INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 3 de febrero de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 3 de febrero de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

2. Que expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados del Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

4. Que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que analice los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey, derivados de su falta de mantenimiento, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre el proyecto urbanístico malecón Tajamar del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, suscrito por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del ISSSTE, así como al delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, para que precisen la situación que guarda el proyecto del Hospital de Alta Especialidad en Torreón, en esa entidad, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere dentro del marco federal del combate a la corrupción y la implementación en la administración pública centralizada, el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y al ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el abasto de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, en esa entidad, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión para la prevención de cáncer en niños y adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia y Gobernación de esta soberanía, a fin de integrar la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, para dar resolución a los expedientes relativos a las solicitudes de juicio político que se encuentren pendientes de trámite, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los huevos de tortuga que se ofertan en el país, a fin de prevenir los riesgos a la salud humana, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la esterilización canina y felina, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del regidor de Coxcotlan, estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se emite un extrañamiento a la ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández y se le pide reconsidere sus declaraciones en torno a la resolución de la acción de inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes en las ciclovías del Distrito Federal, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención al suicidio, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo,, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, se coordine con las autoridades locales, a fin de realizar campañas regionales para prevenir la enfermedad por el virus de zika, suscrito por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al gobernador del Banco de México, para que difundan el análisis relativo a las causas del crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, Diputadas Federales, Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por  lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las tecnologías de la información están revolucionando las formas de interactuar y organizar el trabajo a nivel mundial, hoy día organizaciones e individuos se relacionan en tiempo real, independientemente del lugar y la hora en que se necesiten los servicios.

La flexibilidad que permite el uso intensivo de las tecnologías digitales a ciertas profesiones cualificadas propias del sector de servicios como las relativas a consultoría, servicios profesionales, asesoría o de investigación, entre otras actividades, contribuye a instaurar un modelo de trabajo propio de una sociedad globalizada, que lleva a que los trabajadores realicen su trabajo de forma remota, desde el domicilio de los trabajadores o en centros de trabajo compartido (telecentros), por lo que no es necesaria la presencia física del trabajador en la empresa.

El teletrabajo ha sido definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la forma de trabajo efectuada en lugar distante de la oficina y/o separación física y que implique el uso de nueva tecnología facilitando la comunicación. Este tipo de trabajo debe tener la característica de ser permanente y no eventual, prestado por personas físicas y no empresas, lo que significa que hay una relación laboral de subordinación que puede ser medida por el control de la empresa sobre el trabajo.

El teletrabajo tiene un gran potencial para constituirse en una alternativa real de empleo para muchas personas, particularmente para personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes y adultos desempleados, o personas que viven en lugares de difícil acceso.

Esta modalidad permite al teletrabajador combinar de forma aceptable y satisfactoria la vida laboral y la familiar; dedicar más tiempo para la familia, e incluso participar en tareas como el cuidado de los hijos, ancianos o personas con alguna discapacidad; así como reducir el estrés que causa los desplazamientos de casa a oficina y al revés.

Para las empresas y organismos del sector público y privado adoptar esquemas de mayor flexibilidad como el teletrabajo adquiere relevancia en varios sentidos, les significa menos espacio físico utilizado, reducción de gastos en energía, agua y costos asociados, y les permite transitar hacia un sistema de control por objetivos y resultados donde importa la calidad del trabajo realizado y el cumplimiento de los plazos previstos para ello.

Además, el teletrabajo favorece el incremento de productividad y mejora la calidad de los servicios. La supervisión, vigilancia y control de las actividades laborales es más eficiente, al medir el trabajo más por objetivos, metas y resultados concretos, que por la presencia física del trabajador o las horas que pasa en la oficina.

El teletrabajo reviste importancia en determinadas situaciones como emergencias sanitarias o desastres, al contribuir a cumplir con las responsabilidades y objetivos de las organizaciones. En la Ley General de Protección Civil se establecen algunas disposiciones a fin de garantizar que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo, por lo que deben contar con un plan para la continuidad de operaciones, donde el teletrabajo resulta un instrumento fundamental para cumplir este cometido.

La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información (Endutih) reveló que al mes de abril de 2013, 49.4 millones de personas son usuarios de una computadora y 46 millones utilizan Internet en el país.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México, en el 2013, 11.1 millones de hogares estaban equipados con computadora, lo que representó un 35.8% del total de hogares en el país. 9.5 millones de hogares cuentan con conexión a Internet, lo que significa 30.7% del total de hogares del país, mostrando un crecimiento de 20.6% respecto del 2012. Por grupo de edad, la población de 12 a 34 años es el que más utiliza el servicio de internet, con una participación del 62.6%.

El teletrabajo tiene un efecto multiplicador en los procesos de modernización del Estado y el cierre de la brecha digital. La reciente reforma en telecomunicaciones busca generar un entorno favorable que contempla infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales para que cada vez más hogares y empresas cuenten con equipos de cómputo y banda ancha, lo que implicará que más mexicanos tendrán más posibilidades de estar conectados y contar con medios que les permitan acceder a un empleo. Se busca que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con Internet de alta velocidad y a precios competitivos internacionalmente.

De hecho, algunos países están aprovechando el avance de sus sociedades respecto al uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que cuentan con legislación y políticas públicas específicas sobre teletrabajo, como documenta el Proyecto de Ley para la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en Costa Rica.

En Estados Unidos se permite financiar líneas telefónicas e instalar equipos en los hogares de los empleados autorizados para teletrabajar y existen políticas específicas de promoción y fomento del teletrabajo. En 2010, el Presidente Obama estableció una directriz a fin de que el teletrabajo se aplique para atender situaciones de contingencia de diferente naturaleza, también para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, reducir costos y para brindar un equilibrio en la vida laboral y personal de los trabajadores. Además, crea un ente que planifica, integra, coordina y regula todo lo relacionado con el desarrollo del teletrabajo.

En Europa, se firmó en 2002 el Acuerdo Marco Europeo entre la Confederación Europea de Sindicatos y el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública que garantiza a los trabajadores la igualdad de trato con el resto de los trabajadores de la empresa, la voluntariedad y la posibilidad de retornar al estatus laboral que tenía el trabajador antes de optar por el teletrabajo, el derecho a la información y consulta para contar con representatividad colectiva y obliga al empresario a aplicar medidas para evitar el aislamiento del trabajador.

En España, en 2005 se puso en marcha el Plan Concilia,el cual establece disposiciones públicas y privadas para promover el teletrabajo y que en 2006 llevó a establecer programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. Por su parte, Colombia desde 2008 cuenta con una Ley para promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, mientras que Chile introdujo el tema del teletrabajo en el Código de Trabajo (Ley N° 19.759) en el año 2001.

Ecuador y Costa Rica, cuentan con proyectos de ley para actualizar su marco normativo laboral en materia de teletrabajo. No obstante, Costa Rica ya cuenta con legislación desde el año 2008 para promover y regular el teletrabajo en las instituciones del Estado, por lo que ahora busca extender la regulación a la esfera de todas las organizaciones.

Argentina creó la Comisión de Teletrabajo en el Ministerio del Trabajo con el fin de modificar la Ley de Contrato de Trabajo No. 20.744, aun cuando ya se hacía mención al teletrabajo en el Anexo H. Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento del Empleo de las Personas Discapacitadas.

México estableció el tema del teletrabajo en la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo del 2012, aunque solo se limitó a caracterizarlo como trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, dentro del Capítulo XII de Trabajo a domicilio del Título Sexto sobre Trabajos Especiales, artículo 311.

Artículo 311.Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley.

Es así que se circunscribió el teletrabajo a las disposiciones que regulan el trabajo a domicilio, donde la relación laboral que se establece refiere a una nula supervisión porque las tareas a desempeñar fundamentalmente son artesanales o manuales y el pago es usualmente por piezas o unidades de producción, actividades que se dan por lo general en condiciones precarias, dentro del círculo familiar y en un entorno rural.

Lo que implica que la legislación especial que ampara a los trabajadores a domicilio se limita a intercambiar bienes materiales cuantificables, que no aplican a cuestiones especializadas que requieren conocimientos tecnológicos como demanda el teletrabajo para recibir, tratar y enviar información inmaterial por naturaleza. “Las características modernas del teletrabajo no pueden estar sujetas a esquemas normativos de cierta antigüedad que, en el mejor de los casos, ni siquiera tomaron en cuenta el desarrollo tecnológico y sus consiguientes impactos en las organizaciones laborales”.

El Inegi considera teletrabajo como “todas las actividades que pueden ser llevadas a cabo remotamente (fuera del lugar de trabajo) y que precisan para ello el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”. Con base en esta definición hizo una medición, combinó la información de la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información (Endutih) con la derivada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  y encontró que en 2009 más de tres millones de personas (3,027,465) realizó actividades relacionadas con su trabajo desde su hogar mediante el uso de computadoras, los cuales en su mayoría tiene un nivel de educación medio superior o superior (78%), seguidos por quienes adquirieron hasta secundaria completa en su escolaridad. Por el lado de las actividades económicas, la población trabajadora se concentra en la rama de los servicios (73%), seguidos por la industria y el comercio.

Lo que evidencia las características propias que tiene el teletrabajo, particularmente la ejecución de actividades intelectuales por medio de las tecnologías digitales, donde sí existe supervisión y control por parte del empleador.

El teletrabajo no altera la naturaleza de los poderes de dirección, solo adquiere la modalidad de transmitir órdenes por vía informática, por lo que no supone condiciones laborales distintas a las propias de una relación laboral presencial. Implica flexibilidad en la relación laboral con un amplio margen de disponibilidad empresarial y un reforzamiento de los poderes de dirección, porque no se da en el lugar de trabajo sino fuera de él, ya sea en el domicilio o el telecentro.

En México, las empresas que han implementado el teletrabajo con gran éxito son General Motors, Daimler Chrysler, IBM, HP, Oracle y Nortel. IBM de México tiene una planta de mil ochocientos trabajadores, y de ellos 20% trabaja desde su casa. La empresa trabaja desde hace seis años con programas flexibles para 40% del personal, donde el trabajador puede elegir su horario y combinarlo entre la oficina y el hogar. De acuerdo con un estudio realizado por IBM, 80% de las razones por las que un empleado se siente bien con su trabajo tienen que ver con la flexibilidad laboral, lo que impacta positivamente en los resultados del negocio.

Nortel Networks es una de las empresas pioneras en teletrabajo desde 1994, y para 1998 ya contaba con 35,000 teletrabajadores en todo el mundo. La empresa ha reportado un 10.4% de aumento en la satisfacción del empleado y un ahorro de 60 millones de dólares en propiedades. Para abril del 2005, aproximadamente 8% de los empleados de Nortel teletrabajan de tiempo completo, y cerca del 65% de los empleados trabajan a distancia por tiempo parcial.

Si bien, el teletrabajo ha sido adoptado por corporativos internacionales desde hace más de 10 años, la tendencia es aumentar su participación en organizaciones medianas y pequeñas, las cuales concentran alrededor del 30% de la población laboral, lo que motiva a contar con disposiciones específicas hacia esta forma de organización laboral que adquiere particular relevancia en la generación de empleo y aumento de productividad, en igualdad de trato y condiciones laborales que los trabajadores presenciales.

Lo cual conlleva que el empleador debe garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores y respetarlos sin menoscabo alguno, como es el derecho a la intimidad y a la privacidad de su trabajador; por parte del trabajador, está obligado a respetar las normas de protección de datos y confidencialidad de la información de la empresa, entre otros aspectos.

Frente al compromiso del Estado Mexicano de garantizar el derecho al trabajo a todas las personas, e incluso, avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales, el teletrabajo se convierte en una opción viable que produce beneficios a la sociedad, a las organizaciones y al medio ambiente.

Algunos datos dan cuenta de la importancia que adquiere el teletrabajo para reducir riesgos de trabajo, disminuir la contaminación y, en general, para evitar costos económicos al país y en la salud de la población.

En 2013, según la Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social de 2013 del IMSS, hubo más de un millón 400 mil personas que tuvieron algún riesgo de trabajo (1´402,445), en los que se incluye el traslado de casa al trabajo o de regreso a su casa, lo que obligó a más del 95% a ausentarse del trabajo.

De acuerdo a un estudio de IBM, el tránsito generado por los automóviles en la Ciudad de México, del segundo lugar de mayor malestar a nivel mundial en 2010, pasó en 2011 a ser la ciudad con mayor malestar causado por el tráfico. 63% de los automovilistas de la Ciudad de México cree que ha empeorado el tránsito en los últimos tres años y que existe un grave problema de arranque y detención del flujo del tránsito.

Como consecuencias de esto, 56% de los automovilistas han visto afectado su desempeño laboral o escolar debido al tránsito; 42% ha cancelado sus viajes al trabajo por tránsito, mientras que 43% considera que ha afectado su salud. El efecto del tránsito sobre el desempeño laboral es evidentemente negativo. Si los problemas de tránsito se redujeran drásticamente, 25% de los automovilistas de la Ciudad de México escogerían trabajar más.

En México más de 34 millones de personas están expuestas a la mala calidad del aire, debido en su mayor parte a la contaminación generada por los automóviles. Se estiman 14,734 muertes relacionadas con la mala calidad del aire en 2008 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, anualmente mueren 24 mil personas a causa de los accidentes viales y más de 40 mil padecen alguna consecuencia negativa. Estos causan un gasto de 126 mil millones de pesos al año, lo que representa entre 5 y 8% del presupuesto anual del sector salud, 1.3% del Producto Interno Bruto nacional.

En este tenor de ideas, esta iniciativa tiene como objetivo regular y promover el teletrabajo, como un medio que abona a la seguridad jurídica de miles de trabajadores del país que ya adoptaron esta forma de trabajo, al tiempo de que contribuye al loable propósito de lograr sociedades más incluyentes, participativas y con calidad de vida, donde es posible conciliar vida trabajo, reducir los efectos medio ambientales y el stress en las personas por el uso de vehículos y transporte público, entre otros aspectos.

Con esta iniciativa que presentamos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional avanzamos en el cumplimiento de la Plataforma de nuestro partido de incidir en una economía competitiva y en crecimiento, con empleos de calidad y oportunidades para todos. Legislar a favor del teletrabajo nos permite velar por la economía familiar, al ampliar las fuentes de empleo y generar ingresos para las familias mexicanas, aumentando su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII Bis sobre Teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactados como sigue:

Artículo 311.Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley.

Capítulo XII BisTeletrabajo

Artículo 330-A. Será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral a distancia en la que el trabajador en relación de dependencia efectúa, total o parcialmente, actividades remuneradas fuera del lugar de trabajo, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Para fines de esta Ley, a los trabajadores que laboran bajo esta modalidad se les denomina teletrabajadores.

Artículo 330-B. El convenio del teletrabajo por virtud del cual se establece la relación laboral entre el empleador y el teletrabajador deberá considerar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio; las responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que, en su caso le sean otorgados por el empleador; el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega del trabajo a realizar; las medidas de productividad y de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador; y demás disposiciones que establezcan las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes.

Artículo 330-C. El empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral de los teletrabajadores a fin de que gocen de un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo segundo de la presente Ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa.

Artículo 330-D. Las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador sobre salud, seguridad y previsión de riesgos profesionales por las actividades a desarrollar fuera del lugar de trabajo utilizando tecnologías de la información y comunicación serán precisadas en una norma oficial mexicana, la cual debe considerar los derechos del trabajador, como el garantizar el respeto a su intimidad y privacidad.

Artículo 330-E. Las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo entre organizaciones sociales, privadas y públicas, que facilite la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en esta forma de organización laboral; la capacitación, adiestramiento y certificación de recursos humanos en materias de tecnologías de la información y comunicación; la inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo en teletrabajo; la cultura del teletrabajo para generar empleo y aumentar la productividad, y como medida de implementación en caso de contingencias para garantizar la continuidad de operaciones a que refiere la Ley General de Protección Civil.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa, para establecer por parte de las autoridades correspondientes en materia de salud, seguridad y medio ambiente la Norma Oficial Mexicana prevista en el artículo 330-D y para establecer la red nacional de promoción y fomento del teletrabajo del artículo 330-E.

Notas:

1 Artículos 2, 7 y 11 de la Ley General de Protección Civil.

2 Inegi. Boletín de Prensa Núm. 502/13. 27 de noviembre de 2013.

3 Ibídem.

4 Gobierno de la República. México. Reformas en Acción. http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-telecomunicaciones/que-es

5 Proyecto de Ley para la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en Costa Rica. Expediente N° 18.549. 30 de agosto de 2012.

6 Ministerio del Trabajo. Decreto N° 0884 de 2012 por el cual se reglamenta la Ley N° 1221 del 16 de julio de 2008 y se dictan otras disposiciones. Colombia.

7 Sierra, Benítez Esperanza Macarena. “La nueva regulación del trabajo a distancia” en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. ISSN 2282-2313. Volumen 1, núm. 1, enero-marzo de 2013.

