Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 357 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:31 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 16 de febrero de 2016

Lectura delacta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Javier Octavio Herrera Borunda y Daniela De Los Santos Torres

En relación con retiro de iniciativas.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la evolución de la actividad recaudatoria 2015, y programas y presupuesto 2016.

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de 2016, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2015.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno federal, correspondiente al sexto bimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Del Gobierno del Estado de México

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Guanajuato

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia.

De la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Querétaro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica.

De la Procuraduría Federal del Consumidor

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”.

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de senadora

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Solicitud de licencia

De la diputada Janette Ovando Reazola

Protesta

Del diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareno Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o., 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

Que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para declarar el 9 de agosto de cada año como “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita por las diputadas María Chávez García y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 12 y 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 47 y 49 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 47, 48, 49 y 50 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dictamen a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 8 de Noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Agenda Política

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo de los grupos parlamentarios.

Efeméride con motivo del vigésimo aniversario de la suscripción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres y se determinen los honores y homenajes que deban rendirse y realizársele en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal, al Gobierno del estado de Nuevo León y a la CNDH, a fin de atender y resolver la problemática suscitada en el Penal de Topo Chico, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que realice las modificaciones necesarias al Acuerdo 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa y se contemplen mecanismos de suministro de agua potable a las escuelas que no cuentan con red pública, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva de esta Soberanía, a fomentar el uso de la Sala de Lactancia instalada en el Cendi “Antonia Nava de Catalán”, y promueva entre todo el personal la lactancia materna, a cargo de la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que difunda los mecanismos institucionales del Gobierno federal, que buscan incidir para dar confianza monetaria a través de inserciones pagadas en las transmisiones de radio y televisión, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Condusef, para que difunda información sobre las diez empresas que presentaron mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los servicios, estudios e investigaciones que realicen los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la CONAGUA, se lleven a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el Vaso de la Presa Emilio López Zamora, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a realizar un diagnóstico sobre las acciones que se han emprendido en los municipios del Estado de México donde se ha emitido Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de los distintos niveles de gobierno, a difundir mecanismos de prevención sobre el Cáncer Infantil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que publique los lineamientos para dar cumplimiento al acuerdo publicado por la SHCP del 30 de diciembre de 2015, en el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la STPS y a la Sedesol, a fin de implementar un programa de empleo temporal en el municipio de Ciudad del Carmen, en esa entidad, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diversos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Semarnat, a fin de investigar las violaciones en el predio conocido como “Tajamar”, ubicado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en ese municipio, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF, a efecto de que realicen las acciones necesarias para expedir sus respectivas leyes, o en su caso, adecuen las ya existentes para establecer como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Sectur y al INAH, a promover acciones para garantizar el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que en los lineamientos de las reglas de operación del Programa Proagro Productivo, se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conavi, para que implemente un esquema de vivienda en comodato, destinado a los adultos mayores, a cargo de la diputada Eloísa Chavarías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, para que atraiga el caso de homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Renato Josafat Molina Arias y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, impulsen, fortalezcan e intensifiquen campañas tendientes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a fin de concluir el proyecto del Libramiento Ferroviario de Celaya Guanajuato, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Análisis para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de atender el programa de insuficiencia renal que presentan los habitantes del estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Citricultura, a cargo del diputado Edgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del 14 de febrero de 2016, Día Mundial de la Energía, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 474 Aniversario de la Fundación de Guadalajara, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 109 Aniversario de la Inauguración de Palacio de Correos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes –perdón– Sonido en la curul de la diputada Blanca Cuata, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Compañeras diputadas y diputados. Este gobierno nos está llevando al despeñadero. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto para evitar el precipicio? Es una reflexión. Es hora de actuar, hay que defender los intereses del pueblo. Somos sus representantes, recuérdenlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Cuata, estamos en el asunto del acta, de su lectura. Hay un punto, por cierto, en el orden del día, que es el de la agenda política sobre la situación económica del país, en donde podrán fijar posición los grupos parlamentarios.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos seis diputadas y diputados, a las once horas con treinta y nueve minutos del jueves once de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: José Adrián González Navarro, y Brenda Velázquez Valdez, ambos del Partido Acción Nacional; Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, ambos de Morena; y Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.

b) De los diputados:

• Wendolin Toledo Aceves, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita se retire de los registros de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General de Salud, presentada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

• Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita se retiren de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las iniciativas con proyecto de decreto:

— Que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación, presentada el ocho de septiembre de dos mil quince.

— Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Anual de las concesiones otorgadas por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

d) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con el uso irracional de automóviles. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Cultura, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para solucionar el conflicto del Canal veintidós de televisión. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

f) De la Procuraduría Federal del Consumidor, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”. Se remite al promovente.

g) De la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, en relación con ministraciones pendientes y autorizadas por el Congreso del estado. De enterado.

h) Del Congreso del estado de Guerrero, con la que remite acuerdo por el que exhorta a la división de poderes, a las esferas de competencia y a la Cámara de Diputados para que legisle de manera integral sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras en cualquiera de sus denominaciones, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la ley en el estado de Guerrero y el país. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

i) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite información complementaria correspondiente al Tercero y Cuarto Trimestres de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

j) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Pronunciamiento sobre la Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

Se da cuenta con oficios de las diputadas María Esther Guadalupe Camargo Félix, y Yahleel Abdala Carmona, ambas del Partido Revolucionario Institucional, por las que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea respecto a la presencia en el Salón de Sesiones de los jóvenes mexicanos integrantes de la selección nacional de hockey sobre hielo que obtuvieron el pasado veinticuatro de enero la medalla de oro y el correspondiente título en el campeonato mundial de la categoría Sub Veinte de esta especialidad, a quienes felicitó por el triunfo obtenido fruto de su gran esfuerzo y trabajo en equipo.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de los diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento siete de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

A las doce horas con cincuenta minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y seis diputadas y diputados.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido de Encuentro Social, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, que expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Migratorios, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General de Bienestar Animal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Seguridad Social, por el que se reforman los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

b) Gobernación:

• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día nueve de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día ocho de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Rural, por el que se reforma el artículo ciento ochenta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se concede el uso de la palabra al diputado José Erandi Bermúdez Méndez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Jorge Tello López, de Morena;

Presidencia de la diputada Daniela de los Santos Torres

Claudia Villanueva Huerta, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJ osé de Jesús Zambrano Grijalva

Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Valenzuela Armas, del Partido Acción Nacional; y Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos once votos, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento ochenta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones con punto de acuerdo con trámite de urgente u obvia resolución. Para presentarlas se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ganadería, por el que se solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Economía, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y los diputados: Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Rogerio Castro Vázquez, de Morena; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Elio Bocanegra Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada Daniela de los Santos Torres

Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

y Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de adición al punto de acuerdo presentada por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por el proponente, que en votación económica se acepta. En votación económica se aprueba el acuerdo con la adición aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

El Presidente da lectura a un pronunciamiento en relación con los hechos ocurridos en el centro penitenciario conocido como Topo Chico, en Nuevo León.

Se continúa con el capítulo de proposiciones con punto de acuerdo con trámite de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Carlos Alberto De La Fuente Flores, de Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios establecidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y los diputados: Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realiza moción de apego al tema el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, hace comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

• Concepción Villa González, de Morena; José de Jesús Galindo Rosas, del Partido Verde Ecologista de México; María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; y Daniel Torres Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta propuesta de adición, que en votación económica se acepta. En votación económica se aprueba el acuerdo con la adición aceptada por el Asamblea. Comuníquese.

• Francisco Xavier Nava Palacios, a nombre propio y de los diputados Felipe Reyes Álvarez, Óscar Ferrer Abalos y Francisco Martínez Neri, de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua respete el monto de los recursos aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil dieciséis, para los programas de agua potable y saneamiento que ejecutan las entidades federativas. En votación económica se considera de urgente resolución. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarímoro, Guanajuato. En votación económica se aprueba. Comuníquese. Desde su curul realiza comentarios en relación con el tema la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo, y cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarenta y uno de la Ley General de Educación y doce de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el catálogo universal de servicios de salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Enrique Cambranis Torres, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, a fin de garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos en el estado, durante el proceso electoral de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a conducirse conforme a derecho y visión de derechos humanos en torno a la demanda de Amparo interpuesta por el defensor de los bosques Ildefonso Zamora. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, para que implementen las acciones tendientes a la solución del problema de los productores nacionales de leche. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que designe un grupo de trabajo sobre las alarmantes desapariciones y homicidios de periodistas y activistas en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al director general de la Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que actualicen y homologuen sus ordenamientos en materia de desarrollo social, tomando como referencia la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Privada y al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para que apoye al municipio de Hermosillo, Sonora, a fin de combatir el aumento de homicidios en la localidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que integre un Comité de expertos que realicen un análisis del proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Adriana Sarur Torre y Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Procuraduría del estado de Nuevo León, para que continúe con los recursos legales a su alcance, respecto de posibles errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las Secretarias de Medio Ambiente de los estados, cumplan con la NOM ciento cincuenta y seis, en ciudades con más de quinientos mil habitantes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita una evaluación socioeconómica, para que los afiliados conozcan la forma cómo se planteó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que envió el Ejecutivo federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que implemente una campaña de difusión en el territorio nacional y en el extranjero, a fin de informar a nuestros connacionales sobre el proceso de credencialización electoral. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pecheco, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la habilitación de lactarios, en los edificios de esta soberanía, con el fin de promover e incentivar el consumo exclusivo de leche materna. Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales, se tomen medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa Citrofrut siga contaminando y en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, para que en coadyuvancia con el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, den solución a las demandas interpuestas en contra del despojo y desconocimiento de la legítima propiedad al que han sido sujetos los habitantes de la colonia Sacramento de Jesús, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres del país, para que en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Karina Padilla Avila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen las acciones necesarias, a fin de evitar que la salud y la seguridad de la población se vea comprometida por la emisión de contaminantes tóxicos de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y de los ductos de la paraestatal en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que en cada entidad federativa se constituya un fideicomiso público para la creación, operación y evaluación de un programa social destinado a otorgar tarifas de transporte público preferenciales a los estudiantes de educación secundaria, medio superior, superior y educación especial. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, se atienda la problemática suscitada con los trabajadores de la Comisión Nacional de Danza, respecto de sus prestaciones y derechos. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

· Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, relativo a la elección extraordinaria en el municipio de San Andrés Chiautla, estado de México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María de la Paz Quiñones Cornejo y Salomón Majul González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que apliquen los criterios de selección de los municipios para ser elegibles como beneficiarios del programa del FORTASEG y se analice nuevamente el caso del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que cumpla con los compromisos presupuestales con la Universidad Veracruzana. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que difundan un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Radio, a fin de modificar su programación, para abrir transmisión y espacio de contenidos para la periodista Carmen Aristegui en frecuencia nacional. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, por el que la Cámara de Diputados por el que se exhorta a los titulares del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y de la Secretaría de Educación Pública, para que difundan las causas que motivaron la cancelación de la evaluación PLANEA, programada para los niveles de sexto grado de primaria y tercero de secundaria del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y siete minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

A ver, tengo dos solicitudes de uso de la palabra desde la curul, la diputada Verónica Delgadillo, sonido en su curul ¿Con qué propósito, diputada Delgadillo?

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para no dejar pasar, el día de ayer se conmemoró el Día de la Mujer Mexicana, y más que ser un tributo a las mujeres, se trata de hacer un llamado a todos mis compañeros diputados para que trabajemos para generar condiciones de igualdad; en nuestro país, en México, existe una gran brecha entre hombres y mujeres en cuanto a nuestros derechos, en cuanto al salario que percibimos, y en cuanto a la seguridad que cada uno de nosotros tenemos.

En México dos de cada tres mujeres sufren y experimentan violencia cada día; a siete mujeres se les arrebata la vida por causas de género. Es así que invito a todos mis compañeros a que podamos hacer una reflexión y que podamos trabajar juntos por transformar esa condición que tanto lastima a todo nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, se registran sus expresiones, diputada Delgadillo, gracias.

Sonido en la curul del diputado Apolinar Casillas, por favor.

El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el objeto de pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la maestra Graciela Romero Aceves, quien falleció este sábado pasado 13 de febrero. Fue la segunda diputada federal mujer, además de haber sido una constante promotora de los derechos humanos, de los derechos de los adultos mayores, y de una educación de calidad. En paralelo a su carrera política se dedicó al ejercicio de su carrera magisterial. Su vida y su memoria son ejemplo para todos los mexicanos, en especial para aquellos que luchan por los derechos de los jubilados y pensionados. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Debo informar, para la ilustrar a la asamblea, que doña Graciela del Rosario Aceves Pérez, distinguida militante del partido Acción Nacional, fue diputada federal en la XLVII, en la XLIX y en la LI Legislaturas; fue galardonada en foros de jubilados y pensionados en países como: Venezuela, Costa Rica, Chile y Argentina, y reconocida como promotora de los derechos humanos de la tercera edad. Por lo que desde luego que expresamos a sus familiares y amigos y al Grupo Parlamentario de Acción Nacional nuestras sentidas condolencias, y se invita a la asamblea a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, perdón antes. Sí, diputado Juan Pablo Piña. Sonido en su curul, disculpen.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido, el sábado murió el general y doctor Rafael Moreno Valle, quien fuera senador, secretario de salubridad del gobierno federal y gobernador de mi estado, y quisiera también pedir que aprovecháramos este minuto de silencio para honrar a su memoria.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si no hay inconveniente en la bancada solicitante, expresamos también este minuto de silencio para don Rafael Moreno y, desde luego, para lo que he mencionado de la diputada Graciela del Rosario Aceves Pérez.

(Minuto de silencio)

Gracias.

Continuamos con el capítulo de comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno se retire la siguiente iniciativa, presentada el pasado 4 de noviembre 2015 y turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Social.

Que reforma el artículo los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que se retire la siguiente iniciativa, presentada el pasado 14 de octubre y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a fin de mejorar la educación especial.

A efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputada Daniela De Los Santos Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para su conocimiento, remito a ustedes copia del calendario de sesiones del segundo periodo ordinario del primer año de la Sexagésima Tercera Legislatura, aprobado en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.—  Junta de Coordinación Política.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo. Este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2016.— La Junta de Coordinación Política: senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;senador Miguel Romo Medina (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senador Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senadora Sonia Mendoza Díaz, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito enviar el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2015 y Programas y presupuesto 2016” que contiene la siguiente información:

• Informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del gobierno federal durante 2015.

• Los principales programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la información relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de participaciones a las entidades federativas correspondiente a enero de 2016, de- sagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a enero de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de febrero de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/ 007/ 2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta secretaría, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al sexto bimestre del ejercicio fiscal de 2015,(1) en cumplimiento de lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como los anexos que en él se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal que la Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales, así como el informe de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al sexto bimestre del ejercicio fiscal de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Lo anterior, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-250, signado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/409/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/300/2891/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el licenciado Felipe Salís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.”

Al respecto me permito acompañar oficio ................ D.G.J.E.1.205.000.00/041/2016, suscrito por el doctor. José Manuel Herrera Paredes, encargado de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

Hago referencia al oficio UCVPS/326/2016, del 13 de enero del año en curso, recibido el 18 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo derivado de la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, el cual a la letra señala:

“Único. La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.”

Sobre el particular, mediante oficio D.G.J.E. 1.205.000.00/019/2016, del 18 de enero del presente año, se solicitó a la maestra Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto Orgánico del SNDIF las acciones realizadas respecto del punto de acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante oficio número PFPNNA/ 253.000.00/0003/2016, la Procuraduría Federal de referencia, señaló:

Al respecto, como bien se destaca en el dictamen del punto de acuerdo en referencia, corresponde a esta Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) a través de la Dirección General de Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de Asistencia Social, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con las Procuradurías de Protección de las entidades federativas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 112, 113 y 122, fracción XIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social (CAS), aunado a lo establecido en los artículos 57 al 60 de su Reglamento; por lo que el Sistemas Nacional para el Desarrollo Integral de lo Familia (SNDIF) y en específico esta PFPNNA ha realizado, entre otras acciones, lo siguiente:

1. Atendiendo y compartiendo la preocupación por la protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), el SNDIF modificó su Estatuto Orgánico ‘poro integrar dentro de la estructura de la PFPNNA una Dirección General para la autorización, registro, certificación y supervisión de los Centros de Asistencia Social.

2. Durante el pasado 5 y 6 de diciembre de 2015, el SNDIF realizó la tercera Reunión Nacional de Titulares de los Sistemas Estatales DIF, a la cual se convocó no sólo a los titulares, sino también se contó con la presencia de las y los directores generales estatales, así como las y los procuradores de protección de NNA (defensa del menor y la familia) de las entidades federativas.

En dicha reunión se presentó la estructura de la Procuraduría Federal y en específico las áreas que la integran, entre ellas la concerniente a regulación de los centros de asistencia social, se tuvo la oportunidad de platicar en lo general con todas las entidades federativas y en lo particular con alguna de ellas, coincidiendo en que esta instancia debe ser un ente que apoye para la creación de reglas e instrumentos de operación generales de los centros, que estandaricen, instrumenten y ejecuten las procuradurías locales, así como federal con la coadyuvancia de las mismas, entre ellas la supervisión.

3. Se presentó una ruta y cronograma de un plan de trabajo para la firma de convenios de colaboración que versarán sobre los siguientes puntos con relación a la materia:

a. Requisitos mínimos para la autorización, registro y certificación de los CAS;

b. Mecanismos o procedimientos para autorizar el funcionamiento de los CAS;

c. Diseño de indicadores y conformación del Registro Nacional de los CAS, con la información que proporcionan las procuradurías locales;

d. Reporte e informes semestrales, trimestrales, etcétera;

e. Protocolo de actuación para la supervisión de los CAS;

f. Coordinación interprocuradurías;

g. Modelo Único de Certificación de CAS y el personal que labora en los mismos, entre otros.

Todo ello de conformidad con lo establecido por la LGDNNA.

4. Asimismo, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable dentro del plazo establecido en el artículo 5o. transitorio del Reglamento de la LGDNNA, que a la letra dice:

“Quinto. Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodologías y demás disposiciones administrativas de carácter general que deban emitir conforme a la Ley y este Reglamento, y que no se haya fijado un plazo determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro del plazo de ciento ochenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.”

Se estableció un plan de trabajo y cronograma para el 2016, que incluye reuniones de trabajo con las procuradurías de protección de las entidades a fin de consensuar los mecanismos e instrumentos, así como su ejecución, al margen de que surja la necesidad urgente de alguna visita de supervisión y sin menos cabo de su ejecución, en el inter de su establecimiento y la operación de las demás tareas que implican de manera integral la regulación en la operación de los CAS.”

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

México, DF, a 2 de febrero de 2016.— Doctor José Manuel Herrera Paredes (rúbrica), encargado de la Dirección General Jurídica y Enlace Institucional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-6-0203, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/416/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita hacer públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2408/15, de fecha 2 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 18 de noviembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero...

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga públicos los resultados respecto de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros o indicadores utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud.”

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/88/ 2016, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís. Coordinador General Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2°, inciso C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 18, fracción II, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención a su oficio número UCVPS/1832/2015, mediante el cual solicita la opinión de esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o Comisión Federal), respectó al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a esta Cofepris a que haga públicos los resultados respecto de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros o indicadores utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud, le comento que:

Esta Comisión Federal es encargada de emitir las autorizaciones sanitarias para la comercialización e importación para su comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), para lo cual realiza caso por caso le evaluación de los posibles riesgos que el uso o consumo humano de estos organismos pudiera representar a la salud humana, con base en estudios fundamentados científica y técnicamente, que elaboran los interesados, de confinidad con el capítulo III Estudio y Evaluación del Riesgo, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Titulo Tercero de las Autorizaciones de su Reglamento.

