercero beneficiario del mismo.

e) Folio que corresponde al Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito.

f) Denominación del Almacén Rural y la firma del responsable del establecimiento.

g) Fecha de inicio del Contrato de Depósito Rural y el vencimiento del mismo.

h) Los términos de los seguros, si los Productos Almacenables están amparados contra incendio u otras circunstancias de carácter eventual o natural.

i) La mención respecto a si los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se encuentra sujeto al pago de derechos, impuestos u otras responsabilidades fiscales.

j) La mención de las tarifas o adeudos a favor del Almacén Rural, o en su caso, el señalamiento de no existir adeudos.

k) En el caso de remate de los productos, por el no pago del servicio de Almacenamiento Rural, o el abandono de los Productos Almacenables, la postura legal será valor declarado o avalúo de las personas externas, reconocidas por la Secretaría, y

l) Las especificaciones de los productos depositados, tales como:

1. Peso y valor declarado por el depositante;

2. La acreditación correspondiente respecto de las calidades del producto almacenable depositado y demás características útiles para su identificación.

Artículo 32. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito expedidos por los Almacenes Rurales son indivisibles. Cuando por cualquier causa deba de disponerse de sólo parte de los productos almacenados, que ampara el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, éste deberá cancelarse emitiendo uno nuevo por el saldo que quede efectivamente depositado.

Los Almacenes Rurales, no podrán expedir más de un Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito por un mismo conjunto de Productos Almacenables depositados. Asimismo, no podrán expedir duplicados de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

En caso de que el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, sea extraviado o le sea sustraído al legítimo tenedor, los Almacenes Rurales deberán cancelar dicho documento, y expedir uno nuevo que acredite la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables referidos en el Contrato de Depósito Rural correspondiente.

Artículo 33. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos en términos de la presente Ley, pueden ser transferibles en términos de endoso no negociable a favor de persona determinada, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo 34. Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, no sustituyen al contrato de depósito.

Artículo 35. Los Almacenes Rurales, llevarán un registro de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, en donde se anotarán todos los datos contenidos en el mismo, la información obtenida para el registro deberá ser reportada a la Secretaría.

Título Quinto
Del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales Capítulo Único
De la Conformación del Sistema

Artículo 36. El Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, es la base de datos a cargo de la Secretaría, que se integra de la información que entregan los Almacenes Rurales, a través de reportes, por lo cual la Secretaría emitirá disposición en la que se establecerá la periodicidad, en los que se da cuenta de las existencias físicas reflejadas en los inventarios, así como las entradas y salidas que se realizan en los establecimientos dedicados al Almacenamiento Rural, que se encuentran autorizados por la Secretaría, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables.

El Sistema tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado, información veraz y oportuna relativa al manejo eficiente y confiable de la infraestructura autorizada, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, así como establecer una base sólida de conocimiento de los inventarios y movimientos de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural, a efecto de, coadyuvar al funcionamiento más ordenado del mercado, en favor de los productores agropecuarios y del desarrollo nacional.

Serán principios rectores del Sistema la accesibilidad, la transparencia, la objetividad y la independencia.

El Sistema será operado y administrado por la Secretaría, en los términos de la normatividad que la rige.

El Sistema está vinculado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable siendo parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

Artículo 37. Los Almacenes Rurales, deberán participar en el Sistema, proporcionando los datos relativos a la existencia, cantidad y calidad de los Productos Almacenables depositados bajo el esquema del Almacenamiento Rural, así como cualquier otra información, que en cumplimiento a las disposiciones aplicables, les sea solicitada por la Secretaría.

Artículo 38. La Secretaría proporcionará a cada Almacén Rural una clave de acceso a la plataforma del Sistema para efecto de que proporcionen por ese medio, los datos requeridos conforme a lo dispuesto en la Ley, con independencia de que dichos datos deban, en términos de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, presentarse de manera física por medios impresos.

Artículo 39. La información del Sistema es pública, cuyo acceso se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respetando los criterios de protección de los datos personales.

Artículo 40. Los Almacenes Rurales deberán proporcionar la siguiente información periódicamente, según lo establezca la Secretaría en el calendario que les asigne:

I. Reporte de entradas y salidas de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural;

II. Reporte de Inventarios;

III. Reporte de operaciones conteniendo todos los datos relacionados con las mismas, incluyendo la información de registro previsto en el artículo 35 de la presente Ley;

IV. Reporte de las Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito., cancelados;

V. Reporte de incidencias y novedades del periodo;

VI. Reporte de control de sanidad;

VII. Reporte de las operaciones, altas, bajas y montos de aseguramiento;

VIII. Las demás que la Secretaría establezca con carácter transitorio o permanente, mediante disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

Título Sexto
De las Infracciones, Sanciones y Delitos Capítulo I
De las Infracciones

Artículo 41. Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que emanen de la misma, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Son infracciones administrativas:

I. Incumplir con el mantenimiento y conservación de los establecimientos con los que opera el Almacén Rural, en los términos en lo que fue otorgada la autorización;

II. Incumplir con los requerimientos previstos en las fracciones I y II del artículo 26 de la presente Ley;

III. Infringir los términos pactados en los Contratos de Depósito Rural que celebre con sus depositantes;

IV. Recibir Productos Almacenables, que no estén en condiciones de ser depositados o que estando en condiciones, se reciban al margen de las prácticas autorizadas por la Secretaría;

V. Recibir Productos Almacenables en depósito, sin solicitar al depositante la presentación de los certificados fitosanitarios y zoosanitarios correspondientes, conforme a las disposiciones que sean aplicables a su condición sanitaria;

VI. Incumplir con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, aplicables al Almacenamiento Rural de Productos Almacenables;

VII. Recibir Productos Almacenables importados, sin recabar copia de los documentos que acrediten su legítima importación, conforme a las disposiciones legales aplicables:

VIII. Exceder las tarifas máximas establecidas por la Secretaría de Economía, para el cobro a los depositantes por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural;

IX. Incumplir con el registro de las actividades y operaciones señaladas en el artículo 40 de la Ley;

X. Entregar los Productos Almacenables, depositados en un establecimiento diferente al que originalmente se recibieron;

XI. Entregar los Productos Almacenables depositados en cantidad, calidad, grado y peso diferentes a los previstos en El Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente;

XII. Omitir la cancelación de cada Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, recibido contra entrega del Producto Almacenable depositado;

XIII. Carecer de la plataforma establecida por la Secretaría, para realizar el registro de datos en el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XIV. Incumplir con los plazos de entrega de la información requerida para la integración del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XV. Transgredir la obligación de avisar oportunamente a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria;

XVI. Omitir informar a la Secretaría, en los casos en que las instalaciones hayan sufrido alguna modificación o siniestro o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

XVII. Incumplir con la obligación de informar a la Secretaría sobre la modificación de su patrimonio social, en caso de ser persona moral, y el estado patrimonial, en caso de persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación o cambio;

XVIII. Obstruir o denegar el acceso para las verificaciones e inspecciones en instalaciones, libros, documentación y cuentas que realice la Secretaría;

XIX. Participar en actividades de especulación comercial y/o bursátil y/o asumir deudas bancarias o financieras y/o emitir obligaciones o bonos y/o gravar sus bienes o activos, para fines distintos a los directamente relacionados con su operación;

XX. Incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley; y

XXI. Las demás infracciones que resulten aplicables, en términos de la legislación vigente y de la normatividad que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Los representantes legales, directores autorizados y designados responsables de los establecimientos, serán responsables solidarios de los daños que se causen por dolo o negligencia en la operación de los Almacenes Rurales.

Artículo 42. Para la imposición de sanciones la Secretaría, previo el cumplimiento a la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes que resulten aplicables en términos de la normatividad que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Para los efectos del párrafo anterior, se establecen las siguientes sanciones:

I. Multa;

II. Suspensión temporal de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural;

III. Revocación o cancelación de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural.

Artículo 43. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas a las personas autorizadas para operar un Almacén Rural, con independencia de otras sanciones a que haya lugar, de acuerdo a lo siguiente:

I. De 250 hasta 2,500 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI y XVII del artículo 41 de la Ley;

II. De 2,501 hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones II, III, VII, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX y XX del artículo 41 de la Ley;

Estas multas se impondrán a los actores materiales de la conducta infraccionada, de conformidad con lo establecido en la Ley y/o en las disposiciones administrativas de carácter general, que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Artículo 44. Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

La reincidencia se podrá castigar hasta con el doble de la máxima prevista para la infracción de que se trate, con independencia de que puede dar lugar a la revocación de la autorización en los términos señalados en la fracción VI, del artículo 46.

Las multas a que se refiere la presente Ley, deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el infractor promueva cualquier medio de impugnación, en el que no se obtenga una resolución favorable, su importe deberá ser cubierto de inmediato una vez que se notifique al infractor la resolución correspondiente.

Capítulo II
De la Suspensión

Artículo 45.La Secretaría, previa audiencia de las personas a las que se autorizó para operar un Almacén Rural, podrá declarar la suspensión de la autorización otorgada, por un período de entre 20 y 90 días naturales, en los siguientes casos:

I. Por no presentar los informes a que se encuentran obligados ante la Secretaría, en términos de la presente Ley o conforme a lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general respectivas;

II. Realizar Prácticas de Almacenaje Rural no autorizadas de manera reiterada y que se caractericen por devolver los Productos Almacenables en instalación distinta a la que fueron depositados o en cantidad, calidad, grado y peso distintos a los establecidos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito;

III. Si los establecimientos que presten el servicio de Almacenamiento Rural, no cubren al menos los requisitos que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general;

IV. Por no informar a la Secretaría, de las modificaciones o siniestros que hayan sufrido sus instalaciones o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

V. Abstenerse de designar un responsable de cada establecimiento para el Almacén Rural, según sea el caso;

VI. No contar con la plataforma que establezca la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general, para acceder al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

VII. Recibir en depósito Productos Almacenables, que no estén permitidos en términos de la autorización para operar como Almacén Rural;

VIII. Abstenerse de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en lo que respecta al Almacenamiento Rural.

Durante el tiempo que dure la suspensión, no se podrán prestar servicios de Almacenamiento Rural.

Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la suspensión deberán cumplirse en sus términos y no afecta la validez del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito., ni de los Contratos de Depósito Rural emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción.

La suspensión impuesta no exime a las personas autorizadas de cumplir con la obligación que originó dicha suspensión y del cumplimiento de las demás que impone esta Ley para la prestación del servicio de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere al depósito de Productos Almacenables que se estén proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Capítulo III
De la Revocación

Artículo 46. La Secretaría, respetando la garantía de audiencia de las personas autorizadas para operar un Almacén Rural, podrá declarar la revocación de dicha autorización, en los casos siguientes:

I. Por no iniciar operaciones de Almacenamiento Rural, dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 15;

II. Por no mantener, después de haberse otorgado la autorización correspondiente, los requerimientos de capitalización establecidos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20;

III. Efectúen operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o en las disposiciones administrativas de carácter general o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas mercantiles o suspenden por determinación propia las actividades de Almacenamiento Rural que le han sido autorizadas por un período no mayor a los treinta días naturales, sin justificación alguna;

IV. Mezclen Productos Almacenables depositados de diferentes calidades en sus establecimientos, y que derivado de ello, causen detrimento a dichos productos almacenados y en consecuencia, a los depositantes;

V. Permitan y avalen la emisión de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, relativos a Productos Almacenables que no mantengan en depósito, dupliquen la emisión de dichos documentos o no coincidan con las características que ampare dicho documento;

VI. En caso de reincidencia en las conductas previstas en el artículo 41.

Para efectos de esta fracción se entiende que reincide, al que incurrió en una infracción y fue sancionado, y en adición de aquella, cometa la misma infracción dentro de un periodo inmediato de sesenta días naturales siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución correspondiente.

Artículo 47. La declaración de revocación de la autorización se inscribirá en el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales. La revocación impedirá a la persona o personas autorizadas para operar un Almacén Rural a prestar los servicios de Almacenamiento Rural.

Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la revocación, deberán cumplirse en sus términos y no afecta la validez de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni de los Contratos de Depósito Rural, emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción.

La sanción impuesta no exime a las personas autorizadas, de cumplir con las obligaciones que impone esta Ley, para la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere a los que se estén proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Capítulo IV
De los Delitos

Artículo 48. Serán sancionados con pena de prisión de tres a nueve años y multa de 500 hasta 2000 mil días de salario, a quien con arreglo a la Ley tenga facultades de administración, representación o manejo de los Almacenes Rurales que:

I. Dispongan o autoricen la disposición indebida de los Productos Almacenables depositados al amparo de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, en los Almacenes Rurales;

II. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que amparen Productos Almacenables con datos sobre sus características, calidades o especificaciones distintas a aquellas, que de manera real tengan los Productos Almacenables en los Almacenes Rurales;

III. Proporcionen datos falsos a la Secretaría o al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales a su cargo respecto de los movimientos y existencias de los Productos Almacenables y demás información que obligatoriamente deben presentar conforme lo previsto en la Ley;

IV. Tengan a su cargo la guarda y custodia de los Productos Almacenables depositados y sin causa justificada los retengan contra la voluntad de quien deba disponer de ellos por su calidad de legítimo tenedor del Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que ampare dichos productos;

V. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de la guarda de Productos Almacenables inexistentes o no depositados en los establecimientos del Almacén Rural que lo emite;

VI. Expidan por duplicado Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de Productos Almacenables que ya cuenten con los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

Artículo 49. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años el titular de la autorización para operar un Almacén Rural, quien a sabiendas, siga realizando actividades para operar en calidad de Almacén Rural, aun cuando se le hubiere revocado la autorización por la autoridad competente para operar con ese carácter.

La misma sanción se aplicará a quien realice operaciones previstas en el presente ordenamiento, ostentándose como Almacén Rural, sin contar con la autorización correspondiente en los términos de la Ley.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tendrá un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Almacenamiento Rural, para expedir los acuerdos secretariales y demás disposiciones administrativas de carácter general que deriven de ésta, con motivo de su debida instrumentación, mismas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos los acuerdos, circulares y demás disposiciones legales emitidas por la Secretaría, que contravengan el contenido de esta ley.

Cuarto. La ejecución de las atribuciones que este ordenamiento confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, se desempeñarán a través de las unidades administrativas ya existentes, a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 99. El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, promoverá la elaboración, observancia, inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad en lo facilite las transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y de semovientes. Además, promoverá la creación de una base de referencia que de financiamiento de cosechas e inventarios.

Artículo 100. Este Servicio promoverá ante las dependencias competentes de la administración pública federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas a la inocuidad en el almacenamiento de semovientes y de productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que prevengan o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para la movilización y operación de redes de frío de los productos agropecuarios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: José Erandi Bermúdez Méndez,Eva Florinda Cruz Molina, Felipe Cervera Hernández, Genoveva Huerta Villegas, Jesús Antonio López Rodríguez, Lilia Arminda García Escobar, Miguel Ángel Huepa Pérez, Natalia Karina Barón Ortiz, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY AGRARIA Y LEY PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Agraria, y para el Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, José Erandi Bermúdez Méndez y Exaltación González Ceceña, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 149, 151 y 154, y se reforma la fracción IV y adiciona la fracción VI del artículo 155 de la Ley Agraria, y se adiciona la fracción XX del artículo 136, y se reforman los artículos 139, 160, 165 y 170 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, se sentaron las bases para concretar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los ejidatarios y sus familias, al establecer los principios legales para regular el mercado de tierra social, particularmente la compra, renta y asociación, y el definir la ubicación y superficie de los bienes que conforman parte de su patrimonio.

A 24 años de dicha reforma no se han resuelto los graves problemas de rezago, para que la tierra y sus recursos cumplan con la esencia del reparto agrario, que sean medios de vida para que las familias de los ejidatarios y los comuneros puedan vivir mejor.

En 2014, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) había 8.7 millones de pobres indígenas, de los cuales 31.8 por ciento son pobres extremos, mientras que 17 millones de pobres residen en localidades rurales, de los cuales la mayoría son sujetos agrarios. Por su parte, datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que cerca del 60 por ciento de las parcelas del país tienen menos de 5 hectáreas, cuya producción no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de consumo, lo que demanda trabajo extraparcelario.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2014, más de la mitad de los propietarios sociales sobrepasan los 50 años, la población campesina sigue abandonando sus tierras por no tener opciones de ingreso y los jóvenes rurales, entre 19 y 29 años, no tienen tierra y requieren alternativas para su desarrollo.

Por otra parte, se registra un deterioro de nuestros recursos naturales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que en México son deforestadas cada año alrededor de 314 mil hectáreas de cobertura vegetal; sin embargo, organizaciones campesinas, grupos ambientalistas e incluso autoridades hablan de 600 mil y hasta de un millón de hectáreas deforestadas cada año. Indicadores de la Universidad Autónoma de Chapingo señalan que 64 por ciento de las tierras de cultivo en México presentan un nivel de degradación que va de ligero a extremo y que, consecuentemente, nuestros suelos están perdiendo paulatinamente su capacidad productiva.

En este sentido, el minifundio y la pobreza de la población agraria resultan serios obstáculos para lograr que su patrimonio derive en la compactación y circulación de tierras, en aprovechar de forma eficiente los apoyos en capacitación, financiamiento y tecnología, entre otros aspectos de importancia. Por lo que no basta con tener la tierra y los papeles para demostrar la propiedad, se requieren oportunidades de desarrollo para hacerla productiva.

Es por ello que esta iniciativa se sustenta en el artículo 27 constitucional fracción VII, que reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y establece la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas, y establece que la ley regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan.

Asimismo considera la fracción XX del mismo artículo 27 constitucional, donde se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

De tal forma, que en términos del marco jurídico mexicano se mandata al Ejecutivo federal, a través de sus diversas dependencias y entidades, para que en aras de la integralidad y coordinación de las políticas públicas, fundamenten su actuar con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, el cual se contempla en el artículo 135 de la Ley Desarrollo Rural Sustentable pero no en la propia Ley Agraria.

Dicho sistema, se integrará en primer lugar por el registro de la propiedad social, y en segundo término de información específica en materia de recursos naturales y agropecuarios, servicios ambientales, programas públicos y padrones de beneficiarios de apoyos y subsidios, entre otra gran cantidad de información que se genera de forma periódica.

Es importante destacar que ya se cuenta con amplias bases de datos de diversas dependencias y entidades públicas. Sin embargo, su fragmentación y dispersión dificulta que existan áreas de encuentro que deriven en la sinergia de acciones que faciliten una visión integral del desarrollo rural sustentable. De ahí que sea fundamental partir de un principio básico, los sistemas de información generados sobre el sector primario deben estar enfocados a la población campesina, a nuestros sujetos agrarios.

De acuerdo al Registro Agrario Nacional, de las 198 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 52 por ciento son propiedad social, es decir 103.5 millones de hectáreas pertenecen a la población campesina, a más de 30 mil grupos agrarios, ejidos y comunidades que constituyen la propiedad social en nuestro país. En esa superficie están la mayor parte de los bosques y selvas del país, nuestra biodiversidad; así como mujeres y hombres que trabajan en sus tierras y desean producir más, demandando opciones reales de desarrollo.

El catastro rural, a cargo del Registro Agrario Nacional, constituye una herramienta que nos permitiría disminuir las enormes diferencias que actualmente existen en el acceso a la información, toda vez que desde hace más de una década se planteó e instrumentó su modernización institucional para generar la integración de información del suelo con otros sistemas a fin de impulsar efectivamente el desarrollo rural integral sustentable; por lo que además de otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, se podría ofrecer oportunidades a ejidatarios y comuneros de acuerdo a la vocación de su tierra, revalorar a los núcleos agrarios por el gran potencial que tienen respecto a la prestación de servicios ambientales, más allá de producir alimentos, entre otros aspectos de la mayor relevancia.

En la medida que se consolida el patrimonio familiar a través de la certeza jurídica de la propiedad, es posible identificar, organizar y capacitar a los sujetos agrarios para el aprovechamiento de las vocaciones económicas de los ejidos y comunidades con financiamiento y tecnología, al tiempo de propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Actualmente, el RAN cuenta con más de 20 mosaicos catastrales de la propiedad social en México, a los que se ha sumado información geográfica básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Cabe comentar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció en su plan estratégico de la modernización de la ASF 2011-2017, y como parte de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la auditoría sobre la modernización del RAN, lo que ha permitido revisar el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, que implica la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la eficacia en el cumplimiento de su objetivo, la eficiencia en la operación y la economía en la aplicación de los recursos; con observaciones hasta 2014 cuando se alinea el programa de modernización del RAN al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

Dentro de las observaciones realizadas por la ASF, en el informe de resultados de 2012 derivados de la Auditoria número 481, destaca lo siguiente: “... actualmente en el RAN, a través del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional se encuentra operando el sistema integral que vincula la información de diversas bases de datos para una consulta ágil, certera y fácil de realizar, con el fin de brindar al usuario herramientas necesarias para la verificación de la información, evitando la consulta de varios sistemas y ahorrando tiempo en la atención a los usuarios de los servicios que presta esta institución, por lo que una vez que se cuenta con esa plataforma informática, se está en posibilidades de dar mayor atención al soporte documental derivado del mismo”.

En este sentido, se puede afirmar que este proyecto de iniciativa no tendrá impacto presupuestal, toda vez que por medio del programa de modernización del Catastro Rural Nacional, se está operando el Sistema Nacional de Información Agraria con recursos presupuestados para este objetivo desde el año 2005 a la fecha, aunque no existe un reconocimiento del mismo en la propia Ley Agraria, como se comentó anteriormente.

Desde que se impulsó la modernización del RAN hasta noviembre de 2015, se han firmado diversos convenios de coordinación y colaboración cuando existía la Secretaría de la Reforma Agraria y, ahora, entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Inegi, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Marina, entre otros organismos, dependencias y entidades públicas y privadas para seguir fortaleciendo la integración y el intercambio de información del RAN con el fin de propiciar un desarrollo rural y regional más equilibrado, así como por las propias necesidades de algunas instituciones, como el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) que requería regularizar la propiedad de mil 359 unidades médicas, de un total de tres mil 589 que no cuentan con certeza jurídica en la propiedad de la tierra, así como lo ha hecho en el caso de escuelas, universidades y otros espacios que se encuentran en terrenos irregulares.

Al Catastro Rural de la Propiedad Social del RAN, se está añadiendo, también, información sobre el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) para el fomento de las actividades económicas en el medio rural; información sobre vocaciones productivas generada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y el Servicio Geológico Mexicano; imágenes satelitales de la Secretaría de Marina procesadas en la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Alta Resolución (Evismar); entre otros.

Por lo que el RAN cuenta con la ventaja de generar amplias bases de datos relativas a la propiedad social integradas en un sistema federal, el cual da la posibilidad de demostrar la complejidad de la estructura de catastros georreferenciados y del mosaico de registros de la propiedad social del país.

En este sentido, con el Sistema Nacional de Información Agraria se trata de ubicar las tierras ejidales y comunales, donde se encuentra una gran riqueza natural para optimizar recursos, focalizar impactos positivos y tener una mayor cobertura territorial y poblacional de beneficiarios, a través del intercambio de información y coordinación de trabajo de campo para difundir y operar programas, y así lograr su aprovechamiento sustentable, a fin de cambiar la vida de cientos de familias rurales.

Esto permitiría que programas dirigidos a localidades de alta y muy alta marginación, para pequeños productores, para campesinos sin tierras como los que forman parte de la población objetivo de programas como Arráigate (que se integra por los programas Formar y Jóvenes Emprendedores), el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete), puedan fortalecerse con opciones reales de ingreso sostenible y para incidir en la productividad, al tiempo de favorecer la circulación generacional de la tierra y evitar la migración de jóvenes y mujeres por falta de oportunidades.

Asimismo, permitiría contribuir en los servicios ambientales como una alternativa potencial para generar ingresos, al incidir en el diseño de proyectos con un enfoque territorial que aumente el valor de la propiedad social con actividades de biodiversidad, considerando los sitios prioritarios de conservación (con datos de Conabio); las reservas de carbono en bosques, selvas y matorrales (con datos de Conafor); y servicios hidrológicos, considerando las reservas de agua (con datos de la Conagua); por lo que se estaría incidiendo también en la biodiversidad, el manejo forestal sustentable y la aplicación de ordenamientos comunitarios, integrando zonas rurales y urbanas.

La amplitud de la información con la que cuenta el Catastro Rural de la Propiedad Social del RAN permitiría analizar problemáticas de abastecimiento de agua, servicios, crecimiento urbano, infraestructura; además de permitir análisis, modelos y proyectos sociales y económicos que eviten el deterioro de los ecosistemas así como el agotamiento de nuestros recursos naturales, propiciar un desarrollo más equilibrado y armónico del campo y las ciudades y, por ende, mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Otro de los aspectos imprescindibles para avanzar en el desarrollo rural sustentable es impulsar la participación de estados y municipios, a fin de lograr un catastro rural integrado, que considere la propiedad privada y la propiedad ejidal y comunal; donde la información que corresponde a los estados como los Registros Públicos de la Propiedad para regular y registrar las propiedades privadas, se vincule con la información que registra el RAN sobre la propiedad ejidal y comunal, a fin de lograr un análisis o enfoque territorial de desarrollo regional desde el punto de vista productivo.

Asimismo, se pretende crear las condiciones para que las comunidades crezcan ordenadamente, delimitando las zonas más adecuadas para evitar desastres naturales recurrentes, así como las zonas más productivas, más allá de identificar y prevenir las zonas que pueden derivar en conflictos sociales. Por ejemplo, las empresas necesitan permisos para desarrollar su trabajo en territorios que no son propiedad de una persona sino que pertenecen a una comunidad, como en el caso de los contratos que derivan de la reforma energética, o en materia de desarrollo industrial, minero, para comercializar tierra para vivienda, tal forma que resulta estratégico contar con la información que genera el RAN para proyectos específicos de algunos sectores, y en general para planeación del desarrollo municipal, rural y regional.

Por lo que esta iniciativa propone establecer el Sistema Nacional de Información Agraria, basado en tecnologías de la información y la comunicación, que integre toda la información documental, registral y catastral de la propiedad social en México, a efecto de asegurar la generación de información clara, confiable y suficiente, que sustente el avance de las actividades desarrolladas, la adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas.

Lo que significa, que con la información registral tenemos la identificación, ubicación, titularidad, características, linderos y colindantes del predio; la catastral, facilita la identificación física, jurídica, económica y fiscal de los predios del territorio nacional, lo cual determina su localización geográfica y su representación cartográfica; mientras que con la información de los demás sistemas de información se logra crear un inventario de los territorios nacionales en términos de recursos naturales, agua, ambiente, para determinar su vocación productiva para incidir en una mejor utilización de los recursos, lo que implica promover un efectivo ordenamiento territorial con criterios de orden, sustentabilidad y desarrollo regional, que deriven en el bienestar de la población rural.

De esta manera, incidiremos en los objetivos del Registro Agrario Nacional de promover la regularización de la tenencia de la propiedad social generando una seguridad jurídica documental y su vinculación con proyectos sociales y productivos, lo que se traducirá en beneficios específicos para más de 4 millones de familias que viven en el sector agrario nacional, así como para todos los mexicanos en términos de calidad de vida y sustentabilidad ambiental.

Por lo anterior expuesto, se propone reformar la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La primera, para establecer el Sistema Nacional de Información Agraria como un instrumento sustentado en tecnologías de información y comunicación que contribuirá con los demás sistemas de los diferentes sectores productivos y gubernamentales del país en favor de los núcleos agrarios, como del desarrollo local y regional.

Mientras que en la segunda, para considerar el potencial del Sistema Nacional de Información Agraria en la determinación de zonas y regiones productivas del país, regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural, uso del suelo, reestructuración de la propiedad y reconversión productiva.

En este orden de ideas, se presenta a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman los artículos 5o., 149, 151 y 154, y se reforma la fracción IV y adiciona la fracción VI del artículo 155 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 5o.Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 149.Para efectos de lo dispuesto en las fracciones VII, XVII y XX del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las dependencias y entidades responsables de la información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Energía, así como de las que considere necesarias a fin de integrar el Sistema Nacional de Información Agraria.

Dicho sistema es un instrumento sustentado en las tecnologías de la información y la comunicación que tiene como objetivo prioritario la planeación, integración y coordinación de políticas de desarrollo rural sustentable, estrategias regionales y sectoriales del Ejecutivo Federal, al cual está obligado a consultar para determinar programas dirigidos a núcleos agrarios, vocaciones productivas, reconversión productiva, reestructuración de unidades de producción rural y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 151.El Registro Agrario Nacional y el Sistema Nacional de Información Agraria serán públicos y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos, inscripciones, mosaicos catastrales y demás información generada por estos instrumentos y obtener a su costa las copias que solicite.

Artículo 154.Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el Sistema Nacional de Información Agraria, a fin de lograr un catastro rural integrado, que considere la propiedad privada y la propiedad ejidal y comunal, y que contribuya al análisis territorial de desarrollo regional y rural sustentable.

Artículo 155.El Registro Agrario Nacional deberá:

I.Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II.Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III.Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales;

IV.Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo en medios digitales;

V.Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley; y

VI. Promover y fomentar la integración, modernización, actualización y vinculación permanente del registro de la propiedad rural, del catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los municipios y de los registros públicos de la propiedad.

Segundo. Se adiciona la fracción XX del artículo 136, y se reforman los artículos 139, 160, 165 y 170 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 136. Será responsabilidad de la Comisión Intersecretarial coordinar los esfuerzos y acopiar y sistematizar información de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales que integren el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, considerando la información proveniente de los siguientes tópicos:

I. La comercialización agropecuaria municipal, regional y estatal;

II. Los estudios agropecuarios;

III. La comercialización agropecuaria nacional;

IV. La información de comercio internacional;

V. La información climatológica, de los recursos naturales, áreas naturales protegidas e hidráulica;

VI. La información relativa al sector público en general;

VII. La información sobre las organizaciones e instituciones de los sectores social o privado y demás agentes de la sociedad rural;

VIII.Los sistemas oficiales de registro sobre tecnología, servicios técnicos y gestión; y

IX. La información sobre los mecanismos de cooperación con instituciones y organismos públicos internacionales.

X. La información en materia de catastro rural nacional, ordenamiento territorial y actividades relacionadas para la reestructuración de la propiedad y reconversión productiva.

Artículo 139. Para el impulso del cambio estructural propio del desarrollo rural sustentable, la reconversión productiva, la instrumentación de los programas institucionales y la vinculación con los mercados, la Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales que convergen para el efecto, definirán una regionalización, considerando las principales variables agrarias,socioeconómicas, culturales, agronómicas, de infraestructura y servicios, de disponibilidad y de calidad de sus recursos naturales y productivos.

...

Artículo 160.La Comisión Intersecretarial, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, así comode indicadores y criterios que establezca para tal efecto, con la participación del Consejo Mexicano y de los gobiernos de las entidades federativas, definirá las regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural, que como tales serán objeto de consideración preferente de los programas de la administración pública federal en concordancia con el Programa Especial Concurrente.

Artículo 165.De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los gobiernos federal, estatales y municipales, cuando así lo convengan, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, fomentarán el uso del suelo más pertinente de acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los procesos de producción más adecuados para la conservación y mejoramiento de las tierras y el agua.

Artículo 170.La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, determinará, con base en el Sistema Nacional de Información Agraria, zonas de reconversión productiva que deberá atender de manera prioritaria, cuando la fragilidad, la degradación o sobreutilización de los recursos naturales así lo amerite.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, contarán con 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: José Erandi Bermúdez Méndez,Eva Florinda Cruz Molina, Felipe Cervera Hernández, Genoveva Huerta Villegas, Jesús Antonio López Rodríguez, Lilia Arminda García Escobar, Miguel Ángel Huepa Pérez, Natalia Karina Barón Ortiz, Ramón Bañales Arambula, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para dictamen.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Karina Barón, por favor.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente. Gracias. Para pedirle su autorización al diputado, para que pudiera adherirme a la iniciativa de la Ley de Almacenamiento, ya que el principal problema del campo mexicano tiene que ver con la falta de acopios en nuestros productores en todas las regiones del país. Si me lo permite.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente Bermúdez, manifiesta su aceptación para que así sea.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Sonido también en la curul de la diputada Eva Cruz, por favor.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, señor presidente. También le pido permiso al que acaba de presentar estas iniciativas para sumarnos a ellas, porque necesitamos también ver por los ejidatarios, la Ley Agraria y todo. Para eso me sumo, Oaxaca se suma con esta iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera su aquiescencia para que pueda ser suscrita también por quienes así lo deseen y particularmente por quienes se han manifestado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obra Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Sergio López Sánchez:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los recientes casos de corrupción relacionados con la empresa OHL, han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario.

Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.

Es bajo este contexto de corrupción rampante entre el gobierno federal y los grandes consorcios internacionales que presento esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos.

En términos generales, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores condiciones. Consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen propuestas de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor adjudicación con lo que el contrato queda formalizado.

Todo el procedimiento se inspira para alcanzar la finalidad de deseada en dos principios. Igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas de las bases.

Sin embargo vemos algunas deficiencias que observamos en estos dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos de contratación en sus diferentes vertientes. Son las siguientes.

Se han creado especie de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, con lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.

Se han limitado la competencia entre los proveedores, siendo inexistente un juego entre oferta y demanda; se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública.

La información que se envía al sistema Compranet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas.

Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema Compranet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

En virtud de lo anterior es que nos propusimos atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.

En adición a lo anterior buscamos que el servidor público, ante factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones, quede acotado por razón de ley para que no tenga margen para realizar acciones corruptas que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos, no hay oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo de beneficio particular en detrimento de los recursos públicos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Los recientes casos de corrupción relacionados con la empresa OHL han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.

Es bajo este contexto de corrupción rampante entre el Gobierno Federal y los grandes consorcios internacionales, que presento esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho, el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos.

En términos generales la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores condiciones; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor, adjudicación, con lo que el contrato queda formalizado; todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad deseada, en dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas de las bases.

Argumentos

La licitación pública es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por parte de la Función Pública debido a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto final resultante de un procedimiento de competencia. Es incluso el esquema oficial para la contratación en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la esencia de la licitación pública en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que en lo conducente estipulan:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Podemos observar algunas características que hacen particular a la licitación, tales como su composición a base de actos regulados por normas legales bien definidas, el objeto primordial que tiene de seleccionar a una persona física o jurídica con la que la administración pública celebrará el contrato, y su base fundamental, la selección de aquel que haya ofrecido las mejores condiciones para la administración pública.

En virtud de lo anterior, observamos que con respecto a la característica “mejores condiciones”, es que se puede entrar en debate al momento de aplicarla cuando una licitación pública se lleva a efecto, ya que es esta condición la que ha sido empleada para cometer irregularidades que derivan en posteriores actos de corrupción.

En la mayoría de los casos la administración pública resume las mejores condiciones a un solo factor: el proponente con el precio más bajo; es esta razón la que de manera sistemática ha sido usada para generar actos que beneficien a ciertas empresas que en colusión con funcionarios públicos y con el argumento de obtener el menor monto han defraudado al Estado mexicano.

Es claro que el costo más bajo no representa las condiciones más convenientes para la convocante, ya que si no se analiza de manera adecuada la solvencia técnica y económica de las propuestas que representan el menor precio contractual, se pueden llegar a tener problemas de calidad o sobrecostos para la administración pública y para la economía nacional.

Las normas que existen para dar cumplimiento a la ordenanza constitucional en materia de licitaciones y que son las que estamos proponiendo para que sean sujetas a reformas son: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOP); y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP).

En este orden de ideas, reconocemos, que en estas disposiciones se han dispuesto elementos para dejar de manifiesto que, lo que se busca en el conjunto de “mejores condiciones” que debe de ofrecer a las administraciones públicas, no se puede sujetar únicamente al factor económico como la propuesta más solvente.

Incluso en modificaciones más recientes a la legislación podemos encontrar un sistema de puntuación para calificar las propuestas de las empresas oferentes en el que el precio figura solo la mitad de la puntuación total para cada propuesta.

Ambos preceptos legales contemplan tres modalidades de contratación, a saber:

1. Licitación pública.

2. Invitación a cuando menos tres personas.

3. Adjudicación directa.

Del mismo modo, los dos ordenamientos establecen que tanto los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles.

Sin embargo, estos elementos que se han diseñado para evitar que se presenten irregularidades y malos manejos en los tres modelos de contratación siguen siendo rebasados y en los tres procedimientos en mención, se presentan y se cometen actos que transgreden la norma.

Por lo que es necesario seguir trabajando en el diseño e implementación de medidas normativas que generen aún más candados para aminorar la corrupción que se presentan en la materia. Acciones encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como, sanciones más efectivas y contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.

Con el objetivo de que los procedimientos de contratación se hicieran más transparentes el 28 de mayo de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a los ordenamientos de mérito. La reforma que nos ocupa, es la que creó el sistema CompraNet; que quedó instituido en la fracción II del artículo 2º de ambas disposiciones, la cual citamos a continuación:

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

Sin embargo, esta serie de reformas no han sido suficientes. Algunas deficiencias que observamos en estos dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos de contratación en sus diferentes vertientes, son las siguientes:

• Se han creado especies de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.

• Se ha limitado la competencia entre los proveedores siendo inexistente un juego entre oferta y demanda.

• Se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública.

• La información que se envía al sistema CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas

• Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

En virtud de lo anterior, es que nos propusimos atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.

En adición a lo anterior, buscamos que el servidor público ante factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones quede acotado por razón de ley, para que no tenga margen para realizar acciones corruptas; que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo beneficio particular en detrimento de los recursos públicos.

Fundamento legal

Quien suscribe, Sergio López Sánchez, diputado de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Primero.Se reforman la fracción II del artículo 2o.; el segundo párrafo del artículo 22, el último párrafo del artículo 25, el segundo párrafo del artículo 41, el segundo párrafo del artículo 76; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 75, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 80, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

II.CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, VI, el inciso e) de la fracción V del artículo 25, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 75 y 76, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

...

III. a XII. ...

Artículo 22....

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Artículo 25....

I. a VII. ...

...

La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.

Artículo 41....

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos , dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.

...

...

...

Artículo 75....

...

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Artículo 76....

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido , dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.

Artículo 80....

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

...

Artículo segundo.Se reforman la fracción II del artículo 2, el segundo párrafo del artículo 21, el último párrafo del artículo 22, el segundo párrafo del artículo 40, el segundo párrafo del artículo 58; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 57, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 62; todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, el inciso e) de la fracción VI del artículo 22, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 57 y 58, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado y las notificaciones y avisos correspondientes.

...

III. a XII. ...

Artículo 21....

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Artículo 22....

I. a VII. ...

...

...

La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.

Artículo 40....

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios , dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.

...

...

...

...

Artículo 57.....

...

...

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Artículo 58....

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido , dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

Artículo 62....

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto.

Segundo.Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán ser implementadas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto

.

Notas:

i Sayagués Laso, Enrique; “La licitación pública”; 1978; Montevideo : Acali.

ii Arjona Sánchez, Gabriel Jesús, “Indicadores del éxito en la licitación de obra pública en México”, 2011; Monterrey, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Sergio López Sánchez, Eva Florinda Cruz Molina, Natalia Karina Barón Ortiz, Norberto Antonio Martínez Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Leonardo da Vinci, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero, del estado de México. Saludos, desde luego, y bienvenidos a este recinto parlamentario.

Queremos también enviar una condolencia a la gobernadora de sonora, la amiga Claudia Pavlovich, por la muerte de su señor padre el doctor Miguel Pavlovich Sugich, acaecido hace unas horas. Toda nuestra solidaridad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fue el acuerdo que se hizo, de que pudiéramos entrar en ese esquema de tiempo, de tres minutos.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez:Compañeras y compañeros diputados. Esta mañana tengo a bien presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 2o, apartado A, fracciones V y VI y artículo 27, fracción VII y se adiciona una fracción V al artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho al territorio de pueblos y comunidades indígenas.

Puede que el 6 de enero de 1992, sea una fecha que no esté registrada en la memoria histórica de muchos mexicanos. Sin embargo, para los pueblos indígenas de México, esta es una fecha que se recuerda con coraje e indignación, pues ese día se consumó una de las más graves agresiones contra la integridad de sus territorios.

Ese día se hizo pública la reforma al artículo 27 constitucional, maquinada por el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, por la cual se autorizaba la adquisición del dominio pleno de parcelas en tierras ejidales a manos de intereses privados. Bajo el engañoso argumento de la necesaria modernización del campo mexicano, el gobierno federal permitió fiel a las consignas de la figura neoliberal, la privatización del ejido.

Bastaron dos años para que los pueblos indígenas contestaran a esta afrenta mediante el lanzamiento del EZLN, que conjuntó los clamores y demandas de indígenas y campesinos pobres de México alrededor de la vieja consigna de tierra y libertad.

A 105 años del levantamiento del Ejército Libertador del Sur, esta consigna zapatista goza aún de absoluta vigencia. Hoy como en el pasado, pueblos y comunidades indígenas de todo México, siguen denunciando cómo el orden jurídico continúa vedándoles el acceso pleno a la tierra, amenazando las conquistas alcanzadas e imponiéndoles un modelo territorial que va en contra de sus propias concepciones sobre la tierra, el trabajo y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Y es que la raíz de la seria defensa indígena del territorio se halla en el hecho de que su concepción sobre éste va muchos más allá de la constitución de tierra, entendida únicamente como un medio de producción.

Para estos pueblos, el territorio constituye el lugar en donde se entretejen las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que permiten su reproducción como colectividad. Es pues, un espacio de significados, impregnado de la rica cosmovisión de cada grupo indígena.

Señoras y señores diputados, basta ya de ser ciegos y sordos al despojo histórico que han sufrido por siglos los pueblos indígenas, es que no somos capaces de reconocer como día tras día aumenta el control de grandes intereses económicos sobre los vastos recursos naturales que yacen bajo el suelo de sus territorios.

Para prueba la ambición desbordada de las empresas mineras extranjeras, en los últimos 20 años han sido capaces de extraer más oro de México que en los anteriores 400 años, devastando a su paso la diversidad natural que por siglos los pueblos y comunidades indígenas han ayudado a construir.

Ejemplos sobran, el derrame de tóxicos en el Río Sonora, del que es responsable Grupo México, que causó graves afectaciones al territorio yaqui; o la destrucción masiva de territorios nahuas y totonacos a causa de la actividad de mineras canadienses a lo largo de la Sierra Norte de Puebla; o los daños ecológicos sufridos por comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, como consecuencia de la entrega de concesiones de explotación a otra minera canadiense; y no hablemos de las recientes agresiones contra el pueblo otomí, derivadas en la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, a cargo del ya célebre Grupo Higa.

En México se ha legalizado el despojo de los más pobres. Es por ello que es vital frenar la vorágine que amenaza la riqueza biológica y cultural de México, mediante reformas que permitan a los pueblos y comunidades indígenas administrar con bases en su propia cosmovisión y sistemas normativos los territorios ancestrales que legítimamente les pertenecen.

Legisladores y legisladoras, debemos entender que cuando los miembros de comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no están peleando solo por un pedazo de tierra para donde sembrar o donde vivir. Están defendiendo sobre todo su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, a tener el derecho a decidir sobre su futuro. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Gracias al notable desarrollo de la antropología mexicana, hoy sabemos con certeza que al arribo de los españoles al continente americano, los pueblos nativos contaban con una cultura altamente desarrollada, en muchos casos más avanzada que la civilización occidental, cuya organización social, política, económica y territorial estaba fincada en unidades regionales autónomas y autosuficientes que daban, a su vez, cabida a grandes regiones federadas y confederadas.

Sin embargo, la imposición del orden colonial requirió una reconfiguración del tipo de régimen político y organización territorial utilizada por los indígenas, que permitiera a criollos y peninsulares mantener el control y explotación sobre estas poblaciones. El arreglo consistió en un peculiar reacomodo de la nobleza indígena que implicó el fin de los sistemas tradicionales de autodeterminación de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, a cambio se les concedió una forma de autogobierno local, limitado y vigilado, encarnado en la comunidad, que se entretejía con una nueva personalidad jurídica: la de los indios. La comunidad fue, desde entonces, el núcleo sociocultural en el que encontraron abrigo las nuevas identidades indígenas.

Desde luego que la figura de comunidad existía previo a la llegada de los españoles; sin embargo, ésta sufrió un cambio sustancial bajo el orden colonial. Durante este periodo, el núcleo comunal llego a convertirse en el único espacio social de los indios, luego de que los pisos superiores de organización socioeconómica, cultural y política, junto con las modalidades de territorialidad que les correspondían, fueran destruidos por el dominio español.

A partir de ese momento, la historia de la Nueva España estuvo marcada por múltiples rebeliones indígenas cuya causa consistía en la recuperación de su territorio y autonomía, a menudo ejercida de hecho, más no de derecho. Destaca la célebre Rebelión de Tehuantepec, efectuada en 1660, en donde participaron zapotecos, huaves, chontales y mixes que pusieron de manifiesto la explotación y dominación que ejercían sobre ellos los españoles, o la Rebelión de los Zendales, que en 1712 congregó a tzeltales, tzotziles y choles del centro y norte de Chiapas. Entre las reivindicaciones más importantes de ambos movimientos figuraban el derecho de elegir libremente a las autoridades de sus “repúblicas” y la suspensión de las diversas formas extralegales de despojo de sus excedentes, causas que hoy, a más de 350 años de distancia, gozan de increíble vigencia.

Pese los incontables abusos cometidos en contra de los pueblos indígenas durante el periodo colonial, la realidad es que uno de los episodios históricos más importantes que determinarían la posición del Estado mexicano contra el derecho a la propiedad y territorios indígenas se produjo ya bien entrado el periodo del México Independiente. Si bien la promulgación de la Ley de Desamortización de 1856 y sus efectos en la Constitución de 1857 permitieron la desamortización de las propiedades en manos de la Iglesia Católico, estas legislaciones implicaron también la cancelación de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, desconociendo sus normas, usos y sistemas de vida.

Cincuenta y cuatro años más tarde, la revolución mexicana, y en particular le movimiento zapatista, abrevarían de las reivindicaciones indígenas en favor del derecho al territorio, y sobre su base se articuló el reclamo de municipio libre. Esta exigencia, clave en el proyecto político impulsado por los zapatistas, fue plasmada en su Ley General sobre Libertades Municipales de 1916, la cual ayudó a dar forma al artículo 115 de la Constitución de 1917, donde se plantean las bases del municipio. Sin embargo, ésta legislación no alcanzó a incluir el reconocimiento del componente pluricultural de México.

Como se observa, a lo largo de toda su historia la lucha indígena se ha distinguido por enarbolar la recuperación de la comunidad originaria, permitiéndole gozar de la autonomía para organizar, con base en su cosmovisión y sistemas normativos, la producción agrícola y el trabajo en forma autogestiva. Sobre lo anterior, Héctor Díaz Polanco ha señalado que a los pueblos indígenas se les ha impuesto históricamente un solo modelo territorial basado en el estatus quo vigente. La hegemonía de un “territorio nacional” se ha opuesto a la configuración de formas alternativas de territorialidad, más justas y adecuadas a la naturaleza pluricultural de nuestro país, pues se ha creído que éstas atentan contra la homogeneidad y unidad nacional.

Ante estos hechos, la resistencia cultural indígena ha respondido en forma activa y dinámica, defendiendo implícita y explícitamente la práctica de una herencia cultural de tradición mesoamericana codificada en términos propios. Para el destacado antropólogo Miguel Bartolomé, no se ha tratado de una sufrida adaptación pasiva, sino de una lucha activa –a veces silenciosa y cotidiana– desarrollada durante siglos por la cual se intenta conservar las matrices ideológicas y culturales necesarias para la reproducción de su identidad étnica. Así, junto a las demandas por autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas han clamado por el reconocimiento de derechos de exclusividad territorial señalando que poseen una relación intrínseca con el espacio.

De este modo, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas se han alzado históricamente en demanda por el territorio, defendiéndolo como el espacio que sintetiza los elementos básicos de su identidad social, así como el pasado común, la cosmovisión y el espacio en el cual tiene lugar el goce de sus derechos colectivos. Las reivindicaciones indígenas por el territorio han estado vinculadas además con la pérdida y deterioro gradual de las tierras, un proceso que de acuerdo con José Aylwin, jurista especializado en derechos indígenas, ha sido resultado de la falta de reconocimiento de la relación que tienen con sus tierras y recursos. Es por ello que cuando la integridad de los territorios es amenazada, los indígenas ven peligrar sus formas de vida y la reproducción de sus identidades.

Por fortuna, la extensa y muchas veces cruenta historia de lucha en favor de las culturas, territorios e identidades indígenas ha coronado en importantes referentes normativos internacionales destinados al reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entre ellos, destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su parte II, Tierras, artículo 13, menciona que los gobiernos que ratifiquen el Convenio (entre ellos México) deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

Con todo, el Convenio no sólo aborda la dimensión territorial de las tierras referidas ya que en su artículo 115 establece medidas para la protección de los recursos existentes en el territorio, incluidos los que se encuentran en el subsuelo, comprendiendo el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos. Asimismo, señala que los gobiernos tendrán que establecer mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en caso de explotación o prospección de recursos en sus territorios.

Sin embargo, pese a los importantes acuerdos alcanzados en la materia, avalados inclusive por Naciones Unidas, los sectores acaudalados, mayormente representados en las instituciones del Estado, han insistido en negarles, ya sea por el interés económico que tienen sobre los espacios actual o potencialmente ocupados por comunidades indígenas o la todavía presente actitud colonialista interna, la posibilidad de existencia a los territorios indígenas, arguyendo la amenaza que este tipo de derechos representa a la unidad nacional. La cerrazón de esta postura se vio reflejada en la propuesta gubernamental que orientó las reformas de 2001 a la Constitución, que apostó por eliminar el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas con base en la definición de la OIT, que era fundamental y explícita en los Acuerdos de San Andrés, así como el acceso a tierras y territorios de manera colectiva, ambos elementos recogidos públicamente por la Cocopa.

A poco más de 500 años de la “invención de América”, los pueblos indígenas continúan enfrentando gravísimas condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad. Como se ha señalado, esto ha sido producto de un largo proceso histórico de dominación vinculado primero al sistema colonial, luego a la estructura económica de países capitalistas dependientes y finalmente, a la implantación de una política neoliberal. Periodo tras periodo, la opresión sufrida por los pueblos y comunidades indígenas se ha vuelto más voraz, al punto en que hoy grandes intereses económicos codician e intentan apoderarse de los territorios indígenas, ricos en recursos naturales. Para colmo, las políticas de desarrollo diseñadas para la población indígena en México continúan distinguiéndose por su carácter integracionista, paternalista y corporativista, excluyentes de la participación de los pueblos y comunidades en el diseño, formulación e implementación de planes y programas de los que éstos son siempre objeto, nunca sujeto.

Argumentación

Uno de los errores reiterados durante los procesos de discusión política en materia de derecho al territorio ha consistido en la reducción de la complejidad de la noción indígena de territorio al concepto de tierra, entendida únicamente como un bien para la producción que debería de estar liberado de cualquier tipo de restricción vinculado con su transitabilidad. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva entre tierra y territorio. Mientras la primera alude a un medio de producción, la segunda se refiere al ámbito de la vida, espacio de construcción cultural. Sobre esto, diversos especialistas han destacado el papel del territorio como un referente de identidad, un referente donde inscribir la identidad colectiva de carácter pluridimensional, una articulación material y productiva.

El territorio indígena está impregnado de la rica cosmovisión de cada grupo indígena mediante la cual intentan, en un momento histórico determinado, aprender el universo. Es decir, el territorio es resultado de un orden que se ha ido estableciendo a través del tiempo, de las actividades desarrolladas por pueblos e individuos y de los vínculos con la naturaleza y todo lo que les rodea. Así, para los pueblos indígenas la concepción del territorio implica mucho más que el área que contiene los modos de producción a partir del cual se organiza el flujo de personas y mercancías. En cambio, representa un espacio denso de significados y un entramado de relaciones simbólicas.

Para pueblos y comunidades indígenas el territorio se concibe como la vida misma cuya realización acontece primordialmente dentro de un espacio físico, donde se entretejen relaciones ancestrales de organización social, económica, política, cultural y espiritual, basadas en la colectividad. El territorio es el espacio vivido, el lugar donde se inscribe la historia y la “tradición”, las prácticas sociales, los rituales y la lengua. Se trata del lugar de inscripción de la cultura objetivada y subjetivada. Es, además, el espacio apropiado, material o simbólicamente, por un grupo social destinado a asegurar su reproducción y satisfacción de necesidades básicas.

Por tanto, el territorio es, a su vez, un factor de cohesión social para los pueblos y comunidades indígenas, aun cuando existan grupos que han perdido el control sobre el mismo o posean sólo una parte de lo que consideran su “territorio histórico”. Es por ello que para la concepción indígena, el territorio es inalienable de la comunidad. Es el lugar donde ésta debe ejercer su dominio, haciendo posible la producción y reproducción social de quienes le conforman.

El estrecho vínculo que existe entre la noción indígena de territorio y la reproducción social y simbólica de su existencia (que a su vez, constituye el medio en el que se desarrollan las formas de organización comunitaria, la cultura y el acceso y manejo sobre los recursos naturales) explica por qué la demanda de autonomía indígena se ha vuelto inseparable de la reivindicación por el territorio. Después de todo, el territorio es el receptáculo identitario de toda la concepción simbólico-cultural que permite la reproducción del mundo indígena. No es de sorprender, entonces, que la negación histórica de estos derechos por parte del Estado mexicano se haya traducido en un constante estado de tensión y potenciales conflictos político-sociales entre éstos pueblos y el resto de la sociedad.

Por fortuna, el establecimiento de los Acuerdos de San Andrés como agenda programática de lucha de los pueblos y comunidades indígenas de México ha hecho posible el surgimiento de importancias experiencias en defensa de su territorio histórico, así como de su cultura, cosmovisión y sistemas normativos. Destacan, en este sentido, la Policía Comunitaria de Guerrero; la defensa territorial emprendida en Oaxaca, Chiapas y gran parte del noroeste del país; la construcción de autogobiernos como el de Cherán y la edificación y puesta en marcha de múltiples proyectos de emancipación a través de modelos de educación comunitaria en todo el país. Todas estas acciones han contribuido a que al día de hoy, grandes espacios territoriales habitados por poblaciones indígenas sean autogobernados con base no sólo en los preceptos emanados de los célebres acuerdos, sino en la esperanza de la superación del orden territorial impuesto por el estado nacional, instaurado como modelo único que representa a la nación y al estado.

Estas experiencias nos ayudan a comprender como la territorialización de las demandas indígenas constituye un elemento crucial de la construcción de un proyecto de ciudadanía étnica alternativo al proyecto nacional, afín ya no a la hegemonía de un modelo civilizatorio, sino a la pluralidad política, económica y cultural que siempre ha distinguido a este país. Por consiguiente, deben servir a los legisladores a entender que cuando los miembros de las comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no están peleando sólo por un pedazo de tierra donde sembrar o colocar una casa para vivir con su familia. Están defendiendo, sobretodo, su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, a tener el derecho de decidir sobre su futuro.

En este sentido, Miguel Urioste, investigador boliviano experto en desarrollo rural, ha señalado que es fundamental potenciar y desarrollar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en la perspectiva de su liberación y no del mantenimiento y contemplación de una cultura-museo que se autoexcluye del poder societal global y del desarrollo socioeconómico. Para ello, es necesario considerar la dimensión cultural y la relación específica de los pueblos indígenas con las tierras y el territorio, asegurándoles la restitución material y administración autonómica de sus territorios y bienes naturales.

Honrar el mosaico de expresiones políticas y la riqueza pluricultural que dan forma al pacto federal mexicano implica, en este contexto, desarrollar un marco jurídico que permita preservar, sobre la base de la sustentabilidad, las tierras, territorios y recursos naturales en manos de los pueblos y comunidades indígenas. Para ello, el espíritu de Constituyente de 1917 deberá orientar los trabajos legislativos, recordando que alguna vez fueron sus preceptos los que permitieron blindar y dar protección jurídica a las tierras ejidales y comunales, haciéndolas inalienables e inembargables.

Que sirvan, de igual forma, las palabras del notable jurista y luchador social de origen mixteco, Francisco López Bárcenas, quien jamás ha dejado de subrayar como la tierra y sus recursos naturales, la relación simbólica que guardan con ella, sus lugares sagrados e históricos y los mitos de origen, constituyen el espacio concreto en que los pueblos indígenas existen y creas sus estructuras sociales, políticas, económicas culturales; las que les dan identidad y los diferencias del resto de la sociedad mexicana. De ahí que el control de sus territorios constituya la posibilidad de mantenerse y desarrollarse sin dejar de ser lo que son.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2o., Apartado A, fracciones V y VI, y 27, fracción VII, y se adiciona una fracción V al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., Apartado A, fracciones V y VI, y 27, fracción VII, y se adiciona una fracción V al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

A. ...

I. a IV. ...

V. Ejercer su jurisdicción sobre las tierras, territorios y recursos naturales que ocupen, en razón de su propiedad ancestral, de conformidad con sus sistemas normativos.

VI. Conservar, proteger y manejar el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, así como fortalecer la relación espiritual que tienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con su cosmovisión y sistemas normativos, con respeto de los preceptos y términos establecidos en esta Constitución.

VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución, al uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales que habiten y ocupen, considerando que éstos constituyen la base material de su reproducción como pueblos indígenas, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la nación.

VIII. a IX. ...

...

...

...

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

I. a VI. ...

VII...

La ley protegerá la integridad de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

...

...

...

...

...

VII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Héctor Díaz Polanco. Autonomía Regional, la autodeterminación de los pueblos indígenas.

2 Miguel Alberto Bartolomé. Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México.

3 José Aylwin. El acceso de los indígenas a las tierras en los ordenamientos jurídicos de América Latina: Un estudio de casos.

4 Naciones Unidas. Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

5 Gilberto Giménez. Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural.

6 Jan de Vos. Ethnic pluralism: conflicto and acommodation.

7 Miguel Urioste Fernández de Córdova. Fortalecer las comunidades. Una utopía subversiva, democrática... y posible.

8 Francisco López Bárcenas. Derechos territoriales y lucha por la autonomía: el caso de losñuú savi (pueblo mixteco).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de abril de 2016.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, suscrita también por la diputada Mirza Flores Gómez, ambas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la propuesta que hoy les venimos a presentar es una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para incluir los principios de igualdad de género en la planeación institucional, propuesta también junto conmigo por la diputada Mirza Flores, a quien agradezco que lo haya hecho.

En materia educativa se ha propuesto avanzar en leyes que favorezcan la igualdad y la equidad en el acceso a la educación y la calidad de la misma, que tengan el efecto de alentar prácticas que permitan revertir condiciones de desigualdad que han sido aprendidas y aprehendidas por la cultura y la familia.

En el ámbito internacional, eventos y acuerdos como la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 995, el Foro Mundial de Educación para Todos, de Dakar, en el año 2000, han puesto el acento en aspectos como la necesidad de igualdad de acceso a la educación; en la eliminación de la discriminación en todos los niveles educativo; en garantizar el acceso universal a la enseñanza básica; el acceso a la educación sexual, así como en la necesidad de ambiente propicios para el desarrollo educativo en un entorno de igualdad y libre de violencia.

Los centros educativos e instituciones de educación superior no escapan de prácticas sexistas, en donde se presenta la triada de la violencia que denomina Michelle Kaufmann, violencia contra las mujeres, violencia contra otros hombres y violencia interna. Por ello es muy importante que las instituciones de educación media, media superior y superior, así como de postgrado integren en su actuación políticas con perspectiva de género que erradiquen del medio universitario las prácticas sexistas y de discriminación.

