Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:38 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de febrero de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Daniel Ordoñez Hernández, Olga Catalán Padilla, Fernando Q. Moctezuma Pereda y Jonadab Martínez García

Por los que solicitan el retiro de iniciativas y una proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para diseñar esquemas de atención profesional inmediata a todos los niños diagnosticados con algún tipo de cáncer.

Del DIF Tabasco

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para inspeccionar a los albergues e instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

De la Fiscalía General del Estado de Veracruz

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia.

De la Dirección General de Infraestructura Educativa

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativo al Programa Escuelas al Cien.

Protesta

De los diputados Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforman los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y abroga la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 306 de la Ley General de Salud y 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 64 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareno Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Efeméride con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Republica para que, en el ámbito de su competencia, tenga a bien iniciar una investigación en contra del C. Gustavo Enrique Madero Muñoz y/o quien resulte responsable, por el nombramiento de Lucero Guadalupe Sánchez López, actual legisladora local, como candidata por el distrito electoral XVI, municipio de Cosalá, Sinaloa, a cargo del diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a fin de garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos en el estado, durante el proceso electoral de 2016, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados que no han llevado a cabo la instalación de su correspondiente Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a realízala a la brevedad, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT y a las secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen una tarifa preferencial a los enfermos oncológicos, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la designación de los titulares de los órganos internos de control del IFT y de la Cofece, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob y a la PGR, para que coordinen una evaluación sobre los casos de violencia contra niñas y niños migrantes y personas desaparecidas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional, y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Chihuahua, a fin de solucionar la problemática de la escasez de agua en el municipio de Jiménez, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que antes de asistir a la UNGASS, se difunda la postura del Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Sesión Especial Sobre el Problema de las Drogas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Conapesca, para que realicen los estudios necesarios a fin rehabilitar y reacondicionar el Puerto Pesquero de Santa Rosaliíta en el Municipio de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Pesca.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere dentro del Programa Nacional Contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos en materia de políticas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a construir el inmueble de la Clínica número 58 del Seguro Social, en la Ciudad de Huatusco, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los gobernadores de los estados, a que continúen e implementen nuevas acciones que coadyuven en la prevención, combate y erradicación del virus del Zika, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud y a la SEP, emitan el plan de instalación de los bebederos en las escuelas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud, para que investiguen sobre el empleo de la sustancia Diclorofenol en los plaguicidas y herbicidas, así como de su impacto en la salud pública, suscrito por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Evelyng Soraya Flores Carranza, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, se inicie Juicio de Lesividad contra la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular (MIA-P) para evaluar el proyecto “Malecón Cancún Tajamar”, suscrito por las diputadas Maricela Contreras Julián y Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba, suscrito por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa, implemente mayores acciones de apoyo y protección a la producción del aguacate que se produce en el estado de Michoacán, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estales y municipales, para que implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática del maltrato y explotación infantil, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedena y a la Semar, para que realicen un diagnóstico de la labor realizada en tareas de seguridad pública en las que participan integrantes de dichas instituciones, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México, suscrito por los diputados Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General y a la Secretaria de Salud, emitan un acuerdo para declarar alerta epidemiológica al virus del Zika y se tomen acciones pertinentes para su control y erradicación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que incorporen en su legislación civil y familiar, los más altos estándares en materia de derechos humanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla, a atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Cultura, se instituya el día 28 de enero, como el día del Pluralismo Cultural derivado de la diversidad de los pueblos indígenas, dentro del calendario gubernamental, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SEP y de la Secretaría de Cultura, para que difundan entre las escuelas y centros de trabajo públicos y privados, la modalidad de lectura grupal conocida como Slow Reading, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades del Sector Salud, para que en coordinación con las del estado de Veracruz, implementen una campaña permanente de información relativa a la prevención de las causas que ocasionan diabetes, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con la pornografía infantil en México, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de adoptar políticas públicas sustentables que generen crecimiento del país, sin afectar sus recursos naturales; así mismo se investigue la posible comisión de uno o varios delitos cometidos en el deterioro y/o destrucción del medio ambiente en el malecón Tajamar, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice un protocolo de investigación sobre la mutilación genital femenina en México, a fin de establecer políticas públicas para proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, para que difunda el estado que guarda la infraestructura educativa en dicha entidad, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Justicia de esta Soberanía para que dictamine las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido previamente presentadas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que incluya los elementos y consideraciones hechas por los diputados de las comisiones de Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur respecto de la integración y operación del Fondo para Fronteras, aprobado en el PEF 2016, a cargo del diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CDH de la Ciudad de México, a investigar las violaciones cometidas por las autoridades de ese gobierno, en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito y las llamadas fotomultas, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para evaluar el uso de recursos públicos, con el objeto de erradicar que su aplicación o ejecución influya en procesos electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero y a la Fiscalía General de esa entidad, a fin de liberar a Nestora Salgado García, y se indemnice la reparación del daño, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Ciudades, Espacios y Expresiones Patrimonio Nacional y de la Humanidad, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la CONSAR, difunda las medidas que ha puesto en marcha para evitar la disminución en el ahorro de los trabajadores, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes del estado de Nuevo León, a fin de realizar el pago correspondiente a los ex trabajadores migratorios denominados “ex braceros de Nuevo León”, proveniente de un Fondo estatal autorizado por el Congreso de dicho estado, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE para que durante la organización para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las contrataciones que realice se apeguen a la normatividad existente en materia de gasto eficiente para adquisiciones o arrendamientos de muebles y servicios, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al incremento de feminicidios en el Estado de México, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para que instrumenten las acciones necesarias que permitan que los resultados del ejercicio del gasto público, sean evaluados por instancias técnicas en los tres órdenes de Gobierno, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a fin de suspender del decomiso de vehículos de procedencia extranjera en el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla, para que realice las investigaciones pertinentes sobre los distintos fideicomisos que el Gobierno de esa entidad ha contratado durante la presente administración, precise el destino, transparente y haga pública la contratación de los proyectos para la prestación de servicios, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del Día Mundial de los Humedales, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta...

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Sandra Luz Falcón, por favor.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Señor presidente, solo para aprovechar que en el orden del día aparece un tema electoral, me gustaría que consideraran el tema que también en el estado de México hay una elección extraordinaria en un municipio, donde le estamos pidiendo al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, que saque las manos de esta elección.

Que no estamos de acuerdo en que haga un despliegue de recursos en este municipio justamente cuando va a haber elecciones el próximo 13 de marzo. Que quede claro, señor presidente, que no estamos de acuerdo en que hagan este despliegue de recursos a los ciudadanos.

Aprovechando que en Veracruz se vive este mismo tema, donde el gobernador está desplegando recursos para la candidatura del candidato oficial del PRI...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Falcón, es un tema que está planteado en un punto de acuerdo que se turnará a comisión y allá se dará en primera instancia la discusión correspondiente.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles tres de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintitrés diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano; Araceli Damián González, de Morena; y María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Derechos de la Niñez, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, presentada el veintisiete de enero del año en curso. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

• Ariadna Montiel Reyes, por la que comunica su incorporación en el Grupo Parlamentario de Morena. De enterado. Comuníquese.

b) De la diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora de Grupo Parlamentario de Morena, por la que comunica la incorporación de la diputada Adriana Montiel Reyes, al Grupo Parlamentario. De enterado. Comuníquese.

c) De la Comisión Federal de Competencia Económica:

• Con la que remite el Cuarto Informe Trimestral dos mil quince.

• Con la que remite el Programa Anual de Trabajo dos mil dieciséis.

Se remiten a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de dos mil quince, y la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de diciembre de dos mil quince; la recaudación federal participable, que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de diciembre de dos mil catorce, y se adjunta la información mediante la cual se da a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Salud, con la que remite el Informe Anual de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud dos mil quince, que incluye lo referente a la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Prevención Presupuestal. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

f) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al Ejercicio de dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

g) Del Instituto Nacional de las Mujeres, con el que remite el Informe de Resultados, así como los Avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de dos ml quince. Se remite a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que envía el Informe de avance y estado que Guarda el Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de dos mil quince (julio-diciembre). Se remite a la Comisión de Transporte, para su conocimiento.

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que solicita la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) al estado de Quinta Roo, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por las lluvias ocurridas los días dieciséis, y diecisiete de Octubre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

– Por el que exhorta al Titular de esa dependencia a considerar la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea Tres del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

• Con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su Primer Receso de la Sexagésima Tercera Legislatura:

– Por el que exhorta al Instituto Nacional de Migración a determinar la situación migratoria de los niños que se dedican al trabajo infantil en la Ciudad de Tapachula, así como realizar las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

– Por el que exhorta a incorporar el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiadas por el subsidio para la seguridad en los municipios (Subsemun), para el año dos mil dieciséis, de conformidad con los lineamientos aplicables.

– Por el que exhorta a fortalecer y a dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de los derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno.

– Por el que se solicita un Informe sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de combate en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

i) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas integren en el POA dos mil dieciséis la perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

j) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la expedición de legislación en esta materia. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la expedición de legislación en esta materia. Se remite a la Comisión de Cambio Climático para su conocimiento.

k) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para conciliar las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y generación de energía eléctrica. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

l) Del Instituto Mexicano de la Juventud, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a los indicadores de resultados del Projuventud. Se remite a la Comisión de Juventud, para su conocimiento.

m) Del Instituto Nacional del Deporte, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para reforzar las acciones de promoción de deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos. Se remite a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

n) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para investigar la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

o) Del Gobierno del estado de Veracruz, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes para la prevención del “Cortejo o Grooming” por Internet. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

p) De la Cámara de Senadores, con la que remite acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las Quincuagésima Novena; Sexagésima; y Sexagésima Primera Legislaturas. De enterado, actualícense los registros parlamentarios.

q) De los diputados:

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en la Segunda Circunscripción, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese. En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el tema la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.

• Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Décimo Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• María Esther Camargo Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en el Segundo Distrito Electoral del estado de Tamaulipas, a partir del cuatro de febrero del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Cuarto Distrito Electoral del estado de Tamaulipas, a partir del cuatro de febrero del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado federal electo en la Segunda Circunscripción. El Presidente designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo de Mesa Directiva, relativo a las minutas pendientes de dictamen recibidas antes de 2012. En votación económica se aprueba. Actualícense los registros parlamentarios.

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento con motivo del Nonagésimo Noveno Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con treinta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cincuenta y dos diputadas y diputados.

Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional; y Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras y Jefas de Familia, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente informa a la Asamblea la presencia en el Salón de Sesiones del señor Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien realiza una visita a este Palacio Legislativo invitado por la diputada Sara Paola Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento treinta y dos, y ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• María Chávez García, y suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, que reforma los artículos sexto, trece, y trece-Bis de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintinueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo once de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos sesenta y uno, ciento once, y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Partido Encuentro Social. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara “Dos mil dieciséis, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Deporte, por el que se reforma el artículo noventa y uno de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gamboa Miner, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano; Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México; Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional; y Leydi Fabiola Leyva García, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo noventa y uno de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a investigar de manera pronta y eficaz, los lamentables hechos en los que perdieron la vida una menor de edad y sus padres, el pasado veintinueve de enero del año en curso, en el municipio de Pinotepa Nacional.

• Por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas del gobierno federal, para que de manera inmediata normalice las operaciones de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia en diversos municipios de los estados de Puebla y Durango, por la presencia de heladas severas.

• Por el que se exhorta al gobierno federal a intensificar las acciones tendentes a la prevención, atención y control de las enfermedades provocadas por el virus del Zika.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre los acuerdos aprobados las diputadas y los diputados: Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano; Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tello López, de Morena; María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Sarabia Camacho, del Partido Revolucionario Institucional; y Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de diversos dictámenes con puntos de acuerdo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) De Seguridad Pública:

• Por los que se exhorta a los titulares de las entidades federativas y del Distrito Federal, implementen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que formulen, emitan e intensifiquen políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los Derechos Humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país.

• Relativo a la implementación de programas, políticas públicas y tácticas tendientes a prevenir y atender las diferentes problemáticas prevalecientes en el estado de Oaxaca, en materia de seguridad pública.

• Relativo al atentado con explosivos registrado en la línea dos del Mexibús.

b) De Protección Civil:

• Por el que se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal para transversalizar la política del estado en materia de Protección Civil y adecuar diversas leyes, con el fin de incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales.

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad y realizar acciones necesarias para garantizar la integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

• Por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo.

c) De Agricultura y Sistemas de Riego, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un mecanismo para transparentar los recursos y apoyos, que se otorgan a los productores agropecuarios de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el huracán Patricia, además de aplicar el programa de Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo a los productores de los municipios afectados por las lluvias del mes de octubre en el estado de Veracruz.

d) De Ganadería:

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instruya al Director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, en el ámbito de su competencia, tomar medidas inmediatas para fortalecer el Sistema de Identificación del Ganado, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en el estado de Querétaro.

• Relativo a la realización de un análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de diversos dictámenes con puntos de acuerdo por el que se desechan iniciativas y minutas con proyecto de decreto, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) De Energía, que reforma el artículo ochenta y dos de la Ley de Hidrocarburos.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos veintiocho de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sesenta Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

c) De Radio y Televisión, por el que se reforma la fracción segunda del artículo quinto de la Ley Federal de Radio y Televisión

d) De Seguridad Pública:

• Por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

e) De Puntos Constitucionales:

• Por el que se reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Por el que se reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, y ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Por el que se reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que adiciona un inciso h) Bis a la fracción tercera del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) De Comunicaciones, que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

g) De Puntos Constitucionales, por el que se adiciona la fracción vigésima novena-P al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

h) De Competitividad, por el que adicionan diversas disposiciones a los artículos cuatro, y doce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

i) De Economía:

• Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

• Que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio.

• Que reforma el artículo mil trescientos noventa y cinco del Código de Comercio.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como totalmente concluidos. Por lo que se refiere a las minutas se devuelven al Senado, para efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en Juntas Directivas e Integrantes de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se recibe oficio de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas como diputada federal electa en el Primer Distrito Electoral del estado de Tamaulipas, a partir del cuatro de febrero del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados del Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo diecisiete Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que analice los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey, derivados de su falta de mantenimiento. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk y Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial sobre el proyecto urbanístico malecón Tajamar del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Coahuila, para que precisen la situación que guarda el proyecto del Hospital de Alta Especialidad en Torreón, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere dentro del marco federal del combate a la corrupción y la implementación en la administración pública centralizada, el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y al ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el abasto de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión para la prevención de cáncer en niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia y Gobernación de esta soberanía, a fin de integrar la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, para dar resolución a los expedientes relativos a las solicitudes de juicio político que se encuentren pendientes de trámite. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación para su atención.

• Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los huevos de tortuga que se ofertan en el país, a fin de prevenir los riesgos a la salud humana. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez, de Morena, relativo a la esterilización canina y felina. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se condena el asesinato del regidor de Coxcotlan, estado de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, por el que se emite un extrañamiento a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández y se le pide reconsidere sus declaraciones en torno a la resolución de la acción de inconstitucionalidad del artículo doscientos sesenta del Código Civil del estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, relativo a los accidentes en las ciclovías del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención al suicidio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, se coordine con las autoridades locales, a fin de realizar campañas regionales para prevenir la enfermedad por el virus de zika. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México, para que difundan el análisis relativo a las causas del crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes nueve de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cinco minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con las comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido señor presidente:

El suscrito diputado federal, Daniel Ordoñez Hernández, autor de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de considerar como materia de salubridad general, la reconstrucción mamaria como rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de seno, presentada ante el pleno de este órgano legislativo el pasado 22 de septiembre de 2015, con las facultades que me confiere el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a usted mi deseo por retirar la referida iniciativa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Diputado Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Hago de éste el medio propicio para hacerle llegar un atento saludo. De igual forma y con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con objeto de solicitar el retiro de la iniciativa proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la suscribiente ante el pleno de esta Cámara, en fecha 11 de noviembre de 2015.

Lo anterior, con objeto de integrar datos complementarios que, a criterio propio, considero resultarán enriquecedores de los objetivos de la iniciativa.

Agradecida de su atención, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2016.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que dicte instrucciones a fin de que sea retirada la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por un servidor el 26 de noviembre de 2015, considerando que el proyecto puede ser enriquecido y que permitirá ampliar los beneficios a los usuarios del sector.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente me permito solicitar atentamente a ese órgano de gobierno que se retire el siguiente punto de acuerdo, presentado el 1 de febrero de 2016, el cual fue turnado a la Comisión de Protección Civil:

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad, a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios en la comisión a que fue turnado.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, en cuanto a las comunicaciones correspondientes de parte de los diputados, relacionados con retiros de iniciativas, se tienen por retiradas, actualícense los registros, incluida una del diputado Jonadab Martínez García, que pido a la Secretaría dé lectura de la misma.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-4-267 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPOP-8-0184-2016 suscrito por el maestro José Genaro Montiel Rangel, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia proponga alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Av. Bahía de Santa Bárbara número 193, piso 4, colonia Verónica Anzures.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2592/15, en el que hace del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica el acuerdo aprobado por el Pleno del órgano legislativo mediante el que la Cámara de Diputados exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el gobernador del estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito acompañar copia del oficio DGPLADES-DGAPI-DPMS-0102-2015, mediante el cual el Director General de Planea-ción y Desarrollo en Salud, informa que derivado de los acuerdos tomados en la reunión del 18 de octubre de 2015 para la revisión del avance de los compromisos de gobierno, el 17 de diciembre se actualizó el Certificado de Necesidad número CDN-6784/OAX-595/14 para su ampliación y fortalecimiento, en el marco de los compromisos establecidos por el Gobierno federal denominado “Consolidar la Operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca”, por lo que su financiamiento está garantizado a través de los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2016.— Maestro José Genaro Montiel Rangel (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro José Genaro Montiel Rangel, Director General de Programación, Organización y Presupuesto, Reforma número 156, piso 19, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.— Presente.

En atención a su oficio número DGPOP-8-2016 a través del cual remite copias de los oficios 315-A-04107 y SELAP/UEL/311/2592/2015, por medio de los que comunica el acuerdo aprobado por órgano legislativo, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2015 relativo a: que en coordinación con el estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso” para beneficio de los oaxaqueños.

Al respecto, me permito comentarle que derivado de reunión celebrada el día 8 de octubre de 2015 para la revisión de avance de los compromisos de gobierno se estableció como uno de los acuerdos:

6. Se redefinirá el certificado de necesidades de la ampliación del Hospital General de 180 camas “Doctor Aurelio Valdivieso”.

De esta manera con fecha 17 de diciembre se actualizó el Certificado de Necesidad (CDN) número CDN-6784/OAX-595/14 de la unidad hospitalaria en cuestión para su ampliación y fortalecimiento. En este mismo sentido es importante mencionar que dicha acción de obra forma parte de los compromisos establecidos por el Gobierno federal denominado “Consolidar la operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca”, por lo que su financiamiento está garantizado a través de los recursos del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Dentro de este compromiso CG-016 “Consolidar la Operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca” adicionalmente se contemplan los siguientes proyectos:

• Sustitución de CS de la colonia Estrella en la ciudad de Oaxaca de Juárez,

• Sustitución de CS de 5 consultorios en la honorable ciudad de Ejutla de Crespo,

• Sustitución del CESSA en Ocotlán de Morelos,

• Sustitución de CS de 4 consultorios en San Bartolo,

• Sustitución de CS de 3 consultorios en Palomares,

• Sustitución de CS de 10 consultorios en San Juan Bautista Tuxtepec, (Loma Alta),

• Sustitución de CS con 8 consultorios de Santiago Pinotepa Nacional,

• Ampliación y equipamiento del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca de Juárez,

• Ampliación de Hospital a 30 camas de Santo Domingo Tehuantepec,

• Obra nueva de HBC de 12 camas en San Felipe Jalapa de Díaz.

No obstante lo anterior, le comento que con base en el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (DOF, 25/09/1996), se señalan entre otros, los siguientes principios.

2. Los estados de la Federación manejarán, y operarán directamente los servicios de salud, en el ámbito de su competencia.

3. Los estados de la Federación manejarán, y operarán directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos de forma acorde con las necesidades de los servicios y con las prioridades locales.

Asimismo, en el artículo 13, inciso B) de la Ley General de Salud (LGS) refiere que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales entre otras.

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Finalmente, se concluye que el Gobierno federal a través de las distintas acciones establecidas en el compromiso de Gobierno CG-016, ha apoyado a los Servicios Estatales de Salud de Oaxaca; sin embargo, es de destacar que corresponde a las entidades federativas en el ámbito de sus competencias la planeación, distribución y ejecución de los recursos financieros, que permita la adecuada operación y prestación de servicios del Sistema de Salud.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2016.— Doctor Alberto Jonguitud Falcón (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del oficio número DGPPVCI/DV/ 0052/2016, suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría implementar las medidas necesarias para que se redoblen los esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

Por este conducto, me refiero al oficio D.G.P.L. 63-II-4-255, suscrito por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 15 de diciembre del año en curso y que, en el resolutivo conducente, señala, en lo que atañe a esta institución:

“Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República, para que a través de su Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, implemente las medidas necesarias para que se redoblen los esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.” (sic)

Al respecto hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta de mi cargo que

“La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a través de la Dirección de Área que coordina la investigación de delitos cometidos a través de medios electrónicos en contra de niñas, niños y adolescentes, desde el año 2012, se enfrenta al proceso de aplicar técnicas científicas y analíticas a infraestructura de cómputo, para identificar, preservar, analizar y presentar evidencia de manera que sea aceptable en un procedimiento legal, generando los siguientes resultados:

• Se han practicado 62 diligencias de cateos;

• Se realizaron 63 consignaciones;

• Se localizaron 16 víctimas; y

• Se han solicitado 17 órdenes de intervención de comunicaciones.

El uso de las tecnologías en la comisión del delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad y de trata de personas, ha presentado un reto para la investigación e integración de la averiguación previa, principalmente el marco jurídico, no sólo en la descripción del tipo penal, sino también, en las solicitudes de información, en la obligación de los concesionarios del servicio de internet de proporcionar la información de los usuarios de dicho servicio y de la intervención de las comunicaciones privadas, tomando en cuenta que las empresas que proveen el servicio de correo electrónico y redes sociales, son extranjeras, la asistencia jurídica internacional resulta ser muy tardada la tramitación para intervenir un cuenta de correo electrónico, de igual manera existen otros obstáculos a los que se enfrenta y muy seguramente seguiremos enfrentándonos para el debido perfeccionamiento de las mismas, los cuales se mencionan a continuación:

a. La dirección de área encargada de integrar los delitos relacionados con los ciberdelitos está integrada por cinco agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tienen a su cargo indagatorias relacionadas con todos los Estados y el Distrito Federal de la República Mexicana, por lo que es necesario el traslado de cada uno de ellos para realizar diligencias, por lo que se considera prudente la contratación de más personal ministerial, para cumplir con la operatividad que requiere la integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas, por lo que se torna necesario el destinar recursos al efecto.

b. Para el análisis de las imágenes y videos, con contenido de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, se ha requerido del auxilio de peritos en las materias de medicina y psicología, de los cuales en un asunto han analizado más de cincuenta mil imágenes, lo que representa un trabajo de semanas inclusive de meses, por lo que en ocasiones les es imposible cumplir con dichos requerimientos o dejar pendientes en otras actividades, por generarse cargas de trabajo excesiva, por lo que es necesario contar con más personal pericial;

c. Es de suma importancia la constante capacitación, no sólo del personal ministerial, sino también de policía, jueces, peritos, es decir, de todas las personas que participan en la procuración e impartición de justicia, en consecuencia de las tecnologías que han revolucionado en los últimos años, de manera que nos ha rebasado, a la hora de realizar una investigación de esta naturaleza; y

d. Las empresas prestadoras del servicio de internet en su gran mayoría no cuentan con registro de los usuarios a los cuales les es asignada una dirección IP en un fecha y hora determinada; por lo que se toma necesaria una revisión profunda a la legislación en la materia, fortaleciendo la obligatoriedad de dichas empresas para resguardar la información durante el lapso establecido por la ley, y para proporcionar la misma en tiempo breve a la autoridad ministerial.

e. Es necesario realizar una campaña de difusión encaminada a la prevención de dichos ilícitos.” (sic)

Lo anterior con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 27 de enero de 2016.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-273 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0048/2016 suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a implantar un protocolo único de acción para temas de violencia de género en contra de las mujeres y capacitar al personal relacionado en temas de perspectiva de género.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles ia seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Maestro Valetín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

Por este conducto, me refiero al oficio SELAP/300/ 2871/15, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el martes 15 de diciembre de 2015 y que en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta institución:

Único.La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal y a la titular de la Procuraduría General de la República, PGR, para que, coordinen y homologuen con sus respectivos similares de las entidades federativas, la implantación de un protocolo único de acción para temas de violencia de género en contra de las mujeres, así como para capacitar al personal relacionado en temas de perspectiva de género.

Al respecto hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta de mi cargo que:

“Al respecto, le informo las acciones que la Procuraduría General de la República ha realizado:

- En cumplimiento al resolutivo 18 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida al Estado mexicano, conocida como “Campo Algodonero” (16 de noviembre de 2009), la PGR emitió los Protocolos de Investigación Ministerial, Pericial y Policial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual y para el delito de Feminicidio, mismos que se publicaron el 3 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

- Esta Fiscalía Especial en el mes de abril de 2015, impartió dos cursos sobre: Introducción y aplicación de los Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio y para la Violencia Sexual, dirigido a personal de la delegaciones y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra, en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional en el centro conocido como La Muralla en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, cuyos objetivos fueron: a) el promover el conocimiento y efectiva aplicación de la perspectiva de género en las investigaciones y actuaciones de las y los servidores públicos, b) apuntalar el cambio de cultura para eliminar estereotipos discriminatorios sobre el rol social de las mujeres, y c) impulsar la efectiva aplicación de los Protocolos de la PGR.

- Los protocolos señalados fueron presentados por la titular de la PGR maestr. Arely Gómez González, durante la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada el 26 de noviembre del año pasado, donde se compartió el contenido de los protocolos para su gestión.

- La licenciada Ángela Quiroga Quiroga, fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, presentó los citados protocolos ante las cinco Conferencias Regionales en las cuatro sesiones ordinarias celebradas todas en 2015: i) Zona Noreste y Noroeste, el 25 de septiembre, Torreón Coahuila; ii) Zona Occidente, el 9 de octubre, Aguascalientes, Aguascalientes; iii) Zona Centro, el 6 de noviembre, Valle de Bravo, estado de México y iv) Zona Sureste, el 13 de noviembre Campeche, Campeche; para generar un protocolo homologado de procuración de justicia con perspectiva de género y para capacitar al personal de la instancias de procuración de justicia en el uso, implementación e instrumentación de los protocolos en la materia.

- La Fevimitra durante los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, llevó a cabo el curso titulado “El feminicidio y sus expectativas frente al sistema penal en México”, dirigido a personal de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, con el objetivo de brindarles herramientas que les permitan resolver y enfrentar la labor que realizan desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, organizado por esta Fiscalía.

- Finalmente, durante 2016 se tiene proyectado impartir un curso respecto de los Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y para la Violencia Sexual, dirigido al personal de las 32 fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia.

Lo anterior con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2016.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-250 signado por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/0549/2016 suscrito por Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita realizar las inspecciones y visitas de supervisión que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de este sector de la población, así como ejercitar acciones legales para la regulación de los servicios que prestan dichos establecimientos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio No. SELAP/300/2892/15, por el cual remitió al Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social, el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, a que realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

Al respecto y por instrucciones del maestro Emilio Suárez Licona, abogado general y comisionado para la Transparencia, adjunto copia simple del oficio número SDSH/DGS/214/062/2016 de la Dirección General de Seguimiento, perteneciente a la Subsecretaría Desarrollo Social y Humano de esta dependencia, signado por licenciado Joel Vargas Zempoaltecatl, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo parlamentario de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2016.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de la Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Emilio Suarez Licona, director general Adjunto de Normatividad y Convenios de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia.—Presente.

En atención a su oficio número DG 510 11/0069/2016 del 11 de enero del año en curso, a través del cual envía a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, .copia simple del oficio número, SELAP/300/2892/15 con fecha 17 de diciembre del 2015, en el que la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento del secretario de Desarrollo Social, doctor José Antonio Meade Kuribreña, el punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2015 por la honorable Cámara de Diputados, en el que “exhorta a la Secretaría de Desarrollo social, entre otras, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que corresponden para la regulación de los servicios que presentan los establecimientos de asistencia social que así lo requiera”.

Al respecto, por instrucciones del subsecretario de Desarrollo Social y Humano, licenciado Ernesto Nemer Álvarez, me permito anexar documento con los comentarios al citado acuerdo parlamentario.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 27 de enero de 2016.— Licenciado Joel Vargas Zempoaltecatl (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección General de Seguimiento.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

«Anexo del oficio número SDSH/DGS/214/062/2016

Comentarios al exhorto de la honorable Cámara de Diputados

1. El Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras tiene como finalidad, de acuerdo a sus Reglas de Operación para el presente ejercicio fiscal, mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social (numeral 2.2. de las Reglas de Operación 2016). En ese sentido, a través de su Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, la población objetivo son

• Las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la LB y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.

2. A través de la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, el programa afilia a personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Lo anterior, con sujeción a lo que establece el numeral 3.3. de las Reglas de Operación.

3. Las personas que prestan los servicios de cuidado y atención infantil en el marco del Programa se afilian al mismo con la suscripción de un convenio de concertación entre la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, en la entidad federativa correspondiente y la persona responsable de la estancia infantil. En dicho convenio se precisa (Anexos E.1.para personas físicas y E.2. para personas morales de las Reglas de Operación) que la responsable debe permitir y facilitar el seguimiento periódico, la supervisión de las instalaciones y actividades de la Estancia Infantil por parte de la Sedesol, el DIF Nacional o cualquier autoridad en ejercicio de sus facultades.

4. Adicionalmente, el Programa está alineado a lo que establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual ordena se realicen cuando menos cada seis meses visitas de verificación administrativa a los Centros de Atención Infantil (artículo 61).

5. Por lo anterior, la Dirección General de Políticas Sociales de la Sedesol, a través de sus diversas áreas, en conjunto con las Coordinaciones del Programa de Estancias Infantiles en las 32 delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas, lleva a cabo una planeación de trabajo para efectuar de manera bimestral visitas de supervisión y seguimiento en las 9 mil 595 estancias infantiles afiliadas al programa, lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4.2.2.2. de las Reglas de Operación del Programa correspondientes al ejercicio fiscal 2016, el cual señala:

4.2.2.2. Supervisión y Seguimiento de las Estancias Infantiles Afiliadas al Programa

Personal de la Sedesol adscrito a la Delegación, llevará a cabo visitas periódicas de supervisión, seguimiento, y en su caso, de atención a quejas a las Estancias Infantiles afiliadas al programa y que cuenten con autorización del modelo, en las cuales se recabará información, testimonios y evidencias de la operación de las estancias infantiles de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita la Sedesol, para verificar que las condiciones en que se proporciona el servicio cumplan con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, sus Anexos y el Convenio de Concertación.

Durante las visitas de supervisión y seguimiento, personal de la Sedesol informará por escrito a la persona Responsable los resultados correspondientes.

En caso que durante la visita de supervisión el personal de la Sedesol se cerciore del cumplimiento a las presentes Reglas de Operación, a sus Anexos y el Convenio de Concertación, se emitirá el Reporte de Cumplimiento respectivo.

En caso que durante la visita de supervisión el personal de la Sedesol detecte incumplimiento(s) a las presentes Reglas de Operación, sus anexos o al Convenio de Concertación suscrito entre la persona responsable y la delegación, se procederá a la aplicación de medidas precautorias conforme lo señalado en el numeral 3.6.3.3. de las presentes Reglas de Operación.

Cuando el incumplimiento detectado se encuentre previsto en el numeral 3.6.3.4., se procederá a la suspensión temporal total de las actividades de la Estancia Infantil en el marco del Programa, como sanción.

Terceras personas que la Sedesol determine, podrán llevar a cabo visitas a las Estancias Infantiles afiliadas al Programa y que cuenten con autorización del modelo. Si durante la visita se detecta alguna irregularidad o conducta presuntamente delictiva, deberá hacerlo del conocimiento de la delegación correspondiente...

6. Con base en lo antes señalado, resulta importante precisar que la verificación que realiza la Sedesol es única y exclusivamente en las Estancias infantiles afiliadas al programa, atendiendo la normatividad aplicable.

7. En ese sentido, y por lo que plantea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Sedesol carece de competencia legal para verificar a otros centros de atención infantil diferentes de las Estancias Infantiles del Programa; es por ello que la Sedesol no puede realizar visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social, correspondiendo únicamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, la realización de visitas domiciliarias a los Centros de Asistencia Social.

8. Es de destacar que para el presente ejercicio fiscal de 2016 la Unidad Administrativa que Opera el Programa (Dirección General de Políticas Sociales), realiza la planeación de las visitas de supervisión y seguimiento que se llevarán a cabo a las 9 mil 595 estancias infantiles que actualmente operan en el programa, por medio de las delegaciones federales de la Sedesol en las 32 entidades federativas.

Nota:

1 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2015.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-3-266 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/395/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita se promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2588/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Se hace un respetuoso exhorto a las universidades públicas del país, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Al respecto me permito acompañar oficio SIDSS/CAS/ 0087/2016, suscrito por el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis del Innovadores para el Fortalecimiento de los Servidos de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/227/2016 referente al Punto de Acuerdo aprobado en la Sesión de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 15 de diciembre de 2015, que a continuación se detalla:

Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a las universidades públicas del país, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativas de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados, educativos e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Al respecto, le informo que la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), con base en el ámbito de sus competencias establecidas en las fracciones XXII y XXIV del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, coadyuvar en orientar la formación de recursos humanos para la salud en distintas ramas de la medicina, entre ellos la geriatría y gerontología en los niveles técnico y profesional a nivel licenciatura y posgrado, así como establecer la coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del Sector Educativo y de los Servicios de Salud en las entidades federativas para dicho propósito.

Por otra parte, es pertinente mencionar que la tanatología no es una rama de la medicina que esté sujeta a procesos de formación para obtener un grado académico formal de técnico o profesional a nivel licenciatura o posgrado, sino que generalmente son diplomados que puede cursar cualquier persona interesada en el tema.

No obstante lo anterior, la DGCES, en el ámbito de sus competencias, participa en acciones que impulsan una política integral en materia de cuidados paliativos, tomando en cuentas la tanatología. Entre ellas, destaca por su importancia, magnitud e impacto, la reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, respecto de los cuidados paliativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2013.

Asimismo, la DGCES incide en acciones que impulsan una política pública, al regular y coadyuvar a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de cuidados paliativos a través de la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, criterios para atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014. Esta norma es aplicable a los sectores público, social y privado.

Con base en lo anterior, se considera que con las acciones política públicas que la Secretaría de Salud, ha llevado a cabo, se atiende y da cumplimiento al citado punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de Asesores. Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, firma por ausencia de la Coordinadora de Asesores, el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis de Innovaciones para el Fortalecimiento de los Servicios de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 62-II-2-2135 signado por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/0156 /2016 suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que solicita generar e implementar acciones preventivas de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro; así como proceder a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en dicha zona y se ejecuten las sanciones que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio número SELAP/ UEL/311/782/15, a través del cual se hizo del conocimiento de esta Subsecretaría, el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Gofo Centro. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, procedan a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Gofo Centro y se ejecuten las sanciones que correspondan.

Al respecto, y con el propósito de dar cumplimiento al mencionado acuerdo, me permito remitir copia de los oficios números B00.00.01.096 de la Comisión Nacional del Agua y PFPA/S.3/2C.18/08957 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante los cuales se da respuesta a lo exhortado por la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Bahía de Santa Barbara 193 piso 4, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo código postal 11300 México DF.

Hago referencia a su oficio SPPA/279/2015, respecto del punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Conagua, y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papa loa pan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro, así como a deslindar responsabilidades en el caso de afectaciones de contaminación, ejecutando las sanciones correspondientes.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, me permito adjuntar la respuesta por parte de esta Institución.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de julio de 2015.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Licenciado José Alejandro Cervantes Beltrán, coordinador de asesores adjunto de la Dirección General.— Presente.

En atención a su memorando número B00.00.01.-165, mediante el cual solicita el apoyo de este Organismo de Cuenca Golfo Centro, a fin de que se emitan los comentarios respecto al punto de acuerdo, donde la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Conagua y autoridades ambientales, se coordinen en la “generación e implantación de acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, así como deslindar responsabilidades en el caso de afectaciones de contaminación, ejecutando las acciones correspondientes”.

Al respecto y de acuerdo a sus instrucciones, anexo al presente la información solicitada

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 4 de junio de 2015.— Maestro Iván Hillman Chapoy (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero a la copia de conocimiento del oficio número SELAP/UEL/311/782/15, signado por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual informa que por oficio número DGPL 62-II-2-2135, el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicó que en sesión celebrada el 28 de abril de 2015, se aprobó el punto de acuerdo. Mismo que señala en sus puntos primero y segundo vinculados a este órgano desconcentrado, lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, procedan a deslindar responsabilidades para el caso de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro y se ejecuten las sanciones que correspondan.

Sobre el particular y en atención al requerimiento citado hago de sus conocimiento que la delegación de la Procuraduría Federal y Protección al Ambiente en el estado de Oaxaca informó que el 10 de enero del presente año, en diarios locales de mayor circulación estatal y otros medios de comunicación local, se difundió la noticia respecto a la mortalidad de peces sobre el margen del Río Tonto, en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

En este contexto, con fecha 13 del mes y año referido, la delegación aludida en coordinación con la Regiduría de Ecología del municipio de Tuxtepec, el Instituto Estatal de Ecología del estado de Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro y la Dirección de Agua Potable del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, realizaron un recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales, del citado municipio, obteniendo como, resultado lo siguiente:

- La planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, trabaja con un caudal de entrada de 70 litros por segundo, utilizando sólo uno de los dos reactores, en la entrevista con e1 personal operativo de la planta, explicó que la única sustancia que ocupan para desinfección de la aguas es el hipoclorito de sodio, el cual se observó almacenado en tanques de la marca Rotoplas, dicha sustancia es inyectada de manera automática por medio de bombas a efecto de que se cumpla con el proceso de estabilización de los Iodos activos y las bacterias para la degradación de la materia orgánica.

- No se pudo constatar la generación de lodos de residuos, debido a que no se ha estabilizado dicha planta y que el proceso va a llevar aproximadamente 6 meses en que genere lodos de desecho.

- Se observó la descarga de la planta de aguas residuales al arroyo Apompo, el cual desemboca en el río tonto a dos kilómetros aproximadamente.

- El hipoclorito de sodio observo en la PTAR no pasa la cantidad de reporte de las listas de Semarnat, para ser considerado como de alto riesgo.

- Se confirmó que el río tonto esta entre los Estados de Veracruz y Oaxaca.

- No se advirtió la presencia de peces muertos en ninguna de las dos riberas de los estados aludidos, sin embargo, del lado de Veracruz se observó una descarga de la Papelera de Tres Valles Veracruz, sobre el afluente del río, así como la presencia de 3 tiraderos de residuos sólidos Urbanos a cielo abierto.

- Se presume que la muerte de los peces fue por la utilización de artes de pesca prohibidas, ya que en ese río se ocupa el “barbasco” para la pesca lo que es altamente toxico en los peces.

- La Secretaría de Salud del estado de Oaxaca tomo muestras del agua y de los peces que en su momento aparecieron muertos para realizar los análisis correspondientes.

Asimismo, se realizó un recorrido por el interior de la alcoholera de nombre Adolfo López Mateos, observando que dicha planta no se encuentra en operación y que no tiene una descarga directa al Río Tonto, en ella únicamente existe una bocatoma que en su momento alimento el proceso de fermentación, calderas y destilación de la alcoholera, misma que dejo de funcionar aproximadamente dos años.

Por lo que respecta a las acciones realizadas por la delegación de este órgano desconcentrado en el estado de Oaxaca, derivadas de los hechos supracitados, se informa lo siguiente:

El 14 de enero de 2015, se realizaron dos visitas de inspección en materia de industria e impacto ambiental al municipio de San Juan Bautista Tuxtepex, Oaxaca, en donde se observaron los siguientes hechos:

En materia de industria: No cuenta con el permiso para descarga de aguas residuales; se observó que la planta de tratamiento no opera al 100 por ciento, no cuenta con los medidores para el muestreo necesario para determinar volumen de descarga y las concentraciones.

El 21 de enero de 2015, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca compareció dentro del procedimiento administrativo instaurado en contra con número de expediente PFPA26.2\2C.27.1\0003-15, exhibiendo diversas documentales con relación a’ la visita de inspección realizada.

A fin de contar con mayores elementos de ‘prueba para la debida substanciación del procedimiento administrativo, mediante oficio de 6 de febrero de 2015, se solicitó a la Dirección General del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional, del Agua proporcionara información respecto de las diligencias realizadas con relación a la descarga de aguas residuales en el arroyo Apompo, que desemboca en el río Tonto.

En materia de impacto ambiental: Se revisaron los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental para el proyecto denominado “Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo LAOTSS con capacidad de 220lts/s, durante la visita de inspección el visitado no presentó los siguientes programas:

- Retiro y disposición desechos sólidos.

- Permanente de verificaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias.

- De mantenimiento periódico para el equipo utilizado.

- De monitoreo de la calidad del agua subterránea.

- Permanente de monitoreo de las principales asociaciones vegetales.

- De fertilización para las áreas verdes y jardines de tipo orgánico,

- De protección para las especies de fauna silvestre.

- De manejo ambiental.

- De reforestación; y

- No presentó permiso o título para descarga de aguas residuales ante la Comisión Nacional del Agua.

Dicha planta inicio sus operaciones en noviembre de 2014, encontrándose en un 50 por ciento de su capacidad, ya que actualmente se encuentra tratando 110 litros/segundo de aguas residuales, toda vez que su capacidad total es de 220 litros por segundo.

El 16 de febrero de 2015, se emitió acuerdo de emplazamiento dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0002-15 por el que se instauro procedimiento al municipio de referencia, ante el incumplimiento de los diversos términos y condicionantes de la autorización objeto de la visita; acuerdo que fue notificado el 25 de marzo del mismo año.

El 15 de abril de 2015, se recibió en esa delegación el escrito de fecha 10 del mismo mes y año, por medio del cual, el Municipio comparece dentro del procedimiento administrativo.

El 14 de enero del presente año, se hizo un recorrido de vigilancia en la zona en materia de vida silvestre, levantando al efecto un acta circunstanciada en la que se asentó que no se observaron daños a ejemplares de vida silvestre.

Asimismo, la delegación de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Veracruz señaló la información de la siguiente manera.

En materia de inspección industrial

I.El 23 de enero de 2015, se realizó visita de inspección al ingenio Tres Valles, SA de CV, con dirección en el kilómetro 68 de la carretera La Tinaja-Ciudad Alemán, colonia 3 Valles Centro, código postal 95300, municipio Tres Valles, Veracruz, para verificar física y documental mente que el establecimiento hubiera dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas residuales, sin encontrarse irregularidades respecto a la legislación ambiental correspondiente. Observándose de manera general lo siguiente:

• El establecimiento utiliza el agua que proviene del río Tonto, disponiendo de una laguna de capacitación que se encuentra dentro del mismo ingenio.

• Tiene dos títulos de concesión con vigencia a 2019, para dos descargas, la primera es del puente industrial que va a riego agrícola y la segunda es efluente sanitario de la planta de tratamiento de agua que descarga al cuerpo receptor denominado arroyo Zaportal.

• Presentó sus pagos anuales realizados por el uso y aprovechamiento de bienes de propiedad nacional, así como el cumplimiento a las condiciones particulares de descarga y de la NOM-00-SEMARNAT-1996.

• Exhibió loa análisis trimestrales de los muestreos realizados bajo la misma Norma que específica los límites máximos permisibles en descargas de agua residuales en agua y bienes nacionales. Los resultados del laboratorio acreditado por la EMA se encontraron por debajo de los límites máximos permitidos.

• Durante el recorrido por la planta de tratamiento se observó que la empresa opera y mantiene en buen funcionamiento las obras e instalaciones necesarias para su operación.

• La empresa manifiesta que no había efectuado en forma fortuita, culposa o intencional una o varias descargas de aguas residuales sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, ya que sus aguas residuales de origen sanitario son vertidas al Arroyo Zapotal después de ser tratadas en su planta y su descarga de agua de origen industrial vertida como riesgo a suelo agrícola, con lo parámetros de calidad requeridos para ello.