Asimismo le informo que esta Cofepris publica en su página electrónica

http://www.Cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/OGMS/Lista.aspx la lista de los OGMs que cuentan con autorización, especificando los siguientes rubros:

• Compañía;

• Nombre, identificación del evento y características conferidas;

• Organismo receptor;

• Organismos donantes;

• Genes introducidos, y,

• Fecha de autorización.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de enero de 2016.— Licenciado Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general Jurídico Consultivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-2-375, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar DG.510.11/ 0705/ 2016, suscrito por el ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita difundir la existencia y objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como impulsar y orientar su incorporación a dicha red, en favor de las personas adultas mayores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.—  Presente.

Me refiera a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 095/ 16, por el cual remitió el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios la existencia y los objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como de evaluarlo oportuno a impulsar y, en su caso, orientar su incorporación a dicha red para que se establezcan las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Al respecto, adjunto copia simple del oficio número SJ/ 0037/ 2016, signado por el licenciado Jorge Luis Castillo Quintal, subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general Adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Por medio del presente escrito y en atención del oficio numero DG.510.11/ 0445/ 2016, de fecha 26 de enero de 2016, donde comunica a esta institución que con motivo de la sesión celebrada el 19 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Congreso dela Unión aprobó el acuerdo que a la letra dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios la existencia y los objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como, de evaluarlo oportuno, a impulsar y, en su caso, orientar su incorporación a dicha red para que se establezcan las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Por lo expuesto, este instituto, dentro de las facultades y obligaciones que le otorga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tomará las acciones correspondientes a efecto de difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios el objetivo del acuerdo citado, encaminado a la adaptación de una ciudad o comunidad en favor de las personas adultas mayores a fin de integrar una perspectiva que otorgue prioridad a este sector de la población en la planificación de las políticas públicas que llevan a cabo dichas entidades, invitándolos a integrarse a la Red Mundial de Ciudades Amigables.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2016.— Licenciado Jorge Luis Castillo Quintal (rúbrica), subdirector jurídico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de México y en atención a su oficio número DGPL 63-11-1-0268, mediante el cual informa que en sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo siguiente: “Único.- la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a los titulares de los Gobiernos de Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Michoacán para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país, y de sus demarcaciones territoriales, respectivamente”; respetuosamente me permito manifestar lo siguiente:

La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de México, como instancia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social, tiene como uno de sus objetivos fundamentales vincular prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de las mujeres mexiquenses, vistas éstas como un núcleo poblacional vulnerable de la entidad.

Por otra parte, es de señalar que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objeto la planeación, coordinación, operación y evaluación de políticas y programas para la mujer y adultos mayores, a fin de promover su bienestar social. En esa tesitura, para cumplir con dichos fines, tiene a su cargo la operación de programas de apoyo social, cuya finalidad radica en mejorar las condiciones de vida de las mujeres, acercándoles apoyos a zonas rurales y marginales, tales como los siguientes:

1. Programa Mexiquense por una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto la atención integral a mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas; del cual se destacan las siguientes acciones:

a) Unidades de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de violencia. Están ubicadas en 27 regiones del estado de México, teniendo como objetivo brindarles atención jurídica y psicológica.

b) Línea Sin Violencia 018001084053 y Línea contra la Trata 018008324745, líneas telefónicas disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

c) Operación y administración de 5 refugios para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia en los municipios de Toluca, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Jocotitlán y Nezahualcóyotl.

d) Centros de reeducación para agresores o personas que ejercen violencia de género.

2. Programa Futuro en Grande, tiene como propósito favorecer la ingesta de alimentos de las mujeres menores de 20 años en estado de gestación o madres de uno o más hijos e hijas, que viven en condición de pobreza multidimensional en su dimensión alimentaria en el estado de México, a través de la entrega mensual de una canasta alimentaria; así como apoyar a las beneficiarias con cursos de capacitación para el trabajo, atendiendo a los 125 municipios del estado de México.

3. Programa Mujeres que Logran en Grande, tiene como propósito disminuir las condiciones de pobreza multidimensional de las mujeres de entre 18 y 59 años de edad que habitan en el estado de México, mediante la transferencia en efectivo y capacitación de las beneficiarias.

Es importante destacar que los programas antes descritos, son operados en toda la demarcación territorial de la entidad, incluidas desde luego, zonas rurales, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexiquenses.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

México, a 28 de enero de 2016.— Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ·«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por instrucciones del doctor Eruviel Ávila Vi llegas, gobernador constitucional del estado de México, y en atención a su oficio número D.G.P.L.63-II-7-281, mediante el cual informa que en sesión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 37 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.”

Al respecto, me permito hacer de su apreciable conocimiento que el gobierno del estado de México, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, dependencia encargada de velar por la legalidad y por el respeto a los derechos de los ciudadanos en la esfera de su competencia, para asegurar a la sociedad mexiquense la debida protección de su integridad física y patrimonial, mediante la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, en los casos en que se al necesario salvaguardar los derechos de las personas indígenas, se solicita a la Dirección Servicios Periciales el personal especializado en la materia, a fin de garantizar el principio de igualdad ante la ley.

Por otra parte, el Instituto de la Defensoría Pública, como órgano desconcentrado de la Consejería Pública del Ejecutivo Estatal, encargado de operar, coordinar, dirigir y controlar la defensoría pública del estado de México, cuenta con tres defensores públicos especializados en las lenguas indígenas mazahua y otomí; asimismo, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas indígenas, se contempla la coordinación con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas el Estado de México y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la designación de intérpretes y traductores en el dialecto que se requiera.

Por cuanto hace al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y cuyo objeto es definir, ejecutar y evaluar las políticas de atención enfocadas a los pueblos indígenas de la entidad, cuenta con la intérpretes traductores, 4 mazahuas, 4 otomíes y 2 nahuas, certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas los cuales han apoyado en las solicitudes de colaboración con designación de intérpretes, garantizando así el acceso a la justicia de la población indígena.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 2 de febrero de 2016.— Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo.— Gobierno del Estado de Guanajuato.

Diputada Daniela De los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta al oficio número DGPL-63-II-7-281, través del cual comunica la aprobación del acuerdo, que en su artículo segundo señala:

“Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.”

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

En Guanajuato estamos convencidos de que toda acción de política pública debe centrarse en la persona y en sus familias, por ello, realizamos programas y proyectos que tienen como eje rector el bienestar y desarrollo integral de las personas y familias que viven en ciudades y localidades, procurando siempre su armonía con el medio ambiente y su cultura, en este sentido se reconoce como parte la cultura indígena como pilar del mexicanismo, a través del Programa Interinstitucional de Fortalecimiento a las Culturas y Lenguas Indígenas.

Impulsamos el uso de la lengua y la cultura originaria, mediante el equipamiento de cuarenta escuelas y la formación de 47 docentes de lengua y cultura. Al beneficiar a 5 mil 927 alumnos indígenas ubicados en los municipios de Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, León, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria.

Asimismo, promovimos la profesionalización de 32 docentes de la comunidad Misión de Chichimecas a través del Diplomado de interculturalidad bilingüe en la región etnolingüística chichimeca de Guanajuato, con una aportación federal de 500 mil pesos.

También con el afán de preservar las lenguas se han traducido y difundido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (traducción en lengua materna chichimeca jonaz) y Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, (traducción en lengua materna otomí). Dichas publicaciones se pueden consultar en la página indioenasoto.com, así como encontrar información relevante de la población indígena del estado de Guanajuato.

Y se cuenta con la existencia del Programa de Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ejercicio Fiscal 2016, a través del cual se establecen importes a pagar por concepto de los servicios que presten intérpretes y traductores a integrantes de pueblos indígenas, garantizando a la población indígena en los procesos en donde éstos intervengan, la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

“Únete, Guanajuato. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de enero de 2016.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo.— Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sea propicio este medio para enviarle un cordial saludo, así como para informarle que en atención al oficio DGPL.63-11-8-0207, se determinó remitir a los institutos de salud pública en el estado, así como instruí al interior del organismo público denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro para que se realicen dentro del ámbito de sus respectivas competencias las acciones pertinentes para dar cumplimiento al exhorto difundiendo los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica a fin de que el personal de salud y la población en general tengan conocimiento de que toda mujer embarazada que necesite asistencia por emergencia obstétrica debe ser atendida de manera inmediata y gratuita, en cualquier establecimiento , hospitalario.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

28 de enero de 2016.— Doctor Alfredo Gobera Farro (rúbrica), secretario de Salud del Poder Ejecutivo y coordinador General de Servicios de Salud del estado de Querétaro.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio número DGPL 63-II-7-397 de fecha 20 de enero de 2016, a través del cual, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace el conocimiento sobre el punto de acuerdo número PA-2016LXIII-245 a la Procuraduría Federal del Consumidor, solicitando una opinión, y en el cual señala:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, mantenga las acciones necesarias para evitar la práctica de avisos y engaños por pare de las casas de empeño a la población.

Con la finalidad de dar oportuna respuesta, se comenta lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Ahora bien, en el artículo 1 del ordenamiento se encuentran establecidos los principios cásicos en las relaciones de consumo, entre los que destacan los siguientes:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen;

IV. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios;

V. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y

VI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones la ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

Así las cosas, esta Procuraduría realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.

Por otra parte, respecto del punto de acuerdo debemos señalar que la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, de conformidad con la fracción III del artículo 6o. del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, es el área encargada de aplicar la normatividad para organizar y operar el registro público de contratos de adhesión; motivo por el cual atiende las solicitudes de registro obligatorio de los modelos de contratos de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria.

El registro obligatorio de los modelos de contratos de mutuo interés y garantía prendaria se encuentra establecido dentro de los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de noviembre de 2007. En el punto 2 del citado ordenamiento legal, en el rubro de campo de aplicación, se indica; “La presente NOM es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”

Por lo anterior, la prerrogativa de certeza legal del consumidor en los actos jurídicos de esta naturaleza se encuentra determinado por la obligatoriedad del registro de contrato de adhesión con el que los proveedores del ramo económico comercializan el servicio.

El acto de registro del modelo de contrato de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria se cumple al tiempo que el proveedor solicita la adhesión al contrato tipo que ésta procuraduría ofrece a los proveedores, contrato tipo que por estar alineado a lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la NOM-179-SCFI-2007, prevé el cumplimiento a la normatividad correspondiente y por lo tanto el registro de esa solicitud al Registro Público de Contratos de Adhesión como modelo de contrato debidamente registrado; o en su defecto, también cumple, cuando el proveedor somete, ante esa Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, el estudio correspondiente de un modelo de contrato de adhesión (vía dictamen), con la finalidad de obtener el registro del mismo, situación que sólo se logra cuando el proveedor comprueba que cumple con todas las disposiciones legales.

El mencionado ejercicio de control de modelos de contratos de adhesión, ya sea mediante la utilización del modelo de contrato tipo o a través de la revisión de los contratos vía dictamen, aunado a la obligatoriedad del registro de este tipo de contratos, ofrece al público consumidor la certeza jurídica dentro de la relación de consumo, ya que los modelos de contratos de adhesión registrados en el Registro Público de Contratos de Adhesión cumplen con las disposiciones legales vigentes en materia de protección al consumidor.

Adicionalmente a lo expuesto, mediante reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículos: 65 Bis al 65 Bis 7), publicadas en el Diario Oficial de la Federación 16 de enero de 2013, se condicionó la operación de las casas de empeño a la inscripción de éstas en el Registro Público de Casas de Empeño; procedimiento de inscripción que se encuentra también. Dentro de las atribuciones de esa Dirección General, de conformidad con la fracción XVII del artículo 6o. del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Mediante las referidas reformas, Procuraduría tiene, entre otras, la atribución de verificar que las casas de empeño transparenten sus operaciones, colocando la debida publicidad en sus establecimientos, a fin de que mediante una pizarra o medio electrónico informativo, den a conocer a los consumidores sobe los términos y condiciones en los contratos, así como el costo diario totalizado y consto mensual totalizado, mismos que se deben de expresar en tasas de interés sobre el monto de lo prestado.

Entre otras acciones se tienen como objetivos constatar que los prestadores del servicio de mutuo con interés informen, las siguientes:

• El porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda

• El precio por gramo para el empeño de metales preciosos

• El monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones

• Los derechos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda

• Los requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda

• Cantidad de refrendos a los que tiene derecho el consumidor

• Ramo de prendas aceptadas

• Que el contrato utilizado para las transacciones comerciales se encuentre registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor

En este orden de ideas, el consumidor se encuentra protegido en su esfera jurídica mediante la operación de los Registros Públicos de Contratos de Adhesión y de Casas de Empeño en los términos antes descritos. En consecuencia a lo antes expuesto, sendas atribuciones a cargo de esa Dirección General, en su cumplimiento, tiene la finalidad de generar seguridad y certidumbre jurídica en los consumidores dentro de las relaciones de consumo en materia de préstamos con interés y garantía prendaria.

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus atribuciones en materia de verificación, a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño, vigila que las prácticas comerciales que llevan a cabo los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, se ajusten a los dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007(Servicios de mutuo con interés de garantía prendaría).

En ese sentido, durante el ejercicio 2016 a nivel nacional se han realizado las siguientes acciones:

• 534 visitas de verificación a casas de empeño,

• 91 establecimientos sujetos a procedimiento administrativo por infracción a Ley y NOM-179-SCFI-2007,

• 82 establecimientos fueron sujetos suspensión,

• 221 básculas y balanzas verificadas, de las cuales se han inmovilizado 5 por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor.

Entre los principales incumplimientos detectados se encuentra:

• No exhibir precios montos totales a pagar.

• No contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco.

• No acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de empeño.

• Ostentar leyendas que inducen a error 6 confusión al proveedor (prestamos avalados por Profeco).

• No utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios.

• No indicar el ramo de prendas aceptadas.

En este sentido, debemos señalar que el Programa de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2016, comprenden acciones que se reforzaran en los periodos o temporadas de mayor demanda de los servicios, iniciando a partir del 8 de enero por el termino de las festividades decembrinas y compras del día de reyes, en lo que se conoce como la cuesta de enero, hasta el 29 de enero de 2016, y la segunda etapa a partir del mes de julio por la temporada vacacional y regresos a clases, aunado a lo anterior, se realizan acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan.

Finalmente, en caso de que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.— Licenciado Rafael Ochoa Morales (rúbrica), subprocurador Jurídico en funciones de Procurador Federal del Consumidor con fundamento en el artículo 7o., fracción I del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo.— Tribunal Superior de Justicia del Estado de  Durango.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Se ha recibido el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio y la recomendación que se hace a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, en relación al otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género.

Hago de su conocimiento que todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial, ya atienden el tema: “Juzgando con perspectiva de género” en el pleno ejercicio de su independencia, juzgan conforme a la ley y en cuanto a hacerlo con perspectiva de género deben sujetarse a las normas relativas.

Por otra parte, se creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Durango, como unidad de apoyo para la administración de justicia, cuyo objetivo es dar seguimiento al programa institucional que permita la consolidación de la perspectiva de género en las políticas del Poder Judicial del estado, mediante acciones positivas que incidan en la cultura organizacional, promoviendo la igualdad y la no discriminación, para que se considere la perspectiva de género, dentro del marco normativo nacional e internacional.

Por otra parte, me permito informar a usted que el gobierno del estado de Durango ha creado un Centro de Justicia para las Mujeres en donde se ofrece servicios para mujeres víctimas de violencia: atención psicológica, jurídica y médica. En este espacio, se encuentra adscrito un juzgado especializado en la materia con la finalidad de que la mujer duranguense pueda contar una atención integral cuando se encuentre ante situaciones que vulneren su integridad.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Durango, a 20 de enero de 2016.— Doctor J. Apolonio Bancourt Ruiz (rúbrica), Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

MINUTA

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-I-2P-41

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO. Se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34.

1. ...

a) y b)...

c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, así como a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente. Así mismo propondrá la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;

d) a j) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senador Luis H. Hernández Fuentes (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADORA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de incentivos para la captación de agua pluvial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

La existencia del ser humano, como parte de la naturaleza, es parte de un ciclo. No se puede entender el ciclo de la vida, sin hacer conciencia del ciclo del agua.

Nuestro planeta está cubierto en un 70 por ciento de agua, sin embargo, se habla de la escasez progresiva del recurso.

Esto se debe a que dos terceras partes de agua en nuestro planeta, es salada, mientras solo un tercio es dulce.

Los problemas de insuficiencia en el servicio de agua potable se deben principalmente, a dos factores:

1. Contaminación, y

2. Sobreexplotación de mantos acuíferos.

Esto respecto solo al agua potable. Sin embargo, el ser humano consume grandes cantidades de agua para otras actividades, como servicios sanitarios, limpieza, y desafortunadamente, ante la falta de sistemas de tratamiento o reciclaje de agua, en estos servicios se destina agua para consumo humano, agravando la situación de escasez.

El consumo diario promedio de agua por habitante recomendado para las grandes ciudades, es de 150 litros por día, sin embargo, tan solo en la Ciudad de México, cada habitante consume entre 360 y 380 litros diarios.

Lo anterior ha resultado en que, de los 653 mantos acuíferos en el país, anualmente 106 se encuentran sobreexplotados. Ante este escenario el agua de lluvia representa un recurso potencial en calidad y cantidad, para dar respuesta a los problemas de escasez de agua, inundaciones y sobre explotación.

2. Diagnóstico

Las cuencas son unidades naturales del terreno, definidas por la existencia de una división de las aguas debida a la conformación del relieve. Para propósitos de administración de las aguas nacionales, especialmente de la publicación de la disponibilidad, la Comisión Nacional del Agua ha definido 731 cuencas hidrológicas.

El territorio mexicano se divide en trece regiones hidrológico-administrativas, RHA, formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos. En su división se respetan los límites municipales, para facilitar la integración de la información socioeconómica. Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas que a su vez se agrupan en las 13 RHA mencionadas.

Al sumar exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos y la recarga incidental, el país cuenta con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media.

La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes

El Consejo Nacional de Población ha realizado estudios que estiman que durante 2012 y 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para 2030 aproximadamente 75.2 por ciento de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente generará un incremento en la demanda del recurso hídrico.

La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 metros cúbicos anuales por habitante (con la que se contaba en 2010), a 3 mil 815 para 2030. En algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2030 niveles inferiores a los mil metros cúbicos por habitante, lo que se califica como una condición de escasez grave. Tomando como base las estimaciones para 2030, la sobreexplotación de los mantos acuíferos provocará el hundimiento del terreno, generará que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos, además de graves afectaciones a los ecosistemas.

Este panorama es un riesgo en las grandes concentraciones urbanas, y una amenaza para la población rural cuya subsistencia depende significativamente del agua subterránea, y para algunas zonas áridas donde la dependencia es total.

3. Agua de lluvia

Anualmente México recibe, proveniente del agua de lluvia, aproximadamente mil cuatrocientos ochenta y nueve mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad, y de extensión similar al tamaño de la Ciudad de México. Se estima que más del dos terceras partes (71.6 por ciento) se evapora y regresa a la atmósfera. Un 22.2 por ciento se incorpora a ríos y arroyos, el 6.2 por ciento se infiltra al subsuelo y llega a los acuíferos.

Con base en datos del Sistema Meteorológico Nacional, la distribución de lluvia por meses para la Ciudad de México es la siguiente:

Los niveles de precipitaciones se concentran entre los meses de junio y septiembre, en los que llueve cerca de 45 días. El total de lluvia anual es de 750 milímetros por metro cuadrado. Lamentablemente, cada año se desaprovechan más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizada para cubrir necesidades básicas.

4. Captación de agua pluvial

El panorama presenta dos importantes puntos que debemos focalizar: 1) Una importante demanda de agua, con tendencia a incrementarse drásticamente. 2) Un recurso de suma valía que literalmente “nos cae del cielo”. La misma naturaleza ha proporcionado recursos que pueden ayudarnos a enfrentar con sustentabilidad el futuro.