En la Universidad de Guadalajara realizamos en el año 2009-2010, un diagnóstico sobre la violencia de género en toda la red universitaria y lo que encontramos fue no sólo sorprendente, sino dramático. Las relaciones al interior de la Universidad de Guadalajara se centran y redundan en la desigualdad, en prejuicios, en hostigamiento y en violencia.

Dicho diagnóstico nos llamó la atención porque pensamos que podría restaurarse una relación de igualdad con normar la violencia y la desigualdad. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se aprobó una norma para ello, pero todavía hoy no entra en ejercicio.

En el ámbito internacional, diversas universidades han avanzado en diseñar una estrategia institucional de combate a la violencia de género y a la discriminación, y universidades como Princeton, Harvard y Oxford han avanzado en esa materia. También en México la UNAM y el IPN tienen proyectos en esta materia. Desafortunadamente no lo hemos logrado en su totalidad.

Reitero, la Secretaría de Educación Pública debe desarrollar una normatividad para establecer en la educación media, superior y de postgrado, los mecanismos para integrar la igualdad de género en cumplimiento de la plataforma de acción mundial y los acuerdos internacionales en esta materia.

Por ello es de gran importancia contar con observatorios de género y con una instancia de protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades universitarias, cuando se encuentren en riesgo la dignidad y la libertad sexual de una o varias personas.

En redes hace unos días se ha conocido que en centros de educación superior y de postgrado han creado observatorios de género en las redes sociales, porque no hay una instancia que garantice los derechos y la no discriminación. Ojalá que lo podamos hacer en esta iniciativa que proponemos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, María Candelaria Ochoa Avalos y Mirza Flores Gómez, diputadas federales de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para incluir principios de la igualdad de género, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos de las mujeres, se reconocen como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, por lo que se promueve en todos los ámbitos: nacional, regional e internacional, la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

Vivir una vida sin violencia, se ha convertido en uno de los derechos humanos más importantes para las mujeres, por ello, son positivas todas las iniciativas de ley para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género a través de políticas públicas en el ámbito social, cultural y educativo.

En materia educativa, se propone avanzar en leyes que favorezcan la igualdad y equidad en el acceso a la educación y la calidad de la misma, que tengan el efecto de alentar prácticas que permitan revertir condiciones de desigualdad que han sido aprendidas y aprehendidas por la cultura y la familia.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, se destacó la educación como uno de los doce temas prioritarios y se propuso en el objetivo 80, la igualdad de acceso a la educación y eliminar la discriminación en todos los niveles educativos, así como garantizar el acceso universal a la enseñanza básica. Se propuso como prioritario, promover un entorno docente propicio fundado en la capacitación para el acceso igualitario de niñas y mujeres a la educación básica; eliminar imágenes estereotipadas de los libros de texto, así como eliminar las barreras que se oponen a la enseñanza de cuestiones sexuales y de salud reproductiva.

Uno de los ejes importantes fue fortalecer el desarrollo de capacidades y readiestramiento de las mujeres para mejorar sus oportunidades de empleo.

En 2000, se desarrolló el Foro Mundial de Educación para Todos en Dakar, Senegal, en donde se afirmó que todas las personas tienen derecho a la educación y la alfabetización, que ésta deber ser continua, expandida, diversificada e integrada al sistema nacional de educación de cada país; que la educación es fundamental para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género; que se deben crear entornos sensibles a los problemas de género; que la educación es esencial para participar plenamente en la sociedad. En octubre de 2001, la apertura de la segunda sesión de la reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Educación para Todos, se dedicó a la consolidación de los compromisos políticos contraídos, entre ellos, el otorgamiento de recursos a las universidades para la transversalización de la perspectiva de género en las prácticas educativas.

En nuestro país, se han emitido diversas disposiciones normativas tendientes a lograr el respeto a la igualdad de género y la libertad sexual. Sin embargo, la violencia de género en tanto que es un fenómeno universal, la experimentan las personas, en especial las mujeres, independientemente de su condición socioeconómica, de su origen étnico, de su nivel de estudios.

Y los centros educativos e instituciones de educación superior, no escapan de estas prácticas en donde se presenta la triada de la violencia que denomina Miche Kaufman: violencia contra las mujeres; violencia contra otros hombres y violencia interna. Por ello, es muy importante que las instituciones de educación media superior, superior, y de posgrado, integren en su actuación, políticas con perspectiva de género que erradiquen del medio universitario las prácticas sexistas y de discriminación.

En la Universidad de Guadalajara realizamos entre 2009 y 2010 un Diagnóstico sobre la Violencia de Género en toda la red universitaria, financiado por los fondos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de Educación Pública.

El objetivo principal de tal diagnóstico consistió en analizar el desarrollo de las relaciones de género al interior de la universidad, centrándose especialmente en aquellos comportamientos que redundan en la inequidad de género: prejuicios, hostigamiento y violencia.

Dicho diagnóstico nos alarmó, de tal manera que esta propuesta para instaurar políticas para eliminar la desigualdad y la violencia de género y desarrollar y promover relaciones de género equitativas al interior de las instituciones de educación media superior, superior y posgrado, se convierten en urgentes, ya que las instituciones educativas, no se encuentran exentas de patrones culturales, androcéntricos y violentos, porque es la cultura la que fundamentalmente transforma al género en un orden simbólico que se traduce en una relación de desigualdad, son lugares en donde “los sistemas sexo/género”, entendidos como el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales también se ponen en ejecución de manera “natural” por los aprendizajes socio culturales.

Esas diferencias, surgidas a partir de los procesos de socialización en las relaciones de género, implican además de diferencias entre los valores y expectativas sociales vividas como masculinas y femeninas, también una desigualdad en los valores sociales de reconocimiento y ejercicio de poder. Tales diferencias y prácticas están presentes también en el universitario. Por ejemplo, la elección de carreras profesionalizantes, el trato que se recibe, las expectativas de vida, a todo ello se le denomina también “curriculum oculto”.

A escala internacional, diversas universidades han avanzado en diseñar una estrategia institucional de combate a la violencia de género y a la discriminación por sexo o preferencia sexual: Princeton, Harvard y Oxford, y en México, se han iniciado procesos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, por mencionar algunas, que consideran que atender los casos de acoso sexual genera mejores condiciones académicas tanto para estudiantes, como para el personal académico y administrativo, lo que les ha generado un reconocimiento en el ámbito de la atención a las relaciones de género.

Algunas universidades han realizado un esfuerzo importante para transversalizar la perspectiva de género en sus prácticas educativas, pero hoy siguen siendo logros magros. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, puso en marcha en 2007 el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género. Dicho programa está diseñado para todo el personal que labora en esta casa de estudios. Se basa en las nociones de promoción, difusión de la equidad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación como una política institucional.

En la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios de Género realizó un Diagnóstico de la Violencia de Género que incluyó al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), con el objetivo de conocer en qué medida la discriminación e incluso la violencia de género permean la cultura de nuestra institución. Los resultados de dicho diagnóstico vinieron a confirmar parte de las hipótesis planteadas sobre la discriminación al interior de la Universidad de Guadalajara, que se expresa tanto en las representaciones como en las prácticas sociales.

Se documentó, que buena parte de la comunidad universitaria opera con estereotipos de género que vienen a influir muy marcadamente en el trato diferencial que se otorga a hombres y mujeres. En particular se sostienen ciertas imágenes sobre la mujer que la presentan como un sujeto responsable, pero también frágil y delicado, y que en cualquier caso, tiene la responsabilidad de vigilar y cuidar su conducta sexual de acuerdo a los cánones imperantes. Esta imagen hace que los varones en todos los ámbitos (alumnado, académico y administrativo) les confíen tareas rutinarias de corte administrativo a la vez que se reservan para sí las labores de mando y dirección. Pero, además, la debilidad otorgada a las mujeres ‘legitima’ el que los hombres tomen posesión de ellas para cuidarlas a través de todas las reglas de la ‘galantería y caballerosidad’, para celarlas, vigilarlas e incluso violentarlas cuando se supone que ellas han infringido las normas del decoro. Respecto a las personas con una opción sexual distinta a la heterosexual, se sostiene una postura de rechazo, burla y desprecio.

El diagnóstico comprobó una serie de actitudes y conductas que dificultan y llegan a impedir que las personas, pertenecientes al alumnado, cuerpos académicos y administrativos, desarrollen plenamente sus capacidades de aprendizaje, de investigación y laboral.

Entre los comportamientos discriminatorios y sexistas más recurrentes destacan los siguientes: problemas laborales de las profesoras (dificultades de promoción, asignación de tareas rutinarias, dificultad de conciliación entre vida familiar y profesional); falta de reconocimiento de la autoridad y competencia de las profesoras, sobre todo jóvenes, por parte de estudiantes; discriminación y acoso hacia las alumnas por parte de profesores (intromisión en su forma de vestir y en su vida personal). Entre los estudiantes existe discriminación hacia las mujeres (vacío social); vigilancia y celo en relaciones de pareja. Entre el personal de intendencia, se observó un reparto generizado de tareas.

Otra de las evidencias es la relativa “generización” de las carreras. En particular existe una diferenciación de carreras de hombres (derecho, estudios políticos), pero especialmente de mujeres en lo que hace al trabajo social. Esta distribución por sexo en las carreras no es casual, sino que responde a la tradicional delimitación de tareas entre hombres y mujeres. De hecho, individuos que se atreven a “transgredir” estas atribuciones encuentran muy serios problemas en su desempeño académico. Así sucede con los varones en las carreras de trabajo social o enfermería, que son vistos como homosexuales y discriminados en función de este presupuesto de género. En sentido contrario, les sucede a las mujeres cuando están estudiando carreras consideradas “masculinas”, en donde son discriminadas, maltratadas y acosadas por formar parte de un cuerpo estudiantil considerado “masculino”.

Dicho diagnóstico mostró cómo mujeres y hombres están indefensos y consideran que sus derechos no son respetados, sino todo lo contrario. Además la institución no responde ante estas prácticas discriminatorias y violentas que no se sancionan por ninguna vía y en donde prevalece una sensación de indefensión ante una queja o denuncia que vulnera sus derechos de manera progresiva, ya que las instituciones no establecen los medios para evitar o resarcir los abusos. Existe un escaso conocimiento de los derechos y de los procedimientos para hacerlos valer. Dado que la mayor parte de las ocasiones están implicados elementos de autoridad por parte de los profesores, los alumnos, y especialmente las alumnas, suelen desistir en la queja y la denuncia y aplican estrategias de evitación del acoso.

Existe además, una circunstancia particularmente perniciosa. En primer lugar se evidencia que, en determinadas ocasiones, las representaciones y prejuicios de género presentes en las instituciones de educación media, superior y de posgrado, generan climas de hostilidad e incluso violencia que impiden el libre desarrollo de las capacidades de una parte de la comunidad universitaria; en segundo lugar, no existen mecanismos preventivos ante el acoso y abuso sexual y tercero, no existen mecanismos sancionadores del que dispongan para enfrentar dicha problemática.

Sin embargo, estos esfuerzos parecen no arar en terreno fértil, ya que el acoso y hostigamiento sexual siguen estando presentes en las prácticas y relaciones educativas. Los casos de acoso en la UNAM, en el IPN, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Iberoamericana, entre otras, son muy graves y lesionan las vidas de quienes la padecen. Requerimos un compromiso institucional, para que el esfuerzo de transversalizar la perspectiva de género sea una realidad y no esfuerzos aislados, es decir, requerimos reformas educativas en las normatividades y leyes orgánicas de los centros educativos e instituciones de educación superior, por ello,

El acoso es toda conducta que atenta contra la libertad sexual de las personas, que tiene por base el sexo o la orientación sexual, viola la dignidad de la persona y crea un ambiente hostil o intimidatorio.

El acoso –reiterado o episódico– puede condicionar la instrucción, el empleo o la participación de la persona en actividades sociales, lo mismo que su evaluación académica o en el empleo y la promoción. Supone una amenaza para el libre desarrollo, el trabajo o el desempeño académico o administrativo. Ante lo anterior, podemos advertir que la normativa universitaria es deficiente para garantizar una educación respetuosa de la equidad de género, de la diversidad sexual y libre de violencia, lo cual motiva la presente propuesta.

En este contexto, consideramos que el sistema nacional de educación y en particular las instituciones de educación superior que lo componen presentan grandes retos institucionales y normativos, entre los cuales se encuentran:

I. Que la Secretaría de Educación Pública desarrolle la normatividad para establecer en las instituciones de educación media, superior y de posgrado, los mecanismos para integrar la igualdad de género en cumplimiento a la Plataforma de Acción Mundial y los acuerdos internacionales en la materia.

II. Que conforme al citado ordenamiento se modifiquen o adicionen, mecanismos y ordenamientos jurídicos para garantizar la igualdad sustantiva en materia de educación.

III. Los centros e instituciones de educación superior estarán obligadas a propiciar las condiciones para garantizar la igualdad de género, el ejercicio de la libertad sexual y la ausencia de violencia, el respeto a la libertad, autonomía y dignidad humana; la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; la no discriminación en función de género en todos los órdenes de la vida universitaria, y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas.

IV. Establecer en el ámbito de sus competencias la adopción de las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar la igualdad de género, tal como lo mandatan los compromisos de Dakar en materia educativa.

V. Contar con observatorios de género y con una instancia de protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades universitarias cuando se encuentren en riesgo la dignidad y libertad sexual de una o varias personas.

VI. Establecer las políticas públicas universitarias que garanticen el derecho de las personas a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y estudiantiles.

Por lo anterior, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de igualdad de género

Único. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 3o. y se reforma el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de le Educación Superior, para quedar como sigue:

Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 3o. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.

La educación superior se realizará basada en los principios establecidos en el artículo 3o. constitucional; así como en la igualdad de género, la laicidad, la democracia y la no violencia en cualquiera de sus formas.

Artículo 23. Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica, de mejoramiento administrativo, de formación en derechos humanos y de integración de la perspectiva de género, así como el conjunto de gastos de operación previstos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diferenciación presente en los discursos, pero no tanto en las cifras reales de matriculados: en 2010 el 58.7 por ciento de los matriculados en Estudios Políticos y el 52.7 por ciento eran hombres.

2 Respecto a las carreras “femeninas” los datos reales sí secundan los estereotipos discursivos: el 94.4 por ciento de los alumnos matriculados en trabajo social son mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: María Candelaria Ochoa Avalos,Jonadab Martínez García, Mirza Flores Gómez, Salvador Zamora Zamora, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo, por favor. Ahí está.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para pedirle a mis compañeros si me permiten adherirme a su iniciativa, que considero muy relevante para poder combatir tantos índices de desigualdad que hay hacia las mujeres.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada proponente manifiesta su aceptación. El diputado Espino igualmente solicita su adscripción y ella reitera su aquiescencia, diputados de ahí, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, entonces, está a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Gracias, presidente. No hay por qué ofrecerlas. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 10 de nuestra Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa, con la clara excepción de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

En Nueva Alianza entendemos que al adquirir un arma los ciudadanos buscan un medio de protección para sí mismo y para su familia. Sin embargo, la posesión de un arma de fuego no solo atiende al derecho, también conlleva a una gran responsabilidad, pues las armas de fuego son instrumentos bélicos, que si no se saben manejar adecuadamente llegan a ocasionar accidentes fatales.

De acuerdo al Inegi, en 2013 se cometieron 14 mil 122 homicidios con armas de fuego, de los que 706 fueron muertes accidentales. Si bien nuestro país presenta un nivel relativamente bajo de posición de armas por habitante, con 15 armas por cada 100 mil habitantes, es indispensable establecer medidas de seguridad para prevenir accidentes y para evitar su utilización o uso inadecuado.

En este sentido, pongo a consideración de esta soberanía la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el objetivo es que una vez que un ciudadano ha adquirido un arma de fuego de primera mano ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pueda acudir a un club cinegético o club de tiro o polígono de tiro debidamente registrado ante la Secretaría, a fin de recibir una instrucción sobre el funcionamiento y correcto uso del arma de fuego que adquirió. Con esta medida lo que se pretende es disminuir los riesgos y accidentes causados por armas de fuego en el hogar.

De acuerdo con Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas diariamente se registran mil decesos en el mundo y más de 3 mil personas sufren lesiones graves por armas de fuego, 56 por ciento de las muertes son por homicidio, 14 por ciento por suicidios y el 5 por ciento por muertes accidentales.

Por su parte, el estudio Muertes por Armas de Fuego 2015 señala que México ocupó el sitio número 13 entre 90 países. La preocupación que manifestamos en Nueva Alianza no es gratuita, poseer un arma de fuego en el domicilio puede ser contraproducente si no se tiene la precaución y el cuidado que se requiere.

Decenas de familias han sufrido las consecuencias de la falta de previsión, accidentes por desconocer el funcionamiento y manejo de armas, homicidios imprudenciales y hasta suicidios.

Es importante destacar que la iniciativa no intenta alentar al derecho de las personas a poseer armas, de lo que se trata es de disminuir los riesgos, de disminuir los accidentes causados por las armas de fuego en el hogar y preponderar el derecho de poseer el arma de fuego con el conocimiento y uso responsable.

En ese sentido, con la modificación del artículo 15 de la ley se está normando la parte final del proceso de la compra de un arma de fuego para protección del hogar, con el objetivo de evitar accidentes, pues al carecer de la instrucción mínima necesaria para el uso del arma que se posee, esta misma se convierta en un riesgo para el poseedor y para las personas que lo rodea.

Compañeros y compañeras, fortalezcamos la ley y propiciemos que quien compre un arma lo haga de manera responsable, adquiriendo una habilidad mínima para poder hacer uso de ella de manera correcta sin poner en riesgo a quien lo rodea. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Las armas de fuego son instrumentos bélicos que pueden causar graves daños en el cuerpo y desde luego, la muerte. Como cualquier herramienta, puede ser utilizada con fines agresivos o defensivos.

México es un país que permite la posesión domiciliaria de armas de fuego para civiles, asimismo, nuestro país presenta un nivel relativamente bajo de posesión de armas por habitantes, con 15 armas por cada cien mil habitantes, esto de acuerdo al Ranking de países por posesión de armas de fuego y su relación con la violencia publicado por el sitio Politikon de España; mientras que Estados Unidos de América aparece como el país con más armas en posesión de civiles, con 89 por cada cien mil habitantes.

De acuerdo con la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA por sus siglas en inglés), diariamente se registran mil decesos en el mundo y más de tres mil personas sufren lesiones graves por armas de fuego; 56 por ciento de las muertes son por homicidio; 14 por ciento suicidios y 5 por ciento muertes accidentales.

“El análisis destacó que la gente asocia el uso de las armas a la policía, ejército y grupos paramilitares y delincuenciales; sin embargo, de las 875 millones de armas de fuego que existen en el planeta, 74 por ciento está en manos de civiles o de actores no estatales; 22.9 por ciento en fuerzas gubernamentales; 3 por ciento en policía y 0.1 por ciento en grupos armados de oposición.”

En 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que se cometieron 14 mil 122 homicidios con armas de fuego, lo que resulta en 706 muertes accidentales por armas de fuego. Del mismo modo el estudio Violencia Juvenil, factores de riesgo y vulnerabilidad, una comparación entre Brasil, México y Colombia, informó que existe una tasa de 6 homicidios de jóvenes por cada cien mil. Este dato es importante al considerar que los jóvenes tienen acceso a armas de fuego debido al comercio ilegal de armas, o debido al acceso que tengan a las mismas en la familia y debido a los padres.

En otro estudio denominado Mortes matadas por arma de fogo 2015, de Waiselfisz, México ocupó (con datos de 2012) el sitio número 13 entre 90 países, con 15 mil 936 homicidios, 17 mil 752 actas de defunción por muerte con arma de fuego y una tasa de 15.1 defunciones de esta índole por cada 100 mil habitantes.

En el Mapa da Violencia 2014, por ejemplo, México aparece en el casillero 13 de la clasificación de “homicidio de jóvenes de 15 a 19 años”, con una tasa de mortalidad de 20.2 por 100 mil.

Estados Unidos, al ser un país con gran proliferación de armas de fuego entre civiles, presenta la alarmante cifra de mortandad infantil por accidentes con armas de fuego con 13 decesos infantiles, de los cuales la mitad ocurren en su propia casa. Si bien es cierto que en México no existe la misma proliferación de armas, los riesgos y las consecuencias en lesiones para las personas también representan grandes pérdidas.

Los datos de las Memorias sobre mortandad y morbilidad de la Secretaría de Salud 1990-2000 son contundentes:

“El rubro que aporta la mayor cantidad de defunciones por arma de fuego es el de homicidios con 87 mil 639, le siguen los accidentes con 11 mil 26 y por último, los suicidios con 8 mil 70. Sumando el número de homicidios, suicidios y accidentes en los que intervino un arma de fuego entre 1990 y 2000 se registraron 106 mil 735 decesos, de los cuales 82 por ciento correspondió a homicidios; 10 por ciento a accidentes, y prácticamente 8 por ciento a suicidios.”

Así, el total de muertes por homicidio, suicidio o accidente en los que intervino un arma de fuego fue de 106 mil 735 decesos, 82 por ciento fueron homicidios; 10 por ciento accidentes y 8 por ciento suicidios.

“Cada año mueren 400 menores de 18 años en suicidios, homicidios y accidentes por armas de fuego en los hogares de México; según Adriana Contreras Vega, directora general de Igualdad y Diversidad Social.” “En 2007 fallecieron 420 menores por armas de fuego, según Save Children y la International Action Network, 45 de ellos por accidentes, 41 por suicidios, 298 por homicidio y 36 a causa de armas pequeñas y ligeras.”

Existen numerosas razones que pueden causar los accidentes con un arma de fuego, desde un defecto de fabricación, un manejo inapropiado, o bien, la obstrucción del cañón o el empleo de municiones inadecuadas. De esta forma, si no se cuenta con el conocimiento para prevenir accidentes o inconvenientes con las armas de fuego, es por lo que los accidentes con las mismas se vuelven una mayor amenaza. Cabe señalar que el principal responsable por todos aquellos actos o daños que sean cometidos siempre será el propietario del arma.

El derecho de poseer armas implica la obligación y la responsabilidad de conocer el manejo de las mismas, las medidas de seguridad para prevenir accidentes y para evitar la utilización o uso inadecuado por un tercero.

Argumentos

El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es derecho de los habitantes el poseer armas, de manera textual señala:

Artículo 10.Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

El citado artículo constitucional fue reformado en 1971, sobre el texto emanado originalmente de 1917 donde se otorgaba la libertad a los mexicanos de poseer armas de cualquier tipo:

“ Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquiera clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

Derivado de este derecho, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala en los artículos 10, 15, 16, y 17 las condiciones con las cuales se podrá poseer para domicilio:

Artículo 10. Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:

I. Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.

II. Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.

III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros (mm.) (25), y las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm.).

IV. Escopetas de tres cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

V. Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30.

VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

VII. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las secretarías de estado u organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.

A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de esta ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.

Artículo 15. En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro. Por cada arma se extenderá constancia de su registro.

Artículo 16. Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares.

Artículo 17. Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.

Para que una persona pueda ejercer el derecho de poseer un arma de fuego en su domicilio, de compra de primera mano en México, esta debe de comprarla ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De otra forma, la compraventa deberá ser de particular a particular, con la obligación de manifestarla ante dicha secretaría en un plazo no mayor a los 30 días según lo señalado en el artículo 17 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; dicha manifestación no implica la propiedad ni la legítima posesión, como se señala en el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En tanto que si se adquiere en la Sedena, queda asegurada la legítima posesión y propiedad debido a la facturación de la misma. No obstante, la transmisión de la posesión de una arma de fuego, ya sea por compraventa, donación o permuta necesita de un permiso expedido por la Sedena, según el artículo 53 de la ley.

Esto da como resultado la forma más segura y legítima de adquirir un arma en nuestro país. De este modo el trámite implica cumplir con el siguiente proceso:

Presentar ante la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la solicitud de compra del arma, además de los siguientes trámites:

• Realizar pago de derechos.

• No haber sido sentenciado por delito alguno (Carta de antecedentes no penales).

• Presentar cartilla del servicio militar.

• Presentar una carta de trabajo.

• Comprobante de domicilio.

Una vez presentados los requisitos, la dirección responde al interesado si se le ha otorgado o no el permiso de compra para poseer una arma. Posteriormente, el interesado debe recoger el permiso y presentarse en la Dirección de Comercialización, donde se realiza la compra-venta del arma a la que se le ha autorizado. Cabe señalar que todos los trámites de la República deben realizarse únicamente en instalaciones de la Sedena ubicadas en la Ciudad de México, lo que implica traslados de grandes distancias para ciudadanos del interior del país.

Realizada la compra, el permiso de adquisición contempla un periodo no mayor a 24 horas para que el interesado pueda transportar el arma a su domicilio de la manera más pronta posible, dicho lapso de tiempo para llegar al domicilio comprende a personas que, provenientes de estados lejanos a la Ciudad de México, tienen que trasladarse vía aérea o terrestre a sus respectivos estados.

Una vez que el arma de fuego se encuentra dentro del domicilio del poseedor ésta no deberá salir del inmueble por ningún motivo, ni deberá ser utilizada salvo los casos de legítima defensa que contempla la ley.

El trámite de compra de un arma de fuego por un civil no implica en ningún momento del proceso, que el propietario-comprador sabe si el producto se encuentra en correcto funcionamiento o bien, las medidas necesarias de precaución y correcto manejo. Al carecer de la instrucción mínima necesaria para el uso del arma que se posee, esta misma se convierte en un riesgo para el poseedor y las personas que habitan junto con él.

Al respecto, es importante señalar que el contar con la cartilla liberada del servicio militar, ya sea bajo la bola blanca o la bola negra, no implica el conocimiento ni las habilidades del manejo de armas; ya que el servicio militar mexicano ha dejado la enseñanza y correcto uso de armas desde hace ya varias décadas; a la vez que una persona que no realizó el servicio militar, debido a la bola blanca del sorteo a los 18 años, también tiene pleno derecho de adquirir una arma. De igual manera, la adquisición de armas también puede ser tramitada por mujeres, a quienes no se les hace obligatorio el servicio militar.

El objetivo de la presente iniciativa es que una vez que un ciudadano ha adquirido una arma de fuego de primera mano ante la Sedena para la protección de su domicilio, pueda acudir a un club cinegético, club de tiro o polígono de tiro debidamente registrado ante la secretaría, a fin de recibir una instrucción sobre el funcionamiento y correcto uso del arma de fuego que adquirió. Sobre el mismo permiso con el cual la Sedena autoriza la compra de un arma de fuego para la protección del domicilio particular y transportación del lugar de compra al domicilio de destino, en este también se autorice un salvoconducto por 10 días naturales para poder recibir la instrucción adecuada en un campo de tiro para el uso de armas de fuego.

Con esta medida, lo que se pretende es disminuir los riesgos y accidentes causados por las armas de fuego en el hogar, y preponderar el derecho de poseer un arma de fuego con el conocimiento de su uso responsable, sobre el derecho de poseer un arma de fuego sin capacitación o desconocimiento.

Cabe destacar que la iniciativa de reforma de ley que se expone no intenta alterar el derecho de las personas a poseer armas, ni de facilitar ni promover la posesión de armas por parte de particulares.

Estamos conscientes que una obligación primordial de todo estado es la impartición de seguridad pública, no obstante, que los ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional de poseer una arma de fuego, puedan obtenerla de manera consiente e informada, permite tomar las medidas pertinentes sobre su resguardo, con lo cual se podrán prevenir trágicos accidentes.

Resulta lógico que una persona que ha adquirido un arma de fuego quiera probarla. De no haber lugares permitidos para su uso y conocimiento básico de su funcionamiento, lo que se está generando es un uso clandestino e indebido, como los disparos al aire, lo que implica lamentables muertes de civiles, o bien, disparos dentro de las casas, lo que también representa muertes y lesiones de sus habitantes.

En el estudio Qué piensan los jóvenes sobre las armas de fuego del doctor Guillermo Julián González Pérez de la Universidad de Guadalajara, se señala que a nivel nacional, las armas de fuego ocupan el primer lugar por causas de mortalidad en jóvenes, ya sea por homicidio, suicidio o de manera colateral. Tan sólo en Jalisco en 2012 fallecieron 253 jóvenes por un evento en el que estuvo presente un arma de fuego.

“Si las armas de fuego son las principales causas de muerte entre los jóvenes, es un problema que hay que estudiar, y no dejarlo como un problema de la policía, sino que también tiene que ser visto desde la salud pública” , sostiene el doctor Guillermo Julián González Pérez.

Defunciones de 2012 en jóvenes de 15 a 24 años de edad

Principales causas Decesos de muerte en México

Homicidios, suicidios, accidentes y eventos de intención no determinada por arma de fuego 4 mil 901

Accidentes de tráfico de vehículos de motor 3 mil 817

Otros accidentes 2 mil 265

Homicidios (sin arma de fuego) mil 926

Suicidios (sin arma de fuego) mil 586

Tumores malignos mil 550

Insuficiencia renal 646

Principales causas de muerte en Jalisco

Homicidios, suicidios, accidentes y eventos de intención no determinada por arma de fuego 331

Accidentes de tráfico de vehículos de motor 253

Otros accidentes 141

Suicidios (sin arma de fuego) 138

Homicidios (sin arma de fuego) 108

Tumores malignos 103

Insuficiencia renal 75

Con la modificación al artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que a continuación se propone, se está normando la parte final del proceso de compra de un arma de fuego para protección del hogar, derecho que ya está previsto en la Constitución, con el objetivo de evitar accidentes para sus poseedores.

El fin último de la presente iniciativa es que aquéllos que adquieran un arma de fuego lo hagan de manera consciente e informada, para lo cual se requiere del conocimiento mínimo sobre el artefacto que se posee, de esta forma se podrán evitar lesiones y muertes accidentales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Fundamento legal

El suscrito, diputado Francisco Javier Pinto Torres, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Denominación del proyecto

Proyecto de decreto que reforma los artículos

Artículo Único.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 15o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

...

En el permiso de adquisición que expida la Secretaría de la Defensa Nacional para las personas que deseen adquirir un arma de fuego de venta en la misma secretaría, contendrá en el mismo un permiso de transportación hasta por 10 días naturales según lo dispuesto por la reglamentación aplicable, para acudir a un club o asociación de tiro debidamente registrado conforme al artículo 20 de la presente ley, donde el interesado podrá solicitar una instrucción de manejo seguro del arma de fuego adquirida.

Transitorios

Primero. La Secretaría de la Defensa Nacional emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias a fin de que los clubes de tiro hagan válida la instrucción de manejo seguro del arma de fuego que hace referencia el párrafo tercero del artículo 15 de la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor treinta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Armas de fuego en casa, julio 1 de 2015; Animal Político.

2 18 noviembre de 2014; Noticias MVS.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

Y tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Dónde anda, diputado? Bien. Entonces queda ésta pendiente.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII, al artículo 6o. de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 70 BIS, a la Ley General de Salud, en materia de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGIA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada con fecha 29 de octubre de 2015, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 70 Bis a la Ley General de Salud.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 778.

3. La iniciativa en comento fue suscrita por los diputados Ana María Boone Godoy, Arlet Molgora Glover, María Soledad Sandoval Martínez, Yarith Tannos Cruz, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Ricardo Ramírez Nieto, David Mercado Ruiz, Timoteo Villa Ramírez, Alejandro Armenia Mier, Erika Araceli Rodríguez Hernández, María Angélica Mondragón Orozco, Armando Luna Canales, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Olga María Esquivel Hernández, María Guadalupe Oyervides Valdez, Xitlalic Ceja García, Francisco Saracho Navarro, Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Ramón Báñales Arámbula todos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Eloísa Chavarrías Barajas y Jesús Antonio López Rodríguez del Partido Acción Nacional, María Ávila Serna, Adriana Sarur Torre, Lía Limón García, Sofía González Torres, Paloma Canales Suarez, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Jorge Álvarez López, Enrique Zamora Morlet y Andrés Fernández del Valle Laisequilla del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sofía Corichi García del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa motivo del presente dictamen señala que uno de los grupos poblacionales que más requiere de la atención y dirección de políticas especiales son los adolescentes, debido a la complejidad que representan las características inherentes a dicha etapa.

Los embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad, son un problema muy serio a nivel mundial, siendo México de los primeros en la lista. Se tiene estimado que al día se registran 6,260 nacimientos a nivel nacional, de los cuales 1,252 corresponden a madres adolescentes, lo que representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven. Los estados con mayor prevalencia son Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua e Hidalgo.

Es importante subrayar que el embarazo en una mujer menor de 20 años es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, en el que se afecta la salud tanto de la madre como del embrión en desarrollo.

Tanto el embarazo a temprana edad como sus repercusiones constituyen uno de los problemas más frecuentes que impactan preponderantemente en grupos de la sociedad más vulnerables, como resultado de la práctica sexual no informada y, menos aún, protegida.

Desafortunadamente, la práctica sexual se considera comúnmente como un indicador de riesgos psicosociales. En el caso de los jóvenes de las zonas urbanas la relación sexual temprana se asocia con el uso de métodos anticonceptivos poco efectivos o bien su desuso, así como al consumo de alcohol y estupefacientes.

El proponente señala que la educación integral en sexualidad es un aspecto fundamental que involucra a los diversos sectores para fomentar la toma de decisiones importantes en torno a su salud, por lo cual resulta indispensable que las autoridades se sumen a la tarea de garantizar la oferta y dotación de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo lo que proporciona protección de largo plazo y los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

En suma el objeto de la iniciativa del proponente es garantizar el suministro de preservativos en los centros de salud, en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y en instituciones de educación para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado proponente pretende reformar la Ley General de Salud en los siguientes términos:

CUADRO COMPARATIVO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

III. CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define como adolescencia al “periodo de vida en el cual el individuo adquiere capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica”

Según datos de la OMS anualmente alrededor de 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años de edad dan a luz, lo que representa aproximadamente el 11% de todos los nacidos en el mundo. Asimismo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, indica que de acuerdo con el informe del estado de la Población Mundial por cada mil nacimientos que ocurren en América, 74 provienen de mujeres adolescentes.

La Secretaría de Salud estima que las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años. En el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen complicaciones durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, Virus del Papiloma Humano y finalmente el aborto. En cuanto al producto, se presentan antecedentes de prematurez, bajo peso, retardo en el desarrollo cognitivo y retardo en el crecimiento físico.

Éstas complicaciones junto con el impacto psicosocial, traen aparejado el incremento de la morbimortaiidad materno infantil.

Por lo anterior ésta comisión comparte con el proponente su preocupación en cuanto a las posibles consecuencias del ejercicio de la sexualidad en la etapa de la adolescencia, como pueden ser un embarazo no planeado y la posibilidad de contagiarse de alguna infección de transmisión sexual.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, en México residen 22 millones 804 mil 083 adolescentes. Ésta población equivale a 20.2% del total de habitantes en el país. De este total, 50.3% son hombres y 49.7% son mujeres.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé, esto es, 1 de cada 5 nacimientos. Ésta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres, tan sólo, en 2013.

Una medición sobre la prevalencia de embarazos en adolescentes, arrojó los siguientes resultados:

• 2 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen de 15 a 19 años.

• De cada 10 adolescentes de 12 a 19 años 2 han iniciado vida sexual.

• 4 de cada 10 mujeres adolescentes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

• De cada 10 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años 2 han estado embrazadas en más de una vez.

• 1 de cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que inicia vida sexual se embaraza.

• 4 de cada 10 embarazos adolescentes no son planeados o deseados.

• Del total de nacimientos en el país 17% corresponde a adolescentes.

• 1 de cada 10 muertes maternas en el país ocurre en mujeres de 10 a 18 años.

PRIMERA.-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o establece el derecho a la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; al tenor de lo siguiente:

“Artículo 4°.- ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

SEGUNDA: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo segundo del artículo 4o establece el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Por lo que el embarazo en la adolescencia además de ser un problema de salud pública, representa un inconveniente con secuelas sociales graves, ya que en la gran mayoría de los casos, las jóvenes cambian radicalmente su proyecto de vida; enfrentan un entorno desfavorable en el núcleo familiar; padecen la pérdida de sus amistades y comprometen sus posibilidades de continuar con su formación escolar; todo esto con consecuencias además de orden psicológico.

Por ello los diputados integrantes de la Comisión, coinciden con el proponente en cuanto a que el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, así como su economía.

TERCERA: En el embarazo a una edad temprana coloca a la adolescente en una situación vulnerable, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ENADID, indica que en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1, 000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, mientras que en la ENADID 2009 ocurrieron 70.9 nacimientos; como vemos el número de nacimientos va en aumento por lo cual no podemos ser omisos a este tema fundamental.

Por lo que con fundamento en el artículo 3° de la Ley General de Salud, ésta dictaminadora considera importante los argumentos del promovente para dar cumplimiento a lo que el numeral de referencia estipula es materia de salubridad general:

I...

II. La atención médica preferentemente a grupos vulnerables.

III...

IV...

V. La planificación familiar.

VI al X...

XI. La educación para la salud.

XII al XV...

XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control de VIH/sida E Infecciones de Transmisión Sexual.

...

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, desde el 2009 México tiene una tasa muy alta de mortalidad infantil, casi cuatro veces el promedio de la OCDE de 5,4 por cada 1,000 nacimientos. Señala que tal vez relacionado con estas cifras está el hecho de que la mayor tasa de madres adolescentes también se encuentra en México, registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas de 15-19 años de edad.

Como podemos ver en nuestro país las cifras de mujeres adolescentes que han dado a luz, incluso menores de 15 años van al alta, y como prueba bastan los siguientes datos estadísticos emitidos por el INEGI:

Para el grupo de niñas menores de 15 años los registros muestran que en el año 2003 hubo 9,933 nacimientos en las niñas de ese grupo de edad, es decir, un promedio diario de 27 nacimientos; en el año 2008 la cifra creció a 11,530, o bien, un promedio diario de 31 partos; mientras que en 2012 se tuvo un ligero descenso a 10,924 casos, esto es, un promedio diario de 30 alumbramientos, es decirse tiene un 1.25 nacimientos de bebés de una madre adolescente aproximadamente cada hora.

En el caso de las adolescentes menores de 19 años, el número de nacimientos registrados en el año 2003 fue de 403,436, es decir, 1,105 nacimientos diarios en madres adolescentes; para 2008 la cifra se ubicó en 446,399, o bien un promedio cotidiano de 1,223 alumbramientos; mientras que en 2012 la cifra creció a 457,192, lo cual implica un promedio diario de 1,252 partos en adolescentes del grupo de edad señalado, es decir se registran un promedio de 52 nacimientos de madres adolescentes por hora.

En los últimos 10 años se registraron casi 108 mil nacimientos en los que las madres tenían menos de 15 años al momento de dar a luz; y 4.34 millones de alumbramientos en mujeres menores de 19 años y mayores de 15, lo que equivale a la población de una entidad de la magnitud demográfica que actualmente tiene Chiapas.

CUARTA: De acuerdo con los datos antes enunciados, la Secretaria de Salud ha llevado a cabo acciones concretas para el tratamiento de este fenómeno, así como el marco legal que lo mandata mediante la Ley General de Salud en su Capítulo VI “Servicios de Planificación Familiar” señalando que:

“Artículo 67.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

...

...

...”

“Articulo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población;

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.

IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V. a VI. ...”

“Artículo 70.- La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.”

“Artículo 71- La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.”

QUINTA: Entre 2003 y 2012 los Estados que concentran el mayor número de alumbramientos en los que la madre era una niña menor de 15 años son: el Estado de México, con 10,536 casos; le sigue en segundo lugar Guerrero, con 9,317 casos; en tercer sitio está Chiapas con 9,152 casos; en cuarto sitio está Veracruz, con 8,737 casos; mientras que en quinto sitio está Puebla con 5,696 casos, siguiéndole el estado de Oaxaca con un total de 5,391 partos; Baja California con 4,550 casos; Jalisco con 4,327; Chihuahua con 4,154; Michoacán con 3,753; el Distrito Federal con 3,702, Guanajuato con 3,377; y Sinaloa con 3,261.

Los datos muestran que hay 19 entidades en las que entre los años 2003 y 2012 se contabilizan más de 100 mil nacimientos en cuyos casos las madres eran adolescentes menores de 19 años. Una vez más, al ser el más poblado, el Estado de México aparece a la cabeza con 571,445 casos; en segundo lugar se encuentra Veracruz, con 301,598; en tercer sitio está el estado de Puebla, con 262,901 casos; en cuarto lugar se ubica Chiapas, con 257,254; y en quinto lugar el estado de Jalisco, con 247,813.

En 2003 el porcentaje de nacimientos de niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años al momento del parto, respecto del total de nacimientos anuales, fue de 15.5%; para 2008 este porcentaje había crecido a 17.3%; y para el 2012 se ubicó en 18.7%.

Visto a nivel de entidades de la República, y considerando el periodo completo de 2003 a 2012, los casos con mayores promedios son: Chihuahua, con 21%; Coahuila, con 20.1%; Nayarit, con 20%; Durango, con 19.8%; Campeche, con 19.1%; Baja California Sur y Baja California con 19%, respectivamente; Sonora y Colima con 18.9% cada uno; Sinaloa con 18.7% y Guerrero con 18.1%.

Por lo anterior, el Poder Legislativo mediante la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha establecido en materia de Protección de la Salud y Seguridad Social tienen garantizados los siguientes:

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a IV. ...

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VI. Establecerlas medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;

VII. a X. ...

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

XII. a XVIII. ...

...

...

...”

SEXTA: Asimismo la NOM-005-SSA2-1993 “De los Servicios de Planificación familiar”, establece como su objetivo:

“...uniformar los criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva.”

La NOM señala que la planificación familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados mediante su prevención, Orientación-consejería y Atención general y específica, teniendo como grupo prioritario de atención a los adolescentes, garantizando que los servicios de planificación familiar deben ser gratuitos cuando sean prestados por instituciones del sector público (Disposiciones generales, 5.1.4).

SÉPTIMA: En el mismo sentido, las infecciones de transmisión sexual, tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva figurando entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica.

La OMS señala que:

• Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual.

• Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro enfermedades de transmisión sexual siguientes: clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones).

• El número de personas con infección genital por el VHS (herpes) supera los 500 millones.

• En todo momento hay en el mundo más de 290 millones de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las enfermedades de infección sexual más comunes.

• Respecto de las mujeres adolescentes señala que cada año, una de cada 20 adolescentes contrae una infección bacteriana por contacto sexual.

Incluso en mujeres embarazadas, la transmisión de las infecciones de la madre al niño pueden dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. De acuerdo con datos de la OMS cada año, la sífilis durante el embarazo provoca aproximadamente unas 305.000 muertes fetales y neonatales, y deja a 215.000 lactantes en grave riesgo de defunción por prematuridad, insuficiencia ponderal o enfermedad congènita. Anualmente, la infección del VPH provoca 528.000 casos de cáncer cervicouterino y 266.000 defunciones.

La Ley General de Salud contempla en su numeral 134, fracción VIII la atención a dichos padecimientos como a la letra se manifiesta:

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. a la VII...

VIII. Sífilis, infecciones gonocócicas y otras enfermedades de transmisión sexual.

IX a la XIV...

OCTAVA: Por su parte, diversas entidades han aprobado medidas tendientes a reducir y evitar el embarazo en los adolescentes así como el contagio de las infecciones de transmisión sexual, tal es el caso de Coahuila quien en el 2013, aprobó la adición del artículo 112 BIS en su Ley Estatal de Salud, señalando que “para disminuir el riesgo reproductivo y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los establecimientos de salud, terminales de pasajeros, establecimientos para el hospedaje, centros de reunión y espectáculos, establecimientos abiertos al público, establecimientos que expendan o suministren al público bebidas alcohólicas e instituciones de educación media y superior, en lugar visible al público en el interior de sus instalaciones, deberán ofrecer preservativos ya sea para su expendio o entrega. Esta disposición podrá aplicarse en instituciones de educación secundaria, cuando así se acuerde por parte de los padres de familia.”.

En ese orden de ideas, esta Comisión considera que la iniciativa contribuye a fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, ya que como lo menciona el diputado proponente ésta se creó a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) quien estima que en el 2015 existían en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, en donde la proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012 lo que ha incrementado el porcentaje de nacimientos de madres adolescentes de 15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012.

La ENAPEA tiene como objetivo general: reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. En tanto que como objetivos específicos busca: a) contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México; b) propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo; c) asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad; d) incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; e) garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Por lo anterior, esta Comisión coincide con el proponente con la necesidad de que las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia deben legislar e implementar acciones preventivas a fin de evitar los embarazos no planeados en adolescentes así como las infecciones de transmisión sexual; sin embargo, esta dictaminadora no comparte la necesidad de crear un nuevo artículo si no que consideramos que el evitar el embarazo no planeado en adolescentes así como el contagio de infecciones de transmisión sexual debe ser uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud establecidos en el artículo 6 de la Ley General de Salud, por lo cual proponemos emitir un dictamen positivo con las modificación mencionada.

Asimismo, los integrantes de esta Comisión consideramos importante señalar en uno de los artículos transitorios que las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia tendrán un plazo máximo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto, para legislar e implementar acciones preventivas a fin de evitar los embarazos no planeados en adolescentes así como el contagio de infecciones de transmisión sexual, asegurando el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, tal y como lo establece uno de los objetivos de la ENAPEA.

Además de acotar que en virtud de la reforma política del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año en curso, mediante la cual se convierte en la entidad federativa número 32, se propone eliminar al Distrito Federal ya que este quedaría incluido al referirse a las Entidades Federativas en general.

La aprobación de la presente iniciativa contribuye al óptimo desarrollo humano de los adolescentes y adhiere esfuerzos para propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad, la prevención del embarazo no deseado en adolescentes, así como evitar el contagio de las infecciones de trasmisión sexual.

Por los argumentos esgrimidos, esta Comisión dictaminadora considera oportuno y pertinente dictaminar en SENTIDO POSITIVO con modificaciones la iniciativa en comento, así los integrantes de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Primero.Se adiciona la fracción XII al artículo 6o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I a la IX. ...

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud;

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, y

XII. Impulsar servicios de salud para prevenir los embarazos no planeados en adolescentes, así como el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrán un plazo máximo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto, para adecuar su marco normativo e implementar acciones preventivas a fin de evitar los embarazos no planeados en adolescentes, así como el contagio de infecciones de transmisión sexual, asegurando el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos.

Nota:

1 http//www.oecd.org/mexico/43590178.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43, 44 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones plantadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

I. Con fecha 15 de diciembre del 2015, el diputado Rafael Hernández Soriano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión Derechos de la Niñez para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

El diputado proponente, indica que en diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se pretende afrontar gran parte de los problemas que resiste la infancia y adolescencia de nuestro país.

Considera que, la importancia de esta ley es que con ella, se garantizan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de vital importancia, para destacar las normas básicas e indispensables para que estas personas puedan sobrevivir y desarrollarse de forma digna.

Indica que, al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En cuanto a los tratados internacionales de los que México forma parte, con carácter vinculante, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre los aspectos más destacados de la Convención, se encuentra: la garantía de sus derechos, así como los principios como el del interés superior del niño; el reconocimiento como sujetos plenos de derechos; el derecho a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que pueden afectarlos; el derecho a su intimidad; el derecho a su privacidad; el derecho a que les sean reparadas las violaciones a esos derechos; entre otros derechos.

Demuestra que, por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destaca en su contenido relevantes puntos sobre el tema, entre los que se encuentran:

• Reconoce a niñas, niños y adolescentes como como sujetos plenos de derechos.

• Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

• Contiene un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

• Dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por el titular del Poder Ejecutivo federal.

• Contempla un Programa Nacional, así como programas estatales que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral.

• Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral que recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

Reflexiona que, esta ley general encuadra los principales derechos humanos y las normas que cualquier autoridad del país deberán tener en cuenta al momento de desahogar un asunto que involucre a niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, indica que, debemos mencionar que el legislador permanente, al momento de aprobar la Ley en comento, presenta un par de omisiones respecto a dos temas fundamentales. En el primer caso, dentro del texto de la Ley General, el Sistema Municipal de Protección se encuentra inmerso en la sección segunda del Capítulo Cuarto, en el título Quinto, -artículo 138 y 139- el cual, de acuerdo con el esquema de la Ley, no está contemplado en el artículo 4º, como parte de las definiciones de la presente Ley General.

En el segundo caso, es importante que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Abunda indicando que, esto es de suma importancia, porque la problemática que enfrenta la niñez migrante nacional y centroamericana es grave, más aun cuando la cifra de menores de edad no acompañados que cruzan la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unido, es imprecisa.

En las estadísticas migratorias mensuales de la Secretaría de Gobernación, se registra que de enero a mayo de 2014, el Instituto Nacional de Migración, INM, ha detectado a 8 mil 7 menores de entre 0 y 17 años, de los cuales 4 mil 230 viajan sin compañía.

Muestra que, por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha reportado en el primer semestre del año, la detención de 57 mil 525 menores no acompañados en su frontera sur, de los cuales 43 mil 933 son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, 12 mil 614 son mexicanos y 978 son de otras nacionalidades. Estos datos muestran que, entre enero y junio, han ingresado por la frontera sur, al menos 52 mil menores de edad no acompañados.

Mientras que el 80 por ciento de los menores de edad migrantes detenidos –es decir, 6 mil 462– fue ubicado en sólo cinco estados de México. La entidad donde se detuvo a la mayor cantidad fue Chiapas, con 2 mil 922, a la que le siguieron Veracruz, con mil 318; Tabasco, con mil 65; Oaxaca, con 629, y Tamaulipas, con 528.

También menciona que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es la encargada de otorgar la asistencia institucional a refugiados, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, sin embargo para el desarrollo de sus funciones, esta Comisión cuenta con un Órgano Administrativo

Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Esta coordinación es responsable de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, y es a quien los Sistemas DIF deberán comunicar tal situación de los menores de edad.

Esta atribución consta expresamente en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en el artículo 35, que a la letra señala:

Artículo 35.Cualquier niña, niño o adolescente no acompañado o separado de su familia tiene derecho a presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La Coordinación ajustará el procedimiento a la edad y madurez del niño, niña o adolescente, quien será entrevistado por servidores públicos capacitados quienes deberán determinar su interés superior.

En consecuencia con lo anterior, la presente iniciativa pretende subsanar las omisiones del legislador permanente que podrían obstaculizar el cumplimiento total de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El suscrito diputado con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa con:

Proyecto decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Artículo Único. Se reforman la fracción XXVII del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y los artículos 98 y 99, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Sistema Municipal de Protección: el Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio.

XXVIII. a XXX. ...

Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de adoptar medidas de protección especial.

Artículo 99. ...

...

El Instituto Nacional de Migración y en su caso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deberáproporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primero. La Comisión de Derechos de la Niñez realizó el estudio y análisis de los planteamientos de la Iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. La Iniciativa en cuestión hace destaca la necesidad de que, la función sustantiva del Congreso de la Unión es crear normas jurídicas para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

Entre los tratados internacionales se encuentra justamente la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la cual fue suscrita y ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la que contiene un catálogo de derechos humanos dirigidos a las niñas, niños y adolescentes. Es así que los artículos 4 y 6 señalan lo siguiente:

Artículo 4

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”....

De ahí, que México, al ser un Estado parte de este instrumento internacional, debe cumplir con la disposición referente al desarrollo del niño y adoptar las medidas legislativas necesarias para tal objeto.

Artículo 6

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.

En este tenor, las y los suscritos integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez coincidimos en que es necesario ajustar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de adecuarlo los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establecen un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de las y los niños.

Tercero. Es importante recordar que el 11 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas más importantes que en materia de derechos humanos se han realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los últimos años.

A través de la reforma al artículo 1° constitucional, la jerarquía de los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales es de igual condición a aquellos establecidos en la Constitución. La incorporación de los tratados al derecho interno se da generalmente de manera automática, es decir, no se requiere un acto de producción normativa interna, ya que una vez celebrado por el Presidente y ratificado por el Senado, se crean derechos y obligaciones de las partes que celebren el tratado.

En este mismo contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4°, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

A partir de estas reformas a los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano adquirió la obligación de garantizar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuenten con un marco jurídico de protección que no se limita al derecho nacional, sino que deberá ser acorde con los instrumentos internacionales que México ha suscrito, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.

Cuarto: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de dos mil catorce y hoy por hoy se coloca a la vanguardia de nuestro sistema jurídico mexicano, incluyendo las disposiciones adoptadas en los Instrumentos Internacionales que velan por el interés superior de la niñez y la protección más amplia de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta Ley General es uno de los instrumentos más importantes en la función que tiene el Estado para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado mexicano se encuentra en el momento coyuntural de hacer una reestructuración de todo su marco jurídico en materia de derechos humanos y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La niñez y la adolescencia resulta por antonomasia el grupo con mayor vulnerabilidad en el gran tejido social, por lo que el resguardo de su dignidad y la garantía de su derecho al desarrollo de una personalidad plena es una tarea primordial en la agenda nacional, en la cual el Estado mexicano debe participar de manera decidida al ser un Estado vanguardista en materia de derechos humanos.

Quinto: El respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es hoy día un imperativo para el Estado mexicano, motivo por el cual su garantía es impostergable, sobre todo cuando nos llevan necesariamente a un cambio en la legislación General, que sin duda alguna resulta de suma importancia incorporar el Sistema Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio, el cual no está contemplado en el artículo 4º, como parte de las definiciones de la presente Ley General, pero que se encuentra previsto en la sección segunda del Capítulo Cuarto, en el título Quinto, -artículo 138 y 139- de la presente Ley General.

El Sistema Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes que deberá existir en cada municipio será un órgano prioritario para crear la política pública en pro del interés superior de la infancia.

Este sistema será el instrumento que garantice plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que la presente reforma es un paso trascendental en la vida legislativa del Estado mexicano y lo posiciona a la vanguardia a nivel de cada municipio en el país en la salvaguarda y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Sexto: Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura, coincidimos también en reformar la presente Ley General, con el fin de garantizar de manera íntegra y tutelar los Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El hecho de que nuestro país es el paso donde cruzan la frontera sur y se encuentran en tránsito miles de niñas, niños y adolescentes no acompañados para llegar a Estados Unidos, es una situación que pone de manifiesto la necesidad de que los Sistemas DIF comuniquen a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la información necesaria, a fin de adoptar medidas de protección especial, tomando en cuenta que esta Comisión Mexicana es la encargada de otorgar la asistencia institucional a refugiados, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

En este sentido, esta coordinación entre los Sistemas DIF y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados permitirá adoptar medidas de protección especial para las niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, tal y como lo establece el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 109 que a la letra dice:

“El Sistema Nacional DIF, cuando estime que existen elementos que presuman que una niña, niño o adolescente migrante extranjero es susceptible de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político, o de protección complementaria, lo comunicará, en un plazo de cuarenta y ocho horas, tanto al Instituto Nacional de Migración para que se adopten las medidas de protección especial necesarias, como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que ésta proceda en términos de lo dispuesto en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su Reglamento”.

El Sistema Nacional DIF coadyuvará con los Sistemas de las Entidades a efecto de que éstos detecten a niñas, niños o adolescentes extranjeros susceptibles de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político o, de protección complementaria y lo informen al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los términos previstos en este artículo”.

Siguiendo con el orden de ideas es importante hacer mención lo que nos establece el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Migración respecto a:

“Si derivado de la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescente migrantes extranjeros no acompañados, el personal del Instituto especializado en la protección de la infancia identifica que requieren proteccióninternacional, se deberá notificar de inmediato a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que se proceda en términos de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de la materia. Lo mismo sucederá cuando el niño, niña o adolescente migrante extranjero no acompañado solicite el reconocimiento de la condición de refugiado”.

Por consiguiente dada la relevancia que tiene el fenómeno de niñas y niños migrantes no acompañados y que presentan un alto grado de vulnerabilidad, esta dictaminadora ha considerado modificar la propuesta original del artículo 98 de la iniciativa, atendiendo el espíritu original de la propuesta.

Esta dictaminadora coincide en la necesidad de reformar la fracción XXVII del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y los artículos 98 y 99, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo se considera la siguiente propuesta de redacción.

En mérito de lo expuesto, las Comisiones Dictaminadoras, con base a las consideraciones anteriores y el análisis de la misma Iniciativa, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Único. Se reforman la fracción XXVII del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y los artículos 98 y 99, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Sistema Municipal de Protección: el Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio.

XXVIII. a XXX. ...

Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial.

...

Artículo 99. ...

...

El Instituto Nacional de Migración y en su caso la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberán proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 del mes de abril de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Alvarez Maynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 86, y se adiciona un último párrafo al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, en materia de vías férreas

Honorable Asamblea

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80; 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV, y 167 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

A la Comisión que suscribe de Protección Civil, le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 2460 que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 5 de abril de 2016

La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-4-757 acordó que se turnara para su dictamen a esta Comisión de Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente

En su exposición establece que:

a). La Asociación Mexicana de Ferrocarriles reporta que la frecuencia de accidentes que involucran un tren con un automóvil es diaria.

b). La empresa Unión Pacific en sus operaciones en México ha reducido los accidentes debido a la que centró su atención en los cruces con mayores accidentes enfocando sus acciones en la prevención de errores de sus operadores y en cumplir con las normas de mantenimiento.

c). Concluyendo que el problema debe enfrentarse con las modificaciones que la iniciativa plantea con la finalidad de prevenir y disminuir riesgos por factores antropogénicos, en particular el provocado por los riesgos ocasionados por los cruces de los ferrocarriles en zonas urbanas y metropolitanas.

d). El artículo 5 de la Ley General de Protección Civil prevé que las autoridades de Protección Civil deben dar prioridad a la protección de la vida e integridad de las personas.

e). La Coordinación Nacional tiene la facultad de promover con las instancias del Sistema Nacional programas especiales para reducir riesgos antropogénicos

f). En la Ley General de Protección Civil “no se ha tomado en cuenta este riesgo para adicionarle disposiciones que den competencias a las autoridades de protección civil para la disminución de los riesgos, y con ello la baja de los índices de accidentes que se producen los cruces de las locomotoras en la zonas metropolitanas.”

g). La ley General de Protección Civil prescribe la elaboración de Atlas de Riesgos los que constituyen -afirma la proponente- “el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo”

h). El Gobierno Federal y las Entidades Federativas promoverán la creación de Atlas de Riesgos, instrumento que permitirá a las “autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.”

i).Se modifique la referencia que el artículo 79 hace de la fracción XL, -de la previsión-, por la fracción XLI, -del Programa Interno de Protección Civil-.

j) Los accidentes ferroviarios se deben ilustrar con la cita que hace de diversos ejemplos que detalla.

k) El Plan Nacional de Desarrollo de la administración 2014- 2018 plantea mejorar la seguridad ferroviaria mediante un programa integral, pero la proponente señala que tendrá pocos resultados

l) Cita la extensión de la red ferroviaria y del volumen que moviliza,

m) Da un cuadro comparativo para facilitar el dictamen.

n) Hay fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados para la presente iniciativa.

ñ) Se apruebe la presente reforma en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 82; se adiciona la fracción XXX, recorriendo su actual contenido a la fracción XXXI al artículo 19, al artículo 20 un párrafo y al artículo 79 un párrafo, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. ....

I.- a XXVIII. ...

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX. Requerir a las autoridades competentes en materia de servicio ferroviario la información necesaria a fin de que las rutas que pasan por zonas urbanas o metropolitanas sean contempladas en los Atlas de riesgo federal, estatal y municipal;y

XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo 20. ...

.....

Para el caso de los riesgos provocados por el servicio ferroviario en zonas urbanas y metropolitanas, la Coordinación Nacional y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el marco de sus atribuciones, implementarán medidas a fin de reducir los riesgos mediante políticas públicas en las zonas urbanas y metropolitanas.

.....

Artículo 79. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de protección civil a que se refiere la fracción XL Idel artículo 2 de la presente Ley.

