Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 306 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:39 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de febrero de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambio de integrantes de comisiones ordinarias.

De los diputados Wendolin Toledo Aceves y Jesús Sesma Suárez

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Informe Anual de las concesiones otorgadas por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, durante el ejercicio fiscal 2015.

De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con el uso irracional de automóviles.

De la Secretaría de Cultura

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para solucionar el conflicto del Canal 22 de televisión.

De la Procuraduría Federal del Consumidor

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”.

De la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

Con el que remite acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, en relación con ministraciones pendientes y autorizadas por el Congreso del Estado.

Del Congreso del Estado de Guerrero

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a la división de poderes, a las esferas de competencia y a la Cámara de Diputados para que legisle de manera integral sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras en cualquiera de sus denominaciones, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la ley en el estado de Guerrero y el país.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite información complementaria correspondiente al tercero y cuarto trimestres de los organismos descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Pronunciamiento sobre la Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

Reincorporación

De las diputadas María Esther Guadalupe Camargo Félix, Yahleel Abdala Carmona.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforman los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareno Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Bienestar Animal, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 8 de Noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Dictamen a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, de la Sagarpa, de la SE y de la SHCP, a fin de establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto, a cargo del diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ganadería.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SCT, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios establecidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua, respete el monto de los recursos aprobados por esta Soberanía en el PEF 2016, para los programas de agua potable y saneamiento que ejecutan las Entidades Federativas, suscrito por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Francisco Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Abalos y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el catálogo universal de servicios de salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a fin de garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos en el estado, durante el proceso electoral de 2016, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del Estado de México, a conducirse conforme a derecho y visión de Derechos Humanos en torno a la demanda de Amparo interpuesta por el defensor de los bosques Ildefonso Zamora, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, para que implementen las acciones tendientes a la solución del problema de los productores nacionales de leche, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Semarnat y de la Cofepris, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CIDH para que designe un Grupo de Trabajo sobre las alarmantes desapariciones y homicidios de periodistas y activistas en el estado de Veracruz, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al Director General de la CONADIS, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y del DF para que actualicen y homologuen sus ordenamientos en materia de desarrollo social, tomando como referencia la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al CNSP y al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para que apoye al municipio de Hermosillo, Sonora, a fin de combatir el aumento de homicidios en la localidad, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que integre un Comité de expertos que realicen un análisis del proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León, para que continúe con los recursos legales a su alcance, respecto de posibles errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río, suscrito por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y las Secretarias de Medio Ambiente de los estados, cumplan con la NOM 156, en ciudades con más de 500 mil habitantes, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que emita una evaluación socioeconómica, para que los afiliados conozcan la forma cómo se planteó la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE, que envió el Ejecutivo federal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SRE, para que implemente una campaña de difusión en el territorio nacional y en el extranjero, a fin de informar a nuestros connacionales sobre el proceso de credencialización electoral, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo relativo a la habilitación de “lactarios”, en los edificios de esta Soberanía, con el fin de promover e incentivar el consumo exclusivo de leche materna, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pecheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de Capufe, se tomen medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país, suscrito por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa Citrofrut siga contaminando y en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Chiapas, para que en coadyuvancia con el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, den solución a las demandas interpuestas en contra del despojo y desconocimiento de la legítima propiedad al que han sido sujetos los habitantes de la colonia Sacramento de Jesús, en esa entidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres del país, para que en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Pemex, de la Semarnat, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y de la Profepa, realicen las acciones necesarias, a fin de evitar que la salud y la seguridad de la población se vea comprometida por la emisión de contaminantes tóxicos de la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” y de los ductos de la paraestatal en el municipio de Salamanca, Guanajuato, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Conago, para que en cada entidad federativa se constituya un fideicomiso público para la creación, operación y evaluación de un programa social destinado a otorgar tarifas de transporte público preferenciales a los estudiantes de educación secundaria, medio superior, superior y educación especial, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que a través del INBA, se atienda la problemática suscitada con los trabajadores de la Comisión Nacional de Danza, respecto de sus prestaciones y derechos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la elección extraordinaria en el municipio de San Andrés Chiautla, Estado de México, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al Secretario Ejecutivo del SNSP, para que apliquen los criterios de selección de los municipios para ser elegibles como beneficiarios del Programa del Fortaseg y se analice nuevamente el caso del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, suscrito por los diputados María De La Paz Quiñones Cornejo y Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que cumpla con los compromisos presupuestales con la Universidad Veracruzana, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV y a la SHCP, para que difundan un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del estado de Puebla, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto Mexicano de la Radio, a fin de modificar su programación, para abrir transmisión y espacio de contenidos para la periodista Carmen Aristegui en frecuencia nacional, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados por el que se exhorta a los titulares del INEE y de la SEP, para que difundan las causas que motivaron la cancelación de la Evaluación Planea, programada para los niveles de sexto grado de primaria y tercero de secundaria del país, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se lamenta el múltiple homicidio de la familia mexicana originaria del Municipio de Tarimoro, Guanajuato, ocurrido en la Ciudad de Chicago, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 12 de febrero, Día de la Instauración del Derecho a Voto de las Mujeres a nivel municipal, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden de día...

El diputado Adrián González Navarro (desde la curul): Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Adrián González. ¿Con qué objeto, diputado González Navarro?

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Gracias, señor presidente. Me debo a Nuevo León y esa es la razón por la cual en este momento pido el uso de la palabra. Los hechos que en este momento están aconteciendo en mi estado, donde ya hay más de 50 muertos en el penal de Topo Chico, me obligan a no dejar pasar ni un minuto más.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está con los deudos y la gente que tiene hoy dolor en Nuevo León, y le queremos hacer un llamado enérgico al gobernador del estado para que dé la cara e inmediatamente les diga y dé respuesta a cada una de estas personas que está exigiendo por sus familiares.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, se registran sus expresiones y, no está en el orden del día pero desde luego es un hecho que nos preocupa, que lamentamos y que esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, de nueva cuenta; a ver, sí, diputado.

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Pido, si me lo permite, pedir un minuto de silencio por todas aquellas personas que han perdido la vida, yo se lo agradeceré.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita le damos curso, diputado, si me permite, por favor, a su petición.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada, por favor.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Obviamente lamentamos mucho lo que sucedió, estos hechos allá en Nuevo León, y desde el sexenio pasado de nuestro entonces gobernador Rodrigo Medina, hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos donde ya decía que ahí en los penales se violaban los derechos de los reos. Entonces ya exigimos que ya se termine esto y que haya paz y tranquilidad en Nuevo León. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Velázquez.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Laura Plascencia, por favor.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde curul): Gracias, Presidente. Me uno en un acto de solidaridad con todos los familiares del hecho tan terrible que el día de hoy despertamos como comunidad mexicana. Pedirle al gobernador del estado Jaime Rodríguez, nos pueda informar el estado en el que se encuentran las mujeres y los niños de ese penal, porque en el penal de Topo Chico es un penal mixto donde tenemos niños y tenemos mujeres, y al día de hoy, a estas horas, no sabemos la cantidad de heridas, de muertas o de niños y la salud de los mismo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Plascencia, gracias. Sugiero respetuosamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios pudiera retomar los asuntos planteados aquí en relación con estos hechos y que pueda darse en el curso de la sesión del día de hoy, algún pronunciamiento.

Se los planteo respetuosamente, se los sugiero y ojalá y tengamos ahí eco, no tengo a la vista más que... Acá está el diputado Marko Cortés, es una sugerencia respetuosa, diputado coordinador para que puedan atender el asunto entre los integrantes de la propia Junta de Coordinación Política y podamos conocer al respecto algo con lo cual se puede pronunciar esta Cámara de Diputados.

Déjenme nada más porque me pidió la palabra, acá, la diputada Hortensia Aragón. Sonido en la curul, allá, de la diputada.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Diputado presidente, primero para respaldar a nombre del PRD la propuesta de que la Junta de Coordinación se reúna a la brevedad y emita un posicionamiento conjunto que recoja las inquietudes que aquí se han planteado, fundamentalmente la preocupación por las condiciones en las que operan los penales, muchos de los penales, de este país; nuestra solidaridad con las víctimas y los familiares de ellos, y por supuesto, la información precisa sobre las condiciones que aquí se han expresado, y todo ello pueda antes de que termine esta sesión ser parte de un pronunciamiento serio, formal, como usted lo ha propuesto, y que por supuesto esteramos pendientes de que así sea. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aragón.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Marko Cortés, por favor.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Ante estos hechos tan lamentables, en donde más de 50 personas perdieron la vida y en donde la falta de información ha sido la característica, debido a que este hecho ocurrió por la media noche y hasta hoy por la mañana se dio cuenta del número de personas sin saber exactamente todavía qué personas son las que perdieron la vida, sí es oportuno que esta Cámara de Diputados haga un extrañamiento inmediato al gobernador del estado de Nuevo León.

Y me sumo a la petición de que en este momento esta Cámara pueda hacer un minuto de silencio por todas estas personas que perdieron la vida por negligencia, y que no es la primera vez que ocurre en el estado de Nuevo León. Si recordamos, el 19 de febrero del 2012 también hubo 44 muertos en el motín de Apodaca, Nuevo León.

Por ello le pido, presidente, que proponga un minuto de silencio por los que perdieron la vida el día de ayer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Sugeriría, subrayaría la sugerencia que había hecho, que creo que la compartimos, de que podamos hacer un pronunciamiento en el curso de esta sesión a partir de un documento que pueda procesarse en el seno de la Junta de Coordinación Política y que en su momento entonces atendamos, le diéramos curso a la petición que ya han formulado dos compañeros diputados, el diputado González y el diputado Cortés en su momento. Gracias.

Continuamos entonces. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Perdón, sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras. Yo quisiera que hiciéramos esta reflexión también para el caso Ayotzinapa. Es un tema que nos lastima a todos y que no podemos perder de vista y el día de ayer tuvimos una crítica muy seria de los eurodiputados. Entonces no perdamos también lo de Ayotzinapa en la mira del respeto a los derechos humanos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Tello, por favor.

El diputado Jorge Tello López(desde la curul): Diputado presidente, gracias por permitirme externar también la preocupación no nada más del caso de Nuevo León, de Ayotzinapa, sino también de Veracruz. Este país está ensangrentado, es importante pedirle al secretario de Gobernación nos diga qué están haciendo, ya que no podemos seguir viviendo en la incertidumbre. Ni una muerta más, y me refiero a los periodistas y las periodistas de este país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se recogen las expresiones que se han manifestado para que queden asentadas en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Guillermo Santiago, por favor.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Señor presidente, en el sentido de también pedir un minuto de silencio por los otros cinco jóvenes desaparecidos y dos que ya aparecieron muertos en Veracruz. Es indignante lo que está pasando en México con las y los jóvenes. Están matándonos, todo por el derecho a querer una vida mejor.

Aprovechando este ambiente en el que todos estamos de acuerdo, igual les pido este minuto de silencio para ellos, porque también se me hace justo y se me hace congruente pedirlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Lo incorporamos en el sentido de lo que habíamos venido señalando ahorita, para que podamos en su momento darle este procesamiento.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar, por favor.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Señor presidente, por supuesto que unirnos a este clamor, específicamente en el estado de Veracruz, hay dolor, Anabel Flores, Tierra Blanca y muchos otros crímenes, incluyendo familiares. No solamente el minuto de silencio, sino solicitar públicamente que el gobierno de Veracruz está rebasado por la violencia, por la complicidad y que haya un comisionado para que haya armonía y paz, en este año que es tan delicado para la gobernabilidad de la sociedad veracruzana. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veinte diputadas y diputados, a las once horas con treinta y ocho minutos del martes nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince.

• Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos treinta y seis, y cuarenta de la Ley de Asistencia Social, presentada el once de noviembre de dos mil quince.

• Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Energía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Ley de Industria Eléctrica, presentada el veintiséis de noviembre de dos mil quince.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil, la proposición con punto de acuerdo en materia de movilidad, presentada el primero de febrero del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a esa dependencia proponga alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del Hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que solicita a la Procuraduría General de la República implementar las medidas necesarias para que se redoblen los esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar un Protocolo Único de Acción para temas de violencia de Género en contra de las Mujeres y capacitar al personal relacionado en temas de perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Donde se solicita realizar las inspecciones y visitas de supervisión que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado de ese sector de la población, así como ejercitar acciones legales para la regularización de los servicios que prestan dichos establecimientos. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

– Por el que se solicita se promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se solicita generar e implementar acciones preventivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Tonto, afluente del Río Papaloapan, de la Región Hidrológica X. Golfo Centro; así como proceder a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación de dicha zona y se ejecuten las sanciones que correspondan. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a realizar las gestiones necesarias para construir y operar una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General “Doctor Ernesto Meana San Román”; así como la ampliación, modernización y equipamiento de los nosocomios ubicados en diversos municipios del estado de Morelos. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a esa dependencia a implementar estrategias y acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todo el país, en todas sus modalidades. Se remite al promovente, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a considerar medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen la imagen institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y de la Secretaría de Educación Pública. Se remite al promovente, para su conocimiento.

– Por el que se solicita continuar con la aplicación puntual de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas en el país, así como hacer una revisión exhaustiva de la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad a efecto de evitar accidentes. Se remite al promovente, para su conocimiento.

– Donde se solicita que durante el dos mil dieciséis se convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos y, en su caso, de cumplir con los trámites y requisitos, declare Pueblos Mágicos a Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, pertenecientes al estado de Yucatán. Se remite al promovente, para su conocimiento.

c) De la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para diseñar esquemas de atención profesional inmediata a todos los niños diagnosticados con algún tipo de cáncer. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

d) Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Tabasco, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para inspeccionar a los albergues e instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Fiscalía General del estado de Veracruz, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas para su conocimiento.

f) De la Dirección General de Infraestructura Educativa, con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos al Programa Escuelas al Cien:

• Por el que se solicita que, en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), haga público el contenido de los convenios de coordinación celebrados para ejercer los recursos del programa “Escuelas al Cien”, y mantener actualizado el sitio de geo referenciación para hacer transparente el estado actual de las escuelas que habrán de beneficiarse con el programa, así como, el tipo de obras y mejoras contenidas en los “Proyectos INFE” de los planteles de registro de escuelas elegibles para los años dos mil quince-dos mil dieciséis, y dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. Se remite al promovente, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a que, en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad (CONADIS), lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta el mobiliario escolar, la infraestructura de protección civil, el uso de igualdad de condiciones de todas las áreas escolares y el entorno perimetral, incluyendo el diseño de mecanismos de evaluación, supervisión y participación social, así como, a que envié un informe a esta soberanía sobre los avances del programa “Escuelas al Cien”. Se remite al promovente, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del recinto los ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas, y Sergio René Cancino Barffuson, diputados federales electos en la Segunda Circunscripción; del Octavo Distrito Electoral, del estado de Sinaloa; y del Décimo Distrito Electoral del estado de Veracruz, respectivamente. El Presidente designa una comisión que los acompaña en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Delfina Gómez Álvarez, y suscrita por diputados integrantes de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Lillian Zepahua García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Lillian Zepahua García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento cincuenta y nueve, y ciento sesenta, de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y abroga la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A las doce horas con treinta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos séptimo, y noveno de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo sexto de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

• Sergio Emilio Gómez Olivier, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático, para dictamen.

• José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos setenta y tres, ochenta y nueve, y noventa y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Competitividad, por el que se reforman y adicionan los artículos tres, dieciocho, y diecinueve de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Peralta Grappin, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Eduardo Francisco Zenteno Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional; y Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintidós votos a favor; y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos tres, dieciocho, y diecinueve de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del Partido Acción Nacional; y Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

su curul realiza moción de ilustración el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintiocho votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y cuatro, y ciento treinta de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen una tarifa preferencial a los enfermos oncológicos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, relativo a la designación de los titulares de los órganos internos de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, y a la Procuraduría General de la República, para que coordinen una evaluación sobre los casos de violencia contra niñas y niños migrantes y personas desaparecidas. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al gobierno federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional, y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Chihuahua, a fin de solucionar la problemática de la escasez de agua en el municipio de Jiménez. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que antes de asistir a la UNGASS, se difunda la postura del Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Sesión Especial Sobre el Problema de las Drogas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Próspero Manuel Ibarra Otero, del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Pesca, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que realicen los estudios necesarios a fin rehabilitar y reacondicionar el Puerto Pesquero de Santa Rosaliíta en el Municipio de Ensenada, Baja California. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere dentro del programa nacional contra el cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos en materia de políticas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Miguel Ángel Sedas Castro, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a construir el inmueble de la clínica número cincuenta y ocho del Seguro Social, en la Ciudad de Huatusco, Veracruz. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los gobernadores de los estados, a que continúen e implementen nuevas acciones que coadyuven en la prevención, combate y erradicación del virus del Zika. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que solicita a la Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Educación Pública, emitan el plan de instalación de los bebederos en las escuelas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rafael Yerena Zambrano y Evelyng Soraya Flores Carranza, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Salud, para que investiguen sobre el empleo de la sustancia Diclorofenol en los plaguicidas y herbicidas, así como de su impacto en la salud pública. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián e Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se inicie Juicio de Lesividad contra la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular (MIA-P) para evaluar el proyecto “Malecón Cancún Tajamar”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implemente mayores acciones de apoyo y protección a la producción del aguacate que se produce en el estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Benjamín Medrano Quezada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos estales y municipales, para que implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática del maltrato y explotación infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la Secretaría de Marina, para que realicen un diagnóstico de la labor realizada en tareas de seguridad pública en las que participan integrantes de dichas instituciones. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General y a la Secretaria de Salud, emitan un acuerdo para declarar alerta epidemiológica al virus del zika y se tomen acciones pertinentes para su control y erradicación. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas para que incorporen en su legislación civil y familiar, los más altos estándares en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla, a atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Cultura, se instituya el día veintiocho de enero, como el día del Pluralismo Cultural derivado de la diversidad de los pueblos indígenas, dentro del calendario gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Educación Pública. y de la Secretaría de Cultura, para que difundan entre las escuelas y centros de trabajo públicos y privados, la modalidad de lectura grupal conocida como Slow Reading. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Lillian Zepahua García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a las autoridades del Sector Salud, para que en coordinación con las del estado de Veracruz, implementen una campaña permanente de información relativa a la prevención de las causas que ocasionan diabetes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con la pornografía infantil en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de adoptar políticas públicas sustentables que generen crecimiento del país, sin afectar sus recursos naturales; así mismo se investigue la posible comisión de uno o varios delitos cometidos en el deterioro y/o destrucción del medio ambiente en el malecón Tajamar. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice un protocolo de investigación sobre la mutilación genital femenina en México, a fin de establecer políticas públicas para proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, para que difunda el estado que guarda la infraestructura educativa en dicha entidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión de Justicia de esta soberanía para que dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido previamente presentadas. Se turna a la Comisión de Justicia para su atención.

• Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que incluya los elementos y consideraciones hechas por los diputados de las comisiones de Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur respecto de la integración y operación del Fondo para Fronteras, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a investigar las violaciones cometidas por las autoridades de ese gobierno, en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito y las llamadas fotomultas. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para evaluar el uso de recursos públicos, con el objeto de erradicar que su aplicación o ejecución influya en procesos electorales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero y a la Fiscalía General de esa entidad, a fin de liberar a Nestora Salgado García, y se indemnice la reparación del daño. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Ciudades, Espacios y Expresiones Patrimonio Nacional y de la Humanidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, difunda las medidas que ha puesto en marcha para evitar la disminución en el ahorro de los trabajadores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes del estado de Nuevo León, a fin de realizar el pago correspondiente a los ex trabajadores migratorios denominados exbraceros de Nuevo León, proveniente de un Fondo estatal autorizado por el Congreso de dicho estado. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que durante la organización para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las contrataciones que realice se apeguen a la normatividad existente en materia de gasto eficiente para adquisiciones o arrendamientos de muebles y servicios. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, relativo al incremento de feminicidios en el Estado de México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para que instrumenten las acciones necesarias que permitan que los resultados del ejercicio del gasto público, sean evaluados por instancias técnicas en los tres órdenes de Gobierno. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a fin de suspender el decomiso de vehículos de procedencia extranjera en el estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla, para que realice las investigaciones pertinentes sobre los distintos fideicomisos que el Gobierno de esa entidad ha contratado durante la presente administración, precise el destino, transparente y haga pública la contratación de los proyectos para la prestación de servicios. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves once de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con veinte minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el capítulo de comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Marco Polo Aguirre Chávez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Marco Polo Aguirre Chávez cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Santiago Taboada Cortina cause baja como integrante de la Comisión de Distrito Federal.

• Que el diputado Santiago Taboada Cortina cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sirva la presente para enviarle un cordial y respetuoso saludo, a la vez que con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago de su conocimiento, así como de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que usted dignamente preside, mi deseo de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General de Salud, en materia de regulación de asilos, albergues y casas hogar para adultos mayores, suscrita por una servidora, la cual presenté ante el pleno el 24 de septiembre de 2015, y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud.

En ese tenor, le solicito atentamente tenga a bien girar las instrucciones correspondientes para hacer efectiva mi petición y, en caso de estimarlo conveniente, efectuar los trámites parlamentarios conducentes.

Agradezco de antemano el favor de su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Wendolin Toledo Aceves (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retiren las siguientes Iniciativas presentadas en el pasado periodo ordinario de sesiones y turnadas a las Comisiones respectivas.

• Fecha: 8 de septiembre de 2015.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a fin de implantar un programa nacional de becas para estudiantes de instituciones públicas.

Presentada por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, PVEM; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Fecha: 22 de septiembre de 2015.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de inglés y computación.

Presentada por la diputada María Ávila Serna, PVEM; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Para efecto que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del GPPVEM.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DGAPIF/ DGUI/ 0170/ 2016, el ciudadano Luis Fernando Morales Núñez, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, envía el informe anual de las concesiones otorgadas y autorizadas durante el ejercicio fiscal de 2015.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el último párrafo del artículo 72 de la Ley General de Bienes Nacionales, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, México, Distrito Federal.— Presente.

Como es de su conocimiento, dentro de las funciones de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, están poseer, vigilar, conservar, proteger, administrar los inmuebles a cargo del Instituto, en términos de asegurar su óptimo aprovechamiento y de garantizar condiciones favorables para que los ocupantes lleven a cabo sus funciones, siendo el caso del otorgamiento de concesiones a favor de particulares.

En virtud de lo anterior, remito el informe anual de las concesiones otorgadas y autorizadas durante el ejercicio fiscal 2015, en términos de lo establecido por el artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dice:

“Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales.

(...)

Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.”

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en artículo transcrito, le solicito con fundamento en los artículos 6, fracción II, y 17, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, remita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el informe anual sobre las concesiones otorgadas y autorizadas durante el ejercicio fiscal 2015.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Luis Fernando Morales Núñez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo.— Consejería Jurídica de Oaxaca.

María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Distinguida vicepresidenta:

Reciba por este medio, un saludo afectuoso del titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo y atento a sus instrucciones doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-II-5-403, por medio del cual hace del conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado, a efecto que implemente campañas de información y concientización respecto a las afectaciones a la salud y al medio ambiente, provocadas por el uso irracional de automóviles, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

Adjunto encontrará el diverso DG/JPA/0001/2016, suscrito por la ingeniera Helena Iturribarría Rojas, directora general del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, en el que da contestación, conforme a lo exhortado, consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado en el diverso D.G.P.L. 63-II-5-403.

Sin otro asunto en particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, enero 12 de 2016.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Escudo.— Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado.

En atención al oficio número STPEE/G3/2015/1340, de fecha 21 de diciembre de 2015 y recibido en este instituto al día siguiente de su emisión, sus rito por el Secretario Técnico del titular del Poder Ejecutivo, y a su similar de número CJGEO/DGCNPL/DCBB/4378/2015, recibido en este Instituto el día 30 de diciembre de 2015, por medio del cual remite para atención el oficio número DGPL 63-II-5-403, signado por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva d la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes ni eles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y, en general, al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.

En el estado de Oaxaca la contaminación del aire es ocasionada por una gran cantidad y diversidad de fuentes de emisión, clasificadas convencionalmente como fuentes móviles (vehículos automotores), fijas (establecimientos industriales), de área (comercios y servicios) y naturales (biogénicas y erosivas), estas fuentes de emisión han sido cuantificadas mediante el inventario de emisiones a la atmósfera de contaminantes criterio, con una estimación para el año 2005 como parte del Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM 2005, Semarnat), así como para el 2008 (INEM 2008, Semarnat) , y recientemente para el 2011.

De lo anterior, y conforme a las facultades que los artículos 86 y 91 de la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, confiere a este Instituto, en materia de calidad del aire, para prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera, se realizan las acciones siguientes:

1. Desde el año 2008 el Instituto emite anualmente el Programa de Verificación de Vehículos (PW), como un instrumento de política ambiental para regular las emisiones contaminantes, así como fomentar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores que circulan en el Estado.

Desde el inicio del programa a la fecha, anualmente se ha incrementado en el porcentaje de vehículos verificados, razón por la cual en el 2015, para efectos de fomentar el interés de la ciudadanía en el sector de fuentes móviles de contaminación, se realizaron campañas de publicidad mediante la transmisión de spots en radio, anuncios impresos en gran formato, distribución de 15 mil dípticos y difusión en las redes sociales, así como el desarrollo de 13 operativos en las ocho regiones del estado, en coordinación con la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), Tránsito Estatal y las Direcciones de Tránsito Municipal. Dichas acciones se realizan año con año conforme a la disponibilidad presupuestal de este Organismo. Respecto al presente punto se anexa lo siguiente:

a) Díptico.

b) Comunicado de prensa.

c) Nota publicitaria.

d) Cronograma de operativos de verificación vehicular 2015.

e) Memoria fotográfica de los operativos realizados

Con la finalidad de fortalecer el Programa de Verificación Vehicular, en el 2012, este Instituto en coordinación con la Consejería Jurídica, la Dirección de Tránsito del Estado y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, elaboró la iniciativa de Ley de Tránsito del Estado, misma que se remitió en fecha 21 de enero del año 2013, a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para consideración, discusión y, en su caso, aprobación. En dicho iniciativa se establece el fortalecimiento del Programa Estatal de Verificación de Vehículos, para proteger el medio ambiente en la entidad, en materia de prevención y control de la contaminación generada por todo tipo de vehículos.

2. En el 2012, este organismo dio inició a las mediciones de calidad del aire, para evaluar y vigilar la calidad de aire de la Ciudad de Oaxaca, mediante una estación fija de monitoreo atmosférico; en el 2014, se adquirió la segunda estación ampliándose con ello el radio de medición de calidad de aire a la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Con lo anterior se conformó la Red de Monitoreo Atmosférico para conocer la concentración y dinámica de los contaminantes atmosféricos, la Red proporciona el respaldo técnico de las acciones que este gobierno realiza a favor de la calidad del aire, dado que registra información de los niveles de contaminantes en tiempo real, para ello se ha estructurado el semáforo de calidad del aire, con la finalidad de difundir la información a la población, el cual consiste en reportar el color y calificativo de calidad del aire asociado al contaminante con mayor riesgo a la salud, a partir de la evaluación de los límites de las Normas Oficiales Mexicanas.

La información antes descrita se publica en la página http://www.ecologiaysustentabilidad.oaxaca.gob.mx/. Se anexan captura de pantallas.

3. En el año 2013 se formuló el Programa Regional de Gestión para mejorar la calidad del aire (Proaire) para la Zona Metropolitana de Oaxaca, Zona Metropolitana de Tehuantepec y Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en el cual se establecen acciones orientadas al control y disminución de los contaminantes atmosféricos generados por las actividades diarias y por consiguiente afectan directamente a la salud y al medio ambiente.

El Proaire establece instrumentos y herramientas de gestión,: como el desarrollo de normas, convenios, participación de los sectores involucrados, educación ambiental, participación social, divulgación de la información y capacitación, entre otros, considerándose como un instrumento desarrollado para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO).

El Proaire tiene planteado 6 estrategias, las cuales están propuestas para ejecutarse a corto, mediano y largo plazo:

a) Reducción de emisiones en fuentes móviles.

b) Reducción de emisiones de fuentes fijas.

c) Reducción de emisiones en comercios y servicios.

d) Comunicación y educación ambiental.

e) Protección a la salud.

f) Fortalecimiento institucional y financiamiento.

Cada estrategia planteada, se establecen las siguientes medidas de acción:

a) Reducción de emisiones en fuentes móviles.

Medida 1. Fortalecer el programa de verificación vehicular en la ZMO.

Medida 2. Regular el autotransporte público y de carga que circula en la ZMO.

Medida 3. Desarrollar un programa de movilidad urbana.

b) Reducción de emisiones de fuentes fijas.

Medida 4. Fortalecer la regulación de las fuentes fijas estatales y coordinar los programas de inspección y vigilancia con las fuentes fijas federales.

c) Reducción de emisiones en comercios servicios.

Medida 5. Regular los establecimientos de jurisdicción municipal.

Medida 6. Reducir el uso de leña y carbón para la cocción de alimentos en hogares y establecimientos comerciales.

Medida 7. Controlar las emisiones generadas por el sector ladrillero.

Medida 8. Controlar las emisiones generadas por el sector alfarero.

d) Comunicación v educación ambiental.

Medida 9. Instrumentar una estrategia de comunicación de la calidad del aire.

Medida 10. Capacitar de forma continua a autoridades y empresarios en materia de calidad del aire.

Medida 11. Elaborar un programa de educación ambiental.

e) Protección a la salud.

Medida 12. Implementar el programa de contingencias atmosféricas.

Medida 13. Implementar un programa de vigilancia y prevención de enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

f) Fortalecimiento institucional y financiamiento.

Medida 14. Conformar un Comité técnico para el seguimiento y evaluación del Proaire de la ZMO.

Medida 15. Actualizar el inventario de emisiones.

Medida 16. Fortalecer e/ monitoreo atmosférico en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Medida 17. Realizar el diagnóstico de calidad del aire.

Los avances que se tiene del Proaire.

• Implementación de monitoreo atmosférico,

• Ampliación del sistema de monitoreo para cubrir la Zona Metropolitana de Oaxaca

• Programa de contingencias atmosféricas

Instrumentar una estrategia de comunicación de la calidad del aire (semáforo de calidad del aire)

• Acuerdos interinstitucionales para ejecutar las acciones establecidas en el Programa.

4. En seguimiento a la medida 12 establecida en el Proaire, en el 2014 se formuló el Programa de Contingencias Atmosféricas, como una herramienta que establece medidas preventivas para proteger la salud de la población, cuando la calidad del aire rebasa los límites establecidos por la normatividad, en dicho programa se plantan acciones para mejorar la calidad del aire y disminuir las repercusiones a la salud y el medio ambiente en materia de reducciones de las emisiones a la atmósfera.

Los avances del programa son:

a) Acuerdos interinstitucionales con Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Salud, Secretaría de Vialidad y Transporte, Secretaría de Seguridad Pública del Estado Instituto Estatal de Educación Pública, Coordinación Estatal de Protección Civil, el Municipio de Oaxaca de Juárez, con el objeto de ejecutar las acciones establecidas en el programa.

b) Fortalecimiento del monitoreo atmosférico.

c) Publicación de reportes diarios.

d) Estructuración de procedimientos de operación de cada dependencia. Se anexan al presente en digital el Proaire y el Programa de Contingencias.

Las acciones antes expuestas, no sólo están enfocadas a concientizar a la ciudadanía respecto de las afectaciones a la salud humana y al medio ambiente provocadas por el de automóviles, si no a disminuir prevenir, controlar y disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos en la Entidad; acciones que se desarrollan conforme a la disponibilidad presupuestal de esta Entidad.

Independientemente de lo anterior; con la finalidad ampliar la información en respuesta al exhorto en comento, este Organismo mediante oficios solicitó a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Vialidad y Transporte, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de la Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, considerando que dichas dependencia conforme a sus atribuciones, realizan acciones relacionadas con el exhorto en comento, con la finalidad de ampliar la información del exhorto. En respuesta a los oficios, se recibieron en este Instituto los similares que a continuación se detallan:

a) Mediante oficio de número SINFRA/OS/0318/2015, suscrito por el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, señala que esa Secretaría no cuenta con información y/o documentación de campañas de información y concientización respecto a las afectaciones a la salud y al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles. Se anexa copia simple del citado oficio.

b) Mediante oficio de número SEDESOH/DSPB/0413/2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, recibido en este Organismo el 30 del mismo mes y año citado, suscrito por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por medio del cual anexa una relación de paseos en bicicleta I realizadas en el 2015, del programa denominado “Estrategia bienestar, caravanas por la familia bienestar”. Se adjunta al presente el citado oficio, así como su anexo.

Aunado a lo anterior, este organismo emitió oficios en alcance a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Vialidad y Transporte, a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de la Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, con la finalidad de que remitan información y documentación, a efecto de ampliar y complementar la información del citado exhorto, y una vez que se cuente con las repuestas correspondientes se harán de su conocimiento.

Sírvame encontrar anexos en copia simple, los oficios antes señalados.

Por lo antes expuesto, solicito se me tenga rindiendo el presente informe en tiempo y forma.

Esperando que la información proporcionada cubra sus expectativas, sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 4 de enero de 2016.— Ingeniera Helena Iturribarría Rojas (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L.63-II-7-258, EXP. 56, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2015, que señala:

Único.Se exhorta al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al presidente del Consejo Nacional para 1a Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, a solucionar el conflicto en el canal 22 de televisión; asimismo, a realizar las acciones necesarias para preservar este importante medio público.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que el licenciado Raúl Cremoux López ya no es el director general de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22). Actualmente se encuentra a cargo de la misma, el licenciado Ernesto Velázquez Briseño.

Asimismo, le informo que se han implementado las medidas necesarias para restablecer favorablemente el clima laboral en dicha televisora. Adjunto al presente copia del informe de la Dirección General de Canal 22, respecto de las acciones tomadas.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 20 de enero de 2016.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico.»

«Licenciado Luis Cacho Pérez, Director Jurídico de la Secretaría de Cultura.

En atención al Folio 84599, informo a usted lo siguiente:

Se ha solucionado el conflicto que existía en Televisión Metropolitana, SA de CV, de conformidad con las acciones que a continuación se enuncian.

• En los primeros días de noviembre pasado fue resuelto el caso de Juan Jacinto Silva (exdirector de Noticias), a través de diversas pláticas conciliatorias con el apoderado legal del demandante se llegó a un convenio, mismo que se celebró el día 3 de noviembre de 2015, ante la Junta Especial Numero Dos y mediante el cual se le pagó la cantidad de $577,326.71 (quinientos setenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 71/100 MN), cantidad que comprendía todas y cada una de las prestaciones a las que tuvo derecho.

• El convenio en mención estableció dentro de la cláusula quinta que el ciudadano Juan Jacinto Silva Ibarra manifestaba lo siguiente: “Por su parte el actor Juan Jacinto Silva Ibarra manifiesta que está de acuerdo en recibir la cantidad señalada por la apoderada legal de Televisión Metropolitana, SA de CV, por concepto de las prestaciones redamadas en el escrito inicial de demanda, expresando que las cantidades antes mencionadas han sido plenamente verificadas y aceptadas, por lo que en este acto extiende a Televisión Metropolitana, SA de CV, el más amplio finiquito que en derecho proceda, desistiéndose de todas y cada una de las acciones y prestaciones ejercitadas en el escrito de demanda inicial en el presente asunto contencioso laboral para todos los efectos legales a que haya lugar, en consecuencia solicita en su caso el archivo del expediente en que ahora se actúa como asunto total y definitivamente concluido”. De lo que se concluye que no se le adeuda cantidad alguna al mismo.

1. En los casos del personal del área de Noticias a quienes se había informado la conclusión de funciones; en el mes de octubre pasado se iniciaron conversaciones con cada uno de ellos y quedó resuelta su situación laboral, por lo que siguen prestando sus servicios a la Entidad, ellos son: Guadalupe Pereyra Muñoz, Francina Islas, Irma Evangelina Gallo López de Lara, Marcos Daniel Aguilar Ojeda y Alejandra Flores López.

2. El resto de los quejosos, aquellos que hacían programas que fueron dados por terminados al finalizar el contrato de cada una de las series (Global y El Observador), fueron recibidos en una reunión el pasado día 27 de octubre, en donde se les expresó que tienen las puertas abiertas para presentar nuevos proyectos para su eventual realización en el año 2016.

3. Es necesario destacar que todos los quejosos que publicaron desplegados con la firma “Canal 22 sin censura”, emitieron un comunicado en donde prácticamente dan por terminado su movimiento el pasado día 7 de octubre, mismo que se acompaña a la presente.

4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del oficio QVG/DGAP /89041, recibido el 11 de enero del año en curso en Dirección General de Canal 22 informa finalmente que ha determinado “concluir el expediente de mérito como resuelto durante el trámite respectivo” y autoriza al Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la quinta visitaduría general de la CNDH a suscribir el oficio de notificación a la autoridad ya la parte quejosa. Anexo copia oficio.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, enero 12 de 2016.— Licenciado Ernesto Velázquez Briseño (rúbrica), director general.»

«Escudo.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Licenciado Ernesto Velázquez Briseño, Director de Televisión Metropolitana, SA de C V.— Canal 22 TV

Por instrucciones del doctor Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me permito hacer de su conocimiento el acuerdo recaído en la fecha citada al rubro en relación con el expediente CNDH/5/2015/7318/Q, iniciado con motivo del escrito enviado a este organismo nacional el 11 de septiembre de 2015 por parte de la señora Alejandra Flores López, en el que se determinó:

“...Del análisis de lo expuesto por la parte quejosa, así como de la información recabada por esta Comisión Nacional, se advierte que tanto la señora Alejandra Flores López como los demás agraviados han sido reinstalaos en sus cargos, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 125 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha determinado concluid el expediente de mérito como resultado durante el trámite respectivo,

(...) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, fracción XIII, del Reglamento Interior de esta Institución, se autoriza al director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a suscribir el oficio de notificación a la autoridad y a la parte quejosa.

Túrnese el expediente al archivo para su guarda y custodia como asunto concluido.

Notifíquese

Cúmplase.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2015.— Doctor Rodrigo Santiago Juárez (rúbrica), director general.»

«A la Comunidad Artística y Cultural de México. A los Periodistas que cubrieron el conflicto en Canal 22. A la Sociedad Mexicana

Tenemos expectativas de que el cambio de director general de vuelva la legalidad e institucionalidad a Televisión Metropolitana, SA de CV –CANAL 22–, permitiéndole recuperar su trayectoria histórica como el canal cultural de México y estaremos atentos a que así ocurra.

Ahora nos expresamos por este medio para agradecer públicamente a los miembros de la comunidad artística y cultural de México que, con dignidad y coraje ciudadano, se sumaron a la corriente de denuncia pública sobre la situación de censura, acoso laboral, abuso de autoridad y opacidad que caracterizó a Canal 22 bajo la dirección anterior detonó el conflicto institucional.

Si la sociedad claudica de sus medios públicos, contribuye al silenciamiento de su propia voz y a la cancelación de un contrapeso democrático indispensable ante los corporativos mediáticos. Esto da mayor relevancia a la intervención de quienes se expresaran honestamente en favor de un Canal 22 abierto, plural y diverso, leal a su vocación pública.

También reconocemos a los periodistas que dieron seguimiento noticioso al conflicto mencionado, ciñéndose a los valores deontológicos del periodismo profesional.

Por último, agradecemos las múltiples expresiones de apoyo, solidaridad y reflexión crítica de cientos de televidentes, particularmente a través de las redes sociales.

Nos despedimos por ahora, convencidos de que volveremos a encontrarnos en los territorios donde mejor nos movemos: los de la comunicación y el periodismo socialmente responsables, útiles a la materialización del derecho a la información de nuestra comunidad.

Cordialmente

México, Distrito Federal, a 7 de octubre de 2015.— #CANAL22SINCENSURA.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido presidente:

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 63-II-3-389, de fecha 20 de enero de 2016, a través del cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace del conocimiento sobre el punto de acuerdo número PA-2016LXIII-246 a esta Procuraduría Federal del Consumidor, solicitando una opinión del mismo, y en el cual señala:

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleve a cabo una estrategia coordinada que permita evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”.

Con la finalidad de dar oportuna respuesta, se comenta lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En este sentido, en el artículo 1 del mismo ordenamiento se encuentran establecidos los principios básicos en las relaciones de consumo, entre los que destacan los siguientes:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

La educación y divulgación sobre el consumo adecuado los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen;

IV. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios;

V. El respeto o los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y

VI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de la ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

Por lo anterior, esta Procuraduría realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.

Ahora bien, por lo que hace al punto de acuerdo de mérito, le manifiesto que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III y VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, son principios básicos en las relaciones de consumo: la información adecuada y clara sobre los diferentes productos, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

En este sentido, esta Procuraduría Federal del Consumidor vigila de manera puntual el comportamiento comercial de los proveedores, a efecto de que se ajusten a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y Normas Oficiales Mexicanas, con el fin de evitar la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: no exhibir de manera visible o no respetar los precios; condicionar o negar la venta de productos o prestación de servicios en existencia; a la manipulación de precios con la finalidad de incrementarlos, sin que existan causas justificadas; y el principio de libre oferta y demanda para afectar la economía de los consumidores; para ello ha creado programas de verificación, así como sigue impulsando las plataformas de consulta ya establecidas en la página de internet de la Procuraduría.

Tal es el caso del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2016, a través del cual se realizan verificaciones a establecimientos con venta al mayoreo, menudeo o detalle, como son: mercados públicos, misceláneas, expendios, centros de abasto del país así como tiendas de autoservicio, por medio del cual se vigilan los productos considerados dentro de la canasta básica, como son carne, pollo, tortilla, pan, huevo, etcétera.

Este descentralizado realiza la vigilancia a través de órdenes de verificación mixtas, a partir de las cuales, en un solo acto o visita, se verifica que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de protección al Consumidor, y en materia metrológica, que los instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-10-SCFI-1994, (instrumentos de medición-instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-requisitos técnicos y metrológicos).

Ahora bien, con base en las labores desplegadas por esta Procuraduría Federal del Consumidor, las cifras de las acciones que continúan siendo implementadas del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia Productos Básicos 2016 son las siguientes:

PNVV Verificación y Vigilancia

Productos Básicos

Visitas realizadas: 727

Visitas susceptibles: 29

Sellos suspensión: 20

Instrumentos verificados: 623

Instrumentos inmovilizados: 4

Por otra parte en cuanto al control de precios de artículos, materias y productos, debemos señalar que el mismo tiene su fundamento en el artículo 28de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

Artículo 28.

...

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

Es importante recordar que actualmente en México no existen precios oficiales, no obstante la Profeco realiza las acciones de vigilancia, manteniendo el monitoreo permanente de precios, mismo que se difunde a la población consumidora a través de la página de la Profeco www.profeco.gob.mx, con lo cual se dará a conocer los precios mínimos y máximos de tortilla, carne, pollo, y huevo, etcétera, que se registran en diversos estados del país, para una mejor decisión de compra.

Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en su artículo 9 establece la forma en que se fijarán los precios máximos a los bienes y servicios, a saber:

*Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, s erá responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.

*Énfasis añadido

De los artículos anteriormente transcritos, se desprende que la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene facultades para fijar precios, ya que sólo vigila y sanciona a los proveedores que no respeten los controlados.

Ahora bien, como un mecanismo de protección para los consumidores se ha establecido la canasta básica, la cual se integra por 82 productos y servicios, en la cual se consideran los gastos en alimentos, vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación, transporte y diversos conceptos adicionales.

Se debe señalar que algunos de los productos de la canasta básica tienen su precio controlado, el cual es fijado por diversas autoridades, por ejemplo:

• Gas doméstico LP, el precio lo fija la Secretaría de Economía, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

• Energía eléctrica, la tarifa la fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Gasolina, el precio lo fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante lo anterior, para cumplir con su obligación de protección al consumidor, cuando no existen precios controlados, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del programa denominado “Quién es Quién en los Precios” (QQP), reporta precios de 32 productos considerados en la canasta básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en igual forma aunque también reporta otros que no forman parte de dicha canasta.

Cabe señalar que en materia de precios los objetivos del Inegi y la Procuraduría Federal del Consumidor son diferentes; a saber

a) El Inegi es la única autoridad facultada para medir la inflación que se registra en el país.

b) Esta procuraduría recopila y difunde precios con el mayor detalle posible de presentación, marcas y tienda donde se encuentran para orientar consumidores y proveedores y, de esta manera, apoyar el funcionamiento eficiente de los mecanismos de mercado.

En este sentido, Quién es quién en los precios (QQP) es un programa que recaba y difunde de forma sistematizada información de precios al menudeo de diversos productos de consumo generalizado, recopilados diariamente en los principales establecimientos de los diferentes giros comerciales, para que los consumidores puedan comparar precios y tomar decisiones de compra informada.

Dicho programa es monitoreado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor y operado conjuntamente con las delegaciones del interior de la República Mexicana, operando en 31 estados de la República Mexicana y en la Ciudad de México. Lo que representa que se obtenga información de precios en 54 ciudades 13 delegaciones políticas de la Ciudad de México”

El programa Quién en quién en los precios permite al consumidor buscar el precio de un producto específico, conocer el precio mínimo y máximo en distintas tiendas comerciales, saber cuál es el costo total de una lista de productos y en qué establecimiento comercial el consumidor pagará menos.

a) Marcando al Teléfono del Consumidor: 55688722 o 018004688722. La atención se brinda los 365 días del año en horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes y de 10 a 18 horas los sábados, domingos y días festivos. Este medio de difusión existe desde la creación del programa denominado Quién en quién en los precios, es decir, a partir de 1977.

b) Por internet en la página institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor desde 2002, consultando la dirección web

http//www.profeco.gob.mx/precios/menú gg1.asp o bien, la página www.profeco.gob.mx

c) A través de internet en el portal del consumidor desde 2012, consultando la dirección electrónica http//www.profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx o www.consumidor.gob.mx

d) A través de la aplicación móvil gratuita de Quién en quién en los precios, disponible a partir de 2012.

La información recabada por esta Procuraduría es difundida a través de comparativos de precios que se publican en la Revista del Consumidor o en los boletines electrónicos Brújula de compra, según el tema de que se trate.

1. Información. A través de material didáctico como los folletos ¿Qué es Profeco?, Servicios que ofrece Profeco y Derechos básicos del consumidor, se informa y da a conocer a la población consumidora a dónde acudir y/o qué hacer en caso de que sean violados sus derechos en el acto de consumir.

2. Orientación y asesoría. Se canaliza a la población que solicita información precisa en temas de consumo.

3. Estrategias educativas

Educación y capacitación.A través del programa de Educación para el Consumo Responsable, que se imparte en sesiones educativas dirigidas a grupos de consumidoras y consumidores, cuya finalidad es ofrecer consejos sencillos a través de guías y folletos para que la población consumidora pueda prevenir y enfrentar la Cuesta de Enero. Dichos materiales se difundieron en redes sociales y en el portal oficial, sección de esa dirección general en

http://www.profeco.gob.mx/educ.div/educ.org.nvo.asp

En este sentido el 2 de diciembre de 2015 se desarrolló el foro de discusión en línea Fiestas decembrinas o fiestas de consumo 2015, con el propósito de identificar las estrategias del neuromarketing utilizadas en temporada decembrina, así como identificar los estados emocionales que incitan a la población a consumir. Dicho foro se ubica en el portal htttp://promotores.profeco.gob.mx

Asimismo, se difundieron Tips Consejos Profeco para cuesta de enero, los cuales se ubican en el portal htttp://promotores.profeco.gob.mx en la página institucional www.profeco.gob.mx y en la línea de espera del teléfono del consumidor de enero de 2016.

Estas son algunas de las acciones preventivas que la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores realizó con la finalidad de fomentar una cultura de consumo responsable en la población consumidora y para que tome decisiones acertadas que no afecten su economía familiar y así enfrentar la cuesta de enero.

Por su parte, la Dirección General de Estudios sobre Consumo, a través del programa Quién en quién en los precios durante 2015 captó y difundió 16 millones 256 mil 891 precios de consumo generalizado, resultado de visitas semanales a supermercados, pescaderías, farmacias, papelerías, tiendas especializadas, en electrodomésticos y departamentales, así como tortillerías en 53 ciudades del país.

Los datos arrojados del programa Quién en quién en los precios pueden ser consultados a través de la página www.profeco.gob.mx

En febrero de 2015 se presentó una nueva versión de la aplicación para teléfonos inteligentes en la que se puede consultar la información del programa. La cual permite elegir los lugares de compra más convenientes a través de la comparación de precios y generación de canastas inteligentes.

Por otra parte, en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica se ha compartido la base de precios históricos del programa Quién en quién en los precios, lo que ha servido para el análisis del comportamiento de precios de diferentes productos, su determinación y variaciones en el mercado.

Asimismo, la Dirección General de Difusión de esta Procuraduría Federal del Consumidor, en relación a la denominada “cuesta de enero”, ha difundido información a través de la red social Twitter, como la siguiente:

Ahorro de energía en temporada decembrina

En la temporada de fin e inicio de año se registra un importante incremento en el consumo de energía en los hogares por uso de aparatos electrónicos y series de luces navideñas, y el funcionamiento de aparatos de calefacción, aunque gran parte se debe también a los hábitos de los usuarios al momento de consumir energía. Por ello es importante tomar en cuenta una serie de medidas para hacer un mejor uso de este recurso y, al mismo tiempo, evitar accidentes siguiendo estos consejos:

• Utilizar el mínimo de series navideñas posible.

• Que éstas sean de focos LED, además de que consumen hasta 88 por ciento menos energía eléctrica que las series de focos incandescentes, reduciendo el mínimo de posibilidad de incendio de los árboles navideños.

• Adquirirlas en el mercado formal para, en caso de requerirlo, estar en la posibilidad de hacer válida la garantía.

• Encender las series a partir de las 19:00 horas hasta las 23:00 horas, y desconectarlas cuando no se usen.

• Asegurarse de que, en caso los adornos exteriores, las luces sean adecuadas para este uso y proteger las conexiones contra las inclemencias del tiempo.

• Procurar, en lo posible, el uso de dispositivos automáticos de encendido y apagado.

• No unir más de tres juegos de series de un mismo contacto, ya que se corre el riesgo de sobrecarga en la instalación, peligro de sobrecalentamiento, operación deficiente, posibles interrupciones de energía, cortocircuitos, y otros daños.

• Al salir de vacaciones, desconectar todos los aparatos que no sean imprescindibles y dejar activos sólo los interruptores necesarios.

• Se sugiere la adquisición de calentadores de ambiente con dispositivos de control automático.

• Sellar puertas y ventanas para conservar el calor al interior de los hogares y así evitar la sobreutilización de la calefacción. De igual manera, se sugiere el aislamiento adecuado de techos, paredes, coladeras y lavabos, por el mismo motivo.