En un supuesto de tener una superficie de captación de agua, de 86.8 metros cuadrados, con la estimación de 750 milímetros por precipitación pluvial anual (750 milímetros.lm2 x 86.8 metros cúbicos2), obtenemos como resultado una recolección de 65, 100 mm. Si a este valor le aplicamos el factor de pérdidas de 10 por ciento (65 mil 100 x 0.9=58 mil 590) obtenemos de lluvia 58.5 metros cúbicos equivalente a 58 mil 590 litros al año.

Con un consumo calculado, según recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de 200 litros diarios para una casa (58 mil 590 sobre 200), el agua almacenada puede cubrir el consumo de 292 días, lo que supone un ahorro de 40 por ciento del consumo total.

Es decir, en una superficie de 100 metros cuadrados, con una lluvia promedio de 100 milímetros por metro cuadrado, se reciben 10 mil litros de agua. Si bien, esto no se puede captar en su totalidad, un sistema de captación puede ayudar a satisfacer importantes necesidades en un hogar.

Hay elementos a considerar:

- El agua de lluvia cubre solo una parte de nuestra demanda.

- En promedio llueve de tres a cuatro meses al año.

- Hay mayor disponibilidad del recurso pluvial en unas áreas del país que otras:

- Es complicado guardar el agua captada, por todo un año.

Estos aspectos constituyen áreas de oportunidad y no se oponen a los objetivos fundamentales de esta iniciativa. Recordemos que nuestro país es parte de un ecosistema único, un ecosistema mundial, atender esta propuesta puesta sumar en mucho al cuidado de nuestro medio ambiente.

Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto exponencial. Tal como se observa, el uso de agua proveniente de lluvia, representa un ahorro considerable, en el consumo de agua potable y la promoción de la cultura para el cuidado del medio ambiente.

En el diseño de la política pública, está presente el reconocimiento de la importancia del recurso pluvial, es así que en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado Plan Nacional Hídrico 2014-2018, línea estratégica 2.1.7. Fomento de la construcción de drenaje pluvial sustentable, se menciona:

Se fortalecerán las capacidades para desarrollar, construir y operar proyectos de drenaje pluvial sustentable en zonas urbanas y rurales, ya que el incremento de eventos hidrometeorológicos con mayor intensidad y o duración y el alto grado de impermeabilización que se ha alcanzado en las localidades urbanas debido a la construcción de viviendas, infraestructura diversa y el pavimentado de las calles, entre otros factores, hace que la concentración del agua de lluvia sea superior a la capacidad de desalojo de los drenajes actuales.

Por otro lado, la construcción de drenaje pluvial permitirá mejorar la eficiencia en las plantas de tratamiento de aguas residuales y el aprovechamiento del agua de lluvia, particularmente en zonas con escasez del recurso.

Es así como, se reconoce que a través del desarrollo de acciones tendientes a la recolección, encause y aprovechamiento del agua proveniente de lluvia, además de prevenir problemas de inundaciones en las ciudades, se pueden cubrir necesidades básicas en momentos y regiones de escasez.

5. Propuesta legislativa

La finalidad de esta iniciativa es incentivar el aprovechamiento del agua pluvial para su reuso en las viviendas, conjuntos habitacionales y edificaciones industriales, comerciales y de servicios.

Su objeto consiste en autorizar deducciones de las inversiones cuando sean para la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.

Mediante la propuesta se pretenden estimular una cultura de respeto al medio ambiente y sus recursos naturales, a través del cuidado y aprovechamiento del agua pluvial.

El agua de lluvia es tan valiosa y útil como el agua potable.

En este sentido, se debe considerar que el artículo 22 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales derivados de la Ley de Ingresos de la Federación, en su fracción III “El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua”. Si bien en este caso, lo que se pretende es obtener recursos del presupuesto público, la presente iniciativa persigue impulsar inversiones productivas privadas a favor del cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de nuestros recursos naturales, que tengan beneficios económicos y culturales como lo son:

1. Promover el interés en los particulares por el cuidado del agua, mediante la obtención de un beneficio fiscal.

2. Promoción de las actividades económicas formales, cuyo objeto comercial y profesional sea el uso sustentable del agua.

3. Reducción del consumo y pago de agua potable en los hogares.

Incluso, para la autoridad, una reducción en la demanda de los servicios de agua potable por el consumo de particulares, representa una disminución en la demanda sobre la red de distribución y de drenaje (reduciendo inundaciones), haciendo posible un gasto más eficiente y eficaz en su mantenimiento.

De aprobarse esta iniciativa, y con el aprovechamiento y reuso del agua pluvial, el ahorro del agua potable contribuiría a:

- Dotar de agua a zonas marginadas donde el recurso es escaso.

- Reducir las inundaciones en zonas urbanas

- Detener la explotación excesiva de mantos acuíferos.

La iniciativa que se presenta, consiste en otorgar beneficios fiscales para las personas morales; para las personas físicas con actividad empresarial o profesional; los arrendatarios; para quienes obtienen ingresos por la venta o traspaso del inmueble, incluyendo incentivos para los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento; y, de manera general, incentivos para cualquier contribuyente que realice obras, instale equipos, sistemas o instrumentos para la captación de agua pluvial para reuso en los mismos inmuebles.

Para tal efecto se proponen las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta:

• Se adiciona una fracción XIV al artículo 34 para autorizar deducciones del 100 por ciento de los activos físicos invertidos en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles donde las personas morales o las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, desarrollan sus actividades.

• Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36 a efecto de autorizar la deducción de las inversiones en casas de recreo, cuando sean para la captación de agua pluvial y cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.

• Se adiciona una fracción VII al artículo 115 para autorizar a las personas que obtienen ingresos por arrendamiento, deducir las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial para el reuso en los mismos inmuebles.

• Se modifica la fracción II del artículo 121 para autorizar deducir el importe de las inversiones realizadas en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles, cuando se vendan o traspasen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables; y

• Se adiciona una fracción IX al artículo 151 para que, además de las deducciones que se les autorizan en la propia Ley, se permita a cualquier persona física residente en el país incluir como deducciones personales las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el contribuyente tenga su domicilio.

El factor económico es una importante motivación para realizar una conducta, y puede ser empleado como estímulo para el desarrollo de una cultura ambiental de consumo sustentable.

Proponer el uso de beneficios fiscales estimula el cuidado del medio ambiente, toda vez que cualquier gasto realizado para el uso sustentable de un recurso natural como lo es el agua, constituye una inversión.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto

Único. Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36; y la fracción II del artículo 121; y se adiciona una fracción XIV al artículo 34; una fracción VII al artículo 115 y, una fracción IX al artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. 100 por ciento para las obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles.

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

...

Las inversiones en casas de recreo solo serán deducibles cuando tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.

IV. a VII. ...

Artículo 115. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, podrán efectuar las siguientes deducciones:

I. a VI. ...

VII. Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles.

Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones:

I. ...

II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, así como las realizadas para la capacitación de agua pluvial, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta Ley.

III. ...

IV. ...

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales

I. a VIII. ...

IX. Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el contribuyente tenga su domicilio.

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conagua. Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México, página 24. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2015.pdf.

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_ content&view=section&id=6&Itemid=300004

2 Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en http://www.conagua. gob.mx/Conagua07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo _2.pdf

3 Conagua. Atlas del agua en México 2012, página 30. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07 /Noticias/SGP-36-12.pdf

4 Conagua. Atlas del agua en México 2012, página 28. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Noticias/SGP-36-12.pdf

5 Semarnat, Conagua, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, páginas 9-16. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf

6 Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PN H 2014- 2018.pdf

7 Con datos de Conagua, en promedio anual entre 100 y 106 mantos acuíferos son sobre explotados por el máximo de su capacidad. Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en http://www.conagua. gob.mx/Conagua07 /Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los 2 días del mes de febrero del año 2016.— Senadores: Ninfa Salinas Sada, Víctor Hermosillo Celaya, Luz María Beristáin Navarrete (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Continuamos. El siguiente capítulo del punto del orden del día es el de las solicitudes de licencia.

LICENCIA

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo establecida en el artículo 62 de la Constitución Política de les Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral I del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 16 de febrero hasta el 28 de marzo del año en curso.

Lo anterior, con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2016.— Diputada Janette Ovando Reazola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Primero. Se concede licencia, a la diputada Janette Ovando Reazola, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha y hasta el 28 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

PROTESTA DE DIPUTADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra las puertas de este recinto el ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado federal electo en el cuarto distrito electoral del estado de Tamaulipas. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados.

Diputado Edgardo Melhem Salinas, diputada Elvia Lidia Valles Olvera, diputada María Cristina Teresa García Bravo, diputada Sasil Dora Luz de León Villar, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado Mariano Lara Salazar y diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  A las y los presentes, para que todo mundo se dé aludido.

Ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Sí protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.Felicidades y bienvenido.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es el de la presentación de iniciativas. En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, el avance de nuestro país es una prioridad para mí y para quienes confiaron su voto en pasada elección. Para lograr que México avance es necesario hacer un análisis de los factores que resultan ser susceptibles al cambio.

La educación, eje de vital importancia para el engrandecimiento de cualquier país y, sobre todo, para el desarrollo de nuestros pueblos, nos permite alcanzar una serie de satisfacciones y mejorar la calidad de vida de las personas que se benefician con ella, tal y como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por diversos organismos internacionales, como la OCDE, SITEAL y Unesco.

Pese a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, México aún cuenta con un gran rezago educativo importante que debe ser erradicado.

De acuerdo con las cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestra que en México viven 32 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo, dentro de los cuales 5.4 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la primaria y 16.4 millones dejaron trunca la secundaria.

El pasado 14 de noviembre de 2015, el periódico Excélsior publicó un reporte de capital humano del Foro Económico Mundial, donde ubicó a la educación de México como una de las más de menor calidad en el mundo, situándolo en el lugar 102 de 124 países en mediación educativa de escuelas primarias.

Sin duda hay muchos causantes que provocan y fomentan el rezago educativo. La deserción escolar por falta de recursos económicos es una de las principales causas de este rezago y el cual no se ha atendido ni mucho menos se ha resuelto.

La organización Mexicanos Primero presentó un diagnóstico de ello y los resultados arrojaron que de 100 niños que se inscriben en la educación primaria, solamente un tercio o más dejan de estudiar, 64 la terminan, 46 acreditan la primera, 23 la preparatoria y sólo el 10 por ciento la licenciatura y 2 o 3 el posgrado.

Actualmente se cuentan con las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, que resulta ser una herramienta de fácil acceso y potencialmente fuerte para combatir esta problemática.

Las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, además del desarrollo profesional de los docentes, así como la dirección y la administración más eficiente del sistema educativo.

Los niños y jóvenes que tienen acceso a las herramientas tecnológicas, tienen una inclinación más natural a involucrarse e interactuar con ellas frente a problemas y situaciones que requieren de habilidades específicas.

Esa disposición apunta a que las TIC puedan y deban usarse para llevar a cabo actividades asociadas al aprendizaje, a la reflexión y a la autoestima. Pueden favorecer a que los estudiantes se motiven para logros educativos importantes, tanto en el aspecto cognitivo como el emocional.

En el marco normativo del programa sectorial de educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre del año 2013, se hace la siguiente mención: Una debilidad del sistema educativo, que reiteradamente se ha señalado y documentado, es el estado que guarda la infraestructura física y educativa.

A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Estas nuevas tecnologías permiten llegar a un gran número de personas al mismo tiempo y a lugares donde no llegan, de modo personal y de forma presencial, los maestros.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas como refuerzo, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo.

Compañeras y compañeros diputados, es momento de dar un paso adelante y fortalecer nuestros sistemas educativos. Luchemos, luchemos para sentar las bases, para hacer que las cosas buenas pasen en México. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosalinda Muños Sánchez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en las fracciones II del artículo 71 y III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, somete a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa por la que se reforma la fracción IV del artículo 33, de la Ley General de Educación.

Exposición de Motivos

El avance de nuestro país es una prioridad para mí y para quienes me dieron la confianza con su voto; para lograr que México avance, es necesario hacer un análisis de que factores resultan ser un impedimento.

Dentro de estos factores se encuentra la educación, herramienta que resulta de vital importancia para el crecimiento de cualquier país, tal como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por diversos organismos internacionales (OCDE, 2012, SITEAL, UNESCO, OEI, 2011), la educación permite alcanzar una serie de satisfacciones y mejorar la calidad de vida de las personas que se benefician con ella.

Pese a lo dispuesto por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

México aún muestra un rezago educativo muy fuerte, de acuerdo con cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestra que en México viven 32 millones de personas mayores de 15 años en condiciones de rezago educativo, dentro de las cuales 5.4 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la primaria y 16.4 millones dejaron trunca la secundaria.

El pasado 14 de noviembre del año 2015, el Periódico Excélsior público un Reporte de Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) donde penosamente, ubicó a la educación primaria en México, como una de las de menos calidad en el mundo , situándolo en el lugar 102 de 124 países en mediación educativa de escuelas primarias.

Sin duda hay muchos causantes que provocan y fomentan el rezago educativo, mantenerse en los estudios y ejercer plenamente el derecho a la educación para obtener sus beneficios.

La deserción escolar por falta de recursos económicos es una de las principales causas de este rezago y el cual no se ha atendido y mucho menos resuelto.

La organización “Mexicanos Primero”, presento un diagnóstico de ello y los resultados arrojaron que de 100 niños que inician su educación primaria, un tercio o más dejan de estudiar, 64 la terminan, 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, sólo 10 la licenciatura y 2 o 3 hacen un posgrado.

Esto, solo demuestra que el Estado no ha sido capaz de crear y establecer condiciones para retener y mantener a quienes iniciaron su preparación en nivel básico, truncando en cierta forma el acceso al mercado laboral.

Actualmente se cuenta con Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, que resultan ser una herramienta de fácil acceso y potencialmente fuerte para combatir esta problemática.

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.

Los niños y jóvenes que tienen acceso a las herramientas informáticas tienen una inclinación natural a involucrarse e interactuar con ellas, en problemas y situaciones que requieren de habilidades estratégicas. Esa disposición apunta a que las tic pueden y deben usarse para llevar a cabo actividades asociadas al aprendizaje, a la reflexión y a la autoestima; pueden favorecer a que los estudiantes se motiven para logros educativos importantes, tanto en el aspecto cognitivo como emocional.

En el Marco Normativo del Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, publicado el 13 de Diciembre del año 2013, se hace la siguiente mención:

“Una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación”

Lo cual, es totalmente verdadero, es momento de dar un paso adelante y fortalecer nuestros sistemas.

Estas nuevas tecnologías permiten llegar a un gran número de personas al mismo tiempo y a lugares donde no llega un maestro de forma presencial.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo introducir el uso de las herramientas tecnológicas contra el rezago educativo en México, tomando en cuenta el artículo 32 de la Ley General de Educación donde dice:

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a aquellas personas con mayor rezago educativo o que se encuentran en desventaja en temas sociales y económicos;en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Asimismo, nos respaldaremos de la Reforma Educativa, la cual, está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de los objetivos, propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales, busca ser incluyente y destina mayores recursos a las zonas más pobres del país. Además garantiza la educación pública laica, gratuita y obligatoria.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a III. ....

IV. Prestarán servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas,para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decretó entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.planeducativonacional.unam.mx/ CAP_05/Text/05_02a.html

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

3 http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2013/04/03/abatir-rezago-educativo-reto- de-mexico

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/14/1024175

5 http://uvaq.edu.mx/index.php/noticias-institucional-blog/95-temp2-/563-presenta -mexicanos-primero-diagnostico-de-la-educacion.html

6 http://www.nl.gob.mx/servicios/reforma-educativa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Muñoz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el próximo 8 de marzo todos y cada uno de los grupos parlamentarios subirán a esta tribuna a asegurar que están a favor de los derechos de las mujeres, de la equidad de género y de las acciones de gobierno a favor del sexo femenino.

Escucharemos pues palabras emotivas, listas de buenos deseos y también se mencionarán los retos que millones de mujeres mexicanas enfrentan día tras día para salir adelante en este país.

Sin embargo, estoy convencida de que no debemos esperar a que se conmemore el Día internacional de la mujer para impulsar acciones y reformar los ordenamientos legales para seguir avanzando en el largo camino de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por tal motivo, hoy vengo a presentar esta iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en varios aspectos fundamentales para el desarrollo laboral de las mujeres y de sus familias. Y es que a pesar de que nuestra Constitución señala en su artículo 1 el reconocimiento de los derechos humanos, y el artículo 4 la igualdad de género, lo cierto es que nuestra legislación secundaria continúa con vacíos legales que no permiten abatir el problema de la brecha salarial, lo cual afecta a muchas mujeres que perciben ingresos menores a los de los hombres, a pesar de prestar los mismos servicios, y eso es por la razón de ser mujer.

Diversos organismos internacionales estiman que en México la brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres es de entre el 15 y el 20 por ciento, aun cuando ambos desempeñen trabajos iguales. Esto significa que la brecha salarial de todas las mujeres trabajadoras en México deriva en prejuicio de la calidad de vida no solo de la trabajadora sino también de los menores o familiares que dependen económicamente de ella.

El porcentaje de la brecha salarial en México se incrementa hasta 40 por ciento cuando se trata de mujeres en puestos de alta dirección, de acuerdo con el documento Mejores prácticas de diversidad e inclusión laboral.

Estos estudios demuestran que las actuales políticas públicas, así como el marco jurídico con el que contamos en México, han sido insuficientes para disminuir las inequidades contra las mujeres. Esto se origina porque tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como la Ley Federal del Trabajo establecen solo mecanismos parciales para preservar la igualdad sustantiva.

Entre los citados mecanismos se encuentran las certificaciones de igualdad empresarial a las que se refiere el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Norma Oficial Mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación que tiene como objetivo avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico.

Otros documentos de planeación gubernamental reconocen a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral, incluyendo la brecha salarial y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, desde la expedición de la norma en 2008 solamente se han reconocido 220 empresas, es decir, un promedio de 31 empresas a favor de la equidad laboral por año.

Por estos motivos, resulta imperativo dar certeza al marco jurídico para preservar la igualdad sustantiva y disminuir la brecha salarial, empezando por reconocer que el trabajo es un derecho humano.

De igual forma, considero necesario dar claridad en la Ley Federal del Trabajo a la garantía de preservar la igualdad sustantiva al trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada, eficiencia y salario, a través de una modificación al artículo 56.

La tercera reforma de esta iniciativa va enfocada a que las empresas eleven la integración de su plantilla laboral a 50 por ciento para que se les expida certificados de igualdad y no al 40, como se establece actualmente.

También se propone incrementar al 20 por ciento del total de la plantilla puestos directivos ocupados por mujeres. Para que esto se realice en la práctica, no podemos obligar a las empresas a incluir un mayor número de mujeres, pero sí podemos incentivar a las empresas otorgándoles beneficios económicos para contratar mujeres.

Por ello, en las próximas semanas presentaré la iniciativa complementaria por la que se otorgan incentivos fiscales a aquellas empresas que decidan adoptar estas prácticas en materia de equidad.

Probablemente algunos pensarán que estas medidas son excesivas, pero quisiera recordarles que en materia electoral este Poder Legislativo se vio obligado a establecer el 50 y 50 en candidaturas para mujeres, como la única forma de garantizar mayor inclusión de nosotras, tanto en las candidaturas como en las Cámaras. Gracias a esto, hoy somos la legislatura con más mujeres.

Pero si analizamos cuantas mujeres nos desempeñamos en cargos de elección popular contra el número de mujeres que trabajan en la iniciativa privada, nos daremos cuenta de que es muy poco lo que hemos hecho en materia laboral por el género. Por lo cual, apoyar la iniciativa que hoy presento no sería más que una muestra de congruencia y una señal de que si en el servicio público estamos avanzando, la igualdad sustantiva, la iniciativa privada debe hacer lo propio. Por ello, porque es ahí donde mayormente las mujeres se desempeñan laboralmente. Espero el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Nadia Haydee Vega Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 3 y el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo y los incisos b) y c) de la fracción XI del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Declaración de Universal de Derechos Humanos toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a la protección contra el desempleo, a condiciones y remuneraciones equitativas y satisfactorias, que le asegure el trabajador, así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social.