II.El 11 de febrero del presente año, se realizó una visita de inspección en materia de aguas residuales a la empresa BioPappel Priting, SA de CV, con dirección en carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán kilómetro 66.5 sin número, barrio de Candil, código postal 95300, municipio Tres Valles Veracruz, donde se constató lo siguiente:

• Si genera aguas residuales.

• Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y con obras, sistemas, aparatos u otros dispositivos de medición que permiten conocer el volumen de las descargas.

• Trata sus aguas residuales de proceso previamente a su vertido al cuerpo receptor denominado río Tonto.

• El mantenimiento de las obras e instalaciones para el manejo y el tratamiento en sus aguas residuales es realizado por la misma empresa visitada.

• Exhibió formatos de caracterización de agua residual de 2014 y enero de 2015 de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996 y. se observó que el establecimiento sí cumplió con las condiciones del permiso de descarga de aguas residuales.

• Exhibió original de los análisis correspondientes al año 2014, realizados por laboratorio con acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobación por parte de Conagua en donde se observa que el establecimiento sí da cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, con las condiciones particulares de descarga y con la norma oficial mexicana NOM-01-SEMARNAT-1996.

• Exhibió resultados de análisis realizados a los rechazos celulósicos en 2014, conforme a la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, resaltando que no se exceden los límites máximos permitidos por la norma y 90 por ciento de la cantidad total es reutilizada en proceso como biomasa y 10 por ciento restante se comercializa.

El establecimiento en proceso de auditoría ambiental en el marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

III. El 15 de febrero de 2015, el director de Protección contra Riesgos Sanitaros del gobierno del estado de Veracruz, hizo llegar los resultados de los análisis fisicoquímicos, hidrocarburos y estales pesados practicados al agua del río Tonto, así como microbiológicos y metales pesados de pescado, con motivo de la mortandad de peces ocurrida los días 8 y 9 de enero del año en curso en La Localidad de Peñitas. En dicho documento se concluye que los límites se apegaban a lo establecido en la legislación ambiental.

IV. El 8 de mayo de 2015. Personal de la delegación acudió ante el titular de la Mesa I el MPF/PGR en Cosamaloapan a realizar un peritaje sobre hechos denunciados el 27 de marzo de 2015, sobre el evento de mortandad de peces en el río Tonto ocurrido el 8 de enero de 2015, indicando que derivado del trabajo de campo se puede concluir que no se observan daños ambientales en el cuerpo de agua denominado río Tonto en la margen izquierda del mismo. Según el flujo de agua:

En materia de inspección de recursos naturales

Se asistió a la reunión convocada por el gobierno del estado el sábado 16 de enero de 2015, para dar seguimiento al protocolo de atención a la contingencia por mortandad de peces en las inmediaciones del río Tonto en el sitio conocido con “La Playa”, en la comunidad de “Las Peñitas”, municipio de Cosamaloapan, sitio que se encuentra en los límites de Veracruz y Oaxaca, adicionalmente, se realizó una reunión extraordinaria en el ayuntamiento de Cosamaloapan, en la que se dio a conocer a los medios de comunicación las acciones que se realizan para la atención de la contingencia por la mortandad de peces que aparecieron en la ribera del Río Tonto frente a la comunidad de Las Peñitas.

Junto con las autoridades estatales y municipales se atiende la contingencia, de la que derivaron recorridos de vigilancia para la toma de muestras tanto de agua como de producto encontrado sobre la ribera, muestras que serán analizadas en el laboratorio estatal de salud de la Secretaría de Salud de gobierno del estado junto con el apoyo de la Comisión Nacional de Agua.

Se ha conformado un grupo interdisciplinario convocado por la Secretaría de Salud denominado “Sistema Regional contra riesgos Sanitarios” del cual la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Protección Civil, ejército y Marina, formarán parte a fin de dar atención pronta y expedita a contingencias de distinta índole ya que la región de la Cuenca del Papaloapan en los últimos meses ha tenido una serie de continencias que han requerido de la atención y respuesta del sector Ambiental.

Derivado de lo anterior, solicito a Usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar la respuesta la subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de julio de 2015.— Licenciada María Guadalupe Armida García Coronel (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 62-II-2-2135 el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 28 del actual, que a continuación transcribo:

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, procedan a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro y se ejecuten las sanciones que correspondan.

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 29 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-238 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/393/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar las gestiones necesarias para construir y operar una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román; así como la ampliación, modernización y equipamiento de los nosocomios ubicados en diversos municipios de Morelos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar les la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2539/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que realice todas las gestiones necesarias para construir y operar una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así como que se amplíe y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

Al respecto me permito acompañar oficio SIDSS/ CAS/0085/2016, suscrito por el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis de Innovadores para el Fortalecimiento de los Servicios de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/207/2016 referente al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 15 de diciembre de 2015, que a continuación se detalla:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que realicen todas las gestiones necesarias para construir y operar una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así como se amplié y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio se Tetela, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de sus unidades administrativas adscritas, se informa lo siguiente:

• De acuerdo con información del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, las tres unidades hospitalarias referidas en el punto de acuerdo tuvieron una acción de obra, que han sido reportadas por el gobierno de Morelos como concluidas (avance físico 100 por ciento).

• Adicionalmente, de acuerdo con información de la base de la Clave Única de Establecimientos de Salud correspondiente a diciembre de 2015, las tres unidades médicas se encentran Acreditadas en el Catalogo Universal de Servicios de Salud y, para el caso de hospital general de Jojutla “Doctor Ernesto Meana”. Se encuentra con la acreditación para la atención de padecimientos considerados como gastos catastróficos.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 inciso B) y 77 bis inciso B) fracción IV de la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, entre otras.

Artículo 13. B.

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, Bis, II Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 77 Bis 5, B.

IV. Programar, de los recursos a que se refiere el capítulo III de este título, aquellos que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud;

En conclusión, corresponde a los Servicios Estatales de Salud de Morelos, en el ámbito de sus competencias, la planeación, distribución y ejecución de los recursos financieros necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento de las unidades médicas, que permita, la adecuada operación y prestación de servicios del Sistema de Salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2016.— Actuaria. Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de Asesores. Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, firma por ausencia de la Coordinadora de Asesores, el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis de Innovaciones para el Fortalecimiento de los Servicios de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-4-267 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/394/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita proponer alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, para beneficio de los oaxaqueños.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2593/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, del gobierno federal, para que en coordinación con el gobernador del estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, para beneficio de los oaxaqueños.

Al respecto me permito acompañar oficio SIDSS/CAS/0084/2016, suscrito por el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis de Innovadores para el Fortalecimiento de los Servicios de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salado.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio UCVPS/230/2016 referente al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el pasado lunes 14 de diciembre de 2015, que a continuación se detalla:

Único. La Cámara de diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que en coordinación con el Gobernador del Estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia ‘as condiciones precarias de ‘a atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, para beneficio de los oaxaqueños.

En el ámbito de competencia de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, SIDSS, y con base a la información disponible en los registros de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (Dgplades), se informa lo siguiente:

• Se llevó a cabo una reunión celebrada el día 8 de octubre de 2015, con personal del estado de Oaxaca y de la Secretaría de Salud federal, para la revisión y avances de los compromisos de gobierno de la entidad federativa, estableciéndose como uno de los acuerdos:

6. Se redefinirá el certificado de necesidades de la ampliación del hospital general de 180 camas “Doctor Aurelio Valdivieso”.

• Con fecha 17 de diciembre se actualizó el Certificado de Necesidad, CDN, número CDN­6784/OAX-595/14 de la unidad hospitalaria en cuestión, para su ampliación y fortalecimiento. Asimismo dicha acción de obra forma parte de los compromisos establecidos por el gobierno federal denominado “Consolidar la Operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca”, por lo que su financiamiento está garantizados a través de los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

• Dentro de este compromiso CG-016 “Consolidar la operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca”, adicionalmente se contemplan los siguientes proyectos:

• Sustitución de CS de la colonia Estrella en la ciudad de Oaxaca de Juárez,

• Sustitución de CS de 5 consultorios en la heroica ciudad de Ejutla de Crespo

• Sustitución del CESSA en Ocotlán de Morelos,

• Sustitución de CS de 4 consultorios en San Bartolo,

• Sustitución de CS de 3 consultorios en Palomares,

• Sustitución de CS con 10 consultorios en San Juan Bautista Tuxtepec (Loma Alta),

• Sustitución de CS con 8 consultorios de Santiago Pinotepa Nacional,

• Ampliación y equipamiento del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca de Juárez,

• Ampliación de Hospital a 30 camas en Santo Domingo Tehuantepec, · Obra nueva de HBC de 12 camas en San Felipe Jalapa de Díaz.

Del mismo modo, se informa que con base en el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (DOF, 25/09/1996), se señalan entre otros, los siguientes principios:

2. Los estados de la federación manejarán, y operarán directamente los servicios de salud, en el ámbito de su competencia.

3. Los estados de la federación manejarán, y operarán directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos de forma acorde con las necesidades de los servicios y con las prioridades locales.

Asimismo, en el artículo 13, inciso B) de la Ley General de Salud (LGS) establece que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, entre otras:

1. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones 11, 11 Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Y XXVII Bis, del artículo 30. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Por lo anterior, se concluye que el gobierno federal a través de las distintas acciones establecidas en el Compromiso de Gobierno CG-016, ha apoyado a los servicios estatales de Salud de Oaxaca. Sin embargo, es de destacar que con base en el Acuerdo Nacional para la Descentralización, así como la normatividad en materia de salud, corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, la planeación, distribución y ejecución de los recursos financieros, a fin de permitir la adecuada operación y prestación de servicios del sistema de salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2016.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de Asesores. Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, firma por ausencia de la Coordinadora de Asesores, el maestro Pierre Antoine Delice, director de Análisis de Innovaciones para el Fortalecimiento de los Servicios de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-0380, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/ SDT/ 015/ 2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar estrategias y acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el país, en todas sus modalidades.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/300/092/ 16, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 20 del actual, que en su parte relativa, a continuación, se transcribe:

Primero. ...

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la STPS a implantar estrategias y acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todo el país, en todas sus modalidades.

Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, y asimismo me permito expresar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluye la meta nacional de lograr un México Próspero, que regula específicamente en la estrategia “4.3.2. Promover el trabajo digno o decente”, que contiene la línea de acción “Contribuir a la erradicación del trabajo infantil”, y que fue considerada en el Plan Sectorial de la STPS en el objetivo 3, “Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral”, lo cual permite que México cumpla los compromisos nacionales e internacionales para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en 2016 y de todas las formas de trabajo infantil en 2020.

Con base en lo anterior, el 12 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI), con objeto de coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública federal en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, con base en la normatividad aplicable.

De acuerdo con el módulo de trabajo infantil (MTI) de 2013, México presentaba 2 millones 536 mil 693 niños y adolescentes de 5 a 14 años ocupados en alguna actividad económica; se reflejó una tendencia decreciente en la ocupación laboral de menores de edad, al disminuir casi 500 mil niños en el periodo 2011-2013.

La erradicación del trabajo infantil es una de las políticas que ha logrado un claro posicionamiento en la agenda nacional de México, adoptando una política nacional que contribuye a eliminarlo.

En lo relativo a la política laboral de prevención y erradicación del trabajo infantil, la cual se instaura en el marco de la CITI, dando cumplimiento a la estrategia 3.2 Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, me permito mencionar las líneas de acción siguientes:

Propiciar la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales e intersectoriales, para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el país.

Para impulsar y promover la conceptualización y normatividad nacional e internacional sobre trabajo decente, la inclusión, igualdad y no discriminación laborales y el respeto de los derechos humanos, se firmaron convenios de coordinación y colaboración con las Universidades Autónomas de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, México, Tlaxcala, Morelos, Nayarit, Guanajuato y Yucatán, Benemérita de Puebla, Politécnica y Autónoma, ambas de San Luis Potosí, Tecnológica de Aguascalientes, con el Instituto Tecnológico Conkal, el Centro de Estudios Superiores y el Colegio de Bachilleres, todos ellos de Yucatán, así como con la Universidad Olmeca de Tabasco, la Universidad Veracruzana, las Universidades Tecnológicas de Santa Catarina y General Mariano Escobedo de Nuevo León, con la participación de los respectivos gobiernos estatales.

En el marco del convenio de colaboración firmado entre esta secretaría con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 3 de diciembre de 2013 se inició la investigación para determinar el efecto económico del trabajo infantil en el país, a través de la asistencia técnica del proyecto interagencial del Unicef, el Banco Mundial y la OIT Understanding Children’s Work (UCW), el cual responde a la solicitud de los países de mejorar el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas metodologías y capacidades asociadas a la problemática del trabajo infantil.

• Derivado de una vinculación con el sector privado, se firmó el convenio de colaboración con Fundación Telefónica, en octubre de 2013, a fin de coadyuvar a desarrollar, con los agentes relacionados con la prevención y erradicación del trabajo infantil, los conocimientos, conceptos y métodos para realizar acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información en la materia.

El refrendo del convenio se firmó el 12 de junio de 2015, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

• La STPS, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, fungió como testigo de honor en la firma del convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canaimpa) y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), cuyo objetivo es fomentar y desarrollar acciones conjuntas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como procurar el respeto de los derechos laborales de los adolescentes en edad permitida para trabajar.

Proponer al Ejecutivo federal proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos y acuerdos para erradicar el trabajo infantil

• México fortalece y dirige su política nacional al cumplimiento de la normatividad internacional, con lo establecido en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, que por primera vez establece las facultades de las autoridades federales, estatales y municipales a fin de reconocer a niños y a adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, como consagran la Constitución y los tratados internacionales de que el Estado Mexicano forma parte.

• A fin de contar con una armonización de las disposiciones constitucionales y de las leyes secundarias que regulan el trabajo de menores de edad, se impulsaron reformas en materia de trabajo de menores de edad a la Ley Federal del Trabajo, las que se aprobaron por el Congreso de la Unión y fueron publicadas el 12 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Como parte de este proceso, se aprobaron modificaciones y adiciones que amplían la protección a los adolescentes trabajadores en edad permitida para trabajar, de entre 15 y 17 años de edad, con especial atención a la prohibición de su ocupación en trabajos peligrosos e insalubres a menores de 18 años de edad, así como elevar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años; ello, en concordancia con el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la OIT. A su vez, permitirá a los niños permanecer en el sistema educativo nacional hasta terminar la educación básica obligatoria, fortaleciendo las obligaciones de la sociedad, padres de familia, empresas y autoridades para garantizar los derechos humanos y laborales, así como el interés superior del niño.

• El 10 de junio de 2015 se hizo el depósito formal del instrumento de ratificación del Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo, ante la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual el país cumple siete de los ocho convenios fundamentales de ese organismo internacional.

Crear, desarrollar, promover y dar seguimiento a los mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional para erradicar el trabajo infantil

• De octubre de 2013 a junio de 2014 se instalaron las comisiones locales para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida, con el compromiso de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

Con relación a lo anterior, el 20 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el primer Encuentro nacional de comisiones locales para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida, en el marco de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, en Ixtapan de la Sal, México, al cual acudieron los presidentes y secretarios técnicos de cada comisión estatal y del Distrito Federal, contando también con la participación de ponentes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Confederación de Trabajadores de México, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, y Ririki, Intervención Social, SC.

Los acuerdos de este encuentro sin precedente en el país fueron

1. Cada una de las comisiones locales realizará acciones de difusión de la lista de trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para los adolescentes en edad permitida para trabajar;

2. Los representantes de la CITI de cada entidad federativa se comprometen a diseñar un plan de acción local de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, a efecto de ponerlo en marcha a más tardar en noviembre de 2016 en su respectivo territorio; y

3. Fortalecer en el ámbito de su competencia a la inspección del trabajo, a efecto de especializar a inspectores en materia de trabajo de menores de edad y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

• El 19 de febrero de 2015, en la ciudad de Puebla, en el marco de la sexagésima octava sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México se aprobó en lo general el proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (Pronapeti), el cual se encuentra en proceso de revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Pronapeti constituye un instrumento de política pública del gobierno de la república, que contribuirá a las acciones de diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal para proteger a los niños y los adolescentes del país. Incluye objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las causas que detonan el trabajo infantil y las consecuencias negativas en el desarrollo integral de los menores de edad. Da cumplimiento a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por implantarse con la suma de esfuerzos intersectoriales en el marco de la comisión y de las comisiones locales y municipales.

El Pronapeti atiende a las recomendaciones emitidas el 5 de junio de 2015 por el Comité de los Derechos del Niño, en seguimiento del cuarto y quinto informes de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, por el Estado mexicano.

Proporcionar información y asistencia técnica a organizaciones privadas y sociales relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil

• Para efectos de promoción y difusión, de marzo a noviembre de 2015 se llevaron a cabo los foros-taller “Planeación estratégica intersectorial para prevenir y erradicar el trabajo infantil” y “Proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida” en 11 entidades federativas: Tlaxcala, Coahuila, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Jalisco.

El objetivo: brindar información y asistencia técnica sobre la problemática del trabajo infantil a servidores públicos, representantes de sindicatos, cámaras empresariales y de la academia, y con ello definir una ruta crítica para instaurar políticas locales de atención integral de las causas y consecuencias del problema.

A los foros asistieron mil 541 representantes de 401 dependencias federales, estatales y municipales, 44 instituciones educativas, 40 sindicatos, 81 empresas y cámaras empresariales, 22 organizaciones de la sociedad civil y 13 medios de comunicación.

Instaurar acciones de sensibilización y toma de conciencia entre la población sobre la problemática del trabajo infantil

• A fin de crear conciencia en la población mexicana acerca del trabajo infantil en el campo y los riesgos a que están expuestos los niños en el trabajo en la agricultura, considerado un trabajo peligroso e insalubre prohibido para menores de 18 años, se realizó la campaña Secretos de la Cosecha, diseñada y donada por la Organización Internacional del Trabajo, la cual durante 2014 se exhibió en Veracruz y en el Distrito Federal. En 2015 se presentó en la Feria de las Naciones Unidas en el Distrito Federal, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y nuevamente en Veracruz.

• A fin de propiciar el diálogo con las organizaciones sindicales para identificar ventanas de oportunidad que contribuyan a erradicar el trabajo infantil y el respeto irrestricto de los derechos laborales de los adolescentes en edad permitida para trabajar, la Confederación de Trabajadores de México, en colaboración con la OIT y esta secretaría, en febrero de 2014 llevó a cabo el foro internacional sobre trabajo infantil Intercambio de experiencias sindicales en América Latina, en el marco de las acciones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

Se contó con la asistencia de 70 líderes sindicales de federaciones y sindicatos de representación nacional y estatal. Las exposiciones fueron impartidas por 7 expertos en la materia, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

• Del 3 de noviembre al 29 de diciembre de 2014 se lanzó la campaña de comunicación social México sin Trabajo Infantil en medios comerciales y tiempos oficiales, con la cual se difundieron mensajes de sensibilización en televisión, radio, medios digitales, impresos y en medios complementarios, con el objetivo de crear conciencia en la sociedad y hacer visible el problema de trabajo infantil que enfrenta el país.

Como parte de esta campaña, de octubre de 2014 a junio de 2015 se distribuyeron 19 mil 100 materiales de difusión a diversas autoridades federales de las 32 entidades federativas, así como a instituciones de los sectores social y privado, con objeto de tener mayor cobertura de sensibilización y concienciación de las consecuencias del trabajo de niños y de adolescentes.

En el marco de las actividades programadas de esta campaña integral y permanente, el 20 de octubre de 2013 se firmó el convenio de cooperación y asistencia técnica entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), con objeto de desarrollar una campaña de comunicación innovadora para contribuir a la erradicación del trabajo infantil en México.

En junio de 2014 se firmó un convenio modificatorio derivado del instrumento referido en el párrafo que antecede, por el cual esta secretaría aportó 133 mil dólares, los cuales fueron entregados a la PADF a efecto de recibir asistencia técnica para el diseño e implantación de la campaña México sin Trabajo Infantil.

Derivado de la firma del acuerdo de cooperación se formó una alianza estratégica para llevar a cabo la campaña, en la cual se tuvo la aportación financiera de Fundación Telefónica, de la OIT, Altos Hornos de México, SA, y la propia PADF, a través de Viacom, Media Networks, Fundación Cinépolis, el Colectivo de Trata de Personas, Boeing y Alianza Heartland, México, formándose un presupuesto para la campaña de 400 mil dólares estadounidenses.

La estrategia integral consistió en la producción de productos de comunicación al aire, redes sociales y activación en vivo (fase 1); el lanzamiento de la campaña dirigida a los jóvenes en los MTV Millenial Awards (fase 2), así como la Ruta Cinépolis contra el Trabajo Infantil en cinco estados de la república (fase 3).

• Del 10 al 30 de noviembre de 2015 se ejecutó en medios nacionales tradicionales la segunda etapa de la campaña de comunicación social Por un México sin Trabajo Infantil, con el eslogan El trabajo infantil es ilegal, denúncialo.

• El 15 de abril de 2015 se impartió la ponencia “Trabajo y explotación infantil en México” a 100 profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos y representantes de la Clínica de Maltrato Infantil del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el marco del segundo curso-taller “Abordaje integral de niñas, niños y adolescentes con maltrato infantil”, en cumplimiento del objeto de la CITI y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• El 16 de abril de 2015 tuvo verificativo el acto “México contra las peores formas de trabajo infantil”, en el cual el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, hizo un llamado a la reflexión seria y profunda a todos los sectores de la sociedad para erradicar las peores formas de trabajo infantil, pues si bien se tienen resultados medibles y eficaces, es necesario redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de los niños. Participaron los sectores público, social y privado, destacando la presencia de representantes de organizaciones civiles internacionales, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República.

Coordinar y promover con las instancias de inspección del trabajo federal y local estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil

• En febrero de 2014 se concluyó el Protocolo de Inspección en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, a fin de establecer el procedimiento de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral vigente en materia de ocupación laboral infantil, incluyendo el procedimiento legal para el tratamiento de presuntos casos de delitos contra niños y adolescentes trabajadores, integrando los hechos en el acta respectiva y dando el seguimiento correspondiente ante las autoridades competentes.

El protocolo se socializó para su aplicación con las autoridades laborales de las entidades federativas, en la primera Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, realizada en febrero de 2014 en Mérida, Yucatán. Es de observancia obligatoria para las autoridades que participan en el proceso de inspección del trabajo, por lo que también constituye una herramienta que facilita la identificación de las causas y consecuencias del trabajo infantil, a través de los siguientes objetivos:

1. Homologar criterios de actuación interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en los centros de trabajo.

2. Conocer e identificar atribuciones para articular estrategias y acciones interinstitucionales en los centros de trabajo.

3. Asesorar y sensibilizar a los empleadores sobre los riesgos vinculados a condiciones y naturaleza de trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para menores de edad.

4. Aplicar sanciones y procedimientos de denuncia, con arreglo al marco jurídico aplicable.

El protocolo se actualizó derivado de las reformas de la Ley Federal del Trabajo, del 12 de junio de 2015, en materia de trabajo de menores, a fin de socializarlo ante la inspección local y se capacite a los inspectores para la implantación de las reformas.

• Se diseñó y puso en marcha el curso virtual de prevención y erradicación del trabajo infantil, dirigido a los inspectores del trabajo de competencia federal, como una herramienta de profesionalización sobre el tema.

Impulsar y elaborar estudios, estadísticas periódicas e investigaciones sobre la ocupación laboral infantil en México, para hacer eficientes las políticas públicas

• En cumplimiento del apartado III de la aplicación “Recopilar y mantener actualizados datos estadísticos e información detallada sobre la naturaleza y el alcance del trabajo infantil, de modo que sirvan de base para determinar las prioridades de la acción nacional dirigida a la abolición del trabajo infantil, y en particular a la prohibición y la eliminación de sus peores formas con carácter de urgencia” de la recomendación 190 de la OIT, México levanta el módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cada dos años desde 2007.

La última estadística oficial del módulo de trabajo infantil corresponde a 2013, del cual se desprende información confiable y actualizada de las características sociodemográficas y ocupacionales de la población de entre 5 y 17 años de edad que desempeña alguna actividad económica en el país, con cobertura nacional y desagregación a nivel estatal.

Se llevó a cabo el levantamiento de este módulo durante el último trimestre del 2015, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esperando contar con los resultados en agosto del presente año.

• Con el propósito de ofrecer un análisis de los principales aspectos y tendencias del trabajo infantil en México, su entramado teórico y contextual, los avances institucionales en el plano nacional, así como los desafíos y las perspectivas sobre el trabajo infantil, en septiembre de 2014 se inició la distribución del libro El trabajo infantil en México: avances y desafíos. En junio de 2015 se emitió su primera reedición, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil; se distribuyeron 250 ejemplares en versión digital.

Esta publicación forma parte de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento, de la colección Gobierno y Administración Pública, coordinada por la Presidencia de la República.

Coordinar con las autoridades del trabajo en las entidades federativas programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil

• En colaboración con las respectivas Comisiones Locales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, se realizaron los foros-taller de planeación estratégica intersectorial para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida, en 11 entidades federativas: Tlaxcala, Coahuila, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Jalisco, a fin de definir planes de acción de cobertura estatal que contribuyan a erradicar el trabajo infantil, atendiendo a la situación geográfica, demográfica, económica y social de esos estados.

Promover el trabajo decente y el respeto de los derechos humanos y laborales de los menores trabajadores en edad permitida

• Con objeto de difundir los derechos humanos y laborales de los adolescentes en edad permitida para trabajar se integró la “Carta de derechos humanos y laborales para adolescentes trabajadores en edad permitida”, atendiendo a las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores, la que será distribuida en el primer trimestre de 2016.

Concertar con los sectores público, privado y social la adopción de políticas de protección en sectores de mayor trabajo infantil

• En el marco de la CITI, el 10 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de Alto Nivel sobre Trabajo Infantil en el Sector de los Viajes y Turismo, en colaboración con la Secretaría de Turismo, con el objetivo de formar una alianza entre gobierno, empleadores y trabajadores del sector turístico para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

• El 29 de septiembre de 2014 se emitió la primera convocatoria del distintivo México sin Trabajo Infantil, a fin de reconocer a las dependencias e instancias del gobierno de la república, estatales y municipales, organizaciones del sector privado y sindicatos, que contribuyan de forma sustancial a prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida; se registraron 165 participantes de 31 entidades federativas.

El 12 de junio de 2015, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se realizó la ceremonia de entrega de este distintivo, donde 98 participantes obtuvieron el galardón, 50 del sector privado, 41 del sector público, 6 del sector social y 1 organización sindical.

• El trabajo infantil agrícola es una actividad peligrosa, pues los niños están expuestos a químicos, condiciones climáticas extremas, largas y extenuantes jornadas de trabajo, y otros factores que les pueden causar accidentes, enfermedades o incluso la muerte. Con el propósito de atender a los niños y los adolescentes integrantes de familias jornaleras, desde 2010 se otorga el distintivo “Empresa agrícola libre de trabajo infantil”, que reconoce a centros de trabajo agrícolas del país que han adoptado una política de cuidado y protección infantiles.

Desde su primera edición hasta 2015, 324 centros de trabajo agrícolas han sido distinguidos como libres de trabajo infantil.

Ahora bien, en el marco de la decimosexta Reunión Regional Americana de la OIT, en mayo de 2006, el entonces director general, señor Juan Somavía, propuso la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente, con base en una serie de políticas cuya ejecución permitiría avanzar en la promoción del trabajo decente en la región americana para 2015.

Entre los objetivos de las políticas generales propuestos por la OIT se planteó la eliminación progresiva del trabajo infantil, conforme a las siguientes metas:

• Eliminar las peores formas de trabajo infantil en un plazo de 10 años (2015).

• Eliminar el trabajo infantil en su totalidad en un plazo de 15 años (2020).

Los grupos de empleadores y trabajadores presentaron una declaración conjunta referida a la acción inmediata para eliminar el trabajo infantil, en particular en sus peores formas en América, en la cual se invitó a los gobiernos a que elaboraran políticas oficiales, fijaran prioridades y promulgaran legislaciones nacionales para eliminar de forma efectiva, las peores formas de trabajo infantil con metas y plazos breves.

En la elaboración participó activamente la delegación gubernamental de México, se manifestó el compromiso de las delegaciones tripartitas participantes para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil; el reconocimiento de los avances obtenidos por la región en este ámbito, y la bienvenida a la declaración conjunta de las organizaciones de los trabajadores y empleadores sobre la eliminación del trabajo infantil, en especial de sus peores formas.

En 2010, en la decimoséptima Reunión Regional Americana, celebrada en Santiago de Chile, la OIT realizó un balance de la Agenda Hemisférica durante el periodo 2006-2010. En cuanto a los objetivos relacionados con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y el trabajo infantil en su conjunto, la OIT señaló que estas materias habían alcanzado un importante posicionamiento en la agenda socio-laboral de los países de la región. En muchos de ellos se identificaron diversos tipos de instancias tripartitas institucionalizadas que tienen apoyo sistemático del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, entre estos países México.

No obstante, la OIT consideró que el trabajo infantil continúa siendo un problema grave, de manera que era necesario acelerar la aplicación de medidas para eliminar el trabajo infantil. La delegación gubernamental de México destacó que el país consideraba la Agenda Hemisférica como una guía, así como la importancia de las políticas de transferencias condicionadas en efectivo que favorecían la erradicación del trabajo infantil, como es en México el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (hoy Programa de Inclusión Social Prospera).

Por lo que se refiere a la asistencia a través del IPEC, la STPS acordó con la OIT el proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (4.75 millones de dólares), el cual se puso en marcha el 26 de enero de 2010, con duración de 4 años. En este programa participaron diversas instancias federales como la STPS por conducto de las Subsecretarías de Trabajo y de Inclusión Laboral (hoy de Previsión Social), coordinadas por la Unidad de Asuntos Internacionales; la Secretaría de Desarrollo Social; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y los gobiernos estatales de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

Principales avances

En el ámbito del fortalecimiento legal, institucional y de políticas, se elaboró una lista sobre el trabajo infantil peligroso para dar cumplimiento al artículo 4 del convenio número 138 de la OIT, que obliga a los Estados miembros a realizar esa lista mediante consultas tripartitas. En su elaboración participaron diversas instancias de la STPS y del gobierno federal, como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores y de la sociedad civil. Esa lista se incorporó a la Ley Federal del Trabajo en la reforma de noviembre de 2012, en el artículo 176.

En materia de inspección laboral, el proyecto desarrolló dos acciones paralelas y complementarias tendentes a reforzar la capacidad de la Inspección Federal del Trabajo:

• Elaboración de un instrumento que establece los procedimientos para la inspección laboral del trabajo infantil en la agricultura; y

• Coordinación entre los inspectores federales y los estatales.

El proyecto generó espacios de encuentro y diálogo sobre el trabajo infantil a escala nacional: 1. La mesa social contra la explotación infantil y adolescente, integrada por 10 organizaciones no gubernamentales; 2. El grupo de trabajo sobre la información existente en torno al trabajo infantil; y 3. Diálogos sobre el trabajo infantil en la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera.

En las entidades federativas, el proyecto logró identificar los principales elementos que pudiesen contener sus planes para la prevención del trabajo infantil, mediante ejercicios participativos de planificación estratégica, y ha formado grupos de trabajo interinstitucionales.

En el campo de la sensibilización en materia de trabajo infantil, el proyecto desarrolló una estrategia en el sector de la producción del azúcar, partiendo de la base de que es necesario prevenir y erradicar el trabajo infantil en toda la cadena de valor, desde la producción de la caña de azúcar hasta la elaboración de los productos que la contienen.

Evaluación de medio término

Del 16 de enero al 15 de marzo de 2012 se llevó a cabo una evaluación de medio término del proyecto, con objeto de revisar el proceso y funcionamiento, así como la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos e identificar buenas prácticas que pudieran surgir de su ejecución. Entre sus recomendaciones, la evaluación sugirió tomar en cuenta la posibilidad de ampliar su plazo de ejecución hasta finales de 2013, a fin de disponer de suficiente tiempo para ejecutar las tareas pendientes y cumplir los objetivos. Sin embargo, por no contar con presupuesto de la OIT no fue posible su ampliación.

En septiembre de 2013, la OIT presentó el informe global Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil - estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012. La principal conclusión fue que el número mundial de niños en situación de trabajo infantil había disminuido en un tercio desde 2000: pasó de 246 millones a 168 millones.

En octubre de 2014, en el marco de la 183 Reunión Regional Americana, celebrada en Lima, Perú, la OIT dio seguimiento a la Agenda Hemisférica. En cuanto al trabajo infantil, destacó avances relevantes en los últimos años, vinculados con la integración del objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil en políticas de desarrollo y programas sociales. Entre ellos, destacó el ejemplo de México, que en ese momento daba inicio al proceso de ratificación del Convenio 138, sobre la edad mínima, y aprobó una lista de trabajos peligrosos, como parte de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en noviembre de 2012.

En dicha reunión, la OIT consideró que los resultados demostraban la prioridad que los mandantes de la región asignan al tema, la cual fue confirmada durante la realización de la tercera Conferencia Global sobre el Trabajo Infantil, en octubre de 2013, en Brasilia. Durante ella, varios gobiernos de países de la región latinoamericana lanzaron la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, como representación del firme compromiso para acelerar el ritmo de las acciones de prevención y erradicación de este fenómeno, así como para hacer sostenibles los progresos alcanzados.

La OIT señaló que esta iniciativa es necesaria no obstante la tendencia a la baja de las cifras totales en el mundo de trabajo infantil. Además, llamó la atención de que en Latinoamérica y el Caribe la reducción fue de sólo 1 por ciento desde 2008, por lo que a este ritmo no se alcanzará la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2016. En este sentido, es esencial continuar reforzando las acciones en legislación y mecanismos de aplicación respecto a la edad mínima y el trabajo prohibido para los niños; la promoción de la educación y adquisición de competencias que sean accesibles, pertinentes y apropiadas; el establecimiento de pisos de protección social y ampliación de las oportunidades de trabajo decente para los jóvenes por encima de la edad mínima de admisión al empleo y para sus padres, como elementos centrales de una estrategia integrada.

En la citada reunión regional se adoptó la Declaración de Lima, en la que se solicita a la OIT prestar asistencia a sus mandantes para que puedan implantar compromisos concretos a través de políticas destinadas a la erradicación del trabajo infantil, destacando la Iniciativa América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil.

Iniciativa América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil

La iniciativa regional es una alianza entre los países de la región que surge con la finalidad de acelerar el avance de Latinoamérica y el Caribe hacia el cumplimiento de las metas de eliminación de las peores formas de trabajo infantil y la completa eliminación del trabajo infantil en 2020. Esto, en respuesta del compromiso de la hoja de ruta mundial y a las metas de la Agencia Hemisférica sobre Trabajo Decente, que fueron ratificadas en la tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil (2013), a través de la Declaración de Brasilia.

A su vez, la iniciativa constituye una herramienta regional que potenciará las capacidades en los gobiernos y tendrá un efecto multiplicador con diferentes sectores, tanto de empleadores como de trabajadores. Desde los países se concibe como un instrumento más eficaz y oportuno porque permite impulsar las acciones encaminadas a disminuir el trabajo infantil con el respaldo y el compromiso político del más alto nivel entre los países.

Como parte de sus objetivos específicos se encuentra incrementar en los países la percepción de las consecuencias negativas del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, así como acelerar e intensificar las acciones de prevención y erradicación de trabajo infantil a través del fortalecimiento de la coordinación institucional, intra e intersectorial, y entre diferentes ámbitos de gobierno.

El gobierno de México, en conjunto con un grupo de países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) se comprometió a impulsar la iniciativa regional, con el propósito de invitar a todos los países de la región a adherirse a ella.

Actualmente, la iniciativa regional cuenta con

• La adhesión y participación de 25 países comprometidos en la necesidad de intensificar las acciones para reducir, con carácter de urgencia, el indicador de trabajo infantil en la región.

• Una secretaría técnica asumida por la Oficina Regional de la OIT a petición de los países.

• Un documento marco que define las grandes líneas de acción, fruto del trabajo compartido y de un proceso de identificación de los frenos que impiden avanzar más y mejor en la erradicación del trabajo infantil.

• Un banco de 12 proyectos regionales prioritarios y urgentes, también identificados de forma conjunta, que se han de convertir en factores de aceleración en la reducción del indicador.

• Una estrategia de movilización de recursos públicos y privados en proceso de finalización, que considera los capítulos de movilización de fondos de los propios países, de los socios para el desarrollo tradicionales, y de los socios para el desarrollo privados que cumplan los requisitos para realizar alianzas público-privadas para actuar en conjunto y potencializar los resultados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Las reuniones regionales americanas de la OIT se llevan a cabo cada 4 años; la última tuvo lugar en Lima, Perú (13 a 16 de octubre de 2014). Son las más importantes de la OIT, después de la Conferencia Internacional del Trabajo. Tienen como finalidad proporcionar una plataforma para que las delegaciones tripartitas expresen sus opiniones sobre el programa de actividades regionales de la OIT y su aplicación. En estas reuniones, México participa con una delegación tripartita, encabezada regularmente por el secretario del Trabajo y Previsión Social. La STPS convoca a las organizaciones mexicanas más representativas de trabajadores (CTM, CROC y UNT) y de empleadores (Concamin y Coparmex) para participar.

2 Este proyecto es la tercera fase de la cooperación de México con IPEC. Las dos primeras realizadas entre 2002 y 2007, se centraron en un Programa de Acción Específico contra la Explotación Sexual Comercial Infantil.

3 Las instituciones que han participado en este grupo han sido el Inegi, la Sedesol, la STPS, la SEP, el DIF, el Unicef, el IFAI y la OIT.

4 Documento disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-ipec/documents/publication/ wcms_221514.pdf

5 Países miembros de la iniciativa: Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-386, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/0254/2016, suscrito por el licenciado Luis Norberto Cacho Pérez, director general Jurídico de la Secretaría de Cultura, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a considerar medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen la imagen institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/ 0104/ 16, de fecha 21 del presente mes y año, mediante el cual se informa que la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunicó el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el día 20 del actual y que señala:

“Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al secretario de Cultura del gobierno federal a que considere medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen la imagen institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y de la Secretaría de Educación Pública, en tanto se consolida la transición a la nueva Secretaría de Cultura.”

Sobre el particular, hago de su conocimiento que esta secretaría ha instruido a sus direcciones generales y coordinaciones nacionales para que se instituyan medidas de ahorro, y se aprovechen todos aquellos materiales que tengan la imagen del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

No omito mencionar que la reproducción de imágenes institucionales en oficios, se realiza de manera electrónica y mediante papelería previamente membretada.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2016.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico de la Secretaría de Cultura.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-365, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.028/16, suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita continuar con la aplicación puntual de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas en el país, así como hacer una revisión exhaustiva de la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad a efecto de evitar accidentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio SELAP/UEL/311/046/16, que contiene acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 13de enero pasado, mediante el cual:

Primero. La Comisión Permanente hace un atento exhorto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente de1 Sector Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, para que continúe la aplicación de las medidas necesarias que garanticen la aplicación de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas, en el país; en su caso, haga una revisión exhaustiva de la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad a efecto de evitar accidentes.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia revise y, en su caso, modifique la NOM-012-SCT-2-2014, en materia de pesos y medidas de las pipas que transportan combustible y otros materiales peligrosos en el país.

Sobre el particular, adjunto al presente, oficio SE/UAJ/3519/2016, que contiene los comentarios emitidos por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía a dicho acuerdo.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica), director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía.»

«Comisión Reguladora de Energía.

Ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía.— Presente.

Hago referencia al oficio 100.DGVI.013/16, de fecha 15 de enero de 2016, presentado ante esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión), por el que remite el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado 13 de enero del año en curso, cuyo punto de acuerdo primero determina lo siguiente:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, para que implemente las medidas necesarias a fin de supervisar y garantizar la aplicación puntual de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas en el país; en su caso, se solicita hacer una revisión exhaustiva a la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad, a efecto de evitar accidentes.

Al respecto, se manifiesta que con motivo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre de 2013, en el mismo medio de difusión oficial se publicaron el 11 de agosto de 2014 la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, entre otros ordenamientos legales.

Por lo que respecta a la Ley de Hidrocarburos, de acuerdo con su artículo 2, fracción III, la misma tiene por objeto regular las actividades de procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos, como el gas licuado del petróleo.

Para la realización de dichas actividades, el artículo 48, fracción II, del Referido ordenamiento legal, dispone que se requerirá del permiso correspondiente otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

Es importante destacar que dentro del ámbito competencial de la Comisión, el artículo 81, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, establece que corresponde a esta dependencia de la administración pública federal con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, regular y supervisar las actividades ya referidas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (la Agencia).

Por su parte, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dispone en su artículo 10, fracción I, que la Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y la seguridad operativa.

De conformidad con el artículo 2, fracciones XIII y XIV, de la Ley de la Agencia, se entiende por seguridad industrial el área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el sector (hidrocarburos), mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como de! medio ambiente. Asimismo, se entiende por seguridad operativa el área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y normas técnicas, administrativas y operativas, respecto de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento y desempeño, investigación y análisis de incidentes y accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros, en el sector.

En cuanto a las atribuciones de la Agencia, el artículo 5o., fracciones III, IV y VIII, establece que dicha Agencia cuenta, entre otras atribuciones, con las siguientes: (i) regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; (ii) regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia de protección al medio ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, y (iii) supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y supervisión.

Derivado de lo anterior, si bien corresponde a la comisión emitir regulación y otorgar permisos para la realización de las actividades de transporte, distribución y comercialización tanto de gas natural como de gas licuado del petróleo, entre otras actividades, así como supervisar y vigilar el cumplimiento tanto del marco normativo aplicable como de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados, corresponde a la Agencia la emisión de regulación, supervisión y vigilancia en materia de seguridad industrial y la seguridad operativa de las actividades mencionadas, así como de las instalaciones por las cuales éstas se llevan a cabo, de conformidad con los preceptos legales citados, por lo que agradeceremos su amable conducto para hacerla del conocimiento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos que correspondan.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, X y XXVII, 25, fracciones V, VII y XI, 41, fracción I, y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracciones III y IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 81, fracción I, incisos a), c) y e), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones I, III y V, 6, 7, 19 y 35, del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción III, y 24, fracciones II, III, IV, XVII, XXIII y XXXII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2016.— Ingeniero Luis Alonso González de Alba (rúbrica), secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-348 signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SCR/051/2016 suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita que durante 2016 se convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos y, en su caso, de cumplir con los trámites y requisitos, declare pueblos mágicos a Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, pertenecientes a Yucatán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/036/16, mediante el cual informa que la Comisión Parmente del honorable Congreso de la Unión, emitió el punto de acuerdo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

• La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Turismo del gobierno federal y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, para que durante 2016 convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos y, en su caso, de cumplir con los trámites y requisitos, declare pueblos mágicos a Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, pertenecientes a Yucatán.

Sobre el particular, toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de Sectur, le informo que la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de esta dependencia tiene a su cargo el Programa Pueblos Mágicos, y en ese marco, durante 2015 llevó a cabo el proceso de incorporación a éste, iniciando con la convocatoria e1 9 de octubre de 2014 y concluyendo con la presentación de los 28 nuevos pueblos mágicos en septiembre de 2015.

De conformidad con los lineamientos emitidos para tal fin, las localidades aspirantes deberán someterse a una evaluación que consta de 4 componentes:

1. Visita técnica: Consistente en la verificación del desarrollo físico-turístico (evaluación cualitativa) de la localidad y su atractivo simbólico.

2. Big data: Se basa en indicadores turísticos obtenidos a través de internet (opiniones, multimedia, precios y tarifas, valoraciones, entre otros) que permiten conocer en tiempo real, la percepción de cada destino.

3. Revisión documental: Se debe cumplir con los siguientes documentos para la integración del expediente:

I. Integración formal de un Comité Pueblo Mágico;

II. Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos;

III. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a la localidad aspirante;

IV. Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al desarrollo turístico en la localidad aspirante;

V. Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico en la Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 años;

VI. Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo turístico;

VII. Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante;

VIII. Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista en caso de ser necesario en una situación de emergencia;

IX. Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la localidad aspirante

X. Los demás aspectos que considere la secretaría como relevantes para la actividad turística.

4. Revisión de la planta turística: La cual consiste en clasificar y jerarquizar a las localidades aspirantes mediante métodos estadísticos, haciendo uso de la concentración de unidades económicas turísticas y su caracterización.

Una vez concluidas estas etapas, el grupo de evaluación determinará la procedencia o no para otorgar el nombramiento pueblo mágico.

En caso de caso no cumplir con las condiciones para otorgar dicho nombramiento emitirá las recomendaciones pertinentes para su posterior incorporación en la siguiente convocatoria.