En el mismo sentido se difundió el decálogo para un consumo responsable en el fin e inicio del año, que consiste en lo siguiente:

1. Informarse y pensar en el bienestar antes de comprar.

2. Planear las compras haciendo una lista de lo más importante y necesario.

3. No dejarse enganchar por la publicidad y la mercadotecnia.

4. No comprar por impulso, controlando los deseos.

5. Elegir alimentos revisando la caducidad.

6. Ahorrar una parte del aguinaldo para evitar la cuesta de enero.

7. Realizar materiales que hay en casa para los adornos navideños y envolturas.

8. Cooperar en los gastos y preparación de platillos.

9. Conservar los comprobantes de compra, facturas y garantías.

10. Después de comprar hay un año para reclamar.

Asimismo, se divulgó el decálogo para un consumo responsable cuidando las finanzas personales.

1. Planear las compras con base en los ingresos.

2. Compara la calidad y precio antes de comprar.

3. Evitar el “gasto hormiga”: café, refrigerio, propinas, etcétera.

4. Intercambiar o donar para evitar gastos innecesarios.

5. La tecnología doméstica y el platillo sabio de Profeco son útiles para ahorrar. Consúltalos en www.revistadelconsumidor.gob.mx

6. Las artesanías son una buena opción para hacer consumo solidario.

7. Comprar en lugares establecidos, exigir y conservar comprobantes de compra (tickets y facturas), contratos y garantías.

8. Ahorrar una parte de los ingresos para solventar imprevistos sin afectar la economía familiar.

9. Surtir la despensa haciendo y respetando una lista de lo que sí hace falta, evitando desperdicios.

10. Usar correctamente el crédito para no afectar el patrimonio.

Guía de consumo responsable para cuidar tus finanzas personales, 2015

La citada guía de consumo responsable para cuidar las finanzas personales persigue el objetivo de orientar a consumidoras y consumidores hacia la reflexión en la toma de decisiones, con sencillos consejos y ejercicios que puedan impactar positivamente en las finanzas personales, así como en la salud y en el medio ambiente al consumir responsablemente.

Consumo responsable.El consumo es un acto inherente a nuestro ser y a nuestro actuar, pero los recursos que utilizamos día tras día se agotan, por ello es indispensable aprender a consumir de forma responsable y sustentable. Entendiendo el consumo responsable como la forma de consumo racional y consciente; tratándose de una propuesta enfocada a la reflexión de nuestras decisiones de consumo, es decir, valorar las consecuencias de nuestros actos al elegir un producto o un servicio. La educación financiera es fundamental para lograr una cultura de consumo responsable, la que beneficiará las finanzas personales, como individuos, familia, comunidad y sociedad en su conjunto, permitiendo un mayor bienestar al satisfacer cada necesidad, biológica, psicológica y social.

Vigila y evita el “gasto hormiga”.Un aspecto importante de hacer un presupuesto es conocer el destino de tu dinero, saber en qué lo gastas. Es posible que uno de ellos sea el gasto hormiga, aquel que por considerarse menor pasa desapercibido, por ejemplo: el refresco, el café, la cajetilla de cigarros, los dulces, las propinas, etcétera, por lo que para evitar que tu dinero se fugue poco a poco sin darte cuenta es necesario conocerlos y controlarlos, para lo cual se emitieron 10 consejos para eliminar el gasto hormiga.

1. Registra diariamente esos “pequeños gastos”: café, galletas, dulces, cigarros, revistas, etcétera..

2. Haz cuentas y descubre lo que gastas a la semana, al mes y al año. Ahórralo.

3. Hazlo tú mismo. Bolea tus zapatos, prepara tu refrigerio en lugar de comprarlo, etcétera.

4. Compara precios antes de comprar, esa diferencia puedes ahorrarla.

5. Evita comprar “piratería” porque son productos de mala calidad y porque afecta la economía del país.

6. No compres productos desechables, son altamente perjudiciales para el medio ambiente.

7. Convierte el “gasto hormiga” en un capricho mayor como: unas vacaciones o liquidar tus deudas.

8. Haz tu propuesta y planea metas de ahorro e inversión.

9. Controla tu consumo de telefonía móvil, las promociones, las aplicaciones, juegos y sorteos tienen un costo.

10. Haz un consumo responsable.

La importancia del ahorro y la inversión. Ahorrar significa guardar una parte del ingreso para conseguir una meta o crear un fondo que te permita afrontar una emergencia. Dicho de otra forma si quieres ahorrar necesitas destinar una parte de tu dinero para utilizarla más adelante.

Por su parte la Coordinación General de Educación y Divulgación emite consejos para la cuesta de enero dentro de los cuales se destacan los siguientes; i) Por principio de cuentas planea tus gastos, ii) Con herramientas como Quién es Quién en los Precios de Profeco, puedes encontrar los mejores precios para tus compras decembrinas y de Día de Reyes, lo que evitará el tener una “cuesta de enero”, iii) Tanto en enero, como en cualquier mes del año ten alimentación más sana y económica consumiendo frutas y verduras de temporada, que tienen mejor calidad y precio para ti. Tu bolsillo lo agradecerá particularmente en la “cuesta de enero”, iv) El mes de enero es una buena temporada para renovarse y establecer metas, que una de ellas para el 2016 sea el tener un ahorro que te permita superar emergencias que pueden ir desde las de tipo médico, hasta una eventual “cuesta de enero”.

En el mismo sentido, la Coordinación General señala que las frases para la línea de espera del teléfono del consumidor de la semana del 4 al 10 de enero de 2016, las sobresalientes al tema que nos ocupa fueron:

1. Un buen propósito, no sólo para tu salud, también para tu bolsillo, es consumir verduras y frutas de temporada, como: chico zapote, lima, zapote negro, betabel, elote y berenjena.

2. Antes de empeñar tus prendas consulta el registro público de casas de empeño en

rpce.profeco.gob.mx. Entérate de cuales operan con legalidad y sí respeta tus derechos.

De la semana del 11 al 17 de enero de 2016

1. ¿Vas a empeñar para enfrentar la “cuesta de enero”? Identifica en el Registro Público de Casas de Empeño rpce.profeco.gob.mx., quien opera con legalidad y si respeta tus derechos.

De la semana del 18 al 24 de enero de 2016

1. Prepárate para las emergencias. Ahorra para que puedas enfrentar cualquier eventualidad sin afectar tus finanzas.

De la semana del 25 al 31 de enero de 2016

1. Elaborar tu presupuesto te ayuda a identificar en que gastas de más, a controlar tus gastos, conocer tu nivel de ahorro y tu capacidad de pago para evitar deudas. Practícalo.

2. Las tarjetas de crédito son un préstamo y no un dinero extra. Úsalas de forma racional, considera pagar el saldo antes de la fecha de vencimiento y abonar más del mínimo requerido.

Finalmente, n caso de que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte que algún proveedor de bienes y servicios cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las consumidoras y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado Rafael Ochoa Morales (rúbrica), subprocurador Jurídico, en funciones de Procurador Federal del Consumidor con fundamento en el artículo 7, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 115, fracción IV, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo OPLE-VER/CG/32/2016 de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, notifico el acuerdo referido, acompañándose copia certificada, para los efectos que previenen en el mismo.

Atentamente

Xalapa-Enríquez, Veracruz, febrero 3 de 2016.— Maestro Víctor H. Moctezuma Lobato (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Guerrero.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para su conocimiento y los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se exhorta con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras, en cualquiera de su denominación, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la Ley en el Estado de Guerrero y en el resto del país.

Aprobado en sesión celebrada el día miércoles 3 de febrero del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, miércoles 3 de febrero de 2016.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Guerrero.

La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 3 de febrero del 2016, la diputada Flor Añorve Ocampo, presentó la Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta con pleno respecto a la división de poderes y a las esferas de competencia, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras, en cualquiera de su denominación, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la Ley en el estado de Guerrero y en el resto del país, en los siguientes términos:

“Que desde el año 2000, en diversas entidades de la República Mexicana, comenzaron a operar al margen de la ley sociedades de ahorro y préstamo, sin contar con el registro correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Que en el estado de Guerrero iniciaron operaciones empresas entre las que se encuentra el Corporativo Teo’s la Familia también conocida como Productos Amor, propiedad de Teódulo Espinoza Aguilar, quien a través de las sociedades anónimas: Comercializadora Canastas Básicas Servicios y Productos del Campo Teo’s La Firma, SA de CV, complementos alimenticios Amor, SA de CV, y Complementarios Alimentarios Teo´s La Familia, SA de CV, quienes durante los años 2006 a 2011, captaron recursos defraudando a más de 13 mil 500 familias guerrerenses entre las que destacan aquellas zonas indígenas del Estado donde se carece de servicios financieros prestados por instituciones financieras legalmente constituidas.

Que el 29 de diciembre de 2000, se expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como Fideicomiso Pago, el cual tiene como fin, entre otros, resarcir en un porcentaje sus ahorros a los defraudados por financieras, previo el cumplimiento de determinados requisitos y entrega del expediente respectivo que debe contener entre otros documentos la denuncia penal, la auditoría formulada por despacho autorizado por Fideicomiso Pago, la identificación oficial de cada interesado y la libreta de ahorros de la financiera.

Que en el mes de enero de 2015, el gobierno del estado de Guerrero, anunció su inclusión en el Fideicomiso Pago, únicamente de 5 mil afectados, a lo cual, la organización no gubernamental denominada “Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero” (Adafig), quienes aglutinan a la mayor parte de los ahorradores defraudados por el Corporativo Teo’s, conocida como Productos Amor, declaró su inconformidad al respecto, manifestándose a favor de la inclusión de la totalidad de los defraudados, toda vez que tienen iguales derechos para acceder a recibir el citado beneficio.

Que a la fecha, la demanda de los afectados por las financieras no ha sido atendida en su totalidad, es por ello que por escrito de fecha 13 de octubre de 2015, el ciudadano Jaime Alvarado López, Presidente de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), solicitaron el apoyo de ésta Representación Popular para intervenir ante las instancias correspondientes con el objeto de recuperar los ahorros perdidos.

Que en Guerrero, aunado a este grave problema, existen sociedades Mercantiles o Financieras que prestan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, las cuales, al no existir una regulación en su funcionamiento han operado al margen de la Ley, realizando acciones fraudulentas en perjuicio de una gran parte de la población.

Que en este tenor, con fecha 18 de enero del año en curso, la comisión liquidadora de la Sociedad cooperativa Rerum Novarum, presentó un escrito a la suscrita, para que esta Soberanía Popular intervenga en la agilización del trámite para que se realice la auditoría contable y puedan darle seguimiento ante el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como fideicomiso Pago, esto, debido a que dicha ahorradora, defraudó aproximadamente seis mil socios, de los cuales, algunos tenían un mínimo de ahorro, otros fallecieron y algunos más se agruparon con abogados particulares, quedando pendientes alrededor de 862 personas que siguen solicitando su indemnización, a efecto de que se les retribuya lo que con muchos años de esfuerzo y trabajo lograron ahorrar en esa caja ahorradora.

Que es de suma importancia, que estas financieras se regulen bajo una base legal, y que haya un registro ante las instancias competentes, a fin de que exista un mayor control y vigilancia en su funcionamiento, y garantizar que los servicios financieros que ofrecen, como préstamos, ahorro, seguros, cambio de divisas, entre otros más, sean seguros y confiables, para que la ciudadanía acuda con tranquilidad a contratar dichos servicios, en el entendido de que podrán accionar los medios legales para hacer valer sus derechos, en caso de que existan irregularidades en el manejo de sus ahorros o cualquier servicio que le proporcionen dichas empresas.

Es por ello, que estimo procedente que esta Legislatura se pronuncie a favor de exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre la vigilancia y operación de las Instituciones y sociedades Mercantiles o Financieras, en cualquiera de su denominación, que presten servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera; así como al titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya a la comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que emita las disposiciones reglamentarias correspondientes, ya que con estas acciones, respaldamos a nuestros representados y se coadyuva a evitar que sigan siendo víctimas de dichas empresas.

Por otra parte, también resulta necesario exhortar a los titulares de los Poderes ejecutivo Federal y del Ejecutivo del Estado, a efecto de establecer los mecanismos de coordinación para canalizar a través del Fideicomiso “Pago” los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejecutivo Fiscal 2016, para apoyar a los defraudados en el Estado de Guerrero por el Corporativo “Productos Amor” y de la sociedad Cooperativa Rerum Novarum.

Asimismo, considero de suma importancia que esta Soberanía Popular, realice un respetuoso exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a fin de que implemente las acciones necesarias para agilizar las investigaciones correspondientes, tendientes a fincar la responsabilidad penal con motivo de las denuncias presentadas en contra de los propietarios dueños o socios del Corporativo “Productos Amor’ y” de la Sociedad Cooperativa Rerum Novarum.

Igualmente y con la finalidad de coadyuvar en el seguimiento de la demanda de los defraudados, considero necesario que esta Soberanía exhorte con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que instruya a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a fin de que agilice el trámite para llevar a cabo la auditoría contable relativa a los defraudados por la sociedad cooperativa Rerum Novarum.

Por último, tomando en cuenta que este problema no es propio de nuestro Estado de Guerrero, ya que existen diversas entidades Federativas que tienen problemas de este tipo, es importante sumar esfuerzos a fin de que se adhieran y exhorten, en su caso, para que se legisle al respecto y de esta forma garantizar a nuestros representados que existen los instrumentos legales que protegen sus derechos y en su caso, pueden hacer valer los mecanismos de defensa legal cuando les sean vulnerables; en este tenor, es por ello, que se solita la adhesión correspondiente en un transitorio de la presente propuesta de acuerdo parlamentario”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 3 de febrero del 2016, la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por la diputada Flor Añorve Ocampo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:

Primero.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras, en cualquiera de su denominación, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la Leu en el Estado de Guerrero y en resto del país.

Segundo.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del estado, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, instruya a la comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que emita las disposiciones reglamentarias correspondientes, y se vigile de manera más eficiente, la instalación y operación de las sociedades y entidades financieras, en cualquiera de su denominación, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera en el Estado de Guerrero y en todo el país.

Tercero.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que gire sus superiores instrucciones al Titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a efecto de dar seguimiento a las diversas demandas penales interpuestas ante las instancias correspondientes por los usuarios que resultaron defraudados por las

Cuarto.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura de este Honorable Congreso del estado, exhorta con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y del Ejecutivo del estado, a efecto de establecer los mecanismos de coordinación para canalizar a través del Fideicomiso “Pago” los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, para apoyar a los defraudados por el Corporativo “Productos Amor” y de la Sociedad Cooperativa Rerum Novarum en el Estado de Guerrero.

Quinto.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, hace un respetuoso exhorto al Titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a fin de que implemente las acciones necesarias para agilizar las investigaciones correspondientes y fincar la responsabilidad penal en el caso del Corporativo “Productos Amor” y de la Sociedad Cooperativa Rerum Novarum.

Sexto.La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, exhorta con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que instruya a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a fin de que agilice el trámite para llevar a cabo la auditoría contable relativa a los defraudados por la Sociedad Cooperativa Rerum Novarum.

Transitorios

Primero.El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo.Publíquese el presente Acurdo Parlamentario en el Periódico Oficial del gobierno del Estado y en la página web de este Honorable Congreso del Estado para su conocimiento general.

Tercero.Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, así como al titular de la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes.

Cuarto.Comuníquese a las Legislaturas de las Entidades Federativas para su conocimiento, y en su caso adhesión respectiva a los resolutivos primero y segundo del presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo, a tres de febrero de dos mil dieciséis.— Diputada Rosaura Rodríguez Carrillo (rúbrica), Presidenta; diputada Ma. Luisa Vargas Mejía (rúbrica), secretaria; diputado Fredy García Guevara (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance al oficio 710.2016.20.3-0798 de fecha 27 de enero del presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite en disco compacto con información correspondiente al tercero y cuarto trimestres de los organismos descentralizados enviada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, con diverso número 0171 recibido en esta dirección general el miércoles 27 de enero del año en curso, que se enlistan a continuación:

Así como también el cuarto trimestre de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Con fecha 15 de enero del año en curso, con fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracciones VII, VIII, XII y XIII, así como 15, fracción VIII, de la ley que rige la actuación de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que la faculta para impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos, a través de recomendaciones, diagnósticos y opiniones, entre otros documentos que constituyen un referente para ello, se emitió el Pronunciamiento sobre clasificación penitenciaria.

Derivado de lo anterior, me permito enviarlo anexo al presente, en espera de que éste contribuya a orientar las políticas públicas que garanticen el respeto por los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros ele reclusión.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

REINCORPORACIONES DE DIPUTADAS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Se recibió oficio de la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Se recibió oficio de la diputadaYahleel Abdala Carmona, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquense y bienvenidas de nueva cuenta.

RECONOCIMIENTO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se congratula con la presencia, este día, aquí, de los jóvenes mexicanos integrantes de la Selección nacional de hockey sobre hielo que obtuvieron el pasado 24 de enero la medalla de oro y el correspondiente título en el campeonato mundial de la categoría Sub 21 de esta especialidad.

Su desempeño en un deporte con pocas condiciones de desarrollo en nuestro país, por las características mismas de esta disciplina, nos habla de un gran esfuerzo, de un trabajo en equipo, de la confianza en la capacidad y autoestima, y prueban que cuando se alinean esmeros cualquier sueño se puede hacer realidad.

Enhorabuena para estos jóvenes que son un orgullo para nuestro país y un ejemplo de coraje, trabajo diario, valentía y una muestra de que nuestro país puede competir en cualquier asunto a nivel mundial, ya que no existen pretextos para que en la sana competencia podamos atrevernos a desafiar lo improbable. Felicidades y nuestros mejores deseos.

Felicidades y nuestros mejores deseos para que sigan por esa ruta, pues gracias a su increíble esfuerzo lograron ascender a la división segunda en la categoría Sub 20. Para el mes de marzo la selección Sub 18 también será anfitriona del mundial juvenil y buscará, de la misma forma, conseguir su ascenso y en el mes de abril la selección mayor de hockey participará en el Mundial de la especialidad en Australia.

Ojalá y tengamos un póker de triunfos, de campeonatos que podamos estar festejando en unos cuantos meses, en unas cuantas semanas más y además de nuestros amigos integrantes de la Sub 20, de la Selección nacional de hockey sobre hielo, hoy campeona, se encuentra también el arquitecto Joaquín de la Gama San Millán, presidente de la Federación de hockey sobre hielo, acá enfrente. Don Luis Olivares Torres, entrenador en jefe de la Selección nacional de Sub 20 de hockey sobre hielo. Don Guillermo Díaz Martínez, entrenador asistente de la Selección nacional Sub 20 de hockey sobre hielo, además de los padres, familiares de nuestros campeones.

A todas y a todos les damos nuestra más sincera felicitación. Muchas felicidades y muy reconocido y orgulloso de su presencia en este recinto parlamentario de San Lázaro.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a continuar. Pueden, desde luego, quedarse el tiempo que deseen nuestros visitantes y seguimos con el capítulo de presentación de iniciativas.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley Agraria.

El diputado Hernán De Jesús Orantes López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy hago uso de esta tribuna con un tema de fundamental importancia para el campo mexicano.

Y es que en esta iniciativa que presentaremos el día de hoy estaremos hablando de la Procuraduría Agraria, de esta institución garante de los derechos agrarios de nuestro país.

La historia de México ha estado ligada siempre a la historia del campo. Los cambios en las forma a la historia del campo y de propiedad de la tierra en el ámbito rural y los sistemas de explotación han ido marcando las diferentes etapas por las que ha pasado nuestro país.

El gran reto del agro en México, en la actualidad, es revertir la tendencia a consumir productos importados y germinados en nuestros suelos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, asegura que México gasta cada año 15 mil millones de dólares para comprar productos básicos a otros países. También de acuerdo a datos oficiales, cada vez que una familia mexicana se sienta a la mesa, solo un poco más del 50 por ciento de lo que consume se produce en México.

Necesitamos hacer más productivas las casi 22 millones de hectáreas que pueden ser objeto de explotación agrícola, creando una sólida base jurídica que otorgue más certeza a la tenencia de la tierra, gestando instituciones fueres y dejando de pensar en los campesinos como hermanos menores.

Los apoyos no deben ser estímulo para la simulación ni un premio a la improductividad. Se debe premiar la siembra y los resultados de la misma, para que podamos superar la balanza desfavorable entre producción y demanda. Tenemos que hacer más competitivo el campo mexicano, porque con ello vamos a resolver problemas de pobreza, de alimentación, de atraso y marginación.

En nuestro papel de legisladores está en nuestras manos fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia para los campesinos y campesinas de México. Es la Procuraduría Agraria, la institución de la administración pública federal, encargada de defender los derechos de los sujetos agrarios y que además de acuerdo a las atribuciones que le da la ley, brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promueve conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento a la seguridad jurídica del campo. Es el organismo oficial con mayor presencia en nuestro país y más experiencia en el trato con la gente del campo.

Su importancia tiene que ver con la democracia, con la paz social y con el desarrollo económico. Por eso es necesario una reforma legal que la fortalezca para hacerla más eficiente. Que le dé elementos para que actúe con mayor libertad.

La Procuraduría Agraria fue el resultado de unas reformas al artículo 27 constitucional y a la promulgación de la Ley Agraria, en cuyo marco jurídico fue concebida como un organismo descentralizado de la administración pública federal.

Su carácter de órgano descentralizado la convierte en una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio y con una autonomía que le permite tomar decisiones perentorias. No obstante dicha autonomía, los órganos descentralizados siguen estando sometidos a actividades de control y vigilancia de la administración pública central, lo que se traduce en que ese otorgamiento de facultades de decisión están limitadas y la autonomía financiera y presupuestaria no es cabal.

Por ello es necesario una reforma en el artículo 134 de la Ley Agraria para dotarla de una mayor independencia funcional y presupuestaria, puntualizando el texto legal en ese sentido. Asimismo, es necesario eliminar de dicho ordenamiento legal el carácter sectorizado que tiene la Procuraduría Agraria para brindarle una auténtica autonomía y técnica operativa.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados este proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública federal no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes. Hagámoslo por el campo de México. Hagámoslo por México. Es cuanto, diputado.

«Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, diputado federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 134 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia de México ha estado ligada invariablemente a la historia del campo. Los cambios en las forma de propiedad de la tierra en el ámbito rural y los sistemas de explotación han ido marcando las diferentes etapas por las que ha pasado nuestro país.

En pocas palabras, el campo es nuestro pasado, nuestro presente y de la atención que le brindemos ahora, depende el futuro de los mexicanos. Para empezar, debemos cambiar la visión que tenemos del agro. No hay que percibirlo como un problema y, por ende, causa de muchos de nuestros males. Antes bien, debemos verlo como la solución a varios de los problemas estructurales de México.

Si lo seguimos catalogando como un problema, continuaremos aplicando políticas proteccionistas y programas asistenciales que al final resultan regresivos y por lo tanto en lugar de combatir la pobreza terminan estimulándola.

De lo contrario, si partimos de la idea de que el campo es la solución de muchos de nuestros lastres, habremos de concebir políticas públicas eficientes y eficaces, y procuraremos la asesoría técnica y financiamiento suficiente para impulsar la producción agrícola.

El gran reto es revertir la tendencia a consumir más productos importados que germinados en nuestros suelos.

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) asegura que México gasta cada año 15 mil millones de dólares para comprar productos básicos a otros países. Muy explicativo resulta que, también de acuerdo a datos oficiales, “cada vez que una familia mexicana se sienta a la mesa, solo un poco más del 50 por ciento de lo que consume se produce en México”.

En este sentido, la FAO señala que “un país puede afirmar que goza de seguridad alimentaria cuando es capaz de producir 75% de lo que consume”. Por ello, si México genera alrededor del 50% de lo que come, se considera que se encuentra en una situación de dependencia con el exterior, lo cual de ninguna manera resulta sano para su economía.

Resulta muy revelador el hecho de que el maíz, alimento base de los mexicanos, aun cuando es el grano emblemático de nuestra cultura y es objeto de gran parte de los esfuerzos productivos de todo el país, sólo producimos 21 millones de toneladas, cuando la demanda es de 31; lo que implica que se adquieran 10 millones toneladas del exterior, principalmente de Estados Unidos. El hecho de que se importe el 30 por ciento de nuestro principal alimento, estamos en una “situación de dependencia” en el plano alimenticio, indica a la FAO.

Necesitamos hacer más productivas los casi 22 millones de hectáreas que de acuerdo las estimaciones, pueden ser objeto de explotación agrícola. Lo cual sólo será posible si creamos una sólida base jurídica que otorgue más certeza a la tenencia de la tierra; si gestamos instituciones fuertes, que sean garantía de justicia y transparencia; si dejamos de pensar en los campesinos como los hermanos menores.

Producción y competitividad es una prioridad inaplazable, pues el retroceso en la producción agrícola es evidente. En 1950, la participación del PIB primario en el PIB nacional era de 16.1%, en tanto que en el 2012, solo fue del 3.4%. El abandono del campo es evidente, entre otros factores por la migración a las zonas urbanas.

Los apoyos no deben ser estímulo para la simulación ni un premio a la improductividad, se debe premiar la siembra y los resultados de la misma, para que podamos superar la balanza desfavorable entre producción y demanda nacional.

Tenemos que darle la justa dimensión al tema. En el campo está el origen y fin del destino de los mexicanos. Riqueza y pobreza van de la mano con la situación del medio rural, con los esquemas de administración de los recursos y con las formas de propiedad.

Por ello me propongo iniciar una serie de propuestas de reformas legales que tienen como objetivo democratizar la justicia para los campesinos; desenmadejar los trámites administrativos y crear más estímulos a la producción agrícola.

Tenemos que hacer más competitivo al campo mexicano, porque con ello vamos a resolver problemas de pobreza, de alimentación, de atraso y marginación.

Una de las propuestas que más he recogido del campo, es que se busque por todos los medios al alcance de los legisladores, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia para las campesinas y los campesinos de México.

Es la Procuraduría Agraria, la institución de la Administración Pública Federal encargada de defender los derechos de los sujetos agrarios y, que además, de acuerdo a las atribuciones que le da la ley, “brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal; promueve la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo”.

Es también la encargada de “fomentar la organización agraria básica para la producción y mejor aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las acciones que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar social”.

La procuraduría agraria es el organismo oficial más cercano al campesinado, con presencia nacional y experiencia en el trato con la gente del campo. Sirve de orientadora, mediadora y representante legal de los intereses campesinos. Tiene la más grande cobertura en todo el país y su presencia es fundamental para la preservación de la paz en el campo.

Su importancia tiene que ver con la democracia en este país, con la paz social y con el desarrollo económico. Por eso es necesario una reforma legal que la fortalezca para hacerla más eficiente; que le de elementos para que actué con mayor libertad, y que le permita abordar con mayor éxito los requerimientos campesinos.

La Procuraduría Agraria fue el resultado de unas reformas al Artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, en cuyo marco jurídico fue concebida como un “Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se encarga de asesorar a los campesinos en sus relaciones jurídicas y orientarlos respecto de sus derechos y la forma de ejercerlos”.

Su carácter de órgano descentralizado, la convierte en una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía que le permite tomar decisiones perentorias. No obstante dicha autonomía, los órganos descentralizados siguen estando sometidos a actividades de control y vigilancia de la Administración Pública central. Lo que se traduce en que ese otorgamiento de facultades de decisión está limitado y la autonomía financiera y presupuestaria no es cabal.

Por ello es necesario una reforma en el artículo 134 de la Ley Agraria para dotarla de una mayor independencia funcional y presupuestaria, puntualizando el texto legal en ese sentido.

Asimismo, es necesario eliminar de dicho ordenamiento legal, el carácter sectorizado que tiene la Procuraduría Agraria, para brindarle una autentica autonomía presupuestaria, técnica y operativa.

Independencia y mayor presupuesto implica dotar a la Procuraduría de elementos para que amplié su ámbito de acción, que eficiente la defensa de los derechos de los campesinos y con ello realice plenamente sus funciones de Ombudsman agrario.

De acuerdo a nuestros ancestros, la tierra es la gran dadora. Es la madre de todo lo que hay sobre ella. Es origen y fin. Hagamos algo por la tierra y por los que viven de ella.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 134 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 134 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 134. La procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Hernán De Jesús Orantes López,Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Orantes. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud.

Debo informar que la diputada Osuna, junto con otras diputadas y diputados, encabezaron hace unos minutos la entrega de reconocimientos a los integrantes del equipo de la Sub-21 de Jockey sobre Hielo. Adelante, diputada Osuna.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, en México el suicidio es un grave problema de salud pública, y es definido por la Organización Mundial de la Salud, como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención leal o de conocimiento del verdadero móvil”.

El artículo 2o. de la Ley General de Salud establece entre las finalidades del derecho de la protección de la salud, el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

El suicidio, por tanto, debe ser prevenido en el marco de la Ley de Salud para cumplir con el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos.

Cada suicidio es una tragedia que afecta a las familias, comunidades y países, y tienen efectos duraderos para los allegados del suicida. De acuerdo al INEGI la tasa de suicidios en nuestro país ha alcanzado cifras alarmantes. Tan sólo en el año 2012 se registraron más de 5 mil suicidios, y en el año 2013 se registraron casi 6 mil suicidios.

Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causantes, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio. Deseo resaltar que las diferencias por sexo en materia de suicidio, son notorias y constantes.

En 2013 la tasa de mortalidad por suicidio fue por el 8.1 de cada 100 mil hombres, y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres. Asimismo es alarmante que el 40 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800 mil personas se quitan la vida y muchos más intentan hacerlo. Cabe citar que el suicidio se puede producir a cualquier edad.

En 2012 fue la segunda causa principal de defunciones en el grupo de edad de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. En 2012 el 75 por ciento de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medios.

Con estos datos resulta claro el gran impacto de este grave problema de salud pública, que se está manifestando en la población adolescente en México. Es necesario señalar en el suicidio, es la segunda causa de muerte en la población de jóvenes, después de los accidentes de tránsito vehicular.

Debemos mencionar que los momentos de urgencias colocan al adolescente ante una nueva situación que le obligan a poner en marcha todo un conjunto de mecanismos defensivos. Sin embargo, esos mecanismos no siempre se dan, o bien resultan insuficientes para resolver la crisis de manera satisfactoria.

El suicidio y el intento de suicidio constituyen las manifestaciones dramáticas del fracaso del sujeto adolescente al enfrentarse con este nuevo mundo. El suicido es prevenible, mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.

Es por ello que resulta urgente el desarrollo de políticas y acciones legislativas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de niños y niñas adolescentes.

La presente iniciativa pretende establecer la Ley General de Salud, que para la promoción de salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y de comportamiento.

La Secretaría de Salud y las instituciones de salud, los gobiernos y entidades federativas en coordinación con las autoridades competentes en materia de salud, fomentarán y apoyarán la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niños y niñas adolescentes.

Por lo que aquí expuesto someto a consideración de pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V Bis, al artículo 73 de la Ley General de Salud, para que como siguen, el artículo 73 para la promoción de salud mental y la atención de personas con trastornos mentales y de comportamiento.

La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas y en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y la apoyarán.

Fracción V Bis 1. La realización y promoción de programas para la prevención del suicidio preferentemente a niños y niñas.

Por nuestros jóvenes, ni un solo suicidio más. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Karla Karina Osuna Carranco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I y artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V Bis 1, al artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio en niñas niños y adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

El artículo segundo de la Ley General de Salud establece entre las finalidades del derecho a la protección de la salud el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

La idea más difundida acerca del suicidio se asocia a la imagen de un acto individual con un propósito claro. Sin embargo, este acto ha adquirido cada vez una mayor complejidad. Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto.

Resulta fundamental que consideremos el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta. Así, resulta fundamental para resolver este grave problema de salud pública, que consideremos en las políticas públicas el intento de suicidio; el cual debe ser entendido como: “toda acción auto-infligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal”.

De acuerdo con datos de la OMS, “anualmente, más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2012, 75 por ciento de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

El suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.”

Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. En nuestro país, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012, se registraron más de cinco mil suicidios. Y en el año 2013 se registraron casi seis mil casos. Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio.

Las diferencias por sexo en materia de suicidio son notorias y constantes. En el año 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres. Asimismo, es alarmante que 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil.

Con estos datos resulta claro el gran impacto que este grave problema de salud pública está manifestando en la población adolescente. Es necesario señalar que el suicidio es la segunda causa de muerte en población joven, después de los accidentes de tránsito vehicular.

Debemos considerar que los momentos de urgencias colocan al adolescente ante una nueva situación que le obligan a poner en marcha todo un conjunto de mecanismos defensivos. Sin embargo, esos mecanismos no siempre se dan o bien resultan insuficientes para resolver la crisis de manera satisfactoria. El suicidio y el intento de suicidio constituyen las manifestaciones dramáticas del fracaso del sujeto adolescente al enfrentarse con ese nuevo mundo.

Es por ello que resulta urgente el desarrollo de políticas públicas y acciones legislativas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

La presente iniciativa pretende establecer en la Ley General de Salud, que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona una fracción V Bis 1, al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a la V Bis. ...

V Bis 1. La realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

VI. a la IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Karla Karina Osuna Carranco, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Cándido Ochoa Rojas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Pérez Rodríguez, Evelyn Parra Álvarez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaimes, Hugo Alejo Domínguez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jonadab Martínez García, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Karina Padilla Ávila, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Álfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marbella Toledo Ibarra, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Omar Noé Bernardino Vargas, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Osuna. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedraza, para presentar...

Diputado Caballero, permítame un momentito porque no sé con qué propósito me está pidiendo en este momento precisamente la palabra el diputado Jonadab Martínez. Allá, sonido en su curul, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: A sus órdenes.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Buenas tardes, señor presidente. Solamente para pedir autorización de adherirme a esta iniciativa de la diputada Karla Osuna, para disminuir el suicidio en los jóvenes en México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Osuna manifiesta su aquiescencia, entonces queda a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedraza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y droga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, compañero presidente. Toda vez que mi iniciativa ha sido presentada en tiempo y forma, solicito que sea incorporada íntegramente al Diario de los Debates. Estamos aquí, el Grupo Parlamentario de Morena, presentando en la máxima tribuna de la nación para hablar como periodista y como diputado, a nombre de todos los reporteros, corresponsales, columnistas y fotógrafos del estado de Veracruz, que a diario realizan su labor periodística bajo el riesgo de ser asesinados en cualquier calle, secuestrados y ejecutados en su propio hogar.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena asume íntegra la carta que fue difundida el pasado martes por el portal Crónica de Xalapa, que está firmada por 43 periodistas de la zona centro de Córdova y Orizaba, tras el asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar. La carta está dirigida al gobierno federal, al gobierno de Veracruz, al gobierno de Puebla, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los legisladores de Veracruz, a los legisladores de Puebla. Dice la carta:

Quienes suscribimos queremos hacer patente nuestro enérgico repudio a la muerte de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue sacada de su domicilio el 8 de febrero en Mariano Escobedo, Veracruz, se encontrara muerta con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída.

Queremos manifestar nuestras interrogantes a ustedes, a todas estas autoridades, nuestros representantes y a quienes viven de nosotros, los ciudadanos.

1. ¿Cómo se puede entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia lo detecten?

2. ¿Cómo se puede circular con una persona secuestrada por una ciudad, con hombres armados y con uniformes parecidos a los policiacos?

3. ¿Cómo se pueden burlar todos los blindajes de las fuerzas castrenses?

4. ¿Cómo se puede entrar a otro estado burlando la vigilancia de ambas entidades?

5. ¿Cómo puede haber un asesinato y abandonar un cuerpo en Puebla, sin que tampoco las autoridades poblanas se hayan dado cuenta?

6. ¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar cuerpos de un lado y del otro?

7. ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión en ambos estados?

8. No entendemos por qué siguen cobrando por realizar una pésima función pública. ¿Por qué no renuncian?

9. Exigimos que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar. Dejen de ser omisos y paren esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños, adolescentes y mujeres. Queremos estar en paz y vivir en un ambiente sano.

Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados y dejen también de trasgredir la libertad de expresión en Veracruz. Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia cobarde por parte de quienes están obligados a investigar y no a fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno.

Exigimos que paren esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz de parte de este desgobierno. Que paren esta pesadilla que todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana.

¿No quieren que escribamos tragedias?, dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos?, dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa sólo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, solo anotamos.

H. Córdoba de Veracruz, 9 de febrero de 2016.

–Termina ahí la carta de los compañeros reporteros.

Por nuestra parte, mientras los 43 firmantes levantaban la voz a nombre de cientos de colaboradores de los medios, el periodista de la revista Proceso, Álvaro Delgado, recibió el mismo martes una decena de amenazas de muerte en su cuenta de tuitter, como respuesta a un mensaje en que cuestionó la falta de pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto ante la muerte de la periodista.

El mensaje decía: En los Pinos no hay duelo por el asesinato de la periodista Anabel Flores, hay fiesta por el estreno del avión de 7 mil millones de pesos. Los mensajes desde el anonimato de dicha red social fueron como respuesta contundentes –abro comillas– así lo decía textualmente: “Ya estás sentenciado, hijo de tu puta madre, el patrón ya dio la orden”, u otro del mismo sentido: “Cuidado con lo que publicas, Álvaro Delgado, tú puedes ser el próximo, hay órdenes estrictas de eliminar gente como tú.”

Ante este contexto de amenazas, persecución, homicidios a reporteros, violación de los derechos humanos y una operación sistemática para eliminar periodistas de forma impune y solapada por el gobierno priista, desde el Grupo Parlamentario de Morena condenamos de manera enérgica la omisión del Estado en su conjunto y exigimos un pronunciamiento oficial del presidente Enrique Peña Nieto, porque es inaudito que ante los asesinatos de 19 periodistas entre 2011 y 2016, durante la administración de Javier Duarte, no exista una intervención a fondo del Ejecutivo y siga manteniendo un silencio complaciente.

Del mismo modo, solicitamos que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responda formalmente a la solicitud que Morena efectuó desde la Comisión Permanente hace unas semanas, para que se declarara el estado de emergencia ante la crisis de inseguridad que viven los más de 7 millones y medio de veracruzanos.

En Morena demandamos que la procuradora general de la República, Arely Gómez, instruya al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para que de forma urgente se instale en el estado de Veracruz e investigue a profundidad las vinculaciones entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Termino. Y los grupos de la delincuencia organizada respecto a estos hechos.

Señor presidente de la República, no basta con repetir una vez tras otra que se llegará hasta las últimas consecuencias. Llegó el momento de que actúe como jefe de Estado ante la crisis de esta entidad y deje de proteger con su silencio al gobernador Javier Duarte, aunque este sea de su propio partido. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 388 Bis, adiciona un párrafo tercero al artículo 390 y deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo en materia de democratización de la negociación colectiva, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Una reforma laboral deficiente e inacabada

El 30 de noviembre de 2012 entró en vigor una reforma laboral que fue calificada de “estructural” por sus promotores, y que supuestamente fomentaría cualitativa y cuantitativamente el empleo, la mejora de salarios, la justicia laboral, la transparencia, la democracia sindical y la negociación colectiva. Hoy es posible hacer una evaluación del impacto que dicha reforma ha tenido en nuestra realidad laboral y concluir que, pese a las bondades anunciadas a bombo y platillo, ninguno de sus objetivos se ha cumplido.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la tasa de desempleo se mantiene esencialmente igual, rondando en un preocupante 5.1 por ciento, mientras que la ocupación informal ha sufrido un aumento significativo, cubriendo ya a 60 por ciento de la población económicamente activa. Los jóvenes, que supuestamente serían los más beneficiados por esta reforma, continúan engrosando un ignominioso ejército de “ninis” que hoy abarca 24.7 por ciento de la población juvenil. Aunado a lo anterior, la regulación deficiente de la subcontratación y la proliferación de las empresas de outsourcing ha ocasionado un grave detrimento en la calidad del empleo al permitir que patrones inescrupulosos, en complicidad con las autoridades gubernamentales y el sector empresarial, simulen relaciones laborales que privan a los trabajadores de prestaciones básicas, reparto de utilidades, garantías de seguridad social y estabilidad laboral. Bajo este panorama resulta insostenible el argumento de que la reforma laboral tuvo un impacto positivo en el empleo.

En lo que respecta al salario mínimo, éste sigue siendo uno de los más bajos del mundo, ubicándose en un promedio de 73.04 pesos diarios, cifra vergonzosa si se considera que 37 por ciento de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos, y sólo 7.4 por ciento tiene el privilegio de ganar más de cinco salarios mínimos. Es, por tanto, inverosímil el argumento oficial de que la reforma laboral ha tenido un impacto directo en la mejora de los salarios pues el gobierno, fiel a su política de contención salarial, se ha mostrado renuente a diseñar una política económica consecuente con este objetivo.

Los “grandes avances” que la reforma laboral sentaría en materia de transparencia sindical tampoco se han materializado ya que las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), y especialmente los tribunales laborales locales, han ignorado su obligación de hacer pública la información de los registros de los sindicatos para beneficiar mediante contratos colectivos de protección patronal a los sindicatos corruptos y a las empresas inescrupulosas que, en contubernio contra los trabajadores, pactan condiciones laborales mínimas a cambio de mantener a los asalariados sometidos a toda costa.

Amén de lo anterior, la reforma laboral tuvo el desatino de dejar intacto el modelo vicioso de contratación colectiva de protección patronal que rige aproximadamente a 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo. Esta práctica abyecta involucra una red de complicidades entre sindicatos blancos, autoridades laborales y patrones corruptos, mediando dinero y prebendas para lograr discrecionalidad, opacidad y sumisión en el manejo de las relaciones laborales, y deriva de una manipulación mañosa y oportunista de la legislación laboral, contraviniendo los principios fundamentales de libertad de asociación y de negociación colectiva reconocidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Pese a ser un lastre anacrónico para el desarrollo del sindicalismo auténtico, democrático, transparente y representativo, las autoridades mexicanas han negado sistemáticamente la existencia de tales prácticas como si pudieran tapar el sol con un dedo bajo el ridículo argumento de que “en términos generales, nuestro sistema jurídico no prevé los denominados Contratos Colectivos de Trabajo de Protección Patronal (CCPP). En este sentido, el gobierno mexicano no reconoce en manera alguna, la existencia de dichos contratos, puesto que las organizaciones sindicales son libres de constituirse, redactar sus estatutos, designar a sus representantes y dirigentes, así como regular su propia estructura y vida interna”.

Es lógico que la ley no prevea contratos que son manifiestamente ilegales y violatorios de los derechos humanos laborales, por lo que la afirmación oficial resulta cínica e insultante para los millones de trabajadores que actualmente están sometidos al yugo del “charrismo” sindical. Para construir un sistema laboral humano y garantista es preciso llamar a las cosas por su nombre y reconocer abiertamente la magnitud del problema. La existencia de contratos de protección patronal no deriva de las leyes que actualmente operan en materia de contratación colectiva sino de la ausencia de leyes que regulen el proceso de negociación, pues este resquicio normativo ha dado cabida a mecanismos de simulación que deforman el sentido de las leyes e impiden que los trabajadores puedan ejercer libremente sus derechos laborales fundamentales de asociación, libertad sindical y negociación colectiva.

II. Los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva

La libertad de reunión y asociación contenida en el artículo 9o. de nuestra Constitución Política es un derecho fundamental universalmente aceptado y reconocido como derecho humano, mismo que, en materia laboral, debe ser leído como corolario de las fracciones XVI y X, apartados A y B respectivamente, del artículo 123 constitucional, que reconocen el derecho de los trabajadores de coaligarse a través de sindicatos “para la defensa de sus intereses comunes”.

Para lograr el cumplimiento efectivo de la libertad de asociación, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce el derecho que tienen los trabajadores de coligarse y constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa ni injerencias indebidas (artículos 354 y 359), con libertad plena de redactar sus estatutos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción (artículo 359). En el mismo sentido, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 constitucional, reconoce a los trabajadores el derecho a la organización colectiva y a la defensa de sus intereses a través de sindicatos.

En lo que respecta al marco jurídico internacional, las normas relativas al derecho de asociación y la libertad sindical son añejas e incontestables, a más de estar ampliamente reconocidas como auténticos derechos humanos; así lo confirma el cúmulo de declaraciones e instrumentos internacionales de los que México es parte, en donde se reafirma el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva.

Es preciso subrayar que estas normas de derecho internacional público no sólo forman parte de la ley suprema de toda la Unión conforme al artículo 133 constitucional sino que, al incluir disposiciones relativas a los derechos humanos, complementan nuestro sistema normativo en materia laboral y determinan su adecuada interpretación convencional de conformidad con el artículo 1° de nuestra Carta Magna:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de toda persona a la libertad de reunión y asociación, y señala que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (artículo 20). Asimismo reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para el derecho de sus intereses.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 garantiza el derecho de asociación, así como de fundar sindicatos y afiliarse libremente a ellos para la protección e sus intereses (artículo 22).

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 obliga a los estados a garantizar “el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales”, así como “el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática” (artículo 8).

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 reconoce el derecho de libre asociación con fines laborales (artículo 16).

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 obliga a los estados garantizar “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses”, así como permitir “que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”, y dispone claramente que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato” (artículo 8).

• El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación de 1948, reconoce el derecho que tienen los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes (artículo 2), con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción; en este sentido, obliga a las autoridades públicas a abstenerse de toda intervención tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho (artículo 3). Asimismo obliga a los estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (artículo 11).

• Finalmente, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, complementario del Convenio 87, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato (artículo 1), y garantiza la no injerencia entre organizaciones sindicales, calificando como acto de injerencia “las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores” (artículo 2). Además, obliga a los estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación (artículo 3), así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores al fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo (artículo 4).

Para dimensionar la estrecha relación que guardan los derechos de asociación, libertad sindical y de negociación colectiva, y develar su importancia en el derecho internacional público, es preciso destacar el sistema normativo e institucional especializado que rige esta materia, particularmente dentro del marco de la OIT.

Los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva no sólo son pilares estructurales del derecho internacional del trabajo sino también del sistema internacional de los derechos humanos. Así lo reconoció la Conferencia Internacional del Trabajo en la “Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo ”de junio de 1998, un instrumento que ha sido considerado por varios doctrinarios como emblemático del derecho laboral internacional ya que compromete a los estados miembros a “respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva... aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos (convenios 87 y 98)”.

Aunado a lo anterior, abundan declaraciones y recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia OIT que, pese a no ser legalmente vinculantes, dan una pauta clara e inequívoca a los estados para que garanticen plenamente los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Entre ellas se encuentra la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea General en 1969, cuyo artículo 20 señala que el progreso y el desarrollo social deben encaminarse a la elevación del nivel de vida de la sociedad, dentro del respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, mediante “la concesión de plenas libertades democráticas a los sindicatos; libertad de asociación para todos los trabajadores, incluido el derecho de negociación colectiva...”.

En el mismo sentido, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, adoptada en 2008, subraya que la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de todos los objetivos estratégicos de la OIT, reafirmando así la importancia fundamental de los convenios número 87 y 98.

Es incontestable, por tanto, que los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva están íntimamente relacionados y deben concebirse como un conglomerado normativo indisoluble en materia de derechos laborales fundamentales; su aplicación parcial y selectiva desvirtúa su esencia garantista y pervierte la naturaleza práctica del derecho colectivo del trabajo.

III. Los contratos colectivos de protección patronal

El contrato colectivo de trabajo, en su sentido más puro, es el acuerdo mediante el cual los trabajadores (a través de sindicatos) y los patrones negocian las condiciones que regirán la relación laboral, incluyendo jornadas, salarios, prestaciones y todos aquellos aspectos necesarios para adecuar la naturaleza del trabajo o de la industria con las reglas generales establecidas en la ley. Por ello se afirma, con razón, que la calidad del modelo laboral depende de la calidad de la contratación colectiva, especialmente si ésta adquiere un nivel de rama de industria y cadena productiva.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla tres vías por las que un sindicato puede obtener la suscripción o titularidad de un contrato colectivo de trabajo:

• La vía voluntaria, contemplada en el primer párrafo del artículo 387 de la LFT, consiste en la celebración del contrato colectivo por común acuerdo entre un sindicato y el patrón.

• La vía obligatoria, contemplada en el segundo párrafo del artículo 387 de la LFT, autoriza a los trabajadores a ejercitar el derecho a huelga cuando el patrón se niegue a firmar el contrato colectivo de trabajo, siempre y cuando no exista un contrato previamente depositado ante la JCA.

• La vía de demanda de titularidad permite a un sindicato adquirir la titularidad de un contrato colectivo de trabajo ante la declaración por la JCA de la pérdida de la mayoría de trabajadores del sindicato que ostentaba dicha titularidad.

Formalmente, la institución de contratación colectiva puede no representar mayor problema. Sin embargo, la práctica ha demostrado que este modelo se pervierte fácilmente cuando media la complicidad entre líderes sindicales, autoridades laborales y patrones. Ciertamente, los “contratos de protección” que pretendemos combatir corresponden a la vía voluntaria, toda vez que el patrón elige al sindicato de su preferencia y suscribe con él un contrato colectivo de trabajo que no requiere de mayores requisitos legales que la acreditación de la personalidad jurídica del secretario general del sindicato y la representación formal del patrón, ignorando completamente la voluntad de los trabajadores cuya relación de trabajo pretende regular. No obstante, el esquema corrupto de protección patronal no se limita a la vía voluntaria sino que, verificada la contratación colectiva simulada entre sindicatos blancos y patrones, vicia ipso facto las demás vías y procedimientos legales establecidos para obtener la titularidad de un contrato colectivo.

Esto se debe a que en la realidad, incluso antes de iniciar operaciones y contratar empleados, los patrones se anticipan a la firma de un contrato colectivo de trabajo que contenga los mínimos de ley con el sindicato de la central más influyente en la rama productiva y región. Este sindicato, a su vez, garantiza el control y la sumisión de los trabajadores para evitar que exijan mejores condiciones laborales, y detecta a los empleados que pretendan organizarse con el fin de presionarlos, intimidarlos o impulsar su despido. De este modo, al iniciar operaciones, los patrones no sólo se encuentran cubiertos por sindicatos afines a sus intereses sino que, además, actualiza un mecanismo infranqueable de protección al depositar el contrato ante la JCA, impidiendo que otros sindicatos puedan exigir la firma de un contrato colectivo por la vía de la huelga.

La firma de un contrato colectivo de protección patronal aniquila también la posibilidad de que los trabajadores que contrate la empresa puedan ejercer su derecho de asociación y se afilien al sindicato que prefieran, esto en virtud de la controvertida cláusula de exclusión por admisión, contraviniendo así principios normativos contenidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.

La afiliación automática y obligatoria de trabajadores a un sindicato determinado es un claro resabio del corporativismo autoritario. Pese a que disposiciones tan injustas y arbitrarias no puede tener cabida en un sistema que aspira a ser garantista y democrático, la LFT contempla la posibilidad de que el sindicato contratante y el patrón pacten la contratación exclusiva de trabajadores que estén afiliados a él. Las cláusulas de exclusión han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, la reforma laboral de 2012 sólo tuvo el acierto de eliminar el segundo párrafo del artículo 395 relativo a las cláusulas de exclusión por separación. En consecuencia, toda reforma que pretenda combatir los contratos colectivos de protección debe necesariamente atacar también la figura de las cláusulas de exclusión en todas sus modalidades.