En el ámbito laboral, la equidad en materia salarial de las mujeres respecto de los hombres, se ve mermada por una brecha salarial que se define como la diferencia que existe entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos.

El Informe Mundial sobre Salarios 2014-2015 que elabora la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muestra que en los últimos 20 años se ha incrementado la desigualdad salarial por género, pese a los múltiples avances y esfuerzos internacionales para evitar esta problemática, incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha señalado que la agudización de la desigualdad por género ha afectado alrededor de dos terceras partes de las economías desarrolladas en los últimos decenios.

A escala mundial, se estima que la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de 22.9 por ciento promedio, en otras palabras, las mujeres ganan 77.1 por ciento de lo que ganan los hombres, indica la OIT.

Ante tal panorama, organismos como el G20 han conformado grupos de trabajo para la equidad de género como el Woman20 (W20), el cual es un Grupo autónomo que aborda el fomento de un crecimiento económico con inclusión de género; tiene como objetivo la inclusión de género en la economía, como una característica esencial para un crecimiento fuerte, sostenido y balanceado de las naciones, asimismo busca que los países del G20 impongan metas a sus estrategias y establezcan nuevos indicadores.

Recientemente, el W20 presentó un decálogo de demandas que permitirían implementar una verdadera equidad de género en las economías, lo cual implica eliminar las brechas que ponen en desventaja a las mujeres en su participación en la fuerza laboral con relación a los hombres, entre estas demandas se destacan

• Incrementar el número de mujeres en la fuerza laboral, pero sobre todo, en posiciones de liderazgo en los sectores público y privado; y

• Fortalecer la cooperación de organismos empresariales, asociaciones civiles y actores políticos.

El Plan Nacional de Desarrollo establece entre sus propósitos la tarea de diseñar políticas que eliminen la discriminación y garanticen las mismas oportunidades para ambos géneros, creando para este fin, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el cual pretende ejecutar múltiples estrategias intersecretariales para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que señala, como uno de los retos principales, la eliminación de la brecha salarial y el acceso del sector femenino a sus derechos laborales.

Sin embargo, pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 1o. el reconocimiento de los derechos humanos y en el artículo 4o. la igualdad de género; nuestra legislación secundaria continua con lagunas legales que no permiten abatir el problema de la brecha salarial, lo cual afecta a las mujeres, pues sufren de ingresos reducidos a pesar de prestar servicios a los que corresponde un ingreso mayor, siendo la única desventaja, el no pertenecer a otro género.

Diversos organismos internacionales estiman que en México la brecha salarial de las mujeres respecto de los hombres es de entre 15 y 20 por ciento en promedio, pese a que ambos desempeñan trabajos iguales. Por ello, la brecha salarial de las 3.7 millones de madres solteras trabajadoras en México deriva en el perjuicio de la calidad de vida tanto de la trabajadora, como de las personas que dependen económicamente de ella.

El porcentaje de la brecha salarial en México, llega a subir hasta 40 por ciento cuando se trata de mujeres en puestos de alta dirección, de acuerdo con el documento Mejores prácticas de diversidad e inclusión laboral,elaborado por la American Chamber of Commerce of Mexico.

Las actuales políticas públicas y estrategias, así como el marco jurídico con que contamos en México, no han logrado disminuir dichas brechas.

Las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Federal del Trabajo establecen de manera parcial mecanismos para preservar la igualdad sustantiva, que de conformidad con la primera debe entenderse como “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de la libertades fundamentales” (artículo 5, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).

Entre los mecanismos para abatir la brecha salarial y preservar la igualdad sustantiva se encuentran los relativos a las certificaciones de igualdad empresarial a las que se refiere el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como también en materia de política pública la expedición de la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015,en materia de igualdad laboral y no discriminación, que tiene como objetivorecuperar la experiencia del modelo de equidad de género y avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico y; los documentos de planeación nacional a través de un reconocimiento a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral (incluida la brecha salarial) y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores; desde la expedición de la norma en 2008 se han reconocido a 220 empresas.

Sin embargo, pese a los innegables avances, nuestra legislación secundaria aún presenta artículos normativos que no dan certeza jurídica en materia de preservar la igualdad sustantiva y disminuir la brecha salarial. Por ello, en primer lugar es necesario establecer que el trabajo es un derecho humano, armonizando nuestra legislación secundaria con la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por México.

En segundo lugar, es necesario establecer y dar claridad en la ley de la materia, en este caso la Ley Federal del Trabajo, la garantía de preservar la igualdad sustantiva al trabajo igual desempeñado en puesto, jornada, eficiencia y salario.

Por último, se considera deben reforzarse los incentivos para que las empresas promuevan la equidad de género y la plantilla laboral, pero sobre todo en los liderazgos corporativos, tal como lo recomienda el W20.

La presente iniciativa pretende establecer con claridad la obligación del Estado de procurar la disminución de la brecha salarial, a través de la reforma del artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo para establecer que éste es un derecho humano, y éste y el artículo 56 del mismo ordenamiento tiene como finalidad que se garantice la igualdad sustantiva laboral para las mujeres.

Por último, se establece reformar los incisos b) y c) del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la finalidad de elevar la integración de la plantilla laboral a 50 por ciento en la expedición de certificaciones de igualdad para las empresas y no a 40 por ciento como establece actualmente la ley.

Asimismo, se propone que 20 por ciento de la plantilla sea para puestos directivos que ocupen las mujeres, representando así una verdadera oportunidad de igualdad de acceso a plazas, que al final repercuta a una disminución de la brecha salarial.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman el párrafo primero del artículo 3o. y el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3. El trabajo es un derecho humano.No es un artículo de comercio.

...

...

...

Artículo 86.A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, garantizando el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Segundo. Se reforman los incisos b) y c) de la fracción XI de artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

I. a X. ...

XI. ...

a) ...

b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de l cincuenta por ciento de cada género, y el veinte por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos.

c) La aplicación de procesos igualitarios, desde la publicación de sus vacantes, la selección del personal, el ingreso del personal y la verificación de igualdad en materia retributiva, conforme al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.

d) ...

XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.—Diputados: Nadia Haydee Vega Olivas,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, César Flores Sosa, Claudia Sánchez Juárez, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Genoveva Huerta Villegas, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaimes, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, José Hernán Cortés Berumen Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad de Género, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y personal de la Preparatoria Oficial, número 68, del Municipio de Tultitlán, estado de México. Invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Igualmente también, la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Efraín Huerta, 3B, 6A y 6B de la delegación Iztapalapa de aquí de la Ciudad de México. Invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cecilia Soto González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Con su venia, señor presidente. Estimados colegas, diputadas y diputados, subo aquí en mi calidad de presidenta de la Comisión del Distrito Federal, precisamente para pedir su autorización para el cambio de nombre. Subo además, con la doble alegría de que esta iniciativa está suscrita por una gran mayoría de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

El pasado 20 de enero de 2016, la Comisión Permanente y el Congreso de la Unión, en voz de su presidente, el diputado Jesús Zambrano, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso, como por un número significativo, 22, en ese momento, Legislaturas locales.

El 29 de enero próximo pasado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En dicha reforma se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa a ser de Distrito Federal a Ciudad de México con plena autonomía, mayor soberanía y asiento de los poderes federales, en su carácter de capital de la República.

Cómo lo explicita hoy en un artículo el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cosío, no se trata de un simple cambio de nombre ni de meros bordados jurídicos. Constitucionalmente –dice el ministro de la Suprema Corte– el DF debe ser una parte integrante de la federación en conjunto con todos los estados.

Para estos últimos, para los estados, existía un régimen de competencias residuales respecto de las asignadas a los poderes federales. Ello quería decir que los órganos de las entidades podrían actuar en todo aquello que no hubiera otorgado una competencia expresa a los órganos federales.

Sin embargo con el Distrito Federal acontecía exactamente lo opuesto. Las autoridades de éste únicamente podían hacer aquello que expresamente les confiriera la Constitución. En consecuencia todo lo relativo a la actuación de las materias no conferidas de esa manera a los órganos del DF, sí implicaba el otorgamiento de una competencia residual en favor de los órganos federales, primordialmente el Congreso de la Unión.

Con la reforma constitucional mencionada el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir leyes que establezcan las bases para la coordinación entre poderes federales y los poderes de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital del país, así como la Ley de Coordinación Metropolitana entre la federación y sus demarcaciones territoriales, los estados, municipios conurbados y las bases de organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Es por ello que se requiere un cambio tanto de denominación de la Comisión del Distrito Federal como de las funciones. Anteriormente en el artículo 40 solamente se otorgaban dos facultades a la Comisión del Distrito Federal. Con la reforma que nosotros proponemos, integrada como el resto de las comisiones ordinarias en el numeral 40, el numeral 39, la Comisión del Distrito Federal tendrá derecho a las cuatro facultades que tienen las demás comisiones de informar, resolver, dictaminar y opinar.

Todas estas materias, las materias que acabo de mencionar que están definidas en el artículo 122 de la Constitución, son fundamentales para la Comisión de la Ciudad de México ya que es la que dictaminaría estas leyes derivadas de la reforma constitucional mencionada.

En consecuencia la modificación propuesta en esta iniciativa, permite que la comisión realice las facultades de dictamen, opinión, resolución e información, cuando se trate de asuntos de la ciudad de México que impliquen atribuciones al Congreso de la Unión.

Quiero comentarles, compañeros, que esta propuesta, esta iniciativa, fue firmada por todas las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con la excepción de los colegas de Morena, que se abstuvieron. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión del Distrito Federal

Las comisiones son órganos que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales en las diversas esferas de la vida político-administrativa de la nación, de manera tal que se pueda contar con más y mejores leyes que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

En el marco jurídico vigente existen diversos tipos de comisiones. De acuerdo a su grado de especificidad están las de carácter ordinario cuya función básica es la de elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones sobre diversos asuntos que les son turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

No obstante, existen algunas que desarrollan tareas específicas que la propia ley les indica. Tal es el caso de la Comisión del Distrito Federal que tiene tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones que le confiere a la Cámara el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El pasado 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en voz de su presidente, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso de la Unión como por la mayoría de las Legislaturas de los estados. El 29 de enero próximo pasado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

En dicha reforma, se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa de ser Distrito Federal a la de Ciudad de México, con plena autonomía, mayor soberanía y asiento de los poderes federales en su carácter de capital de la República.

Ahora bien, en la mayoría de los casos, las denominaciones de cada una de las comisiones ordinarias de la Cámara guardan una correspondencia con sus relativos en la administración pública federal, de tal suerte que el caso que nos ocupa en esta iniciativa infiere ser consecuentes con la reforma constitucional mencionada y otorgarle a la comisión ordinaria en comento su denominación fruto de dicha reforma.

Asimismo, se requiere que la propuesta de cambio de denominación de la comisión en comento a Comisión de la Ciudad de México se inserte en el listado de las comisiones ordinarias y se enfoque a atender las nuevas disposiciones del artículo 122 constitucional, aquellas acciones que involucren el carácter de capitalidad de la Ciudad de México y las que distribuyan competencias concurrentes entre distintos órdenes de gobierno y siente bases de coordinación cuyas disposiciones se relacionen con esta entidad federativa.

El proyecto de decreto de la iniciativa que se presenta implica en primera instancia el cambio de denominación de la Comisión del Distrito Federal por el de Comisión de la Ciudad de México para que con base en las facultades que le otorga la ley sujeta a modificación, exista coherencia con las reformas constitucionales que le otorgan una nueva realidad político-jurídica a la Ciudad de México.

Los cambios constitucionales definen a la Ciudad de México como una entidad federativa con iguales facultades, obligaciones y responsabilidades que el resto de las entidades federativas de la República Mexicana; le otorgan autonomía constitucional en lo concerniente a su régimen interior, organización política y administrativa, y facultan la creación de una Asamblea Constituyente encargada de aprobar la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

Con la reforma constitucional mencionada el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital del país; así como la ley de coordinación metropolitana entre la federación, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, los Estados y Municipios conurbados; y las bases de organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Además, deberá garantizar la Cámara de Diputados que al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la federación se destinen los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

De manera particular el Congreso deberá emitir las disposiciones para que las alcaldías accedan a los recursos de los fondos y ramos federales y se reconozca en el marco jurídico un fondo para cumplir con las funciones de capitalidad de la Ciudad de México.

Todas estas materias son fundamentales para la Comisión de la Ciudad de México ya que es la que dictaminaría estas leyes durante la presente Legislatura y sus probables modificaciones en las legislaturas por venir, así como contribuir al dictamen legislativo de las medidas que impliquen competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno y mecanismo de coordinación que se relacionen con esta Ciudad.

La propia naturaleza de entidad federativa que le otorgó la Constitución a la Ciudad de México, sede de los poderes federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Por ello, es fundamental la propuesta de modificación que esta iniciativa propone a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que en el listado que ya existe de comisiones ordinarias en el artículo 39 se incluya a la Comisión de la Ciudad de México y que su antigua denominación se elimine del artículo 40, numeral 3.

En consecuencia, la modificación propuesta en esta iniciativa permite que la Comisión realice las facultades de dictamen, de opinión, de resolución y de información cuando se trate de asuntos sobre la Ciudad de México que impliquen atribuciones al Congreso de la Unión o a alguna de sus Cámaras, así como aquellas en donde se atribuyan facultades concurrentes o bases de coordinación que involucren a autoridades de esta entidad federativa.

En tal virtud y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1 fracción I y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción X recorriéndose en su orden las actuales fracciones, del numeral 2 del artículo 39 y se deroga el numeral 3 del artículo 40, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona la fracción X, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, del numeral 2 del artículo 39 y se deroga el numeral 3 del artículo 40, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

...

I. a IX. ...

X. Ciudad de México;

IV. a LII. ...

3. ...

Artículo 40. ...

1. ...

2. ...

3. Se deroga.

4. ...

5. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo,  a 16 de febrero de 2016.— Diputados: Cecilia Guadalupe Soto González, María de la Paz Quiñones Cornejo, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Rocío Díaz Montoya,  Héctor Barrera Marmolejo, Evelyn Parra Álvarez,  Sharon María Teresa Cuenca Ayala,  René Cervera García,  Alfredo Bejos Nicolás,  Ana Leticia Carrera Hernández,  Sara Paola Galico Félix Díaz,  Fernando Navarrete Pérez,  Matías Nazario Morales,  Santiago Taboada Cortina,  Santiago Torreblanca Engell,  Manuel Vallejo Barragán,  Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Soto. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes. Saludo a todas y a todos los aquí presentes, a quienes nos siguen por internet y por el Canal del Congreso.

Hoy, desde esta tribuna presento una iniciativa de reforma a los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a efecto de tipificar el delito de abandono a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad.

Según datos del último Censo de Población, hay en nuestro país 10.8 millones de adultos mayores, que corresponde casi al 11 por ciento del total de la población. Las personas adultas mayores son el cuarto grupo de población vulnerable, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, del año 2010.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud calcula que entre el año 2015 y 2050, la proporción de personas adultas mayores que implicará, previendo un aumento de 900 millones, a casi 2 mil millones de personas mayores de 60 años en el año 2050. Es por esto que México debe prepararse ante un acelerado envejecimiento poblacional.

El Poder Legislativo en diversos momentos ha legislado para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores. Hace más de 13 años se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aquí en nuestro país, misma que enumera de manera enunciativa, más no limitativa, las prerrogativas o los derechos a que son acreedores todas las personas a partir de que cumplen 60 años de edad.

Asimismo, esta ley establece que la familia debe velar por cada una de las personas de la tercera edad, que forman parte de la misma, y que debe ser responsable de proporcionar las satisfacciones necesarias para su atención y para su desarrollo integral.

No obstante a la ley anterior, el abandono de las personas mayores hoy es una triste realidad en nuestro país. Todos los aquí presentes, diputadas y diputados de los diferentes distritos o las diferentes regiones de nuestro país, seguro estoy que han sido testigos de innumerables casos de abandono en sus estados.

Personas que hemos visto que comen una vez al día, que están sin hogar porque se lo entregan todo a sus hijos. Esto, con todos los esfuerzos que los gobiernos de los estados, que el mismo gobierno federal y nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo.

Pero no podemos dejar la atención de los adultos mayores solamente en manos de gobierno, tenemos que entrarle todos, y la familia debe ser responsable. Muchas veces, la propia familia, aprovechando de la fragilidad de las personas adultas mayores, de la falta de la memoria o la dependencia que ellos tienen por su estado de salud, se apodera hasta de sus bienes materiales dejándolos en un abandono total.

El abandono cobra sentido cuanto el adulto mayor se le inmola o se le agrede, ya sea física o verbalmente, y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad, ocasionándole problemas que afectan directamente a sus emociones y a su salud.

Y aunque el Código Civil Federal se estipula en el artículo 304 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, y a falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado, esta reglamentación no es suficiente.

Por tal razón, y a efecto de perfeccionar nuestro andamiaje jurídico, resulta de gran trascendencia elevar los estándares de protección a las personas adultas mayores, por lo que propongo la reforma a estos artículos del Código Penal, a efecto de sancionar a quien abandone a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad, teniendo obligación de cuidarlo.

Además se aclara que se entenderá que un adulto mayor se encuentra en estado de vulnerabilidad cuando se trasgreda alguno de sus derechos estipulados en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Diputadas y diputados, la vejez es una etapa de la vida a la que, si Dios nos presta vida, todos los que estamos aquí podremos llegar, donde evidentemente se requiere de mayores atenciones, por ello presento esta iniciativa. Y los invito, compañeras y compañeros, a que se sumen para que juntos logremos proteger a los adultos mayores de nuestro país; y garantizar la observancia de los familiares responsables en cuanto a sus obligaciones alimenticias, económicas, de salud y de bienestar social. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, de conformidad con el siguiente

Planteamiento del problema

En diversos momentos se ha legislado para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores. Así, el 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, misma que enumera de manera enunciativa más no limitativa los derechos de integridad, dignidad y preferencia; certeza jurídica, salud, alimentación y la familia; trabajo; asistencia social; participación; denuncia popular y de acceso a los servicios.

La ley mencionada establece que la familia debe velar por cada una de las personas de la tercera edad que forman parte de ella y debe ser responsable de proporcionar las satisfacciones necesarias para su atención y desarrollo integral. Sin embargo, hoy en día muchos adultos mayores sufren agresiones físicas, psíquicas, económicas y patrimoniales, además de maltrato, los cual muchas veces converge en el total abandono de los adultos mayores por sus familiares.

El Código Civil Federal establece en el artículo 304 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres y a falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. Siguiendo este precedente cada entidad federativa en su código civil estipula tal obligación.

Por otro lado, desde un enfoque de derecho penal, el Código Penal Federal establece en el artículo 335 que al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. Sin embargo; este precepto omite incluir el abandono que muchas personas adultas mayores sufren por parte de sus familiares responsables y que los coloca en estado de vulnerabilidad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 señala que las personas adultas mayores son el cuarto grupo de población vulnerable. Por ello resulta de vital importancia reformar el precepto legal citado a fin de que les asista la protección por el Estado de sus derechos humanos cuando se actualice la hipótesis jurídica del abandono de su persona.

Argumentación

En el país se considera personas adultas mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad.

La Organización Mundial de la Salud señala que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Se calcula, que entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22 por ciento. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 mil millones de personas mayores de 60 años.

En México, según datos del censo de 2010, hay 10.8 millones de adultos mayores, que corresponden a casi 10 por ciento de la población total.

El envejecimiento es un proceso complejo que tiene impactos en diversos ámbitos tanto a nivel individual como colectivo: la familia, el mercado laboral, el sistema económico, la seguridad social, el servicio de salud, entre otros son algunos de los sectores que se ven afectados en esta etapa del ser humano.