Es importante mencionar que este proceso dura aproximadamente un año. Por otra parte la emisión de la convocatoria para el 2016 está aún por definirse en función a los resultados obtenidos de la evaluación de los Pueblos Mágicos vigentes y del presupuesto que ha sido aprobado para apoyar el desempeño de éstas localidades.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque Delegación Venustiano Carranza. Código Postal 15960, México, DF.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio número DGPL 62-II-4-2252 dirigido al gobernador de Puebla, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 24 de marzo pasado, que contiene el exhorto a los titulares de los Sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público; al respecto, me permito informar que la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/1798/2015 de fecha 19 de junio del actual, dio a conocer las acciones que sobre el particular realiza la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud de Puebla, a través de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, en cuyo ámbito de competencia incide el asunto que nos ocupa.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado del despacho de la Subsecretaría Jurídica.»

«Escudo.— Secretaría de Salud.— Servicios de Salud del Estado de Puebla.

José Montiel Rodríguez, consejero jurídico del Gobernador y encargado de despacho de la subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno.— Presente.

Asunto: Comentarios a punto de acuerdo

Hago referencia al oficio número DGPL 62-11-4-2252, de fecha 24 de marzo de 2015, dirigido al gobernador del estado, por el diputado vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, remitido a través del similar EN-1302/2015, signado por el encargado del despacho de la Secretaría Particular del gobernador del estado, recibido el 31 de marzo de 2015, referente al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.

Al respecto, informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta dependencia y entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del estado de Puebla, por ser ésta 1a unidad administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área mediante memorándum número SSSYCSS/354/2015, remitió el informe respectivo emitido por la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, a través del similar DSPyVE/231/15, que en copia simple se acompaña.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla y 26, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, se brinde la atención que se estime conducente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de junio de 2015.— Juana Inés Díaz Abdala (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla.»

«Escudo.— Secretaría de Salud.— Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Para: Juana Inés Díaz Abdala

Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los de los Servicios de Salud del estado de Puebla

De: María Eugenia Hernández Omaña

Asesora Jurídica de la Coordinación de Servicios de Salud

Por instrucción superior y en respuesta a su similar CI-1213/2015 de fecha 26 de mayo de 2015, anexo al presente remito copia del memorándum número DSPyVE/231/15 de fecha 19 de junio de 2015 signado por el doctor Leandro Hernández Barrios, director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del estado de Puebla, con el que da respuesta al exhorto enviado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante oficio número DGPL 62-II-4-2252, de fecha 24 de marzo de 2015 dirigido al gobernador del estado.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de junio de 2015.— (Rúbrica).»

«Escudo.— Secretaría de Salud.— Servicios de Salud del Estado de Puebla.

María Eugenia Hernández Omaña, asesora jurídica de la Coordinación de Servicios de Salud del estado de Puebla.

En atención al oficio DGPL 62-11-4-2252 de fecha 24 de marzo de 2015, signado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y las niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.

Al respecto le informo que en el estado de Puebla, fue creado en diciembre de 2010 el Consejo Estatal para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y entre sus atribuciones están la de proponer medidas para garantizar la cobertura, eficiencia, y calidad de las acciones de prevención en la materia, así como elaborar y ejecutar planes y programas de salud tomando como referencia los planes y programas nacionales en salud y sus respectivas normas técnicas, así como los Protocolos Nacionales de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes.

En ese contexto, se diseñó el Programa para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, alineado al Programa de la Secretaría de Salud federal, a través del cual se pretende favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el estado entre sus objetivos se encuentran: el facilitar el acceso a los servicios de salud, para incrementar la posibildad de sobrevida, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

La atención del cáncer de la infancia y la adolescencia cuenta con protocolos de vigilancia a los pacientes, que se encuentran bajo continua evaluación y actualización, de acuerdo a lo que establece la normatividad del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, brindándose la atención en el estado de Puebla en el Hospital para el Niño Poblano, unidad médica de tercer nivel de atención y que forma parte de la red de hospitales acreditados a nivel nacional, cuyo tratamiento está cubierto de acuerdo con las intenciones que contempla el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, lo que ha permitido la sujeción al tratamiento.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención le reitero mis más altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de junio de 2015.— Doctor Leandro Hernández Barrios (rúbrica), director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.»

«Escudo.— Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Tarjeta informativa

Para: José Montiel Rodríguez

Encargado de Despacho de la Subsecretaría Jurídica

De: Laura Elisa Morales Villagrán

Directora General de Asuntos Jurídicos

Asunto: Punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con el exhorto a los titulares de los Sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.

Trámite propuesto: Proyecto de oficio de contestación con base en el informe de fecha 19 de junio del actual, remitido por la licenciada Juana Inés Díaz Abdala, directora de Asuntos Jurídicos de !a Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

29 de junio de 2015.— Directora General de Asuntos Jurídicos (rúbrica).»

«Escudo.— Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Laura Elisa Morales Villagrán, directora general de Asuntos Jurídicos.— Presente.

Memorándum número: 0577

Fecha: 23 de junio de 2015

Asunto: El que se indica

Por instrucciones de José Montiel Rodríguez, encargado del despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y en términos de lo establecido en los artículos 17, 26 y 27, fracción VIII, del Reglamento Interior de esta dependencia, hago llegar a usted el oficio número 5013/DAJ/1798/2015, suscrito por Juana Inés Díaz Abdala, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla, por el que remite documentación en relación con la atención al similar DGPl-62-1I-4-22S2 de fecha 24 de marzo de 2015, dirigido al gobernador del estado por el diputado vicepresidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, respecto al punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares de los Sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público; lo anterior para la atención correspondiente dentro del ámbito de sus facultades.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Margarita Mena Caritá (rúbrica), secretaria particular del encargado del despacho de la Subsecretaría Jurídica.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— DIF de Tabasco.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio número DGPL 63-II-2-252, en el cual informa que en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo en el que se exhorta a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas, para que en coordinación con las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y se ejerciten las acciones legales que correspondan para la regularización de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran. Me permito comunicarle lo siguiente:

Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ha realizado inspecciones y visitas a Centros Asistenciales Públicos, asimismo está integrando el padrón de los Centros de Cuidados Alternativos Privados, el cual se encuentra con un avance del ochenta y cinco por ciento. Por lo que se han programado las visitas en el presente año para los albergues e instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes en cuatro periodos, durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Agradeciendo su comunicado y esperando que la presente información le sea útil, le envío un afectuoso saludo.

Atentamente

Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2016.— Maestro Ricardo Poery Cervantes Utrilla (rúbrica), coordinador general del Sistema DIF Tabasco.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Fiscalía General de Veracruz.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF

Distinguida Diputada:

Por instrucciones del licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado de Veracruz y en atención a su oficio número DGPL 63-II-7-281 expediente 1071, de fecha 15 de diciembre de 2015, mediante el cual informa el punto de acuerdo por el que exhorta a instruir a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la asistencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; hago del conocimiento de esa H. Soberanía; lo siguiente:

La Fiscalía General del estado a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos a mi cargo, está integrada por un órgano desconcentrado “Dirección del Centro de Atención a Víctimas del Delito”, y dos coordinaciones: Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Esta última, se conforma operativamente por ocho Fiscales Itinerantes ubicados en las cabeceras distritales siguientes:

Dentro de sus atribuciones sustantivas es recibir denuncias y querellas de hechos probablemente delictuosos del orden común, en que estén involucrados indígenas debidamente identificados con su etnia, e integrar y determinar la investigación ministerial y/o carpeta de investigación o actas circunstanciadas de hechos según proceda; así como medios alternativos de solución de conflictos, con la obligación de respetar su identidad cultural, usos y costumbres; cuidar que en todo tiempo sean asistidos por traductores e intérpretes, así como de defensores públicos que tengan conocimiento de su lengua.

Por lo anterior, esta Fiscalía Coordinadora Especializada a mi cargo, se ha propuesto promover investigación sobre el delito desde la perspectiva de los pueblos originarios, elaborar guías y documentos para la atención de los usuarios indígenas respecto del proceso penal acusatorio adversarial, diseñar o gestionar la impartición de cursos y talleres que son necesarios para la formación profesional del personal. Es importante señalar que los trabajos de coordinación se realizan con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígena, entre otras autoridades.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

Xalapa, Veracruz, a 11 de enero de 2016.— Licenciada Alejandra Espinoza Fernández (rúbrica), Fiscal Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.— Dirección General de Infraestructura Educativa.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado diputado Zambrano

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en materia de transparencia del programa Escuelas al Cien, el 27 de enero de 2016.

Por este medio me permito extenderle un amable saludo, y hago referencia al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-412, expediente número 225, recibido el 28 de enero de 2016 en este instituto, mismo que contiene un exhorto enviado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García en su calidad de vicepresidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en materia de transparencia del programa Escuelas al Cien dicho exhortó fue aprobado el pasado 27 de enero del presente año por la citada soberanía, y a la letra dice:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las entidades federativas para que en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) haga público el contenido de los convenios de coordinación celebrados para ejercer los recursos del programa “Escuelas al Cien”, así como, el tipo de obras y mejoras contenidas en los “Proyectos INFE” de los planteles del Registro de Escuelas Elegibles para los años 2015­2016 y 2017-2018.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a mantener actualizado su sitio de georreferenciación para hacer transparente el estado actual de las escuelas que habrán de beneficiarse con el Programa Escuelas al Cien.

Al respecto del acuerdo aprobado, son de enunciarse los siguientes puntos para dar respuesta:

Convenio general de colaboración en materia de transparencia celebrado entre el INAI e Inifed

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) firmaron el 26 de noviembre de 2015, un convenio para transparentar el programa Escuelas al CIEN, en el cual participó como testigo de honor, el secretario de educación pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer.

Listados de planteles, criterios

Con base en la normatividad; disposiciones, lineamientos y guía operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstitución y habilitación de la infraestructura física educativa, el programa Escuelas al Cien atenderá a los planteles educativos de educación básica que presenten mayores carencias, de acuerdo a los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), y a la información recabada por medio de los diagnósticos del Sistema Nacional de Información, cabe señalar, que la información de ambos instrumentos se utilizó para elaborar la propuesta inicial de proyectos de educación básica que se puso a disposición de las Entidades Federativas. Para el caso de Educación Media Superior y Superior, las Subsecretarías de Educación Media Superior y Superior de la SEP realizaron una ponderación con base en necesidades y matrícula de las cuales se emitió la correspondiente propuesta a las Entidades Federativas.

Para avanzar en el cumplimiento del mandato de la Ley y su Reglamento el Inifed ha desarrollado el índice de Atención Prioritaria de las necesidades de la infraestructura física educativa (IAP) el cual está integrado por 23 indicadores estratégicos obtenidos mediante los levantamientos de datos realizados para el diagnóstico de la infraestructura física educativa.

El IAP establece una escala de evaluación que va del0 al 100, donde 0 representa la situación óptima de deterioros y necesidades nulas y 100 representa la situación de deterioros y necesidades máximos.

Para llegar a la calificación anterior se establecieron valores numéricos a las respuestas de los ítems que corresponden a los 23 indicadores señalados dentro del instrumento de captación de la información utilizado en los levantamientos de datos.

Cédula de información técnica

Cada obra realizada en el Programa Escuelas al Cien se respalda con base en una cédula de información técnica, la “Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa señala que es responsabilidad de los organismos locales validar la factibilidad de las propuestas de obra a través del levantamiento de la Cédula de Información Técnica de cada una de ellas, la cual forma parte de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa” como anexo III.

Modificación de los proyectos de la INFE

Los proyectos no pueden ser modificados de la conformidad con lo señalado en la normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa, existiendo únicamente los siguientes casos de salvedad:

a) Caso fortuito o fuerza mayor;

b) Necesidad manifiesta e ineludible’

En el caso de estar en alguno de estos supuestos, se deberá motivar y fundamentar la solicitud de la modificación, suplementación y/o sustitución de los “Proyectos de la INFE, para su aprobación se requerirá de acuerdo de las partes del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM.

Modalidades de contratación

Respecto de la modalidad de contratación de las obras el ANEXO B del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM, señala que estos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus correspondiente Reglamentos, y demás disposiciones legales aplicables, según corresponda.

De igual forma, en la “Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa”, se establece que los organismos locales de Infraestructura Física Educativa deberán establecer un sistema de registro conforme a los anexos de la propia “Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía operativa” (anexo A “Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM”, al anexo B “Programa General de Obra por el Ejercicio Fiscal del que se trate”, anexo C “Informe Mensual”, anexo D “Informe Trimestral”, anexo E “Definición y Desarrollo de los Componentes”, anexo I “CCT”, anexo II “Documento que Acredite la Posesión o Propiedad en los Términos del Numeral 11.7 de los Lineamientos, anexo III “Cédula de Información Técnica”, anexo IV “Programación de la Obra (Calendarización de la Obra dentro del Programa para su Contratación y Ejecución, anexo V “Formato de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa”, anexo VI “Catálogo de Conceptos/ Presupuesto Base”, anexo VII “Procedimiento de Contratación”, anexo VIII “Contrato de la Obra”, anexo IX “Acta de Inicio de los Trabajos con Participación del CEPS”, anexo X “Oficio de Solicitud de Liberación de Pago de Anticipo y/o Estimaciones”, anexo XI “Estimaciones de Obra”, anexo XII “Facturas”, anexo XIII “Números Generadores”, anexo XIV “Bitácora”, anexo XV “Informe de Avance de Obra con Participación del CEPS”, anexo XVI “Convenios Modificatorios (en su caso, anexo XVII “Aplicación de Sanciones y/o Retenciones conforme a Bitácora (en su caso, anexo XVIII “Guías de Mantenimiento (en su caso)”, anexo XIX “Guías de Equipamiento con Especificaciones (en su caso, anexo XX “Manuales y/o Instrucciones del Equipo (en su caso)”, anexo XXI “Acta de Entrega-Recepción y Cierre con participación del CEPS”, anexo XXII “Memoria Fotográfica del Proceso de la Obra”, anexo XXIII “Garantías”, anexo XXIV “Acta de Notificación de Incumplimiento”, anexo XXV “Finiquito de Obra y Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones”.

Publicación del convenio de coordinación y colaboración para potenciar FAM

El Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples se encuentra publicado en la página web del Inifed, en la siguiente liga: http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/ convenios. Cabe señalar que sólo se publicó el Convenio Marco, toda vez que Igs$1 Convenios restantes son idénticos. Los anexos de dicho Convenio también se encuentran publicados en la página del Inifed

Listados de planteles a beneficiar

Los listados de planteles educativos 2015”.2018 en los cuales se realizará alguna mejora o rehabilitación se encuentran publicados y contienen el monto que corresponderá a cada plantel.

Aplicación de recursos/tipos de obras y mejoras

Escuelas al Cien se enfoca en atender las principales prioridades de un plantel escolar, por lo que el recurso que un plantel obtenga se destinará a la mejora de alguno (s) de los siguientes componentes.

l. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. Daños en muros, escaleras, techos, impermeabilización, instalación eléctrica.

2. Servicios sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de muebles sanitarios.

3. Mobiliario y equipo básicos. Pupitres, pizarrones, escritorio y silla para maestro.

4. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos.

5. Accesibilidad. Construcción de baños y bebederos con accesibilidad para personas con discapacidad.

6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo.

7. Infraestructura para la conectividad. Dotación de cableado interno para contar con internet y telefonía, adecuación de aulas de medios.

8. Espacios de usos múltiples. Infraestructura para actividades cívicas, en su caso.

Portal del programa Escuelas al Cien

El portal específico del programa Escuelas al Cien(http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/) estará completo a finales del mes de febrero, como ya ha sido anunciado por el Secretario de Educación Pública, en él se estará publicando y actualizando la siguiente información:

1. Monto de inversión al plantel.

2. Tipo de contratación de obra.

3. Fecha de inicio y conclusión de obra.

4. Componentes que se atienden.

5. Avance físico y financiero.

6. Fotografías del estado actual, de los avances y de la conclusión de los trabajos de rehabilitación.

7. Las Cédulas de Información Técnica de los planteles beneficiados.

Actualización de sitio georreferenciado programa Escuelas al Cien

Derivado del convenio general de colaboración en materia de transparencia que celebran el INAI e Inifed, celebrado el 26 de noviembre de 2015, es obligación del Inifed mantener actualizada la información de la página web del Programa Escuelas al cien, incluyendo el sitio georreferenciado, en el cual una vez que se inicie la ejecución en cada plantel, se estará actualizando el estado de las escuelas que se beneficiarán así como el avance de las obras.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis consideraciones y le refrendo el compromiso del Instituto que tengo a bien dirigir para realizar el máximo esfuerzo para contribuir a la educación de calidad.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), director general .»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.— Dirección General de Infraestructura Educativa.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado diputado Zambrano:

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en materia de accesibilidad y avance del programa Escuelas al Cien, el 27 de enero de 2016.

Por este medio me permito extenderle un amable saludo, y hago referencia al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-461, expediente número 121, recibido el 28 de enero de 2016 en este instituto, mismo que contiene un exhorto enviado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García en su calidad vicepresidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en materia de accesibilidad en las instalaciones educativas y sobre el avance del programa Escuelas al Cien, dicho exhorto fue aprobado el pasado 27 de enero del presente año por la citada soberanía, y a la letra dice:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las entidades federativas, para que en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta el mobiliario escolar, la infraestructura de protección civil, el uso en igualdad de condiciones de todas las áreas escolares y el entorno perimetral, incluyendo el diseño de mecanismos de evaluación, supervisión y participación social.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa que envíe un informe a esta soberanía sobre los avances del programa Escuelas al Cien.

En respuesta al resolutivo primero, es de señalarse que instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en materia normativa sobre la accesibilidad en la Infraestructura Física Educativa observa lo establecido de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, esta norma debe ser considerada al momento de desarrollar proyectos nuevos de infraestructura educativa y tiene como propósito establecer las especificaciones que rija.nlaconstrl1cción de espacios de servicio al público, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Para generar la obligatoriedad en la construcción, consolidación y mantenimiento de las escuelas, se desarrolló el Tomo II, Accesibilidad, del Volumen 3, Habitabilidad y Funcionamiento, de las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones 2014 Inifed, este contiene los puntos esenciales para generar elementos para la accesibilidad ante situaciones de discapacidad motriz, auditiva y visual principalmente.

Con respecto al programa Escuelas al Cien, la Normatividad. Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa del programa Escuelas al Cien establecen como componente quinto del programa Escuelas al Cien, la accesibilidad, definida de la siguiente forma en el anexo E de los propios lineamientos:

V. Accesibilidad:

• Adecuación de baños con accesibilidad.

• Construcción de baños con accesibilidad.

• Dotación y colocación del sistema de bebederos con accesibilidad.

Para responder el resolutivo segundo, es de mencionarse lo siguiente respecto al programa Escuelas al Cien:

El 19 de octubre de 2015 se llevó a cabo la firma del convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones múltiples con las 32 entidades federativas, en el marco de la Conago, en Jojutla, Morelos. Este Convenio se encuentra publicado en el portal del Inifed (Disponible en: http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/convenios).

El 19 de noviembre de 2015, se publicó en el portal del Inifed la normatividad, disposición, lineamientos y guía operativa del programa Escuelas al Cien. (Disponible en http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/21-convenios/69-lineamientos- y-guia-operativa-anexos)

El 18 de enero del 2016 se publicaron los listados de planteles a beneficiar con el programa Escuelas al Cien 2017-2018.

Escuelas al Cien invertirá más de 50 millones de pesos para la mejora de la infraestructura física educativa de más de 33 mil planteles en todo el país, con el objeto de brindar una educación de calidad.

La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed, supervisará la ejecución y construcción de los proyectos, además de emitir reportes de avance para asegurar su transparencia.

La aplicación de los recursos estará a cargo de los Institutos de la Infraestructura Física Educativa de cada una de las entidades federativas. El Inifed será autoridad vigilante, en conjunto con los Consejos de Participación Social, de que las obras se realicen y entreguen en tiempo y forma.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis consideraciones y le refrendo el compromiso del Instituto que tengo a bien dirigir por realizar el máximo esfuerzo para contribuir a la educación de calidad.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

PROTESTA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la protesta de ley, y se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadano Ángel Rojas Ángeles, José De Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson –no sé cómo se pronuncie, pero es la misma persona– diputados federales electos en la segunda circunscripción plurinominal, 8 distrito electoral del estado de Sinaloa, y 10 distrito electoral del estado de Veracruz, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado José Hugo Cabrera Ruiz, diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, diputado César Augusto Rendón García, diputada Lluvia Flores Sonduk, diputado Cándido Ochoa Rojas, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada Norma Rocío Nahle García, diputado Luis Ernesto Munguía González, diputado Moisés Guerra Mota, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputada Carmen Victoria Campa Almaral y diputado José Alfredo Ferreiro Velazco. Además también, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presente ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José De Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Los ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José De Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Bienvenidos. Felicidades.

Continúe la Secretaría, por favor.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Enrique Pérez Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Enrique Pérez Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Brenda Velázquez Valdez cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que la diputada Brenda Velázquez Valdez cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de iniciativas. Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Bien. No se encuentra el diputado que habíamos mencionado, en el salón de sesiones en este momento y entonces tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Guzmán Jacobo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Nos precisan que quien pasará a tribuna a exponer la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la diputada Delfina Gómez Álvarez, iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Gracias, señor presidente. Morena propone un cambio urgente de régimen, que permita devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes, pero sobre todo el derecho a decidir sobre todos los asuntos vitales para la regeneración de la vida republicana.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado en el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura iniciativas en materia de consulta popular y revocación de mandato. En esta propuesta planteamos dentro de los derechos ciudadanos que además de votar en cualquier tiempo, también lo hagan en los procesos referéndum dejando a cargo al INE de tales tareas.

La Ley Fundamental de 1917 no previó el plebiscito y el referéndum, es por lo que elevamos a rango constitucional esas instituciones; es decir, las reformas y adiciones a los preceptos constitucionales.

Al Congreso de la Unión le otorgamos la facultad de legislar además de las iniciativas ciudadanas y consultas populares en los procesos de referéndum. Las Legislaturas de los estados, por su parte, regulan los procesos de referéndum. Además, cuando las reformas o adiciones tengan por objeto modificar la forma de gobierno, los derechos humanos y sus garantías o cualquier otra norma general trascendental para la vida nacional, deberán ser sujetas a referéndum.

El Constituyente de 1824 planteó que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Es ilustrativo el proyecto de la ley sobre elecciones populares, presentado al Congreso General en la sesión del 17 de octubre de 1836, pues consideraba que de una buena o mala elección de los hombres que han de llenar los puestos políticos depende en lo principal la suerte de la nación. Cuando la cosa pública está dirigida por personas cuya honradez, patriotismo e ilustración, acumula sobre ellos una fuerza moral reconocida por el voto libre de la nación, a unos errores que son consiguientes a la flaqueza humana, se disimulan sin murmuración y hasta las malas instituciones pierden mucho de su carácter dañino si los templa y encamina al buen juicio y la virtud. Ellos se van corrigiendo y al fin el orden, la prosperidad, aparecen cimentados.

Todo lo contrario sucede cuando los partidos y quienes lo integran, de las clases o de los individuos se sobrepone al voto nacional. Entonces, el interés privado se constituye al público, al mérito, no es considerado con relación al servicio de la comunidad, sino al partido o persona. Ya no hay justicia, no hay orden, la virtud severa se persigue con ardor. Las mejores instituciones no pueden subsistir, la inmortalidad progresa, la ruina de los progresos de los hombres de bien y la subversión del Estado.

El presidente Benito Juárez, recordemos que intentó a través de un plebiscito reformar la Constitución de 1857, al triunfo de la república en 1867, a través de la Ley de Convocatoria a Elecciones de ese año.

El hecho de que se convocara a un Congreso Constituyente para el solo efecto de reformar la Constitución, tal como lo hizo en Querétaro en 1916-1917, fue una consulta popular directa que se hizo a la población para que esta, mediante su voto y elección del Constituyente, aceptara o rechazara la propuesta de reforma a la Constitución.

El referéndum y la iniciativa popular, como mecanismo de participación ciudadana, fueron incorporados al texto de nuestra Constitución, en su artículo 73, fracción VI, base segunda, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de 1977 y estuvieron vigentes hasta el 10 de agosto de 1987.

Esta reforma constitucional fue un intento por institucionalizar estos instrumentos de democracia semidirecta en la Ciudad de México.

Dos figuras que no debemos de perder de vista, una de abajo hacia arriba, que es la iniciativa popular, y otra de arriba hacia abajo que es el referéndum, que se implica y que de alguna manera se complementan a través de estos procesos, con ello había de instituirse una auténtica participación activa, una intervención dinámica, una forma de compartir el poder entre los ciudadanos y sus autoridades.

Las labores de gobierno son responsabilidad del conjunto de la sociedad. No podemos permitir que unos cuantos tomen decisiones por todos ni que la mayoría carezca de instrumentos legales para participar en las decisiones de gobierno.

Para lograr lo anterior, se propone introducir en la Constitución la obligatoriedad de consultas nacionales por la vía de referéndum, el cual procedería para la ratificación de una nueva Constitución o para la adopción de reformas o adiciones que afecten normas fundamentales, entre otros casos, la reforma política del Distrito Federal y todas aquellas que afecten el patrimonio nacional.

Hay que devolver al pueblo los derechos establecidos en el artículo 39 del Código Político de 1917. Es por ello, que se hace necesaria la introducción de cambios en las normas generales, incluidas en nuestra Carta fundamental.

La creación o modificación de las actuales estructuras e instituciones políticas, y el establecimiento de los cambios necesarios en las relaciones entre el gobierno y el pueblo, deben contribuir a establecer condiciones para la solución de las auténticas necesidades y requerimientos de la mayoría de la ciudadanía, en un ámbito indudablemente republicano.

Por ello, Morena considera que debemos de darle mayor importancia a los procedimientos de la democracia semidirecta, que se proponen incluir en nuestra ley fundamental como práctica diaria de las y los ciudadanos, en la toma de decisiones de gobierno, lo cual permitirá que puedan manifestarse sobre una materia específica, a pesar de la oposición que se escamoteen los gobernantes en el futuro y así responder a las necesidades reales y claras de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la ley fundamental y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, fracciones VIII, numerales 1, inciso b) y 5o., 36, fracción III, 73, fracción XXIX-Q, 116, fracción II, último párrafo, y se adicionan , los artículos 35, fracción IX y 135, tercer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Morena propone un cambio urgente de régimen, que permita devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes, pero, sobre todo, el derecho a decidir sobre todos los asuntos vitales para la regeneración de la vida republicana.

La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo, es un apoyo creciente a los instrumentos que tradicionalmente se han definido como “democracia semidirecta”.

Morena ha presentado en el primer periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura, iniciativas en materia de consulta popular y revocación de mandato.

En esta propuesta planteamos dentro de los derechos ciudadanos, que además de votar en cualquier tiempo, también lo hagan en los procesos de referéndum, dejando a cargo al Instituto Nacional Electoral de tales tareas.

La ley fundamental de 1917 no previó el plebiscito y el referéndum, es por lo que elevamos a rango constitucional estas instituciones, es decir, las reformas y adiciones a los preceptos constitucionales.

Al Congreso de la Unión le otorgamos la facultad de legislar, además de la iniciativa ciudadana y consultas populares, en los procesos de referéndum.

Las legislaturas de los estados, por su parte, regularan los procesos de referéndum.

Proponemos que cuando las reformas o adiciones tengan por objeto modificar la forma de gobierno, los derechos humanos y sus garantías o cualquier otra norma general trascendental para la vida nacional, deberán ser sujetas a referéndum.

El referéndum se encuentra considerado en las leyes fundamentales de varios países como un instrumento de consulta popular regulado en ocasiones a través de alguna norma reglamentaria y plebiscito no. Este es utilizado de manera singular y ocasionalmente, en alguna decisión política de trascendencia especial y no se encuentra plasmado en las constituciones; excepción hecha de algunos de éstos.

El plebiscito en México ha tenido otra suerte, recuérdese que mediante ley de convocatoria 14 de septiembre de 1824, Chiapas proclamó su federación a los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, la Junta Suprema Provisional que gobernaba a la provincia convocó a la integración de un Congreso Constituyente para que se encargara de formular la Constitución Política de Chiapas, instalándose éste en Ciudad Real el 5 de enero de 1825 y expidió la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas el 19 de noviembre del mismo año, siendo promulgada el 9 de febrero de 1826 por don Manuel José de Rojas, gobernador interino del estado.

El Constituyente de 1824 planteó que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.

Es ilustrativo el proyecto de ley sobre elecciones populares, presentado al Congreso General en la sesión de 17 de octubre de 1836, pues consideraba que:

...de una buena o mala elección de los hombres que han de llenar los puestos políticos depende en lo principal la suerte de la nación. Cuando la cosa pública está dirigida por personas cuya honradez, patriotismo e ilustración acumula sobre ellos una fuerza moral reconocida por el voto libre de la nación aún los errores que son consiguientes a la flaqueza humana, se disimulan sin murmuración, y hasta las malas instituciones pierden mucho de su carácter dañino, si las templa y encamina el buen juicio y la virtud. Ellas se van corrigiendo, y al fin el orden, la prosperidad, aparecen cimentadas. Todo lo contrario sucede cuando los partidos y la intriga de las clases o de los individuos se sobreponen al voto nacional.

Entonces el interés privado se constituye al público: el mérito no es considerado con relación al servicio de la comunidad, sino al del partido o persona: ya no hay justicia, no hay orden. La virtud severa se persigue con ardor las mejores instituciones no pueden subsistir, la inmoralidad progresa: la ruina de los hombres de bien y la subversión del estado, son el fin inevitable a que se llega con más o menos prontitud.

...asegurar que las elecciones sean el resultado del voto nacional libre, tomando las precauciones que le han sugerido sus cortas luces y experiencia, para que los partidos y el fraude no enfoquen la voz soberana de la nación.

...asegurar, es que haya orden, libertad completa para votar, y que los votos sean emitidos solamente por los ciudadanos que tengan derecho a ello...

En México el primer antecedente de iniciativa ciudadana lo encontramos en las Siete Leyes Constitucionales y concretamente en la Tercera Ley Constitucional que en su artículo 30 disponía que los particulares podrían optar por presentar sus proyectos de iniciativa a los diputados o a los ayuntamientos, con lo cual éstos también lo podrían hacer ante las juntas departamentales.

El presidente Benito Juárez intentó, a través de un plebiscito, reformar la Constitución de 1857, al triunfo de la República en 1867, a través de la ley de convocatoria de elecciones de ese año.

El hecho de que se convocara a un Congreso Constituyente para el solo efecto de reformar la Constitución, tal como se hizo en Querétaro en 1916-1917, fue una consulta popular directa que se hizo a la población para que ésta mediante su voto y elección de Constituyente aceptara o rechazara la propuesta de reforma a la Constitución.

El referéndum y la iniciativa popular, como mecanismos de participación ciudadana, fueron incorporados al texto de la Constitución en el artículo 73, fracción VI, base segunda, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977 y estuvieron vigentes hasta el 10 de agosto de 1987.

Esta reforma constitucional fue un intento por institucionalizar estos instrumentos de la democracia semidirecta en la Ciudad de México. Dos figuras, una de abajo hacia arriba, la iniciativa popular, y otra, de arriba hacia abajo, el referéndum, que se implican, y que de alguna manera se complementan a través de estos procesos, con ello habría de instituirse una auténtica participación activa, una intervención dinámica, una forma de compartir el poder, entre los ciudadanos y sus autoridades.

Un interesante experimento sin lugar a dudas. No instituía un régimen especial, puesto que sería la voluntad de toda la Unión la que decidiría sobre su aplicación en el Distrito Federal, paso muy importante para la democratización del Distrito Federal que no logró prosperar pues diez años más tarde fueron derogadas éstas instituciones.

Bernardo Bátiz, en 1998 sostenía que:

...una de las críticas más serias y reiteradas que se hace por la sociedad al sistema parlamentario y a los partidos políticos, es que constituyen una etapa inicial en la evolución política hacia la democracia plena; esto es porque los ciudadanos en este sistema, quedan fuera del proceso político permanente, puesto que en la mayoría de los casos su participación se limita a votar cada vez que hay elecciones y entre una y otra frecuentemente transcurren lapsos generalmente de varios años y durante estos, dejan de ser consultados y no cuentan con mecanismos o instrumentos sociales y políticos adecuados para encauzar sus opiniones y sus acciones cívicas.

Las labores de gobierno son responsabilidad del conjunto de la sociedad. No podemos permitir que unos cuantos tomen decisiones por todos, ni que la mayoría carezca de instrumentos legales para participar en las decisiones de gobierno.

La socialización de las tareas de gobierno pasa, en primer lugar, por el establecimiento de una nueva relación entre los representantes populares y las organizaciones sociales, que suponga la reciprocidad en las responsabilidades y la consulta permanente en la elaboración de proyectos, aprobación y supervisión colectiva en la realización de los mismos.

Las ciudadanas y los ciudadanos deben tener derecho a participar de todas las decisiones del gobierno, desde su planeación hasta su realización.

Para lograr lo anterior, se propone introducir en la Constitución la obligatoriedad de consultas nacionales por la vía del referéndum, el cual procedería para la ratificación de una nueva Constitución o para la adopción de reformas o adiciones que afecten normas fundamentales, entre otros casos, la reforma política del Distrito Federal y todas aquellas que afecten el patrimonio nacional.

Hay que devolver al pueblo los derechos establecidos en el artículo 39 del Código Político de 1917.

Es por ello, que es necesario la introducción de cambios en las normas generales, incluida nuestra carta fundamental, la creación o modificación de las actuales estructuras e instituciones políticas, y el establecimiento de los cambios necesarios en las relaciones entre el gobierno y el pueblo, deben contribuir a establecer condiciones para la solución de las auténticas necesidades y requerimientos de la mayoría de la ciudadanía en un ámbito indudablemente republicano.

Los procedimientos de la democracia semidirecta que se proponen incluir en nuestra ley fundamental como práctica diaria de las y los ciudadanos en la toma de decisiones de gobierno, permitirán que puedan manifestarse sobre una materia específica, a pesar de la oposición que escamoteen los gobernantes en turno.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que s se reforman los artículos 35, fracción VIII, numerales 1, inciso B), y 5o., 36, fracción III, 73, fracción XXIX-Q, 116, fracción II, último párrafo, y se adicionan , los artículos 35, fracción IX y 135, tercer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 35, fracción VIII, numerales 1, inciso b), 5, 36, fracción III, 73, fracción XXIX-Q, 116, fracción II, último párrafo, y se adicionan, los artículos 35, fracción IX y 135, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VII. ...

VIII. Votar en cualquier tiempo en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República;

b) El equivalente al veinticinco por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. a 4o. ...

5o. La consulta popular, los procesos de referéndum se realizarán en cualquier tiempo;

6o. y 7o. ...

IX. Votar en cualquier tiempo los procesos de referéndum, que serán convocados en los términos de lo dispuesto en la fracción anterior.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. y II. ...

III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndum, en los términos que señale la ley;

IV. y V. ...

Artículo 72. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares, procesos de referéndum.

Artículo 74. a 115. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

a) y b)...

...

II...

...

...

...

...

...

...

...

Las legislaturas de los estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso, así como votar en las consultas populares y procesos de referéndum.

III. a IX. ...

...

Artículo 117. a 134. ...

Artículo 135. ...

...

Cuando las reformas o adiciones tengan por objeto modificar la forma de gobierno, los derechos humanos y sus garantías o cualquier otra norma general trascendental para la vida nacional, deberán ser sujetas a referéndum.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a los ordenamientos jurídicos a más tardar el 30 de septiembre de 2016.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus normas generales correspondientes a lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor.

Notas:

1 Cfr. http://www.consejeriajuridica.chiapas.gob.mx/marcojuridico/ pdf/constitucion_politica_chiapas.pdf

2 Crónicas, Acta Constitutiva de la Federación,Barragán Barragán, José, Introducción, Comisión Nacional para la Conmemoración del Sesquicentenario de la Republica Federal y del Centenario de la Restauración del Senado, Secretaria de Gobernación, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Cámara de Senadores, México 1974, p. 482 Cfr. Los periódicos El Águila 11 y El Sol de 10de enero de 1824, así como la Sesión Extraordinaria de 9 de enero de 1824. La comisión retiró este artículo por parecerle que algunos estados podrán convenirse por ahorrar gastos, en tener un tribunal común de tercera instancia.

3 Cfr. Sesión de 28 de octubre de 1836, aprobado por 55 votos a favor y 9 en contra. Artículo 17 del proyecto de Bases.

4 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-25-13.pdf, González Oropeza, Manuel, “Participación ciudadana como complemento del gobierno representativo”, Democracia y representación en el umbral del siglo XXI, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1999, páginas 264 y 265.

5 Cfr. Iniciativa decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados del 6 de octubre de 1977; Dictamen de Primera Lectura del 18 de octubre de 1977; Dispensa de Segunda Lectura y Debate del 19, 24 y 25 de octubre de 1977 en la Cámara de Diputados; Dictamen de Primera Lectura del 3 de noviembre de 1977; Dictamen de Segunda Lectura y Debate del 4, 8 y 9 de noviembre de 1977 en la Cámara de Senadores; Proyecto de Declaratoria del 1 de diciembre de 1977 en la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977.

6 Cfr. Gaceta Parlamentaria, año I, número 16, viernes 3 de abril de 1998 y Gaceta Parlamentaria, año I, número 13, martes 31 de marzo de 1998 .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputada Rocío Nahle García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y también, en una misma participación presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor.

La diputada Lillian Zepahua García: La necesidad de establecer mejores y más precisos controles en el peso y tamaño de los vehículos de autotransporte de carga debido al aumento de accidentes viales y al deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras del país, así como la falta de seguridad pública y vial en ellas, son razones que motivan a realizar un profundo diagnóstico de esta situación, y con ello, a proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable que posibilite obligar a permisionarios de transporte de carga a que los camiones con doble articulación circulen sin excepción con un comprobante de peso.

Por otro lado, las condiciones de inseguridad a las que día con día se enfrentan quienes realizan la compleja labor de transporte de carga en caminos y carreteras del país obligan a las y los legisladores a establecer, desde el marco normativo, medidas que posibiliten el fortalecimiento de medidas y acciones de seguridad pública en la correspondiente red carretera, a fin de garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre las áreas de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Para nosotros los legisladores es prioritario impulsar la conformación de una cultura que atienda tanto a la seguridad vial como a la seguridad pública en el tránsito por carreteras o caminos y puentes.

Por otra parte, las autoridades, permisionarios y grupos sociales en la prestación de los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, así como en sus servicios auxiliares el exceso de peso y dimensiones de los camiones de carga, combinados con la alta velocidad, unidades en mal estado y la red carretera ocasionan en nuestro país el incremento del número de accidentes y con esto el número de muertes en los últimos años, ubicando a México en séptimo lugar a nivel mundial en siniestros de tránsito.

Asimismo y con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los decesos por accidentes carreteros se incrementaron en 31.4 por ciento entre 1990 y 2010. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 refiere que en México la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura y la falta de cultura vial e inseguridad nacional.

En 2011 perdieron la vida en carreteras federales más de 4 mil 400 personas. Se registraron 25 mil accidentes con daños materiales por valor de mil 361 millones de pesos. A nivel nacional, considerando los accidentes en vías locales entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año.

A pesar de la gravedad del problema, no existe en México un reporte unificado de accidentabilidad y mortalidad para el sistema de transporte, siendo escasa la cooperación institucional.

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT manifiesta que la evolución de la longitud de la red federal de carreteras de peaje ha sido constante en los últimos años, aproximadamente 26 mil 300 kilómetros, es decir, 63 por ciento tienen más de 30 años en operación, fueron diseñadas para una actividad diferente a la actual, donde los pesos autorizados se han incrementado de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997.

Los altos costos de los accidentes carreteros hacen indispensable y prioritario incorporar medidas de seguridad, con fuerza obligatoria en la ley aplicable como la que se propone que, de cumplirse a cabalidad facilitaría la supervisión y abonaría a la transparencia y contribuiría al cuidado de la infraestructura carretera. Pero para garantizar su cumplimiento, es necesario darle fuerza obligatoria en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

Por otra parte, a pesar el reconocimiento de la gravedad del problema de inseguridad vial y falta de controles al transporte de carga para que prevenga accidentes en las carreteras del país, problemática que está presente tanto en la prestación de servicio del transporte público federal, como en los servicios conexos a él, es la inseguridad pública por los diversos tramos carreteros y zonas donde se prestan.

La necesidad de garantizar en el transporte por carretera la confiabilidad del envío de mercancías es una exigencia cada vez mayor, donde los traslados de mercancías y bienes valorados, resulta atractivo para la forma de delincuencia que opera, al ser de fácil colocación en el mercado negro.

Señoras y señores diputados, busquemos una armonización del texto normativo a partir de una correcta técnica legislativa y de competencias, al proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite el fortalecimiento de la seguridad pública en la red carretera del país para garantizar que el autotransporte federal y los servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas a la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre los encargados de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Ello beneficiará sin duda, no solamente a quienes se dedican al ramo del transporte, sino a la economía y productividad del país, al garantizar que los bienes e insumos que día a día se transportan por las carreteras nacionales cuenten con más y mejores mecanismos de protección y salvaguarda.

Por lo que permito presentar ante ustedes, la presente iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones al Título Tercero de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Lillián Zepahua García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al título III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras; y medidas de seguridad en la prestación de los servicios de autotransporte federal y auxiliares relacionados.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Síntesis de contenido

Ante la falta de control de peso y tamaño de vehículos de autotransporte de carga, que es un factor de accidentes viales y deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras del país; la falta de seguridad pública y vial en ellas, se propone: a) la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite obligar a permisionarios de transportes de carga a que los camiones con doble articulación, circulen sin excepción con un comprobante de peso; b) el fortalecimiento de la seguridad pública en la correspondiente red carretera, para garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias, entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así también c) la coordinación con aquellas instituciones de dependencias responsables de llevar registros establecidos de accidentes viales relacionados con el autotransporte federal, sus servicios auxiliares, e infraestructura carretera, para un diagnóstico amplio y sólido, que contribuya a una cultura de seguridad vial y de seguridad pública preventivas.

Con la presente iniciativa, se propone adicionar un artículo 37 Bis al Título Tercero del Autotransporte Federal, Capítulo I Disposiciones Generales, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para hacer obligatorio que lo permisionarios de vehículos de autotransporte de carga, sean responsables de que los camiones con doble articulación cumplan con la obligación de circular con un comprobante de peso, acreditado mediante carta de porte o emitido por báscula de la secretaría.

Se propone adicionar también un Capítulo V de las Medidas de Seguridad, en el Autotransporte y Servicios Auxiliares, del Título Tercero Del Autotransporte Federal, integrado por los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2. Así como dos transitorios, el segundo de los cuales, establece que más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán las adecuaciones reglamentarias derivadas de este decreto.

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la iniciativa

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

Ante la falta de control de peso y tamaño de vehículos de autotransporte de carga, que es factor de accidentes viales y deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras del país; la falta de seguridad pública y vial en ellas, se propone: a) la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite obligar a permisionarios de transportes de carga a que los camiones con doble articulación, circulen sin excepción con un comprobante de peso; b) el fortalecimiento de la seguridad pública en la correspondiente red carretera, para garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias, entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así también c) la coordinación con aquellas instituciones y dependencias responsables de llevar registros estadísticos de accidentes viales relacionados con el autotransporte federal, sus servicios auxiliares, e infraestructura carretera, para un diagnóstico amplio y sólido, que contribuya a una cultura de seguridad vial y de seguridad pública preventivas.

Argumentos que sustentan la iniciativa:

Resulta prioritario para las y los legisladores federales, impulsar la conformación de una cultura que atienda tanto la seguridad vial como la seguridad pública, en el tránsito por carreteras o caminos y puentes, por parte de autoridades, permisionarios y grupos sociales, en la prestación de los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, así como en sus servicios auxiliares.

De los servicios de autotransporte federal: de pasajeros, de turismo o de carga y en particular éste último, requiere de la previsión normativa de medidas de control que contribuyan a resolver diversa problemática por la que atraviesa.

El exceso de peso y dimensiones de camiones de carga, combinado con la alta velocidad, con unidades en mal estado y la red carretera, ocasiona en nuestro país el incremento del número de accidentes y con esto el número de muertes en los últimos años, ubicando a México en séptimo lugar a nivel mundial en siniestros de tránsito (Datos de la Organización de las Naciones Unidas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Organismos empresariales).

Con información estadística de Transporte de América del Norte y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los decesos por accidentes carreteros se incrementaron 31. 4 por ciento, entre 1990 y 2010 (Informe de Estadísticas Básicas del Autotransporte Federal 2011).

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, refiere que en México la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura, falta de cultura vial e inseguridad nacional.