No cabe duda de que la contratación simulada entre sindicatos blancos y patrones, aunada a la afiliación obligatoria de trabajadores a un sindicato que no representa sus intereses, son el venero estructural que contamina a la institución de contratación colectiva en su totalidad. En consecuencia, los trabajadores que pretendan organizarse a través de sindicatos disidentes para la defensa de sus intereses a menudo se topan con obstáculos burocráticos y técnicos infranqueables, diseñados precisamente para desalentar todo movimiento que se oponga a los intereses de los sindicatos hegemónicos y los patrones.

Los obstáculos legales que tienen los sindicatos de trabajadores para contratar con el patrón o disputar con sindicatos hegemónicos la titularidad de un contrato colectivo sólo pueden encontrarse, por sentido común, cuando exista formalmente un sindicato, y para que un sindicato adquiera personalidad jurídica necesita del espaldarazo formal de la JCA a través de la famosa “toma de nota”. Es en esta primera etapa donde muchas organizaciones de trabajadores que pretenden crear sindicatos disidentes se ven disuadidas por la parcialidad y la falta de autonomía de la autoridad encargada de extender este reconocimiento, una parcialidad viciosa y estructural que, cabe señalar, ha sido censurada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), el Comité de Libertad Sindical (CLS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el sentido de que la manipulación del proceso de la “toma de nota” representa un patrón de conducta sistemático y generalizado del gobierno mexicano que violenta abiertamente el derecho de asociación contenido en los instrumentos internacionales de derechos humanos arriba señalados, y específicamente de los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 87 de la OIT.

La ausencia de una autoridad imparcial que resuelva de manera rápida, eficaz y poco onerosa los conflictos de trabajo, así como en el enorme peso que tienen las consideraciones de naturaleza política y económica en torno al proceso de “toma de nota” de nuevos sindicatos son sólo algunos de los elementos que impiden a los trabajadores el libre ejercicio del derecho fundamental a asociarse en sindicatos y proteger de este modo sus intereses. Es evidente que semejante modelo de violación integral de derechos humanos laborales sólo puede ser posible con la complicidad de un sistema de administración y justicia laboral que lo vicia de origen.

Pero el modelo corrupto de contratación colectiva no termina ahí. La LFT prevé el principio de exclusividad en los artículos 388 y 389 al señalar que la pérdida de la mayoría de trabajadores en la empresa por un sindicato produce la titularidad del contrato colectivo de trabajo por el sindicato que adquiera la mayoría de afiliados, de tal manera que cuando un sindicato pretende la titularidad de un contrato colectivo y ya existe uno depositado ante la JCA, éste deberá sujetarse a un procedimiento especial previsto en el Capítulo XVIII de la LFT (artículos 892 a 899).

Así pues, cuando un sindicato de trabajadores que responde a la voluntad mayoritaria desea arrebatar la titularidad del contrato colectivo a un sindicato blanco que no los representa, éste debe cumplir primero con una serie de requisitos extralegales difíciles de satisfacer a corto plazo, tales como exhibir los nombres y firmas de los trabajadores, así como presentar documentos que acrediten la relación de trabajo, fichas de afiliación e incluso la certificación de las altas en los padrones del sindicato promovente.

En el caso de cumplir con estos requisitos, la JCA evalúa la procedencia de la demanda, procura avenir a las partes y, de no lograrlo, da inicio al juicio de titularidad. Sin embargo, en buena parte de los estados de la República ni siquiera se admite la demanda de titularidad bajo el argumento insulso de ser motivo de ruptura de la paz social. Por el otro lado, cuando la JCA admite la demanda, ésta puede retrasar deliberadamente el procedimiento a través de artimañas procesales (tales como admitir la integración de otros sindicatos fantasmas que pretendan la titularidad del contrato) con objeto de que el patrón o el sindicato hegemónico presionen al sindicato promovente y desarticulen el movimiento de los trabajadores que lo componen. Estas conductas se encuentran plenamente documentadas y representan una limitación evidente al derecho de asociación al nulificar la posibilidad de los trabajadores de pertenecer y ser representados por el sindicato que ellos elijan, verificándose la violación de los instrumentos internacionales de derechos humanos anteriormente señalados, y específicamente de los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 87 de la OIT.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos indispensable adoptar medidas legislativas que tiendan a combatir la corrupción, la simulación y el negocio de abogados y líderes “charros” que han convertido la negociación colectiva en una subasta infame mediante la cual se ofrece al patrón el contrato colectivo con las peores condiciones para los trabajadores. Las reformas que proponemos son fundamentales para el sindicalismo moderno, a fin de que recupere su prestigio y su papel como representante auténtico de los trabajadores. Asimismo representa una exigencia para avanzar en la cultura de la legalidad y la paz social, ya que el submundo que se ha venido desarrollando en el espacio del contratismo de protección opera ya con prácticas injustas, lesivas, ilegales y violatorias de derechos humanos, lo cual perjudica no sólo al modelo laboral y productivo, sino al país en su conjunto.

IV. Propuestas de reforma

La iniciativa que sometemos a consideración de esta soberanía retoma una de las grandes propuestas que aprobó el Senado de la República durante las discusiones de la reforma laboral de 2012 y que, en un acto de incongruencia moral e insensibilidad política, fue mañosamente eliminada por la Cámara de Diputados bajo el argumento inicuo de que la democracia sindical en todas sus formas podía afectar sensiblemente la estabilidad laboral al posibilitar escenarios de confrontación entre trabajadores y entre sindicatos.

Rechazamos abiertamente este criterio autoritario y por ello insistimos en que debe replantearse y debatirse con seriedad, responsabilidad y altura de miras un procedimiento de consulta que ya existe en todos los países democráticos del mundo para que los trabajadores, en un acto informado y responsable, tengan finalmente el derecho a decidir qué contrato colectivo de trabajo responde mejor a sus intereses y, en consecuencia, elijan libremente al sindicato que deba representarlos ante el patrón.

Asimismo proponemos eliminar de una buena vez la infame e inconstitucional cláusula de exclusión por admisión a efectos de que los trabajadores recuperen el derecho de afiliarse al sindicato que elijan, tal como lo señalan los principios fundamentales del derecho internacional del trabajo.

Este no es un invento espontáneo ni una ocurrencia pasajera: es hacer realidad el mandato del legislador, que había quedado en desuso por la práctica viciosa de los contratos colectivos simulados. Asimismo, es un acto de congruencia y responsabilidad internacional que responde a los reclamos que ha formulado reiteradamente la OIT a México por violar los convenios 87 y 98, así como un cúmulo de instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la libertad de asociación, de sindicalización y de negociación colectiva.

La iniciativa en cuestión está inspirada en un anhelo añejo de democracia sindical auténtica, y deriva de un procedimiento especial que ya se encuentra establecido en la LFT para efectos de determinar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo: el recuento.

Como lo señaló la SCJN en la jurisprudencia 150/2008 “los trabajadores tienen derecho a expresar su opinión y preferencia para elegir libremente la organización que los represente, protegidos contra todo acto de discriminación”, conforme a los principios fundamentales previstos en la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes secundarias que, de acuerdo con el artículo 133 de la carta fundamental, son la ley suprema de toda la Unión, así como los principios generales del derecho y de justicia social, aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la LFT. Así pues, para cumplir con dichos principios, la autoridad laboral debe ordenar que el recuento se lleve a cabo “mediante un procedimiento que garantice, en el marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, ya que es el momento procesal donde puede comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos respecto del sindicato que estiman debe ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo”.

De acuerdo con nuestro máximo tribunal, corresponde a las juntas locales y federales “vigilar que la prueba cumpla su cometido para asegurar la plena libertad de quienes ejercen ese derecho; y para ello, deben proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas que puedan hacer variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su voto dentro del sistema de vida democrático y de libertad sindical, que es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna su decisión”.

Partiendo de este criterio, proponemos adicionar un artículo 388 Bis a la LFT por el cual se establece un procedimiento especial para celebrar un contrato colectivo de trabajo. De este modo, los sindicatos que pretendan contratar colectivamente con un patrón deberán promover una solicitud ante la JCA local o federal que contenga las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo, así como la determinación de los salarios. El sindicato promovente deberá dirigir la solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo al patrón, anexando a ella copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

La JCA entregará al patrón la solicitud y le requerirá entregar dentro de un plazo razonable un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. Agotado este trámite, la JCA hará público el listado de los trabajadores al servicio del patrón a efectos de garantizar que la plantilla esté completa, invitando asimismo a otros sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón a adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo.

Cuando la JCA tenga los listados y sindicatos que se hayan adherido a la solicitud, convocará a la realización de un recuento que deberá realizarse mediante el voto libre, directo y secreto de la mayoría relativa de los trabajadores, quienes podrán elegir entre los sindicatos solicitantes o manifestar su oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo. Para efectos de garantizar un recuento legal y transparente, el artículo que pretendemos adicionar propone una serie de requisitos técnicos relativos a las cédulas de votación. Asimismo establece la posibilidad de que los trabajadores se opongan a la celebración del contrato colectivo cuando dicha oposición sume dos terceras partes de los votos.

Cuando el recuento favorezca a uno de los sindicatos solicitantes, la JCA hará la declaratoria y notificará a las partes, dando un plazo razonable para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato que sea favorecido por el voto de los trabajadores. Para evitar conflictos intersindicales en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato, el sindicato favorecido estará autorizado para emplazar a huelga conforme al derecho que otorga el artículo 387 de la LFT. En el caso de que el resultado del recuento sea en contra de la celebración del contrato colectivo, la JCA hará la declaratoria y archivará el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

A efectos de armonizar la legislación laboral, la iniciativa que proponemos adiciona un párrafo tercero al artículo 390 de la LFT para impedir el depósito de un contrato colectivo de trabajo cuando no se acredite el procedimiento establecido en el artículo 388 Bis.

De igual manera, nuestra iniciativa pretende robustecer la democracia sindical y propiciar condiciones distintas y favorables para el fomento de las actividades productivas del país a través de la derogación de los artículos 395 y 413 de la LFT, mismos que la SCJN declaró inconstitucionales por ser “notoriamente contrarios a los principios de libertad sindical y de asociación, puesto que resulta contradictorio y, por lo mismo, inaceptable jurídicamente, que en la Constitución federal se establezcan esas garantías, conforme a las cuales... la persona tiene la libertad de pertenecer a la asociación o sindicato, o bien, de renunciar a ellos y en los mencionados preceptos de la ley secundaria se prevé como consecuencia del ejercicio del derecho a renunciar (o pertenecer), la pérdida del trabajo. Finalmente, el hecho de que con el ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente pueda ser separado del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en una ley secundaria, que permite introducir en las convenciones colectivas aquella figura, resulta censurable conforme al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la ley fundamental”.

Es importante mencionar que las modificaciones legales que proponemos no trastocan los derechos de los sindicatos, ni su autonomía o libertad, sino por el contrario, se les fortalece por medio de una participación mucho más activa de todos los agremiados, vinculándose responsablemente con el desarrollo de las actividades cotidianas de su sindicato a través de un ejercicio democrático y plural que se traduce mediante el voto libre, secreto y directo de los trabajadores. Tenemos la firme convicción de que la democracia directa es la vía óptima de representación, certeza y seguridad jurídica para los trabajadores, y decir que éste es un método que vulnera la libertad sindical es cuestionar el espíritu mismo de las democracias representativas modernas. Tampoco aceptamos el argumento de que la iniciativa que presentamos vulnere el derecho a la protección de datos personales ya que el procedimiento de recuento sólo implica consultar a los trabajadores respecto a la firma de los contratos colectivos, tal como sucedería en cualquier proceso electoral.

Esta propuesta aborda un reclamo generalizado que los trabajadores, sindicatos independientes, juristas, activistas laborales y miembros de la sociedad civil han enarbolado desde hace varios años. Ciertamente, como señaló el ilustre Mario de la Cueva, las cláusulas de exclusión constituyeron un instrumento valioso en la lucha del trabajo contra el capital, un elemento de integración y consolidación de la fuerza sindical y, sobre todo, fortalecieron la unión de los trabajadores en el debate sobre las condiciones colectivas de prestación de los servicios. No obstante, al subordinarse incondicionalmente el movimiento obrero a la política del partido oficial, que es lo mismo que el sometimiento total del estado, las cláusulas de exclusión se transformaron en la base más firme del totalitarismo estatal. Es nuestro deber poner un alto definitivo al totalitarismo sindical que corroe la institución de la contratación colectiva y abogar con firmeza por la democratización auténtica de la vida sindical del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 388 Bis; un párrafo tercero al artículo 390; se derogan los artículos 395 y 413, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante, deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.

III.Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de la notificación a que se refiere el párrafo que precede, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. En este caso, dentro de las 48 horas siguientes se notificará de las adhesiones al sindicato que hubiere solicitado en primer término la celebración del contrato colectivo de trabajo y al patrón para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano, elaborando el padrón definitivo de trabajadores con derecho a voto.

V. Transcurridos el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para la realización del recuento que deberá efectuarse dentro de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el voto libre, directo y secreto. Los trabajadores podrán elegir entre los sindicatos solicitantes o manifestar su oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

b) Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo o un recuadro a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y un círculo o recuadro a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo o recuadro correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, el cual será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390.El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta.

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 Bis.

Artículo 395. (Se deroga).

Artículo 413. (Se deroga).

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 359° Informe del Comité de Libertad Sindical, caso número 2694 (México): informe provisional, párr. 806

2 Pese a que México no ha ratificado este Convenio, su naturaleza jurídica genera obligaciones para el Estado mexicano de respetar, promover y hacer realidad sus disposiciones en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), misma que considera que la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son derechos laborales fundamentales.

3 Arturo Alcalde, “¿Y el Convenio 98 de la OIT para cuándo?”, La Jornada, 6 de abril de 2013, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/06/opinion/021a2pol

4 359° Informe del Comité de Libertad Sindical, Ibíd., pág. 738

5 Recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo previsto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. Las juntas de conciliación y arbitraje deben ordenar y garantizar que en su desahogo los trabajadores emitan voto personal, libre, directo y secreto. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 451, Segunda Sala, tesis 2a./J. 150/2008

6 Tesis de jurisprudencia 28/1995 y 43/1999: Cámaras de Comercio e Industria, Afiliación Obligatoria. El artículo 5o. de la ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional, y; sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Norma Rocío Nahle García,Cándido Ochoa Rojas, Jorge Tello López, Omar Noé Bernardino Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Caballero. Insértese el texto de la iniciativa mencionada al principio, íntegro, al Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos en el capítulo de la presentación de iniciativas, ¿Sobre la iniciativa? Porque la iniciativa se refería a reformas a la Ley Federal del Trabajo. A ver, sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Presidente, quisiera pedirle, de manera muy respetuosa, al diputado Virgilio Caballero sumarme a esta iniciativa.

Es grave lo que pasa en Veracruz y el presidente de la República y el secretario de Gobernación tienen una responsabilidad en el caso de Veracruz, y exigimos justicia y que renuncie el gobernador. Es incapaz para gobernar un país y un estado como el de Veracruz.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputada, nada más, con todo respeto, pero no es el punto. Estamos, insisto, en el punto de presentación de iniciativas, atípicamente el diputado Caballero hizo uso de su tiempo, yo no le podía impedir que lo hiciera, pero el texto de la iniciativa no se refiere al tema de Veracruz, se refiere a reformas y diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, continuamos.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, vengo a proponer que se elimine la aplicación masiva de la prueba del polígrafo a los policías de México. Repito, mi iniciativa se trata de que se suprima esa absurda, inoperante e injusta aplicación masiva de la prueba poligráfica a nuestros policías.

Hace años alguien tuvo la ocurrencia, la iniciativa de aplicar esta prueba a todos los elementos policiales de México, más de 360 mil. Reconozco que la idea pudo haber sido de buena fe, conceptualmente puede ser viable este concepto, sin embargo, no ha funcionado, en primer lugar porque la prueba poligráfica es tan delicada en su aplicación, es tan minuciosa en su ejercicio que es imposible aplicarla masivamente a cientos de miles de personas, por eso se han venido haciendo con muy baja calidad.

En segundo lugar, en cuanto se hizo una obligación legal esa aplicación aparecieron, como suele suceder en el esquema de la contratación pública, despachos y gabinetes de amigos y conocidos de políticos que se dedicaron a hacer masivamente estas pruebas sin tener la confianza necesaria.

Y en tercer lugar, se ha dado el caso en algunos estados de la República, en donde los gobiernos de la entidad han presionado a los presidentes municipales para que se sometan a ciertas condiciones, bajo la amenaza de no aprobar a sus jefes policiacos.

La prueba poligráfica no sirva como prueba, es inductiva, es presuncional, en ningún tribunal del mundo se le acepta como prueba fehaciente. Debe, en todo caso, relacionarse con otros elementos, como la prueba toxicológica de las drogas de abuso, el estudio psicométrico, el importantísimo estudio socioeconómico que se debe hacer a los elementos policiacos, la hoja de servicios. Solo así puede sugerir o inducir una conducta desviada, pero no puede ser usada para calificar o descalificar a cientos de miles de policías.

Las consecuencias de esta norma han sido terribles, compañeros, compañeras. Se han despedido injustamente decenas de policías en todos los rincones de la República. Se han despedido injustamente estigmatizándolos en un halo de vergüenza, inmerecidamente, y así es como hemos visto perder la experiencia sana y productiva de muchos elementos.

En segundo lugar, añadido a esta terrible injusticia laboral se han desmantelado las corporaciones municipales, se les han quitado elementos, porque al aplicarse la prueba indiscriminadamente, sin vincularse a otros elementos, se han debilitado a las principales entidades encargadas de la seguridad que son las municipales.

Y en tercer lugar, ha permitido que se reciclen malos elementos, porque miren ustedes, los policías que son malos, los policías que están coludidos con el crimen organizado, los que roban ya han perdido la conciencia y no tienen presente de que están delinquiendo o haciendo algo indebido, aprueban desvergonzadamente estas pruebas, ya tienen afectados los lóbulos temporales en donde se encuentra la autocrítica, algunos son psicópatas.

De tal manera que mientras hemos visto a nuestras corporaciones perder a decenas de miles de buenos elementos en forma vergonzosa, repito, estigmatízate, afectando también a sus familias, hemos visto también cómo se reciclan esos elementos que del argot policiaco llamamos lacras.

Me atrevo a hablar de esto porque conozco bien el tema. Yo mismo como jefe policiaco, que lo fui de Guadalajara, envían a mis elementos a someterse al polígrafo a 3 mil 400 policías y yo mismo me vi sometido a esa prueba varias veces y recuerdo que con pasmo veía los resultados y me daba cuenta de que policías viejos, honorables, experimentados salían no aptos y a los policías que en el argot llamamos lacras se reciclaban y salían perfectamente calificados.

Es así como vengo a insistir y pongo ante ustedes, muy respetuosamente, apelando a su conciencia, la supresión de la prueba del polígrafo en cuanto a su aplicación masiva, dejándola solamente para casos especiales y en caso de los mandos.

Es el sentido de esta iniciativa que finalmente forma parte de esta búsqueda que tenemos los mexicanos, esta búsqueda inagotable y agotadora a la vez por tener un mayor nivel de seguridad y dentro de esta búsqueda está también la investigación, la exploración para encontrar mejores modelos policiacos y aquí está entonces una propuesta para añadir a este ejercicio que como representantes populares debemos hacer.

Si queremos que nuestros policías traten con justicia a los ciudadanos debemos de tratar con justicia a nuestros policías, porque en este mundo señoras y señores nadie puede dar lo que no tiene. Muchas gracias y es cuanto tengo que decir.

«Iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente :

Exposición de Motivos

En México la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de delitos, investigación y persecución para hacerla efectiva, así como sanción de los infractores.

Las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública, para lo cual conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los principales temas relacionados con el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Para ello, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé disposiciones relativas al desarrollo de la Carrera Policial y su Profesionalización, en el cual la certificación, acreditación y evaluación de los controles de confianza juega un papel fundamental.

Particularmente el artículo 7 de la referida Ley dispone que las Instituciones de Seguridad Pública deben regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de servidores públicos de sus miembros.

Este mismo ordenamiento, prevé como una de las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de evaluaciones para la certificación y control de confianza, la cual se desarrolla mediante una Comisión de Certificación y Acreditación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenta también con atribuciones para proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública.

De acuerdo con la citada ley, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la certificación, acreditación y control de confianza, para lo cual debe verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Tratándose de la certificación y acreditación, la Ley comentada dispone en sus artículos 88, 96 y 97, que los aspirantes a ingresar o permanecer prestando servicio activo en las Instituciones de Seguridad Pública, deberán cumplir constantemente con los requisitos previstos en la norma, dentro de los cuales se encuentra el relativo a aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

La certificación, por tanto, tiene por objeto que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sometan a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las instituciones de seguridad pública habrán de contratar únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su Centro de Control de Confianza.

En el mismo sentido la Ley de la Policía Federal establece la regulación del Servicio Profesional de Carrera Policial, cuyo artículo 17 dispone para el ingreso y permanencia de los miembros policiales, la aprobación de las evaluaciones de control de confianza.

Pese a los avances regulatorios en materia de certificación y acreditación de las personas que pertenecen a las Instituciones de Seguridad Pública, la falta de controles adecuados para garantizar el ingreso y permanencia de miembros que cuenten con las cualidades de probidad, honradez y honorabilidad, ha potenciado problemas tanto para los miembros de las instituciones de Seguridad Pública, como para la sociedad en general, que frente al inadecuado desarrollo de las certificaciones y acreditaciones, se encuentra más vulnerable a ilegalidades, arbitrariedades, abusos y violaciones de derechos.

Algunos de los principales problemas que enfrentan los miembros de las instituciones de seguridad pública con relación a los mecanismos que buscan garantizar su certificación y acreditación, son el uso masivo de las pruebas poligráficas, como única prueba para realizar los exámenes de control de confianza, ya que no existen condiciones en México para el desarrollo de la citada prueba de forma masiva, bajo criterios idóneos.

Aunado a lo anterior, las pruebas poligráficas han sido utilizadas de forma discrecional por los superiores jerárquicos de instituciones de seguridad pública, para controlar a la membrecía, sin que se cumplan con ello el principio de legalidad y seguridad jurídica que supone la adecuada integración de pruebas en los expedientes para el ingreso y permanencia de los miembros de las instituciones de seguridad pública, en los cuales es fundamental que se cumpla con la diversidad de requisitos previstos en la ley, y que se integre la valoración de los exámenes, como es el caso del control de confianza, a partir de diversas pruebas que puedan fundar y motivar adecuadamente la resolución de ingreso o permanencia de los miembros de las instituciones de seguridad pública. Lo anterior resulta imposible con la sola aplicación de la prueba poligráfica, desarticulada del resto de los elementos de prueba necesarios para la adecuada valoración de los perfiles policiales.

Resulta por tanto fundamental llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley bajo criterios de idoneidad, mediante una adecuada integración de pruebas, bajo el amparo del principio de legalidad y seguridad jurídica que pueda garantizar la adecuada imparcialidad en las evaluaciones. Lo anterior permitiría demostrar que los miembros de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad pública, o los que están actualmente en funciones, cuenten con las cualidades de honradez y honorabilidad establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal. Ello en consecuencia, permitiría garantizar a la población, que las y los policías cuentan con las características idóneas para realizar adecuadamente su trabajo.

Es importante señalar que la necesidad de contar con criterios que determinen la confiabilidad de los miembros de las instituciones de seguridad pública, dio paso al uso preferencial de la prueba poligráfica, cuyos antecedentes se remontan al detector de mentiras en norte américa en el siglo XX, como una respuesta histórica a la demanda popular para la determinación de elementos para delimitar el campo del comportamiento legal e ilegal.

Sin embargo, la prueba poligráfica no es objetiva, ni está avalada científicamente como un medio confiable para determinar que los sometidos a ella, están realmente acreditados o no para desempeñar un cargo. Se trata pues tan sólo de un indicio, que integrado a otros, y tras un análisis minucioso, podría coadyuvar a la verificación de las condiciones de ingreso o permanencia de miembros de instituciones de seguridad pública.

La prueba poligráfica en México es aplicada en el mayor de los casos por técnicos sin estudios profesionales, que buscan intimidar a los examinados, generando condiciones adversas en las que predomina el estrés, que deriva en reacciones fisiológicas aleatorias ante preguntas ‘neutrales’, en comparación con la reacción ante preguntas ‘comprometedoras’. La prueba parte de la premisa de que las reacciones intensas muestras que la persona examinada miente, sin tomar en cuenta que es posible que la persona se encuentre alterada emocionalmente por la prueba, así como por las consecuencias laborales que en ella se soportan. El uso de la prueba poligráfica, resulta por tanto una práctica intimidatoria, que podría configurar incluso una violación al derecho a la integridad personal de las y los examinados.

“La única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo, es que arroja datos sobre el grado de reacción psicofisiológica de los individuos, las cuales son:

1. Cardíaca: Esta se toma de la misma forma que la presión arterial y se visualiza en la parte baja de la gráfica en el papel.

2. Galvánica de la piel: Esta se toma a través de las laminillas que conducen corriente eléctrica de baja intensidad, la cual se produce en el organismo y se grafica inmediatamente arriba de la cardíaca.

3. Neumológica: Esta se toma a través de un accesorio en forma de tubo que capta los movimientos de los pulmones al expandirse o contraerse, y se muestra en la parte superior de la gráfica”.

La prueba poligráfica realmente es una prueba de los niveles de estrés que experimentan las personas examinadas, que nada pueden advertir de manera aislada y desarticulada de otras pruebas. Las reacciones que desencadenan el estrés en la persona afecta directamente los resultados de la prueba.

“Los especialistas afirman que el polígrafo no debe ser utilizado en personas con problemas mentales (psicóticos); personas con presión arterial alta o descontrolada (sin medicamento); personas con diabetes; alcohólicos o drogadictos; cardíacos; nerviosos; mujeres embarazadas; personas con medicación especial (Tranquilizantes o ansiolíticos) y menores de 14 años. Ya que los resultados que arrojaría la prueba no serían confiables, pues las alteraciones psicofisiológicas alterarán del mismo modo los resultados.”

La presente iniciativa se sustenta por tanto en la necesidad de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como en el respeto de los derechos humanos, en los exámenes de control de confianza de los miembros de instituciones de seguridad pública, cuyas consecuencias tienen una dimensión individual, en tanto se respeta la legalidad de los procesos de ingreso y permanencia de los miembros de las Instituciones, y una dimensión social, en tanto los adecuados procesos de evaluación pueden garantizar mejores condiciones para la sociedad en general.

Examinar los miembros de las instituciones de seguridad pública, que tendrán a su cargo actividades fundamentales como la prevención, investigación y sanción de delito, bajo condiciones contrarias al Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica, contraviene la naturaleza del bien que busca garantizarse, pues los procesos inadecuados, arbitrarios, discrecionales, constituyen ejercicios inadecuados de poder en los que se germina la violencia. Por tanto es fundamental que las pruebas realizadas en los exámenes de confianza se ajusten a criterios objetivos, con bases científicas que permitan arrojar indicios que, integrados a otras pruebas determinen la idoneidad de la colaboración de las y los miembros de las instituciones de seguridad pública.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han mostrado preocupación por la discrecionalidad e ilegalidad en la aplicación de la prueba poligráfica. El INAI solicitó a la Procuraduría General de la República información sobre el uso y aplicación de la prueba poligráfica a sus funcionarios. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2004 la Recomendación General 6/2004 mediante la cual advirtió que la práctica de la prueba poligráfica en procesos de selección, así como en evaluaciones para la permanencia, frente a la ausencia de regulación del uso de la prueba, puede constituir violaciones al derecho humano a la dignidad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, resulta fundamental regular adecuadamente las evaluaciones de control de confianza de las y los miembros de las instituciones de seguridad pública, mediante la incorporación de un catálogo más extenso de pruebas, que deberán integrarse para la adecuada valoración de las condiciones mediante las cuales se termine la pertinencia del ingreso y permanencia de cualquier persona en las referidas instituciones.

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 107.Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

Los procesos de evaluación de control de confianza deberán realizarse con apego al principio de legalidad, seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, favoreciendo la integración de diversas pruebas que permitan fundar y motivar adecuadamente la resolución de ingreso o permanencia de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública. La prueba poligráfica sólo podrá utilizarse para las evaluaciones de los altos mandos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas deberán adecuar sus procesos de evaluación conforme a lo establecido en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del mismo.

Notas:

1 Iniciativa que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 30 de octubre de 2012.

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero de 2016.— Diputados: Macedonio Salomón Tamez Guajardo,Angie Dennisse Hauffen Torres, Cándido Ochoa Rojas, Jonadab Martínez García, Jorge Álvarez Maynez, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Marbella Toledo Ibarra, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Omar Noé Bernardino Vargas, Rosa Alba Ramírez Nachis, Salvador Zamora Zamora, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen. Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez, por favor.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Pocas veces vemos a un orador diputado federal exponer una iniciativa como tal. Quiero felicitar al diputado Macedonio Tamez, por esta iniciativa que mejorará sin duda la corporación policiaca y así reducirá la inseguridad en nuestro país.

Quiero pedirle al diputado proponente, que me permita, así como a su servidor, a toda la bancada de Movimiento Ciudadano, suscribir esta excelente y ejemplar iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Tamez, manifiesta su aquiescencia para que así sea, y por lo tanto está a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Basurto, por favor.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Buenas tardes. Con su venia, presidente. Primeramente para dar las gracias a nuestros diputados que se solidarizaron ahorita con la toma de tribuna de la fracción de Morena. Creo que es un tema que debe de unir a toda la voz de México, ni un periodista más muerto en México, ni un joven más asesinado en México.

Y es en correlación con la iniciativa que acaba de presentar el doctor, para solicitar su anuencia para adherirme a la misma. Creo que los exámenes, entre comillas de “confianza” que se están haciendo a los cuerpos policiacos a nivel nacional, más bien sirven para encubrir a lacras policías que siguen permaneciendo en los cuerpos policiacos y a los buenos policías darlos de baja, es por eso que México está ensangrentado. Es cuanto. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Ya se ha mencionado que aquí está a disposición la iniciativa presentada, para quienes deseen suscribirla lo hagan. Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Panamericana. Invitados por el diputado Gustavo Madero Muñoz. Bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Uno de los principios fundamentales de mi partido, uno de los principios fundamentales de Nueva Alianza, es el respeto al estado de derecho y la protección de los grupos vulnerables.

Bajo esos principios, hago uso de esta tribuna para presentarles una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de revalorar a las y a los trabajadores domésticos a través del reconocimiento pleno a sus derechos laborales y sociales.

Estoy segura que todas y todos los que estamos aquí abemos de la valía del trabajo que representa un empleado o una empleada doméstica y de la importancia que reviste su trabajo para que nosotros podamos estar aquí, para que nuestras familias puedan estar bien, para que gocemos de una casa limpia, para que gocemos de ropa y podamos tenerla en condiciones de usarla.

Es decir, los trabajadores domésticos realizan un trabajo fundamental y que sin duda alguna es una parte importante y necesaria para todos y para muchas mexicanas y mexicanos.

Se conoce como trabajo doméstico a todas las actividades de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Así, la trabajadora o el trabajador doméstico es la persona que realiza un trabajo en el marco de una relación laboral dentro de una casa.

Pese a su importancia para el funcionamiento de una familia y por ende de una sociedad, el trabajo doméstico es una labora que carece de reconocimiento sobre el profundo valor social y económico que tiene para el desarrollo de nuestro país.

Históricamente el trabajo doméstico se ha vinculado a la esclavitud, considerándose de poco valor e importancia. Consecuentemente las personas que desempeñan tareas domésticas han enfrentado marginación, abuso, exclusión y discriminación. Durante siglos les fueron negados los derechos laborales y sociales a los que todos tenemos derecho.

El cambio de paradigmas en la economía y la sociedad, ocasionar el incremento de la demanda de servicios domésticos, lo que generó un crecimiento de la conciencia en los diferentes actores sociales sobre la necesidad de brindar mayor proyección a los derechos de los trabajadores domésticos.

De esta manera hoy contamos con leyes, tratados y convenios, tanto nacionales como internacionales que consagran derechos a los trabajadores domésticos. Sin embargo, y a pesar de que ese conjunto de normas reconoce y protege el trabajo doméstico, la realidad que viven miles de trabajadores demuestra que aun falta mucho por hacer y por lograr que ellos también tengan un ejercicio pleno de sus derechos humanos y derechos laborales.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, al cuarto trimestre de 2010 había un poco más de dos millones de trabajadores domésticos, de los cuales 9 de cada 10 son mujeres y de ellas casi el 60 por ciento pertenece a un estrato socioeconómico medio bajo y el 64 por ciento de ellos tiene apenas instrucción primaria o inferior.

Las cifras demuestran que el trabajo doméstico es principalmente femenino, situación que agrava y duplica la vulnerabilidad de las empleadas, más aún cuando ellas son menores de edad o son indígenas.

Para Nueva Alianza es un compromiso, no sólo político, sino ético y moral, propiciar, en primer lugar, la dignificación del trabajo doméstico y el respeto por las y los empleados del hogar.

Estamos convencido de la necesidad de esta reforma; necesitamos darles mayor protección social y garantizar los mismos derechos del que goza cualquier trabajador.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México reflejan claramente lo precario de la situación en que se encuentran. Ocho trabajadores de cada diez trabajadores doméstico, no cuentan con seguro médico, seis de cada diez no tienen vacaciones, y casi la mitad no recibe aguinaldo ni tiene horario fijo ni tampoco tiene condiciones para poder desarrollarse adecuadamente. No cuentan con un contrato, tampoco tienen un sueldo fijo. No tienen la posibilidad de jubilarse, de acceder a una pensión o de acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario.

Dedican toda su vida a una familia y después se van con las manos vacías, viejos, enfermos, sin pensión, sin la posibilidad de acceder a vivir los últimos años de su vida en una condición de honorabilidad ni en las mejores condiciones que les permitan pasar esos años bien, atendidos con salud, atendidos con una pensión.

No hay condiciones laborales que les garanticen un retiro tranquilo. Si bien hay un marco legal que regula el trabajo doméstico, son muchos los vacíos que persisten para lograr su completa protección laboral y social.

Por eso hemos propuesto esta iniciativa que busca revalorar el trabajo doméstico y brindarles mejores condiciones laborales y sociales a quienes hacen tanto por nuestras familias y por nosotros. Espero contar con su apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a fin de proteger los derechos de los trabajadores domésticos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo al Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, instrumento que fue aprobado por los delegados de la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 16 de julio de 2011, junto con una Recomendación que lo acompaña, que se encuentra abierto a ratificaciones, se tiene pensado que se conviertan en el Convenio 189 y la Recomendación 201. En su artículo 1, se define la expresión “trabajo doméstico” como el “trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos”. También se indica que el trabajador doméstico es la persona ( de género masculino o femenino) que realiza un trabajo doméstico “en el marco de una relación de trabajo”, y que no se considera como tal a quien de forma ocasional realiza estas labores.

Por lo que en la presente iniciativa a fin de armonizar y adecuar el convenio en comento con el texto normativo de nuestra legislación, haremos referencia de “trabajador doméstico” para indicar a la persona ya sea de género femenino o masculino, que a cambio de un salario monetario o en especie, presten sus servicios de cuidado, limpieza y atención en hogares de terceros.

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre de 2010, había un poco más de 2 millones de trabajadores domésticos en México. Entre éstos, 9 de cada 10 son mujeres, casi el 60% pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64% tiene apenas una instrucción primaria o inferior. En 2005, se calculaba que el 11.8% de los trabajadores domésticos que viven en los lugares donde prestan sus servicios, eran mujeres indígenas.

En este sentido, es importante distinguir que las personas que llevan a cabo este trabajo pueden hacerlo a cambio de una remuneración o de manera gratuita, que es el caso de las mujeres a las que comúnmente se les llama “amas de casa”, Sin embargo, como se mencionó anteriormente la presente iniciativa se abordará la cuestión relativa a los trabajadores para los cuales esta actividad significa un trabajo remunerado, es decir, los trabajadores domésticos, y no se hace especial mención a las personas contratadas como personal de limpieza para empresas de outsourcing.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la constitución pionera en el reconocimiento de derechos sociales, con especial énfasis en los laborales. Su artículo 123 constituye, por sí solo, un apartado completo de la constitución, y se refiere al trabajo y a la previsión social. Aquí se contiene un catálogo mínimo de derechos, y se divide en 2 apartados: el primero se refiere a los trabajadores “privados” y el segundo a los trabajadores “públicos” (es decir, al servicio del Estado). Asimismo, la Ley Federal del Trabajo se ocupa de regular las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores.

Los trabajadores domésticos también constituyen un grupo particularmente vulnerable al acoso sexual, dada su situación de subordinación. Sobre este tema, dice el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que “los trabajadores domésticos sufren de acoso sexual en su lugar de trabajo, pero como este lugar está situado en una residencia privada, es más difícil defenderse.

Paradójicamente, el trabajo realizado por un trabajador domestico ayuda a que las personas de una familia trabajen, a conciliar entre el ámbito laboral y el familiar. Sin embargo, son este sector los que quedan en estado de indefensión ante la negación de sus derechos como trabajadores domésticos”.

Bajo estas circunstancias, sus posibilidades de defensa contra abusos disminuyen. La conformación de un sindicato podría ser una buena alternativa para encontrar apoyo. Sin embargo, aun cuando tienen el derecho constitucional de formarlo, lo cierto es que no existen este tipo de organizaciones para este gremio. Sí existen, en cambio, organizaciones como la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar en México, no obstante, se trata de una asociación civil dedicada a capacitar a mujeres trabajadoras del hogar, asesorarlas y a dar información relativa a sus derechos.

Así pues, la labor de estos trabajadores domésticos, su ubicación en la escala social, su condición en su mayoría de mujeres y en ocasiones su calidad de indígenas, hacen que sean un grupo vulnerable y víctima de discriminación. Esto es importante porque la perpetuación de los estereotipos relativos a los trabajadores domésticos no es atribuible exclusivamente a los hombres, sino también a las mujeres que son empleadoras y que discriminan a sus empleadas.

Los datos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, levantada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reflejan claramente esta situación. En esta encuesta, se aplicó un cuestionario a trabajadores domésticos, para conocer su percepción sobre la discriminación de la que son objeto. Una tercera parte de los encuestados manifestó que el problema principal para las personas que hacen trabajo doméstico en México es el sueldo, que se considera insuficiente. Casi el 20% señaló que su principal problema es el abuso, el maltrato, la humillación y la discriminación en su contra.

Conforme a la encuesta, 8 de cada 10 trabajadores domésticos no cuentan con seguro médico, 6 de cada 10 no tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo ni tiene horario fijo de trabajo. El propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) describe con precisión la situación de los trabajadores domésticos: “El trabajo que realizan los trabajadores domésticos es considerado social y económicamente inferior, se les asignan bajas remuneraciones, no cuentan con prestaciones sociales, y tienen poca capacitación. Particularmente en el caso de los trabajadores domésticos que habitan en el lugar donde trabajan, la distinción público-privado se diluye. No quedan claros ni específicamente definidos los tiempos, los espacios, el objetivo y las funciones de los trabajadores, permitiendo la discriminación, la explotación, los abusos y los maltratos.”

En suma, para estos trabajadores domésticos, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son letra muerta, pues todo el esquema laboral de este gremio se regula con base en usos y costumbres. En muchas ocasiones, son maltratados (incluso al grado de llegar a la violencia en su contra), pero aun si se les da un trato adecuado, prevalecen las nociones estereotipadas de los trabajadores domésticos y de su rol como “sirviente”. La manera en que la gente consciente de su situación se refiere a ellas es diciendo: “la señora de la limpieza”, o “la chica que nos ayuda en la casa”.

Sin embargo, la mayoría de la gente denomina a los trabajadores domésticos como; la “muchacha” el “joven”, independientemente de la edad que tengan. También se les llama, de manera peyorativa, “sirvienta”, “criada”, “chacha”, “gata”. Hay dos expresiones populares que reflejan este estereotipo negativo: “Se fue como las chachas” quiere decir que una persona se fue de manera intempestiva, sin dar mayor explicación. “Eres una gata” que se usa para insultar a alguien implicando que la persona carece de clase o educación, es corriente.

El estado de cosas recién descrito denota que este grupo vulnerable es víctima de discriminación y desigualdad estructurales.

Estas cifras nos permiten observar que existen grandes retos en el ejercicio pleno de los derechos vinculados al trabajo doméstico, principalmente en materia de remuneración, y reconocimiento en condiciones de igualdad como cualquier otro trabajo, lo que implica, entre otros aspectos la modificación en la conciencia colectiva que contribuya al respeto de tan importante labor.

Pese a que en el país se ha vivido en los últimos años una severa evolución en materia de derechos humanos, falta mucho por avanzar para el trabajo digno y decente de los trabajadores domésticos, para garantizar de manera plena sus derechos laborales.

Por ello, y con el objetivo de mejorar las condiciones en las que viven los trabajadores domésticos, es necesario seguir impulsando mecanismos que permitan garantizar su trabajo de manera digna y decente.

Estos derechos tienen su fundamento y se encuentran contemplados tanto a nivel internacional como nacional en nuestro país, mismos que a continuación se exponen;

A nivel internacional se encuentran estos derechos establecidos en los tratados e instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, como a continuación se menciona;

El derecho a la no discriminación se encuentra también expresado en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero dirigido específicamente a la discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación. A diferencia del artículo 1° constitucional, aquí se define qué se entiende por discriminación (artículo 146) y se genera una obligación a cargo del Estado, consistente en formular una política nacional mediante la cual se promueva la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y ocupación, para eliminar cualquier discriminación (artículo 2).

Asimismo, mediante este convenio los Estados se obligan (artículo 3) a llevar a cabo acciones concretas para erradicar la discriminación en el empleo, como: obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y trabajadores para instrumentar su política pública, promulgar leyes y promover programas educativos para garantizar la aceptación y cumplimiento de la mencionada política pública, derogar aquello que sea incompatible con ésta (leyes o prácticas administrativas), establecer el control de la política a una autoridad nacional, asegurar su aplicación en actividades de orientación o formación profesional, entre otras.

Por supuesto, otros tratados e instrumentos internacionales también reconocen la dignidad humana y prevén los derechos a la igualdad y a la no discriminación, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial o la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por mencionar algunos ejemplos.

Para efectos de la presente iniciativa, me parece que es suficiente con señalar lo dispuesto en la constitución mexicana, en el tratado 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los tratados internacionales que se ocupan de los derechos de las mujeres, que a continuación se detallarán.

Dada la proporción de mujeres que se dedican al trabajo doméstico en México, es importante ver esta problemática desde la perspectiva de género y con apoyo en los instrumentos internacionales específicamente diseñados para proteger los derechos de la mujer.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (comúnmente conocida como CEDAW) es un instrumento donde también se define y se prohíbe la discriminación, pero en este caso se trata de aquélla específicamente dirigida hacia la mujer (artículo 1). Resulta de particular relevancia lo dispuesto en el artículo 5.a de esta convención, pues establece una obligación a cargo del Estado, consistente en tomar medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Asimismo, es de especial relevancia lo establecido en el artículo 11 de esta convención, pues obliga a los Estados a adoptar medidas para eliminación de la discriminación contra la mujer, en el ámbito específico del empleo. En este contexto, las medidas deben estar encaminadas a asegurar, entre otros, el derecho a la seguridad social, y se especifica que particularmente se debe contemplar el caso de la jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad, así como el derecho a vacaciones pagadas (inciso e). Igualmente, se debe garantizar el derecho a la protección de la salud (inciso f) y se debe proteger la maternidad de la mujer trabajadora, prohibiendo el despido en caso de embarazo (punto 2, inciso a) e implantando licencia de maternidad pagada (punto 2, inciso b), entre otras medidas.

México es parte también en un instrumento regional cuya finalidad es inhibir la violencia contra la mujer: se trata de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Entre sus disposiciones, destaca, en primer lugar, la definición de “violencia contra la mujer”, pues se considera como tal “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 1)”.

A continuación, el artículo 2 especifica que la violencia se puede generar dentro de la familia o unidad doméstica, entre otros lugares. El artículo 4, por su parte, establece un catálogo de derechos de la mujer, y entre ellos se mencionan el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (inciso b), el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona (inciso e), el derecho a la igualdad ante la ley y de la ley (inciso f) y el derecho a un recurso sencillo y rápido ante tribunales, en contra de actos que violen sus derechos (inciso g).

Mediante la Convención de Belém do Pará, los Estados parte adquieren una serie de obligaciones que tienen como fin el de erradicar la violencia contra la mujer. Se hacen notar los incisos c), e) y h) del artículo 7, pues en ellos se establece el compromiso estatal de incluir en la legislación interna las normas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (así como medidas administrativas); y de tomar las medidas apropiadas para modificar o derogar normas vigentes o prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; entre otras.

Llama la atención que, en el artículo 8 de la misma convención, se establece otro conjunto de medidas que deben adoptar los Estados, pero en este caso se establece que su adopción es progresiva, reconociendo la dificultad de cambiar de tajo ciertas prácticas, o modificar inmediatamente la legislación o instituciones, tanto públicas como privadas. En esta lógica, una de las medidas o programas que los Estados se obligan a adoptar (inciso b) consiste en “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, [...] para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”.

Esta obligación es muy parecida a la prevista en el artículo 5, inciso a), de la CEDAW. En conjunto, son especialmente importantes, porque reconocen que parte del problema de la discriminación y la violencia contra la mujer son estructurales, producidos por concepciones y prejuicios sociales, por conductas arraigadas culturalmente y perpetuadas de generación en generación; de la fuerza de ciertos estereotipos de género y, en el caso de las trabajadoras del hogar, también de clase y de origen étnico. En la redacción de estos artículos subyace la noción de que, para eliminar las conductas discriminatorias contra las mujeres, no es suficiente con modificar la legislación o con establecer mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos fundamentales, sino que es necesario también modificar concepciones de la sociedad en general y conductas generalizadas que tienen como resultado la violación sistemática de los derechos de algún grupo vulnerable.

Además de estos derechos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce ciertos derechos laborales.

El artículo 6 establece, en general, el derecho al trabajo, señala que toda persona tiene derecho a éste y se incluye el compromiso de los Estados parte para garantizar su ejercicio. El artículo 7, por su parte, describe las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, como: a) una remuneración que asegure condiciones mínimas de subsistencia digna para el trabajador y su familia, y un salario equitativo (a trabajo igual, sueldo igual), b) derecho del trabajador a seguir su vocación, c) derecho a la promoción dentro del trabajo y los parámetros para otorgarla, d) la estabilidad en el empleo e indemnización en caso de despido injustificado, e) la seguridad e higiene en el trabajo, f) protección especial a los trabajadores menores de 18 años, g) una jornada máxima, y h) el derecho al descanso, tiempo libre, vacaciones pagadas y disfrute de días feriados. Como se advierte, estas disposiciones son muy parecidas a las previstas en el propio artículo 123 constitucional, con sus matices.

Por su parte, el artículo 8 del Protocolo prevé derechos sindicales y el artículo 9 se refiere al derecho a la seguridad social, manifestando que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa [...]”. En el punto 2, este artículo dispone que si los trabajadores están en activo, la seguridad social debe cubrir por lo menos la atención médica y el subsidio o jubilación en caso de accidentes de trabajo, enfermedad profesional o licencia por maternidad, en el caso de las mujeres.

De igual manera, los trabajadores en México gozan de los derechos previstos en 6 de los 8 convenios clasificados como fundamentales por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, México es parte en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (número 29), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (número 105), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (número 111), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (número 100), el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (número 87) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (número 182).

Es importante mencionar el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Este instrumento fue aprobado por los delegados de la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 16 de julio de 2011, junto con una Recomendación que lo acompaña, que sirve como guía más detallada sobre la instrumentación del convenio. Éste ya está abierto a ratificaciones, y se tiene pensado que se conviertan en el Convenio 189 y la Recomendación 201.

El convenio aborda de manera específica la situación de los trabajadores domésticos. El documento entero no tiene desperdicio, pues en su preámbulo se hacen diversas consideraciones de gran relevancia. Ahí se comienza por reconocer la contribución de los trabajadores domésticos a la economía mundial. Enseguida se afirma que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible, y se reconoce que en su mayoría lo realizan mujeres y niñas, que en ocasiones son migrantes o integrantes de comunidades desfavorecidas. También se dice de manera expresa que ellas son particularmente vulnerables a la discriminación respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de derechos humanos. A continuación, se resaltan algunas de sus disposiciones más importantes:

En el artículo 1, se define la expresión “trabajo doméstico” como el “trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos”. También se indica que el trabajador doméstico es la persona (de género masculino o femenino) que realiza un trabajo doméstico “en el marco de una relación de trabajo”, y que no se considera como tal a quien de forma ocasional realiza estas labores.

El artículo 3 establece ciertas medidas que el Estado miembro se obliga a adoptar respecto de estos trabajadores: respeto a la libertad de asociación, a la libertad sindical y al reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Se señala, en el artículo 4, que los Estados deben fijar una edad mínima para el trabajo doméstico, que no puede ser inferior a la establecida en la legislación nacional, así como otro tipo de protección para las trabajadoras del hogar menores de edad (como la relativa a que no deben ser privadas de la escolaridad mínima).

También se incluye una obligación de adoptar medidas para que los trabajadores domésticos gocen de protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia (artículo 5) y para asegurar que gocen de condiciones de empleo equitativas y de trabajo y vida decente, así como que se respete su privacidad si residen en el hogar donde trabajan (artículo 6).

Se da importancia (artículo 7) a las medidas para que los trabajadores sean informados sobre sus condiciones de empleo, preferentemente, mediante contratos escritos (lo cual podría comprender la modalidad de contrato colectivo). Se hace especial referencia a la siguiente información fundamental: los datos del empleador y del trabajador, así como el domicilio de trabajo, la fecha de inicio del contrato y su duración (cuando sea por un periodo específico), el tipo de trabajo a realizar, la remuneración, la forma en que ésta se calcula y la periodicidad de los pagos, las horas normales de trabajo, las vacaciones anuales pagadas y los periodos de descanso diarios y semanales, el suministro de alimentos y alojamiento (en su caso), el periodo de prueba (en su caso), las condiciones de repatriación (en su caso) y las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo (incluyendo el preaviso correspondiente).

De igual manera, se prevé (artículo 10) lo relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general, particularmente acerca de las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso (diarios y semanales) y las vacaciones anuales pagadas. De forma particular, se destaca que el periodo durante el cual los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder posibles requerimientos también debe considerarse como horas de trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional, en convenios colectivos o en cualquier otro mecanismo.

Se indica (artículo 11), igualmente, que deben adoptarse medidas para asegurar un salario mínimo, y la forma en que se debe pagar el salario (artículo 12): en efectivo (de preferencia, aunque también se reconocen las transferencias electrónicas y el cheque), a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. Se prevé la posibilidad de pago en especie, pero sólo respecto de una proporción limitada de la remuneración del trabajador.