Los adultos mayores son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que 1 de cada 10 personas mayores sufre maltrato.

Robert Chambers señala que “La vulnerabilidad no es lo mismo que la pobreza. No significa que haya carencias o necesidades, sino indefensión, inseguridad y exposición a riesgos, crisis y estrés”.

De conformidad con el Informe sobre desarrollo humano 2014, emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “se dice que toda persona que carezca de los mínimos necesarios para poder llevar una vida aceptable es realmente vulnerable (...) Una salud frágil, la pérdida del trabajo, el acceso limitado a los recursos materiales, las recesiones económicas y un clima inestable son factores que hay que añadir a la vulnerabilidad de las personas y a la inseguridad económica”.

En la esfera internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Según datos del Consejo Nacional de Población actualmente, el segmento de personas con 60 años y más alcanza los 9.4 millones, es decir, 8.7 por ciento del total de la población mexicana. Se espera que alrededor de 2020, la población de adultos mayores haya llegado a su máxima tasa de crecimiento (4.2 por ciento), con 14 millones de individuos, lo cual representaría 12.1 por ciento de la población. Ese año, el ritmo de su crecimiento comenzaría a disminuir hasta experimentar un crecimiento negativo en 2050 de -1.58 por ciento.

En virtud de lo anterior, resulta de gran trascendencia elevar los estándares de protección a las personas adultas mayores ya que es indudable que el envejecimiento de la población es un evento creciente.

Desgraciadamente son innumerables el número de historias en que las familias abandonan a las personas mayores, esto hace que éste sector de la población se vuelva vulnerable ante la falta de responsabilidad de aquellos miembros de su familia que dejan de cumplir la obligación de asistencia, lo que ocasiona el decrecimiento de estas personas como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, salud, sentimientos, etcétera.

Pese a los datos citados, el abandono de un adulto mayor no figura en el Código Penal Federal, por eso presento esta iniciativa a fin de salvaguardar a las personas adulto mayor y garantizar la observancia de los familiares responsables en cuanto a sus obligaciones alimenticias, económicas, salud y bienestar social.

En razón de lo anterior se somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma, a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

En el caso de abandono a un adulto mayor se entenderá que se encuentra en estado de vulnerabilidad cuando se trasgreda alguno de sus derechos establecidos en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. El delito de abandono de hijos de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, ante el Juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de los hijos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://revoluciontrespuntocero.com/la-tercera-edad-en-mexico-sus-cifras-y-el-ab andono/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/

3 http://dnias.dif.gob.mx/informacion-para-todos/adultos-mayores/

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/

5 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/ HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

6 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/ HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

7 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ Mexico_D_F_30_de_agosto_de_2010_

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: José Refugio Sandoval Rodríguez,Jesús Antonio López Rodríguez, Pedro Garza Treviño(rúbricas).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:  Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Los diálogos de San Andrés son un compromiso incumplido. El día de hoy se cumple 20 años de los diálogos de San Andrés Larraínzar, en donde hacían las negociaciones entre el ZLN y el gobierno mexicano con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y el mundo indígena, a fin de revertir sus condiciones de explotación y marginación en las que viven.

San Andrés constituye antes que nada la primera ocasión en 500 años en que nuestros pueblos indígenas participan como parte consciente de la nación mexicana. En ese sentido, tiene un carácter histórico invaluable y es un aporte definitivo a la democracia en el mundo, que es impensable si no se inicia con un respetuoso reconocimiento de todas y de todos los que forman parte de la población mundial.

Este hecho histórico se llevó a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés, apellidado Larraínzar por el gobierno y rebautizado como Sakamch´en de los pobres por los Zapatistas, con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica.

Esta conciencia se dio para dialogar y pensar, repensar el proyecto de nación. Es decir, el puente que fue San Andrés implicó el ensayo de un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social y político.

El proyecto central de estos acuerdos era terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indígenas. Ahí se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de sus derechos. Es decir, no sólo derechos individuales sino derechos colectivos de los pueblos, sean tzeltales, náhuatls, tarahumaras, mixtecos o de cualquier otro pueblo que habite dentro del territorio nacional.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, sin embargo durante seis meses, desde febrero hasta septiembre de 1996 el gobierno no dio ni un solo paso encaminado a dar cumplimiento a los acuerdos firmados, en cambio se extendió la... de las comunidades indígenas y no sólo en el estado de Chiapas, se identificaron también las actividades impunes de los grupos paramilitares y de las guardias blancas. El puente se quemó y lo quemó el Estado mexicano.

Ni el gobierno firmante ni sus sucesores cumplieron con su palabra, todos simularon que la cumplían, sin embargo intentaron apropiarse del discurso indígena, pero esto era imposible porque la lógica de aquel es transformar al país para que sus derechos puedan concretarse, mientras la lógica del gobierno es seguir administrando los intereses del gran capital que es la realidad de quien toma las decisiones fundamentales en nuestro país.

El gobierno federal y muchos gobiernos estatales insisten en considerar que la única vía posible para atender las demandas y dar solución a los problemas de los pueblos y comunidades indígenas de México consiste en la distribución desmedida de despensas y de espectaculares promocionando los actos de gobierno, pero no, compañeros y compañeras, el problema no radica en cuántos programas sociales más se implementen o cuántos menos existan; el problema radica en que el Estado mexicano tiene que modificar y cambiar su relación con nuestros pueblos originarios, tiene que modificar su relación con nuestra sociedad.

También este problema radica en que la ley aún concibe a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público. A tal definición subyace la consideración nociva de los pueblos y comunidades como sujetos vulnerables a los que el Estado tiene que tutelar y no como lo que realmente son; sujetos históricos capaces de idear y emprender sus propios desarrollos.

Por todo lo anterior propongo a este pleno una reforma constitucional que modificando los párrafos segundo y cuarto, así como la fracción VIII del apartado A del artículo 2o de nuestra Carta Magna, permita el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonios propios, y confiera a las comunidades indígenas la atribución para el ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos en su calidad de sujetos de derecho público.

Una reforma así será capaz de corregir omisiones pasadas, garantizando para los pueblos indígenas el más pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación, de territorio y de representación política.

Una reforma como la que aquí se plantea no busca otorgar derechos especiales o de compensación contra las miserias prolongadas, sino más bien apoyamos los derechos indígenas, no porque sean derechos especiales, sino específicos, no porque impulsen fuero a cierto sector cultural étnico, sino porque son derechos que reconocen la diversidad cultural existente.

En suma, porque la defensa de los derechos indígenas encierra un compromiso ineludible: la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión en nuestro México.

A dos décadas de la instalación de las mesas de diálogo de San Andrés, es imperativo que el Estado mexicano, especialmente el Congreso de la Unión, en su carácter de representación de la nación y el Pacto Federal, honren los acuerdos suscritos en aquel entonces mediante la emisión de reformas y nuevas disposiciones que den cabal cumplimiento a las reivindicaciones que hoy, como hace 20 años, continúan enarbolando los cientos de pueblos y comunidades indígenas de este país.

La esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.

Es momento de otorgar plenos derechos a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Pocos conceptos describen con suficiente precisión lo sucedido en Chiapas el 16 de febrero de 1996 que el de “ruptura de paradigma”. Ese día, entre las montañas que rodean al municipio de San Andrés Larráinzar, ubicado en la frontera noroccidental de los Altos de Chiapas, una de las regiones indígenas más densamente pobladas del país, se firmaron los célebres Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Este acontecimiento, nodal en el proceso histórico contemporáneo de México, repercutiría de tal forma en la percepción nacional sobre la cuestión indígena, en aquel entonces sumida en los peores prejuicios e indolencias, que en adelante jamás podríamos asumir bajo el mismo atisbo la realidad de los pueblos y comunidades indígenas de México. La ruptura, alentada por una crisis económica y de derechos que afligiendo a todos los mexicanos había hallado entre los pueblos indígenas al sector más vulnerable (baste recordar las críticas a la reforma a la propiedad ejidal de 1991, impulsada por el gobierno federal) nos obligó a abrir los ojos.

Habiendo sido resultado de mesas inéditas para el encuentro y diálogo entre el gobierno federal, representantes indígenas de toda la República y miembros notables de la academia y sociedad civil, los acuerdos implicaron el establecimiento de los primeros compromisos sustantivos para dar solución a las causas que originaron el levantamiento armado zapatista de 1994, convirtiéndose con ello en uno de los más importantes procesos para visibilizar, quizás como nunca antes, las incontables injusticias y graves condiciones de vida que por siglos habían debido enfrentar los pueblos y comunidades indígenas de México.

Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados en un momento de enorme agitación política en el país, pues la emergencia del levantamiento zapatista significó un poderoso catalizador para la conformación de un gran movimiento indígena nacional que reconoció en ese evento una coyuntura inmejorable para exigir, a los ojos de México y el mundo, un cambio radical en los términos en que había estado fijado por siglos el pacto nacional, así como el fin de los abusos, la exclusión y el trato desigual del que habían sido objeto los pueblos indígenas.

Su presentación llenó a muchos con la esperanza de la construcción de un nuevo proyecto de nación cimentado en un marco jurídico pluralista y respetuoso de la diferencia, que contemplara el reconocimiento de los derechos, no sólo individuales sino colectivos, de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a una personalidad jurídica y a la autonomía plena de sus territorios, así como su derecho inalienable a definir los alcances y dimensiones de sus propios desarrollos. Después de todo, el Estado mexicano se había comprometido a iniciar, con base en ellos, una profunda reforma del estado.

Sin embargo, la elevada euforia que produjo entre amplios sectores de la sociedad mexicana la publicación de los Acuerdos de San Andrés sólo pudo compararse con el aborto estrepitoso de las mesas de diálogo y la soez cerrazón del gobierno federal para cumplir cabalmente con los acuerdos pactados. Así, de lo que en su momento pareció ser una oportunidad histórica para enmendar siglos de atropellos y despojos cometidos contra los pueblos indígenas de México, sólo sobrevivió un conjunto de reformas diluidas y de corto alcance, poco coherentes con las determinaciones emanadas de las mesas de diálogo. Una vez que la ola de descontento social atenuó sus fuerzas, el gobierno en turno aprovechó para desdecirse de su palabra, interrumpió abruptamente las mesas de diálogo e hizo lo posible para impedir el pleno cumplimiento de las exigencias de los pueblos indígenas para ser considerados sujetos sociales e históricos, perdurando así la política del olvido y el abandono.

Estos hechos no hicieron más que precipitar la extensión y profundización de los conflictos políticos y sociales que hoy, como en aquel entonces, continúan protagonizando diversos pueblos y comunidades indígenas en resistencia, pues se descartó la posibilidad de incorporar sus propuestas y exigencias en el proceso de elaboración de un marco jurídico e institucional que estableciera más justas condiciones en la relación entre los pueblos indígenas del país, el estado y el resto de la sociedad.

Pese a lo anterior, los Acuerdos de San Andrés se han convertido no sólo en un referente conceptual y pragmático para los movimientos en defensa de las causas y derechos indígenas, un pronunciamiento ético en contra de las expresiones de colonización padecidas por las culturas indígenas en el marco del progreso del pacto nacional. Hoy, además, se han convertido en el marco normativo mediante el cual muchos pueblos y comunidades indígenas en México establecen actualmente su organización, determinan su agenda de reivindicaciones y definen su relación con el estado y el resto de la sociedad. Así pues, los Acuerdos de San Andrés están vivos, enarbolándose y reinventándose en manos de quienes y para quienes fueron escritos.

Argumentación

El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un largo proceso histórico de reivindicación que ha enfrentado obstáculos de la más diversa índole para su realización. En nuestro país, el debate sobre su naturaleza y factibilidad se ha desarrollado con base en los razonamientos de dos enfoques teóricos claramente opuestos. El primero considera que somos un país mestizo, es decir, monocultural, y por tanto conlleva una negación implícita de la diversidad cultural. El segundo se funda en la constatación histórica de la heterogeneidad cultural sobre la que se conforma nuestra sociedad.

Por décadas, la política para el desarrollo indígena implementada por el Estado mexicano se condujo bajo los planteamientos de la primera perspectiva. De este modo, se emplearon agresivas políticas orientadas a la integración de la diversidad racial, la biodiversidad y los diferentes espacios geográficos que coexisten en la nación mexicana, bajo la premisa de que ésta se manifiesta en el desarrollo continuado de conflictos de fuerzas entre sistemas sociales que tienden a organizarse en un plano de desigualdad. La política de integración implicaría un proceso para eliminar la marginación de la población indígena intentándola incorporar a la sociedad mayor, a decir, una sociedad nacional fincada en la identidad mestiza.

Sin embargo, el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 obligó al gobierno y sociedad mexicana a replantear los ejes sobre el cual reflexionaba y actuaba frente a la cuestión indígena. Mientras que por décadas se había asumido que en aras del progreso nacional los contrastes emanados de las culturas indígenas debían diluirse en un nuevo contrato social que hallara en el individuo mestizo su sujeto predominante, el zapatismo demandó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto político e histórico excluido de las garantías del pacto social, al mismo tiempo que mostraba su potencialidad transformadora.

Se trataba pues de transitar de la homogeneización autoritaria, de la noción de unidad sin diversidad que intenta borrar la identidad indígena al reconocimiento más amplio del otro,de la riqueza que procede de diferencia. El EZLN mostró la necesidad de cambiar la política indigenista tradicional de diseñar y hacer proyectos para los indios sin los indios, y en cambio reconocerles sus derechos como responsables y articuladores de sus propios desarrollos. Aquellos pronunciamientos se convirtieron en un punto de inflexión para el pensamiento enraizado no sólo en el movimiento indígena, sino en las causas populares.

Las causas enarboladas por el EZLN, así como por innumerables movimientos y representaciones indígenas que habían decidido sumarse y acuerpar a la resistencia zapatista en Chiapas, pudieron cristalizarse en los enunciados que dan forma a los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, como ya se ha señalado, disminuido el furor coyuntural, el gobierno federal impidió su concreción constitucional y en cambio promovió una nueva propuesta de reformas que difería en aspectos fundamentales con los Acuerdos de San Andrés. Años más tarde éstas llegarían a denominarse Ley de Derechos y Cultura Indígena.

No obstante estos hechos, presentes aún en la memoria de muchas comunidades y movimientos indígenas en el país, lo cierto es que la reforma constitucional publicada el 14 de agosto de 2001 implicó cambios importantes en los términos en que había estado planteada la relación entre los pueblos indígenas, el estado y el resto de la sociedad mexicana y derivó en adecuaciones significativas en la política para el desarrollo de las culturas originarias.

Por ejemplo, en materia de discriminación se estableció a nivel constitucional la obligación que tiene el estado de crear instituciones y políticas que eliminen cualquier práctica discriminatoria hacia los indígenas y se prohibió toda discriminación motivada por origen étnico. Al obligarse el estado a combatir toda forma de discriminación, y en particular aquella dirigida a grupos indígenas, éste se colocaba en una situación inédita: la negación de la homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el estado se había convertido en promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que la aplicación de la ley requeriría ahora tomar en cuenta las características culturales de los indígenas en el marco de las relaciones jurídicas, sociales y políticas que ordenan este país. Estos planteamientos hicieron posible una nueva definición de la nación mexicana basada en el reconocimiento de su composición pluricultural.

Sin embargo, pese a los incuestionables avances que representaron estas reformas, tampoco podemos negar que fueron incapaces de cumplir cabalmente con las propuestas y exigencias emanadas de los Acuerdos de San Andrés, particularmente en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Para ahondar sobre esto, conviene hacer ciertas aclaraciones conceptuales en la materia. En primer lugar, debemos considerar que un principio, los derechos humanos tradicionales consideraban a la persona en lo individual como único y absoluto sujeto de derechos. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos sociales, resultado de las largas luchas y transformaciones sucedidas a inicios del siglo pasado, rompió con esta tradición y la actualizó al considerar como sujetos de derechos a personas colectivas, a grupos humanos, entre los que destacaban los sindicatos y ejidos.

En este sentido, es necesario precisar la expresión de “sujetos de derecho público”. El concepto sirve para referirse a personas o entes de derecho público, es decir, organismos que habiéndose sido creados por el derecho, forman parte de la organización estatal, y por lo tanto cuentan con facultades y competencias determinadas por la propia ley. Su personalidad jurídica les permite establecer relaciones jurídicas válidas y por esa vía ejercer derechos o contraer obligaciones.

Finalmente, debe mencionarse que el derecho matriz de un pueblo es su derecho a la libre determinación. En este sentido, la autonomía es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser. Pese a que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas está reconocido constitucionalmente, el estado aún no ha reparado lo suficiente en la definición de los mecanismos y condiciones para el ejercicio de tal facultad en genuina independencia del orden político-electoral, así como no se ha profundizado en la determinación de los derechos autonómicos, como el derecho al autogobierno, el derecho a los propios sistemas normativos y el derecho al territorio, reclamos todos con presencia sustantiva en los Acuerdos de San Andrés.

Mientras estos derechos continúen ausentes del orden jurídico nacional, persistirá la política de menosprecio y arrogancia con que el Estado mexicano ha tratado las ideas y propuestas plasmadas en los acuerdos, así como las aspiraciones más sentidas de la población indígena del país, mientras se mantendrá truncada la inclusión respetuosa y digna de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución y el pacto nacional.

Pese a los irrefutables avances en materia jurídica hasta ahora alcanzados, hoy, como en el pasado, el gobierno federal y muchos gobiernos estatales insisten en considerar que la única vía posible para atender las demandas y dar solución a los problemas de los pueblos y comunidades indígenas de México consiste en la distribución desmedida de despensas y la constante promoción de las acciones gubernamentales en medios de comunicación y espectaculares. La raíz de este problema radica en que, pese a los importantes cambios constitucionales, la ley aún concibe a los pueblos y comunidades indígenas como “entidades de interés público”. A tal definición subyace la consideración nociva de los pueblos y comunidades indígenas como víctimas, individuos vulnerables que requieren de la tutela del estado para sobrevivir y no como sujetos históricos, capaces de idear y emprender sus propios desarrollos.

Las consecuencias de definir una política para el desarrollo de los pueblos indígenas sobre la base de estos planteamientos se hace patente al conocer los datos sobre pobreza, desigualdad y exclusión que describen el estado de las 68 etnias originarias y de las más de 15 millones de personas que se identifican como indígenas que habitan en México. De acuerdo con datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 73.2 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza, y 76.1 por ciento percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar. Además, mientras que el porcentaje nacional de población en situación de pobreza extrema es de 9.5 por ciento, entre la población indígena la cifra se eleva exorbitantemente hasta alcanzar 31.8 por ciento, es decir, 3.8 millones de personas identificadas como indígenas hoy son incapaces de cubrir con sus necesidades básicas, incluyendo su alimentación. De hecho, la Coneval informa que 38.8 por ciento de la población indígena enfrenta carencias por acceso a la alimentación. En adición, 61 por ciento de la población indígena carece de servicios básicos en su vivienda, 19.5 por ciento no cuenta con acceso a servicios de salud pública y 33.9 por ciento padece de rezago educativo. Estas cifras nos obligan a reconocer el fracaso de la política hasta ahora empleada para hacer frente a las carencias y desigualdades que continúa padeciendo la población indígena en este país, al mismo tiempo que nos llama a plantear nuestras estrategias que fijen relaciones más justas y prósperas entre los pueblos y comunidades indígenas, el estado y el resto de la sociedad.

Para atender de fondo la cuestión indígena en México no se requieren programas asistencialistas huecos que sirven sólo para profundizar los vicios y carencias de una sociedad clientelar. Asimismo, la adición del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como “entidades de interés público” continúa siendo un despropósito ambiguo e inadmisible, pues los derechos autonómicos categorizan a los pueblos y comunidades indígenas como autoridades del estado y no como organismos bajo su tutela. Por todo lo anterior, se necesita una reforma constitucional que supere omisiones pasadas y reconozca al fin como sujetos de derecho público a los pueblos indígenas, permitiéndoles con ello el más pleno ejercicio de sus derechos de autodeterminación, de territorio y de representación política.