En 2011 perdieron la vida en carreteras federales más de 4 mil cuatrocientas personas, se registraron 25 mil accidentes con daños materiales por valor de mil 361 millones de pesos. A nivel nacional, considerando los accidentes en vías locales, entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año.

A pesar de la gravedad del problema, no existe en México un reporte unificado de la accidentabilidad y mortalidad para el sistema de transporte siendo escasa la cooperación institucional y el Inegi, Cenapra y SCT, tienen metodologías propias con estadísticas divergentes, según lo indica el mencionado Programa Sectorial.

En México, 13 personas al día en promedio pierden la vida por unidades de transporte de pasajeros y camiones pesados. Después de India, China, Estados Unidos, la Federación Rusa, Brasil e Irán (Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2011 de la ONU).

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), indica que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros, que es un límite superior al de la mayoría de países del mundo, donde el máximo es de 18.75 metros y mayor al de países como Finlandia con 25.25 metros; Canadá y Estados Unidos con 25 metros; Suiza con 24 metros; Islandia con 22 metros; Rusia y Holanda con 20 metros.

Organismos empresariales y autoridades de la SCT, atribuyen a factores como la deficiente planeación e infraestructura y mil 817 puntos de conflicto identificados en la red carretera y la insuficiente infraestructura para controlar pesos y dimensiones del autotransporte de carga como básculas y centros de pesaje y dimensiones que contribuyen a los accidentes.

Asimismo, representantes de la Iniciativa privada señalan la violación constante de transportistas que exceden cargas y dimensiones de los tráileres por cuestiones de costo, modificando la estrategia de “muchos viajes con poca carga” a “pocos viajes con mucha carga”, violación que ocasiona problemas de seguridad vial.

Para el Instituto Mexicano del Transporte, los vehículos de carga circulan con elevados niveles de peso, situación que contraviene el reglamento y que acelera el deterioro de la red carretera.

Por su parte, la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT manifiesta que la evolución de la longitud de la red federal de carreteras libre de peaje ha sido constante en los últimos años. Aproximadamente 26 mil 300 kilómetros, es decir, el 63 por ciento tienen más de 30 años en operación, fueron diseñados para una realidad diferente a la actual, donde los pesos autorizados se han incrementado de 34 toneladas en 1960, a 66.5 en 1997.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señala que el problema se acrecienta, ya que 8 de cada 10 camiones pesados que circulan por carreteras del país, operan fuera de la ley y no están registrados en ningún organismo de transportistas, transgrediendo reglas de pesos y dimensiones.

Asimismo, que hay empresas transportistas que usan doble remolque hasta por 100 toneladas, cuando que un camión en México puede transportar hasta 84 toneladas; de por sí, este peso es ya mucho más que en la mayor parte de los países, incluidos socios comerciales cuyo límite es de 43 toneladas.

Resulta evidente, que los altos costos de los accidentes carreteros hacen indispensable y prioritario incorporar medidas de seguridad con fuerza obligatoria en la Ley aplicable. Como las básculas y demás implementos de medición para verificar peso y dimensión de vehículos de carga, que transitan por los puntos de la red carretera donde se encuentran instalados los Centros de Peso y Dimensiones y lograr un mayor control que garantice el cumplimiento de las obligaciones para transportistas, así como evitar mayor deterioro a la carpeta asfáltica, avanzando hacia una seguridad vial. En un país como el nuestro, en el que la tendencia es ir aumentando el parque vehicular relacionado con la prestación de los servicios de autotransporte federal. Actualmente se integra: para carga 395 unidades motrices, para pasaje y turismo 93 mil unidades

Ya desde el 2012, autoridades del Gobierno Federal y la industria del transporte, reconocieron la necesidad de atender la problemática de seguridad vial y acordaron entre otras, acciones de supervisión en carreteras federales, para incrementar la seguridad vial, para lo cual la SCT comprometió la contratación de 60 inspectores, adicionales a los 430 existentes. Y 25 básculas adicionales a las 63 en el país para mayor capacidad de supervisión en los centros federales que se ubican en el territorio mexicano. Mediante convenio suscrito entre autoridades y la industria del transporte, los camiones doblemente articulados están obligados a circular con un comprobante del peso correspondiente a la carga que transportan. La acreditación se hará mediante la carta de porte o comprobante emitido por una báscula.

Este precedente relevante, de cumplirse a cabalidad facilitaría la supervisión, abonaría a la transparencia y contribuiría al cuidado a la infraestructura carretera, pero para garantizar su cumplimiento, es necesario darle fuerza obligatoria en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en su artículo 1o. establece que tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo 2o. de la misma ley, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. Propuesta central contenida en la presente iniciativa.

Por otra parte, a pesar del reconocimiento de la gravedad del problema de inseguridad vial y la falta de controles al transporte de carga que prevengan accidentes en las carreteras del país –como ya se mencionó– tampoco hay un registro unificado de la accidentabilidad y mortalidad para este sistema. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, que retoma las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, para las carreteras propone mejorar la seguridad vial, garantizar mejores condiciones físicas de la red, con sistemas inteligentes de transporte. Y para esa mejora de la seguridad vial, la autora la autora de esta Iniciativa propone la homologación, validación, análisis y conclusiones entre las instituciones competentes en la elaboración de datos estadísticos vinculados con accidentes en carreteras.

La otra problemática que está presente, tanto en la prestación del servicio del autotransporte público federal, como en los servicios conexos a él, es la inseguridad pública por los diversos tramos carreteros y zonas donde se prestan.

La necesidad de garantizar en el transporte por carretera la confiabilidad del envío de mercancías es una exigencia cada vez mayor, donde los traslados de mercancías y bienes valorados, resulta atractivo para la forma de delincuencia que opera, al ser de fácil colocación en el mercado negro.

Las actividades de empresas de transporte de bienes con valor, la multiplicidad en presencia de operaciones en toda la red carretera interurbana y zonas urbanas de las ciudades más importantes del país, la transportación de pasajeros, requieren garantizar su confiabilidad.

Si bien es cierto, en estos casos los permisionarios del autotransporte llegan a contratar empresas de seguridad privada especializadas en el manejo de custodia y apoyo técnico de seguimiento de medios tecnológicos avanzados, por otro lado, de conformidad con el marco Constitucional, la seguridad pública es un servicio que se presta en exclusiva por el Estado, en el caso particular, a través de las Corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, en su correspondiente jurisdicción.

Con cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC, en 2013 se reportó un aumento de 38 por ciento de los robos a transporte de carga, de ellos, un 18 por ciento fue con violencia en todo el país, con un total de 4 mil 200 robos (3 mil 664 en zonas urbanas, 547 en carreteras), de los cuales el 78 por ciento se cometieron en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal.

En 2014, siguió la tendencia con alza de un 25 por ciento. Los ilícitos en transporte de carga se dan prácticamente en todos los tramos carreteros de Sinaloa-Jalisco; México-Puebla; Puebla-Veracruz; Michoacán-Jalisco; México-Querétaro; Querétaro-Guanajuato; y Guanajuato-San Luis Potosí-Monterrey. Además, en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas.

La ruta México-México-Puebla-Veracruz, es conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos, además de robos y secuestros.

La misma fuente, señala como las carreteras más peligrosas del país para el transporte de carga por los mencionados ilícitos a: la de la “Rivereña” que conectan Reynosa con Laredo; Monterrey- Tampico; Matamoros-San Fernando; Monte-Ciudad Victoria; y la de Hidalgo-Tampico.

Respecto a las intersecciones carreteras nacionales, ubicadas como las más afectadas son entre Michoacán-Jalisco-Guanajuato por presencia de grupos de delincuencia organizada. También, con focos rojos en la carretera Morelia-Salamanca y Pátzcuaro al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Utiliza esta delincuencia diversos modus operandi, el más usual consiste en secuestrar a los conductores de camiones, robar la mercancía, o hasta el tráiler completo. Más de un 60 por ciento de robos, son cometidos con agresión y violencia.

Esta forma de operar, hace indispensable la vigilancia de policías de los tres órdenes de gobierno, con estrategias sólidas de coordinación, particularmente en las noches y madrugadas.

En cuanto al valor de la carga robada, se estima que va en incremento desde 2004, en un 30 por ciento por año; incluso en 2012, fue de más de 38 por ciento, con pérdidas importantes de dinero para empresas transportistas.

La preocupación y los propósitos que animan la presente Iniciativa, son coincidentes con los contenidos del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, que en su Capítulo I, Diagnóstico, subtítulo 1.5 Economía Ilegal y Delitos de Mayor Impacto a los Sectores Productivos, en lo relativo al crecimiento de inseguridad en la red carretera del país, considera que especial importancia e impacto económico representó el crecimiento de inseguridad en la referida red, que ella forma parte fundamental de la infraestructura económica y permite el flujo de bienes, personas y capital a través del territorio nacional. En el caso de robo en carretera, se incrementó 250 por ciento de 2006 a 2012, resaltando un aumento de 167 por ciento de los cometidos con violencia, y un incremento de robo a transporte de carga del 237 por ciento.

Actualmente la infraestructura carretera está constituida por 377 mil 659 kilómetros de longitud, dividida entre la reda federal (49 mil 652 kilómetros), carreteras alimentadoras estatales (83 mil 981 kilómetros), la red rural (169 mil 430 kilómetros) y brechas mejoradas (74 mil 596 kilómetros).

La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga entre ciudades y Estados. A ello hay que agregar los servicios auxiliares, los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan de manera importante su operación y explotación.

Con fundamento en el artículo 52, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgará los permisos para la prestación de esos servicios auxiliares al autotransporte federal, que serán: I. Terminales de pasajeros; II. Terminales interiores de carga; III. Arrastre, salvamento y depósito de vehículos; IV. Unidades de verificación; y V. Paquetería y mensajería.

Los mencionados servicios auxiliares, también requieren de garantías que permitan a quienes se desempeñan en los lugares donde se prestan, contar con seguridad en su labor cotidiana.

Por lo que en una correcta técnica legislativa y armonización de competencias, se propone la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite el fortalecimiento de la seguridad pública en la red carretera del país para garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así también con aquellas Instituciones y Dependencias responsables de llevar registros estadísticos de accidentes viales relacionados con el autotransporte federal, sus servicios auxiliares, e infraestructura carretera, para un diagnóstico amplio y sólido, que contribuya a una cultura vial y de seguridad pública preventivas.

Con la presente iniciativa, la suscrita, diputada federal, propone adicionar un artículo 37 Bis al Título tercero del autotransporte federal, Capítulo I Disposiciones generales, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para hacer obligatorio que los permisionarios de vehículos de Autotransporte de carga, sean responsables de que los camiones con doble articulación cumplan con la obligación de circular con un comprobante de peso, acreditado mediante carta de porte o emitido por báscula de la Secretaría.

Se propone adicionar también un Capítulo V de las medidas de seguridad en el autotransporte y servicios auxiliares, del Título tercero del autotransporte federal, integrado por los artículos 51 Bis, 51 Bis 1 y 51 Bis 2. Así como dos Transitorios, el segundo de los cuales, establece que a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán las adecuaciones reglamentarias derivadas de este decreto.

II. Fundamento legal de la iniciativa

La presente Iniciativa se presenta con las facultades que a la suscrita confieren los artículos 11, 71, fracción II, y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, Fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de reforma

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Título III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras; y medidas de seguridad en la prestación de los servicios de autotransporte federal y auxiliares relacionados.

IV. Texto normativo propuesto

Me permito poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Título III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras; y medidas de seguridad en la prestación de los servicios de autotransporte federal y auxiliares relacionados.

Artículo Único. Se adiciona un artículo 37 Bis y se adiciona un capítulo V“ De las medidas de seguridad en el autotransporte y servicios auxiliares”, al título tercero “Del autotransporte federal”,así como los artículos 51 Bis, 51 Ter y 51 Quáter, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 37 Bis. Los permisionarios de vehículos destinados al servicio de Autotransporte de carga, serán responsables de que los camiones con doble articulación cumplan con la obligación de circular con un comprobante de peso, correspondiente a la carga que transportan. La acreditación se hará mediante la carta de porte o comprobante emitido por báscula a cargo de autoridades de la Secretaría.

Título TerceroDel autotransporte federal

Capítulo VDe las medidas de seguridad en el autotransporte y servicios auxiliares

Artículo 51 Bis. En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría, junto con la Secretaría de Gobernación acordará esquemas de coordinación, a efecto de que se implementen acciones, operativos y estrategias de vigilancia y supervisión, a cargo de elementos de las Corporaciones Policiales de los tres órdenes de gobierno, en los tramos carreteros, a fin de que contribuyan a garantizar la seguridad pública en la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga y en la prestación de servicios auxiliares.

Dichos esquemas de coordinación, en su planeación, la evaluación de sus resultados y, en su caso, su rediseño, serán sometidos por el Secretario de Gobernación en la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 51 Ter. Las acciones de coordinación, tendientes a garantizar la seguridad pública y la seguridad vial en las carreteras del país, que acuerde la Secretaría con otras instituciones o dependencias, se establecerán a través de la suscripción de convenios de colaboración.

Artículo 51 Quáter. La Secretaría, en coordinación con las Instituciones y Dependencias competentes en la elaboración de registros y datos estadísticos vinculados con accidentes en carreteras, llevará a cabo la recopilación de datos, su validación y análisis de los factores que inciden en la accidentabilidad y mortalidad, con el propósito de su utilización en las estrategias de prevención y vigilancia, así como en la definición de políticas públicas relacionadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán las adecuaciones a los ordenamientos reglamentarios derivadas de sus reformas.

Notas:

1 El Universal.mx Cartera. Transporte de carga, peligro en la carretera. Jueves 26 de abril de 2012. Noé Cruz Serrano. Archivo. El universal.com.mx/notas/843450.html

2 Conferencia de prensa: “Programa de Gobierno Federal para la Renovación de vehículos de carga y pasaje”. 24 de marzo de 2015. Información proporcionada por la Lic. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de SCT.

3 El Universal.mx Cartera. Archivo el Universal.com. mx/notas/844059.html “SCT anuncia restricciones a transportistas”. Redacción. Viernes 27 de abril de 2012.

4 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. “La inseguridad en las carreteras de México”. Escrito por Wermner Strohlein. Creado en 8 de agosto de 2014. www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1060-la-inseguridad-en-las-carr eteras-de-mexico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Lillián Zepahua García, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Javier Octavio Herrera Borunda, Pedro Garza Treviño, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Zepahua. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe.

La diputada Lillian Zepahua García: Gracias, señor presidente. Nuestro país es conocido en el mundo por su historia y el legado que vivimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras, es decir, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura ha establecido como patrimonio cultural.

Con el paso de los años el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado para referirse a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones y prácticas artesanales, acervo intelectual y, recientemente, acervos fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo.

A pesar de que son elementos que identifican, son patrimonio de quien con orgullo lo porta y resultan elementos materiales e inmateriales que caracterizan a toda una región, a una comunidad o hasta a un estado.

Los trajes tradicionales indígenas a la fecha no han sido incluidos en la lista de bienes patrimonio, incluso a pesar de contar con ciertos elementos señalados en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco o bien, los complementan, como es el caso del espectáculo como la danza, los usos sociales, rituales y actos festivos, las técnicas ancestrales tradicionales, así como el uso de instrumentos, objetos y artefactos en espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales, además de que han sido heredados de generación en generación tanto en su técnica de elaboración como en su uso.

El arte textil de México es milenario y alcanzó un desarrollo desde mucho tiempo antes de la conquista española. Desde entonces se ha caracterizado por contar con técnicas complicadas, bellos y estilizados decorativos. Lamentablemente mucho de este arte textil poco a poco fue sustituido por telas y decoraciones de tipo europeo con la llegada de los españoles.

Actualmente todavía existen comunidades indígenas que conservan de generación en generación la elaboración y uso de sus trajes, los cuales dentro del propio país han sido poco conocidos y apreciados por su calidad artística, pero no así en el extranjero.

No por ello es coincidencia que en cuanto a la comercialización de productos textiles inspirados en diseños elaborados por comunidades indígenas mexicanas pudieran darse casos de abuso y plagio por parte de quienes de manera abusiva se aprovechan de ello, y no les da el más mínimo crédito y mucho menos una retribución económica a las comunidades.

Por ello se vuelve fundamental legislar en materia de derecho de autor. Se propone una adición a los artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor a fin de considerar como patrimonio tangible material –y que existe una plenitud y vigencia– el patrimonio textil a efecto de proteger el patrimonio cultural de las etnias y comunidades indígenas para evitar posibles plagios por parte de particulares, tanto nacionales como extranjeros, en virtud de que las artesanías y particularmente la manufactura textil no fuera considerada como tal.

Asimismo, sabemos que durante la presente Legislatura se han presentado iniciativas que buscan una protección a dichos bienes culturales, por lo que la presente no solo es complementaria a las demás y adiciona la posibilidad de crear un registro, mecanismos de regalías, la obligación de dar crédito a la etnia o comunidad a la que se inspira la creación con fines de lucro, y con ello mandato por norma que en etiquetas promocionales y demás insumos mercadológicos, se incorpore una semblanza de la comunidad y el lugar geográfico al que pertenecen. Todo ello a efecto de dotar de valor agregado al insumo que inspira y que es fuente de creación para diseñadores y comercializadores en todo el mundo.

Con ello se establece todo un esquema integral de protección que involucra a la autoridad y que no sólo es enunciativa, sino con todo un mecanismo normativo que será de gran importancia para la protección de la identidad, uso y costumbre que representa el que pronto podremos denominar, patrimonio textil de las comunidades de México.

Por lo que me permito presentar ante ustedes la siguiente iniciativa de reforma a los artículos 159 y 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor en Materia de Protección de Expresiones Culturales de las Comunidades y Etnias Indígenas. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Lillian Zepahua García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de protección de expresiones culturales de las comunidades y etnias de la República mexicana.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Síntesis de contenido

Establecer en el texto de la Ley Federal del Derecho de Autor, la obligación expresa para que la autoridad proteja y salvaguarde las actividades artísticas de las etnias y comunidades como consecuencia del movimiento en redes sociales que se generó a partir de una supuesta demanda de propiedad intelectual promovida por una empresa de ropa francesa en contra de una comunidad, quienes elaboraban las prendas motivo del supuesto litigio desde hace más de 300 años.

El motivo del presente proyecto es proteger y salvaguardar ese patrimonio cultural sin que necesariamente haya sido verdadera la noticia difundida en redes sociales pero señalando la necesidad de establecer un mecanismo de protección legal, actualmente inexistente.

Se establecerá de manera directa la protección a la obra intelectual y cultural de las comunidades del país, con particular énfasis en las creaciones textiles.

Para ello, se propone una adición a dos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de proteger el patrimonio cultural de la etnias y comunidades para evitar posibles plagios, por otra parte de particulares tanto nacionales como extranjeros en virtud de que las artesanías y particularmente la manufactura textil que no pudiera ser considerada como tal.

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la iniciativa.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

Proponer una adición a dos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de proteger el patrimonio cultural de las etnias y comunidades para evitar posibles plagios, por parte de particulares tanto nacionales como extranjeros en virtud de que las artesanías y particularmente la manufactura textil que no pudiera ser considerada como tal.

Argumentos que sustentan la iniciativa:

México es conocido en el mundo por su historia y su riqueza cultural, por ende reconocido por “el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras”, definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio cultural.

Etimológicamente, la palabra patrimonio, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, es la “hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes” y el patrimonio histórico, el cual incluye el cultural es el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación”.

Además, el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado “para referirse también a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones, prácticas artesanales, acervo intelectual y, recientemente, acervos fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo”.

En ese sentido, según la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial debe entenderse como “todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana”.

El patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo con la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003 de la UNESCO, se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:

• Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

• Las artes del espectáculo;

• Los usos sociales, rituales y actos festivos;

• Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

• Las técnicas ancestrales tradicionales; y

• Los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales.

Actualmente, México tiene inscritas en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 8 expresiones culturales, que son las siguientes:

• Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz;

• El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta;

• La tradición gastronómica de Michoacán cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán;

• La pirekua, canto tradicional de los purhépechas;

• Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo;

• La ceremonia ritual de los Voladores;

• Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí- chichimecas de Tolimán: La Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado; y

• Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.

Aunque los trajes tradicionales indígenas, aún no han sido incluidos en la lista, es importante destacar que éstos cumplen con ciertos elementos señalados en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003 de la UNESCO, o bien, los complementan, como es el caso del espectáculo, como la danza; los usos sociales, rituales y actos festivos; las técnicas ancestrales tradicionales, así como el uso de instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales. Además de que han sido heredados de generación en generación, tanto en su técnica de elaboración como en su uso.

El arte textil de México alcanzó un alto desarrollo desde mucho tiempo antes de la conquista española, desde entonces se ha caracterizado por contar con técnicas complicadas y bellos y estilizados decorativos. Lamentablemente, mucho de este arte textil poco a poco fue sustituido por telas y decoraciones de tipo europeo, con la llegada de los españoles.

Actualmente todavía existen comunidades indígenas que conservan de generación en generación, la elaboración y uso de sus trajes, los cuales dentro del propio país han sido poco conocidos y apreciados por su calidad artística. Pero no así en el extranjero.

Recientemente, hubo una controversia en redes sociales por el supuesto plagio del diseño del huipil de la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, por parte de la diseñadora francesa Isabel Marant.

Asimismo, diversos medios de comunicación informaron el caso, manifestando que la diseñadora Isabel Marant utilizó algunos de los diseños de la comunidad oaxaqueña mixe para su colección primavera-verano 2015, quien había patentado el diseño y pretendía que la comunidad mixe pagara regalías.

Ante dichas acusaciones, la diseñadora francesa negó tener o buscar la patente del bordado de las blusas de la comunidad mixe de Tlahuitoltepec, así como el haber solicitado a las autoridades francesas pedir a las autoridades de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, que los habitantes del municipio dejaran de vender los diseños de la comunidad indígena e incluso pretendiera cobrar regalías. Además, reconoció que sus diseños están inspirados en la comunidad mixe.

Por su parte, el presidente municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, Erasmo Hernández González, a nombre de la comunidad de dicho municipio emitió un comunicado oficial mediante el cual, además de informar que no han recibido notificación formal o demanda oficial de alguna institución nacional o internacional, exigen al “Estado nacional mexicano, a sus instituciones y a la sociedad en general a responder el compromiso y a la deuda histórica pendiente con los pueblos y las comunidades indígenas de Oaxaca y del país, en materia de protección de los derechos colectivos, protección de la propiedad intelectual y biocultural, no sólo en los aspectos relacionados con las artes y las humanidades, sino también, en el ámbito biológico y geográfico”.

Aunque lo anterior quedó en una simple confusión, la realidad es, que no es el primer caso que surge a nivel internacional, en cuanto a la comercialización de productos textiles inspirados en diseños elaborados por comunidades indígenas mexicanas, a las cuales no se les da el más mínimo crédito y mucho menos una retribución económica, por ello se vuelve fundamental y prioritario legislar en materia de derecho de autor, pese a que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, establece en el Artículo 31 la protección de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, que a la letra dice:

“ Artículo 31

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”.

En México la Ley Federal del Derecho de Autor protege el ejercicio de los derechos establecidos en el numeral 1 del artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Título VII de la Ley Federal del Derecho de Autor en su Capítulo III De las Culturas Populares, “protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”. Sin embargo, el capítulo no contempla un procedimiento mediante el cual, aquellas personas físicas o morales den crédito a las comunidades indígenas, cuando éstas hagan uso de sus diseños.

II. Fundamento legal de la iniciativa

La presente iniciativa se presenta con las facultades que a la suscrita confieren los artículos 11, 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de reforma

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 159 y 160 del Capítulo III De las Culturas Populares, del Título VII De los Derechos de Autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares de la Ley Federal del Derecho de Autor.

IV. Texto normativo propuesto

Me permito poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 159 y 160 del Capítulo III De las Culturas Populares, del Título VII De los Derechos de Autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo Único. Se reforman los artículos 159 y 160 del Capítulo III De las Culturas Populares, del Título VII De los Derechos de Autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Ley Federal del Derecho de Autor

TITULO VIIDe los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares

Capítulo IIIDe las Culturas Populares

Artículo 157. ...

Artículo 158. ...

Artículo 159. Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo y que no representen un lucro para quien las utilice.

Artículo 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular, textil o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, cuando en su utilización se pretenda un fin de lucro, deberá solicitarse a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el dictamen en el que se incluya el permiso de la comunidad o etnia para su utilización, así como mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

Asimismo, en caso de manifestaciones de arte popular o artesanal de tipo textil, en todo momento deberá establecerse lo siguiente en la etiqueta y elementos promocionales:

I. Que se trata de objetos cuyo diseño originario proviene de una etnia, comunidad o región específica de la República Mexicana;

II. Una breve descripción histórica de la región, los usos y costumbres de la comunidad a la que se hace referencia en la etiqueta y demás promocionales;

III. El número de autorización de la comunidad; y

IV. El porcentaje a manera de contraprestación, regalía o participación económica que la comunidad, etnia o región recibirá, en términos de lo establecido en la presente ley y demás legislación aplicable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para que a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se realicen las adecuaciones reglamentarias y los procedimientos para establecer los contenidos del dictamen a que se refiere el primer párrafo del artículo 160 del presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal contará con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para que a través de las dependencias correspondientes emita los lineamientos y características que deberán contener las etiquetas y elementos promocionales a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 160 y la adecuación de las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos reglamentarios que los regulen.

Notas:

1 http://whc.unesco.org/en/about/

2 http://dle.rae.es/?id=SBOxisN

3 http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultural-de-mexico.html

4 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/

5 http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?display=default &text=&inscription=0&country=00143&multinational=3 &type=0&domain=0&display1=inscriptionID#tabs

6 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content &view=article&id=696&Itemid=63

7 http://ciudadania-express.com/wp-content/uploads/2015/11/tlahuitoltepec8.jpg

8 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de enero de 2016.— Diputados: Lillian Zepahua García, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Javier Octavio Herrera Borunda (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Alicia Martínez Montoya, de la Delegación Iztapalapa, de la ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o., de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Con su permiso, señor presidente. La defensa de los derechos de las mujeres ha sido una lucha de muchos años, y aún nos faltan muchas más batallas por librar.

A pesar de los avances en la aplicación de la equidad de género y la hoy llamada paridad, en varios ámbitos del quehacer humano seguimos encontrando muestras de injusticia hacia las mujeres como la violencia obstétrica y la violencia política, que son los temas centrales de mi iniciativa, y que flagelan los derechos humanos de las mujeres.

La violencia obstétrica es cualquier acción u omisión por parte del sistema nacional de salud que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto, puerperio y en donde se expresa un trato cruel e inhumano hacia las mujeres y/o un abuso en la medicación de administración en los procesos naturales, y que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, alumbramiento y el nacimiento de un ser humano. Este tipo de violencia es más común en el sur-sureste de nuestro país, y de mayor padecimiento en las mujeres de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

La violencia obstétrica, podemos definirla como cualquier acción que agreda el proceso reproductivo natural y se exprese mediante un trato inhumano hacia la mujer por parte de cualquier persona o médico durante el proceso que implica su embarazo, pueda ser ésta psicológica, física o moral.

Por otro lado, la violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado mediante la utilización de lenguaje inapropiado, grosero, de discriminación, de humillación y burlas y críticas respecto al estado de la mujer y de su hijo, o bien el omitir u ocultar información sobre la evolución del embarazo de parte de los profesionales de la salud.

Muchas, quienes hemos tenido la bendición de ser madres, hemos vivido en mayor o en menor grado este tipo de violencia, o conocemos a alguien que la haya padecido. No permitirle ver y abrazar al bebé de manera inmediata el nacimiento sin razón, la práctica de la cesárea sin justificación médica real, histerectomías o ligaduras de trompas sin el consentimiento de la mujer, o han sido maltratadas verbal y físicamente al intentar ponerle algún dispositivo intrauterino sin su utilización. Pero mucho más grave la negación de los servicios de salud, de la madre en cualquier etapa del embarazo, o en el momento del trabajo de parto.

Bajo el nacimiento de estos hijos que terminan dando a luz en las vías públicas, en los baños, en los patios, en los hospitales, en las banquetas, en las carreteras o en el transporte público al ser rebotadas de hospital en hospital o de clínica en clínica, teniendo muchas veces como consecuencia la pérdida de la vida de la madre, del niño o de ambos.

Esto conlleva no solamente a un drama familiar, sino también a la desintegración del núcleo familiar, dejando viudos e hijos mayores en la orfandad. A este tipo de violencia se exponen más de 6 mil mexicanas todos los días, y por ello creo que está justificado que sea aceptada mi iniciativa para adicionar un numeral al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La segunda, violencia política, es cualquier acto u omisión que lesione o sea susceptible de dañar la integridad y la libertad de las mujeres que decidan ejercer el derecho político o los cargos públicos, siendo candidatas a algún puesto de elección popular o accedan a puestos de decisión o designación tanto a nivel nacional como local y/o se obstaculiza o dificulta que las mujeres participen libremente en la toma de decisiones.

Hoy vengo a decir que en nuestro país siguen existiendo diversas manifestaciones de violencia política y que muchas de las que somos diputadas e integramos la LXIII Legislatura vivimos en el pasado proceso electoral. Desde el rechazo en algunos partidos políticos a cumplir con la equidad de género, hasta hechos específicos en debates y eventos públicos en donde de manera directa o indirecta se menosprecia la labor política de las mujeres.

En mi caso, fui impugnada por razones de género, y la ley me dio la razón, pero es mi deseo colaborar con la disminución de este tipo de violencia, poco conocida para muchos, y por ello la solicitud de agregar en el numeral del artículo 6 de la mencionada ley.

El pasado 15 de octubre de 2015 este honorable Congreso modificó tres leyes para establecer como una obligación de los sistemas de salud pública la atención a cualquier mujer en emergencia obstétrica, sin importar su derechohabiencia o afiliación.

Además existe desde diciembre de 2012 un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, y desde entonces quedó claro que una emergencia obstétrica puede presentarse en cualquier etapa del embarazo, no debiendo considerarse solamente como horas previas al alumbramiento.

Sin embargo, hay algo que acordamos en esta reforma nosotros, los diputados de esta legislatura, y que aún no se ha cumplido, que –las instituciones relacionadas– se modifiquen los artículos y el reglamento en un plazo de 120 días, mismo plazo que termina este viernes, 12 de febrero, próximo.

Desde esta tribuna exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar los cambios pertinentes en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y atención médica, y al ISSSTE para que haga lo propio con el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en memoria de la señora María Rosalía Mukul Chan, originaria del municipio de Chacsinkín, Yucatán, y fallecida a los 40 años de edad el 29 de enero de 2014, dejando a cinco niños sin mamá por sufrir violencia obstétrica después de pasar casi 30 horas recorriendo clínicas y hospitales de mi estado, falleciendo, como se dice en la etnia maya, de parto.

Pido a ustedes, compañeros diputadas y diputados que integramos la LXIII Legislatura de este honorable Cámara, se sirvan aprobar lo que hoy vine a exponer ante ustedes a fin de adicionar dos numerales al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en beneficio y salvedad de los derechos humanos de la mujer mexicana. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los numerales VI y VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

La lucha por el respeto a los derechos de las mujeres ha sido una lucha que se ha dado por muchos años, y lamentablemente parece que aún faltan más batallas por pelear.

A pesar de los avances en la aplicación de la equidad de género en varios ámbitos del quehacer humano, aún seguimos encontrando muestras de injusticas hacia las mujeres como la violencia obstétrica y la violencia política que son los temas centrales de mi iniciativa.

La primera podemos definirla como cualquier acción que patologice el proceso reproductivo natural y se exprese mediante un trato deshumanizado hacia la mujer por parte de cualquier persona durante todo el proceso que implica su embarazo; puede ser física o psicológica.

En el ámbito físico, esta violencia se concretiza en prácticas invasivas como: el tacto realizado de mal manera o por más de una persona, realizar la episiotomía o perineotomía, (que es el corte del anillo vulvar para ampliar el canal blando en el parto), como una operación de rutina, el uso de fórceps sin un motivo real, la maniobra de Kristeller que consiste en colocar peso y fuerza para hacer presión sobre la mujer embarazada para supuestamente facilitar la salida del bebe, el raspaje de útero sin anestesia y sin duda la más frecuente: las cesáreas sin justificación médica y el suministro de medicación innecesaria.

Por otro lado, la violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado mediante la utilización de un lenguaje inapropiado y grosero, discriminación, humillación, burlas y críticas respecto al estado de la mujer y su hijo. O bien, omitir u ocultar información sobre la evolución del embarazo por parte de los profesionales de salud.

De manera concreta y citando a Natalia Magnone Alemán podemos enunciar, sin limitar, que son formas de violencia obstétrica:

1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

2. Obligar a la mujer a parir en una posición diferente a la que ella desee, siempre y cuando existan los medios necesarios.

3. Obstaculizar el apego precoz del niño con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente al nacer.

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

5. Practicar el parto por vía de cesárea, cuando haya condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Muchas de quienes hemos tenido la bendición de ser madres hemos vivido en mayor o menor grado este tipo de violencia, o conocemos a alguien que la haya sufrido: no permitirle ver y abrazar a su bebé de manera inmediata sin razón, la práctica de la cesárea sin justificación médica real, o han sido maltratadas verbal o físicamente al intentar instalarle algún dispositivo intrauterino sin su autorización y consentimiento.

Todas y todos recordamos los tristemente recordados casos de mujeres en Oaxaca y Chiapas que dieron a luz en la sala de espera o en el jardín del hospital.

A este tipo de violencia se exponen más de 6 mil mexicanas al día y por ello creo que está más que justificado que sea aceptada mi iniciativa para adicionar un numeral en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La segunda, la violencia política contra las mujeres ocurre cuando se impide, obstaculiza o dificulta que las mujeres accedan a los puestos de poder y participen en la toma de decisiones.

En diciembre de 2015 en Arabia Saudita se llevaron a cabo elecciones donde se permitió, por primera vez a las mujeres, votar y ser votadas. Al menos 20 mujeres ocuparán cargos públicos en ese país. Es casi increíble que en pleno siglo XXI se den estos casos.

Hoy vengo a decir que en nuestro país siguen existiendo diversas manifestaciones de violencia política y que muchas de las que somos diputadas de la LXIII Legislatura vivimos en el pasado proceso electoral. Desde el rechazo en algunos partidos políticos a cumplir con la equidad de género, hasta hechos específicos en debates y eventos públicos en donde de manera directa o indirecta se menosprecia la labor política de las mujeres. En mi caso, fui impugnada por razones de género, y la ley me dio la razón pero es mi deseo colaborar con la disminución de este tipo de violencia, poco conocida para muchos, y por ello la solicitud de agregarla en el artículo 6 de la mencionada ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Se reforma, mediante la adición de dos numerales, el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Violencia Obstétrica: es cualquier acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto y puerperio y en donde se exprese un trato cruel o inhumano hacia las mujeres y/o un abuso de medicalización de los procesos naturales, y que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, así como del alumbramiento y el nacimiento.

VII. Violencia Política: es cualquier acto u omisión que lesione o sea susceptible de dañar la integridad y libertad de las mujeres que decidan ejercer su derecho político de ser candidatas a algún puesto de elección popular, o accedan a puestos de decisión por designación, tanto a nivel nacional como local y/o se obstaculiza o dificulta que las mujeres participen en la toma de decisiones

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Natalia Magnone Alemán. Derechos sexuales y reproductivos en tensión: intervencionismo y violencia obstétrica. Departamento de Trabajo Social-FCS.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Kathia María Bolio Pinelo,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Claudia Sánchez Juárez, Eloisa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gina Andrea Cruz Blackledge, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Schrasopani Schemelensky Castro, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Karina Padilla Avila, Karla Karina Osuna Carranco, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nadia Haydee Vega Olivas, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bolio. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, vengo a presentar una nueva ley que garantice el derecho de réplica y abrogue la Ley Reglamentaria del Artículo 6o constitucional en su primer párrafo, para garantizar el derecho de réplica. Resulta muy perjudicial cuando se trata del derecho de réplica en materia electoral, ya que no garantiza la disposición, dicho sea de paso, que se aprobó el año pasado, el 5 de diciembre de 2015, no garantiza el derecho sano a la réplica.

Se debe de aclarar de manera ágil, oportuna y expedita la desinformación-propaganda por aquellos que a través de los medios pretendan deshonrar públicamente a cualquier tipo de funcionario público, o en su caso candidato o candidata o partido político.

La ley vigente contiene una serie de artilugios legales, que prácticamente les permiten a los medios de radio y de televisión protegerse a través de un blindaje legal ante cualquier procedimiento jurídico que se pudiera promover, con el objeto de que se transmita una réplica, rectificando la información. De tal forma que cuando las personas, los partidos o los candidatos se sientan agraviados u ofendidos en su honorabilidad, tanto en su vida privada como en su actuación política, por la propagación de información falta, se encontrarán en total indefensión.

Compañeras y compañeros, tal como están redactadas las disposiciones de la ley vigente, los principales sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica no son los medios de comunicación, sino los productores independientes y las agencias de noticias.

Es decir, que aunque si el promovente tuviese un proceso judicial exitoso, esto no significaría necesariamente que el medio de comunicación transmitiera la réplica porque bastara con que la agencia de noticias o el productor independiente hicieren un envío a los medios de comunicación rectificando la información.

La ley vigente establece que cuando los medios de comunicación electrónicos, como la radio y la televisión argumenten que la fuente de información fue emitida por alguna agencia de noticias o productor independiente, de manera automática queda exento de la obligación de transmitir o de permitir la réplica.

Adicionalmente esta ley excluye a las autoridades electorales como garantes de este derecho, cuando partidos o candidatos resulten afectados o agraviados en los medios de comunicación y no se contempla ninguna disposición que permita el resarcimiento del daño en materia electoral.

Además las sanciones que se prevén respecto a la negación de los sujetos obligados a emitir o publicar la réplica son tan inocuas, que no representa ningún tipo de apuro, que sea lo suficientemente intimidante para asumir una actitud responsable frente a la importancia de publicar o transmitir información veraz.

Con la ley que se propone planteo que se corrijan todos los excesos en los que se incurrió en la ley vigente. Necesitamos eliminar una especie de inmunidad que tienen los medios de comunicación cuando violenten el derecho de réplica, establecido en la Constitución. Y propongo hacer el procedimiento más expedito, para que tenga sentido la transmisión de la réplica.

En la presente iniciativa los principales sujetos obligados son los medios de comunicación, tanto los electrónicos como los escritos, porque son ellos los responsables de cuidar que la información que se transmita y publique sea veraz.

En esta iniciativa también planteo colocar, tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los principales garantes del derecho de réplica.

Finalmente, en esta propuesta que hoy pongo a consideración de esta soberanía, planteo que las sanciones para los medios de comunicación que se nieguen a transmitir o publicar la réplica, puedan llegar a alcanzar la suspensión provisional del canal o la frecuencia, a través de la cual se transmitió la información falsa o calumniosa que originó la solicitud de réplica. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General para garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, vigente en nuestro marco jurídico desde el 5 de diciembre pasado, contiene un procedimiento tan tortuoso y tan largo que prácticamente nulifica cualquier posibilidad para que sea ejercido el derecho de réplica, particularmente en lo relativo a la materia electoral. Además, la nueva ley contiene una serie de artilugios legales que les permiten a los medios de radiodifusión y de televisión blindarse ante cualquier procedimiento jurídico que se promueva con el objeto de garantizar el derecho de réplica de quienes resulten ofendidos por información falsa.

Adicionalmente, esta ley excluye a las autoridades electorales como garantes de éste derecho cuando partidos o candidatos resulten agraviados en los medios de comunicación y no se contempla ninguna disposición que permita el resarcimiento del daño en materia electoral.

Tal como están redactadas las disposiciones de la ley vigente, los principales sujetos obligados en garantizar el derecho de réplica son los productores independientes y las agencias de noticias, por lo tanto en algunas situaciones, el proceso judicial no concluye en la transmisión o publicación de la réplica sino en la etapa en la que las agencias de noticias o productores independientes envían a los medios de comunicación la réplica.

Aunque el proceso judicial podría garantizar la publicación de la réplica en medios escritos, no existe garantía alguna para que los medios de comunicación electrónicos como la radio y la televisión transmitan la réplica cuando éstos argumenten que la fuente de información fue emitida originalmente por productores independientes o por agencias de noticias.

Por otro lado, si la información falsa emitida proviene de alguna agencia de noticias internacional, no existe ningún tipo de sanción.

Finalmente, las sanciones que se prevén respecto a la negación de los sujetos obligados a emitir o publicar la réplica, son tan innocuas que no representan ningún tipo de apuro que sea lo suficientemente intimidante para asumir una actitud responsable frente a la importancia de publicar o transmitir información veraz.

Argumentos

Con la reforma constitucional al primer párrafo del artículo 6o. que fue expedida en noviembre de 2007, se estableció el derecho de réplica y se ordenó al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria correspondiente.

Posteriormente, en la reforma constitucional de telecomunicaciones expedida en junio del 2013, se volvió a insistir en la necesidad de que el Congreso expidiera una Ley para regular el derecho de réplica.

Más tarde, en el texto de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida en julio de 2014, también se señaló que el derecho de réplica sería garantizado a través de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional.

No obstante todo lo anterior, fue hasta finales de 2015, es decir, ocho años después de que se estableció el derecho de réplica en nuestra Constitución, cuando finalmente se expidió la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar el derecho de réplica.

Sin embargo, ésta nueva ley no solamente no garantiza el derecho de réplica sino que prácticamente hace nugatoria la posibilidad de ejercer este derecho constitucional, porque todas las personas que pretendan defenderse ante la emisión de información falsa o calumniosa que quebrante su honorabilidad tanto en su vida privada como en su participación política, tienen que enfrentar un largo y tortuoso procedimiento judicial ante los tribunales sin que esto signifique que la réplica sea garantizada.

La ley vigente establece que los principales responsables para garantizar la réplica no son los medios de comunicación electrónicos o los medios escritos, sino las agencias de noticias y los productores independientes, de tal forma que si el medio de comunicación en cuestión alude o cita como fuente de información a una agencia noticias o a un productor independiente, de manera automática, el medio de comunicación queda absuelto y por lo tanto está exento de la obligación de transmitir o publicar la réplica dentro de sus transmisiones o publicaciones.

La tortuosidad que implica el procedimiento jurídico que enfrentan las personas agraviadas ante los tribunales para ganar un juicio, al final, tampoco es garantía para la transmisión o publicación de la réplica porque las sanciones que marca la Ley vigente van desde una multa económica (lo cual exenta al medio de comunicación a transmitir la réplica) hasta una sentencia que instruya a la agencia de noticias o al productor independiente a que efectúe la réplica, lo cual se traduce en el envío de un desmentido a los medios de comunicación que lo transmitieron o publicaron, lo cual no obliga al medio de comunicación que transmitió la información falsa, a transmitir ninguna aclaración.

Además, en el supuesto de que existiese una orden judicial para que se realice la réplica y el sujeto obligado incurre en desacato, solo se hace acreedor a una multa económica irrisoria y en caso de reincidencia en el desacato, la multa solo se duplica.

La Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica no garantiza el derecho de réplica y tiene vicios de inconstitucionalidad, por tal motivo es necesario abrogar esta Ley y expedir una nueva Ley que corrija todos los excesos en los que se incurrió en la Ley vigente con el objeto de lograr una especie de inmunidad para los medios de comunicación que violen el derecho de réplica establecido en la Constitución.

En esta iniciativa los sujetos obligados son los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos porque ellos son los que transmiten o publican la información y por lo tanto deben ser los responsables de cuidar que lo que difundan, transmitan o publiquen sea veraz.

También planteo colocar tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como los principales garantes del derecho de réplica.

Las sanciones para quienes se nieguen a transmitir o publicar la réplica pueden alcanzar la suspensión provisional del canal o la frecuencia a través de la cual se transmitió la información que originó la solicitud de réplica.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Primero. Se expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica, para quedar como sigue:

Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar el derecho de réplica.

Artículo 2. Todas las personas tienen el derecho a que sean difundidas, publicadas o transmitidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto a datos o informaciones inexactas o falsas que sean transmitidas o publicadas por medios de comunicación.

Artículo 3. Los medios de comunicación, tienen la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas que lo soliciten en los términos previstos en esta ley.

Artículo 4. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta ley, cuando la información esté sustentada en datos erróneos, cuya divulgación genere un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico o vida privada.

Artículo 5. La rectificación o respuesta que deberán hacer los medios de comunicación para garantizar el derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse de manera gratuita.

En caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por un spot comercial o inserción pagada, el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la transmisión o publicación de la réplica a quién haya ordenado la inserción o el spot.

Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto al ejercicio del derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos o candidatos.

Capítulo IIProcedimiento para ejercer el derecho de réplica

Artículo 7. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.

Los promoventes podrán actuar por sí o por medio de representante legal.