8 Garmendia, Cedillo Xóchitl. “Teletrabajo” en Tribunal Federal de Justicia Fiscal de la Federación. México, 2008.

9 Castro Estrada, Álvaro. “El teletrabajo y la legislación laboral mexicana” en Boletín Política Informática, N° 1, 2001, México.

10 Sánchez, Galvis Martha, “Un acercamiento a la medición del teletrabajo: Evidencia de algunos países en América Latina” en Colección Documentos de Proyectos. CEPAL, Chile, 2012.

11 Salinas, Novoa Lorena. “Teletrabajo, mitos y realidades”.  Año 6, Número 21, abril de 2006. http://eltintero.ruv.itesm.mx

12 Sierra, Benítez Esperanza Macarena. “La nueva regulación del trabajo a distancia” en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. ISSN 2282-2313. Volumen 1, núm. 1, enero-marzo de 2013. p.22.

13 IBM. The Globalization of Traffic Congestion: IBM 2010 Commuter Pain Survey. http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/32017.wss Frustration Rising: IBM 2011 Commuter Pain Survey. http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/35314.wss

14 Guía metodológica para la estimación de emisiones vehiculares en ciudades mexicana. México: Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://www2.ine.gob.mx/ publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=618

15 Secretaría de Salud, 2010. Comunicado de prensa No. 131 http://portal.salud.gob.mx/redirector?tipo=0 &n_seccion=Boletines&seccion=2010-03-26_4488.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO DEL PRIMER EMPLEO PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados del Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 76, fracciones I y II, 77, numeral 1, 78 y 139, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento de primer empleo de trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior, al tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la estadística presentada por el INEGI, uno de los temas que más preocupa a los jóvenes con un 49.2% es el desempleo y la falta de oportunidades laborales. En el estudio manifiesta que aproximadamente el 9.8% de los jóvenes entre los 15 y 19 años no fueron empleados y 9.2% de desocupación entre hombres y mujeres de 20 a 24 años de edad.

México es un país de jóvenes. Así lo demuestra el Censo de Población y Vivienda 2014: los mexicanos entre los 15 y los 29 años de edad suman 31.4 millones, lo que representa el 23.9% del total de habitantes de nuestro país. Las cifras del INEGI nos revelan que el 35.6% del total de jóvenes en el país tienen entre 15 y 19 años; el 33.7% entre 20 y 24 años; y el 30.7% de la población, oscila entre los 25 y los 29 años de edad, según el registro realizado en el primer trimestre de ese año.

Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro mercado laboral. La población económicamente activa o fuerza laboral se compone de 51.7 millones de habitantes, de los cuales 37% son jóvenes. De estos, el 9.2% no ha tenido éxito en la búsqueda de trabajo, un porcentaje significativamente mayor si lo comparamos con la tasa de desocupación general de 5.4% en 2011.

Las tasas de desocupación de jóvenes entre 20 y 24 años es del 9.8%, los que encuentran trabajo en el mercado informal son el 61.7%, de estos el 44.8& cuentan con estudios del nivel medio o medio superior, el 17% perciben un salario mínimo, de estos el 32.3% perciben entre uno y dos salarios mínimos, 5 de cada 10 egresados cuentan con empleo u oferta de trabajo, de seguir con estas cifras, se estima que para el 2020, más de 3 millones de profesionistas estén sin trabajo.

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven de México en etapa productiva es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo.

Ante esta situación de la falta de oportunidades, y con la inminente necesidad de generar recursos tanto para la manutención propia, como el apoyo familiar los jóvenes mexicanos recurren a la informalidad, en donde los sueldos obtenidos son bajos, como se estableció con los porcentajes anteriores; a pesar de lo que se podría suponer, las tasas de desempleo se agravan más cuando los jóvenes poseen un nivel educativo medio superior y superior.

En tal sentido, apuntó, que según estadísticas de 2014 el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5%, mientras que los que poseen un nivel medio y superior llega al 12% por ciento.

Por otro lado, a principios del 2014 la Cámara de Diputados publicó informes en el cual demostraba que nuestro país ocupaba la cuarta posición a nivel mundial con mayor desempleo entre la población de 15 a 29 años. En dicho informe se hace referencia lo establecido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en donde se señala que entre más preparado se encuentre un individuo, las posibilidades de encontrar un empleo de acuerdo a su formación se reducen.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. La evidencia en el tiempo y entre países muestra que el desempleo golpea más a los jóvenes debido primordialmente a su nula o escasa experiencia laboral. Los jóvenes enfrentan un círculo vicioso que lacera sus aspiraciones profesionales al no encontrar trabajo por no contar con la experiencia suficiente, y no poder acumular experiencia y capacitación por no hallar trabajo.

Romper con el círculo de desempleo juvenil y experiencia que facilite la contratación no es una tarea fácil, menos en un país como México donde coexisten otras agravantes, como son la desvinculación entre el mercado laboral y la educación superior o técnica por motivo de sus deficiencias, y lo altos costos asociados a la contratación y despido de trabajadores, limitando la creación de puestos laborales.

Según la OIT, actualmente el desempleo juvenil mundial se sitúa en el 12.9%. Además, las cifras de la OCDE muestran que las economías más grandes del mundo están en un promedio de poco más del 16%. Sin duda, este fracaso pone en peligro no sólo el sistema económico global, sino también la cohesión de nuestras sociedades al no poder asegurar que los jóvenes participen de manera significativa en las economías.

Respecto a la situación en México, la desocupación de los jóvenes es menos grave, aunque mejorable.

Hoy en día se sitúa en el 9.7% en este segmento, quedando por lo tanto debajo del promedio de los países de la OCDE. No obstante, existe un gran desequilibrio entre profesionales con las competencias adecuadas y los puestos disponibles, que genera una guerra por captar y retener el talento entre las compañías. Para combatir la pérdida de la disponibilidad y demanda de talento, los gobiernos e instituciones educativas deben trabajar de manera conjunta con los empresarios, para diseñar planes estratégicos que incrementen la formación de aquellas competencias necesarias de las que existe escasez en México

Tres cuartas partes de los nuevos ingresantes al mercado laboral tienen que recurrir a la economía informal e ilegal (migración de por medio, en muchos casos) para el sustento propio y el de sus familias.

Los escenarios de recesión y desaceleración económica a lo largo de Estados Unidos, en la pasada y presente década complican aún más el panorama laboral de los jóvenes mexicanos al impactar directamente nuestra tasa de crecimiento, y por lo tanto, a la generación de empleos. De no realizar las adecuaciones que se necesitan a nivel doméstico, grandes oportunidades desprendidas del trabajo, iniciativa y creatividad de las nuevas generaciones se perderán.

Los riesgos asociados, de no generar oportunidades laborales suficientes para los jóvenes, son por demás conocidos. De ahí su interés de crear políticas públicas encaminadas a mitigar este rezago social.

El Gobierno Mexicano ha demostrado sus esfuerzos para controlar esta problemática, promoviendo políticas de estado para incentivar la creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas como lo fue el Programa de Primer Empleo (PPE), que inició el1 de marzo de 2007, creado con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral.

A pesar del beneficio, los empleadores no echaron mano de él. Es decir, del presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, fue hacia marzo de 2010, donde el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que fue cancelado.

Este programa no resultó atractivo para los empleadores, debido principalmente a que el trabajo formal no sólo implica el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre los cuales no se contempla deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los patrones debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Según información del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De manera que embarcarse en el programa significaba, para muchos empleadores, incurrir en costos significativos.

Más importante aún es que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de decisiones del empleador: la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se respire. El relativo abaratamiento de la mano de obra pretendido por el PPE, al no considerar el beneficio per se dé la contratación, se tradujo en un incentivo poco efectivo.

Otro ejemplo de política pública calificada como “letra muerta” por el sector empresarial a la Ley de Fomento al Primer Empleo, ya que las reglas de operación que incluyen multas a las empresas inhiben la generación de empleo; con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales que favorezcan a los millones de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral y no busquen otras opciones como el subempleo, comercio informal, la migración y, en el peor de los casos, la delincuencia organizada, los legisladores incorporaron a la LISR un nuevo capítulo denominado “Del fomento al primer empleo”, consistente en otorgar una deducción adicional en este impuesto.

De acuerdo con los propios legisladores, el estímulo debe ser temporal, ya que tratar de resolver una situación transitoria de la economía y establece una vigencia de tres años para gozar de este beneficio

Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, ya que simplemente lo necesita reportar en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Las familias de México, trabajan diariamente para apoyar y motivar a sus hijos, y que los mismos puedan superarse profesionalmente y obtener una mejor calidad de vida. Con esta ley, se busca convertir al joven que se ha esforzado en agente de cambio, quien con el cumplimiento de sus pretensiones y deseos, crecerá satisfactoriamente y por ende, fortalecerá al Estado.

La presente propuesta responde a la intolerable situación actual, en la que se encuentran sufriendo los jóvenes estudiantes y/o egresados en materia de empleo y de oportunidades, para establecer medidas emergentes que atiendan esta crisis para rescatar a los jóvenes mexicanos e incentivarlos a incrementar sus niveles de bienestar.

La presente ley es de orden público, y tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en el sector público y privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Por ello solo serán objeto de la presente Ley, los jóvenes estudiantes o con estudios y/o egresados de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior mayores de 18 años y menores de 29 años, que no tengan registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón y que sea su deseo obtener su primer empleo.

Asimismo, se vincula a los jóvenes estudiantes de nivel técnico y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio u dependencia del sector público o privado, al derecho de preferencia en relación a un Puesto de Nueva Creación, con el objetivo de que al terminar con sus estudios, puedan ya egresar con su incorporación al mercado laboral.

Se establece coordinación interinstitucional para incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente ley.

Esta propuesta no solo se concentra en la creación de empleos y la colocación de los que se encuentran en busca de uno, para con ello disminuir los índices de desocupación, sino que también será parte de la propuesta incluir en la política de Estado el bienestar de cada individuo y de su familia, a partir de la conclusión de sus estudios, en base al cumplimiento de sus deseos que atiendan al esfuerzo individual y el empleo personalizado.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior

Artículo Primero. Se expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, para quedar como sigue:

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo IDel Fomento del Primer Empleo

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional, y tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes estudiantes y egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en el sector público y privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Artículo 2. Serán objeto de la presente Ley, los jóvenes estudiantes o con estudios y egresados de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior mayores de 18 años y menores de 29 años, que no tengan registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón y que sea su deseo obtener su primer empleo.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas presupuestables y administrativas correspondientes, para garantizar el cumplimiento de la presente Ley. La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 4. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:

I. Educación Superior.- Es la que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades;

II. Empresa.- Una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Instituto.- Instituto Mexicano del Seguro Social;

IV. Patrón. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores;

V. Prácticas Profesionales.- Son el conjunto de actividades propias de la formación profesional para la aplicación y la vinculación con el entorno social y productivo;

VI. Puesto de nueva creación.- Todo aquel puesto de nueva creación que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en los términos dispuestos por la misma;

VII. Salario base.- Es el monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón y la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador de primer empleo o sus beneficiarios legales;

VIII. Secretaría.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IX. Servicio Social.- Se refiere al programa de carácter obligatorio administrado por la universidad o institución de nivel Técnico Superior que se esté cursando el grado, para poner en práctica los conocimientos que ha adquirido en su preparación profesional;

X. Servicio.- Servicio Nacional de Empleo, y

XI. Técnico superior.- Es el título obtenido de una capacitación de dos años, después del bachillerato o de sus equivalentes.

Artículo 5. La presente Ley tiene por objeto:

I. Promover la creación de nuevos puestos para los jóvenes estudiantes o con estudios de nivel de Técnico Superior o de Educación Superior;

II. Diseñar políticas para incorporar a los jóvenes estudiantes o con nivel de Técnico Superior o de Educación Superior al ámbito laboral;

III. Fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado para permitir la incorporación de los jóvenes con grado de estudio técnico superior o licenciatura puedan acceder al ámbito laboral;

IV. Apoyar en las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de los jóvenes estudiantes y egresados;

V. Orientar a los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior para la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y

VI. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de estudiantes y jóvenes egresados en busca de empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones laborales.

Artículo 6. Las acciones a que se refiere el artículo anterior se ejecutarán de manera coordinada entre las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, universidades o instituciones educativas de educación superior, organizaciones empresariales y de la sociedad civil a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de empleo.

Capítulo IIDe las Prácticas Profesionales y del Servicio Social

Artículo 7. La Secretaría, expedirá los lineamientos generales para que los jóvenes estudiantes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior puedan acceder a programas de fomento al primer empleo en Jóvenes estudiantes de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en las empresas o dependencias del sector público y privado.

Artículo 8. Los programas u acciones tendrán como finalidad contribuir a la formación integral de los jóvenes estudiantes y egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior a través del ejercicio de los conocimientos técnicos en la realidad profesional que proporciona.

De esta manera, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

Artículo 9. Los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio u dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación.

Título SegundoDe los Incentivos y Beneficios

Capítulo IDel Beneficio al Fomento al Primer Empleo para los Patrones

Artículo 10. Para impulsar el fomento de Puestos de Nueva Creación o existentes para los Jóvenes estudiantes y egresados del Nivel de Educación Superior e incentivar los patrones a contratarlos, las autoridades responsables deberán:

I. Apoyar a los patrones que contraten a los jóvenes estudiantes y egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior;

II. Estimular y promover la incorporación de los jóvenes estudiantes y/o egresados de nivel Técnico Superior y de Educación Superior a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno; e

III. Impulsar la capacitación de los jóvenes estudiantes y egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo y expectativas.

Artículo 11. Los patrones que contraten a los jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel Técnico Superior y de Educación Superior en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los servicios y beneficios de los trabajadores de un puesto de nueva creación.

Capítulo IIDel Procedimiento para la Aplicación del Apoyo y Requisitos

Artículo 12. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, los patrones que cumpliendo con los requisitos previstos, contraten a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior para ocupar un puesto de nueva creación y que los inscriban ante el Instituto en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

Artículo 13. Las contrataciones deberán tener concordancia entre la profesión o carrera técnica acreditada por los jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior y el puesto de nueva creación, ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y entorno.

Artículo 14. Para ser elegible para un puesto de nueva creación los jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior, deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de 18 años y menor de 29 años de edad;

II. Ser residente del territorio nacional;

III. Contar con Clave Única de Registro de Población;

IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de sus estudios como Técnico Superior o de Educación Superior y/o constancia de estudios, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con fecha de máximo un año previo a la entrada en vigor de la presente Ley.

V. No cuente con registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto, por haber laborado previamente;

VI. No percibir otros ingresos económicos por concepto de subsidio o relación laboral diversa, y

VII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia.

Artículo 15. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. En caso de personas morales:

a) Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad;

b) Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables;

d) No ser una entidad pública, ni formar parte de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas o municipios;

e) Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine;

f) Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen;

g) Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva creación o el trabajador de primer empleo colocado;

h) Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

II. En el caso de patrones, deberán cumplir con los mismos requisitos exceptuando el contemplado en el inciso a) de la fracción I de este artículo.

Artículo 16. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo anterior, en caso de no encontrarse en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la autoridad contemplara su regularización con un porcentaje de condonación no menor al 50% del monto total del adeudo, multas, recargos y actualizaciones.

Capítulo IIIDe la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental

Artículo 17. La Secretaría, preverá los medios indispensables para incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente Ley.

Artículo 18. Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría deberá:

I. Establecer el registro denominado de los jóvenes egresados con estudios de nivel técnico superior y de educación superior, para conocer la integración de los mismos en la apertura de puestos de nueva creación;

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno y los órganos autónomos, para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al primer empleo de jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior;

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, mediante los cuales se incentiven el desarrollo integral de políticas públicas en la materia de fomento al primer empleo en jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior o de educación superior, y

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de los jóvenes estudiantes y egresados, que decidan convertirse en trabajadores de primer empleo siempre buscando la coordinación de las instancias obligadas a participar en los fines de la presente Ley.

Artículo Segundo. Se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo un capítulo de fomento al primer empleo, dentro del título de los estímulos fiscales para quedar como sigue:

Título VIIDe los Estímulos Fiscales

(...)

(...)

Capítulo VIIIDel Fomento al Primer Empleo

Artículo 196.Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos, así como fomentar los ya existentes de carácter permanente en territorio nacional, así como fomentar el primer empleo de jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior.

Artículo 197. Los patrones que contraten a trabajadores jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación o existentes, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Al salario base y/o salario mínimo general a que se refiere esta Ley multiplicado por el número de días laborados en el mes o en el año por cada trabajador jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo, según corresponda, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicha cantidad por la tasa establecida de esta Ley vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

II. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

III. El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio, según corresponda.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

IV. El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado.

La deducción adicional a que se refiere este artículo deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores jóvenes estudiantes y egresados del nivel técnico superior y de educación superior.

Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los capítulos correspondientes de esta Ley.

Artículo 198. Para efectos de este Capítulo se entenderá como:

I. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

II. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

III. Trabajador joven estudiante y/o egresado del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón.

IV. Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de este artículo y en los términos de lo dispuesto en el artículo 232 de esta Ley.

V. Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor del estímulo a que se refiere la presente Ley.

VI. Salario base: el que en los términos de la Ley del Seguro Social se integra como salario base de cotización para la determinación de las cuotas de seguridad social.

Artículo 199. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como aquellas bajas registradas de los últimos dos meses de promulgadas la presente reforma.

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses continuos contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador joven estudiante y/o egresado del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales a que se refiere esta Ley.

Artículo 200. La deducción adicional a que se refiere esta Ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en esta Ley, pero considerando el salario base pagado a los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo en el periodo al que corresponda el pago.

Tratándose de personas morales, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto de la deducción adicional que resulte para el mes de que se trate.

Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere esta Ley, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.

Artículo 201. Para tener derecho a la deducción adicional de los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior a que se refiere la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores de primer empleo que se contraten, con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo para ocuparlos.

III. Inscribir a los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero patronales causadas tanto por los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se refiere esta Ley.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de tenerlos, al incorporarse al padrón de patrones de la presente ley, se harán acreedores de los beneficios de descuentos por adeudos fiscales anteriores, que no será menor al 50% del monto total, multas, recargos y actualizaciones.

VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.

VII. Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 199 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 201. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador joven estudiante y/o egresado del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo establecido en el segundo párrafo del artículo 199 de esta Ley.

Artículo 202. Los patrones que apliquen la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de esta Ley, deberán presentar, ante el Servicio de Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación de la deducción adicional, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 196 de esta Ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:

I. Respecto de los patrones que apliquen la deducción adicional, lo siguiente:

a) El registro federal de contribuyentes.

b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social asociados al registro federal de contribuyentes.

II. Respecto de los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo contratados, lo siguiente, por cada trabajador:

a) El nombre completo.

b) El número de seguridad social.

c) La clave única de registro de población.

d) El registro federal de contribuyentes.

e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.

III. El monto de la deducción adicional aplicada en el mes de que se trate.

IV. Respecto de los trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo que se hubieran sustituido en los términos del artículo 201 de esta Ley, lo siguiente:

a) El número de seguridad social del trabajador sustituido.

b) El número de seguridad social del trabajador sustituto, de quien deberá entregarse la información señalada en la fracción II de este artículo.

V. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación de la deducción adicional establecida en el artículo 196 de la presente Ley.

El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 203. Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo para aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 196 de esta Ley, perderán el derecho a aplicar dicha deducción adicional por el periodo de un año natural por la contratación de trabajadores jóvenes estudiantes y/o egresados del nivel técnico superior y de educación superior de primer empleo que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.

Artículo 204. Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones que de manera indebida efectúen la deducción adicional prevista en el artículo 196 de esta Ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate la deducción adicional a que se refiere el mencionado artículo 196, debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó indebidamente la mencionada deducción adicional y hasta el día en el que se efectúe el pago.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Capítulo VIII, “Del fomento al primer empleo” de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrá una vigencia, por lo que será incluido en esta ley en forma permanente y su duración será igual.

Tercero. El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere el artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se disminuirá en un 5% a partir del segundo año de vigencia del presente Decreto y así en forma gradual por el mismo porcentaje por año transcurrido hasta pagar sus cuotas en forma regular igual que por los demás trabajadores.

Cuarto. Para los efectos del artículo 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información que deban presentar los patrones respecto de las contrataciones de trabajadores de primer empleo realizadas en el primer mes del primer año de vigencia del Capítulo VIII del título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá efectuar el día 17 del mes inmediato posterior a dicho mes.

Quinto. La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al primer empleo de los jóvenes estudiantes y egresados del nivel superior, en cumplimiento de la presente Ley.

Sexto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento al Primer Empleo de los jóvenes Estudiantes y Egresados de educación superior y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota: De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 66 entre 139 países conforme a su grado de competitividad; sin embargo, en términos laborales, se ubica en el 120.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero 2016.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona,Alberto Silva Ramos, Alejandro Armenta Mier, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Federico Quinto Guillén, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Eloísa Chavarrías Barajas, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fabiola Guerrero Aguilar, Flor Estela Rentería Medina, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Jesús Antonio López Rodríguez, Lillian Zepahua García, María García Pérez, Miguel Ángel González Salum, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Patricia García García, Ricardo Ramírez Nieto, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Yahleel Abdala Carmona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 76, fracción I y II, 77 numeral 1, 78 y 139, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la modifica la leyes del Seguro Social, del Infonavit y Federal del Trabajo, con el fin de establecer el seguro de desempleo nacional, al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

México tiene un rezago en materia de creación de empleos. Esta situación estructural se agravó notablemente con el impacto de la crisis mundial de la última década. Los indicadores de desempleo, trabajo informal se incrementó a raíz de esta crisis.

Según estadísticas del Inegi, en el documento de uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México “El desempleo consiste en la carencia total de trabajo, de forma que si la persona trabajó por lo menos una hora en el período de referencia o bien desempeñó alguna actividad eventual o provisional, la persona se considera como ocupada” por ende esta condición no necesariamente implica ingresos constantes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de una persona que labora una hora a la semana, así pues la manera en que el desempleo es medido en nuestro país no refleja una correlación con la realidad.

Esta distinción es importante ya que no se considera desempleadas a las personas que trabajan en la economía informal, así como aquellas que se autoemplean, categorías que ocupan a una parte significativa y creciente de la población, lo que ayuda a eximir al Gobierno de su responsabilidad de crear nuevos empleos formales.

Es por ello que a la tasa de desempleo del 4.84 por ciento registrada en el segundo trimestre del año debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la Población No Económicamente Activa, es decir 6 millones118 mil 856 mexicanos y 4 millones 016 mil 660 más que realizando algún trabajo no reciben remuneración por ello dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.

La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos y demás variables. Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante.

Frente a ese escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas se deben tomar las medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo.

Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal la presente propuesta sugiere que el Seguro de Desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo en esta última década y debería otorgar una prestación similar a la de la Ciudad de México de un salario mínimo.

Lo anterior resulta un elemento muy importante pues los esquemas contributivos como los que operan en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela prevén el apoyo únicamente a los trabajadores con contrato los cuales están obligados a aportar parte de su salario al fondo del seguro de desempleo, similar a los esquemas de seguridad social de México, el problema de este tipo de financiamiento radica en que si el trabajador no labora para una empresa cuyo tipo de contrato le permita cotizar en instancias como IMSS o ISSSTE simplemente no podría acceder a los beneficios establecidos, es decir, el modelo de seguro de desempleo que se aplica en el Distrito Federal es superior al que opera en otros lugares del mundo, es mejor.

Si el mismo esquema que opera en la mayoría de los países del mundo se establece a nivel nacional con una proyección de 2,800,000 beneficiarios anualmente la carga al presupuesto ascendería a poco más de 10 mil 500 millones de pesos atendiendo el salario mínimo de 2014 y estableciendo que un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) es equivalente a cerca de 140 mil millones de pesos, según se señala en el estudio “Perspectivas Progresistas, Razones para un Seguro de Desempleo”, un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del PIB.

Adoptar un Seguro de Desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias, permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los periodos de desempleo estabilizando la capacidad de consumo al tiempo mismo que facilita mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos. Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo.

El esfuerzo no representaría una erogación desproporcionada para el gobierno y sí significaría un cambio en la política laboral.

Así pues frente a la tendencia política que propone que nada cambie a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace casi 30 años el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria. Su principal valor es, de acuerdo a lo anterior, la de mostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que aunque parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar un futuro mejor para todos los mexicanos.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de modificación de las leyes del Seguro Social, del Infonavit y Federal del Trabajo con el fin de establecer el seguro de desempleo nacional.

Se propone modificar el artículo 1o. de la Ley Federal del Trabajo en su Capítulo IV, artículo 538, para quedar como sigue:

Artículo 538.- Acreditar el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los programas de promoción, colocación y capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de declarar, bajo protesta de decir verdad, que no realiza por cuenta propia alguna actividad que le genere ingresos.

Se propone modificar la fracción II del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 191. El seguro de desempleo consistirá en un máximo de doce pagos mensuales, divididos en pagos quincenales, por un monto establecido de dos salarios mínimos vigentes a la zona geográfica, durante todo este tiempo”.

Se propone modificar el artículo 198 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 198. No se establecerá la utilización de los recursos acumulados en la Subcuenta Mixta (aquélla en la que se depositarán las cuotas patronales y sus rendimientos) para cubrir los pagos, estos serán cubiertos por el erario nacional, debiendo la federación establecer partidas y mecanismos para su aplicación, siempre anteponiendo el interés superior de las familias mexicanas.

Cada año, en el presupuesto de egresos de la federación, se precisarán los recursos necesarios para financiar el pago del seguro de desempleo; los cuales provendrán del erario público.

El desempleado podrá recibir la prestación con cargo a los recursos señalados, en una sola ocasión dentro de un período de tres años.

Se propone adicionar un transitorio a la Ley del Infonavit.

Transitorio Único. Por lo que respecta al inicio del financiamiento del seguro de desempleo, a partir de la entrada en vigor de la presente modificación a las leyes antes mencionadas, el Gobierno Federal continuará enterando las aportaciones para vivienda de los trabajadores. El gobierno federal cubrirá las cuotas patronales al seguro de desempleo y las aportaciones para vivienda de los trabajadores a su servicio, así como deberá comenzar sus aportaciones al Fondo Solidario.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona,Alberto Silva Ramos, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Federico Quinto Guillén, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Eloísa Chavarrías Barajas, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Marco Polo Aguirre Chávez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel González Salum, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Pablo Gamboa Miner, Ramón Bañales Arámbula, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Exposición de Motivos

En la actualidad nuestras leyes permiten la posesión de ciertas armas de fuego en nuestros domicilios para la seguridad y defensa legitima de sus moradores, debiendo manifestar su posesión a la Secretaria de la Defensa Nacional, esto según el artículo 15 del capítulo II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

A pesar de que la ley obliga a los propietarios de dichas armas a registrarlas ante la entidad gubernamental correspondiente, nuestras leyes no contemplan, ni imponen la obligación y responsabilidad de custodiar y resguardarlas, lo que a través de los años ha ocasionado que dichas armas sean utilizadas para fines muy alejados de la seguridad y defensa legitima de sus moradores, por el contrario han sido las principales facilitadoras de miles de tragedias a nivel nacional.

Según la OMS el acceso a los medios para quitarse la vida es un factor importante de riesgo que puede determinar que el acto sea consumado o no. Se ha encontrado que cuando un método de suicidio es especialmente popular en los hombres, a menudo también lo es entre las mujeres, y viceversa. De este modo vemos que la disponibilidad y aceptabilidad de los métodos de suicidio son claves para llegar a consumar el acto, siendo las armas de fuego un método muy efectivo.

Según el Inegi la tasa de suicidios en México presento una tendencia al alza entre 2000 y 2013 al pasar de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso de los hombres se indica que el disparo con arma es el segundo método más utilizado. El 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Entre ellos, la tasa alcanza 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes. El principal lugar donde ocurren los decesos es dentro de la vivienda particular (74 por ciento).

Un importante porcentaje de la población que cometió suicidio no trabajaba (29.9 por ciento). Este no es un indicador alentador en un país como México con una alta tasa de desempleo, especialmente cuando los problemas económicos y sociales se encuentran entre las causas más frecuentes de suicidio según el Inegi.

El aumento en la tasa de suicidios podría estar ligado a lo que expertos de la Universidad de Ottawa, Canadá consideran una “replicación contagiosa” que se presenta principalmente en los adolescentes, refiriéndose a que al menos 6 compañeros o personas que convivían con alguien que se ha suicidado en algún momento llegaron al menos a un intento de suicidio. Adicionalmente es preocupante que el suicidio se presenta cada vez en edades más tempranas.

En un contexto global podemos ver que en el 2012 sucedieron cerca de 804 mil suicidios, que representaron 1.4% del total de muertes en todo el mundo, convirtiéndose en la décimo quinta causa de muerte en ese año, con una tasa de 11.4 suicidios por cada 100 mil habitantes. En base a lo anterior, considero que en México podemos dar pasos firmes hacia la mitigación de este fenómeno, cuya tragedia afecta a millones de familias a nivel mundial y que representa la segunda causa de muerte para los jóvenes de 15 a 29 años.

Debemos recordar que el experimentar profundas decepciones, tristezas y otras situaciones dramáticas son parte de la vida de cualquier persona, las mismas pueden hacernos sentir impotentes ante un problema llevándonos a cuestionar nuestra propia existencia, especialmente en nuestra juventud. Lo anterior es clave para entender que todos las personas estamos en algún momento expuestos aunque sea en  menor medida a el suicidio, y que el acceso a un arma de fuego puede llegar a facilitar esta tragedia.

Otro aspecto grave de esta problemática son las muertes de menores causadas por accidentes con armas de fuego en el hogar, los menores como en la mayoría de los casos consideran las armas un objeto con el que pueden jugar, esto debido a la influencia de la televisión y otros medios visuales.  Según datos de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal, cada año en México 400 menores de 18 años mueren en accidentes, homicidios y suicidios por armas de fuegos que se encontraban en sus hogares, lo que coincide con cifras de la organización Save the Children. Estas tragedias hubieran podido evitarse si dichas armas hubieran estado custodiadas y resguardadas apropiadamente por sus propietarios.

En febrero de 2015 la firma Defoe condujo una encuesta donde se le preguntaba a los ciudadanos: ¿Consideraba que tener un arma en casa lo hace un lugar más seguro o lo hace un lugar más peligroso? El 72% de las personas consideraron que el tener un arma en casa lo hacen un lugar más peligroso.

Bajo un enfoque nacional, México en la actualidad es un país que se ve sumido en una endémica violencia, donde la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ha tenido consecuencias devastadoras que han cobrado miles de vidas en los últimos años, por esto en agosto del 2015 mientras se llevaba a cabo la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas un grupo de organizaciones no gubernamentales denuncio que en los últimos 5 años en México se acumularon más de 801 mil decesos a causa de violencia armada.

En este sentido debemos llevar a cabo las acciones necesarias para asegurarnos que las 15 millones de personas armadas que se calculan en México, sean responsables del resguardo y custodia de sus armas, especialmente cuando tenemos suficiente evidencia para sustentar que la disponibilidad de las mismas puede tener consecuencias letales y que según un instituto de investigación con sede en Suiza el promedio de crecimiento anual en la compra de armas es del 15 por ciento.

Debemos respetar el derecho a que los ciudadanos busquen los medios lícitos que consideren necesarios para su protección y legítima defensa, pero al mismo tiempo debemos admitir que el inminente aumento de armas en nuestros hogares, y una falta de acción por nuestra parte, nos llevaría a convertirnos en cómplices de futuras tragedias y en facilitadores del dolor de miles de familias.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 17 Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Único.Se adiciona el artículo 17Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17 Bis.La custodia y resguardo de toda arma de fuego, cartuchos y municiones se encuentran bajo la responsabilidad del propietario de la misma, por lo que el propietario deberá asegurarse que las armas de fuego, cartuchos o municiones no estén a la disposición de terceros en el domicilio del propietario.

La violación de la anterior disposición será sancionada con la misma sanción que  se estipula en el Artículo 83, inciso III de la presente ley, exceptuando los casos en lo que se compruebe que los medios de resguardo fueron forzados más allá de su capacidad o en caso que el arma, cartuchos o municiones hayan sido robadas al portador registrado. En caso de robo al portador está en la responsabilidad de reportar de forma inmediata el mismo según lo estipulado en la legislación vigente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 1o. de febrero de 2016.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

PROPOSICIONES

ANALICE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, DERIVADOS DE SU FALTA DE MANTENIMIENTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a analizar lo ocurrido en la carretera Saltillo-Monterrey por falta de mantenimiento, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jorge Enrique Dávila Flores, diputado Federal de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que analice de manera urgente, los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey; derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así, lograr contener los incrementos contínuos a las cuotas de peaje.

I. Antecedentes

El 18 de octubre de 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, publicó la convocatoria a participar en concurso público para concesionar el libramiento Norponiente Saltillo y la autopista Saltillo-Monterrey.

El 17 de noviembre de 2006, el gobierno federal, por conducto de la SCT, otorgó la concesión a Isolux-Corsán, para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista federal que une a la ciudad de Saltillo con la de Monterrey, incluyendo el libramiento de Saltillo (tramo I y II). La Construcción del tramo II del libramiento Norponiente de Saltillo, quedó a cargo del gobierno federal.