La anterior disposición, de igual manera la deberán atender las personas físicas y morales privadas que prestan el servicio de transporte de carga o de pasajeros mediante ferrocarriles en zonas urbanas y metropolitanas.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica, antropogénicos y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia.

SEGUNDA. Esta dictaminadora considera pertinente dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto con las modificaciones que se detallan.

TERCERA. Con referencia a los incisos a), b), c), d) y e) del Capítulo Antecedentes del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora opina que efectivamente se debe atender el riesgo antropogénico ocasionado por el cruce del tránsito de personas y vehículos con vías férreas y la consecuente necesidad de disminuir los accidentes en vías férreas.

CUARTA. Con referencia al inciso g) del capítulo Antecedentes del presente dictamen esta Comisión dictaminadora opina que la adición de una fracción al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil es innecesariamente, ya que al prescribir a las “autoridades competentes en materia de servicio ferroviario la información necesaria a fin de que las rutas que pasan por zonas urbanas o metropolitanas sean contempladas en los Atlas de riesgo federal, estatal y municipal; y”, toda vez, que dichas autoridades ya son responsables de hacerlo en los términos de los artículos 19, 23, 83, 84 y 86 de la Ley General de Protección Civil; además esta dictaminadora opina que la ley se expresa en lo general de los tipos de riesgos y de las funciones de las autoridades y no hace un catálogo detallado de cada una de ellas, sino que hacer dichas particularidades es contenido de reglamentación o de las llamadas normas jurídicas individualizadas, o es materia de exhorto, en el caso, que las autoridades competentes fueran omisas en el cumplimiento de dichas tareas.

QUINTA. Con referencia al inciso g) del capítulo Antecedentes del presente dictamen mencionado en la Consideración CUARTA y los incisos a), b), c), d) y e), esta Comisión dictaminadora pondera la fuerte llamada de atención que hace la proponente sobre la problemática de los accidentes en cruces de tránsito peatonal y vehicular con vías férreas, y conservando el espíritu de la propuesta que hace la proponente para el artículo 19, pero visto los razonado en la Consideración Cuarta, sobre la generalidad de la ley, se propone resaltar el aspecto de las vías férreas en los Atlas de Riesgos en tanto vías de comunicación en una adición al artículo 86 de la Ley General de Protección Civil en los siguientes términos:

SEXTA. Con referencia a los incisos c), d), e) y k) del capítulo Antecedentes del presente dictamen esta Comisión dictaminadora opina que la adición al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil es pertinente toda vez que dicho artículo 20 señala que para el “cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores” y en ese tenor establece para el caso de “Fenómenos Astronómicos” la colaboración con la “Agencia Espacial Mexicana”, en consecuencia es admisible la inclusión de la proponente, no obstante se recomiendan algunas modificaciones:

1.- Que la adición sea al final del tercer párrafo en lugar de insertarla entre el segundo y tercer párrafo, como plantea la proponente, ya que ambos párrafos se refieren a los fenómenos astronómicos y a los agentes perturbadores espaciales.

2.- Se siga la redacción del mencionado artículo 20 para una mejor coherencia y técnica legislativa.

Por lo tanto se propone la siguiente redacción:

SÉPTIMA. Con referencia al inciso i) del capítulo Antecedentes del presente dictamen esta Comisión dictaminadora opina que la proponente justifica el cambio en el artículo 79 de la Ley General de Protección Civil con relación a la referencia que hace de la fracción XL del artículo 2 por la fracción XLI del mismo artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, toda vez existe un referencia errónea a la fracción XL

OCTAVA. Con referencia al inciso i) del capítulo Antecedentes del presente dictamen esta Comisión dictaminadora opina que la proponente no justifica la adición de un párrafo, al artículo 79 de la Ley General de Protección Civil, por el cual las personas físicas o morales que “prestan el servicio de transporte de carga o de pasajeros mediante ferrocarriles en zonas urbanas y metropolitanas”, toda vez que el artículo 79 de dicha ley, establece la obligatoriedad para toda persona física o moral cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, por lo tanto los prestadores de servicio ferroviario -que están en el supuesto citado- no están exentos de cumplir dicha obligación y en consecuencia no hay razón para crear un párrafo que les indique dicha obligación,

NOVENA. Con referencia a los incisos e) y f) del capítulo Antecedentes del presente dictamen esta Comisión dictaminadora opina que la proponente justifica la adición del riesgo antropogénico al artículo 82 de la Ley General de Protección Civil, toda vez que no está incluido con los demás riesgos que menciona el referido artículo 82 de la ley citada

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 86; Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA DE VÍAS FÉRREAS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 79 y 86; y se adiciona un último párrafo al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 20. ..

..

...

En el caso de los Fenómenos Antropogénicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y para el caso de vías de comunicación férreas la Agencia de Reguladora del Transporte Ferroviario, trabajaran conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por el cruce de tránsito peatonal y vehicular con vías férreas.

Artículo 79. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de protección civil a que se refiere la fracción XLI del artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura, vías de comunicación, o asentamientos humanos.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril del año 2016.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Alberto Martínez Uricho, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho, Cristina Sánchez Coronel, Ricardo Taja Ramírez.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica

Honorable Asamblea

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 39, 40, 49 y 86 de la Ley General de Protección Civil.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 157 numeral 1, fracción I; 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Protección Civil, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de “Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. ANTECEDENTES

1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 10 de noviembre de 2015, el diputado Carlos Sarabia Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 39, 40, 49 y 86 de la Ley General de Protección Civil.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-11-5-526 acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 901.

II. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

1. La iniciativa con proyecto de decreto de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 39, 40, 49 y 83 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXXIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por..

XXXIII. Instalaciones Vitales: Obra de Infraestructura que por sus características o finalidad (Presa de agua, institución de gobierno, industria paraestatal, Puente, o instalación destinada a la toma de decisiones, etc.) que de sufrir un daño en su funcionamiento o pérdida total, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno, requiriendo ser considerada desde el punto de vista de la Protección Civil en la elaboración y análisis de los respectivos Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos y Programa Interno de Protección Civil escrito y Virtual .

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XLIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por...

XLIII. Programa Interno de Protección Civil Virtual: Es un instrumento de planeación y operación que se vale de los adelantos tecnológicos e informáticos, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; y que al igual que el Programa escrito tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción LII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por

LII. Ruta de Capacitación de Protección Civil: Aquella organizada y estructurada en los cursos Básico, Intermedio y Avanzado con una duración de 40 horas (16 el curso Básico y 12 en cada uno de los Intermedios y Avanzados; estos constan de 6 horas teóricas y 6 horas practicas) y cuya impartición al personal de Brigadistas garantiza la homologación a nivel nacional de su capacitación y que realicen sus tareas de manera eficiente, permitiendo salvaguardar la integridad de la población y la suya propia.

Artículo Cuarto. Se modifica el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil escrito y Virtual se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil escrito y Virtual; cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.

A nivel estatal, se creará una secretaría de protección civil, y a nivel municipal una dirección, su organización, estructura y funcionamiento deberá apegarse a lo establecido en el reglamento de esta ley y deberá operar en forma independiente a cualquier otro organismo.

Artículo Quinto. Se modifica el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 40. Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil y el correspondiente Programa Interno de Protección Civil Virtual.

Dichos programas deberán ser elaborados por un Tercer Acreditado, siendo operados y vigilados por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada (persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de esta ley). El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el Reglamento.

Artículo Sexto. Se modifica el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia dependiente de la Coordinación Nacional por conducto del Cenapred, orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, actualización y especialización de materias teóricas y prácticas.

Tendrá como función la acreditación y certificación de las capacidades de personas físicas y morales que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con protección civil, sin perjuicio de que existan otras instancias de acreditación y certificación en el sistema educativo nacional.

Verificará que la capacitación que se imparta a los diferentes grupos de brigadistas se apegue a lo estipulado en la ruta de capacitación de protección civil.

Artículo Octavo. Se modifica el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 83. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los atlas nacional, estatales y municipales de riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Estas entidades deberán verificar en el ámbito de su competencia, que el atlas nacional de riesgos sea de fácil acceso a toda la población, que su elaboración sea homologada en una misma plataforma tanto en el nivel nacional, estatal y municipal.

Verificarán que todos los municipios del país cuenten con su respectivo atlas municipal de riesgos. Siendo responsable de su operación el titular de la unidad de protección civil, facilitando la coordinación y actuación de las autoridades en beneficio de la población y sus bienes, gracias a la integración en el mismo de las Instalaciones Vitales e inmuebles e instalaciones con la inclusión de los programas internos de protección civil virtuales.

2.En su exposición de motivos, la iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia plantea lo siguiente:

a) La ubicación geográfica del país en el llamado “cinturón de fuego del Pacífico”, lo expone actividad sísmica y volcánica, y dadas las fronteras naturales el Golfo de México y el Océano Pacífico, el país está expuesto a fenómenos ciclónicos, ambos fenómenos con la consecuente afectación a la población y su patrimonio, y trastornos en la infraestructura y comunicaciones.

b) Ejemplifica con diversos fenómenos naturales.

c) No es posible predecir las catástrofes, pero si es posible “realizar las acciones que minimicen los efectos de estos fenómenos.

d) La acción humana como copartícipe en el desbalance de los ecosistemas eliminando “las barreras naturales que existían contra los fenómenos atmosféricos (...) y sus efectos no sean disminuidos e impacten con toda su fuerza”.

e) Es necesario legislar para una verdadera coordinación del gobierno. Aprovechando “los beneficios de los avances tecnológicos que facilitan la difusión de todas aquellas medidas tendientes a preservar la integridad de la población”.

f) Es “indispensable realizar reformas a la Ley General de Protección Civil y su respectivo reglamento”.

g) “La Organización de las Naciones Unidas declaró el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el propósito de concienciar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos”.

h) “La protección civil se ha convertido en un mecanismo de gran valor para poner a salvo miles de vidas. La clave es prevenir el riesgo.”

i) “El 25 de enero de 2013, el presidente de la República instruyó, a través del secretario de Gobernación, la presentación de un protocolo de seguridad para las oficinas públicas de gobierno que ayude a las dependencias a identificar y mitigar apropiadamente los riesgos en sus respectivos centros de trabajo e informar sobre sus avances.”

j) “El 28 de mayo de 2013, el Presidente de la República instruyó al Consejo Nacional de Protección Civil el desarrollo de la estrategia México Seguro Frente a Desastres, en la que cada dependencia de la administración pública federal contribuirá, en el marco de acuerdos y convenios que se suscriban para tal efecto, a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas.”

k) “En el marco de esta estrategia, cada dependencia asumirá el compromiso de registrar, compartir información, verificar y mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector, en cuatro aspectos específicos:” 1.-Ubicación geoespacial; 2.-De seguridad estructural; 3.-Integrales de riesgo; y 4.-Funcionales en la respuesta a emergencias.

l) “Para el desarrollo de estas actividades, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Protección Civil, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, el secretario de Gobernación suscribirá los convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de esta estrategia, mismos que contendrán las especificaciones sobre la corroboración y evaluación de su cumplimiento, lo que será informado al presidente de la República y a la población en general en las sesiones ordinarias del consejo.”

m) Cita al presidente Enrique Peña Nieto que señala los que los fenómenos meteorológicos serán más intensos

n) Menciona, sin hacer la cita, un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el que se pronostica para los próximos 30 años desabasto de agua y alimentación.

o) De “no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de ios efectos derivados del cambio climático. El INECC también prevé que al menos 21 por ciento de la población estará en riesgo de perder su patrimonio y disminuir su calidad de vida por la pérdida de servicios y de comunicaciones provocadas por inundaciones o desgajamientos de cerros.”

p) El mismo estudio, no hay cita, del INECC pronostica la combinación de ciclones tropicales con “nortes”, derivada del cambio climático, generando fenómenos devastadores.

q) Cita El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 en el objetivo 1 cita lo siguiente: “... los programas de fomento hacia las acciones preventivas deben transformarse en el eslabón de cohesión con el resto de las estrategias que conforman la Gestión Integral de Riesgos...”

Objetivo 5 dice: “... en la medida que la tecnología permita conocer las causas y reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, el Sinaproc contara con mayores y mejores elementos.”. La innovación es un eje fundamental en el mundo moderno, actualizar y mejorar las tecnologías actuales mantendrán al Sinaproc a la vanguardia en el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías para la Protección Civil...” y que el objetivo 5.1 dice: “... promover la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología para la Gestión Integral de Riesgos. Contribuir a la generación de una cultura de la innovación tecnológica...”

r) Es responsabilidad de esta soberanía proteger a la sociedad mediante la legislación, por lo que el Derecho a la Prevención del Riesgo es una necesidad prioritaria, al igual que fomentar la cultura de la protección civil.

s) La Ley General de Protección Civil no contempla el concepto de “instalaciones vitales”, las que por características o funciones si fueran inhabilitadas afectarían a la población; por lo que requieren ser consideradas desde el punto de vista de la protección civil.

t) “Se ha observado que los diferentes organismos de protección civil de los estados y municipios no están homologados (se encuentran controlados, subordinados o integrados al Cuerpo de Bomberos, Segundad Pública, etcétera).”

u) “Se considera que el Atlas Nacional de Riesgos es de difícil acceso para la ciudadanía, y los respectivos atlas estatales y municipales además que no están homologados, en la mayoría de los municipios del país se carece de esta información de carácter vital.”

v) Los Programas Internos de Protección Civil debieran tener un formato estándar para los inmuebles, el cual facilite su elaboración, difusión y comprensión por parte del personal de brigadistas y de la población en general.

w) “Actualmente se cuenta ya con el Programa Interno de Protección Civil Virtual; herramienta de gran valor en la comprensión y difusión de las medidas a adoptar en caso de una emergencia, que simplifica grandemente la comprensión de las medidas de seguridad y prevención; facilitando las labores de los cuerpos de auxilio en caso de presentarse alguna eventualidad que altere el ritmo de vida normal de la población.”

x) De esta forma, el Programa Interno de Protección Civil Virtual permite visualizar de forma práctica los mencionados aspectos de 1. Ubicación geoespacial; 2. Seguridad estructural; 3. Integrales de riesgo; y 4. Funcionales en la respuesta a emergencias.

y) La capacitación no se encuentra homologada, “impartiéndose al libre juicio de parte de las autoridades, servidores públicos y particulares que coordinan esta actividad junto con las empresas (terceros acreditados o capacitadores) encargadas de proporcionarla; dejando “vacíos o lagunas” en el aprendizaje que debe ser aplicado a los Brigadistas, lo que puede ocasionar que el apoyo que estas personas proporcionan a la población en caso de una emergencia sea deficiente, nulo o erróneo; llegando a ocasionar en caso de una mala aplicación pérdida de vidas o afectar la integridad física de las personas.”

z) “En este aspecto, se dispone (no hay cita) ya de la Ruta de Capacitación de Protección Civil, la cual en forma organizada abarca la instrucción a impartir a los brigadistas, conformada por un curso básico con una duración de 16 horas, y cursos intermedio y avanzado de 12 horas (6 horas teóricas y 6 practicas), garantizando la respuesta adecuada de los brigadistas en caso de presentarse alguna situación de emergencia.”

aa) citar que tanto el Programa Interno de Protección Civil Virtual y la Ruta de Capacitación de Protección Civil ya se aplican en los inmuebles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con resultados sobresalientes y de excelencia, obteniendo grandes avances en la materia, no hay cita de dicha evaluación.

bb) En sesión de la Subcomisión de Predictamen se revisó el presente proyecto de dictamen, que en la consideración OCTAVA desecha la adicción de la definición de “Instalaciones Vitales” en el artículo 2. de la Ley General de Protección Civil. El dip. Carlos Sarabia Camacho contrargumento la consideración OCTAVA del proyecto de dictamen, agregando la explicación de que “es importante diferenciar que una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, y una instalación es la unidad mínima de una infraestructura, como lo es un edificio.”; y que explicitarlo en la Ley General de Protección Civil es necesaria por sus efectos prácticos. Con los razonamientos expuestos los diputados presentes acordaron aceptar la adición de la definición de “Instalaciones Vitales” al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil; con la salvedad que la presentara por escrito, ya que dicha argumentación no está expuesta en la Iniciativa con proyecto de decreto objeto del presente dictamen.

cc) En oficio signado por el dip. Carlos Sarabia Camacho entregado a las oficinas de la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura en fecha 13 de abril de 2016, que en los términos del artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta modificación a la iniciativa en comento. En el que expone 1.- que el concepto de “instalaciones vitales” no está incluido en la Ley General de Protección Civil; 2.- que “es importante diferenciar que una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, y una instalación es la unidad mínima de una infraestructura, como lo es un edificio.”; 3.- en consecuencia “es importante mencionar que no se busca quitar el término “infraestructura Estratégica”, se busca adicionar el término “instalación Vital” ya que el modo de atender una contingencia es muy diferente en cada uno de estos conceptos

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA

PRIMERA.Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

SEGUNDA.Esta dictaminadora considera procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto con las modificaciones que se detallan.

TERCERA. Con referencia a los incisos a), b), c), d), e) y f), del numeral 2 del capítulo II. Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de este Dictamen, se concuerda en la importancia de incorporar las innovaciones tecnológicas en las acciones de la protección civil, pero la incorporación de las nuevas tecnologías estará condicionada a la capacidad presupuestal de las entidades públicas y no debe convertirse en un gravamen innecesario a los particulares.

CUARTA. Con referencia a los incisos g) y h) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora concuerda con el proponente en la cita que hace de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, cuyo propósito es concienciar a los gobiernos y a las personas sobre medidas encaminadas a minimizar los riesgos; y el hecho de que la protección civil se ha convertido en el medio para prevenir el riesgo y en consecuencia reducir los daños.

QUINTA. Con referencia a los incisos i), j), k), I), y m) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora pondera las acciones de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sobre la elaboración de un protocolo de seguridad para oficinas públicas para mitigar los riesgos; igualmente que mediante la estrategia México Seguro Frente a Desastres se instruya a la administración pública a contribuir a la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos inhabilitados por desastres; en igual manera que esta estrategia fije los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura las instituciones de la Administración pública referido a cuatro aspectos: Ubicación geoespacial; de seguridad estructural; integrales de riesgo; y funcionales en la respuesta a emergencias. Para tal fin el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Protección Civil y Secretario de Gobernación suscribirá los convenios de coordinación, colaboración y concertación mismos que contendrán las especificaciones sobre la corroboración y evaluación de su cumplimiento.

SEXTA. Con referencia a los incisos n), o) y p) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar que no es materia de la Ley General de Protección Civil mitigar las causas del cambio climático, ni los efectos sobre el medio ambiente o los que ocasiona directamente a la salud, sino los efectos en los fenómenos hidrometeorológicos que se constituyan en un riesgo, sino que dicha mitigación corresponde a la Ley General de Cambio Climático, que mandata la creación de acciones, presentes y futuras, de mitigación del Cambio Climático; la misma ley crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC.

El INECC, en el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la sección IV. 1. Trata el tema del fortalecimiento del marco facilitador para enfrentar el cambio climático en materia de mitigación, y señala dos innovaciones legislativas que han “transformado en buena medida el marco a partir del cual se diseñan e implementan las políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático en México: las reformas constitucionales en materia energética y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) del año 2012”., en ese contexto es de notarse que el proponente no cita las acciones de mitigación del Cambio Climático que ya contempla la legislación mexicana, sólo cita el “estudio” del INECC y los alarmantes escenarios que “pronostica (...) de no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.”, al recortar la cita hace parecer que las previsiones que hace el INECC refieren directamente a la prevención del riesgo, es de notarse que fuera de las cifras alarmantes que presenta la cita ésta no se vincula con las innovaciones legislativas de las que hace mención el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Ley General de Protección Civil

SEPTIMA. Con referencia al inciso q) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora comprende la importancia que reviste El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, así como su contenido, tanto que las acciones preventivas sean un eslabón de cohesión de la Gestión Integral del Riesgo, como de la incorporación de nuevas tecnologías al Sistema Nacional de Protección Civil que permita reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, e incluso de generar “una cultura de innovación tecnológica”, con dicha cita, el proponente muestra que la incorporación e innovación tecnológica es materia de reglamentación, no obstante se puede incorporar a la Ley dada la promoción de la citada “cultura de innovación tecnológica” y es plausible la vinculación que el proponente hace con el Programa Interno de Protección Civil ‘Virtual’ sin que por ello sea obligatoria y cause gravamen innecesario a los particulares o al Estado.

OCTAVA. Con referencia a los incisos r), s), bb) y cc) del citado Capitulo II del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora concuerda que es responsabilidad de esta Soberanía legislar para proteger a la población mediante la prevención del riesgo, así como por el fomento de la cultura de protección civil. Igualmente nota que la ley en la materia no define el concepto de “instalaciones vitales”, pero si contempla en el artículo segundo, fracción “XXXII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional;” y considerando que por lo que dichas instalaciones ya están consideradas en la Ley General de Protección Civil. Considerando la modificación que el proponente hace de su exposición de motivos mediante oficio por el que agrega que “es importante diferenciar que una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, y una instalación es la unidad mínima de una infraestructura, como lo es un edificio”, en ese tenor y por acuerdo de la Subcomisión de Predictamen, incluye la definición de “Instalaciones Vitales” en la fracción XXXII del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Está Comisión armoniza la adición con el texto vigente y en la misma tesitura sobre otras instalaciones o infraestructura definidas en el mismo artículo 2.

NOVENA. Con referencia al inciso t) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar que la Ley General de Protección Civil establece en el artículo primero que “tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece”, pero no establece que la federación deba homologar los organismos de protección civil de estados y municipios, sino que a estos corresponde, con base en: la Ley General de Protección Civil, en ejercicio de su soberanía y bajo lo dispuesto por las legislaturas locales, establecer dichos organismos de protección civil.

DÉCIMA. Con referencia al inciso u) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora no concuerda con la afirmación del proponente en el sentido que el “Atlas Nacional de Riesgo es de difícil acceso a la ciudadanía” ya que el Cenapred en su sitio en la Internet cuenta con una serie de publicaciones digitales al respecto, esta dictaminadora reconoce que 18 estados no tienen o no están actualizados sus atlas de riesgo, por lo que, con respeto a la soberanía de las entidades federativas, si es posible impulsar los Atlas de Riesgo de los estados.

UNDÉCIMA.Con referencia al inciso v) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar la misma consideración mencionada en la consideración NOVENA en el sentido que la Ley General de Protección Civil sienta las bases generales, que aunadas a las disposiciones de las entidades federativas, son la plataforma para la elaboración de los programas internos de protección civil.

DUODÉCIMA. Con referencia al inciso w), x) y aa) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora coincide que son varios los beneficios que proporciona un Programa Virtual de Protección Civil, como ejemplifica del implementado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero señala: Primero que la obligatoriedad de realizar un Programa Interno de Protección Civil ya está contemplado en la Ley, y esta obligación es apropiada para la prevención del riesgo. Segundo cubierto el requisito principal las innovaciones tecnológicas son un beneficio adicional pero se debe ponderar el impacto presupuestal para las instituciones públicas o el costo a particulares que se generaría por implementar su obligatoriedad. Tercero el proponente no describe los tiempos posibles para su obligatoriedad. Cuarto él proponente señala la necesaria elaboración de los Programas Internos de Protección Civil Virtual por “terceros acreditados”, pero no hay un razonamiento amplio y fundado que determine que un “Tercero Acreditado” es una mejor opción que las Unidades Internas de Protección Civil.

DÉCIMOTERCERA. Con referencia al inciso y) y z) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora opina que el proponente no hace valer su afirmación sobre los “vacíos o lagunas” en la formación de brigadistas por el sólo hecho que es impartida por el “libre juicio de parte de las autoridades”, al respecto se retoma la consideración sobre la soberanía de las entidades federativas. Tampoco hace valer la afirmación que la llamada la Ruta de Capacitación de Protección Civil, con una instrucción conformada por un curso básico con una duración de 16 horas, y cursos intermedio y avanzado de 12 horas (6 horas teóricas y 6 practicas), es la que garantiza una respuesta adecuada de ante una emergencia, ya que no es el tiempo de un curso lo que genera conocimiento, destrezas y habilidades sino la adquisición de competencias. La Escuela Nacional de Protección Civil, Enaproc, en su presentación en su sitio oficial en la internet, tiene por objeto “la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, y asume la responsabilidad de contribuir a la formación y fortalecimiento de recursos humanos, a través de programas educativos de tipo medio superior, superior y formación para el trabajo relacionados con la protección civil”, se puede consultar la oferta educativa en el sitio oficial de la Enaproc, por lo que la contribución del Enaproc es idónea para la formación del recurso humano de protección civil.

Es de notarse la preocupación del proponente y la validez de dicha inquietud en la necesidad de tener una mayor cobertura en la formación de capital humano con las competencias educativas requeridas en materia de protección civil, es ese sentido se requiere del Sistema Nacional de Protección Civil la formación de dicho capital humano, es deseable una mayor cobertura, no obstante esto no se lograra mediante una modificación legislativa.

Por lo anterior expuesto esta Comisión de Protección Civil somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 2, fracción XXXII y se adicionan los artículo 39, con un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden; 49, con un tercer párrafo y 83, con un segundo párrafo a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXXI. ...

XXXII.Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional. La unidad mínima de dicha Infraestructura estratégica es la Instalación vital, la que por sus características o finalidad en caso de sufrir daño, parcial o total, en su funcionamiento, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno;

XXXIII. a LXI. ...

Artículo 39. ...

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto o posibilidad económica, procuraran incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los Atlas de Riesgos.

...

...

Artículo 49. ...

...

La Escuela Nacional de Protección Civil fijara las competencias y conocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación formal de protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y morales. Dicha capacitación será temática o en grado ascendente una Ruta de Capacitación de acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en materia de acumulación de créditos y el marco cualificaciones.

Artículo 83. ...

Las entidades de la federación promoverán en el ámbito de su competencia, que el atlas nacional de riesgos sea de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga los directrices del CENAPRED.

Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/Semarnat, México., p. 155

2 http://www.enaproc-cenapred.qob.mx/ofertaPap.html#ofertaPap

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril del año 2016.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Alberto Martínez Uricho, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho, Cristina Sánchez Coronel, Ricardo Taja Ramírez.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 43 Bis en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1 y numeral 2 fracción XIII y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80 numeral 1, fracción II; 82, 84, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 158 numeral 1 Fracción I, 176; 177; 180 numeral 1; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

a) En sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 43 Bis en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

b) Con oficio D.G.P.L. 63-II-7-694 del 17 de marzo de 2016 y con número de expediente 2239, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

El propósito de la iniciativa con proyecto de decreto es adicionar el Artículo 43 Bis en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Diputada proponente plantea que la calidad atmosférica en nuestro país constituye un tema de vital importancia para la estabilidad y salud de los ciudadanos y hace referencia a los diversos planes elaborados para el mejoramiento de la calidad del aire en los centros urbanos.

La Diputada proponente plantea:

“... encontramos que la quema de artificios pirotécnicos como actividad propia de festejos tradicionales en algunas entidades de nuestro país, pero de igual manera como actividad altamente contaminante para la atmosfera, carece de regulación específica dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en cuanto a limitantes ambientales para la operación de los permisos, y que esta omisión ha permitido a los permisionarios continuar sus operaciones de venta al público aun y cuando conforme a mediciones oficiales la entidad se encuentre en alarmantes condiciones de fragilidad ambiental y atmosférica.”

En el apartado de argumentación se especifica que: “... una de las fuentes más importantes de contaminación atmosférica en nuestro país es aquella constituida por las partículas denominadas PM10 o partículas menores a 10 micrómetros, este tipo de contaminación es generada con mayor frecuencia por la quema de objetos tanto orgánicos como inorgánicos, así como el desprendimiento de polvo y partículas adheridas al mismo que por su tamaño se consideran como parte de estas emisiones, dentro de este catálogo de contaminantes se encuentran los derivados de la quema de artificios pirotécnicos.”

La Diputada proponente señala que:

“... carece de una regulación más estricta en cuanto al otorgamiento y operación de los permisos, pues éstos no cuentan con directrices que permitan restringir su utilización en caso de que las condiciones atmosféricas dentro de la entidad para la que la autorización haya sido expedida sean potencialmente lastimosas o delicadas para los ciudadanos; esto genera problemas en diversos puntos de nuestro país, en los que las autoridades locales y la sociedad civil han buscado por estas razones salvaguardar su salud y restringir su venta, sin embargo lograrlo ha resultado sumamente complicado pues el origen de los derechos otorgados mediante un permiso federal omite hacer precisiones de carácter ambiental.”

En cuanto a la venta y quema de pirotecnia, la proponente describe: “...es importante señalar que dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no se hace mención de la misma como fuente fija o móvil de contaminación atmosférica de jurisdicción federal, de igual manera este apartado tampoco es considerado por el reglamento respectivo, orientando con ello a que sea la autoridad local quien pueda regular su ejercicio, sin embargo, al encontrarse el permiso comercial reservado por la autoridad federal, se propicia que el ámbito de ejercicio se encuentre parcialmente regulado por diversas autoridades, lo cual en términos de efectividad y protección al medio ambiente dificulta el ejercicio.”

La Diputada proponente precisa una primera conclusión:

“Por lo anterior, se considera de suma importancia incluir consideraciones que permitan a la autoridad restringir desde el otorgamiento del permiso la manera en la que los usuarios podrán operar, y establecer lineamientos efectivos que resguarden la integridad y salud de los ciudadanos; se estima que hacerlo abonaría notablemente al control ambiental que tanto la autoridad local como federal pudieran ejercer para efectos de esta actividad, y beneficiaría de manera importante la estabilidad de la población.

Así, la falta de regulación que a este respecto observa la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no sólo complica el desarrollo de las actividades propias del ejercicio público, si no que con la permisibilidad para la quema de estos artículos propicia de igual manera que afectaciones a la salud de los ciudadanos sean desarrolladas, esto es así, pues altas concentraciones en la atmosfera de partículas PM10 derivadas de la quema de estos artículos, han demostrado a través de los años diversos malestares para la ciudadanía, entre los que destacan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), inflamación de las vías respiratorias, disfunción endotelial y vascular y desarrollo de arterosclerosis, entre otras.”

El texto de la iniciativa con proyecto de decreto anexa una tabla de indicadores de partículas suspendidas PM10 para evaluar el cumplimiento de la NOM de calidad del aire.

Asimismo se hace referencia al tema económico y se precisa: “Además de las ya mencionadas afectaciones a la salud y bienestar de la población, el tema económico es un factor que merece especial atención, pues existen indicadores que orillan a considerar de manera seria los efectos negativos monetarios de la contaminación atmosférica, así hay estudios que estiman que tan sólo de 2010 a 2013, se han acumulado gastos públicos y pérdidas de productividad por 13 mil 979 millones de pesos, en los rubros de muertes prematuras, hospitalizaciones y consultas, y se estima de igual manera que de no lograr soluciones efectivas a esta problemática, el Estado mexicano acumulará aún más perdidas en el orden de 20 mil 288 millones de pesos por los mismos rubros, al término del presente sexenio6.”

La Diputada proponente concluye con la siguiente consideración:

De tal manera, es importante resaltar que el objetivo que persigue la presente reforma, es acotar el ejercicio de una actividad que representa importantes afectaciones para el medio ambiente, y que aun y cuando no se pretende prohibir, regular su ejercicio desde la emisión del respectivo permiso, generará importantes beneficios para la estabilidad y salud atmosférica de nuestro país.

Finalmente con fundamento legal, la diputada proponente somete a la consideración lo siguiente: se adiciona el Artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Los permisos generales, ordinarios o extraordinarios que sean emitidos o renovados por la Secretaría específicamente para la compra venta de artificios pirotécnicos, deberán de contener especificaciones ambientales que obliguen al permisionario a suspender sus actividades en caso de que en la entidad para la que haya sido otorgado el permiso, las mediciones de monitoreo atmosférico local y los registros del Sistema Nacional de Información Ambiental, establecidos en el artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, indiquen que dentro del trimestre inmediato anterior a aquel en que haya sido notificado el permisionario, el promedio de valor límite diario para la concentración de partículas PM10 establecido por la Norma Oficial Mexicana, ha sido rebasado.”

III. METODOLOGÍA:

La Comisión de Defensa Nacional realizó el estudio y valoración de la iniciativa en comento, mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el análisis de técnica legislativa.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Primera. Se coincide con la Diputada proponente en que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, tal y como se establece en el Artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Segunda. Que actualmente es indispensable adecuar nuestras capacidades de acción gubernamental y ciudadanas para hacer frente a los efectos de la contaminación atmosférica.

Sin embargo, se considera que si bien los artificios pirotécnicos contribuyen al aumento de las condiciones de la contaminación del aire, también se señala que no son la principal fuente causante de dicha condición meteorológica a nivel nacional o regional.

Tercera. Que el Artículo 29, fracción XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar y expedir los permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de artificios, entre otros materiales; y el de intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico.

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XVI.- Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, con excepción de lo consignado en la fracción XVIII del artículo 30 bis, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico;

XVII.- Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico;

Cuarta. Que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece en el Artículo 41, fracción IV, las disposiciones para la fabricación, comercio, importación y exportación de artificios, considerando en el inciso e) a los pirotécnicos así como de sus productos terminados.

Artículo 41.- Las disposiciones de este título son aplicables a todas las actividades relacionadas con las armas, objetos y materiales que a continuación se mencionan:

...

IV.- ARTIFICIOS

...

e).- Pirotécnicos.

Quinta.Que el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, especifica en su Artículo 38, los documentos mínimos que las personas físicas o morales, que pretendan establecer un taller de fabricación de artificios pirotécnicos, requieren para su apertura.

ARTÍCULO 38.- Las personas físicas o morales que pretendan establecer talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, gestionarán permiso de la Secretaría, presentando los documentos siguientes:

a). Solicitud conforme a modelo.

b). Copia certificada del registro civil del acta de nacimiento del solicitante, o del documento que haga sus veces. Los extranjeros, el documento de su legal estancia en el país. En el caso de las personas morales, copia certificada de su acta constitutiva.

c). Relación de la maquinaria y equipo que se aprovechará, haciendo saber sus características y estado de servicio.

d). Opinión favorable del Gobernador del Estado o Territorio donde se planea edificar el taller, o del Jefe del Departamento del Distrito Federal, en su caso.

e). Certificado expedido por la primera autoridad administrativa de que el lugar elegido para la construcción mencionada en el inciso que precede, reúne los requisitos de seguridad.

f). Proyectos detallados sobre la forma de asegurar que las instalaciones y almacenes serán adecuados y que no ofrecerán peligro para la seguridad pública, así como las medidas para evitar accidentes y robos.

Es importante subrayar las disposiciones de los Artículos 39 y 40. Se distingue sobre todo que los permisos generales para el establecimiento de talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, señalarán, como medidas de seguridad, las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas destinadas a su producción, así como de sus productos terminados.

ARTÍCULO 39.- La Secretaría podrá negar el permiso aludido en el artículo anterior, por razones de interés general o de seguridad pública.

ARTÍCULO 40.- Los permisos generales para el establecimiento de talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, señalarán, como medidas de seguridad, las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas destinadas a su producción, así como de sus productos terminados.

Asimismo el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece en el Artículo 60 la cantidad máxima de artificios pirotécnicos que los establecimientos con permiso general podrán vender, entre otras disposiciones.

ARTÍCULO 60.- Los establecimientos con permiso general para la fabricación o para la compraventa de artificios pirotécnicos, podrán vender a particulares que no tengan permiso, hasta diez kilogramos en total de dichos artificios, de diversas características. Para cantidades mayores, se requerirá el permiso que otorgará la Comandancia de Zona o Guarnición Militar correspondiente.

Sexta. Que además de los requisitos que el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, especifica en su Artículo 38, la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego solicita, adicionalmente, entre otros requisitos, la siguiente información:

• Opinión favorable del gobernador del estado donde realizara sus actividades.

• Plano de conjunto a 1,000 metros alrededor del lugar figurando en su caso: instalaciones militares, vías de comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas, acueductos, oleoductos, gasoductos, construcciones para casa habitación, obras de arte, zonas arqueológicas e históricas, instalaciones industriales y principales accidentes topográficos.

• Plano circunstanciado del proyecto de construcción de dichos locales, a escala adecuada, para localización de sus instalaciones con especificaciones.

• Conformidad respeto a seguridad y ubicación de sus instalaciones (polvorín de materia prima, polvorín de producto terminado y taller de elaboración), expedida por la presidencia municipal indicando que el lugar elegido para sus actividades reúne los requisitos de seguridad.

Séptima.Que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la dependencia del gobierno Federal que evalúa la calidad del ambiente y; el de establecer y promover el sistema de información ambiental.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente;

Octava. Que en el marco del Artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, son los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios los responsables en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.

ARTÍCULO 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:

I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 BIS de esta Ley;

III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas respectivas;

IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación;

...

VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;

...

VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;

Novena. Que en los Artículos 109 Bis y 109 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece que son la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios las instancias que deberán integrar la información del registro de emisiones y transferencias de contaminantes; incluye licencias, permisos y concesiones, entre otros. Además de que la Secretaría deberá establecer los mecanismos y procedimientos necesarios, con el propósito de que los interesados realicen un solo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios se requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones que deban ser otorgados por la propia dependencia.

TÍTULO CUARTO. Protección al Ambiente

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales

ARTÍCULO 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de los Municipios.

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.

ARTÍCULO 109 BIS 1.- La Secretaría deberá establecer los mecanismos y procedimientos necesarios, con el propósito de que los interesados realicen un solo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios se requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones que deban ser otorgados por la propia dependencia.

Décima. Que se considera oportuno que los permisionarios además de apegarse a las disposiciones que la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento para la venta de artificios pirotécnicos debe obtener adicionalmente el permiso de las autoridades locales en materia ambiental.

Décima primera. Que el Artículo 42 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, hace referencia a los diferentes permisos específicos que emite la Secretaría.

Artículo 42.- Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, pueden ser:

I.- Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se dediquen a estas actividades de manera permanente;

II.- Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las negociaciones con permiso general vigente, y

III.- Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este Título se refiere.

El Artículo 43 de la Ley, establece que la Secretaría podrá negar, suspender o cancelar los permisos a que se refiere el Artículo 42 antes referido.

Artículo 43.- La Secretaría de la Defensa Nacional podrá negar, suspender o cancelar discrecionalmente los permisos a que se refiere el artículo anterior, cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el orden público.

Décima segunda. La Comisión sugiere realizar las siguientes adecuaciones al texto adicionado:

• Se elimina: ”... las mediciones de monitoreo atmosférico local y los registros del Sistema Nacional de Información Ambiental, establecidos en el artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. Por las siguientes razones:

- Para hacer más claro el texto del resolutivo,

- Para hacer más general el contexto de la adición propuesta,

- Para no acotar la aplicación del Artículo adicionado a un ordenamiento jurídico que puede ser abrogado.

V. CONCLUSIONES

• La Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, es la dependencia del gobierno Federal que emite los permisos generales, ordinarios y extraordinarios para la compra, almacenamiento y/o consumo de sustancias químicas así como para la fabricación, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos.

• La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego, de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la instancia que da seguimiento a cada permisionario; supervisando el uso de los materiales de fabricación y el manejo de los artificios pirotécnicos. Garantizando la segundad de las personas y su entorno.

• Es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia del gobierno federal que tiene la facultad de suscribir convenios o cuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados y municipios en materia ambiental.

• Será la autoridad local en materia ambiental quien otorgué el permiso para el uso de los artificios pirotécnicos en zonas, horarios y consideraciones que determine procedente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional propone a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se ADICIONA el Artículo 43 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

Artículo 43 bis. Los permisos generales, ordinarios y extraordinarios que sean emitidos o renovados por la Secretaría de la Defensa Nacional para la compraventa de artificios pirotécnicos, deberán contener la obligación del permisionario de suspender sus actividades cuando el valor límite diario para la concentración de partículas PM10, establecidos por la Norma Oficial Mexicana, haya sido rebasado en la entidad.

Para expedir los permisos extraordinarios para la compraventa de artificios pirotécnicos la Secretaría solicitará a los permisionarios la resolución de la autoridad local en materia ambiental.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro del término de 45 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo competente, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

TERCERO. Las autoridades locales en materia ambiental tendrán un plazo no mayor a 90 días hábiles, para establecer los procedimientos de autorización para la venta y uso de artificios pirotécnicos.

Los permisos tendrán que contener las disposiciones mínimas atmosféricas para el uso de artificios pirotécnicos.

El formato del permiso que se emita tendrá que ser publicado en las gacetas y/o diarios oficiales.

CUARTO. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá un plazo no mayor a 90 días hábiles para adecuar la documentación oficial con la disposición aprobada en los permisos que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2016.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro, Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera, Guadalupe Acosta Naranjo, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Armando Soto Espino, Sasil Dora Luz de León Villard, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud en Materia de Displasia de Cadera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la Ley General de Salud en Materia de Obesidad y Sobrepeso.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en Materia del Registro Nacional de Cáncer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, en materia braile.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas como materia concurrente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección ambiental.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de organismos estatales de derechos humanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DE JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Continúe la Secretaría con el oficio de la Cámara de Senadores.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-I-2P-63

Por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Único. Se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 44. ...

I. y II. ...

III. ...

En uso de esta facultad, y cuando así les sea solicitado por los interesados, la autoridad consular en funciones de juez del Registro Civil expedirá actas del registro civil a favor de mexicanos con domicilio fuera de territorio nacional, incluyendo actas de nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables.

La autoridad consular en funciones de juez del Registro Civil deberá actuar con base en lo previsto en el reglamento de esta ley y en las disposiciones que al efecto emita la secretaría, las que deberán procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación.

La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, para establecer acciones conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Civil en las oficinas consulares.

IV. a VII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días siguientes a su publicación, el Ejecutivo federal realizará las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley para hacer efectivas las funciones de juez del Registro Civil que ejerzan las autoridades consulares por virtud del presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 26 de abril de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y por lo tanto está a discusión en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III, del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

¿Y tenemos inscritos? ¿No hay oradores inscritos? ¿Nadie va a referirse al tema? Bien. No habiendo oradores, entonces se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Aun se encuentra abierto el sistema electrónico. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. El sistema está abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya está estabilizado.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 422 votos a favor...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Paz Quiñones, a favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputada Quiñones, el sentido de su voto.

La diputada María De La Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: A favor. Señor presidente, se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Saludamos la presencia de alumnos del Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 115, de Colón, Querétaro, invitados por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Gina Cruz, por favor.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero manifestar mi beneplácito por esta reforma tan importante para los mexicanos radicados en el exterior, mismo que se traduce en un beneficio directo para miles de mexicanos que por no tener un acta de nacimiento, se encuentran en la nada jurídica, es decir, que al no contar con un identidad jurídica, no cuentan con ningún tipo de derechos, y por lo tanto se encuentran en total estado de indefensión.

El día de hoy será un paso importante donde el Congreso mexicano les decimos a nuestros connacionales que estamos con ellos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Cruz Blackledge.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Iniciativa que reforma los artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.

Problemática

El Ramo 33 se creó a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en 1997. Con la creación de este ramo la federación transfiere a los estados y municipios recursos para fortalecer áreas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social.

Originalmente el Ramo 33 se constituyó por cinco fondos:

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos:

? Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y

? Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun)

En 1999 se incorporan dos fondos más:

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Para el ejercicio fiscal 2008 se adicionó un fondo más:

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Debido a la magnitud de los recursos asignados para el Ramo 33 –para el ejercicio fiscal 2016 se asignaron 643 mil millones de pesos, lo que representa 3.4 por ciento del producto interno bruto, PIB– diversos organismos han evaluado la funcionalidad y alcance de estos fondos de aportaciones; tal es el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Auditoría Superior de la Federación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Existen coincidencias en todos estos estudios de la urgente necesidad de mejorar las fórmulas que establece la LCF para la distribución de los fondos, la importancia de evitar los subejercicios e implementar mecanismos que contribuyan a evaluar y transparentar el uso de los recursos.

El estudio El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública,elaborado por Coneval, señala que los fondos de aportaciones federales han constituido un medio más equitativo para la asignación de los recursos federales entre las entidades; sin embargo, indica que es necesario hacer las siguientes adecuaciones para que los recursos sean asignados y ejercidos de manera más eficiente, transparente y eficaz:

a) Generar sistemas públicos eficaces de evaluación en los ámbitos estatal y municipal.

b) Mejorar la definición de los indicadores de desempeño mediante los cuales se miden los logros de los fondos.

c) Homogeneizar la información que reportan las entidades federativas y municipios sobre las finanzas y el destino de los fondos, con el propósito de analizar y evaluar sus resultados y que sea de utilidad para la rendición de cuentas.

d) Hacer transparente las fuentes de información y bases de datos con las cuales se realizan los cálculos de distribución.

e) Homologar los criterios para la operación y auditoría de los fondos entre las legislaciones estatales, las diversas secretarías de estado involucradas en el manejo de los fondos y la Auditoría Superior de la Federación.

f) Redefinir las fórmulas de distribución de los fondos a la luz de los objetivos que persigue cada uno, de tal modo que se promueva la eficacia y eficiencia en su operación.

g) Si las entidades federativas cuentan con sistemas eficaces y transparentes de evaluación y monitoreo, se podrá decidir que tengan mayores facultades en la toma de decisiones.

Por su parte, el Informe de Desarrollo Humano de México 2011. Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados, elaborado por el PNUD, indica que el Ramo 33 tiene la finalidad de aminorar las diferencias de desarrollo entre las entidades federativas y municipios y pese a que muestra cierta progresividad, sorprende que no se asigne en mucha mayor medida entre los estados y municipios con menores recursos y desarrollo humano. Por ejemplo, señala que el FASSA favorece en menor medida a los estados con menores ingresos, desarrollo humano o índice de salud que el conjunto de fondos del Ramo 33, por lo que aún podría mejorarse la distribución de estos recursos entre las entidades federativas.

Dentro de las observaciones del PNUD sobresale que debería realizarse un examen completo de la asignación de recursos del Ramo 33 dentro de los municipios ya que existe evidencia de que no llegan a las localidades más pobres, además que casi una tercera parte de las entidades, incluidos estados con un índice de desarrollo humano (IDH) menor al del promedio nacional, incumplió el requisito de publicación de los acuerdos de distribución de los fondos a los municipios.

La Auditoría Superior de la Federación ha sido la instancia que más conoce el funcionamiento de los fondos, y ha generado diversas recomendaciones en los informes de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. En el Informe de la Cuenta Pública de 2014 hace las siguientes observaciones:

• Se debe generar un catálogo de acciones que se ajuste a los rubros establecidos en la LCF y que se conceptualice cada una de las acciones contenidas en un glosario de términos, con el fin de que sea claro y favorezca la correcta aplicación de los recursos del FISM-DF;

• Es necesaria una metodología que permita evaluar la efectividad del uso de los recursos, respecto del mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social, para aquellos municipios de nueva creación que, por falta de información estadística oficial, no cuentan con un informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social;

• Es necesaria una metodología para medir el impacto directo de los proyectos presentados al Comité de revisión de proyectos especiales en la disminución de las carencias sociales y de la pobreza multidimensional; asimismo, determinar criterios para que los que tengan una opinión favorable, se encuentren dentro de los rubros que establece la LCF;

• Incorporar explícitamente la obligación de cumplir con el principio de anualidad en el ejercicio de los recursos;

• Que el Coneval formule una propuesta metodológica para la realización de las evaluaciones externas de los fondos y programas del gasto federalizado, y

• Que las dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas diseñen e implementen una estrategia para impulsar el desarrollo de la práctica de las evaluaciones previstas por la normativa.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una recopilación de las recomendaciones de los fondos de aportaciones del periodo 2000 al 2010:

Fondo FAEB

Recomendación: Modificar la Ley de Coordinación Fiscal para ajustar los incentivos y desincentivos que se tienen identificados en materia de distribución y operación de los recursos federales transferidos, de manera que desde su origen tengan una orientación hacia una mayor eficacia y eficiencia en su destino e impacto.

Revisar la fórmula de distribución del FAEB y eliminar su componente inercial; fortalecer la equidad en la distribución e impulsar los objetivos de la calidad educativa. Considerar las características físicas y la extensión de las entidades federativas, sus condiciones socioeconómicas, así como las particularidades del sistema educativo en cada una. En general, es importante que la fórmula de la distribución de los recursos considere, de manera sustantiva, elementos que incentiven una eficiente y transparente gestión de los recursos del fondo, así como la calidad de los resultados educativos; en ello se debe considerar a la heterogeneidad de las entidades federativas.

Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, para evitar subejercicios y posibilitar una mejor eficiencia del gasto, transparencia y fiscalización. En tal sentido, es necesario que se precisen con claridad las disposiciones sobre la anualidad del ejercicio, establecidas en el PEF.

Definir una estrategia para que las entidades federativas realicen la evaluación del fondo prevista por la ley y, en general, impulsar la estrategia del Presupuesto Basado en Resultados, a fin de considerarla en el proceso distributivo de los recursos del FAEB entre las entidades federativas. Fortalecer, en las entidades federativas, los sistemas de control interno respecto de la gestión del FAEB.

Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades para que cumplan con esta disposición.

Fondo FAETA

Recomendación: Realizar modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que se detalle con precisión el destino que debe darse a los recursos del fondo. Estas adecuaciones tienen que ver con la determinación de la orientación de los recursos por componente educativo y no sólo de la asignación como actualmente se establece en la ley.

Establecer criterios de operación específicos para el ejercicio de los recursos del FAETA; entre otros, disposiciones relativas a los mecanismos de distribución, el uso y destino de los recursos por componente educativo y capítulos de gasto, con el objeto de otorgar transparencia y apoyar la gestión eficiente, eficaz, oportuna y equitativa del fondo.

Revisar los criterios de distribución del FAETA y diseñar una fórmula que permita eliminar su componente inercial, con la finalidad de crear impactos de mayor alcance para el logro de los objetivos del fondo en materia de erradicación del rezago educativo, y el incremento en la eficiencia terminal de la educación tecnológica en el sistema CONALEP, fundamentalmente, mediante su distribución más apegada a las necesidades reales identificadas en cada entidad federativa.

Implementar medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, para mejorar la eficiencia del gasto, su transparencia y fiscalización.

Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el fondo, por instancias técnicas de evaluación de carácter local.

Fondo FAFEF

Recomendación: Eliminar el factor inercial de la fórmula de distribución de los recursos del fondo, para considerar las necesidades prioritarias de las entidades federativas, en una perspectiva de desarrollo regional y de saneamiento de sus finanzas.

También es recomendable que en la distribución de los recursos se incorporen elementos de calidad en la gestión y resultados de desempeño.

Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal un monto mínimo del fondo para su aplicación en acciones que coadyuven en la recaudación de ingresos de los gobiernos locales que permita el fortalecimiento de sus finanzas.

Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, a fin de evitar subejercicios y permitir una mejor eficiencia del gasto, transparencia y fiscalización.

Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición.

Fortalecer la difusión entre la población de la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo, con el fin de apoyar la transparencia de su gestión.

La distribución de los recursos del FAFEF es altamente inercial y aunque a fines de 2007 se incorporó un elemento redistributivo a la fórmula de asignación, sólo se aplica al incremento presupuestal del fondo en el ejercicio fiscal correspondiente; además, no contiene mecanismos que estimulen la eficiencia y transparencia en la gestión del fondo. En tal sentido, las entidades federativas reciben los recursos respectivos, independientemente de los resultados alcanzados.

Otros factores que influyen en las irregularidades detectadas del FAFEF son la elevada rotación del personal responsable en la operación del FAFEF en cada cambio de gobierno, la carencia de manuales para documentar los procesos, y la insuficiente capacitación del personal responsable de la aplicación del fondo.

Fondo FAM

Recomendación: Es necesario revisar la fórmula de distribución del FAM y eliminar su componente inercial, para fortalecer la equidad en la distribución, así como incorporarse criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

Asimismo, cabe profundizar en el análisis de otras causas estructurales cuyos resultados coadyuven a la atención de la problemática existente; en este sentido, es importante mencionar que existen pocas evaluaciones externas del fondo, por lo que hay un desconocimiento de ciertas dinámicas operativas y de gestión. De acuerdo con lo anterior, debe profundizarse sobre el criterio de distribución de los recursos destinados a la infraestructura educativa.

Fondo FASP

Recomendación: Desde la perspectiva estructural, es necesario revisar los alcances del FASP en la implementación del nuevo modelo policial, dado que, en términos de lo que las entidades federativas destinan al presupuesto en seguridad pública, los recursos del fondo son poco significativos, por lo que resulta conveniente evaluar este aspecto y analizar asimismo la normativa compleja que actualmente prevalece.

Evaluar la conveniencia de modificar la estructura programática del FASP respecto de las acciones que se realizan con financiamiento conjunto, para establecer conceptos de gasto más específicos, con el fin de que los recursos se ejerzan exclusivamente en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Revisar la fórmula de distribución del fondo, para incorporar elementos que impulsen e incentiven mejores resultados, la eficiencia en el ejercicio de los recursos y la transparencia en su gestión.

Realizar un diagnóstico adecuado por medio de los entes ejecutores respecto de sus necesidades en materia de equipamiento, infraestructura y capacitación, para orientar los recursos hacia acciones previamente convenidas que cubran esas necesidades, y evitar así las significativas reprogramaciones de los recursos o de las acciones.

Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de su ejercicio y evitar subejercicios.

Fondo FASSA

Recomendación: Se debe impulsar la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para ajustar los incentivos y desincentivos que se tienen identificados en materia de distribución y operación de los recursos transferidos, de manera que desde su origen impulsen una mayor eficacia y eficiencia en su destino e impacto en la población.

Es necesario clarificar y alinear jurídicamente la interrelación entre el FASSA y el Seguro Popular, de manera que se transparente y aclare para todos los participantes en la operación y ejercicio de los recursos el contenido y alcance de la estrategia sectorial en materia de atención a la salud de la población sin seguridad social.

Disponer la obligatoriedad para las entidades federativas, de implementar acciones y medidas tendientes a que los recursos del FASSA sean transferidos de manera ágil a los entes ejecutores del sector.

Revisar la fórmula de distribución del FASSA para eliminar su componente inercial y sustentarla en las necesidades reales de atención de la salud de cada entidad federativa.

Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, para evitar subejercicios y permitir una mejor eficiencia del gasto, transparencia y fiscalización.

Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición.

Promover e incentivar que las entidades federativas evalúen el desempeño del fondo para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, que permitan conocer los resultados de su aplicación; al respecto, dichas evaluaciones deberán cumplir con los requisitos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fondo FISE

Recomendación: Es necesario revisar los objetivos que tiene previstos el FISE en la Ley de Coordinación Fiscal, de manera que se precisen el alcance y destino del fondo, y sean compatibles con la magnitud de sus recursos. Esta acción y su difusión entre las entidades federativas resolvería una gran proporción de las observaciones que se formulan al fondo; en tanto no se atienda esa ambigüedad normativa, persistirán.

Es conveniente impulsar el desarrollo de mecanismos de planeación con una visión de mezcla de recursos para darle viabilidad al fondo, por lo que es importante que las entidades fortalezcan las áreas vinculadas con la planeación y presupuesto encargadas de definir los proyectos para la realización de infraestructura de alcance regional e intermunicipal.

Es necesario atender los subejercicios de los recursos del FISE, ya que al no atender el principio de anualidad, se afecta la generación oportuna de los beneficios previstos, pues se pospone la conclusión oportuna de las obras y acciones del fondo, además de que se limita la fiscaliza.

Se recomienda revisar la fórmula de distribución del FISE con objeto de incentivar con mayores recursos a los estados que los ejerzan mejor, disminuyan en más proporción la pobreza de su población, realicen el ejercicio de los recursos del fondo con mayor transparencia y, en general, con una correcta rendición de cuentas.

Es conveniente implementar mecanismos para la planeación de los recursos del fondo que eviten el retraso en su ejercicio, así como impulsar la participación de la ciudadanía en la planeación, ejecución, vigilancia y evaluación del fondo.

Es necesario fortalecer las acciones de capacitación del personal responsable de la operación del FISE; el control interno para la gestión del fondo; y mejorar las revisiones internas por los organismos de control, que permitan desarrollar acciones de carácter preventivo para atender los riesgos del FISE.

Fondo FISM

Recomendación: Ampliar la apertura programática del fondo para que tenga mayor correspondencia con la realidad y problemática que presentan los municipios, y considerar sus diferentes tipos y situaciones de rezago.

Precisar en la Ley de Coordinación Fiscal o en una ley de gasto federalizado, el concepto de urbanización municipal, así como las obras y acciones susceptibles de financiamiento en este rubro, con el fin de evitar interpretaciones locales que no se correspondan con la naturaleza del fondo.

Definir de manera clara el concepto de “inversiones y acciones sociales básicas” incorporado en la Ley de Coordinación Fiscal, así como su alcance, en términos de las actividades puntuales que podrían apoyarse con ese renglón, a fin eliminar su ambigüedad y coadyuvar a una adecuada direccionalidad de los recursos.

Determinar los criterios para la interpretación del principio de anualidad establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que la falta de elementos precisos para su implementación limita su operación y su fiscalización, y afecta la transparencia en la gestión del fondo.

Revisar la fórmula de distribución del FISM con objeto de que se incentive a los municipios que ejerzan los recursos del fondo con mejores resultados, transparencia y una efectiva rendición de cuentas, así como en apego al marco jurídico. En la actualidad, a medida que en un municipio la población mejora sus condiciones de bienestar, el mecanismo de distribución del fondo le otorga menos recursos, por lo que no hay elementos que motiven a los municipios para alcanzar mejores resultados.

Para reducir las insuficiencias en el desarrollo institucional de los municipios es importante que se establezca la obligatoriedad de aplicar los recursos que para dicho rubro establece la Ley de Coordinación Fiscal, así como la formulación de programas adecuados en esa materia, donde la capacitación del personal que opera el fondo deberá ser constante y así fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de los gobiernos municipales.

Generar un mecanismo para apoyar e incentivar la entrega por los municipios de la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, así como de los indicadores de desempeño, en los términos previstos por la normativa y mediante el sistema establecido por la SHCP, así como fortalecer la difusión de la información sobre el fondo, con el fin de impulsar en la transparencia de su gestión.

Apoyar el desarrollo, en los municipios, de una fortalecida cultura en materia de evaluación, para que se arraigue e institucionalice en las administraciones municipales, y coadyuve al logro adecuado de las políticas públicas correlativas al gasto federalizado.

Al respecto, también se deben generar incentivos para que la entrega de los informes trimestrales que se envían a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado de las aportaciones federales presenten congruencia con los datos de los registros contables de la entidad fiscalizada.

Impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y desarrollar una estrategia de apoyo y asistencia a los gobiernos municipales.

Fortalecer la participación social en la gestión y evaluación del FISM.

Fondo Fortamun-DF

Recomendación: Adecuar la Ley de Coordinación Fiscal para incorporar en los mecanismos de distribución de los recursos del fondo, entre los municipios y demarcaciones territoriales, un componente compensatorio para los de mayor rezago, así como factores que incentiven la eficiencia, la transparencia, y la rendición de cuentas, ya que actualmente estos recursos sólo se distribuyen con base en el número de habitantes, con un carácter inercial.

Impulsar la capacitación en general, pero en especial la del personal que opera el fondo. Un área prioritaria debe ser el fortalecimiento de sus sistemas fiscales.

Considerar los resultados alcanzados en el ejercicio anterior, como un factor importante para determinar las asignaciones de los recursos del fondo. Para tal fin se debe impulsar el desarrollo y la vigencia efectiva de la estrategia del Presupuesto Basado en Resultados.

Precisar la obligatoriedad para que los municipios y demarcaciones territoriales tengan implantado el sistema de indicadores para resultados, previsto por la normativa correspondiente.