Hasta ahora, los movimientos en favor de los derechos de los pueblos indígenas han visto materializados sus esfuerzos en importantes reformas que han permitido avances significativos en la lucha contra la discriminación étnica y cultural, la defensa de las lenguas y dialectos maternos, la preservación y celebración de la gastronomía tradicional, así como en el reconocimiento de la vasta riqueza cultural que caracteriza a los pueblos indígenas y su importancia como componente imprescindible para hacer de México una nación megadiversa. Sin embargo, los éxitos alcanzados en el ámbito cultural contrastan con las graves carencias que aún subsisten en materia económica y política. En estos sectores radican las causas que mantienen a la población indígena sumida en la pobreza y la exclusión, y son éstos los que nos plantean los grandes desafíos hacia la construcción de una política integral para su desarrollo. En esa dirección apunta la reforma que aquí se plantea, esgrimiendo la necesidad de un nuevo paradigma para fijar el lugar de los pueblos indígenas en el contrato social nacional: la institución de la comunidad como entidad pública de derecho.

Debemos aceptar que las formas de los pueblos indígenas no se han acabado, que permanecen y que incluso se han adaptado, y debemos reconocer también que sus proyectos y demandas están vivos y son claros. Una reforma como la que aquí se plantea no busca otorgar derechos “especiales” o “de compensación” contra las miserias prolongadas. Sin embargo, si busca atender con atención y respeto sus exigencias y poner fin, con base en ellas, la larga historia de explotación, subordinación, exclusión y finalmente homogeneización forzada que ha marcado el andar de los pueblos y comunidades indígenas en México. Apoyamos los derechos indígenas no porque sean derechos especiales, sino específicos. No porque impliquen fuero a cierto sector cultural o étnico, sino que porque son derechos que reconocen la diversidad cultural existente. En suma, porque la defensa de derechos indígenas encierra un gran objetivo: la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

A dos décadas de la instalación de las mesas de diálogo en San Andrés, es imperativo que el Estado mexicano, y especialmente el Congreso de la Unión en su carácter de representación de la nación y el pacto federal, honre los acuerdos suscritos en aquel entonces mediante la emisión de reformas y nuevas disposiciones que den cabal cumplimiento a las reivindicaciones que hoy, como hace veinte años, continúan enarbolando los cientos de pueblos y comunidades indígenas de este país: la esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el párrafo segundo, párrafo cuarto y fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2....

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. El estado reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

...

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. En éstas recae la atribución para el ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos indígenas en su carácter de sujetos de derecho público.

...

A. ...

I. - VII. ...

VIII. ...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para garantizar el carácter de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

B. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputados: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,Araceli Damián González, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Brenda Velázquez Valdez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Eloisa Chavarrias Barajas, Guadalupe Hernández Correa, J Jesús Zúñiga Mendoza, Jorge Tello López, Laura Beatriz Esquivel Valdés, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, Miguel Alva y Alva, Modesta fuentes Alonso, Norma Xochitl Hernández Colín, Rodrigo Abdala Dartigues, Sergio René Cancino Barffusón (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Santiago Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:  Sonido a la curul de la compañera diputada, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Buenos días, señor presidente. Nada más para pedirle al diputado Guillermo Santiago, si nos podemos suscribir a su iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ha otorgado su aceptación el diputado. Estará a su disposición la iniciativa aquí en la Mesa de la Secretaría.

Este Congreso saluda a los estudiantes de octavo semestre en derecho del Centro de Estudios Universitario Horacio Zúñiga, provenientes del municipio de Otzolotepec, Estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidos.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, pongo a su consideración de esta soberanía la presente iniciativa para adicionar el inciso c) al numeral 1 del artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el cual propongo insertar la figura del fiscalizador ciudadano y, asimismo, adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la misma ley, en la que por convocatoria pública se plantea la participación ciudadana.

En Movimiento Ciudadano observamos cuando menos cuatro razones de peso social que justifican el ciudadanizar la fiscalización de los recursos públicos. Primera, el diseñar un Presupuesto de Egresos de la Federación cada año no es tan sólo un puro trámite.

Como integrante de esta Cámara, quiero creer que existe la convicción de que el Presupuesto de Egresos se diseña anualmente con un propósito y con una visión de Estado, para detectar necesidades prioritarias de todos los habitantes de este país y atender esas necesidades a través de los programas y acciones públicas que realiza el gobierno federal.

Pero lo que ocurre en la realidad es un ejercicio con muchas reorientaciones presupuestales que han servido para cerrar números, dejando en segundo lugar la importancia del impacto social.

Como segunda razón, debo mencionar que la bancada ciudadana, en esta Cámara, ha propuesto, insistido en varias ocasiones en la necesidad de fortalecer los controles presupuestales, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal federal.

Por ello, es nuestra intención dar otro paso en transparencia y plantear con esta iniciativa el inicio de ciudadanizar la fiscalización, primero, coadyuvando a fortalecer la función tan importante que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, pues resulta primordial la vigilancia y revisión del ejercicio antes y durante el proceso.

Compañeros diputados, estamos a mediados de febrero y muchos programas del gobierno federal ni siquiera han firmado los convenios locales que marcan las reglas de operación, siendo que el presupuesto federal se publicó en el Diario Oficial desde el mes de diciembre.

Tercera razón. Para la vigilancia del ejercicio presupuestal se cuenta ya con la experiencia de la contraloría social, pero lamentablemente no todos los programas y acciones federales han querido instrumentar correctamente este mecanismo de transparencia. A grado tal que reduce la Contraloría Social a simples buzones de consulta.

Cuarta razón. El proceso del ejercicio presupuestal lleva un ritmo lento, por razones técnicas y de proceso, que carece de eficiencia y de eficacia para demostrar el trabajo de las áreas administrativas y delegaciones federales encargadas de operar el ejercicio de los programas en pro del impacto social.

Compañeros, lo que no se mide no se puede corregir. Lo que no se mide no se puede evaluar. Se requiere revisar constantemente el ejercicio presupuestal por programa, para poder detectar cuellos de botella antes y durante el ejercicio que lo hace tan lento.

Compañeros y compañeras diputadas, pongo a su consideración esta iniciativa con la finalidad de ciudadanizar la fiscalización del presupuesto y la cual pretende brindar más herramientas para mostrar que los programas y acciones públicos realmente ejerzan los recursos presupuestales para los que fueron autorizados. Es cuanto, señor presidente, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 12 y 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C, al numeral i del artículo 12 y adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación se diseña anualmente con el propósito de alcanzar niveles óptimos de impacto social bajo principios de eficacia, eficiencia y productividad; cuya vigilancia y supervisión se promueve bajo una legislación de transparencia y rendición de cuentas cada vez más completa.

La participación ciudadana en la revisión y prevención del ejercicio presupuestal genera mayor confianza y credibilidad para la transparencia según experiencias muy constructivas de contraloría social en varios programas federales.

Se requieren acciones de carácter preventivo que contribuyan a que los presupuestos asignados se ejerzan tal y como fueron aprobados desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo resulta importante el generar evidencias más objetivas sobre el nivel de eficacia o eficiencia de las áreas administrativas y delegaciones federales encargadas de operar el ejercicio de los programas, esto con la finalidad de asegurar la honestidad técnica y evitar el manejo político clientelar de los programas.

Se requiere asegurar verdadera capacitación y asesoría a las áreas administrativas de los ejecutores de proyectos sobre las reglas de operación de los programas. La asignación presupuestal se realiza con la confianza de que esos recursos financieros serán ejercidos, no con la esperanza de generar economías.

Se requiere revisar objetivamente la ruta crítica anual del ejercicio presupuestal por programa para poder detectar “cuellos de botella”, etapas paralelas del ejercicio que mejoren sus rendimientos, y precisar el inicio de las acciones de promoción e invitación a participar de cada programa federal.

La limitaciones presupuestales obligan a que las aprobaciones se concreten de manera eficiente en los términos que dictan las reglas de operación, pero también se requiere por prioridad programática evitar que los fondos asignados a cada programa sean reorientados a otros y que en caso de insuficiencias de un proyecto se busque el impulso de los proyectos que esperan financiamiento en el mismo programa.

Se requiere generar información física y financiera sobre cada programa para tener nuevos escenarios de impacto social, los cuales permitan evaluar desde esa perspectiva si el programa realmente es prioritario por su impacto y no por los subejercicios que presente en las reorientaciones financieras a otros programas.

Considerandos

- La revisión de la Cuenta Pública considera una evaluación de resultados de la gestión financiera, de manera que la fiscalización se lleva a cabo por personal de la propia Auditoria Superior de la Federación o por despachos contratados.

- La evaluación de la Cuenta Pública se realiza expost, de manera que la fiscalización se observa una vez que el ejercicio presupuestal ha concluido.

Por lo antes expuesto, pongo a su consideración la siguiente reforma:

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Primero. Se adiciona el inciso C, al numeral I del Artículo 12, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, quedando como sigue:

Artículo 12.La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) ...

b) ...

c) Incorporar la figura de Fiscalizador Ciudadano, para la evaluación exante y durante el ejercicio presupuestal, bajo los criterios que determine la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

La Auditoria Superior de la Federación elaborará las bases de la Convocatoria pública  para la elección de Fiscalizador Ciudadano; la institución será responsable de publicarla y acreditar a los admitidos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

Esta Presidencia saluda a un grupo de periodistas de Zamora, Michoacán invitados por la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones. Bienvenidos.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. En Nueva Alianza tenemos la convicción de que la defensa del medio ambiente debe sustentarse en un cambio de visión económica y política, visión que introduzca las mejores prácticas regulatorias y tecnológicas a fin de promover el desarrollo económico y social de México, sin dañar la extraordinaria riqueza biológica y ecológica de nuestro país.

México es uno de los 17 países con mayor diversidad en el mundo, que en conjunto representa 70 por ciento de la diversidad mundial en especies. Por ejemplo, somos el primer lugar en el mundo en diversidad de reptiles, el segundo, de mamíferos, y el cuarto, de anfibios y plantas. En ese sentido las áreas naturales protegidas representan el dispositivo primordial en la conservación de la biodiversidad, así como de los bienes y servicios ecológicos.

En Nueva Alianza nos preocupa la flexibilización e incluso, en algunos casos, la omisión en cuanto a la protección jurídica de este patrimonio natural. Sabemos que la actividad productiva de generación de energía eléctrica conlleva a altos riesgos de deterioro ambiental, sin embargo, la Ley de la Industria Eléctrica no prevé medidas específicas que prevengan daños en estas áreas naturales protegidas.

En congruencia con estos principios, expongo a esta soberanía la presente iniciativa que propone reformar los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de incluir una restricción a las actividades de esta industria dentro de las áreas naturales protegidas.

La propuesta de reforma no tiene el propósito de prohibir el desarrollo de la industria eléctrica, lo que se plantea es regular la modalidad de producción y operación de esta actividad económica dentro de las áreas referidas bajo una modalidad específica de generación distribuida a partir de fuentes renovables para fines de abasto aislado.

En Nueva Alianza nos preocupan los impactos negativos que la generación de energía eléctrica pudiera acarrear a nuestro patrimonio natural. Sabemos que tanto la energía como el medio ambiente son indispensables para la vida, por ello es insoslayable enmendar las omisiones que tiene la ley, corregir sus deficiencias y eliminar los vacíos jurídicos. De esta manera proteger, por mencionar algunos o algunas áreas protegidas, la reserva de la biosfera de Manantlán, el Nevado de Colima, la Laguna del Jabalí.

En Michoacán, por ejemplo, los manantiales de Parácuaro, el Parque Urbano Uruapan. En Baja California, El Parque Nacional Cabo Pulmo, El Parque Nacional Archipiélago del Espíritu Santo y en la Península de Yucatán y El Caribe mexicano, El Parque Nacional Arrecife Alacranes, el de Cozumel o El Parque Nacional de Tulum, insisto, por mencionar algunos.

Estamos convencidos de la necesidad de desarrollar un sector energético con criterios de sustentabilidad que defina las reglas de seguridad industrial que protejan el ambiente y con ello crear una industria que pueda ser competitiva, que pueda ser transparente, que pueda ser productiva, pero que también sea responsable con el entorno y comprometida con las futuras generaciones.

Compañeras y compañeros diputados, hagamos las enmiendas necesarias para que el Estado cumpla con esa obligación. Es tiempo de armonizar el desarrollo económico con el desarrollo sustentable del país. La trascendencia social y económica de cuidar el medio ambiente requiere que asumamos la responsabilidad de impulsar energías limpias que nos permitan alcanzar un desarrollo humano sustentable y que nos transformen en un mejor país.

En Nueva Alianza, estamos comprometidos a impulsar un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Es por eso que compañeras y compañeros, solicitamos el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La definición legal de lo que es un área natural protegida en México se encuentra en el título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), denominado “Biodiversidad”, en el artículo 44 de dicha norma legal y que a la letra establece que las áreas naturales protegidas (ANP) son:

las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas [...] sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

De lo anterior se desprende que la figura de área natural protegida es un instrumento de política ecológica prevista por la ley con objeto de proveer de un régimen de protección jurídico especial a determinados territorios que presentan características bióticas representativas (las cuales además en algunos casos coinciden con características culturales e históricas de importancia nacional), a fin de salvaguardar o restaurar la biodiversidad en dichos sitios.

Entonces, salvaguardar (principalmente) o restaurar (en algunos casos), el valor ecológico de determinados sitios es el objeto de constituir Áreas Naturales Protegidas. Esto tiene su base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho a un ambiente sano adecuado para su desarrollo y bienestar.

Así, la figura legal de ANP garantiza el derecho humano y constitucional a un medio ambiente sano, ya que al proteger espacios territoriales que cuentan con un valor ecológico especial, debido a su no alteración por actividades antropogénicas, por su particular biodiversidad y por los importantes servicios ambientales que generan para los seres humanos se está preservando el patrimonio natural de las y los mexicanos; el cual necesitamos para subsistir.

La naturaleza provee múltiples beneficios a la humanidad: bienes de uso directo (madera, minerales, agua, plantas medicinales, frutos y vegetales comestibles, carne, etcétera), servicios ambientales (ciclo de nutrientes, captación y filtración de agua, regulación del clima, generación de oxígeno, asimilación de contaminantes, retención del suelo, secuestro de carbono, polinización, etcétera), información (genética de fauna y flora diversa, sobre procesos y ciclos ecológicos, etcétera) y beneficios psicoespirituales (recreación, relajación, inspiración artística y religiosa por belleza escénica del paisaje, etcétera).

Es insoslayable que necesitamos de la naturaleza para subsistir y para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, individuales y colectivas, económicas y no económicas. Nuestra sociedad humana vive directa e indirectamente de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.

Por ende, debido a todos los beneficios que nos aporta, es imprescindible la preservación y conservación de la naturaleza, así como su restauración en caso de haber sido afectada.

Cabe destacar que México es uno de los únicos 17 países megadiversos en el mundo, según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, “ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi 70 por ciento de la diversidad mundial de especies”.

Con base en el artículo 2 de la Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual México es Estado parte, la “diversidad biológica es la “variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas acuáticos y los complejos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

De hecho, en cuanto a diversidad biológica, México no sólo es parte de un grupo selecto, sino que además es punta de lanza, ya que ocupa el quinto lugar a nivel mundial. “En México se encuentra representado 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta”.

Así, nuestro país “ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas al país. Aproximadamente 50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en nuestro territorio son endémicas, esto se traduce en aproximadamente 15 mil especies que, si desaparecieran en México, desaparecerían del planeta. Los reptiles y anfibios tienen una proporción de especies endémicas de 57 y 65 por ciento, respectivamente y los mamíferos (terrestres y marinos) de 32 por ciento”.

Desafortunadamente, nuestra posición privilegiada en diversidad biológica no se traduce en un compromiso eficaz en la conservación y preservación de la misma.

Según datos del más reciente “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México” (Edición 2012), la protección del medio ambiente y los recursos ambientales en México deja aún mucho que desear. Así por ejemplo, según este informe, la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie IV (Inegi 2011) indica que en México tan sólo 36 por ciento de las selvas y 62 por ciento de los bosques son primarios.

Según Greenpeace,México ocupa el quinto lugar mundial en deforestación. Cada año pierde alrededor de 600 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que equivale a perder cada año una superficie equivalente a cuatro veces el Distrito Federal. El 80 por ciento de la superficie del país tiene problemas de deforestación. De acuerdo con el PNUMA, la República Mexicana pierde 5 por ciento de sus manglares al año, de tal forma que en los últimos cuatro se ha disminuido su superficie de 0.71 a 0.5 por ciento del área del país.

De igual modo, hay “una pérdida alarmante (más de 160 toneladas por hectárea al año) de suelos por erosión (85 por ciento de la superficie del país con problemas de erosión)”.

Aunado a lo anterior, investigaciones del PNUMA “sobre la vulnerabilidad de sistemas boscosos del planeta, han llegado a conclusiones que indican que podrían verse afectados por los cambios climáticos, muy en especial, México, Brasil, Venezuela y Bolivia”.

“El cambio climático se atribuye 80 por ciento al uso de combustibles derivados del petróleo y el carbón; el 20 restante a la deforestación”.

“Al analizar todas estas cifras, se llega a una gran preocupación para controlar la explotación de los recursos naturales, la biodiversidad, el medio físico y el propio entorno de nuestro país”.

Las ANP son espacios territoriales definidos que gozan de una protección jurídica tal, que ciertas actividades humanas se prohíben dentro de ellas; lo cual implica son una solución natural al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.

En efecto, las ANP no sólo salvaguardan la biodiversidad amenazada por la contaminación y el cambio climático, sino que además ayudan a combatir el cambio climático mismo.

Las ANP son la mejor herramienta para combatir el cambio climático, debido a que se conservan y preservan los espacios naturales, limitando las actividades que en sus perímetros se permite realizar. Por un lado, permiten mitigar el cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono en los ecosistemas naturales (mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero) y, al mismo tiempo, favorecen la adaptación de los ecosistemas y la sociedad ante sus impactos al brindar protección frente a los eventos meteorológicos extremos y mantener el flujo de los servicios ambientales (ejemplo: regulación climática, regulación de disturbios, regulación y provisión de agua, control de erosión, etcétera).

Por ello, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a través de su Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas reconoce éstas como las herramientas más costo-efectivas frente al cambio climático, beneficios que se suman a la protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, conexión de los paisajes, generación de conocimiento e inspiración de la sociedad.

Entonces, el establecimiento de áreas protegidas en el ordenamiento territorial, como instrumento de política ecológica, es una repuesta a la necesidad de conservar espacios estratégicos para la nación, por múltiples motivos: a) la protección de la biodiversidad, b) el mantenimiento de paisajes de excepcional belleza, c) la conservación de especies en peligro de extinción; d) la protección de muestras representativas de ecosistemas, especies silvestres y recursos genéticos.

Además, las áreas protegidas son insustituibles para proveer servicios ambientales tan importantes como la provisión de fuentes de agua; la producción de oxígeno, la absorción del dióxido de carbono, la regulación del clima, la mitigación de inundaciones, la prevención de deslizamientos o derrumbes, entre otros.

El reporte Stener 2006 sobre la economía de los efectos del cambio climático, constató que la reducción en la deforestación y en la degradación forestal son las maneras más eficientes de inversión para reducir las emisiones de dióxido de carbono y en este cita: “Muchos de los ecosistemas, tanto los naturales como los manejados, apoyan en la reducción de los efectos de cambio climático. Pero las áreas protegidas tienen ventajas sobre otras maneras de manejar los ecosistemas, por su claridad legal y su diseño de gobernanza, sus capacidades de manejo establecidas y su efectividad.” Las áreas protegidas son los instrumentos de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales.