En noviembre 10 de 2009, el presidente Calderón inaugura oficialmente sólo una de tres etapas de un proyecto de lo que constituía una autopista de 126.1 kilómetros (incluyendo el libramiento ya construido en Saltillo), para facilitar, la convergencia de los trayectos México-Nuevo León-Laredo (Ruta de mil 116 kilómetros) y Mazatlán-Matamoros (Ruta de mil 223 kilómetros) que desembocarían en la avenida Morones Prieto en el municipio de Santa Catarina y al área metropolitana de Monterrey, ya que así lo justifican los análisis económicos de la Calificadora HR Ratings. Los recursos para su financiamiento fueron a 25 años con una concesión estimada en al menos 30 años.

Se indica que la concesión cuenta con un contrato EPC, la operación del proyecto está a cargo de Vial, con quien se firmó un contrato de prestación de servicios de operación, conservación y mantenimiento, el proyecto comenzó a operar de forma parcial en octubre de 2009 y se encuentra operando en su totalidad desde noviembre de 2011, habiéndose completado toda la etapa de construcción.

Los antecedentes generales del proyecto son:

• Proyecto carretero formado por el libramiento Norponiente de Saltillo 45 kilómetros) y el subtramo de la autopista Saltillo-Monterrey (15 kilómetros), se localiza al poniente, norponiente y norte del área conurbada de la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe.

• El monto total de la inversión es de aproximadamente de 2 mil 500 millones de pesos y será financiada con capital de riesgo aportado por la concesionaria y un crédito bancario otorgado por BNP Paribas

• Periodo de concesión: 45 años

• Consto de construcción: 285 millones de euros.

Como hemos advertido el proyecto forma parte del corredor carretero México-Nuevo Laredo, el más importante del país por el volumen de carga de pasajeros y también del corredor Mazatlán-Matamoros que comunica a la Costa del Pacífico con el noreste del país, por lo que su construcción favorece la consolidación industrial y logística de la región.

La autopista Saltillo-Monterrey constituye una alternativa de circulación entre estas dos ciudades, debiendo mejorar la fluidez del tránsito, eliminando retrasos por ocurrencias de accidentes y aumentando la seguridad de los usuarios. La restricción de paso a vehículos de carga por Saltillo en febrero de 2011, ha inducido un mayor tráfico en el libramiento, mejorando la mezcla vehicular.

Aun cuando la zona noreste del país tiene algunos problemas de inseguridad, existe un dinamismo económico e industrial en la franja de influencia del proyecto.

II. Planteamiento del problema

Resulta que la siniestralidad de la autopista va en aumento, en noviembre de 2014 la autopista Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 80, fue reportado un derrumbe en el carril que conduce a Santa Catarina, por lo cual se cerró el paso a la circulación.

Además de la neblina, la falta de advertencias y señalamientos; la carretera no cuenta con retornos, paraderos de emergencia, etcétera, a lo largo delos 95 kilómetros construidos por Isolux-Corsán, firma que desde 2009 hasta el año 2054 estará a cargo de la concesión otorgada por la SCT.

De igual forma, se han presentado, carambolas de decenas de vehículos, choques por alcance y vehículos volcados; una de las causas estriba en el creciente aforo del tráfico proveniente del Libramiento Zacatecas-Saltillo incorporado a principios de 2013, pero que inició un año después que los otros tres y presenta incrementos desmesurados desde su inauguración con un promedio de 80% respecto al mes inmediato anterior, situación que ya genera cifras de alerta.

Es evidente que en los últimos años se ha incrementado el grado de inseguridad, en la zona de influencia de este proyecto que abarca los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

La composición vehicular de la autopista está dispuesta mayormente por automóviles, pero ésta se redujo a partir de 2010, ya que la entrada en operaciones del libramiento indujo una mayor afluencia de vehículos de carga en la autopista. Esta nueva mezcla de mayor aforo de transporte de carga, refleja deficiencias técnicas y operativas: en la ubicación de las rampas de emergencia como en el tamaño y peso de la carga de los autotransportes aunado a la fuerte pendiente que presenta en el tramo de la Autopista al cruzar la Sierra Madre Oriental que tiene zonas de montaña muy accidentada y planicie en donde los niveles de altura sobre el nivel del mar fluctúan entre 1,300 y 1,600 m, considerando que Monterrey fluctúa en los 537 m; es propicia para altas velocidades.

Del día de la inauguración (10 de noviembre de 2009) a la fecha, la empresa concesionaria Isolux-Corsán, ha modificado paulatinamente en 7 ocasiones el costo del peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, resultado de ello; incrementos de casi 100 por ciento respecto del precio inicial pactado que era de 39 pesos, pero al día de hoy se encuentra en 77 pesos.

No existe fundamento económico ni social que respalde estos incrementos desmesurados a las cuotas de peaje en el tramo carretero en comento; son porcentualmente superiores a los niveles de inflación registrados en nuestro país. En el periodo asentado de 2009 a 2015, los niveles de inflación acumulada registrados fueron de 22.60 por ciento, mientras que la tasa promedio mensual fue de .32 por ciento; niveles muy por debajo de los incrementos analizados.

La tarifa actual, es un precio injusto, ya que la autopista ni cumple con las medidas de seguridad correspondientes y cada semana tienen detalles nuevos que hay que arreglar, ni ha cumplido con las expectativas de funcionamiento, ni de seguridad.

III. Consideraciones

En la autopista Saltillo-Monterrey hay dos situaciones que afectan a los usuarios:

• Alto costo de peaje

• Derrumbes, reparaciones, falta de señalamientos y mantenimiento deficiente; que se traducen en inseguridad.

Requerimos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analice las gestiones, trabajos o acciones que dentro de su competencia, ha desarrollado como consecuencia del aumento tarifario en la autopista Saltillo-Monterrey y que de manera inaplazable, se contengan los incrementos a las cuotas de peaje a fin de que no existan nuevos agregados. Que la concesionaria Isolux-Corsán rinda un informe circunstanciado y se apliquen las sanciones que procedan en caso de haber infringido en las disposiciones referentes a la concesión.

Se requiere de mejoras viales en la zona de influencia del proyecto y en la vía libre de competencia al Libramiento, revisión y control permanente del tipo de dimensionamiento y tonelaje permitido, observación y en su caso modificación de los señalamientos de seguridad y recomendaciones en caso de emergencia; por su pendiente resultante se tiene que implementar y adicionar rampa de frenado de emergencia previa a la caseta Saltillo-Monterrey.

IV. Proposición

Es urgente revisar los lineamientos de funcionamiento de esta concesión, detener las alzas y reestructurar las tarifas de peaje en esta vía, exigir mantenimiento y seguridad para lo que fue hecho el proyecto.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que analice de manera urgente, los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey; derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así, lograr contener los incrementos continuos a las cuotas de peaje.

Notas:

1 EPC es el acrónimo de Engineering, Procurement and Construction, haciendo clara referencia a todo lo que incluye el contrato: el diseño, los suministros necesarios y la construcción. También estarán incluidos una serie de servicios adicionales necesarios para realizar esos tres objetivos principales de diseño, suministro y construcción

2 Isolux-Corsán.- El Proyecto en cifras.

3 Calculadora Niveles de Inflación en México.- Sitio oficial Inegi 2015.

Salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO URBANÍSTICO MALECÓN “TAJAMAR” DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre el proyecto urbanístico Malecón Tajamar, en Benito Juárez, Quintana Roo, suscrita por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Consideraciones

I. El Malecón Tajamar es un desarrollo promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en la zona centro de Cancún, Quintana Roo, frente a la laguna Nichupté.

El desarrollo urbanístico  cuenta con 58 hectáreas y  fue urbanizado entre 2005 y 2008 con recursos federales para después ser lotificado y vendido a distintos desarrolladores inmobiliarios. Entre los proyectos detenidos está un desarrollo comercial, estacionamientos y oficinas de 50 mil metros cuadrados de la firma italiana Bi&Di; una zona residencial de tres mil 600 viviendas, torres condominales, y una basílica de la iglesia católica, entre otros.

II. Hay que señalar que para entonces, la autorización fue condicionada a la presentación y ejecución de un programa de manejo y reubicación de las 27 especies de mamíferos, aves, reptiles y crustáceos que habitan el manglar. A partir de esa fecha comenzaron los retrasos, incumplimientos y demandas de amparos que retrasaron por más de una década el desarrollo de 44 lotes, para un desarrollo urbanísticos complejo.

Originalmente la autorización de Semarnat expiraba en 2009, pero la empresa Bi&Di logró una prórroga que caduca este año.

III. Durante  10 años, con la anuencia de Fonatur, los responsables del desarrollo construyeron a los alrededores del manglar avenidas, glorietas y calles para conectar la zona habitacional.

En este sentido, el proyecto de “Tajamar” avanzó. Sin embargo, en agosto del 2015,  la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente las obras, esto debido a que no había un plan de manejo de la fauna.

IV. Cabe señalar que en septiembre de 2015,  la empresa de presentó el plan de manejo y los trabajos continuaron ante la resistencia de la sociedad civil, quienes formaron la agrupación “Salvemos al manglar Tajamar”.

V. La organización “Salvemos al manglar Tajamar” logró que un grupo de 113 niños obtuvieran la suspensión temporal en un amparo y la cual fue obsequiada por el del juez cuarto con sede en Cancún. Pese a ello, la suspensión no pudo proceder en virtud de que el juez solicitó una garantía de 21 millones de pesos.

VI. El 16 de enero de 2016, cuando comenzó la tala y relleno de 22 de las 58 hectáreas de Tajamar, donde “Salvemos al manglar” denuncia que se violó el requisito del manejo de los animales, al grado de que varios cocodrilos fueron aplastados por maquinaria.

Estas acciones fueron avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente federal con el el argumento de que los desarrolladores cuentan con los permisos correspondientes y que al momento de éstos no se afectó a la fauna en el lugar.

Los medios y muchas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que con la tala del manglar de Tajamar se había cometido un ecocidio sin precedentes.

En las redes sociales y en los medios de comunicación circulan fotografías de la tala del manglar de Tajamar. He aquí, alguna:

VII. El 20 de enero integrantes de la sociedad civil interpusieron un amparo ante  el juez segundo de Distrito de Cancún, y el cual se les concedió la suspensión temporal de la obra hasta resolver a dónde irán los animales sobrevivientes.

VIII. La tala del manglar de Tajamar resulta un asunto de interés público. Las gestiones y las autorizaciones concedidas para los desarrolladores deben ser analizadas e investigadas para verificar su apego al estado de derecho. En tal sentido, la Cámara de Diputados, como un órgano de representación democrática y política, y atendiendo el principio de la rendición de cuentas, debe contribuir al esclarecimiento absoluto de las acciones gubernamentales que concluyeron la autorización de la tala del manglar de Tajar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial sobre el Proyecto Urbanístico Malecón “Tajamar” del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.

Tercero. Para el cumplimiento de su objeto, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto, de conformidad al marco normativo aplicable. La comisión presentará un programa de trabajo y presentará informes periódicos sobre sus gestiones y actividades.

Cuarto. La comisión estará integrada por diputados de todos los grupos los grupos parlamentarios, así como de los diputados sin partido e independientes, de conformidad con lo que determine la Junta de Coordinación Política.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Alberto Martínez Urincho, Lluvia Flores Sonduck (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SITUACIÓN QUE GUARDA EL PROYECTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN TORREÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del ISSSTE y al delegado de éste en Coahuila a precisar la situación del proyecto de hospital de alta especialidad de Torreón, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, numeral 2; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III; y 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 21 de noviembre de 1964 fue inaugurada en esquina de Allende y Donato Guerra, en Torreón, la unidad médica del ISSSTE de Torreón Francisco Galindo Chávez, que con el transcurso del tiempo se transformó en Clínica y posteriormente en el Hospital que hoy conocemos. Desgraciadamente con el paso de los años solo cambió de denominación, ya que las dimensiones del inmueble han sido exactamente las mismas.

A más de 50 años de su creación, según testimonios de empleados, pacientes y medios de comunicación, las condiciones en las que actualmente se encuentra el nosocomio son deplorables, se encuentra saturado, no obstante que el panorama epidemiológico ha cambiado en el mismo hospital se atiende a los pacientes de enfermedades crónico-degenerativas; a los diabéticos; hipertensos; disfunción renal, así como a algunos pacientes que padecen cáncer.

“El área de urgencias se encuentra muy por encima de su capacidad: las salas de espera y consultorios se habilitan con sillas donde los pacientes son colocados sistemáticamente para una revisión ambulatoria, para la aplicación de un suero, una inyección o un antibiótico o en su caso para una valoración de ginecoobstetricia; aseguran que se han dado casos de pacientes de la tercera edad que pasan de 24 hasta 72 horas en el área de urgencias para poder tener acceso a una cama en piso; los equipos de rayos X está obsoleto, los médicos carecen de escritorios para ofrecer una consulta digna; las camas de urgencias, algunas son colocadas al lado de desagües por donde salen fétidos olores, donde no bastan las plastas de cinta industrial para contener que sigan emanando”, entre muchas necesidades más de infraestructura, servicios y capacidades.

De acuerdo con un estudio técnico médico elaborado por la delegación del ISSSTE en Coahuila, desde 2011 fue establecida la necesidad de que Torreón contara con un nuevo hospital de alta especialidad o de tercer nivel, debido al sobrecupo de derechohabientes, que es casi siete veces más de la capacidad instalada del actual hospital, al tener un registro de 120 mil usuarios.

Reconozco el esfuerzo que el gobierno federal ha implantado en el sector salud, tan es así que uno de los compromisos gubernamentales que ha asumido el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, es avanzar en la construcción del sistema nacional de salud universal con mayor infraestructura hospitalaria. En congruencia con ello, es evidente que la ejecución del proyecto del hospital en Torreón es una necesidad prioritaria ya que con la misma se estaría atendiendo en mejores condiciones a los derechohabientes inscritos en ese instituto.

El proyecto que hoy nos ocupa no ha sido considerado en ningún Presupuesto de Egresos federal, pese a que se trata de una obra indispensable para Torreón debido a que, como se ha mencionado, el actual hospital quedó rebasado desde hace mucho tiempo.

Como todos sabemos, la salud es de vital importancia para todos los seres humanos, pues la falta de ésta deteriora las capacidades físicas, mentales y sociales. El derecho humano a la salud es una prerrogativa reconocida por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, “la Organización Mundial de la Salud reconoce que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”.

El derecho a la salud conlleva al derecho a acceder a los servicios de cuidado médico, por tal razón el punto de acuerdo que pongo a consideración es de suma transcendencia para los coahuilenses.

En virtud de lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al delegado en Coahuila para que precise la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, así como para que en las medidas de sus posibilidades y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para realizar las acciones y gestiones pertinentes para tramitar un posible proyecto ante las autoridades competentes para la construcción y equipamiento del hospital de Torreóncon apego a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada.

Notas:

1 http://www.milenio.com/region/ISSSTE_Torreon-Hospitales_Torreon-pacientes_desat endidos-hospitales_obsoletos_0_472152853.html

2 http://www.milenio.com/region/ISSSTE_Torreon-SNTE_Torreon-Ruben_Moreira-FSTE-ho spital_ISSSTE_Torreon_0_472153063.html

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS DE CORRUPCIÓN DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Y RECONOCIDO POR EL BANCO MUNDIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el marco del combate de la corrupción y la implantación en la administración pública centralizada del modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Alicia Barrientos Pantoja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, , con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que es obligación del Estado adoptar prácticas internacionales en materia de anticorrupción, tales como el de establecer programas integrales de capacitación y certificación en acciones de prevención de la corrupción que coadyuven en la disminución y eliminación de este problema.

2. Que dichos programas integrales deben contemplar una serie de medidas proactivas tendentes a evitar o mitigar riesgos importantes de corrupción e ir más allá de los controles internos ordinarios con que cuentan las entidades, ya que su enfoque se desarrolla con base en esquemas o escenarios de corrupción posibles e importantes.

3. Que un programa integral anticorrupción debe partir de la premisa que muy probablemente los controles internos ordinarios serán vulnerados.

4. Que el modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro, recibió el Premio a la Innovación en Transparencia 2014, y que ha sido reconocido por el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como un modelo único en México que será replicado en América Latina.

5. Que el objetivo de este programa es generar índices que midan el fenómeno de la corrupción.

6. Que la Universidad Autónoma de Querétaro certificó a ocho áreas de la administración pública del estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, observando que la implantación del modelo derivó en la reducción en el nivel de actos de corrupción hasta en 79 por ciento, ya que bajó de 5.3 a 1.1 por ciento de personas que incurrieron en actos corruptos, el costo (a través de mordidas) pasó de 8 millones al mes a 1 millón de pesos actualmente.

7. Que la aplicación de este programa integral anticorrupción requiere de un proceso de 10 meses y de una inversión estimada en 1millón de pesos en el caso de los municipios y para su implantación a escala estatal la inversión puede aumentar entre 2 y 3 millones de pesos, que comparados con el costo que implica la corrupción, la inversión en el modelo de certificación es mínima.