Artículo 8. Cuando los promoventes, soliciten una rectificación de información al momento en el que se lleve a cabo una transmisión en vivo por parte de medios de comunicación audiovisual, la rectificación se hará durante la misma.

Cuando la solicitud se lleve a cabo después de la transmisión, el promovente deberá solicitar al medio de comunicación, que se garantice su derecho de réplica y el medio deberá transmitir la réplica en un plazo que no exceda de diez días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

La rectificación o respuesta que realice el medio de comunicación, tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Artículo 9. Tratándose de medios impresos, el promovente deberá presentar su solicitud al medio integrando un escrito de réplica o rectificación y el medio deberá publicarlo en un plazo no mayor a diez días a partir de la solicitud, cuidando que la publicación de réplica tenga la misma relevancia que la publicación que dio origen a la solicitud.

Artículo 10. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el medio de comunicación dedicó para difundir la información falsa o inexacta y que genera un agravio.

Artículo 11. Los medios de comunicación podrán negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica cuando la solicitud la haya realizado una persona que no tenga interés jurídico en la información controvertida, cuando la réplica sea ofensiva o cuando la aclaración de los datos o información sea inexacta o falsa.

En el supuesto anterior, los medios deberán notificarlo al solicitante a efecto de que corrija la información y ésta sea transmitida o publicada en un plazo que no exceda cinco días naturales.

Artículo 12. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será la instancia competente para conocer y resolver sobre los procedimientos que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

Artículo 13. Cuando se hayan satisfecho los procedimientos a los que hace referencia esta ley para la solicitud de la réplica y el medio de comunicación se niegue reiteradamente a publicar o transmitir la réplica, el promovente podrá recurrir ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que éste resuelva conforme a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Capítulo IIIDel derecho de réplica en materia electoral

Artículo 14. El derecho de réplica en materia electoral se ejerce de conformidad con lo establecido en esta Ley, observando lo establecido en el presente capítulo.

Artículo 15. Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que transmitan, emitan, difundan o publiquen los medios de comunicación tanto audiovisuales como escritos en términos de lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 16. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica en materia electoral, deberá iniciarse a petición del afectado.

Artículo 17. La persona legitimada para ejercer el derecho de réplica en materia electoral tendrá un plazo de tres días naturales a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar para solicitar al medio de comunicación que publique o transmita la información que se desea rectificar en los términos de los artículos 8 y 9 de ésta ley.

Artículo 18. Los medios de comunicación, tendrán dos días naturales para resolver sobre la solicitud y contarán con un día hábil para publicar o transmitir la réplica.

Artículo 19. Cuando la resolución sea refutada por el medio de comunicación, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de esta ley.

Artículo 20. Si el promovente subsana la información en términos del artículo anterior y el medio de comunicación insiste en negarse a publicar o transmitir la réplica, el promovente podrá recurrir ante la sala regional competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo de dos días naturales siguientes a la fecha en que el medio de comunicación debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta ley.

Artículo 21. Si el medio de comunicación desacata la resolución del Tribunal, se procederá ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que éste resuelva sobre la suspensión provisional del canal o frecuencia a través de la cual se transmitió la información que generó la solicitud de réplica.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 15 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al instituto:

I. a LXII. ...

LXIII. Emitir disposiciones o lineamientos para que los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos garanticen el derecho de réplica.

LXIV. Resolver sobre las solicitudes de réplica y establecer los términos y condiciones en que se transmitirán en radio y televisión.

n-Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran.

Artículo 256. ...

I. a V. ...

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de ésta ley y de la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica;

VII. a X. ...

...

Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán observar los lineamientos que emita el Instituto para Garantizar el Derecho de Réplica en términos del primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

Artículo Tercero. Se deroga la fracción IX del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I. a VIII. ...

IX. Se deroga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio y Televisión, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Saludamos la presencia de alumnos, profesores y rector provenientes de la Escuela Preparatoria de Cuautitlán, del municipio de Cuautitlán México, estado de México, invitados por el diputado Gabriel Casillas Zanatta. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a San Lázaro.

VOLUMEN II

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La diputada Lorena Corona Valdés: Con el permiso de la Presidencia. La usurpación o robo de identidad ha crecido exponencialmente en México. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ocupamos el octavo lugar mundial en este delito.

Según la Condusef durante el primer trimestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementan en un 40 por ciento al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.

El robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito, haciéndose pasar por esa persona ante terceros. Es decir, con la información contrata productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, números de seguridad social, números de cuentas bancarias, números de identificación personal, números de tarjetas de crédito y fechas de nacimiento.

Se ha hecho frecuente que por medios informáticos se obtengan de manera ilícita datos personales para utilizarles con fines económicos, imputando falsamente la conducta a los verdaderos titulares de los datos.

A esta conducta se le ha denominado suplantación o usurpación de identidad, la cual actualmente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, por lo que tenemos un vacío legal que genera impunidad. Al no existir tipos penales específicos que regulen estas conductas ilícitas en el Código Penal Federal propongo la presente iniciativa.

Primero. Tipificar la usurpación de identidad como delito autónomo, adicionándolo a un Capítulo Tercero, al Título décimo octavo, Delitos contra la paz y la seguridad de las personas, estableciendo como el bien jurídico tutelado la dignidad, intimidad e integridad personal y la seguridad jurídica respecto de la persona o identidad.

La finalidad de la conducta atípica consistiría en engañar a un tercero respecto de la identidad de la persona, con el fin de obtener un beneficio ilícito.

Y segundo. Adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar el lucro indebido que se obtiene a través del uso de la información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática en detrimento del patrimonio de la víctima.

Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como un medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados internacionales, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. La identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor.

Ante el incremento exponencial del robo de identidad no podemos permanecer indiferentes. En consecuencia, ante un vacío legal, que se está generando impunidad, propongo que legislemos para proteger la identidad y el patrimonio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Lorena Corona Valdés, diputada integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Código Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática

La usurpación o robo de identidad ha crecido exponencialmente en México. De acuerdo a información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ocupamos el octavo lugar mundial en este delito.

Según la Condusef durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.

El derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. Asimismo, la identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor.

En la actualidad, la usurpación o robo de identidad no está tipificada en el Código Penal Federal, por lo que existe un vacío legal que genera impunidad. En consecuencia, se propone regular estas conductas ilícitas en el citado ordenamiento legal.

Argumentación

“El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.”

En este sentido, el derecho a la identidad consistiría en el reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica que le permitan a un individuo ejercer su ciudadanía.

El artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su parte conducente que “Toda persona tiene derecho a la identidad...”.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México el 2 de marzo de 1981, establece obligaciones a los estados que estarían referidas al derecho a la identidad como los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 18 (derecho al nombre) y 20 (derecho a la nacionalidad).

La Convención Americana no sólo obliga a reconocer y respetar tales derechos, sino que impone el compromiso de adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para garantizar y hacer efectivos tales derechos y libertades.

El derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible.

Asimismo, la identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor. El uso de internet ha dado lugar al surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que puede estar constituida por datos personales como claves de acceso a cuentas bancarias o redes y cuyo uso es potencialmente peligroso ante su apropiación no autorizada.

El robo de identidad afecta a miles de personas en el mundo. En México, de acuerdo con la Condusef, durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.

Según la Condusef, en 2015 de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude, 2 corresponden a un posible robo de identidad. El monto reclamado por los usuarios de la banca ascendió a 118 millones de pesos, 19 por ciento más que lo reclamado en 2014. De cada 10 reclamaciones, 9 son de tarjeta de crédito y 1 de tarjeta de débito no contratadas. Para determinar las causas como posible fraude, el criterio que se empleó fue que los defraudadores utilizan los medios de pago para realizar operaciones activas o pasivas a nombre del titular y éste las objeta por no haberlas realizado.

De acuerdo a información de la Condusef, México ocupa el octavo lugar mundial en el delito de robo o usurpación de identidad.

La usurpación o robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito. Conducta que se realiza en dos pasos, el primero consiste en robar la información de una persona; es decir que una persona se apropia y utiliza de manera indebida los datos de otra persona sin su autorización y, el segundo, en que quien robó la información o datos personales se hace pasar por esa persona ante terceros para cometer un delito, es decir con la información contrata productos y servicios financieros en nombre de la víctima.

Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, números de cuentas bancarias, números de identificación personal (pin por su sigla en inglés), números de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento.

Se ha hecho frecuente que por medios informáticos o telemáticos, se obtengan de manera ilícita datos personales para utilizarlos con fines económicos, imputando falsamente la conducta a los verdaderos titulares de los datos. A esta conducta se le ha denominado suplantación o usurpación de identidad, la cual actualmente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal por lo que tenemos un vacío legal que genera impunidad.

Si bien el Código Penal Federal regula el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, particularmente, en los artículos 211 Bis 1, 211 Bis 4 y 211 Bis 5, que se transcriben a continuación:

“ Artículo 211 Bis 1. ...

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.”

“ Artículo 211 Bis 4. ...

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.”

“ Artículo 211 Bis 5. ...

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema financiero.”

De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que éstos únicamente sancionan la obtención ilícita de información, más no su uso que, por una parte, lesionaría la intimidad y su apoderamiento podría producir la usurpación o robo de identidad y, por otra parte, la conducta se realice con el fin de obtener un lucro indebido, por lo que a falta de regulación se dejaría sin protección el bien jurídico que se pretende tutelar con la presente iniciativa que es por un lado el patrimonio y por otro el derecho a la propia imagen del titular de la identidad.

No existen tipos penales específicos que regulen estas conductas ilícitas en el Código Penal Federal, por lo que se propone:

1. Tipificar la usurpación de identidad como delito autónomo, adicionando un capítulo tercero al título decimoctavo Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas del Código Penal Federal. Estableciendo como bien jurídico tutelado la dignidad, intimidad e integridad personal y la seguridad jurídica respecto de la persona o identidad. La finalidad de la conducta típica consiste en engañar a un tercero respecto de la identidad de la persona con el fin de obtener un beneficio ilícito.

2. Adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar el lucro indebido que se obtiene a través del uso de información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática, en detrimento del patrimonio de la víctima.

La propuesta de reforma resulta ineludible, toda vez que en los últimos años ha crecido exponencialmente el robo de identidad en México.

Fundamentación

Artículos 4, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal

Artículo Único. Se adicionan un Capítulo Tercero al Título Decimoctavo Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas con un artículo 287 Bis y una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título DecimoctavoDelitos contra la paz y seguridad de las personas

Capítulo IAmenazas

Artículos 282 a 284. ...

Capítulo IIAllanamiento de morada

Artículos 285 a 287. ...

Capítulo IIIUsurpación de identidad

Artículo 287 Bis.Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia para cometer el delito establecido en el presente artículo.

Artículo 387. ...

I. a XXI. ...

...

XXII. El que para cometer este delito utilice indebidamente información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 El derecho a la identidad como derecho humano. Secretaría de Gobernación. 2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Lorena Corona Valdés, Pedro Garza Treviño, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corona, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Saludamos la presencia de líderes, mujeres y hombres, de colonias de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres. Bienvenidas, bienvenidos.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, una de las expresiones más indignantes de la corrupción es aquella en la que la seguridad física de las personas o su vida se someten a amenazas reales inminentes, como consecuencia de omisiones o acciones de las autoridades.

Esto puede salvaguardar la vida de los seres humanos y la seguridad en las personas y sus propiedades. Este tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública históricamente ha sido relacionado con etapas en nuestro desarrollo político, que se generaban en expresiones de autoritarismo, aisladas y limitadas territorialmente.

Como producto de dicho desarrollo, al evolucionar y al tecnificar nuestra democracia se va generando una serie de denuncias a las que se van atreviendo en una nueva cultura as ciudadanas y los ciudadanos.

Se han abierto investigaciones e independientemente del resultado judicial de las mismas se ha logrado modificar los marcos legales. No obstante esos pequeños avances que se han logrado en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por poder contener el problema de las drogas ilícitas en nuestro país, la perversión de las autoridades de seguridad pública parecen haber crecido exponencialmente.

Hoy ya no se manifiesta a violencia de algunas autoridades en contra de la población en una función de limitar las aspiraciones de una sociedad en materia de derechos políticos sino en el aparente afán de complementar las autoridades de la delincuencia organizada.

Para combatir este fenómeno han surgido iniciativas para poder intentar cambiar las estructuras y las organizaciones policiacas que han fortalecido los programas de adiestramiento policial y el control de la calidad de confianza y trabajo de los mismos. Así que el esquema vigente de la lucha contra estas dinámicas propias de delincuencia ha planteado un ambiente de violencia social sin precedentes en nuestra historia.

Recientemente ha habido poco más de cien mil muertos durante estos años. En este sentido, algunas autoridades federales, estatales o municipales por acciones u omisiones han tolerado este tipo de actividades delincuenciales. Aún continuamos encontrando en la prensa y en los informes la participación de autoridades en ejecuciones extrajudiciales y en hechos de posible complicidad con organizaciones delictivas.

Por ello, los representantes ciudadanos debemos impulsar mecanismos que inhiban la participación de autoridades en caso, como en el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos.

En consecuencia, como diputada ciudadana planteó a esta honorable asamblea, la necesidad de establecer cambios en nuestros mecanismos de control político para que destrabe el bloque de los mismos, al menos los concernientes al defender los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, ello al precisar las cosas que las violaciones graves de los derechos humanos implica.

Asimismo planteando que la ampliación de los periodos en que permanecen las responsabilidades sobre hechos concretos de violaciones graves a los derechos humanos. Esta precisión tiene la finalidad de facilitar el funcionamiento de los órganos de poder público, constituido como un contrapeso mutuo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente decreto que reforma la fracción III del artículo 7 y diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 7 y adiciona diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las expresiones más indignantes de la corrupción es aquella en la que la seguridad física de las personas o su vida, se somete a amenazas reales e inminentes como consecuencia de omisiones o acciones de las autoridades encargadas de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas y sus propiedades.

Este tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública, históricamente ha sido relacionado con etapas de nuestro desarrollo político en que se generaban expresiones de autoritarismo aisladas, intermitentes y limitadas territorialmente. Asimismo, como producto de dicho desarrollo, al evolucionar nuestra democracia, se generaron denuncias, se abrieron investigaciones e independientemente del resultado judicial de las mismas, se logró modificar los marcos legales que hoy parecerían subsanar la acción represiva y sistemática de un gobierno contra la oposición.

No obstante los avances que se han logrado, en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por contener el problema de las drogas ilícitas en nuestro país, la perversión de las autoridades de seguridad pública parece haber crecido exponencialmente. Hoy, ya no se manifiesta la violencia de algunas autoridades en contra de la población en función de limitar las aspiraciones de una sociedad en materia de derechos políticos, sino en el aparente afán de complementar las atrocidades de la delincuencia organizada.

En consecuencia de lo anterior, este tipo de manifestaciones de corrupción, cada vez son más frecuentes, han costado la vida tanto de civiles como de funcionarios públicos comprometidos con su trabajo y generalmente se enmarcan en la apatía o incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este contexto, han surgido iniciativas para intentar cambiar las estructuras y organizaciones policiales; se han fortalecido programas de adiestramiento policial y control de confianza; se trabaja constantemente en nuevos marcos normativos y se han desarrollado mecanismos de transparencia. Sin embargo, ello, solo atiende parte del problema, pues en materia de rendición de cuentas con respecto a las omisiones y acciones indirectas de los funcionarios que toleran este tipo de corrupción no se ha trabajado para establecer o clarificar el tipo de responsabilidades políticas y facilitar el establecimiento de responsabilidades penales.

Así, el esquema vigente de lucha contra la delincuencia y las dinámicas propias de la delincuencia organizada, han planteado un ambiente de violencia social sin precedentes en nuestra historia reciente, misma que se relaciona con más de 100 mil muertes durante el sexenio pasado. En este ambiente, algunas autoridades federales, estatales o municipales, por acciones u omisiones han tolerado este tipo de actividades delincuenciales a pesar de denuncias públicas y señalamientos de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El esquema de la lucha contra la delincuencia organizada no parece tener indicios de variar radicalmente y la violencia social desplegada desde hace algunos años tampoco parece decrecer en proporciones deseables. Aun continuamos encontrando en la prensa y en los informes, la participación de autoridades en ejecuciones extrajudiciales y en hechos de posible complicidad con organizaciones delictivas.

Por ello, los representantes ciudadanos debemos impulsar mecanismos que inhiban la participación de autoridades en casos como el de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” que permanecen desaparecidos. Asimismo, es inaceptable que la clase política no actúe decididamente en contra de la proliferación de fosas clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y que parezca indolente, al no actuar de manera oportuna y decidida para definir responsabilidades políticas en este tipo de tragedias humanas.

En consecuencia, como diputada ciudadana, planteo a esta asamblea la necesidad de establecer cambios en nuestros mecanismos de control político para que se destrabe el bloqueo de los mismos, al menos en lo concerniente en defender los Derechos Humanos, especialmente el Derecho a la vida. Ello, al precisar los casos en que las violaciones graves de derechos humanos implican responsabilidad sobre las acciones u omisiones de los gobernantes. Asimismo, planteando una ampliación de los periodos en que permanece la responsabilidad sobre hechos concretos de violaciones graves a los derechos humanos. Esta precisión, tiene la finalidad de facilitar el funcionamiento de los órganos del poder público constituido como contrapesos mutuos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del artículo 7 y diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo Primero. Se reforma la fracción III del artículo 7 y diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 7.[...]

I.[...]

II.[...]

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los Derechos Humanos relacionadas con ejecuciones extrajudiciales;

IV. a VIII. [...]

Capítulo IIProcedimiento en el Juicio Político

Artículo 9.[...]

[...]

[...]

Las violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos que impliquen posibles ejecuciones extrajudiciales y que hubiesen motivado más de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin haber sido atendidas, pueden ser consideradas como pruebas suficientes para que el Congreso de la Unión formule la declaratoria de procedencia a la que alude la presente ley.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, dentro de los 6 años posteriores al término de éste si es que en ese periodo ocupa alguno de los cargos señalados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[...]

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada María Elena Orantes López(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orantes. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados. Para lograr incentivar la innovación científica y tecnológica es indispensable protegerla.

La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea, es de una importancia toral para el crecimiento nacional, pero sobre todo para proteger jurídicamente a las y los creadores del país.

Se propone una adición al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluya en dicho precepto a los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la fracción II y III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. Mediante esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza busca subrayar la gravedad del delito de falsificación a que se refiere el artículo referido.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas protegidas, producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa o con fin de especulación comercial objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas por la ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas, son actividades que están consideradas como delitos.

Sin embargo, quienes cometen estos delitos no son castigados con debido rigor de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior se explica porque anteriormente el Código Federal de Procedimientos Penales establecía que los presuntos culpables por comisión de dichos delitos no podían acceder a la libertad provisional bajo caución durante el proceso penal.

Al ser expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales dicha situación cambio, ya que tanto el nuevo código como la Constitución establecen que la prisión preventiva solo procede de manera oficiosa para ciertos casos entre los que se encuentran la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, etcétera.

La falsificación no forma parte de este presunto. Esto quiere decir que quienes cometen el delito de falsificación previsto por la Ley de la Propiedad Industrial pueden gozar de los beneficios de la libertad provisión, ya que la prisión preventiva no aplica de oficio en estos casos. En Nueva Alianza estamos decididos a poner fin a esta situación fortaleciendo el estado de derecho y la legalidad del país.

La piratería es un negocio millonario que no solo afecta la economía sino que perjudica gravemente el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

A pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esta actividad, la realidad es que México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos algunos datos que nos muestran la gravedad de esta situación.

De los países miembros de la OCDE, México ocupa el sexto lugar en materia de piratería. Más grave aún resulta el hecho de que según el Consejo Coordinador Empresarial, en nuestro país nueve de cada diez mexicanos han adquirido productos pirata en alguna ocasión; y dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública, en las ciudades, es de procedencia totalmente ilegal.

El propio Consejo Coordinador Empresarial menciona que las pérdidas estimadas para productos de software, se ha incrementado casi 600 por ciento en los últimos 10 años, calculándose en alrededor de mil 250 millones de dólares. Asimismo se afirma que el 59 por ciento de los programas instalados en las computadoras mexicanas, no tienen licencia.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, en 2014 la proyección de consumo de piratería alcanzó hasta 43 mil millones de pesos, lo que equivale al 28 por ciento más que todos los presupuestos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de Propiedad Industria, el IMPI.

En Nueva Alianza estamos profundamente comprometidos con el respeto irrestricto del Estado de derecho. En este sentido consideramos necesario fortalecer el marco jurídico a fin de poner un alto a la situación que perjudica no sólo a la industria, sino, sobre todo, a las y los creadores de nuestro país, a aquellos que tienen el deseo de innovar, de crear nuevas tecnologías, productos, procesos, métodos mediáticos, ayudas funcionales, aplicaciones, merecen que el fruto de su trabajo esté protegido por la ley mediante la fuerza del Estado.

La cultura de la ilegalidad, no debe de ser tolerada, ya que no sólo va en contra del desarrollo económico del país, sino que se desincentiva la creación y el desarrollo científico y tecnológico.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con el crecimiento y el fomento de la ciencia y la tecnología. Carecer de una efectiva protección para quienes contribuyen con esta labor, es una omisión que nos ha resultado demasiado costosa, es preciso cambiar definitivamente este rumbo.

Por ello, los invito que se sumen a este esfuerzo, a fin de fortalecer las acciones orientadas a combatir la piratería y ponerle fin de una vez por todas a este tipo de actividad. Confío, compañeras y compañeros, que esta propuesta será totalmente respaldada por ustedes. Seamos audaces, actuemos en beneficio de México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado federal José Bernardo Quezada Salas, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de falsificación de marcas protegidas por la Ley de Propiedad Industrial, en materia de tarifas, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El Acuerdo Nacional contra la Piratería suscrito en 2006 señala que por piratería debe entenderse “toda aquella producción, reproducción, importación, comercialización, venta, almacenamiento, transportación, arrendamiento, distribución y puesta a disposición de bienes o productos en contravención a los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial”.

Dentro del acuerdo antes mencionado, se señala que el fenómeno de la piratería en México constituye, actualmente, una práctica ilícita que afecta gravemente a nuestra planta productiva.

La actividad creativa se ha visto afectada por la piratería, entendiéndose como tal, de manera enunciativa y no limitativa, toda aquella producción, reproducción, importación, comercialización, almacenamiento, transportación, venta, arrendamiento, distribución y puesta a disposición de bienes o productos en contravención a lo previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, significa una afectación directa a la creación de empleos y al crecimiento económico nacional; impide a la federación la posibilidad de aumentar su recaudación; y desalienta la actividad creativa al impedir la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado, que es uno de los signos clave para evaluar la competitividad de un país.

En materia jurídica, este delito ha provocado la promoción de una “cultura de ilegalidad” que niega respeto y seguridad jurídica a los titulares de derechos y que debilita la vigencia de un estado de derecho.

Según la UNESCO, la piratería abarca desde la reproducción hasta la distribución ilegal de copias no autorizadas de productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, además de aquellos productos que no cumplen con las disposiciones legales para ser comercializados.

Según el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México” realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, CIDAC, es significativamente menos viable que la piratería penetre cadenas de valor y canales de venta altamente centralizados, como supermercados o tiendas departamentales, a diferencia, por ejemplo, de los mercados y los tianguis, donde 79 por ciento de la población adquiere los productos de imitación o pirata.

El mismo documento refiere que en 2014, se estima que el mercado sombra de la piratería le costó al país más de 43 mil millones de pesos, aproximadamente 34 por ciento del recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015. Esto sin contar el valor de las incautaciones, las pérdidas en empleos, recaudación y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores.

Estos 43 mil millones de pesos también representan 28 por ciento más que todo el presupuesto de 2015 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 34 veces más que todo el presupuesto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de una pérdida recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos por impuesto al valor agregado, IVA. Esto considerando que la pérdida podría ser mucho mayor, ya que la estimación únicamente contabiliza seis categorías de productos.

El CIDAC supra citado menciona que existe una aceptación social bastante generalizada hacia la piratería a pesar de que la mayoría de la gente sabe que es ilegal. La frase “es ilegal pero no grave” es, probablemente, lo que mejor resuma el estatus que tiene la piratería en el imaginario colectivo.

De la misma forma, existe una importante noción de ausencia o debilidad del estado de derecho y de respeto a las normas. Entre 40 y 63 por ciento de los entrevistados opinaron que “la mayoría de la gente en México incurre en conductas ilegales o poco éticas, como tirar basura en la calle, dar sobornos o mordidas, pasarse los altos, estacionarse en lugares prohibidos y manejar borracho”.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugnamos porque la piratería siga siendo en el nuevo sistema de justicia penal considerado un delito grave del cual no se pueda otorgar libertad condicional, ni mucho menos bajo fianza.

El presente proyecto de iniciativa busca que los presuntos infractores por delitos en materia de propiedad industrial sean investigados, procesados y, en su caso, sancionados, no sólo conforme a lo previsto en la Ley de la materia sino también conforme a lo dispuesto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y que como consecuencia de ello, por mandato constitucional y legal, el Ministerio Público pueda decretar el arraigo de las personas sujetas a investigación por este tipo de delitos cuando el caso así lo amerite y ya consignado el asunto ante el juez de la causa pueda seguirse el proceso penal con prisión preventiva oficiosa de los presuntos culpables, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva.

Argumentación

El 6 de abril de 2010 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la “Ley Antipiratería”, en la cual se destacan las reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer la persecución de oficio al delito de piratería y endurecer las penas contra quien venda objetos falsificados en vía pública.

No obstante, las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y la Procuraduría General de la República no dejan lugar a dudas: México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indica que ocupamos el sexto lugar en piratería a nivel global (2015), aunque el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial ubica al país en la cuarta posición, solo detrás de Rusia, China e Italia.

Así lo corroboran los más recientes datos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial acerca la comercialización en nuestro país de productos apócrifos, los cuales arrojan cifras impresionantes: nueve de cada diez películas vistas en hogares mexicanos a través de un reproductor son piratas; misma condición para siete de cada diez discos compactos, lo que ha provocado la desaparición de 7 mil puntos de venta de música legalmente establecidos.

En el caso del software en las computadoras, 58 por ciento carece de licencia –según la Business Software Alliance–, mientras que cinco de cada diez prendas de vestir provienen del contrabando o se venden con etiquetas sobrepuestas, condición que ha generado el cierre de 30 por ciento de pequeños negocios.

En cuanto a la industria del calzado, dos de cada tres tenis son falsos y tres de cada diez si hablamos de vinos y licores; en joyería, cuatro de cada diez, y en aparatos eléctricos, de cada diez.

La Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios ha señalado, que de cada 100 cigarrillos que se venden en México 17 son de procedencia ilegal.

Lo anterior no es todo, ya que el daño a la economía por piratería se extiende a los libros, perfumería, medicamentos, televisión por cable, juguetes, baterías, accesorios (bolsas, cinturones, carteras, etcétera), entre una interminable lista de productos. Los principales puntos de venta (63 por ciento) son tianguis o mercados.

El volumen de mercancías ilegales en el país (falsificación y contrabando), añade, va en aumento, ya que en 2008 de cada diez mercancías cuatro eran ilegales; a finales de 2010 eran 6 de cada 10, y 7.6 de cada diez en 2014.

Por las cifras anteriores, las y los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de la gran problemática que representa económicamente para diversos sectores la piratería en nuestro país. Por ello, buscamos que el presente proyecto de iniciativa establezca este delito en el catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, mismos que en el nuevo sistema de justicia penal se hacen acreedores a la prisión preventiva oficiosa por considerarse de alto riesgo para la población.

Anteriormente, los delitos tipificados en las fracciones II y III del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial estaban considerados como graves en el Código federal de Procedimientos Penales, y por tal motivo los presuntos culpables por la comisión de tales delitos no podían acceder a la libertad provisional bajo caución durante el proceso penal. No obstante, con la expedición del nuevo Código Nacional y la reforma integral al sistema penal federal mexicano, el Código Federal de Procedimientos Penales quedó abrogado tal como lo señala el artículo tercero transitorio del Decreto publicado el 5 de marzo de 2014, que la letra dice:

Artículo Tercero. Abrogación

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

Ahora, tanto a nivel Constitucional como a nivel legal se prevé que la prisión preventiva sólo procede cuando otras medidas no son suficientes para garantizar el correcto desarrollo del juicio y la protección de la víctima, los testigos o la comunidad; y solo se prevé la prisión preventiva oficiosa para ciertos casos, dentro de los que únicamente se encuentran la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y en caso de delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Así, el nuevo artículo 19 de la Constitución federal dispone que:

...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

Por su parte, en el artículo 16 de la Constitución se establece la definición de delincuencia organizada y se prevé que en estos casos el Ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial decrete la medida de arraigo para garantizar el correcto desarrollo de la investigación ministerial.

Artículo 16. ...

...

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia...”

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

...

Dicho mandato es replicado por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167 párrafo quinto señala que:

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

...

El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V.Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI.Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII.Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

...

Este catálogo de delitos no contempla los de falsificación previstos en la Ley de Propiedad Industrial mencionados con anterioridad, lo que significa que en la investigación, persecución y sanción de estos delitos, no es posible decretar las medida de arraigo y prisión preventiva oficiosa de los presuntos indiciados, aún y cuando dichas conductas son de gran impacto para la economía nacional y por lo general son cometidos por organizaciones bien estructuradas conformadas por más de tres personas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de vital importancia retomar la gravedad que revisten actualmente de los delitos de falsificación citados en la Ley de Propiedad Industrial, además de establecerlos como delitos parte de la Delincuencia organizada.

Actualmente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2 contempla el listado de delitos que son considerados como delincuencia organizada, siempre y cuando sean cometidos cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada esas conductas. En dicho listado no se contemplan los delitos establecidos en el artículo 223 fracciones II y III de la Ley de Propiedad Industrial, dejando un vacío legal en esta actividad delictiva.

Por lo anterior, en Nueva Alianza estamos comprometidos con el fortalecimiento de la legalidad y el combate a la delincuencia organizada, por lo que proponemos la presente iniciativa que buscará investigar, perseguir y en su caso sancionar de manera efectiva a aquellos que incurran en la comisión del delito de piratería en todas sus modalidades.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputada y diputado federales integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, , así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de falsificación de marcas protegidas por la Ley de Propiedad Industrial

Artículo 2. ...

I. a VIII. ...

IX. Delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en las fracciones II y III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en: http://www.apcm.org.mx/archivos/AcuerdoNacionalVSPirateria.pdf

2 http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexic o__1_.pdf

3 http://piracy.americanassembly.org/wp-content/uploads/2012/04/ MPEE-ESP.pdf

4 http://www.vertigopolitico.com/articulo/30473/Pirateria-imparable-en-Mexico

5 Ibíd.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de febrero de 2016.— Diputados: José Bernardo Quezada Salas, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Maria Eugenia Ocampo Bedolla, Genoveva Huerta Villegas, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardo Quezada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley de Aviación Civil.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea. Los diputados de Encuentro Social sabemos de la importancia y trascendencia de la industria turística como motor del desarrollo nacional ante la inminente decadencia de nuestra industria petrolera. Es uno de los pocos temas que hacen coincidir en el discurso y eventos a todas las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso de la Unión.

Es difícil recordar de 30 años a la fecha, algún presidente de la República que no se haya pronunciado por hacer del turismo una catapulta económica para el crecimiento de México. Sin embargo, en la actualidad no llegamos a diez puntos turísticos de gran atracción internacional y nacional, por lo que el impulso a los planes y programas que el gobierno federal en la materia merece ser fortalecido acompañado y vigilado desde el Congreso.

Por otro lado, el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones de 2013 a 2018, ha demostrado ser muy ambicioso en materia aeronáutica, hoy ya se encuentran desarrollándose los estudios preparatorios de hidráulica y suelo, del que será el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Como todos sabemos, se trata de una inversión multimillonaria que de no tomarse las medidas pertinentes, podría sufrir una subocupación que ponga en riesgo la realización de las etapas subsecuentes, dejando en simple proyecto el desarrollo integral de nuevo aeropuerto.

Además del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, nuestro país cuenta con dos aeropuertos, anclas del desarrollo turístico de nuestro país, se trata de los aeropuertos de Cancún y Los Cabos, dos importantes polos turísticos que han visto frenar el desarrollo de su sector turístico debido a la falta de conectividad que padecen ambos destinos.

Sobre el particular es evidente que una política de cielos abiertos detonaría el desarrollo de dichas terminales aéreas, convirtiéndolas en centros idóneos de conexiones de las principales líneas aéreas.

Aunado a lo anterior, el sector turístico se vería beneficiado de forma directa, pues el costo de los vuelos que representa hasta el 40 por ciento del costo de unas vacaciones, se reduciría permitiéndole a un mayor número de turistas visitar el sur, centro y norte de nuestro país, generando así de manera natural tres robustos polos turísticos de desarrollo.

¿Cuál es la relación entre infraestructura en transporte y comunicaciones y turismo? ¿Por qué es importante abatir el descomunal rezago que tenemos en competitividad en ambas materias? Para responder a estas interrogantes, voy a citar un ejemplo de manera muy específica.

Más del 97 por ciento del turismo que llega a Los Cabos, Centro Integralmente Planeado para SECTUR, tiene que hacerlo por avión; las otras alternativas son, cuando menos, complicadas y lastimosas.

Cualquier intento por expandir y explotar racionalmente el turismo hacia Los Cabos tiene que pasar de modo inmediato por la política aeronáutica, caso muy similar al de Cancún. Esta situación ha provocado que ambos aeropuertos tengan mayor número de destinos internacionales, solo por debajo del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Queda claro que la ubicación geográfica de Cancún y Los Cabos les permite gozar de un potencial para conectar no solo con América y el Caribe, sino con Europa y, de acuerdo con la tendencia actual, con Asia.

Por lo que se refiere al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se estima que su potencialidad será enorme. Según datos oficiales la inversión total será de 169 mil millones de pesos y se habrá de construir en dos fases:

En la primera, se construirán tres pistas de operación triple simultánea, lo que le permitirá atender 50 millones de pasajeros al año y 550 mil operaciones anuales. En la segunda fase, se habrá de duplicar el número de pistas a seis y con ello el número de operaciones y pasajeros recibidos.

En este sentido, nuestras autoridades de aviación civil deben de comenzar a trabajar, desde ahora, en establecer una serie de políticas públicas –como la de cielos abiertos– para dar plena viabilidad operativa y comercial al que habrá de ser el aeropuerto más grande y moderno de América Latina.

Una política aeronáutica de cielos abiertos permite a cualquier aerolínea de cualquiera de los países que la pacten en un convenio específico, operar sin restricción de frecuencias una ruta o varias rutas en particular, todo ello en un contexto de tendencia global hacia la liberalización de las fronteras incluso aéreas.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, señala en la propuesta de política para recuperar la competitividad del sector turístico y detonar el desarrollo regional, lo siguiente: Una de las propuestas para atraer más turismo al país que ha funcionado en otros países, como Malasia, es flexibilizar las libertades del aire.

De las nueve libertades que existen, México permite cuatro para empresas extranjeras, por lo que aún hay oportunidad de flexibilizar el marco normativo y permitir más libertades del aire, en particular quinta y la sexta.

Para Encuentro Social el desarrollo de nuestro sistema aeroportuario junto con la aviación comercial nacional, sólo se consigue con el esfuerzo integral de todos. Creemos que la dificultad de la nación y sus problemas debe ser abordada con seriedad. Es por eso que solicito a todas y a todos mis compañeros de legislatura de todos los partidos, a suscribir esta iniciativa, la que será punta de lanza hacia una nueva política aerodinámica mexicana acorde con el progreso al que aspiramos y el propio derecho internacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 6o de la Ley de Aviación Civil.

Único. Se adiciona una fracción XVI y se recorre la numeración al artículo 6o de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue.

Artículo 6o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas en algunas otras dependencias de la administración pública federal.

XVI: Instrumentar revisiones periódicas para actualizar el marco normativo que regule su actuación, en concordancia con lo estipulado por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La trascendencia del turismo como motor del desarrollo nacional, ante la inminente decadencia del sector energético fósil, es uno de los pocos temas que hacen coincidir, en el discurso y eventos, a todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso de la Unión.

Es difícil recordar, de 30 años a la fecha, algún Presidente de la República que no se haya pronunciado por hacer del Turismo una catapulta económica para el crecimiento de México. Y sin embargo, los avances reportados, si algunos, siempre son magros.

En la actualidad, no llegamos a 10 puntos turísticos de gran atracción internacional y nacional y no se avizora, en un futuro mediato, que tal situación viva una modificación importante, por lo que el impulso a los planes y programas que el Gobierno Federal, en la materia, merece ser fortalecido, acompañado y vigilado desde el Congreso.

Por otro lado, el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, ha demostrado ser muy ambicioso en materia aeronáutica; hoy ya se encuentran desarrollándose los estudios preparatorios de hidráulica y suelo, del que será el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que a la postre habrá de ser el aeropuerto más grande y moderno de Latinoamérica.

Como todos sabemos, se trata de una inversión multimillonaria que, de no tomarse las medidas pertinentes podría sufrir una subocupación que ponga en riesgo la realización de las etapas subsecuentes, dejando en simple proyecto el desarrollo integral del nuevo aeropuerto.

Además del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, nuestro país cuenta con dos aeropuertos anclas del desarrollo turístico de nuestro país: se trata de los aeropuertos de Cancún y Los Cabos; dos importantes polos turísticos que han visto frenar el desarrollo de su sector turístico debido a la falta de conectividad que padecen ambos destinos; sobre el particular, es evidente que, una política de cielos abiertos, detonaría el desarrollo de dichas terminales aéreas, convirtiéndolas en centros idóneos de conexiones de las principales líneas aéreas. Aunado a lo anterior, el sector turístico se vería beneficiado de forma directa, pues el costo de los vuelos -que representa hasta el 40 por ciento del costo de unas vacaciones- se reduciría significativamente, permitiéndole a un mayor número de turistas, visitar el sur, centro y norte de nuestro país, generando así de manera natural tres robustos polos turísticos de desarrollo.

¿Cuál es la relación entre infraestructura en Transporte y Comunicaciones y Turismo? ¿Por qué es importante abatir, cuanto antes, el descomunal rezago que tenemos en competitividad en ambas materias? Para responder a estas interrogantes, voy a citar un ejemplo de manera sucinta.

Más del 97% del Turismo que llega a Los Cabos -Centro Integralmente Planeado para SECTUR- tiene que hacerlo por avión; las otras alternativas son, cuando menos, complicadas y lastimosas. Así las cosas, cualquier intento por expandir y explotar racionalmente el Turismo hacia y en Los Cabos, tienen que pasar, de modo inmediato, por la política aeronáutica; caso muy similar al de Cancún; esta situación ha provocado que ambos aeropuertos tengan mayor número de destinos internacionales, solo por debajo del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Así, es claro que, la ubicación geográfica de Cancún y Los Cabos les permite gozar de un inconmensurable potencial para conectar no sólo con América y el Caribe, sino con Europa y, de acuerdo con la tendencia actual, con Asia.

¿Qué hace falta para mejorar las condiciones aeronáuticas de los dos destinos que, prácticamente, no tiene de otra? Cada vez menos. En mayo de 2011, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos se convirtió en el primero en México en contar con oficinas de Pre-Despacho o Preclearance con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que los pasajeros pre-aprobados y de bajo riesgo que viajan a o desde la Unión Americana, pueden reducir significativamente el tiempo de espera para realizar todos los trámites fronterizos y de aduanas a fin de entrar a ese país al existir kioscos ad hoc en la terminal aérea. Eso es avanzar en competitividad y, en México, estamos listos para una política de Cielos Abiertos.

Por lo que se refiere al nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, se estima que su potencialidad será enorme; según datos oficiales, la inversión total será de 169 mil millones de pesos y se habrá de construir en dos fases: en la primera, se construirán tres pistas de operación triple simultánea, lo que le permitirá atender 50 millones de pasajeros al año y 550 mil operaciones anuales. En la segunda fase, se habrá de duplicar el número de pistas a seis; además, contará con dos terminales más otras dos terminales satélites, lo cual, permitirá atender a 120 millones de pasajeros anualmente –casi la población total de nuestro país- y efectuar un millón de operaciones al año.

En este sentido, nuestras autoridades de Aviación Civil deben de comenzar a trabajar, desde ahora, en establecer una serie de políticas públicas -como la de cielos abiertos- para dar plena viabilidad operativa y comercial al que habrá de ser el aeropuerto más grande y moderno de América Latina.

Si, desde el Estado, no somos capaces de comenzar a trabajar en la liberación de las restricciones aéreas comerciales, corremos el grave riesgo de que el nuevo aeropuerto sea subutilizado y con ello se ponga en riesgo su viabilidad financiera y el desarrollo de la segunda etapa de su construcción, haciendo incluso viable alguna propuesta alternativa que por ahí alguien planteó recientemente y que, de entrada, parece inatendible.

Una política aeronáutica de Cielos Abiertos permite a cualquier aerolínea de cualquiera de los países que la pacten en un convenio específico, operar sin restricción de frecuencias una ruta o varias rutas en particular. Todo ello, en un contexto de tendencia global hacia la liberalización de las fronteras, incluso aéreas.

Desde 1944, año en que se suscribió el Convenio de Chicago o Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ya se consideraba la noción de Libertades del Aire que no son sino derechos, en el marco de la aviación comercial, reconocidos por la Comunidad Internacional y que garantizan a las aerolíneas de un Estado la posibilidad de entrar al espacio aéreo del otro y aterrizar en él. A la fecha, son dos libertades técnicas, tres comerciales y cuatro de diversa índole como sigue (subrayamos las que resultan atingentes a la materia objeto de la presente iniciativa):

Libertades técnicas

Primera libertad: el derecho de volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar.

Segunda libertad: el derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por razones técnicas.

Libertades comerciales

Tercera libertad: el derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

Cuarta libertad: el derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

Quinta libertad: el derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados.

Otras libertades

Sexta libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial entre otros dos estados vía su propio territorio.

Séptima libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio.

Octava libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado (cabotaje)

Novena libertad: Permiso referido a aerolíneas de un estado para operar en régimen de séptima libertad a partir del tercer estado más allá de su territorio.

Un documento del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denominado Propuesta de política para recuperar la competitividad del sector turístico y detonar el desarrollo regional, expresa sobre el particular:

Una de las propuestas para atraer más turismo al país, que ha funcionado en otros países como Malasia, es flexibilizar las libertades del aire. Dichas libertades establecidas en el Convenio de Chicago en 1944 rigen las pautas relativas a los vuelos y a los servicios aéreos internacionales.

De las nueve libertades que existen (...) México permite cuatro para empresas extranjeras a través de 45 convenios aéreos internacionales, por lo que aún hay oportunidad de flexibilizar el marco normativo y permitir:

1. Más las libertades del aire (en particular la 5ª y 6ª) para que se firmen convenios con países dispuestos a ser recíprocos, otorgando el derecho de embarcar y desembarcar entre dos países utilizando una aerolínea de un tercer país, con la ruta comenzando o finalizando en el país bandera. Por ejemplo permitir que una aerolínea mexicana pueda desembarcar y embarcar en un vuelo como Ciudad de México – Los Ángeles – Seúl.

2. Otorgar el derecho a transportar tráfico entre dos países extranjeros haciendo conexión en el país bandera. Por ejemplo, que una aerolínea mexicana vuele Lima – Ciudad de México – Los Ángeles. Al final, inclusive, se podría abrir al cabotaje para ciertas rutas, es decir permitir que aerolíneas extranjeras puedan volar entre dos destinos nacionales, por ejemplo que una aerolínea norteamericana vuele NY-Los Cabos -DF.

Estados Unidos, hace 9años, firmó un Acuerdo de Cielos Abiertos con la Unión Europea. Malasia, de acuerdo con el mismo IMCO, cambió de los noventa a la fecha su política aeronáutica, lo que la llevó a firmar tratados de cielos abiertos con más de 18 países y celebrar 86 tratados bilaterales ex profeso; liberó permisos para que más aerolíneas, charters, y códigos compartidos pudieran operar rutas al país y fuera del país, así como para que, aviones pertenecientes a naciones con Acuerdos de cielo abierto, operaren libremente hacia cualquiera de sus 6 aeropuertos internacionales. Del mismo modo, decidió abrir a la competencia rutas como Singapur-Kuala Lumpur y otras capitales asiáticas.

Por cuanto a nuestra realidad latinoamericana, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), en 2010 redactó el Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros de la propia CLAC, del que son parte Chile, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Honduras; Brasil y Panamá; como en otros esfuerzos, le hace falta la firma de México.