Con base en lo anterior, queda establecido que las ANP son la más eficaz y eficiente herramienta para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y otras obligaciones del Estado mexicano como la reducción de gases de efecto invernadero.

En México hay cerca de 900 ANP que cuentan con algún decreto federal, estatal, del Distrito Federal o municipal vigente. “Las ANP federales, estatales, municipales, sociales y privadas abarcan 9.85 por ciento de la superficie terrestre de México. Este porcentaje de superficie es inferior al porcentaje promedio de cobertura de ANP en todo el mundo, el cual en 2003 representaba 11.5 de la superficie terrestre del planeta y en 2006 abarcaba 117 mil 905 áreas protegidas”.

Tomando en consideración la megadiversidad de “ecosistemas, especies y poblaciones terrestres, dulceacuícolas y marinas presentes en México, la cobertura de ANP es insuficiente para mantener un sistema representativo, complementario, interconectado y con la redundancia suficiente que favorezca la conservación efectiva y a largo plazo, tanto de la biodiversidad como de los servicios ambientales que estos espacios brindan a la sociedad”.

No sólo nuestra cobertura de ANP en el país (recordando que es el quinto a nivel mundial en cuanto a biodiversidad), es inferior al promedio mundial; sino que además en los últimos sexenios hemos constatado una tendencia de los gobiernos a desprotegerlas, en pro de un desarrollo económico desequilibrado y fragmentado que excluye en su ecuación el valor del capital natural.

Así, pese a la mayor efectividad técnica y mayor definición jurídica de las ANP (se establecen por decreto presidencial, bajo el imperio del artículo 4o. constitucional y se rige con la protección jurídica establecida en la LGEEPA y regulada en el correspondiente Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP y en el correspondiente programa de manejo) para proteger nuestra biodiversidad y los servicios ambientales que nos brinda, se observa una flexibilización, e incluso omisión en algunos caso, por parte de las autoridades federales y locales en cuanto a la protección jurídica del patrimonio natural en pos de intereses económicos privados, incumpliendo así el estado de derecho.

En ese sentido, es notoria la omisión del Congreso de la Unión de incluir en la Ley de la Industria Eléctrica una limitación a las actividades de la industria eléctrica en las ANP, tal y como sí se incorporó en la Ley de Hidrocarburos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos, la cual fue debatida, aprobada, expedida y publicada en paquete con la Ley de la Industria Eléctrica, sí comprende en el párrafo segundo del artículo 41 la prohibición expresa de otorgar asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas.

Por si fuera poco, dicho artículo también contempla la facultad del Estado para limitar dichas actividades en zonas que aunque no pertenezcan a ANP, el Estado considera que deban excluirse de las actividades relacionadas a la industria de los hidrocarburos.

Entonces, si bien la Ley de Hidrocarburos prohíbe expresamente el otorgamiento de asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas; dicha prohibición no se extendió a la Ley de la Industria Eléctrica, ni expresa ni tácitamente. Esta omisión constituye una contradicción con la finalidad misma de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual según su artículo primero consiste, entre otros, en “promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica”.

Las actividades de la industria eléctrica son consideradas como actividades proclives a causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para la protección del ambiente y la preservación y restauración de ecosistemas; por lo que se encuentra comprendida en la lista de actividades a las cuales, la LGEEPA y su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, obligan a obtener previamente a su realización una autorización en materia de impacto ambiental.

Si la industria eléctrica desarrolla sus actividades en ANP, entonces su desarrollo no es sustentable.

Argumentación

El estado de derecho consiste en “la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos”.

En un escrito realizado para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el doctor en Derecho, Diego Valadés, indica que el concepto de estado de derecho se desarrolló durante el liberalismo y encuentra, entre sus fuentes filosóficas, las obras de Kant y de Humboldt. Asimismo señala que ambos llegaron a la conclusión de que la acción estatal tiene como límite la salvaguarda de la libertad del individuo y que aunque la idea aparecía claramente en los escritos de ambos; quien primero utilizó la expresión (rechtstaat) fue el jurista y político alemán Robert von Mohl.

Para el constitucionalista mexicano, el concepto de estado de derecho surgió en respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del estado de derecho corresponda al constitucionalismo moderno.

En el caso que nos atañe, el estado de derecho implica que el Estado cumpla y haga cumplir el derecho humano al medio ambiente, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En otras palabras, no sólo el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento, por parte de los gobernados (personas físicas y morales), del derecho constitucional a un ambiente equilibrado; sino que debe ser el primero en respetar dicho derecho.

El párrafo quinto del artículo 4o. constitucional no deja duda al respecto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley”.

Sin embargo, desde el sexenio pasado podemos observar que la aplicación de las políticas públicas y las decisiones administrativas tomadas, han sido incoherentes con esta obligación del Estado de garantizar el respeto al derecho humano a un ambiente equilibrado.

Efectivamente, la falta de compatibilidad entre la preservación ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico se ha hecho latente en diversos casos de desarrollo urbano o desarrollo turístico de masas que la autoridad administrativa federal, así como la local, está permitiendo en detrimento del medio ambiente. Esto es aún más preocupante en aquellos casos en que los proyectos de desarrollo se pretenden construir en áreas aledañas o, directamente en, áreas naturales protegidas.

Por citar sólo algunos ejemplos de transgresión de las ANP para beneficio de intereses privados: múltiples tentativas de proyectos mega turísticos en el parque nacional Cabo Pulmo; la recategorización del Nevado de Toluca para permitir diversos usos y desarrollos inmobiliarios; construcciones ilegales en la reserva de la biósfera Montes Azules; la reducción del polígono de protección jurídica ambiental del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano para desincorporar y destruir 910 hectáreas del mismo a fin de extender el puerto de Veracruz; la privatización gradual de la selva de Chenes; la abrogación del decreto de declaratoria que creaba el parque estatal Ingeniero Jorge Cruickshank, para donarlos a la Conagua como zona de mitigación del nuevo aeropuerto, entre otros.

En la mayoría de los casos se observa el mismo patrón: alegar la degradación ambiental de áreas naturales protegidas, ya sea para cambiar el estatus de protección jurídica de la ANP en cuestión, otorgándole una de menor alcance o retirándosela totalmente; o para reducir su polígono de protección jurídica y así poder desincorporar varias hectáreas de la ANP. Lo anterior, fin de autorizar actividades perjudiciales para el ambiente y las comunidades locales, que en el fondo sólo benefician el interés económico.

Este esquema de no garantizar plenamente la protección jurídica de las ANP, permite a las autoridades federales y locales expedir en dichas zonas, autorizaciones para el desarrollo de actividades con alto impacto ambiental. Cuando la primera obligación de las autoridades administrativas ambientales debería ser la de garantizar el cumplimiento del objetivo de las ANP.

Así, en la actualidad, las acciones gubernamentales han mostrado estar más orientadas a lo económico en detrimento de lo social y lo ambiental, en vez de llegar a un punto de equilibrio.

Por ende, no es anodino preocuparse por el desarrollo de la industria eléctrica, el cual, impulsado por las recientes reformas energéticas que permiten una mayor participación de la inversión privada, incrementará los riesgos de que se vulnere las ANP de México, violando así el derecho humano a un ambiente sano.

El derecho humano a un medio ambiente sano, como todo derecho fundamental reconocido por el Estado Mexicano, se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ende, este derecho no es otorgado a las personas que se encuentran en el territorio nacional, sino reconocido y consagrado; por lo que es obligación del Estado garantizarlo a todo individuo y, como ya se estableció anteriormente en el planteamiento del problema, la herramienta más eficaz para garantizar dicho derecho humano a un ambiente sano son las áreas naturales protegidas.

Pese a que las ANP no representar ni 10 por ciento del territorio nacional, la inversión privada, con autorización y respaldo gubernamental, parecen no tener saciedad y aunque las actividades económicas puedan desarrollarse en el restante 90 por ciento del territorio nacional, se observa una persistencia de los intereses privados en desarrollar actividades con impacto ambiental en áreas que legalmente gozan de una protección jurídica.

En el caso de las actividades de la industria eléctrica, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votamos a favor de la apertura de dicha industria a la inversión privada, porque estamos convencidos de que una mayor competencia derivará en un abasto seguro y eficiente de energía eléctrica a costos competitivos.

Sin embargo, también estamos convencidos que dicho crecimiento no debe estar peleado con la protección del medio ambiente. Al contrario, debe de darse dentro de un marco de pleno respeto de los derechos fundamentales, sociales y ambientales, de tal manera que el desarrollo que experimentemos sea integral y sustentable.

En ese sentido, es la obligación del Estado garantizar un desarrollo sustentable de la nación, tal y como se establece en el artículo 25 constitucional:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Esto significa que el Estado debe velar por que las actividades económicas del libre mercado se desarrollen en pleno respeto de los derechos humanos de los individuos pertenecientes a la nación.

Así lo sustenta la siguiente jurisprudencia por reiteración de criterios de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio interpretativo es obligatorio:

Fines extrafiscales. Las facultades del Estado en materia de rectoría económica y desarrollo nacional constituyen uno de sus fundamentos.

De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático, en el que se utilice al fomento como un instrumento de crecimiento de la economía, del empleo y para lograr una justa distribución del ingreso y de la riqueza, y que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por la Constitución Federal, por lo que el ente estatal planeará, coordinará y orientará la actividad económica, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades otorgado por la propia ley fundamental. Asimismo, el citado precepto constitucional establece que al desarrollo nacional concurrirán, con responsabilidad social, los sectores público, privado y social, así como cualquier forma de actividad económica que contribuya al desarrollo nacional; que el sector público tendrá, en exclusiva, el control y propiedad de las áreas estratégicas que señala la Constitución, y podrá participar con los sectores privado y social, en el impulso de las áreas prioritarias; que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda al beneficio general, cuidando su conservación y el medio ambiente, y que en la ley se alentará y protegerá la actividad económica de los particulares, y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social. En congruencia con lo anterior, al ser los fines extrafiscales, razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos, matizando sus objetivos con un equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del interés público, se concluye que el indicado artículo 25 constitucional constituye uno de los fundamentos de dichos fines, cuya aplicación debe reflejarse en la ley, sus exposiciones de motivos, o bien, en cualquiera de sus etapas de formación”.

En otras palabras, la rectoría económica no debe contraponerse a las garantías individuales, al contrario, debe incluirlas. Además, esta jurisprudencia es explícita en cuanto a la importancia de garantizar el derecho humano al medio ambiente en el desarrollo de las actividades económicas: “[...] se apoyará e impulsará a las empresas sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda al beneficio general, cuidando su conservación y el medioambiente[...]”

En ese sentido, es aún más explícita la siguiente tesis aislada:

Propiedad privada en materia de medio ambiente. Sus modalidades.

El artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Nación mantiene en todo tiempo el “derecho” -entendido como competencia o facultad- de imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público, así como establecer la regulación para el aprovechamiento de recursos naturales susceptibles de apropiación para el beneficio social, regulando las condiciones poblacionales, de asentamientos humanos, administración de tierras, aguas y bosques, la planeación de centros de población y, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-G, constitucional, preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Ahora bien , dicha determinación tiene su parte correlativa en el catálogo de derechos establecido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la propia Constitución, que prevé el “ derecho a un medio ambiente sano” y la “ obligación del Estado de garantizarlo”, los cuales tienen que ser leídos no solamente en las varias expresiones de la facultad de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, sino principalmente desde la facultad constitucional directa que establece el interés público directo y permite establecer modalidades a la propiedad, sin que esto se convierta en su expropiación o confiscación. Así, las referidas modalidades que pueden imponerse al derecho de propiedad siempre que estén debidamente fundadas y motivadas y se consideren razonables y proporcionales, constituyen restricciones que no implican su privación o una expropiación, al ser simplemente limitantes a su ejercicio que no significan su anulación.

De todo lo anterior se desprende que el estado de derecho en que vivimos no puede permitir una superposición de las actividades económicas legales sobre los derechos humanos que consagra su carta magna, ya que dicho traslapo sería contradictorio con lo establecido en el artículo 25 constitucional.

Con base en el mencionado artículo, el Estado como rector del desarrollo nacional tiene la obligación de instaurar legislaciones y esquemas de políticas públicas que permitan garantizar una armonía entre economía, medio ambiente y sociedad. Tales conceptos no deben contraponerse, sino conjugarse.

Entonces, en relación con el sector eléctrico, no cabe la menor duda que no existe contraposición alguna entre las actividades económicas estratégicas (planeación y control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica) o no estratégicas (generación y comercialización de energía eléctrica) y el derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado mediante diversas herramientas, tales como una ANP.

En efecto, aun cuando una actividad económica sea categorizada como área estratégica (artículo 28 constitucional) y como una “actividad preferencial” (artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia energética); ésta no debe realizarse en contraposición, es decir en transgresión, del derecho fundamental a un medio ambiente sano.

Lo anterior, debido a que en caso de contraposición fáctica de dichas disposiciones constitucionales y realizando una ponderación de ambos principios, es obvio que el derecho a un medio ambiente sano y su correlativa obligación para el Estado a garantizarla es superior a cualquier actividad estratégica, sea esta preferencial o no, ya que con base al párrafo tercero del artículo 1o. constitucional: “ Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Ahora bien, el principio de progresividad de los derechos humanos, consagrado en nuestra constitución, significa que el Estado tiene la obligación “para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado”.

Esto significa que el Estado debe garantizar y promover siempre un mayor alcance de los derechos humanos, en este caso el acceso y disfrute de un medio ambiente sano, en todo momento, en el desarrollo de cualquier actividad, incluso económica, así esta fuere considerada “preferencial”.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la siguiente tesis aislada:

Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en el Estado mexicano.

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.

Entonces, con base en el principio de progresividad, el derecho humano a un medio ambiente sano no debe ser restringido en beneficio de una actividad económica; dado que hay una supremacía del derecho humano constitucional sobre cualquier otra disposición constitucional.

Es decir, ninguna actividad económica puede vulnerar los derechos humanos (medio ambiente sano), sino que el Estado debe garantizar que la primera se haga en pleno respeto de los segundos.

Sin embargo, como se estableció en párrafos anteriores, afortunadamente dicha antinomia es en realidad inexistente, ya que la misma Constitución prevé en su artículo 25 que no debe existir tal contraposición entre economía y medio ambiente; sino más bien una conjugación armónica de ambos derechos constitucionales (artículos 4o. y 28); un equilibrio entre economía, medio ambiente y sociedad, es decir un desarrollo sustentable.

De hecho, en mismo artículo transitorio octavo del decreto de reforma constitucional en materia energética se perfila con un criterio de articulación, conjugación y balance, al mencionar:

Derivado de su carácter estratégico, las actividades de [...] servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.

[...]

La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible , mecanismos para facilitar la coexistenciade las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el estado o los particulares

Esto demuestra que el legislador, al aprobar dicha reforma, estaba consciente de la necesidad de garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable, no un desarrollo excluyente y parcial en pro de un solo interés.

Como se determinó anteriormente con base en el texto constitucional y las interpretaciones relacionadas de la SCJN, respecto a la rectoría económica del estado y el medio ambiente: el desarrollo integral y sustentable de la nación (artículo 25 constitucional) constituye el criterio de referencia para que el Estado lleve a cabo la rectoría del Estado.

Es decir, una interpretación sistemática de la Carta Magna conlleva a conjugar (con base en el criterio de desarrollo sustentable establecido en el 25 constitucional) el derecho humano a un ambiente sano y la obligación del Estado a garantizarlo (artículo 4o. constitucional) con los artículos 28 constitucional y octavo transitorio del decreto de reforma constitucional energética, lo cual resulta en la ineludible obligación del Estado de conducir el desarrollo económico del país en beneficio de éste y en pleno respeto de los derechos humanos; es decir, con respeto del entorno social y ambiental. Eso es sustentabilidad.

Por ende, con base en la Constitución, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, tesis aisladas y principios hermenéuticos del sistema jurídico mexicano, queda claro que debe de haber una conjugación entre el derecho humano a un medio ambiente sano y las actividades económicas que se desarrollan en el país; y que en caso de contradicción, debería aplicarse una ponderación mayor por el derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que sería plenamente válido limitar una actividad económica por una ponderación mayor de un derecho humano, en pro de un bien mayor. Limitar, no anular.

Por otro lado, la presente iniciativa con proyecto de reforma, no prohíbe el desarrollo de la industria eléctrica sino que propone limitar dicha actividad económica dentro de las ANP bajo la modalidad de generación distribuida a partir de fuentes renovables para fines de abasto aislado.

Ello concuerda con la finalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual según el artículo 1, párrafo segundo, consiste en “promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes”.

Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos firmemente que una limitación a la industria eléctrica, en cuanto a su modalidad de producción y operación, en las áreas naturales protegidas, constituye la mejor solución para un desarrollo sustentable en el país.

Al establecer no una prohibición del desarrollo de la industria eléctrica en las ANP, sino una modalidad específica de generación y de distribución de la energía eléctrica; se permitiría al Estado garantizar simultáneamente: el servicio público y universal a todas y todos los mexicanos, incluso a aquellos que viven en áreas remotas como las ANP; el derecho a un ambiente sano y la continuidad del desarrollo económico del país.

Eso es sustentabilidad, eso es vanguardia y eso puede convertirse en una realidad, si el Congreso de la Unión aprueba tal mecanismo legal de coexistencia entre actividad económica, medio ambiente y sociedad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica

Único.Se adicionan un párrafo tercero al artículo 2; uno segundo al artículo 42 y uno segundo al artículo 71, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 2. La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público.

La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son áreas estratégicas. En estas materias, el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente ley. El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.

En las áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales sólo se otorgarán permisos y autorizaciones relacionadas con actividades de generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables para fines de abasto aislado para los habitantes de dichas zonas y, en su caso, para permitir el desarrollo de las actividades permitidas en las subzonas de aprovechamiento especial establecidas conforme a las leyes ambientales en la materia. Todas las demás actividades de la industria eléctrica quedan prohibidas dentro de estas áreas, en todas sus categorías establecidas por la legislación federal o local en la materia.

Artículo 42. El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se considera de interés social y orden público, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. Para todos los efectos legales, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica es de utilidad pública. Están sujetos a servidumbre legal los predios necesarios para la instalación de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.

Dentro de las áreas naturales protegidas de competencia federal, estatal o municipal, las actividades de la industria eléctrica referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2 de la presente ley.

Artículo 71. La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica, conforme a las disposiciones aplicables.

Las actividades de la industria eléctrica referidas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de ningún permiso, autorización, ni constitución de servidumbre dentro de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, estatal o municipal, salvo en los casos y términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 2 de la presente ley.

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. , excepto sobre las actividades de protección y preservación de ecosistemas y monumentos arqueológicos, relacionadas con zonas del territorio nacional sobre las cuales la nación ejerce su soberanía y jurisdicción mediante las modalidades de áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales, debidamente declaradas conforme a las normas federales o locales aplicables en la materia.

La federación, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2 Artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley”.