8. Que los apoyos financieros que se obtengan por la aplicación del modelo serán destinados para becas e infraestructura, así como para la investigación y la promoción del modelo mismo, el cual fue creado por el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias en América Latina de la UAQ, y es la única institución que trabaja este tipo de acciones contra la corrupción.

9. Que la aplicación del modelo al personal de las unidades de transparencia y entidades federativas será una medida de prevención o control de los índices de corrupción y establecerá las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo de un sistema de servicio profesional de carrera que garantice un desempeño competente e incorruptible de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones.

10. Que es obligación de los Poderes Ejecutivo y Judicial garantizar a los ciudadanos el combate de la corrupción.

Por lo expuesto, y dada la importancia de aplicar medidas que disminuyan y eliminen la corrupción, someto respetuosamente a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el marco del combate de la corrupción la implantación en las instituciones públicas a su cargo, del modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el marco federal del combate de la corrupción la implantación en la administración pública centralizada del modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

GARANTICEN EL ABASTO DE AGUA POTABLE A LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CORRAL DEL RISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit y al ayuntamiento de Bahía de Banderas a realizar acciones para garantizar el abasto de agua potable en las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, en esa entidad, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en la fracción I del artículo 6, y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit y al honorable ayuntamiento de Bahía de Banderas, a fin de que realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto suficiente y eficiente de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, pertenecientes al municipio de Bahía de Banderas en Nayarit.

Exposición de Motivos

En el desarrollo socioeconómico, los recursos hídricos juegan un papel primordial. El acceso al agua de buena calidad debe ser garantizado a todos los habitantes como derecho básico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha determinado que el derecho al agua significa una diferencia para la vida de todas las personas, indica que la falta de acceso al agua potable, junto al saneamiento y la higiene deficientes, contribuyen a las 1.8 millones de defunciones anuales debidas a enfermedades diarreicas a nivel mundial, lo anterior no sin dejar de mencionar los efectos que genera la escasez de agua en el ser humano como lo es la deshidratación y el aumento de infecciones.

En México, en febrero de 2012, se aprobó un decreto sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, los cuales se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos fundamentales mismo que fue un logro para los ciudadanos y es así como nuestra Carta Magna en el artículo cuarto párrafo sexto, dispone:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

De esta manera este precepto constitucional faculta al estado a realizar todas las acciones necesarias tanto físicas como materiales y de infraestructura para garantizar este derecho.

El acceso al agua potable se encuentra directamente relacionado con el derecho a la salud, porque sin el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes es difícil que se pueda gozar de una salud adecuada.

Es por ello que a través de esta tribuna hago un respetuoso exhorto a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit y al honorable ayuntamiento de Bahía de Banderas, a efecto de realizar las acciones necesarias tanto físicas como materiales a fin de garantizar el abasto eficiente y suficiente de agua en las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, ya que desde hace aproximadamente dos años estas localidades sufren el escasez de agua potable, debido a que actualmente se encuentra un pozo proveyendo a cerca de 2 mil habitantes, lo que generado un desabasto para estas localidades, por lo que es sumamente necesario se realicen las acciones pertinentes, como la creación de un nuevo pozo y la construcción de la infraestructura adecuada para garantizar el abasto del vital líquido.

Lo anterior como lo dispone el artículo séptimo fracción III y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, donde faculta al Ejecutivo del estado a establecer, en su caso, la coordinación con las autoridades federales y municipales, a efecto de participar en la planeación, programación, diseño, construcción, control y evaluación de obras, para crear los sistemas de abastecimiento de agua potable, así como a prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, cuando se necesite.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit y al honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a fin de que realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto suficiente y eficiente de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, pertenecientes al municipio de Bahía de Banderas en Nayarit.

Notas:

1 Impliuvium, Derecho humano al agua, Publicación digital de la Red del Agua UNAM Número 4, Enero - Junio 2015

2 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas de difusión para prevenir cáncer en niños y en adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población mexicana se encuentra en un interesante proceso de transición demográfica y epidemiológica. A diferencia de los países desarrollados, México presenta una incidencia simultánea de enfermedades pre y postransicionales, con resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas ya controladas en ciertos grupos sociales y regiones del país.

El cáncer es una enfermedad de alto impacto psicológico, social y económico.

De acuerdo con un análisis preliminar de Gutiérrez Delgado y colaboradores, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, en México ocurrieron, en promedio, 66 mil muertes anuales por esta causa, lo que equivale a 13 por ciento de la mortalidad nacional anual. Del total de defunciones por cáncer, las de mujeres representan, en promedio, 51 por ciento anual; las de población económicamente activa (de 15 a 64 años), 43 por ciento, y las de población de 65 años o más, 54 por ciento. Durante este periodo, el cáncer pulmonar fue el de mayor mortalidad (6 mil 701), seguido de las neoplasias malignas de estómago (5 mil 298) e hígado (4 mil 819). Entre los cánceres de los órganos reproductivos, el de próstata generó el mayor número de defunciones (4 mil 690), seguido del de mama (4 mil 321) y el de cérvix (4 mil 236). Estos seis tumores ocasionaron 46 por ciento del total de defunciones por cáncer.

Por lo anterior, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, considerado así el 4 de febrero de cada año por la Organización de las Naciones Unidas, el Partido Encuentro Social considera indispensable que se fortalezca la cultura de la prevención de esta enfermedad.

Cuatro de cada 10 casos de cáncer pueden prevenirse y que 30 por ciento de los pacientes podrían curarse o alcanzar el control de la enfermedad si ésta se les detecta en forma temprana y ellos son referidos para recibir un tratamiento óptimo.

En México, los esfuerzos en prevención primaria y detección temprana están poco organizados y carecen de presupuesto adecuado para lograr un funcionamiento oportuno y de calidad. Esto explica, en gran medida, que más de 70 por ciento de los casos de cáncer sean diagnosticados en etapas avanzadas, lo que reduce sus posibilidades de curación al mismo tiempo que genera amplias necesidades de cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

No podemos seguir siendo un país en donde las mexicanas y mexicanos, fallecen de cáncer por una detección y, por ende, una atención tardía, generada tanto por las deficiencias de los sistemas de salud por diversas circunstancias, entre las que destaca la saturación en los hospitales públicos: la falta de campañas permanentes de información hacia todos los sectores de la población, así como el desinterés propio de la cultura mexicana por hacerse revisiones preventivas necesarias para evitar un estado de la enfermedad, en el que su tratamiento representa altos costos para el presupuesto en salud pública y en donde, en la mayoría de los casos, los pacientes fallecen por tener desarrollado un cáncer de forma avanzada e irreversible para conservar la salud y la vida.

Por ello, resaltamos tres de las estrategias que el gobierno federal contempla, a través de su Secretaría de Salud, en el Programa Sectorial de Salud, en el apartado III denominado Objetivos, estrategias y líneas de acción, estrategia 2.5 “Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”:

“2.5.6. Fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en menores de 18 años.

2.5.7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas.

2.5.8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia.”

Si bien destaca el gobierno federal, las acciones antes enumeradas, no se perciben como parte de una campaña permanente de información y concientización, sobretodo, a la población infantil y juvenil, sobre quienes tenemos aún la posibilidad de construir en ellos una cultura de la prevención, de tal manera que conforme adquieran conciencia a lo largo de los años, cuiden su cuerpo, su alimentación y se realicen las revisiones médicas de rutina que les permitan detectar una enfermedad, como lo es el cáncer.

La línea de acción “2.5.6. Fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en menores de 18 años”, es altamente necesaria, ya que los padres, al no tener una cultura de la prevención de la enfermedad, sumado a la falsa creencia que los niños no enferman de cáncer, confunden o minimizan los síntomas que pudieran llegar a presentar los menores, retrasando, por lo tanto, la oportunidad de recibir un tratamiento que le permita conservar la vida en las mejores condiciones posibles.

En lo que respecta a la línea de acción “2.5.7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas” muchas veces, los pacientes de hospitales del sector público, se quejan por la falta de oportunidad en la atención que pueden recibir. Lo anterior, debido a sobredemandas del servicio; falta de personal; falta de infraestructura, medicamentos y demás insumos necesarios, así como el retraso burocrático para tener acceso a una cita médica con un especialista, lo que desencadena un impacto negativo en la salud del paciente, al ir evolucionando la enfermedad, a un ritmo más acelerado que la atención recibida, lo cual, al final, se refleja en un deterioro de la salud, y en la mayoría de las ocasiones, en el avance de la enfermedad a un estado que es costoso al sistema de salud por los medicamentos y tratamientos de quimioterapia y radioterapia, que al final, no garantizan la preservación de la vida del paciente.

La línea de acción “2.5.8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia”, es, como lo enumeraba en el punto anterior, la urgente necesidad de fortalecer, en caso de que ya existan, las redes de atención especializada para el cáncer de nuestros miembros más pequeños de la sociedad mexicana. Si se previene, si se fortalece justamente la prevención, la atención a este sector, sería a un número más reducido de menores a los que se les tendría que atender. Y justamente es a este número que se pretende que sea menor, que estuviese en las mejores condiciones en cuanto a la accesibilidad de los servicios de salud acordes a su edad, con médicos debidamente certificados y con la infraestructura hospitalaria adecuada para la atención, tratamiento y medicamentos necesarios.

Por ello se hace necesario exhortar al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión para la prevención del cáncer en niños y adolescentes a fin de que conozcan la enfermedad, sus causas y consecuencias, así como la necesidad de acudir de forma regular con el médico para revisiones de rutina y, en caso de que hubiera antecedentes familiares o algún síntoma de la enfermedad, refuercen estas visitas médicas ante un escenario de detección temprana del cáncer, para que estén en posibilidades de ser atendidos de forma oportuna y de esa manera, reducir los índices de mortalidad por esta causa, disminuyéndose gradual y generacionalmente la mortalidad por cáncer, en la medida en la que la población más joven adquiera conciencia y sobretodo le brinde la importancia que merece.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión para la prevención del cáncer en niños y adolescentes, a fin de que conozcan la enfermedad, sus causas y consecuencias, así como la necesidad de acudir de forma regular con el médico para revisiones de rutina y con ello evitar en la medida de lo posible muertes generadas por esta enfermedad.

Notas:

1 Reynoso-Noveron, N, Mohar, A. El cáncer en México: propuestas para su control. Salud pública Méx [online]. 2014, vol.56, n.5, pp. 418-420.

2 Gutiérrez-Delgado C, Reynoso-Noverón N, Hérnandez-Ávila M, Mohar-Betancourt A. Perfil epidemiológico de los cánceres en población adulta mexicana, periodo 2000-2010 [documento en revisión].

3 Meneses-García A, Ruiz-Godoy LM, Beltrán-Ortega A, Sánchez-Cervantes F, Tapia-Conyer R, Mohar-Betancourt A. Principales neoplasias malignas en México y su distribución geográfica (1993-2002). Rev Invest Clin 2002;64(4):322-329.

4 Reynoso-Noveron, N, Mohar, A., Op. Cit., pp. 418-420.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INTEGRAR LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE DENUNCIAS DE JUICIOS POLÍTICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Gobernación de esta soberanía a integrar la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos para resolver los expedientes relativos a las solicitudes de juicio político pendientes de trámite, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 27 de octubre de 2015, fue turnado a la Junta de Coordinación Política el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), mediante el cual se solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, remitiera a las comisiones correspondientes los expedientes de las múltiples solicitudes de juicio político que habían sido presentadas hasta el momento, mismas a las que no se les ha dado seguimiento sin tener causa legal para ello.

En respuesta al exhorto presentado, el 3 de diciembre del mismo año, el Secretario General remitió a la Presidencia de la Comisión de Gobernación una comunicación por la que solicita se fije hora y fecha a fin de hacer la entrega de los expedientes de juicio político que tienen resguardados y aletargados en los archivos y la bóveda.

A la fecha, la Presidencia de Gobernación no ha dado respuesta a la petición.

Frente a la importancia de la situación, integrantes del GPPRD, solicitaron a la Comisión de Gobernación y a la Secretaría General de esta Cámara, de manera verbal y en otras ocasiones de manera documentada, informara el estado legal que guardan procesalmente los diversos expedientes de solicitud de Juicio Político formulados contra diversos funcionarios de la Administración Pública Federal. De igual forma, se solicitó información sobre la conformación de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, misma que de acuerdo al marco legal al caso aplicable a la fecha, ya tendría que estar instalada desde el inicio de este periodo Legislativo de conformidad al obligado y legal cumplimiento del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; es decir, al momento mismo de la instalación de las Comisiones de Gobernación y Justicia.

De manera reiterada y sin sustento legal, la Comisión de Gobernación se ha negado a dar respuesta clara y contundente, evadiendo el cumplimiento de su obligación, por lo que se entiende que es la Secretaría General la que ha dejado claro que espera indicaciones de la presidencia de Gobernación para realizar lo que a esta convenga.

El artículo transitorio tercero del decreto de fecha 5 de diciembre de 2006, que reformó y adicionó los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, son los órganos competentes para sustanciar los relativo en debido y cabal apego cumplimento a los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En este sentido, no cabe más que concluir que la conformación de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos se encuentra supeditada al capricho y voluntad de las presidencias de Gobernación y Justicia de esta  Cámara  de Diputados, para cumplir con sus funciones y no al marco legal que les rige.

Cabe resaltar que de acuerdo al informe de la Secretaría General, se recibieron más de 300 solicitudes de juicio político en las pasadas legislaturas y la presente, destacando las recientemente presentadas por el GPPRD. Entre ellas, las que revisten mayor transcendencia por los niveles de repudio social y clara violación a los derechos humanos, las formuladas en contra del gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa y del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Justicia y de Gobernación a que de manera inmediata, en debido y obligado cumplimiento a las disposiciones legales que rigen su actuar, procedan de manera inmediata e inexcusablemente a la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, a fin de dar pronta y expedita resolución a los expedientes relativos a las solicitudes de Juicio Político que sin motivo se encuentran pendientes de trámite.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para su atención.

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS HUEVOS DE TORTUGA QUE SE OFERTAN EN EL PAÍS, A FIN DE PREVENIR LOS RIESGOS A LA SALUD HUMANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris a coordinar acciones de inspección, verificación y control de los huevos de tortuga ofrecidos en el país, a fin de prevenir riesgos a la salud humana, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Álvarez Angli, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante todo su ciclo de vida las tortugas marinas están expuestas al peligro de morir. Una vez que las tortugas adultas dejan enterrados en la playa sus nidos, el riesgo de que las crías no nazcan aumenta ante la presencia de animales depredadores, actividad humana en la playa y el robo de huevos para su comercialización. Después, cuando logran entrar al mar, y mientras ganan peso y tamaño, son presas de cientos de animales marinos. Incluso ya como adultas continúan siendo alimento de otras especies y objetivos de la pesca.

En muchas playas de nuestro país se recogen los huevos de tortuga para consumo humano, esto hace que queden muy pocos para los depredadores naturales y reduce aún más las oportunidades de que algunos puedan por fin incubarse con éxito y sobrevivir hasta llegar a transformarse en tortugas adultas, lo cual afecta el equilibrio ecológico. La gran disminución en la población de tortugas golfinas, así como de la especie baula o laúd se debe, sin duda, a la mencionada recolección de huevos.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es primordial proteger a las tortugas marinas, de manera amplia y actualizada para implementar programas comunitarios de conservación de la tortuga marina y sus nidos en virtud de su importancia para mantener el equilibrio ecológico en los lugares en los cuales desovan.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha señalado en la presente Legislatura la importancia de este asunto, baste recordar que el pasado 15 de septiembre de 2015, la Diputada Sofía González Torres presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, mismo que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fecha 15 diciembre de 2015.

En ese punto de acuerdo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortó respetuosamente a la Semarnat, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional y a la Secretaría de Marina a reforzar los operativos de vigilancia en las playas de anidación con la presencia de efectivos que apoyen las acciones de conservación y vigilancia que llevan a cabo los órganos desconcentrados de la Semarnat.

En este orden de ideas, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exige que se continúe haciendo un gran esfuerzo de vigilancia y manejo de la protección a las tortugas marinas, que recorren miles de kilómetros en el océano y después de décadas vuelven a anidar en la misma zona donde nacieron.

El presente punto de acuerdo pretende destacar la excesiva depredación de los huevos de tortuga, los cuales enfrentan una gran cantidad de obstáculos para sobrevivir, dado que su venta de huevo está relacionada con una tradición que lo identifica como un supuesto afrodisíaco. Según datos de investigación del periódico El Universal, el aseguramiento de huevos de tortuga va al alza, lo que ha derivado en un total de 519 mil 140 unidades decomisadas en el periodo que comprende del año 2000 al 2014 a lo largo y ancho de la República.