Promover y estimular la difusión entre la población, la información sobre el monto recibido y la aplicación de los recursos del fondo al inicio y al final del ejercicio, respectivamente, así como de las acciones y resultados del fondo. En general, impulsar la difusión, entre los habitantes de los municipios y las demarcaciones territoriales, de la información sobre la gestión del Fortamun-DF.

Impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y desarrollar una estrategia de apoyo y asistencia a los gobiernos municipales.

Fuente: Auditoría Superior de la Federación. Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010. http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Recurrencia_O bservaciones_GF_2000_2010_aA.pdf

Principales aspectos de la reforma

Como puede observarse existen importantes coincidencias en los estudios analizados. Para responder a esta problemática y a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que los recursos económicos de que dispongan la federación, entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, se proponen las siguientes modificaciones:

• Establecer en el artículo 25 de la LCF que los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales deberán estar devengados a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal en que fueron asignados, de lo contrario los recursos no ejercidos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación y canalizados a programas sociales que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Adicionar los artículos 53 y 54 de la misma ley para crear un comité técnico integrado por expertos, académicos, funcionarios públicos y representantes de las entidades federativas y municipios para dar seguimiento, analizar y evaluar el uso de los recursos asignados a los fondos de aportaciones federales, así como generar estrategias para mejorar la distribución y ejecución de dichos recursos.

Una de las principales atribuciones del comité sería realizar un exhaustivo estudio de las fórmulas utilizadas para la asignación de los recursos de los fondos, así como definir claramente el destino de los recursos.

Asimismo, deberá evaluar anualmente la implementación de los fondos y el cumplimiento de las metas y objetivos de cada entidad federativa, así como presentar un informe integral y presentar propuestas de reformas al marco jurídico al Congreso de la Unión para que los recursos sean asignados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Fundamentación

Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adicionaun último párrafo al artículo 25, y los artículos 53 y 54, todos de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Capítulo VDe los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25....

I.al VIII ...

...

...

Los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales deberán estar devengados a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal en que fueron asignados, de lo contrario los recursos no ejercidos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación y canalizados a programas sociales que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 53. Se crea el Comité Técnico de Evaluación de los Recursos Asignados a los Fondos de Aportaciones Federales, el cual tiene como objeto dar seguimiento, analizar y evaluar el uso de los recursos asignados a dichos fondos, así como generar estrategias para mejorar la distribución y ejecución de los recursos.

El Comité estará integrado de la siguiente manera:

I. El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá;

II. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

III. El secretario de la Función Pública;

IV. El secretario de Educación Pública;

V. El secretario de Salud;

VI. El secretario de Desarrollo Social;

VII. El comisionado nacional de Seguridad;

VIII. El auditor superior de la Federación;

IX. El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

X. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores;

XI. El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México; y

XII. Dos representantes del sector académico.

Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos suplentes. En el caso de las fracciones I a IX, el suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular.

El comité contará con un secretario técnico adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien será designado por el presidente del comité.

La participación de los miembros en el comité será honorífica.

El comité sesionará, de forma ordinaria, por lo menos tres veces al año, y de forma extraordinaria, cuantas veces sea necesario a solicitud de su presidente.

El comité sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y en su funcionamiento se privilegiará el consenso, a falta del mismo los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su presidente voto de calidad en caso de empate. La organización y funcionamiento del comité se regularán conforme al reglamento interno que el mismo emita.

Artículo 54. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Verificar que los criterios para la distribución de los recursos de cada uno de los fondos de aportaciones federales sean transparentes, imparciales, objetivos y establezcan mecanismos para incentivar que las entidades utilicen con eficiencia los recursos que les son asignados;

II. Generar recomendaciones y estrategias para mejorar el diseño de la distribución, colaboración, ejecución y evaluación de los recursos asignados a los fondos de aportaciones federales;

III. Elaborar y proponer indicadores clave para la distribución de los recursos y evaluación de cada fondo, verificando que existan condiciones equitativas de disponibilidad, verificabilidad y confiabilidad de las variables utilizadas;

IV. Evaluar anualmente la implementación de los fondos y el cumplimiento de las metas y objetivos de cada entidad federativa y presentar un informe integral al Congreso de la Unión sobre los resultados y desempeño;

V. Proponer al Poder Legislativo reformas al marco jurídico para que los recursos sean asignados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez;

VI. Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos asignados a los Fondos de Aportaciones Federales;

VII. Elaborar un formato para que los estados y municipios presenten sus respectivos informes del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales;

VIII. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos estatales y municipales en aspectos relacionados con la implementación y evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales;

IX. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales;

X. Coordinar la elaboración de manuales para la implementación de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en las entidades federativas y municipios, y

XI. Emitir su reglamento interior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La publicación puede consultarse en la siguiente página de Internet: http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Ram o_33_PDF_02032011.pdf

2 La publicación puede consultarse en la siguiente página de Internet:

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/ Mexico/Mexico_NHDR_2011

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Javier Guerrero García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, en virtud de que tiene que ver con reformas a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

DECLARA 2017 COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se declara 2017 como año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara 2017 como Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 39, y 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 69, numeral 2, 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en, los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 2016, la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó turno de la mencionada iniciativa para su análisis y dictamen a esta Comisión, la cual fue recibida el 26 de febrero de 2016.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la Iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene los siguientes objetivos:

• Declarar el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

• Inscribir, en toda la documentación oficial la leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

• La creación del Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión.

En la Iniciativa que se dictamina la iniciante manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la expresión máxima de valores y principios que sustentan la organización de nuestra sociedad.

Que “su concepto ha sido objeto de múltiples estudios a lo largo de la historia y se ubica en la evolución propia de los núcleos sociales, aunque existe una coincidencia en ubicarla como un marco bajo el cual se sientan las bases de organización de los poderes y de las relaciones en la sociedad.”

Señala también que la obligatoriedad de ese marco no sólo depende de la voluntad de las personas a las que va dirigido mediante el establecimiento de pactos o acuerdos, sino del contenido que en éste se plasma entendiendo las máximas que se persiguen, los ideales que se enarbolan y los valores bajo los cuales se fundamenta la organización que da vida a esa Constitución y claramente marca la línea ideológica bajo las cuales se ejerce el poder.

Establece la iniciante que una de las concepciones que ha permeado en la elaboración de documentos constitucionales es la que se fragua a partir de la Revolución Francesa, pues en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 quedó establecido lo siguiente: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”.

Es así que las constituciones liberales, como se les conoce a partir de ese hecho histórico se basan en el reconocimiento de derechos fundamentales y del principio de separación de poderes como base de respeto de la autoridad hacia los gobernados en primera instancia y en otros momentos como organización de los poderes públicos.

La legisladora agrega también que la finalidad básica de las constituciones contemporáneas sigue siendo la que imaginó Montesquieu en el siglo XVIII: evitar la concentración del poder y ofrecer tutela a los derechos de las personas.

Sin embargo, debido a las diferencias entre la expectativa generada en la norma constitucional y la realidad que viven las personas, existió un desequilibrio que obligó a reformular nuevos conceptos y paradigmas en el contenido de la Constitución, sin embrago, el objetivo siguió siendo limitar al poder público, pero distribuirlo también entre la ciudadanía donde ésta participará activamente en la tutela de sus derechos a través de las instituciones.

Y es justo en ese escenario histórico y de transición que se presenta la discusión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual fue producto del proceso revolucionario de 1910 con las diversas aristas sociales e ideológicas que confluyeron en su elaboración y que se enmarcó en ese constitucionalismo social que tuvo resonancia a nivel mundial con la promulgación de la constitución Rusa de 1918 y la alemana de Weimar de 1919.

De acuerdo con la iniciativa de análisis, la CPEUM de 1917 se caracterizó por la importante lista de conquista de derechos fundamentales y de esquemas que consolidan a la Nación y plasman las demandas sociales de la revolución, además de reforzar la calidad de República Federal que se consagró en diversos artículos constitucionales y que sentaron la base de la educación pública, la propiedad comunal y ejidal, la rectoría del Estado en economía, el carácter inalienable e inembargable de los recursos naturales de la Nación, la separación de los poderes del Estado, el sistema representativo basado en la soberanía popular y modelos de tutela y protección de derechos. Premisas que fueron suficientes para que ese documento constitucional fuera considerado la panacea de la elaboración de diversas constituciones latinoamericanas.

Por ello, señala la diputada Contreras Julián que a 100 años de haber promulgado ese texto constitucional, hay muchas reflexiones obligadas sobre la importancia del mismo, el alcance de sus contenidos, la pertinencia de sus reformas con el costo beneficio en la sociedad y, sobre todo, en relación con el acto de creación de la Constitución que nos rige desde hace casi ya un centenario.

Asimismo, agrega que el cinco de febrero de 2013 fue suscrito un acuerdo por representantes de los tres Poderes de la Unión mediante el cual se creó el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene por objeto establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a hasta el 5 de febrero de 2017 referidos a dicha conmemoración.

Agrega que, con independencia de los trabajos que viene realizando dicho Comité y en el que participan representantes del Honorable Congreso de la Unión, el Poder Legislativo no puede soslayar el interés y la pluralidad de expresiones que lo conforman a efecto de que tomen mayor relevancia los festejos conmemorativos del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Por lo que propone decretar el 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, disponiendo que en toda la papelería oficial de la Federación, Estados, Ciudad de México, Municipios y Alcaldías se inscriba la leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además de crear el Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión, el cual tendrá los siguientes objetivos:

• Coadyuvar en los trabajos que realicen los representantes del Honorable Congreso de la Unión ante el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creado mediante Acuerdo suscrito el cinco de febrero de 2013 por los Tres Poderes de la Unión.

• Impulsar con los Congresos Locales a nivel nacional la conmemoración del centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reafirmando los valores y principios que en ella se consagran, a través actividades cívicas, educativas, culturales y de difusión.

• Apoyar a los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en las actividades de conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realicen en las diversas regiones del país.

• Proponer la realización de sesiones solemnes en el Honorable Congreso de la Unión, así como en los Congresos de los Estados, el día 5 de febrero de 2017.

Finalmente añade que dicho Comité estará integrado por representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de cada uno de los grupos parlamentarios.

A partir del análisis de la Iniciativa que nos ocupa, quienes integramos la Comisión de Gobernación expresamos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina esta Comisión coincide con la proponente en la importancia de declarar el año 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, atendiendo a las siguientes consideraciones:

En primer término estimamos necesario realizar un breve cronograma de los antecedentes históricos de nuestra Carta Magna en virtud de los cambios y evolución que ha tenido hasta nuestros días.

Antecedentes

La situación de yugo por la Corona Española tras la conquista de Hernán Cortes en los años de 1518 -1521, llega a ser de vital importancia de una normatividad dentro del Estado, como eje rector de la conducta de sus habitantes y autoridades dentro de una sociedad.

La necesidad de salir de esa era de sometimiento llevo a los habitantes de la Nueva España a levantarse en armas en 1810 bajo el mando de Miguel Hidalgo, líder liberal que buscaba la enunciación de las garantías individuales de los habitantes de la Nueva España y salir del abuso de la Corona Española.

Diversas situaciones en España, como la caída del Rey Carlos IV del trono de España; la ocupación de la península de las tropas francesas; la cesión de la integridad política y territorial de los dominios españoles en favor de Napoleón I y la entrega de la corona española por parte de este a su hermano José, fueron incidentes que provocaron la rebelión del pueblo hispano, que estableció una resistencia militar organizada a través de los representantes políticos de las diversas provincias, creándose así la “ Junta Suprema Central y Gubernativa” del reino, quien, provisionalmente, fue la depositaria del poder.

Posteriormente Las Cortes Constituyentes, proclamarían en Cádiz, en el año de 1812, la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz de 1812.

Dicha Constitución fue firmada el 19 de marzo de 1812 y adoptada por las autoridades novohispanas el 30 de septiembres de ese mismo año y el 4 de octubre siguiente.

Sin embargo, al regresar Fernando VII a España, decreta la derogación de la Constitución y el Virrey Calleja, manda obedecer el decreto de 17 de agosto de 1814. La Constitución Política de la Monarquía Española, se erigió como un soporte esencial para el derecho público propiamente mexicano.

Don José María Morelos y Pavón, pensó en un documento superior a la regulación del país, se necesitaba la creación de un ente representativo conformado de autoridad, que tuviera la voluntad del pueblo. Surgiendo la convocatoria para el Congreso Constituyente de Chilpancingo de 1812, al ser instalado, éste expidió el Acta de Independencia de 6 de noviembre de 1813.

Sin embargo, debido a las dificultades que éste tuvo que enfrentar, debió trasladarse de Chilpancingo hasta Apatzingán en Michoacán, donde fue expedido el “ Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana” promulgado el 22 de octubre de 1814, conocido como la Constitución de Apatzingán.

En esta constitución se crearon dos elementos extraordinarios, el artículo 5º al señalar que la soberanía proviene del pueblo, el cual en la actualidad es el justo concepto de “ soberanía popular”; y el capítulo V, referente a las “Garantías Individuales” protegiéndose la igualdad, la libertad, el derecho de propiedad, la seguridad, entre otros.

En 1821, se reconoce el Plan de Iguala, en el cual se forjaron los principios de la unión de todos los residentes en la Nueva España, tal acuerdo lo reconoció Iturbide a la llegada del Virrey Juan O´ Dono ju, convocando la creación de un nuevo imperio, el Imperio Mexicano.

El antecedente inmediato de nuestra Constitución es la de 1824, la cual contaba con siete títulos, y en la cual se instauró el régimen de república representativa y federal. Es aquí cuando los estados comienzan a ser libres, independientes y soberanos en su administración y gobierno interno; el poder supremo de la Nación fue dividido en tres rubros, el Legislativo que se compone por dos cámaras, el Ejecutivo y el Judicial.

Con el nombre de Bases para la Nueva Constitución Mexicana el 23 de octubre de 1835; concluye el sistema federal y por consecuencia se fijó la inmediata Constitución de las Siete Leyes, la cual fue promulgada en diciembre de 1835, la siguiente en 1836, y las restantes en diciembre del mismo año. En esta se estableció el sistema de Gobierno la República Unitaria.

En 1842 el Congreso Constituyente fue disuelto por fuerza pública al elaborar un proyecto de constitución en el cual se establecía que podían practicarse en forma privada distintas religiones a la católica y se otorgaba la libertad de enseñanza e imprenta.

Tras la invasión de los Estados Unidos que llegó hasta la capital del país el 22 de mayo de 1847, regresó el régimen federal, restableciendo la Carta Magna de 1824, así como un Acta de Reformas emitida por Mariano Otero, este se componía de 30 artículos y establecía fijar en una ley las garantías individuales que conocemos. Se derogaba el cargo de vicepresidente y seguían intactas las leyes de libertad de imprenta.

LaConstitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, proviene de las leyes reformistas, la llamada Ley Juárez, del 25 de noviembre de 1855, desaprobó a los tribunales militares y eclesiásticos para publicar asuntos civiles; la Ley Lerdo, liberó los bienes de las instituciones religiosas y civiles, y la Ley Iglesias, del 27 de enero de 1857, en la que se anula el pago de reverencias religiosas. En ella se consagraron la igualdad de los ciudadanos ante la ley a través de las garantías individuales, que plasmó la libertad de cultos y el derecho a la propiedad, contemplando los derechos del hombre, los de los extranjeros, la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes que integraban a la federación y del territorio mexicano.

Finalmente se conformó el Congreso Constituyente de 1917, constituido por un grupo de diversas ideologías. Promulgada el 5 de febrero de 1917, conformada por nueve títulos y 136 artículos, diseñó a nuestro país como una República Democrática y Federal, consagró garantías individuales y sociales para resguardar a sus gobernados y estableció la división de poderes.

Nuestra Constitución Federal promulgada el 5 de febrero de 1917, es síntesis de nuestra historia, andamiaje de toda acción pública es y sigue siendo la agenda del proyecto nacional.

Derivado de lo robusto y trascendental del tema, creemos ahora pertinente hacer algunas consideraciones en relación con la importancia que reviste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Importancia del dictamen

Hace casi cien años, jurisconsultos, abogados, periodistas, poetas, literatos, historiadores, obreros, campesinos, maestros, artistas, ingenieros, médicos, arquitectos, entre otros, dieron inicio, un 19 de diciembre de 1916, a la Constitución que ahora nos rige.

El Congreso Constituyente fue un ejemplo de democracia, pues en la medida en que fueron avanzando los trabajos para la creación de nuestra Carta Magna, pudo observarse con claridad que se antepusieron los intereses de México a los intereses personales.

Ese congreso fue uno de los grandes logros, si no es que el más relevante, de la Revolución de 1910, pues el resultado obtenido de ese grupo de trabajo fue la Constitución que, un centenario después, aún rige el orden de la sociedad mexicana, pues la historia nos muestra que cuando la riqueza es de unos cuantos, un movimiento violento destruye tal estado de cosas y lo sustituye por otro más justo. Así nació la Revolución de 1910, que culminó con la Constitución de 1917.

Quizás al respecto valga la pena citar a Luis Espinoza, constituyente de Oaxaca, quien durante la discusión sobre el artículo tercero señaló:

“La revolución en estos instantes solemnes es este Congreso Constituyente. La guerra armada no fue, no ha sido más que un medio para llegar a la realización de este Congreso Constituyente, allá fue la guerra material; aquí es la guerra de ideas; ésta es el fruto de aquella, y por tanto ciudadanos, aquí estamos en plena revolución, en la revolución de las ideas”

La Constitución de 1917 marcó una nueva era no solo para México, sino para América Latina, pues a partir de ese instrumento normativo los mexicanos pudimos disfrutar de la libertad que se requiere para ejercer nuestra democracia, pues recordemos que la importancia de la libertad para la existencia de la democracia está reconocida desde los tiempos de los antiguos: Pericles consideraba la libertad, la apertura y la igualdad como fundamentos de la democracia ateniense, mientras que Aristóteles reconocía en la libertad uno de los fines que la democracia debe perseguir. Es así que el principio de los derechos escritos en nuestra Carta Magna ha influido en la redacción de constituciones de otros países latinoamericanos.

Nuestra Constitución se convirtió en la primera que en el mundo surge con un contenido social, al consignar premisas de justicia social. Esto se manifestó básicamente en la elevación a rango constitucional de normas protectoras contenidas en los artículos 27 y 123, respecto de dos de los sectores tradicionalmente marginados, el rural y el obrero.

La Carta Magna significó para México, haber encontrado en forma definitiva un régimen político que traería paz a nuestro país.

Cabe señalar que la Constitución cumple diversas funciones en la vida social, la más importante de ellas, indudablemente, se refiere a la definición de nuestro proyecto de nación, al delinear los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que nos rigen.

La importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también encuentra fundamento en la creación del proyecto de nación, pues designa al conjunto de decisiones políticas fundamentales que se adoptan al momento de creación del Estado y que lo definen de manera tal que le dan su propia connotación.

El análisis de la vigencia social de la Constitución y su proyecto tiene que ser encaminado a diagnosticar el estado de su relación con el contexto social.

Señala Juan Ricardo Jiménez Gómez que “la Constitución tiene que ser estudiada bajo el criterio de su servicio a sus fines declarados y a las necesidades sociales (incluidos ideales, aspiraciones y necesidades). Lo que interesa es determinar la congruencia de la Constitución con los hechos y condiciones reales que gobiernan la sociedad. Más no como ejercicio académico, sino como tarea de supervivencia del sistema constitucional...”

En este orden de ideas y no obstante que el derecho o las normas en general no están diseñadas para que su aplicabilidad sea infinita, nuestra carta magna ha venido adaptándose a los diferentes retos que la sociedad mexicana ha presentado a lo largo de todos estos años, la observancia práctica de sus mandatos se ha mantenido vigente, pues el constituyente permanente se ha encargado de mantener esa legitimidad, sin dejar de lado las normas de cuya creación emana la estabilidad del Estado Mexicano. La vigencia social de nuestra máxima norma se ha mantenido gracias a su congruencia con la situación social que existe actualmente.

Es dable afirmar entonces que nuestra Constitución es una constitución viva, pues como sostiene Jesús Reyes Heroles es: “un cuerpo en desarrollo que prevé realidades y las acoge, que contiene ideales y los persigue, que de una y otras se nutre para mantenerse viva. Es una Constitución viviente cuyo desarrollo puede que nunca se detenga, puesto que la sociedad en movimiento, imprime su movimiento en una Constitución que vive.”

Sin embargo, la Constitución de 1917 sigue siendo la misma pues no han cambiado sus decisiones fundamentales, por lo que, en esencia, se ha mantenido inalterable; incluso hasta nuestros días es la esencia de las jerarquías políticas del Estado mexicano contemporáneo.

La Constitución nació del pueblo y de la Revolución, y debemos mantenerla como escudo del pueblo e instrumento de la Revolución. La práctica de los preceptos constitucionales es el mejor homenaje para quienes realizaron la Constitución; no basta enunciar sus textos, es indispensable incorporarlos a la vida diaria y convertirlos en cotidiana realidad. De este respeto a la Constitución deriva la vitalidad de la Revolución mexicana.

Consideraciones finales

Es por todo lo anterior que las y los integrantes de la Comisión de Gobernación tras haber realizado un análisis meticuloso del tema concluyen en pronunciarse en sentido positivo respecto de la propuesta contenida en la Iniciativa que se dictamina con relación a decretar el 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, disponiendo que en toda la papelería oficial de la Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios se inscriba la leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Pues se considera necesario y de suma importancia dar muestras del reconocimiento de la obra del Constituyente de 1917 así como de la difusión del conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron lugar a nuestra Constitución, para reafirmar los valores que hoy sustentan nuestro orden jurídico y social.

No obsta lo anterior señalar que con relación a la propuesta externada por la iniciante en relación con la creación del Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión, las y los integrantes de esta Comisión consideramos que los objetivos planteados con dicha propuesta ya se encuentran atendidos.

Lo anterior toda vez que de conformidad con lo establecido en el “ACUERDO AL QUE CONCURREN LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERANDO” (ACUERDO) signado el 5 de febrero de 2013 por los titulares de los tres poderes de la unión, las celebraciones relativas a la conmemoración del centenario de nuestra Carta Magna habrían de establecerse en forma coordinada, tanto eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a partir de la fecha de su emisión y hasta el 5 de febrero de 2017.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el punto Cuarto del mismo Acuerdo el Comité estará integrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quienes serán representados por los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública, un Diputado y un Senador, y un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejero de la Judicatura Federal, respectivamente. Igualmente se establece que el Comité podrá invitar a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concurrir en las acciones para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior es factible afirmar que ambas Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran debidamente representadas en el citado Comité.

Ahora bien, por cuanto hace a las atribuciones del referido Comité y el propuesto en la iniciativa que se dictamina, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Del cuadro anterior, como puede observarse, se desprende que existe una coincidencia plena de las atribuciones que se pretende lleve a cabo el Comité que en el presente se dictamina y el creado mediante el Acuerdo al que concurren los tres poderes de la unión para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,esto es, la Cámara de Diputados y Senadores podrán coadyuvar en los trabajos del citado Comité en la medida en que forman parte del mismo y de su participación en los eventos que sean organizados por los tres poderes de la unión de manera coordinada.

Igualmente el impulso a los Congresos Locales para que estos lleven a cabo actividades o eventos con motivo de la conmemoración del centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ya una atribución del Comité existente, al establecer que éste deberá “proponer acciones conmemorativas específicas a las entidades federativas y municipios, así como a instituciones educativas y culturales y a organismos de la sociedad civil”.

Finalmente, por cuanto hace a “Proponer la realización de sesiones solemnes en el Honorable Congreso de la Unión, así como en los Congresos de los Estados, el día 5 de febrero de 2017” esta Comisión dictaminadora considera que no es necesaria la creación de un comité específico para hacer la referida propuesta, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la propuesta para la realización de sesiones solemnes es atribución de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la cual deberá ser aprobada por el Pleno de esta misma Cámara.

Cabe señalar que de acuerdo con ese mismo numeral, las sesiones solemnes, entre otras cosas, tienen por objeto “conmemorar sucesos históricos o efemérides” como es el caso, la conmemoración del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello la Comisión de Gobernación determina declinar la creación de un comité conmemorativo del centenario, toda vez que las facultades y requisitos señalados en la iniciativa de la iniciante, se encuentran plenamente satisfechos con el ACUERDO signado el 5 de febrero de 2013.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 2017 COMO EL “AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el “AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.Una vez publicado en elDiario Oficial de la Federación, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año.

SEGUNDO. En toda la documentación oficial de la Federación, Entidades Federativas y Municipios se inscribirá la leyenda 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Notas:

1 file:///C:/Users/Usuario/Documents/const.%20de%20Cadiz.pdf

http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/ publicaciones/2012/05.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ ref/cpeum_crono.htm

http://www.diputados.gob.mx/sedia/museo/cuadernos/ Nuestras_constituciones.pdf

2 Diario de los debates, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, V.I, p. 770.

3 Terrazas Carlos R, Constitución resultado de la revolución, en Congreso Internacional sobre el 75 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 608.

4 Jiménez Gómez Juan Ricardo, La reforma del proyecto nacional, en Congreso Internacional sobre el 75 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 272.

5 Reyes Heroles, Jesús, Tesis constitucionales, México, PRI, 1985, p. 71 y 72.

6 Punto Primero del Acuerdo al que concurren los tres poderes de la unión para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, 29 de marzo de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, el diputado David Sánchez Isidoro, para fundamentar el dictamen de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado David Sánchez Isidoro: Buenas tardes, con la venia de esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el 29 de marzo del presente año, derivado de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, previa discusión y análisis, sus integrantes acordamos la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el año 2017, como año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictamen que proponemos a consideración de esta soberanía.

Mediante su aprobación se pretende que en toda la documentación oficial de la Federación de Entidades Federativas y de Municipios, se inscriba la leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,

Lo anterior es así, porque para la Comisión de Gobernación nuestra Carta Magna es la manifestación para los principios que sustentan nuestro Estado democrático, que dota a todos los mexicanos de los derechos humanos y de la base organizacional para el funcionamiento de los órganos públicos. Nuestra Constitución permite que mediante la libertad se logre la construcción de un orden, que a su vez pugne por la paz.

Nunca olvidamos que la Constitución es uno de los grandes pilares del Estado moderno, ahí se plasma la voluntad soberana del pueblo y ahí es donde reside toda aspiración e ideales que dan forma a la nación mexicana.

Al Constituyente le corresponde una responsabilidad única, pues es el representante legítimo, la voz, la pluma, el tintero que sirve de heraldo para crear la ley máxima, la ley primaria, que ha de residir la vida jurídica de un pueblo.

En el 2017, en el marco de los 100 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, creemos justo conmemorarla de esta manera, del Constituyente de 1917, y una forma de recordarla y celebrarla es mediante la leyenda propuesta.

Para los señalamientos que aquí se realizaron y en representación de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, y sus integrantes sometemos al peno de esta soberanía el asunto detallado en espera de su consideración y apoyo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez.

En virtud de que no tenemos inscritos oradores para la discusión de este dictamen, ya que viene también de consenso de la comisión, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, vamos a dejarlo ahorita en cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos del Colegio Fray García de Cisneros, vecinos del Seccional Volcanes y Escuela Nacional de Danza Folklórica, Delegación Iztapalapa, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Igualmente, la presencia de estudiantes de la preparatoria número 34, procedentes de Tultitlán, estado de México, invitados por el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos.

También de alumnos y docentes de la escuela secundaria Mariano Matamoros, del municipio de Tultitlán, invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. También de alumnos y maestros del Colegio Miguel Ángel de Taxco, A.C., del sexto semestre de preparatoria, de Taxco, Guerrero, invitados por el diputado Salomón Majul González. También de integrantes de la Asociación Civil Ciudadanos en Enlace Democrático, AC, del estado de Guanajuato, invitados por el diputado David Mercado Ruiz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario en un día muy intenso de trabajo acá en la Cámara de Diputados.

También saludamos la grata presencia del astronauta mexicano de la NASA, el doctor José Hernández, invitado por la diputada Claudia Corichi y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Sea usted bienvenido como siempre, a esta Cámara de Diputados, don José Hernández, orgullo mexicano. Acá anda por el pasillo central compartiendo fotografías el ilustre michoacano.

Pregunte, pregunten.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, diputada, falta por votar? Adelante, adelante por favor. No hay problema, los estábamos esperando de por sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a estar votando dictámenes con alguna celeridad, que no es lo mismo que prisa, para que no se nos ausenten del salón. Se van a dar fundamentaciones de dictámenes que traen consensos e inmediatamente después, si no sucede otra cosa, pasaríamos directamente a las votaciones correspondientes. Avisados están.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sigue abierto el sistema electrónico, por favor voten, compañeros, diputados, diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya estamos a punto de cerrar. Allá viene bajando la diputada Araceli.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se le pide el voto a la diputada Claudia Corichi, por favor.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Como se anda retratando con el astronauta, pues no quiere ir a votar a su curul.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Todavía falta algún diputado, por favor, o diputada?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se ve movimiento.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, perdón, 16, 416 votos a favor...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: 16, hubo uno.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: 416 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y por acá parece que no se registró el voto de la diputada De Los Santos.

La diputada Daniela De Los Santos Torres (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Serían 417 votos. Y por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto... Diputado Tomás Montoya, su voto, el sentido de su voto.

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: 418, entonces. Diputado Basáñez, el sentido de su voto.

El diputado Pablo Basáñez García (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí está funcionando el sistema, lo que pasa es que llegan tarde a votar. Sonido en la curul de la diputada... Perdón, no sonido, el sentido de su voto, por favor, diputada Madrigal.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Entonces ya, son 420 votos. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se declara 2017 como Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes, con proyecto de decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión social, el primero por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Y el segundo, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y Dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX al Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el C. Diputado José del Pilar Córdova Hernández, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. En fecha 19 de noviembre del año 2015, el C. Diputado José del Pilar Córdova Hernández, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con fecha 03 de febrero 2016, esta dictaminadora solicitó prórroga para emitir el dictamen correspondiente.

4. En fecha XX de enero del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó a esta dictaminadora la autorización de la prórroga referida en el numeral inmediato anterior.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se plasman a continuación en las partes que interesan:

El Diputado proponente asevera que “Estudios demuestran que superar la muerte de un familiar cercano lleva por lo menos un año y medio, ya que el dolor emocional que esto causa es profundo y lacerante. Son varias las etapas de duelo que se deben atravesar para superar esta pérdida. La primera y más sofocante es el estado de shock, el cual es un mecanismo de defensa que el cuerpo activa” y abunda afirmando que ésta puede durar hasta meses.

En el mismo sentido, asegura que además de lidiar con la pena de la pérdida de un ser cercano, en los primeros días es imprescindible atender las necesidades propias del fatal acontecimiento, como el funeral, el sepelio y los eventos religiosos. Al respecto manifiesta que se debe tomar en cuenta que además se requiere tiempo para reorganizar la rutina de aquellos que le sobreviven; y que a pesar de que pudieran parecer aspectos frívolos, es una realidad que, los trabajadores que atraviesan por este doloroso proceso, necesitan de tiempo para atender lo que conlleva la muerte de un familiar.

Así mismo, el legislador proponente asevera que la muerte de cualquier familiar resulta dolorosa, pero la de un hijo, la del cónyuge o la de los padres, es devastadora para el ser humano. Por lo que quien sufre esta amarga experiencia necesita de un lapso de tiempo para recuperarse, al menos, del dolor que conlleva la pérdida.

En materia del marco jurídico vigente, el Diputado argumenta que la legislación laboral vigente no contempla la circunstancia de muerte de un familiar cercano, sin embargo, sí considera un permiso especial por el nacimiento de un hijo, lo cual es una situación de índole familiar que también impacta la vida del trabajador. Tomando este permiso especial como antecedente de la consideración de un evento de vida como trascendental e impactante, se debería considerar también la muerte de un hijo, del cónyuge, de los padres y de los hermanos como motivo de ausencia laboral justificada, ya que inciden de manera delicada en la vida del sujeto. De la misma forma es de considerarse la muerte de los abuelos y de los padres del cónyuge ya que estos decesos afectan a la pareja y, por lo tanto, la rutina y el desempeño diario del trabajador.

Por lo que hace a la cotidianeidad laboral, el promovente asegura que, “en la práctica, hay patrones o entidades públicas que otorgan, fuera del margen de la ley, días de permiso con goce de sueldo, dada la empatía que pueden llegar a sentir por el empleado; esto no quiere decir que el trabajador deba estar atenido al juicio del patrón para disponer de los días que necesite para vivir su duelo, porque también se dan los casos en los que los trabajadores no son del agrado de sus mandos inmediatos y solo reciben permisos sin goce sueldo y muchas veces ni siquiera eso. En cambio, debe ser la ley misma la que le ampare y garantice este derecho que debe ser un justo precepto que no dependa de la empatía o de la ausencia de ella”.

De lo vertido se desprende la similitud con la legislación española, la cual contempla la licencia por fallecimiento de un familiar en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

En términos concretos, la iniciativa en estudio propone que se adicione una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para que se otorgue un periodo legal de cinco días hábiles con goce de sueldo al trabajador en el caso de muerte de padres, hijos, cónyuge o hermanos; y de dos días con goce de sueldo en el caso de la muerte de sus abuelos o de los padres del cónyuge.

Derivado de los argumentos esgrimidos por el Diputado José del Pilar Córdova Hernández, es de advertirse la propuesta de adición de la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente redacción:

“Decreto

Artículo Único. Se agrega la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Son obligaciones de los patrones:

De la I a la XXVIII...

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Una vez analizados los argumentos y el texto normativo propuesto por el C. Diputado proponente, las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo cual emiten los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.Que, en efecto, la problemática relacionada con los permisos que en ocasiones deben solicitar las y los trabajadores por cuestiones de índole familiar, como es el caso del deceso de alguno de sus familiares, no se encuentra contemplada en el marco jurídico vigente. Lo cual sujeta en la práctica a discreción del patrón este tipo de permisos y los convierte en una prestación extra laboral.

SEGUNDO. Que para poder comprender en su justa dimensión la iniciativa en estudio, en virtud de que una de sus implicaciones es de carácter psicológica, es necesario comprender lo mejor posible los efectos del duelo o periodo de luto en la mente del individuo, lo cual permitirá allegarse de mejores elementos cualitativos a los integrantes de esta dictaminadora. Al respecto, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Trabajo y previsión Social encontraron lo siguiente:

1. Según la Dra. Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez, la palabra duelo proviene de dos vocablos latinos: Dolus, del latín tardío, que significa dolor, pena o aflicción y Duellum, variante fonética arcaica de bellum, que significa batalla, desafío, combate. Para ella, aunque este concepto se ha transformado y enriquecido con el tiempo, encuentra en el autor Jorge Bucay, una mejor definición de duelo, la cual indica que éste es: “ ... el doloroso proceso de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Para dicha autora,el perder o dejar algo genera en nosotros una transformación, la cual se traduce en una etapa de dolor, menciona que el tiempo que una persona puede demorar en la superación de su duelo depende de sí mismo y es variable en la medida que lo son las mismas situaciones y las personalidades de los que atraviesan por este proceso, además de que las creencias y las prácticas sociales que se hayan adquirido también influyen en la forma en que se va a responder.

2. Por otra parte, según la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada persona experimenta de manera distinta la pérdida de un ser querido. Posterior a su muerte, pasamos por una etapa que se conoce como duelo, durante la cual se experimenta una serie de sensaciones físicas, emocionales y espirituales. Incluso menciona que las personas pueden requerir ayuda de un psicólogo o tanatólogo para transitar por las distintas etapas.

3. La Maestra Guadalupe Medina Hernández, de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirma que, ante la muerte de un ser querido, la primera reacción es de conmoción o incredulidad. Después de un tiempo el individuo al fin comprende su pérdida y los sentimientos que se experimentan conllevan a la tristeza, la furia, la soledad, la culpa y la desesperación, hasta llegar a la aceptación. La Maestra Medina menciona que una de las recomendaciones luego de la pérdida de un ser querido es “... disponer de espacio y tiempo para llorar, pensar y recordar, darle sentido a lo ocurrido, permitirse trascender la pérdida abriendo espacios de reflexión, encontrando un por qué y para qué de ésta; asimismo es importante comer bien y descansar. Por lo tanto, se recomienda vivir el duelo y dejar de pelear con la realidad porque ésta no es como quisiéramos... el duelo puede volverse patológico si la persona no acepta la pérdida, se niega el evento traumático o no se deja ir al ser querido, a pesar de que ha muerto y ha transcurrido mucho tiempo.”

TERCERO.Que, de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, se desprende que el lapso de tiempo adyacente a la pérdida de una familiar resulta fundamental para que el individuo mantenga un equilibrio emocional, lo cual, en última instancia, actuará en favor del desarrollo habitual de sus actividades laborales.

CUARTO. Que, si bien hasta ahora se ha analizado la implicación psicológica inherente a la propuesta en estudio, esta dictaminadora es consciente de que debe analizarse el aspecto jurídico de ésta, en virtud de poder estar en condiciones de pronunciarse respecto a la viabilidad de incluirla en el marco jurídico nacional.

QUINTO. Que, en virtud de lo anterior, esta dictaminadora encontró elementos de derecho comparado que pueden orientar respecto a su pronunciamiento, ante lo cual es menester hacer una precisión antes de continuar con su estudio.

El Diputado proponente, manifiesta en su exposición de motivos que la legislación internacional reconoce el tipo de licencia por luto, encontrando disposiciones por permisos por el fallecimiento de familiares, con diferencias respecto al alcance en términos de temporalidad y de parentesco:

SEXTO. Que una vez analizados los casos internacionales que coinciden con la inquietud manifestada por el Diputado proponente, las y los legisladores integrantes de esta dictaminadora, consideramos hacer lo propio en el marco jurídico nacional, a efecto de allegarse de más criterios orientadores que den certeza y robustezcan los argumentos del presente dictamen, ante lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Por lo que hace a la propia Ley Federal del Trabajo, en el Título Cuarto, denominado “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”, Capítulo II, Artículo 134, fracción V, se establece la obligación el trabajador de avisar inmediatamente, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan acudir a su trabajo.

El mismo ordenamiento, dentro del Título Séptimo, denominado “Relaciones Colectivas de Trabajo”, Capítulo V, concretamente en el artículo 423, fracción IX, se establece que los permisos y licencias estarán contenidos en el Reglamento Interior de Trabajo, mismos que de conformidad con el artículo 424 del mismo ordenamiento, será formulado por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón.

Lo anterior pone de manifiesto que actualmente se encuentra sujeto al acuerdo entre los representantes de ambos sectores (obrero-patronal) que se incluya o no, la figura de licencia por luto y cuyos reglamentos se encuentran en poder de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, según dispone la fracción II del citado artículo 424.

2. Respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, el Título Segundo denominado “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares”, Capítulo IV, contempla dentro del Artículo 43, fracción VIII, inciso e), la obligación de los titulares de otorgar licencias en términos de las Condiciones Generales de Trabajo “por razones de carácter personal de los trabajadores”. Por lo que, a pesar de que no se especifica en dicha Ley la licencia bajo la modalidad de “luto”, éstas si se consideran en algunos casos dentro de las Condiciones Generales de Trabajo de los entes obligados. Tal es el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en cuyas Condiciones Generales de Trabajo, en el artículo 55, fracción III, se prevé la licencia con goce de sueldo por cinco días hábiles, para el trabajador de dicha institución, por fallecimiento de un familiar en primer grado, con parentesco por consanguinidad, afinidad o su cónyuge, debiendo presentar a su representación sindical, dentro de un plazo de quince días posteriores a la conclusión del periodo de licencia, copia del acta de defunción respectiva.

3. El tercer criterio orientador que ha encontrado esta dictaminadora dentro del marco jurídico nacional, se halla en los “ LINEAMIENTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DOCE, POR LOS QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO POR PATERNIDAD, ADOPCIÓN Y MATRIMONIO, ASÍ COMO CRITERIOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE CUIDADOS MATERNOS Y PATERNOS, FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y DÍAS ECONÓMICOS, A FAVOR DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”. En dicho instrumento, cuyo ámbito de aplicación alcanza a las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la Sección VI, denominada “Licencias por días económicos”, los lineamientos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo prevén una licencia con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles, por el fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, o de algún ascendiente o descendente en primer grado, para lo cual dispone de treinta días hábiles posteriores al deceso motivo de la licencia para presentar el acta de defunción correspondiente a la persona titular del órgano de su adscripción.

SÉPTIMO.Del estudio del marco jurídico laboral vigente en nuestro país, es dable concluir que actualmente no todos los trabajadores mexicanos cuentan con lo que hasta ahora se ha denominado como “licencia por luto”, ya que este tipo de licencias remuneradas sólo son asequibles, según los casos expuestos, para los trabajadores al servicio del Estado, únicamente en los casos y en la medida en que sus respectivos sindicatos hayan negociado dicha prestación dentro de las Condiciones Generales de Trabajo.

OCTAVO. Que, en base a la información hasta ahora expuesta, las y los legisladores de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideramos que resulta importante, en primer término, asegurar a los trabajadores condiciones que procuren su salud integral y su estabilidad laboral.

NOVENO.Que, en términos de salud pública, es importante asentar en el presente instrumento, que la Ley General de Salud reconoce en su artículo 3, fracción VI a la Salud Mental como materia de salubridad general. Así mismo, dicho ordenamiento, dentro de su Título Tercero, dedica el Capítulo VII a la Salud Mental, en donde el artículo 72 a la letra prescribe:

“Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

...”

DÉCIMO. Que, en virtud de lo anterior y en concatenación con lo expuesto en el considerando segundo del presente instrumento, la salud mental de las y los trabajadores debe ser salvaguardada concediendo, en este caso, el tiempo necesario para que puedan asimilar las consecuencias psicológicas inherentes a la pérdida de algún ser o familiar cercano.

DÉCIMO PRIMERO. Que, si bien hasta ahora se ha abundado en relación al factor psicológico del individuo, así como en los criterios aportados por el derecho comparado y la propia legislación nacional, en términos de la falta de regulación respecto a la denominada “licencia por luto”, existen dos vertientes que obligadamente deben ser abordadas, en virtud de perfeccionar el criterio de esta dictaminadora.

Dichas vertientes versan sobre:

1. La temporalidad necesaria para que este tipo de licencia no se traduzca en un obstáculo para el correcto funcionamiento de los centros de trabajo que potencialmente se encuentran sujetos a prescindir de los trabajadores que, en la cotidianeidad, de hecho, solicitan este tipo de licencias.

2. La certeza de que la solicitud de este tipo de licencia, verdaderamente obedezca al hecho aludido, es decir, que en efecto se configure el fallecimiento de un familiar, para que tanto el trabajador tenga la garantía de que se le otorgará el permiso; y por su parte el patrón cuente con la certeza de que este tipo de hechos, no se está empleando como evasión o pretexto para faltar a laborar.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, de conformidad con lo expuesto en el considerando inmediato anterior, esta dictaminadora es consciente de que el regular este tipo de permisos debe operar no únicamente en favor del trabajador, sino que, en los hechos, debe traducirse en dotar de certeza a los patrones a efecto de no transgredir el ámbito productivo económico.

Para ello, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideran pertinente realizar modificaciones a la propuesta original del C. Diputado José del Pilar Córdova Hernández, por las razones que a continuación se exponen:

1. Respecto a la temporalidad de cinco días laborales propuesta por el iniciador, esta dictaminadora considera pertinente analizar si ésta es la idónea y resulta estrictamente necesaria. Para ello, es preciso tener en consideración dos cuestiones:

a) Trámites administrativos.La praxis cultural común, no sólo en México, sino en gran parte del mundo occidental, conlleva a los individuos cercanos al finado a realizar los trámites relativos a la inhumación o de la cremación. Lo cual, sin lugar a dudas conlleva cierto tiempo, ya que, para ello, se debe atender a un procedimiento contemplado por el derecho positivo mexicano.

Muestra de lo anterior, radica en el Código Civil Federal, cuyo Título Cuarto, denominado “Del Registro Civil”, contempla en su Capítulo IX las Actas de Defunción, estableciendo literalmente en el artículo 117, lo siguiente:

“ Artículo 117.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Juez del Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento, con certificado expedido por médico legalmente autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta después de que transcurran veinticuatro horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda.”

De la lectura de la disposición anterior, se desprende el reconocimiento de la inhumación y la cremación cómo métodos legales, así como el requerimiento de un certificado de defunción para poder proceder con dichos métodos y la existencia de una temporalidad mínima de veinticuatro horas de la que dispondrán para hacerlo,

2. Otro aspecto importante es dotar de certeza la propuesta de reforma en estudio, para que ésta brinde una herramienta de comprobación que permita tanto al trabajador, como al patrón, estar en condiciones de solicitar y brindar respectivamente una licencia por concepto de luto.

En efecto, esta dictaminadora es consciente de que no basta únicamente asentar en el texto legal la obligación del patrón de brindar una licencia en caso de fallecimiento de algún familiar del trabajador, sino que se debe brindar certidumbre de que tal hecho en efecto se ha configurado.

Ello como se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en los Lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que se requiere la comprobación posterior al hecho que da origen a la licencia por fallecimiento de algún familiar, para lo cual, la constante es la presentación del documento que acredite el fallecimiento dentro de un periodo que oscila entre los quince y hasta los treinta días posteriores al deceso. Siendo, para el caso mexicano, el periodo de quince días el idóneo en virtud de que dicho trámite se puede realizar, una vez obtenido el certificado de defunción, el cual a su vez es entregado horas después de fallecida una persona, salvo algún hecho extraordinario.

Por lo que hace al documento que posee la validez legal para hacer fehaciente el deceso de algún familiar, se ha expuesto ampliamente que es el Código Civil Federal y la Ley General de Salud, los ordenamientos que instituyen al Acta de Defunción como el único medio válido para acreditar ante cualquier instancia la muerte de una persona.

Una vez expuestos los razonamientos anteriores, es dable concluir, que conforme a lo establecido en los ordenamientos anteriormente descritos, para este órgano colegiado la propuesta original requiere de modificación en su redacción a efecto de señalar el mínimo de temporalidad del permiso en los casos de fallecimiento de un familiar para que sea de por lo menos setenta y dos horas laborables , es decir, tres días hábiles e inmediatamente posteriores al fallecimiento, en el entendido de que queda a discrecionalidad del empleador otorgar más días conforme a los criterios que para el efecto se establezca en el centro de trabajo.

Por cuanto hace al grado de parentesco, esta Comisión dictaminadora, considera pertinente, tomar como base lo que se establece en favor de los servidores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que se otorgará el permiso por el fallecimiento del cónyuge, concubina, concubinario o ascendente o descendente en primer grado, lo anterior con la finalidad de no transgredir el ámbito productivo.

Así mismo, se concluye que para efectos de otorgar certeza y legalidad a la reforma objeto del presente dictamen, es necesario complementar la redacción propuesta a efecto de que el texto legal estipule el requisito de presentar, por parte del trabajador, el Acta de Defunción del familiar fallecido a efecto de comprobar fehacientemente el hecho que da origen a la falta del trabajador o trabajadora, al centro de trabajo. En tal virtud, se considera idóneo un plazo máximo de quince días hábiles para que se pueda realizar dicha comprobación.

DÉCIMO TERCERO. Que, como resultado de lo expuesto en los considerandos precedentes, este cuerpo colegiado dictaminador plantea hacer una adición a la redacción original propuesta por el Diputado iniciador, atendiendo los criterios, motivaciones y fundamentación expuesta a lo largo del presente dictamen.

Para efectos de claridad respecto a dicha adición, a continuación, se plasma un cuadro comparativo entre el texto vigente del artículo a modificar, la propuesta original del Diputado promovente y la propuesta de redacción de este órgano colegiado.

DÉCIMO CUARTO.Que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideran que, con las adecuaciones formuladas, se satisface la inquietud del legislador, al tiempo que se resuelve la problemática que éste plantea garantizando certeza y efectividad. Así mismo, con la eventual aprobación del presente dictamen, se considera que se continúa fortaleciendo la conciliación entre el ámbito familiar y el laboral, lo que a su vez se busca impacte positivamente en la productividad del individuo en beneficio de las empresas.

DÉCIMO QUINTO.Que esta dictaminadora considera que se ha atendido el principio de exhaustividad en aras de contar con los mejores elementos que, en última instancia, han contribuido a formar un mejor juicio para pronunciarse respecto a la iniciativa en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVII. ...

XXVII Bis.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante ;

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley , y

XXIX.- Otorgar permiso por luto, de cuando menos tres días hábiles con goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte de padres, hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario. Estos días serán aquellos inmediatos al deceso.

El trabajador deberá justificar el evento y dispondrá de quince días hábiles para presentar al patrón, o a quien este designe, el Acta de Defunción correspondiente.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Gómez Gutiérrez, Jimena, La Reacción ante la Muerte en la Cultura del Mexicano Actual en “Investigación y Saberes Septiembre/diciembre 2011”, Universidad de Londres, pp.39-48. Disponible en: www.udlondres.com/investigacion_saber_es/pdf/reaccion.pdf

2 http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/aceptarmuerte/

3 www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/aceptarmuerte/

4 Los entes obligados, se establecen en el Artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

5 http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/ X13/200506211107280584.pdf

6 https://www.scjn.gob.mx/documents/lineamientos_licencias.pdf

7 http://www.Diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_121115.pdf

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su tercera reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de marzo del año 2016.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier, Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa, Sandra Méndez Hernández, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y para fundamentar el primero de los dictámenes tiene la palabra el diputado José Del Pilar Córdova Hernández, por tres minutos. Inmediatamente después de la presentación, fundamentación de éste y del otro dictamen, que lo hará otra diputada, pasaremos a la votación de inmediato.

El diputado José Del Pilar Córdova Hernández:Con su permiso, diputado presidente. Una de las ventajas que tenemos los que venimos de la clase obrera es que sabemos por vivencia propia qué es lo que pasa en el mundo de los que producen, de los que trabajan mandando u obedeciendo, de los que participan de una u otra forma en el esquema de la generación de riqueza para las empresas o por nuestro país a través de ellas.

Ésta fue una de las muchas razones por las que me permití, con pleno conocimiento de causa y en base a mis facultades como legislador, proponer la iniciativa motivo del dictamen que se encuentra en discusión. Y digo el término discusión como un simple adjetivo del procedimiento, no como una forma manifiesta en esto de parte de ustedes, ya que estoy muy seguro de que están de acuerdo en este beneficio para la clase obrera.

El conceder cuando menos tres días de luto con goce de sueldo a las y los trabajadores por fallecimiento de un familiar en primer grado. Es necesario para quien lo sufre y generoso por parte de quien lo da.

Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social haya dictaminado este proyecto de decreto en sentido positivo me da la certeza moral de decirle a su presidenta y a todas y todos los que la integran, gracias de parte mía y de los trabajadores de este país.

Además, gracias, compañeras y compañeros legisladores, porque es indudable que darán el voto a favor de la clase obrera para que esta laguna en la legislación laboral federal sea subsanada y para que quede plasmado en específico este derecho para todas y todos los trabajadores.

Antes de estos momentos que estamos viviendo para su aprobación, solo unos cuantos privilegiados en México gozaban de un permiso por luto. A partir de que ustedes, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura, digan sí con su voto a este proyecto de decreto, darán este beneficio sin distinción para todos los que trabajan y producen por México, sin importar el rango, la categoría, el estatus o como se llame. A final de cuentas, todas y todos son trabajadores y merecen que se les otorgue el beneficio por igual.

Después de aprobación que daremos en esta honorable Cámara de Diputados y a la conclusión de todo el proceso legislativo, las trabajadoras y los trabajadores ya no estarán sujetos al criterio del jefe o del patrón. Ahora todos se contarán bajo el impero de la ley. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Córdova.

Saludamos la presencia de profesores y alumnos de la escuela secundaria número diez, Miguel Salinas, del municipio de Cuernavaca, estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, para fundamentar el segundo de los dictámenes que modifica el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, antes de comenzar quiero agradecer a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la excelente conducción en los trabajos y buena disposición, así como a las diputadas y los diputados integrantes de dicha comisión, por su sensibilidad y apoyo para que fuese aprobado por unanimidad el dictamen que hoy votaremos en el pleno de esta soberanía.

Para mí es una gran satisfacción dar cumplimiento a una petición ciudadana que tiene que ver con la dificultad para encontrar un empleo decente cuando se cumplen más de 40 años.

Lo que hoy votaremos es la voz de mujeres y hombres de mi estado, orgullosamente bajacaliforniana, y de mi distrito, Mexicali, donde fue y es una solicitud que escuché de manera reiterada. A todas esas personas que me lo pidieron y confiaron en mí, muchas gracias.

Para el Grupo Parlamentario del PAN, el tema de los derechos laborales de los trabajadores es eje del pensamiento ideológico, está en nuestra doctrina y en la plataforma electoral. En Acción Nacional estamos convencidos de que toda persona pata para el trabajo debe tener la oportunidad de realizarlo sin menoscabos y sin discriminación por razones de edad o de otro tipo.

El compromiso de las diputadas y los diputados del PAN es la búsqueda del bien común, prueba de ello, es la importancia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por una servidora en diciembre del año pasado, por ser de trascendental importancia al darle un rostro humano al tema laboral para prohibir la discriminación en el ingreso, la promoción, la permanencia y el ascenso en el empleo por razones de edad. Hoy también votamos las reformas laborales para el permiso por defunción de un familiar y estas reformas que aprobaremos dan una visión social y noble en favor de las personas trabajadoras.

Compañeras y compañeros, pido su voto a favor de dicho dictamen, pues con ello les estamos mostrando a todas las personas que buscan un empleo decente, que ya no podrán ser discriminadas por razones de edad y que los legisladores estamos en favor de los empleos dignos y decentes. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Paniagua. Saludamos la presencia de la Asociación Civil, Ciudadanos en Enlace Democrático AC del estado de Guanajuato. Invitados por el diputado David Mercado Ruiz. Sean todos ustedes muy bienvenidos.

No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les reitero que se mantengan en sus curules porque sigue un siguiente dictamen a votación, después de terminada ésta. Se les permite separarse de su curul solo para tomarse fotos con el astronauta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema se encuentra aún abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto por unos cuantos segundos más. Parece que ya está estable, ya no se ve a nadie corriendo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. El sistema se encuentra aún abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá va entrando una diputada.

Listo. Ya no se ve a nadie más.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 428 votos, abstenciones una y cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y Dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la C. Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En fecha 3 de diciembre del año 2015, la C. Legisladora Luz Argelia Paniagua Figueroa, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 4 de diciembre del mismo año, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social recibió el oficio identificado con alfanumérico “DGPL 63-II-5-350” de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, mediante el cual se comunicó el turno de la iniciativa de mérito para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con fecha 18 de febrero 2016, mediante oficio CTyPS/LXIII/053/2016 esta dictaminadora solicitó a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, prórroga para emitir el dictamen correspondiente.

4. En fecha 24 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó a esta dictaminadora, a través del oficio DGPL 63-II-5-675, la autorización de la prórroga referida en el numeral inmediato anterior.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se plasman a continuación en las partes que interesan:

Para la proponente, el principio de no discriminación en el trabajo por razones de edad se encuentra sustentada jurídicamente en nuestra carta magna: el artículo 1o. prohíbe la discriminación por edad; asimismo, la Ley Federal del Trabajo define que el trabajo digno o decente no existe discriminación por edad (artículo 2o.) ni tampoco puede establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de edad (artículo 3o.).

Así mismo menciona que la discriminación por edad en el empleo es una constante en nuestro país, pero sus mayores víctimas son: los adultos mayores, las mujeres y las personas mayores de 40 años.

Refiere que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) define la “discriminación en el ámbito laboral” como:

El trato diferenciado dado por las y los empleadores o las o los empleados hacia personas de ciertos grupos poblacionales durante los procesos de reclutamiento, selección, desempeño o promoción practicados por la organización. Esta diferenciación no se funda en criterios objetivos de cualificación, capacitación o de mérito requeridos para desempeñar la actividad laboral, sino en preconcepciones y prejuicios relacionados con algún grupo social que posee una “diferencia” con los “demás” .

Por otra parte, menciona que, en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la población económicamente activa, al segundo trimestre de 2015, es de más de 52 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales hay 2.2 millones que están desocupadas. Para efectos ilustrativos, la proponente inserta el siguiente cuadro:

Complementariamente al cuadro anterior, menciona que de los más de 2.2 millones de personas sin empleo, la ENOE indica que las mujeres y hombres desocupadas o sin empleo, en el rango de edad de 30 años en adelante, ascienden a más de un millón de personas; sin embargo, la misma encuesta muestra que más de un millón de ellas, en ese rango de edad, perdió o terminó su empleo. Así mismo, cuando se analiza la parte de la experiencia laboral se puede afirmar, según la proponente, que del universo de estas personas con esa característica (205 mil 511), sólo 14 mil no tienen experiencia laboral de los 30 años en adelante, lo que muestra que las personas mayores de 30 años suman su experiencia laboral para tener un mejor empleo pero sin encontrarlo.

Prosigue argumentando que en nuestro país la búsqueda de empleo, independientemente de si es a través de medios impresos como el periódico o yendo directamente al centro laboral, se imponen requisitos para la contratación. Por lo general, se solicita el comprobante de estudios, experiencia laboral, carta de recomendación y no contar con antecedentes penales; sin embargo, menciona que la edad es un requisito común.

A manera de ejemplo acerca de la discriminación por edad en el empleo, cita lo establecido en la sección de empleos conocida como “Aviso Oportuno” de un medio impreso de circulación nacional, denominado “El UNIVERSAL”, de fecha viernes 16 de octubre de 2015:

• Telefonista 18-35 años, facilidad de palabra, ortografía, con prestaciones.

• Estamos solicitando plomero y/o electricista con experiencia, edad 30 a 45 años. Puntual y responsable.

Así mismo, afirma que no sólo los medios de comunicación solicitan la edad, sino que este requisito también es requerido en la página electrónica del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De igual forma, a manera de ejemplo, hace notar que, en la búsqueda de empleo en el municipio de Mexicali, Baja California, los empleadores solicitan las siguientes características:

• Operado(sic.) de embarque: Experiencia: 2 años. Idiomas: Ninguno. Rango de edad: 20 - 25 años.

• Documentador: Conocimientos y habilidades generales: Windows server 2012, paquetería office. Experiencia: 2 años. Idiomas: No es requisito. Rango de edad: 21-35 años.

De lo anterior, la proponente enfatiza que las propuestas de trabajo tienen tres cosas en común:

1) El conocimiento;

2) La experiencia; y,

3) La edad.

De ello, la proponente considera que es válido solicitar por parte de los empleadores tener el conocimiento y la experiencia, para ser aceptado en un empleo, sin embargo, difiere respecto al requisito de la edad.

En ese sentido, concluye que la discriminación por edad para ser aceptado en un empleo es una constante en la búsqueda de trabajo decente en nuestro país.

La legisladora proponente señala que, en el caso de las personas adultas mayores, la búsqueda de empleo puede ser un problema muy serio, para ejemplificarlo, alude a la “ Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Resultados sobre personas adultas mayores” (Enadis 2010), la cual menciona que la discriminación laboral en las personas adultas mayores presenta los siguientes datos:

• El 75.6 por ciento de la población en México no justifica de ninguna manera negarle a una persona mayor un trabajo que sí podría hacer, pero la realidad muestra que más de la mitad de la población en México opina que, en la realidad, esto sucede con mucha frecuencia.

• Las personas adultas mayores señalan el 36 por ciento las dificultades relacionadas con la cuestión laboral como uno de los principales problemas para las personas de su edad en el país.

• A nueve de cada diez hombres y mujeres adultas mayores les parece difícil conseguir trabajo.