El convenio (artículo 13) se refiere al entorno de trabajo seguro y saludable, mientras que también señala la obligación (artículo 14) de adoptar medidas para que los trabajadores gocen de condiciones no menos favorables que las de los trabajadores en general en lo tocante a la protección de la seguridad social. Se especifica que estas medidas se pueden aplicar de manera progresiva.

A nivel nacional, se encuentran contemplados estos derechos en nuestro marco jurídico siguiente:

Los trabajadores domésticos tienen, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados de los cuales México es parte, ciertos derechos fundamentales, como a continuación se menciona: “Derechos a la dignidad, a igualdad y a la no discriminación, estos derechos están reconocidos en el artículo 1° constitucional”

Es importante señalar que este artículo fue modificado mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, e implica un cambio de paradigma en la forma de entender los derechos humanos en México, sin embargo, no es objeto de la presente iniciativa abundar sobre la reforma, pero es pertinente señalar que ahora la Constitución habla de “ derechos humanos de las personas” en vez de indicar que “los individuos tienen garantías individuales”, como a continuación se establece en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Pues bien, como podemos observar, este artículo, en su primer párrafo, establece el derecho a la igualdad, ya que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos tanto en la propia constitución, como en los tratados de los cuales el Estado mexicano sea parte. Su último párrafo prohíbe la discriminación motivada por ciertas causas enumeradas expresamente, o por cualquier otra que atente contra la dignidad humana (consecuentemente reconociendo su valor) y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ese catálogo de motivos por los cuales está prohibida la discriminación comprende al origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la constitución pionera en el reconocimiento de derechos sociales, con especial énfasis en los laborales, su artículo 123 constituye, por sí solo, un apartado completo de la constitución, y se refiere al trabajo y a la previsión social. Aquí se contiene un catálogo mínimo de derechos, y se divide en 2 apartados: el primero se refiere a los trabajadores “privados” y el segundo a los trabajadores “públicos” (es decir, al servicio del Estado). Asimismo, la Ley Federal del Trabajo se ocupa de regular las relaciones entre los trabajadores y sus servidores.

De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución, en términos generales, para todos los trabajadores; “la duración de la jornada máxima es de 8 horas, por cada 6 días de trabajo, se debe disfrutar de 1 día de descanso, hay un salario mínimo, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos, cada hora extra laborada se debe pagar al doble de lo que cuesta cada hora normal, se les debe proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas, las empresas están obligadas a proporcionarles capacitación o adiestramiento para el trabajo, los empresarios son responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores (sufridas con motivo del trabajo que lleven a cabo), tienen derecho a coaligarse (es decir, a formar sindicatos), es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, la cual comprende seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería, entre otros.”

Todas estas disposiciones se reiteran en la Ley Federal del Trabajo, y además ésta prevé un derecho para todos los trabajadores a vacaciones, a una prima vacacional, al pago de un aguinaldo y a tener un contrato por escrito, donde se especifiquen ciertos términos fundamentales sobre la relación de trabajo (aunque si no hay contrato escrito, se presumirá su existencia, y esto no es obstáculo para gozar de los derechos laborales).Tal y como se establece en los artículos 21 y 26 de la Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 21.Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.

Artículo 26.La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad.”

Además, en la Ley Federal del Trabajo dedica un capítulo especial a los trabajadores domésticos, cuyas normas relevantes se describen a continuación:

Se define como “trabajador doméstico” el que presta servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Se subraya que no se consideran como tales a las personas que prestan servicios de aseo, asistencia u otros semejantes en restaurantes, hospitales, sanatorios y otros establecimientos similares; ni a los porteros o veladores de los establecimientos anteriores o de edificios de departamentos y oficinas, como a continuación se establece:

“Artículo 331.Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Artículo 332.No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.”

Asimismo, se indica que estos trabajadores deben disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y descanso durante la noche, y que su retribución comprende los alimentos y la habitación, además del pago en efectivo. En este sentido, se entiende que estos dos conceptos, es decir, los alimentos y la habitación equivalen al 50% del salario que se pague en efectivo, como se establece a continuación:

“Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.”

También hay disposición expresa en el sentido de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores, en el artículo 335 de la misma Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 335.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.”

Sin embargo, a la fecha no se han establecido esos salarios mínimos específicos, por lo que para estas trabajadoras en estricto sentido rige el salario mínimo general vigente, dependiendo aun de la zona geográfica en que se ubiquen. A pesar de ello, los salarios de estas trabajadoras tampoco se rigen por este criterio general, sino que se establecen conforme a precios de mercado, mediante una negociación entre cada empleador y la empleada.

En este artículo se fijan ciertas obligaciones a cargo del empleador, como guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de propinarle cualquier mal trato; proporcionarle un local cómodo e higiénico para dormir, alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y cooperar para la instrucción del trabajador “doméstico”, como a continuación se señala:

“Artículo 337.Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.”

De igual manera, hay obligaciones específicas en caso de enfermedad del trabajador, tales como pagarle el salario que le corresponda hasta por 1 mes; proporcionarle asistencia médica (si la enfermedad no es crónica), en tanto se recupera o se hace cargo de él algún servicio asistencial. Si la enfermedad es crónica, el empleador tiene la obligación de proporcionarle asistencia médica hasta por 3 meses (si el trabajador ha prestado sus servicios durante un mínimo de 6 meses). Por otro lado, si el trabajador muere, el patrón sufragará los gastos del sepelio, en el artículo 338 y 339 de la ley en comento:

“Artículo 338.Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Artículo 339.En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio.”

La Ley Federal del Trabajo impone obligaciones a los trabajadores domésticos. Por ello, se debe guardar consideración y respeto al empleador, a su familia y a las personas en el hogar donde presten sus servicios; así como poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa, de acuerdo al artículo 340 de la Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 340.Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.”

Se establece como causa de rescisión de la relación laboral el incumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador, pero también se precisa que éste puede dar por terminada la relación en cualquier tiempo, dando aviso con 8 días de anticipación. El empleador, por su parte, puede dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad en los 30 días siguientes a que éste inicie, o en cualquier momento siempre que pague una indemnización, sin que tenga necesidad de comprobar la causa para ello, como a continuación se establece;

“Artículo 341.Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo.

Artículo 342.El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Artículo 343.El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.”

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo prevé en otros artículos ciertas disposiciones aplicables a los trabajadores domésticos. De manera destacada, conforme a los artículos 48 y 49, en una contienda laboral donde se alegue despido injustificado, los empleadores quedan eximidos de la obligación de reinstalar al trabajador, aunque sí lo deben indemnizar, según el artículo 50. Se excluye a los trabajadores “domésticos” del reparto de utilidades, de acuerdo con el artículo 27. Sobre todo, se exime a los empleadores de la obligación de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda en el caso de los trabajadores domésticos, conforme a los artículos 136 y 146 de la Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 136.Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

Artículo 146.Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.”

Por su parte, la Ley del Seguro Social establece cuál es el régimen obligatorio y señala que éste comprende diversos seguros, como lo establece en su artículo 11:

“Artículo 11.El régimen obligatorio comprende los seguros de:

I.Riesgos de trabajo;

II.Enfermedades y maternidad;

III.Invalidez y vida;

IV.Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

V.Guarderías y prestaciones sociales.”

Asimismo, indica quiénes son sujetos de aseguramiento de este régimen obligatorio, y en este listado no incluye a los trabajadores domésticos. En cambio, el artículo 13 de la misma señala que hay sujetos que pueden ser sujeto de aseguramiento voluntario en el régimen obligatorio, entre los cuales se encuentran, precisamente, los llamados “trabajadores domésticos”. Esto quiere decir que se releva al empleador de la obligación de inscribir al trabajador y aportar para su seguridad social, como a continuación se establece:

“Artículo 12.Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I.Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

II.Los socios de sociedades cooperativas, y

III.Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 13.Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

II.Los trabajadores domésticos;”

Luego, conforme al régimen voluntario, corre a cargo del trabajador su propia inscripción y el pago de aportaciones, a diferencia del resto de los trabajadores. Pero esto no es todo: una diferencia fundamental entre ambos regímenes es que, en el caso de los trabajadores domésticos, la inscripción al seguro social únicamente conlleva los seguros, pero no pueden cotizar semanas de trabajo. Entonces, no tienen posibilidad de acceder a una pensión al final de su vida laboral.

En este sentido se han pronunciado por lo menos dos Tribunales Colegiados de Circuito en criterios que, aun cuando no son obligatorios, pueden servir como guía a otros órganos jurisdiccionales:

“Trabajadores domésticos. No existe obligación del patrón de inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social ni al sistema de ahorro para el retiro. De conformidad con los numerales 13, fracción II y 222 a 233 de la Ley del Seguro Social, se colige que no existe obligación del patrón para inscribir a un trabajador doméstico al régimen obligatorio del seguro social, ni al seguro de ahorro para el retiro, porque dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y de conformidad a lo pactado por las partes”. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tesis aislada I.6o.T. 407 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, agosto de 2009, página 1737.

“Trabajadores domésticos. La Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentra impedida para condenar al patrón a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social retroactivamente, porque sólo pueden ser sujetos de aseguramiento voluntariamente. El hecho de que el patrón niegue la relación de trabajo y la actora acredite que prestaba sus servicios como empleada doméstica, no es motivo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje lo condene a inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social retroactivamente, porque al resolver debe tomar en cuenta el artículo 338, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga al patrón a proporcionar a los trabajadores domésticos, en caso de enfermedad que no sea de trabajo y no sea crónica, asistencia médica entre tanto se logra su curación, lo que descarta que esté obligado a efectuar esa inscripción, lo cual se corrobora con lo señalado en la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, que establece que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, los trabajadores domésticos”. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, tesis aislada II.T.331 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1212.”

En el régimen mexicano, se tiene derecho a una pensión por vejez o cesantía en edad avanzada siempre que se cotice un número determinado de semanas trabajadas y se cumpla cierta edad. En el caso de los trabajadores domésticos, no tienen posibilidad de ser inscritos por su empleador en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual impide que cumplan con las semanas de cotización necesarias para jubilarse con pensión.

Por lo que, conforme al esquema legal mexicano, los trabajadores domésticos no son sujetos de inscripción en el Fondo de Ahorro para la Vivienda. No obstante, a pesar de estar formalmente excluidas de esta prestación, el Infonavit puso en marcha, en 2010, el programa “Infonavit para todos”, cuyo principal objetivo consiste en permitir que los empleadores de trabajadoras del hogar las inscriban. Esto no sólo las formaliza en el sistema, sino que también permite que puedan cotizar en éste, y eventualmente lograr ser beneficiarias de un crédito para la vivienda.

En cuanto al régimen del seguro social, según se ha dicho ya, los trabajadores domésticos, pueden inscribirse a un régimen voluntario. Sin embargo, no se trata de un esquema igual que el aplicable a otro tipo de trabajadores. Las principales consecuencias de esta diferencia consisten en la falta de cotización de semanas de trabajo, que implica la imposibilidad de aspirar a una jubilación y en que el empleador no hace aportaciones, sólo la trabajadora, por lo que la cantidad que se llega a acumular por cada trabajador es inferior.

No obstante que la propia Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo, establecen una serie de derechos mínimos para “todos” los trabajadores, incluyendo a los trabajadores domésticos, lo cierto es que la relación de trabajo entre éstas y sus empleadores se basa más en usos y costumbres que en lo dispuesto en la ley.

Por otro lado, la regla general en materia de trabajo es que, si no hay contrato por escrito, se presume su existencia. Normalmente, esta circunstancia no presenta mayor problema, pues en caso de conflicto se imputa la falta de contrato al empleador y se arroja a éste la carga de la prueba sobre sus términos. En el caso de los trabajadores domésticos, la falta de contrato genera problemas importantes. El primero de ellos, consiste en la falta de certeza de los trabajadores domésticos acerca de los límites de sus funciones y los términos de su contratación.

Asimismo, la falta de contrato tiene otra consecuencia perversa, pues abona a la devaluación de los trabajadores y de su labor, es considerado un trabajo tan poco valioso, que no requiere siquiera de la celebración formal de un contrato.

De manera similar, es raro que los trabajadores domésticos gocen de los días de asueto obligatorios. La idea generalizada consiste en que el empleador decide qué días (además del domingo, que por lo general es el día de descanso de las trabajadoras del hogar) pueden faltar a sus labores. No se acostumbra “darles” los días feriados de los que goza “por ley” que el resto de los trabajadores. Incluso, se emplea la expresión “darle el día” a la trabajadora, como si fuera una concesión del empleador y no un derecho laboral.

De acuerdo con lo fundado en la presente iniciativa, los trabajadores domésticos en México tienen derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución Mexicana como por diversos instrumentos internacionales: derecho a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación y derechos laborales, que además deben abordarse desde la perspectiva de género.

El trabajo doméstico es una labor que carece de reconocimiento sobre el profundo valor social y económico que tiene para el desarrollo de nuestro país. Con esta propuesta de modificación, damos un importante avance en la garantía para hacer efectivos derechos de ley para este sector de la población.

Debido a que la situación de los trabajadores domésticos en gran parte tiene que ver con la forma en que la sociedad en general las percibe y trata, las acciones encaminadas a garantizar los derechos de estas personas necesariamente debe pasar por un enfoque transversal. Es decir, para verdaderamente erradicar la violencia y discriminación de la que son objeto, es vital pensar en soluciones a largo plazo que toquen a la sociedad y a las instituciones en su conjunto, para modificar patrones de conducta y estereotipos socioculturales (en sintonía con las obligaciones que imponen los artículos 5.a de la CEDAW y 8.b de la Convención de Belém do Pará).

La cuestión no es fácil, si se toma en cuenta que, en gran medida, las acciones necesarias para hacer valer los derechos de los trabajadores domésticos dependen de la toma de decisiones de los grupos de poder. Estos mismos grupos son empleadores de trabajadores domésticos, así que cualquier modificación en el statu quo(es decir, al estado o situación de ciertas cosas, como la economía, las relaciones sociales o la cultura, en un momento determinado )afectará directamente sus intereses.

En el caso de los trabajadores domésticos no sólo se debe tomar en cuenta la postura androcéntrica (visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino), desde la cual se construye la regulación y percepción de su actividad, sino también los intereses de clase que están en juego, lo cual es una tarea doblemente complicada.

Por nuestra parte como legisladores, nuestro lado de acción es el de promover las reformas legislativas necesarias, haciéndose una revisión integral de la legislación laboral y de seguridad social, para eliminar términos legales que remitan a estereotipos negativos y que violen los derechos de los trabajadores domésticos, para detectar que normar y modificarlas.

Uno de los primeros temas que podrían replantearse es el relativo a la seguridad social de estos trabajadores. Deben tomarse diversos factores en cuenta para encontrar una solución, como la dificultad que implicaría obligar a todos los empleadores a registrarse.

El sistema está diseñado de tal forma que se requiere de una infraestructura importante para poder cumplir con la obligación de registro, pues implica varias cargas administrativas y de trámites para el empleador.

De tal forma, en los hechos prácticamente sólo son las empresas quienes registran a sus trabajadores. Por lo tanto, se tendría que establecer el trámite relativo a la inscripción de los trabajadores. Esto también es importante en la medida en que es frecuente que los trabajadores domésticos trabajen por periodos cortos en un determinado lugar, entonces debe facilitarse a las partes involucradas la posibilidad de reportar altas y bajas de personal.

Hay un esfuerzo en el sentido de permitir a los trabajadores domésticos que tengan cierta protección, pero el proporcionarles servicios de salud no es suficiente. Por un lado, debe obligarse también a los trabajadores a aportar cierta cantidad para la seguridad social de sus empleadas (como lo hace cualquier otro empleador en cualquier otra industria) y, por el otro, es imperativo que los trabajadores domésticos, puedan aspirar a obtener una pensión por jubilación al concluir su vida laboral.

Otro precepto que se propone modificar en la presente iniciativa es el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, que releva al empleador de la obligación de dar aportaciones para la vivienda de los trabajadores. Este también es un régimen diferenciado respecto de la generalidad de los trabajadores, que no tiene razón de ser. Como se ha señalado, en este rubro el Infonavit ha hecho un importante avance al crear un programa de afiliación voluntaria, pero éste tiene una enorme falla: depende de la voluntad del empleador.

Es entonces, que hay varios puntos en la legislación que podrían modificarse para evitar violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores domésticos, sin esperar que estos cambios se ordenen por la vía litigiosa. En general, el marco que protege a estos trabajadores domésticos es adecuado (e incluso en varios puntos coincide con los estándares que pretende fijar la Organización Internacional del Trabajo OIT mediante el Convenio 189), los trabajadores domésticos difícilmente pueden exigir la aplicación de sus derechos labores y de seguro social si ni siquiera están contemplados en la Ley Federal del Trabo y la Ley del Seguro Social, lo cual hace, a pesar del principio de convencionalidad difícil la eficacia de la aplicación de sus derechos.

Otro paso importante para la protección de los derechos de los trabajadores domésticos es el ratificar el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo OIT) y la Recomendación que lo acompaña ( Recomendación 201). Si esto no se puede en el corto plazo, debido a las posturas políticas de los órganos involucrados en el proceso de adhesión a los Tratados Internacionales, podrían incorporarse sus disposiciones mientras tanto a nuestra legislación interna.

Ya que, para que exista una transformación adecuada, deben equilibrarse los intereses de los trabajadores domésticos y los de sus empleadores. Es cierto, que el cambio no puede darse de un día para otro, porque esto podría ser incluso perjudicial para los propios trabajadores domésticos, es decir, si de la noche a la mañana se obliga a los empleadores a que paguen seguro social, aportaciones para la vivienda, horas extra y todas las demás prestaciones que deben darse a los trabajadores domésticos (como se hace con otros trabajadores), es probable que muchos de ellos ya no puedan costear el servicio, viéndose en la necesidad de prescindir de él. Sin embargo, es absolutamente inaceptable que el cumplimiento de los derechos de los trabajadores domésticos dependa de la buena voluntad del empleador.

Indubitablemente se debe reformar la Ley del Seguro Social para que los trabajadores domésticos tengan el derecho a ser afiliados al régimen obligatorio del Seguro Social, suprimiendo el ilegal y discriminatorio sistema que lo somete a la incorporación voluntaria al régimen obligatorio con menos prestaciones y, sujeto al capricho del patrón el hacerlo o no. En el mismo sentido, se deroga el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, ya que inconstitucionalmente libera a los patrones de los trabajadores domésticos del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por lo que, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, considerar el trabajo doméstico, como un trabajo digno es fundamental para combatir la exclusión social, informalidad y precariedad de dicho empleo. Por ello, la presente iniciativa tiene como fin promover la notoriedad y valoración de su trabajo a través del reconocimiento de sus derechos.

Es importante mencionar que distintos legisladores se ha pronunciado por este tema en busca del reconocimiento de los derechos de los trabajadores domésticos. Sin embargo, desafortunadamente sus voces se han visto calladas y hasta hoy es un tema que no ha generado la importancia que se merece. Por ello, y en un intento de unir esfuerzos e ideas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta esta iniciativa en torno a este tema de vital importancia para los trabajadores domésticos.

Por último, como se mencionó en la exposición de motivos de la presente iniciativa, es importante mencionar que el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Este instrumento fue aprobado por los delegados de la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 16 de julio de 2011, junto con una Recomendación que lo acompaña, que sirve como guía más detallada sobre la instrumentación del convenio. Éste ya está abierto a ratificaciones, y se tiene pensado que se conviertan en el Convenio 189 y la Recomendación 201. En el artículo 1, se define la expresión “trabajo doméstico” como el “trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos”. También se indica que el trabajador doméstico es la persona (de género masculino o femenino) que realiza un trabajo doméstico “en el marco de una relación de trabajo”, y que no se considera como tal a quien de forma ocasional realiza estas labores.

Es entonces, que para dar mayor protección y certidumbre jurídica a los trabajadores domésticos, es importante reconocer plenamente sus derechos en la presente legislación, reconociéndoles la dignidad e importancia de su labor.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero.Se deroga el artículo 146, se reforman los artículos 331, 332, 334, 336, se adiciona una fracción III al artículo 340, se reforma el artículo 343, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 146. (Se deroga)

Artículo 331.Trabajadores domésticos son las personas que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Artículo 332....

I. ...

II. Las personas que presten servicios deportero y velador de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 334.Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajo doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 336....

...

A que el patrón lo afilie en el régimen obligatorio del Seguro Social y, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo 340. ...

I. ...

II. ...

III. Dar aviso al patrón de las causas que le impidan concurrir al trabajo, quedando prohibido faltar sin causa justificada o sin permiso del patrón.

Artículo 343.Elpatrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo , por las causas y conforme a las condiciones que esta Ley establece.

Segundo.Se adiciona una fracción II y se recorren las subsecuentes del artículo 12, se deroga la fracción II del artículo 13, se adiciona una fracción X al artículo 15, se deroga el inciso b) de la fracción II del artículo 222, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:

Ley Del Seguro Social

Artículo 12....

I. ...

II. Los trabajadores domésticos;

III. ...

IV. ...

Artículo 13....

I. ...

II. (Se deroga)

III. ...

IV. ...

V. ...

...

...

Artículo 15. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores domésticos, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que esta Ley establece.

...

...

Artículo 222. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) (Se deroga)

c) ...

d) ...

...

e) ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 y subsecuentes, se destinarán recursos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 30 de marzo, Día de las Trabajadoras del Hogar, Documento informativo, Conapred, México: 2011.

2 Memoria del primer Encuentro Nacional de Trabajadoras del Hogar , Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar, Colmith, Secretaría de Cultura del DF, Conaculta, Distrito Federal, México: 2012. Este foro se realizó el 21 y 22 de octubre de 2011 con el objetivo fue fortalecer las redes de organizaciones que forman las trabajadoras del hogar y construir una agenda común para un sector que se caracteriza por múltiples contextos geográficos, económicos, culturales, sociales y políticos.

3 Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, Domestic Workers across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection, Ginebra, Suiza: 2013

4 Guevara Bermúdez, José Antonio. “¿Qué implica para México la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar?”, Defensor. Revista de derechos humanos, número 1, año X, enero de 2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México. Páginas 6-12.

5. Moreno Ramírez, Ileana, Los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar y sus garantías en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, fuente consultada en; https://www.scjn. gob.mx/transparencia/lists/becarios/.../becarios_150.pdf

6. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, consulta interactiva de datos, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/ consulta.asp?p=17606&c=10819&s=est&cl=4#

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Soralla Bañuelos de la Torre,Ana Guadalupe Perea Santos, Cándido Ochoa Rojas, Gretel Culin Jaime, Kathia María Bolio Pinelo, Luis de León Martínez Sánchez, Omar Noé Bernardino Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Perea, por favor. Bueno, acá arriba, ya la tomó. Ya tomó la tribuna. Adelante, adelante.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Sólo para pedirle permiso a la diputada de la Fuente si me permite suscribirme a la iniciativa que acaba de proponer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, que está de acuerdo, entonces por supuesto ahí estará igualmente a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de comisariados ejidales, presidentes de cooperativas pesqueras y autoridades del municipio de Mapastepec, Chiapas, encabezado por el presidente municipal, contador público Martín Ruiz Rosales.

Igualmente de autoridades del municipio de Arriaga, Chiapas, todos invitados por el diputado Diego Valera Fuentes. Bienvenidos todos ustedes al recinto parlamentario de San Lázaro.

VOLUMEN II

EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE MIGRALIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley la Crea el Fondo de Migralidad, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Amigas diputadas, amigos diputados. Esta iniciativa que hoy vengo a presentarles, que además de ser una inquietud histórica, una lucha de años atrás, del gobierno del estado de Baja California, de entidades como Tamaulipas, etcétera.

Hoy venimos a hacer nuestra, enriqueciéndola, con todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Asuntos Migratorios. A nombre propio, de la propia comisión que representamos para crear la ley del fondo de migralidad. Es un asunto que todos los grupos parlamentarios han demostrado un interés suprema en un sentido humanitario, prioritario en el diseño de políticas públicas del gobierno federal.

Creo que ahí coincidimos todos, amigas y amigos, y hoy venimos a presentar para qué se crea la ley del fondo de migralidad que consiste, precisamente hago unas reflexiones breves para ver esa consistencia.

Una situación que ha pasado casi inadvertida, pero que representa un factor importante en la situación actual de la zona fronteriza es la migración, mientras que entre 1930 y 1990, la población de México se multiplicó por 6, las ciudades fronterizas en su conjunto crecieron 14 veces, pero cada una a distinto ritmo. Tijuana es el caso de mayor dinamismo en este contexto, la que en el lapso de 6 décadas, amigas y amigos, de 14 veces que es el estándar, digamos, Tijuana creció 66 veces su población.

Creo que ahí representa y nos da una idea de la importancia de este fondo de migralidad, de crearlo a través de una ley que permita enfrentar a entidades federativas, ciudades, municipios, de cruces fronterizos con éxito y con capacidad y con disponibilidad presupuestal. Debe ser una prioridad.

Sigo con datos duros, en esta iniciativa con proyecto de ley que crea el fondo de migralidad. Fíjense bien, nuevas rutas, frente a las medidas restrictivas y el endurecimiento de los estados fronterizos Norteamericanos en los lugares tradicionales de cruce los flujos migratorios han buscado nueva rutas parta ingresar a los Estados Unidos.

En 1995 prácticamente la mitad de los cruces, 49.6 por ciento, se registró en la zona oeste: Tijuana y Mexicali. Mientras que por la zona este sólo cruzaban el 31.2 por ciento y por el centro el 19.2 por ciento. Para 2007 fue por el centro el 70 por ciento, el 20.1 por ciento por el este y el 9.8 por el oeste. Esto fue en el 2007.

Hoy tenemos nuevas características del fenómeno migratorio en sus flujos. Hasta la década de los 90 los migrantes eran mayoritariamente varones, si los deportaban o regresaban temporalmente lo hacían hacia sus lugares de origen. Al principio del siglo XXI se incrementó la migración femenina, actualmente las mujeres representan el 46 por ciento, casi la mitad, amigas y amigos, de los 11.8 millones de mexicanos en Estados Unidos y representan el 40 por ciento de los 3.1 millones de jóvenes mexicanos que radican en ese país.

Esto implica que los hombres dejaron de viajar a Estados Unidos, pero la migración interna no disminuyó, sino que mucha de ella se concentró en puntos fronterizos del lado mexicano. Actualmente es común hablar de migración de familias completas o por lo menos con hijos menores, que si no logran cruzar la frontera se establecen en condiciones precarias en las ciudades de los puntos que acabo de mencionar, por eso es importante esta ley.

Esta ley tiene como propósito fundamental, compañeras diputadas y compañeros diputados, muy concretos puntos, elevar la calidad de vida de los migrantes, darles información, fortalecer las deportaciones en materia de orientación, que sea cada vez con más sentido humanitario. No podemos decir que nos preocupa la migración si no le destinamos un presupuesto público decoroso. Proponemos para comenzar, un fondo de mil millones de pesos. De los sub ejercicios fiscales que suceden cada año, es tomen mil millones de pesos para formar este Fondo de Migralidad, que va a atender como otros fundos también justificados y que sean aprobados.

Como es el Fondo de Capitalidad del DF, ahora Ciudad de México; como es el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Metropolitano, que hoy tiene miles de millones de pesos, también necesarios, hoy venimos a solicitar que esta ley sea aprobada por el pleno. Buscamos la generosidad y conceptualizar el fenómeno migratorio en un estricto sentido humanitario y por tanto que se le destine presupuesto para ser congruentes en el discurso y en los hechos.

Finalmente concluyo con esto, diputado presidente. Un tema colateral, pero oportuno, más allá de la Ley de Migralidad, del Fondo de Migralidad. Nos unimos a esta petición que cabalmente hace Morena, no solamente en el país hay sangre, hay dolor. Hay dolor en Veracruz, hay un gobierno que no es capaz de darle orden o gobernabilidad a los veracruzanos, está rebasado por la delincuencia y por los hechos dolorosos y sangrientos.

Promovemos una Comisión de la Verdad. Invitamos a todas las fuerzas parlamentarias sin distingo de colores, a todos los candidatos al gobierno del estado de Veracruz, que se integren a la Comisión de la Verdad para que estos hechos sean aclarados y para que los gobernantes culpables y responsables de estos hechos sangrientos, desde el punto de vista ético y moral sean sancionados ante el tribunal que corresponda.

Nos unimos por supuesto a esta petición, pero también solicitamos una integración de una comisión seria y formal, que atienda el clamor de la sociedad. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES, y suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios

Gonzalo Guízar Valladares, integrante de la Cámara de los diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, en nombre propio y de las diputadas y los diputados integrantes de dicha comisión, con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de Ley que crea el Fondo de Migralidad.

Honorable Asamblea:

La presente iniciativa fue originalmente presentada al Congreso del Estado de Baja California por Diputados integrantes de su XXI Legislatura, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Estatal de Baja California, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática y Partido Encuentro Social, con el apoyo del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de los municipios de la entidad.

Aprobada el 15 de febrero de 2014, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, fracción I, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, se remitió al Senado de la República para ser considerada por el Congreso de la Unión, sin resultados procesales hasta ahora.

Ese año la iniciativa fue presentada a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara en su LXII Legislatura, por organizaciones sociales y empresariales, funcionarios de dependencias, integrantes del poder legislativo y diputadas federales de Baja California integrantes de esta comisión, con la petición de que fuera adoptada y presentada al pleno de este órgano legislativo, sin haber obtenido respuesta.

La iniciativa atiende una necesidad muy grande de las entidades federativas fronterizas, que reciben anualmente a cientos de miles de personas nacionales y extranjeras en situación de migración, ya sea en tránsito a Estados Unidos o Canadá, así como migrantes de otros países y estados de la República expulsados de Estados Unidos, que son abandonados sin ningún recurso en las franjas fronterizas y cada vez más se asientan a vivir en aquellas entidades.

Todas estas personas, en condiciones de alta a muy alta vulnerabilidad y condiciones de precarias a paupérrimas, se encuentran allá de manera temporal, o, como ocurre cada vez con mayor frecuencia y de manera masiva, deciden radicarse de manera definitiva en esos estados multiplicando su población con porcentajes muy grandes de población flotante, semiflotante y fija, cuya atención requiere recursos crecientes que los gobiernos locales deben dedicar a su propia población y necesidades, entre los que unos resienten más que otros los efectos económicos y sociales de estos fenómenos. Destacadamente, Baja California, y especialmente las ciudades de Tijuana y Mexicali, así como las demás ciudades y poblaciones con cruce establecido en el norte y sur del país, principalmente.

Estos fenómenos han sido ampliamente estudiados y documentados por instituciones académicas, dependencias del gobierno federal y organizaciones civiles que, además realizan tareas de atención integral y asistencia humanitaria de migrantes, que en sentido estricto corresponden al Estado mexicano realizar.

También sus efectos en los erarios públicos en lo que se refiere al gasto erogan para proporcionar atención en infraestructura, servicios urbanos, servicios médicos, servicios educativos, servicios asistenciales y para mitigar efectos adversos de la cada vez mayor insuficiencia de recursos para atender a estas poblaciones, que tienen derecho a ellos.

Con la medida que se propone se abre la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales tengan también otras fuentes de financiamiento destinadas a sus tareas.

Desde hace algunos años las instituciones académicas y organizaciones especializadas en temas migratorios y presupuestarios ha estudiado, y se encuentra sólidamente fundada y motivada, que busca atender de mejor manera a millones de personas que, expulsados de sus lugares de origen por falta de oportunidades y a veces de meras condiciones de sobrevivencia, así como a los requerimientos financieros de los estados más afectados por estos fenómenos, con un sentido de equidad respecto a otras entidades a las que se les apoya con fondos especiales para atender este tipo de fenómenos en sus territorios, como es el caso destacado pero no único de la Ciudad de México, que goza de un Fondo de Capitalidad, para resolver problemas de empleo y bienestar, vivienda, servicios urbanos, educación, atención médica, entre otros.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión revisó y actualizó la iniciativa y acordó hacerla suya para presentar de manera colegiada a esta Soberanía, con el fin de avanzar a contar con mejores condiciones para atender la preocupación expresada por el gobierno federal en materia de atención a las personas en condiciones de migración; los compromisos internacionales de México en la materia; los mandatos constitucionales y legales de nuestro orden jurídico, las demandas de organizaciones sociales y organismos internacionales de dar una mayor y mejor atención a la población migrante, así como a las necesidades financieras que deben afrontar los estados fronterizos derivadas de estos fenómenos.

Una situación que ha pasado casi inadvertida, pero que representa un factor importante en la situación actual de la zona fronteriza, es la migración; mientras que entre 1930 y 1990 la población de México se multiplicó por seis, las ciudades fronterizas en su conjunto crecieron 14 veces, pero cada una a distinto ritmo. Tijuana es el caso de mayor dinamismo, la que en el lapso de seis décadas multiplicó su población 66 veces.

A partir de la primera mitad de 1960 se manifestó el mayor cambio en las actividades productivas e industriales del norte del país. El gobierno federal instrumentó una serie de planes y programas para promover el desarrollo industrial, principalmente aquél que se vinculó a los mercados externos. Así se estableció formalmente la industria maquiladora de exportación en esta región. La migración siguió en aumento, en los recorridos por las colonias de las ciudades y de los valles agrícolas del norte del país, abundan las historias de éxito de familias cuyo origen puede rastrearse en otros puntos de la geografía nacional.

Ante esto, puede decirse que por cada tijuanense, juarense o neolaredense exitoso que viven actualmente en estas regiones del país, hay historias de personas de bien que se remonta a lugares de México donde, en algún momento, sufrieron adversidades que generó que decidieran probar suerte en otra región y han visto a la migración como oportunidad.

La frontera entre México y Estados Unidos genera buenas condiciones de vida en ambos lados de la línea divisoria. Sin embargo, esta historia dista mucho de ser perfecta. Uno de los elementos que ha contribuido notablemente a generar la riqueza de la Unión Americana ha sido la migración mexicana. En este sentido, podemos decir que el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos es tan antiguo como la historia de los dos países, y ha sido benéfico para ambas economías.

Durante la segunda mitad del siglo XX, este tema se convirtió en un campo de disputas diplomáticas entre los gobiernos de ambos lados de la frontera. México siempre ha sostenido que los cientos de miles de compatriotas que laboran en Estados Unidos en su carácter de trabajadores indocumentados, aportan con su trabajo a la economía del sur de ese país y simplemente no cuentan con los documentos que los acrediten como parte de la mano de obra que hace crecer la riqueza de toda la región fronteriza.

En este contexto, las autoridades federales y locales estadounidenses han recibido presiones para castigar como criminales a los actores de esta migración por transgredir el sistema jurídico, con lo cual se busca que ese tipo de migración sea tratada erróneamente como una manifestación de la delincuencia.

Esta visión no sólo es equivocada, sino que además pasa por alto los períodos de las dos guerras mundiales en las que los hombres de Estados Unidos eran enviados a los campos de batalla, siendo precisamente esos migrantes quienes levantaron sus cosechas y trabajaron en muchas de sus fábricas, logrando ser en ese entonces un apoyo económico indispensable para conseguir la victoria.

Migración interna

Baja California es el estado norteño que más migrantes recibe al año, para el 2010 de acuerdo a Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, llegaron a Baja California un total de 154 mil 29 inmigrantes, se espera que para 2016 esa cifra supere los 170 mil. Le siguen Nuevo León con 133 mil 657, Tamaulipas con 106 mil 410, Sonora con 78 mil 545, Coahuila con 61 mil 636 y Chihuahua con 58 mil 334.

De las entidades fronterizas Baja California tiene el mayor porcentaje de población radicada que nació en otra entidad federativa, llegando a 41 por ciento según el Estudio de Migración Interna de Inegi 2010. Más de 1 millón 300 mil residentes, de los 3 millones 150 mil que componían la población bajacaliforniana en el 2010 procedían de otras entidades federativas, en su mayoría de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Michoacán, Distrito Federal, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Chiapas.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, Conapo, históricamente, la migración interna ha sido el principal componente de los cambios observados en la distribución territorial de la población. CONAPO estima que durante el periodo 1995-2000, alrededor de 6.9 millones de personas cambiaron de municipio de residencia. El destino de los migrantes en busca de mejores condiciones de empleo y bienestar son principalmente las ciudades fronterizas de Tijuana, Cd. Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo.

Movimiento fronterizo

De acuerdo a estadísticas del Buró de Transporte de Estados Unidos el movimiento fronterizo de peatones representó por Baja California 7 millones 500 mil cruces de enero a junio de 2015, 4 millones por Tamaulipas, 3 millones 210 mil y 3 millones 100 mil por Sonora y Chihuahua respectivamente y 280 mil por Coahuila.

14 millones 500 mil cruces en vehículos en Baja California de enero a abril de 2013, 10 millones 220 mil por Tamaulipas, 6 millones 500 mil por Chihuahua, 4 millones 800 mil por Sonora y 2 millones 400 mil por Coahuila.

Repatriaciones

De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración, un total de 379 mil 589 repatriaciones sucedieron desde Estados Unidos en 2011, y 345 mil 543 de enero a noviembre de 2012. De esa cifra de repatriaciones, 34.2 por ciento sucedieron por Baja California, 33.2 por ciento por Tamaulipas, 17.7 por ciento por Sonora, 11 por ciento por Coahuila y 3.2 por ciento por Chihuahua.

En su mayoría, durante 2012, los repatriados fueron originarios de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, estado de México, Puebla y Veracruz, reportando incluso en el caso de Oaxaca y Michoacán más de 27 mil repatriaciones por cada entidad.

Para 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos durante los primeros seis meses de 2015, según informó el centro de estudios TRAC de la Universidad de Siracusa.

Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación por parte del DHS, seguidos de los salvadoreños, con 9,590; los guatemaltecos, con 9,188; los hondureños, con 5 mil 927 y los chinos, con 3 mil 37 solicitudes.

Lo preocupante de este fenómenos lo representan las mujeres y los menores de edad migrantes, ya que en los últimos años ha incrementado significativamente, cifras del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Nacional de Población revelan que en los últimos años la cifra de menores migrantes que son repatriados anualmente de Estados Unidos a México se ha duplicado. Y si bien los menores migrantes y las mujeres son considerados como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad a nivel mundial, los que sin lugar a dudas enfrentan mayores riesgos son los menores, ya que en la mayoría de los casos son devueltos solos a sus lugares de origen.

Resulta evidente que el gobierno mexicano está obligado a recibir a los deportados que demuestren su nacionalidad mexicana, pero es necesario que los gobiernos de las entidades federativas participen con el Gobierno Federal en implantar mecanismos efectivos de identificación y verificación, ya que se tienen antecedentes sobre deportación hacia México de nacionales de otros países, principalmente de Centroamérica, en todo caso, estos deben ser deportados directamente a sus países de origen con cargo al erario norteamericano. Se trata de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias de cada una de las entidades fronterizas del norte del país.

Igualmente es importante verificar si los ex convictos deportados a México cuentan o no con antecedentes criminales en nuestro propio país, en cuyo caso deben ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos advirtió que en 2013 el programa de deportación de ex convictos alcanzaría 100 por ciento de su ejecución. Un gobierno comprometido con la seguridad debe responsabilizarse por garantizar la paz a sus ciudadanos, de ahí que los gobiernos de los estados deben ser corresponsables con el gobierno federal y tomar las medidas necesarias para hacer frente a este asunto, de lo contrario, seguramente estaremos enfrentando una nueva crisis de violencia criminal en la franja fronteriza.

Consejos estatales de apoyo al migrante

Algunas entidades de la República han dado pasos agigantados para atender las necesidades de la población migrante con la constitución de Consejos Estatales de Apoyo al Migrante.

Como lo hemos sostenido, es indiscutible que la población migrante constituye uno de los grupos más vulnerables, por lo cual la protección y la promoción de los derechos humanos incumbe no solo al gobierno de México, sino a la comunidad internacional, la cual ha estructurado una serie de preceptos para que todos los estados adquieran un firme compromiso para salvaguardar los derechos de los migrantes. Las convenciones adoptadas en materia de derechos humanos establecen mecanismos de defensa para su eficacia jurídica. Estos tratados sin dejar de lado la soberanía de cada país, imponen una restricción a la actuación de las autoridades, cuando se puede incidir en la vulneración de los derechos humanos. Entre los instrumentos jurídicos más importantes del tema, destacan:

• La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que establece que no importa la calidad migratoria de la persona para gozar y poder ejercer sus derechos humanos.

• La Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual se enfatiza que el principio de igualdad debe prevalecer en todas las relaciones laborales.

• La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados se encuentran obligados a hacer respetar las edades mínimas para trabajar.

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, que señala que ninguna persona puede ser rechazada en virtud de su raza, color, linaje u origen nacional o étnico.

Si bien esos derechos están reconocidos para migrantes extranjeros en territorio nacional, con mayor razón deben estar reconocidos para migrantes nacionales que atraviesan el territorio de la República en busca de mejores oportunidades.

En 2012 Baja California y el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegación Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, el gobernador del estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, los municipios de Tijuana, Mexicali y Tecate, la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de la Frontera Norte, y diversos organismos de la sociedad civil, celebraron un convenio de colaboración para la atención y apoyo a los migrantes.

En ese convenio, todas las instituciones y organizaciones firmantes se comprometieron a implantar estrategias que busquen la protección de esta población en tránsito por el estado, creando el Consejo Estatal de Apoyo al Migrante con la finalidad de consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario de los migrantes a su lugar de origen, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos económicos para ello.

Además, asumieron el compromiso de fortalecer los programas de hospedaje temporal en instalaciones dignas, mejorar los programas de detección y canalización de la población migrante con problemas de salud, impulsar campañas de protección de sus derechos humanos y promover el respeto y promoción de los mismos.

Así pues, este organismo, integrado por representantes de los tres niveles de gobierno y organismos especializados en el tema de protección al migrantes, el Poder Legislativo del estado Libre y Soberano de Baja California, requiere de contar con recursos financieros suficientes para cumplir con sus propósitos.

Fondo de Migralidad

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, aprobado por 95 por ciento de los diputados pertenecientes al Congreso de la Unión, adicionó una fracción III al artículo 11 para crear un nuevo Fondo denominado Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, el cual tiene por objeto apoyar al Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para 2015 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de $3 mil 500 millones de pesos 00/100 moneda nacional, para el Fondo de Capitalidad, y se elevó a Rango de Ley dicho fondo.

Al igual que el recién creado Fondo de Capitalidad, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla otros fondos que son aprovechados por las entidades federativas y los municipios para propósitos específicos, por ejemplo, el Fondo Regional que contempla más de 6 mil 700 millones de pesos para 10 de las 31 entidades federativas o los Fondos Metropolitanos que contemplan recursos por casi 10 mil millones de pesos para 47 zonas metropolitanas del país. Para el ejercicio fiscal 2016 se aprobaron 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo al Migrante con el que se busca beneficiar a las poblaciones emisoras de migrantes.

Los estados del país que son punto de atracción de grandes corrientes migratorias, donde por cierto, se agudizan los problemas socioeconómicos, merecen un Fondo de Migralidad para hacer frente a las crecientes necesidades de servicios públicos, empleos, viviendas, atención médica, que representan los migrantes como sector vulnerable. La llegada de inmigrantes a los estados tiene repercusiones socioeconómicas en distintos rubros, esta circunstancia obliga a los gobiernos de dichas entidades a actuar mediante la implementación de políticas públicas encaminadas a la atención de estos grupos vulnerables, procurando en todo momento una necesaria coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, de la mano con los organismos de la sociedad civil.

Esos mexicanos, que llegan aquí, son expulsados de diversas entidades, que no son capaces de retenerlos. Que no tienen fuentes de empleo para ellos, centros de estudio, economías solventes que les permitan desarrollarse y aspirar a mejores condiciones de vida. Por eso llegan a las entidades fronterizas, de paso o para radicar definitivamente.

Al expulsar a sus desempleados, dichas entidades alivian en parte sus problemáticas locales, pero generan necesidades en las entidades receptoras que no reciben recursos adicionales de la federación para hacer frente a sus adversidades.

Por ello es necesario crear un Fondo de Migralidad, que permita resolver, al menos en parte, la problemática social que le genera el ser punto de atracción de la migración mexicana. El Fondo de Migralidad que se propone es un fondo federal del presupuesto público para apoyar a las entidades federativas en el gasto propiciado por los miles de paisanos mexicanos que migran de sus estados de origen, buscando empleo y bienestar, a los que hay que proporcionarles vivienda, servicios públicos y transporte.

A esta problemática se agregan, como lo hemos sostenido a lo largo de esta iniciativa, no solamente los que llegan del centro del país, con la intención de cruzar hacia la Unión Americana, muchos de los cuales se quedan en las regiones fronterizas al fracasar en su intento, sino también aquellos que son deportados, luego de cumplir largas condenas, por cometer todo tipo de delito. Es indiscutible que la presencia de ellos, incrementa el índice delictivo y aumenta el gasto público para su combate.

El gobierno de la república ha reconocido que los esfuerzos adicionales de los gobiernos locales. Instituir el Fondo de Migralidad es una necesidad urgente para atender la problemática socioeconómica de esta región.

Recursos presupuestales

Si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla recursos para establecer un Fondo de Migralidad cuyos recursos deban ser ejecutados a través de los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante, es importante hacer mención que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en el último párrafo del artículo 23, respecto de los subejercicios presupuestales, lo siguiente:

Artículo 23. ...

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

El Fondo de Migralidad que se propone, iniciaría su operación a partir de la publicación de la Ley respectiva en el Diario Oficial de la Federación con recursos presupuestales provenientes de subejercicios del Presupuesto, iniciando para el primer año con mil millones de pesos.

Objetivo del fondo

El Fondo de Migralidad no será un cheque en blanco que se dará a las entidades federativas receptoras de deportados, sino que estará sujeto a reglas de operación y a cumplir los siguientes objetivos:

a) Mejorar la calidad de vida de los migrantes;

b) Consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario a su lugar de origen.

c) Dotar a los migrantes radicados en el Estado, así como a quienes son recientemente repatriados, de información respecto de los programas de atención a migrantes;

d) Promover políticas públicas encaminadas a la atención de los migrantes;

e) Apoyo a migrantes para encontrar una ocupación en el mercado formal;

f) Generar opciones de autoempleo;

g) Mejorar su vivienda; y,

h) Apoyar la operación de albergues que los atiendan temporalmente y generar las condiciones necesarias para ayudarlos a retornar a su lugar de origen.

Este fondo sería instrumentado por los gobiernos de los estados, a través de los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante, previa autorización de la Ley de Ingresos y el Presupuesto por parte de los Congresos de los Estados.

Ley que crea el Fondo de Migralidad

La Ley que crea el Fondo de Migralidad que proponemos consta de 5 capítulos, 24 artículos y 4 artículos transitorios.

En el primer capítulo se desarrollan las disposiciones generales de la ley, que incluye el objeto de la ley, las definiciones, los fines que persigue el fondo, tales como mejorar calidad de vida de los migrantes, informarlos de los programas existentes para su atención, promover políticas para atenderlos, el apoyo para encontrar empleo, generar opciones de autoempleo, mejorar su vivienda y operar albergues temporales.

De la misma manera, en el primer capítulo se establece la constitución de los recursos del fondo, determinando una aportación inicial por parte del gobierno federal por mil millones de pesos.

El segundo capítulo referente a las participaciones que obtienen las entidades federativas del Fondo de Migralidad, establece que los recursos deberán ser cubiertos a las entidades federativas, a través de los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante, en efectivo y sin condicionamiento alguno. Además establece reglas para no retrasar los pagos ni embargarlos.

Establece además que los recursos del fondo serán distribuidos entre las entidades federativas en relación al porcentaje que registre cada entidad federativa del número total de repatriaciones, según entidad federativa de recepción, de conformidad con la última Estadística Migratoria del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, el 80 por ciento en proporción directa al número de eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, y 20 por ciento en proporción directa al número de eventos de repatriación de extranjeros desde Estados Unidos.

El tercer capítulo establece que la administración del fondo recae en la Secretaría de Hacienda quien lo asignará en las entidades federativas. Además establece que los recursos no podrán ser utilizados para el pago de nóminas o en gasto corriente o de operación; establece además la obligación de registrar su ingreso y su aplicación en la Cuenta Pública.

Deja abierta la posibilidad para que se utilicen en proyectos conjuntos mediante esquemas de colaboración o a la par con la Federación o los Municipios, organismos internacionales u otras entidades que realicen proyectos en el estado. Obliga además a la Secretaría de Hacienda a enviar por escrito la información para comprobar sus participaciones.

En los capítulos 4 y 5 se establecen los lineamientos para la creación del Sistema Federal de Apoyo al Migrante y del Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, respectivamente. En el caso del Sistema Federal de Apoyo al Migrante tendrá por objeto vigilar el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de distribución de las aportaciones federales que corresponden a las entidades federativas, así como los programas de colaboración en materia migratoria que se establezcan entre ambos órdenes de gobierno.

El Sistema Federal de Apoyo al Migrante se integrará por el Instituto Nacional de Migración, quien lo presidirá, el secretario de Hacienda, los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante.

En cuanto al Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, se deben constituir en los estados para implantar estrategias que busquen la protección de esta población, con la finalidad de consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario de los migrantes a su lugar de origen.

Serán responsables de fortalecer los programas de hospedaje temporal en instalaciones dignas, mejorar los programas de detección y canalización de la población migrante con problemas de salud, impulsar campañas de protección de sus derechos humanos y promover el respeto y promoción de los mismos.

Por último se establecen 4 artículos transitorios para establecer la entrada en vigor de la ley la expedición de las reglas de operación del fondo a los 30 días, también la obligación del Instituto Nacional de Migración de convocar a la sesión de instalación del Sistema Federal y a instalarse en 60 días. La obligación de las entidades federativas con derecho a participar del Fondo a instalar sus respectivos Consejos en 30 días.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, ponemos a la Consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad

Artículo Primero. Se expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad, para quedar como sigue:

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto:

I. La creación del Fondo de Migralidad;

II.Coordinar el Sistema Federal de Apoyo al Migrante para establecer de manera justa y equitativa la participación que corresponda a cada entidad federativa del total de los recursos del fondo y establecer su destino;

III. Establecer las bases de cálculo, montos y plazos para distribuir entre las diversas autoridades estatales, a través de los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante;

IV.Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades federales y estatales; y,

V.Constituir los organismos en materia de coordinación para Apoyo al Migrante, y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II.Consejo, al Consejo Estatal de Apoyo al Migrante de cada entidad federativa;

III.Fondo, al Fondo de Migralidad;

IV.Instituto, al Instituto Nacional de Migración;

V.Centro, al Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.

VI.Ley, Ley que crea el Fondo de Migralidad.

VII.Sistema, al Sistema Federal de Apoyo al Migrante.

Artículo 3o. Se crea el Fondo de Migralidad, que será administrado por la Secretaría de Hacienda y ejecutado por el Poder Ejecutivo de las entidades federativas con derecho a percibirlo, por conducto del Consejo Estatal de Apoyo al Migrante que se haya instituido, de conformidad con las normas que se establecen en la presente ley y con las reglas de operación correspondientes.