En la sexta reunión de la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, se presentó la nota informativa ATConf/6-IP/6 sobre los avances de la Región Latinoamericana en el proceso de liberalización de los servicios internacionales de transporte aéreo que, en su parte introductoria, señala:

(...)

• Para algunas autoridades aeronáuticas la liberalización de los mercados de transporte aéreo aún significa riesgos de competencia ruinosa y quisieran seguir manteniendo el sistema tradicional de regular la oferta y fijar los precios, a pesar que esto último prácticamente ya se ha superado, pues casi en la totalidad las tarifas únicamente se registran.

• Otras se han convencido que las regulaciones y restricciones frenan el crecimiento y que la libre competencia estimula a los transportadores a mejorar los servicios y a crear nuevos mercados.

• Y entre unas y otras, están aquellas autoridades que han optado por ir flexibilizando progresivamente sus políticas, para irse adaptando gradualmente a los nuevos escenarios. Teniendo en cuenta también impedimentos de índole normativo.

(...)

Como se desprende de todo lo anterior, liberar nuestra política aérea puede traer una mayor conectividad y diversificación de turistas, especial y primordialmente para nuestros destinos que vive plenamente del tráfico aéreo como son Cancún y Los Cabos, cuyos aeropuertos internacionales ya tuvieron la experiencia de ser punta de lanza en materia de avance global para México.

Para Encuentro Social, el desarrollo de nuestro sistema aeroportuario junto con el de la aviación comercial nacional, solo se consigue con el esfuerzo integral de todos; creemos que la complejidad de la Nación y sus problemas debe ser abordada con seriedad, sin mezquindades políticas y por amor a México. Es por eso que solicito a todas y todos mis compañeros de Legislatura, de todos los partidos, a suscribir esta iniciativa, la que será punta de lanza hacia una nueva política aeronáutica mexicana acorde con el progreso al que aspiramos y el progreso del Derecho Internacional.

En este sentido resulta necesario que el Gobierno de la República trabaje en el impulso de una política aeronáutica de cielos abiertos que ayude a fortalecer nuestra red e infraestructura aeroportuaria, y contribuya a la competitividad de México como destino turístico de clase mundial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil

Único. Se adiciona una fracción XVI y se recorre la numeración al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo;

II. Otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación o terminación;

III. Expedir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones administrativas;

IV. Prestar y controlar los servicios a la navegación aérea y establecer las condiciones de operación a que deben sujetarse;

V. Expedir y aplicar, en coordinación con las Secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad e higiene, de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento;

VI. Expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad y los de explotador de servicios aéreos y, en su caso, decretar la suspensión, cancelación, revalidación o revocación de los mismos, así como llevar el Registro Aeronáutico Mexicano;

VII. Establecer y verificar el sistema de aerovías dentro del espacio aéreo nacional;

VIII. Participar en los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados;

IX. Promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico;

X. Expedir y, en su caso, revalidar o cancelar las licencias del personal técnico aeronáutico;

XI. Interpretar la presente Ley y sus reglamentos para efectos administrativos, y

XII. Promover el desarrollo de la industria aeronáutica, así como la aviación comercial y no comercial;

XIII. Autorizar la práctica de visitas de verificación;

XIV. Designar o, en su caso, remover a los comandantes regionales, comandantes de aeropuertos, helipuertos y aeródromos civiles en general, así como al personal técnico especializado que preste sus servicios en los mismos; y

XV. Aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o transmitirá por vía telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida o cualquier otro medio electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas,

XVI. Instrumentar revisiones periódicas para actualizar el marco normativo que regule su actuación, en concordancia con lo estipulado con la Organización de Aviación Civil Internacional, y

XVII. Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Estas atribuciones podrán ser ejercidas a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con excepción de aquellas facultades señaladas como indelegables en el Reglamento Interior de la Secretaría, y sin perjuicio de las conferidas en el mismo a dicha Unidad Administrativa.

Notas:

1 http://www.gadling.com/2011/05/11/los-cabos-becomes-mexicos-first-destination-f or-global-entry-an/

2 http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx

3 Nuestro país se adhirió el 25 de junio de 1946 (http://www.icao. int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_ES.pdf).

4 http://dchoaeronautico.blogspot.mx/2009/03/las-libertades-del-aire.html

5 http://www.crestconference.org/Presentations/Destination%20Level%20Sustainabili ty/Ordenamiento%20territoria-Turismo%20 (Los%20Cabos%2017%20Mayo).pdf

6 http://www.portaldeamerica.com/index.php/novedades-del-portal/ item/3564-acuerdo-multilateral-de-cielos-abiertos-para-los-estados-miembros-de- la-comisi%C3%B3n-latinoamericana-de-aviaci%C3%B3n-civil

7 http://clacsec.lima.icao.int/2011-MAcuMOU.htm

8 http://clacsec.lima.icao.int/CLAC-AcuerdosMOU/Acuerdo-Cielos%20Abiertos/Ratific acion_PANAMA.pdf

9 http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ ATConf6-ip006_es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

El diputado Óscar García Barrón: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy, ante esta Cámara, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 49, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria.

Señoras diputadas, amigos diputados, el campo en México ha sido importante para el bienestar de las familias mexicanas, ahí es el espacio donde los productores del campo generan los alimentos para miles y miles de familias de este querido país de México.

El campo de México tenemos aproximadamente 3.4 millones de unidades de producción, tenemos en el campo de México 32 mil unidades de producción que son ejidos y que son comunidades, y en esos ejidos y comunidades habitan más de 32 millones de mexicanos.

El patrimonio de estas familias es el ejido, es la comunidad y es la pequeña propiedad. Este patrimonio es regulado por la Ley Agraria, esa Ley Agraria que nació el 6 de enero de 1915. Es la Ley Agraria la que da certidumbre al patrimonio de las familias del campo.

El 5 de febrero de 1917, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 se norma y se reglamenta el patrimonio de ejidos y comunidades, de pequeños propietarios, de avecindados y todas las familias que viven en el campo mexicano.

En el devenir de los años ha habido algunas reformas en este ramo de la materia agraria, y el 2 de enero de 2013 surge la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, hace tres años que surge esa reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y desaparece quien era la Secretaría de la Reforma Agraria, quien por ley llevaba todo lo relacionado para garantizar el patrimonio de los campesinos.

En esa reforma, en el artículo 41 de dicha Ley Orgánica de la Administración Pública surge la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asumiendo las funciones que le competían en ese tiempo a la reforma agraria, y la reforma agraria desaparece.

Y hoy a la fecha, después de tres años, la Ley Agraria, en sus artículos en mención, no se ha reformado. Por eso proponemos a esta soberanía la reforma a los artículos ya mencionados, para que la Sedatu, que hoy cumple las funciones en la Ley Orgánica de la Función Pública, asuma las funciones en la Ley Agraria que le compete, logrando con esto armonizar el marco jurídico que le dé certeza y vigencia al patrimonio de miles y miles de familias que viven en el ejido y en la comunidad.

Por todo lo expuesto, compañeros diputados, espero su apoyo para que en el seno de la comisión este dictamen sea a favor y se le dé certidumbre a miles y miles de familias de la gente del campo. Por su atención, muchas gracias, amigos diputados. Señor presidente, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Óscar García Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia del campo en México es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra economía nacional. Desde que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y que haya asumido la ley del 6 de enero de 1915, el problema de la reglamentación de los derechos del campo, de sus procesos productivos, los derechos y obligaciones de quienes trabajan la tierra, se ha tomado como uno de los principales puntos de la agenda política nacional. En ese sentido, el artículo 27 de su texto fundacional es la columna vertebral de toda la legislación agraria en nuestro país y en él se establecen principios generales que tratan de dar orden a los recursos naturales, a la propiedad y la tenencia de los mismos, donde sobresale el papel que el Estado mexicano juega en esas relaciones económicas, política y jurídicas.

De ese precepto constitucional han surgido diversas leyes que han regulado la actividad agraria. La primera que surgió fue la Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920 y tuvo como autoridad reguladora a la Comisión Nacional Agraria. Para noviembre de 1921 se promulgó un decreto que abrogó la Ley de Ejidos, el cual arrojó al presidente de la República la facultad de emitir un Reglamento Agrario, el cual salió a la luz jurídica el 17 de abril de 1922, el cual pretendía entre otras cosas acelerar la reforma agraria que, desde 1927 buscó repartir la tierra productiva en los ejidos y comunidades rurales. Para 1927 se crea la Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, y en el año de 1925 se estipuló la Ley Reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal, la cual, en 1927 se derivó en una Ley de Patrimonio Ejidal. Todos estos ordenamientos buscaron la repartición de tierras y la constitución de un patrimonio que beneficiara a las colectividades agrarias. Pero, no fue sino hasta el 9 de enero de 1934 cuando se estableció el Departamento Agrario, el cual atrae al ámbito de la administración pública federal la política en materia Agraria. El instrumento legal de apoyo al Departamento Agrario lo fue el Código Agrario promulgado el 22 de marzo de 1934.

Con el establecimiento de la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971 surge un nuevo orden jurídico que buscó fortalecer la injerencia del Estado mexicano en los procesos productivos, por lo cual fue creada la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual tuvo que enfrentar graves problemas de desigualdad, debido, sobre todo, al aumento poblacional. Las repetidas crisis económicas en nuestro país provocaron que decayera el intervencionismo público y que los inversionistas privados se retirasen del sector. El campo mexicano se descapitalizó y la pobreza extrema se concentró en él.

Es por eso el Estado mexicano trató, en una gran reforma en el año de 1992, de reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el atraso y la marginación, para lo cual se reforma del artículo 27 constitucional y se dictan las leyes agrarias, principalmente la Ley Agraria y la Ley Forestal.

La política agraria, con el nuevo marco jurídico, la llevó a cabo la misma Secretaría de la Reforma Agraria, pero, en razón de los problemas económicos del país y debido, sobre todo a políticas de austeridad se pensó en su desaparición en el año 2008. Para el presente régimen, el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, trató de asignarle nuevas tareas y aplicar criterios ahora enfocados al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. Es por eso que el 2 de enero de 2013 se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y establecer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para cumplir con esta histórica función agraria con una óptica acorde a los lineamientos del gobierno en funciones y la modernización del Estado mexicano.

Ante tal panorama, y con la finalidad de darle certeza y legalidad a los actos de la actual dependencia, las cuales se circunscriben en las facultades contenidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es que proponemos a este honorable pleno de la Cámara de Diputados se reformen los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria

Artículo 47....

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

Artículo 94.La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

...

...

Artículo 132.Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

Artículo 134.La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 143.Los subprocuradores y el secretario general de la procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 148.Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 160.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

...

...

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

Artículo 161.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia;

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo;

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Óscar García Barrón,Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Javier Octavio Herrera Borunda (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene la palabra ahora por cinco minutos el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Cambio Climático.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: Muy buenas tardes a todos ustedes, con tu permiso. Voy a hablar de un tema muy delicado, que ojalá y le presten atención, de medio ambiente, México tiene un millón 972 mil kilómetros cuadrados, y de los cuales el 70 por ciento lo constituyen bosques. Es decir, tenemos 138 millones de hectáreas y desgraciadamente 112 millones de hectáreas se dedican al pastoreo intensivo y los terrenos, casi el 50 por ciento, es decir, 100 millones de hectáreas están totalmente degradadas, ya no tienen ninguna utilidad.

¿Qué es lo que está pasando? Desde que el chivo, el ganado fue introducido a México, hace 500 años por los españoles, ha casi acabado con nuestros bosques y nuestros territorios.

Herodoto hablaba de que Grecia, Roma eran abundantes en bosques, España lo mismo lo era, África, y con el pastoreo intensivo se han ido degradando y destruyendo todos esos bosques.

Les voy a poner de ejemplo lo que pasa en Tehuacán. En Tehuacán tenemos la reserva de la biósfera, tenemos cactus columnares, material orgánico xerófilo, nolinas y nolináceas o patas de elefante, selva caducifolia baja. Pero principalmente, las famosas patas de elefante que crecen un centímetro por año. O sea, para que una pata de elefante alcance los 10 metros requiere mil 500 años, o una columna trajano u órgano crece 2.4 centímetros, igual el cardón gigante o candelabro (pichicerus weberi). Y resulta que desde que fue introducido el chivo hace 500 años a México ya no hay cactus jóvenes, porque el chivo llegó y se los comió a todos.

Qué es lo que hace el chivo, se supone que hay 30 millones de cabezas de ganado bovino, 7.3 de ganado ovino y 4.1 millones de ganado caprino, que yo creo que es muchísimo más que eso.

El ganado lo que tiene es que una vez que deforesta una zona, que se deforestan 150 mil hectáreas al año, llega, o sea, el chivo, el burro, el caballo, el borrego, el ganado en general arranca las plantas, normalmente los retoños, no agarra las plantas viejas, entonces, planta o árbol que empieza a florecer lo destruyen, se lo comen. Entonces, nunca dejan que se reforesten en forma artificial o repueblen en forma natural los bosques.

Entonces, tenemos en grado de escisión muchas zonas consideradas como reservas de la biósfera.

¿Qué es lo que pasa cuando no crece un árbol? Pues lógico que el ecosistema se daña porque ya no hay nidos, no hay aves, no hay depredadores, no hay halcones Harris, no hay águilas, no hay roedores, no hay coyotes, no hay zorras, no hay venados y no hay pumas. Y toda nuestra flora y fauna se ha ido extinguiendo de una forma terrible en México.

Si ustedes son observadores, cuando llueve, en la lluvia, principalmente en laderas aluviales donde hay bajadas, pues como la tierra quedó floja y le arrancó el borrego, el chivo, el ganado, la tierra se aflojó, llega el agua y se lleva millones y millones y millones de toneladas o metros cúbicos de tierra a los ríos y al mar.

Si ustedes se fijan, los ríos en las zonas de Veracruz, del Golfo están achocolatados. Y si ustedes van al mar se van a dar cuenta, donde llegan los cauces de los ríos están totalmente achocolatados por la cantidad de la tierra que se está perdiendo.

Un metro de tierra tarda un promedio de 15 mil años en formarse y en unos cuantos años con el pastoreo se destruye. Es impresionante el daño que está ocasionando el pastoreo.

Les digo que en Tehuacán el daño que hemos visto es irreversible en muchos casos, porque los cactus son viejos, pero esto se extrapola a todos los bosques. Cuando hablo de que México tiene 138 millones de hectáreas de bosque no me refiero a bosques húmedos conocidos como coníferas, también hay bosques de cactáceas, hay bosques de selva baja, de material serófilo, que son los arbustos, de selva tropical o subtropical.

Había una norma, fíjense que es lo peor, que fue abrogada el 28 de agosto de 2015, que se dedicaba precisamente a la rehabilitación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento de los terrenos forestales de pastoreo; sin embargo, fue eliminada.

Ahora, ¿Qué es lo que estamos planeando o qué es lo que estoy proponiendo aquí a ustedes en este decreto? Uno, primero establecer la obligación entre Semarnat y Sagarpa de: primero, debilitar la deforestación por el pastoreo. Segundo, que se sinergice, se implementen, se generalicen las leyes que permitan precisamente la rehabilitación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento de terrenos forestales de pastoreo.

Establecer que el pastoreo debe definitivamente evitarse, debe evitarse la deforestación por el pastoreo pero, más que nada, evitar el pastoreo en zonas que tengan algún grado de riesgo de la flora y la fauna, precisamente por lo que acababa yo de decir, y principalmente donde haya una repoblación natural o una reforestación artificial, o sea inducida.

Compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en terrenos forestales de forma sustentable. Determinar que se consideren criterios ecológicos para el aprovechamiento sustentable del suelo, tanto de los programas de manejo de las actividades agropecuarias como los apoyos a las actividades pecuarias que otorga el gobierno federal.

Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias que contribuyan a la protección y sustentabilidad del suelo por parte de la federación, estados y municipios, a fin de incidir en la reducción de emisiones de gases invernadero.

Ahora, miren, nosotros hemos hecho un experimento allá en Tehuacán. Hablamos con pastores y les dijimos: “Vamos a asesorarte, vamos a hacer invernaderos, vamos a sembrar hidroponía, sembramos lentejón, el guaje en forma de forraje y utilizamos también nopal para hidratar al chivo, al borrego.

¿Qué pasa? El animal ya no camina grandes kilómetros, no se deshidrata, gana peso inmediatamente y no sale a deforestar nuestros bosques.

Ahora, también habría que cambiar el uso de en vez de estar esperando que el chivo o el borrego tengan dos años de edad, mejor canalizarlos hacia el norte, en donde se vende el cabrito cuanto es chiquito y que no ocasione tanto daño. Como la hembra ya se le practicó ablactación, ya no está amamantando, inmediatamente ovula y vuelve a reproducirse.

Miren, en Tehuacán quisimos tener otro experimento y un bosque de mil hectáreas se cercó y nada más de dejarlo cercado después de 20 años, es impresionante la cantidad de árboles y la densidad de árboles que han crecido en forma natural.

Lo que propone el Partido Verde Ecologista de dejar en veda esos terrenos que fueron quemados o destruidos, no solo es eso, hay que evitar que haya pastoreo, porque si no todo lo que brote, pues definitivamente no se va a reponer en forma natural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente decreto. En cuanto a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues reformar los artículos 3, fracción XII; artículo 130, 131 y 163, fracción V y en cuanto a la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente, reformar el artículo 87, 99, fracción I, VII; artículo 104 y 105 de esta misma, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y en cuanto a la Ley General de Cambio Climático, reformar el artículo 34, fracción III, inciso g) de la Ley de Cambio Climático.

Que recuerden que la riqueza de un país se mide por sus bienes naturales...

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Concluya, por favor, diputado.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: ... por sus terrenos y por su tierra. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Desarrollo Forestal Sustentable, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Sergio Emilio Gómez Olivier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 130, 131 y 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 87, 99, 104 y 105 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México se ubica en el cuarto lugar entre los 17 países denominados megadiversos, que conjuntamente albergan cerca del 70 por ciento de las especies conocidas de la Tierra. En términos de bosques, nuestro país cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional.

La extensión y riqueza de nuestros bosques constituyen importantes ecosistemas biodiversos que nos ayudan a capturar carbono y amortiguar eventos hidrometeorológicos. Sin embargo, distintas zonas boscosas han sido utilizadas con sistemas de pastoreo extensivo, lo que ha conducido a una disminución considerable del potencial forrajero de estas zonas que en mucho se debe a una presión de uso que rebasa la recuperación natural de los ecosistemas, y a la ausencia de prácticas de manejo que permitan su conservación.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), gran parte del área deforestada ha sido dedicada a pasturas, y aproximadamente 50% de las áreas de pasturas se encuentran en estado de degradación derivada de prácticas de manejo no adecuadas en tierras ganaderas, quemas no controladas, prácticas de labranza inapropiadas, ausencia de coberturas vegetales y otros métodos de conservación de suelos, así como por el manejo ineficaz de la fertilidad del suelo y el sobrepastoreo, el cual afecta a 47.6 millones de hectáreas, equivalentes al 43% de la superficie dedicada a la ganadería.

En particular, el sobrepastoreo causado por el manejo inadecuado del ganado, degrada el suelo, incrementa la compactación, reduce la filtración de agua, aumenta los escurrimientos, modifica la estructura del suelo, y reduce la acumulación de materia orgánica; además provoca cambios en la vegetación natural, desplaza, disminuye o elimina especies de flora y fauna silvestre, disminuye la población de especies perennes forrajeras e incrementa la de las especies menos productivas, y disminuye la biodiversidad en general.

El Programa Nacional Forestal 2014-2018 establece, con base en un estudio 1, que en México se estimó que en el periodo 2000 a 2005, la deforestación neta anual fue de 235 mil ha por año, en tanto que para el periodo 2005 a 2010 fue de 155 mil ha por año, cifra que actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización, de las cuales nueve mil correspondieron a bosques templados y 146 mil a selvas.

Por su parte, la ganadería extensiva en nuestro país, ocupa una superficie de 112 millones 743 mil hectáreas (57.3% del territorio nacional). De esta superficie 68.5% son áreas de pastoreo en ecosistemas naturales, las cuales dan albergue a 29.4 millones de cabezas de ganado bovino, 7.3 millones de ovinos y 4.1 millones de caprinos, distribuidos en 909 mil, 53 mil y 261 mil unidades de producción, respectivamente (INEGI, 2009).

En suma, la deforestación y la degradación de las pasturas llevan a la pérdida de la biodiversidad, a la compactación y erosión de los suelos, a que se incremente la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global. La pérdida de bosques y su deterioro contribuyen con 14 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero del país o GEI (Tercera comunicación Nacional ante la CMNUCC, INE, 2006, México).

Es imprescindible lograr que la ganadería extensiva y semi-extensiva de nuestro país se convierta en una actividad efectivamente sostenible, es decir, que permita a los productores obtener ingresos para tener una vida digna, sin deteriorar al ambiente y con la posibilidad de seguir manteniendo a generaciones futuras, como establece la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dentro de las principales estrategias para mitigar el problema de la degradación de los pastizales o agostaderos, se encuentran los programas de ajuste de carga animal en las unidades de producción y las prácticas de mejoramiento de pastoreo y agostaderos, las cuales conllevan beneficios ecológicos que repercuten en la recuperación y conservación de los recursos naturales en un período de tres a cinco años.

Hay que consdierar que los terrenos forestales de pastoreo, además de proporcionar alimento para el ganado y la fauna, proporcionan al hombre plantas alimenticias, medicinales, ornamentales, melíferas, de uso industrial y productos forestales; son parte importante de las cuencas hidrológicas y su vegetación protege al suelo de la erosión, son también, auxiliar básico para retener el agua de lluvia, alimentar los mantos freáticos, y para establecer áreas de recreación, por lo que deberán manejarse con criterios de sustentabilidad.

Al mejorar la condición se protege el suelo, se incrementa la infiltración de agua, se tiene mejor calidad del hábitat para fauna y se conserva la biodiversidad. Los beneficios económicos se reflejan en mejores índices productivos: porcentaje de pariciones, peso al nacimiento y al destete, salud de los animales y kilogramos de carne. Mientras que también se obtienen beneficios para la población rural, pues una mejor producción, crea arraigo y sustento para las familias; mientras que para la población en general, los pastizales y praderas aseguran la calidad del aire, cantidad y calidad de agua así como espacios de esparcimiento.

Desde la Ley Forestal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y su Reglamento, se incorporaron disposiciones contra la deforestación, particularmente se buscó que a través de la expedición de normas oficiales mexicanas se garantice la sustentabilidad de las actividades económicas considerando las condiciones necesarias para la preservación o restauración de los terrenos forestales de pastoreo, así como la conservación de los recursos existentes en los mismos.

Por lo cual, se creó la Norma Oficial Mexicana NOM-020-RECNAT-2001, Que establece los procedimientos y lineamientos que se deberán observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo para coadyuvar en el restablecimiento, mantenimiento e incremento de los recursos naturales y la capacidad productiva de la biodiversidad de los ecosistemas.

Se estableció que dicha NOM es de observancia obligatoria para quienes realicen actividades pecuarias y faunística, cuyo sustento se base en el aprovechamiento de la vegetación forestal natural o inducida, en terrenos forestales, y que la vigilancia del cumplimiento de la misma corresponde a la Semarnat, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las infracciones de la misma se sancionarán en los términos de la Ley Forestal, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Cabe comentar que en el diagnóstico del Programa Nacional Forestal 2014-2018, se estableció que “Los actores del sector forestal perciben un marco jurídico complejo en cuanto al complicado entramado de leyes, reglamentos y normas que aplican a todas las actividades que se lleven a cabo en terrenos forestales, lo cual incrementa los costos para incursionar en actividades de aprovechamiento sustentable de terrenos forestales y desincentiva la atracción de inversiones”.

Por lo cual se propuso como una de las estrategias del Programa: Impulsar un marco normativo que promueva y facilite el desarrollo forestal sustentable. De tal forma, que el pasado 28 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de dicha Norma por parte del Ejecutivo Federal, al considerar:

• Que el fundamento jurídico de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SEMARNAT-2001 fue la Ley Forestal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1992, misma que fue abrogada por la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, por lo que la categoría de terreno forestal de pastoreo no está vigente, siendo éste el campo de aplicación de la referida Norma Oficial Mexicana.

• Que con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el nivel de aplicación de la Norma Oficial Mexicana es prácticamente nulo y genera confusión respecto al trámite para obtener autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

• Que se realizó un análisis de pertinencia de esta Norma concluyéndose que su nivel de aplicación es muy bajo, que el fundamento jurídico es impreciso y se consideró que una mejor alternativa para atender la problemática, desde una perspectiva en la reducción del impacto ambiental en la ganadería, es mediante la elaboración de instrumentos conjuntos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Es nuestra obligación como legisladores preocupados por el medio ambiente y el cambio climático el controlar y evitar toda actividad que implique una disminución de nuestra biodiversidad, como resulta la deforestación, al ser uno de los principales problemas ambientales en nuestro país.

En este sentido, al considerar la autoridad que ya no se requiere una norma oficial mexicana que apoye a la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo, y ser este una de las causas principales de deforestación de nuestros bosques que debe regularse con mayor precisión, proponemos actualizar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico y la Ley General de Cambio Climático, con las siguientes propuestas:

• Eliminar la obligación de contar con una Norma Oficial Mexicana para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo, por las razones expuestas.

• Establecer la obligación de coordinarse la Semarnat y la Sagarpa, para la definición de medidas tendientes para combatir la deforestación que ocasiona el pastoreo; así como para introducir y generalizar prácticas de protección, aprovechamiento y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias.

• Establecer que el pastoreo deberá evitarse en los terrenos con presencia de especies y subespecies de flora y/o fauna en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial y, en áreas forestales que se destinen a la repoblación o reforestación natural o inducida y/o donde haya evidencia de alteración del suelo, durante el periodo en que esté en peligro la vegetación y los suelos de referencia.

• Compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en terrenos forestales y preferentemente forestales de forma sustentable.

• Determinar que se consideren criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo en los programas de manejo de las actividades agropecuarias, como en los apoyos a las actividades pecuarias que otorgue el Gobierno Federal. Es importante comentar que a nivel federal existen unos 30 programas sociales, agroalimentarios y ambientales (PROAGRO productivo, PROGAN, PRONAFOR, Oportunidades, Opciones Productivas, Jóvenes Emprendedores Rurales, etc.) relacionados con el mantenimiento de la productividad de las tierras y el control de su degradación, por lo que deben estar orientados más eficientemente al manejo sustentable de las tierras.

• Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan a la protección y sustentabilidad del suelo, por parte de la Federación, estados y municipios, a fin de incidir en la reducción de emisiones de gases invernadero.

Con esta reforma, los diputados federales del Partido Acción Nacional buscamos garantizar la sustentabilidad de las actividades ganaderas preservando o restaurando los terrenos forestales de pastoreo lo que significa, la reducción de los gases efecto invernadero del país y abonar a la preservación del suelo y al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, contribuyendo así al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, 130, 131 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley:

I. a XI. ...

XII. Compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en terrenos forestales y preferentemente forestales de forma sustentable;

XIII aLII....

Artículo 130. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerámedidas tendientes a prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; rehabilitar, mejorar y conservar los terrenos forestales de pastoreo;determinar coeficientes de agostadero; evaluar daños a suelos y pastos; regular los procesos de reforestación y restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar las actividades silvopastoriles.

Artículo 131. ...

...

...

...

...

El pastoreo deberá evitarse en áreas forestales que se destinen a la repoblación o reforestación natural o inducida y/o donde haya evidencia de alteración del suelo, durante el periodo en que esté en peligro la vegetación y los suelos de referencia.

Artículo 163.Son infracciones a lo establecido en esta ley:

I. a IV. ...

V. Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en contravención del reglamento;

VI. a XXIV. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 87, 99, 104 y 105 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87. ...

No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que se garantice su reproducción controlada y el desarrollo de poblaciones de las especies que correspondan. El pastoreo deberá evitarse en los terrenos con presencia de especies y subespecies de flora y/o fauna en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial.

...

...

...

...

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:

I.Los apoyos a las actividades agrícolas y pecuariasque otorgue el Gobierno Federal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la protección y sustentabilidad del suelo yla progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. a VI. ...

VII. Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de manejo,protección y restauración de suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas;

Artículo 104. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las demás dependencias y entidades competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección, aprovechamiento y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental que deben realizar previo al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la zona.

Artículo 105. En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

I. a II. ...

III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad:

a) a f) ...

g) Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan a la protección y sustentabilidad del suelo y a fortalecer el combate a incendios forestales.

h) a i) ...

IV. a VI. ...

Transitorio

Único.El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Análisis de la dinámica de cambio de los recursos forestales del país, realizado por la Conaford, con información de las Cartas de Uso de Suelo y Vegetación (Series IIv3r, III y IV) del Inegi para el Informe Nacional de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputados: Sergio Emilio Gómez Olivier,Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con su permiso, compañera presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como diputado y presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, distinción que desde luego me honra, he podido destacar vivamente la relevancia que tiene el concepto de la separación de Poderes como esencia misma de la República.

La muy larga transición hacia la democracia en nuestro país, ha tratado en resumidas cuentas de restituir primero e ir consolidando después esos equilibrios entre los tres Poderes de la Unión, para lograr una convivencia sana y útil entre estos y con el conjunto de la sociedad. No ha sido fácil viniendo de una tradición presidencialista exacerbada y en alguna época podríamos decir hasta absoluta.

La inyección de oxígeno que ha significado la lucha por la democracia impulsada por los partidos y por la sociedad civil, ha sintetizado la lucha entre el conservadurismo de antaño y el progresismo contemporáneo, pues más allá del debate acerca de las necesarias reformas profundas de nuestra Constitución Política hoy vigente, la iniciativa que pongo a su consideración tiene que ver con la afirmación soberana del Poder Legislativo –que representamos nosotros– frente a la posible tentación autoritaria de cualquiera que ocupe la titularidad del Ejecutivo en su momento.

Se trata de acotar de manera razonable los plazos para que el titular del Ejecutivo federal ejerza su facultad para emitir los reglamentos que resultan indispensables para aplicar las leyes vigentes y también para dotar al Poder Legislativo de la facultad de revisar dichos reglamentos para garantizar que sus contenidos vayan acorde con la ley o artículo constitucional que pretenden regular, en aras de la correcta aplicación de las leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de la sociedad en su conjunto.

En las últimas dos décadas se ha observado que los titulares del Ejecutivo federal han abusado de su facultad constitucional para expedir los reglamentos que para su correcta aplicación requieren las leyes, ya que reiteradamente han rebasado los plazos o simplemente no han emitido los reglamentos requeridos, o han hecho reglas sumamente complicadas o, peor aun, han expedido reglamentos contrarios a la esencia de las leyes que deben regular.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir lo actos materialmente legislativos de mayor jerarquía y, por tanto, tiene la autoridad para velar que ningún otro poder desvirtúe el contenido y el sentido de las leyes y decretos por la vía de la facultad reglamentaria o simplemente por la omisión de expedir el reglamento correspondiente.

Por ello es indispensable realizar una reforma constitucional para atemperar la facultad que tiene el Ejecutivo federal para expedir los reglamentos de manera discrecional. Recordemos que el Congreso se ha visto, en no pocas ocasiones, en la penosa necesidad de exhortar al Ejecutivo federal para que acate la obligación de expedir los reglamentos necesarios en los términos del artículo 89 de nuestra Constitución.

Compañeras y compañeros, la iniciativa que les propongo, prevé para el titular del Ejecutivo que, para la expedición y publicación de los reglamentos en el Diario Oficial de la Federación, tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles computados a partir de que cobre vigencia la ley o la reforma respectiva. En caso de no hacerlo, el Congreso citará a comparecer al secretario de Gobernación, o secretaria, en su caso, para que explique los motivos de tal incumplimiento.

Los reglamentos que expida el Ejecutivo deberán ser congruentes con las disposiciones contenidas en las leyes o reformas. En caso contrario el Congreso podrá pronunciarse en queja ante el propio titular del Ejecutivo, para que subsane las incompatibilidades en un plazo no mayor a 30 días.

Se mantiene la posibilidad, tal como lo establece la Carta Magna, de acudir a la controversia constitucional en caso de que las diferencias de interpretación entre ambos poderes, subsistieran sobre determinado marco jurídico y su reglamentación.

También en esta iniciativa se dota al Congreso de las facultades para analizar y garantizar que los reglamentos expedidos por el titular del Ejecutivo sean compatibles con las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, así como para expedir los reglamentos de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión o por el constituyente permanente, una vez que haya expirado el plazo de 30 días conferido para este propósito al Ejecutivo federal. De eso se trata la iniciativa que hoy pongo a su consideración. Es cuanto, diputada presidenta; por su atención y en espera de su apoyo, muchas gracias, amigas y amigos diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

La presenta iniciativa pretende acotar, de manera razonable, los plazos para que el titular del Ejecutivo federal ejerza su facultad para emitir los reglamentos que resultan indispensables para aplicar las leyes vigentes, y también para dotar al Poder Legislativo de la facultad de revisar dichos reglamentos para garantizar que sus contenidos vayan acordes con la ley o artículo constitucional que pretende regular, en aras de las correcta aplicación de las leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de la sociedad en su conjunto.

Argumentos

El Poder Legislativo ha ido recuperando sus facultades legislativas esenciales a lo largo de las dos últimas décadas, ya que en los años del hegemonismo del partido casi único la competencia legislativa, en los hechos, era prácticamente exclusiva del presidente de la República. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que, a manera de resistencia o simplemente de una reminiscencia nostálgica del pasado, el Titular del Ejecutivo Federal ha abusado de su facultad constitucional para expedir los reglamentos que para su correcta aplicación requieren las leyes, ya que reiteradamente ha rebasado de manera arbitraria los plazos, o simplemente no ha emitido los reglamentos requeridos, o ha hecho reglas sumamente complicadas como son las famosas “reglas de operación” para la aplicación del gasto público, o lo que es peor, ha expedido reglamentos contarios al espíritu de las leyes que pretende regular.

Es sabido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación sistemática del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, ha advertido que el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 párrafo primero no se estableció atendiendo a un criterio material, precisando en forma abstracta que el supremo poder se divide, para su ejercicio en tres funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, sino que a la vez se plasmó este principio, al fijar las atribuciones de los tres poderes que se le confirieron indistintamente atribuciones que materialmente corresponden a un diverso poder, reservándose, a los poderes legislativo y judicial la potestad para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y judiciales de mayor jerarquía, en el orden jurídico nacional, circunstancia que se aplica por el hecho de que históricamente se había buscado fortalecer a estos dos poderes con el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno en nuestro sistema constitucional.

En este sentido no cabe la menor duda que el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir los actos materialmente legislativos de mayor jerarquía, por un lado, respecto de la legislación interna emitida por éste, reconociéndose su especial jerarquía al incorporarse en el inciso f) del artículo 72 de la Ley Fundamental, el principio de autoridad formal de las leyes y, por otro, en relación a los Tratados Internacionales celebrados y suscritos por el Titular del Ejecutivo Federal, cuya validez en el orden jurídico nacional se condicionó a su ratificación por parte de la Cámara de Senadores.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distingue en las mismas básicamente por dos razones; la primera, por que provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y que no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. Así mismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de la ley y el de subordinación jerárquica a la misma.

El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas al Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular.

El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle en los que encuentre su justificación y medida.

Así la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que esta consigna; por lo tanto, en tales materias es de dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del presidente de la República, dado que este atribución del Titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.

De esta interpretación jurídica se desprende la gravedad de la omisión del Ejecutivo para expedir un reglamento, o más aún, la gravedad de la falta en que incurre el Ejecutivo cuando expide un reglamento que contraviene el sentido de la ley cuya aplicación pretende regular.

Si bien es cierto que el Constituyente, al asentar el principio de la división de poderes en ninguna disposición reservó al Poder Legislativo la emisión de la totalidad de los actos materialmente legislativos, al Ejecutivo los actos materialmente administrativos, o al Judicial, los materialmente jurisdiccionales, no existe sustento alguno para sostener que se trasgrede el principio en comento por el hecho de que un acto formalmente legislativo se confiere a una autoridad administrativa, o judicial, la facultad de emitir disposiciones de observancia general, pues ello no implica ni transitoriamente, que las facultades reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo se depositen en un individuo o que se reúnan dos o más poderes en una sola persona o corporación.

De hecho el Titular Ejecutivo tiene la facultad por disposición del artículo 71, fracción I, para iniciar leyes o decretos ante cualquiera de las dos cámaras del Congreso, y tiene por disposición del artículo 72 constitucional la facultad de observar las mismas y devolverlas a la cámara de origen, y también tiene la facultad y la obligación de promulgar y ordenar la publicación de las leyes o decretos aprobados en el Diario Oficial de la Federación por mandato del mismo artículo 72 constitucional.

Es decir, no cabe la menor duda de que el presidente de la república tiene facultades legislativas centrales, y obviamente tiene facultades administrativas esenciales. El Poder Legislativo tiene facultades legislativas esenciales y algunas del orden administrativo esenciales para la operación del gobierno, como resulta ser la facultad que tiene la Cámara de Diputados para discutir, analizar, modificar y finalmente aprobar el decreto con el Presupuesto Federal anualmente, como lo mandata el artículo 74 de la Constitución.

Sin embargo, está claro, de acuerdo con la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir los actos materialmente legislativos de mayor jerarquía, y por tanto, tiene la autoridad para velar que ningún otro Poder desvirtúe el contenido y el sentido de las leyes y decretos por la vía de la facultad reglamentaria, o simplemente por la omisión de expedir el reglamento correspondiente.

En complemento de todo lo anterior, es indispensable realizar una reforma constitucional para atemperar la facultad que tiene el Ejecutivo Federal para expedir los reglamentos de manera prácticamente discrecional y caprichosa. Está claro que cuando una atribución constitucional permite abusos, significa que no está armonizada con el debido equilibrio que deben guardar los poderes entre sí, lo cual trastoca uno de los principios esenciales para la democracia y, por tanto para la justicia.

Continuamente el Congreso de la Unión se ve en la penosa necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal para que dé el debido cumplimiento a la expedición de reglamentos necesarios para la exacta observancia de las leyes, como lo exige el artículo 89 de nuestra Constitución Política.

En los últimos gobiernos, se ha usado de manera constante, como arma contra el pueblo, la facultad de expedir los reglamentos, es decir, o bien éstos no se emiten, o se emiten en periodos cada vez más prolongados de tiempo, o se emiten de plano en abierta violación a la ley que pretenden detallar.

Este es el último bastión que ha encontrado el Ejecutivo para vetar o contravenir una ley después de la reforma constitucional al artículo 72, que estableció en su apartado B, las disposiciones necesarias para anular la facultad discrecional que tenía el presidente para ser omiso con la publicación de una ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación, ya que en ese apartado B del artículo 72 quedó plasmado el supuesto de que pasado el plazo de treinta días que le otorga al presidente la fracción I del artículo 89 constitucional para observar una ley o decreto, y regresarlo a la Cámara de origen, y pasado otro plazo de diez días para promulgarla y publicarla, en caso de no hacerlo, es decir, en caso de que el presidente no hubiere observado la ley o el decreto en treinta días, y tampoco la hubiere promulgado ni publicado en los diez días posteriores, esta facultad constitucional se le confiere al presidente de la Cámara de origen de la ley o decreto en comento, siendo esta autoridad la que puede ordenar al Titular del Diario Oficial de la Federación la publicación de dicho ordenamiento en el curso de otros diez días.

Una vez que ha sido desmantelada la práctica del “veto de bolsillo” por el Constituyente permanente, tristemente se ha observado que los reglamentos se han utilizado para obstaculizar la actividad del Congreso de la Unión. O, para decirlo en otros términos, se usan como un inusitado veto en contra de las leyes aprobadas por ambas Cámaras, lo cual, al final de cuentas, golpea a la sociedad en su conjunto y de manera específica a sus partes más débiles. Es decir, si la omisión de la elaboración y la expedición de los reglamentos resulta ser en todos casos criticable, más aún lo es en presencia de leyes de naturaleza social.

Por sólo poner un ejemplo, en varias ocasiones, se solicitó al Ejecutivo federal que emitiera el reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, ley indispensable para proteger la vida, integridad y dignidad, sobre todo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Sin embargo, el titular del Ejecutivo, se negó repetidamente a emitir este reglamento de mínima justicia, lo cual generó interrogantes de toda índole.

Para lograr el propósito que persigue la presente iniciativa, debemos de darle al Congreso de la Unión, la facultad de revisar el contenido de los reglamentos para garantizar que éstos no contravengan el espíritu de las leyes que justamente pretenden regular, y también hay que fijarle al Ejecutivo Federal un plazo perentorio para su correcta elaboración y emisión, de lo contrario, una vez rebasado ese plazo, esa facultad pasaría a ser una facultad de la Cámara de origen del ordenamiento en cuestión.

Es intención de la presente iniciativa, reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para darle mayor fuerza al Poder Legislativo en cuanto a la facultad de revisión de los reglamentos que expida el Ejecutivo garantizando que se respete en todo tiempo y se desarrolle al detalle para su correcta aplicación la pretensión del legislador al aprobar determinada ley o decreto.

También se le da la facultad a cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para llamar a comparecer al Secretario de Gobernación para que explique sobre la omisión o tardanza en cuanto a la expedición de un reglamento determinado, como medida de apremio y esclarecimiento, y también para que explique, de ser el caso, los contenidos que a juicio del Poder Legislativo, controviertan el espíritu y el propósito de la ley o decreto motivo del reglamento en cuestión.

Se mantiene la posibilidad, tal como lo establece la Carta Magna, de acudir a la controversia constitucional en caso de que las diferencias de interpretación entre ambos poderes subsistan sobre determinado marco jurídico y su reglamentación, caso en el cual interviene el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia para resolver el citado diferendo como última instancia.

Por lo anteriormente expuesto y razonado, y bajo el siguiente

Fundamento Legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona la fracción XXX y XXXII del artículo 73 constitucional, recorriéndose la actual fracción XXX a la XXXI; se reforma la fracción I del artículo 89, y se adicionan dos párrafos, segundo y tercero, al artículo 92 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. XXIX...

XXX. Para analizar y garantizar que los reglamentos expedidos por el titular del Ejecutivo sean compatibles con las leyes expedidas por el Congreso de la Unión

XXXI.Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

XXXII. Para expedir los reglamentos de las Leyes aprobadas por el Congreso de la Unión o por el Constituyente permanente, una vez que transcurra el plazo conferido para este propósito al presidente de la República.

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I.Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Para la expedición de los reglamentos, el presidente tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, computados a partir de que cobre vigencia la ley o la reforma respectiva.

II a XX. ...

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Una vez promulgadas las Leyes o las reformas que expida el Congreso, el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el reglamento respectivo en un plazo no mayor a 30 días naturales. En caso de no hacerlo, el Congreso citará a comparecer al Secretario de Gobernación para que explique los motivos del incumplimiento de su labor.

Los reglamentos que expida el Ejecutivo deben ser congruentes con las disposiciones contenidas en las Leyes o reformas, en caso contrario, el Congreso podrá pronunciarse en queja ante el titular del Ejecutivo para que se subsanen las incompatibilidades en un plazo no mayor a 30 días.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. En la actualidad sabemos tanto por experiencia histórica, como por observación directa, que el desarrollo en ausencia de paz no solamente es complicado, sino básicamente imposible.

En ocasiones, situaciones aparentemente estables en un país pueden sufrir cambios, tanto inesperados como provocados, que debilitan ese estado y provocan una situación de crisis. En dicho estado de anarquía, cualquier país ve mermado su desarrollo y se sumerge en una situación de estancamiento que afecta a todas las esferas de bienestar.

Por todo lo anterior, hemos de convenir que la paz es un bien imprescindible para el adecuado desarrollo de un país o un área geográfica. Una condición necesaria para el correcto desarrollo de los pueblos.

Sin embargo, la paz precisa de ayuda para mantenerse, dicha ayuda la encontramos en nuestras Fuerzas Armadas, las cuales constituyen el brazo armado de la nación, y no son un elemento exógeno de la sociedad, sino que son parte de la misma, con la misión de mantener su defensa.

Hay que tener claro que sin el gran compromiso y entrega que se ha demostrado tanto en el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México, en su lucha contra el crimen organizado, nuestro país estaría en una situación mucho más comprometida de lo que se encuentra en la actualidad.

Todos los años mueren por la patria soldados en cumplimiento de su deber, en total desde 2006, 468 miembros de la Sedena han fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico.

En cuanto respecta a los marinos, en el cumplimiento de su deber, según datos proporcionados por la Secretaría de Marina, 61 de sus elementos fueron asesinados entre el 2006 y el 2015.

Para evitar que el esfuerzo de estos héroes que han dado su vida para proteger a la sociedad de los peligros que implique el crimen, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde proponemos un día para honrar a nuestros compatriotas caídos, ya que su sangre ha sido una ofrenda de sacrificio y valor para México, evitando con ello su recuerdo se desvanezca.