Debemos reconocer que el consumo de huevos de tortugas marinas ha sido una práctica común en muchas playas de México, esto ha generado una demanda creciente en las ciudades, lo que a su vez ha motivado la extracción irracional en los lugares de anidación, afectando de esta manera la capacidad reproductiva de las tortugas marinas impidiendo su recuperación e incrementando las posibilidades de extinción.

En el mercado negro los huevos de tortuga se comercializan en un precio de entre 5 y 25 pesos al menudeo y 1 peso por mayoreo (a partir de un millar), como si fuese un producto cualquiera.

Las cifras sobre el saqueo de huevos de tortuga tan solo en Oaxaca alcanza los 458 mil 111 huevos; enseguida Guerrero, con 43 mil 330; posteriormente Chiapas, Colima, Baja California Sur y Michoacán, estas cantidades oficiales responden a los operativos efectivos, no obstante que la extracción y venta es probablemente mucho mayor.

También la demanda de huevos ha fomentado la práctica extremadamente nociva del capamiento, por la cual algunos pescadores capturan a las tortugas en el mar y las matan con el único objetivo de extraerles sus huevos y luego desechar el resto del cuerpo.

Lo realmente preocupante es que quienes consumen huevos de tortuga, bajo la creencia de que aumentan la virilidad, no reparan en los efectos negativos asociados a su ingesta. En primer lugar, los huevos de tortuga contienen más colesterol que los huevos de gallina. Además contienen minerales como el cadmio que se acumula en los riñones, causando un daño en el mecanismo de filtración, al mismo que puede potenciar la aparición del cáncer de próstata.

El consumo de carne y de huevos de tortuga marina resulta perjudicial para la salud humana por la presencia de contaminantes, parásitos y bacterias, y quienes están en potencial riesgo son mujeres y niños, pues son más vulnerables a los efectos de los metales pesados, como el mercurio y el cadmio, así como de los bifenilos policlorados que se acumulan en los tejidos de esta especie.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, particularmente preocupado por los efectos en mujeres embarazadas, pues el consumo de este alimento puede provocar malformaciones y daños al feto durante su desarrollo; asimismo, la constante ingestión de los residuos tóxicos, que como se dijo albergan los tejidos de la tortuga, puede ocasionarle al consumidor enfermedades del riñón, aunado a que si ésta contiene parásitos pueden presentarse también diarrea, vómitos y deshidratación.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideraría oportuno que se realizara un estudio especializado a fin de detectar el grado de contaminantes que portan en sus organismos las tortugas, para que la población conociera las consecuencias en la salud que trae aparejado el consumo de carne y/o huevos de tortuga. Lo anterior, sin duda alguna, contribuiría a desincentivar el consumo y por tanto no existiría el nivel de demanda que hoy existe y que provoca que vaya en aumento el saqueo de nidos.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los huevos de tortuga que se ofertan en el país y prevenir con ello los riesgos a la salud humana.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar una campaña de información y orientación que inhiba el consumo de huevos de tortuga ya que pueden generar un riesgo a la salud de la población.

Notas:

1 Ver

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/ sep/20150915-III.html

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/01/30/i mparable-trafico-de-viagra-costeno.

3 A la cabeza se ubica el estado de Oaxaca —el epicentro con cuatro playas para anidación—, le siguen Guerrero y Chiapas. No por eso son menos importantes entidades como la Ciudad de México, cuyos registros dejan evidencia.

4 El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos con un 16% de incidencia en México. Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Cancerología indican una tasa de mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 hombres.

5 Por ejemplo las tortugas que arriban a Veracruz (Tecolutla), es altamente probable que contengan un alto contenido de sustancias tóxicas, debido a las aguas del Golfo de México han recibido en los últimos años gran cantidad de contaminantes, pues basta con recordar el derrame de crudo provocado por la British Petroleum en el 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2016.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las esterilizaciones canina y felina, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 ,numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de ésta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Los perros son mamíferos carnívoros que poseen características reproductivas muy particulares, estos tienen la capacidad de reproducirse todo el año, con ciertas tendencias hacia finales de primavera e inicio del verano.

En este sentido, en 6 años una perra y sus crías, tienen la capacidad, de producir 67,000 nuevos cachorros. Esto significa que la tasa de crecimiento de la población canina en México alcanza el 20% anual, por lo que México es el país latinoamericano con un mayor número de perros, pues según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 18 millones de caninos.

Sin embargo, sólo 30% tiene dueño, el resto vive en la calle ya sea por abandono directo o al ser cría de estos animales en situación de calle por lo que los Centros Antirrábicos, sacrifican cantidades innumerables de perros de los cuales muy pocos de ellos son reclamados.

Por otro lado, el número de perros que mueren al ser atropellados en avenidas principales o en carreteras son incontables, todo esto es originado –entre otras causas- por el problema de la sobrepoblación de esta especie, lo cual tiene un efecto directo en la salud humana ya que existen más de 65 enfermedades zoonóticas como la rabia, leptospirosis, anquilostomiasis, larva migrans, erliquiasis, brucelosis, cestodiasis, salmonelosis, entre otras, que los perros pueden transmitir.

Esto tiene mayor impacto cuando los perros tienen acceso a la calle para defecar y orinar, puesto que los niños al jugar en jardines y parques públicos están en mayor riesgo de contagiarse con alguna de estas enfermedades.

Este problema se origina por el crecimiento incontrolado de la población canina que es causada por el abandono de los propietarios de los perros. Los padres acostumbran regalar a sus hijos un cachorro, especialmente en época decembrina, pero al darse cuenta de que el animal constituye una responsabilidad más al tener que bañarlo, alimentarlo y educarlo, lo más sencillo es dejarlo en abandono, estos perros al tener acceso a la calle se reproducen libremente incrementando así la población de los mismos.

Sin embargo, la sobrepoblación de estas especies no solo se da por el abandono, muchos propietarios tienen la costumbre de cruzar a sus perros, ya sea para enriquecerse al vender los cachorros que nazcan o para evitar que éstos desarrollen enfermedades como el cáncer. Existe una sobreoferta de perros, tanto de criadores profesionales como de criadores de “traspatio”, siendo estos últimos aquellas personas con perros de cierta pureza racial que pensando en hacer negocio con su mascota la cruzan sin ningún control de calidad genética.

Debe de evitarse en lo posible cruzar animales y esterilizarlos lo más prontamente posible ya que esto además de disminuir la sobrepoblación de perros disminuye la probabilidad de que desarrollen tumores mamarios e infecciones uterinas.

En el caso de los felinos, particularmente los gatos, también se deben fomentar campañas de concientización y esterilización para que no se reproduzcan sin control alguno. Los objetivos de la esterilización felina coadyuvan para que los gatos con o sin dueño, no representen un riesgo para sus lugares de residencia.

Con la esterilización felina se evita la sobrepoblación animal y con ello, el problema del abandono de gatos no deseados; asimismo, es la forma más eficaz de disminuir el número de gatos que se encuentran en las calles viviendo en las peores condiciones, siendo fuente de innumerables infecciones y enfermedades capaces de afectar a los seres humanos. Entre las enfermedades que pueden desencadenar en los seres humanos podemos encontrar las alergias, el asma, parasitosis, giardiasis, etcétera.

Asimismo, diversos estudios científicos de veterinarios especializados, señalan que una gata esterilizada a los seis meses, o antes de su primer celo, tiene un 95% de posibilidades de no padecer tumores cancerígenos de mama y útero, además de prevenir otras enfermedades.

Este es un problema complejo que involucra a las autoridades para realizar estrategias efectivas que reduzcan el nacimiento de nuevos cachorros. No es suficiente una campaña de vacunación antirrábica, la creación de centros de atención canina o felina y los lamentables sacrificios de estos animales, si la población de esta especie no es controlada.

La esterilización es una medida de concientización de la población, además de que constituye una solución ideal que ha sido adoptada por países europeos con los índices más bajos de abandono. Dicho método previene el nacimiento de camadas no deseadas, su abandono, desamparo y eutanasia.

Los centros de adopción de animales de compañía juegan un importante papel en el control de la superpoblación; la castración de todo animal, antes de ser adoptado, puede suponer una medida muy eficaz. Aunque existan muchos propietarios que no aceptan la castración de sus animales, esta práctica va ganando adeptos. Si hacemos una valoración objetiva de las ventajas y los inconvenientes que puede suponer esterilizar a un animal de compañía y se las exponemos a los propietarios será más fácil conseguir que se decidan a hacerlo.

La esterilización animal es el único método, ético y eficaz para evitar la superpoblación y futuro abandono de animales domésticos. Además ayuda en la salud del animal haciéndole que esté más tranquilo, más feliz y más sano.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que por conducto de la Secretaría de Salud, declare el día nacional de la esterilización canina y felina.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y al Gobierno del Distrito Federal para que a través de sus Secretarías de Salud respectivas, lleven a cabo campañas de esterilización canina y felina de manera permanente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Delfina Gómez Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONDENA EL ASESINATO DEL REGIDOR DE COXCOTLAN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del regidor de Coxcotlan, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, condena el artero asesinato del Regidor de Coxcatlán San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. México ha iniciado 2016 con diversas noticias de violencia y crímenes generalizados en todo el territorio nacional. El pasado 31 de diciembre el asesinato del regidor por Movimiento Ciudadano en Coxcatlán San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero ha dado cuenta no sólo de la grave inseguridad que padece nuestro país en estos momentos, sino de cómo la inseguridad y el crimen bloquea el camino de la democracia mediante las extorsiones de las que hoy políticos, gobernantes y ciudadanía en general son víctimas. Las decisiones y el rumbo del país a este ritmo quedarán en manos de la delincuencia organizada y no de la ciudadanía.

II. Diversos datos estadísticos dan cuenta que desde el inicio del proceso electoral 2015, hasta su cierre el 7 de junio del mismo año -fecha de la jornada electoral-, poco más de 21 personas (hombres y mujeres) incluyendo a precandidatos y candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios o exfuncionarios y militantes perdieron la vida por actos violentos.

III. Diversos autores señalan que las campañas electorales de 2015 resultaron particularmente violentas en ciertas zonas del país, en especial en Guerrero y Michoacán, siendo varios candidatos amenazados y otros atacados desde la etapa de elecciones internas.

Este contexto de violencia generó múltiples externalidades negativas que distorsionaron las preferencias ciudadanas en las urnas, lo que se tradujo en cambios en los gobiernos y, en consecuencia, en las políticas públicas. Diversos autores concuerdan que la violencia sobre candidatos y electores afecta directamente los procesos electorales y obstaculiza el curso de la democracia.

IV. El 31 de diciembre de 2015, fue asesinado el regidor por Movimiento Ciudadano, Lorenzo Hernández Guerrero, por un grupo de hombres armados afuera el panteón municipal de Coxcatlán, municipio de la Zona Huasteca, quienes dispararon arteramente hasta asesinarle, mientras hirieron gravemente al conductor de vehículo en el que Lorenzo Hernández se trasladaba. Lorenzo quien era conocido como “Lencho”, tenía 55 años de edad y fue alcalde de Coxcatlán del 2006 al 2009, en las pasadas elecciones de 2012 y 2015 contendió por Movimiento Ciudadano para la Presidencia Municipal de Coxcatlán.

A finales de marzo se denunció que el entonces candidato sufrió un atentado, cuando sujetos desconocidos incendiaron un tráiler de su propiedad, días después de que recibiera varias amenazas vía telefónica, en las que le exigían que renunciara a la candidatura. Lorenzo Hernández entonces candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que estos actos pretendían intimidarlo para renunciar a la contienda.

Incluso en el caso propio y de los candidatos a diputados, y a Gobernador de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, durante los eventos de cierre de campaña se intentó amedrentarnos intentando sacarnos de la carretera al finalizar el evento que tuvo lugar en Coxcatlán. El ambiente que se vive en la zona es de hostigamiento y de zozobra para quienes ahí habitan y luchan por un cambio democrático así como, para la familia del regidor ya que desde meses atrás recibían amenazas de muerte, que lamentablemente se materializaron para el caso del Regidor.

El asesinato del regidor de Movimiento Ciudadano, Lorenzo Hernández, se inscribe dentro la ola de violencia política, que vive México y que en últimas fechas ha cobrado la vida de personas que siendo elegidas mediante la vía democrática para el ejercicio de la representación de la voluntad popular, han sido asesinados lo que ha allanado la paz y la institucionalización de la democracia, como ha sido el caso del asesinato de la Presidenta Municipal de Temixco en Morelos, Gisela Mota. Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, condena el artero asesinato del regidor de Coxcatlán San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión conmina al doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus facultades instruya al Procurador de Justicia del estado a realizar una investigación expedita con el objeto de castigar a los responsables de tan artero crimen.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, exhorta a la autoridad estatal y municipal, a establecer las medidas conducentes para garantizar la seguridad y vida de familiares de Lorenzo Hernández Guerrero, toda vez que han sido objeto de amenazas.

Nota:

1 Elecciones y Violencia (2015), Foreign Affairs Latinoamérica, junio 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García.»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXTRAÑAMIENTO A LA MINISTRA DE LA SCJN, NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ Y SE LE PIDE RECONSIDERE SUS DECLARACIONES EN TORNO A LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se emite un extrañamiento a la ministra de la SCJN Norma Lucía Piña Hernández y se le pide que reconsidere sus declaraciones sobre la resolución de la acción de inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil de Jalisco, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento  de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo dirigido a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucia Piña Hernández al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Cuando los Poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.

Así sucede también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma de un agresor”

Montesquieu, de su obra El espíritu de las leyes de 1748.

Compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social la nueva forma de hacer política que proponemos tiene su fundamento en el respeto al orden Constitucional y a la separación de poderes que rige nuestro orden jurídico. La autonomía y el respeto a los límites que la ley impone a cada uno de los actores políticos y los entes públicos es un elemento esencial de un gobierno republicano y requisito indispensable en una auténtica democracia.

Por ello resultan inadmisibles y reprobables las recientes declaraciones de la recién nombrada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucia Piña Hernández que en relación a la resolución del máximo Tribunal de Justicia del país sobre la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH  en contra del contenido del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco sobre el matrimonio del pasado 26 de enero de 2016 declaró: “que si bien las legislaturas estatales gozan de libre configuración para emitir sus normas, a veces es necesario ponerles límites” Milenio 26 de enero de 2016.

Afirmación por demás imprudente, grave y sin respeto alguno a las atribuciones que la Constitución Federal y las de los Estados le confieren a los Congresos locales. Situación particularmente grave además por lo delicado del tema que se analizó y resolvió en un país con antigua tradición en favor del matrimonio y los valores de la familia natural.

Los representantes del pueblo y los servidores públicos de los distintos poderes debemos ser cuidadosos y respetar los ámbitos de acción y las atribuciones de los demás poderes como elemento indispensable de los sanos equilibrios y contrapesos esenciales de la democracia y el orden jurídico vigente.

El equilibrio de poder es un concepto político básico y fundamental que significa en la vida interna de un Estado aquella situación institucional en la que las atribuciones de los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial- están adecuadamente compensados, de modo que ninguno pueda tomar preponderancia sobre los otros. Es el resultado de lo que en la técnica del constitucionalismo clásico se denomina “sistema de frenos y contrapesos”.

La separación de poderes o división de poderes es una distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan el estado de derecho moderno.

Por ello la doctrina moderna del derecho denomina a esta teoría, en sentido estricto, separación de funciones o separación de facultades, al considerar al poder como único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al pueblo que el titular de la soberanía al cual sirve y debe dar cuentas del ejercicio de lo que le ha sido confiado.

En resumen el respeto entre los tres poderes del Estado lo cual es reflejo de una ideal convivencia democrática significa que cada poder mantiene su autonomía y atiende lo que en el ámbito de su competencia le corresponde, por tal motivo solicitó a esta Soberanía se apruebe el presente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se emite un extrañamiento a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  Norma Lucía Piña Hernández y se le pide reconsidere sus declaraciones del pasado 26 de enero de 2016 en torno a la resolución de la acción de inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco por ser una falta de respeto a las facultades de los Congresos de los estados de aprobar las normas jurídicas que son de su competencia.

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; y 79, numerales 1, fracción II y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El fenómeno de la corrupción en nuestro país es un cáncer que se ha extendido a, prácticamente, todas nuestras instituciones y cuyos impactos van desde la afectación al desempeño económico y la competitividad del país, hasta la agudización de la pobreza y la desigualdad, el fomento a la impunidad, y, en no pocos casos, la multiplicación de la violencia y el crimen organizado.  

Segunda. Durante los últimos años, este fenómeno lejos de haber registrado avances en su erradicación, ha observado retrocesos visibles tanto en las mediciones de percepción ciudadana, como en el costo que representa para la economía. De modo tal que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa la última posición, mientras que en el ranking general, se ubica en el lugar 103 de 175.  Por su parte, en el terreno económico, según el Banco Mundial, México no ha avanzado en esta materia en comparación con otros países, llegando a representar, a finales del año pasado, nueve puntos porcentuales del PIB.