Las entidades federativas, a través de los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante, participarán del total de los recursos del Fondo mediante la distribución que en la presente ley se establecen.

Artículo 4o. En el ámbito federal la Auditoría Superior de la Federación; y, en los ámbitos locales el Poder Legislativo a través de la entidad de superior de fiscalización correspondiente, serán los responsables de supervisar, vigilar, fiscalizar, constatar e informar de la correcta aplicación de los recursos de las participaciones, aportaciones que reciba el estado, así como fincar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Artículo 5o. El Fondo de Migralidad tendrá los siguientes fines:

I. Mejorar la calidad de vida de los migrantes repatriados;

II.Dotar a los migrantes repatriados de información respecto de los programas de atención a migrantes;

III.Promover políticas públicas encaminadas a la atención de los migrantes;

IV.Apoyo a migrantes para encontrar una ocupación en el mercado formal;

V.Generar opciones de autoempleo;

VI.Mejorar su vivienda; y,

VII.Apoyar la operación de albergues que los atiendan temporalmente y generar las condiciones necesarias para ayudarlos a retornar a su lugar de origen.

Artículo 6o. El Fondo quedará constituido de la siguiente manera:

I. Con una aportación inicial de $1 000 000 000.00 que hará el gobierno federal;

II. Con los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados;

III. Con el producto de las inversiones que con recursos del Fondo se realicen; y,

IV. Con los demás recursos con que resuelva incrementarlo el Ejecutivo Federal.

Artículo 7o. El Ejecutivo federal, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá remitir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para su discusión, modificación y, en su caso, aprobación, el presupuesto, la forma y términos en que será ejercido el presente fondo.

El fondo deberá ser incrementado anualmente al menos respetando la inflación esperada por el Banco de México.

Capítulo IIDe la participación de las entidades federativas en los recursos del Fondo

Artículo 8o. Corresponde recibir a las entidades federativas, a través los Consejos, el 100 por ciento de los recursos del fondo, como concepto de aportaciones federales, dentro del ejercicio de que se trate, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal por los montos y conceptos que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

El Ejecutivo del estado, entregará al Consejo los recursos que de las aportaciones federales les correspondan dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los recursos de la federación. El retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargo que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones. De las liquidaciones que haga la Secretaría del ramo en las entidades federativas a los Consejos les entregará constancia pormenorizando cada uno de los conceptos.

Artículo 9o. Las aportaciones que corresponden a las entidades federativas, a través de los Consejos, deberán ser cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, son inembargables, no estarán sujetas a retención, ni podrán afectarse ni gravarse a fines específicos y no podrán ser objeto de reducciones, salvo para las disposiciones que expresamente señale la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación. Dichas aportaciones y sus accesorios no podrán destinarse a fines distintos a los previstos en dicha ley.

Artículo 10. Los recursos del Fondo serán distribuidos entre las entidades federativas en relación al porcentaje que registre cada entidad federativa del número total de repatriaciones, según entidad federativa de recepción, de conformidad con la última Estadística Migratoria del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, conforme a los siguientes criterios:

El 80 por ciento en proporción directa al número de eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de recepción.

El 20 por ciento en proporción directa al número de eventos de repatriación de extranjeros desde Estados Unidos, según entidad federativa de recepción.

Capítulo IIIDe la administración y ejecución de los recursos del fondo

Artículo 11. Este fondo lo administrará el gobierno federal, a través de la Secretaría, y lo asignará en las entidades federativas de conformidad al criterio de distribución referido en el artículo anterior de la presente ley.

Los recursos que de este fondo reciban las entidades federativas, a través de los Consejos, se invertirán incrementando la productividad económica y la calidad de vida de la población migrante, atendiendo las necesidades y prioridades estatales, de conformidad con los fines del Fondo, descritos en el artículo 5o. del presente ordenamiento. Los recursos del Fondo en ningún caso podrán ser utilizados para el pago de nóminas o su equivalente en el gasto corriente o de operación; su ingreso y su aplicación en el gasto lo registrarán en la Cuenta Pública.

Artículo 12. Los recursos de este Fondo podrán ser aplicados en proyectos conjuntos mediante esquemas de colaboración o a la par con la Federación o los Municipios, organismos internacionales u otras entidades que realicen proyectos en el estado o para solventar la proporción convenida de aportación estatal de programas Paripaso referentes a los objetivos del Fondo. Asimismo, se podrán financiar proyectos interestatales con el propósito de fortalecer el desarrollo regional.

Artículo 13. En caso de contingencias, desastres naturales o presencia de brotes epidémicos, que pongan en riesgo la vida o salud de los migrantes del estado, será factible utilizar los recursos reales y existentes de este Fondo, previa autorización del Poder Legislativo del Estado, que discutirá, valorará y someterá a votación del Pleno tal medida.

Artículo 14. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, enviará previamente y por escrito a las entidades federativas la información necesaria que permita comprobar la correcta determinación de sus coeficientes de participaciones, previo a la remisión del Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados.

Artículo 15. Los gobiernos de los estados deberán incluir en la Ley de Ingresos de cada ejercicio anual, el monto de las aportaciones del fondo, así como los criterios de asignación aplicados.

De la misma manera, el Ejecutivo del estado, por conducto de la secretaría del ramo, publicará anualmente en el medio de comunicación oficial y en el periódico de mayor circulación en la entidad, el monto de las aportaciones del Fondo, durante el ejercicio fiscal del año inmediato anterior.

Capítulo IVDel Sistema Federal de Apoyo al Migrante

Artículo 16. El Sistema Federal de Apoyo al Migrante tiene por objeto vigilar el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de distribución de las aportaciones federales que corresponden a las entidades federativas, así como los programas de colaboración en materia migratoria que se establezcan entre ambos órdenes de Gobierno.

Artículo 17. El Sistema Federal de Apoyo al Migrante, se integrará por:

I.La Secretaría de Gobernación, por conducto del titular del Instituto Nacional de Migración, quien lo presidirá, y tendrá a su cargo, la convocatoria para sesionar y la designación de la persona que deberá asumir el cargo de secretario técnico del sistema.

II.El secretario de Hacienda, quien podrá ser suplido por el funcionario que de acuerdo con las disposiciones legales, le competa el o los asuntos que se vayan a tratar en las sesiones del sistema.

III.Los Consejos Estatales de Apoyo al Migrante, por conducto de sus titulares.

El Sistema Federal de Apoyo al Migrante fungirá como órgano de consulta, análisis técnico y consenso de los temas que regula la presente Ley.

Artículo 18. Son facultades del Sistema Federal de Apoyo al Migrante las siguientes:

I. Proponer al Ejecutivo y Legislativo federal, las medidas que estime convenientes para mejorar el sistema de distribución de aportaciones a las entidades federativas y para el mejoramiento de la colaboración entre la federación y los estados.

II.Vigilar que la distribución del fondo se haga conforme a esta ley.

III.Opinar sobre la razonabilidad de los factores, indicadores, procedimientos, fórmulas y coeficientes utilizados para determinar la distribución de las aportaciones del fondo a las entidades federativas previstos en esta Ley, y en su caso, proponer al Ejecutivo y Legislativo federal las medidas a que se refiere la fracción 1 de este artículo.

IV:Opinar sobre el cumplimiento o incumplimiento de los Convenios de Colaboración que celebren las entidades federativas con la federación, y proponer las recomendaciones que en su caso procedan.

V.Aprobar el reglamento para el funcionamiento del propio Sistema, y de cualquier otro órgano que en esta materia pudiera crearse.

VI.Formular las actas de las sesiones del sistema, y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en cada sesión.

Capítulo VDel Consejo Estatal de Apoyo al Migrante

Artículo 23. Las entidades federativas que tengan derecho a participar de los recursos del fondo, deberán constituir el Consejo Estatal de Apoyo al Migrante que tendrá por objeto implementar estrategias que busquen la protección de esta población en tránsito por sus respectivos estados, con la finalidad de consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario de los migrantes a su lugar de origen, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos económicos para ello.

Los consejos serán responsables de fortalecer los programas de hospedaje temporal en instalaciones dignas, mejorar los programas de detección y canalización de la población migrante con problemas de salud, impulsar campañas de protección de sus derechos humanos y promover el respeto y promoción de los mismos.

Artículo 24. El titular del consejo será nombrado y removido libremente por el gobernador del estado de la entidad federativa respectiva.

Participarán en el Consejo de manera enunciativa, más no limitativa, al menos las siguientes instituciones y organismos:

I. El titular del Consejo, quien lo presidirá y tendrá a su cargo, la convocatoria para sesionar y la designación de la persona que deberá asumir el cargo de Secretario Técnico del Sistema.

II.Los delegados federales de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Policía Federal, quienes podrán ser suplidos por el funcionario que de acuerdo con las disposiciones legales, le competa el o los asuntos que se vayan a tratar en las sesiones del Consejo.

III.El organismo estatal de derechos humanos por conducto de su titular.

IV.Los municipios con población migrante relevante de las entidades federativas o las delegaciones en el caso del Distrito Federal, por conducto del secretario del ramo, los cuales podrán ser suplidos con la autoridad inmediata inferior, o por el funcionario que aquellos designen.

V.Prestigiadas instituciones académicas y/o de investigación.

VI.Organismos de la sociedad civil relacionados a la temática migratoria.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los recursos a que se refiere la fracción I del artículo 6o. serán asignados durante el Ejercicio Fiscal de 2016 con los subejercicios del gasto público federal de 2015. Para el Ejercicio Fiscal de 2017 y 2018, el Ejecutivo federal en la remisión que realice a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, deberá considerar el mismo monto de recursos.

Artículo Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto, deberá:

a) Expedir las reglas de operación del Fondo de Migralidad; y,

b) Publicar en el Diario Oficial de la Federación la relación de las entidades federativas que tienen derecho a participar del Fondo de Migralidad y sus respectivos coeficientes de participación.

Artículo Cuarto. La Secretaría de Gobernación, por conducto del Titular del Instituto Nacional de Migración, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente Decreto, deberá:

a) Convocar a la sesión de instalación del Sistema Federal de Apoyo al Migrante, mismo que deberá ser instalado en un plazo no mayor a 60 días posterior a la publicación del presente decreto; y,

b) Solicitar al titular del Poder Ejecutivo de las entidades con derecho a participar del Fondo de Migralidad, sea instalado el Consejo Estatal de Apoyo al Migrante y nombrado su Titular en un plazo no mayor a los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Gonzalo Guízar Valladares,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ana Guadalupe Perea Santos, Cándido Ochoa Rojas, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Galván Martínez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jacqueline Nava Mouett, Jorge Ramos Hernández, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, María Del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Luisa Sánchez Meza, Miguel Alva y Alva, Modesta Fuentes Alonso, Natalia Karina Barón Ortiz, Nora Liliana Oropeza Olguin, Omar Noé Bernadino Vargas, Rosa Alba Ramírez Nachis, Salomón Majul González, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada María Luisa Sánchez Meza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada María Luisa Sánchez, por favor.

La diputada María Luisa Sánchez Meza (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Solo para solicitarle la venia al diputado Gonzalo Guízar, para suscribirnos los diputados de Baja California al Fondo de Migralidad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Guízar manifiesta su acuerdo y entonces está aquí a disposición para quienes quieran suscribirla.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Para adherirme, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: También, en el mismo sentido, allá nuestra compañera diputada Rosa Alba. Y no se me duerman, porque ya estábamos entrando en la presentación de otra iniciativa y tardíamente me piden adhesiones.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, esta iniciativa que hoy vengo a proponerles permitirá que de llevarla a la práctica se beneficie a cerca de 60 millones de mexicanos que se encuentran en buró de crédito y a 8 millones y medio de mexicanos que están en problemas de deudas.

Todos sabemos que los créditos en la actualidad son un mecanismo de compra sin liquidez, que de no existir un manejo adecuado de los ingresos y egresos familiares se convierte en un gran problema.

Según Reporte de la Situación de la Banca en México 2015, por Bancomer, refiere que la cartera vencida del crédito al consumo ha incrementado su saldo desde el 2011 al 2014, en 37 mil millones de pesos. Esto equivale a un 3.7 por ciento real con respecto al año anterior y, en particular, el crédito vencido asociado a tarjetas de crédito incrementó su participación dentro de la cartera vencida total de un 45 por ciento a un 49 por ciento.

En la actualidad, según lo refiere la página de buró de crédito, la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos en diferentes periodos de acuerdo al monto del adeudo que mantengan. Esos plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante reportó los créditos con un atraso o desde la última vez que actualizó a buró de crédito información sobre ellos.

Los datos de los créditos mayores a 4 mil 500 pesos se eliminan al cumplirse 6 años en la base de datos del buró de crédito, 6 años para eliminar un adeudo de 4 mil 500 pesos. Cabe señalar, que toda persona con algún tipo de crédito ingresa de manera directa al buró al formalizar su solicitud ante la entidad financiera.

Según Bancomer, también, señala que el incremento de la cartera vencida y en el índice de morosidad podría evidenciar una reducción de la capacidad de pago de los tarjetahabientes, por lo que en el futuro la sana expansión del mercado requerirá robustecer los procesos de originación y de evaluación del riesgo, para mantener la calidad de la cartera.

Como bien se cita por las instituciones de la banca comercial, el punto de partida inicia con una buena cultura del crédito y el ahorro. Sin embargo, deben ser parte de la solución evitar en sobremanera ahorcar a los usuarios de tarjetas de créditos. Esto se logrará evaluando la verdadera capacidad de pago mediante un análisis y corrida financiera que permita otorgarles créditos acorde a sus necesidades y capacidades de pago.

La retención de bienes, que es un mecanismo impulsado por las instituciones bancarias para la recuperación de créditos, no es la salida. Se debe atacar el problema de raíz y gran trabajo está en los propios otorgantes de los créditos.

Se debe de realizar una tarea conjunta, una adecuada valoración del cliente y hacer un chaleco a la medida del solicitante, para que realmente este crédito pueda ser debidamente atendido. Lo anterior, desde luego, saneará las finanzas familiares y abonará a evitar la morosidad del pago a las entidades financieras.

Hoy existen entidades financieras que ayudan a los deudores a reestructurar los pasivos mediante programas de recuperación que reducen la tasa de interés, con opciones diversas de pago, por lo cual ya no es necesario castigar a los clientes con la permanencia en la base de datos de una institución de información crediticia.

Pues éste ya demostró su disponibilidad para erradicar la deuda y contribuir al saneamiento de sus finanzas. Por lo anterior fundamentado y motivado, el que suscribe pone a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 en sus párrafos primero, segundo y sexto de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en el sentido de que para el caso de que los clientes hayan celebrado un convenio de finiquito y pago, las sociedades deberán eliminar la información relativa a estos créditos, en un plazo no mayor a seis meses.

Y de igual manera, las sociedades deberán de eliminar del historial crediticio del cliente que refleje un adeudo menor de 4 mil 500 pesos en un plazo no mayor a 24 meses. Es la propuesta para todos ustedes y es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente:

Problemática

Los créditos en la actualidad son un mecanismo de compra sin liquidez que de no existir un manejo adecuado de los ingresos y egresos familiares se convierte en un gran peso.

En la actualidad, según lo refiere la página del Buró de Crédito, la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos en diferentes periodos de acuerdo al monto del adeudo que mantengan.

Créditos con adeudos menores a:

• 25 UDIS, más o menos 113 pesos, se eliminan después de un año.

• 500 UDIS, más o menos 2 mil 260 pesos, se eliminan después de dos años.

• 1000 UDIS, más o menos 4 mil 520 pesos, se eliminan después de cuatro años.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el “otorgante” reportó los créditos con un atraso o desde la última vez actualizó a Buró de Crédito información sobre ellos.

Los datos de tus créditos con adeudos mayores a mil UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando:

• Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, 1.7 millones de pesos.

• El crédito no se encuentre en proceso judicial.

• No hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Si bien la denominada compra con dinero plástico es una mecánica cada día de mayor uso, se debe resaltar que según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el índice de morosidad disminuyó de 5.48 registrado en 2014 a 4.28 por ciento en 2015.

Argumentación

Según la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que depende de manera directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las bases de datos de los denominados Buros de Créditos: “son el conjunto de registros de información, propiedad de los otorgantes de crédito, en la cual se archiva el comportamiento crediticio de los consumidores. Esta información sirve para integrar expedientes electrónicos de cada uno de estos consumidores, en donde se encuentra la información actual y/o histórica de todos sus compromisos crediticios.

En caso de que la información proporcionada por alguna entidad financiera o empresa comercial sea relativa a una persona moral, podrán incluir a los funcionarios responsables de la dirección general y de la de finanzas, así como de los accionistas principales.

Esta información es conservada durante 84 meses para personas físicas y para personas morales permanece indefinidamente.”

Cabe señalar que toda persona con algún tipo de crédito ingresa de manera directa a esta base de datos al formalizar la solicitud de ante cualquier entidad financiera o empresa que concesione algún tipo de préstamo, estas últimas serán consideradas usuarias permanentes de estas sociedades de información crediticia y reportarán de manera automática en la base de datos del Buró de Crédito, esta mecánica generará el historial en sentido positivo o negativo dependiendo del cumplimiento de las obligaciones.

El 9 de enero de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas que otorgan las sociedades de información crediticia.

El citado decreto acontece la regulación para que la información de probables acreditados se realice mediante una calificación numérica, para facilitar la evaluación de estos.

La reducción de los periodos en las Sociedades de información Crediticia abonará a un adecuado análisis de instituciones generadoras de crédito, pues éstas tendrán que dedicar mayor estudio para no generar cartera vencida y mermar la impulsada cultura del consumismo.

La tesis anterior está valorada en un componente de resultados del banco HSBC, que en su reporte financiero de junio de 2015 cita:

“Al 30 de junio de 2015, el total de la cartera vencida decreció 0.1 por ciento a 12.9 mil millones de pesos, comparado con el saldo al 30 de junio de 2014, debido principalmente a una disminución en la cartera vencida de consumo y créditos a la vivienda. Esta reducción es resultado de una mejor estrategia de originación de nuevos créditos”.

Sin embargo el reporte de la situación de la banca en México 2015, de BBVA Bancomer refiere que: “...la cartera vencida del crédito al consumo ha incrementado su saldo desde 2011 y para octubre de 2014 ascendió a 37 mil millones de pesos (mmdp), monto equivalente a un incremento de 3.7 por ciento real respecto al saldo observado en el mismo mes del año previo. En particular, el crédito vencido asociado a tarjetas de crédito (TDC) incrementó su participación dentro de la cartera vencida total de 45 a 49 por ciento” .

La misma institución refiere que “el incremento en la cartera vencida y en el índice de morosidad podrían también evidenciar una reducción en la capacidad de pago de los tarjetahabientes, por lo que en el futuro la sana expansión del mercado requerirá robustecer los procesos de originación y de evaluación del riesgo para mantener la calidad de la cartera”

Como bien se cita por las instituciones de la banca comercial, el punto de partida inicia con una buena cultura del crédito y el ahorro, sin embargo deben ser parte de la solución, evitar en sobremanera ahorcar a los usuarios de tarjetas de crédito, esto lo lograrán evaluando la verdadera capacidad de pago mediante un análisis y corrida financiera que permita otorgarles créditos acorde a sus necesidades y capacidades de pago.

Lo anterior saneará las finanzas familiares y abonará a evitar la morosidad del pago a las entidades financieras.

Para el adecuado manejo existen las sociedades de información crediticia que según su naturaleza ayudan a: “La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con entidades financieras, empresas comerciales o las Sofomes E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por sociedades de información crediticia, que sean autorizadas conforme al artículo 6o. de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.

Las sociedades de información crediticia (SIC) operan al amparo de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia y por las Reglas Generales de Banco de México y están sujetas a la inspección y vigilancia de la comisión”.

Las figuras jurídicas de “radicación de personas” y “retención de bienes”, que son un mecanismo impulsado por las instituciones bancarias y financieras para la recuperación de créditos, no es la salida, se debe atacar el problema de raíz y gran trabajo está en los otorgantes de crédito, se debe realizar una tarea conjunta, una adecuada valoración y un trabajo sistematizado acorde a las necesidades actuales, un chaleco a la medida de ambas partes.

Existen entidades financieras que ayudan a los deudores a reestructurar los pasivos mediante programas de recuperación que reducen la tasa de interés con opciones de pagos, por lo cual ya no es necesario castigar a los clientes con la permanencia en la base de datos de una institución de información crediticia, menos aun cuando éste ya demostró la disponibilidad para erradicar la deuda y contribuir al saneamiento de sus finanzas.

Por lo anteriormente fundamentado y motivado, el que suscribe pone a consideración de este pleno la siguiente iniciativa

Fundamento legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 23, párrafos primero, segundo y sexto de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Único.Se reforma el artículo 23, párrafos primero, segundo y sexto de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 23.Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo máximo de 24 meses.

Las Sociedades deberán eliminar del historial crediticio del Cliente toda aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de veinticuatro meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información...

En el caso de créditos...

...

En el caso de que el Cliente celebre un convenio de finiquito y pague lo establecido en éste, el Usuario deberá enviar a la Sociedad la información respectiva, a fin de que ésta refleje que el pago se ha realizado, con la correspondiente clave de observación. Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a estos créditos, así como las claves de observación correspondientes, en un plazo no mayor a seis meses.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Las Unidades de Inversión (UDIS), son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Se crearon en 1995 con el fin de proteger a los bancos y se enfocaron principalmente en los créditos hipotecarios.

2 www.burodecredito.com.mx/

3 www.condusef.gob.mx/

4 www.hsbc.com.mx/

5 www.bbvaresearch.com/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputados: Felipe Reyes Álvarez,Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Reyes. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la escuela secundaria Agustín Melgar del municipio de Chicoloapan, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Con su venia, diputado presidente. En nuestro país existe un gran número de conflictos relacionados con el trato a los animales, mismos que varían en sus causas, naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas y al uso que se hace de ellas.

En la mayoría de los casos, las causas de los problemas de bienestar animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de sentir dolor y padecer estrés.

Como resultado es común que se desarrollen actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente se refleja en conductas de crueldad y negligencia, siendo el alojamiento y mantenimiento, el transporte y movilización, la eutanasia y matanza, la comercialización de los animales y el manejo que se hace de los mismos, las situaciones que dan origen a la problemática de bienestar animal.

Algunos de estos problemas se deben principalmente a que en nuestro país es una constante que los animales no cuenten con un mantenimiento y alojamiento adecuado para sus necesidades biológicas, ya que sus poseedores en muchas ocasiones no los proveen de alimentos que requieren, viviendo hacinados y en lugares inadecuados.

Además de esto, aquellos animales que son utilizados en algunas actividades productivas sufren de problemas de bienestar relacionados con las prácticas de manejo de las cuales son objeto, provocándoles por supuesto estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte.

Un rubro importante son los animales utilizados para consumo, al respecto entre 60 y 80 por ciento del total de estos animales son sacrificados en rastros municipales donde generalmente el manejo previo y la matanza se realizan en condiciones tan precarias que por supuesto no se garantiza ni la sanidad ni los requerimientos mínimos de bienestar, no obstante que, por supuesto, existe una Norma Oficial Mexicana que regula esa materia.

Ahora, bien, por lo que hace al control y manejo de los animales de compañía, un alto porcentaje de estos sufre de abandono en la vía pública, las prácticas de sacrificio son igual de inadecuadas ya que es común que para tal efecto se utilice veneno, electrocución mal aplicada o incluso golpes.

Es aquí donde surge otra problemática importante y urgente de atender, la comercialización de los animales, ya que la misma se desarrolla en ausencia de mecanismos o de instrumentos jurídicos que regulen el respeto al bienestar de dichos animales, ya que por lo general los establecimientos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias ni la atención por parte de un médico veterinario.

En este mismo sentido no podemos omitir una práctica cotidiana que refleja serios problemas en materia de bienestar animal, la venta de animales en mercados ambulantes o en la vía pública, ya que además de ser ilegal no se cuenta con mecanismos de control y garantía de protección a sus necesidades más básicas como lo son igualmente la alimentación, cuidado y alojamiento, provocándoles estrés y enfermedades infecciosas por falta de higiene.

En cuanto a los animales que son utilizados para el trabajo, incluidos aquellos de carga, monta y tiro, así como los de terapia, asistencia, guardia y protección, es también común que durante la ejecución de estas actividades se utilicen animales enfermos o heridos, hembras gestantes a término o especies muy jóvenes desarrollando dichas actividades por periodos prolongados y sin procurarles los descansos necesarios, la alimentación suficiente, para que una vez que ya no puedan prestar estos servicios sean vendidos o simplemente abandonados.

Por lo anterior es necesario evidenciar, que si bien es cierto contamos con legislaciones que contemplan la materia, estas solo contienen disposiciones aisladas que resultan insuficientes para atender los problemas de bienestar animal que se presentan hoy en día en el país, los cuales no solo afectan al bienestar de los propios animales, sino también de los seres humanos al poner en riesgo su salud, ya que en el caso de los animales destinados al consumo, un mal manejo de estos puede originar problemas serios de salud pública.

Desafortunadamente hasta el momento, los medios a través de los cuales el Estado ha tratado de regular lo relacionado con el bienestar animal, han sido muy variados e incluso en algunos casos aislados, temas relativos al respeto y trato humanitario de los animales se encuentran contenidos en unos cuantos artículos dispersos en diversos ordenamientos.

Es por ello que atendiendo al carácter concurrente, ya que su aplicación corresponde a los tres órdenes de gobierno, resulta urgente y necesario la creación de una ley general, que nos permita contar con un instrumento jurídico específico que defina y homologue las directrices para el tratamiento de las especies, procurando siempre el bienestar animal.

Así también, mi partido propone la creación de una fiscalía especial federal para la defensa de los animales, misma que será responsable de la vigilancia y efectiva aplicación de esta ley general. Así, como la creación de un instituto de capacitación en derechos de los animales que deberá trabajar con los enfoques jurídicos y éticos necesarios y en estrecha vinculación con las consecuencias ambientales, de salud y de violencia social que conlleva el abuso hacia los animales, entre otras acciones tendientes a lograr erradicar el maltrato animal.

En virtud de todo lo manifestado, solicito a todos los integrantes de la presente Legislatura, aprueben la presente iniciativa, pues estamos convencidos que la misma representará la base para la construcción de un nuevo modelo de vida que nos permita ser más responsables y sobre todo respetuosos con todas las expresiones de vida en nuestro país.

Aprovecho también, brevemente, para mandar un exhorto muy respetuoso al Senado de la República, a efecto de que pudiera aprobar lo más pronto posible, la aprobación de la reforma constitucional que en esta Legislatura hicimos en el periodo pasado, en referencia a la facultad del Congreso de la Unión para legislar justamente en materia de bienestar animal.

Dicha iniciativa se presentó en el periodo pasado. Igualmente, fue dictaminada y aprobada por este pleno y turnada al Senado de la República, esperando solamente su dictaminación y aprobación, para que los estados de la República, los Congresos de los estados, puedan emitir su voto favorable a efecto de poder contar con esta reforma constitucional que dé posibilidades a la creación de esta Ley General de Bienestar Animal. Muchas gracias, es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Álvarez Angli, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país existe un gran número de conflictos relacionados con el trato a los animales, mismos que varían en sus causas, naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas, y al uso que se hace de ellas. En la mayoría de los casos, las causas de los problemas de bienestar animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de sufrir, sentir dolor y padecer estrés.

Como resultado, es común que se desarrollen actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente se refleja en conductas de crueldad y negligencia, siendo el alojamiento y mantenimiento; el transporte y movilización; la eutanasia y matanza; la comercialización de los animales, y el manejo que se hace de los animales, las situaciones que dan origen a la problemática de bienestar animal.

Algunos de estos problemas se deben principalmente a que en nuestro país es una constante que los animales no cuenten con un mantenimiento y alojamiento adecuado a sus necesidades biológicas, ya que sus poseedores en muchas ocasiones no los proveen del alimento que requieren, viviendo hacinados y en lugares inadecuados.

Además de esto, aquellos animales que son utilizados en algunas actividades productivas sufren de problemas de bienestar relacionados con las prácticas de manejo de las cuales son objeto, provocándoles estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte, como ejemplo se puede mencionar que durante el transporte, los animales son mezclados sin ningún cuidado ya que en el mismo contenedor se pueden introducir animales de diferentes especies, edades o etapas fisiológicas, facilitando con ello, la presencia de enfermedades e incluso agresiones entre las propias especies.

Como es bien sabido durante décadas un número importante de animales ha sido utilizado para satisfacer el mercado de carne. Aproximadamente entre 60 por ciento y 80 por ciento del total de los animales fueron sacrificados en rastros municipales, donde generalmente el manejo previo y la matanza se realizan en condiciones tan precarias que no se garantiza ni la sanidad, ni los requerimientos mínimos de bienestar, aún a pesar de que existe una norma oficial mexicana NOM-033-ZOO-1995 que regula dicha actividad.

Asimismo, en el caso de los animales de abasto, es común que el sacrificio se realice mediante degüelle, sin previa insensibilización, introduciendo a los animales aún vivos en agua hirviendo, así como desollándolos en las mismas circunstancias.

Ahora bien, en lo que corresponde al control y manejo de los animales de compañía, un alto porcentaje sufre de abandono en la vía pública, las prácticas de sacrificio son igual de inadecuadas, ya que es común que para tal efecto se utilicen venenos, electrocución mal aplicada e incluso golpes.

Esta es otra grave problemática que se da dentro de las actividades de comercialización de animales, ya que la misma no cuenta con suficientes mecanismos jurídicos que regulen el respeto al bienestar de los animales susceptibles de dichas actividades, y por lo general los establecimientos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, ni la atención por parte de un médico veterinario.

Asimismo, una práctica cotidiana que refleja serios problemas de bienestar animal, es la venta de animales en mercados ambulantes o en la vía pública, ya que además de ser ilegal, no se cuenta con mecanismos de control y garantía de protección de sus necesidades más básicas como lo son la alimentación, el cuidado y alojamiento, lo que provoca estrés, así como la transmisión de enfermedades infecciosas por falta de higiene; llegando a practicar la modificación de su aspecto físico, ya sea con pintura y otras sustancias con el objeto de engañar al comprador y aumentar su valor comercial.

En cuanto a los animales que son utilizados para el trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia, asistencia, guardia y protección, es también común que durante la ejecución de estas actividades se utilicen animales enfermos o heridos, hembras gestantes a término, o especies muy jóvenes para carga y tiro, desarrollando dichas actividades por periodos prolongados y sin procurarles descanso y alimentación suficiente.

Es necesario destacar que en muchas ocasiones el entrenamiento de animales utilizados para terapias, asistencia, guardia y protección se lleva a cabo en ocasiones en lugares públicos, por entrenadores no certificados, sin formación y sin experiencia, lo que propicia que el entrenamiento sea a través de castigos e incluso lesiones severas a los animales.

Ahora bien, respecto a aquellos animales entrenados para realizar actividades de guardia y protección, resulta preocupante que una vez que ya no son utilizados para esto, se ponen a la venta, se donan o bien, simplemente se abandonan, lo que representa un peligro tanto para el propio animal, como para el ser humano.

Una vez evidenciadas las prácticas más comunes de maltrato animal, es necesario iniciar por establecer que el bienestar animal se entiende como: el estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades biológicas, de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano, durante su crianza, posesión, aprovechamiento, transporte y sacrificio.

Si bien es cierto, contamos con legislaciones que contemplan la materia como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y las diversas leyes de bienestar animal de las entidades federativas, éstas solo contienen disposiciones aisladas que resultan insuficientes para atender los problemas de bienestar animal que se presentan hoy en día en el país, los cuales no sólo afectan el bienestar de los propios animales, sino también de los seres humanos al poner en riesgo su salud, ya que en el caso de los animales destinados al consumo un mal manejo de estos puede originar problemas serios de salud pública.

Desafortunadamente hasta el momento los medios a través de los cuales el estado ha tratado de regular lo relacionado con el bienestar animal, han sido muy variados e incluso en algunos casos aislados, temas relativos al respeto y trato humanitario de los animales se encuentran contenidos en unos cuantos artículos dispersos en diversos ordenamientos.

Es por ello que atendiendo al carácter concurrente, ya que su aplicación corresponde a los tres órdenes de gobierno, resulta urgente y necesario la creación de una ley general que nos permita contar con el instrumento jurídico específico que defina y homologue las directrices para el tratamiento de las especies, procurando siempre el bienestar animal.

No obstante, se propone que las leyes federales que prevén el trato humanitario en cuanto a vida silvestre, fauna de consumo, sacrificio, animales en experimentación y docencia, equipamiento de rastros, transporte de animales y otros aspectos relacionados, sigan vigentes, en lo que la presente ley no prevea.

Por todo lo referido, siendo de interés federal la protección a la fauna y la promoción del trato digno, es de alta importancia que México cuente con una ley que establezca con claridad las conductas prohibidas, las sanciones aplicables y las autoridades competentes, tipificándose como delitos federales aquellos actos u omisiones que afecten a los animales independientemente de su especie.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone, a través de la presente iniciativa, lo siguiente:

a) La promulgación de una Ley General de Bienestar Animal, que regule el bienestar animal, abriendo paso a un esquema claro y eficiente de competencias y sanciones, que tutele a los animales más que con clasificaciones propias del uso que se hace de la fauna, considerando el valor intrínseco de la vida, libertad y capacidad de sufrir de cada animal.

b) El establecimiento de políticas interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno, que fomenten la adopción de medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los animales.

c) La creación de una Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales, con delegaciones en cada entidad. Se dará preferencia a quienes cuenten con antecedentes de trabajo a favor del trato ético a los animales.

d) Dicha Fiscalía será responsable de la vigilancia y efectiva aplicación de la Ley General de Bienestar Animal, con el auxilio de autoridades estatales y municipales perfectamente delimitado, de tal forma que sea del conocimiento de todo ciudadano que cualquier elemento de policía deberá intervenir sin demora (de oficio o a instancia de parte ciudadana), en casos de flagrancia y que finalmente todo caso de abuso de animales tendrá a una dependencia como responsable última, a partir de parámetros precisos establecidos en la ley.

e) La creación del Instituto de Capacitación en Derechos de los Animales, que trabajará con los enfoques jurídico y ético, en estrecha vinculación con las consecuencias ambientales, de salud y de violencia social que conlleva el abuso hacia los animales. Se seleccionará a los educandos conforme a perfiles profesionales y psicológicos. En dicho instituto se formarán los policías y los agentes del Ministerio Público que aspiren a formar parte de la Fiscalía Especial para la Protección de los Animales.

f) La creación de una Policía Federal para la Protección de los Animales con representación en cada estado de la República.

g) La vinculación de todas las normas oficiales mexicanas que obligan al trato humanitario con las disposiciones de la nueva ley federal, derogándose en todo lo que se contrapongan a ésta y estableciéndose la atribución de su aplicación a la nueva Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales.

h) La obligación de todas las policías del país y de todos los municipios y delegaciones políticas de la Ciudad de México de aplicar la ley en el ámbito de su competencia, así como de coadyuvar con la fiscalía y sus delegaciones cuando se trate de delitos, realizados en flagrancia, de oficio o a petición de parte, las primeras diligencias, aseguramientos y puestas a disposición que se requieran, debiendo poner en conocimiento del caso a la brevedad posible a la fiscalía.

i) El respeto real a la participación ciudadana en denuncia y en todo tipo de colaboración del sector privado para la plena consecución de los fines de la nueva ley.

j) Todo servidor público que incumpla con sus obligaciones, perjudicando a uno o más animales, ya sea al permitir violaciones a la ley, ignorar denuncias, omitir los avisos o las custodias a cargo de las asociaciones protectoras, negarse a detener a sujetos activos en flagrancia, omitir el aseguramiento o el posterior decomiso de los animales afectados, negar o retardar, sin causa justificada, el libramiento de órdenes de cateo, evitando promover los derechos de los animales utilizando los medios que tenga a su alcance a oficio o a solicitud de asociaciones defensoras, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por las anteriores consideraciones propongo a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal

Artículo Único. Se expide la Ley General de Bienestar Animal, para quedar como sigue:

Ley General de Bienestar Animal

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1.La presente Ley es de orden público, de interés social, tiene aplicación en todo el territorio nacional y regula el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento por el ser humano.

Para efectos de este ordenamiento, se observarán los siguientes conceptos:

Afeitar cuernos. Limar, pulir o cortar las terminales de los astados de un bovino.

Angustia. Ansiedad, zozobra.

Animal doméstico. Aquél cuyo comportamiento natural ha sido modificado por el hombre para su servicio, sea para trabajo o compañía y que ya no tiene posibilidad de reincorporación a su hábitat natural.

Animal Silvestre. Aquél cuyo comportamiento corresponde a sus instintos naturales y que, aun estando en cautiverio es susceptible de reincorporación a su hábitat.

Arreos. Accesorios que se colocan, por lo general en equinos, tanto en cabeza, como en cuello y tronco para su manejo en carga, silla o tiro.

Asociaciones defensoras o protectoras de animales. Organizaciones civiles cuyo objetivo es evitar la crueldad a los animales y que se encuentran legalmente constituidas.

Custodia. Estancia de uno o varios animales, procurándose el bienestar de los mismos por una persona física o moral, por decisión propia o por solicitud de una autoridad. Puede ser temporal, en tanto se define su situación por la autoridad competente o se consigue un lugar que cubra mejor los requerimientos de los individuos en cautiverio, o bien, permanente.

Delitos. Actos u omisiones que se tipifican como tal en el presente ordenamiento y que compete su aplicación a la Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales.

Especie de consumo. Familia de animales que por costumbre se ha destinado a la alimentación de seres humanos.

Fines terapéuticos. Los relativos al tratamiento médico para enfermedades o lesiones.

Fiscalía. Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales.

Hábitat. Área natural dentro de la cual vive y desarrolla las funciones propias de su especie un ser vivo.

Humanitario. Compasivo, que evita sufrimiento a otro ser vivo.

Infracciones. Violaciones al presente ordenamiento, que por su nivel de daño causado, son sancionadas por las autoridades administrativas de los ayuntamientos y las delegaciones, conforme a lo estipulado en los preceptos del mismo.

Instituto. Instituto de Capacitación en Derechos de los Animales.

Muerte Innecesaria. Cesación de las funciones vitales de un animal provocada por factor externo, sin motivo razonable por parte del causante.

Sacrificio humanitario. Provocar la cesación de las funciones vitales en un animal por motivos piadosos y utilizando métodos indoloros.

Sufrimiento. Padecimiento o dolor por daño físico o moral.

Sufrimiento innecesario. Ansiedad o dolor ocasionado por causa externa sin motivo razonable de quien lo provoca.

Uncido. Atado al yugo.

Yugo. Madero que se coloca sobre los animales utilizados para tiro.

Artículo 2.Las sanciones contempladas en esta Ley serán aplicadas por los municipios en tanto se refieran a conductas consideradas como infracciones, a través de los directores jurídicos, y en la Ciudad de México por conducto de los juzgados cívicos. Las conductas tipificadas como delitos serán sancionadas por los jueces penales federales, correspondiendo desde luego la investigación al Ministerio Público federal. Para tal efecto se crea la Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales, dependiente de la Procuraduría General de la República con representación en cada entidad del país.

Los agentes del Ministerio Público de los estados y de la Ciudad de México, serán auxiliares de la Fiscalía, debiendo atender las puestas a disposición de cualquier cuerpo policíaco por violaciones flagrantes a esta ley, sean infracciones o delitos, practicando las diligencias urgentes: declaraciones, detención de activos en flagrancia, aseguramiento de objetos del delito, determinación de custodia temporal de los animales víctimas con la intervención de asociaciones defensoras de animales, debiendo poner lo antes posible en conocimiento de los hechos, según corresponda, a la autoridad municipal, a los jueces cívicos o a la Fiscalía, y remitiendo el expediente, los detenidos y objetos, así como la información sobre la custodia temporal.

Artículo 3.Son infracciones todas aquellas conductas contempladas como tales en la presente ley, debiendo observarse lo dispuestos en las leyes estatales o de la Ciudad de México que regulan el procedimiento administrativo, así como en los códigos de procedimientos civiles correspondientes en todo lo que no se contraponga al presente ordenamiento.

Artículo 4.Se consideran delitos en perjuicio de los animales a los actos u omisiones tipificados como tales en esta ley, debiendo observarse en todo lo conducente, el libro primero del Código Penal Federal.

La Ley adjetiva aplicable es el Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 5.Las infracciones y los delitos previstos en esta Ley se perseguirán de oficio, por lo tanto, cualquier persona puede denunciarlos ante la autoridad competente o sus auxiliares, o bien, solicitar la intervención de cualquier cuerpo de Seguridad Pública en casos flagrantes. Las autoridades competentes o sus auxiliares deberán intervenir al tener noticia de infracciones o delitos previstos por esta ley, exista o no denuncia ciudadana.

Artículo 6.Los elementos de seguridad pública federales, estatales o municipales, incluida la Policía de Caminos, tienen la obligación, al tener conocimiento de una conducta violatoria de esta Ley, sea infracción o delito, a petición de parte o por cualquier medio, de intervenir en casos de flagrancia, procurando la detención de los sujetos activos, así como el aseguramiento de los animales afectados y de los objetos utilizados para cometer la falta o el delito. Todo policía dará parte al agente del Ministerio Público estatal para que éste realice las primeras diligencias y determine la remisión del caso a los ayuntamientos, los jueces cívicos o la representación de la Fiscalía, según se trate de infracciones o de delitos.

Los policías deberán buscar de inmediato el apoyo de asociaciones defensoras de animales para la custodia temporal y la atención veterinaria de los animales afectados, informando de ello a la autoridad ante la que se acuda.

Toda autoridad que intervenga en un caso de crueldad deberá actuar con rapidez y diligencia, evitando esperas que prolonguen el sufrimiento.

Cualquier ciudadano podrá inconformarse por el actuar de los policías, jueces cívicos, ayuntamientos o agentes del Ministerio Público del fuero común ante la Fiscalía si considera que su conducta no corresponde a lo previsto en el presente ordenamiento.

Artículo 7.Todo animal, sea silvestre o doméstico, que esté a disposición de una autoridad, se deberá poner de inmediato bajo la custodia de una asociación protectora de fauna, constituida legalmente, prefiriéndose la más cercana y con la capacidad y especialidad más adecuadas al caso. De ser necesario, la asociación que tome la custodia, podrá sacrificar humanitariamente y sin demora a los animales afectados y, de no existir tal necesidad, podrá recomendar a la autoridad competente el destino más apropiado para los mismos. Dependiendo de cada caso, las dependencias de Salud, Ambiente o Agricultura y Ganadería apoyarán en todo lo necesario a las asociaciones defensoras.

Artículo 8.Tratándose de especies silvestres, la autoridad que tenga conocimiento del caso, dará aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que brinde el apoyo necesario para el manejo de los animales y, conjuntamente con los organismos defensores de fauna, propongan a la autoridad competente el mejor destino temporal o definitivo.

Artículo 9.Tratándose de especies consideradas de consumo, se dará aviso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que intervenga en la forma indicada en el artículo anterior.

Artículo 10.El Gobierno Federal se coordinará con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para apoyar en todos sus requerimientos a las asociaciones protectoras que se hagan cargo de los animales, ya sea para efectos de custodia temporal o permanente, sacrificio humanitario, atención veterinaria, transporte o reintegración al hábitat.

El Congreso de la Unión y las legislaturas locales contemplarán partidas presupuestales para impulsar una cultura de respeto hacia las distintas especies animales. El sector educativo federal deberá convocar a pedagogos y expertos en ética para desarrollar un programa de estudios con el fin de impartir la materia de “trato ético a la fauna” en cada uno de los grados de las escuelas de educación básica. Se deberán hacer estudios sobre políticas educativas en países que ya contemplan la educación a favor del trato ético hacia las especies animales.

Se crea el Instituto de Capacitación en Derechos de los Animales. Se trabajará con los enfoques jurídico y ético, en estrecha vinculación con el estudio de las consecuencias ambientales, de salud y de violencia social que conlleva el abuso hacia los animales. Se seleccionará a los educandos conforme a perfiles profesionales y psicológicos. En dicho instituto se formarán los policías y los agentes del ministerio público que aspiren a formar parte de la Policía Federal y la Fiscalía Especial para la Protección de los Animales, que tendrán representación en cada estado de la república.

Asimismo, los gobiernos deberán apoyar el financiamiento de convenios suscritos con las asociaciones civiles para todo tipo de labores en beneficio de la fauna. El cincuenta por ciento de lo recaudado en multas por casos de maltrato se aplicará también a los apoyos referidos en los párrafos primero y tercero de este artículo.

Capítulo IIInfracciones y delitos cometidos contra la fauna en general

Artículo 11. Son infracciones contra la fauna en general, las siguientes:

I. Los propietarios y poseedores de animales tienen la obligación de proporcionar, de manera suficiente y adecuada, alimento, agua, resguardo de la intemperie, ventilación, espacio, higiene, atención médica, así como los cuidados particulares que requiera la especie de que se trate, buscando su bienestar, de manera que se permita una vida digna y con plena satisfacción de las necesidades biológicas del animal, evitándose cualquier sufrimiento.

La inobservancia del párrafo anterior, siempre que no rebase un periodo de cuarenta y ocho horas, ni se hayan provocado alteraciones en la salud del animal, o su muerte, se sancionará con multa de una a veinte veces la unidad de medida y actualización.

Si el periodo de abandono es superior a las cuarenta y ocho horas, el agente de la Fiscalía que tenga conocimiento del caso solicitará la intervención de una asociación defensora de animales para proporcionar al animal la atención necesaria para su subsistencia, citando a los responsables con urgencia, pero si éstos no acudieran a la cita o no fueran localizados, se pedirá al Juez Penal correspondiente una orden de cateo, la que deberá expedirse sin demora, a efecto de liberar al animal o animales afectados dejándoles en custodia de una asociación defensora, que mediante dictamen veterinario sugerirá el destino más adecuado para ellos.

II. Ningún animal deberá ser abandonado en vía pública o en cualquier tipo de predio. Todo propietario o poseedor que en forma dolosa o culposa, eche a la calle o abandone en cualquier lugar un animal, será sancionado con multa de cinco a cien veces la unidad de medida y actualización.

III. Todo agente de seguridad pública que encuentre a un animal enfermo o herido, deberá dar aviso inmediato a la asociación protectora más cercana y, de ser posible, sin que el traslado cause más daño al animal, el mismo agente lo transportará para su atención. El incumplimiento a esta disposición será sancionado conforme al capítulo XI.

IV. Queda prohibida la venta de animales a menores de edad. Tampoco se permite la venta de especie alguna en la vía pública o de especies silvestres en cualquier tipo de establecimiento. Ninguna especie voladora podrá estar enjaulada, a menos que su poseedor o propietario acredite que así la adquirió antes de la vigencia del presente ordenamiento, y no sea posible su rehabilitación para dejarle en libertad sin riesgo para el animal. Toda conducta contraria a estas disposiciones se sancionará con multa de veinte a cien veces la unidad de medida y actualización, el decomiso de los animales y la clausura temporal del establecimiento. En caso de reincidencia la clausura será definitiva.

V. Toda persona que moleste a un animal, siempre que no altere en forma alguna la salud de este, será sancionada con multa de uno a cinco veces la unidad de medida y actualización.

VI. Cuando por cualquier medio se provoquen en un animal lesiones que tarden en sanar menos de quince días, o bien, se prive al mismo, por más de veinticuatro horas de los requerimientos señalados en la fracción I del presente artículo, se impondrá a los responsables multa de veinte a ciento cincuenta veces la unidad de medida y actualización y el decomiso del o los animales afectados.

VII. De realizarse corte de orejas y rabo en perros, sin fines terapéuticos; se aplicará a quien lo realice, así como a quienes hayan ordenado la amputación, multa de treinta a sesenta veces la unidad de medida y actualización.

VIII. Si un servidor público no entrega a un animal en custodia a una asociación defensora cuando ésta se lo solicite a efecto de que no padezca sufrimiento o tenga un mejor destino, además de iniciarse procedimiento al servidor ante la contraloría o visitaduría correspondientes, dejará de conocer del asunto de inmediato. En casos de antirrábicos o centros de control que se nieguen a entregar animales y les quiten la vida, serán sancionados como sujetos activos del delito de dar muerte a un animal innecesariamente, todos los servidores públicos relacionados con esa decisión.

IX. Las estéticas caninas deberán permitir a los propietarios de los animales y a los miembros de las asociaciones defensoras constituidas legalmente y previa identificación, que observen el manejo de los animales, siempre y cuando no ponga en peligro a los animales o al solicitante. De no permitir al acceso, el juez cívico o el director jurídico que conozca del caso ordenará una inspección oficial que dé inicio al respectivo procedimiento pudiendo determinar la clausura temporal del establecimiento.

Artículo 12.Son delitos contra la fauna en general los siguientes:

I. Todo propietario o poseedor que en forma dolosa o culposa, eche a la calle o abandone en cualquier lugar un animal, o que con dicha conducta ponga en riesgo la integridad o la vida de uno o más animales, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización.

II. La captura, tráfico, venta o sacrificio de animales clasificados como especies protegidas conforme a los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), independientemente de su origen o destino, se sancionará con prisión de tres a nueve años, multa de doscientas a dos mil veces la unidad de medida y actualización, el decomiso de los animales, cadáveres o sus productos y de los objetos del delito, así como la clausura definitiva.

III. A quien aplique cualquier droga a un animal, sin fines terapéuticos o le haga ingerir alcohol, se le sancionará con prisión de ocho días a un mes o multa de veinte a doscientas veces la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones en caso de tipificarse otros delitos relacionados con la integridad física o la vida del animal o animales afectados.

IV. Quien provoque lesiones en un animal que tarden en sanar más de quince días, o bien, quien haya infringido en más de dos ocasiones cualquiera de las disposiciones establecidas en el artículo 11, será sancionado con prisión de un mes a un año y multa de cincuenta a doscientas veces la unidad de medida y actualización.

V. Cuando las lesiones causadas a un animal le ocasionen debilitamiento o entorpecimiento de cualquier función biológica, la pena al responsable consistirá en prisión de tres meses a dos años y multa de ochenta a doscientas cincuenta veces la unidad de medida y actualización.

VI. Si las lesiones causadas al animal consisten en cualquier mutilación o en la pérdida definitiva de una o más de sus funciones biológicas, la pena aplicable al responsable será de cuatro meses a tres años de cárcel y multa de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización. No se aplicará sanción alguna cuando la mutilación sea hecha por médicos veterinarios y con fines exclusivamente terapéuticos.

VII. Quien provoque la muerte de un animal fuera de lo previsto en el capítulo VIII de esta ley, será sancionado con prisión de uno a nueve años y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, debiendo considerarse, al igual que en todos los casos de lesiones, el grado de crueldad, así como el tiempo que se haya prolongado la agonía, y el número de animales afectados. No se sancionará a aquel que con fines piadosos provoque humanitariamente la muerte en animales que por accidente, enfermedad, vejez, abandono, o que por cualquier otra circunstancia estén sufriendo de tal forma que sea más conveniente su sacrificio.