Así pues, proponemos que el primer viernes del mes de mayo, se establezca como día de la conmemoración por ser la fecha en que en el año 2015 el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó diversos ataques prácticamente simultáneos en el estado de Jalisco, que dejaron ocho militares muertos y un elemento de la policía estatal, además de derribar un helicóptero bimotor de combate Cougar, los supuestos miembros del grupo criminal incendiaron 36 vehículos, 11 bancos y 5 gasolineras en diversas zonas de la entidad, en lo que se recuerda como uno de los peores ataques por parte de un grupo delincuencial hacia las fuerzas de seguridad del Estado.

Dicho día pretende ser una conmemoración al valor humano y un recuerdo de todos aquellos soldados y marinos mexicanos que murieron en combate, para que nuestro país siga siendo un país de leyes y un país de libertades. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sara Paola Gálico Félix Díaz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad sabemos, tanto por experiencia histórica como por observación directa, que el desarrollo en ausencia de paz no solamente es complicado, sino básicamente imposible.

En ocasiones, situaciones aparentemente estables en un país pueden sufrir cambios, tanto inesperados como provocados, que debilitan ese estado y provocan una situación de crisis.

En el caso de nuestro país, desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico a inicios de su sexenio, la situación de seguridad en México se erosionó significativamente, generando durante su sexenio la vergonzosa cifra de 121 mil muertes violentas.

Y es que dicha situación de inestabilidad afecta todos los órdenes de nuestra vida: el político, el económico y el social, estos sectores son sumamente sensibles a la situación global del país y están íntimamente conectados entre sí. De ahí que cualquier país desarrollado o en vías de desarrollo azotado por un conflicto armado ve, cuando menos, detenido su progreso.

Por todo lo anterior, hemos de convenir en que la paz es un bien imprescindible para el adecuado desarrollo de un país o un área geográfica, una condición sine qua non para el correcto desarrollo de los pueblos.

Sin embargo, la paz precisa de ayuda para mantenerse, actividades como las que realizan diariamente nuestras Fuerzas Armadas o las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las fuerzas armadas mexicanas constituyen el brazo armado de la nación y no son una parte externa a la sociedad, sino que son parte de la misma sociedad y su misión es la defensa de la misma.

Hay que tener claro, que sin el gran compromiso y entrega que ha demostrado tanto el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México en su lucha en contra del crimen organizado, nuestro país, estaría en una situación mucho más comprometida de lo que se encuentra en la actualidad. Todos los años mueren por la Patria cientos de soldados en cumplimiento de su deber.

Cada vez que se pierde la vida de un soldado, marino o policía, para la sociedad y los medios de comunicación resulta un asunto cotidiano y sin importancia, sin embargo, dicha situación debería generarnos gran indignación, ya que perdemos a un defensor de la patria y de los valores que a ésta inspiran.

En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 111 militares han sido asesinados por el crimen organizado o han muerto en accidentes relacionados, mientras que 22 elementos más se encuentran en calidad de desaparecidos, lo anterior, de acuerdo con la información de la página de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, desde el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012, periodo durante el cual gobernó el Presidente Felipe Calderón, ocurrieron en total 357 decesos de militares, en su mayoría ejecuciones.

En total, desde 2006, 468 miembros de la Sedena han fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico.

En cuanto respecta a los decesos de marinos en el cumplimiento de su deber, según datos proporcionados por la Secretaría de Marina (Semar), 61 de sus elementos fueron asesinados entre 2006 y 2015.

Para evitar que el esfuerzo de estos héroes que han dado su vida para proteger a la sociedad de los peligros que implica el crimen, proponemos un día para la recordación de los caídos, evitando con ello que su recuerdo se desvanezca en la memoria colectiva de los mexicanos.

Dicho día pretende ser una conmemoración al valor humano y un recuerdo de todos aquellos soldados y marinos mexicanos que murieron en combate para que nuestro país siga siendo un país de leyes y libertades.

Y es que en muchos países del mundo es común que una vez al año se celebre un día para la recordación de los caídos, por ejemplo, en Estados Unidos se festeja el Memorial Day, en donde muchos estadounidenses celebran el día visitando cementerios o memoriales, manteniendo reuniones familiares y participando en desfiles.

Por su parte, en el Reino Unido, se celebra el Poppy Day (Día del Recuerdo) en conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial y en recuerdo de los soldados caídos durante esa conflagración.

En Israel, se celebra el Yom Hazikaron, el día en recuerdo de los caídos en las guerras de Israel y de las víctimas del Terrorismo, por ley, todos los lugares de ocio están cerrados, se celebran ceremonias en recuerdo de los caídos por todo el país y las banderas ondean a media asta.

Incluso en las Naciones Unidas se recuerda a los caídos, ya que el 29 de mayo, el vicesecretario general, Jan Eliasson, depositó una corona de flores en reconocimiento a todos los cascos azules que han muerto durante el desempeño de sus labores en campo, y es que desde que se fundaron las Naciones Unidas, cientos de valerosos hombres y mujeres han perdido la vida en esta misión.

Reconocemos pues la entrega diaria y el desempeño profesional de los militares mexicanos en las distintas tareas y misiones encomendados por el pueblo mexicano, por ejemplo, cuando tenemos una contingencia causada por un desastre natural, cuando trabajan en favor de la paz, cuando realizan labores de reforestación y cuando realizan actividades para preservar nuestros mares.

En síntesis, tenemos que admitir que en la época moderna, hemos actuado como un país de poca memoria, sobre todo al no reconocer la gran valía de nuestras fuerzas armadas, pero el impulso de no olvidar es innato, y la presente iniciativa es un ejercicio para sanar, reparar y honrar la memoria de las fuerzas armadas, aún en medio del conflicto.

Así pues, proponemos que el primer viernes de mayo se establezca como día de la conmemoración por ser la fecha en que en 2015 el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó diversos ataques prácticamente simultáneos en el estado de Jalisco que dejaron 8 militares y un elemento de la policía estatal fallecidos. Además de derribar un helicóptero bimotor de combate Cougar, los supuestos miembros del grupo criminal incendiaron 36 vehículos, 11 bancos y cinco gasolineras en diversas zonas de la entidad, en lo que se recuerda como uno de los peores ataques por parte de un grupo delincuencial hacia las fuerzas de seguridad del Estado.

No obstante el impacto del ataque referido, emergen del mismo historias de fortaleza y amor por la vida que dan testimonio del espíritu con que nuestros soldados, marinos y demás fuerzas de seguridad combaten al crimen organizado, es el caso del policía federal Iván Morales Corrales, quien sobrevivió al atentado y quien fue homenajeado en diciembre pasado por el Presidente Peña Nieto.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional

Artículo Único.Se reforma el inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 18.En los términos del artículo 15 de esta Ley, la bandera nacional deberá izarse:

a) ...

b) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

El primer viernes del mes de mayo:

Conmemoración del día nacional del soldado caído

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz(rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Galico. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su permiso, diputada presidenta. Nuestros pueblos y comunidades indígenas han existido sin el Estado y con él; y tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social, cultural del Estado.

A los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a exigir a sus propios representantes, de acuerdo a sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos para ejercer su derecho político electorales. Además, en ejercicio de su derecho político, conforma parte del Estado mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargo populares con base a la legislación electoral vigente.

La preocupación por la participación y representación política de los indígenas no es reciente, pero sí ha cambiado de enfoque y de sentido, pues se han promovido la participación y representación política de los pueblos originarios bajo diversas formas y modalidades. Sin embargo, la presencia de legisladores indígenas en el Congreso de la Unión es mínima.

En el caso del Senado, al menos dos legisladores indígenas fueron electos por el periodo de 1994 a 2000. Asimismo, en posteriores legislaturas no es... senadores indígenas. En esta representación nacional el promedio de diputados de origen indígena a las tres legislaturas anteriores equivale a menos del 1 por ciento del total de los legisladores.

Aún falta mucho por hacer para conseguir una verdadera inclusión a los indígenas y para lograrlo se pretende superar al asistencialismo mediante una política de reconocimiento cultural y de la libre determinación de los pueblos indígenas y de su autonomía. Es cuanto, señora diputada.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Modesta Fuentes Alonso, diputada federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 53, 54, 56, 116 y 122 constitucionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los pueblos y comunidades indígenas del país han existido sin el Estado y con él, y también han sido actores silenciosos en los movimientos sociales, como la Independencia y la Revolución.

Hoy en día, los pueblos y comunidades indígenas siguen alzando su voz en todo el país, han emprendido una serie de acciones políticas y jurídicas para la defensa de su participación política, su derecho a la igualdad y no discriminación.

En el Constituyente de 1824 se plasmaron los ideales libertarios al plantear una república democrática federal, con la idea de crear una unidad cultural en donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y son considerados como iguales.

El Congreso Extraordinario General Constituyente de 1856-1857 y las Leyes de Reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez García, regresaron a la Constitución las bases liberales y progresistas que sentaron las transformaciones sociales y económicas que impulsarían el desarrollo del país, de la separación de las funciones de la iglesia y el Estado pero, fundamentalmente, fue el sustento de legitimación de la restauración de la República.

En la Revolución Mexicana la participación de los indígenas es fundamental. Ellos también reclamaron mejores condiciones de vida. Pero, lejos de alcanzar su propósito, se generaron retrocesos en su contra.

En 1916 Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la cual la cuestión indígena no era un tema prioritario en la agenda nacional pues no se profundizó en sus derechos para plasmarlos en el texto constitucional. Éstos habrían de quedar englobados dentro de la clase social campesina, exclusivamente relacionados con el problema de la tenencia de la tierra, al que se le dio respuesta con el artículo 27 constitucional.

Para los constituyentes de 1916-1917, los indígenas eran campesinos y, por lo tanto, no ameritaban un tratamiento diferente al resto de la clase.

Es en 1989 que México adoptó el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue ratificado el 5 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991.

El Convenio adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende proteger. El primer principio general y fundamental del Convenio número 169 es la no discriminación; establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos; los modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos; el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales y finalmente establece que tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

El 28 de enero de 1992 se publicó el Decreto en el cual se adiciona un primer párrafo al artículo 4° de la Ley Suprema para incorporar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Pese a lo anterior, las condiciones de desigualdad y la falta de oportunidades seguían siendo una constante para los pueblos.

Es en 1994 que se desarrolla el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas que fue una organización armada constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón.

El movimiento introdujo un planteamiento radicalmente diferente al predominante hasta entonces: buscar movilizar a la población por sus demandas inmediatas y contra las políticas de Estado, con el objetivo de desarrollar la conciencia de sus derechos colectivos; así como lograr que los funcionarios gobiernen obedeciendo, así el EZLN introdujo otro objetivo, otro estilo de hacer política e hizo desaparecer cualquier posibilidad de convertir el zapatismo en un instrumento que sirviera para alcanzar diputaciones, gubernaturas y demás cargos funcionariales o electorales.

Así, en 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, los cuales fueron compromisos y propuestas conjuntas para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.

El propósito central de estos acuerdos era terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios.

En 2001 se publicó el 15 de agosto de 2001, el decreto por el cual se promulga la llamada “Ley Indígena”, que pretendía resolver las causas que dieron origen al levantamiento de los indígenas chiapanecos agrupados en el EZLN.

La Asamblea General de la ONU, en 2007 aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma.

El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Derivado de lo anterior, podemos inferir que los indígenas han llevado a cabo una lucha constante para el reconocimiento de sus derechos, entre otros, los derechos político-electorales.

El código político de 1917, en sus artículos 35 y 41, los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos mexicanos, son: votar, ser votado, asociarse, y afiliarse. Además de los derechos fundamentales vinculados con estos, como la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de información, la libertad de prensa y el derecho de reunión.

En el artículo 2o. de nuestra ley fundamental establece que a los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a elegir a sus propios representantes de acuerdo a sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos, para ejercer sus derechos político-electorales.

Este derecho político-electoral indígena, está relacionado con el reconocimiento a los sistemas de gobierno, ya que implica que éstos pueden elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno. Asimismo, que en ejercicio de sus derechos políticos, por formar parte del Estado mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargos populares con base a la legislación electoral vigente.

Una característica distinta en la aplicación y ejercicio de los derechos político-electorales indígenas en relación con los derechos político-electorales del resto de la población, es que las particularidades del voto constitucionalmente establecido son: directo, secreto, individual y libre, pero en los Derechos Político Electorales Indígenas, generalmente, se ejercen de forma diferente en cada comunidad, con base en sus usos y costumbres, por lo tanto a veces no cumplen con los principios del voto.

Ningún pueblo indígena es igual a otro entonces ninguna cultura es idéntica a otra, por lo tanto las elecciones de sus representantes varían en cada pueblo y comunidad. Por lo que la designación de las autoridades locales se realiza, en su gran mayoría, sin la intervención directa de partidos políticos. La elección se hace en asambleas que reúnen a un número variable de ciudadanos que adquirieron derecho a participar por haber cumplido con su servicio comunitario.

Por otro lado, si el sistema jurídico es un grupo de normas válidas aplicadas en una sociedad, en el caso de las comunidades indígenas, este sistema está integrado por normas escritas y no escritas. En las primeras, la función legislativa crea una jerarquía jurídica que garantiza los derechos político-electorales indígenas y en las segundas, son los “usos y costumbres” propios de cada comunidad, los que norman la conducta de los indígenas.

Para garantizar la protección de los derechos político-electorales de los indígenas en el ámbito externo (para Presidente de la República, diputados federales y senadores, en donde votan y son votados a través del sistema de partidos, al igual que en las elecciones locales para gobernadores, jefe del gobierno y diputados locales), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas resoluciones que a su vez han generado diversos criterios.

En el ámbito externo del ejercicio de los derechos político-electorales de los indígenas, es a través de los partidos políticos que las minorías del país pueden ser representadas, y es en los estatutos y documentos básicos de los partidos donde debe encontrarse la declaración de los derechos político-electorales indígenas y la obligación que tienen para postular candidatos indígenas, lo que se traduce en acciones afirmativas, pues se llevan a cabo acciones jurídicas para superar las desigualdades.

Así, en 2001 se presentó, por primera vez, una impugnación referente al registro de candidatos indígenas a diputados de representación proporcional, lo que dio origen a la Tesis I/2004, en donde se resuelve que para la inclusión de los indígenas en las candidaturas que se postulen, no basta la afirmación de que se tiene la calidad de indígena, sino que se exige demostrar claramente que se es representante de alguna comunidad indígena, lo que implica que tenga vinculación con una entidad asentada en algún pueblo o región indígena, o bien, con un comité de base que se haya autodefinido como tal. La resolución del Tribunal Electoral dejó como referencia la Tesis XI/2004.

Posteriormente, en 2013 se impugnó un acuerdo emitido por el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, en el cual por segunda vez se le negaba a una asociación el registro como partido político local, por no haber cumplido con el porcentaje mínimo (1.5 por ciento) de representatividad en Oaxaca. De lo anterior se creó la jurisprudencia 3/2013, y a raíz de la resolución del mencionado asunto se emitió la Tesis XXXI/2012 en la cual se estableció que es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, interpretar los derechos humanos de la manera más favorable a la persona y que la calidad de indígena constituye una condición extraordinaria que debe ser tutelada y protegida.

La protección de los derechos indígenas es un verdadero desafío, por lo tanto, no sólo en el incremento del número de legisladores indígenas, sino en la calidad y en la sustancialidad de su representación política; y el problema a resolver radica menos en la definición de los objetivos que en la identificación de los medios adecuados para alcanzarlos.

Por otra parte, la preocupación por la participación y representación políticas de los indígenas no es reciente, pero sí ha cambiado de enfoque y de sentido, en tiempos más recientes, se promovió la participación y representación políticas de los pueblos originarios bajo diversas formas y modalidades. Entre ellas, destacan el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los consejos supremos que se crearon para cada grupo lingüístico a raíz del Congreso Indigenista de Pátzcuaro en 1975, con vistas a incorporar las reivindicaciones indígenas a la Confederación Nacional Campesina.

Pero la iniciativa más visible para incrementar el número de legisladores indígenas se concretó entre 2003 y 2004, cuando el Instituto Federal Electoral integró plenamente criterios étnico-lingüísticos en la nueva delimitación de los 300 distritos uninominales en los que se eligen los diputados de mayoría relativa. De esta forma, se especificó una medida de discriminación positiva que había sido propuesta tanto en los Acuerdos de San Andrés así como en la reforma constitucional de 2001.

La presencia de legisladores indígenas en el Congreso de la Unión es añeja, ya que se registra desde 1988, aunque por supuesto son minoría. En el caso del Senado, al menos dos legisladores indígenas fueron electos para el periodo 1994-2000. Asimismo en la LIX y LX legislaturas, salvo excepciones que no se asumen como tales, en general no se identifican senadores indígenas.

En la Cámara de Diputados el promedio de diputados de origen indígena en la LIX, LX y LXI legislaturas es de 4.5 lo que equivale a menos de 1 por ciento del total de los legisladores y durante la LXII Legislatura apenas el 3.5 por ciento fueron de representación indígena: de los 500 legisladores, sólo 17 provenían de esa pauta racial.

En virtud de todo lo anterior, es que el Grupo Parlamentario de Morena propone que en cada una de las circunscripciones plurinominales para la elección de diputados federales y senadores, por lo menos se incluya a un indígena en los cinco primeros lugares de las listas correspondientes.

De ahí que precisamos que en las cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país y en cada una de ellas, por lo menos se incluya a un indígena en los cinco primeros lugares.

En cuanto a los 200 diputados de representación proporcional que se asignara a los partidos políticos atendiendo a su votación, excluimos de tal reparto, en las cinco circunscripciones a cinco indígenas, uno por cada circunscripción.

En cuanto a los 32 senadores por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional incluimos también a un indígena en los cinco primeros lugares.

En tratándose de las entidades federativas planteamos que por lo menos, se incluya a un indígena en cada una de las circunscripciones plurinominales en los cinco primeros lugares.

En suma, planteamos el pleno respeto a la igualdad y no discriminación de los pueblos originarios de nuestro país, por lo cual los incorporamos en los cinco primeros lugares de todas y cada una de las circunscripciones plurinominales, para incluirlos en el Congreso de la Unión y en todos los Congresos de los estados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 53, 54, 56, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, Apartado A, fracción III, 53, párrafo segundo, 54, fracción III, 56, párrafo segundo, 116, fracción II, y 122, Apartado A, fracción II y fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

...

...

...

A. ...

I. y II. ...

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados y en cada una de las circunscripciones plurinominales para la elección de diputados federales y senadores, por lo menos se incluirá a un indígena en los cinco primeros lugares de las listas correspondientes. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV a VIII. ...

B. ...

...

I. a IX. ...

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país y en cada una de ellas, por lo menos se incluirá a un indígena en los cinco primeros lugares. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. ...

I. y II. ...

III.Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes y atendiendo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

IV. a VI. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y en ella, por lo menos se incluirá a un indígena en los cinco primeros lugares. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Artículo 57. a 115. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

...

...

...

a) ...

b) ...

...

II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra, y por lo menos, se incluirá a un indígena en cada una de las circunscripciones plurinominales de las entidades federativas y de la Ciudad de México en los cinco primeros lugares.

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por cuatro periodos consecutivos e incluyendo en cada una de sus circunscripciones electorales a un indígena, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, incluyendo en éste último principio, cuando menos a un indígena, en los términos dispuestos en el párrafo anterior y de conformidad con lo que establezcan sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

...

...

...

...

...

...

III. a IX. ...

Artículo 122. ...

A. ...

I. ...

II.El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, y en éste último principio se incluirá por lo menos a un indígena, por un periodo de tres años.

...

...

...

...

...

...

...

...

III. a V. ...

VI. ...

...

...

a) Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo, y en cada una de las alcaldías por éste principio, por lo menos se incluirá a un indígena en los cinco primeros lugares. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a los ordenamientos jurídicos a más tardar el 30 de septiembre de 2016.

Artículo Tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y el presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Artículo Quinto. En la elección federal de 2018 se incorporarán, a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, seis legisladores indígenas, según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en las circunscripciones plurinominales nacionales en términos de lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo Sexto. En la elección federal de 2018 se incorporará, a la Octava Legislatura de la Asamblea Legislativa, un legislador indígena, por el principio de representación proporcional y en su caso, en la Constitución de la Ciudad de México se observará lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1 Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

2 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

3 Tesis XXVIII/2015, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sistemas normativos indígenas. Las autoridades municipales deben respetar la decisión de una asamblea, sobre el método de elección adoptado por los pueblos y comunidades, cuando éste garantice los derechos de sus integrantes.

4 Tesis I/2004.Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación. Medios de Defensa Intrapartidarios. Es optativo hacerlos valer, cuando entre el acto de autoridad y el acto del partido político exista íntima e indisoluble relación.

5 Tesis XI/2004. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Medios de Defensa Intrapartidarios. Es optativo hacerlos valer, cuando entre el acto de autoridad y el acto del partido político exista íntima e indisoluble relación.

6 Jurisprudencia 3/2013. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Registro de Partidos o Agrupaciones Políticas. Garantía de Audiencia.

7 Tesis XXXI/2012. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comunidades indígenas. Debe maximizarse el derecho de asociación en el procedimiento de registro de partidos políticos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputada Modesta Fuentes Alonso(rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Fuentes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, somos muy pocos, pero este debate que estamos dando aquí es muy importante para todas y todos los mexicanos, porque ellos son los que nos van a escuchar y nos van a votar cuando les toque.

La iniciativa que presento el día de hoy es para reformar la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las y los diputados ciudadanos hacemos eco de las demandas de la población y esta es el combate a la corrupción en los ámbitos público y privado.

Diversos estudios demuestran que la corrupción causa un grave daño a la economía del país y es necesario realizar políticas públicas para erradicarla, encaminadas a prevenir y, en su caso, sancionar estas prácticas nocivas.

Dentro del marco de creación del sistema nacional anticorrupción previsto en nuestra Norma Fundamental, según se desprende de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se destaca que se sancionarán los actos de corrupción cometidos tanto por particulares como por autoridades. Sin embargo, en el caso de estas últimas y no obstante que el sistema de responsabilidades administrativas actualmente en vigor prevé a los servidores públicos que incumplen con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades y que encuentran su reflejo en las leyes locales de las entidades federativas, cuando eventualmente como consecuencia de que se acredite su responsabilidad, llegan a ser destituidas e inhabilitadas para ocupar empleo, cargo o comisión en el gobierno federal.

Es muy fácil entonces que burlen esta disposición, pues pueden ser contratados en gobiernos estatales o municipales.

Consideramos que es pertinente establecer en nuestra Constitución que ningún servidor público que sea inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, pueda volver a desempeñarse en ninguna de ellas por el tiempo en que dure la inhabilitación.

Los diputados y las diputadas ciudadanas estamos convencidas de que todos los mexicanos debemos contribuir a eliminar la corrupción y un elemento de los muchos que deben estar incluidos en las leyes es el que propone la iniciativa que hoy les vengo a presentar.

Al saber los servidores públicos, de cualquier ámbito, que sin son inhabilitados no podrán trabajar en ningún espacio gubernamental, se cuidarán de no incurrir en actos de corrupción.

La reforma propuesta es a la fracción III del artículo 109 y propone lo siguiente. Se aplicarán sanciones administración a los servidores públicos por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanciones de dichos actos y omisiones. Ningún servidor público que haya sido destituido e inhabilitado podrá, durante el tiempo que dure esta, desempeñar empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la federación de los estados o de los municipios ni en órganos constitucionales autónomos a los correspondientes a los estados. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa por la que se reforma la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el Partido de Movimiento Ciudadano hacemos eco de las demandas de la población, una de ellas, de gran relevancia, es la que se relaciona con el combate a la corrupción en los ámbitos público y privado.

Diversos estudios demuestran que la corrupción causa un grave daño a la economía del país y que es necesario realizar políticas públicas para erradicarla. Estas políticas públicas deben encontrar su reflejo en las leyes que permitan prevenir y, en su caso, sancionar estas prácticas nocivas.

Dentro del marco de creación del sistema nacional anticorrupción previsto en nuestra norma fundamental, según se desprende de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se destaca que se sancionarán también los actos de corrupción cometidos tanto por particulares como por autoridades.

Sin embargo, en el caso de éstas últimas y no obstante que el sistema de responsabilidades administrativas actualmente en vigor prevé sanciones a los servidores públicos que incumplen con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades, y que encuentran su reflejo en las leyes locales de las entidades federativas, cuando eventualmente, como consecuencia de que se acredite su responsabilidad llegan a ser destituidas e inhabilitadas para ocupar empleo cargo o comisión en el gobierno federal, es muy fácil que burlen esta disposición, pues pueden ser contratados en los gobiernos estatales o municipales.

De igual forma cualquier servidor público municipal o de los estados que fuera destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en un gobierno municipal o estatal puede emplearse en el gobierno federal, dejando sin efecto el espíritu de la reforma en materia de responsabilidades de servidores públicos que es el que no pueda trabajar en la administración pública.

Consideramos que es pertinente establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 109, fracción III, el que ningún servidor público que sea inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal pueda volver a desempeñarse en ninguna de ellas por el tiempo que dure esa inhabilitación.

Una disposición de este tipo no resulta violatoria del artículo 5o. constitucional en cuanto a la libertad de trabajo, ya que como bien se establece en este precepto esta libertad de trabajo solo puede restringirse por determinación judicial o por resolución gubernativa.

En consecuencia ser inhabilitado para trabajar en los gobiernos federal, estatal o municipal, no implica que no pueda desempeñarse en el sector privado.

Un elemento fundamental del estado de derecho es que todo servidor público rija su actuación con base en las competencias y atribuciones que la ley le otorga y que cualquier incumplimiento a las obligaciones que tiene sea sancionado.

En el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción el Poder Legislativo federal y el de los estados, deberán legislar en la expedición de las leyes generales y particulares en materia de responsabilidad de los servidores públicos, y se tendrá que incluir la incompatibilidad plateada en la siguiente iniciativa.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que todos los mexicanos debemos contribuir a eliminar la corrupción y un elemento, de los muchos que deben estar incluidos en las leyes es el que se propone en la siguiente iniciativa.

Al saber los servidores públicos de cualquier ámbito que si son inhabilitados no podrán trabajar en ningún espacio gubernamental, se cuidarán mucho de no incurrir en actos de corrupción.

Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 109. ...

I. ...

...

II. ...

...

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanciones de dichos actos u omisiones.

Ningún servidor público que haya sido destituido e inhabilitado podrá, durante el tiempo que dure la inhabilitación, desempeñar empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la federación o los estados ni en los órganos constitucionales autónomos o los correspondientes de los estados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación e Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos deberá establecer la incompatibilidad materia del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputadas: María Candelaria Ochoa Avalos,Brenda Velázquez Valdez(rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Competitividadde la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 18 fracciones X y XXI párrafo cuarto; y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,presentada por el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Las y los Diputados integrantes de esta Comisión analizaron el contenido de la iniciativa, con el objeto realizar observaciones y/o comentarios los cuales fueron integrados al presente dictamen.

Esta Comisión de Competitividad es competente para conocer y resolver respecto a la iniciativa, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 73 fracciones XXIX-E y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 80 numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV y 167 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta Asamblea en siguiente:

DICTAMEN

Por cuestión de método y estudio, esta dictaminadora procederá a reunir y dar cumplimiento a los elementos exigidos por el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en un orden distinto al señalado, es decir, en algunas ocasiones en forma agrupada y en otras en lo individual, por lo que el dictamen se presenta en los siguientes términos:

I. Metodología para el Estudio y Análisis

En el apartado de Antecedentes,se describe el proceso legislativo que la iniciativa ha tenido, a partir de que fue presentada, hasta el turno del expediente a ésta dictaminadora.

Por lo que respecta al apartado de Contenido y Objeto de la Iniciativa, se realiza una descripción de la misma, destacando los elementos más importantes, entre ellos, el planteamiento del problema.

En el apartado de “Consideraciones”,los integrantes de esta Comisión dictaminadora, realizan un análisis y valoración de los argumentos del iniciador, con base en el contenido de diversos ordenamientos legales y el texto normativo propuesto.

Finalmente en el apartado de “Cuadro Comparativo”,hace una comparación de la norma actual y la modificación propuesta.

II. Antecedentes

1.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 14 de octubre de 2015, se dio cuenta con la “Iniciativa que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” presentada por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.-Mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-91de fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura la iniciativa señalada con anterioridad para su dictaminación.

3.-La Comisión de Competitividad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se instaló el día 15 de octubre del año en curso, por lo que de conformidad con el artículo 182 de Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentra en tiempo y forma para emitir el presente dictamen.

III. Contenido y Objeto de la Iniciativa

De los antecedentes de la iniciativa, se desprende que la misma tiene por objeto homologar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con las modificaciones hechas al Reglamento Interno de la Secretaría de Economía publicada el 14 de enero de 2013, respecto a la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y la creación del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Por lo anterior propone las siguientes modificaciones en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa:

a)Integrar al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y

b)Precisar que el Consejo contará con un secretario técnico a cargo del Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.

IV. Consideraciones

Primera.-Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en adelante LDCMIPYME)fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, teniendo por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación y regulación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante MIPYMES):

La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

La Ley es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público. ”

a)Definición de MIPYMES.

De conformidad con la fracción III del artículo 3 de la LDCMIPYME, define a las MIPYMES como las “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría (Secretaría de Economía), de común acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros define a las MIPYMES como “...unidad económica operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios.

b)Objetivos de la LDCMIPYME.

En este mismo sentido, esta dictaminadora estima necesario señalar los objetivos de la LDCMIPYME:

Son objetivos de esta Ley:

:

Lasbases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las MIPYMES en el marco de esta Ley;

Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, de los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y

Las bases para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES.

:

Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales;

La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPYMES;

El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes;

Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación de los Sectores;

La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa aplicable;

Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas;

Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES;

La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, e

La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas Productivas. ”

Segunda.-Que el 14 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Secretaría de Economía”.

De las modificaciones realizadas a dicho Reglamento, se destacan la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor.

Tercera.-El Instituto Nacional del Emprendedor, es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto

En concatenación con lo anterior, el Instituto Nacional del Emprendedor tiene seis objetivos:

• Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor;

• Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de Emprendedores y MIPYMES;

• Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y MIPYMES;

• Fomentar el Acceso al Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES;

• Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de Emprendedores y MIPYMES; y

• Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.

Cuarta.-Martin Boodman define la armonización como “... el proceso en el cual diversos elementos son combinados o adaptados unos a otros para formar un todo coherente, reteniendo al mismo tiempo su individualidad”.

En este sentido, la armonización normativa puede darse de forma horizontal (Federación – Entidades Federativas – Municipios) o transversal, y tiene por objeto eliminar las diferencias entre los diversos ordenamientos legales, que pudiesen generar algún vacío legal.

De lo señalado con anterioridad, esta dictaminadora coincide con el iniciante, en virtud que después de casi tres años no se han realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cuanto a la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y reconocer sus facultades y atribuciones del Instituto Nacional del Emprendedor.

Quinta.-Finalmente, y de conformidad con los artículos 80 numeral 1 y 82 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta dictaminadora considera necesario modificar el artículo 3 de la LDCMIPYME, con el objetivo de que se incluya dentro de su marco conceptual al INADEM.

V. Cuadro Comparativo

A continuación se señalan las modificaciones propuestas por el iniciante y esta dictaminadora:

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Competitividad, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la unión, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 18 y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Único.-Se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.a XV. ...

XVI.Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa o en el Distrito Federal se establezca para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

XVII.Reglamento: El Reglamento de esta Ley,y

XVIII. INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.

Artículo 18.El Consejo estará conformado por 31 integrantes:

I.a IX. ...

X. El Presidente del INADEM;

XI.a XXII. ...

...

...

En las ausencias del presidente del Consejo, el Presidente del INADEM asumirá dichas funciones.

Artículo 19.El Consejo contará con un secretario técnico a cargo del Presidente del INADEM, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos Estatales en lo conducente.

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Tercero.En tanto no sea modificado el Reglamento a que se refiere el transitorio segundo, respecto a las facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose las normas vigentes al Instituto Nacional del Emprendedor.

Notas:

1 https://www.inadem.gob.mx/index.php/conoce-inadem

2 https://www.inadem.gob.mx/index.php/nuestro-equipo

3 Boodman, Marti, “The myth of Harmonization of Laws”, The American Journal of Comparative Law, Vol.39, núm. 4, 1991, p. 702.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Competitividad, diputados:Héctor Peralta Grappin (rúbrica), presidente; Martha Hilda González Calderón, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Susana Osorno Belmont (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), Eduardo F. Zenteno Núñez (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, María Chávez García (rúbrica), José Antonio Estefan Garfias, Alfredo Miguel Herrera Deras, Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Federico Eugenio Vargas Rodríguez.»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Héctor Peralta Grappin, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Héctor Peralta Grappin: Con la venia de la Presidencia. Vengo a presentar el dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracciones X y 22, párrafo cuarto, y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

A la Comisión de Competitividad de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos antes mencionados. Presentada por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Este dictamen se fundamenta de la siguiente manera.

El 14 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Secretaría de Economía.

De las modificaciones realizadas a dicho Reglamento se destacan la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, perteneciente a la Secretaría de Economía. Así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor.

El Inadem es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución con el desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

En ese sentido el Inadem tiene seis objetivos: implementar una política de Estado de apoyo a emprendedores y Mipymes, a través de la red de apoyo al emprendedor.

Promover un entorno jurídico y reglamentario propicio para el desarrollo de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Fortalecer la capacidad de gestión y habilidades gerenciales en emprendedores y las Mipymes.

Fomentar el acceso al financiamiento y capital para emprendedores y Mipymes.

Desarrollar las capacidades productivas, tecnológicas, de innovación de emprendedores y Mipymes.

Y propiciar el acceso de Mipymes a las cadenas globales de valor.

Después de casi tres años no se han realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cuanto a la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y reconocer las facultades y atribuciones del Inadem.

Por lo anterior, se propone homologar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, con el objetivo de eliminar las diferencias entre los diversos ordenamientos legales que pudiesen generar algún vacío legal.

Incluir dentro del marco conceptual de la ley al Inadem. Integrar al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en el Consejo Nacional para la Competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa, y precisar que el consejo contará con un secretario técnico a cargo del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.

De esa manera se adiciona la fracción XVIII del artículo 3o. para el desarrollo de la competitividad, a modo de agregar el concepto de Inadem como Instituto Nacional del Emprendedor.

Asimismo, de reforma el artículo 10, que antes hacía referencia al subsecretario de la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía, y ahora queda en la fracción 10 del artículo 18 el presidente del Inadem.

Asimismo, se hacen adecuaciones del mismo tipo en la fracción XXII del citado artículo 18 y en el artículo 19, donde el Consejo Técnico contará con un secretario técnico, al cual lo ponía la Subsecretaría para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ahora va a corresponder el cargo al presidente del Inadem.

También hay artículos transitorios.

Primero. El presente artículo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de un término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto el Ejecutivo federal y la Secretaría del ramo competentes deberán realizar las adecuaciones normativas del reglamento de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Tercero. En tanto no sea modificado el reglamento a que se refiere el transitorio segundo respecto a las facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose las normas vigentes del Instituto Nacional del Emprendedor. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Peralta.

Está a discusión en lo general, pero antes damos la bienvenida a la Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego, de León, Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

También damos la bienvenida a alumnos de la licenciatura de ciencias políticas del estado de Nuevo León, invitados por el diputado Waldo Fernández González. Sean ustedes bienvenidos.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por tres minutos cada uno.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy bien, le saludo, diputado presidente y compañeras diputadas y diputados. De acuerdo al censo económico realizado en el 2014, el 99 por ciento de las empresas instaladas en territorio nacional son micro o pequeñas empresas y le dan empleo casi al 60 por ciento de la fuerza de trabajo de nuestro país.

Vale la pena hacer una especial atención a la estadística que nos dice que cuatro de cada 10 micro o pequeñas empresas están encabezadas por mujeres, sin embargo solamente generan el 19 por ciento de la producción bruta total. De este modo, ponemos especial énfasis en el hecho de que toda iniciativa que le apunte o que genere condiciones que favorezcan su crecimiento y desarrollo, no son iniciativas menores sino tendremos que ponerles atención.

La iniciativa que nos ocupa consiste en actualizar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, armonizándola con lo establecido en su Reglamento, como resultado de la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y de la desaparición de la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

Esto es relativamente importante, sobre todo cuando en el sector público sabemos que todo lo que no está permitido en la ley está prohibido, por tanto tenemos que actualizar y asegurar que lo que realice este instituto esté perfectamente contemplado.

Otro asunto importante es que, como actualmente se encuentra la ley, el Consejo Nacional para la Competitividad carece de un secretario técnico que presida ese consejo. La importancia del consejo radica justamente en que es ahí donde se promueve, se analiza y se da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a tan importante sector.

Es justamente el secretario técnico quien tiene que informar periódicamente a este Congreso de la Unión sobre la evolución de los programas y los resultados alcanzados.

Además, no debemos perder de vista que esta soberanía aprobó un presupuesto de más de 7 mil 200 millones de pesos al Inadem, a través del Fondo Nacional del Emprendedor. Con estos recursos se financian, entre otras cosas, proyectos para el desarrollo de jóvenes y mujeres emprendedoras. Qué importante sería que justamente esa producción bruta total por lo menos empate con ese 40 por ciento que representa la presencia de mujeres en las micro y pequeñas empresas.

Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor del dictamen, ya que esta iniciativa favorece el funcionamiento de las instituciones en beneficio de este, que es un sector estratégico del país. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza estamos convencidos que impulsar y fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial potencializa el crecimiento económico de nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de nuestra economía por su alto impacto en la generación de empleos y la producción nacional.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son Mipymes y generan el 52 por ciento del producto interno bruto y por si fuera poco, el 72 por ciento del empleo en el país.

En este sentido el 14 de enero de 2013, el Diario Oficial de la Federación publicó modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía mediante las cuales se extingue la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y se crea el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem. Dicho instituto constituye un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que ejercerá las atribuciones, facultades y funciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

Su objetivo es instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas impulsando su innovación, competitividad y proyección en el mercado nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial.

Tres años han pasado desde su publicación y no obstante, pese a su importancia en la economía nacional, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aún no contempla estos cambios.

Por ello se hace indispensable reformar dicha ley, para subsanar la omisión y finalmente homologarla con las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Lo anterior con el fin de reconocer las facultades y atribuciones del Instituto Nacional del Emprendedor, en ambos ordenamientos, y evitando así duplicidad de funciones.

Recordemos que en nuestra economía predominan los negocios pequeños y los de reciente creación, por lo que es muy importante contar con un organismo jurídicamente estable que diseñe, desarrolle e impulse estrategias y políticas públicas que detonen la cultura del emprendimiento.

El financiamiento es un elemento fundamental para el desarrollo de negocios y de los mismos emprendedores. Es por ello que es imprescindible que el Inadem esté plenamente reconocido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pues maneja los recursos para apoyar a este sector.

Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza imprimir mayor dinamismo a la economía nacional es uno de los principales ejes de nuestra agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones. De esta forma buscaremos afrontar los retos de un escenario económico complejo por la volatilidad financiera y la desaceleración económica mundial. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Y tiene ahora la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, mantener las leyes actualizadas es una necesidad que eventualmente debemos de cumplir para evitar que se generen lagunas que entorpezcan su función.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor este dictamen, ya que consideramos que mantener la disciplina y actualización dentro de la formación de leyes, es indispensable para que cubran las necesidades para las que fueron creadas.

La iniciativa que alude este dictamen, atiende la falta de actualización por parte de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, ya que desde el 2013 se aprobaron las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía en las que destacan la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y da pie para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Sin embargo, a dos años de su aprobación y publicación, esta norma aún no está actualizada.

El Instituto Nacional del Emprendedor depende de la Secretaría de Economía, el cual al tratar un tema como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas, resulta de suma importancia para los ciudadanos y su propia economía.

La situación del país no está para retrasos, suficiente tenemos con la turbulencia económica por la que estamos pasando. La combinación actual de paridad peso-dólar y el bajo costo del barril del petróleo, convierten a este sector como el más vulnerable y al que debemos poner más atención. Hoy en día, para que no sea golpeado por el entorno macroeconómico.

La inestabilidad económica es cada día más preocupante para los emprendedores, ya que su inversión siempre se ve afectada al no contar con grandes capitales que la respalden, dejándolos aún en estado de incertidumbre y de vulnerabilidad.

Recordemos que la economía de nuestro país está asentada en estas micro, pequeñas y medianas empresas. Mipymes que no encuentran el apoyo económico para salir adelante, y es que el 75 por ciento de éstas, encontrará el fracaso en apenas los primeros cinco años.

Me atrevo a decir que gran parte de este 75 por ciento corre por cuenta del gobierno, ya que éste no ofrece lo necesario para que éstas salgan adelante, pues la Mipymes siguen enfrentando condiciones desfavorables y nadando contra la corriente, en un país lleno de corrupción, burocracia y altas tasas de interés.

No en vano, compañeros y compañeras, hace dos semanas, los reportes señalan que México es el país más corrupto de los integrantes de la OCDE. Bien lo señaló el Consejo Coordinador Empresarial, y es que a 20 años de la existencia de programas y apoyo para las Mipymes, éstas no han rendido los frutos esperados.

Entre los retos a los que se enfrentan estos pequeños empresarios, se encuentran la burocracia, falta de acceso a créditos, tasas absurdas de interés, corrupción, inseguridad, regulaciones excesivas para la capacidad administrativa de un pequeño negocio, obligaciones y costos fiscales y laborales complejos, además de tiempos de respuesta que comen el tiempo y la paciencia de cualquiera.

Estamos en un país que perdona impuestos, y es de memoria corta con grandes empresas, pero es severo y exigente con las pequeñas empresas en este país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Por la libertad ya de Nestora Salgado. Nos faltan 43, más cinco, una periodista en Veracruz, y muchos otros más desaparecidos.

Con su permiso, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, para la audiencia del Canal del Congreso, para el Grupo Parlamentario de Morena la homologación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con las modificaciones al Reglamento Interno de la Secretaría de Economía, respecto a la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, viene a subsanar una omisión que en los hechos se llevó a cabo desde los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

Esta armonización normativa si bien es necesaria para eliminar vacíos legales entre facultades y atribuciones de unidades administrativas del gobierno federal, lo verdaderamente importante, lo que se debe subsanar rápidamente es el vacío que existe desde hace más de 30 años de una verdadera política industrial.

La carencia de ella se observa por la incapacidad del Estado de generar entornos favorables para el fomento, promoción y sobrevivencia de este tipo y diversidad de empresas. La necesidad de que el Estado retome su papel como promotor del crecimiento y desarrollo de la economía se ve reflejado por un crecimiento económico insuficiente, que en los últimos 30 años registra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento.

Este entorno incierto influye a que en nuestro país las empresas de este sector de la economía tenga un periodo de vida entre uno y dos años, lo que significa el fracaso rotundo de muchas familias que ven truncadas sus aspiraciones de bienestar y supervivencia.

El Grupo Parlamentario de Morena está a favor de la modificación que hoy se vota, pero también manifestamos que no se está haciendo el esfuerzo suficiente para corregir la falta de una política económica verdadera, dirigida para el momento de las Pymes.

Por un lado el Estado debe generar un entorno macroeconómico capaz de propiciar condiciones que fomenten la creación, el crecimiento y la mejora constante de este segmento de empresas, pero por otro lado debe existir una política pública de verdadero apoyo, subsistencia y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa como vertientes genéricas, verdadero acceso al financiamiento, apoyo a la capacitación, al aseguramiento del intercambio comercial y a la innovación.

Sólo así, con el fortalecimiento de las Pymes, se puede impulsar el crecimiento económico y contribuir a aminorar los efectos de la desigualdad y la pobreza. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Saludamos la presencia de alumnos de la escuela de nivel medio superior de San Luis de la Paz, Guanajuato, dependiente de la Universidad de Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez, que andan por ahí.

Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, esta iniciativa armoniza las leyes existentes en materia de competitividad, a fin de que el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, tenga presencia en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, debido a los estupendos resultados y la práctica en temas de estímulos técnicos y financieros hacia los nuevos empresarios mexicanos.

Además se precisa que el Consejo antes mencionado contará con el valioso apoyo del secretario técnico a cargo del presidente de la Inadem, el dictamen fortalece los vínculos que tienen el Consejo Nacional para la Competitividad y el Inadem. Esta institución, desde su creación en el 2013, ha adquirido un amplio bagaje sobre la problemática existente en el ámbito del emprendedor. De esta manera, ambas instituciones logran elementos muy valiosos para concretar políticas y programas institucionales capaces de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de manera eficiente.