Tercera. A pesar de que las prácticas de corrupción están presentes tanto en el sector público como en el privado, particularmente corrosivas resultan las auspiciadas desde el sector público, en virtud de la ineficiencia que generan en el destino del gasto o en su operación. Un caso muy evidente por las distorsiones que genera en el proceso de la toma de decisiones y por su impacto social, es el de la obra pública. Está documentado que en México y en el mundo, la construcción es el sector en el que se presentan la mayor incidencia de actos de corrupción.

Cuarta. Hacerle frente requiere partir del reconocimiento de que lejos de constituir un asunto cultural, este flagelo se enmarca dentro de la estructura de incentivos promovida por el diseño institucional prevaleciente en el país; por lo que su combate, necesaria aunque no únicamente, transita por realizar modificaciones al marco legal vigente, dirigidas a inhibir y castigar su reproducción.

Quinta.En este marco, con fecha 04 de noviembre de 2014, el titular del Ejecutivo federal, presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Infraestructura para su análisis y dictamen correspondiente, en sesión ordinaria el 06 de noviembre del mismo año.

Sexta.  El 9 de diciembre de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Infraestructura con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ordenando la Mesa Directiva remitir la Minuta a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Séptima. La Cámara de Senadores recibió la Minuta el 10 de diciembre de 2014 y la Mesa Directiva ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. En reunión celebrada el 27 de enero de 2015, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno a la Comisión Especial de Productividad, para que emita opinión respecto de dicha minuta.

Octava.Las comisiones dictaminadoras, conscientes de la necesidad de escuchar a los diversos actores relacionados con la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, acordaron realizar un foro en el que se expresaron diversos actores, entre ellos: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, AC, Transparencia Mexicana, Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Comisión Federal de Competencia Económica, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Colegio de Ingenieros Civiles de México, Academia de Ingeniería, México Evalúa; y, consultores independientes y académicos. Dicho foro fue realizado a finales del mes de abril del año pasado.

Novena.Con fecha 25 de agosto, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con opinión de la Especial de Productividad elaboraron y pusieron a disposición del público en general, el borrador del dictamen de la Minuta en comento, el cual incorporó diversas de las propuestas surgidas del referido foro.

Décima. No obstante, a la fecha y después de cerca de un año de la celebración del foro y de seis meses de la elaboración del citado borrador, la Minuta sigue pendiente de su formal dictamen.  Con ello, se impide al Poder Legislativo continuar la discusión y, eventualmente, realizar la expedición de las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo diseño debe concluirse en el primer semestre de presente año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a dirigir una excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con la participación de la Especial de Productividad, para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida por esa Cámara el 10 de diciembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

ACCIDENTES EN LAS CICLOVÍAS DEL DISTRITO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los accidentes en las ciclovías del Distrito Federal, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de movilidad en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales problemas, tanto para los capitalinos como para los habitantes de las zonas conurbadas del Valle de México. Aunque parezca una obviedad, es necesario apuntar que de lunes a viernes, durante las primeras horas del día, hasta las horas pico del término de las jornadas laborales, hay millones de ciudadanos que se trasladan por las distintas vialidades de esta gran metrópoli, ya sea en cualquiera de los sistemas de transporte colectivo público –que día con día rebasa su máxima capacidad– o en los millones de automóviles particulares.

Debido a la inmensa cantidad de habitantes de la capital que utilizan los diferentes medios de transporte y las pocas alternativas de traslados y rutas, se provocan severos congestionamientos viales en las principales avenidas de la ciudad, dejando a los capitalinos en una situación desfavorable que multiplica problemáticas particulares que con el tiempo se agudizan. Nuestra ciudad está catalogada como 3D: distante, dispersa y desconectada; este modelo promueve desigualdad social y espacial, ya que segrega los sectores de menores ingresos, confinándolos en zonas sin infraestructura y alejadas de sus fuentes de trabajo.

En los últimos años, el uso de la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte alternativo y viable para una parte de los capitalinos. Si bien, el gobierno de la Ciudad de México ha implantado programas para la promoción del uso de este medio alternativo, no ha tomado en cuenta los riesgos constantes que asechan a los ciclistas, provocando que en la mayoría de los casos, la consecuencias sean fatales.

El programa estandarte de bicicletas públicas compartidas es Ecobici. Éste inició operaciones en 2010 con 84 cicloestaciones y mil 200 bicicletas. Actualmente tiene 444 cicloestaciones, más de 6 mil bicicletas y brinda un servicio de lunes a domingo a más de 100 mil usuarios en 42 colonias de tres delegaciones, con una cobertura total de 35kilómetros cuadrados. Uno de los principales problemas de este sistema es que no cuenta con la infraestructura suficiente y cabalmente segura para los ciclistas.

La cultura vial en la capital sigue quedando a deber. Además este sistema está concentrado en zonas específicas, donde el turismo es una actividad principal. En este sentido, se están omitiendo las necesidades y condiciones mínimas de seguridad de los ciclistas que recorren otras rutas de las otras trece delegaciones. Indudablemente debemos atender al gran conglomerado de ciudadanos que han encontrado en el uso de la bicicleta un medio alternativo de transporte, garantizando la seguridad de todos los usuarios de los espacios públicos, la movilidad y la posibilidad de mejorar las condiciones del entorno del núcleo urbano frente al colapso cotidiano.

Diversas organizaciones civiles han advertido del riesgo que corren los usuarios de bicicletas, ya que las ciclovías y carriles compartidos son extremadamente peligrosos debido a la falta de cultura vial, tanto de ciclistas como de automovilistas, ya que en lo que va del 2015 se han registrado 22 muertes de ciclistas y al menos 100 usuarios de las ciclovías has sufrido algún tipo de accidente.

De acuerdo a los datos que ha publicado el Inegi y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en 2015 se han disparado los accidentes de ciclistas en un 133 por ciento al pasar de 89 a 207, con corte al día 27 de noviembre del año pasado. Por ello, se deben reforzar las medidas de seguridad vial y fomentar una cultura vial que contemple todas las alternativas de transporte para garantizar el derecho pleno a la movilidad y de esta manera evitar los accidentes fatales de ciclistas como los que han ocurrido en días recientes.

Carlos Delgado, urbanista y académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, asegura que es indispensable impulsar el derecho de vía en el diseño de espacios viales para proyectos futuros, para que desde su origen ya se tenga previsto el paso de ciclistas, peatones y conductores de automóviles.

Por otro lado se hace necesario que las sanciones que se les impute a los infractores que invadan las ciclovías, sean ejemplares para que estás puedan inhibir o disminuir los accidentes que sufren los ciclistas en estas vías.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, a promover una campaña permanente de educación vial para ciclistas, conductores y peatones.

Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que gire las instrucciones al personal a su cargo para que puedan darle mantenimiento preventivo y correctivo a las ciclovías y haya un diseño óptimo de éstas.

Tercero. Se exhorta al jefe de gobierno a endurecer y aplicar sanciones ejemplares para quien no respete los carriles designados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 febrero del 2016.— Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica).»

Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

CREAR Y PROMOVER CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL SUICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal, Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Antecedentes

Las y los jóvenes, al igual que sus familias, enfrentan actualmente los efectos de un modelo económico minado y sin perspectivas de solución, encaminado a un mayor deterioro y profundidad.

Es así que, gran parte de la población en México –80 por ciento hoy lleva un nivel de vida muy restringido económicamente hablando, teniendo fuertes dificultades para solventar sus gastos diarios de primera necesidad como son: alimentos, educación, ropa, vivienda, salud y servicios básicos como agua, gas o luz. Cabe mencionar que para rematar, las anteriores erogaciones deben enfrentarse con raquíticos salarios.

En nuestro país, la pobreza se define fundamentalmente en dos categorías, a saber; pobreza moderada y pobreza extrema, lo anterior como resultado de los estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

Pobreza moderada; la pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la población en pobreza (Coneval, 2014).

Pobreza extrema; es cuando una persona tiene tres o más carencias de seis posibles dentro del índice de privación social y además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, estas personas tienen ingresos tan bajos que resultan insuficientes hasta para cubrir adecuadamente su alimentación.

Al respecto, 11.5 millones de personas se encuentran en condición de pobreza extrema: con ingreso menor a la “línea de bienestar mínimo” (urbano, mil 125 pesos; rural, 800 pesos) y al menos tres carencias sociales. También 41.8 millones están en pobreza moderada: con un ingreso menor a la “línea de bienestar” (urbano, 2 mil 329 pesos; rural, mil 490) y al menos una carencia social. Estos datos verifican las notables diferencias en que se encuentra la población, ya que siendo la “línea de bienestar” donde se encuentran las personas no pobres y no vulnerables, considerada en 24.6 millones y con ingreso urbano de 2 mil 542 y mil 614 en el área rural.

Además, en el mismo informe se indica que: “Considerando datos comparables únicamente de ingreso, entre el 2006 y 2012, hay casi 17 millones de personas más en pobreza y casi nueve millones más en pobreza extrema en México. La pobreza pasó de 44.7 a 61.4 millones de personas (42.6 por ciento a 52.3 por ciento) y la pobreza extrema pasó de 14.4 a 23.1 millones de personas (13.8 por ciento a 19.7 por ciento).

Estos datos generan consecuencias que tienen en muchos casos como origen la pobreza, principalmente en aspectos como; la inseguridad y la ausencia de desarrollo del país, ya que un gran número de la población no puede contar con empleo y educación, ni recursos económicos suficientes para sobrevivir. Ante este panorama las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima pues se conciben incapaces de competir, alcanzar una plaza laboral o ser económicamente independientes, sintiéndose además objeto de rechazo constante.

Es así que, debido a la pobreza de las familias, ha aumentado el número de jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios, a buscar un trabajo o ponerse a trabajar para ayudar a la economía familiar, y que al no encontrarlo y tampoco contar con la opción del estudio como forma de remontar la pobreza enfrentan una desarticulación entre la relación educación-trabajo.

Si a lo anterior, le sumamos la violencia familiar que padecen los jóvenes en su hogar pero sobre todo, la pobreza en la que se encuentran, son las razones, entre otras, que llevaron a un millón 470 mil 718 de niñas, niños y jóvenes a abandonar sus estudios. Este problema es un fenómeno que va a la alza, lo que significa también un fuerte impacto económico que, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Educación Pública, SEP, representó un costo de 34 mil millones de pesos para el país.

Datos del Panorama de la Educación 2014 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que en México persisten los altos niveles de deserción escolar en la educación media superior y superior, ya que cerca de 65 por ciento de los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad no participó en la educación en 2012, sin contar que el 22 por ciento no estudiaba ni trabajaba.

Además, entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2010-2011, más de 6.5 millones de adolescente han tenido que dejar la escuela y, de acuerdo con el módulo especial de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del Inegi, en relación con la educación media superior, más de 52 por ciento de ellos han tenido que hacerlo debido a problemas económicos en sus hogares, mientras que un 23 por ciento dejó la escuela por embarazo, matrimonio o unión.

Estos cambios en la forma de vida de las y los jóvenes incuban radicales modificaciones en lo personal y su entorno social. Durante la adolescencia, se presentan en ellos alteraciones difíciles que les producen ansiedad y depresión y que en ocasiones pueden llegar a una tentativa de suicidio. Esta idea plantea el problema de la depresión como vivencia existencial. Las y los especialistas coinciden que la depresión y la melancolía son padecimientos que afectan a muchos jóvenes. La doctora Edith Padrón Solomon jefa de la clínica de las emociones del hospital psiquiátrico infantil “Doctor Juan N. Navarro”, reveló que en las terapias que se les dan a los pacientes jóvenes que intentan suicidarse se descubre que llevan varios meses en depresión.

Las y los jóvenes representan en México uno de los grupos con mayor vulnerabilidad, la depresión, la ansiedad, el daño neurológico en edad temprana, el consumo de sustancias adictivas y la problemática económica y familiar potencializan la idea del suicidio. Las niñas, los niños y los adolescentes, al igual que los adultos, sienten que hay dificultades que no pueden superar y en ocasiones, la idea de la muerte comienza a ser muy recurrente en su vida.

El suicidio es una de las principales y más importantes causas de muerte en el mundo. Se datan de más de ochocientos mil muertes al año y es la segunda causa de muerte, después de los accidentes, en los jóvenes. El suicidio es el resultado de un acto de la víctima dirigido contra su propia vida y que puede ser una lesión auto-producida, o la realización de una actividad extremadamente peligrosa que, con toda probabilidad, conduce a un accidente fatal. Otra forma indirecta de autodestrucción consiste en la ingestión de substancias dañinas para la salud como; drogas, alcohol y tabaco.

En México, el suicidio entre las y los jóvenes se ha convertido en una de las mayores causas de muerte, en el transcurso de los años, la tasa de suicidio entre la población joven de 15 a 29 se ha mantenido elevada. En 2013, ocurrieron 2 345 casos en jóvenes de 15 a 29 años (40.8 por ciento del total), observando una tasa de 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad. Por sexo, las tasas de suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años son de 12 por cada 100 mil hombres y 3.2 por cada 100 mil mujeres.

Los números muestran que en el caso de todos los suicidios entre mujeres, 18 por ciento fueron jóvenes de 14 a 19 años, 17.3 por ciento de las que se suicidaron tenían entre diez y 24 años de edad, mientras que 12 por ciento estaba entre los 15 y 29 años.

Para el caso de los hombres, 10.6 por ciento de todos los que se suicidaron, tenían entre 14 y 19 años, es decir, que uno de cada diez suicidios entre los hombres, lo cometió un joven en ese rango de edad, mientras que 15.4 por ciento de los varones que se suicidaron tenían entre 10 y 24 años de edad y 13.7 por ciento tenían entre 15 y 29 años.

La OMS ha encontrado que cuando un método de suicidio es especialmente popular en los hombres, a menudo también lo es entre las mujeres, y viceversa. De modo que los patrones de suicidio nos dicen más sobre la disponibilidad y aceptabilidad de los métodos de suicidio que sobre las diferencias de género. En este sentido, una vez que se ha hecho presente la ideación suicida, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el principal método utilizado por la población que comete suicidio (77.3 por ciento). Por sexo, el porcentaje corresponde a 78.9 por ciento hombres y 69.9 por ciento de mujeres. En el caso de los hombres, el disparo con arma es el segundo método más empleado (10.9 por ciento); mientras que para las mujeres es el envenenamiento (21.8 por ciento de los suicidios de mujeres).

Así también, se señala que el 88.8 por ciento de los lugares de ocurrencia del suicidio son;

1) La casa habitación

2) La vía pública

3) La cárcel

René Jiménez Órnelas, coordinador de la Unidad de Estudios de Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM “considera que el suicidio de jóvenes viene ligado al proceso de crisis económica y social que se ha padecido en el país”.

El especialista considera que el crecimiento del desempleo entre los jóvenes es uno de los factores que influyen en el incremento de suicidios entre jóvenes. Las oportunidades de trabajo son pocas, el campo se está cerrando, esto hace que los jóvenes se sientan sin futuro, sin rumbo, situación que los orilla para tomar la decisión de terminar con su vida.

Aunque la pobreza material es la principal condición económica en los suicidios registrados en nuestro país, más del 60 por ciento de los suicidios se dan en personas cuya condición no es de pobreza. El suicidio no distingue condición económica, social, tampoco civil pues la mitad de los registros se refieren a personas que viven en pareja. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportan que en México cometen suicidio más de cinco mil personas al año y es considerado la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años.

El suicidio de jóvenes es una tragedia no mencionada en nuestra sociedad, ya que es considerada como un tabú, un escándalo y por estar estigmatizada. De manera tradicional se ha evitado la idea de que nuestros jóvenes encuentran la vida tan dolorosa y sin futuro que de forma consciente y deliberada se causan la muerte.

Juan Ramón de la Fuente sobre el tema indica que, “La pobreza tiene su propia patología y esto resulta inadmisible porque es una de las expresiones más cruentas de la desigualdad. Pero los problemas de salud no se resuelven solo con dinero. Aun las cifras alentadoras pueden ser engañosas. ... Los retos que tenemos por delante en materia de salud pública son formidables. Antes la prioridad era controlar diarreas e infecciones. Hoy los problemas prioritarios están en otra esfera: son la obesidad, la diabetes, el cáncer, los accidentes, las adicciones, los suicidios en los jóvenes, la violencia y la salud mental.

Para reducir la problemática social en el país, el gobierno ha diseñado programas de combate a la pobreza, al hambre y diversos apoyos económicos con el propósito de mejorar el capital humano, sin embargo poco se ha hecho para la atención de la salud mental, particularmente de las y los jóvenes.