Los miembros activos de organizaciones defensoras de animales que atiendan emergencias, sea para sacrificio humanitario o para atención veterinaria, recibirán el apoyo de los elementos de seguridad pública más cercanos. De no brindarse el apoyo se incurrirá en responsabilidad de servidores públicos en los términos de esta ley y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

VIII. Se prohíbe la utilización de animales con fines docentes en niveles inferiores a la licenciatura. En ningún caso podrá hacerse uso de animales, cuando exista cualquier alternativa para la enseñanza. En caso de que se necesiten realizar prácticas para estudiantes de veterinaria, tales como vacunas, sutura, etcétera, se utilizarán modelos, maniquíes o cadáveres entregados por asociaciones defensoras de animales, y bajo ninguna circunstancia se pagará por tales entregas. Es obligación de las instituciones docentes investigar sobre las alternativas al uso de animales que existan para la enseñanza en México o en otros países.

Si se usaran animales vivos por no existir alternativa alguna a su uso, se estará a lo dispuesto en esta ley y en la NOM-062-ZOO-1999, en cuanto ésta no contravenga a la primera, pues todas las disposiciones relativas a animales que sean contrarias a lo establecido en este ordenamiento se derogan a partir de la vigencia del mismo.

En todo caso en que se utilice a un animal vivo en una institución educativa, deberá estar presente el responsable de la cátedra, quien cuidará del absoluto bienestar del animal.

Cualquier violación a lo señalado en este artículo, se sancionará conforme a lo dispuesto en esta ley sobre condiciones mínimas de estancia de un animal, molestias, lesiones o privación de la vida, siendo responsables tanto el director de la escuela o facultad, como el jefe del laboratorio o del área en que se haya trabajado, así como los maestros y alumnos que hayan intervenido directamente en los actos prohibidos.

Si los alumnos fueren obligados a realizar actos en perjuicio de animales, los responsables serán sancionados conforme a este ordenamiento, dependiendo del daño causado al o a los animales y también se les suspenderá en sus labores docentes hasta por un año a partir de la fecha de la condena.

IX. Tratándose de insectos o roedores que, previos estudios científicos pudieran considerarse nocivos para la comunidad en un momento y lugar determinados, se permitirá el sacrificio, siempre y cuando se utilicen técnicas apropiadas y modernas, que eviten al máximo el dolor y la prolongación de la agonía. Cuando la única opción sea el uso de sustancias tóxicas, deberá cuidarse que estas se coloquen de tal forma que no afecten a otras especies. La inobservancia de estas disposiciones será sancionada conforme a lo señalado en este ordenamiento, según las lesiones o muerte causadas y de acuerdo a lo que establece el Título Vigésimo Quinto de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código Penal Federal.

X. Si un veterinario provocara alteraciones en la salud o la muerte de un animal en forma culposa, se le sancionará conforme a lo establecido en este capítulo y se le suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por dos años a partir de la condena.

Artículo 13. Disposiciones comunes a las infracciones y delitos previstos en esta ley:

I. Cuando un animal o varios resulten afectados por la conducta simultánea de dos o más personas y no se pueda determinar quién de éstas infirió una u otra lesión, se aplicará a todos los sujetos implicados la sanción mayor que corresponda, según el daño causado a los animales.

II. Cuando el responsable de las violaciones a esta Ley lo sea el propio dueño del animal habiendo actuado dolosa o culposamente, por acción directa o bien, permitiendo que otro causara el daño, se procederá al decomiso del individuo afectado, consultándose a la asociación protectora que lo tenga o lo vaya a tener en custodia, para determinar el destino más apropiado.

III. Además del decomiso de animales y objetos, las penas pecuniarias y las privativas de libertad, procederán las clausuras temporales de los lugares en que se infrinja esta ley, en tanto no se subsanen las violaciones. Si tales lugares no tienen otro fin más que el ilícito, acreditada la responsabilidad de los activos, se ordenará la clausura definitiva.

IV. Toda reincidencia se sancionará incrementándose al doble en sus mínimos y máximos, las multas establecidas. Las penas de prisión se incrementarán hasta en una mitad más del máximo de su duración. La clausura será definitiva.

Capítulo IIIInfracciones y delitos cometidos en eventos o espectáculos

Artículo 14. Son infracciones cometidas en eventos y espectáculos, las siguientes:

I. La distribución de animales, utilizándose a éstos como premios de rifas, concursos, sorteos o con fines de propaganda. Quien infrinja esta disposición será sancionado con multa de diez a cien veces la unidad de medida y actualización y el decomiso de los animales afectados.

II. La utilización de animales en espectáculos o en cualquiera de los medios. Aquel que viole esta disposición será sancionado con multa de diez a doscientas veces la unidad de medida y actualización y la clausura temporal de una a cuatro semanas. No se sancionará a los medios cuando presenten animales en los estudios para promover acciones de respeto a los derechos de la fauna.

III. Con estricto apego a este ordenamiento se permitirá el funcionamiento de zoológicos, pero éstos deberán demostrar ante la Fiscalía que no capturan animales, sino que tienen en custodia a animales rescatados de casos de crueldad para rehabilitarles. Las exposiciones y la monta deportiva deberán cumplir estrictamente con las disposiciones de manejo, transporte y estancia contempladas en esta ley y en las normas oficiales mexicanas. Podrán emplearse animales en videograbaciones o filmaciones, pero todo acto u omisión que haga sufrir a un animal o atente contra el bienestar del mismo, será sancionado según la afectación del animal o animales.

IV. Todo acto de publicidad o difusión de los eventos prohibidos por esta Ley, será sancionado con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización. En caso de reincidencia se clausurarán en definitiva la empresa o empresas responsables.

Artículo 15.Son delitos cometidos en eventos y espectáculos, los siguientes:

I.Las carreras de cualquier tipo de animales. Los responsables serán sancionados con prisión de un mes a un año y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización. Los lugares en que se practiquen, se clausurarán en definitiva y los animales serán decomisados.

II. Las peleas entre animales, cualquiera que sea su especie. Aquél que tenga participación alguna en la realización de las mismas, será sancionado con prisión de dos a nueve años y multa de doscientas a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

III. Independientemente del arma o proyectil de que se trate, toda práctica de tiro al blanco en que se utilicen animales vivos como objetivo, será sancionada con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización.

IV. Las corridas de toros, novilladas, pamplonadas así como cualquier tipo de enfrentamiento o ataque de seres humanos contra animales. Se prohíben las prácticas conocidas como el gallo enterrado, jaripeos, descoleo y toda clase de actos que, con pretexto de ser tradicionales o sin pretexto alguno, tengan por finalidad la diversión de los espectadores, valiéndose del maltrato, la tortura, o la muerte de animales. Quien infrinja cualquiera de las prohibiciones anteriores, será sancionado con prisión de uno a nueve años y multa de doscientas a mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 16.Cuando las conductas prohibidas en este capítulo se realicen en la vía pública, o bien, en lugares cerrados, pero con acceso a menores de edad, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad más de los máximos indicados.

Artículo 17. Se consideran copartícipes y serán sancionados como tales, por los delitos previstos en este capítulo, los criadores de especies utilizadas para peleas, los empresarios, los dueños, tanto de animales, como de lugares en que se realicen los eventos, los patrocinadores, los organizadores, así como los que directamente lesionen, den muerte u ocasionen cualquier sufrimiento a uno o más individuos.

Capítulo IVInfracciones y delitos cometidos en lugares de manejo frecuente de fauna

Artículo 18.Son infracciones cometidas en lugares de manejo frecuente de fauna, las siguientes:

I. Todo lugar en que exista manejo de animales, ya sea con fines de cría, venta, trabajo, experimentación, entrenamiento, consumo, exhibición, custodia, estudio, observación, hospitalización, etcétera, deberá contar con personal especializado e instalaciones adecuadas e higiénicas, dándose plena satisfacción a lo dispuesto en el artículo 11 fracción I de esta Ley, además de contar con acceso inmediato a servicios veterinarios de emergencia. Cualquier violación se sancionará en términos de este ordenamiento.

II. Tratándose de perreras o antirrábicos, rastros, zoológicos, universidades o laboratorios, es obligatoria la presencia de por lo menos un médico veterinario en el lugar, durante todo el tiempo en que haya animales. Quien infrinja esta disposición, será sancionado con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización, además de la clausura y el decomiso conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley.

III. Cuando un accidente o enfermedad que ocasione sufrimiento a un animal, sea tal que impida su total recuperación, se procederá de inmediato al sacrificio humanitario. La inobservancia de esta disposición será sancionada conforme a lo previsto en el artículo 12 en sus fracciones I, IV. V, VI y VII de este ordenamiento.

IV. Todo aquel que en forma dolosa o culposa, propicie la reproducción de animales, sin asegurarse del adecuado destino de las crías, será sancionado con multa de una a cincuenta veces la unidad de medida y actualización; pero si lo hiciera con fines de lucro, vendiendo a las crías, además del decomiso de todos los animales, será sancionado con multa de cincuenta a trescientas veces la unidad de medida y actualización.

V. Tratándose de gatos o de perros, se permitirá en cada hembra un máximo de dos partos. Se prohíbe a los dueños de cualquier especie animal que permitan o procuren apareamientos cuando por razones de edad o enfermedad, se ponga en riesgo de sufrimiento o muerte a la madre. Además del decomiso de los animales, todo aquel que viole lo aquí dispuesto, será sancionado con multa de cincuenta a trescientas veces la unidad de medida y actualización.

VI. En los zoológicos los espacios serán tales que por cada animal terrestre, se cuente con un lugar de por lo menos veinte veces, a lo largo y ancho, su tamaño, tomándose como base la mayor dimensión del individuo. El piso y clima deberán ser similares a los del hábitat original. Tratándose de especies voladoras, las jaulas tendrán una dimensión mínima de cincuenta veces, a lo largo, ancho y alto, el tamaño de las alas en plena extensión. Los espacios referidos serán los mínimos por cada individuo en cautiverio. Toda violación se sancionará con multa de doscientas a mil veces la unidad de medida y actualización, además del decomiso y la clausura en términos de esta Ley.

VII. Tener a especies marinas en cautiverio está prohibido. Cuando se trate de animales que requieren tanto del medio acuático como terrestre para vivir, se cuidará de reproducir el hábitat original de forma muy similar y respetándose las dimensiones mínimas del artículo anterior, pues de lo contrario se sancionará en igual forma que en la fracción anterior.

Artículo 19. Son delitos cometidos en lugares de manejo frecuente de animales, los siguientes:

I. Toda explotación de animales que dirija sus objetivos exclusivamente a una mayor producción, sin tomar en cuenta el sufrimiento causado o el bienestar de los animales, violándose cualquier disposición de este ordenamiento. La sanción se aplicará según las lesiones, muerte o falta de condiciones adecuadas para el bienestar, clausurándose la empresa responsable, en términos de esta Ley.

II. Tener en cautiverio a animales que conforme a los apéndices de Cites pertenezcan a especies protegidas. Se prohíben los ranchos cinegéticos y las UMA´s que no funcionen como tales.

Se aplicará a los responsables, incluidas las autoridades que emitan autorizaciones en contravención al párrafo anterior, pena de tres a nueve años de cárcel y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización. No se aplicará sanción a quien demuestre que los animales fueron rescatados de situación de maltrato y se encuentran en recuperación y / o rehabilitación.

Artículo 20. Los dueños, administradores, directores y encargados de tales lugares, serán responsables de las violaciones a este ordenamiento. Asimismo lo serán todos aquellos que tengan trato directo con los animales.

Artículo 21.En todos los lugares en que exista manejo de animales, se deberán colocar, de forma visible y accesible al público, reproducciones de los artículos de esta Ley directamente vinculados con el giro de que se trate. Los responsables del lugar que omitan la colocación de tales reproducciones, serán sancionados con multa de cincuenta a cien veces la unidad de medida y actualización. De insistir en la omisión, la multa se incrementará el doble y se procederá a la clausura temporal en tanto no se subsane la violación.

Capítulo VDelitos cometidos en el transporte de animales

Artículo 22. En todos los actos relacionados con el transporte de fauna, cualquiera que sea la vía utilizada, se deberán observar las siguientes reglas:

I. De acuerdo a la especie de que se trate, durante todo el tiempo que dure el trayecto, se deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.

II. Bajo ninguna circunstancia los animales permanecerán más de doce horas dentro del vehículo. Llegado dicho término serán bajados y colocados en lugares apropiados para un descanso de por lo menos cuatro horas, siempre y cuando se garantice la integridad física de los animales y la seguridad de las personas que los trasladan y se encuentren cercanos al sitio, sólo así se podrá continuar con el viaje, por lapsos máximos de doce horas y descansos mínimos de cuatro; observando siempre las condiciones de seguridad señaladas. El tiempo empleado para la carga y descarga, así como para llevar y traer a los animales, entre el vehículo y el sitio destinado al descanso, será independiente del término de cuatro horas antes referido.

III. Tratándose de transportes marítimos o fluviales, el término de doce horas, mencionado en la fracción anterior, podrá ser excedido, pero el alojamiento y los cuidados serán tales, que eviten cualquier sufrimiento a los animales a pesar de lo prolongado que pueda resultar el trayecto.

IV. El material y construcción de las jaulas utilizadas para el transporte, tendrá las características necesarias para evitar cualquier deformación, permitiéndose una ventilación adecuada y una plena libertad de movimientos de los animales, sin que exista posibilidad de que estos derrapen, se atoren o se lesionen.

V. Queda prohibido el empleo de costales o bolsas para transportar animales. Por ningún motivo, estos podrán ser arrojados, arrastrados o suspendidos en forma alguna, ni se transportarán con los miembros o alas cruzadas o de cualquier otra forma que implique incomodidad o sufrimiento. Se evitarán los movimientos bruscos y los actos que provoquen dolor o entumecimiento.

VI. Cuando por el tamaño o peso de los animales, se requiera de rampas para la adecuada carga y descarga, estas deberán ser utilizadas, contando, al igual que el vehículo y las jaulas, con piso antiderrapante y que evite cualquier posibilidad de que las patas se atoren.

VII. Ninguna revisión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento a los animales. Quienes violen esta disposición, además de las penas establecidas en esta Ley, serán sancionados conforme al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

VIII. Tratándose de transportación aérea, el área destinada al albergue de animales, deberá contar con el medio ambiente adecuado en cuanto a presión, oxígeno y temperatura.

Artículo 23. Cualquier violación a lo dispuesto en el artículo anterior, se sancionará con prisión de un mes a dos años y multa de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización. Tanto quienes tengan el manejo directo de los animales, como sus patrones, serán responsables del cumplimiento cabal del precepto mencionado.

Capítulo VIDelitos relacionados con el tránsito de vehículos

Artículo 24.Queda prohibido utilizar en zonas urbanas, como medio de transporte o carga, a cualquier animal. Quien viole esta prohibición será sancionado con una multa de cincuenta a doscientas veces la unidad de medida y actualización, además del decomiso del o los animales utilizados.

Artículo 25.Todo conductor de cualquier vehículo que atropelle a un animal en forma dolosa, será sancionado en términos del capítulo II de esta Ley. Si el conductor es responsable de forma culposa, se le sancionará en términos del párrafo primero del artículo 60 del Código Penal Federal, en relación con el capítulo II de esté ordenamiento.

Artículo 26. Cuando un animal sea atropellado, el conductor del vehículo que haya ocasionado el hecho, sea o no responsable, deberá avisar de inmediato a la asociación protectora más cercana, o en su defecto, a cualquier agente de policía, el cual tendrá la obligación de comunicar sin demora el hecho a la asociación referida, actuando conforme a lo señalado en el artículo 13. La omisión de dicho aviso se sancionará como el abandono, contemplado en las fracciones I, IV, V, VI. VII Y VIII del artículo 12 de esta Ley. Si fuera un agente de autoridad el responsable de la omisión se estará a lo dispuesto en el Capítulo XI.

Capítulo VIIInfracciones cometidas en perjuicio de animales de trabajo

Artículo 27. En zonas rurales se permitirá el uso de animales para carga, silla o tiro, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. Los vehículos de tracción animal no podrán ser cargados con un peso que impida el fácil inicio de la marcha, o presente cierta dificultad en el paso fluido del animal o animales que jalen de él. Si el esfuerzo es notorio, el vehículo se deberá descargar hasta el nivel que pueda ser jalado sin problemas.

II. La carga colocada en el lomo de cualquier animal, incluido el jinete, nunca excederá de la tercera parte del peso de aquel y será distribuida equitativamente hacia los lados del cuerpo, cuidándose que a cada variación de peso se haga la redistribución.

III. Se deberán colocar lienzos o mantas en el lomo, así como protecciones de textura suave en cualquier objeto que tenga contacto con el cuerpo del animal, evitándose roces o fricciones que puedan lastimar al animal. Se cuidará que ni el yugo ni los arreos provoquen dolor alguno o puedan dañar al animal.

IV. Los bueyes serán uncidos por los cuernos y los equinos por el pecho.

V. Si al estar desempeñando alguna labor, un animal cayera, se le quitará toda la carga, el yugo y los arreos y se le ayudará a levantarse, cerciorándose que no exista lesión alguna, pues de haberla, no se le podrá cargar, ni hacerle continuar con el trabajo.

Todo aquél que utilice animales para trabajar, independientemente de la especie de que se trate, y de que se encuentren en zonas rurales o urbanas observará las siguientes disposiciones:

I. Se prohíbe hacer uso de cualquier método doloroso para la movilización de animales.

II. Los animales que tengan algún defecto físico, estén viejos, heridos, enfermos o desnutridos, por ningún motivo serán utilizados para labor alguna ni serán abandonados.

III. Ningún animal será sometido a jornadas de trabajo de más de ocho horas por día y en todo momento se le tendrá agua disponible y el alimento suficiente de acuerdo a su especie.

IV. Queda prohibido obligar a cualquier animal a continuar trabajando cuando se le aprecie cansado, sin importar el tiempo transcurrido de la jornada.

V. Todo animal que sea sometido a jornadas de trabajo, descansará por lo menos un día a la semana, durante el cual, no será prestado ni alquilado, asegurándose el propietario o poseedor del descanso efectivo, libre de ataduras y con estricto apego a lo ordenado en el artículo 11 de esta Ley.

VI. Inmediatamente que concluya una jornada de trabajo, el animal será liberado de todo peso o ataduras y se le permitirá descansar en un lugar y con las atenciones previstas en este ordenamiento.

Tratándose de perros de guardia y custodia, además de lo antes indicado, deberán estar registrados ante la autoridad que haya emitido el permiso de funcionamiento de la empresa de seguridad, y se observará lo siguiente:

a) Cada animal será identificado o tatuado de forma indolora y confiable, de tal forma que el representante social, sus auxiliares o los miembros de alguna asociación protectora legalmente constituida puedan verificar su registro y el respeto a los horarios de trabajo.

b) Los administradores encargados de las empresas en cuestión, deberán mostrar a cualquiera de los señalados en el inciso anterior, la documentación relacionada con los animales que manejen. De negarse a hacerlo, se presumirá el incumplimiento y procederá la práctica del cateo.

c) El entrenamiento, además de realizarse con metodología de premio y no de castigo, será tal que permita mantener a los perros sin bozal y con plena seguridad para la población.

Artículo 28. Toda violación a lo dispuesto en el artículo anterior, se sancionará con multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, arresto de hasta treinta y seis horas, además de las clausuras y decomisos en términos de esta ley.

Artículo 29. En caso de lesiones, muerte o abandono de animales, así como falta de condiciones de bienestar contempladas en el capítulo II de esta ley, se aplicarán las sanciones de las infracciones o delitos que se hayan cometido.

Capítulo VIIIDelitos cometidos en el sacrificio de animales

Artículo 30. Para el sacrificio de cualquier animal, se deberá observar como mínimo, lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal, la NOM 033-ZOO-1995 y la NOM-008-ZOO-1994, ya que de existir cualquier método o técnica que eviten aún más el dolor, éstos serán los aplicables. Se deroga en la NOM 033-ZOO-1995 lo relativo al método de sacrificio por electricidad en cánidos, debiendo utilizarse siempre el método de tranquilizantes como la Xilacina y la Ketamina y el anestésico Penthobarbital. Sólo se permitirá el sacrificio en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de animales domésticos o silvestres, que por vejez extrema, enfermedad, lesiones, o imposibilidad de integración a su hábitat, sea más conveniente la muerte humanitaria que la continuación de la vida en constante sufrimiento.

II. Tratándose de especies domésticas consideradas de consumo.

III. Tratándose de especies consideradas nocivas. En todo caso se estará a lo indicado en el capítulo II.

IV. Cuando por la proliferación de una especie doméstica, sea imposible proporcionar un destino adecuado para cada animal, representando sufrimiento la vida en libertad. En todo caso, las técnicas de captura evitarán cualquier dolor o angustia de los animales.

V. En caso de docencia o experimentación, pero con estricto apego a lo dispuesto en esta Ley y observando como mínimo lo indicado en la NOM-062-ZOO-1999 en todo lo que ésta no contravenga a la primera.

Artículo 31.Cualquier violación a lo señalado en el artículo anterior, se sancionará conforme al capítulo II y demás preceptos que correspondan al caso.

Artículo 32.Se prohíbe que menores de edad presencien o participen en el sacrificio de cualquier animal. Tampoco se permitirá que un animal se percate del sacrificio de otro.

Todo aquél que viole estas disposiciones, será sancionado con multa de cincuenta a trescientas veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 33.Se prohíbe la utilización de animales en cualquier tipo de ritos.

A quienes infrinjan tal disposición, se les sancionará según el daño causado al animal o animales en términos de esta ley.

Capítulo IXDelitos relacionados con la experimentación

Artículo 34.La utilización de animales en cualquier acto vinculado con la experimentación, deberá cumplir con lo dispuesto en la NOM-062-ZOO-1999, pero si en algún aspecto ésta contraviene a la presente Ley, será ésta Ley la que prevalezca. En todo caso se deberán observar en su totalidad las reglas siguientes para que se permita la utilización de animales:

I. Se prohíbe la práctica de cualquier experimento cuyos resultados sean conocidos con anterioridad al hecho.

II. No se podrán utilizar animales cuando por la naturaleza del experimento que se pretenda realizar, sea posible acudir a otras alternativas con los mismos resultados.

III. Sólo se permitirá la utilización de animales cuando los objetivos del experimento consistan en la búsqueda de beneficios para la salud humana o animal.

IV. Todos los animales deberán ser tratados en su manejo, alimentación, agua, higiene, transporte, estancia, libertad de movimientos, etcétera, con estricto apego a las disposiciones de esta Ley.

V. Se evitará todo sufrimiento innecesario. Ningún animal podrá ser utilizado en más de una ocasión, procediéndose de inmediato al sacrificio humanitario.

VI. Se utilizarán los animales estrictamente indispensables. En el lugar del experimento se deberá llevar un reporte completo de la cantidad de animales por usar, indicándose con precisión para qué se necesita cada uno, que técnicas se emplearán para evitarles sufrimiento y cuáles son los objetivos que se persiguen con el experimento. Dicho informe estará permanentemente a disposición de las autoridades y de los miembros de las asociaciones protectoras de fauna, legalmente constituidas, permitiéndoseles el acceso a las instalaciones para corroborar datos.

Artículo 35. Toda violación a lo establecido en el artículo anterior, será sancionada conforme a esta Ley, de acuerdo al daño causado a los animales.

Artículo 36. La falta del reporte mencionado en la fracción VI del artículo 34, será sancionada con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización, el decomiso de los animales y la clausura temporal del lugar.

La negativa para mostrar el reporte a las autoridades o a las asociaciones mencionadas o impedirles el acceso a las instalaciones, hará presumir que se está violando la presente Ley, lo cual será motivo bastante para que el representante social solicite al juez, y éste le autorice una orden de cateo para la búsqueda de animales, se revisen sus condiciones y la existencia o no del reporte.

Artículo 37. Quienes patrocinen o subsidien experimentos con animales, deberán cerciorarse del estricto cumplimiento de esta ley y, de encontrar violaciones, suspenderán todo apoyo económico a los encargados del experimento. El incumplimiento a esta disposición los hará responsables como coautores del delito o delitos que se cometan.

Artículo 38. Todo profesionista que tenga participación en cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, además de las sanciones que le correspondan, será suspendido en el ejercicio de su profesión de seis meses a cinco años.

Capítulo XDelitos en perjuicio de la fauna silvestre

Artículo 39.Queda prohibida la cacería deportiva en todo el territorio nacional, al igual que la captura de cualquier especie silvestre. Sólo podrán capturarse animales para efecto de ser transportados a reservas ecológicas o para repoblar zonas afectadas por la escasez de individuos. A quien infrinja estas disposiciones se aplicarán de uno a nueve años de cárcel y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 40. Cuando se afecte a animales, ya sean adultos, crías o huevos, cuya especie esté protegida en listados de Cites, la sanción será prisión de tres a nueve años, multa de doscientas a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 41. Tratándose de especies acuáticas, queda prohibida la captura o pesca de mamíferos. Tampoco se permitirá la pesca de especie alguna que esté en peligro de extinción. Todo animal acuático, cuya pesca sea lícita, se hará con los métodos menos dolorosos y una vez sacados de su medio, bajo ninguna circunstancia serán golpeados o heridos para que mueran. Toda violación a este precepto se sancionará con prisión de tres a nueve años de cárcel y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 42. Queda prohibida la pesca deportiva, así como la captura de peces u otros animales marinos con finalidad meramente ornamental. Sólo se permite el cautiverio de especies acuáticas con fines de protección y reproducción de las mismas cuando puedan ser presa de depredadores y estén en peligro de extinción, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley. Quien infrinja lo señalado en este artículo, será sancionado con prisión de tres a nueve años, multa de doscientas a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 43. Quien de cualquier forma afecte a especies silvestres, o a su hábitat, ya sea talando, quemando, vertiendo sustancias tóxicas o de cualquier otra forma, será sancionado según el daño, con prisión de uno a diez años y multa de doscientas a veinte mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 44. Todo perito que elabore un estudio o manifestación de impacto ambiental y, dolosamente mienta en su contenido o conclusiones, en perjuicio de fauna silvestre o su hábitat, será sancionado en los mismos términos del artículo anterior, siendo suspendido además en el ejercicio de su especialidad, sea profesional o técnica, por un lapso de seis meses a cinco años.

Artículo 45. Los lugares en que vendan animales, vivos o muertos, que pertenezcan a especies silvestres, así como aquellos que expendan alimentos elaborados con dichas especies, serán clausurados de inmediato, asegurándose y decomisándose los animales. A los dueños y trabajadores de tales negocios se aplicará prisión de dos a seis años y multa de quinientas a cinco mil veces la unidad de medida y actualización. Las mismas penas se aplicarán a quienes comercien con las especies referidas en el párrafo anterior, en la vía pública.

Artículo 46. Quien tenga a un animal silvestre en cautiverio será sancionado con prisión de tres meses a dos años y multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, además del decomiso, a menos que demuestre que lo adquirió antes de la promulgación de esta ley, sin violar ninguna norma federal o local y que las condiciones del animal permiten su bienestar, vivir sin sufrimiento, y que la reintegración al hábitat sea riesgosa.

Capítulo XIDelitos cometidos por servidores públicos en perjuicio de la fauna

Artículo 47. Todo servidor público que cometa un delito de los previstos en esta Ley, estando en funciones, con motivo de ellas, o aprovechando su cargo o comisión, además de las penas aplicables conforme al presente ordenamiento, será sancionado en términos del Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 48. Todo servidor público que incumpla con sus obligaciones, perjudicando a uno o más animales, ya sea al permitir violaciones a la ley, ignorar denuncias, omitir los avisos o las custodias a cargo de las asociaciones protectoras, negarse a detener a sujetos activos en flagrancia, omitir el aseguramiento o el posterior decomiso de los animales afectados, negar o retardar, sin causa justificada, el libramiento de órdenes de cateo, evitando promover los derechos de los animales utilizando los medios que tenga a su alcance a oficio o a solicitud de asociaciones defensoras, etcétera, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Fiscalía vigilará que se cumpla con lo dispuesto en este artículo, haciendo las denuncias y gestiones necesarias según el caso.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales que contravengan lo establecido en este ordenamiento.

Tercero.Todas las normas oficiales mexicanas relacionadas con el trato humanitario de animales serán aplicadas por la fiscalía en los términos establecidos en esta ley, y las dependencias federales encargadas de su elaboración contarán con un año a partir de que entre en vigor la presente ley, para actualizar las mismas de acuerdo a lo establecido en este ordenamiento y conforme a los avances científicos y técnicos que eviten cualquier sufrimiento de los animales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Ana Guadalupe Perea Santos, Ana Leticia Carrera Hernández, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Cándido Ochoa Rojas, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniela De los Santos Torres, Delfina Gómez Álvarez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Norma Xochitl Hernández Colín, Omar Noé Bernardino Vargas, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad...

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez, por favor.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para pedirle al compañero que ahorita presentó la iniciativa, sea tan amable de considerarme ya que me gustaría sumarse a esa iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Álvarez Angli, que si...

El diputado Arturo Álvarez Angli (desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Lo dice claro y quiero pensar que sí. Entonces está a disposición, diputada, y para quienes quieran suscribirla. Manifiesta su disposición, su aquiescencia, pues.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma, por favor.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Asimismo para solicitarle amablemente al señor diputado que acaba de presentar esta iniciativa me permita adherirme a la misma, poder hacer este acompañamiento para poderla alcanzar.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Álvarez reitera su aquiescencia. Está aquí, en la Secretaría de la Mesa Directiva a disposición de usted y de quien quiera suscribirla.

Entramos al punto de declaratoria de publicidad. Adelante, secretarios.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, fue turnada, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, la Minuta procedente del Senado con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Comisión de Seguridad Social realizó reuniones en grupos de trabajo y Junta Directiva con la finalidad de revisar aquellas partes de la Minuta que el Senado añadió antes de regresarla para revisión a la Cámara de Diputados, de la similar que en su oportunidad se envió en el año 2014, y después de analizarlas debidamente, somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen, lo cual hace de conformidad con los siguientes apartados:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 1o. de abril del año 2014 la diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE en la sesión celebrada por la Comisión Ordinaria del H. Congreso de la Unión.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que aunque en México se ha avanzado en la consolidación de diversos mecanismos y políticas encaminadas a garantizar la seguridad social de los mexicanos, existen muchos pendientes. Afirma que el derecho a la vivienda ocupa un lugar importante y que en las últimas décadas, el ejercicio efectivo a este derecho ha estado estrechamente ligado a la situación laboral del beneficiario y se ha implementado a través del crédito hipotecario accesible y manejable de acuerdo a los ingresos del trabajador. Sin embargo, enfatiza la diputada Cerda Franco que en muchas ocasiones, la vivienda adquirida a través del crédito Fovissste se ha deteriorado con el paso del tiempo y requiere mejoras importantes; En otros casos la necesidad consiste en introducir una ampliación a la vivienda o la adquisición de otra por cambio de residencia.

Considera la diputada en su iniciativa que el artículo 189 de la Ley del ISSSTE permite que el fondo de la vivienda lleve a cabo un proceso de bursatilización de cartera con el objetivo de incrementar su capacidad de otorgamiento de crédito, por lo tanto, podrá hacer frente a la demanda de los segundos créditos a los trabajadores que así lo demanden.

2. El 31 de julio del mismo año fue aprobado en sentido positivo el anteproyecto de dictamen por la Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2014, fue aprobado en sentido positivo el proyecto en el Pleno de la Cámara de Diputados por 333 votos en pro, 26 en contra y 12 abstenciones.

4. El 11 de noviembre del año 2014, es enviada por la Cámara de Diputados a la de Senadores.

5. El 30 de noviembre es turnada a la Comisión de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

6. El 30 de abril del año 2015 se aprueba por el Pleno de la Cámara de Senadores con 65 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

7. El 3 de septiembre del presente año, es recibida en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Con fecha 30 de abril de 2015, en el Pleno de la Cámara de Senadores aprueba el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y se adiciona un Segundo Transitorio a la propuesta original.

De esta manera, considera el Senado que se garantiza en orden de prelación, el otorgamiento de crédito de los trabajadores que aún no han sido beneficiados con un primer crédito y al mismo tiempo, se garantiza la capacidad operativa de la Junta Directiva del ISSSTE para emitir las reglas bajo las cuales el Fovissste podrá otorgar un segundo crédito a los Trabajadores que cumplan con los requisitos vigentes para el otorgamiento del primer crédito y demuestren haberlo liquidado totalmente.

Esta adición de un Segundo Transitorio a la reforma del artículo 179 del ISSSTE efectuada por el Senado complementa el proyecto de decreto, por lo que esta Comisión no tiene impedimento alguno para aceptarla, ya que respeta la Minuta original y su intención es de utilidad para el beneficio de los Trabajadores del Estado.

CONCLUSIONES Y PROYECTO DE DECRETO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 80, 81, 82 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados es competente para la elaboración del dictamen correspondiente y acepta las modificaciones hechas por el Senado de la República a la Minuta enviada originalmente por la Cámara de Diputados, y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Artículo Único. Se reformanel párrafo tercero del artículo 167; y tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

...

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

...

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los Trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que al efecto emita, los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales se otorgue el segundo crédito previsto en los artículos 167 y 179 de esta Ley, estableciendo criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte de los Trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes.

Dado en el salón de reuniones de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a los 3 días del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Seguridad Social, diputados: Araceli Damián González (rúbrica en abstención), presidenta; Pablo Bedolla López (rúbrica), Arlet Mólgora Glover, María Guadalupe Oyervides Valdez, Manuel Vallejo Barragán (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), secretarios. Hugo Alejo Domínguez, Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Telésforo García Carreón (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DECLARA EL DÍA 9 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de mayo como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada 18 de marzo de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Máyela María de Lourdes Quiroga Tamez, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de mayo como “Día Nacional por la Salud Materna y Perinatal”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de ésta H. Soberanía, para su análisis y dictamen.

El 8 de diciembre del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado con un total de 79 votos a favor cero en contra; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 10 de diciembre de 2015 para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 11 de diciembre de 2015.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 9 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Motivación:

Las iniciantes sustentan que la finalidad de declarar el “día nacional de la salud materna y perinatal” es continuar con las acciones que garanticen los derechos tutelados por la Constitución mexicana y trabajar para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la mujer.

Señalan que “En 1948 la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como:

“El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”: y de la misma manera establece que la salud de la mujer es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales.

En el específico tema de maternidad, según cifras de la misma organización, cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto, pero aunado a estas cifras, por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, aproximadamente 10 millones cada año”.

Asimismo señalan que “la OMS define a la salud materna como:

“La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen. ,,

De forma puntual la OMS demuestra con datos lo siguiente:

1. Cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto.

2. Cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias graves, infecciones, abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación (pre eclampsia y eclampsia) y parto obstruido.

1http://www.who.intJsuggestions/faq/es/index.html

2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra- la-Mortalida

3 De 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; por ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión.

4. Cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de ingresos bajos y medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre estas jóvenes.

5. De todas las muertes maternas, menos del 1% corresponde a los países de ingresos elevados. La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 000 nacimientos, frente al 16 por 100 000 en los países desarrollados. La mortalidad materna también es más elevada en las zonas rurales y en las comunidades más pobres y con menor nivel educativo

6. La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada al parto y acceso a la atención obstétrica de urgencia.

7. Si bien un gran porcentaje de mujeres consulta a personal sanitario cualificado al menos una vez durante el embarazo, sólo aproximadamente la mitad recibe el mínimo recomendado de 4 visitas durante el embarazo.

8. Cada año todavía se practican unos 22 millones de abortos en condición peligrosas. Se estima que la práctica de abortos peligrosos por muerte de 47 000 mujeres y discapacidades en otros 5 millones de mujeres.

9. Desde 1990, la razón mundial de mortalidad materna solo ha disminuido en un 2,6% en vez del 5,5% necesario para cumplir el los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la mejora de la salud materna.

10. La falta de atención especializada es el principal obstáculo hacia una mejora de la salud materna.

Los proponentes señalan que “en México la cultura en el cuidado perinatal referente al embarazo, el parto y el puerperio no ha tenido la suficiente relevancia como para afirmar que los casos de mortalidad materna son cuestiones del pasado histórico, desafortunadamente la atención médica en este rubro carece de integralidad y constancia, pues las madres tienen la idea de asistir a un médico solo cuando se presentar malestares o complicaciones que resultan obvias a la salud, pero las visitas, estudios y otras acciones de carácter preventivo y rutinario suelen ser irrelevantes en un gran porcentaje de ‘las mujeres embarazadas de nuestro país, situación que empeora en regiones o comunidades rurales y/o marginadas”.

Así como que “a pesar de que organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha desarrollado estrategias como el acceso a anticoncepción y planificación familiar, la atención calificada de todos los partos y el acceso a cuidados obstétricos de emergencia, nuestro país sigue teniendo un gran rezago en el tema, sobretodo, en comunidades marginadas o con población vulnerable”.

La salud materno-infantil fue el tema central del Día Mundial de la Salud en el año 2005 y a casi 10 años de tal evento aún falta que se cuente con las condiciones óptimas para que las mujeres mexicanas tengan certidumbre sobre su seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El estudio Numeralia 2012 sobre Mortalidad Materna del Observatorio de Mortalidad Materna en México arroja los siguientes datos en porcentajes a nivel nacional:

1. 12.8% era menor de 19 años.

2. 77.7% vivía en unión libre o era casada.

3. 11.9% era hablante de lengua indígena.

4. 75.9% se dedicaba al hogar.

5. 9% no tenía escolaridad.

6. 29.5% contaba con primaria incompleta o completa.

7. 14.7% no tenía seguridad social ni protección a la salud.

8. 55.0% contaba con Seguro Popular.

9. 54.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

10. 18.8% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social.

11. 11.0% en su casa.

12. 9.4% en una unidad médica privada.

13. 2.1 % en la vía pública.

14. 87.4% contó con asistencia médica.

15. 96.7% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico.

16. 26.8% murió por causas obstétricas indirectas.

17. 24.9% por enfermedades hipertensivas del embarazo.

18. 19.1 % por hemorragia del embarazo, parto y puerperio.

19. 8.2% por aborto.

20. 11.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo.

21. 42.6% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo.

22.19.5% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales.

23. 72.4% recibió atención de un médico durante el parto.

25. 47.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud.

26. 6.9% en su casa.”

En este orden de ideas señalan “reconocemos que han existido acciones y programas relevantes que han pretendido cuidar y fomentar la salud materna, tales como:

“Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción”, mismos que han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, sin embargo es importante que reflexionemos que se puede hacer mucho más por la salud materna en México.

Los iniciantes dicen “que por lo que a pesar de que los trabajos en este tema deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no solo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia. Así han puesto el ejemplo fechas tan relevantes como el día nacional de la lucha contra el cáncer, el día mundial de la lucha contra el sida, entre otros de gran importancia.

Lo anterior también en base a lo establecido por el Capítulo V de la Ley General de Salud, denominado “Atención Materno - Infantil” expresamente señala las acciones que se deben llevar a cabo para mantener la salud materna y perinatal en todo el esquema de salubridad en nuestro país.

En atención a lo anterior es que la finalidad de la presente Iniciativa es:

Considerar un día en el calendario nacional como el “Día de la Salud Materna y Perinatal” con el objeto de conmemorar y resaltar la importancia que reviste este rubro de la salud y, de esa manera, propiciar que la agenda de la Administración Pública, así como de las organizaciones de la sociedad civil conjunten esfuerzos para el fomento y cuidado de la Salud Materna y Perinatal en México.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, puesto que tal derecho es esencial para el desarrollo pleno de su personalidad.

Consideramos que es necesario fomentar la protección a su salud en un entorno de bienestar, para estar en posibilidades de participar en igualdad de condiciones dentro de todas las esferas de la vida pública y privada.

Coincidimos con las iniciantes en la necesidad de mantener a las políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda nacional, en beneficio de las mujeres mexicanas.

De igual manera y ahondando en el tema, hacemos nuestras las consideraciones de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en lo referente a que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social; y que esta se determina tanto por factores biológicos como por el contexto social, político y económico en que se vive.

Por ello coincidimos en que mediante el establecimiento de este tipo de efemérides, se contribuye a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones de igualdad de oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho, comenzando por temas tan elementales como la salud humana.

Así, al declarar el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, se reafirma el derecho de todas las mujeres a recibir la atención médica y los servicios conexos a que tienen derecho, contribuyendo en la promoción e integración de este sector de la población desde una visión de Estado con perspectiva de género.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 09 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.who.intlfeatures/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/es/ index9.html última fecha de consulta: 20 de enero de 2016.

1http://www.who.intJsuggestions/faq/es/index.html

2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra- la-Mortalida

Palacio Legislativo, a 28 de enero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica en contra), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DECLARA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 2015, el diputado José Lorenzo Riva Sosa del Grupo Parlamentario del PRI presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones de Gobernación, para su análisis y dictamen.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 12 de noviembre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 17 de noviembre.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Motivación:

El proponente señala que “el vocablo urbano, deriva de las raíces latinas “Urbis”, que significan la ciudad. Históricamente, el vocablo toma su origen con relación a la Ciudad de “UR”, de la civilización Sumeria, de la baja Mesopotamia, que llegó a tener alrededor de 250, 000 habitantes, antes de Cristo” .

Señala que “La Real Academia de la Lengua Española, dice que Urbanismo es el “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades materiales de la vida humana. En la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” se define la preocupación en los Países en vías de desarrollo o tercermundistas donde existen patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del medio ambiente y la privatización del espacio público, lo que genera pobreza y exclusión social”.

También apunta que “de continuar los procesos de contaminación, falta de adecuación de espacios públicos, de suministro básico de servicios públicos municipales, no podremos imaginar lo que sucederá en las ciudades en el 2050.

Por ello debe existir la necesidad y el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio cultural, natural, histórico, arquitectónico y artístico”.

Así como; que la carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.

“Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado”.

Igualmente señala que “el urbanismo es un proceso continuo en el mundo, donde se conglomeran colonias, fraccionamientos, barrios, comercios, zonas turísticas, fábricas y almacenes, en un sinfín de ideas, reglamentaciones, factores políticos, económicos y sociales. El vivir educadamente es un Derecho básico, humano, fundamental, es un esfuerzo por generar el mejor entorno para la sociedad en determinado espacio geográfico.

En México comenta “tenemos buenos y malos ejemplos en México del diseño urbano, el cual en muchos casos pone en riesgo a la población. Actualmente son varias las zonas metropolitanas en la República Mexicana, conectándose varias ciudades y formando Metrópolis con diferentes necesidades. Es aquí donde el Derecho Comparado puede servirnos, las experiencias obtenidas de otras regiones y la implementación y consolidación del Derecho Urbanístico.

La iniciativa con proyecto de decreto que declara el 8 de noviembre de cada año como “Día del Urbanista Mexicano”, presentada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores fue presentada el 7 de noviembre de 2013 la cuál es retomada por el proponente.

1 Tomado de http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com docn1an&tasl;_,doc.details&gid>=SO&Jtemid=3 el 26 de octubre de 2015.

Señalando que es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, quienes hacen un hábitat más agradable y funcional; es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades, como recordatorio de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que los trabajos en pro de establecer el día nacional del urbanista mexicano, son objetivos fundamentales del Estado mexicano e implican un tema de orden público y de interés social.

El derecho positivo urbano de México tiene su base fundamental en la Constitución en el párrafo tercero del artículo 27 vigente en el país y se integra, a nivel federal, con diversas disposiciones contenidas en diferentes ordenamientos, entre los que destacan la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los reglamentos, manuales y acuerdos derivados de tales ordenamientos legales.

Como Comisión somos conscientes de la importancia de los urbanistas mexicanos a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico y arquitectónico, cultural y artístico.

Los urbanistas tienen los conocimientos y habilidades para hacer esto una realidad, el derecho a la ciudad es importante y se une a los derechos humanos asociados al territorio, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, la salud depende en gran medida de que el primero sea posible y éste a su vez del trabajo propositivo y activo de todos los urbanistas.

Su función social, por tanto resulta elemental para el cabal cumplimiento de los derechos humanos, su trabajo impacta y se multiplica en la calidad de vida y sobre todo en la felicidad de los habitantes.

Por tanto, coincidimos con las iniciantes en la importancia del urbanista mexicano en generar ciudades cuyo diseño y estructura obedezcan primordialmente al bienestar y a la dignidad de los seres humanos que las habitan, propiciando una convivencia pacífica, ordenada, armónica y justa. Es necesario construir ciudades, cuyo objetivo fundamental sea el adecuado desarrollo físico y moral de sus habitantes, donde la vivienda y los sitios de recreo y esparcimiento tengan prelación sobre las áreas industriales.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional:

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;....

Así, al declarar el 8 de noviembre como “Día Nacional del Urbanista Mexicano”, se reafirma el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos asociado a la vivienda y a la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo antes expuesto, se aprueba la iniciativa a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 28 de enero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica en abstención), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica en abstención), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica en abstención), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica en contra), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

HONORBLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Honorable Cámara de Diputados LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada en la Cámara de Senadores el 23 de abril de 2014, por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84, 85, 176, y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural deliberar sobre el particular, a partir del siguiente:

METODO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural, encargada del análisis y dictamen de la Minuta antes citada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

a) En el apartado “Antecedentes”, se deja constancia de las acciones realizadas por la proponente para la elaboración de la iniciativa, los trámites del proceso legislativo, la recepción y turno para el dictamen, así como las acciones realizadas por esta comisión dictaminadora.

b) En el apartado “Contenido de la iniciativa” se reproducen en términos generales, los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

c) En los apartados “Consideraciones” y “Modificaciones a la iniciativa” se expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

d) Finalmente, se presenta el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

ANTECEDENTES:

I. Con fecha de 23 de abril de 2014, las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En esa fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turno esta Iniciativa a las comisiones unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos para estudio y dictamen correspondiente.

III. El 1º de julio de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se presente el Dictamen antes citado, a las comisiones unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

IV. El 30 de abril de 2015, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República registró entre otros, como Dictamen de Primera Lectura el de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, las cuales resolvieron reformar el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

V. El 15 de octubre de 2015, los Senadores aprobaron por 80 votos en pro, el Dictamen de segunda lectura que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados.

VI. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2015, el Presidente de Mesa Directiva dicto trámite con turno a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen.

VII. La Comisión de Desarrollo Rural acusó de recibo el 28 de octubre de 2015, para iniciar con el estudio, análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

CONTENIDO DE LA MINUTA:

La minuta, materia de este análisis y estudio, tiene por objeto precisar que las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria, deberán considerar de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Cámara de Senadores, en su carácter de Cámara de origen, aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Con base en lo anterior, los Diputados integrantes de éste órgano colegiado formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta citada con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Se coincide ampliamente con las Senadoras proponentes en el espíritu de su Iniciativa, la cual contempla apoyar de manera conjunta con acciones por parte del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios a los pequeños productores que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, que a su vez propicien la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.

Tercera. El pequeño productor es el elemento indispensable para la agricultura familiar, ya que México cuenta con 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta 5 hectáreas, de las cuales el 50.6% de éstas orientan su producción al autoconsumo, lo que indica que nuestra estructura agraria está basada en pequeñas unidades productivas, que a su vez interactúan con problemas de comercialización, acceso al financiamiento y acceso a los mercados, sin dejar de mencionar que este segmento de la población, no cuenta con infraestructura; es decir, no cuentan con las condiciones mínimas para la producción.

Cuarta. La modificación tiene como finalidad atender a un sector mayoritario de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y/o usufructuarios que se dedican a las actividades agrícolas de temporal y que carecen de infraestructura para la producción comercial a gran escala, para incluirlos en las cadenas productivas; sin embargo, esta Comisión considera insuficiente la redacción, toda vez que, debe diferenciarse al pequeño productor de autoconsumo y al pequeño productor con excedentes en su producción que esté en condiciones de integrarse a una cadena productiva.

Quinta. Cabe señalar que no existe una fuente que precise claramente el cruce entre pequeño productor y que éste viva en condiciones de pobreza, a menos que se seleccione a los municipios rurales en condiciones de pobreza, como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por lo que ésta Comisión considera que aquellos pequeños productores en general que estén en condiciones de producir excedentes en su producción, no importando su condición socioeconómica, dejen el autoconsumo y estén en condiciones de integrarse a una cadena productiva como lo dicta el artículo de la Ley en cuestión.

Sexta. Los Diputados que integran ésta Comisión, coinciden en que un país que tiene una estructura agraria basada en la agricultura familiar, tendría que ser una estrategia de seguridad alimentaria que ésta comience en la mesa de las familias, después pase a la comunidad y posteriormente a la localidad. Bajo este contexto, se debe precisar la redacción que se propone reformar, con el objeto de apoyar de manera contundente a este tipo de unidades de producción.

MODIFICACIONES A LA MINUTA:

Para dar cumplimiento a las propuestas vertidas en las consideraciones cuarta, quinta y sexta expresadas en el presente dictamen, la comisión dictaminadora plantea la siguiente redacción de texto del artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 182. Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, velando por los que se consideran pequeños productores, incluyendo a los de autoconsumo,impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), presidente; Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Telésforo García Carreón (rúbrica), David Mercado Ruiz, Arlet Molgora Glovet (rúbrica), Julián Nazar Morales, J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Rafael Valenzuela Armas (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica), secretarios; Leticia Amparano Gámez (rúbrica), Efraín Arellano Núñez, Enrique Camranis Torres, María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza, Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), Carlos Hernández Mirón (rúbrica), Éric Juárez Blanquet, Rosalinda Muñoz Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Ramos Hernández, Édgar Romo García (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente; con su permiso. El suscrito diputado José Erandi Bermúdez, diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta soberanía, vengo a nombre y por cuenta de sus integrantes, a presentar el dictamen recaído a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada en la colegisladora el día 23 de abril del año 2014, por las senadores: Lisbeth Hernández Lecona, y de la entonces senadora Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda , y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La minuta en cuestión llegó con un invaluable y muy trascendente avance de justicia y equidad, en tanto que marcaba una prevalencia para los pequeños productores en condiciones de pobreza con relación a toda acción para la soberanía y la seguridad alimentaria, así como para todo el impulso a la integración de las cadenas productivas de alimentos.

Sin duda la noción de tratar a iguales como iguales y desiguales como desiguales, es una de las aristas más importantes de la justicia, objetivo final al que se dirigen las leyes que hacemos y que creamos en este Congreso de la Unión.

No obstante si bien es cierto que la comisión que me digno en representar reconoce al pequeño productor como elemento indispensable para la agricultura familiar, habida cuenta de que México cuenta con 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta cinco hectáreas, de las cuales el 50 por ciento orientan su producción solamente al autoconsumo; también lo es que estas pequeñas unidades productivas padecen, de por sí, de problemas graves como de: comercialización, acceso al financiamiento y acceso a los mercados. Ello sin dejar de mencionar que suele no contar con infraestructura ni con las condiciones mínimas para la producción, mucho menos para la tecnificación de esto.