Por otra parte, manifiesta que la Organización de la Naciones Unidas presentó en 2002 la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, cuyo artículo 12 menciona:

“ Las personas de edad deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a los programas de capacitación. La habilitación de las personas de edad y la promoción de su plena participación son elementos imprescindibles para un envejecimiento activo. Es necesario ofrecer sistemas adecuados y sostenibles de apoyo social a las personas de edad. ”

Respecto a la discriminación de las mujeres en el empleo por razón de edad, la proponente expone que también es una constante en el país, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discriminación por razones de edad es la siguiente*:

* Mujeres que declararon haber sufrido al menos un incidente de discriminación laboral en los últimos 12 meses.

Según manifiesta la proponente, lo anterior muestra que 1 de 4 mujeres no fue contratada debido a su edad o a su estado civil.

Adicionalmente, refiere que la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece en su artículo 11:

“1. (Sic.) Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

...

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo”.

Igualmente, refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha sumado al tema de discriminación laboral y ha presentado tres tesis aisladas con respecto al tema de ésta iniciativa:

“ 1. En septiembre de 2010, estableció que la “Discriminación en el derecho de acceso al empleo. Tiene como presupuesto la prueba de las aptitudes o calificaciones para su desempeño”.

La interpretación del artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, visto a la luz del principio de igualdad, en relación con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano respecto a la no discriminación, y concretamente respecto al derecho a la admisión en el empleo, reconocido en el convenio 111 de la OIT, y lo establecido en los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lleva a considerar que la discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el mencionado derecho laboral tiene lugar cuando el interesado demuestra reunir las aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin embargo, se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes o calificaciones. Esto, pues el derecho fundamental a la no discriminación tiene su base en el principio de igualdad, que impone la necesidad de comparar si la persona se encuentra en condiciones de igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica prevista en la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe verificarse si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con las aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo, para determinar si se vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado. De lo contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer la existencia de la discriminación en su contra.

2. En diciembre de 2014, la SCJN en una tesis aislada sobre “Discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Se actualiza una discriminación múltiple cuando dicho factor se combina con otros aspectos como el género y la apariencia física”, donde indica que:

A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un buen número de casos, de la mano de la discriminación por razón de edad se suele actualizar la denominada discriminación múltiple, es decir, cuando se combinan varios factores discriminatorios en un mismo supuesto. Especialmente grave por sus efectos en la exclusión en el mundo laboral, y relevante para la resolución de este caso, es la conjunción de la edad, el género y la apariencia física. En este sentido, como los estudios lo demuestran, la fijación de un determinado límite de edad en una oferta de trabajo va dirigida, en el imaginario del empresario y de buena parte de nuestra sociedad, a la obtención de una imagen comercial sexista. La trabajadora joven y con determinada apariencia y estado físico se utiliza, desgraciadamente, en muchas ocasiones, como un simple reclamo comercial, haciendo a un lado cualquier referencia a su valía profesional, lo que provoca que aquellas trabajadoras que no cumplen con ese estándar se consideren no aptas para un puesto de trabajo, independientemente de su preparación, y bajo la excusa de tener una determinada edad y no cumplir con los requisitos de buena imagen. Debe señalarse también, que el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con una concepción de rentabilidad económica que parte de premisas no del todo ciertas. Si el patrón presume que el trabajador maduro es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que su empresa, antes o después, sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y en similar sentido, si parte de la premisa de que las ausencias al trabajo de las personas maduras alcanzan un mayor índice por entender que éstas son quienes asumen las responsabilidades familiares, pensará que le generarán costes, que no existirían si contratara a trabajadores jóvenes. Si además, por último, añadimos el género del trabajador, el empresario piensa que la mujer madura dedicará una buena parte de sus esfuerzos a las tareas familiares y que por ello abandonará tarde o temprano su empleo, por lo que deja de ser para él económicamente rentable invertir en su formación. Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que la mujer madura trabajadora no es valorada como un activo desde el punto de vista profesional, sino como un coste.

3. Finalmente, en enero de 2015, la tesis aislada referente a la “Discriminación en el ámbito laboral. Las consecuencias que ello puede generar son independientes entre sí y requieren ser analizadas por el juzgador en cada caso en concreto”, a la letra dice:

Contrario a lo que sucede con los daños físicos o tangibles, el estudio de los daños de índole moral en un caso concreto tiene ciertas particularidades, precisamente por el componente de abstracción del que gozan los mismos. Sin embargo, y a pesar de los diversos criterios que se han emitido en torno al daño moral, la manera de probar y evaluar el daño en cuestión, los intereses que deben ser protegidos y los elementos que deben ser tomados en consideración para cuantificar el monto de la indemnización -en caso de que la misma proceda-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que cuando el daño moral alegado provenga de un acto discriminatorio y, por tanto, de una violación directa al derecho fundamental a la no discriminación contenido en el artículo 1o. constitucional, es posible advertir cuatro tipos de consecuencias que puede acarrear tal discriminación: (i) la nulidad del acto; (ii) la indemnización de los daños causados; (iii) la imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio; y (iv) en caso de que la legislación aplicable lo prevea, el establecimiento de sanciones penales. Al respecto, es necesario indicar que tales consecuencias gozan de plena justificación en nuestro sistema jurídico, pues tal y como lo establece el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la existencia de una violación a un derecho protegido por la propia Convención -como lo es el derecho a la no discriminación contenido en su artículo 1o.- se garantizará el goce del mismo, y si resulta procedente, se repararán las consecuencias generadas, así como el pago de una justa indemnización a quien hubiese sufrido una lesión. Adicionalmente, las cuatro consecuencias antes indicadas gozan de independencia entre sí; esto es, a pesar de que las mismas se originan ante la existencia de un acto discriminatorio, lo cierto es que cada una responde a una determinada intención en torno a dicho acto, y son diversos los elementos que generan su actualización. Por tanto, si bien ante la presencia de un acto discriminatorio y, por ende, violatorio del artículo 1o. constitucional, el órgano jurisdiccional deberá dejar sin efectos el mismo, lo cierto es que ello no implica que deba decretar la procedencia de una indemnización por daño moral o la imposición de una medida disuasoria, toda vez que cada consecuencia responde a una dinámica específica y requiere del estudio de elementos diversos .

Derivado de los argumentos esgrimidos por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, es de advertirse la propuesta de reforma del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente redacción:

“ Decreto

Se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación en el ingreso, permanencia, promoción y ascenso entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reglamentará cuales son las distinciones, exclusiones o preferencias que exijan una labor determinada.

...

Transitorios

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El reglamento de esta ley, deberá expedirse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.”

Una vez analizados los argumentos y el texto normativo propuesto por el C. Diputada proponente, las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo cual emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta dictaminadora considera que la discriminación en el ámbito laboral es un tema sensible y de suma importancia, ya que su erradicación de las relaciones laborales, afectará positivamente a un sector vulnerable de la población económicamente activa de nuestro país.

SEGUNDO. Que, por lo anterior, la propuesta en estudio debe ser analizada detenidamente a efecto de poder contar con los elementos de orden técnico que permitan a este órgano colegiado pronunciarse respecto a la viabilidad de incluirla dentro del marco jurídico laboral vigente en nuestro país.

Para ello, resulta necesario indagar cuáles son las disposiciones que actualmente resultan aplicables en la materia.

N Que, para lo anterior, las y los legisladores integrantes de esta Comisión se dieron a la tarea de realizar un examen integral de la normativa vigente en materia de no discriminación en lo general y particularmente en el ámbito laboral, producto de lo cual se plasma enunciativa, más no limitativamente, lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Nuestra Carta Magna posee diversas disposiciones en materia de no discriminación, destacando las siguientes:

El Artículo 1, párrafo quinto, establece expresamente la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Artículo 5, párrafo primero, se señala que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos.

El Artículo 123, párrafo primero, se prescribe que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Ley Federal del Trabajo (LFT)

Por lo que respecta a las normas secundarias, esta dictaminadora encontró en la Ley Federal del Trabajo, también posee diversas disposiciones en materia de no discriminación, a saber:

El Artículo 2 fomenta las relaciones de trabajo conducentes a propiciar el trabajo digno o decente, el cual es caracterizado por no dar cabida a ningún tipo de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Promueve la mejora de la productividad vía capacitación y la prevención riesgos de trabajo. Además, considera los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras sin distinción de género; así mismo hace énfasis en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

En su Artículo 3, objeto de la propuesta de reforma en estudio, define al trabajo como un derecho y un deber sociales, en el cual no se podrán establecer condiciones de discriminación.

Por su parte, el Artículo 4, párrafo primero del ordenamiento en comento, prescribe que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona cuando este sea lícito, salvo los casos que menciona el mismo artículo, como lo son: el daño a intereses de terceros o cuando se ofenda a la sociedad.

El Artículo 51, fracción IX señala que los actos, conductas o comportamientos que menoscaben o ataquen la dignidad del trabajador, serán causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el trabajador.

El Artículo 86 impone la premisa de: a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.

El Artículo 133 prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Así también, prohíbe a los patrones o a sus representantes realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

En cuando al ordenamiento específico en materia de erradicación de la discriminación, se encontró lo siguiente:

El Artículo 4, menciona que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En su Artículo 9 se establece expresamente la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, las fracciones IV, V, XXVI y XXVII consideran como conductas discriminatorias:

“ IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;

XXVI. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, y

XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión.”

Por su parte, el Artículo 13 prescribe que los órganos públicos y las autoridades federales llevarán a cabo las siguientes medidas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Respecto a este ordenamiento, esta dictaminadora encontró lo siguiente:

Su Artículo 5 de esta Ley define como su objeto el garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

“ V. Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.”

El Artículo 19 prescribe que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de los adultos mayores:

“ I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente.

II. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.”

ÁMBITO INTERNACIONAL

Por lo que hace al ámbito internacional, esta dictaminadora destaca el siguiente instrumento:

Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación (C111), Ratificado el 11 de noviembre de 1961.

El Artículo 1 de este instrumento, comprende como actos discriminatorios cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social; así como cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

El Artículo 2 del mismo instrumento menciona que todo Estado miembro se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

CUARTO. Que, vista la principal normatividad existente y aplicable en el territorio nacional en materia de no discriminación, las y los legisladores integrantes de esta comisión ordinaria, se dieron a la tarea de evaluar la factibilidad de reformar el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo Vigente, en la inteligencia de que dicha modificación afecta los párrafos segundo y tercero del mismo.

Para ello cabe enfatizar en el contenido vigente del Artículo 3 del ordenamiento en comento en las partes que interesan, mismo que a la letra establece:

“ El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.

...”

Como se aprecia de la lectura del precepto de mérito, la finalidad de su existencia es la prohibición expresa de condiciones de discriminación, incluyendo aquellas relacionadas con la edad de los individuos. Lo cual es materia de interés para la legisladora proponente.

Ahora bien, del análisis de los términos de la reforma planteada al párrafo segundo de dicho artículo, misma que fue plasmada en la página 13 del presente Dictamen, esta dictaminadora considera que es viable. Ello en virtud de que, a pesar de que como se expuso en el considerando inmediato anterior, existen diversas disposiciones vigentes en materia de no discriminación, la redacción propuesta resulta conveniente ya que su intensión es especificar que la prohibición de las condiciones de discriminación que prescribe dicho artículo será aplicable en el ingreso, permanencia, promoción y ascenso de las y los trabajadores.

Sin un análisis detenido, la propuesta en estudio podría considerarse como una redundancia jurídica, en cuyo caso aplicaría el principio jurídico quod abundat non nocet (lo que abunda no daña), sin embargo, esta dictaminadora considera que el hecho de precisar en qué supuestos quedan prohibidas las condiciones o actos de discriminación tipificados en diversos ordenamientos, lo que se está haciendo es complementar el sentido de dicho párrafo.

QUINTO. Que por lo que respecta a la propuesta de redacción del párrafo tercero del multicitado Artículo, plasmada en la página 14 del presente Dictamen, este órgano colegiado la considera poco viable en términos operativos, ya que la reglamentación de las distinciones, exclusiones o preferencias de una labor determinada, implicaría someter tanto a trabajadores como a los patrones a esquemas casuísticos rígidos que en última instancia podrían estar alejados de la realidad y necesidades inherentes de la vida laboral cotidiana.

Así mismo, se considera que el hecho de elaborar un catálogo de actividades o puestos en donde pueda imperar un régimen de excepción respecto a la aplicación del artículo 3 de la ley en estudio, podría operar en sentido adverso de la intención del mismo, que es precisamente, evitar cualquier tipo de práctica discriminatoria.

En concatenación con lo anterior, se considera que la actual redacción del párrafo en comento, da la posibilidad a ambas partes de que, en caso necesario, sea la autoridad quien determine (con base en los supuestos previstos en la diversa normativa en la materia) si existe o no alguna práctica discriminatoria.

SEXTO. Que, a efecto de mayor claridad, se elaboró un cuadro comparativo donde se contrasta el texto vigente, la propuesta de redacción de la Diputada proponente y la propuesta de redacción de esta Comisión dictaminadora:

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Trabajo y Previsión Social considera que es de aprobarse con modificaciones y somete a la consideración del pleno de esta Soberanía, el presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la C. Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación en el ingreso, permanencia, promoción y ascenso entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

..

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “Costos e impactos de la discriminación laboral hacia los adultos mayores en la economía familiar”, Documento de Trabajo, diciembre de 2006, p. 7, en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E-12-2006.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.as p? roy=enoe_pe_pda

3 Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 8 a 12 de abril de 2002, en: http://www.cinu.org.mx/eventos/especiales/envejecimiento/informe2asambl eavejez.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/ encuestas.aspx?c=33531&s=est

5 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Instituto Nacional de las Mujeres, en: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf

6 Época: Novena Época, Registro: 163824, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C.295 C, Página: 1251, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito. Amparo directo 144/2010. Rosario del Carmen Pacheco Mena. 8 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. En: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=163824 &Clase=DetalleTesisBL

7 Época: Décima Época, Registro: 2008095, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CDXXXI/2014 (10a.), Página: 229. Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco Mena y otros. 12 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis se publicó el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

8 Época: Décima Época, Registro: 2008261, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. II/2015 (10a.), Página: 760, Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco Mena y otros. 12 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente en el que se apartó de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En: http://sjf.scjn.gob. mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2. aspx? ID=2008261&Clase=DetalleTesisBL

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su cuarta reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de abril del año 2016.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier, Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), César Flores Sosa, Sandra Méndez Hernández, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder... Bien, vamos a acceder a la petición unánime de la asamblea. Ábralo por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto. El sistema aún se encuentra abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consigne el voto de la diputada Minerva Hernández a favor. ¿De quién?

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Claudia Corichi, a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Claudia Corichi.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputada Corichi a favor. Diputada Canchola. El sentido de su voto, diputada.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Allá vienen entrando.

Parece que ya.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 428 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (*).

Y tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, por cinco minutos.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, todo Estado de derecho debe de garantizar que los ciudadanos cuenten con un adecuado sistema de impartición de justicia en el que se garantice la tutela judicial efectiva, y eso y todo aquel que considere que tiene un derecho, el cual se haya visto vulnerado, pueda acudir a un órgano imparcial de justicia, verificando su razón y en su caso haciendo efectivo tal derecho.

Por esas razones en el año de 1936 se expidió la Ley de Justicia Fiscal, una ley en la cual se creó el Tribunal Fiscal de la Federación con la competencia para conocer de controversias suscitadas entre particulares y autoridades fiscales, constituyéndose y transformándose a su vez en el año 2000 como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Desde su creación se ha ido ampliando de manera gradual la competencia de este Tribunal, a fin de que cada vez sea más sencillo, más rápido y más expedito. En 2010 se realizaron varias adecuaciones a la ley en comento para agilizar el proceso tramitado ante el Tribunal y abreviar los plazos para obtener la solución de controversias.

Si bien eso representó un avance importante en la celeridad del procedimiento, es necesario adoptar medidas adicionales para consolidar la simplificación del juicio contencioso administrativo. De esta manera este principio garantiza la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.

En la presente reforma que hoy procede revisar y discutir, este proyecto recoge, no solo la participación de las legisladoras y legisladores de esta Cámara, sino que recoge la participación de la sociedad civil y del propio tribunal de donde se sugirieron diversas precisiones con el objeto de hacer más sencillo y mucho más expedito el juicio contencioso administrativo en beneficio de los particulares y de las autoridades.

En ella se propone autorizar el proceso contencioso administrativo mediante el uso de medios electrónicos para la simplificación de actuaciones de las partes, a través del boletín jurisdiccional o aviso previo enviado, correo electrónico, reduciendo así el tiempo sustancioso en los juicios.

De esta reforma se pretende hoy que la cuantía de los juicios sumarios aumente a 370 mil pesos. Con esto vamos a ayudar a una solución rápida a un mayor número de juicios, pero también simplifica el proceso ordinario para que los ciudadanos puedan tener una mayor expeditez en el trámite de sus juicios.

Otra de las virtudes de esta reforma lo es sin duda la reducción de los plazos en la vía ordinaria, la eliminación de los trámites para el cierre de la instrucción y, por supuesto, se disminuye el plazo para la dictaminación de la sentencia a 45 días.

Con ello se otorga a la autoridad el plazo de un mes para cumplir con los fallos tratándose de la vía sumaria y de cuatro meses cuando se trate de la vía ordinaria. Cohíbe también la presentación de demandas notoriamente improcedentes y así disminuir la carga innecesaria de trabajo. Propone también mejorar la prueba pericial, entre otras bondades de esta reforma que hoy se propone.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta propuesta para lograr que los juicios en esta materia se lleven a cabo con una verdadera eficacia, eficiencia, prontitud y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, adelante.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de un grupo de líderes del municipio de Coacalco de Berriozábal, del estado de México, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pregunta si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto, el sistema aún se encuentra abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más estamos esperando que vote la diputada Elida Castelán para cerrar el sistema. Parece que ya se estabilizó. Faltaba de votar alguien más. Ya,

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 433 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por 433 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley General de Salud (*).

¿Y quién va a fundamentar? No se me duerma. Estamos trabajando con rapidez. Y tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro Reglamento.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos es producto de una iniciativa que presenté en el mes de octubre del año pasado. Agradezco a todas y a todos los compañeros que en aquel momento se sumaron a esta iniciativa.

Quiero agradecer de una forma muy especial a todas y a todos los miembros de la Comisión de Salud, quienes con su apoyo contribuyeron a la elaboración, discusión y aprobación de este dictamen en la Comisión.

Uno de los grupos poblacionales que requieren mayor atención y dirección de políticas públicas son precisamente los adolescentes, sobre todo en el ejercicio de su sexualidad, en donde malas decisiones pueden cambiar radicalmente su proyecto de vida.

El dictamen que hoy se votará contempla dos temas significativos. Primero, la prevención de embarazos no planeados en adolescentes. Y segundo, el contagio de infecciones de transmisión sexual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 50 por ciento de las adolescentes de entre 12 y 19 años de edad que inicia su vida sexual queda embarazada. La OCDE señala que de los países miembros de esta organización, México es el primer lugar con el mayor número de embarazos en menores de 19 años de edad.

En nuestro país, para que se den una idea, cada minuto más o menos hay un nacimiento de un bebé de una niña prácticamente menor de 190 años de edad. Además, cada hora nace un bebé de una madre adolescente menor de 15 años de edad. Esto es únicamente aquí en México, es aquí precisamente la importancia de atender este tema.

En suma, con la aprobación de este dictamen se fortalecerá la estrategia para la prevención de embarazos en adolescentes, que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto. Se busca también disminuir el número de embarazos en todos los adolescentes. Se reducirá la deserción escolar, pues 80 por ciento de las menores de edad que quedan embarazadas dejan la escuela.

Se evitará también la tasa de mortalidad de madres adolescentes menores de 16 años, que corren un riesgo 4 veces más alto que las mujeres que tienen más de 20 años de edad. Finalmente, se implementarán medidas para evitar las enfermedades de transmisión sexual en los habitantes de nuestro país.

Por lo anterior es que les solicito, compañeras diputadas y compañeros diputados, que nos unamos a favor de este dictamen, porque con la aprobación del mismo lograremos informar y además ayudar a todos nuestros jóvenes para que puedan tener una sexualidad más responsable; lo que a fin de cuentas nos traerá una mejor calidad de vida para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y aprovechamos para hacer una precisión, rectificación al mismo tiempo, del turno que debe corresponder realmente al decreto que votamos en la anterior ocasión, referido a diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que debe pasar al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. Hubo aquí una lamentable confusión, que la estamos corrigiendo. Pregunte.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está abierto el sistema.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:El diputado Yerena Zambrano. ¿Dónde está? De viva voz, diputado.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:¿Algún otro diputado o diputada? Se encuentra abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve movimiento.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá hay un voto que parece ser no se ha registrado.

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul). A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Está cerrado el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 434 votos en pro y 0 en contra...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bueno, hay uno en contra.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:... uno en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 434 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, enviada por la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 12 de noviembre de 2015, fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial suscrita por los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

3. El 14 de diciembre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

3. El 14 de diciembre de 2015, mediante oficio DGPL-1P1A.-5775, fue recibida en la Cámara de Diputados la Minuta mencionada en el exordio del presente dictamen.

4. El 2 de febrero de 2016, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-450, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señalada para efectos de dictamen.

III. CONTENIDO DE LA MINUTA:

El objeto que persigue la Minuta, es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial para establecer un “Sistema de oposición”, que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, así como los consumidores finales.

Con este Sistema, se pretende evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.

Propone el siguiente decreto:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y 181, tercer párrafo, y se adiciona el artículo 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera. Esta Comisión dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de incorporar en la Ley de la Propiedad Industrial el denominado “Sistema de Oposición” debido a que se estima que su inclusión, disminuirá la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos prexistentes.

Segunda. Actualmente el trámite de registro o publicación de un signo distintivo inicia con la presentación de la solicitud ante el IMPI. Previo a dicha presentación, los solicitantes pueden realizar o solicitar una búsqueda que les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o publicados o en trámite, idénticos o semejantes en grado de confusión con la marca, aviso o nombre comercial que se pretende proteger.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPI y su Reglamento, incluyendo el comprobante de pago por el estudio y trámite de la solicitud.

Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, así como si existen o no similares al signo distintivo propuesto, es decir, se busca en las bases de datos del Instituto marcas, avisos o nombres comerciales idénticos o semejantes en grado de confusión que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Con base en dicha información el Instituto determina si la solicitud es registrable o no.

Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se emite un título de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicación del nombre comercial. En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibición de registro, el Instituto negará la protección.

El estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo únicamente por el Instituto, conforme a la información o documentación que se encuentra a su alcance, la cual podría ser o no suficiente.

Tercera. Las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en el presente dictamen son las siguiente:

1. Se propone reformar el párrafo segundo, de la fracción X, del artículo 6º, relativo a las facultades del Instituto, relacionadas con la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de modificar su redacción y hacerlo congruente con el resto de la presente Iniciativa.

2. Se propone reformar el artículo 7 BIS 1, en cuanto a la denominación del “Secretario de Comercio y Fomento Industrial” y sustituirlo por el de Secretario de Economía.

3. Se propone reformar el artículo 8o., a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de la Propiedad Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposición que partirá de la publicación de las solicitudes presentadas

4. Se propone reformar el artículo 119, para establecer que, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud de registro o publicación de signos distintivos, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta. Dicha publicación será el punto de partida de la oposición. Se considera que el plazo propuesto es razonable administrativamente y refuerza uno de los principales objetivos de la propuesta: la eficiencia. Con la publicación de las solicitudes presentadas, se dará la oportunidad a cualquier persona que considere que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposición, a fin de evitar violaciones a registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decisión más certera.

5. Se propone reformar el artículo 120, a efecto de que cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de la, pueda oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la Gaceta. La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Asimismo, se establece como requisito la presentación del pago correspondiente a la presentación de la oposición, con la finalidad de evitar manifestaciones improcedentes, por lo que se considera constituye un mecanismo para inhibir oposiciones superfluas. La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud. Durante la discusión en el Pleno del Senado, se modificó el cuarto párrafo del mismo artículo, con la finalidad de que una vez trascurrido el plazo de un mes, el IMPI cuente con diez para para publicar en la Gaceta el listado de las solicitudes que de las cuales se haya presentado oposición.

6. Se propone reformar el artículo 123, para incorporar la obligación de publicar nuevamente las solicitudes que hayan sido objeto de un nuevo trámite por modificación o sustitución del signo distintivo, ya que, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, su fecha de presentación se modifica. Además, se propone reformular la redacción del artículo para hacerla más clara y puntual.

7. Se propone adicionar un tercer párrafo, al artículo 125, para que el Instituto comunique al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda. Lo anterior, considerando que la presentación de la oposición es una petición a una autoridad y que, aunque ésta no prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta.

8. Se propone reformar un tercer párrafo, al artículo 181, a efecto de incluir el cambio de domicilio del solicitante o titular y el cambio de ubicación del establecimiento, en la acción de desregulación prevista en éste.

Cuarta. Para los integrantes de la Comisión de Economía, resulta imperante resaltar que con la incorporación de la oposición, podemos dotar de elementos al IMPI que le permitan evaluar de mejor manera los elementos de un signo distintivo y con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.

Así también, se busca armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios comerciales.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura, hacen suyas las consideraciones expuestas en el dictamen a la minuta enviada por la Colegisladora.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y 181, tercer párrafo, y se adiciona el artículo 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

I. a IX. ...

X. ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión;

XI. a XXII. ...

Artículo 7 BIS 1. El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.

Artículo 8o. El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

Artículo 119. Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Artículo 120. Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.

El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 123. Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.

El nuevo trámite deberá:

I. Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

II. Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

III. Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Artículo 125. ...

...

En su caso el Instituto Comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.

Artículo 181. ...

I. a IV. ...

...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.

La Comisión de Economía, diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Teodardo Muñoz Torres (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro Reglamento.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas:Con su venia, diputado presidente. El 19 de febrero de 2013, México se incorporó al acuerdo denominado Protocolo de Madrid, el cual busca facilitar el registro de marcas a nivel internacional. Por ello es indispensable que nuestro país tome decisiones para armonizar su legislación interna y poder ser más competitivos con nuestros principales socios comerciales.

El objeto que persigue el dictamen a la minuta que a nombre de la Comisión de Economía someto a su consideración, es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial para establecer un Sistema de Oposición que beneficie al Sistema de Propiedad Industrial y a sus usuarios. Con este sistema se pretende evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho concedido o, en su caso, sustraer de dominio público denominaciones comunes de la industria determinada.

El Sistema de Oposición que sometemos a su consideración, se propone que las solicitudes de registro de marcas deban ser publicadas por el IMPI, en su gaceta, en un plazo máximo de 10 días hábiles. A partir de la publicación cualquier persona que considere que la solicitud contraviene a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, contará con un periodo improrrogable de un mes para oponerse al registro de la misma. Luego que haya transcurrido dicho plazo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá publicar dentro de los siguientes diez días hábiles, una lista de la solicitudes que hayan recibido una oposición de registro, otorgando un plazo improrrogable de un mes para que el solicitante pueda manifestarse respecto de los razonamientos, impedimentos o anterioridades indicadas en la oposición.

Las oposiciones y en su caso las manifestaciones del solicitante, llegarán a manos de los examinadores antes de proceder a realizar el examen de fondo.

No obstante el Sistema de Oposición no será vinculante para los examinadores ni será considerado como un procedimiento dentro del proceso de registro de marcas, por lo que las oposiciones no suspenderán el trámite del registro ni el solicitante estará obligado a manifestarse, es decir, la omisión de manifestarse en contra de la oposición no será considerada una acreditación tácita de los argumentos realizados por el oponente.

Consideramos que el Sistema de Oposición definitivamente traerá al alcance de los examinadores información que podría resultar de mucha utilidad al momento de realizar el examen correspondiente, y con esto lograr decisiones más certeras por parte de la autoridad y disminuir el número de acciones de nulidad con base en registros otorgados por error o por inadvertencia del mismo instituto.

Esta comisión dictaminadora comparte con el Senado de la República la necesidad de incorporar a la Ley de Propiedad Industrial el denominado Sistema de Oposición, debido a que se estima que su inclusión disminuirá la presentación de solicitudes, declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencias del instituto, incluso podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa, de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo, sobre un signo que pudiera invadir derechos preexistentes.

Compañeras diputadas y diputados, los integrantes de la Comisión de Economía, consideramos que con este sistema de oposición se fomentará la competitividad, el dinamismo y la cultura de la protección de los derechos de la propiedad intelectual en nuestro país, sin afectar la duración del trámite que actualmente se contempla en la legislación.

A nombre de la Comisión de Economía, solicito su voto a favor del presente dictamen, y los invito a que juntos avancemos en los retos que enfrenta día a día la propiedad intelectual. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cavazos.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya, diputada secretaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 432 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 432 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (*).

Y tiene la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro Reglamento.

A ver, a ver, a ver, parece que tenemos una confusión. Ah, ¿no? Sí. Es la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para fundamentar el dictamen del artículo 11. No. Es para fundamentar el dictamen. A ver, parece que traemos por aquí alguna confusión, porque entendíamos que no iba a haber oradores.

Por eso, la diputada Alicia Barrientos Pantoja la tengo aquí para fundamentar el dictamen de reforma al párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y, en virtud de que el origen de la proporción está allí, entonces aprovecho antes nada más, diputada, perdón, para informar que en tratándose de reformas constitucionales, que es lo que dictamina por supuesto la Comisión de Puntos Constitucionales, son cinco dictámenes que tenemos que provienen de la Comisión. Vamos a asumir el método de que por cada dictamen se sube a fundamentar por un miembro de la Comisión, por quien haya decidido la Comisión, y luego pasaríamos a votación y así sucesivamente; fundamentación, votación, fundamentación, votación, para que todo mundo esté prevenido. Adelante, diputada. Una disculpa, por favor.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se pone a consideración del pleno, sobre la minuta del Senado para reformar el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución, tiene que ver en gran medida con una política de solidaridad con las personas que sufren persecución política por defender sus posturas e ideales, enfrentando a gobiernos autoritarios.

Lo más emblemático fue el recibimiento del general Lázaro Cárdenas, quien hizo a los refugiados durante la Guerra Civil Española en el primer tercio del siglo XX. Muchos intelectuales entraron al país e hicieron carrera en la investigación, el derecho y la cultura, heredando a las generaciones posteriores grandes beneficios.

También hemos recibido a refugiados y perseguidos políticos de Argentina, Uruguay y Chile, que padecieron la persecución de las dictaduras que azolaron en algún momento en sus países por alzar la voz en buscar condiciones de igualdad, equidad y democracia.

En la Ciudad de México existe una casa, la Casa del Refugiado Citlaltépetl, que está abierta para recibir a escritores que son perseguidos por plasmar en sus textos posiciones que contravienen la visión política, social o religiosa gubernamental del país en donde residen.

En 1981 México suscribió la Convención sobre Asilo Territorial y fue ratificada por el Senado el 4 de marzo de 1982. Tal como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los acuerdos firmados por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado son la ley suprema, y es nuestra obligación adecuar las leyes y la propia Constitución para evitar disposiciones en sentido contrario.

Esta reforma es importante porque se señala que toda persona no sólo tiene derecho a estar en territorio mexicano y solicitar asilo político, sino que se reconozca la condición de refugiado en caso de que sufra algún tipo de persecución y solicite el otorgamiento de asilo político, ya contamos dentro de nuestra legislación con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Morena está en contra de la violación en todos esos países, en donde las libertades ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Morena está en contra de la violencia contra periodistas, defensores de los derechos humanos y en contra de todo tipo de acción gubernamental que socave la libertad de creencias. Por ello el voto de Morena es a favor de esta reforma constitucional y esperamos que sea un motivo más para que nuestro gobierno rechace la violencia y la persecución de todos los mexicanos que luchamos por un mejor país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado falta o diputada? Por favor, sigue abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Madero no ha votado. Saludamos la presencia de...

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Ya?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Espéreme, por favor. Saludamos la presencia de amigos, alumnos y maestros de la Universidad de Guadalajara, así como también integrantes de la Unión Mexicana de Mujeres AC, de Morelia, Michoacán, estos últimos invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres, sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

También de un grupo de estudiantes de derecho del Centro Universitario UTEG, de Jalisco, invitados por el diputado Manuel Sánchez Orozco. Y de alumnos del Bachillerato SABES, Tarimoro Norte, del estado de Guanajuato, invitados por la diputada María García Pérez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Ahora sí, por favor, diputado secretario, creo que ya no se ve movimiento de que falte alguien por votar. Acaba de votar uno más. Porque ya no se ve a nadie más, ya.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Alguien más allá, a ver, quién, ya se cerró, de viva voz.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputada Scherman, vote usted. ¿A favor o en contra?

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya, ya está cerrado.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Nombre, diputado.

El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, diputado Ibarra, gracias. A favor. Diputada Madrid.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Cecilia Soto, acá a la izquierda. A favor.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Clouthier. A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Sí están consignándolos? Ahí la Secretaría.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputado Sesma, a favor.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Madrigal, a favor.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Araceli Madrigal, a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya votó ella.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sofía González, diputada, a favor.

La diputada Sofía González Torres (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá a la derecha. Acá, centro, derecha.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputado Couttolenc, a favor, gracias.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputada María Hadad a favor.

La diputada María Hadad Castillo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputado Edgar Spinoso, a favor.

El diputado Edgar Spinoso Carrera (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputada Rosalina Mazari.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor, gracias. Diputada Sánchez Carillo.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Ángeles Rodríguez, diputada.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Diputado González Navarro.

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor. Allá la diputada Yulma Rocha.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Diputada Vanderkam.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Ya consignaron el voto de la diputada Yulma Rocha a favor?

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Pinete Vargas, diputada.

El diputado María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Diputado Bolaños, a favor.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): A favor, gracias.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputada Araceli Damián, a favor.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se reitera el voto de la diputada Cecilia Soto, a favor. La diputada Mariana Benítez.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor, gracias. Diputado Carlos Iriarte.

El diputado Carlos Iriarte Mercado (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Diputada Martha Tamayo.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor. Gracias. Diputado Oscar Valencia.

El diputado Oscar Valencia García (desde la curul): A favor. Gracias. Diputada Claudia Sánchez.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les reiteramos nuestra petición de que no se retiren del salón de sesiones, porque vamos a seguir votando. Fundamentando y votando, fundamentando y votando. Si no, nos retrasamos. Ya consigne el voto de Vidal Llerenas. A favor, y ya.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Víctor Silva, allá.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Ya?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Señor presidente, se emitieron 449 votos en pro, ninguna abstención y ninguno en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 449 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes (*).

Y tiene la palabra, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados. Ahora sí, tienen razón en los aplausos, es ella la que va a pasar.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia:Con el permiso de la Presidencia. Antes de comenzar quisiera aprovechar el uso de la voz para agradecer a las diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, por su voto a favor de este dictamen.

Compañeras y compañeros diputados, para lograr el pleno desarrollo de las generaciones venideras, es fundamental promover que las personas menores de edad se desarrollen en un ambiente armonioso en el que se garantice el pleno respeto y acceso al ejercicio de sus derechos.

En ese sentido se ha reconocido en nuestro ordenamiento normativo el principio rector del interés superior de la niñez, regulado tanto en nuestra Constitución como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si bien es cierto que se tienen avances significativos en el tema que nos ocupa, consideramos que existan tareas pendientes en la materia y es que aún estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados para la consecución de una protección real y efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aun cuando existe un reconocimiento normativo para la protección de los menores, no se han logrado ejecutar con éxito dichas disposiciones.

Y es que no basta solo con crear leyes que reconozcan derechos, necesitamos legislar para que los organismos responsables de vigilar el respeto de estos derechos, cuenten con las herramientas necesarias para el correcto cumplimiento de sus atribuciones. Es por ello que el dictamen que está a nuestra consideración, propone la adición de un párrafo quinto al artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera.

Les corresponde a los organismos de protección de los derechos humanos, vigilar que el gobierno federal, las entidades federativas y la Ciudad de México en la operación de sus políticas públicas, así como en los actos que realicen sus autoridades, salvaguarden y promuevan la correcta aplicación y cumplimiento del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior sin perjuicio de las facultades que se le confieran a organismos especializados en la materia.

Los organismos citados en el párrafo que antecede, tienen dentro de sus facultades formular recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas por los actos u omisiones de las autoridades que estén relacionadas con probables violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, los organismos de protección de los derechos humanos cuentan con la facultad de impulsar el cumplimiento de los derechos en el país para que velen por los derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales en la materia.

La adición propuesta tiene la finalidad de establecer atribuciones a estos organismos para que vigilen el cabal cumplimiento de las disposiciones referentes a los derechos de la infancia, porque a través del respeto pleno de los derechos de la niñas, niños y adolescentes, se puede garantizar el correcto desarrollo de los menores y con ello combatir el rezago en el que se encuentra nuestro país en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, conminamos a nuestros compañeros de todos los grupos parlamentarios a votar a favor del presente dictamen para pagar con ello una parte de la deuda que tenemos con nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rodríguez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Nombre. Diputada Minerva Hernández, el sentido de su voto.

La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:A favor. ¿Falta algún diputado o diputada... Está abierto, está abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya lo vamos a cerrar.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:El diputado Paulino Vázquez.

El diputado Paulino Alberto Vázquez Villalobos (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve movimiento.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 445 votos en pro y 0 en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la atención a víctimas como materia concurrente (*).

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, en el mes de enero de 2013 se aprobó la Ley de Víctimas vigentes, y reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es Estado parte.

Víctimas –dice la ley– son todas aquellas personas que hayan sufrido algún daño económico, físico, emocional o, en general, que hayan puesto en peligro. Por eso el texto normativo que hoy nos convoca, es importante porque reforma y adiciona la fracción XXIX en el apartado X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas como materia concurrente.

Por ello, todos los mecanismos se establecen para que las víctimas sean atendidas de manera integral. De esta manera, en el texto constitucional se establece un régimen sui generis en el que el Constituyente concedía facultades expresas a favor del Congreso para regular las materias concurrentes, y ese es el tema que hoy nos trae aquí. Tenemos que seguir impulsando la atención a víctimas de manera integral, tenemos un gran compromiso, como el diputado que me había antecedido y que decía que ojalá no tuviéramos a las víctimas de los 43 y sus familiares.

A todos ellos y a todos los demás en este país que han sido víctimas, como la ley que hemos aprobado en 2013, se deben atender. Ojalá que este compromiso sea real con esta reforma que hoy estamos aprobando. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Y no habiendo oradores inscritos se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, dos minutos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve movimiento. Parece que ya.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 444 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Es mayoría calificada, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 444 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas como materia concurrente. Pasa a las legislaturas de los estados, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan sendos artículos 1 Bis, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de protección al ambiente(*).

Tiene la palabra la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, para fundamentar el dictamen de conformidad con nuestro Reglamento. Adelante, diputada.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Gracias. Con su autorización, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen tiene por objeto incorporar cinco principios ambientales a nuestra Constitución: el principio preventivo y de corrección de los daños al medio ambiente, el cual se refiere a la utilización de las mejores técnicas disponibles para tal efecto.

El principio precautorio, el cual permite postergar cualquier proyecto hasta que se determinen medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente.

El principio de obligatoriedad para la restauración de daños, por medio del cual los gastos para la reducción de la contaminación deben ser sufragados por el contaminador.

El principio de participación informada, por el que todas las personas deben tener acceso a la información medioambiental.

Y el principio de desarrollo sustentable, para satisfacer las necesidades de la población, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Estos principios permiten actualizar nuestro marco normativo con el que se rige el ámbito internacional en todo lo concerniente al medio ambiente y a la responsabilidad ambiental.

De lo que se trata es de evitar prácticas nocivas que perjudiquen las necesidades colectivas de la sociedad y establecer las responsabilidades de cada sector.

Con la reforma que se propone podremos estar en condiciones de heredar a las nuevas generaciones un mejor medio ambiente, asumiendo nuestro compromiso en cuanto a su protección.

Desde la ONU, con la Declaración de Río, en la que se establecen los primeros criterios hasta la aprobación histórica del acuerdo contra el cambio climático de la COP21, México confirma su compromiso en esta materia, al incorporar con carácter de rango constitucional estos cinco preceptos.

Los ecosistemas de la tierra están cerca de puntos críticos de agotamiento y cambios irreversibles. Por ello es necesario prevenir, controlar, medir y disminuir la contaminación.

A partir de estos criterios que se incorporan se logran mecanismos más adecuados para impedir los daños al medio ambiente, su restauración y la participación de los ciudadanos.

No olvidemos que garantizar el derecho a la salud y el bienestar del ser humano es el eje central de la protección del medio ambiente.

Finalmente, quiero agradecer a cada uno de los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, particularmente a su presidente Daniel Ordoñez, que dejan un precedente de su responsabilidad por asumir la instrumentación de estos ajustes normativos a favor de nuestra sociedad.

No más casos como Tajamar, no más casos como el Dragon Mart, eso es todo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pool.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado, alguna diputada falta de votar? Todavía está abierto el sistema, por favor voten.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Voten o absténganse para siempre.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Alguien falta de votar, diputadas, diputados?

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 446 votos a favor, 0 en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por 446 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección al ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada María de los Ángeles Rodríguez, por favor.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidente, solamente para hacer un exhorto, con todo respeto, a la Mesa directiva, para que trabajemos con toda la celeridad, todo el periodo legislativo como hoy y no solamente esta última semana. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Tomamos nota del señalamiento. Y en relación con el dictamen anterior, el que se refiere a modificaciones al artículo 73 de la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales nos hace la precisión de que al final, en un acuerdo interno, no se modificó absolutamente nada de la minuta del Senado.

Por lo tanto, no hay motivo para el regreso de nuestro dictamen, de nuestra votación, de nuestra resolución al Senado de la República. Por tanto, se modifica el turno y pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional referido el otro dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, Apartado B, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de organismos estatales de derechos humanos (*).

Tiene la palabra la diputada Lía Limón García, para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro reglamento. Hasta por cinco minutos.

La diputada Lía Limón García:Con su venia, presidente. Quiero, primero que nada, agradecer a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales por el apoyo a esta iniciativa, particularmente a su presidente, Raúl Ordóñez, así como a las diputadas Lorena Corona, Gloria Himelda, Yulma y Martha Tamayo. Muchas gracias.

Agradezco, por supuesto, también el apoyo a esta iniciativa al coordinador de mi grupo parlamentario, diputado Jesús Sesma, y al doctor Camacho por haberme ayudado a impulsar esta iniciativa. Muchas gracias.

Por supuesto, al vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien me apoyó para que pudieran sacarla adelante. Muchas gracias.

El objeto de esta iniciativa es dotar de mayores condiciones de autonomía a los organismos estatales de derechos humanos de las entidades federativas, previendo expresamente que tendrán autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Actualmente la Constitución solo habla de autonomía lisa y llana, con eso se fortalece uno de los principales objetivo de la importantísima reforma de 2011, en materia de derechos humanos que es el concerniente a dotar de autonomía, no solo al ombudsman nacional sino a los ombudsman de las entidades federativas, fortaleciendo este aspecto.

Además, se busca uniformar el proceso de designación reduciendo la posibilidad de injerencia por parte del Ejecutivo local con la finalidad de que no exista un control político de origen sobre el Ombudsman estatal. Se trata de una norma constitucional de limitación de poder, hacia los Poderes constituidos de una entidad federativa a fin de asegurar que las comisiones estatales de derechos humanos no vayan a nacer o a surgir capturadas por algún poder o grupo político.

La independencia y la autonomía es un elemento clave para el desempeño de cualquier órgano constitucional autónomo, como lo son las comisiones estatales de derechos humanos. Es un elemento central y de primer orden para poder evitar que estén alineados o supeditados de modo alguno frente a otros poderes políticos.

A nivel nacional contamos hoy con un Ombudsman fuerte, autónomo, cuyas recomendaciones son irrefutables, cuyas recomendaciones se suelen aceptar, al menos en esta administración se han aceptado todas ellas –hay que decirlo– y que tiene la fortaleza y la voz para poder plantear distintas problemáticas en materia de derechos humanos. Eso, justamente eso, es lo que se requiere en las entidades federativas.

A mí me tocó en mi anterior cargo estar en organismos internacionales a nombre del Estado mexicano. Muchas veces, la mayoría de ellas, atendiendo casos que tenían que ver con violaciones a derechos humanos que se habían dado en entidades federativas y que el problema es que no se habían atendido a tiempo, y por eso, justamente por eso, es que llegan a los organismos internacionales.

Eso no podemos seguir permitiéndolo. Es fundamental garantizar la actuación de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y que ésta sea firme y autónoma, a fin de que existan recomendaciones serias a las que se les dé cumplimiento en materia de derechos humanos. Estoy segura que ello, no solo atiende recomendaciones internacionales que hoy tenemos en materia de derechos humanos, sino que también nos va a permitir fortalecer nuestro marco normativo en esta materia. Nos va a permitir que en las entidades federativas haya un mayor marco de respeto a los derechos humanos, lo cual es un tema pendiente y es un tema fundamental.

Solo me resta decir que la garantía de autonomía de los órganos de protección de derechos humanos, es además un principio exigido en el derecho internacional. Al respecto podemos citar los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Por ello justamente es que este dictamen que hoy les pido a ustedes, diputados que apoyen, pretende fortalecer a nuestras comisiones de derechos humanos y será en beneficio de los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo que más quisiera.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 436 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Mayoría calificada, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 436 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de organismos estatales de derechos humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Estamos nada más ajustando aquí los puntos que siguen, que son de la Comisión de Derechos de la Niñez.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez: el primero con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y el segundo igualmente referido a la misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con otras reformas(*).

Y tiene entonces la palabra el diputado Jesús Valencia Guzmán para fundamentar los dictámenes, de conformidad con nuestro Reglamento.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar a nombre de los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez dos dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El primero de ellos hace referencia a dos modificaciones a la ley, las cuales son:

La inclusión en el artículo 4o., como parte de las definiciones de observancia dentro del cuerpo de la ley, del término sistema municipal de protección; toda vez que no se incluía en ese apartado, pero sí se mencionaba en el texto de la ley sin estar incluido en el apartado de las definiciones.

La segunda modificación establece los mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF; y el órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a efectos de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento, de condición de refugiado o de asilo.

Estamos seguros que con estas modificaciones se establecerán mecanismos de coordinación a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Ahora bien, el segundo dictamen tiene que ver con el establecimiento de criterios generales en materia de adopción. No omito mencionar que estas propuestas atienden la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para prohibir las adopciones privadas en nuestro país y eliminar los riesgos que conllevan, incluyendo el hecho de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados y surge ante la realidad que vive en cuanto el proceso de adopción en México, en donde se presentan diversas situaciones como las que describo.

La falta de información confiable y la sistematización oficial de datos para determinar la relación que existe entre el número de menores de edad institucionalizados y quienes son susceptibles de adopción por su situación jurídica, y

Dos. El riego que significa contar con procesos que ocasionan largos periodos de institucionalización, pues la edad de las niñas, niños y adolescentes es un factor determinante para sus posibilidades de ser adoptados.

Por ello esta iniciativa tiene como fin extender la protección especial que el Estado mexicano brinda mediante la legislación general, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, particularmente aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización.

Destaca la relevancia que puede tener un marco jurídico general que potencialice la adopción como un medio para garantizar el interés superior de la niñez alineado a instrumentos internacionales, los cuales México ha firmado y ratificado. Asimismo, la iniciativa que hoy votaremos tiene como objetivos fundamentales:

1. Facilitar y agilizar el proceso de adopción en México a efecto de atender el interés superior de la niñez, y de acuerdo a lo establecido en la propia ley, garantizar plenamente el derecho a vivir en familia a quienes no la tienen.

2. Que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia y en su caso sean incorporados a una familia mediante la adopción, a través de un procedimiento ágil y seguro, y

3. Que establezcan de forma expresa que la adopción es plena e irrevocable.

Más aún. Al establecer la existencia de un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente, mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos, por primera vez todos los estados tendrán como plazo máximo de 45 días para emitir el certificado de idoneidad. Dichos certificados serán válidos para iniciar el proceso de adopción de cualquier estado del país.

En este caso de los días, se presentó una adenda que en un momento el presidente nos comentará.

Esto se hace necesario toda vez que existen muchas lagunas de operación que impiden que los poco más de 30 mil menores de edad, según datos del año 2014, y que fueron ubicados en 700 centros de asistencia social, puedan ser adoptados.

Esta problemática se debe en parte a que hoy en día de manera lamentable, la adopción es una institución que se legisla a nivel local, por lo que existen 32 visiones distintas para atender el tema. No podemos seguir en esa ruta.

De igual forma, al tratarse de reformas a una ley general, se mandata a los estados a adecuar su legislación en 180 días y a generar reglamentos especializados, pues la participación y compromiso de los sistemas DIF y de las procuradurías de protección de nuestro país, así como de los Poderes Judiciales, resultará fundamental para la implementación de la misma. Esos son los elementos que motivaron la aprobación de las propuestas de la comisión y que estoy seguro respaldarán ustedes.

Finalmente, no quiero perder la oportunidad para reconocer el esfuerzo de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, por hacer posible la aprobación de estos dictámenes. Pero, sobre todo, un reconocimiento particular a los promoventes de ambas propuestas, a la diputada Daniela de los Santos, del Partido Verde Ecologista; a la diputada Alicia Guadalupe Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional, diputada Norma Edith Martínez, del Partido Encuentro Social, diputada Rocío Matesanz, del Partido Acción Nacional, y al diputado Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática.

Compañeras y compañeros, la posibilidad de hacer felices a un gran número de niñas y niños está en sus manos. Por ello, les pido su voto a favor del dictamen, para poder avanzar un paso más en la consolidación de los derechos de la infancia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. El diputado Valencia, a nombre de la comisión, ha informado a esta asamblea en su intervención que se consensó, se acordó una adenda al dictamen, que ya se encuentra en las curules de cada una y uno de las y los diputados.

Entonces, para darle el curso procedimental correcto –muchas gracias– vamos a pasar a consultar a la asamblea, en votación económica, pido a la Secretaría que lo haga, si se aceptan las modificaciones contenidas en la adenda consensadas en el seno de la comisión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, se admiten, se incorporan al cuerpo del dictamen.

Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios en relación con estos dos dictámenes, ya tenemos integrada una lista de compañeras y compañeros diputados. En consecuencia tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Le saludo con respeto, diputado presidente. Honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores, “el amor es para el niño como el sol para las flores. No le basta pan, necesita caricias para ser bueno y para ser fuerte”, esta es una idea que nos regala Concepción Arenal.

Para el Partido Encuentro Social, los niños sólo podrían ser objeto de una iniciativa, dictamen, acuerdo, mención o exhorto, bajo un solo supuesto, su beneficio, su interés, su bien.

Para el Partido Encuentro Social, los niños deben ser protegidos como un espacio jurídico, social y político, libre de ideologías. Y debemos tener algo clarísimo, sin ignorar que existen padres buenos y padres malos, con todo, sólo en familia, sólo con sus papás, sólo con el cálido afecto de pertenecer a esta relación paterno-materno filial podrían los niños desarrollarse sin descuidar ninguna de las facetas de todo ser humano.

No nos toca a nosotros, el Estado, entendámoslo muy bien, ser los héroes que finjamos que podríamos suplir lo que un padre o una madre hace por sus hijos, bastaría con pensar que a cualquiera de nosotros un funcionario de la administración nos pidiera cuidar a nuestros hijos. Bastaba más.

El ser humano, todo ser humano, cada uno de nosotros somos trascendentes. El inmanentismo no es lo que nos define, pues aun después de la muerte nuestra raza habla por el espíritu. Y ese carácter trascendente no lo digo yo, lo dice la mismísima Declaración de los Derechos del Niño en su artículo 2, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No bastaría jamás un centro de asistencia social, aun cuando ese centro de asistencia estuviera en las mejores condiciones de salud, de educación. No bastaría con profesionales leales y comprometidos, porque esos niños siguen siendo en su núcleo más íntimo de definición, considerados carentes de los lazos de pertenencia, cuando ellos lo viven, lo perciben. Alguien allá afuera no fue capaz de amarlo con toda su vida, con todas sus fuerzas, con todo su ser.

Es por ello que los diputados del Partido Encuentro Social y diputados generosos y sensibles con el tema de la niñez, con esta genial iniciativa estamos gestando un gran logro, una gran meta prometida una y otra vez, precisamente a quien más desinteresadamente nos debemos, a nuestros niños.

Con esta iniciativa hoy damos un espaldarazo a la falta de plazos, a la falta de procedimientos únicos, lógicos, simples. A la falta de procesos claros de adopción.

De ahora en adelante estará en manos de nuestros colegisladores, senadores, que no tengan que esperar nuestros niños una sentencia judicial que jamás llega. Que nuestros niños no tengan que padecer un proceso administrativo. Que nuestros niños tengan a un juez comprometido con una decisión con plazos, que tiene que entregarse al DIF con plazos, generando todo ello un proceso total que es perfectamente acotado a partir de esta iniciativa.

Todo lo anterior, considerando disposiciones que faciliten a los jueces y que los apoyen en esa vital tarea, regresar a los niños, regresar y proveerles de un derecho humano fundamental, el derecho a crecer en una familia.

Esto es un logro, conforme arriba les comentaba, para quienes más lo merecen de nosotros. Esto es para ellos. Azalia, una niña que creció en una casa hogar y que estuvo con nosotros en el foro nacional, en el foro en Veracruz, de los 7 a los 18 años de edad ella nos dijo, todos los años me preguntaban qué quieres para Navidad, y yo siempre les dije, lo único que quiero es un papá y una mamá y jamás llegó. Y hoy se dedica a atender niños. A ella nos debemos y a todos esos niños que crecen en las casas-hogares.

Esta es una respuesta, es para ellos. Con ellos no se negocia, con ellos no se acuñan monedas de cambio. Por ellos hemos dejado del lado intereses, en la comisión hemos dejado intereses, en el pleno, en la Cámara, y estamos seguros de que los senadores entenderán perfectamente esta propuesta.

Nos inclinamos ante su pequeñez y ante su simpleza, pues como decía John Milton, el niño muestra al hombre como la mañana muestra al día. Es cuanto, compañeros legisladores.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra también por tres minutos para fundamentar el dictamen de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, presento ante esta tribuna la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza respecto a los dictámenes que presenta la Comisión de Derechos de la Niñez.

Lo mejor que podemos tener como sociedad es la risa de un niño sano y feliz. El principio del interés superior de la niñez indica que las sociedades y los gobiernos deben realizar el máximo esfuerzo para construir condiciones favorables, a fin de que puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de su vida.

Para del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propiciar el bienestar de las niñas, de los niños y adolescentes ha sido siempre un fundamental esfuerzo en su trabajo legislativo. Con esa convicción y compromiso votaremos a favor del dictamen que busca construir una regulación sólida y eficaz en materia de adopción regida por el principio de interés superior de la niñez.

Uno de los principales derechos de las niñas y los niños es vivir en familia. Desafortunadamente, para miles de ellos esto no es accesible. De acuerdo con el Centro de Estudios de Adopción, aproximadamente 30 mil menores en desamparo familiar se encuentran viviendo en 700 centros de asistencia social.

Con esta reforma se fortalece el marco jurídico que posibilita acciones sustantivas en beneficio de los niños que esperan incorporarse a una familia al brindar mayor certeza y efectividad al proceso de adopción.

En cuanto al segundo dictamen, consideramos que la reforma propuesta imprime una mayor certeza jurídica a la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y los Adolescentes, al incorporar en sus disposiciones generales al sistema municipal de protección como parte fundamental del sistema de protección de niñas y niños en cada municipio, y más aún, la inclusión de la coordinación general de la comisión mexicana de ayuda a refugiados.

Estas modificaciones adquieren relevancia si contextualizamos la situación por la que pasan miles de niños y niñas nacionales y que provienen también de Centroamérica, la mayoría de ellos sin compañía llegan a México en la búsqueda de un mejor futuro, transitan por nuestro territorio teniendo como destino el vecino país del norte.

Las convenciones internacionales de los derechos humanos y nuestra propia Carta Magna, les conceden una protección singular, sin embargo es importante reconocer que dicha protección en muchas ocasiones no llega a ser brindada por nuestras propias autoridades.

Establecer una actuación coordinada entre los sistemas municipales y la Comar, como se le conoce a la Coordinación del Apoyo a Refugiados era un imperativo que se tenía que atender. Como legisladores no podemos ser omisos ante la situación por la que han pasado los más de 18 mil 650 menores, no acompañados en el 2015, fueron detectados por las autoridades mexicanas.

Una prioridad en Nueva Alianza en su trabajo legislativo es garantizar y hacer valer la plena vigencia de los derechos humanos del país. Estamos convencidos que tal garantía no solo debe proteger a niñas, niños y adolescentes nacionales, también debe ser para cualquier infante migrante que sufra cualquier clase de vejación, pues como integrantes del Estado estamos obligados a protegerlos. Por su atención, compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Tiene también tres minutos, para fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, con el permiso de los diputados presentes en la sesión. Nosotros avalamos ambos dictámenes porque creo que se hacen cargo de potenciar las soluciones de las niñas, niños y adolescentes de México desde instrumentos legales que quizá no sean los que específicamente deberían de tratar el tema. Yo creo que el tema de adopción no está atorado en la Ley General de las Niñas, niños y Adolescentes.

Viendo esto desde el punto conceptual del diseño jurídico institucional de México, no es el problema esta ley para la adopción, pero lo que se está intentando hacer con esta iniciativa y con el dictamen, es que esta ley sea un impulso y que esta ley sea un mecanismo que establezca criterios y que tenga una fuerza de impacto en el problema que está viviendo todo el sistema de adopción en México.

Lo que dijo el diputado Jesús Valencia y lo que viene fundamentado en el dictamen, creo que es el centro. ¿Cuál es el gran problema de la adopción en México? Que tenemos 32 criterios, 32 sistemas, 32 diferentes diseños institucionales para este tema y que tenemos desde un Coahuila –que ha avanzado mucho en los últimos años en esta materia, que tiene mecanismos ágiles, que tiene funcionarios capacitados, que tiene una vinculación con las instancias internacionales en materia de infancia– hasta el caso de Sonora de niños prácticamente traficados y también un tema de vulnerabilidad con las madres de familia presionadas, que por condiciones de pobreza prácticamente se les estaba obligando a poner a disposición a sus niñas, a sus niños en manos de posibles padres adoptivos.

Creo que normar criterios, que orientar la discusión es un buen apunte de esta ley. Creo que el siguiente paso tiene que ser seguir insistiendo en la armonización. La gran discusión de fondo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con la armonización precisamente de los cambios que ya ha hecho la ley general en esa materia.

La armonización tanto en las leyes que puede modificar esta Cámara de Diputados, como en lo que tiene que ver con los mecanismos estatales. Ahí está el gran déficit, en los sistemas estatales, en los sistemas municipales de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Creo que esta ley orienta los criterios tanto para agilizar el tema de adopción, pero también para proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y normar criterios bajo los cuales se puede resguardar su integridad y su seguridad de manera adecuada.

Es una reforma que va en el sentido correcto. Es una reforma que llama a potenciar otros instrumentos jurídicos como los códigos penal, el Código Civil, como las propias leyes estatales en la materia, como la Ley General de Adopción, y nosotros creemos que este es un cambio que va en sentido positivo y que atiende las recomendaciones internacionales. También ese es un tema a reconocer tanto de esta comisión como de la Comisión de Educación.

La colaboración estrecha con Naciones Unidas en este tema, acatar las recomendaciones del Informe del Comité del Niño, creo que es una buena señal de este Poder Legislativo a los organismos multilaterales en materia de protección de derechos humanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Del Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra, también por tres minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes. Adelante, por favor.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, diputada presidenta. El fenómeno de la migración infantil, debido a la grave violencia y pobreza que se vive en sus comunidades de origen, ya sea de México o de Centroamérica, ha traído como consecuencia una creciente migración hacia los Estados Unidos, principalmente.

También en nuestro territorio nacional por la violencia desatada por el crimen organizado y por los graves índices de pobreza, muchos niños no acompañados, migrantes nacionales o de otros países, luchan todos los días por llegar a lo que consideran puede ser una mejor calidad de vida.