Las interrogantes acerca de cómo mejorar la competitividad son muchísimas, pero hay dos aspectos claves que se están afinando; primero, al integrar al presidente del Inadem en el Consejo Nacional para la Competitividad, se logra que la experiencia y conocimiento sobre la problemática empresarial sean analíticos y apreciables; segundo, al aclarar que existirá la figura de un secretario técnico en el Consejo, se fortalecerá la existencia de beneficios avalados y comprobados por el propio secretario técnico, el cual estará a cargo del presidente del Inadem.

Esto definitivamente apoyará en mejor medida los elementos de estrategia, estudio y vinculación con el sector empresarial, para que se promueva el desarrollo económico a través de un mejor engranaje institucional.

El tema fundamental del presente dictamen es el bienestar social y económico a través del fomento de empresas mexicanas y la creación de más empleos bien remunerados, objetivo que tenemos que resaltar debido a que en el año 2015 el empleo formal obtuvo excelentes resultados, con una tasa superior al 4 por ciento con respecto al 2014.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista confirmamos y apoyamos la visión de promover una cultura empresarial, el acceso a financiamiento con bajas tasas de interés y mejores condiciones para la consolidación de cadenas productivas, las cuales son generadoras de círculos virtuosos para la economía mexicana, para que contribuya de manera global al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, siempre que sean equitativas y cumplan con la normatividad ecológica.

El Inadem desde su creación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía ha coordinado una política incluyente hacia los emprendedores, impulsando la innovación, competitividad y proyección del mercado nacional, fomentando en todo instante la productividad y cultura empresarial.

La institución, la intención de armonizar la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa le dará un empuje colectivo y un enfoque transversal de apoyo a la creación de mercados competitivos, que puedan operar con mejores y más claras estipulaciones en diversos mercados, tanto al interior como al exterior de nuestras fronteras.

Nos congratula y estimula saber que México está dando grandes avances en materia política de emprendimiento, y se reconoce una de las tareas fundamentales, como sociedad al siglo XXI, el crear empresarios que tengan proyectos viables en el cual la población pueda construir aspiraciones reales a partir del asesoramiento intelectual y financiero del Inadem. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zenteno. Tiene ahora la palabra la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Karen Orney Ramírez Peralta: Con su venia, diputado presidente. El dictamen que discutimos hace modificaciones a la ley para adecuar las situaciones, como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y la consiguiente desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de la Economía.

En efecto, el 14 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, denominado Instituto Nacional del Emprendedor, cuyo objeto consiste en instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacionales e internacionales, para aumentar su distribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

De manera que, desde enero de 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor es la instancia gubernamental encargada de todo lo relacionado con la política pública de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Sin embargo, la ley de la materia no refleja esta nueva realidad, por lo que el dictamen en discusión tiene precisamente como propósito hacer las modificaciones para incluir en sus definiciones al Instituto Nacional del Emprendedor. Establecer que el presidente de dicho instituto será integrante del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como prever que el secretario técnico del Consejo Nacional antes referido estará a cargo del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.

Se trata de una reforma que va en el sentido correcto y que fue elaborada por la Comisión de Competitividad que preside nuestro compañero diputado Héctor Peralta Grappin. Por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor.

No obstante, quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que requiere de la acción urgente del Estado mexicano, incluida esta Cámara de Diputados.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reducido previsiones de crecimiento de nuestra economía para éste y el siguiente año. Pese a las llamadas reformas estructurales se mantiene la tendencia de nuestra economía a crecer al 2 por ciento en los últimos seis lustros.

Otras economías emergentes, por ejemplo la India, crecen a tasas del 7 por ciento anual. El precio del petróleo tiene una tendencia de largo plazo a reducirse y actualmente está en 22 dólares promedio por barril, 28 dólares por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos.

Pese a existir coberturas por más de 49 dólares, éstas se pagarán hasta los últimos meses de este año y no son parte de la recaudación federal participable.

Las reservas internacionales tienen un saldo de 175 mil 232 millones de dólares al 15 de enero de 2016, casi 2 mil millones menos en comparación con el saldo al 30 de enero de 2015, que fuera de 196 mil millones de pesos.

El tipo de cambio promedio alcanzó los 17.97 pesos por dólar en el transcurso del 2016. Cinco pesos con veinte centavos más en relación con el precio promedio del 2013, que fue de 12.77 pesos por dólar.

Los riesgos que enfrenta la economía mexicana son diversos y están latentes. Sus efectos se resentirán, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es necesario tomar medidas de fondo, que modifiquen el modelo económico de estancamiento estabilizador con concentración de ingresos que hemos padecido los mexicanos por más de 30 años. Ese es el llamado que hacemos desde el Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez.

Ahora sí saludamos la presencia de alumnos de la escuela del nivel medio superior de San Luis de la Paz, Guanajuato, dependiente de la Universidad de Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, señoras legisladoras y señores legisladores. Para Acción Nacional uno de los pilares para el crecimiento y desarrollo económico del México es, sin duda, nuestro sector empresarial y hoy más que nunca requiere con toda urgencia de apoyos que le permitan consolidar su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad para que sigan generando empleos y sean el sostén de las familias mexicanas.

Nuestro partido considera que es indispensable que las micro, pequeñas y medianas empresas se consoliden y generen una mayor participación en la economía nacional. En este contexto se vuelve relevante que puedan acceder a mejores fuentes de financiamiento y crédito, a mayores apoyos que les permitan establecer los encadenamientos productivos, lo que les permitirá mejorar sus procesos para ser más eficientes y competitivas en el sector donde se desempeñen. No debemos perder de vista la importante representación que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en relación a su participación en la economía nacional.

Las cifras nos señalan que del total de unidades económicas que se registran en el país, estas representan 99.8 por ciento del total de las unidades económicas; por eso se vuelve fundamental el papel que desempeña el Instituto Nacional del Emprendedor, que es determinante en el impulso hacia estas unidades económicas.

De la revisión del marco jurídico y con la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía y con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor es necesario incorporarlo en la ley a fin de armonizar las atribuciones que tiene este organismo como responsable del impulso a la micro, pequeña y mediana empresa.

Las adecuaciones que presenta el dictamen favorecen al sector de las Mipyme en varios aspectos, se actualiza el marco jurídico donde se incorpore y reconoce la figura del Instituto Nacional del Emprendedor. En relación al consejo, se considera como la instancia responsable que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas e instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las Mipyme.

El dictamen establece la incorporación del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en sustitución del subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía.

Por último, el consejo contará con un secretario técnico, que en este caso será el presidente del Inadem, que anteriormente lo presidía la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa quien dejó de ejercer funciones.

Todo lo anterior permitirá la creación de empleos, pero también fortalece la búsqueda de un salario digno para todas las y los mexicanos. Desde nuestros documentos fundacionales en Acción Nacional, establecimos el compromiso de la defensa del trabajo decente y del salario digno. Las mujeres y hombres de nuestro país tenemos derecho al trabajo decente y a un ingreso que permita a nuestras familias vivir con un mínimo de bienestar conforme a la dignidad que le es inherente como personas.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha considerado dentro de sus prioridades apoyar a las mujeres y hombres que crean las Mipyme y es por eso que así lo constatan nuestras agendas legislativas y las iniciativas que de forma recurrente presentamos.

El tema del Inadem ha sido prioridad de Acción Nacional y por ello en esta oportunidad damos nuestro respaldo y aprobación al dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía.

Por lo anteriormente señalado, Acción Nacional votará a favor del dictamen, toda vez que el propósito es actualizar el marco jurídico que permita la armonización de la Ley para el Desarrollo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de generar claridad y certeza jurídica a los actores que participan en el sector. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paniagua. Nos honra la presencia y saludamos con mucho afecto, al personal directivo y alumnos colegiados de la Trigésimo Quinta Promoción de la maestría en Seguridad Nacional, de la Secretaría de Marina, que hoy vinieron a tomar aquí un curso, una conferencia. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro. Invitados por un servidor.

Por último, tiene la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Hilda González Calderón: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 son Pymes que generan 52 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento del empleo en el país.

Como ya se ha mencionado, la pequeña empresa comprende el 13.6 de los establecimientos y origina el 20.8 del empleo. Por su parte a la empresa mediana corresponde el 2.3 de los establecimientos creando el 15.3 del personal ocupado.

Sin embargo, a pesar de que son las principales generadoras de empleo tienen problemas de supervivencia, ya que muchas de ellas no duran más de dos años derivado de situaciones como inexperiencia, falta de capacitación, poca apertura a áreas de oportunidad y el embate de las grandes cadenas o empresas.

Si se toma en cuenta que producen el 72 por ciento del empleo en el país, su crecimiento y mejora debe ser un imperativo para impulsar el desarrollo nacional. Por ello la inclusión del Inadem en el consejo permite fortalecer la operación de las Pymes, al convertirse en un órgano que facilite su acercamiento con las dependencias gubernamentales, sugiere espacios para su profesionalización y coadyuve para detectar y analizar nuevos procesos y brindar nuevas herramientas para encontrar otros mercados.

Según ProMéxico, las Pymes son un importante motor de desarrollo del país. Poseen una gran movilidad permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de su planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande.

Absorben una porción importante de la población económicamente activa debido a su gran capacidad de generar empleos. Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.

Quiero en primer lugar reconocer la iniciativa presentada a este pleno por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, conocedor de la situación de pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar quiero reconocer a la Comisión de Competitividad, que pudo construir escenarios en donde todos ganamos, pero principalmente los pequeños y medianos empresarios, recibiendo la orientación y apoyo por parte de la Secretaría de Economía y particularmente del Inadem, eliminando trabas que obstaculicen la consecución de sus objetivos. Felicidades también por la construcción de consenso, que es la forma más privilegiada de hacer política. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González.

En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada María Victoria Mercado Sánchez; igualmente al grupo de futbol del Centro de Formación Deportiva Budo de IAP, Institución de Asistencia Privada, invitados por el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. De viva voz, diputado Espino.

El diputado Manuel de Jesús Espino (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 422 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviada por la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 9 de diciembre de 2014, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los Senadores de la República: Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Francisco López Brito, Marcela Torres Peimbert, y el entonces Senador de la República, Carlos Mendoza Davis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; José Francisco Yunes Zorilla, Manuel Cavazos Lerma, Patricio Martínez García, Aarón Irízar López, Ismael Hernández Deras, Graciela Ortiz Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, durante la LXIII Legislatura.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.

3.- El 9 de diciembre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3. El 10 de diciembre de 2015, mediante oficio DGPL-1P1A.-5367, fue recibida en la Cámara de Diputados la Minuta mencionada en el exordio del presente dictamen, y remitida a la Comisión de Economía, para dictamen.

4. El 11 de diciembre de 2015, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-3-237, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señala para efectos de efectos de dictamen.

III. CONTENIDO DE LA MINUTA:

• “La Creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (En adelante, SAS’s)<< Se adiciona una fracción VII, al artículo 1o de la LGSM>>

• La SAS’s deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio.(Se adicionan un párrafo quinto, al artículo 2o, un segundo párrafo al artículo 5, y se reforma el párrafo primero, del artículo 20 de la LGSM)

• Las SAS’s(Se reforma el CAPÍTULO XIV y el artículo 260 de la LGSM):

– Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas).

– Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos.

• Las SAS’s se constituirán (Se reforman los artículos 261 y 262 de la LGSM):

– Por uno o más accionistas;

– Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y

– Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada.

• El sistema electrónico para la constitución de las SAS’s estará a cargo de la Secretaría de Economía, su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaria.(Se reforma el artículo 263 LGSM)

• Se establece a la Asamblea de Accionistas como el órgano supremo de las SAS’s integrada por todos los accionistas.(Se reforma el artículo 264 y se adicionan los artículos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 de la LGSM). ”

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Esta Comisión dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de incorporar en la Ley General de Sociedades Mercantiles una figura jurídica que facilite y agilice la constitución de Sociedades.

Segunda.- La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ha determinado que un sistema eficaz de inscripción registral de empresas debe regirse bajo los siguientes principios fundamentales:

i) El trámite de inscripción debe ser sencillo, rápido, económico, fácil de aplicar y accesible al público como sea posible;

ii) La información registrada con respecto a las entidades mercantiles deberá ser de fácil de consultar; y

iii) La información registrada deberá ser fiable e inalterable.

Tercera.-Los integrantes de la Comisión de Economía, coinciden con la colegisladora y Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en que el registro de empresas es la clave para permitir que empresas de todos los tamaños y formas jurídicas adquieran visibilidad en el mercado y operen en la formalidad.

Cuarta.-Para los integrantes de la Comisión de Economía, resulta imperante resaltar que con la creación de la Sociedades por Acciones Simplificada, se incorporará un mecanismo de operación sencilla que se adapta a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, facilitando así el ingreso a la formalidad.

Quinta.- Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura, hacen suyas las consideraciones expuestas en el dictamen a la minuta enviada por la Colegisladora.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES:

Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1o, el párrafo primero del artículo 20, la denominación del CAPÍTULO XIV para quedar como “De la sociedad por acciones simplificada”, los artículos 260, 261, 262, 263 y 264; se adicionan una fracción VII al artículo 1o., un párrafo quinto al artículo 2o., y se recorren los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 5o., los artículos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I.- a IV. ...

V.- Sociedad en comandita por acciones;

VI.- Sociedad cooperativa; y

VII.- Sociedad por acciones simplificada.

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta ley.

Artículo 2o. ...

...

...

...

Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante terceros deberá inscribirse en el registro mencionado.

...

...

Artículo 5o. ...

La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento establecido en el Capítulo XIV de esta Ley.

Artículo 20.- Salvo por la sociedad por acciones simplificada, de las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social.

...

Capítulo XIV De la sociedad por acciones simplificada

Artículo 260.- La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1o. de esta ley, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.

Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 millones de pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en esta ley, en los términos en que se establezca en las reglas señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto establecido en este párrafo se actualizará anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el párrafo anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

Artículo 261.- La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de su abreviatura “S.A.S.”.

Artículo 262.-Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada únicamente se requerirá:

I. Que haya uno o más accionistas;

II. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución;

III. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía, y

IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley.

En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simplificada.

Artículo 263.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 262 de esta Ley, el sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaría.

El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases:

I. Se abrirá un folio por cada constitución;

II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición la Secretaría de Economía a través del sistema;

III. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada firmado electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado de firma electrónica vigente a que se refiere en la fracción IV del artículo 262 de esta Ley, que se entregará de manera digital;

IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 264 de esta Ley, y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio;

V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificada en el Registro Público de Comercio;

VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa;

VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio;

VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar, y

IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución,

Artículo 264.- Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener los siguientes requisitos:

I. Denominación;

II. Nombre de los accionistas;

III. Domicilio de los accionistas;

IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas;

V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas;

VI. Domicilio de la sociedad;

VII. Duración de la sociedad;

VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones;

IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social;

X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones;

XI. El objeto de la sociedad, y

XII. La forma de administración de la sociedad.

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos.

Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

Artículo 265.-Todas las acciones señaladas en la fracción IX del artículo 264 deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio.

Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía en términos de lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

Artículo 266.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificada y está integrada por todos los accionistas.

Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos y podrá acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios electrónicos si se establece un sistema de información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. En todo caso deberá llevarse un libro de registro de resoluciones.

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste será el órgano supremo de la sociedad.

Artículo 267.- La representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista.

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador.

Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Artículo 268.- La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a las siguientes reglas:

I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad;

II. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos;

III. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos, si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio;

IV. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o por cualquier medio electrónico si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, señalando la fecha para emitir el voto respectivo;

V. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios electrónicos si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial o fuera de asamblea.

La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad, mediante la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con una antelación mínima de cinco días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan.

Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de quince días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista.

Agotado el procedimiento establecido en el presente artículo las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de oposición previsto en esta Ley.

Artículo 269.- Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos.

En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de organización y administración distintas a la contemplada en este capítulo; siempre y cuando los accionistas celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por acciones simplificada a cualquier otro tipo de sociedad mercantil, conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 270.- Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el Código de Comercio para sustanciar controversias que surjan entre los accionistas, así como de éstos con terceros.

Artículo 271.- Salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista.

Artículo 272.- El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad conforme a las reglas que emita la Secretaría de Economía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley.

La falta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios consecutivos dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los accionistas de manera individual. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Secretaría de Economía emitirá la declaratoria de incumplimiento correspondiente conforme al procedimiento establecido en las reglas mencionadas en el párrafo anterior.

Artículo 273.- En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables a la sociedad por acciones simplificada las disposiciones que en esta Ley regulan a la sociedad anónima así como lo relativo a la fusión, la transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades.

Para los casos de la sociedad por acciones simplificada que se integre por un solo accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a “accionistas”, se entenderán aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán referidas al “acto constitutivo”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 del mes de enero de 2016.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Daniel Ignacio Olivos Gutiérrez, Armando Soto Espino, Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés, secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac, Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado Waldo González Fernández, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), René Mandujano Tinajero, Miguel Ángel González Salum (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputo Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy a nombre de los integrantes de la Comisión de Economía presento el dictamen a la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Quiero resaltar que este dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Economía. La principal característica que se destaca en el dictamen que hoy sometemos a su consideración es la creación de las sociedades por acciones simplificadas, que podrán constituirse por uno o más accionistas quienes externarán su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante un sistema electrónico de constitución y todos los accionistas deberán contar con certificado de Firma Electrónica Avanzada, mejor conocida como la Fiel.

La creación de estas sociedades permitirá, entre otras cosas, establecer un mecanismo de constitución administrativa con todos los efectos legales para empresas con ventas anuales de hasta 5 millones de pesos, permitirá opcionalmente la intervención de los fedatarios públicos, se instituye un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas, personas físicas, sin tener que comprobar un capital mínimo.

Se establecen estatutos proforma con un mecanismo de administración y operación sencillo, se promoverá el uso de medios electrónicos en la toma de decisiones de los accionistas y se contribuirá a elevar los índices de formalidad en la creación de empresas y empleos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas permitirá detonar un mayor crecimiento económico.

En México, de acuerdo con el tercer informe de labores 2014-2015 de la Secretaría de Economía, entre las barreras que inhiben la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y registro de la propiedad y del comercio.

De acuerdo con un estudio al portal tuempresa.gob.mx, facilidad y rapidez en la creación de empresas en México, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas en inglés, y la Secretaría de Economía, hasta antes del lanzamiento del portal tuempresa.gob.mx el proceso para abrir una empresa en México era complicado, había que cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, las autorizaciones y los documentos necesarios.

Los empresarios debían tratar con muchas dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. El ciudadano que deseaba emprender un negocio proporcionaba la misma información al gobierno federal por lo menos en siete ocasiones, y en algunos casos hasta en 18 ocasiones o más. Esta redundancia en los trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso, además del pago de derechos, cargos e impuestos. Los empresarios incurrían en un costo de oportunidad por el tiempo que invertían en cumplir con los trámites administrativos.

El dictamen que hoy sometemos a su consideración busca simplificar el proceso de constitución que enfrentan las micro y pequeñas empresas, así como facilitar su vida corporativa a través de una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que permitirá a los emprendedores constituir una empresa de manera ágil y sencilla, aprovechando las plataformas tecnológicas existentes.

Además quiero resaltar que las plataformas tecnológicas ya existen, es decir sólo se requiera un módulo de interconexión de bajo costo para aplicar esta reforma.

Esta modalidad trae beneficios, tanto para las empresas como para el gobierno. Para las empresas, porque permite su constitución administrativa en menos de 24 horas. El procedimiento es por medios electrónicos, lo que ahorra tiempo y recursos. La facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismos de operación sencilla. Se podrán cumplir con los trámites federales en un solo portal, tanto ante el IMSS, como ante el SAT, como ante Fonacot e Infonavit, y se podrán direccionar y obtener los apoyos federales, tanto de Nacional Financiera como del propio Instituto Nacional del Emprendedor.

Los beneficios para el gobierno. Se fomenta la formalidad en la creación de nuevos negocios y, por ende, de nuevos empleos, que es lo que demandamos todos los mexicanos. Se disminuye el tiempo en la puesta en operaciones de las empresas. Vamos a impactar positivamente y a mejorar positivamente en el ranking del Doing Business sobre apertura de nuevas empresas y además se podrá contribuir a la atracción de inversiones debido a trámites más ágiles para la apertura de nuevos negocios.

Quisiera, compañeros diputados y diputadas, enfatizar que la autentificación del o los accionistas que se constituyan como una sociedad por acciones simplificadas, se realiza a través de la firma electrónica avanzada, la FIEL, la cual es emitida por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y lleva a cabo un mecanismo de identificación personal, cara a cara con los ciudadanos y, adicionalmente, recolecta información biométrica, como lo son las huellas digitales y el iris.

Actualmente la firma electrónica avanzada emitida por el SAT sirve como llave identificadora para todos los trámites federales y las entidades federativas firmaron un convenio de colaboración para reconocer dicho medio de identificación.

Así también, es muy importante señalar que la Secretaría de Economía compartirá información con la Unidad de Inteligencia Financiera para colaborar en la vigilancia de actos relacionados con el lavado de dinero.

Estimadas diputadas y diputados, ha llegado la hora de elevar la competitividad de nuestro país, reformas como las que hoy sometemos a su consideración son las que por años han esperado los emprendedores y pequeños empresarios.

Por México, por sus emprendedores y por los empleos, que estoy seguro que se van a generar, votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Dávila.

Está a discusión en lo general y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya se han enlistado compañeras y compañeros diputados. En consecuencia tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por tres minutos.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Distinguidas diputadas y diputados, honorable asamblea, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por mi conducto manifiesta su acuerdo con el dictamen de la Comisión de Economía a esta soberanía, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que da lugar a una figura jurídica de avanzada, la sociedad por acciones simplificada.

Para nuestro grupo parlamentario, el gobierno electrónico, la mejora regulatoria y la óptima gobernanza, son las líneas de acción idóneas para una gestión pública moderna y cercana a la sociedad.

Así como hemos reconocido que es deber del Estado mexicano crear y fortalecer las capacidades de modernización para mejorar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicos que demanda la población. Del mismo modo, en Encuentro Social abrazamos el espíritu de los emprendedores, los que con un profundo amor por México y su gente se arriesgan y generan unidades de producción de bienes y servicios, crean un dinamismo a la economía y generan empleos.

Por tal motivo sabemos que lo menos que podemos hacer como Congreso es simplificar y modernizar el marco legal que permita engrosar las filas de la formalidad y multiplicar el espíritu emprendedor.

Con la creación de las sociedades de acción simplificada México se pone una vez más al día con las tendencias del concierto internacional, y con los objetivos compartidos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional y la OEA, en el sentido de fortalecer la cultura de los emprendedores para detonar el desarrollo económico de las naciones y de las comunidades.

La nueva figura jurídica, dirigida a micro y pequeñas empresas que no rebasen los cinco millones de pesos anuales de ingresos, implica la inmejorable aportación de permitir la constitución de las sociedades en línea, en un portal de la Secretaría de Economía, que generarán el contrato social suscrito por todos los socios a través de la firma electrónica, medida de gobierno electrónico, de aprobada eficiencia y confiables sistemas de seguridad informática.

De tal manera, la añeja meta simplificatoria de constituir, perdón, una empresa en un día, se vuelve una propuesta posible y asequible a cientos de miles de empresas que solían reconocerse desincentivados de formalizar sus esfuerzos emprendedores por la gran burocracia que existe en nuestro país, y que impide, y que rezaga en México los estándares internacionales de competitividad.

Lo anterior se fortalece con el robusto contexto normativo e institucional en el que se inscriben las sociedades de acción simplificada. Está creada una sólida legislación en materia de lavado de dinero, separada también de una política pública tributaria con fuertes y eficaces controles fiscales. Estos garantizarán la pertinencia y la realidad de la nueva sociedad mercantil.

Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen y seguirá velando por un nuevo marco y por un nuevo pacto, un pacto federal en que las personas y sus familias puedan disfrutar en sus bolsillos y en sus mesas de los beneficios de las leyes que aquí creamos y de las leyes que aquí recreamos para superar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputado Ferreiro. Ferreiro, es que ahorita me reclamó que no había pronunciado bien. No, para nada. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La prosperidad económica de un país depende en gran medida de la existencia de un ambiente propicio para los negocios, de tal suerte que simplificar la apertura de empresas y facilitar la entrada del mercado de nuevas organizaciones fomenta la competitividad y el crecimiento económico nacional.

La competitividad de un país es medida en relación a los bienes y servicios que coloca o puede colocar en el mercado nacional e internacional. Los retos que el Estado mexicano debe asumir para aprovechar y generar ventajas competitivas son impulsar y fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial, lo que le permitirá obtener nuevos y mejores beneficios de la globalización económica.

En México, de acuerdo al INEGI, 72 por ciento de los empleos provienen de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales aportan 5.2 por ciento del producto interno bruto. Las cifras demuestran que en nuestra economía predominan los negocios pequeños y de reciente creación, quienes atraviesan un complejo camino por lograr constituirse.

Para iniciar una empresa en México hay que sujetarse a trámites complicados, que derivan en retrasos y costos adicionales, lo que incluye la conformación de empresas. La tramitología, la pérdida de tiempo y el dinero en muchos casos orillan a los empresarios y a los emprendedores a desarrollar sus actividades en el terreno de la inconformidad. Pero aun, de acuerdo a cifras del Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial, 75 por ciento de las empresas cierran antes de dos años de vida y solo el 10 por ciento de ellas trascienden más allá de los cinco años.

En este contexto son necesarios nuevos mecanismos que faciliten a los emprendedores los trámites y tiempos de registro de nuevas empresas, así como también de reducir los costos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que de esta manera se dará un fuerte impulso y se mejorará nuestra economía interna, permitiendo generar más empleos y abriendo la puerta a la formalidad de miles de negocios.

Por ello, votaremos a favor del presente dictamen que incorpora una nueva figura jurídica para facilitar y agilizar la constitución de sociedades mercantiles. La creación de la sociedad por acciones simplificadas, permitirá la constitución de empresas en un día y sin costo para los trámites.

Pensada para servir a quienes arrancan un negocio, la sociedad de acciones simplificadas puede estar constituida incluso por un solo socio.

Sin embargo es importante resaltar que únicamente será aplicable a sociedades que no rebasen los cinco millones de pesos en ingresos totales por año. La idea es ampliar, las oportunidades de personas con espíritu emprendedor. Ayudarles a dar los primeros pasos para cimentar su empresa.

Compañeras y compañeros, la creación de empresas se traduce en inversiones, en crecimiento formal de la economía, pero sobre todo se traduce en nuevos empleos, y estamos seguros que al aprobar este dictamen damos pasos firmes en esa acción, al simplificar los trámites y disminuir el costo para abrir nuevas empresas estamos impulsando el desarrollo económico y también el desarrollo social de nuestro México querido. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Tiene ahora la palabra, el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Gracias. Con su venia, señor presidente, diputadas y diputados. Una de nuestras principales funciones del Poder Legislativo y, en específico, de nuestro papel de representantes de la ciudadanía que es captar las inquietudes sociales; estas inquietudes y cuestionamientos que refleja la problemática que experimentan día a día las personas en el desarrollo de sus actividades y que requiere de acciones del poder público para ser solucionadas.

En nuestro caso, como órgano creador del marco legal que da sustento al estado de derecho, este imperativo de contacto cercano y permanente se vuelve una herramienta indispensable para dotar de contenido real a la norma jurídica, pues de lo contrario se corre el riesgo de tener leyes que no respondan a las circunstancias actuales que deben de regular.

Bajo este contexto la minuta que ha sido remitida por el Senado de la República y que hoy votamos en este pleno responde a una necesidad que desde hace tiempo se venía expresando por quienes se dedican a la actividad empresarial –o nos dedicamos a la actividad empresarial–, sobre todo relacionados con la micro, pequeña y mediana empresa.

Efectivamente, con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer la figura jurídica de la sociedad por acciones simplificadas, estamos dando un paso más hacia la formalización de muchos mexicanos que por exceso de trámite o una regulación complicada prefieren permanecer en la informalidad sin adoptar una figura legal más acorde a la realidad de las actividades mercantiles con el fin de lucro.

Podemos afirmar que con la aprobación de esta minuta se responde más eficazmente a la necesidad de un mecanismo que facilite y agilice la constitución de sociedades apegándose a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Hay que resaltar las ventajas que tiene el hecho de que una persona física pueda integrar por sí misma una sociedad de carácter mercantil, lo que hasta antes de esta aprobación de la reforma era imposible desde un punto de vista jurídico, pues a permitir a quien se dedica al comercio, cuyos ingresos totales no rebasen los cinco millones de pesos inscribirse en el Registro Público del Comercio sin que sea exigible el requisito de elaborar una escritura pública, póliza o cualquier forma adicional, pero sí gozar de un marco legal y acorde a la realización de las actividades comerciales, beneficia en mucho el sostén de una micro y mediana empresa.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en sentido favorable a la misma, pero no queremos dejar de señalar algunos aspectos que consideramos de vital importancia para que esta figura cumpla con plenitud su cometido. Al respecto creemos conveniente que la Secretaría de Economía, como instancia responsable, como instancia responsable de la organización y funcionamiento del sistema electrónico para la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, emita reglas de operación claras y sencillas, pero también abone a la transparencia de las sociedades registradas.

Lo anterior para despejar cualquier duda o inquietud respecto a la confiabilidad de las operaciones comerciales que las personas físicas o las empresas lleven a cabo a través de estas sociedades, y así evitar que las ventajas que se prevén con la creación de una nueva figura jurídica se vean opacadas por aquellos que sin ningún escrúpulo en el ámbito de la ley pretendan realizar actividades ilícitas aprovechándose de este nuevo marco jurídico.

En este sentido las autoridades ejecutivas deberán de velar por la exigencia y la veracidad de la información que las personas proporcionan a este registro supervisando que quien intervenga en el proceso lo haga apegado al marco jurídico que hoy estamos aprobando, en específico, el robo de identidades, hay que estar vigilantes.

Sólo me resta expresar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se congratula de que el trabajo coordinado y las voluntades políticas hayan prevalecido en este dictamen, que estoy convencido impulsará el desarrollo económico de un amplio sector de la población mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. El que se pueda aperturar una empresa de manera más rápida y además que se cuente con instrumentos que permitan no simular el número de accionistas, que pueda efectivamente facilitar el trabajo de una pequeña, de una mediana empresa, es algo que debe de ser apoyado; el sentido del voto de nuestra fracción será a favor. Y ciertamente es algo que sirve para mejorar el ambiente de negocios del país.

Creo, sin embargo, e insistiendo que apoyaremos el dictamen en sus términos, que México lleva mucho tiempo insistiendo solamente en el tema de la simplificación, como su estrategia, y al grado de que nos confundimos entre simplificación y competitividad.

Y de hecho México ha avanzado en los indicadores de medio ambiente de negocios, porque efectivamente pasan cosas como que es más rápido ya abrir una empresa, porque hemos invertido en plataformas, hemos invertido en mejorar la regulación y muchas otras cosas.

Pero seguimos sin tener ni una política industrial ni propiamente una estrategia de competitividad en las micro y en las pequeñas empresas. Y entonces no tenemos un sistema financiero ni privado ni una banca pública que permita a este tipo de empresas rápidamente, y a tasas bajas, tener acceso a créditos preferentes.

El sistema financiero sigue siendo una de las razones por las cuales este país no crece. Y tampoco tenemos un mecanismo de inversión pública que detone desarrollo y que precisamente permita que las pequeñas y las medianas empresas participen en este proceso.

Por cierto, el año pasado la inversión pública cayó en más de 8 por ciento, y por supuesto tampoco tenemos un sistema para que estas empresas puedan absorber tecnología y se puedan conectar a las grandes cadenas de valor a nivel global. Y por eso no tenemos pequeñas y medianas empresas que puedan crecer en el país.

Bienvenida la noticia de que se podrá abrir en un solo día una empresa pero lástima que esto no venga acompañado de una política industrial y de competitividad que de verdad pueda hacer que este tipo de negocios florezcan en el país y creen empleo. Esa es la demanda que le tenemos al gobierno de la República. Carecemos de política industrial, carecemos de competitividad y, sobre todo, las pequeñas y las medianas empresas siguen enfrentando un medio ambiente adverso en cuanto a financiamiento, en cuanto a regulación y en cuanto, también, a un sistema fiscal que no es simple y que no permite su desarrollo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Lorena Corona Valdés: Con la venia de la Presidencia. Las Pymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.

Esta es la razón de ser de esta reforma, ya que con la creación de un nuevo régimen societario se espera facilitar el ingreso a la formalidad y simplificar el proceso de constitución para las micro y pequeñas empresas que actualmente representan el 99.8 por ciento de las unidades económica del país.

Lo trascendente de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles es que instituye una nueva figura jurídica llamada la sociedad por acciones simplificada, que abre la posibilidad a millones de mexicanos de constituir sociedades mercantiles en un solo día con la eliminación del costo de los trámites a través de un portal de internet que estará a cargo de la Secretaría de Economía y desde el cual se dará seguimiento para la inscripción en el Registro Público de Comercio. Lo anterior en contraposición al tiempo que tarda hoy cualquier trámite de constitución de sociedad que puede ser de hasta 72 días, con un costo de alrededor de 10 mil pesos.

La sociedad por acciones simplificadas se caracteriza por que podrá constituirse con una o más personas físicas, siendo lo novedoso la creación de la figura de la sociedad unipersonal con importantes beneficios, como contar con una figura jurídica diferente a la accionista, que le permite separar el patrimonio privado de la empresarial, limitando la responsabilidad del empresario, quien tendrá toda la autonomía parta tomar decisiones sobre el destino de la sociedad, estableciendo un candado a dicha sociedades hasta pro el ingreso total de 5 millones de pesos, ya que en caso de rebasar tal ingreso deberán cambiar su estatus societario a cualquier otro regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que no se debe perder de vista que esta reforma es para apoyar a los emprendedores que han querido formar micro empresas con bajo capital y pocos socios, pero que por cuestiones de tramitología, tiempo o dinero no lo hacen.

Por la importancia de las Pymes en la economía nacional es indispensable instrumentar acciones como este nuevo régimen societario, que apoyan directamente a los emprendedores para constituir empresas a fin de generar las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y simplificación.

En mi grupo parlamentario estamos convencidos en que la aprobación de este dictamen representa un gran avance para los emprendedores en México, sin embargo también estamos conscientes de las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad en torno a la falta de una regulación integral de las sociedades por acciones simplificadas, relativa a la falta de medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento en cuanto al mal uso de su firma electrónica o la falta de blindaje contra la comisión de delitos, con lo que se limita la acción de la legislación federal en materia de lavado de dinero o como lo relativo a la representación legal, ya que la reforma es omisa en este aspecto. Creemos que estos aspectos deberán ser objetos de posteriores discusiones y reformas.

Compañeros legisladores, la reforma no es perfecta pero sí perfectible y es nuestra labor apoyar este tipo de iniciativas que son pasos agigantados para incentivar a la economía del país, pero estar conscientes que como legisladores debemos trabajar en la presentación de iniciativas que ayuden a perfeccionar la nueva figura jurídica para blindar a la sociedad cuando es unipersonal.

Se reconoce el esfuerzo y la suma de voluntades políticas con esta reforma legal que impactará a la economía del país y que apoyará a los emprendedores en México, por lo que debemos votar a favor el presente dictamen. Gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El diputado Waldo Fernández González: Con su venia. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que presenta la Comisión de Economía, como Grupo Parlamentario del PRD. Nos congratulamos con la aprobación de esta minuta, ya que con estas modificaciones a la legislación de la materia, miles de jóvenes podrán abrir por primera vez un negocio en poco tiempo y sin costo.

En esta LXIII Legislatura estamos dando un paso importante en beneficio de todas y todos los emprendedores que estén planeando abrir un negocio. Se pretende facilitar los trámites a todas las personas que quieran abrir una nueva empresa, para que con ello se reduzca notablemente el tiempo que actualmente se invierte en esta cansada tramitología, que lo único que hace es que la gente se desespere y desista de su cometido, o bien que pasen a engrosar las filas de la informalidad, con lo que sin duda perdemos todos, absolutamente todos los mexicanos.

Lo anterior en virtud de que resulta necesario para nuestro país contar con nuevas fuentes de empleo, pero no sólo eso, sino que tenemos que brindar a todas las personas, pero sobre todo a la juventud, la oportunidad de emprender nuevos negocios que redunden en beneficios para toda la sociedad mexicana. Asimismo, me permito recordarles que esta propuesta viene de la sociedad civil, de los jóvenes emprendedores que existen a lo largo y ancho del país, mismos que se organizaron a través de las redes sociales.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, en su informe de grupo de trabajo señaló que un sistema eficaz de inscripción de empresas debería asegurar que este proceso fuera eficiente en cuanto al tiempo y los costos conexos, y que en la legislación vigente sabemos que está lejos de suceder.

¿Quién no conoce o ha escuchado lo tardado y engorroso que es intentar abrir un negocio? De ahí la impostergable necesidad de reducir al mínimo los trámites, así como los costos, pues es de todos sabido las vicisitudes económicas a las que se encuentran las nuevas empresas lo que hace que prácticamente estén en quiebra antes de comenzar a laborar.

En ese contexto, es que en mi grupo parlamentario nos manifestamos a favor de esta noble propuesta de reformas a la legislación mercantil y fiscal aplicable, en virtud de que sin duda alguna se refleja en ella beneficios para todos. Una ventaja más de esta reforma que hoy se somete a nuestra consideración es que se detonará el crecimiento de contribuyentes.

El INEGI señala que las Pymes generan el 52 por ciento del producto interno bruto y el 72 por ciento del empleo en México. Sin embargo y de acuerdo al Banco Mundial, en 2012 se crearon 0.88 empresas por cada mil personas en edad de trabajar, en comparación con Brasil o Colombia, en donde se crean en promedio dos empresas por cada mil personas.

Por otro lado, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial dice que solo el 10 por ciento de las Pymes mexicanas llegan a los 10 años de vida y logran el éxito esperado, mientras que el 75 por ciento de las nuevas empresas del país fracasan y deben cerrar sus negocios solo dos años después de haber iniciado sus actividades.

¿Qué es lo que se pretende con la creación de la sociedad de acciones simplificadas? Generar nuevas empresas, que significarán nuevos empleos, simplificar el proceso de constitución de las micro y pequeñas empresas, fomentar el crecimiento de estas empresas para que adopten formas más sofisticadas de operación y administración. Pero sobre todo facilitar su ingreso a la formalidad.

Es por ello que con la nueva figura que hoy estamos discutiendo, una empresa se podrá constituir con una o más personas físicas y sus ingresos anuales no podrán rebasar los cinco millones de pesos y en caso de que los rebasen tendrán otro régimen societario, lo que beneficiará de una vez que empieces arrancando tu negocio, hacerlo de inmediato.

Durante el proceso de constitución, la utilización de los servicios de fedatarios públicos es optativa, no se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de esta sociedad.

El sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto.

El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, conforme a las reglas que emita la propia Secretaría de Economía, por lo que se da un paso adelante en transparencia.

Por lo anterior, como Grupo Parlamentario del PRD celebramos la aprobación de este dictamen en beneficio de las y los jóvenes que comienzan un negocio. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, del Partido Acción Nacional, el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimados diputados y diputadas, el actual desempeño de la economía no satisface las necesidades básicas de la población, los padres de familia requieren contar con un empleo, con un salario digno para sacar adelante a los suyos.

Por ello, los legisladores del PAN hemos hecho propuestas para fortalecer la economía de los mexicanos, como echar atrás la reforma fiscal que ha resultado tóxica para nuestra economía.

La riqueza y los empleos se crean en las empresas, principalmente en las micro, pequeñas y medianos negocios, los cuales generan ocho de cada diez empleos en este país.

Fomentar su apertura y operación es de gran relevancia para todos, por ello Acción Nacional propone la creación de las sociedades por acciones simplificadas, un esquema moderno de mejora regulatoria, para facilitar la constitución legal de las empresas mediante un proceso ágil, sencillo, expedito y sin burocracia.

Esto se logrará mediante un portal electrónico a cargo de la Secretaría de Economía, en el que se podrá realizar la constitución legal de una empresa sin acudir a un notario o corredor público.

Esta dependencia tendrá un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para poner en marcha este portal electrónico, mismo que deberá estar vinculado con el Sistema de Administración Tributario, SAT, el Seguro Social, así como los estados y municipios, entre otros.

Será un sistema confiable, pues los emprendedores deberán emplear su firma electrónica avanzada para acceder y constituir la nueva empresa.

La Fiel produce los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, sin embargo, es más confiable, pues en su elaboración se recaban datos biométricos, lo que garantiza que la Fiel corresponda a la persona física.

Las sociedades por acciones simplificadas serán un nuevo régimen fiscal enfocado a la promoción de las micro y pequeñas empresas que facturen no más de 5 millones de pesos al año, cuando rebasen este monto se tendrán que transformar en alguna de las otras seis figuras de sociedad.

Compañeros, aprobar este dictamen implica una importante mejora regulatoria con beneficios tangibles para los mexicanos, como reducir drásticamente los tiempos para la constitución de la empresa y mejorar la competitividad del país.

En la actualidad el Banco Mundial nos ubica en el lugar 64 del ranking doing business, es decir, hay otros 65 países donde es más rápido y sencillo emprender.

Al mejorar la competitividad fortalecemos tanto la atracción de inversión extranjera como la integración de las Mipymes en las cadenas productivas.

En Acción Nacional seguiremos luchando por mejorar las condiciones de nuestra economía, regresar al régimen de pequeños contribuyentes, así como todas las medidas que fortalezcan a las micro y pequeñas empresas.

Pedimos su voto a favor del presente dictamen, pues sin duda va en el camino correcto para sacar a México del bache económico que actualmente vivimos. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

El diputado Miguel Ángel González Salum: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI expresa hoy beneplácito por la discusión e inminente aprobación de la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles por la que se crea la sociedad de acción simplificada.

Es posiblemente el día de hoy, que el Poder Legislativo dará buenas noticias a las y los emprendedores, a las y los pequeños y medianos empresarios de nuestro país.

La minuta que hoy estamos por aprobar es también el resultado de la voluntad política y actuar responsable de la colegisladora y de la Comisión de Economía de esta Cámara, quienes pondrán fin a una discusión que se había presentado en distintas legislaturas sin poder concretarla.

Con la inclusión de la sociedad por acción simplificada a la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece un mecanismo de operación sencillo que se adapta a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, y se fomenta el crecimiento de las empresas que en el futuro adopten formas más sofisticadas de operación y administración.

En el dictamen de la minuta se precisa que estas sociedades podrán constituirse por una o más personas físicas, que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas y otro tipo de sociedad mercantil a las que se refieren las fracciones I a la VII del artículo 1o. de la ley.

También se especifica que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrán rebasar de 5 millones de pesos. En caso de rebasar ese monto, la sociedad por acciones simplificadas deberá transformarse en otro régimen societario contemplado asimismo en esta ley.

Con la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros, se da un gran paso en la dirección correcta, pues se amplían las oportunidades para los emprendedores, se genera empleo, se superan obstáculos y al mismo tiempo se agiliza el tiempo de creación a un día de estas empresas y elimina el costo de los trámites, que son excesivamente onerosos, al tiempo en que flexibiliza al máximo los trámites que hasta hoy siguen vigentes y que representan uno de los cuellos de botella más inoportunos para el emprendedurismo en México.

Compañeras y compañeros, es nuestra obligación trabajar en una nueva cultura de la agilización de los trámites para impulsar que haya cada día más emprendedores, impulsen la generación de empleos desde las micro y medianas empresas. Por ello es que solicito, a nombre de las diputadas y los diputados del Revolucionario Institucional su voto a favor de la presente minuta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González.

En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, aunque antes espéreme, secretaria. A ver, sonido ahí en la curul del diputado, por favor. Sí, diputado Pedro Noble, ¿Con qué objeto?

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Para abundar en el tema de los pros, efectivamente, presidente. Decirle a la asamblea que en los trabajos de la comisión también participaron el Notariado Nacional, dejaron algunas cuestiones, algunas preocupaciones, pero fundamentalmente de que fueron atendidas éstas a través de la Secretaría de Economía, con la señora subsecretaria, con la propia Comisión de Economía.

Y un aspecto relevante es que, para quienes les preocupaban que a través de las sociedades anónimas simplificadas pudieran acceder recursos de procedencia ilícita, va a haber toda una reglamentación que va a impedir que eso se pueda dar, de tal manera que la Fiel y que los elementos de certeza jurídica queden debidamente sustentados. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias por ilustrar a la asamblea. Un tema que efectivamente preocupa a no pocos en la sociedad mexicana y aquí mismo en el Poder Legislativo, lo que usted acaba de decir para prevenir acciones ilícitas. Gracias, diputado Noble.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría, que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 428 votos en pro y 1 voto en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de febrero a las 11:00 horas. Buena tarde.

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