De este modo en la misma tesitura de asignar prioridad a los productores en situación de vulnerabilidad económica, hubo que mejorar la redacción de la minuta sin violentar el espíritu de la misma, toda vez que debe diferenciarse en esta ley al pequeño productor que es de autoconsumo respecto al pequeño productor que tiene un excedente de producción para poder comercializar.

Pues las condiciones de integrarse a una cadena productiva, hacen la diferencia en un México desigual e inequitativo. No pudimos hallar en las enriquecedoras discusiones que la pluralidad de la comisión nos ofrece un nexo causal entre la existencia de un pequeño productor y la contingencia que vive en condiciones de pobreza, a menos que se seleccionare en exclusiva a los municipios rurales en condiciones de pobreza, como lo señala el Coneval.

Así las cosas, a la comisión le pareció indispensable promover que aquellos productores en general que estén en condiciones de obtener excedentes en su producción, no importando su situación socioeconómica, estén en condiciones de dejar el autoconsumo y puedan, en un momento dado, integrarse a una cadena productiva, estén en dicha iniciativa que presentó el Senado.

La comisión entonces optó por redirigir en el dictamen que hoy nos ocupa, la protección preferencial hacia los que se consideran pequeños productores, quienes son los que menos tienen y menos pueden.

Incluyendo muy particularmente a los productores que tiene ése autoconsumo y no necesariamente a los que se encuentran en condiciones de pobreza. Entendemos, pues que el camino idóneo de una estructura agraria basada en la agricultura familiar, tendrá que ser una estrategia de seguridad alimentaria que comience en las mesas de las familias después, pese a la comunidad y posteriormente a su localidad.

La soberanía alimentaria como concepto merece ser replanteada y constituir una noción incluyente. Nuestro deber como legisladores lo hemos cumplido a cabalidad en los trabajos de esta comisión de desarrollo rural, y toda la labor que nos lleva en las que las y los mexicanos tengan una vida mejor y más digna, seguirá siendo nuestro objetivo primordial. Esperemos que nuestra colegisladora abrace el mismo criterio y podamos hacer la diferencia como Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, y para los efectos del artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes hacemos la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, a través de un servidor, diputado presidente, y a nombre de mis compañeros de la comisión, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Sustentable para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Sustentable en las siguientes condiciones:

Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, velando en todo momento por los que se consideran pequeños productores, incluyendo a aquellos que son los de autoconsumo, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.

Artículos transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados de la Comisión de Desarrollo Rural. Muchas gracias, compañero diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bermúdez. Está a discusión en lo general y en lo particular.

Y saludamos la presencia de alumnas y de alumnos, y personal docente, del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes.

Y, de conformidad con el Reglamento de nuestra Cámara de Diputados, ya se han registrado para fijar la posición de sus respectivos Grupos Parlamentarios compañeras diputadas y compañeros diputados. Y en consecuencia tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Con su venia, diputado presidente. Amigas y amigos diputados, premiar la eficiencia en un país, sobre todo en la agricultura, por supuesto que es sinónimo de éxito.

Esta minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Encuentro Social viene en pro, viene a favor de esta iniciativa, de esta reforma que se puede ver a lo mejor pequeña reforma, por supuesto que de manera literal, pero con un gran contenido social. Es decir la reforma en lo literal, su pequeñez es inversamente proporcional a la grandeza en lo social.

Hoy venimos nosotros como Encuentro Social, a decirles que por supuesto aprobamos. Habla de que 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta 5 hectáreas, de las cuales el 50.6 por ciento de éstas orientan su producción al autoconsumo.

Fíjense bien, si nosotros logramos como país en el sistema agrícola, poder transformar ese concepto y que los pequeños productores que generan el autoconsumo, como aquellos pequeños productores que generan excedentes, puedan incorporarse a la tecnología, puedan tener estímulos del gobierno federal para tener la oportunidad de comercializar sus productos sin intermediarios, generando mercado, por supuesto que un país que es autosuficiente en alimentación es un país fuerte, es un país independiente.

De ahí que la soberanía y seguridad alimentaria es punto estratégico para lograr esta fortaleza como nación, de ahí la importancia que para Encuentro Social venimos a sumarnos por convicción, por documentos básicos nuestros, porque eso está en nuestros documentos básicos.

No es una mera coyuntura; es por convicción partidista, por obligación ética, por compromiso social que venimos a decirle sí a esta forma de premiar la eficiencia a aquellos pequeños productores que tienen familias, que tienen hijos, viven en el campo, y que si ese 20 por ciento de la población hoy que representa lo rural, la estimulamos, las futuras generaciones, amigas diputadas y amigos diputados, pueden irse al campo a generar con una visión gerencial de la productividad, de la producción agrícola.

Dándole los ingredientes, los elementos, creo que es el camino que podemos generar nosotros como diputados, y por eso me sumo y felicito a esta Comisión y a su presidencia desde luego, por esta iniciativa que presenta hoy al pleno, al cual respaldamos totalmente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el campo mexicano debe ser un eje prioritario para impulsar la economía del país.

Para Nueva Alianza, es insoslayable iniciar una profunda transformación del campo mexicano, que impulse su productividad, garantice la seguridad alimentaria, revierta el rezago de infraestructura en los procesos de producción y, sobre todo, permita a millones de familias salir de la pobreza extrema.

Nuestro voto será a favor del presente dictamen, ya que busca precisar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria consideren de manera prioritaria a los pequeños productores, incluyendo los de autoconsumo, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.

La pequeña agricultura tiene una enorme importancia en la economía agropecuaria de nuestro país. México cuenta con 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta cinco hectáreas, de las cuales el 50.6 por ciento orientan su producción al autoconsumo. Nos referimos a millones de campesinos que día a día enfrentan condiciones precarias para producir y peor aún, para comercializar sus productos tras el autoconsumo, que pueden vender.

La gran mayoría de las pequeñas unidades productivas carecen de recursos para incentivar la producción, cultivan productos básicos de tierra de temporal y generalmente tiene propiedad de tipo social.

Si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable buscó promover y resolver alguno de los problemas de los productores rurales, especialmente de los más pobres, esto aún no se ha logrado. Desafortunadamente observamos que el ejercicio del gasto por parte del gobierno a través de apoyos y subsidios favorecen con más frecuencia a los productores de mayor escala.

La agricultura familiar y a pequeña escala está ligada a la seguridad alimentaria, por lo que es urgente impulsar políticas que apoyen a este sector, que produce 30 millones de toneladas de alimento al año.

Las personas que se dedican a la pequeña agricultura necesitan tener mayor acceso, financiamiento y a los mercados, además de contar con más y mejor infraestructura que les permita obtener productos de alta calidad en mayor cantidad.

No obstante, la falta de inversión y apoyo a los pequeños productores del campo mexicano, así como la actual crisis financiera han provocado que no se cuente con la capacidad de producción de alimentos acorde al tamaño y al crecimiento de la población mexicana, situación que pone en grave riesgo nuestra soberanía alimentaria.

Necesitamos revalorar la agricultura familiar y su importante papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la protección de la biodiversidad agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición de los mexicanos. Para ello, debemos comenzar por aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos.

Reformar la ley y especificar claramente la protección y apoyo a los productores más pequeños y en estado de pobreza, es un imperativo categórico. Las modificaciones permitirán promover procesos de desarrollo rural, en el cual la agricultura familiar ocupa un lugar central. Se podría ampliar el acceso a los pequeños agricultores y a los recursos productivos y a los mercados, además de aumentar los niveles de producción y competitividad de los pequeños agricultores.

Se propicia su incorporación a las cadenas productivas de alimentos, lo que significa una oportunidad para dinamizar las economías locales. Asimismo, podrá reducir la vulnerabilidad ocasionada por los fenómenos climáticos y las amenazas ambientales.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la protección y el mejor aprovechamiento del medio ambiente, garantizando la modernización del campo y combatiendo directamente la pobreza del sector campesino, promueve un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.

En nuestro grupo parlamentario estamos comprometidos a impulsar la transformación del campo para que ese sea más dinámico, productivo, y promover un verdadero desarrollo nacional para los campesinos.

Compañeras y compañeros, por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora la palabra el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vengo a expresar nuestro voto a favor del dictamen que presenta hoy la Comisión de Desarrollo Rural, para especificar con claridad a quiénes se deben privilegiar las acciones encaminadas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la venta por debajo de los costos de producción.

Hermosas definiciones que aún no podemos consolidar. No es la primera vez que acudo a esta tribuna para recordarles a todas las compañeras y compañeros legisladores el adeudo histórico que tenemos con el campo en este mismo podio donde expresé las confusas, lentas y en algunos casos tardías que resultan las políticas públicas de apoyos a la comercialización agropecuaria, especialmente a la de granos y oleaginosas.

Lo dije y lo reitero, los apoyos no llegan y cuando llegan ya no son necesarios. Para una verdadera mejora hacia los productores el objetivo debe ser el otorgamiento oportuno de los recursos económicos para que los apoyos se ejerzan adecuadamente en el tiempo y en el espacio requerido.

En el campo no hay cabida para la austeridad ni la racionalidad presupuestal. Al campo le urgen recursos pero al pequeño productor le urge que lo veamos como una realidad, como parte de la solución.

Me congratulo con el trabajo que está llevando a cabo la Comisión de Desarrollo Rural para establecer en ley a quienes debemos de dar la prioridad de la cadena productiva agropecuaria. Un país que no defiende a sus productores, que no se preocupa por el eslabón más débil de la cadena productiva nacional está condenado al fracaso y a seguir sembrando la semilla de la pobreza.

Pero tampoco es motivo de festejo, no sólo haciendo leyes es como se resuelven los problemas en el campo en nuestro país, asomémonos a las huertas, a las parcelas, vayamos a los ejidos y vayamos con las autoridades encargadas de fomentar el desarrollo agropecuario y decirles que no continúen con su política de seguir apoyando a los mismos de siempre, aquellos que no necesitan más el apoyo gubernamental y aquellos que ahora nos enteramos recientemente, inclusive están coludidos con el crimen organizado. No dudamos que produzcan también alimentos, pero hay otros a los que los apoyos no les llega y son a estos justamente, a estos pequeños productores, a quienes debemos dedicarnos.

Aquellos que ya no producen para comercializar tan solo lo hacen como medio de subsistencia, ayudémosles a superar la frontera del autoconsumo y que se integren a las cadenas productivas que inciden en su desarrollo personal, familiar, en el desarrollo de sus comunidades y que se traduzca en una mayor oferta alimentaria que beneficie a más mexicanos produciendo y consumiendo productos de calidad a precios competitivos.

México cuenta con 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar de hasta cinco hectáreas, de las cuales casi la mitad, el 50.6 por ciento de ellas orientan su producción al autoconsumo, lo que indica que nuestra estructura agraria está basada en pequeñas unidades productivas que a su vez interactúan con problemas de comercialización, acceso al financiamiento y acceso a los mercados, sin dejar de mencionar que este segmento de la población no cuenta con infraestructura. Es decir, no cuenta con condiciones mínimas para la producción.

Las modificaciones que hoy estamos aprobando tienen como finalidad atender a un sector mayoritario de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y/o usufructuarios que se dedican a las actividades agrícolas de temporal y que carecen de infraestructura para la producción comercial a gran escala para inducirlos a las cadenas productivas.

Por ello expreso mi reconocimiento nuevamente a la Comisión de Desarrollo Rural, por la sensibilidad para dictaminar este tipo de iniciativas que ponen el dedo en la llaga, la pobreza ancestral que no hemos podido dejar atrás.

Invito a todos los presentes a seguir avanzando en temas que beneficien a más compañeros campesinos y a que no escatimemos esfuerzos, para de una vez por todas cambiar la historia de atraso, hambre y pobreza del campo mexicano, nuestro campo. Muchas gracias a todos, para usted. Gracias por todo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora la palabra, el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Hoy tengo el honor de posicionar a nuestra fracción parlamentaria de Morena, en este dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, acerca de la minuta en la que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Importante hacer uso de esta tribuna, para exhortar al Ejecutivo federal, para que instruya al titular de la Sagarpa, para que de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Rural, de la cual soy secretario, podamos incidir en las reformas a las reglas de operación que permita incorporar al sector primario a los pequeños productores del campo de este país.

Puedo decir, que considerando al conjunto de iniciativas que se han discutido en los meses recientes en esta Cámara, ésta es una de las pocas propuestas que coinciden con los compromisos que tenemos en Morena, en este caso de impulsar a la pequeña agricultura familiar.

Por sus características, la agricultura familiar tiene varias ventajas: por ejemplo, su rescate sería la mejor forma de retener a la población rural en sus lugares de origen. Hasta hoy esa posibilidad no se ha concretado, porque no se cuenta con una estrategia eficaz que impulse la pequeña agricultura.

En el sector se hacen esfuerzos, pero la política económica limita sus logros al restar rentabilidad a las actividades agropecuarias. En la medida en que se reconozca la importancia de la inclusión de la agricultura familiar, se podrán generar actividades adicionales que permitan sistematizar su conocimiento, atiendan sus necesidades particulares, desarrollen tecnologías que le permitan mejorar sus resultados sin romper con sus ventajas y retengan a la población rural en sus lugares de origen.

También está comprobado a esta diferencia que la agroindustria en gran escala, la forma, el aprovechamiento de la tierra que lleva a cabo la pequeña agricultura familiar, es amable para el medio ambiente, al grado que se considera una alternativa necesaria para frenar el cambio climático.

Habría que recordar que ya se cuenta con elementos para diseñar una estrategia que impulse a la pequeña agricultura familiar. El informe que recién entregó la Comisión Federal de Competencia Económica permite identificar la existencia de prácticas contrarias a la competencia en el suministro de semillas y fertilizantes.

En las operaciones de acopio y comercialización, aplicando medidas para prevenir oligopolios y la concentración económica, tendríamos que dar los siguientes pasos para fortalecer a este importante sector de pequeños productores agropecuarios.

En el proceso de dictaminación de la minuta en la Comisión de Desarrollo Rural, esta fue modificada para precisar que entre los sujetos que contempla la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, se deben considerar a los pequeños productores incluyendo a los de autoconsumo.

Me parece que es una precisión que puede contribuir a desarrollar estrategias a favor de este estrato de productores que desde el punto de vista de Morena constituyen un sector estratégico para la soberanía nacional alimentaria, además de su contribución a la reconstrucción de las redes sociales y productivas que nos urgen en este momento en el país. En este caso vamos a favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

La diputada Claudia Villanueva Huerta: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, a todos, el año 2015 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Suelos. Con el acto este organismo internacional estableció la necesidad de trabajar en la preservación y mejorar la calidad de ellos, pues son nuestros aliados silenciosos en alcanzar la seguridad alimentaria de todos los seres vivos.

Con este dictamen que el día de hoy se somete a votación del pleno de esta asamblea, estamos dando un paso más en el desafío que el mundo tiene de asegurar la alimentación de la población, y principalmente creando acciones para que la soberanía, aunada a la seguridad alimentaria, abarque a todos los productores y agentes que intervienen, de manera prioritaria, a los pequeños productores que se encuentran en condiciones de pobreza.

Este documento tiene relevancia nacional, pues reconoce que para lograr la seguridad alimentaria, es indispensable el trabajo coordinado del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, en donde la producción de alimentos descansa en los pequeños productores y auto consumidores, lo que generará la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, pues las personas contarán con los apoyos necesarios para que no dejen de trabajar el campo y continúen proveyendo a México, y la seguridad alimentaria para todos los mexicanos.

Sin duda alguna el pequeño productor es el elemento indispensable para la agricultura familiar. En México tenemos 5 millones de unidades agrícolas productivas de tipo familiar, de hasta cinco hectáreas, de las cuales poco más del 50 por ciento se dedican a la producción de auto consumismo, lo que nos indica que nuestra estructura agraria aún se basa en pequeñas unidades productivas, por lo que necesitan no sólo mejorar su producción, sino producir más y que su cosecha se comercialice, para la cual el acceso al financiamiento y al mercado, es la única forma que tiene para crecer y para obtener cosechas para su venta y no sólo para su consumo.

Esta reforma, de aprobarse, dará cumplimiento a lo que el presidente de la República ha establecido como acciones prioritarias para lograr un México de igualdad y prosperidad. En efecto, este decreto propone reformar el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que de manera indudable se establezca que las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deban abarcar a todos los productores y agentes intervinientes.

En el Partido Verde Ecologista de México impulsamos todas aquellas acciones legislativas que generen prosperidad a los mexicanos, que garanticen para toda la plenitud el ejercicio de los derechos, siendo el derecho de la alimentación uno de ellos.

Celebramos que la Comisión de Desarrollo Rural y quienes en ellas trabajan, hayan aprobado este dictamen con las modificaciones y la minuta enviada por el Senado de la República, pues en ellas se establece de manera clara y puntual que en la seguridad alimentaria también se incluyan a los pequeños productores y a los de autoconsumismo.

Los legisladores del Partido Verde estamos de acuerdo con ello, porque nuestro decálogo y plataforma electoral así lo establece, sobre todo porque creemos en la justicia y en la igualdad de los seres vivos. Gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villanueva. Tiene ahora la palabra la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Con su permiso, diputado presidente. Es un hecho oficialmente reconocido que más del 85 por ciento de las unidades de producción agropecuarias y pesqueras del país se componen por predios menores de cinco hectáreas, propiedad de pequeños y medianos productores minifundistas, ejidatarios y comuneros, y cuya producción se orienta al autoconsumo y a comercializar excedentes en mercados locales.

Considerando las tierras ejidales, comunales, las colonias agrícolas y la pequeña propiedad minifundista, podemos decir que más de 100 millones de hectáreas del país, están en manos de pequeños y medianos productores, quienes a pesar de las condiciones de abandono en que se encuentran por las políticas públicas, producen alrededor del 40 por ciento de la producción nacional.

Ciertamente los pequeños y medianos productores son fundamentales en el sector agropecuario y pesquero, por ello votaremos a favor del dictamen de la comisión. De hecho, la política y la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD para el campo tiene como uno de sus ejes centrales impulsar el reconocimiento a los medianos y pequeños productores, y a la economía familiar, como agentes fundamentales del desarrollo sustentable, así como el reconocimiento en los programas institucionales de las necesidades productivas de los estados, de los municipios.

En nuestra agenda legislativa hemos destacado la importancia de la participación directa y activa en la programación, la presupuestación y en la elaboración de las reglas de operación de las comunidades rurales, de los municipios y de los estados, pues hasta ahora se les mantiene relegados y son las instituciones federales centralizadas quienes deciden autoritariamente las políticas para el sector.

Somos de la opinión que tomar en cuenta los pequeños y medianos productores debe de ir más allá de los simples datos duros que reflejan su potencialidad, necesitamos un giro de 180 grados en el modelo del sector agropecuario que hay no nos está sirviendo. Los productores y pequeños productores son la clave para que podamos salir adelante en nuestro país.

Continuar el modelo de desarrollo actual en el campo mexicano pues es a todas luces inviable, es absurda la pretensión de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria a partir del sistema del monocultivo y de la agricultura de exportación, beneficiando a una minoría, saqueando las riquezas naturales, despojando a los pueblos y comunidades, destruyendo el medio ambiente, agotando los mantos friáticos, contaminando y desertificando los suelos e ignorando a millones de familias de la sociedad rural.

El Grupo Parlamentario del PRD propone un enfoque diferente para alcanzar la soberanía alimentaria y combatir la pobreza, y la desigualdad de este sector. Se requiere poner énfasis en las políticas públicas basadas en la propiedad social de la tierra, en los millones de pequeñas unidades de producción, en sistemas agroecológicos con altos niveles de diversidad, eficiencia, flexibilidad y productividad, reactivando así los insumos estratégicos, las tecnologías agroecológicas de los mismos productores, sistemas de riego, incentivos financieros, mercados locales y nacionales, donde nuestros ejidos y comunidades rurales y los propietarios minifundistas juegan un papel central.

Se necesita también una reingeniería de las instituciones del sector para focalizar la asistencia técnica, los recursos humanos y materiales en un apoyo real y efectivo a los medianos y pequeños productores agropecuarios.

Esta es la ruta que México necesita tomar para alcanzar la soberanía alimentaria, al tiempo que combatimos la desigualdad y el hambre en las comunidades rurales y cuidamos el medio ambiente y la biodiversidad. Es cuanto, gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barón. Saludamos la presencia de los diputados locales del estado de Nayarit, Carlos Carrillo, Francisco Monroy y Benigno Ramírez, invitados por la diputada Jasmine Bugarín Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Valenzuela Armas, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

El diputado Rafael Valenzuela Armas:Muchas gracias, presidente. Les doy también la bienvenida a mis amigos diputados de Nayarit, compañeros de la legislatura local.

La mayoría de los diputados que han hecho uso de esta tribuna han coincidido en la necesidad que tiene el campo mexicano para transformar las condiciones de vida de los campesinos. No voy a abundar en ellas, sólo voy a hacer alguna referencia.

¿Cuál es el propósito de las diputadas y de los diputados de Acción Nacional?, Entre muchos otros es dotar de herramientas jurídicas para hacer exigible el derecho de los pequeños productores a un beneficio o un subsidio gubernamental. Hoy no tienen ese derecho, simple y sencillamente están al libre albedrío de los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.

Impulsar una transformación en los Poderes Ejecutivos estatal, municipal y federal, en la aplicación de recursos públicos destinados al campo.

Persuadir al Ejecutivo federal a distribuir los más de 352 mil millones de pesos que esta soberanía le aprobó para aplicarlos en programas y subsidios al campo de manera responsable, transparente, equitativa y justa.

Amigas y amigos, hoy coincidimos en transformar al campo mexicano. Una hectárea con invernaderos produce mucho más que 10 hectáreas de temporal. El campo no es propiedad de nadie, es propiedad de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valenzuela. Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Felipe Cervera Hernández: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. El campo es un sector estratégico por su potencial para reducir la pobreza e incidir en el desarrollo regional.

De cara al siglo XXI, el sector agropecuario presente muchas oportunidades para fortalecerse, impulsando una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de rentabilidad, competitividad y productividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

La autosuficiencia alimentaria es la capacidad de una nación para proveer de alimentos a sus ciudadanos por medio de su producción local. Por eso es necesario ayudar a los pequeños productores agropecuarios a romper el ciclo de pobreza rural en que viven hoy, mediante el respaldo de políticas públicas que contribuyan a mejorar las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria del país, logrando con ello su incorporación en estas cadenas de producción.

El dictamen que ahora discutimos tiene por objeto atender a un sector mayoritario de los pequeños productores que se dedican a las actividades principalmente agrícolas de temporal, los cuales carecen de infraestructura para la producción comercial a gran escala. Estos constituyen más del 50 por ciento de las unidades de producción en el territorio nacional, por lo que resulta de gran relevancia potenciar este segmento de la producción agropecuaria.

Por ello se establece que las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, velando por los que se consideran pequeños productores, incluyendo a los de autoconsumo, impulsándolos con esto a la integración de las cadenas productivas de alimentos.

Los pequeños productores representan una pieza fundamental para el desarrollo de un pueblo y son la base para que exista una verdadera soberanía alimentaria, la cual se traduce en que cada niño, mujer y hombre tengan la certeza de que tendrán alimento suficiente y sano día con día.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen, que respalda uno de los compromisos del Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo, por un México incluyente, que asegure una alimentación y nutrición adecuada a los mexicanos, en particular, para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes. Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Todo ello, logrando adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.

Con la aprobación del presente dictamen estaremos avanzando en la actualización y creación de normas jurídicas con perspectiva de políticas públicas que contengan acciones que incentiven el desarrollo rural para los sectores y en las regiones menos favorecidas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cervera.

Y habiéndose agotado la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y aprovechamos para saludar la presencia en este recinto legislativo de San Lázaro, a estudiantes y padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, de la comunidad matlatzinca, de San Francisco Oxtotilpan, del municipio de Temascaltepec, estado de México. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Como están votando están muy preocupados y por eso no les aplauden, pero yo creo que todo mundo les da la bienvenida.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto, el sistema electrónico aún se encuentra abierto. ¿Falta alguien más de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 411 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 411 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

ESTABLECER MECANISMOS QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE A LOS PRODUCTORES DE LECHE DEL PAÍS, CON OBJETO DE FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE SU PRODUCTO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto, y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ganadería.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo:Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Ganadería de esta honorable Cámara de Diputados agradece a sus órganos de coordinación y dirección el apoyo para presentar esta proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, dada la importancia de promover soluciones inmediatas y de fondo a la problemática que enfrentan los productores de leche de nuestro país.

La producción nacional que asciende a 12 mil millones de litros y abastece el 81 por ciento del consumo doméstico anualizado involucra a miles de productores de todas las escalas, desde la familiar hasta la tecnificada en 250 mil unidades de producción pecuaria, mayoritariamente todos ellos pequeños y medianos, en promedio con menos de 100 vacas.

Esto genera ocupación y empleo calculados en 650 mil familias y asimismo involucra a miles de ciudadanos más en los diferentes eslabones de su proceso y proveeduría.

Con gran esfuerzo esta actividad, pese a las contingencias climatológicas, económicas y de comercialización ha mantenido su tendencia de crecimiento tratando de estar a la altura del incremento poblacional, conscientes además de la responsabilidad del abasto de un producto de vital importancia en la alimentación humana y en su desarrollo.

De hecho, las políticas públicas para el sector agropecuario se han orientado en ese sentido, en apego a la recomendación de organismos internacionales, como la FAO, de depender lo menos posible del exterior en materia alimentaria.

En consecuencia, el desempeño de la ganadería de leche mexicana comparte importancia social, económica y nutricional que es imposible ignorar y, por el contrario, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha reconocido al igual que las demás actividades del sector agroalimentario como prioritarias para el futuro de la nación.

En ese contexto, sin embargo, la actividad vive hoy una de las mayores crisis de su historia, pues la volatilidad de los mercados internacionales combinada con sobreproducción mundial y caída de los precios de la leche en polvo, así como prácticas comerciales especulativas nos hacen vivir nuevamente la paradoja de que siendo un país todavía deficitario se tengan aparentes excedentes que se dejan de comercializar y se estiman en alrededor de 315 mil litros diarios, lo que lleva al desánimo y a la incertidumbre a nuestros productores.

A esta situación se agrega el eminente desafío del TPP y ante eso hay acuerdos de productores y gobierno de ejercer un programa de fortalecimiento de la cadena productiva, un elemento importantísimo en ello es el Programa de compras de leche fluida de Liconsa, que a través de los años ha incrementado su volumen hasta alcanzar 870 millones de litros en el 2015, adquiridos principalmente a estos pequeños y medianos productores para lo cual contó con un presupuesto de 2 mil 183 millones de pesos, aunque de la producción nacional significa solo el 7.25 por ciento.

Esta compra establece una muy importante referencia de precios y políticas de recepción que mucho ayudan a estos pequeños ganaderos, por lo que al disminuírsele el presupuesto para el 2016 en 542 millones de pesos menos, se reduce su capacidad de compra.

Es por ello, que esta comisión, tomando nota de las diversas manifestaciones de preocupación, al grado de desesperación de los productores, dio espacio en la agenda de su cuarta reunión ordinaria a la participación de los organismos ganaderos, así como funcionarios de Sagarpa y la propia paraestatal de Liconsa con el fin de colaborar en la búsqueda de soluciones a su problemática.

Agradezco a mis compañeras y compañeros, diputados integrantes de la comisión, su respaldo para construir, constituirnos como acompañantes activos en este proceso de rescate y también su aprobación para presentar el día de hoy a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Por el cual, se solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecrearial garantice su acceso a los mercados, y para ello específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

Honorable asamblea y compañeros diputados, la Comisión de Ganadería les solicita su aprobación, que anticipadamente agradece por el bien de los productores de leche y sus familias, y también por el bien de México. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, de la Sagarpa, de la SE y de la SHCP para establecer medios que den certidumbre a los productores de leche del país y fortalezcan la comercialización de ésta, a cargo del diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de la Comisión de Ganadería

La Comisión de Ganadería representada en este acto por su presidente, diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo invocando respetuosamente el carácter de urgente u obvia resolución, por el cual se solicita la intervención de los titulares de las secretarías enunciadas en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes

Antecedentes

De fecha 29 de enero de 2016, la Unión Ganadera Regional de Jalisco publicó un manifiesto en periódicos locales del Estado, ante una problemática derivada de la sobreoferta del producto lácteo, que reconocemos afecta a los principales estados productores: Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

De fecha 3 de febrero de 2016, la Comisión de Ganadería celebró su cuarta reunión ordinaria, a la cual asistieron en calidad de invitados funcionarios federales y estatales, representantes no gubernamentales y presidentes de las Uniones Ganaderas Regionales que se hicieron presentes, a quienes compete el estado actual que guarda la comercialización de leche fluida en el país.

En representación del gobierno federal, asistieron el doctor José Francisco Gurría Treviño, coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y por parte de Liconsa, el licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director general. Asimismo, en representación del gobierno del estado de Guanajuato asistió el licenciado José Francisco Gutiérrez Michel, director general de Ganadería.

Con el carácter de representantes no gubernamentales, se contó con la presencia del médico veterinario zootecnista Salvador Álvarez Morán, vocal ejecutivo de la Comisión para la Productividad Bovinos Leche y presidente del gremio lechero de la República Mexicana; así como también asistieron el licenciado Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lecherías; señor Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche de la República Mexicana; licenciado Juan Arizmendi Hernández, presidente de la Unión Nacional de Productores Pecuarios; y el licenciado Juan Carlos Pardo Bejarano, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche.

De manera muy particular, la Comisión de Ganadería de esta Cámara escuchó a los portavoces de las Uniones Ganaderas Regionales que han resultado seriamente afectadas, por un lado, el Ing. Andrés Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco; y por el otro, el médico veterinario zootecnista José Luis González Enríquez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes.

En razón de los antecedentes expuestos, se hace del conocimiento de esta honorable asamblea la postura que acordó la comisión en relación a este tema de interés para la ganadería de México, con base en la responsabilidad que ejercemos como legisladores comprometidos con la protección de productores mexicanos que se sienten olvidados y con miras a reactivar este importante subsector productivo del país que se encuentra enfrentando una crisis, contexto a partir del cual se procede a someter al elevado juicio de esta Cámara, las siguientes:

Consideraciones

El mandato del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha sido implementado en el sector con sensibilidad social y una cercanía vinculante con los productores pecuarios, mediante la aplicación de políticas públicas impulsadas por la Dirección General de Liconsa, que han garantizado el abasto de leche a las clases sociales más vulnerables del país, de una producción anual de 12 mil millones de litros de leche proveniente de organizaciones ganaderas de todas las escalas productivas, que atiende a la industria nacional y al gobierno federal a través de la citada Empresa Paraestatal. En esta tesitura progresista que demuestra la voluntad política del presidente de la República hacia fomentar altos índices de productividad lechera desde inicios del sexenio, de 2015 a la fecha se han documentado situaciones derivadas de la sobreproducción mundial y el flujo de precios en el marco de una competencia inequitativa en el mercado internacional, lo que ha dificultado la comercialización de la leche fluida en México.

Esta dificultad provocada por el declive de precios, definitivamente ha debilitado la producción nacional y su comercialización en el país, problemática que nos debe concientizar hacia emprender acciones específicas en la búsqueda de mecanismos que brinden certidumbre a los productores mexicanos, solución que exponemos sobre el sustento de datos duros que indican que hoy día se han dejado de comercializar alrededor de 315 mil litros diarios, a raíz de una tendencia que favorece al exterior y que de persistir esta crisis corremos el riesgo de ser testigos del colapso del mercado interno, ya que se está privilegiando la comercialización de leche importada en detrimento de la producción nacional, y en términos llanos, esta competencia desleal de precios está provocando que las vacas productoras terminen en el sacrificio para consumo humano.

En perspectiva, convalidamos que la problemática que aflige a los productores lecheros se ha magnificado y que el importante papel que juega el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, es fundamental hacia la búsqueda de una solución integral e intersecretarial, que brinde certidumbre y garantías a los productores de leche fluida del país. Del total de leche producida en el 2015, Liconsa adquirió bajo el Programa B004 “Adquisición de Leche Nacional” un volumen de 878 millones de litros, dato que representa el 7.25% de la leche fluida nacional. Asimismo, está documentado que Liconsa en ciertas regiones lecheras del país adquiere alrededor del 30 por ciento de la producción, lo que claramente ilustra que la paraestatal es pieza fundamental en la generación de precios de referencia para la compra del producto lácteo en el mercado nacional.

Para el Ejercicio Fiscal de 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación autoriza a dicha paraestatal con un monto cercano a los 1,642 millones de pesos, una reducción de alrededor de 541 millones en contraste con lo autorizado para el Ejercicio Fiscal de 2015. Es oportuno señalar, que esta variación está mellando el ánimo de miles de familias que tienen como único sostén económico la producción de leche, ante la incertidumbre y falta de garantías de que su producto tendrá acceso en el mercado, contexto a partir del cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenga a bien valorar esta problemática y resolver la suficiencia presupuestal de Liconsa hacia la adquisición del mismo volumen que en 2015, y de forma paralela, determinar mecanismos de nueva creación que confronten esta crisis, consistentes en el desarrollo de estrategias de retiro de leche fluida del mercado para evitar la actual distorsión en el precio, y aunado a ello, fomentar el aumento de la productividad mediante la aplicación de normas oficiales mexicanas para la venta de productos finales y colocación de producción de Liconsa en programas sociales de los gobiernos estatales, solución integral que proponemos a través de acuerdos intersecretariales con la industria, productores y entidades federativas.

Es relevante puntualizar, que el fortalecimiento del subsector lácteo que plantea la Comisión de Ganadería de esta Cámara, va dirigido a toda la cadena productiva y no sólo a la problemática que incide en la comercialización, de tal suerte que será necesario diseñar un Plan Maestro que incluya Asistencia Técnica a productores, Desarrollo de microempresas de lácteos, así como una promoción al consumo de este alimento, con el respaldo intersecretarial mediante estímulos fiscales que fortalezcan el mercado interno y de forma proactiva fomenten las exportaciones, escenario próspero viable de materializar sobre los cimientos de la suficiencia económica de Liconsa, que permita la adquisición de leche fluida a pequeños productores y que otorgue una clara certidumbre, tanto en la compra de leche fluida como en el precio de referencia.

La leche es un bien altamente perecedero, ya que tiene que ser procesada antes de las 48 horas de haberse producido; este es un alimento básico en los hogares de los mexicanos, por lo cual resulta prioritario atender de inmediato esta problemática relacionada con la productividad nacional, la exportación de un producto de alta calidad que consolida la economía de México, la calidad de vida de los productores pecuarios y la alimentación saludable de los consumidores en el mercado nacional; perspectiva integral desde la cual solicitamos a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su intervención de manera corresponsable en el marco de sus competencias con el objetivo de que se adhieran al contenido de esta Proposición, a efecto de trascender con la instalación de mesas de trabajo en las cuales encontremos puntos de coincidencia, en el sentido de encauzar políticas públicas y nuevos mecanismos de comercialización, que hasta cierta manera rescaten a los productores pecuarios afectados. Asimismo, se insta respetuosamente a las Secretarías en la materia para revisar, y en su caso, matizar la definición de calidad de productos lácteos en el mercado interno y que esta medida permita a los productores mexicanos reposicionarse, lo que coadyuvaría a colocar sus productos de alta calidad que están siendo desplazados por las importaciones en la actualidad.

Ante este precedente histórico alarmante, esta soberanía alza la voz sobre la motivación de actuar con responsabilidad compartida entre Poderes de la Unión, en el sentido de fungir como un acompañante activo en esta tarea conjunta que le compete a las Secretarías a las cuales se les solicita su intervención, hacia resolver una problemática social que nos concierne como legisladores que velamos por el interés nacional, planteando en esta Proposición una ruta viable y resolutiva que proyecta bases claras a los productores pecuarios ante la dolorosa crisis que enfrentan, para que a la brevedad posible se supere esta situación adversa que atenta contra la producción y el mercado interno de nuestro país.

Con sustento en las consideraciones expuestas, la Comisión de Ganadería por conducto de su presidente somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la honorable LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal, establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), presidente; Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN), Martha Lorena Covarrubias Anaya (PRI), Antonio Amaro Cancino (PRI), Hernán de Jesús Orantes López (PRI), Rafael Valenzuela Armas (PAN), Óscar García Barrón (PRI), Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM), Elio Bocanegra Ruiz (PRD), Gerardo Federico Salas Díaz (PAN), secretarios; Iveth Bernal Casique (PRI), Fabiola Guerrero Aguilar (PRI), Édgar Castillo Martínez (PRI), David Mercado Ruiz (PRI), Julián Nazar Morales (PRI), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (PRI), Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN), Ramón Villagómez Guerrero (PRI), Cándido Ochoa Rojas (PVEM), Héctor Peralta Grappin (PRD) (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cházaro. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Espéreme, secretaria. ¿Con qué propósito, diputado, por favor?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Si me permiten hacer una propuesta de adición a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si apenas lo vamos a discutir, pues.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul). Pero no se enoje.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, para nada, al contrario, le aprecio la vehemencia con la que usted quiere adherirse a la propuesta. Adelante, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativas sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí ya se está adhiriendo el diputado Bernardino; bien.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se considera de urgente resolución. De acuerdo con nuestro Reglamento, ya tenemos integrada una lista de compañeras y compañeros diputados para hablar sobre el tema. Tiene la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes de que haga uso de la palabra, sonido en la curul del diputado Bernardino, y no estoy enojado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Ya lo sé. Es que quiero hacer una propuesta de adición, no de adhesión, porque yo ya me adherí cuando firmé el punto de acuerdo porque soy integrante. Por eso yo le pedía que si usted, de acuerdo al Reglamento, le preguntara al presidente de la Comisión de Ganadería si me diera oportunidad de presentar una propuesta de modificación, de adición, para fortalecer el punto de acuerdo. Era eso, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces respetuosamente le sugiero que usted concurra con el proponente para que si él estuviera de acuerdo, entonces, al conocerlo, se haga la adición; pero no estamos ahorita en este momento procesal de la discusión, mi querido diputado; deje que participen los demás, y al final de la lista de oradores, si usted llega a algún acuerdo, si ya le admitió de antemano el diputado proponente esta adición, entonces sí lo sometemos a la consideración con la adición que el proponente estaría admitiendo. ¿Le parece? Y la asamblea lo tendría que aprobar. Bien, gracias. Entonces, perdón, diputado García, adelante, por favor.

El diputado Ángel García Yáñez: Con permiso de la Presidencia. Somos los representantes del pueblo mexicano, es nuestra obligación proteger a los productores nacionales. Buenas tardes, compañeros y compañeras.

En esta ocasión el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se une a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que dichas dependencias establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche de nuestro país.

Probablemente muchos estén ajenos a la situación que enfrenta la producción de leche líquida en el país. Cada uno de nosotros damos por hecho que contaremos con el producto, y difícilmente nos detenemos a pensar en cómo llega la leche a cada una de las familias mexicanas.

Hoy queremos subrayar el compromiso que Nueva Alianza tiene con los productores pecuarios del país, y por eso hacemos nuestras sus demandas. Actualmente los productores de leche de los estados de: Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Morelos, han visto afectada su producción por una sobreoferta de productos importados.

Así los productores nacionales resultan afectados ante una competencia inequitativa en el mercado internacional, lo que ha dificultado su comercialización de la leche fluida a nivel nacional.

Las compras que realiza Liconsa son fundamentales para este sector. Del total de leche producida en el 2015, esa empresa adquirió un volumen de 868 millones de litros, un 7.25 por ciento de la leche fluida a nivel nacional.

En algunas regiones, la paraestatal adquiere alrededor del 30 por ciento de producción, por lo que es fundamental en el comportamiento de los precios de referida para la compra de producto lácteo en el mercado nacional.

En Nueva Alianza estamos convencidos que es preciso mejorar nuestro mercado interno, más aún cuando nos enfrentamos en un entorno económico sobrio. Por esa razón es necesario priorizar la atención de las demandas de nuestros productores.

En este sentido coincidimos con el promovente para que se acojan las demandas de los productores de lácteos y de las dependencias referidas, tomen acciones necesarias para fortalecer la comercialización de los productos lácteos de nuestro país. Los retos de México son nuestro impulso. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Para hablar sobre el tema, hasta por tres minutos, tiene el uso de la voz el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, presidente. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre hemos estado de acuerdo en la promoción de los intereses del campo y la ganadería de nuestro país como uno de los ejes torales para la estabilidad económica y para la soberanía alimentaria de México.

Sin embargo, al mismo tiempo, siempre hemos denunciado la red turbia de intereses y corrupción con la que los partidos de siempre han cooptado los incentivos que desde el gobierno federal se otorgan en este rubro, que han convertido en una franca simulación que en el mejor de los casos, únicamente sirve para la promoción de los intereses políticos de algunos actores en busca de reflectores.

En tal sentido compartimos la tragedia de los pequeños productores pecuarios y en particular la difícil situación que atraviesan los productores lecheros de nuestro país. Lo que nos compartimos es que se busque el fortalecimiento de los productores a través de exhortos donde prácticamente se pide limosna al Poder Ejecutivo federal para atender la grave situación que representa el hecho de que nuestros productores lecheros no puedan desplazar a precios justos su producción.

Estos mismos partidos son aquellos que no han informado claramente a los productores sobre las consecuencias del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como TPP, que representa mayores desventajas que beneficios a nuestros pequeños productores lecheros y que fue firmado a espaldas de la sociedad.

En este sentido, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, cuyo titular al mismo tiempo es presidente de la Comisión de Ganadería de esta Cámara de Diputados y que está informado plenamente sobre las consecuencias de dicho tratado, impulsa ahora este acuerdo, pero en su momento no informó a los productores de las desastrosas consecuencias del TPP.

Ahora resulta que, como legisladores, pedimos atención a los productores lecheros cuando este problema viene de décadas atrás. Y las Cámaras y organismos ganaderos lo saben, basta recordar que en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, como en su momento lo señalamos al secretario de Hacienda, no refleja el compromiso para fortalecer a los pequeños productores lecheros.

No se puede venir aquí a decirle a la autoridad que otorgue un mayor apoyo a la industria ganadera, cuando somos omisos al señalar que las políticas agropecuarias implementadas por esta administración solo benefician los intereses de las grandes compañías nacionales y extranjeras.

Acabamos, hace unos momentos, de aprobar una reforma al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para dejar en claro a quienes debemos privilegiar con acciones encaminadas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, pero parece que se nos olvida de inmediato que parte de esas acciones son garantizar la producción y la comercialización de esta oferta láctea.

En congruencia con lo anterior, mi grupo parlamentario se abstendrá de votar la presente iniciativa de punto de acuerdo para que en sesiones de trabajo la autoridad competente dé la cara a la ciudadanía y nos diga claramente en qué está trabajando, porque resulta claro que las actuales políticas no fortalecen al campo y a la ganadería de nuestro país, sino que van en detrimento y en demérito de la soberanía alimentaria nacional, y atenta contra los intereses de los pequeños productores nacionales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Zamora. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas y diputados. El punto de acuerdo que hoy se discute es muy importante y nosotros apoyamos la intervención en este caso del Estado, en la problemática que se vive actualmente con los productores de leche, pero queremos señalar, eso sí, que el Estado tiene una responsabilidad como promotor del crecimiento y el desarrollo de la economía, sobre todo para que los ciudadanos a través del Canal del Congreso puedan tal vez saber cómo interviene el Estado o cómo debería intervenir el Estado.

Es que el Estado es la representación del pueblo y por lo tanto debe defender los intereses del pueblo. Ésa debería ser su función real y en este caso a nuestra consideración, en el caso de la producción de leche no se está cumpliendo cabalmente. Sin embargo, en este punto de acuerdo sí se pide la intervención del Estado y por eso nosotros estamos a favor de ello.

Pero también hay otro tema muy importante, que es el de la soberanía alimentaria, y esto quiere decir en simples palabras que tengamos como país los suficientes recursos para que todos los ciudadanos gocen de una alimentación básica y digna, y en ese sentido, si carecemos de la producción necesaria y tenemos que importar estamos dejando en estado de indefensión a los ciudadanos.

Por eso el Estado debe intervenir en todo lo que tenga que ver la cadena de valor del sistema de lácteos, influyendo desde el segmento de la producción primaria hasta el consumo. Precisamente por eso se crea Liconsa, que es una empresa paraestatal, para poder fortalecer la producción de lácteos en el país y sobre todo para cuidar la soberanía alimentaria. Sin embargo no se está cumpliendo esta función, por lo que pedimos la intervención del Estado.

En este sentido, quiero darles solo unos datos muy importantes. En el Ramo 20 se registra que Liconsa, en 2015, presupuestó 2 mil 183 millones de pesos, para adquirir 700 millones de litros bajo el Programa de Adquisición de Leche Nacional. Pero para este ejercicio fiscal 2016, ese mismo programa tiene presupuestado 1 mil 141 millones de pesos, con la finalidad de adquirir 770 millones.

Es decir, con 541 millones menos respecto al año anterior, Liconsa comprará 70 millones de litros más. Es decir, está abaratando los costos de la producción de los productores y, por lo tanto, no se está protegiendo de esa forma a los productores.

Pedimos respetuosamente que en este punto de acuerdo, que además se pide la intervención del Estado, el Grupo Parlamentario de Morena está a favor de que se intervenga, pero que se evite la importación de leche y de sus derivados.

Es una responsabilidad del Estado y nosotros tenemos que intervenir para defender los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Castro. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista Mexicano.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con su venia, señor presidente. El problema de la sobreproducción de leche en México tiene un antecedente en el año 2004, fecha en la que se emitió el decreto por el cual se estableció el Arancel-cupo para importar leche en polvo, la cual incidió en los niveles de compra-venta del producto lácteo nacional.

Dado que esta disposición permite la importación de un monto determinado de un producto o mercancía, con un arancel menor al que se aplican las mercancías que se importen sin este beneficio.

A pesar de que dicha medida fue impulsada para apoyar a industrias que requieren de productos lácteos, es necesario implementar acciones que permitan el procesamiento y distribución de la leche local para fortalecer el mercado interno, al mismo tiempo que se permite generar certidumbre a los productores del sector pecuario.

Según cifras del Servicio de Información de Estadística Agroalimentaria y Pesquera, de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el periodo del 2003 al 2011 la producción nacional de leche de bovino contó con una tasa de medida de crecimiento de 1.3 por ciento, para el cierre del año 2014 dicha tasa fue del 1.5 por ciento, según dicho sistema, denotando una producción estable y con clara tendencia a la alza, lo cual no implica que el producto se comercialice.

En el 2015, en México se estimó una producción de 11 millones 600 mil toneladas de leche, de las cuales sólo se consumieron 4 mil 185, quedando un excedente de 7 mil 415 miles de toneladas, que corresponden al 64 por ciento de la producción nacional de leche fluida que no tiene destino. Es decir, existe un déficit de colocación y comercialización del producto.

La problemática que abordamos se centra en el hecho de que los compradores de leche incrementan el uso de productos lácteos importados, estos procesos se han determinado por los bajos precios internacionales y ha causado un desequilibrio en nuestros productores locales.

Dado que se disminuye la leche de producción local, hay una distorsión en el mercado y es por eso que debemos de actuar. Este crecimiento en la producción se observa casi en todos los estados productores de leche, de los cuales destacan 4 entidades federativas que han mantenido su producción por encima de la media nacional: Coahuila, Durango, Chihuahua y Jalisco, siendo este último en el cual pertenece mi distrito y que me honro en representar y que tuvo una variación positivo en su producción de 3.4 puntos porcentuales, ubicándose como el mayor productor de leche a nivel nacional y el segundo de mayor crecimiento porcentual, y por lo mismo requiere de mayor apoyo para comercializar este producto.

En este contexto, la cantidad y la calidad de producción de leche nacional, permitió que México se colocara en el noveno productor mundial. A pesar del panorama positivo en la producción de leche, los índices de importación de leche procesada resaltan por el impacto que ha tenido en el mercado interno, dado que se trata de un producto que cubre, entre otros rubros, el abasto social de la leche de Liconsa. Según datos preliminares, al mes de diciembre de 2015 México produjo 259 mil 400 toneladas de leche en polvo.

Del mismo modo y con el seguimiento a la información del SIEAP, la relación entre producto, producción e importación en el 2015 se expresa en términos porcentuales del 47 por ciento y 53 respectivamente, lo cual indica un incremento de 81 por ciento de importación en leche en polvo en los últimos 10 años, lo cual indica un desplazamiento del producto nacional que se puede aprovechar.

Si bien el gobierno de la República ha implementado acciones para fortalecer el sector ganadero, se han presentado factores externos que inciden en el ejercicio del gasto presupuestado y la sobreoferta del producto, por lo cual se prevé una reducción aproximada del 25 por ciento de la demanda del producto por parte de Liconsa, principal comprador de la leche a nivel nacional.

Como representante de un distrito electoral en donde un número importante de familias depende de estas actividades relacionadas con la cadena de producción de leche, y como integrante de la Comisión de Ganadería me sumo a favor de esta propuesta que pretende fortalecer el sector pecuario, integrando el esfuerzo de diversas dependencias federales.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes del impacto económico que tiene la producción de leche tanto para ganaderos y sus familias, así como para los consumidores, porque lo que resulta necesario es sumar esfuerzos entre las distintas instituciones del Estado mexicano para construir soluciones que permitan superar esta coyuntura que afecta principalmente a pequeños y medianos productores que habitan en zonas rurales de nuestro país.

Por lo cual apoyaremos este punto de acuerdo que pretende abonar en una pronta solución a la problemática que presenta el sector pecuario. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Tiene ahora la palabra el diputado Elio Bocanegra Ruíz, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Elio Bocanegra Ruíz:Con su permiso, Presidencia. Con respaldo total al punto de acuerdo con el cual se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, la Sagarpa, la Secretaría de Economía y de Hacienda para establecer medios que den certidumbre a los productores de leche del país y fortalezca la comercialización de ésta.

La política del Partido de la Revolución Democrática hacia el campo pone énfasis en apoyar y fortalecer a la producción nacional en contra de aquellas políticas públicas que vienen privilegiando las importaciones afectándose a los productores del país.

Inclusive, en distintos momentos el PRD ha presentado iniciativas para reformar la Constitución, con el propósito de elevar a rango constitucional el principio de que la seguridad y la soberanía alimentaria del país deberán garantizarse prioritariamente con producciones nacionales.

Así que el PRD acompañará a los ganaderos del país y a la Comisión de Ganadería de esta honorable Cámara en este punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del gobierno a establecer medios que den certidumbre a los productores de leche tanto en sus actividades productivas como las de comercialización.

De acuerdo con los datos oficiales publicados en diversos medios con más de 11 mil millones de litros de leche al año y un ato de cerca de 2.3 millones de cabezas de ganado, México ocupa el tercer lugar en la producción de lácteos en América Latina. Sin embargo, posee el primer sitio mundial en adquisición del producto en polvo.