México no debe hacer lo que critica respecto a la migración. Y en el caso de la infancia las instituciones deben garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, darles protección y ayuda, ya que muchos de ellos cuando son deportados a sus lugares de origen, son expuestos, inclusive, a perder la vida, porque huyeron de esa violencia de la que hoy estamos hablando. De tal manera que hay que darles refugio y asilo. Creo que es algo de reconocer que este órgano legislativo pueda valorar y aprobar, creo que todo lo que hagamos por la infancia ayudará a hacernos mejores hombres y mujeres.

Por eso Morena votará a favor de este dictamen. Lo mismo haremos en el caso del dictamen que aborda el tema de la adopción. Nosotros consideramos, como aquí se ha dicho por las y los compañeros que nos han antecedido en el uso de la palabra, que todo el trabajo que hagamos en beneficio de la estabilidad, en todos los sentidos de la infancia, ayudará a tener un mejor México, no un futuro sino un presente mejor.

El dictamen habla de que serán ubicados con su familia de origen, principalmente, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible, y no sea contrario a su interés superior.

Nos da mucho gusto conocer que se agilizará el procedimiento de adopción, porque muchos niños, que como ya se ha dicho, se encuentran en diversos albergues a lo largo y ancho del país, esperan tener una familia, y hay familias que esperan tener un hijo a quien cuidar y a quien darle lo poco o mucho que se tenga, pero principalmente amor y cariño, una educación formada en la ética, en el amor a la patria, en los valores democráticos, y nos parece que el brindar esta oportunidad, que muchas familias esperan y muchos niños esperan, insisto, nos hace a esta legislatura mejores hombres y mujeres.

Nos parece que el proceso administrativo y jurisdiccional de adopción que se podrá realizar ya en cualquier entidad federativa, con este mecanismo de agilidad para que pueda realizarse prontamente, ayudará en general a todo el país. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Montiel. Tiene ahora la palabra la diputada Daniela De Los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Daniela De Los Santos Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, 28 de abril, se da un gran paso en materia de adopción en nuestro país. Un gran paso que se logra con el esfuerzo conjunto de distintas fuerzas políticas y, por supuesto, con el compromiso y trabajo de las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Gracias a este trabajo conjunto y con el voto de todos ustedes, el panorama para nuestras niñas, niños y adolescentes logren tener un hogar, será muy distinto. Seré puntual en las bondades de estas reformas.

En primer lugar, se atienden las recomendaciones del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la ONU, para prohibir las adopciones privadas en nuestro país, y eliminar los riesgos que estas conllevan, incluyendo el riesgo de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados.

Por lo que ver a las niñas, niños y adolescentes que han sido abandonados, expuestos o institucionalizados, se les brinda certeza jurídica dando contenido a cada una de las condiciones, lo que evita que sean sometidos a largos periodos de internamiento y que sus posibilidades de adopción estén condicionadas a un proceso legal como prerrequisito.

Además, por primera vez todos los estados tendrán tiempos de respuesta a los posibles padres adoptantes. Una vez entregados los requisitos, los sistemas DIF o, en su caso, las Procuradurías de la Defensa del Menor tendrán plazos máximos para emitir el certificado de idoneidad.

Dichos certificados de idoneidad serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier Estado de nuestro país, mientras que los sistemas DIF y las Procuradurías estarán obligadas a intercambiar información y tener un registro actualizado de manera permanente que incluya a niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, incrementando la posibilidad de todo niño, niña y adolescente para vivir en familia.

Por otro lado, se establece que la adopción será planea e irrevocable y se prohíbe solicitar a los padres adoptantes el certificado de infertilidad como requisito para adoptar, cuestión que atenta contra los derechos humanos y que desafortunadamente sigue siendo un requisito en muchos de nuestros estados.

Finalmente, al tratarse de reformas de una ley general se mandata a los estados adecuar su legislación en 180 días y a generar reglamentos especializados, pues la participación y compromiso de los sistemas DIF y de las Procuradurías del Menor de nuestro país, así como de los Poderes Judiciales, será fundamental para implementar esta reforma.

Como vemos, este marco jurídico pretende garantizar el derecho a vivir en familia, mediante la construcción de un moderno sistema de adopción armonizado a nivel nacional, lo que representa un gran primer paso en el cambio hacia una nueva Ley General de Adopción.

Hoy, con nuestro voto a favor, quienes integramos los distintos grupos parlamentarios nos olvidamos de los colores y los partidos para hacer realidad el interés superior de la niñez de vivir en familia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada De Los Santos. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Presidencia. Sin duda, a partir de la firma de la Convención de Derechos del Niño, en 1990, a esta fecha, se ha avanzado en nuestro país enormemente en la defensa del interés superior de la niñez.

En esta misma Cámara fue aprobada la ley general que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes y reconoce desde luego que hay que trabajar en muchas áreas y armonizar muchas leyes y normas, tanto federales como locales.

Las propuestas y esta ley habrá que reconocerlo, tuvo la participación, respaldo de muchas organizaciones de la sociedad civil, decentes, podemos decir hasta puede ser que cientos por las que participaron con opiniones, y es de reconocer su labor en esta aportación.

Las modificaciones, compañeras, compañeros legisladores, que se están proponiendo en este proyecto de decreto son muy relevantes. La que se refiere a agilizar los mecanismos de adaptación. Actualmente hay alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes en espera de tener una familia, los trámites que existen son muy engorrosos, muy tardados y la propuesta que se hace pretende agilizarlos para que la niñez viva en un entorno de felicidad, de mayor atención a sus derechos y necesidades.

Hemos visto con aceptación de los demás y las demás integrantes de la Comisión, el que se proteja el interés incluso en los tiempos en los que se estaría siendo proclive a ser adoptada una niña, un niño o un adolescente. Se planteaba originalmente en la propuesta que fuera de 60 días, se está ampliando para que, a juicio de los procuradores o procuradoras de cada entidad, se revise si hay los elementos de certeza para ello.

También se está ampliando el plazo para que sean las procuradurías quienes den los certificados de idoneidad a los solicitantes de adopción, a doble de como venía la propuesta, y eso es un avance muy importante.

Hay compañeras, compañeros, quienes nos observan por el Canal del Congresos, de esos 30 mil niñas, niños y adolescentes la mayoría, habrá que decirlo, tiene más de cinco años y quienes presentan una solicitud están buscando en un 99 por ciento que sean menores, que sean de meses y que tengan hasta cuatro años. Entonces vale la pena hacer un señalamiento para hacer un llamado a la sociedad, para que también pensemos en quienes tienen cinco o seis, o hasta 17 años, que necesitan seguir estudiando.

En cuanto a la segunda propuesta, el segundo dictamen tiene que ver con una necesaria articulación entre el organismo que se encarga de atender a los refugiados, que es la Comar, con el sistema DIF y también desde luego con el Instituto Nacional de Migración.

Existe una propuesta en el Reglamento de la Ley de Derechos de la Niñez, sin embargo, al ser un asunto de interés público a presentarse en diferentes entidades de la República, consideramos que debe estar en esta ley para que sea de acatamiento general en todo el país.

Lo van a agradecer los más de cinco mil niñas y niños centroamericanos y de nuestro país que atraviesan por nuestro territorio, buscando llegar a Estados Unidos y muchos de ellos van sin compañía, van a agradecer que establezcamos este protocolo de atención.

De tal forma, compañeras y compañeros legisladores, que nuestro grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor, porque estaremos con la reforma y la atención a los niños migrantes haciéndoles menos pesada su travesía por el territorio nacional y estaremos también atendiendo a los más de 30 mil niñas, niños y adolescentes que están en espera de adopción, haciéndoles posible que estén lo más pronto en un hogar que les garantice el pleno ejercicio de sus derechos y, desde luego, que aspiramos a que sea en un entorno de felicidad. Muchas gracias, es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández.

Saludamos la presencia de alumnos y docentes del Cecytem, plantel Nezahualcóyotl, invitados por el diputado José Santiago López, e igualmente saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Preparatoria Centro Universitario Zinacantepec, del Estado de México, invitados por la diputada Olga María Esquivel Hernández. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría:Compañeras y compañeros diputados, las niñas y los niños no solamente tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino también tienen derecho a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación, y a un entorno seguro.

El primer ámbito de protección del niño debe ser la familia. Sobre este tema, el plan de acción de la Cumbre Mundial en Favor de la Niñez prevé que para que su personalidad se desarrolle plena y armónicamente, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de alegría, amor y comprensión.

Por lo tanto, todas las instituciones de la sociedad deben respetar los esfuerzos que hacen los padres y otras personas para atender y cuidar a los niños en un ambiente familiar y dar todo el apoyo a esos esfuerzos que se realizan.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 20, numeral 1: Los niños temporal o permanentemente privados de un entorno familiar y cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado.

En este orden de ideas, el dictamen que hoy votamos busca, precisamente, que los derechos y el orden de gobierno establezcan políticas para que niñas, niños y adolescentes permanezcan en un entorno familiar y, en su caso, sean atendidos a través de medidas especiales de protección.

Coincidimos con las reformas a la ley que se proponen en el dictamen, porque se asume que las niñas y los niños que se ven privados de un entorno familiar tienen derecho a la protección, a la asistencia y a los cuidados alternativos especiales.

Este es el punto de partida para armonizar el marco legal en la materia, con lo dispuesto por los ordenamientos internacionales que nuestro país ha asignado. En este sentido, queremos resaltar otros beneficios del dictamen que hoy votaremos.

Busca que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo sean reintegrados con su familia y en su defecto sean incorporados a una familia mediante la adopción, a través de un procedimiento seguro y ágil.

Segundo. También se pretende dar certeza jurídica a expósitos y abandonados para ser reintegrados a sus núcleos familiares o, en su defecto, ser adoptados.

Tercero. Se propone que se investigue el origen de niñas, niños y adolescentes para reintegrarlos a su medio familiar, siempre que ello no represente un peligro.

Y por último, algo muy importante, se impulsa un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente, mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos.

Aún más, con las reformas a la ley que se proponen, se tendrán que establecer parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en todas las entidades federativas.

También se pretende que ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena, la cual será irrevocable y en el proceso deberá anteponerse el interés superior de la niñez.

Amigas y amigos diputados, en Acción Nacional hemos insistido en que una política social justa no debe pretender la sustitución de la familia por el Estado. Sin embargo, reconocemos que si las familias no cumplen con la función de garantizar el desarrollo individual de sus integrantes el Estado y la sociedad deben asumir la protección en un periodo vulnerable de la infancia. De manera que se garantice el apoyo a las niñas, niños privados de este medio familiar. También un adecuado nivel de salud, el acceso y la permanencia en la educación, así como la recreación, esparcimiento y descanso.

El respeto integral a su dignidad es muy importante, y especialmente a la protección contra la explotación y el abuso.

Debemos actuar bajo la presunción de que la separación de las niñas y los niños de su familia, en caso de ser necesaria, debe ser temporal e ir acompañada de todos los esfuerzos posibles para que el niño pueda volver a incorporarse a un entorno familiar.

Por eso la importancia de que si esto no es posible, la ley debe garantizar que las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar deben ser incorporados a una familia a través de una adopción plena y de esa manera garantizar su desarrollo integral.

Es muy importante el dictamen que hoy vamos a votar y prevé una situación familiar para los niños que nunca la han tenido, y una posibilidad para todas aquellas parejas que han estado años y años tratando de adoptar a un pequeño. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Matesanz.

Saludamos la presencia de integrantes del club de la tercera edad, Grupo Alegría de Vivir, de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, amigas y amigos. Tiene ahora la palabra la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez:Con su permiso, presidente. Prometo ser breve, compañeros diputados. Con el permiso de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar adelantadamente a nuestros niños de México, por su día.

Y quiero invitar a mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores a trabajar por ellos, por los más de 40 millones de niñas y niños de nuestro país y dedicar nuestros esfuerzos en la construcción de un entorno más favorable por medio del diálogo y la acción legislativa.

Asimismo, quiero invitar al a ciudadanía en vísperas de esta día a reflexionar, a tomar en consideración las acciones y omisiones, ya que la formación y el ejemplo que les damos a nuestros niños es la base de los valores de los ciudadanos del mañana.

Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la adopción es una herramienta que permite devolver a nuestras niñas y niños su derecho a vivir en familia y que, a su vez, les permitirá tener una mejor calidad de vida.

Desafortunadamente, no existe una homologación de criterios para realizar este trámite, que en algunas entidades federativas es lento y burocrático, y eso tenemos que reconocerlo. Pero a través de estas adiciones y modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dará claridad y certidumbre a las personas adoptantes, a las instituciones, pero sobre todo se protegerá el interés de nuestros niños y niñas de México.

Consideramos que esta propuesta permitirá reducir el número de mayores de edad que actualmente viven en desamparo familiar y a través de un marco normativo que perfeccione los procesos de adopción y que, a su vez, les asegure que vivirán en un ambiente de afecto, de seguridad moral y también material.

Por esto los diputados del PRI votaremos a favor de los presentes dictámenes. Quisiera concluir mi participación reconociendo a los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, especialmente a mi amiga la diputada Daniela de los Santos, que con su esfuerzo, la suma de voluntades de todos, impulsamos este gran proyecto.

Cierro con esta frase y espero que todos la tengamos en cuenta, sobre todo en estos días: “El vínculo que une a una familia no es la sangre, sino el respeto y la alegría mutua”. Vamos todos juntos por nuestros niños de México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gamboa. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les recuerdo que vamos a votar dos dictámenes sucesivamente, para que no se ausenten, aunque sea por unos minutos, pero no lo hagan de aquí del salón de sesiones, porque en el siguiente dictamen vamos a dar menos tiempo para la votación.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Falta de votar algún diputado, alguna diputada –por favor–? Correcto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y si falta ya ni modo.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 441 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 441 votos –unanimidad de los presentes– el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 67, 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones plantadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 29 de marzo del 2016, las diputadas Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Matesanz Santamaría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y Daniela de los Santos Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

Sustentan su iniciativa en que de conformidad con la Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959, la protección especial que necesitan los niños y niñas para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y socialmente, en condiciones de libertad y dignidad, implica su debida protección legal.

Los menores de edad son la población más vulnerable de nuestra sociedad y bajo esa tesitura el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta ley, resultado de la suma de voluntades de todas las fuerzas políticas que tienen representación en el H. Congreso de la Unión, una vez más llama nuestra atención para brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes que viven en desamparo familiar.

Al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional hizo un diagnóstico con proyecciones estadísticas sobre el aumento del número de niños en desamparo familiar e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el número de niños en casas hogar era de 28 mil 107, estimando que en 2010 se tendrían a 29 mil 310 y para el 2040 se llegaría al clímax con una población de 33 mil 242 niñas, niños y adolescentes.

A 2015, el Centro de Estudios de Adopción, publicó que el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país rondaba ya 30 mil 368.

En el contexto descrito, la adopción se ha convertido en un tema de gran relevancia, pues como señala la psicoanalista, especializada en niñez y voluntaria del Unicef Sofía Azar, “Si de por sí ya es difícil que los bebés sean adoptados, mucho más lo es cuando el menor pasa de los cuatro años, al llegar a la adolescencia lamentablemente existe 99 por ciento de posibilidad de no poder formar parte de una familia. Para la mayoría de edad, no les quedará más que salir el mundo y revelarse por sí solos, lo cual genera en muchas ocasiones problemas de conducta, debido a la soledad y al evidente abandono”.

Ésa es la preocupación que motiva la presente propuesta, misma que intenta construir una regulación cada vez más sólida y eficaz en materia de adopción, regida por el principio del interés superior de la niñez y basada en los siguientes instrumentos internacionales:

• Convención sobre los Derechos del Niño

Adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y señala que la familia es un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños.

• Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción

Adoptada el 29 de mayo de 1993 en La Haya, tiene como objetivo organizar la cooperación entre los Estados parte en materia de adopción internacional, para prevenir la venta y el tráfico de los infantes, mediante diversos controles y medidas en distintas etapas del procedimiento.

La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción en hogares de guarda, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/85, el 3 de diciembre de 1986, reafirma el principio sexto de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que, siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.

Dichos principios buscan que en todos los procedimientos de adopción y colocación en hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la consideración fundamental.

Respecto a las recomendaciones internacionales, destaca la del 8 de junio de 2015, en la cual el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señala que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera un marco para las adopciones aplicable a nivel federal y estatal; sin embargo, manifiesta su preocupación por que la ley no prohíbe de manera explícita la aún prevalente práctica de adopciones privadas, lo que implica un riesgo de beneficios financieros indebidos, incluyendo el riesgo de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados.

Por ende, el mencionado comité recomienda al Estado mexicano que las adopciones privadas sean explícitamente prohibidas y sancionadas; que se asegure la efectiva implantación de las disposiciones en materia de adopción contenidas en la referida ley a nivel federal y estatal; que se implementen reformas legales para establecer un sistema de registro de datos desagregados sobre las adopciones nacionales e internacionales.

La opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala: “Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo. Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés superior de aquél. Que para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas”.

Destacan que la presente iniciativa busca establecer los parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en las entidades federativas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena, la cual será irrevocable, y en el proceso deberá anteponerse el interés superior de la niñez.

Es el momento de reafirmar que la institución de la adopción se centra en la niñez, en sus derechos, aspiraciones y sueños, más que en fórmulas dogmáticas que se alejan de su interés superior.

En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 22, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y la fracción I del artículo 26, el párrafo primero y la fracción III del artículo 29, el párrafo primero y las fracciones I y V del artículo 30, los párrafos segundo y tercero del artículo 31 y la fracción II del artículo 111; se recorren en su orden los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 31 para ser los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del propio artículo; y se adicionan los párrafos sexto a décimo del artículo 26, las fracciones VI y VII al artículo 30, los artículos 30 Bis, 30 Bis 1, 30 Bis 2, 30 Bis 3, 30 Bis 4, 30 Bis 5, 30 Bis 6, 30 Bis 7, 30 Bis 8, 30 Bis 9, 30 Bis 10, 30 Bis 11, 30 Bis 12, 30 Bis 13, 30 Bis 14 y un párrafo octavo al artículo 31; todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a V. ...

Artículo 2. ...

I. a III. ...

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.

...

...

...

...

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.

...

Artículo 6. ...

I. a XII. ...

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;

XIV. La accesibilidad; y

XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.

Artículo 22. ...

...

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;

II. a V. ...

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo.

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos.

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez aldeterminar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción.

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo social, constancias fotográficas, testimoniales, de video o cualquier medio donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. y II. ...

III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección Federal. También se llevará un registro de las familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas.

Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente:

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo;

II. a IV. ...

V . Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de origen para renunciar a la niña, el niño o el adolescente; y

VII. En la medida de sus posibilidades, las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, deberán contar con al menos un juzgado especializado en adopción.

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas, valores o cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias en que lo hubiere hallado.

Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de indefensión o desamparo familiar notificarán de inmediato a la Procuraduría de Protección correspondiente.

Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados expósitos o abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos o se tenga información que permita conocer su origen. El término de sesenta días naturales correrá a partir de la fecha en que se informe del acogimiento al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas de la Entidades o a las Procuradurías de Protección, según corresponda. Se considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará abandonado.

Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con los centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente.

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección correspondiente levantará un acta circunstanciada y a partir de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción.

Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe

I. La adopción de la niña o el niño no nacido y la promesa de adopción;

II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con esta ley;

III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes;

IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la adopción; con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés superior de la niñez;

V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción;

VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;

VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción;

VIII. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio entre el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes;

IX. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o concubinos, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos;

X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera al niño como valor supletorio o reivindicatorio; y

XI. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo.

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento que realice la Procuraduría de Protección o el sistema DIF competente, mediante los reportes subsecuentes y otras medidas que se establezcan para ello, respetando el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y valores.

Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección o el sistema DIF correspondiente tomará las medidas necesaria para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos.

Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que

I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;

II. Sean expósitos o abandonados;

III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las Procuradurías de Protección, y

IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las entidades o ante la Procuraduría de Protección correspondiente.

En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad.

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en la reglamentación correspondiente.

Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales.

Artículo 30 Bis 6. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a solicitantes mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las internacionales.

Artículo 30 Bis 7. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados que tengan bajo su custodia adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los servicios de atención que les permitan una óptima inclusión al entorno social.

Artículo 30 Bis 8. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante el juez que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en su caso, el adolescente sujeto de adopción.

Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la adopción ante el juez.

En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, deberá expresar la causa, misma que el Juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez.

Artículo 30 Bis 9. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente.

Artículo 30 Bis 10. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección, dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal.

En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar.

Artículo 30 Bis 11. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva familia y entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con la Procuraduría de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos cada seis meses durante los tres años posteriores a la adopción.

Artículo 30 Bis 12. En caso de que el adoptante sea extranjero con residencia permanente en el territorio nacional, las autoridades competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, la comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional.

Artículo 30 Bis 13. La adopción en todo caso será plena e irrevocable.

Artículo 30 Bis 14. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de Protección Federal celebrarán los convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con sus pares locales o con las autoridades que se requiera.

Artículo 31. ...

Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a que la adopción internacional pueda tener lugar, las autoridades competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente son susceptibles de adopción.

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del país de que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan dictado, en términos del tratado internacional en la materia.

...

...

...

...

Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar cualquier información que dispongan relativa a niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así como de sus orígenes.

Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social:

I. ...

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se trate, que a su vez remitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al Sistema DIF de la entidad correspondiente;

III. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones normativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de adopción se ajustarán al presente decreto a partir de su entrada en vigor.

Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este decreto en todo aquello que beneficie al interés superior de la niñez.

Tercero. El Poder Ejecutivo federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la república realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un reglamento especial en materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Como una acción afirmativa, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 4 de esta ley, así como en las fracciones XIV y XX del mismo artículo, el Sistema Nacional DIF convocará a los sistemas de las entidades a una reunión que tendrá como único objetivo actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad.

Lo anterior, a fin de que cada uno de los sistemas DIF realice lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes comiencen su respectivo proceso de adopción o de acogimiento preadoptivo en la entidad federativa que más favorezca su interés superior y se reduzca al máximo su estancia en centros de asistencia social o en familias de acogida.

Quinto. Niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentren acogidos en instituciones públicas o privadas, respecto de los cuales el sistema DIF de que se trate, o la procuraduría de protección correspondiente, pueda dar constancia de su condición de expósito o abandonado conforme a lo dispuesto en el artículo 30 Bis 1, serán sujetos de adopción a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. La iniciativa en comento tiene como fin extender la protección especial que el Estado mexicano brinda mediante la legislación general a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, particularmente a aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización.

En este sentido, los proponentes destacan la relevancia que puede tener un marco jurídico general que potencialice la adopción como un medio para garantizar el interés superior de la niñez alineado a instrumentos como: la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce que la familia es el medio idóneo para el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad; la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/85, que reafirma que el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; la Recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto a nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que no prohíbe de manera explícita la práctica de adopciones privadas ni establece un sistema de registro de datos desagregados sobre las adopciones nacionales e internacionales; la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana del 28 de agosto de 2002, respecto a la responsabilidad del Estado de apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural.

Conforme a ello, las diputadas y diputados proponentes sintetizan los objetivos de la iniciativa de la siguiente manera:

• Que los diversos órdenes de gobierno establezcan políticas para que niñas, niños y adolescentes permanezcan en su entorno familiar y, en su caso, sean atendidos a través de medidas especiales de protección.

• Que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia y, en su defecto, sean incorporados a una familia mediante la adopción a través de un procedimiento seguro y ágil.

• Que los sistemas DIF mantengan estrecha comunicación, intercambiando información, a efecto de materializar el derecho a vivir en familia.

• Que se dé certeza jurídica a expósitos y abandonados para ser reintegrados a sus núcleos familiares o, en su defecto, ser adoptados.

• Que se investigue el origen de niñas, niños y adolescentes para reintegrarlos a su núcleo familiar siempre que ello no les represente un riesgo.

• Que integrado el expediente, la autoridad competente emita su opinión para la expedición del certificado de idoneidad en un plazo máximo de 45 días naturales.

• Que exista un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos.

• Que se establezca de forma expresa que la adopción es plena e irrevocable.

• Que los dictámenes de idoneidad tengan validez en todo el territorio nacional, independientemente del lugar donde hayan sido expedidos.

• Que los expósitos o abandonados no requieran un juicio de pérdida de patria potestad para poder ser adoptados.

• Que se establezcan parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en las entidades federativas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena, la cual será irrevocable, y en el proceso deberá anteponerse el interés superior de la niñez.

• Que se reafirme que la institución de la adopción se centra en la niñez, en sus derechos, aspiraciones y sueños, más que en fórmulas dogmáticas que se alejan de su interés superior.

Tercero. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Cuarto.De conformidad con la información disponible a la fecha, en 2014 existían aproximadamente 30 mil menores de edad en 700 centros de asistencia social; sólo 1734 solicitudes de adopción, de las cuales concluyeron efectivamente 822, concentrándose el 61% en 9 entidades; la mayor cantidad de solicitudes de adopción se enfoca en menores de 5 años. Derivado de ello, se distinguen situaciones como: la falta de información confiable y la sistematización oficial de datos para determinar la relación que existe entre el número de menores de edad institucionalizados y quienes son susceptibles de adopción por su situación jurídica; la poca cantidad de solicitudes de adopción y la concentración de procesos concluidos en algunas entidades de la República, lo que evidencia disparidad legal o administrativa; así como el riesgo que significa contar con procesos que ocasionan largos periodos de institucionalización, pues la edad de las niñas, niños y adolescentes es un factor determinante para sus posibilidades de ser adoptados.

Quinto.Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con lo expuesto en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño respecto a que éste, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, particularmente quienes viven en condiciones excepcionalmente difíciles. Por ello, compartimos la preocupación respecto a la legislación relativa a las medidas especiales de protección que requieren niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar, especialmente aquellas destinadas a garantizar el derecho a desarrollarse y crecer en familia como parte fundamental de su interés superior.

En este sentido, consideramos que la institución de la adopción es una herramienta con el potencial para convertirse en el medio idóneo que garantice el derecho de esas niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, dejando de ser una institución que atiende a la necesidad de las personas para convertirse en padres o que está supeditada a la pérdida de patria potestad más que al interés superior de la niñez, en oposición al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, mismo que dispone la obligación de los Estados que reconocen y/o permiten la adopción de cuidar que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Sexto.Analizado el marco jurídico contenido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de conformidad con el artículo 20 de la convención sobre los Derechos del Niño respecto a la obligación del Estado de proporcionar protección especial a los niños privados de su medio familiar, consideramos que es posible extender los alcances de dicha ley como un medio para garantizar el derecho a vivir en familia, subsanando las deficiencias referidas por los organismos internacionales y adicionando una estructura legal que guíe los procesos de adopción en todo el país, tanto en el ámbito administrativo y legal, como en el judicial.

Séptimo.Se considera que las autoridades administrativas y jurisdiccionales del país deben disponer de un marco jurídico que les permita realizar las acciones conducentes a efecto de que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar vean restituido su derecho a vivir en familia, conforme al principio del interés superior de la niñez, mediante el fortalecimiento de las medidas especiales de protección que ya contiene la ley en comento.

Para ello, inicialmente es preciso brindar certeza jurídica respecto a la calidad de expósito o abandonado, así como a su susceptibilidad de ser adoptados sin mediar juicio de pérdida de patria potestad. Además, se considera pertinente armonizar el término con que cuentan las autoridades correspondientes para emitir los certificados de idoneidad a los solicitantes una vez que han integrado sus expedientes y para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad. Respecto a la homologación reglamentaria, es deseable que existan a nivel nacional requisitos y procedimientos administrativos eficaces construidos en base a experiencias exitosas de los diferentes sistemas DIF y de las Procuradurías de Protección.

Finalmente, resulta trascendental que el Sistema DIF nacional realice lo conducente a efecto de contar con un registro actualizado y fehaciente de niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción en proceso, así como aquellos que hayan obtenido certificado de idoneidad, lo que permitirá dar mayor efectividad al contenido de esta reforma en materia de validez territorial respecto a los certificados de idoneidad y a la posibilidad de que los procesos administrativos y jurisdiccionales se realicen en cualquiera de las entidades federativas.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones, de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único.Se reforman la fracción I del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 22, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y la fracción I del artículo 26, el párrafo primero y la fracción III del artículo 29, el párrafo primero y las fracciones I y V del artículo 30, los párrafos segundo y tercero del artículo 31 y la fracción II del artículo 111; se recorren en su orden los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 31 para ser los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del propio artículo; y se adicionan los párrafos sexto a décimo del artículo 26, las fracciones VI y VII al artículo 30, los artículos 30 Bis, 30 Bis 1, 30 Bis 2, 30 Bis 3, 30 Bis 4, 30 Bis 5, 30 Bis 6, 30 Bis 7, 30 Bis 8, 30 Bis 9, 30 Bis 10, 30 Bis 11, 30 Bis 12, 30 Bis 13, 30 Bis 14, 30 Bis 15 y un párrafo octavo al artículo 31; todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a V. ...

Artículo 2. ...

I. a III. ...

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.

...

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...

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.

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Artículo 6. ...

I. a XII. ...

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;

XIV. La accesibilidad; y

XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.

Artículo 22. ...

...

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;

II. a V. ...

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo.

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos.

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez al determinar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción.

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. y II. ...

III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección Federal. También se llevará un registro de las familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas.

Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente:

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo;

II. a IV. ...

V. Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de origen para renunciar a la niña, el niño o el adolescente; y

VII. Las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, garantizarán que los procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley.

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas, valores o cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias en que lo hubiere hallado.

Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de indefensión o desamparo familiar notificarán de inmediato a la Procuraduría de Protección correspondiente.

Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados expósitos o abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos o se tenga información que permita conocer su origen. El término de sesenta días naturales correrá a partir de la fecha en que se informe del acogimiento al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas de la Entidades o a las Procuradurías de Protección, según corresponda. Se considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará abandonado.

Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con los centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente.

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección correspondiente levantará un acta circunstanciada y a partir de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción.

Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe

I. La adopción de la niña o el niño no nacido y la promesa de adopción;

II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con esta ley;

III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes;

IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la adopción; con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés superior de la niñez;

V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción;

VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;

VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción;

VIII. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio entre el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes;

IX. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o concubinos, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos;

X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera al niño como valor supletorio o reivindicatorio; y

XI. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo.

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento que realice la Procuraduría de Protección o el sistema DIF competente, mediante los reportes subsecuentes, respetando el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y valores.

Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección o el sistema DIF correspondiente tomará las medidas necesaria para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos.

Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que

I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;

II. Sean expósitos o abandonados;

III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las Procuradurías de Protección, y

IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las entidades o ante la Procuraduría de Protección correspondiente.

En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad.

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en la reglamentación correspondiente.

Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales.

Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá de 90 días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación de la demanda.

Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles para la entrega de tal expediente al juzgado de la materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 bis5 de la presente Ley.

Artículo 30 Bis 7. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a solicitantes mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las internacionales.

Artículo 30 Bis 8. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados que tengan bajo su custodia adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los servicios de atención que les permitan una óptima inclusión al entorno social.

Artículo 30 Bis 9. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante el juez que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en su caso, el adolescente sujeto de adopción.

Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la adopción ante el juez.

En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, deberá expresar la causa, misma que el Juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez.

Artículo 30 Bis 10. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente.

Artículo 30 Bis 11. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección, dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal.

En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar.

Artículo 30 Bis 12. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva familia y entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con la Procuraduría de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos cada seis meses durante los tres años posteriores a la adopción.

Artículo 30 Bis 13. En caso de que el adoptante sea extranjero con residencia permanente en el territorio nacional, las autoridades competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, la comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional.

Artículo 30 Bis 14. La adopción en todo caso será plena e irrevocable.

Artículo 30 Bis 15. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de Protección Federal celebrarán los convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con sus pares locales o con las autoridades que se requiera.

Artículo 31. ...

Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a que la adopción internacional pueda tener lugar, las autoridades competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente son susceptibles de adopción.

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del país de que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan dictado, en términos del tratado internacional en la materia.

...

...

...

...

Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar cualquier información que dispongan relativa a niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así como de sus orígenes.

Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social:

I. ...

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se trate, que a su vez remitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al Sistema DIF de la entidad correspondiente;

III. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones normativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de adopción se ajustarán al presente decreto a partir de su entrada en vigor.

Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este decreto en todo aquello que beneficie al interés superior de la niñez.

Tercero. El Poder Ejecutivo federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la república realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un reglamento especial en materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Como una acción afirmativa, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 4 de esta ley, así como en las fracciones XIV y XX del mismo artículo, el Sistema Nacional DIF convocará a los sistemas de las entidades a una reunión que tendrá como único objetivo actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad.

Lo anterior, a fin de que cada uno de los sistemas DIF realice lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes comiencen su respectivo proceso de adopción o de acogimiento preadoptivo en la entidad federativa que más favorezca su interés superior y se reduzca al máximo su estancia en centros de asistencia social o en familias de acogida.

Quinto. Niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentren acogidos en instituciones públicas o privadas, respecto de los cuales el sistema DIF de que se trate, o la procuraduría de protección correspondiente, pueda dar constancia de su condición de expósito o abandonado conforme a lo dispuesto en el artículo 30 Bis 1, serán sujetos de adopción a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de abril de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Alvarez Maynez, Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Paloma Canales Suárez (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pero antes –perdón– me había pedido, antes de entrar a la votación del siguiente dictamen, para hacer un comentario, la diputada Eloisa Chavarrias en relación con el dictamen que acabamos de votar. Sonido en su curul por favor. Adelante, diputada.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas:Gracias, señor presidente. Únicamente para felicitar a todos los diputados que votaron a favor de esta ley y también a los que la han suscrito.

Yo quiero decirles que hablamos de que les cambiamos la vida a los niños, pero en mi experiencia propia puedo decir que también les cambian la vida a las personas adultas, a las que llevamos a cabo esa acción.

Yo quiero invitar a todos los que tengan la oportunidad de adoptar a un niño, de que le den un hogar, pero la vida también les va a cambiar a ellos. Nosotros decimos que los niños aprender lo que viven. Si nosotros les damos amor a los niños, van a ser unos niños amorosos de grandes y vamos también a ir acabando con esta delincuencia porque los niños que son maltratados y que sufren, son unos delincuentes en potencia. Muchísimas gracias. Soy una mujer muy feliz.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chavarría; muy sensibles sus palabras, por supuesto. Proceda, continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les informo que vamos a continuar, al término de esta votación, con un dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que estuvo largamente procesándose, contiene alguna adenda de la que se dará cuenta en la fundamentación del dictamen, y entendemos que viene con un consenso que permitirá que prácticamente pasemos, después de la fundamentación, a la votación correspondiente, para que no se nos vayan a ausentar, aunque sea por unos minutos a ocupar su tiempo en otras labores.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar, por favor? El licenciado Eukid, adelante, lo estamos esperando, no hay problema. A la hora que quiera, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada de que a la hora que quiera. No lo vamos a esperar mucho tiempo.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: No hay problema diputado. Aquí estamos a la merced. ¿Algún otro diputado, alguna otra diputada? Adelante diputada, sigue abierto el sistema.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Córrale, que le hace bien por la salud.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar? Muy bien. Adelante, licenciado Ramírez Marín, desde luego, a usted más.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Como que desde luego? Ah, porque es el vicecoordinador.

Aquí viene otro diputado, y otro más. No hay problema.

No les de aire, cómo que no hay problema. Pues si están esperando a toda la asamblea.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación el electrónico. Señor presidente, se emitieron 431 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Súmese el voto del diputado Liborio Vidal, a favor, entiendo, ¿no? Sí. Entonces 432, okey. Aprobado en lo general y en lo particular por 432 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. La diputada Chavarrias, qué me quería decir, perdón.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas (desde la curul): Fue a favor mi voto, pero no se reflejó en la pantalla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Agregamos un voto más. Lo verificaremos. La diputada igual. Ya se había cerrado, diputada, no nos quiera vacilar. La diputada Yarith Tannos también, a favor, supongo, entiendo.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Sí, a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Entonces un voto más para que se consigne en el acta correspondiente, en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 213 Bis y se reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

Primero. Con fecha quince de diciembre de dos mil quince, la Diputada Araceli Guerrero Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 213 Bis y reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Con fecha 15 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 63-II-2-260, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio No. CCC/LXIII/0320 de fecha 20 de enero de 2016 la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 17 de marzo de dos mil dieciséis, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Que la Iniciativa busca dotar de herramientas judiciales eficaces y eficientes que permitan a las Sociedades de Gestión Colectiva cumplir con su objeto y garanticen el respeto de los Derechos de Autor y en su caso, una retribución justa y digna para los creadores y titulares de derechos.

Tercero.Como antecedentes, la Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, expone que la regulación vigente en materia de protección a los derechos de autor se encuentra carente de medidas suficientes para inhibir de manera fehaciente la violación a éstos, dando como resultado la generación de un daño irreparable o la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas que permitan acreditar la existencia de la violación del derecho, motivo por el cual se necesita dotar de mayores y mejores recursos judiciales especializados en materia de derechos de autor, a efecto de que la explotación de las obras sea debidamente protegida y vigilada.

Que por lo anterior, es necesario dotar a los Titulares de derechos patrimoniales, así como a las Sociedades de Gestión Colectiva que los representan, con mejores y mayores herramientas judiciales que les permitan un ejercicio más eficiente de sus derechos ante las autoridades competentes y que concedan una impartición pronta y expedita de la justicia, evitando con esto la violación de los derechos de autor y como consecuencia la generación de un daño irreparable a los creadores.

La Diputada Guerrero Esquivel, refiere que actualmente ante la carencia de medidas particulares en la materia, los procesos se atienden conforme a las reglas judiciales generales, mediante procedimientos sumamente tardíos y aun cuando a través del desahogo de los mismos se obtienen sentencias favorables a los creadores o titulares de derechos, dichos mecanismos no pretenden evitar la violación de los derechos de autor, sino el resarcimiento de los daños causados, pero estos una vez obtenida una primera resolución requieren de un procedimiento de liquidación para hacer efectivos sus legítimos derechos, lo que genera la inversión prolongada de tiempo así como una erogación excesiva de recursos económicos, en perjuicio directo del bien jurídico tutelado; es decir, los derechos de los creadores y los titulares de derechos patrimoniales.

La Diputada resalta que tanto los Titulares de Derechos, como las Sociedades de Gestión Colectiva necesitan proteger sus derechos como autores titulares, ya sean nacionales o extranjeros, así como recaudar las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a favor, por ser éstas el sustento de los creadores o titulares se debe prever que es necesario dotar las herramientas judiciales eficaces y eficientes que permitan cumplir con su objeto a las Sociedades de Gestión Colectiva y garanticen el respeto de los derechos de autor y en su caso una retribución justa y digna para los creadores y titulares de derechos.

De acuerdo con la autora de la Iniciativa que se dictamina, las medidas propuestas en ésta, pretenden evitar la violación de los derechos de autor y podrán ser aplicadas una vez que se haya acreditado la titularidad de un derecho ante la inminente violación del mismo, evitando la discrecionalidad en la aplicación de criterios o normas jurisdiccionales locales o federales, lo que dará como resultado, una interpretación homogénea de la Ley Federal de Derecho de Autor en los procedimientos judiciales en que invoque la aplicación de tales medidas, velando por los intereses de los autores o creadores.

Que las reformas que se plantean, son complementarias además de los derechos exclusivos que ostentan los autores y titulares de derechos para autorizar o prohibir la representación, transmisión, radiodifusión y ejecución pública de sus obras por cualquier medio o procedimiento, establecidos actualmente en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Que hoy en día muchos pretenden realizar eventos masivos para la ejecución y/o comunicación pública de obras protegidas por la Ley y sin haber obtenido la autorización correspondiente, todo ello en menoscabo de los titulares de los derechos patrimoniales, la falta de herramientas o medidas judiciales adecuadas y especializadas en materia de derechos de autor, generan la imposibilidad práctica para evitar la violación de los derechos o para garantizar el resarcimiento de los daños causados por dichos eventos.

Que permitir la violación de tales derechos con la realización de los mismos, los coloca fuera del margen de la Ley, evadiendo con ello la responsabilidad de sus actos, por eso las medidas que se plantean son de orden preventivo, ante la violación a la Ley de los evasores, se desconoce todo, nombre, ubicación, estatus, situación jurídica, etc.

En esta Iniciativa, su autora hace referencia a diversas normas y tratados internaciones a fin de sustentar su propuesta.

En ellos se establecen preceptos para la salvaguarda y protección de los derechos humanos considerando a los derechos de autor parte de los mismos, por lo que nuestro país está obligado a adoptar las medidas necesarias que permitan evitar se cometa alguna infracción a los derechos patrimoniales y morales de los creadores.

Invoca la Diputada Guerrero, lo establecido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”

Invoca también lo expresado en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados de 1996 (EMCD) en la que se señala que “la participación de las personas en la vida cultural es un “Derecho Humano”, y el Estado está obligado a protegerlo y garantizarlo adecuadamente a través de los llamados derechos morales y patrimoniales”, que en otras palabras, el Derecho de Autor es elevado a la categoría de “derecho humano”.

Asimismo, refiere lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México es parte, entre los que destacan:

A. El Acta de París (artículos 11 y 11 Bis):

Artículo 11

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1o., la representación y ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos; 2o., la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11 Bis.

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar; 1o., la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; 2o., toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3o., la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonido o de imágenes de la obra radiodifundida.

T. VII. Propiedad Intelectual

2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1 anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida.

Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones.

Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

B. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8, 10 y 27 numeral segundo).

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 27

1. ...

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

C. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (artículo 1716).

Medidas precautorias

1. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

a) para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

a) el solicitante es el titular del derecho;

b) el derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y

c) cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.

3....

Manifiesta la promovente en la motivación de la Iniciativa que se dictamina, que las normas internacionales especializadas en materia de derechos de autor, establecen preceptos para la salvaguarda y protección de los derechos humanos considerando a los derechos de autor parte de los mismos, en consecuencia México, señala, está obligado a adoptar las medidas necesarias que permitan evitar se cometa alguna violación a los derechos patrimoniales y morales de todos los creadores, por lo que se hace necesario emitir una legislación especial en esta materia que evite la violación constante e inminente de los derechos tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor que impida ejecutar, transmitir, comunicar públicamente obras, sin autorización de los titulares de los derechos.

La Diputada señala que la imposición de medidas precautorias en materia de derechos de autor no es un tema nuevo, las medidas planteadas fueron consideradas en su momento en el Artículo 146 de la Ley Federal de derechos de autor de 1956, así como de la reformada y adicionada por decreto el 04 de noviembre de 1963, de la manera siguiente:

Artículo 146. Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletoria la Legislación común, cuando la Federación no sea parte. Los titulares del derecho de autor, sus representantes o las sociedades de autores, intérpretes o ejecutantes en su caso, legalmente constituidas, podrán solicitar de las autoridades judiciales federales o locales, en su caso, cuando no se hayan cubierto los derechos a que se refiere el artículo 79, las siguientes precautorias:

I. Embargo de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de celebrarse, durante ella o después.

II. Embargo de aparatos electromecánicos, y

III. Intervenciónde negociaciones mercantiles.

Estas providencias serán acordadas por la autoridad judicial, sin que sea menester acreditar la necesidad de la medida; pero deberá otorgarse, en todo caso, la suficiente garantía correspondiente.

Lo anterior refiriéndose a los derechos por el uso o explotación de obras protegidas cuando se realicen con fines de lucro.

La promovente señala que, aun cuando en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente se contempla que podrá ser aplicada de manera supletoria a la misma la legislación Mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando las acciones se ejerzan ante tribunales federales o la legislación común cuando las mismas se tramiten ante Tribunales del orden Local, tales preceptos dejan en desventaja a los particulares que deseen iniciar controversias ante el fuero local, en virtud de que en algunas legislaciones locales no se prevén medidas precautorias que permitan evitar la generación de la violación de sus derechos, como es el caso del Distrito Federal, dando como resultado que exista un trato desigual, dependiendo de la jurisdicción por la que se desee iniciar el procedimiento.

Esta ambigüedad respecto de la supletoriedad de la Ley de la materia según se desprende de lo señalado anteriormente, se deriva la necesidad de materializar una medida particular y especial en materia de derechos de autor que permita dar el mismo trato a todos los creadores, sin importar el tribunal o jurisdicción ante la que se acuda, dando la fuerza vinculatoria que tiene la Ley Federal del Derecho de Autor y a través de la cual se plantea que las medidas descritas en esta Iniciativa, podrán ser adoptadas de igual manera por los tribunales federales o del fuero común, garantizando así que el juzgador deberá adoptar las medidas planteadas en ella de manera expedita en virtud de la inminente necesidad de los creadores para evitar la violación a sus derechos.

Es por ello que propone agregar un artículo 213 Bis, que tiene por objeto brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permitan la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos, para evitar la generación de la violación de los mismos y que podrán aplicarse a solicitud de los creadores, autores, compositores y titulares de derechos patrimoniales o de las Sociedades de Gestión Colectiva que los representen.

Así como la adición de un párrafo al artículo 215, para facultar a los órganos jurisdiccionales, que serán responsables de establecer las medidas precautorias y bajo qué supuestos deberán aplicarse a fin de evitar la violación a los derechos de autor.

La autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que a través de estas características se justifica plenamente la adición de las medidas precautorias antes descritas, necesarias para actualizar dicho ordenamiento a la realidad que vive hoy nuestro país, lo anterior bajo el principio de garantizar y agilizar tanto el respeto de los derechos de autor, como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los Titulares por el uso o explotación por cualquier medio de obras o derechos protegidos en la misma legislación.

Asimismo, refiere que a mayor abundamiento y considerando que las regalías son la única remuneración económica que perciben los creadores por la explotación lucrativa de sus obras que realizan terceras personas, similares al salario que reciben los trabajadores por sus servicios, deben ser protegidos sus derechos por la Ley de la materia, al igual que por la Ley Federal del Trabajo cuyas disposiciones también son de orden público y de interés social. Considerando el interés público se proponen nuevas reglas procesales para que en todos los juicios en que se reclamen el pago de regalías, éstas sean debidamente garantizadas por quienes deban pagarlas, ya que se debe tomar en cuenta que éstas servirán para la satisfacción inaplazable de las necesidades más elementales de los creadores y titulares de derechos.

Cuarto.Esta dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos contenidos en la Iniciativa que se dictamina, ya que se trata de dotar de mayor certeza jurídica a los titulares de derechos y a las Sociedades de Gestión Colectiva, con la finalidad de ejercer acciones que eviten su violación o garanticen el pago de los mismos de manera más eficiente.

Se trata de incorporar las herramientas idóneas que contribuyan a una justicia pronta y expedita, así como a inhibir la violación de los derechos de autor. En la actualidad, los procesos relacionados se atienden mediante procedimientos lentos y aunque los creadores o titulares obtengan sentencias favorables, para lograr el resarcimiento de los daños ocasionados, implican un procedimiento posterior de liquidación para hacer efectivos sus derechos, que implica invertir tiempo y erogación de recursos económicos.

Por ello, se estima procedente y viable a la luz de la normatividad aplicable, la propuesta de adición de un Artículo 213 Bis a la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que se garantizaría con medidas precautorias determinadas por la autoridad competente, el respeto de los derechos de autor, así como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los Titulares por el uso o explotación por cualquier medio, de obras o derechos que se encuentran protegidos en la propia legislación.

Quinto.Del mismo modo, esta dictaminadora considera pertinente realizar las siguientes modificaciones al texto propuesto por la legisladora:

a) La adición de un artículo 213 bis y la denominación “Distrito Federal”

Esta modificación atiende a lo previsto en el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, el cuál fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, por lo que se considera pertinente homologar la denominación de la Entidad Federativa y cambiar las palabras Distrito Federal por Ciudad de México.

b) La adición de un artículo 213 bis y la palabra “públicas”

A efecto de homologar los conceptos a los que se refieren las fracciones del presente artículo y con el objeto de evitar un abuso de este contra particulares en eventos sin fines de lucro, se considera necesario respetar lo especificado por el artículo 16, fracción IV, de la misma ley:

“IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cualquier medio, a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro”

Por lo anteriormente expuesto se agrega la palabra ‘públicas’.

c) La adición de un último párrafo al artículo 213 bis.

Nuevamente, con el objetivo de evitar un uso desmedido y/o inadecuado de este artículo, se prioriza el uso de medidas conciliatorias entre particulares previas a la acción del sistema judicial y se considera necesario que primeramente el titular del derecho de aviso al infractor de la posible violación a sus derechos. Del mismo modo se considera pertinente un tiempo de 72 horas para que en caso de no llegar a un acuerdo, el afectado cuente con el tiempo suficiente para solicitar la intervención judicial.

Sexto.Asimismo, esta Comisión Dictaminadora, comparte con la autora de la Iniciativa, que el derecho de autor es un derecho humano reconocido en la legislación mexicana y en instrumentos internacionales suscritos por México, como el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Precisamente, en el ámbito de la legislación nacional, el 24 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal del Derecho de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional, en cuyo artículo 1 establece como objeto de la Ley la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

La misma Ley en su artículo 11 establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en su artículo 13, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Asimismo, señala en sus artículos 18, 19 y 20, que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable; y que corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos.

Así también, que en ausencia del creador de la obra o sus herederos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la multicitada Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo 21, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.

En este contexto, el artículo 21 establece que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

En relación con los derechos patrimoniales, se establece en los artículos 24, 25, 26 y 26 Bis, que en virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

Que el derecho de autor es irrenunciable y que el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados.

Y gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio.

La Dictaminadora considera que es consistente con este marco regulatorio del derecho de autor, la adición que propone en su Iniciativa la Diputada Araceli Guerrero Esquivel de un párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para que los titulares del derecho, sus representantes o las Sociedades de Gestión Colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos, puedan solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de medidas precautorias que prevea la referida Ley.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 213 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 215 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 213 Bis y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 213 Bis. Los titulares de los derechos reconocidos por esta Ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen podrán solicitar a los Tribunales Federales o Tribunales de los Estados o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta Ley, tales como:

I. La suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas.

II. El embargo de las entradas o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación o ejecución públicas;

III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución públicas.

IV. Embargo de la negociación mercantil.

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberá exhibir garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley. Estas medidas perderán vigencia con el cumplimiento de la obligación.

Al menos setenta y dos horas antes de presentar la solicitud judicial, el titular deberá dar aviso por escrito al posible infractor de la violación a sus derechos.

Artículo 215. ...

Los titulares del derecho, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos, podrán solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de las medidas precautorias previstas en esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2016.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados: Santiago Taboada Cortina (rúbrica), presidente; Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Araceli Guerrero Esquivel, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez (rúbrica), Carlos Gutiérrez García, secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), José Luis Sáenz Soto, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Lluvia Flores Sonduk, Karen Hurtado Arana (rubrica), José Santiago López (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada María Angélica Mondragón Orozco, de conformidad con nuestro Reglamento.

La diputada María Angélica Mondragón Orozco:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Saludo a ms compañeras diputadas y a mis compañeros diputados. Saludo a todas las personas que nos visitan el día de hoy, a mi familia presente. Saludo a todas las personas que nos ven a través del Canal del Congreso.

México lindo y querido, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Fragmento de Chucho Monge.

A nombre de las diputadas y de los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía hago uso de la palabra para expresar nuestro voto a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Esta reforma busca dar certeza jurídica a los titulares de los derechos de autor y de sus representantes, o las sociedades de gestión colectiva, para que puedan solicitar a los tribunales federales y a los tribunales de estados y/o de la Ciudad de México el otorgamiento y ejecución de las medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación de sus derechos patrimoniales.

Históricamente ha sido una necesidad el proteger y salvaguardar los derechos creativos del ser humano, de la misma manera se busca dar puntual cumplimiento a lo dispuesto en los distintos tratados internacionales de los cuales México es parte.

Por mencionar algunos de ellos, como lo son la Convención de París, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mediante los cuales establecen, entre otras, la necesidad de que los diferentes países cuenten con las condiciones suficientes que les permita evitar la violación a los derechos de propiedad intelectual, así como también el respeto a ejercer libremente cualquier recurso a fin de amparar sus derechos fundamentales, que desde luego deben ser sujetos de dicha protección y es a través de este tipo de ordenamientos jurídicos el método idóneo para incentivar la creación de nuevas obras.

Quiero destacar el trabajo de mi amigo el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, al diputado Santiago Taboada Cortina, a quien le reconozco y agradezco por la conducción íntegra dentro de la Comisión, para el bien de la cultura de nuestro país. Así también, reconozco a todas y todos mis compañeros integrantes de esta Comisión, por el trabajo arduo y expedito para lograr los consensos necesarios y sacar adelante esta iniciativa y las reformas que benefician a este país.

Los legisladores de esta Comisión tenemos la responsabilidad de atender las necesidades de la comunidad creativa, tenemos en nuestro quehacer legislativo el dar certeza a los derechos de las obras generadas por nuestros creadores.

Cabe mencionar que las relaciones institucionales entre las sociedades de gestión colectiva y los grandes usuarios han podido hacerse más sólidas al buscar una redacción que garantice los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de unos y otros, así como el reconocimiento a los derechos de autor y el respeto al marco legal que los protege.

Estamos cumpliendo con nuestra gran labor como legisladores dotando de certeza jurídica a los titulares, desde el autor más nuevo hasta la micro y pequeña empresa que realizan ejecución pública en sus locales comerciales.

En un Estado de derecho las leyes deben aplicarse para todas y todos en cualquier ámbito y en cualquier esfera, con la finalidad de ejercer acciones que eviten su violación o garanticen el pago de los mismos de manera más eficiente, buscando consolidar una cultura de la legalidad.

Por ello, se estima procedente y viable aprobar dicho dictamen para garantizar con las medidas precautorias determinadas por la autoridad competente, el respeto de los derechos de autor, así como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los titulares por el uso o explotación por cualquier medio.

Protejamos a través de la legislación a nuestra sociedad, a la cual nos debemos, a los creadores, los músicos, los artistas, en un marco que exige y demanda legalidad. Por lo expuesto, los resolutivos quedan de la siguiente manera:

Artículo 213 Bis. Los titulares de los derechos reconocidos por esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen podrán solicitar a los tribunales federales y/o tribunales de los estados y/o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta ley.

I. La suspensión de la representación, comunicación y/o ejecución públicas;

II. El embargo de las entradas y/o ingresos que se obtengan, ya sea antes o durante la representación, comunicación y/o ejecución públicas;

III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución públicas;

IV. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar violación a los derechos de autor, se decretará el embargo de la negociación mercantil.

Artículo 215. Los titulares del derecho de autor...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tranquilos, tranquilos. Perdón, diputada, espéreme diputada, espéreme, una disculpa. Pero está la diputada precisando el sentido en el que se hicieron modificaciones que se acordaron en el seno de la comisión y es importante que sean consideradas por la asamblea, por eso estamos siendo flexibles.

La diputada María Angélica Mondragón Orozco: Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputada, por favor.

La diputada María Angélica Mondragón Orozco: En los supuestos previstos en las fracciones anteriores se deberá exhibir garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley.

Al menos 72 horas antes de presentar a solicitud judicial, el titular deberá dar aviso por escrito al posible infractor de la violación a sus derechos.

Artículo 215. Los titulares del derecho de autor, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos podrán solicitar a la autoridad judicial competente el otorgamiento de las medidas precautorias previstas en esta ley.

Por su atención y su paciencia, muchas gracias, compañeros diputados. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mondragón. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Mondragón a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las propuestas presentadas por la Comisión de Cultura y Cinematografía. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Y no habiendo oradores...

La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Dennis Ibarra, por favor.

La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidente. Solamente para felicitar a los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía por los consensos que se lograron, y especialmente a mi compañera Araceli Guerrero por ser la promovente de la iniciativa y motivó este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.

No habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por dos minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Después de esta votación continuaremos con un dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que también igualmente tendrá fundamentación, y muy probable de inmediato pasemos a la votación por los consensos a los que se ha llegado en el seno de la comisión, y luego después de ello vamos a pasar a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente y a acuerdos de la Junta de Coordinación Política, después de lo cual continuaremos con todo lo relacionado con la miscelánea penal, que ése sí va a estar con alguna discusión significativa.

Para que no se nos ausenten en los próximos minutos a hacer cualquier otra actividad.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se ve a nadie. Parece que ya. A ver.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 431 votos, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, ahí, vamos a consignar un voto más acá, de la diputada Liliana Oropeza.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y acá el diputado Felipe Reyes, acá a la izquierda, a favor.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Son los votos adicionales que tenemos. Serían 433 entonces. Aprobado en lo general y en lo particular, por 433 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis, y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10, fracción VII de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III, y 10, fracción VII, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión celebrada el día 10 de noviembre de 2015, el diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 4, fracción III y 10, fracción VII de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la Iniciativa

1. La iniciativa que es materia del presente dictamen tiene el propósito de Adicionar el concepto de Biblioteca en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, entendida como el repositorio en el cual se preserva y difunde el conocimiento concentrado en un acervo de libros, revistas, documentos, o cualquier otro medio, así como el promover la distribución de libros, en formato físico y digital.

2. La iniciativa en comento propone reformar los artículos 4º, fracción III y 10º, fracción VII, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

3. La propuesta de reforma refiere que la biblioteca escolar es una herramienta que se apoya en un proceso didáctico de aprendizaje, genera una mayor cantidad de estrategias para los docentes, se generan sujetos informados y que incluso es una herramienta que puede ser aprovechada por medios electrónicos.

Expresa el diputado proponente que la biblioteca escolar es célula elemental de una comunidad educativa para sus distintas necesidades curriculares y culturales, ofreciendo más oportunidades para interactuar con los libros de texto y que el préstamo de libros se puede hacer de manera sencilla, permitiendo actividades como las lecturas compartidas y la conservación grupal del acervo.

Manifiesta la importancia de impulsar la difusión de las bibliotecas en el sistema educativo diseñando acciones colectivas con las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil a introducir la lectura dentro de nuestro país y la mejor manera de hacer es en las escuelas por medio de bibliotecas físicas o virtuales.

Refiere que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha señalado que las bibliotecas son la fuerza viva de la educación, generan individuos con decisiones autónomas, generan progreso cultural de las personas y que algunos de los resultados de altos índices de lectura o de buena cobertura de un sistema nacional bibliotecario son:

• Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria;

• Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural;

• Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes;

• Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo; y

• Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal en todos los niveles.

Finalmente señala que la biblioteca virtual es un conjunto de colecciones que se publican vía web, al servicio de una comunidad específica, que publica material de las propias instituciones o de un sector en específico, se enfoca en el modelo open-source, que permite una mayor accesibilidad al sector que va dirigida la biblioteca virtual.

Resalta que algunos de los beneficios atribuibles a las bibliotecas virtuales son: el acceso desde cualquier punto, respaldo editorial, texto completo, actualización constante, múltiples formatos, visibilidad de la institución o gobierno, reducción de costos, control de accesos, beneficios a las comunidades marginadas, apoyo a los sectores educativos con contenidos de alto valor académico.

Concluye con la importancia que tienen las bibliotecas virtuales, ya que el costo de oportunidades de implementar modelos de bibliotecas abiertas sería oportuno en México y fortalecería las políticas públicas educativas como “México Conectado” y las tablets a los niños de quinto de primaria que claramente abonan a la disminución de la brecha digital, de esta forma se estaría sumando a estas directrices y beneficiaría a todos los niveles de la educación en México, como también brindaría mejores herramientas para la educación docente.

IV. Consideraciones

Primero: Esta Comisión de Educación y Servicios Educativos analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a Dictamen y determinó que lo procedente es proponer al Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de este Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.