Como se ha mencionado con anterioridad, la problemática que enfrenta este grupo social es amplia y de no fácil solución, es así que la incorporación al desarrollo del país en condiciones desfavorables como son los estudios inconclusos, implica una mayor desigualdad en el acceso a las oportunidades, el aumento del número de jóvenes que no estudian ni trabajan, la incorporación al trabajo informal, los menores ingresos laborales. Todo ello se traduce la incapacidad para alcanzar su pleno desarrollo y potencial, así como una escasa movilidad social, en resumen las pocas o nulas posibilidades de éxito futuro acercan a estos jóvenes a la depresión y la desesperanza. Considerando como salida rápida y efectiva; el suicidio.

Es de resaltar que a pesar del alto número de suicidios y su estrecha relación con la depresión, esta última no es considerada como una enfermedad de mortandad en nuestro país, ni el suicidio como un problema de salud pública. También debemos mencionar la inexistencia de campañas de prevención y/o programas de atención a nivel nacional de este fenómeno. El problema está latente, el riesgo existe, debemos crear su previsión y solución ya que el suicidio es la única muerte prevenible. Esto es motivo para que el Estado ponga atención urgente en este problema.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud a crear y promover campañas de prevención y programas de atención al suicido entre las y los jóvenes en particular y de la población en general.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, a implementar una línea telefónica de apoyo a personas con depresión, con el propósito de lograr avances significativos en la atención de la salud mental y la reducción de las cifras de suicidio entre las y los jóvenes.

Notas:

1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Medición de la Pobreza 2012, 29 de julio, 2013.

2 Coneval, obra citada. Las carencias son; educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza 2012, 29 de julio, 2013.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 www.gestiopolis.com/ Dificultades ante la pobreza en México. Ensayo

7 Anguiano, Fernando; http://formato7.com/2015/07/15/por-pobreza-y-violencia-familiar-crece-la-deserc ion-escolar-en-mexico/

8 Ibídem.

9 http://www.vertigopolitico.com/columnas

10 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del suicidio (10 de septiembre) datos nacionales, México, septiembre, 8 2015.

11 El suicidio en México acecha a los más jóvenes, Notimex, septiembre, 2014

12 Inegi, obra citada.

13 Instituto Hispanoamericano de Suicidología, México. 2012.

14 paradigmas.mx/educación-y-pobreza-una-ecuación-sin-resultados/ Daniel Sibaja,  agosto 14, 2014.

15 Proceso.com.mx, septiembre, 2014

16 Garduño Ambriz Rosalía, Gómez Hernández Krystiam; Suicidio en adolescentes, Asociación Mexicana de Tanatología, AC. México, enero, 2011.

17 www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/juan-ramon-de-la-fuente/ nacion/2016/01/25/la-salud-de-nuestra-salud

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CAMPAÑAS REGIONALES PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS DE ZIKA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse por la Secretaría de Salud con las autoridades locales a fin de realizar campañas regionales para prevenir la enfermedad por el virus de zika, suscrita por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el de zikaes un virus emergente transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en Uganda, en 1947 en macacos de India a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla selvática. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, América, Asia y el Pacífico.

En 2007 tuvo lugar el primer brote importante de infección por virus zika en la isla de Yap (Micronesia) en la que se notificaron 185 casos sospechosos, de los que 49 se confirmaron y 59 se consideraron probables.

En febrero de 2014, las autoridades de salud pública de Chile confirmaron un caso de transmisión nativa de infección por virus zika en la isla de Pascua (Chile). La misma coincidió con la presencia de otros focos de transmisión en islas del Pacífico: Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, e Islas Cook. Hasta el momento no se ha informado sobre ninguna muerte atribuida a la infección por virus zika en ninguno de los brotes registrados.

El virus de zika se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Este mosquito es el mismo que transmite el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.

Tras la picadura del mosquito infectado, los signos y síntomas de enfermedad aparecen generalmente tras un periodo de incubación de 3 a 12 días. La infección puede cursar de forma asintomática o presentar síntomas con enfermedad moderada.

En los casos sintomáticos con enfermedad moderada, los síntomas se establecen de forma aguda e incluyen fiebre, conjuntivitis no purulenta, cefalea, dolores musculares y dolor de articulaciones, debilidad o fatiga, erupciones cutáneas, dolor retroorbitario, anorexia, vómito, diarrea o dolor abdominal. Los síntomas duran de cuatro a siete días.

Durante los grandes brotes producidos en Polinesia francesa en 2013 y Brasil en 2015, las autoridades sanitarias nacionales notificaron potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunes de la enfermedad por el virus de zika.

Recientemente, en Brasil las autoridades sanitarias locales han observado un aumento de las infecciones por este virus en la población general, así como un aumento de los recién nacidos con microcefalia en el nordeste del país, ya que hay cerca de 4 mil casos de microcefalia en recién nacidos; se investiga para establecer si están relacionados con el virus.

La microcefalia es un trastorno que afecta al tamaño de la cabeza y al crecimiento del bebé, que puede ser congénito o darse durante los primeros años del niño. Dependiendo de la causa y gravedad del caso puede causar problemas en el desarrollo cognitivo y psicomotor del menor.

Tras los análisis de los casos de bebés nacidos con microcefalia, se dedujo que el mayor riesgo por contagio a embarazadas se produce en el primer trimestre de gestación. Los médicos indican que aunque la madre no presente síntomas tras haber sido infectadas con el virus, eso no impide que la infección perjudique al bebé.

En México se han confirmado 18 casosde transmisión del virus del zika, 13 casos en Chiapas, 1 en Jalisco y 4 en Nuevo León. Así lo informó la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, por lo que es importante redoblar esfuerzos en el país para que este virus no se expanda.

Debido a la propagación desmedida del virus, el pasado 1 de febrero, la OMS declaró que el brote constituye una urgencia sanitaria mundial,por lo que se deben aumentar los esfuerzos para combatirlo.

Los mosquitos y sus lugares de cría suponen un importante factor de riesgo de infección por el virus de zika. La prevención y el control dependen de la reducción del número de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes (eliminación y modificación de los lugares de cría) y de la disminución de los contactos entre los mosquitos y las personas.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a coordinarse por de la Secretaría de Salud con las autoridades locales a fin de realizar campañas regionales para prevenir la enfermedad por el virus de zika.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

DIFUNDAN EL ANÁLISIS RELATIVO A LAS CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL RENGLÓN DE ERRORES Y OMISIONES DE LA BALANZA DE PAGOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al gobernador del Banco de México a difundir el análisis sobre las causas del crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En los seis años del gobierno de Felipe Calderón, la balanza de pagos del país acumuló errores y omisiones por 60 mil millones de dólares. Ahora, con la información de apenas 11 de los trimestres que han transcurrido de este gobierno de Enrique Peña, ese renglón ya suma más de 55 mil millones de dólares.  Ese crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos avanza a un ritmo insostenible y ya representa 60 por ciento de lo que este gobierno ha captado por inversión extranjera directa, de acuerdo con información en la presentación denominada anterior por el Banco de México.

¿En dónde están esos miles de millones de dólares que tanta falta hacen para financiar las actividades productivas del país?  No es el único punto vulnerable de la balanza de pagos. También llama la atención el fuerte crecimiento del déficit en cuenta corriente y las cuantiosas salidas “legales” de capitales de mexicanos que se depositan o se invierten en el exterior.

Pero, en particular, los montos alcanzados por el renglón de Errores y Omisiones en un momento de gran incertidumbre en los mercados de divisas, deberían ser motivo de escándalo y reflejan una gran irresponsabilidad por parte de los ejecutores de la política económica.

La balanza de pagos es un instrumento que permite evaluar la eficacia de la política económica de un país, debido al impacto que ésta tiene en su economía en relación con el contexto internacional. Como lo señala el Banco de México, en términos contables la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente –que registra el saldo del intercambio de bienes y servicios-, la cuenta de capital –que sigue los flujos de recursos financieros- y la cuenta de la reserva de divisas. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que supone se recibe un pago de extranjeros; un débito es una transacción que implica un pago a extranjeros. El signo negativo significa egreso de divisas y lo inverso se registra con el signo positivo.

La información proporcionada por la cuenta corriente de la balanza de pagos tiene que ver con las actividades de intercambio con el exterior de bienes, tal como se registran en la balanza comercial, incluyendo las exportaciones e importaciones de hidrocarburos. También registra el intercambio de servicios, divididos en dos tipos: no factoriales y factoriales. Los primeros tienen que ver con el pago de fletes y seguros, el flujo de divisas que generan los viajeros visitantes del y al exterior, y con la disponibilidad para utilizar infraestructura relacionada con el intercambio en el país y en el exterior.

Los servicios factoriales a su vez registran el intercambio de intereses, de ingresos de trabajadores y utilidades de las personas físicas y empresas. Por cierto, este renglón ha acelerado su crecimiento, en línea con la expectativa de mayores tasas de interés.

En una cuenta adicional, registra el intercambio de transferencias, en el que se registran las remesas de los migrantes, que con un gran sacrificio, aportan un mínimo de 20 mil millones de dólares cada año, mismos que hasta ahora no se han reflejado en una política pública que justifique su esfuerzo garantizando bienestar a sus familias. De cualquier modo, son operaciones debidamente registradas.

La balanza de pagos también registra los flujos de capitales del o al exterior, por endeudamiento o por inversiones en activos físicos y financieros. El Banco de México describe que, en la presentación que se utilizaba hasta el año 2010 pero que se mantiene actualizada, en la cuenta de capital se identificaban en forma separada los conceptos de pasivos (obligaciones de residentes de la economía mexicana frente a residentes del exterior) y activos (obligaciones de residentes del exterior frente a residentes de la economía mexicana). A su vez, los pasivos se desagregaban en dos componentes principales denominados Endeudamiento e Inversión Extranjera (directa y de cartera); en tanto que los componentes principales de los Activos son los Depósitos en Bancos del Exterior, Inversión Directa de Mexicanos en el Exterior y Otros Valores.

Ahora, como señala el Banco de México, en la nueva presentación hay, entre otras, una ligera diferencia en el registro de las reservas, porque se consideran las Reservas Internacionales Brutas, a diferencia de la presentación anterior que tomaba en cuenta las Reservas Internacionales Netas.

Acerca de su comportamiento, en una economía deficitaria como la mexicana, el saldo de la cuenta corriente se cubre con el saldo de la cuenta de capitales y el remanente se distribuye en tres renglones: los recursos destinados a la reserva de divisas del país, el ajuste por revaloración y el de Errores y Omisiones.

En sus comunicados trimestrales sobre la balanza de pagos, el Banco de México advierte que en las cifras de algunos renglones se incorporan revisiones debido a que hay un continuo proceso de información adicional en estas estadísticas. Es el caso, por ejemplo, de las revisiones en el renglón de inversión directa, de los pasivos del sector privado no bancario, de egresos por intereses y de utilidades reinvertidas; a eso se podrían agregar ajustes en el renglón de importación de mercancías, por la diferencia de tiempos entre el registro de algunas importaciones que ingresan como temporales y al paso de unos años se quedan como definitivas. Por consiguiente, sí se modifican los renglones de la balanza de pagos y, por lo mismo, también se puede modificar, o más bien corregir, el saldo del renglón de Errores y Omisiones en las publicaciones subsiguientes de la balanza de pagos, a medida que se dispone de mayor información acerca de sus diversos componentes.

En una economía relativamente ordenada, como pregonan el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la mexicana, el renglón de Errores y Omisiones debería ser un renglón de ajuste que permitiera conciliar las distintas operaciones de corto y largo plazo y en general este renglón debería mantenerse dentro de ciertos parámetros. No obstante eso no sucede en México.

De acuerdo con las series históricas que el Banco de México denomina como “presentación anterior”, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León la suma de Errores y Omisiones representó apenas 6.9% de la variación  de las reservas internacionales. Se podría decir que era un monto relativamente aceptable.

En el sexenio de Vicente Fox, los 12 mil millones de dólares de flujos anuales acumulados en el renglón de Errores y Omisiones representaron 35.5% del total del incremento de las reservas netas de divisas.

En el de Felipe Calderón, ese renglón sumó 60 mil 272 millones de dólares, que ya representaron 62.9 por ciento del total de las reservas netas acumuladas en el sexenio.

Finalmente, en lo que va de este sexenio de Enrique Peña, hasta septiembre de este año, el renglón de Errores y Omisiones ya acumula un total de 55 mil 48 millones de dólares cifra que, en un período de incertidumbre, representa 330 por ciento el incremento de las reservas netas de divisas hasta septiembre de 2015.

Tomando en consideración las mismas series de la primera forma de presentación que preparó el Banco de México, si se hiciera un promedio de los Errores y Omisiones por cada uno de los trimestre de cada sexenio, en el de Zedillo se tendría un monto de Errores y Omisiones por cada trimestre de 78 millones 562 mil dólares; en el de Fox alcanzaría la cifra de 504 millones 588 mil dólares por trimestre; en el de Calderón el renglón de Errores y Omisiones registró un promedio trimestral de dos mil 511 millones de dólares cada trimestre y en el actual ya alcanza la cifra de cinco mil 77 millones de dólares por trimestre.

Lo más grave es que comparando las cifras en la misma “presentación anterior” proporcionada en períodos diferentes, encontramos que en sucesivas lecturas en lugar de disminuir el monto y la importancia del renglón de Errores y Omisiones, como consecuencia de las revisiones realizadas, ese monto aumenta. Por ejemplo, en el reporte de la balanza de pagos en septiembre de 2015 el reporte de la balanza de pagos señalaba que en el sexenio de Felipe Calderón el renglón de Errores y Omisiones sumó 60 mil 272 millones de dólares. Esta cifra es superior a la reportada al cierre de 2012, cuando con las cifras del Banco de México se encontró que la suma de los Errores y Omisiones en todo el sexenio de Calderón acumuló 58 mil 628 millones de dólares. Es decir, a pesar de las revisiones realizadas entre la información al cierre de 2012 y septiembre de 2015, la cifra de Errores y Omisiones no se redujo, es decir no se corrigió como lo señala el gobernador del Banco de México.

En los trascendidos de la prensa económica se dice que en la Junta de Gobierno del Banco de México, algunos de sus integrantes ya han expresado preocupación por el acelerado crecimiento del renglón de Errores y Omisiones. También hay versiones de que algunos periodistas han preguntado al Gobernador Carstens acerca de ese comportamiento y él ha referido que es un dato que se corrige conforme se ajusta la información. Lo cual, no ha sucedido.

Finalmente, algunos analistas han señalado que esos recursos se han fugado del país vía lavado de dinero o son parte de las operaciones que realizan las trasnacionales en paraísos fiscales. No olvidemos que HSBC, un banco comercial “exportó” en camiones 7,000 millones de dólares. ¿Se estará repitiendo con la complacencia de Hacienda y Banco de México? Sería muy grave.

Es importante señalar que independientemente de la estrategia que pudieran seguir empresas o individuos para defraudar al fisco o para lavar dinero, facturando por abajo o por arriba del valor del bien o servicio intercambiado, eso no modifica el resultado que deriva de un registro de ingreso o de salida. Es importante insistir en que se está hablando de movimientos documentados, sea que registren cantidades correctas o falsas, porque finalmente explican un movimiento de recursos financieros que se encuentra dentro de los supuestos de las medidas para evitar la erosión de las bases y la transferencia de beneficios (BEPS). Por otra parte, falsificar las facturas constituye un delito que debe ser perseguido por la Unidad de Inteligencia Financiera o por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esas probables acciones delictivas o para evadir impuestos no explican que no se sepa dónde se encuentran 60 mil millones de dólares del sexenio anterior y 55 mil millones de dólares a la mitad de este sexenio. Estos son recursos cuyo movimiento está documentado a su ingreso, pero no existe ningún registro de su uso en el país o de su salida.

Además, cualquiera de estas posibilidades sería motivo de un escándalo mayúsculo, porque está documentado que esas divisas ingresaron legalmente, sea como inversión extranjera que llega a beneficiarse de la venta del patrimonio nacional, lo que implica que han costado la pérdida de sus activos. O porque son recursos que ingresaron mediante la contratación de deuda, lo que significó asumir  compromisos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la economía nacional y ponen en desventaja, con una pesada carga en los hombros, a las jóvenes generaciones. Y, por esa razón, cabe entonces preguntar ¿dónde están?, ¿quién y cómo usa o exporta esas divisas?, ¿qué se hace para darles seguimiento?

Es necesario señalar que del registro o la elaboración de la Balanza de Pago no deriva una responsabilidad para alguna dependencia. Es decir, no hay una disposición que obligue a la conformación de la balanza de pagos, porque reúne información de diferentes fuentes. Lo que sí debe considerarse una omisión es que los funcionarios vinculados pretendan ignorar que hay recursos que podrían explicar graves deficiencias de las políticas económica, cambiaria y monetaria.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Gobernador del Banco de México a que hagan del conocimiento de la opinión pública el análisis que explique las causas del acelerado crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos y de las medidas que han puesto en marcha para evitar esa pérdida de recursos que tienen un alto costo para los mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 2 de febrero de 2016. — Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.