El problema que se enfrenta es complejo, por una parte los precios de la leche fluida se deprimen por exceso de la oferta del producto y por otro lado tenemos un importante déficit de producción nacional que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía y de Agricultura nos lleva a importar anualmente más de 215 mil toneladas de leche en polvo, cifra que ha venido en aumento año con año.

Pero, no se trata tampoco de afectar al consumidor final incrementando los precios de manera desordenada y arbitraria. En particular debemos de cuidar de no afectar al universo de atención de 6 millones de personas que se encuentran atendidas por los programas de abasto sociales de leche de Liconsa, quien distribuye anualmente cerca de mil millones de litros para esta población, cuyos ingresos se encuentran por debajo de los niveles de pobreza.

Se requiere pues, de decisiones equilibradas, de integrantes para que sin afectar a la población de menos ingresos se atienda el problema crítico de mercado que enfrentan los productores de lácteos del país.

Termino mi intervención señalando algunas propuestas para reformar el punto de acuerdo en análisis. En primer lugar, nos parece importante que la Secretaría de Economía evalúe la pertinencia de implementar medidas arancelarias a la importación de leches y sus derivados, para tener menos dependencia en el sector lechero.

Asimismo reforzar el exhorto a la Sagarpa, a intensificar las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización, a incrementar la oferta de recursos para proyectos productivos de la ganadería.

Es muy importante también exhortar a la Profeco para redoble la vigilancia para detectar y retirar la venta de productos que no son elaborados con leche natural, que no se especifique en el etiquetado de los mismos, pues ello implica muchas de las veces un fraude para los consumidores y un daño económico para los productores. Es todo, presidenta.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Bocanegra. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Con su venia, presidenta, señoras y señores legisladores. Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el sector agroalimentario debe ser considerado un tema de prioridad nacional. Consideramos que las políticas públicas y todas las acciones de los tres niveles de gobierno deben de poner en el centro a los ciudadanos, y en particular en el tema que hoy nos ocupa, a los productores agropecuarios.

Hoy, el problema de nuestros productores de leche es impostergable. La crisis en la cadena productiva motivada principalmente por una sobreproducción lechera a nivel internacional, la importancia excesiva de leche en polvo, la competencia desleal de productos no lácteos que realizan las grandes empresas, así como la insuficiencia presupuestal prevista para este 2016 de Liconsa, ha golpeado alrededor de 250 mil productores en todo el país, impactando drásticamente en estados tradicionalmente lecheros como al que represento, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, entre otros.

Por eso el día de hoy se presenta este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, producto de reuniones con productores de leche desesperados por la situación que están viviendo, así como diversas asociaciones y funcionarios estatales y federales involucrados en la problemática, todo esto con el fin de generar acuerdos en la Comisión de Ganadería que impacten positivamente a nuestra producción nacional.

Hoy les quiero comunicar a nuestros productores de leche que en la Cámara de Diputados y en particular en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somos sensibles a la situación por la que atraviesa el campo mexicano. Pueden estar tranquilos, vamos a defender su causa, especialmente en la actual crisis por la que atraviesan los pequeños y medianos productores de nuestro país.

Observamos que hay un grupo de industriales que crecen, se consolidan y se enriquecen a costa de pequeños y medianos productores, quienes han sufrido la falta de rentabilidad, se ven limitados en su desarrollo y capitalización y como consecuencia se ven obligados a abandonar la actividad generando con esto un problema social de gran magnitud ante la falta de oportunidades.

Desde esta tribuna debemos de asumir la responsabilidad de transformar el campo mexicano para que sea capaz de afrontar los retos de una economía global, los riesgos sanitarios y la seguridad alimentaria, desastres naturales y cambios climáticos, y de ahí el diseño e instrumentación de políticas públicas orientadas al impulso de un sector agroalimentario productivo, competitivo, sustentable, promotor de cadenas de valor, generador de crecimiento económico y de oportunidades para la población.

Le exigimos al gobierno federal la implementación urgente de un plan maestro que les permita a los productores lecheros mayor certidumbre en la venta de su producción, planear adecuadamente sus volúmenes de crecimiento, involucrar programas de sanidad y mejoramiento genético, así como programas de apoyo transparentes para infraestructura y equipo.

Exigimos también a Liconsa que favorezca la compra a productores nacionales transparentando el padrón de proveedores en tiempo real, sin omisiones y evitando favorecer a los grandes acopiadores que solo canibalizan y se aprovechan de nuestros pequeños productores.

El desarrollo de la cadena productiva de leche debe de ser una prioridad nacional, valorando y apreciando la calidad de la leche, resaltando sus virtudes, fomentando su consumo, garantizando el crecimiento y capitalización de los productores, dando certidumbre de una libre y justa competencia en los mercados, así como la correcta y transparente aplicación de los apoyos para mejorar la infraestructura, garantizando el crecimiento y productividad.

Por ello el Grupo Parlamentario del PAN se suma a este punto de acuerdo, pero con el compromiso de que también se promuevan instituciones públicas sólidas que desarrollen e implementen políticas públicas de mediano y largo plazo, que coadyuven al desarrollo del sector rural y agroalimentario; además de generar sinergias entre productores, agentes del sector y población rural. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salas. Y tiene ahora, por último, la palabra, el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Ramón Villagómez Guerrero:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es un gusto estar en esta tribuna con ustedes para alzar la voz en favor de este punto de acuerdo de urgente y de obvia resolución.

Como legisladores tenemos una gran responsabilidad, que estamos cabalmente comprometidos con la protección de los productores mexicanos, en específico, con los productores de leche a todo lo largo y ancho de nuestro país. Todo esto con miras a reactivar este importante subsector productivo que se encuentra enfrentando una crisis derivada de factores nacionales e internacionales.

Como legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos muy conscientes de la vital demanda social que significa contar con el abasto de leche para las familias mexicanas. No es un tema menor, no es un tema simplemente numérico ni estadístico; es un tema fundamental y del cual no podemos apartarnos. Es un tema que hoy está centrado en Liconsa y su fortaleza presupuestaria para poder comprar a nuestros productores la leche que producen. Vamos a poner en números lo que está pasando, en datos duros.

Para el ejercicio fiscal 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación está autorizando a dicha paraestatal un monto apenas superior a los mil 600 millones de pesos, lo que está representando una importante reducción de alrededor de 541 millones de pesos para este Presupuesto 2016.

Contrario a todo lo que se pudiera pensar, no debió reducirse este presupuesto, al contrario, se debió de haber incrementado de acuerdo a la inflación anual, como se ha hecho en otros rubros.

También se plantea en este documento que estamos por aprobar. Se debe crear un sistema transversal que permita conocer y tomar las decisiones atinadas en relación a este sector. Este sector primario genera 650 mil empleos directos y representa el 6.2 por ciento del producto interno bruto.

En el país contamos con un hato de 2.4 millones de vacas lecheras especializadas, y 2.8 millones de vientres de doble propósito, lo que representa una producción –como ya lo mencionaron– de alrededor de 12 millones de litros de leche anuales. Es un mercado que genera más de 61 millones de pesos a toda la cadena productiva y no estamos hablando de algo menor, es un problema de gran alcance.

Compañeras y compañeros legisladores, cada peso que se le retire a Liconsa, es un daño directo a los que menos tienen, es un daño a nuestras familias, a nuestros niños, y eso lógicamente no queremos que pase.

Miles de familias que tienen como único sostén económico la producción de leche, se encuentran hoy ante la incertidumbre y falta de garantías de que su producto tendrá acceso en el mercado.

Es en ese contexto, a partir del cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga a bien valorar esta problemática y resolver la suficiencia presupuestaria de Liconsa hacia la adquisición de mínimo del mismo volumen del 2015, y de forma paralela determinar mecanismos de nueva creación que confronten esta crisis.

El punto de acuerdo que estamos discutiendo tiene un carácter centradamente social, y lo digo muy fuerte, es uno de los alimentos más básicos de toda la familia mexicana. Es un tema de soberanía alimentaria, los invito a votar a favor de este punto de acuerdo que hoy tenemos en nuestras manos. No mantengamos egoísmos partidistas. Y veamos todos unidos por nuestras familias y por nuestros hijos, veamos todos por un México mejor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Villagómez. Y, previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición propuesta por el diputado Bernardino Vargas al punto de acuerdo, que se ha consensado –se entiende– con el proponente.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado Omar Noé Bernardino Vargas, integrante de la Comisión de Ganadería de esta LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 113, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y con la anuencia del diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, presidente de la comisión precitada, solicito se modifique la proposición con punto de acuerdo elaborado por dicha comisión, a través del cual se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, de Sagarpa, de la SE y de la SHCP, a fin de establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto, para quedar en los términos siguientes:

Primero. ...

Segundo.La Honorable Cámara de Diputados, realiza un atento exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que atendiendo a las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales esta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional.

Atentamente

Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de febrero de 2016.— Diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica) diputado Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Y está efectivamente suscrita por el diputado proponente, Cházaro Montalvo, y por el proponente de la adición. Entonces, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la –bueno, usted, sométalo a consideración, por favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la adición propuesta al punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con la adición ya aceptada ahorita por la asamblea.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se aprueba. Comuníquese.

Esa de la abstención se la sacó usted de la manga. Ya. Ah, es cierto, sí, tiene razón. Gracias.

PRONUNCIAMIENTO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes de continuar con los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución daremos lectura, como lo habíamos ya establecido y acordado en el inicio prácticamente de esta sesión, en relación con los acontecimientos del penal de Topo Chico, en Nuevo León, daremos lectura a una declaración de la Mesa Directiva que ya sido ya previamente consensuada con los grupos parlamentarios a través de sus respectivas coordinaciones.

“Ante los lamentables acontecimientos de los que hemos tenido noticia desde esta madrugada y que han afectado el Centro de Readaptación Social de la zona metropolitana de Monterrey, conocido como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, la Cámara de Diputados hace llegar a los deudos de quienes fallecieron en esta tragedia humana nuestra solidaridad, al tiempo que exige una puntual investigación y la aplicación de la ley.

Hacemos llegar a los distintos ámbitos de gobierno que están relacionados en las tareas de la seguridad y readaptación social en Nuevo León, nuestro total respaldo para el esclarecimiento de estos hechos y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar, apegados en todo momento al Estado de derecho.

Asimismo, los exhortamos a colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la investigación correspondiente y cumplir con las medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos”.

Ésta es la declaración que se ha consensuado.”

CUMPLAN LOS TÉRMINOS DE LOS TRANSITORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos entonces. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos, a ver si los cumplimos, el diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios establecidos en la Ley Reglamentaria el Servicio Ferroviario.

El diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy en día el sistema ferroviario retoma gran importancia como uno de los medios de transporte más económicos y eficientes.

Actualmente, al tener mayor auge este sistema ferroviario, es necesario ajustar las condiciones legales, a fin de que los concesionarios y usuarios de este medio de transporte vean en el ferrocarril una plataforma importante de crecimiento frente al mercado internacional.

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario fue creada con la finalidad de poder contar con un transporte eficiente y de bajo costo, para mejorar la competitividad de la economía interna y beneficiar a la sociedad en materia de movilidad.

Con la finalidad de adecuarla a las necesidades actuales, fue reformada gracias a un gran esfuerzo de la legislatura anterior, en diciembre de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015.

En dicha reforma se señala, en su transitorio Segundo, que se creará una agencia reguladora de transporte ferroviario, la cual deberá ser creada por el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto.

En el Cuarto transitorio se establece que el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario.

En el Quinto transitorio habla de dicha agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.

Asimismo en el Sexto transitorio menciona que los compromisos contenidos en los títulos de concesión que no hayan sido cumplidos por los actuales concesionarios a juicio de la autoridad competente, tendrán un año para solventarlos. En caso contrario, se actualizará la causal de revocación a que se refiere el artículo 21 de la ley.

Como vemos, a la fecha existe un gran retraso a la creación de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y, al no existir la misma, menos se puede crear el Fondo Nacional de Cruces Viales Ferroviarios y, por consecuencia, al no contar con la agencia bien establecida ni con el Fondo, existe un desaprovechamiento en las vías ferroviarias, donde se necesita cubrir diversos aspectos de seguridad para la población, así como tampoco se ha cumplido con todos los compromisos contenidos en los títulos de concesión.

No sé en sus estados, pero en Nuevo León, no se ha completado el libramiento ferroviario Monterrey, ya que la empresa Ferromex se la ha pasado solicitando prórrogas sin asunto alguno por más de 15 años.

Como ven, necesitamos hacerle ver al Ejecutivo federal que las reformas que el Legislativo apruebe deben hacerse valer y ser ejecutadas en tiempo y forma, con las implicaciones y obligaciones que en ellas estén implícitas.

En base a lo anteriormente expuesto, a través de este punto de acuerdo hacemos un llamado y exigimos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se cumpla en los términos establecidos en los transitorios de la Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SCT a efecto de que se cumplan los términos de los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, 82, numeral 2, fracción I, 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, fue creada gracias a la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de regular la intervención del sector social y privado en la explotación y administración de las vías férreas, para salvaguardar la propiedad de las vías al Estado por ser bienes de la nación.

De igual forma, dicha Ley fue creada gracias a la necesidad de contar con un transporte eficiente y de bajo costo, así como para atender la necesidad de mejorar la competitividad en la economía interna y beneficiar a la sociedad en materia de movilidad.

El transporte en términos generales, es una herramienta indispensable para la rectoría económica del Estado, en donde el propio Estado es el encargado de promover, inducir y orientar la acción hacia el objetivo del desarrollo mediante instrumentos y políticas públicas, como acciones tributarias, de gasto público, la arancelaria, financiera y de precios oficiales.

Hoy día el sistema ferroviario retoma una gran importancia, como uno de los medios de transporte más económicos. Actualmente al tener mayor auge este sistema ferroviario, en esta etapa de crecimiento económico del país, es necesario ajustar las condiciones legales, a fin de que los concesionarios, usuarios y beneficiarios de este medio de transporte de carga y pasajeros vean en el ferrocarril una plataforma importante de crecimiento frente al mercado internacional.

La importancia que el tren tomará en los próximos años como pieza fundamental del desarrollo económico, obliga a reforzar la supervisión del estado físico de las vías férreas que existen y de las que habrán de construirse, con el objetivo de evitar al máximo accidentes e incidentes.

En el sexto informe de labores del Ejecutivo federal que abarca del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se señala que en el año 2011 se registraron un total de 14 accidentes ferroviarios, mientras que al primer semestre del año 2012 ocurrieron 9 accidentes en el servicio de transporte de carga, de igual forma en el periodo de enero-junio de 2012 se registraron 255 incidentes.

En ese contexto, es de gran importancia establecer medidas de seguridad y un buen funcionamiento en las vías férreas, pues con la tendencia que sigue el país en temas de movilidad, urbanismo y ecología, en los siguientes años será el tren de pasajeros un tema obligado a desarrollar.

Es por ello que existe la necesidad primordial de utilizar todas las herramientas que se encuentran a nuestro alcance, con la finalidad de asegurar que las vías férreas se encuentren en óptimas condiciones.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ferrocarriles son un área prioritaria para el desarrollo nacional, por esta razón es fundamental considerar este tema como un punto relevante.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta nacional México Próspero, establece como una de sus estrategias el modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su actividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, y como línea de acción en el sector ferroviario, vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes para mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan los trenes.

De igual forma el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 prevé como objetivo, contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social.

En base a lo antes expuesto y con la finalidad de darle la importancia considerada en el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Infraestructura, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se señala en su Transitorio Segundo, que se creará una agencia, la cual deberá ser creada por el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, de la misma manera en el cuarto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario, y en el quinto transitorio se habla de que la Agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para cruces viales ferroviarios, con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.

Lamentablemente vemos que únicamente han sido palabras sin fundamento, ya que a la fecha y en relación a los tiempos considerados en los transitorios antes mencionados, vemos que ya se tardaron más de los 180 días estipulados.

A la fecha existe un gran retraso en la creación de la agencia y por lógica al no existir la agencia, no se puede crear el Fondo Nacional de Cruces viales ferroviarios y como consecuencia de no contar con la agencia bien establecida ni el fondo, existe un gran desaprovechamiento de las vías en donde se necesitan cubrir diversos aspectos de seguridad, los cuales se manejarían si el fondo estuviera asignado.

En la legislatura pasada hubo un gran esfuerzo para realizar una reforma de fondo a la Ley Ferroviaria, la cual en esta misma Cámara de Diputados fue aprobada, pero a la fecha adquiere una dimensión muy distinta y con diferentes alcances a los que realmente estaba enfocada.

Necesitamos hacer valer lo que la reforma ferroviaria implica y las obligaciones que en ella están implícitas.

En base a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos establecidos en los transitorios, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado De La Fuente. Y para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Y para hablar sobre el tema, de acuerdo con nuestro reglamento, ya se han anotado compañeras y compañeros diputados para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentarios.

Tiene en consecuencia la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ya hacía rato que no la veíamos pasar a tribuna.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: Con la venia de la Presidencia. En su momento el ferrocarril fue sinónimo de comunicación, conectividad, crecimiento y polo de desarrollo para un país que salía de sus confrontaciones con el anhelo de constituirse como una nación.

El crecimiento que en su momento le caracterizó al sistema ferroviario vial se vio eclipsado a finales del siglo pasado, por las transformaciones y modernización de nuevos medios de transporte, al grado de que tuvo que ser necesario hacer una profunda renovación, a fin de ponerlo acorde a las necesidades y características del entorno moderno globalizado y altamente demandante de eficacia operativa.

Para hacer efectivas gran parte de las adecuaciones legislativas, impulsadas por la pasada legislatura y nuestra colegisladora, se estableció en sus transitorios la creación de una nueva agencia reguladora del transporte ferroviario, a efecto de facilitar una mejor supervisión, impulsar una mayor competitividad e incrementar la productividad del sector y coadyuvar en el desarrollo económico y social de nuestro país.

Sin embargo, parece ser que las prioridades legislativas de la materia no son plenamente compartidas por las autoridades responsables de su cumplimiento. No obstante que las reformas impulsadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario tienen poco más de un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues poco les ha importado que el plazo establecido para la creación de esta agencia haya fenecido desde el pasado 26 de julio del 2015.

Como Grupo Parlamentario, Nueva Alianza apoyará este punto de acuerdo refrendando en cada acción legislativa su compromiso con el desarrollo económico de nuestro país, la creación de empleos y la formación de oportunidades de negocio, aspectos que sin la certeza jurídica de la operación de esta agencia se ven nulificados ante la recurrencia de controversias entre usuarios y concesionarios del sistema ferroviario y que no tienen, a la fecha, un mecanismo para poder dirimirlas, sin mencionar de la inexistencia de bases de una regulación tarifaria en aquellos tramos donde no existen condiciones de competitividad efectiva o de la seguridad de los cruces ferroviarios al interior de las zonas urbanas o de centros de población. Motivo que dio origen a la creación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios que a la fecha y por los mismos motivos se encuentran sin operación.

Desde esta representación popular les decimos a las autoridades responsables que el cambio está en nuestras manos. Trabajemos en ello. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Tiene la palabra ahora la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros venimos a discutir un punto de acuerdo, para pedirle al presidente paradójicamente que cumpla la ley, los trenes fueron el desarrollo de este país y hoy son un gran fracaso después de haberlos clausurado, porque la privatización significó eso.

Pero además, quién no recuerda el tren Guadalajara-México, el tren a Chihuahua, el tren hacia distintas partes del país que pretendía el desarrollo y que lo logró en un tiempo, pero que desafortunadamente hoy es un gran fracaso. Quienes conformamos esta legislatura tenemos una gran responsabilidad, hacer leyes y cumplirlas.

Retomo las palabras del día de ayer, porque el tren Veracruz-México era muy importante también y retomo las palabras de la escritora Clara Scherer que ayer expresó en un artículo y que dice “qué miedo vivir en México”. Y hoy venimos a decir qué miedo vivir en Veracruz, en Puebla, en Coahuila, porque el asesinato de 17 periodistas y una cantidad importante de activistas como las y los jóvenes de Tierra Blanca y 7 millones de veracruzanos están en peligro.

Diecisiete periodistas, Gregorio, Anabel, Guillermo, Gabriel...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver...

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Esteban, Ana, Regina, Yolanda...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Ochoa. Diputada Ochoa, permítame un momentito. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto a la oradora, a la asamblea y a la Mesa Directiva, suplicarle le indique que de acuerdo al reglamento los oradores deberán referirse al tema que se está tratando en la sesión.

Lo hicieron durante las iniciativas, entendemos los propósitos políticos de Morena, pero creo que pueden ser un poco respetuosos del tiempo y del Reglamento y de las reglas, particularmente, del Reglamento para todos los demás. Eso hace que la Cámara pueda conducirse. Gracias, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, permítame. Sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): No hay ningún propósito político al denunciar la muerte de periodistas en mi estado de Veracruz, eso tiene que quedar muy claro, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Mire nomás diputada Ochoa, el artículo 116 del Reglamento de la Cámara dice claramente que la moción de apego al tema es absolutamente válida, y es un llamado al orador para que cuando se aparte del tema o se refiera a asuntos distintos se ciña a la materia que motive la discusión.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Es que voy al tema, porque es el tren de Veracruz.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, por favor, ese es el llamado. Gracias.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Bueno, Noé, Rubén, Armando, Moisés, Sergio, Miguel, Manuel, Octavio, Juan, seguramente serán nombres emblemáticos, porque seguramente viajaron en el tren de Veracruz, y seguramente son todos esos nombres que le incomodan al gobernador.

Hoy tenemos una gran responsabilidad, hagamos un llamado para que el titular del Ejecutivo cumpla la ley y este, en particular, este transitorio sobre los trenes, pero no solo de las vías ferroviarias, sino también para las vías de la concordia y la paz para las y los mexicanos y en especial para los veracruzanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra, la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Concepción Villa González:Con su venia, señor presidente. Veracruz exige justicia. La importancia de un sistema de comunicación y transporte moderno en el desarrollo de un país es incuestionable. El papel determinante que jugó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, antes del abandono deliberado que padeció durante los gobiernos neoliberales, previo a su pre privatización, en el crecimiento económico del país es innegable y reconocido por todos.

En consecuencia, la supervisión del estado que guarda en materia de seguridad las vías ferroviarias, es una atribución del gobierno que debe tomarse con responsabilidad y puntualidad.

Es así que el Grupo Parlamentario de Morena, se manifiesta a favor de este punto de acuerdo, sin embargo debe de reconocerse también que la apertura del Sistema Ferrocarrilero Mexicano al capital privado no se ha visto reflejada en aumentos significativos, en la inversión, ni en la infraestructura, y por lo tanto los beneficios prometidos no han concretado.

Adicionalmente la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario benefició la concentración del sistema en tres grandes concesiones que aglutinan el 80 por ciento de las líneas ferroviarias garantizándoles sobreprecios en tarifas que aplican a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

En la actualidad el servicio ferroviario se concentra principalmente en transporte de mercancías de empresas privadas y no de personas. Por su parte la Ley de Inversiones, en su artículo 8, fracción XII, establece la posibilidad previa de resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de que capitales extranjeros participan con más de 49 por ciento del capital en la construcción, operación y explotación de vías férreas, vías generales de comunicación y en la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario.

Por ello, en la medida de que los beneficiarios de reformas legales relativas al sistema ferroviario nacional benefician directa y ampliamente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Consideramos que el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, deberían ser un fondo mixto en el que concurran tanto recursos públicos como recursos privados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villa. Tiene ahora la palabra el diputado José De Jesús Galindo Rosas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

El diputado Jose De Jesus Galindo Rosas:Con la venia de la Presidencia. El transporte mediante rieles tiene una larga y exitosa historia en la humanidad. Sus primeros antecedentes los encontramos en la Antigua Grecia, donde era utilizado para transportar embarcaciones de un cuerpo de agua a otro, y es que esta tecnología de rieles resultaba por demás eficiente para el transporte de diferentes tipos de carga pesada de manera continua y barata.

Fue hasta el siglo XVIII, y gracias al progreso de la tecnología, fue posible construir la primera locomotora a vapor. A raíz de este importante suceso el transporte de rieles tuvo un crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad y dio paso al transporte ferroviario moderno.

Con el motor de vapor se permitió la construcción de potentes locomotoras, las cuales nos permitieron transportar enormes pesos a altas velocidades, sin depender de las fuerzas de los animales, y de forma segura y barata.

Mucho tiempo después de la invención de la primera locomotora, la tecnología ferroviaria se ha expandido por el mundo entero y se ha perfeccionado; hemos llegado al punto en que los trenes actuales pueden alcanzar la asombrosa velocidad de 500 kilómetros por hora.

En México la primera línea ferroviaria se construyó en 1850. Esta primera línea tenía por objeto unir la capital con el Puerto de Veracruz, por lo tanto el ferrocarril en nuestro país nació con una vocación primordialmente comercial, y fue con el porfiriato cuando la red ferroviaria creció con mayor rapidez y se convirtió en uno de los medios de transporte más importantes de la época.

En las últimas décadas la longitud de las vías férreas en nuestro país ha variado poco. Por ejemplo, en 1980 las vías férreas tenían una extensión de 25 mil kilómetros, y en 2014 alcanzaron una extensión de 26 mil 727 kilómetros. Lo anterior nos deja ver que la infraestructura ferroviaria no ha crecido, mientras que la carga transportada sí lo ha hecho. Esto puede producir una saturación del servicio en diversos puntos, lo cual podría generar una desaceleración en el crecimiento de carga transportada.

En base a lo anteriormente expuesto, y reconociendo la importancia que representa el ferrocarril para la economía de nuestro país, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyaos el presente punto de acuerdo, el cual exhorta al Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a crear la agencia reguladora del servicio ferroviario, ya que existe un retraso considerable para la creación de dicha agencia, cuya función es vital para incrementar la competitividad en el sector.

Y es que dicho órgano desconcentrado tendrá la importante labor de regular, promover, vigilar y verificar, la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento e interconexión de las vías férrea e infraestructura ferroviaria. A pesar de lo anterior, consideramos que las perspectivas a futuro del sector ferrocarrilero son positivas siempre y cuando exista una inversión continua en la infraestructura ferroviaria y se eliminen todas las barreras que dificulten la utilización de este medio de transporte. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Galindo. Tiene ahora la palabra María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su venia, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acudo a esta tribuna a fijar nuestra postura en favor de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios establecidos en la ley reglamentaria del servicio ferroviario.

El 26 de enero del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por el que entre otros aspectos, se creó la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, encargada de establecer las bases de regulación tarifaria, garantizar la interconexión en las vías férreas, integrar el registro de concesiones y permisos, entre otros, estableciéndose en el artículo segundo transitorio del decreto de referencia que el Ejecutivo federal debía crear de dicha agencia reguladora en un plazo de 180 días posteriores a la publicación del decreto de reformas y adiciones antes señalados. Al tiempo que se otorgó un plazo de 180 días, el Ejecutivo federal para hacer las modificaciones correspondientes al reglamento de la ley.

Han transcurrido más de 365 días sin que el Ejecutivo haya cumplido con lo mandatado por la ley. Si bien, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria recibió un proyecto de creación de la agencia reguladora de transporte ferroviario, hasta el momento el mismo no ha sido publicado.

El caso es grave, no solamente por tratarse de una violación flagrante, de la ley por parte del Ejecutivo federal, sino porque con la reforma por la que se creó la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, se buscó introducir condiciones de competencia en un sector que es vital para el desarrollo económico del país.

A México le urge que el sector de transporte ferroviario opere en condiciones de competencia en áreas de interconexión de paso y de arrastre, pues sólo así incrementará nuestra competitividad.

Es impostergable que el Ejecutivo federal cumpla con el mandato legal y publique el decreto de creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, pues este será el primer paso en el fortalecimiento del sector, que es un indispensable para la conectividad y el crecimiento económico del país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Y, por último, tiene la palabra el diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Daniel Torres Cantú: Con su permiso, diputado presidente. Garantizar la seguridad es nuestra responsabilidad como legisladores. Hace un momento que presentó mi compañero este punto de acuerdo de pronta y obvia resolución hacía pues un recuento de todo lo que ha sucedido a raíz de que se hizo esta reforma en enero del año pasado; y vemos cómo por 16, 17 años, después de las concesiones a nuestro país, hubo un incumplimiento por parte de las empresas precisamente por vacíos en la ley, como estaba, y normalmente se iban a una prórroga para que de esta manera no cumplir con esa responsabilidad que estaba en la misma concesión.

Quiero comentarle a esta honorable asamblea que efectivamente es una preocupación el tema de la seguridad, nosotros que representamos un segmento de la población en nuestros estados, y que precisamente ya se caducó después de esta reforma, en enero de 2015, los 180 días ya pasa por 7 u 8 meses y no han todavía publicado los reglamentos la SCT.

Pero más allá de eso quiero agregar, hace un momento lo platicaba con el diputado promovente, y quiero hacer una propuesta para que este pleno –si a bien lo consideran– lo voten a favor, que es la idea, es que podamos incluir en un segundo punto una propuesta precisamente de lo que hace un momento hablaba. Hay incumplimiento de las empresas, y ese incumplimiento ha traído perjuicios a la población. El caso Nuevo León, hay una responsabilidad de quien tiene la concesión de terminar el libramiento Monterrey, esto desfoga el tráfico de los trenes en el área conurbada.

Y la propuesta es que, en un segundo, en el decreto diga: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y aplicar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del libramiento Monterrey.

Esto es para abonar a este punto de acuerdo y que podamos tener obviamente la respuesta favorable para que se le obligue a la empresa que termine su compromiso, porque inclusive de esto depende que pudiera cancelarse una concesión a una empresa por incumplir con lo establecido en las últimas reformas de 2015, en enero.

Nadie puede estar en contra de formar la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario, nadie puede estar en contra de que en esta reforma establece un fondo y ahorita hace un momento una diputada que me antecedió decía que debería de ser de diferentes partes el fondo. Precisamente así está en la reforma. Tanto los municipios, la Federación, las empresas, e inclusive podrían también recibir apoyos de particulares.

Es importante que se concluya con este procedimiento y que se pueda estipular el reglamento, porque todos estamos de acuerdo que nos interesa la seguridad de los mexicanos. El grupo legislativo del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo y contará con el respaldo de la fracción. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Propuesta de adhesión a un segundo resolutivo al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentado por el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A fin de reforzar la propuesta planteada por el legislador proponente, y en virtud de que como diputado federal por el estado de Nuevo León comparto la preocupación por la falta de reglamentación y puesta en marcha de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, del Fondo Nacional de Cruces Viales Ferroviario, y en general del cumplimiento a las disposiciones transitorias de las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de enero de 2015.

En esta tesitura, se debe tomar en consideración que el artículo sexto transitorio establece que, los compromisos contenidos en los títulos de concesión que no hayan sido cumplidos por los actuales concesionarios a juicio de la autoridad competente, tendrán un año para ser solventados. En caso contrario se autorizará la causal de revocación a que se refiere el artículo 21 de esta ley.

En ese tenor, es prioritario para el estado de Nuevo León terminar la construcción del libramiento ferroviario Monterrey por parte de la empresa Ferromex.

Por lo anterior, someto a consideración la siguiente propuesta de adhesión a un nuevo resolutivo.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y aplicar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del libramiento ferroviario Monterrey.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Daniel Torres Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:Gracias, diputado Torres. Considerando que efectivamente se ha hecho una propuesta de adición que ha sido aceptada por el proponente, el diputado Carlos De La Fuente, previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición propuesta por el diputado Daniel Torres Cantú, al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Como indica, presidente. Propuesta.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y aplicar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del libramiento ferroviario Monterrey.

En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la adición propuesta al punto de acuerdo. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con la adición ya aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se aprueba. Comuníquese.

PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, respete el monto de los recursos aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, para los programas de agua potable y saneamiento que ejecutan las entidades federativas, que lo presentará el diputado Francisco Xavier Nava Palacios y que está suscrito también por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Óscar Ferrer Abalos y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Adelante, diputado

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, no debiera ocurrir y sin embargo sucede, que algunas dependencias de la administración pública federal omiten enterar y programar el monto total de los recursos correspondientes a los programas sujetos a reglas de operación que las y los diputados discutimos y aprobamos año con año.

No hay muchas razones para ello, aunque en algunos casos la costumbre se ha convertido en una norma. Tal es el caso en el que las dependencias disponen de un pequeño porcentaje de los recursos de los programas a cuenta del gasto de administración y supervisión de los mismos.

El caso que nos compete en este momento son los programas a agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estas reglas de operación, publicadas el 29 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación establecen que la Conagua podrá disponer de un monto no mayor al 4.69 por ciento del Presupuesto aprobado en la entidad federativa para acciones de seguimiento normativo, control, supervisión y verificación de los apoyos otorgados.

Eso es una cosa, pero otra cosa muy distinta es convalidad y pretender que no pasa nada, cuando una dependencia pretende disponer hasta de un 30 por ciento o más de lo que hemos aprobado a nuestras entidades, sin mayor razón y justificación que el designio y el arbitrio de algunos de sus funcionarios.

Vemos con preocupación la falta de certeza en el presupuesto asignado a la Ciudad de México, donde las cifras son poco claras. Nos parece inaceptable que a Tabasco se le pretenda imponer una disminución de 144 millones de pesos. Nos parece absolutamente inaceptable que a Oaxaca se le pretenda imponer un recorte superior a los 194 millones de pesos.

Estoy seguro que a ustedes, compañeras y compañeros, les parecerá inaceptable también que a entidades como el estado de México se le recorten poco más de 222 millones de pesos, a Chiapas 96 millones de pesos, a Chihuahua cerca de 187, a Tamaulipas poco más de 85 millones, a Puebla poco más de 45, y a Sinaloa cerca de 30 millones de pesos. Ninguno de nosotros lo debe permitir.

En este anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de noviembre de 2015, que es el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se distingue en forma clara, precisa e incontrovertible los recursos a ejercer por parte de las entidades federativas en materia de agua, a través del denominado programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas.

La obligación de publicidad en el Diario Oficial de la Federación no es un mero trámite burocrático, la publicación del presupuesto responde al principio de certidumbre jurídica en beneficio de los ejecutores de gasto, que en este caso son nuestras entidades federativas.

Resulta inconcebible que en la práctica un conjunto de oficios y la comunicación electrónica de una dependencia tengan más valor que el propio decreto de presupuesto, el cual ostenta rango de ley.

Se trata, por decir lo menos, de una grave determinación de un funcionario, que con enorme ligereza y desaseo en las formas, pretende una disminución significativa de los recursos destinados a nuestras entidades federativas.

Este funcionario, gerente de programas federales de Conagua, desconoce y borra de un plumazo dos meses de difíciles e intensas negociaciones entre los grupos parlamentarios y un complicado intercambio con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que muchos de nosotros llevamos a cabo.

Porque lo que sí hicimos, fue adecuar en la nomenclatura de este Anexo 31 justo para evitar lo que está sucediendo hoy en día, y es que la Conagua dispusiera para sí de recursos que no le corresponden más que a nuestras entidades federativas.

Podríamos afirmar, por la forma en que se dio esta acción unilateral, que no solo lastima la relación con esta soberanía sino que podría constituir una amplia serie de trasgresiones a diversas disposiciones legales.

Compañeras y compañeros legisladores, con todo lo anterior no pretendemos iniciar una litis ni tampoco defender el presupuesto de una entidad federativa en lo individual. Aquí todos estamos siendo afectados y todos debemos defender lo que juntos aprobamos para nuestros estados.

Por eso hemos sido muy cuidadosos en el resolutivo que estamos planteando y para tal estamos solicitando su voto favorable.

No particularizamos ningún caso, pero de manera clara estamos solicitando que Conagua respete los montos de los programas federalizados que aprobó la Cámara de Diputados, entendiendo también que las entidades serán responsables de cumplir con la normatividad que se les establece.

Aprobar este punto de acuerdo es defender la voluntad de un poder soberano. Votarlo a favor significa defender la Constitución y las facultades exclusivas que les confiere la ley a las y los legisladores.

El resolutivo del acuerdo que proponemos es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a respetar y garantizar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Mismo que fue publicado con fecha de 27 de septiembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Les pedimos apoyen este punto de acuerdo en beneficio de nuestras entidades federativas. Es todo, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conagua que respete el monto aprobado por esta soberanía en el PEF de 2016 para los programas de agua potable y saneamiento ejecutados por las entidades federativas, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Francisco Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Abalos y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Felipe Reyes Álvarez, Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Ábalos y Francisco Martínez Neri, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, cuyo resolutivo se propone de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Hechos

1. Que con fecha de viernes 13 noviembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016 y como parte de las modificaciones realizadas en ejercicio de su facultad exclusiva los diputados modificaron el Anexo correspondiente a los subsidios o programas federalizados de agua potable y saneamientoy de infraestructura hidoagrícola que ejecutan en forma directa las entidades federativas.

2. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 aprobado por la Cámara de Diputados contempla un monto de 40 mil 977 millones 824, mil 008 pesos para el gasto corriente y de inversión de la Conagua cuyas partidas y destinos de gasto están claramente establecidas en el Tomo III Anexo 16 del Presupuesto de Egresos.

(http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/ PEF/2016/docs/16/r16_aae.pdf).

3. Que a su vez y con fecha de 27 noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y en él se distingue en forma clara, precisa e incontrovertible los recursos a ejercer por parte de las entidades federativas en materia de agua a través del Anexo 31 denominado “Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas”.

4. Que como consta en el acta de las discusiones y en el propio Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la opinión presupuestal que formuló el Pleno de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y en el posicionamiento de aprobación del Decreto de Presupuesto que expuso el Grupo Parlamentario del PRD modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al Anexo 31 del PEF consistieron fundamentalmente en precisar la nomenclatura del anterior concepto “Subsidios Administración del Agua y Agua Potable” para transformarlo al vigente “Subsidios Agua Potable y Saneamiento”, lo anterior para evitar que la Conagua dispusiera de recursos que solo le corresponden como subsidios a las entidades federativas.

5. Que el Pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese Anexo 31 la cantidad de 988 millones 922 mil 568 pesos para acciones de agua potable al Distrito Federal, sin embargo y a pesar de que la cifra aprobada es clara e incontrovertible, en forma indebida la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México a cargo del Ing. José Luis Jardines Moreno informó mediante Oficio BOO.801.06.17. 0043un techo presupuestal para la ejecución de programas federalizados al Sistema de Aguas del Distrito Federal por un monto menor en 146 millones 442 mil 759 pesos al aprobado por la Cámara de Diputados.En dicho oficio se señala que estos techos han sido determinados y enterados en forma electrónica por el Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado.

6. Que el pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar el anexo 31 la cantidad de 488 millones 110 mil 080 pesos para acciones de agua potable y saneamiento en el estado de Oaxaca, sin embargo el enteramiento del techo presupuestal es apenas superior a los 293 millones de pesos, lo que implica un monto menor cercano a los 194 millones al aprobado por la Cámara de Diputados. De igual modo en el caso del estado de Tabasco, el Pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese Anexo 31 la cantidad de 509 millones 138 mil 309 pesos para acciones de agua potable, sin embargo el enteramiento del techo presupuestal es apenas superior a los 365 millones de pesos, lo que implica un monto menor cercano a los 144 millones al aprobado por la Cámara de Diputados.

7. Que con fecha 29 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación quedaron publicadas las “Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016” y en ellas se establece en el Artículo 10 que la Conagua podrá disponer de un monto no mayor a 4.69% del presupuesto aprobado en los programas para las entidades federativas para acciones de “seguimiento normativo, control, supervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados”.

8. Alos casos documentados de la Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco se suman los de al menos 9 entidades federativas cuya reducción de ningún modo corresponde al porcentaje previsto en las Reglas de Operación y del cual puede disponer Conagua para acciones de supervisión normativa. Esos casos son los del Estado de México cuyo monto de reducción 229 millones 60 mil 824 pesos; Chihuahua 167 millones 668 mil 107 pesos; Sonora96 millones 457 mil 786 pesos; Chiapas 86 millones 348 mil 843 pesos; Tamaulipas 85 millones 687 mil 838 pesos; V eracruz 58 millones 986 mil 68 pesos; Puebla45 millones 317 mil 95 pesos; Sinaloa 29 millones 671 mil 223 pesos y Aguascalientes 29 millones 904 mil 207 pesos.

Consideraciones

I. Que dentro de las facultades y atribuciones establecidas por Ley a la Conagua están el programar y enterar al ejecutor del presupuesto, pero de ningún modo se establece facultad alguna para autorizar el Presupuesto Federal a ejercer por las entidades federativas. La autorización está ligada al proceso de aprobación y/o modificación del Presupuesto, que es facultad exclusiva de los Diputados Federales.

III. Que mediante estos indebidos actos de autoridad Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado, se arroga una facultad exclusiva para modificar el Proyecto de Presupuesto y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación que solo le corresponde a la Cámara de Diputados conferida en la fracción IV del artículo 74 Constitucional.

IV. Que modificar el monto de recursos de un programa descentralizado considerado como un subsidio para el ejercicio directo de entidades federativas como los Programas del componente Agua Potable y Saneamiento para disminuirlo sin mayor justificación y sin contar con la aprobación de la Secretaria de Hacienda se constituye en una amplia serie de violaciones a los siguientes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

• Artículo 44: Referente a los procedimientos que deberán observarse después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

• Artículo 58: Referente a la obligación de contar con justificación y autorización para realizar adecuaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos aprobado.

• Artículo 59: Referente a la obligación de contar con autorización para realizar modificaciones a los subsidios.

• Artículo 74: Referente a los casos en que se justifica la reducción de un subsidio.

• Artículo 79: Referente a la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen a las entidades federativas.

• Se violan además las disposiciones de establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y en el Decreto por el que se expiden las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.

V. Que con estos ilegales recortes el Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado pero también el propio Director General de la Conagua M. Roberto Rodríguez de la Parra incurren en las responsabilidades descritas en los Artículos 112 y 114 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua a respetar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 mismo que fue publicado con fecha de 27 noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero de 2016.— Diputados: Francisco Xavier Nava Palacios, Felipe Reyes Álvarez, Óscar Ferrer Ábalos, Francisco Martínez Neri (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava. Para participar en este punto y hablar sobre el tema se había inscrito la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, quien ha solicitado que su posicionamiento, que ya lo ha hecho llegar a esta Presidencia, sea insertado íntegro en el Diario de los Debates, lo cual instruyo que así se haga para satisfacer esta petición.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Posicionamiento sobre la reducción a los programas de Agua Potable y Saneamiento, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres.

El derecho al agua potable y a su saneamiento constituye uno de los derechos consagrados tanto por nuestra Carta Magna como por diversos tratados internacionales firmados por el estado mexicano.

En tal sentido, resulta alarmante que las autoridades federales en la materia pretendan reducir los rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación, concernientes al agua potable y su saneamiento para las entidades federativas, en contra de lo aprobado por esta soberanía.

Lo anterior representa, además de un atentado contra ese derecho fundamental al agua potable, también infracciones sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como lo consignan a las consideraciones del acuerdo que discutimos.

Esperamos que el Gobierno federal no pretenda desviar recursos destinados originariamente por esta soberanía para el agua potable y su saneamiento, hacia otras áreas que orden a paliar los fenómenos macroeconómicos que están afectando al país.

Hacemos un llamado al Ejecutivo federal para que en esta difícil situación económica, se lleve a cabo un programa de auténtica austeridad en el ajuste presupuestal, sin afectar de ninguna manera el gasto público, menos aún en rubros que tienen que ver con derechos fundamentales como el agua potable y su saneamiento.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre estaremos vigilantes de que los recursos de todos los mexicanos, se ejerzan de forma transparente y se destinen para lo que originariamente fue discutido públicamente en esta asamblea.

Por ello, Movimiento Ciudadano votará a favor de este acuerdo y exhorta en ese sentido al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional del Agua, informen claramente a los mexicanos las razones por las que se ha pretendido disminuir recursos a un rubro fundamental como el agua potable, esperando que se rectifique esta decisión.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo. Perdón, que sea de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarimoro, Guanajuato.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarimoro, Guanajuato.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los medios diplomáticos conducentes, solicite a las autoridades norteamericanas competentes una investigación pronta y eficaz que permita sancionar a quienes resulten responsables, y brinde las facilidades necesarias a los familiares de las víctimas para viajar en los Estados Unidos de Norteamérica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Sonido en la curul en donde está la diputada Bárbara Botello, por favor.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez(desde la curul): Sólo para agradecerle presidente y a la Junta de Coordinación Política la inclusión en el orden del día de este asunto tan importante en donde lamentamos profundamente los hechos que sucedieron en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Donde murió una familia entera, seis integrantes provenientes u originarios de Tarímoro, Guanajuato. Agradecerle que esté en este punto del orden del día. Y también solicitarle respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que continúe a través de los medios diplomáticos conducentes, la comunicación con las autoridades competentes a efecto de que a la brevedad se esclarezcan estos hechos, cuál fue el móvil del delito, además se castigue a los responsables y por supuesto también, que se siga ayudando a la familia para cuantas veces tengan que salir del país y estar en la ciudad de Chicago. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Botello.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

«Efeméride con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La ciencia y la tecnología se han convertido, en muchos sentidos, en el paradigma del proceso civilizatorio de occidente; las generaciones de hoy muy difícilmente pueden imaginar un mundo sin internet, sin dispositivos móviles, sin las redes sociales.

En este constante devenir de información, de productos y de servicios solo una cosa es cierta: la mano de obra, como instrumento de riqueza, ha pasado a segundo término en cuanto la conformación del capital de una nación; hoy en día el capital más valioso es la información producida por unas cuántas personas a las que llamamos científicos; sin embargo, en pocas ocasiones leemos en las portadas de las revistas, en las portadas de los periódicos o en los encabezados de los medios digitales la palabra “científica” o “científicas”.

El número de mujeres que están involucradas en el proceso de producción de información es considerablemente menor si la comparamos con el número de hombres de que se encuentran inmersos en las actividades relacionadas con la ciencia; entonces la pregunta parece inevitable, ¿las mujeres no somos capaces de hacer ciencia?

La respuesta es contundente: las mujeres tenemos la misma capacidad que lo hombres para crear conocimiento; remontémonos a Alejandría a la segunda mitad del siglo IV y recordemos a Hipatia, símbolo de la ciencia y mensajera del saber, quien inventó el planisferio y otros instrumentos científicos como el astrolabio plano y el hidroscopio; y que en el año 415 murió golpeada y apedreada en manos de un grupo de cristianos exaltados que la acusaban de hereje; hoy día, Hipatia se ha convertido en el símbolo de la mujer científica.

Otros nombres igual de importantes figuran en los anales de la historia; Marie Curie, la mujer que en 1903 obtuvo el premio Nobel de Física y en 1911 el de Química, siendo hasta ahora, la única persona en recibirlos en dos distintos campos del conocimiento. Recordemos también a Rita Levi Montalcini, quien recibió el premio Nobel de Medicina en 1986, al descubrir que las células comienzan a reproducirse sólo cuando reciben la orden de hacerlo; y así puedo seguir citando a mentes brillantes en cuerpos de mujeres que han cambiado el rumbo de la historia, que han contribuido a que este mundo sea un mejor lugar para vivir, dejando un legado que el tiempo no puede borrar: el conocimiento.

Entonces, si las mujeres hemos demostrado que somos capaces de hacer ciencia, de crear conocimiento, ¿por qué existe una desproporción en el número de mujeres que se dedican a la ciencia? ¿Qué está pasando?

“Para las mujeres, la ciencia fue un terreno vedado por mucho tiempo. Durante más de dos siglos las academias científicas y las universidades permanecieron renuentes a su admisión. Las primeras mujeres graduadas en física y matemáticas en México no surgieron hasta los años sesenta del siglo XX.

Estas condiciones fueron resultado de una serie de prácticas discursivas de género que se han empeñado en hacer incompatible la naturaleza femenina con el conocimiento científico. Si queremos comprender por qué tan pocas mujeres se dedican a la ciencia es necesario prestar atención a los regímenes de género que tienen lugar en instituciones como la familia y la escuela, pues ambas instituciones participan activamente en la construcción de condiciones materiales y subjetivas que dan lugar a esta situación.

Por una parte, la familia tiende a reproducir muchas de las asignaciones de género respecto a la prioridad del matrimonio y la maternidad sobre la vida profesional, impone mayores responsabilidades domésticas y familiares a las mujeres y tiende a promover una ideología de un mundo femenino incompatible con la práctica de la ciencia.

En el caso de la escuela, el orden de género se expresa en distintas formas de segregación, discriminación, acoso o la falta de estímulo por parte de docentes y compañeros hacia las estudiantes, ellas encuentran más obstáculos para ser reconocidas y viven más prácticas de exclusión mediante el currículum oculto y el formal, en especial en carreras con predominio masculino, además, cuentan con poca información que les señale las implicaciones de dedicarse a la investigación científica y escasos referentes que les permitan desmitificar muchos de los supuestos que las estudiantes tienen respecto a la carrera científica” (Guevara Ruiseñor, Elsa; y otros. Orden de género y trayectoria escolar en mujeres estudiantes de ciencias exactas y naturales).

La asignación de roles es y ha sido desde tiempos remotos el principal obstáculo en el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de las mujeres; inconscientemente “etiquetamos” a las niñas con la bandera rosa, que representa a la mujer que debe dar prioridad a las actividades del hogar, a ser la persona que lave los trastes, limpie los muebles, haga la comida y si le queda tiempo se dedique alguna actividad intelectual, sin embargo, la revolución feminista está rompiendo paradigmas.

La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barraras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es de 18, 8 y 2 por ciento, respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es de 37, 18 y 6 por ciento.

En México, en el Sistema Nacional de Investigadores hay un registro aproximado de 25 mil investigadores. De ellos, sólo 9 mil (30 por ciento) son mujeres.

A fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En el contexto nacional, el trabajo se ha ido realizando desde diversas trincheras, por ejemplo, el 7 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de lograr verdaderas condiciones de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

La labor es dura pero paso a paso la mujeres hemos logrado que nuestra voz se escuche, hoy tenemos paridad de género en el Congreso de la Unión, hoy en día tenemos científicas que dedican su vida entera a generar nuevos conocimientos, sin embargo, es imprescindible que desde las leyes se impulsen políticas de estímulo que incluyan acciones afirmativas para fomentar la participación equitativa de las mujeres en todas las áreas y niveles vinculados a la ciencia, la tecnología y a la innovación.

Concluyo con esta reflexión, de Carmen Gallastegui:

Todas las mujeres científicas me producen admiración, las pioneras además me asombran, debían sentirse muy solas. Y sin embargo, contra todo pronóstico, consiguieron grandes resultados. Algo confirmado después, por tantas y tantas mujeres capaces de demostrar que además de sabias, constantes, entregadas, creativas, han conseguido, y siguen consiguiendo, ser innovadoras. Es obligado que le rindamos homenaje, que conozcamos sus logros y que difundamos sus nombres y sus hallazgos. Conocerlas, admirarlas, seguir su estela y aprender de su ejemplo constituyen tares ineludibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 16 de febrero a las 11 horas.

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