Segundo: En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración la importancia que tienen las bibliotecas para complementar el fomento a la lectura entre los estudiantes de los diversos grados académicos, así como la preservación de textos, ya sea de forma física y/o digital.

Tercero: Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, analizaron comparativamente el texto vigente con el propuesto en la forma siguiente:

Con las anteriores adiciones se afirma que las bibliotecas concentran un gran número de materiales que son de utilidad para el desarrollo de los individuos y con la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se suma la importancia que estén al alcance de todos a través de las bibliotecas, ya sea para preservar documentos o para facilitar el acceso de la información a todos aquellos usuarios que asistan a una biblioteca.

Sin embargo en este sentido la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en su artículo 2 define a las Bibliotecas escolares y de aula como: Acervos bibliográficos que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con la concurrencia de las autoridades locales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas de educación básica, mismo que fue modificado en diciembre de 2015, incluyendo la participación de la Secretaría de Cultura, por lo que se considera innecesaria la modificación de adicionar la definición de bibliotecas, toda vez que desde su creación las bibliotecas han sido espacios creados para el fomento de la lectura.

Reiteramos, las bibliotecas son espacios que han ayudado al reforzamiento de la enseñanza y la lectura, favoreciendo los niveles educativos de las poblaciones, han sido espacios idóneos para el esparcimiento cultural y recreativo y, sobre todo, han sido instancias que dan solución a problemas y a necesidades de información., así mismo de forma transversal y de apoyo al fortalecimiento de las bibliotecas, encontramos la creación de la Ley General de Bibliotecas, expedida el 21 de enero de 1988, que tiene como finalidad el fomentar la creación de estos espacios, por lo que se suma al manifiesto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la biblioteca pública de 1994, define a la Biblioteca, como un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. Asimismo entre las finalidades que puede tener la biblioteca se encuentra el crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años, prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal, brindar posibilidades para un desarrollo persona creativa.

Asimismo esta comisión considera necesaria la modificación que realiza el proponente en los artículos 4 y 10 de la Ley de Fomento a la Lectura, para armonizar esta ley con el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas que establece: “se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables”, misma que contiene la utilización de los medios digitales, para preservar y difundir el acervo de las bibliotecas y que señala el número de contenidos mínimos que debe tener una biblioteca pública.

En 2005 la UNESCO señaló que un cambio visible en los mecanismos requeridos para la búsqueda de información y que permite a cualquier mente humana razonable construir nuevos saberes, se encuentra en las bibliotecas digitales, ya que poseen una diversidad de información digitalizada, a la cual se puede tener acceso y que de una forma física o tradicional sería limitativo, ya que través de la conservación del acervo de forma digital se puede consultar información de todas partes del mundo.

En este sentido en México la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, manifestaron la necesidad de dar un mayor impulso a la investigación e innovación y estrategias vinculadas estrechamente con el trabajo técnico pedagógico, orientadas hacia los esfuerzos conjuntos de mejoramiento de los logros de los alumnos y hacia la consolidación de la formación y capacidades de maestros, directivos y sociedad, por lo que en el plano tecnológico las bibliotecas deben contener formatos electrónicos disponibles para la educación básica, ya que esta cobra vital importancia en el desarrollo de los individuos.

Por lo que sin duda las bibliotecas que contiene acervos virtuales balancean la familiaridad con novedades, así como en la aportación de conocimientos para todos aquellos que hagan uso de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la LXIII Legislatura someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, fracción III, y 10, fracción VII, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como siguen:

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

I. a II. ...

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas tradicionales y virtuales, y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro;

IV. a VIII. ...

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. a VI. ...

VII.Promover el acceso y distribución de libros, en formato físico y digital,fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados, y

VIII. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Idem, Federico Hernández Pacheco, Marco Normativo e indicadores de las bibliotecas públicas de México y Colombia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Carlos Gutiérrez García, Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes, Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro reglamento. Perdón, y el dictamen recién votado pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Adelante, diputada, por favor.

La diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el contacto con los libros, antes solo en papel hoy también en medio digital, sigue siendo uno de los pilares del proceso formativo que no se limita únicamente a las aulas, sino que trasciende sus fronteras para encontrar en las bibliotecas objeto del dictamen a discusión.

Bibliotecas como un espacio de encuentro y convivencia, que como la UNESCO señala, son centros que facilitan a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos; crean y consolidan el hábito de la lectura en los niños desde sus primeros años; prestan apoyo a la autoeducación y brindan posibilidades para un desarrollo personal creativo.

En algún momento Daniel Cosío Villegas, al recordar el esfuerzo cultural que Vasconcelos impulsó, señaló que fundar una biblioteca en un poblado pequeño y apartado parecía tener tanta significación como levantar una iglesia y poner en su cúpula brillantes mosaicos, que anunciaran al caminante la proximidad de un lugar donde descansar y recogerse. En el caso de las bibliotecas, es donde cultivarse y ser mejores.

Este espíritu, vigente sin duda, debe actualizar y sumar los nuevos componentes que la realidad nos exige, especialmente lo que las nuevas tecnologías traen en beneficio de sus educandos, atendiendo sus necesidades de acuerdo a su etapa lectora y grado escolar.

Ya desde 2005 la UNESCO señaló la presencia de cambios en la forma en que se busca la información para construir nuevos saberes, encontrando en las bibliotecas digitales una herramienta que facilita reunir una información digitalizada, a la cual se puede tener acceso y que de una forma física o tradicional sería limitativo.

En este sentido, impulsar la consolidación y desarrollo de las bibliotecas en el sistema educativo en México se vuelve una tarea apremiante para, sumando acciones colectivas con organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y sociedad civil en su conjunto, encuentren alianzas fundamentales a las instituciones educativas por medio de bibliotecas tradicionales, pero también virtuales.

Felicito a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Educación, particularmente quiero resaltar la iniciativa del diputado Matías Nazario, diputado, por esta iniciativa trascendente y que a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación tuvimos la oportunidad de poner un granito de arena a la construcción de la historia digital en las bibliotecas en México.

Hoy en día el apoyo al establecimiento de bibliotecas tradicionales y virtuales en grandes centros educativos, pero también en las pequeñas localidades harán, sin lugar a duda, tener acceso y distribución de libros de formato físico y digital. Muchas felicidades a todos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Está a discusión en lo general y en lo particular. Y no habiendo oradores inscritos se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, ¿por dos minutos?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por dos minutos.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por dos minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica, número 21, Jorge Jiménez Cantú, de Juchitepec, del estado de México. Invitados por la diputada Susana Osorno.

Igualmente, de alumnos de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Invitados por la diputada Erika Irazema Briones Pérez. Así como también de estudiantes universitarios de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro, en un día de mucha intensidad, de muchas votaciones de dictámenes.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por emitir su voto? Adelante, todavía está abierto el sistema, por favor. Adelante, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a seguir votando en el tablero cosas, así que les pedimos que no se nos desbalaguen.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Alguien más falta de votar, diputados, diputadas? Adelante, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía. Sean igualmente bienvenidos, amigas y amigos. Parece que ya... Bueno, siguen votando. Parece que ya no hay movimientos intempestivos, atemorizantes. Bien, ya.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos –unanimidad de los presentes– el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10, fracción VII de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro, Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de las diputadas y los diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente. Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34, 116, 117 y 118, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que de conformidad con los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente integrada por 37 legisladores, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras, previo a la clausura de los periodos de sesiones ordinarias;

2. Que dichos ordenamientos también establecen que por cada titular se elegirá, de entre los miembros en ejercicio de cada cámara, un sustituto; y

3. Que en virtud de que está por concluir el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se actualiza el supuesto previsto por el artículo 78 constitucional y, en consecuencia, resulta procedente designar a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se nombran los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, conforme a lo siguiente:

Segundo.La elección de quienes habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevará a cabo mediante el sistema electrónico de votación.

Tercero.Comuníquese a las instancias correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por dos minutos, para proceder a la votación del acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.

(Votación)

El sistema electrónico sigue abierto por si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto. Diputado Santillán, adelante. Gracias, diputado. Si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto lo puede hacer, el sistema electrónico sigue abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya lo vamos a cerrar, eh, porque se dieron cinco minutos. Ya no se ve ningún movimiento, está estable. Ya, diputado.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputado, por favor, para contabilizarlo.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Jesús Valencia a favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor. Diputada. Adelante, diputada.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Norma Xochitl a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Hernández Colín.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Diputada Hurtado. Karen Hurtado. ¿El sentido de su voto?

La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor. Diputado Álvaro Ibarra.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Haya va...

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: La diputada Marisol Vargas.

La diputada Marisol Vargas Bárcena (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor. Gracias. Señor presidente, se emitieron 413 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada la lista de integrantes de la Comisión Permanente por 413 votos. Y se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las diputadas y los diputados de los que ya dio cuenta la Secretaría, que funcionará durante el segundo receso del primero año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un Grupo de Trabajo en materia de Fiscalización.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la revisión de la Cuenta Pública, a través de la Auditoría Superior de la Federación;

4. Que la fiscalización es una de las funciones primordiales de cualquier parlamento, directamente ligada con el principio de separación de poderes, para establecer un sistema de frenos y contrapesos que garantice el ejercicio responsable de las actividades públicas, en abono del estado de derecho;

5. Que en la presente legislatura de ambas cámaras del Congreso de la Unión se ha realizado un intenso trabajo legislativo para fortalecer, perfeccionar y actualizar el sistema integral de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y ética pública que permita, conforme a las nuevas disposiciones constitucionales, el empoderamiento ciudadano; y

6. Que, en consecuencia, los coordinadores de los grupos parlamentarios consideramos conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el propósito de generar condiciones que permitan analizar y debatir las diversas iniciativas y eventuales minutas sobre el tema, aprueba la creación del Grupo de Trabajo en materia de Fiscalización.

Segundo. El grupo de trabajo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos, sin menoscabo de las competencias que legalmente corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero. El grupo de trabajo estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto. El grupo de trabajo contará con una presidencia colegiada, compuesta por los representantes de los grupos parlamentarios del PRD y de Morena, misma que convocará y moderará las reuniones.

Quinto. El grupo deberá presentar a la Junta de Coordinación Política los productos legislativos que resulten de su trabajo, a más tardar en junio de 2016.

Sexto. Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Séptimo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1; 34, 46, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205, numeral 1; 206, numeral 1; 208, 213 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos que le permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que en términos del artículo 46, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los comités son órganos auxiliares constituidos por disposición del Pleno, cuyo propósito es realizar tareas distintas a las de las comisiones, teniendo la duración que señale el acuerdo de su creación;

3. Que de conformidad con el artículo 46, numeral 2, de la misma Ley Orgánica, para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se constituirá el Comité de Información, Gestoría y Quejas; y

4. Que de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son aplicables a los comités las disposiciones relativas a la constitución de las comisiones ordinarias, por lo que, para integrarlos, la Junta de Coordinación Política deberá observar los principios de proporcionalidad y pluralidad, procurando que todos los grupos parlamentarios estén representados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados aprueba la creación del Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Segundo. El Comité estará integrado por 15 integrantes, distribuidos en la siguiente proporción:

Tercero.La Junta Directiva de dicho comité estará compuesta por una presidencia y tres secretarías, estas últimas correspondientes a los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores.

Cuarto.La conformación del Comité de Información, Gestoría y Quejas será la que a continuación se detalla:

Quinto.La duración del comité será la del término de la LXIII Legislatura.

Sexto. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor una vez que reciba la aprobación del Pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen de conformidad con nuestro Reglamento.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa:Con su permiso, señor presidente. Una de las grandes conquistas de la democracia ha sido la igualdad en los derechos para todas y todos los mexicanos.

La evolución del marco jurídico en nuestro país ha sido producto de grandes momentos sociales. Destaco entre otros la institución del federalismo, la consagración de las garantías individuales, la instauración de los derechos sociales y el pleno reconocimiento a los derechos humanos.

En este sentido, debemos aceptar que en un país como el nuestro, a pesar de los esfuerzos persisten las desigualdades y donde aún se tienen instituciones en vías de fortalecimiento, el gran reto consiste en lo que el presidente Enrique Peña Nieto, atinadamente llamó llevar los derechos del papel a la práctica.

Solo mediante el efectivo acceso a la justicia podremos combatir de manera más eficaz la injusticia, la desigualdad social y la impunidad. De esto, la trascendencia y el compromiso que como legisladores tenemos de construir sólidos cuerpos normativos, que se traduzcan en auténticas y eficaces herramientas ciudadanas para el pleno goce de sus derechos.

Hoy, en mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia, presento y justifico ante ustedes el dictamen de minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de justicia penal y que ha sido llamada en términos generales miscelánea penal.

La miscelánea penal viene a complementar el andamiaje jurídico de la reforma constitucional del año 2008, donde se estableció que el nuevo modelo de justicia penal en México sería de corte acusatorio adversarial y se fijó un plazo de ocho años para su entrada en vigor en todo el territorio nacional.

Asimismo en el 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual desarrolla los principios y lineamientos de la reforma constitucional, pero sobre todo unifica criterios en materia procesal para todo el territorio nacional.

Posteriormente, los senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth presentaron la iniciativa que ahora conocen, que se conoce como miscelánea penal, la cual fue aprobada en su pleno.

Al respecto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, actuando bajo los plazos legales, abordó el estudio de la minuta desde una perspectiva plural y objetiva, escuchando y atendiendo las observaciones y propuesta de los diputados de los distintos grupos parlamentarios y de instituciones públicas y privadas, que enriquecieron la elaboración del dictamen que aquí se presenta.

La altura de miras del documento que hoy presentamos en el pleno, deja en claro que nuestro único compromiso es con la ciudadanía y que para garantizar el acceso a una mejor justicia en materia penal, más allá de las diferencias está la responsabilidad de construir una nueva y mejor etapa en las tareas de la procuración e impartición de justicia.

Las modificaciones de la minuta, propuestas por esta Comisión de Justicia que ahora se presentan en el dictamen, velan en todo momento por el respeto irrestricto a los derechos humanos, por el derecho al debido proceso y por la certeza jurídica.

En las distintas reformas destacamos principalmente cuatro grandes ejes.

Uno. Certeza jurídica en todo momento. Se establece, entre otras cosas, que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después de la emisión de la misma, independientemente de que se trate de una sentencia condenatoria o absolutoria.

Dos. Defensoría pública adecuada. Se especifica que la institución de la defensoría pública hará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar.

Tres. Las resoluciones eficaces. Como acontece al emitir las órdenes de aprehensión o comparecencia, donde el juez resolverá en un plazo máximo de 24 horas, bien en audiencia o bien a través del sistema informático.

Cuatro. Piso parejo para todas las partes. En el proceso se modificaron diversas disposiciones a fin de respetar los derechos de todas las partes.

Compañeras y compañeros diputados, no queremos juicios donde se incremente el daño a las víctimas, no queremos juicios en donde el probable responsable sea tratado como el culpable si no se ha determinado plenamente su culpabilidad a través de una sentencia que haya causado ejecutoria. Queremos juicios justos y eficaces, donde se emitan resoluciones de manera pronta, completa e imparcial para bien de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta legislatura, estamos, sin duda alguna, ante una oportunidad histórica como legisladores, de formar parte de esta gran transformación que nos permite complementar el cuerpo normativo que habrá de ser la gran pista de aterrizaje del nuevo sistema de justicia penal, para que en todo el territorio nacional los ciudadanos tengamos acceso a una justicia gratuita de forma expedita, transparente y moderna y leguemos a las próximas generaciones un México más justo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Está a discusión en lo general y en lo particular.

Teníamos conocimiento de que la Comisión estuvo trabajando el tema, redactó y acordó una adenda que están terminando de afinarla, entiendo. Ya está lista. Bien, entonces se encuentra, me dicen, ya en los monitores de sus respectivas curules. Y por tanto, como viene ahí acordada por la propia comisión, después de varias horas de trabajo que estuvieron todavía el día de hoy haciendo esfuerzos de acercamiento, por eso entró prácticamente ya al final de los dictámenes que teníamos enlistados para discutir y votar el día de hoy, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Ibarra a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las propuestas presentadas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

Está a discusión el dictamen en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Antes de entrar a fijar la posición de los respectivos grupos parlamentarios ya tenemos una lista integrada por compañeras y compañeros diputados.

Saludamos la presencia de alumnos del Colegio Nuevo México, Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario.

En consecuencia, tiene ahora la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social,

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en Encuentro Social estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad y justicia penal. La reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal de mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Dentro de la misma reforma se estableció como fecha límite para su implementación en todo el país la del próximo 18 de junio.

Asimismo, con la reforma constitucional de 2013 se facultó al Congreso de la Unión a expedir un ordenamiento único para todo el país en materia procedimental penal de mecanismos alternativas de solución de controversias y de ejecución de penas.

A causa de dichas reformas, el Congreso expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que se encargó de homologar el proceso penal en todo el país, además de servir de normatividad base para la aplicación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Como resultado de la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha podido identificar una serie de lagunas y aristas legales que requieren ser solventadas para garantizar la adecuada aplicación de nuevo sistema de justicia penal.

Del mismo modo, resulta necesario hacer algunas adecuaciones a nuestro marco jurídico penal, para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio a nivel federal. Derivado de lo anterior, es que se hizo necesario plantear una miscelánea penal de reformas legales, las cuales tienen como finalidad mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio y garantizar su adecuada instrumentación y operación.

La llamada miscelánea penal contempla reformas a diez ordenamientos legales, destacando el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, entre otras más.

En dicha reforma se regula el uso de dispositivos electrónicos, brazaletes o shift, para la ubicación de la persona que está sujeta a investigación o proceso penal. Igualmente se armoniza la intervención de comunicaciones privadas y de geolocalización de dispositivos móviles a lo resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional.

Además, se establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione, siempre que se determine que existió inobservancia de control por parte de la organización.

En el PES sabemos de la necesidad urgente por fortalecer nuestra justicia penal. Conocemos y sabemos las graves consecuencias que trae la mala o nula aplicación de la ley. Por tal razón, estamos comprometidos con los mexicanos para integrar dentro de la reforma penal todas las propuestas legales que ayuden a fortalecer la instrumentación y operación del Sistema Penal Acusatorio.

Estamos convencidos que solo con un sistema penal sólido, profesional, transparente, eficaz, eficiente y justo, será posible revertir los graves daños que la ilegalidad y la falta de aplicación de la ley han dejado en el tejido social de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Torres. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Justicia Penal pronta, expedita para todos, gratuita, imparcial y completa es lo que queremos para México. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy estamos discutiendo un dictamen de la mayor trascendencia por el impacto que tendrá en materia de justicia, es un anhelo para todos los que aspiramos tener un mejor país.

Nos referimos al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 10 ordenamientos jurídicos entre los que se encuentran tres códigos y siete leyes reglamentarias federales, generales y orgánicas. Con lo anterior quiero dejar de manifiesto el esfuerzo de la Colegisladora y de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados para armonizar este conjunto de normas que permita dar una mayor operatividad al nuevo sistema de justicia penal.

Hace ocho años nuestro país eligió tomar un rumbo distinto en materia de justicia. El 18 de junio de 2008 con la reforma constitucional respectiva, se inició el cambio de paradigma en la impartición de justicia penal para la transición de un modelo inquisitorial al tipo acusatorio adversarial.

En Nueva Alianza, conscientes de que existe un malestar frente a la política, los representantes políticos y las instituciones, nos hemos comprometido a cambiar las cosas y por esa razón votaremos a favor del presente dictamen.

Un tema que resulta prioritario para Nueva Alianza y que se adopta en el presente dictamen tiene que ver con el principio del interés superior de la niñez. Lo anterior obedece a que los menores de 12 años que son víctimas de la comisión de un delito, suelen ser revictimizados al someterlos a diversas audiencias para testificar. De este modo, la adición referida impone una excepción en los casos de niñas y niños, atendiendo a su interés superior.

Quiero aprovechar este espacio para reconocer a la comisión dictaminadora el valorar procedente una de las propuestas incluidas en la iniciativa que presenté el 29 de septiembre de 2015 y por la que se adiciona un quinto párrafo al artículo 3089 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La adición establece que el Ministerio Público o su superior jerárquico incurrirán en responsabilidades pertinentes de no presentarse a la audiencia inicial en la que el imputado o detenido se encuentre en flagrancia y se corra el riesgo de que quede libre. Esta disposición obliga a los servidores públicos a cumplir cabalmente con su responsabilidad.

En Nueva Alianza sabemos que es fundamental que se garanticen el orden público, la protección y la defensa de los ciudadanos. Esa es la única manera de devolver la confianza ciudadana en las instituciones.

Este dictamen brinda al juzgador también un término mayor para el estudio del caso y pleno respeto a los derechos fundamentales de las partes, además que es coincidente con los principios de continuidad, concentración que rige este sistema acusatorio.

El nuevo sistema de justicia penal es un instrumento al servicio de la sociedad. Es una forma de contribuir a garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial, expedita. En fin, es un gran avance que hoy reconocemos con nuestro voto a favor. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Bañuelos. Es el turno del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados. Antes de iniciar quiero reconocer la buena voluntad que tuvo el presidente de la comisión, y de todos los integrantes de la comisión dictaminadora para valorar todas las propuestas que se hicieron oportunamente, no nada más de los integrantes de la comisión, sino de todos los diputados.

Hay que señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento de reciente creación; la entrada en vigor del mismo en algunas entidades de la República, ha permitido identificar que se requieren algunos ajustes para su adecuada aplicación y resulta de especial importancia reformar el ordenamiento de mérito a fin de lograr que su operación sea aún mejor que lo que lo es actualmente.

Esto a su vez implicó a nivel federal la adecuación de diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuven a la operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país.

En relación a lo anterior el presente proyecto llamado Miscelánea Penal, busca atender los ajustes necesarios, por lo que exhorto a cada uno de ustedes a tomar en consideración el análisi8s y estudio que se hizo del mismo y robustecer de forma integral el sistema de justicia penal en México.

Por poner un ejemplo, de la gravedad que tenemos en nuestro país de la impunidad, el caso del secuestro se ha incrementado notablemente. Este delito afecta a todos los ciudadanos sin importar condición económica. La delincuencia vive a causa de la impunidad y de la falta de procesos e investigaciones profesionales a cargo de las autoridades pertinentes.

Para darnos una idea, en el 2013 se registraron 74 casos de secuestro, cada 24 horas. Esta cifra aumentó en el 2014 a 88 casos por día. Números que hasta la fecha se han mantenido, y entre los estados más afectados se encuentran: estado de México, Morelos, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero y Michoacán. Por tal razón el proyecto pretende dar las herramientas jurídicas para combatir con eficacia el secuestro, pero también otros delitos de alto impacto.

Hubo una serie de circunstancias y de elementos y de herramientas que se establecieron en este dictamen, muy importantes, entre ellos, por ejemplo, la reparación del daño que ayudará a que la víctima y su asesor jurídico puedan establecerla, puedan pedirla, y que sea una realidad la misma.

Debemos agregar que eventualmente se requerirán más reformas a otros ordenamientos con la finalidad de continuar instrumentando de mejor manera la operación del sistema procesal penal previsto en nuestro código nacional.

Los diputados ciudadanos votaremos en favor del dictamen porque estamos conscientes que el acceso a la justicia en este país debe ser una realidad. Hoy, la impunidad sigue siendo un lastre en el sistema de justicia en México. Por eso esta reforma encamina para que nuestro país combata con eficacia la impunidad. Es cuanto, compañeras y compañeros, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el dictamen que se somete a consideración de este pleno está directamente relacionado con lo que se ha llamado “el nuevo sistema de justicia penal”. Dicha reforma se justificó en la obsolescencia, ineficacia y corrupción del sistema inquisitivo de tipo mixto que existían, aduciendo que el mismo no garantizaba los derechos de las víctimas u ofendidos, ni de los inculpados. Además, que los procedimientos eran extremadamente largos y poco transparentes.

A casi ocho años de iniciarse la implementación del sistema acusatorio, habría que preguntarse actualmente con el nuevo sistema penal, ¿Es efectiva la protección de los derechos de las víctimas u ofendidos o de los inculpados? ¿Los procedimientos son más transparentes que anteriormente? ¿Los recursos económicos destinados para la implementación del nuevo sistema se han ejercido en forma eficaz y eficiente de forma transparente? La respuesta es negativa, pues en la actualidad, sigue persistiendo la impunidad y corrupción en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.

De acuerdo con el Inegi, las cuentas a víctimas muestran que la cifra negra en México, es decir, la diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados es alta y va en aumento. A nivel nacional, en 2008 y 2009, la cifra negra fue de 85 por ciento, ascendió a 92 por ciento en el 2010 y en 2012 se reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados, y sólo un 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa. Es decir, que únicamente el 7.9 por ciento de los delitos inició una investigación.

A nivel estatal, como lo señala el estudio denominado Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional.

Hay también un sinnúmero de delitos que no son denunciados, en diversas ocasiones las víctimas prefieren cargar con su agravio antes que exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades, además de que tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos en forma favorable.

Lo anterior refleja problemas endémicos del sistema de procuración de justicia. En este sentido, las reformas propuestas no abonan a mejorar el sistema de justicia penal mexicano, por el contrario, algunas resultan regresivas, contraviniendo con ello principios constitucionales. Dos ejemplos:

La reforma prevé la posibilidad de que un ciudadano extranjero renuncie a la asistencia consular, asimismo se aumenta las facultades discrecionales del procurador general de la República en materia de las personas que ingresen al Programa Federal de Protección a Personas.

Debe decirse que las reformas no aumentan los mecanismos de transparencia en la administración de los recursos decomisados por la comisión de delitos, no obstante que desde el inicio de la adopción del sistema penal acusatorio el Estado ha realizado grandes inversiones para su instrumentación.

En el caso específico de los años 2009 a 2016 la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ha recibido más de 5 mil 200 millones de pesos, teniendo un subejercicio de acuerdo con datos disponibles de la Cuenta Pública de 2009 a 2014 de casi 260 millones de pesos.

Por ello, se señala que las deficiencias técnicas del nuevo sistema penal se acentuarán en algunas de las reformas que hoy se van a aprobar a través del dictamen que se presenta. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará en abstención. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Godoy. Tiene el uso de la tribuna la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lia Limón García:Con el permiso de la Presidencia. Uno de los grandes retos que tenemos como país es lograr un sistema de justicia confiable, sólido, expedito y de pleno respeto a los derechos humanos.

El compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, la implementación de justicia y la seguridad de los ciudadanos son ejes fundamentales dentro de la agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México. La llamada Miscelánea Penal que hoy estamos discutiendo abona a ello, pues precisa y adecua diversas disposiciones y ordenamientos penales de cara al nuevo sistema de justicia penal, cuyo plazo fatal de implementación se cumple en menos de dos meses.

El principal propósito de la Miscelánea Penal es fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la creación de un marco jurídico sólido, moderno y novedoso.

En este sentido, las reformas puestas a consideración toman en cuenta la experiencia de los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal en diversas entidades federativas, sobre todo en aquellas en donde se ha avanzado más y atiende aquellas áreas de oportunidad que se han identificado, a fin de dotar de mayor certeza jurídica a las partes intervinientes en el procedimiento penal a hacer los ajustes necesarios a fin de que sea un sistema de justicia que logre esclarecer los hechos, proteja al inocente, se repare el daño a las víctimas y procure que el culpable no quede impune.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia hicimos una revisión exhaustiva de la minuta procedente del Senado, denominada Miscelánea Penal. Destaco algunas de las virtudes de la misma.

La armonización integral de diversos ordenamientos con el objeto de que los términos empleados, las funciones, competencias e incluso las conductas sancionables guarden correspondencia con las figuras procesales del sistema acusatorio.

Garantiza también la igualdad del proceso entre las partes, respetando el derecho de defensa del imputado.

Ahora el imputado podrá presentar medios probatorios durante el plazo constitucional para que se le resuelva su situación jurídica directamente ante el juez de control, ya que el objeto de presentar tales elementos probatorios es que el juez los conozca a fin de tomar la decisión más justa al momento de resolver la situación jurídica del imputado.

Se estimó oportuno limitar que los peritajes se puedan realizar como prueba anticipada, ya que ello abre la puerta a que los exámenes periciales se puedan rendir por escrito y no a través del desahogo del testimonio.

Se determinaron también con claridad las competencias de los tribunales de alzada, así como de los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio en el ámbito federal, y se creó la figura de asistencia de constancias y registros, con el fin de apoyar a los operadores jurisdiccionales del sistema acusatorio y sus respectivas funciones.

También se hicieron las adecuaciones normativas necesarias para que la de defensores públicos del orden federal actúe con el debido cuidado y diligencia en favor de las personas imputadas desde la investigación hasta la ejecución de las sentencias.,

En este sentido, se establece con claridad cuáles son las obligaciones que en el ejercicio de la defensa les corresponde desahogar. Estas son algunas de las virtudes de la miscelánea penal y de las modificaciones hechas a la misma en esta Cámara.

Reitero al pleno que es una reforma muy amplia, pero de precisiones importantes con el objeto de perfeccionar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de contribuir al éxito en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

Justo esto se hace retomando, como ya dije, la experiencia de distintas entidades federativas.

Debo destacar también que las propuestas de reforma que ahora analizamos han sido sometidas a un juicio de valoración bajo el tamiz del respeto a los derechos humanos y que se busca un equilibrio entre las partes, como ya se dijo, facilitando sobre todo la operación de este nuevo sistema.

En la implementación del nuevo sistema de justicia penal a cada instancia, a cada Poder, a cada orden de gobierno le toca hacer su parte, le toca hacer su esfuerzo. Hay sin duda alguna un enorme esfuerzo hecho por las entidades federativas y por el Ejecutivo federal para cumplir con el plazo fatal.

A nosotros, a los legisladores nos toca adecuar el marco jurídico, a fin de lograr subsanar deficiencias que se han identificado y hacer más operativo este nuevo sistema y alcanzar con ello el éxito que se pretendió cuando aquella reforma a la Constitución en la que se decidió caminar en este sentido.

Espero y hago votos en que estas reformas contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema de justicia penal. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su venia, diputado presidente. Quiero comenzar agradeciendo y reconociendo la sensibilidad del presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, por considerar el 60 por ciento de las observaciones que hizo llegar el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que fueron insertadas al cuerpo del presente dictamen.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que con las adecuaciones que se hicieron a la minuta de la miscelánea penal, el sistema de justicia contará con instrumentos legales más claros y eficientes, para que a cada uno de los ciudadanos de nuestro país puedan tener acceso a una justicia expedita y transparente.

Los legisladores tenemos la encomienda y sobre todo la obligación de legislar para que nuestros ordenamientos jurídicos estén a la vanguardia y sobre todo para que tengamos un sistema acusatorio preciso y exacto en nuestro país, en donde no existan lagunas o los vacíos legales que puedan dar pauta para que un delincuente no sea juzgado o liberado en México.

Es de destacar que en estas reformas se prevé la autorización de las intervenciones telefónicas, la geolocalización de teléfonos móviles y la obligación de resguardar la información de las telecomunicaciones cuando se trate de casos de secuestro.

Con esto, el Ministerio Público y el juez de control podrán tener más herramientas para combatir el flagelo de la delincuencia que afecta a miles de mexicanos, el cual provoca un cambio radical en la vida de las personas que son víctimas de la delincuencia.

Respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece el derecho del imputado a obtener registro fotográfico o electrónico de la carpeta de investigación, la asistencia consular en cumplimiento de los tratados internacionales de los que México forma parte, como derecho primordial de un extranjero sujeto a proceso en nuestro país. Asimismo, se establece como causa de prisión preventiva oficiosa los delitos cometidos por medios violentos, como los que se cometen con armas de fuego y explosivos.

En el Código Penal Federal se establece con precisión en qué casos podrá otorgarse el indulto, siendo muy claro en los delitos de desaparición forzada, tortura y trata de personas que de ninguna manera procederá.

No podemos permitir que estos delincuentes que dañan tanto a nuestra sociedad permanezcan impunes. De acuerdo con las características del sistema acusatorio adversarial, así como los principios que lo rigen, el imputado y su defensor podrán ofrecer medios de prueba mediante la ampliación del plazo constitucional, como se hacía, sólo que ahora será procedente exclusivamente en aquellos casos en que por la naturaleza del delito se justifique la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.

En la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se hace la diferencia entre un testigo protegido, ligado al crimen organizado, y un testigo colaborador para quienes sean o hayan sido integrantes de la delincuencia organizada.

Es por ello que el PRD votará a favor de este dictamen, porque estamos en el momento preciso para que se depuren estos instrumentos procesales penales, para que de esta forma puedan ser juzgados los delincuentes y no quede impune la comisión de sus delitos.

Debemos aspirar a tener un país en donde se respeten todos los derechos de las personas y salvaguardar su integridad en todo momento, preservando los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna.

Quiero puntualizar que todos sabemos que la reforma es perfectible, y que con la entrada en vigor y aplicación saldrán algunos temas que nos harán, precisamente, reformar o adecuar a la realidad del derecho penal y su vinculación con el derecho fiscal que no hay que dejar de lado.

Por eso desde hoy la bancada del PRD advierte sobre la reforma en materia fiscal que puede derivar en la excarcelación de altos delincuentes de cuello blanco que hoy se encuentran condenados o procesados por delitos de defraudación fiscal o su equiparable.

No obstante, el Grupo Parlamentario del PRD estará atento de estas situaciones para promover las reformas pertinentes y seguir contribuyendo para que México siga siendo un país de leyes con visión protectora de los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Tiene ahora la palabra el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Hernán Cortés Berumen:Con el permiso de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hago uso de esta tribuna con la intención de fijar posición respecto al dictamen que reforma diversas disposiciones, conocido como miscelánea penal.

Acción Nacional ha sido impulsor de este cambio trascendente, donde la sociedad mexicana ha cifrado sus esperanzas para lograr un entorno más seguro, en el que impere la armonía y donde la justicia, en muchas ocasiones lastimada y profundamente anhelada, finalmente se haga realidad.

Hemos actuado con responsabilidad, a efecto de perfeccionar la implementación cotidiana en calles, en las agencias del Ministerio Público y las salas de juicio oral. Nuestro trabajo no fue un simple ejercicio de gabinete cerrado, siempre estuvimos dispuestos a escuchar a diversos actores de la sociedad.

Tuvimos diversas reuniones de trabajo y recibimos observaciones de académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, operadores del sistema, empresarios y abogados litigantes.

Quiero resaltar algunos aspectos relevantes de lo que hoy votaremos. Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano, de cara a la implementación del sistema penal acusatorio, es precisamente la actuación policial. Debemos generar las condiciones para que nuestros cuerpos policiacos se reconviertan en verdaderos instituciones de investigación policial y criminalística.

Es por ello que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolida la homologación de facultades y su estandarización, a efecto de que se garantice el óptimo desempeño de las policías.

Con la finalidad de fortalecer el código adjetivo en su carácter adversarial y contradictorio, se propone una serie de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por ejemplo, de garantizar a la defensa el pleno acceso a las constancias de investigación que hoy padece por actitudes discrecionales del Ministerio Público.

También se busca aclarar el alcance de lo que debe realizarse en la denomina audiencia inicial en relación al derecho de defensa, generando simetrías procesales que hagan funcional al propio sistema.

Otro de los fines de este dictamen es el desarrollo de aspectos sustantivos y adjetivos necesarios para la consecución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Si bien es cierto que conjuntamente con la colegisladora se avanza en este importante capítulo que tiene como finalidad evitar que las sociedades y unidades económicas se conviertan en fachadas y vehículos para cometer delitos que lesionen al Estado y tejido social, también lo es que la redacción de dicho apartado tiene deficiencias que no podemos dejar de advertir.

Nos referimos concretamente a cuestiones de dogmática penal, como a las relativas al necesario facultamiento del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la materia comercial se encuentra reservada a la competencia federal, porque lo que este grupo parlamentario anticipa la reserva de éste y otros apartados.

De igual forma, hacemos constar que en virtud de que las denominadas unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, se habrán de interrelacionar con personas sometidas a medidas cautelares. Por ello, consideramos indispensable otorgarles un perfil de seguridad, lo anterior por las necesidades de estado de fuerza y de despliegue. Por lo tanto, Acción Nacional confirma su postura de que dichas entidades no estén orgánicamente adscritas a poderes judiciales cuyas funciones no corresponden con el perfil de seguridad que se requiere.

El artículo transitorio que contempla la posibilidad de que aquellos procesados bajo el sistema tradicional que se encuentren en prisión preventiva puedan solicitar la revisión de dicha medida cautelar bajo los parámetros del sistema acusatorio, plasma en esencia una determinación pro homine de esta Cámara, sin embargo es necesario subrayar la importancia de que el Ejecutivo federal habilite urgentemente los mecanismos de supervisión de medidas cautelares, con criterios preventivos.

Con esa medida las partes en los procesos penales del anterior sistema, se deben corresponsabilizar para acreditar que la medida que hoy se toma es una medida correcta y que lejos de propiciar riesgos a la gobernabilidad, será un factor positivo a la convivencia social. Los diputados panistas exigiremos cuentas a todos los operadores del sistema: gobernadores, procuradurías, peritos, policías y defensorías, a efecto de verificar su correcta implementación.

Diputadas y diputados, éste es sin duda un gran paso que cumple una obligación constitucional. Quedan pendientes otras tareas en el quehacer jurídico y Acción Nacional sabemos que nada de esto es materia concluida en tanto no seamos capaces de brindar instituciones que garanticen a los mexicanos el respeto irrestricto de sus derechos humanos y con ello un verdadero estado de derecho. Gracias por el favor de su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Tiene ahora la palabra, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Muchas gracias, presidente, con su autorización. Compañeras y compañeros legisladores. La reforma penal del año 2008 trajo consigo el inicio de la transición de un sistema penal predominantemente escrito e inquisitivo a uno caracterizado por la oralidad y la adversalidad.

La miscelánea penal que hoy se somete a la aprobación del pleno, es el resultado de un intenso trabajo de deliberación entre los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, debate que además en un ejercicio de apertura en el desarrollo de la función legislativa tomó en consideración las voces de organizaciones de la sociedad civil y diversos actores del sector público al momento de redactar el texto que da contenido a 10 ordenamientos jurídicos que comprenden esta reforma.

La tarea no ha sido menor. No hay que perder de vista que el próximo 18 de junio concluye el plazo que el legislador estableció en esa reforma penal de 2008 para transitar plenamente de ese sistema penal inquisitivo al de carácter acusatorio, caracterizado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, desarrollado en forma oral y bajo un criterio garantista pro homine y el principio de progresividad.

Sin embargo, el establecimiento de una implementación gradual ha permitido a legisladores operadores de la norma y a la sociedad civil organizada, encontrar áreas de oportunidad que abonen al fortalecimiento y perfeccionamiento de este sistema que hoy se recoge.

En ese sentido, tal como lo ha expresado Luigi Ferrajoli, el derecho penal es la base en que se manifiestan y se definen de la manera más transparente las relaciones entre el Estado y el ciudadano, entre la autoridad y la libertad, entre la defensa social y las garantías individuales, y es a partir del paradigma penal que los límites legales impuestos a través de garantías penales y procesales a ese sistema de poderes públicos manifiestan todos su valor garantista, más allá del ámbito de la legislación y de la jurisdicción penal.

La existencia, pero sobre todo la aplicación irrestricta de garantías penales y procesales en cualquier régimen, son los parámetros que permiten conocer el grado de madurez de cualquier estado liberal de derecho.

Con esos criterios se han establecido normas como la reforma al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 11 Bis del Código Penal Federal, en los que si bien ya se había establecido responsabilidad penal para las personas jurídicas, la reforma adiciona, como elemento para determinarla, la existencia de la inobservancia del debido control en la organización de esa persona jurídica como nexo causal. Es decir, la modificación establece que será penalmente responsable las personas jurídicas cuando hayan intervenido en su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellos proporcionen en la comisión de una lista claramente definida de delitos; pero se condiciona a que se haya determinado que no existió observancia del debido control de su organización.

Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal, en que incurran los particulares, sus representantes, administradores y demás personal de hecho o de derecho. Es importante resaltar que en la discusión de este tema la comisión escuchó las preocupaciones e inquietudes de representantes de sectores integrados por personas jurídicas; de tal forma que su redacción protege los mínimos y medios propuestos por ellos.

Las empresas y personas jurídicas legalmente constituidas y con actividades y objetivos lícitos, nada deben de temer al ser sujetos hoy a responsabilidad. El temor seguramente estará de parte de aquellas ficciones jurídicas que se involucran en delitos o hayan sido creados para delinquir.

Hay, es importante destacar que en la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal se agregue el tema del testigo colaborador, al abrir la posibilidad de que un miembro de un grupo delictivo pueda hacerlo bajo las limitaciones y requisitos que la misma norma marca.

En la Ley de Amparo, se estableció la improcedencia del juicio de amparo en resoluciones jurisdiccionales consistentes en el auto de vinculación al proceso, y aún no se trata de una sentencia, y por lo tanto falta la definitividad para su precedencia, tiempo atrás va a quedar los amparos que en forma masiva se presentaban contra los autos de formal prisión.

Se garantiza el respeto de los derechos de la víctima u ofendido brindando una participación más activa a la figura del asesor jurídico; se fomenta la actualización de medios electrónicos durante el procedimiento; se contemplan mecanismos especiales para el trato de niños, víctimas menores de 12 años. Hay mayor celeridad en los procedimientos. Se garantiza el respeto a los derechos del imputado que estableció el mecanismo a seguir en caso de que no cuente con un abogado particular o se niegue a designar uno. Se establece de manera clara la función de la policía que arribe a una escena donde se ha cometido un ilícito.

Cabe destacar que gracias a estas medidas empleadas, se podrá establecer un acceso a la justicia en forma gratuita, expedita, transparente y moderna. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tamayo. Con esta intervención concluye el plazo para la presentación de reservas a este dictamen a discusión. Ya se han recibido varias.

Ahora tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra del dictamen en este debate que se discute en lo general.

El diputado Alfredo Basurto Román:Buenas tardes, señor presidente. Diputadas y diputados, un saludo muy especial a mí sagrada esposa que me acompaña en este día en este salón de sesiones.

Prosigo, el dictamen de la Miscelánea penal que se nos presenta para su aprobación, tal parece que se presenta como si fuera la última maravilla del mundo. Más sin embargo, el de la voz, como abogado postulante, por más de 25 años, tengo mis reservas y observaciones al mismo.

Miren, se habla de, desde luego también no hay que ser tan pesimistas, tiene grandes avances. De entrada diría que mientras el procurador general de la República y los procuradores de los estados sean designados por los Ejecutivos de ahí viene el procedimiento penal viciado. ¿Por qué de quién dependen? Como dice el dicho: quien manda, paga. Quien manda es el que paga.

Entonces, mientras no se designe el procurador y los procuradores de los estados de una manera autónoma e independiente, donde se deje la participación a estudiosos, académicos de las universidades o gente probada como abogados litigantes, creo que el proceso viene de entrada con los nombramientos muy mal asignados.

Otras de las razones y reservas, y observación, que traigo, desde el 2008, cuando se dio la primera reforma constitucional, se decía que el nuevo sistema penal acusatorio adversarial era con el fin de que se disminuyera la tasa de índices delictivos. Me pregunto, y les pregunto, compañeros, ¿realmente los delitos han ido a la baja? Véanlo, vean las estadísticas, y nos damos cuenta de que es todo lo contrario.

Por otro lado, uno de los principios de inmediatez que se establecen en el nuevo sistema penal, se establece que debe haber una cercanía entre las partes y el órgano jurisdiccional, en este caso el juez.

Damos cuenta que muchas personas que están siendo hoy en día procesados su lugar de origen o el lugar donde cometieron el delito está muy lejos del órgano judicial que está llevando su proceso, lo que implica gran desgaste económico, emocional, tanto para los familiares como para la persona que está siendo procesada. Entonces, dónde está la inmediatez que el principio, que la Constitución establece entre las partes y el órgano jurisdiccional.

Por otro lado, nos damos cuenta que en este nuevo sistema implica mucha capacitación, les pregunto: ¿Ralamente los cuerpos policiacos, desde la municipal, la federal, la estatal, y también porque andan en las calles, nuestro glorioso Ejército, están capacitados, están preparados, están profesionalizados para llevar una investigación y una custodia de la cadena de los indicios de la comisión del delito? Claro que no, compañeros, por eso hay tantas y tantas violaciones a los derechos fundamentales. Para muestra en unos días vimos cómo se les saca a los delincuentes o a los presuntos delincuentes la verdad.

Vimos los casos que circuló en todos los medios de comunicación, cómo se les tortura todavía a las personas para sacarles la verdad. Entonces nos falta mucho, compañeros, para estar en un sistema penal de avanzada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista...

Perdón, me dicen que está listo el diputado Espino. Se sorprendió, pero está listo. Tiene entonces la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en pro.

El diputado Manuel de Jesús Espino:Gracias, presidente. Efectivamente, vengo a hablar a nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, a favor de este dictamen, a favor de estas reformas que se han planteado y justamente se han comentado en sentido positivo, pero también me parece que era importante hacer una reflexión breve a propósito de este gran paso que como Congreso mexicano estamos dando el día de hoy.

Ya se ha dicho aquí se somos un país de leyes y eso es verdad, pero también tenemos que reconocer que México, siendo un país de leyes, no es un país con justicia. Hemos, como también aquí se ha insistido, evolucionado al darle elementos jurídicos al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, para una mejor impartición o una mejor procuración de justicia, sin embargo no ha sido suficiente.

México destaca entre los países con más impunidad en América Latina. Nuestro sistema de justicia no es bueno porque aunque tengamos leyes de excelencia, no se han utilizado de una manera adecuada. También eso hay que reconocerlo y en eso hemos sido omisos el día de hoy.

Nuestro sistema de justicia es de los peores en América Latina, lo es no por falta de instrumentos jurídicos adecuados, sino por incapacidad, negligencia o corrupción de las autoridades en cuyas manos se han puesto estos instrumentos desde el Poder Legislativo.

Qué bueno que hoy podamos contribuir una vez más a perfeccionar nuestro marco jurídico en materia de justicia, lo celebramos. Qué bueno que desde el Congreso dotemos de instrumentos legales más claros, eficaces para el acceso a una mejor justicia, más expedita y transparente, como también aquí se ha dicho.

Con esta miscelánea penal, amigas y amigos diputados, sí robustecemos de forma integral el sistema de justicia penal, otorgando herramientas tanto a la autoridad judicial como al inculpado.

Al aprobar este dictamen habremos dado un gran paso, como Congreso habremos estado a la altura de las circunstancias, de las exigencias que en materia de justicia tiene el país, pero no con ello podremos echar las campanas al vuelo. Ojalá y que este esfuerzo que ha hecho el Poder Legislativo, y me sumo a la felicitación que ya se ha hecho a las diputadas y diputados que han participado en la revisión, análisis de estas propuestas y, finalmente, en la redacción final. Pero también hago un voto de confianza para que la impunidad no sea más la característica de las autoridades en cuyas manos van a parar estos nuevos instrumentos para la justicia penal mexicana. Muchas gracias por su atención y ojalá votemos este dictamen a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Espino. Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Sofía González Torres:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que presenta hoy la Comisión de Justicia busca fortalecer una de las reformas estructurales más importantes en un siglo de historia jurídica, me refiero a la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que con el consenso de todas las fuerzas políticas dio al país un nuevo modelo de justicia penal acusatorio. Lo anterior, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y colocar en el centro de la aplicación de la ley el respeto de los derechos humanos.

El dictamen sometido a discusión agrupa disposiciones que responden a las necesidades identificadas en los primeros años de aplicación de este nuevo modelo, ratificando aciertos como la reducción de cortos en el proceso, el fortalecimiento de una justicia pronta y expedita y todo con el objetivo principal de fortalecer al Estado de derecho.

Algunos ejemplos de esto se aprecian en la reducción del tiempo que toma la resolución de un caso. En el sistema convencional la duración era de 180 días, mientras que en el nuevo sistema penal acusatorio el término más largo ha sido de 96 días, la mitad.

Anteriormente el costo preliminar en la etapa de investigación del delito era de 15 mil pesos. Bajo el nuevo sistema se ha reducido a mil 500 pesos por caso. Esto gracias al uso de las medidas alternas de solución de controversias.

El Partido Verde Ecologista votará a favor de este dictamen por varias razones. Moderniza el lenguaje de los códigos y leyes federales, esto para adecuarlos a los objetivos y necesidades de un nuevo sistema de justicia.

Procura completo respeto a los derechos fundamentales de cada una de las partes involucradas en el proceso, al mismo tiempo perfecciona los procedimientos para obtener congruencia y agilidad en todas sus etapas.

Dota al Estado de instrumentos para perseguir y castigar el delito, sin dañar la certeza jurídica de las personas físicas y de las personas morales. Lo más importante, defiende la presunción de inocencia y coloca como último recurso a la pena de prisión.

En este sentido, la miscelánea penal fortalece y facilita la labor de las figuras de los jueces de control y asesores jurídicos, esto para lograr la operación de un sistema moderno y eficaz.

Compañeras y compañeros, la responsabilidad de brindar seguridad no recae únicamente en el Poder Ejecutivo, esto es una tarea compartida entre todos y cada uno de los poderes.

Adicionalmente, la seguridad representa un derecho fundamental que tiene que ser garantizado. Los ciudadanos deben poder desarrollarse con plena certeza de que su integridad y su patrimonio no se verán dañados de forma alguna, merecen poder desenvolverse libremente y sin temor.

En mi grupo parlamentario estamos conscientes del reto en materia de seguridad pública, tenemos un compromiso con la sociedad y nos urge actuar en este tema. Con la miscelánea penal que hoy votaremos, contribuiremos a consolidar un sistema de seguridad de impartición de justicia en el que la ciudadanía pueda confiar que haga realidad los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

Los exhortamos a apoyar un dictamen que ha sido resultado de un proceso propositivo, abierto y sobre todo un proceso plural. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Tiene ahora la palabra la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es hoy un país que está transitando de un sistema inquisitivo a un sistema de corte acusatorio y oral.

Este sistema obliga al Estado a disminuir los altos índices de corrupción y acabar con la impunidad, arbitrariedad y abandono de las víctimas que persiste aún en los órganos de procuración y administración de justicia.

Nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fue parte fundamental en la construcción de la reforma constitucional, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

En ella se hace un reconocimiento expreso al respeto de los derechos humanos de las víctimas y de los imputados mediante un control jurisdiccional de todas las fases del procedimiento punitivo, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución final de las sanciones, regido por los principios relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Sin duda, esta reforma constitucional junto con el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, se tradujo en una aplicación más proteccionista y garantista de los derechos humanos en todas sus etapas procesales, ajustándose a los principios de un Estado democrático de derecho y acorde a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte.

No cabe duda, con la puesta en vigor de este ordenamiento procesal en algunas entidades del país, el sistema penal mexicano se vio profundamente transformado porque se recuperó la confianza en el sistema de justicia penal y sus instituciones.

Se garantizó el debido proceso, se fortaleció la persecución e investigación de los delitos y se partió del principio de que tanto el acusado como la víctima están en igualdad de circunstancias.

De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen, porque las reformas y adiciones que se encuentran incorporadas están armonizadas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte.

Somos conscientes de que nuestro país requiere urgentemente una transformación del sistema penal acusatorio y oral para otorgarle a la justicia penal un papel central en la lucha contra las modernas formas que utiliza la delincuencia organizada en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal.

No queremos dejar de señalar que fuimos parte de los cambios que se generaron en el presente dictamen y en su proceso de elaboración fuimos insistentes en fortalecer los derechos de la defensa para que se encuentre en igualdad de circunstancias con el ministerio público. Adecuamos los mecanismos para el desahogo de las pruebas y reforzamos el principio acusatorio, pero sobre todo, hicimos hincapié en los derechos de las víctimas y acusados, los cuales también se incluyen en este dictamen.

Sin embargo, queremos señalar que no solo se trata de una reforma legal sino de un cambio radical del sistema de justicia penal que va a permitir disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia.

Compañeras y compañeros diputados, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que el actual sistema de justicia penal permite que hoy exista un sinnúmero de inocentes privados de su libertad y que muchos delincuentes gocen no tan solo de la libertad, sino de total impunidad.

No obstante, advertimos que las propuestas a los artículos 149 y 175 son inconstitucionales, por lo cual estaremos pendientes para que los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados puedan hacer los ajustes correspondientes, a fin de no vulnerar los derechos de las mexicanas y los mexicanos en la administración y procuración de justicia. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de acuerdo con nuestro reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el artículo 1o. del decreto, los artículos 22, 113, 151, 165, 174, 176, 196, 218, 222, 421, 422 y 423. Del Código Penal Federal, los artículos 11 y 11 Bis, y del Código Fiscal de la Federación los artículos 42 y 92.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por... Vamos a abrirlo por tres minutos para que alcancen a integrarse los que andan un poquito por ahí en otras cosas. Por tres minutos. Tres minutos, secretario, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Se les recuerda que sigue abierto el sistema electrónico de votación. Si alguna diputada o diputado no ha emitido su voto, lo puede hacer.

Adelante diputado, está abierto el sistema electrónico. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Sigue abierto el sistema electrónico, por si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Diputado Elías, gracias.

Sigue abierto el sistema electrónico, pueden emitir su voto. Si alguna diputada o diputado falta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero apúrense, apúrense.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema, adelante. Adelante, diputada, sigue abierto el sistema. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aunque ya no se ve mucho movimiento en el tablero, ni mucho movimiento en el salón de sesiones. Última llamada.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema, si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto, lo puede hacer. Estamos a punto de cerrar el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya está muy estable, diputado secretario.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema. Adelante, ¿falta alguien? Sigue abierto el sistema, pueden hacerlo en este momento. Adelante, diputada, el sistema sigue abierto; adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya, diputado.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Adelante. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 403 votos en pro, 24 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 400 votos... Son 403. Si se escuchó mal, a la mejor pronuncié indebidamente.

Tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar 10 propuestas de modificación a igual número de artículos; 22, 113, 165, 174, 176, 196, 218 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la misma intervención a los artículos 42 y 92 del Código Penal de la Federación.

En virtud de la cantidad de propuestas de modificación que va a presentar, tiene la palabra por ocho minutos en una misma intervención. Es una cantidad significativa de reservas que hizo el diputado y hay que respetarle su derecho y así agilizamos incluso nuestro propio proceso legislativo. Adelante, diputado Romero.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, yo sé que hay premura por cerrar este periodo y avanzar en legislaciones pendientes, en particular esta de la justicia con corte acusatorio que tiene no menos de ocho años que se hizo una reforma constitucional, y ocho años en que se han implementado acciones para institucionalmente darle viabilidad al tema con corte acusatorio.

Hay una máxima que reza y sigue vigente en nuestro país “a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”. Diversos autores se atribuyen esta frase, pero mientras exista la corrupción en nuestro país seguirá prevaleciendo. Para mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos la ley a secas.

El posicionamiento y la reserva que presento a las diversas disposiciones señaladas, atiende a la necesidad de una justicia imparcial, pronta, que atienda y garantice los derechos humanos de los imputados.

Yo en lo personal me abstuve en esta votación en lo general porque aún quedan vacíos legales o quedan indefiniciones que van a soportar y sustentar violaciones a derechos humanos. Señalo una de ellas. Artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un cambio con la ley vigente, en el Código Nacional vigente establece que “el imputado estará cerca, será procesado en un juzgado cercano a su domicilio”. La modificación que se presenta determina que “con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos en el que se desarrolla su procedimiento; las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales”.

Es una práctica judicial y del Ministerio Público de que en asuntos que tienen un interés y un fondo político, se pone a disposición del juez en un estado distante de donde se cometió el delito o de donde pertenece el ciudadano.

Por ejemplo, recientemente en el conflicto magisterial de Chiapas, los maestros fueron puestos a disposición en un juez en Nayarit. Protestantes del sector social, indígenas, campesinos, cuando se les atribuye un delito, los sacan de su entidad, los ponen a disposición de un juez fuera de su entidad, y por lo tanto se les afectan derechos humanos fundamentales; no tiene acceso ni contacto con sus familiares, no tiene acceso y contacto con un abogado que le garantice una adecuada defensa, tiene que buscar a un abogado de la entidad donde se lleva el proceso. Esta reforma va a seguir afectando estos derechos y va a legitimar acciones del ministerio público o del proceso judicial que afecten derechos fundamentales.

Hay varias disposiciones, todas las que hemos señalado son violatorias de garantías constitucionales, por lo que pido a la Presidencia que en sus términos sean insertos en el Diario de Debates para que haya oportunidad de ubicar en qué sentido va la violación constitucional.

Artículo 113. Derechos del imputado. La actual fracción VIII establece que el imputado tendrá acceso para su defensa a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita de los mismos en términos del artículo 217 del Código. Aquí hay una modificación que limita el acceso a la información del imputado.

Fracción VIII. La propuesta señala: a tener el acceso y su defensa salvo las excepciones previstas en la ley. Este artículo se vincula con el 218, 219 y 220 del mismo Código de Procedimientos Penales; estas disposiciones son inconstitucionales.

El artículo 20, apartado B, fracción VI, de los derechos del imputado, fracción VI, literalmente, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. No establece ninguna limitación la Constitución, sin embargo, en el Código Penal de Procedimientos Penales se establecen excepciones a esta norma constitucional. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación ante el juez y podrá consultarlos, dichos registros con la oportunidad debida para su defensa. Esta reforma que se propone al artículo 113 es inconstitucional, una más, y que para mí resulta grave.

Prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que utilizar el juez para tener a disposición al imputado durante el proceso. Con la reforma se propone aumentar un año más la prisión preventiva. El Código Nacional actual establece la previsión preventiva como máxima de un año. Con la reforma al artículo 165 se establece que la prisión preventiva podrá ejercerse hasta dos años. Hay que interpretar bien la Constitución.

Artículo 20, apartado B, fracción VI: será juzgado el imputado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena de prisión excede de ese tiempo.

No es posible concebir que el proceso para juzgar a un imputado se exija en dos meses si la prisión es menor y más de un año o máximo un año si excede ese tiempo. La prisión preventiva con la reforma que se propone establece que el imputado estará dos años en prisión preventiva, no hay coherencia entre lo que se propone y los principios constitucionales.

Tenemos que aplicarnos un poco más. Sé que este Congreso tiene prisa por aprobar leyes, pero tenemos que aplicar tiempo para garantizar que los procesados, los imputados, no estén en prisión. Esto lo entiende las gentes que han sido imputadas falsamente, inocentemente y que al finalmente se le pide una disculpa porque el proceso estuvo mal integrado, porque no hubo las pruebas suficientes.

Experiencias de vida hay muchísimas. El auditorio que ve el Canal del Congreso lo van a entender. Líderes indígenas, magisteriales, de movimientos sociales, han padecido las violaciones que he enunciado en esta ocasión.

Por falta de tiempo, faltan más reservas, pero todas son inconstitucionales, las mismas se van a reproducir en el Diario de Debates, como le he solicitado al presidente, y sé que están ansiosos por los cuatro meses de vacaciones que siguen para los que no integren la Comisión Permanente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 151.

El diputado Alfredo Basurto Román:Con su permiso, señor presidente. Nuevamente buenas tardes, diputadas y diputados que aún nos acompañan. La presente reserva es en relación al artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos habla sobre la asistencia consular.

El artículo que se nos presenta establece que cuando la detención de algún extranjero se da en nuestro país, este desde luego tiene derechos consulares a ser asesorado cuando no domine el idioma español, por un traductor en su idioma y estar asistido desde luego por un delegado consular.

Más sin embargo este artículo dice que recibirá asistencia consular, que es un derecho y nosotros le agregaríamos aquí que es un derecho fundamental por estar establecido este derecho fundamental en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las garantías y los derechos que los extranjeros tienen cuando son privados de la libertad.

Nosotros agregaríamos otro párrafo también donde dice su última parte de este artículo: La detención de dicha persona registrando constancia de ello, salvo que el imputado acompañado de su defensor expresamente solicite de no se realice la notificación. Es decir que queda a la elección del detenido, así se nos presenta el artículo 151, de si quiere la asistencia y asesoría de su delegado consular.

Acabo de mencionar que de acuerdo al artículo 1 constitucional es un derecho consagrado, es un derecho fundamental, es una garantía irrenunciable. Por eso nosotros modificamos y se agregaría que en todo momento el detenido extranjero que sea privado de su libertad en nuestro país, en todo momento sea asistido del delegado consular.

Hago esta especificación porque, miren. Lo vemos en la práctica cuando los agentes de Migración, agentes federales, retienen a un extranjero a veces tardan horas, días en poner a disposición del detenido ante el Ministerio Público. Entonces la garantía y el derecho que nosotros estamos estableciendo es que desde el momento en que sea detenido por el cuerpo policiaco, desde ese momento cuente con la garantía y el derecho fundamental de ser asistido y asesorado por el delegado consular.

Por eso queremos que se agregue donde es una garantía y es un derecho fundamental que va inherente al ciudadano o al extranjero para que sea asistido en todo momento cuando sea privado de su libertad y no hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público. Es ahí donde hacemos el agregado.

Exhorto y apelo al consenso y a la buena disposición de esta Cámara para que sea aceptada. Creo que no afecta el trasfondo ni el espíritu del Código Nacional de Procedimientos Penales, al contrario, se fortalece, se robustece para que vaya más precisado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Gracias, presidente. Diputadas y diputados, esta reserva que hemos planteado con una propuesta de modificación al artículo 165, para poner el contexto. Es verdad que el artículo 20 constitucional habla de que la prisión preventiva puede ser máximo de dos años, hay que dejarlo también claro; sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de este espíritu de la reforma constitucional contemplaba que solamente hubiera esta medida cautelar por un año.

Sentimos que poner la reforma a dos años es regresar a los mismos vicios que tenía el anterior sistema, el ir empezando a flexibilizar los principios constitucionales, para que el día de mañana caigamos a lo mismo, a tener una sobrepoblación.

Una sobrepoblación que hoy no es cualquier cosa, estamos hablando que en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contempla del 2015, la capacidad que tienen los centros penitenciarios es de 203 mil 84 personas que pueden estar en centros penitenciarios, cuan sin embargo tenemos una población total de 254 mil. Es decir, hay una sobrepoblación de 51 mil, aproximadamente, internos, lo que da un porcentaje sobrepoblación de 25.4 por ciento.

El gran problema de la prisión preventiva es que violenta un principio fundamental que es la presunción de inocencia, que es uno de los ejes más importantes en esta reforma constitucional, el nuevo modelo de justicia penal.

En consecuencia, vemos que es delicado empezar a conceder una serie de reformas, porque tal vez no se tenga la capacidad para hacerle frente al nuevo modelo de justicia penal. Pero hay que decirlo, hay cifras contundentes que hablan de la gran problemática de la sobrepoblación y también de la violación a los derechos humanos, por ejemplo, el 14 por ciento de las personas que han estado en prisión preventiva han sido absueltos. Es decir, todas estas personas han sido inocentes y han estado en prisión.

En consecuencia, el hecho de que se plantee un año dentro, como prisión preventiva implica respetar los derechos fundamentales y hacer más eficaz el sistema de justicia en nuestro país.

Creemos que esta medida cautelar no debe pasar de dos años y hablar del grave problema de la sobrepoblación, hay estados como Jalisco, como el estado de México, el Distrito Federal y Nayarit que tienen una grave sobrepoblación y que además existen en México.

Ha evaluado la Comisión de Derechos Humanos que este problema de sobrepoblación los pone, a los centros penitenciarios, con altos riesgos de muchas situaciones que ya hemos contemplado.

En consecuencia, creemos que esta reforma que se está planteando es una contrarreforma, sería regresar a seguir violentando los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos 421, 422 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Está queriendo a ver si convence al diputado Murrieta, pero no llegaron a ningún acuerdo. Le faltaron tres minutos. Si quiere lo podemos saltar, a ver si lo convence. Adelante, diputado Fernández.

El diputado Waldo Fernández González:La propuesta de dictamen que hoy se está sometiendo a votación es un instrumento que sin duda fortalecerá el nuevo sistema de justicia penal. Es por ello y para fortalecer la miscelánea penal, que acudimos a esta tribuna a presentar reservas a los artículos 421, 422, 423, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En lo que se refiere al artículo 421, considero que de quedarse el texto como se encuentra en el dictamen provocaría incertidumbre e inseguridad jurídica para las personas jurídicas, ya que se puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas sin que las personas físicas hubiesen actuado en beneficio de éstas.

¿Qué pasaría si el empleado de una empresa utiliza la computadora, el teléfono de la oficina o algún otro bien de la empresa para realizar algún delito?

Con esta redacción la persona moral sería imputada injustificadamente por un delito cometido por una persona física, sin tener inclusive conocimiento de la conducta de ésta, por el único hecho de pertenecer al personal de ésta.

Sumado a lo anterior se debe hacer la observación de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales solo deberían caber procedimientos para sancionar los delitos que se encuentren en la legislación sustantiva. Se han incluido tipos penales, es decir, delitos, los cuales no deberían encontrarse en ete ordenamiento por su simple naturaleza.

Por eso, proponemos que se juzguen penalmente responsables las personas jurídicas hasta que se acredite que existe un beneficio a su favor, o bien, se pruebe con plenitud que la persona jurídica actuó con dolo o con una clara intención de obtener este beneficio.

En relación al artículo 422, en el que se establecen las consecuencias jurídicas que pudieran aplicársele a las personas morales que hayan incurrido en responsabilidad penal, entre las que se encuentren multas, decomisos, suspensión, clausuras y disolución de la empresa, entre otras, la redacción de este artículo, como está en el dictamen, provocaría que los jueces puedan clausurar o incluso disolver una persona jurídica sin un análisis económico.

Por tal motivo, se propone que se escuche la opinión de las instituciones financieras del Estado, como la Secretaría de Hacienda y la de Economía, o cualquier otro órgano regulador de las actividades económicas para poder determinar el impacto que tendrían todas estas medidas en el personal que legítimamente colabora en estas empresas.

En el artículo 423 del dictamen se establecen como medidas cautelares la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial.

Esta redacción lo único que provocaría es que con la clausura o suspensión se ponga en riesgo la viabilidad económica de la persona jurídica, lo que podría provocar daños irreparables a la misma afectando al empleo y a terceras personas como proveedores.

El objetivo de una medida cautelar debe ser únicamente el asegurar que un derecho o una obligación pueda hacerse efectivo en un procedimiento, pero de ninguna manera equipararlas en sanciones a las personas jurídicas que les impida su funcionamiento con las consecuencias sociales, laborales y económicas, y que puedan ser utilizadas en algunos casos con mala fe como instrumentos políticos para dañar no solo a la persona jurídica, sino a los trabajadores y a la actividad económica de una región.

Por lo anterior, las reservas que hoy estamos presentando tienen como objeto eliminar la suspensión de actividades y la clausura como medidas cautelares, dejando únicamente que la intervención por la autoridad competente sea la única medida cautelar, porque garantizaría la solvencia y estabilidad de las personas jurídicas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar propuestas de modificación a los artículos 11 y 11 Bis de la fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Con el permiso de toda la asamblea. El desarrollo de la figura de responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas es un tema relevante, en tanto que atiende la necesidad social de las estructuras jurídicas que se crean en el derecho privado, a efecto de que estas no sean utilizadas para transgredir el orden social en el ámbito de las conductas reguladas por el derecho penal. Conductas, dicho de manera enunciativa, algunas de ellas previstas ya en el artículo 11 y 11 Bis. Terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas a tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores, tráfico de influencias, tráfico de personas, falsificación y alteración de moneda, por mencionar algunas.

Al respecto, existe una regulación incipiente en el Código Penal Federal, pero nos parece que es insuficiente. La minuta que se dictamina pretende cubrir algunas de las lagunas que existen en esta materia, sin embargo la regulación propuesta sigue siendo deficiente. El objeto de esta reserva es anunciar nuestro voto en contra de las particularidades del dictamen, que son insuficientes o que pueden considerarse erróneas desde un punto de vista dogmático.

Esta reserva incluye la necesaria intervención en la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de aclarar de manera primigenia, que esta materia debe ser competencia de la federación, en virtud de existir reserva de ley en el artículo 73 constitucional, por generar una afectación en materia comercial.

En este orden de ideas reservamos también, porque están vinculados, los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales para los siguientes efectos:

1. Aclarar que el régimen sustantivo no puede ser regulado en un código de naturaleza procesal, sino en un Código Penal Federal.

2. Perfeccionar la sistemática redacción y aclarar cuáles son las diferencias entre sanción y consecuencias jurídicas.

Por lo anterior, se propone dejar sin cambios dichos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en cambio proceder a reformar el Código Penal Federal en los artículos mencionados, 11 y 11 Bis, y se propone la adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el proyecto de dictamen de minuta de la miscelánea penal, a efecto de federalizar las sanciones y consecuencias jurídicas a las personas morales o jurídicas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Casillas. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Habiéndose agotado la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación de los artículos 22, 113, 151, 165, 174, 176, 196, 218, 222, 421, 422 y 423 contenidos en el artículo 1o. del decreto del Código Nacional de Procedimientos Penales en términos del dictamen, así como de los artículos 11 y 11 Bis contenidos en el artículo 2o. referidos al Código Penal Federal en términos del dictamen y de los artículos 42 y 92 contenidos en el artículo 9o, referidos al Código Fiscal de la Federación, igualmente en términos del dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos ya mencionados por el presidente de la Cámara, en términos del dictamen.

(Votación)

Sigue abierto el sistema electrónico, si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto, pueden hacerlo. Sigue abierto el sistema electrónico, si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto, lo puede hacer. Sigue abierto el sistema, pueden votar las diputadas y los diputados que falten de hacerlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a dar un minuto más.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Diputado Hugo Gaeta, puede emitir su voto, por favor. Diputada Nancy, puede votar, por favor, para cerrar el sistema. Diputada Jasmine Bugarín, puede emitir su voto. Adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya, diputado.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Allá ¿falta algún diputado? A ver diputado. ¿De viva voz lo quiere hacer? ¿Quiere cambiar el sentido de su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, verifiquen rápido y resuélvanlo rápido.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Quiere rectificar su voto, diputado.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Rectificar mi voto.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: ¿Cuál será su sentido? ¿A favor?

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿De quién, del diputado...

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: De viva voz:

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): A favor.

La diputada Carmen Salinas Lozano (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Quién fue quien cambio el sentido de su voto? El diputado Ordoñez.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Diputado Ignacio Pichardo a favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Señor presidente, se emitieron 359 votos en pro, 1 abstención y 48 en contra, 47, por la corrección.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Cuarenta y siete, porque hubo una rectificación. Gracias. Entonces, aprobados los artículos enunciados en términos del dictamen por 359 votos. Y, por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Pablo Piña, Juan Pablo Piña, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias, presidente. Para anunciar que, en caso de que esta reforma sea promulgada tal y como la acabamos de aprobar, es decir, si el Senado o el presidente de la República no la modifican, existe un grupo de legisladores que presentaremos una acción de inconstitucionalidad al considerar que hay varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que violan lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña. Quedan consignadas sus expresiones para los efectos a los que pudiere haber lugar.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sí, sonido en la curul del diputado Tamez, por favor. Tamez Guajardo.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más quiero expresar que sin obstáculo de mi apoyo a la reforma me sumo a la preocupación del diputado Piña y de los demás compañeros, en cuanto al trato de personas morales. Ojalá y se pueda corregir aquí. Si no, ya se procederá. Gracias, señor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Igualmente quedan consignadas sus expresiones. Sonido en la curul del diputado Waldo Fernández, por favor. Abajo a mi izquierda, diría el Doctor IQ.

El diputado Waldo Fernández González(desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, la misma preocupación. Apoyando evidentemente la Miscelánea, pero con esta preocupación en el tema de personas morales. Sumándome a lo que menciona el diputado. Gracias, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Están consignadas sus expresiones. Sonido en la curul del diputado Romero, por favor. Romero Tenorio.

El diputado Juan Romero Tenorio(desde la curul): De igual forma, señor presidente. Como dice el dicho popular, lo que no mata engorda. Cualquier acción que tienda a mejorar esa normatividad será apoyada por Morena y nos sumaremos a las manifestaciones de los demás compañeros. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Ya no tengo más peticiones. Así quedamos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran los legisladores de la Cámara de Diputados que habrán de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34, numeral 1, incisos b) y j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el 29 de enero de 2016, producto del trabajo responsable de todas la fuerzas políticas, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México;

2. Que en su artículo séptimo transitorio, dicho decreto contempla la integración de una Asamblea Constituyente que ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de poder constituyente para la Ciudad de México, cuya elección se realizará el primer domingo de junio de 2016 para instalarse el 15 de septiembre de ese año, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes presentes;

3. Que la disposición en comento, señala que la Asamblea Constituyente estará compuesta por 100 diputados constituyentes; precisando, en el inciso c) que catorce de ellos serán diputados federales designados por e1 voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de su Junta de Coordinación Política;y

4. Que con base en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política está facultada para proponer al Pleno los diputados que habrán de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados nombra los legisladores que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

Segundo.De conformidad con el régimen transitorio del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, los legisladores designados como diputados constituyentes continuarán ejerciendo sus cargos federales de elección popular, sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional.

Tercero.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. Está a su consideración. Tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, para hablar en contra de la propuesta.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, presidente. Primero, Morena aclara que el lugar 11 que se dice que por designar. No, Morena no tiene el problema de por designar, Morena rechaza la propuesta, Morena no va a ocupar una propuesta que se va a imponer a la ciudadanía.

De los señalados son diputados dos por mayoría relativa, nueve por representación proporcional del Distrito Federal. A ellos los ubica la ciudadanía del Distrito Federal. Otros cuatro son de otras entidades. Son 11 legisladores de los cuales ningún ciudadano de esta ahora Ciudad de México ha emitido un solo voto para designar los diputados constituyentes.

Y hay un problema gramatical también, el diputado es electo, es electo por los ciudadanos de una circunscripción, entidad o distrito. Hay 40, ahora 39, que no son electos, son designados por Poderes constituidos, violan el principio federalista, violentan la soberanía de la Ciudad, violentan el derecho libre, personal, secreto de los ciudadanos.

Son adultos, saben decidir por sus actores políticos. No les arrebaten el 40 por ciento, no les impongan 40 diputados constituyentes. Solamente les dejan un margen de 60 y 60 propuestos por los partidos políticos, no por ellos mismos.

Es un Constituyente a modo, es un Constituyente derivado de un pacto político. Un pacto político en el cual el jefe de gobierno monopoliza la iniciativa. Es un pacto político que cercena la voluntad ciudadana para intervenir en el futuro de su ciudad. Es un pacto político que controla a la asamblea, las votaciones se van a decidir por dos terceras partes, están destinando a 40, dos terceras partes son 34, estos 40 pueden bloquear cualquier propuesta de avanzada, cualquier propuesta que se oponga al proyecto pactado dentro del marco del Pacto por México.

Les repetimos, los ciudadanos, los chilangos, los defeños somos mayores de edad, tenemos capacidad política y las decisiones de los últimos años lo han acreditado, 97 Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador, el año pasado les demostramos que la ciudadanía decide, Morena primera fuerza en la Ciudad de México, pese a quien le pese y cueste a quien le cueste.

El 5 de junio el ciudadano independiente va a votar por una opción auténtica, Morena, y eso la historia lo va a confirmar. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, para hablar en contra de la propuesta.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. Hoy se está consumando un enorme despropósito, el despropósito que alguien que no fue electo y que no es de una entidad federativa haga una Constitución, eso es algo que yo francamente no pensé ver en la vida democrática del país.

Yo pensé ver un país que se democratizaba, en donde la ciudad, la ciudad por la que he vivido muchos años y por la que he sido electo tres veces representante, ganara autonomía y fuéramos lo que la gente nos eligió, los que pudiéramos hacer leyes.

En esta lista hay dos diputados solamente que fueron electos por algún distrito en la Ciudad de México. Qué pasará con el conflicto de intereses, por ejemplo, de diputados, digamos, del estado de México, de Morelos, en los temas que tienen que ver con la ciudad y en donde se tienen que dirimir temas importantes de calidad del aire, de transporte, de agua, de finanzas públicas, entre muchas otras.

Hay conflicto de intereses entre quien representa una entidad federativa, fue electa en esa entidad y en este momento va a hacer la Constitución de la Ciudad de México.

Ésta no podrá ser una Constitución progresista. No lo será porque el PRI en este momento está consumando una mayoría artificial. Como toda Constitución, los votos serán por mayoría calificada, entonces habrá un partido, el PRI, el que siempre pierde las elecciones de la ciudad, al que le arrebatamos la ciudad y la convertimos en democrática en el año 97, contra lo que hemos luchado, una cuidad de derechos, una ciudad de izquierda, una ciudad de responsabilidades.

¿Qué pasará con el aborto? ¿Qué pasará con el matrimonio igualitario? ¿Qué pasará con los programas sociales? ¿Qué pasará con la educación pública gratuita cuando no será la izquierda la que tendrá esa mayoría? La izquierda que fue electa por los ciudadanos.

¿Será que en la próxima elección Morena va a ganar la mayoría de los votos? Sin duda. Morena fue la opción política más votada en la pasada elección en la Ciudad de México y lo será también en la próxima. Pero en esta ocasión no serán los ciudadanos los que decidirán cuál es la opción política que más conviene.

En esta ocasión esta Cámara está consumando un acto no democrático. Es designado a personas que no fueron votadas para hacer una constitución. Personas que fueron votadas para hacer leyes aquí, para representar a sus estados aquí, para representar al país en esta Cámara de Diputados y no a la Ciudad de México, que es un lugar con personas reales, con problemas reales y que quieren representación política de verdad. No una simulación como la que hoy estamos consumando.

Ojalá el presidente de la República, ojalá el jefe de gobierno reflexionen y ellos sí lo designen, lo designen a los constituyentes en la Asamblea y dejemos que sea la gente, la gente la que pueda decidir qué ciudad quiere construir y no la que el PRI con su mayoría quiere construir en esta Cámara de Diputados. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado LLerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra. Continúe. Adelante, diputada.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. Es una pena que la elección de los candidatos al Constituyente... no sean en su totalidad electos por los habitantes de esta ciudad. Es una pena, una vergüenza que el pueblo de México siga padeciendo del cinismo del llamado Pacto por México.

Esta ciudad el pasado 7 de junio decidió en las urnas que la mayoría de sus representantes populares sean de Morena, le pese a quien le pese. Es por eso que Morena no participará en la designación de 40 diputados que de manera irresponsable el Senado, la Cámara, Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera han decidido y se han asignado de manera antidemocrática y contraria a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Es un atentado para la ciudadanía que no se tome en cuenta su voto y decisión para elegir a los 100 diputados al Constituyente, y que vengan a decidir sobre la Constitución de esta ciudad 40 mandaderos externos.

En lo que sí vamos a participar y nos iremos a las urnas será en la elección de los 60 diputados al Constituyente, toda vez que la decisión de la ciudad debe ser tomada por la voluntad mayoritaria de los capitalinos.

El primer domingo de junio, 5 de junio, la gente volverá a ir a las urnas y votará por los candidatos a diputados al Constituyente de Morena, porque no permitirá que sigan queriendo imponer y decidir sobre la ciudad. Y así se los vamos a volver a demostrar por la vía democrática y participativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Habiendo participado tres oradores en un mismo sentido en este punto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el asunto.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la promoción y fortalecimiento de la atención preconcepcional en el sector salud de nuestro país.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor José Narro Robles, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al maestro Mikel Andoni Arriola Peñalosa, y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), licenciado José Reyes Baeza Terrazas; para que en el ámbito de sus facultades, informen a esta soberanía sobre las acciones y metas en torno a la mejora de la atención médica preconcepcional que recibe la población, lo anterior con el objeto de contribuir en la reducción de la mortalidad materno-infantil y mejorar la salud reproductiva.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, doctor José Narro Robles, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Mikel Andoni Arriola Peñalosa, y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), licenciado José Reyes Baeza Terrazas; para que en el ámbito de sus facultades, se diseñe y se aplique una campaña nacional de información sobre la importancia de la atención preconcepcional, así como de las opciones que ofrece el sector salud en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir con los compromisos presupuestales contraídos con la Universidad Veracruzana, y atender las necesidades financieras de esa casa de estudios, principalmente aquellos adeudos de los que sea solidario.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir con los compromisos presupuestales contraídos con la Universidad Veracruzana, y atender las necesidades financieras de esa casa de estudios, principalmente aquellos adeudos de los que sea solidario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Desarrollo Municipal

Baja: Diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (integrante)

Alta: Diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (secretario)

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 28 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Comisión de Turismo

Baja: Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (secretaria)

Baja: Diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (integrante)

Alta: Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (integrante)

Alta: Diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (secretario)

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 29 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Baja: Diputado José Alberto Couttolenc Buentello (integrante)

Alta: Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (integrante)

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 27 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

Comisión de Asuntos de la Frontera Norte

Baja: Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (secretaria)

Alta: Diputada Marbella Toledo Ibarra (secretaria)

Comisión de Asuntos Migratorios

Baja: Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (integrante)

Alta: Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (integrante)

Comisión de Ganadería

Baja: Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (integrante)

Alta: Diputado Moisés Guerra Mota (integrante)

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 28 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado el 14 de abril del año en curso, me permito comunicarle los legisladores que habrán de integrarlos:

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 28 de abril de 2016.— Luis Molina Robles, secretario ejecutivo (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: De la Secretaría de Gobernación, se recibió del titular del Poder Ejecutivo federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el último párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Regulatoria.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cívica e itinerante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registros civiles.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CÓDIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones del Código de Comercio.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Matías Nazario, por favor. ¿Con qué propósito, diputado? Sonido ahí. Está encendido ahí pero no. Denle sonido, volumen. Tome el otro ahí que amablemente le ceden.

El diputado Matías Nazario Morales(desde la curul): Gracias. Felicitar a los diputados, señor presidente, en relación a los integrantes del Constituyente. Yo creo que es una gran oportunidad de abrir un gran debate, de consolidar conceptos muy importantes que estarán en la mesa. Y abro esta opinión de felicitación porque estoy viendo que estarán integrando todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con todo respeto, diputado, pero ese asunto ya se votó, se discutió y se votó.

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul): Pero quiero felicitar a los diputados por esa integración. Sé que van a hacer un gran papel por esta circunstancia del Constituyente. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan asentadas sus expresiones, pero el asunto ya fue discutido y no vamos a abrir un debate sobre el tema.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Llerenas, no vamos a abrir un debate. Sonido en la curul del diputado Llerenas, por favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Bueno, el debate se llevó a cabo hace rato. Desgraciadamente nadie tuvo el valor de defender la lista que se puso en el momento respectivo y lo entiendo, entiendo que es indefendible que una Cámara designe a personas no electas para hacer una constitución en una entidad federativa. Entiendo que no hayan querido debatir.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya hubo la discusión correspondiente. Insisto, no vamos a abrir un debate. Por último nada más a la diputada Araceli Damián, sonido en su curul, y no vamos a dar la palabra en relación con el tema a nadie más; no vamos a dar la palabra a nadie más. El asunto ya se discutió, punto. Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián. Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Yo también quiero manifestar mi indignación como ciudadana del ex Distrito Federal. Efectivamente los 39 diputados que van a formar la constituyente, son personas designadas. Esa situación es inédita en el mundo. Jamás se habían designado diputados por el Ejecutivo federal, por el Ejecutivo local. Es una vergüenza para la nación lo que está pasando en esta Cámara de Diputados, y usted es parte de lo mismo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal, por este conducto hago de su conocimiento lo siguiente:

Que con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por cuestiones de índole personal, convicción e ideología, he tomado la decisión con carácter irrevocable, de renunciar al grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), mismo que me postuló por la primera circunscripción.

En consecuencia, es mi deseo ser registrada como diputada federal perteneciente al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), a partir de la fecha de recibido de este ocurso; cuya directiva ha dado su aval.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2016.— Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento que esta coordinación recibió solicitud de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, electa por la primera circunscripción, para incorporarse a la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por lo que le comunico que, en atención a la solicitud, se ha consentido su incorporación a nuestro grupo parlamentario. Lo anterior a efecto de que se tomen las medidas conducentes.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se han agotado los asuntos, presidente.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente José de Jesús Zambrano Grijalva, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 28 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 28 de abril de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE, a la Sener y a la SHCP, a fin de implementar una estrategia para regular los precios de los insumos agrícolas, utilizados en la producción de los granos básicos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a reconsiderar y en su caso, dejar sin efectos el acuerdo CCNO/1/2016, a cargo del diputado Ángel Rojas Angeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Coahuila a realizar las acciones necesarias para la discusión y aprobación de la legislación en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en la entidad, a cargo del diputado Cesar Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, implemente mecanismos de transparencia que permitan a los usuarios de transporte aéreo, conocer las razones por las que se determinan las demoras de las aerolíneas, y se aplique las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, ejecute una revisión en los términos del contrato de concesión realizado en favor de Aeropuerto del Bajío SA de CV, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo de Coordinación Guerrero, a fin de realizar la pronta aprehensión y castigo a quienes resulten responsables de los actos de violencia efectuados en Acapulco de Juárez, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.»

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA REGULAR LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS, UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS GRANOS BÁSICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la SE, la Sener y la SHCP a implantar una estrategia para regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción de los granos básicos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Germán Escobar Manjarrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción de los granos básicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es deficitario en la producción de los principales granos básicos que demanda el mercado nacional; por lo que es importante para el país que los productores nacionales contribuyan a reducir las importaciones de estos granos, de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se importan por lo menos 11 millones de toneladas de maíz principalmente amarillo; en el caso del sorgo se importan 2 millones y de trigo 3.2 millones de toneladas.

Por otro lado, las presiones en el precio de los granos en los mercados internacionales se ven influenciados por diversos factores entre los que se encuentran el efecto del cambio climático, el daño por plagas y enfermedades a los cultivos o una reducción o sobreproducción en otras regiones, el tipo de cambio de moneda o simplemente el cambio de uso de patrones de producción y consumo, ponen en riesgo las condiciones económicas de los países importadores.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los países para que tengan seguridad alimentaria, deben de producir 75 por ciento de los alimentos que consume; de acuerdo con estadísticas del SIAP, estamos produciendo menos de 60 por ciento de nuestros requerimientos, lo que nos hace dependientes de las importaciones y en riesgo para satisfacer la demanda alimentaria de nuestra población.

Por eso nuestro país requiere establecer las bases productivas de una política pública que impulse minimizar las importaciones de productos agropecuarios, que reducen las oportunidades de nuestros productores a formar parte de las cadenas productivas impidiendo competir hasta en los mercados locales.

Es importante señalar que para México, maíz, frijol y arroz son casos especiales y muy necesarios para tenerlos en consideración, por ser productos básicos esenciales de nuestra dieta, por lo que deben ser tratados de forma especial y estratégica, como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 179.

Nuestro país tiene limitaciones en la competencia con los precios internacionales, ya que nuestros socios comerciales cuentan con apoyos y subsidios en todas las cadenas productivas, lo que los impulsa y hace altamente competitivos; por comentar sólo en caso de nuestro principal socio, con el que tenemos por lo menos 80 por ciento del intercambio comercial, Estados Unidos de América, es una economía 20 veces mayor que la nuestra, no tenemos oportunidad de lograr competitividad en materia de granos.

El talón de Aquiles en la agricultura son los precios de los insumos necesarios para la producción, por lo que buscamos que se apoye urgentemente al pequeño y mediano productor, creando una verdadera política productiva; los precios de los insumos se han convertido en un problema coyuntural en la producción de alimentos y a pesar de que se cuenta con una Ley de Energía para el Campo, el acceso al apoyo es limitado; los productores mexicanos hacen lo posible por ser competitivos pero el acceso a los insumos energéticos que por lo menos el gobierno regula, como es el caso de la energía eléctrica, la gasolina, diésel y fertilizantes debieran ser ofertados a precios realmente competitivos; por lo que es conveniente que en forma coordinada la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezcan un mecanismo para lograr este objetivo.

A pesar que se han mejorado las políticas públicas de los sistemas de apoyos dirigidos al desarrollo agrícola, falta mucho por hacer en beneficio de los productores, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece desarrollar economías de escala y agricultura por contrato y proporcionar créditos; se pueden aprovechar los tratados comerciales para atraer insumos cuyos precios reflejen verdaderos costos de oportunidad en tecnología y financiamiento; generando el mayor valor agregado con una mejora en las condiciones de comercialización y distribución de sus productos.

México no puede dejar de cumplir compromisos establecidos con la firma de tratados o acuerdos comerciales; pero sí puede impulsar una política en materia de importaciones de los insumos que requiere la producción agrícola, en favor de los productores, para otorgar un paquete tecnológico para la producción de los granos básicos; se demanda a la Secretaría de Economía establecer una política pública en materia de precios de insumos como es el caso de los agroquímicos, semillas, fertilizantes, etcétera; que conlleva a la rentabilidad del campo mexicano, y así poder bajar los costos de producción y lograr ser más competitivos.

Para poder cumplir con los postulados que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; se requiere fortalecer el fomento a las actividades económicas de la agricultura, que permitan incrementar la productividad y la competitividad favoreciendo ampliar los mercados agropecuarios nacionales e internacionales; se tiene que regular la venta de las semillas para siembra, dado que las trasnacionales como Cargill y Monsanto, fijan precios a más del doble del insumo, lo que encarece el costo de producción, en perjuicio del productor.

Para que el sector agrícola tenga certidumbre, es necesario que se apoye el aseguramiento, para los productores de granos ya que resulta ser una carga económica ya que se ha llegado a triplicar el precio de las primas; sería sano para el productor que en apoyo a los paquetes tecnológicos a implementar para las siembras se apoye con 100 por ciento de la inversión, que permita reactivar la planta productiva.

Se tienen que crear las condiciones necesarias para que el productor se induzca a una reconversión productiva que se oriente a prácticas o cultivos que se dirijan a la productividad y rentabilidad agrícola, con sistemas de cadenas productivas integradas, en la que se aprovechen los mercados potenciales globales.

Por otro lado, siendo la agricultura una actividad de alto riesgo, generadas por las condiciones climatológicas, aunado a los precios del mercado de los granos y el encarecimiento de los insumos agrícolas, nos pone en una crítica situación, cada vez tenemos que invertir más y ganar menos, los productores del país han encontrado múltiples problemas, como es el caso del incumplimiento de sus pagos, por lo que se solicita se paguen los adeudos que aún se tienen con los productores del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, se establezca el cambio de la referencia que actualmente es la Bolsa de Chicago a otra que les permita obtener un mayor ingreso, además de perseguir un reordenamiento en los mercados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en forma coordinada un mecanismo para ofertar insumos energéticos de uso agrícola como es la gasolina, diésel, energía eléctrica y fertilizantes a precios competitivos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Economía; de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de impulsar en forma coordinada una política de precios de los insumos agrícolas, como son los agroquímicos, semillas y seguro agropecuario en beneficio de los productores agropecuarios.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, pague los adeudos que aún se tienen con los productores del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A RECONSIDERAR Y EN SU CASO, DEJAR SIN EFECTOS EL ACUERDO CCNO/1/2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal a reconsiderar y, en su caso, dejar sin efectos el acuerdo número CCNO/1/2016, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel Rojas Ángeles, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme el Índice de Competitividad Estatal 2014 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, El Estado de Querétaro, era el quinto estado más competitivo, derivado en parte del estímulo a la innovación y la diversificación económica.

Querétaro, fue de los primeros estados con mayor PIB industrial y de servicios especializados. Asimismo, fue el segundo estado más atractivo para estudiantes internacionales y de otras entidades.

En este mismo sentido de acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2014 del IMCO, “El municipio de Querétaro es una de las historias de éxito de las ciudades del país en la última década. Tiene una ubicación privilegiada en el centro del país, con acceso al corredor ferroviario y carretero más importante”.

“Estos factores han convertido a la ciudad en un destino atractivo para la inversión en sectores de alto valor agregado, como el aeroespacial. Al mismo tiempo, se ha mantenido como un importante destino turístico y cultural, con uno de los centros coloniales mejor preservados del país”.

Al respecto, “Querétaro es el único estado de la República Mexicana, junto con el Distrito Federal, que cuenta con cuatro Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco: el Centro Histórico de Santiago de Querétaro, las cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda, el Camino Real de Tierra Adentro y ahora los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán se suman a la lista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Por lo que de acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal la ocupación hotelera registrada en la Ciudad de Santiago de Querétaro, durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa (21-27de marzo) tuvo un promedio que superó el 85 por ciento. (En total, el estado recibió 101 mil turistas y captó una derrama económica superior a los 513 millones de pesos en todo el periodo. El porcentaje de ocupación hotelera que se tuvo un promedio fue del 60% en todo el estado.)

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el titular de la Secretaría de Turismo estatal, el turismo de negocios representa alrededor del 54 por ciento del total de la derrama económica que recibe la entidad anualmente. (Es decir, que de los ocho mil 700 millones de pesos que dejó la industria turística a la entidad en 2015, el turismo de negocios representó cuatro mil 698 millones de pesos).

Sin embargo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del periodo Enero-Marzo a nivel Estatal se presentó un incremento de la incidencia delictiva del fuero común del 11%, ya que en el año 2016 se habrían cometido en dicho periodo 8 mil 644 Delitos (de estos 5 mil 181 corresponden al municipio de Querétaro), mientras que en 2015 se presentaron 7 mil 693 delitos (4 mil 581, corresponden al municipio de Querétaro).

Frente a este contexto, el pasado veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, expidió el acuerdo CCNO/1/2016 (trece de octubre de dos mil catorce), relativo al cambio de domicilio de los Juzgados de Distrito Primero y Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, así como de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio. Mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de 2016, para que a partir del siete de marzo de este año los juzgados iniciaran funciones en su nuevo domicilio.

Cabe señalar que dos años atrás mediante el acuerdo CCNO/21/2014, se había determinado que el domicilio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Querétaro, sería el ubicado en José Siurob números 8 y 10, colonia. Alameda, Querétaro; y el del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad y sede referida, así como de la Oficina Correspondencia Común que les presta servicio, sería el ubicado en Constituyentes número 24 Poniente, colonia Centro, Querétaro. Ambos domicilios se encuentran fuera de la zona de monumentos y barrios tradicionales de la ciudad de Santiago de Querétaro, están interconectados a avenidas y calles amplias, e incluso hay un mejor acceso hacia la carretera federal México–Querétaro y no hay tráfico peatonal significativo.

Estos juzgados actualmente se encuentran operando en el domicilio ubicado en Allende Norte número 1 del Centro Histórico de Querétaro, lo que ha generado un posible riesgo cuando se requiere el traslado para declaraciones de reos y la preocupación de los habitantes y comerciantes del centro histórico.

Lo anterior, toda vez que la calle donde se encuentran dichos juzgados no cuenta con suficiente espacio para que la unidad denominada “rinoceronte”, donde se trasladan a procesados de alta peligrosidad, ni el operativo de seguridad, puedan entrar, por lo que es necesario utilizar vialidades alternas, debiendo trasladar a pie a los procesados cerca de 100 metros, cerrando las vialidades cercanas y montando fuertes dispositivos de seguridad, lo que pone en riesgo a la ciudadanía, a los abogados y a los funcionarios judiciales.

Además el domicilio de Allende Norte 1, se encuentra en el centro de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la ciudad de Santiago de Querétaro, a una cuadra del Jardín Guerrero, del Jardín Zenea y Plaza de la Constitución, de 4 museos, de iglesias, del Teatro de la Ciudad, de las oficinas la Delegación Municipal del Centro Historio y del Servicio de Administración Tributaria, en la calle donde realiza el descenso de los reos no hay estacionamiento, lo angosto de las calles adyacentes no permite que en muchas de ellas pueda haber vehículos estacionados, la circulación es de un solo carril, es una de las zonas comerciales y peatonales más significativas y hay un preescolar(Jardín de Niños Querétaro) justo frente a donde se han realizado los descensos de los reos, es decir la zona sufre una gran densidad de movilidad vehicular y peatonal, por lo que cualquier alteración a su flujo provoca complicaciones.

Al respecto el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, ha puntualizado que “no deberían de existir juzgados de distrito de esta magnitud en el centro”, ya que “la ubicación de las instalaciones de los juzgados es una circunstancia de seguridad para los ciudadanos del municipio”; además de exhibir a reos de delitos penales federales, en donde se están señalando cuestiones de delincuencia organizada o de delitos de alta peligrosidad”, y que las oficinas ubicadas en Av. Constituyentes se encuentran en mejores condiciones al estar ubicados en amplias avenidas.

Frente a este contexto, por parte de autoridades estatales y municipales de Querétaro se han manifestado al Poder Judicial reevalúe la viabilidad de que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Querétaro y la Oficina de Correspondencia Común, regresen a los domicilios en los que se ubicaban anteriormente, o bien sean ubicados en alguna otra de las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial en el municipio de Querétaro, para que de esta manera no se continúen realizando los operativos de traslado en los que han participado alrededor de 20 elementos de la Dirección General de Readaptación Social, con el fin de custodiar a los reclusos quienes visten overol naranja y mantas que les cubren la cabeza. Considerando, entre otros, los problemas de tránsito que se registran en esa parte de la ciudad y las condiciones de seguridad requeridas, incluso para el caso de darse algún tipo de rescate de los mismos reos.

Por lo anterior y con el propósito de salvaguardar la integridad de los habitantes y turistas del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, espacio declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, se muestra la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, respetuosamente hace un atento exhorto a la comisión de creación de nuevos órganos del consejo de la Judicatura Federal, a reconsiderar y en su caso dejar sin efectos el acuerdo CCNO/1/2016 relativo al cambio de domicilio de los Juzgados de Distrito Primero y Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, en esta misma residencia y entidad federativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Ángel Rojas Ángeles (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Coahuila a realizar acciones a fin de discutir y aprobar la legislación en materia de justicia administrativa para regular la competencia, los procedimientos, la organización y las atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo local, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal, César Flores Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado en esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de nuestra Carta Magna establecen que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales independientes que la amparen contra actos violatorios de sus derechos fundamentales; pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido más allá al establecer en su resolución de 2002 en el caso Cantos vs Argentinaque “la garantía de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido”.

En este contexto la situación imperante en el Estado de Coahuila es totalmente violatoria de los derechos fundamentales, violentando no sólo las garantías judiciales sino la administración de justicia ante la clara y constante omisión por parte del Congreso Local para expedir la ley en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el Estado y realizar las actuaciones necesarias para aprobar una partida presupuestaria para iniciar su funcionamiento, lo anterior violentando el mandato de la Constitución local que desde las reformas de 2005 y 2006 establecieron en los transitorios la obligación para los diputados de legislar en la materia.

De acuerdo con información de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Coahuila y Puebla son las únicas entidades federativas que no cuentan con un Tribunal Contencioso Administrativo o alguna sala especializada en la materia dentro del Poder Judicial del Estado, la importancia de la existencia de estos órganos jurisdiccionales la dejó en claro desde el 2013 la entonces presidenta de la asociación, Yazmín Esquivel Mossa, al señalar que: “Todos los Tribunales de lo Contencioso Administrativo ven desde una simple multa de tránsito hasta un decreto expedido por el gobernador o bien todos los actos que emiten los presidentes municipales o los impuestos prediales o todo aquello que considere que le afecta y que es ilegal, puede acudir y tiene una instancia que es el Tribunal Contencioso Administrativo en cada uno de los estados de la República”, sin embargo, en Coahuila la omisión del Poder Legislativo local ha convertido en juez y parte a las autoridades administrativas, obligando a que los ciudadanos acudamos a recurrir los actos ilegales de la autoridad ante la misma que los ha emitido, generando que los recursos de inconformidad sean negados o desechados, dejando en estado de indefensión a los coahuilenses ante la imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional por ser este inexistente a pesar de que la propia ley local establezca esa posibilidad.

En mi experiencia he tenido que promover en el último año cuatro juicios de amparo contra resoluciones de las autoridades municipales de Monclova, Coahuila; diversos recursos de inconformidad ante la misma autoridad e infinidad de solicitudes en ventanilla única sencillamente para cumplir con los trámites administrativos establecidos en las leyes para los negocios y comercios de un servidor, sin tener la posibilidad de recurrir dichas decisiones ante una instancia jurisdiccional como el Tribunal Contencioso-Administrativo que sea independiente e imparcial para resolver respecto a aquellas decisiones de las autoridades municipales que afectan mis derechos y carecen de la debida fundamentación y motivación violentando las garantías judiciales e impidiendo el acceso a la justicia.

La situación imperante en Coahuila ha contribuido a la corrupción, la obstrucción de la justicia y la represión, así como el abuso de poder por parte de las autoridades administrativas, especialmente municipales, que se convierten en juez y parte de sus determinaciones y niegan de manera sistemática e infundada la protección a nuestros derechos fundamentales.

En 28 enero del 2015 el Gobernador del Estado presentó Iniciativa de Decreto por el que se crea el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Coahuila de Zaragoza en cuyos transitorios se establecía el inicio de operaciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado 45 días después de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, a más de un año de la presentación de dicha propuesta los diputados no se han pronunciado en la materia.

El Congreso del Estado de Coahuila es responsable por omisión de la sistemática violación a las garantías judiciales y la falta de acceso a la justicia de la que somos víctimas los coahuilenses, es por ello la urgente, evidente e imperante necesidad de exhortar a los diputados locales a que analicen, discutan y aprueben la ley en la materia dando lugar al inicio de las operaciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo garantizando su independencia y la plena ejecución de sus resoluciones como lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Coahuila a realizar las acciones necesarias para la discusión y aprobación de la legislación en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el estado y realizar las actuaciones necesarias para aprobar una partida presupuestaria para iniciar su funcionamiento en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2016.— Diputado César Flores Sosa (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

IMPLEMENTE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA QUE PERMITAN A LOS USUARIOS DE TRANSPORTE AÉREO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SCT medios de transparencia que permitan a los usuarios de transporte aéreo conocer las razones de las demoras de las aerolíneas y aplicar las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia impulse mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones o causas por la que se determinan las demoras de las aerolíneas y aplique las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su reglamento.

Consideraciones

Uno de los temas que más preocupan en materia de competitividad aérea es el relativo al de la puntualidad con el que operan las diferentes líneas áreas en nuestro país. Un vuelo puntual puede hacer la diferencia entre tener una mayor productividad y competitividad o no.

A escala mundial, diversos documentos estudian la incidencia de la demora o puntualidad de las compañías aéreas en la prestación de su servicio. Un uso adecuado de los slots reduce los costos de demora de las aeronaves y aumenta el rendimiento obtenido por la puntualidad horaria de las aerolíneas.

En Estados Unidos, por ejemplo, la aplicación de medidas correctas de desempeño en el espacio aéreo puede generar ahorros anuales en los costos de demora de miles de millones de dólares.

En el país, la medición sobre la puntualidad aérea se realiza a través del índice de Puntualidad. De conformidad con el Índice, realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante 2015 (Estadísticas de puntualidad. Dirección de Aeronáutica Civil. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadi sticas/estadisticas-de-calidad/) el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario (es decir, más o menos 15 minutos dentro del horario programado) fue de 38 por ciento, destacando Vivaerobus con 46 por ciento, Interjet con 40 por ciento y Aeroméxico con 37 por ciento.

De igual manera, el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron de 33 por ciento en mayo de 2014 a 43 en igual mes de 2015, este porcentaje se disparó 10 puntos. De la misma forma el índice de puntualidad para 2015, muestra que las aerolíneas Magnicharters, Vivaerobus y Volaris presentaron demoras imputables promedio de 20, 28 y 21 por ciento, respectivamente, y no les fue retirado ningún horario.

En un predictamen elaborado por la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica se reportó que más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados, es decir más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.

Esta situación afecta de manera directa al usuario de las líneas aéreas. De conformidad con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría recibió unas 880 quejas en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, principalmente por sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipajes.

Sin embargo, con estadísticas de la propia autoridad el número de quejas contra líneas aéreas por las deficiencias en la prestación de servicios presentó un aumento de 3.2 por ciento en 2015 respecto al año anterior, destacando Aeroméxico con 53 por ciento en el incremento de las quejas presentadas por los usuarios, la pasar de 452 quejas a 692.

Peor aún, los usuarios de los servicios de trasportación aérea siempre desconocen los motivos, causas o razones por las que los vuelos se ven demorados y de la misma forma se encuentran en estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas áreas o al intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los vuelos.

La deficiencia y la baja calidad de los servicios prestados por parte de las aerolíneas es una de la situaciones que más preocupa, y más cuando de conformidad con la ley, el administrador aeroportuario tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, pero la Cofece no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots, por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia ha surtido efecto alguno.

Es importante realizar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos que puedan dar certeza a los usuarios sobre cuáles son las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados y cuales son imputables a las aerolíneas con la finalidad de que estos usuarios puedan exigir las indemnizaciones correspondientes.

También es necesario exhortar a la SCT a cumplir lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su reglamento respecto al retiro de los slots que hayan sido utilizados impuntualmente en un porcentaje mayor de 15 por ciento.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones implanten mecanismos de transparencia mediante el cual lo usuarios de transporte aéreo puedan conocer las razones y causas de vuelos demorados imputables a las aerolíneas, y aplique las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento a las aerolíneas cuyos vuelos se demoran por causas imputables a ellas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

EJECUTE UNA REVISIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN REALIZADO EN FAVOR DEL AEROPUERTO DEL BAJÍO SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la SCT una revisión en los términos del contrato de concesión realizado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para se realice una revisión de los términos del contrato de concesión otorgado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien el tema de la puntualidad área es primordial para la competitividad del país, no podemos dejar de tomar en consideración la eficiencia de los demás servicios que se prestan en los aeropuertos, pues estos impactan directamente en los usuarios. Por ejemplo, los aeropuertos instalados en los estados del Bajío, donde la industria automotriz ha propiciado el crecimiento de otros sectores industriales y de servicios, registraron en el 2015 el mayor crecimiento de pasajeros entre las 12 terminales aéreas que administra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

En 2015, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG), lideró el ranking de las terminales que más crecieron, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre las 10 terminales que atienden el mayor número de pasajeros en el país, en el aeropuerto de Guanajuato destacó al transportar 1 millón 472 mil 811 pasajeros en 2015, un avance de 22.4 por ciento respecto al año anterior con 1 millón 203 mil 680 pasajeros, de los cuales el 37 por ciento fueron viajeros internacionales.

En segundo lugar, se ubicó el aeropuerto de Monterrey, al atender a 8 millones 461 mil 917 pasajeros, y tener un crecimiento de 18.70 por ciento respecto al 2014, Puerto Vallarta, de liderar el ranking el año anterior, bajó dos lugares y se ubicó en la tercera posición; en este aeropuerto, se incrementó un de 17.32 por ciento el número de viajeros al atender a 3 millones 565 mil 613 en el 2015, y en la cuarta posición se encuentra el aeropuerto de Mérida, que transportó a 1 millón 663 mil 616 personas en el 2015, un 15.77 por ciento más, respecto a 2014.

Pero a pesar de que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) es el negocio más rentable de las 12 terminales que administra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), es donde menos dinero invierte el Grupo, y esto afecta de manera directa en los servicios que se prestan para los usuarios.

De conformidad con los Informes financieros del GAP, éstos revelan que entre 2013 y 2015, la utilidad de operación del AIG creció 150 por ciento. En 2013 el aeropuerto de Guanajuato generó utilidades por 82 millones de pesos, en 2014 superaron los 132 millones y en 2015 se dispararon a 205 millones. En Los Cabos, la utilidad creció 26 por ciento, y en Guadalajara aumentó 28 por ciento en dos años; es decir, la utilidad del aeropuerto de Guanajuato creció cinco veces más que las de Vallarta y Guadalajara.

Pero a pesar de ello, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato ha sido relegado al último lugar de inversiones por parte del GAP. Entre 2012 y 2015 se invirtieron 139 millones 222 mil pesos en la terminal aérea, mientras que de conformidad con el Plan Maestro 2015-2019 el Grupo Aeroportuario del Pacífico realizara una inversión de cerca de 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales apenas el 4.8 por ciento corresponden al Aeropuerto del Bajío (269 millones de pesos). Mientras que otros aeropuertos de menor flujo y menor crecimiento en sus utilidades, como Hermosillo, recibirá más inversión del GAP, con un total de 386 millones, en Puerto Vallarta la inversión será de 360 años millones de pesos, en Tijuana será de más de los mil 121 millones y en Guadalajara superará los mil 358 millones de pesos.

Ante ésta limitada inversión, durante marzo alrededor de 30 empresarios de la Comisión de Turismo de León se reunió con Enrique Peña Argüelles, administrador del AIG, a quien le exigieron que se aumente la inversión para mejorar el aeropuerto. Los empresarios y los usuarios denunciaron la faltan servicios, tales como salas de espera confortables, centros de negocios, bares, cafeterías, servicios de banco, restaurantes, baños más dignos, estacionamiento con costo más accesible; además se manifestó que de las cuatro máquinas que imprimen los pases de abordar de avión, sólo una funciona. Los problemas de infraestructura no solo son al interior del aeropuerto, por ejemplo, si un viajero decide tomar un autobús, debe salir del aeropuerto, caminar alrededor de 300 metros por un baldío, y llegar a la orilla de la carretera.

El AIG, además de recibir menos inversión, con respecto a otros operados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene necesidades urgentes como ampliarse en infraestructura, mejorar locales comerciales, restaurantes, sumar vuelos y brindar mejor atención, aseguran empresarios de León. En este sentido, debemos recordar que de conformidad con la fracción X del artículo 27 de la Ley de Aeropuerto una causal de revocación del contrato de concesión es la de no cumplir con las obligaciones conservación y de mantenimiento del aeródromo civil, por lo que es importante solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que realice una revisión de los términos del contrato de concesión a fin de verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeropuerto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones realice una revisión de los términos del contrato de concesión realizado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, para administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional del Bajío y llevar a cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el aeropuerto, con la finalidad de verificar que se cumplan con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeropuerto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

APREHENSIÓN Y CASTIGO A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA EFECTUADOS EN ACAPULCO DE JUÁREZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo de Coordinación Guerrero a realizar la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables de los actos de violencia efectuados en Acapulco de Juárez, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Por diversos medios nacionales, hemos sido testigos de uno de los pasajes más oscuros que se ha vivido en Acapulco; el pasado veinticuatro de abril, los acapulqueños atravesaron por un verdadero escenario de guerra.

La Policía Federal, mediante una tarjeta informativa, dio a conocer la versión oficial de una noche en la que el terror se apoderó de las calles: “...hombres armados atacaron a balazos dos instalaciones ocupadas por este cuerpo policiaco en Acapulco, dejando un saldo de un presunto agresor muerto y un policía federal herido...”

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación policiaca dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, el primero hecho de violencia se registró a las 21:40 horas frente al hotel Alba Suites, ubicado sobre la calle Gran Vía Tropical en el fraccionamiento Las Playas, donde se encuentran hospedados elementos de la Policía Federal.

Al lugar se acercaron varios sujetos con armas de fuego, quienes hicieron disparos contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión hasta obligarlos a huir del lugar en varios vehículos.

Casi a la misma hora, otro grupo de agresores realizó disparos con armas de fuego contra el edificio de Costera 125, en el que opera la base de la Policía Federal en el Puerto, sin que se registraran personas lesionadas.

Luego de las agresiones perpetradas por sujetos armados en dos puntos donde se ubican elementos de la Policía Federal, usuarios de redes sociales denunciaron a través de post, fotografías e incluso videos, el terror que se vivió durante las casi dos horas de tiroteo en una de las principales zonas turísticas de Acapulco.

Por su parte, el Grupo de Coordinación Guerrero, el día lunes veinticinco de abril del año en curso, en conferencia de prensa aseguró que los ataques perpetrados por civiles armados fueron en represalia a la detención de un líder local del cártel de Los Beltrán Leyva en Acapulco, Freddy N., alias “el Burro”.

Asimismo, aseguraron que “las cosas volvieron a su normalidad”, tras el enfrentamiento y balacera del domingo veinticuatro de abril en la costera de Acapulco. Estas declaraciones, al igual que a muchos, me llenan de rabia e indignación.

Coincido con el reclamo ciudadano que recrimina los hechos de violencia por la delincuencia organizada, pero más aún, desde esta alta tribuna, a nombre de los guerrerenses, condenamos el encubrimiento que pretenden dar a estos actos criminales por parte de quienes para vergüenza de los acapulqueños ostentan un cargo público.

No hay lugar a la interpretación, ni buena, ni mala. Mientras el caos y la impunidad continúen imperando en Acapulco, jamás podremos asegurar que “las cosas volvieron a la normalidad”.

Desde aquí, hacemos un enérgico llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la conciencia, para evitar cualquier dicho que pudiera comprometer el desarrollo de las investigaciones.

Con sobrada razón, Mario Luis Fuentes señaló que la política, no puede ser entendida como ajena al lenguaje de quienes son los responsables de su conducción cotidiana. No hay palabras inocentes, hablar es decir algo sobre el mundo, la realidad social o la subjetividad personal, pero es también ante todo, decírselo a alguien, entrar en relación con él.

De ninguna manera es tolerable que en ningún rincón del mundo se ejerza violencia. Condenamos y repudiamos la agresión perpetrada por sujetos armados que desataron el caos en Acapulco de Juárez, Guerrero, como condenamos la mordaza y censura que se pretende imponer por parte de quienes detentan un mandato público, luego de esta agresión a elementos de la Policía Federal.

Negar la realidad y la escalada de violencia que se vive en Acapulco, es darle la espalda al pueblo guerrerense.

En razón de lo anterior, sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente la grave agresión en que sujetos armados atacaron el hotel Alba Suites, ubicado sobre la calle Gran Vía Tropical en el fraccionamiento Las Playas; y el edificio de Costera 125, situado en Costera Miguel Alemán 125 en el fraccionamiento Magallanes, ambas instalaciones ocupadas por elementos de la Policía Federal en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Segundo. La LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades que conforman el Grupo de Coordinación Guerrero a la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

DÍA DEL TRABAJO

«Efeméride con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

Vengo ante esta soberanía, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a conmemorar una fecha de la gran trascendencia histórica en el ámbito nacional e internacional: me refiero al 1 de mayo, el denominado ‘Día del Trabajo’ o de los trabajadores.

Un 1 de mayo de hace 130 años (1886), un grupo masivo y organizado de trabajadores en Estados Unidos de América se propuso reivindicar sus condiciones laborales, principalmente las relacionadas con la duración de las jornadas de trabajo, en un contexto histórico caracterizado por las precarias condiciones laborales en gran parte del mundo.

Las consecuencias inmediatas de dichos intentos de reivindicación en aquel entonces fueron la reprimenda y criminalización de los obreros que buscaban mejores condiciones laborales, producto de lo cual se dio lo que hoy día conocemos como la “revuelta de Haymarket”, la cual tuvo lugar en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto más álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, donde la represión provocó la muerte de un policía y un número indeterminado de trabajadores. Asimismo, hubo gran cantidad de detenidos, cinco trabajadores condenados a la horca y tres a cadena perpetua, mismos que fueron denominados por el movimiento obrero como los “Mártires de Chicago”.

En razón de lo anterior, en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889) se acordó transformar aquella fecha en día festivo, en el Día Internacional del Trabajo.

Pese a los lamentables actos, el día de hoy podemos cerciorarnos cuál fue el resultado final del conflicto obrero: la indudable victoria del sector trabajador en Estados Unidos de América y una inminente réplica de dicho movimiento, y sus respectivas conquistas, en muchas partes del mundo.

El Día del Trabajo, como lo conocemos en México, también conocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el ‘Día Internacional del Trabajadores’, es celebrado oficialmente en 80 países y extraoficialmente en muchos otros.

Pese a que en el país se cumplen 103 años de la celebración de este día; a raíz de que el primero de mayo de 1913 se realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México, manifestación donde participaron alrededor de 25 mil trabajadores, un contingente enorme para esa época, fue en 1923, siendo Álvaro Obregón presidente del país, se acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo en México; sin embargo, fue sino hasta 1925, cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial, es decir, la conmemoración del Día del Trabajo se dio inicialmente como un acto extraoficial.

En los años inmediatos a los acontecimientos suscitados en el país vecino del norte en 1886, es de destacar que las demandas legítimas de los trabajadores agrupados en el movimiento obrero cobraron tal fuerza que, en la actualidad, en México, no es ajena la afirmación que versa en que el corolario de la larga y tortuosa lucha obrera de nuestro país radica en la Constitución de 1917, norma suprema de la nación que concretó múltiples peticiones del sector en su Artículo 123, en el que se dio reconocimiento de las obligaciones de los patrones y los derechos de los trabajadores.

En efecto, son indudables los avances que nuestro país ha inscrito en las condiciones de trabajo de las y los mexicanos en prácticamente un siglo, los cuales han reivindicado socialmente a trabajadores urbanos y campesinos desde principios del siglo XX.

Hoy, la Constitución de 1917 sigue vigente y en ella se reconoce y garantiza el trabajo digno y decente del que goza toda persona que se encuentre en nuestro territorio.

Así también, tenemos evidencias históricas de grandes instituciones para los trabajadores de México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores; la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; entre otras, que son sin duda prueba de las conquistas laborales que se mantienen como baluarte del movimiento social de la clase trabajadora.

Todo ello, gracias a que el Poder Legislativo ha sido protagonista no solo de sendos y profundos debates sobre el quehacer del Estado en materia laboral, sino además constructor de leyes y paradigmas laborales, como lo constituye sin lugar a dudas la reciente reforma laboral aprobada por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.

Dicha reforma fue una muestra del compromiso que poseen las instituciones mexicanas hacia los actores involucrados en el ámbito laboral, la que a tres años de promulgada, ha permitido que los derechos de las y los trabajadores sigan vigentes, ha promovido la creación de empleos y ha conseguido la inclusión de sectores vulnerables en la actividad económica del país.

Sin embargo, en una sociedad democrática y abiertamente crítica como en la que vivimos en la actualidad, persisten observaciones sobre el rumbo a que orientan tales cambios. Las y los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura propiciaremos el análisis plural, responsable y propositivo, con la firme convicción de atender las inquietudes de los sectores que convergen en el ámbito laboral, que requieran ser mejoradas.

En el día en que se conmemora el del trabajo hago un respetuoso llamado a continuar con la defensa responsable de este sector, del cual indubitablemente somos o hemos sido parte o, incluso en ocasiones, contraparte.

El 1 de mayo será, más que una fecha, un hecho histórico que obliga a reflexionar sobre el importante papel que juega el trabajo en las sociedades modernas, ya que si bien es un instrumento de desarrollo fundamental para cualquier Estado, lo cierto es que también el trabajo es un derecho humano, esencial de toda persona, el que debe ejercerse en condiciones decentes, dignas y en favor de su desarrollo y del desarrollo del país.

¡Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconocemos y enviamos un fraterno saludo a las y los trabajadores de México y de todo el mundo!

Notas:

1 http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_180752/lang—es/index.htm

http://madrid.cnt.es/1-de-mayo/historia/

http://www.trabajo.com.mx/ dia_internacional_del_trabajo.htm

2 El artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dispone que la Bandera Nacional deberá izarse a toda hasta el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

3 Tal fecha fue instituida por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (1889) como homenaje a los Mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.

4 http://www.udg.mx/es/efemerides/1-mayo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 19:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 29 de abril a las 20:30 horas. Mañana, perdón, viernes 29 de abril de 2016 a las 10:30 horas.

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