3 Meléndez Ramírez, V. (2006). “Valor económico de la biodiversidad”. Disponible en

http://www.cicy.mx/sitios/biodiversidad/ Gestion-de-los-Recursos-Naturales/capitulo-IX/recursos-con-potencial-economicoy

4 Biodiversity A-Z. (2014). “Megadiverse countries”. Disponible en http://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries

Wilson, E. O. (1998). “Biodiversity”. Disponible en http://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK219287/figure/mmm00031/?report=objectonly

5 Conabio. “Biodiversidad mexicana. ¿Qué es un país megadiverso?” Disponible en http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

6 Conabio (2008). “La diversidad biológica de México”. Disponible en http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexic o.html

7 Ibídem.

8 Semarnat (2012). “Informe de la situación del medio ambiente en México, edición 2012”. Disponible en http://app1.semarnat.gob. mx/dgeia/informe_12/00_intros/pdf.html

9 Greenpeace (2009). “La destrucción de México. La realidad ambiental del país y el cambio climático”. Disponible en http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccion_mexico .pdf

10 Yáñez Mondragón, C. (2007). “Las áreas naturales protegidas en México, criterios para su determinación. Caso estudio: Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua”. Disponible en

http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/ 2/Las%20areas%20naturales%20protegidas%20en%20Mexico.pdf

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Conanp. “Ficha temática 2. ¿Por qué las áreas naturales protegidas son una solución frente al cambio climático y cuáles son sus ventajas?” Disponible en

http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/documentos/ index/anps_soluciones_frente%20al_cc.pdf

16 Ibídem.

17 Stephan Amend (2010). “Áreas protegidas como respuesta al cambio climático”. Disponible en

http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/ 36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/FOLLETO_APCC___GTZ___OK.pdf

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Conabio (2009). “Capital natural de México, vol. II: estados de conservación y tendencias de cambio”. Disponible en

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/edoConservacion.html

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Con base en la Ley de Hidrocarburos estas zonas se denominan “zonas de salvaguarda” (artículo 2 y primer párrafo del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos) y según el artículo 61 del Reglamento de la mencionada ley, las causas que justifican la incorporación o desincorporación de dichas zonas son las siguientes: a) Administración eficiente de los recursos del subsuelo en el tiempo y cumplimiento de la política pública en materia energética; b) Evaluación de la disponibilidad de tecnología para la eficiente Extracción de Hidrocarburos, y c) Cumplimiento con la política económica, social, cultural y ambiental.

24 Valadés, D. (2000). “Estado de derecho”, en Diccionario electoral, tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Disponible en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de %20derecho.htm

25 Ibídem. [Las negritas son nuestras.]

26 Ibídem. [Las negritas son nuestras.]

27 Párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

28 Párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política Mexicana.

29 Tesis de jurisprudencia 28/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 28 de febrero de 2007, novena época. Tomo XXV, marzo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1ª./J.28/2007, página 79. Disponible en http://200.38.163.178/sjfsist/ (F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc 1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur 5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lwe L7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/ Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000 &Apendice=1000000000000 &Expresion=areas%2520estrat%25C3%25A9gicas%2520medio%2520ambiente &Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1 &Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20 &Desde=-100&Hasta=-100&Index=0 &InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=173020 &Hit=1&IDs=173020,176348&tipoTesis=&Semanario=0 &tabla=[Las negritas y el subrayado son nuestros].

30 Ibídem [Las negritas y la cursiva son nuestras.]

31 Tesis aislada (constitucional) 1ª. LXXVII/2014 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 410/2013, novena época. Libro 4, marzo de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 552. Disponible en

http://200.38.163.178/sjfsist/ (F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_g SWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur 5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7 BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/ Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000 &Apendice=1000000000000 &Expresion=inter%25C3%25A9s%2520p%25C3%25BAblico%2520medio%2520ambiente &Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL &NumTE=35&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0 &InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2005813&Hit=4 &IDs=2010225,2006445,2005811,2005813,2005812,2005751,2005752, 2005398,2005004,2004478,2004376,2003169,2001822,2001686,160011, 160160,166270,168251,168717,170374&tipoTesis= &Semanario=0&tabla=

32 Párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33 Párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Las negritas y cursivas son nuestras].

34 CNDH (2015). “¿Qué son los derechos humanos”? Disponible en http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos

35 Tesis aislada (constitucional) 2ª. CXXVII/2015 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo directo en revisión 2425/2015, Décima época. Libro 24, noviembre de 2015, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1298. Disponible en

http://200.38.163.178/sjfsist/ (F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoa SYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6su X8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/ Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000 &Apendice=1000000000000&Expresion=principio%2520progresividad%2520 &Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL &NumTE=84&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0 &InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2010361&Hit=4 &IDs=2010892,2010481,2010360,2010361,2010591,2010334,2009992, 2009923,2009562,2009571,2009581,2009477,2009478,2009511,2009534, 2009174,2009192,2009168,2008940,2008956&tipoTesis= &Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

36 Artículo transitorio octavo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013 [Las negritas, cursiva y mayúsculas son nuestras.]

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

Esta Presidencia, da la bienvenida al señor presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante. Invitado por el diputado Herminio Corral Estrada. Bienvenido, señor presidente.

De la misma forma, saludamos al señor presidente municipal de Villa de Hidalgo, Sonora, ingeniero Manuel de Jesús Durazo Salcido y el ingeniero José Gutiérrez. Invitados por la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola. Bienvenidos a este recinto.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que Expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, un servidor integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, viene a presentar una iniciativa que es parte de la agenda legislativa que este Congreso habrá de cumplir antes del 28 de mayo de 2016.

Lo anterior, según el artículo segundo transitorio de la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, mediante el cual quedó completa la reforma constitucional que habilita a este Congreso a emitir aquellas leyes de carácter general que se requieran para perfeccionar el sistema nacional anticorrupción. Ante este panorama, la iniciativa de una Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción es no solamente factible, sino es inaplazable.

Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 113 –reformado– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las reformas a la Constitución antes mencionada en materia de transparencia y anticorrupción ordenan la creación de un sistema nacional sujeto a las bases siguientes mínimas que debe tener.

La operación del sistema nacional anticorrupción será competencia de la federación, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El establecimiento de las instancias de coordinación. El establecimiento de mecanismos de coordinación.

Se determina la participación ciudadana que coadyuvará, entre otras cosas, en los procesos de nivelación de las políticas de prevención de la corrupción. El establecimiento de instancias regionales y locales. Desde esta perspectiva la iniciativa que se presenta es acorde a los fines del sistema nacional anticorrupción.

Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable soberanía toma en cuenta la necesidad de instituciones académicas, ciudadanos organizados y esfuerzos de funcionarios de los tres niveles de gobierno en la atención de la demanda ciudadana que ante el fenómeno de la corrupción se presenta en nuestro país.

Además las justificaciones expuestas creo importante mencionar algunos datos relevantes. En el análisis económico del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, al medir los impactos económicos de la corrupción alertan sobre los siguientes efectos.

Se incrementa la desconfianza de las instituciones, se reduce la inversión, se estimula el sector informal, se desacelera el crecimiento económico, además de ser la corrupción una amenaza para el buen gobierno y los procesos democráticos de nuestro país.

Según el Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción en México se estima en alrededor del 9 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a un promedio de 1.5 billones de pesos; qué no alcanzaríamos a hacer con ese recurso.

No atendido a fondo el problema de la corrupción a pesar de estas consecuencias, conllevaría a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública y el compromiso de preservar la confianza en las instituciones y de garantizar los derechos de los ciudadanos.

A través de esta propuesta se busca que en las entidades federativas se establezcan sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades de los respectivos estados, quienes trabajan en conjunto con el Comité Coordinador Nacional, el cual será instancia superior de coordinación del sistema, estará integrado, primero, por un representante del Comité de Participación Ciudadana, que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Segundo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción, de la Procuraduría General de la República.

Tercero, la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente de la organización garante que establece el artículo 6o., de la Constitución; el representante del Consejo de la Judicatura Federal; el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y demás autoridades en razón de sus atribuciones que deban contribuir directa o indirectamente al objetivo de esta ley.

El esfuerzo que se hace en México con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es acorde a lo que ya realizaron y están realizando en países como: Colombia, mediante el Estatuto Nacional de Anticorrupción, el caso de Italia, a través de una política de anticorrupción, y Estados Unidos, a través de la Fiscalía Anticorrupción Pública.

En conclusión, por una parte la presente iniciativa busca dar cumplimiento al artículo 113 reformado de la Constitución, y por otro, busca que este Congreso inicie el análisis correspondiente respecto a la agenda que está pendiente en el tema del combate a la corrupción. Y también por una gran demanda ciudadana que busca que México salga de este gran flagelo que hace más pobres a los pobres y que frena el desarrollo del país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 73, fracción XXIV, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como el segundo transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La dinámica social que exige soluciones a las instituciones públicas, ha hecho que el Estado Mexicano realice cambios en su régimen normativo; en este caso sobre el tema del combate a la corrupción.

Tras la reforma del 27 de mayo de 2015, quedo completa la reforma constitucional necesaria para habilitar al Congreso para emitir aquellas leyes de carácter general que se requieren para perfeccionar las propuestas en materia de anticorrupción, en pero quedan pendientes por emitir las leyes en un plazo que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la reforma mencionada, termina el 28 de mayo de 2016.

En base a lo anterior es que la presente iniciativa responde por una parte a la facultad que este Congreso tiene en el artículo 73, fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; a la vez que atiende en lo general al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo precepto que da nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción.

El inicio del proceso del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha venido trabajando desde hace varios años, tema en el que la ciudadanía organizada ha formado parte importante, por lo que los legisladores a través de esos años han presentado diversas propuestas legislativas en el tema que nos ocupa y que han retomado el reclamo social.

Sin embargo las reformas a las que se alude, solo constituyeron esfuerzos aislados ante un problema tan generalizado al cual solo puede responderse con un sistema más integral, como hoy se ha propuesto con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

En los análisis económicos del Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, al medir los impactos económicos de la corrupción, alertan sobre los siguientes efectos:

1. Desconfianza institucional

2. Reduce la inversión

3. Estimula el sector informal

4. Desacelera el crecimiento económico

Además de ser una amenaza para el buen gobierno y los procesos democráticos.

No atender a fondo el problema de la corrupción, a pesar de estas consecuencias conllevaría a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública y el compromiso de preservar la confianza en las instituciones y garantizar los derechos de los ciudadanos.

A la fecha México ocupa la posición 103 de 175 países que integran la lista del Índice de Percepción de la Corrupción en el año 2015. Y de acuerdo a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), México ocupa el último lugar en percepción de corrupción.

Lo cual es una vertiente para demostrar que los esfuerzos realizados hasta el momento, no han logrado consolidar un sistema nacional anticorrupción articulado en una sola estrategia.

La sociedad reclama una respuesta interinstitucional organizada desde de una perspectiva federalizada y traducida en una eficiente coordinación de competencias.

Acorde a lo anterior, con fecha 02 de Diciembre 2014, mediante iniciativa de reforma a diversos numerales de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se propuso crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

Dicho sistema se entiende como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia, se coordinen entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad.

Conforme a lo anterior, el combate a la corrupción será una función a cargo de la Federación, los 32 Estados y Municipios, y de los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Para su ejercicio, los entes públicos Federales, Estatales y Municipales, contarán con órganos internos de control, que tendrán las facultades que determine la ley, para prevenir, corregir, investigar y sancionar los actos u omisiones que constituyan faltas, responsabilidades administrativas menoresa la ley, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

Una vez discutida y aprobada la reforma constitucional en comento, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha, 27 de mayo de 2015, como:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en materia de combate a la corrupción específicamente el artículo 113 constitucional.

A través de esta reforma, se establecieron las bases jurídicas de una política en materia de anticorrupción; con ella, se ha hablado por primera vez de un esfuerzo sistematizado a nivel nacional para combatir la corrupción.

Las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción, marcan el inicio de una nueva etapa en nuestro Estado de Derecho, en la coordinación de todos los órdenes de gobierno para la atención del combate a la corrupción.

Así, las legislaciones secundarias que se derivarán de esta reforma constitucional, vienen a perfeccionar otros esfuerzos del pasado, que no constituyeron un sistema integral.

En la Ley General de Coordinación que se propone, se establecen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a las que alude en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que facilitarán la coordinación de acciones entre los distintos órdenes de gobierno.

Como antecedentes, tenemos que en 1982 se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, lo que ahora se conoce como la Secretaría de la Función Pública, dentro de un programa denominado “Renovación moral de la sociedad”.

Con el transcurso del tiempo y el paso de diferentes administraciones, esta dependencia ha sufrido diversos cambios, debido al incremento de sus atribuciones y facultades, que van desde el control interno, la modernización administrativa, la implementación del servicio profesional de carrera, hasta la aplicación de procedimientos sancionatorios.

Podría interpretarse que las atribuciones de la Función Pública equivalen a las de un órgano anticorrupción, excepto porque carece de independencia política, al estar conformada como una dependencia de la Administración Pública Federal; no obstante, es importante el papel que debe desempeñar esta secretaria dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo a través de esta propuesta se busca que en las entidades federativas, se establezcan sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades de sus respectivos Estados, según prevé el último párrafo del artículo 113 constitucional.

La coordinación entre las instituciones que participan en el Sistema Nacional, la de los estados y los municipios definirán con precisión pautas de un sistema, para evitar que hechos de corrupción sigan siendo prácticas reiteradas.

Todos los esfuerzos que hoy se emprenden a raíz de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, rendirán frutos si existe en el plano legislativo una norma integral que coordine de manera eficiente un sistema nacional anticorrupción.

Por lo anterior el tema de referencia debe ser atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, ya que las actuales políticas de combate a la corrupción no tienen la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener el combate a la corrupción, pues lo que hoy tenemos son esfuerzos aisladas.

Ante este panorama, el proyecto de una Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, es, no solamente factible, sino inaplazable, ya que según el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional citada, el plazo para emitir las leyes secundarias termina el 28 de mayo de 2016.

Además esta propuesta es acorde a los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

En cuyo documento, el Ejecutivo Federal Establece lo siguiente:

“En la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación.

La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.”

Las entidades federativas de acuerdo a la reforma constitucional deben replicar el sistema anticorrupción en sus propios entornos mediante órganos análogos para la investigación y sanción, como los son las entidades locales de fiscalización con autonomía técnica y de gestión.

Con ello se reconoce el principio constitucional de autonomía de los gobiernos locales para resolver los problemas de su propia gestión administrativa.

Este principio sirve para descentralizar el poder público, limitar y balancear la autoridad del Estado.

En este contexto, la presente reforma se presenta en un marco de respeto a la autonomía y a las atribuciones de las entidades federativas y el sistema de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior considerando que el combate a la corrupción es una función del Estado y que debe proveerse de manera concurrente y coordinada por la federación, entidades federativas y municipios.

La Ley general que se propone distribuye las competencias entre la Federación y los Estados, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas.

Por ello, las reformas a la Constitución aprobadas recientemente en materia de transparencia y anticorrupción, ordenan la constitución de un Sistema Nacional Anticorrupción sujeto a las bases mínimas siguientes:

a) La operación del sistema nacional anticorrupción, será competencia de la Federación, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las Instancias de coordinación.

c) El establecimiento de mecanismos de coordinación.

d) Se determina la participación ciudadana que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de la corrupción.

e) El establecimiento de las instancias regionales y locales.

Por otra parte, la viabilidad de un Sistema Nacional Anticorrupción, eficaz en las tareas propias de la función pública, hace imprescindible la operación e instrumentación del sistema que garantice el adecuado intercambio de información en materia de corrupción y que genere inteligencia apta para el ejercicio de las atribuciones de los órganos participantes de los tres órdenes de gobierno. Lo anterior con pleno respeto a los derechos humanos y a la protección de datos personales.

Desde esta perspectiva, la Iniciativa que se presenta, da respaldo al cumplimiento de los fines del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ciudadanía en múltiples ocasiones ha hecho un llamado a las instituciones por la falta de honestidad, ética, sanciones eficaces y ejemplares para los servidores públicos que deben garantizar la confianza en su actuación y que se valen del cargo para defraudar la confianza del ciudadano.

Por ello, en la presente iniciativa, se propone crear el Sistema de Coordinación Nacional Anticorrupción, y combatir el problema estructuralmente a través de un sistema integral que contemple la coordinación de las autoridades competentes en la investigación, prevención y sanción de los hechos de corrupción.

La Ley General que se somete a consideración de ésta Honorable Soberanía, presenta el siguiente perfil de su estructura y contenido.

En el Título Primero, “Disposiciones Generales”, la Ley funda las disposiciones que orientan y establecen el objeto del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Título Segundo denominado ,“De la coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios”, así como las funciones objeto de la Coordinación.

El Título Tercero, “De la Instancia de Coordinación”, Prevé la creación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción como máxima instancia de deliberación del Sistema; su integración y las atribuciones.

Asimismo se establece la figura del Comité de Participación Ciudadana “esta figura puede ser el parteaguas para crear una o varias redes de interesados y promotores, como pueden ser universidades, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y grupos especializados que apoyen los trabajos de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en el Sistema, con ello se avanzaría más en la consolidación y proyección de una contraloría social.

Asimismo puede participar en la discusión de los informes de la Auditoria Superior y aportar insumos al Comité Coordinador, realizando estudios, propuestas e iniciativas en materia preventiva o correctiva en materia anticorrupción.”

Titulo Cuarto, “De la Información del Sistema Nacional Anticorrupción”, establece que la Federación, Estados y Municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, analizarán y actualizarán oportunamente, la información sobre actos de corrupción mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos que la integran.

En suma, el nuevo modelo anticorrupción que contempla la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta Honorable Soberanía, pretende satisfacer la expectativa de ésta y las siguientes generaciones, porque representa la decidida voluntad de ciudadanos organizados y esfuerzos de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en la atención de la demanda ciudadana ante la corrupción.

Por las razones expuestas anteriormente, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, 73 fracción XXIV y 113de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Así como el segundo transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, por conducto de esa soberanía someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional; es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 2o.Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

Ley: Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sistema: Sistema Nacional Anticorrupción.

Coordinación: Coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Comité coordinador: Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Secretario: Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción.

Programa: Programa Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.

Integrante:A los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. El Sistema se integra con las instancias, instrumentos, políticas y acciones previstas en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines del combate a la corrupción.

Artículo 4o. Conforme al artículo 113 constitucional y para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional Anticorrupción, es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

La función del Sistema, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de la Auditoria Superior de la Federación; de La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de La Secretaria del Ejecutivo Federal Responsable del Control Interno; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; El Presidente Garante que establece el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 5o. Cuando las disposiciones de ésta Ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados y los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema.

Artículo 6o. La coordinación y aplicación de ésta Ley, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema.

Artículo 7o. La actuación de las autoridades que intervienen en el Sistema, se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Las autoridades establecerán instrumentos de formación, que inculquen estos principios.

Título Segundo
De la Coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios

Artículo 8. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados y los Municipios, se coordinarán para:

I. Integrar el Sistema Nacional Anticorrupción.

II. Determinar las políticas del Sistema, así como, ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta Ley;

III. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones del Sistema.

IV. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información del Sistema.

V. Formular propuestas para el Programa Nacional del Sistema, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; y

VI. Tomar medidas y realizar acciones entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Artículo 9. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en las demás instancias de coordinación.

Artículo 10. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Título Tercero
De la Instancia de Coordinación

Capítulo I
Del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 11. El Sistema contara con un Comité Coordinador, el cual será la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y estará integrado por:

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana.

II.  Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, de la Procuraduría General de la República;

III.  La secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno?

IV. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

V. El presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución;

VI. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;

VII. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; y

VIII. Demásautoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 12. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, lo siguiente:

I. Coordinar los esfuerzos en la implementación de políticas transversales en materia de prevención, control y disuasión de la corrupción; la promoción de la integridad, tanto en los ámbitos federal, estatal y municipal, como en los tres poderes de la unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, incluyendo sistemas de coordinación de información y de indicadores de desempeño;

II. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales?

III. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan?

IV. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno?

V. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos?

VI. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia;

VII. La realización de programas de cooperación internacional sobre combate a la corrupción, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

VIII. La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de corrupción;

IX. El análisis de proyectos y estudios que se sometan a consideración por conducto del Secretario Técnico;

X. La expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema; y

XI. Los demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de ésta ley.

Artículo 13.Derivado del informe, al que se refiere la fracción VI del artículo anterior, el comité coordinador, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informaran al comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Artículo 14. El Comité se reunirá por lo menos una vez cada tres meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Los integrantes del Comité podrán proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo 15. La presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, será rotativa por periodos de un año, atendiendo a un criterio inicial de experiencia, el orden será el siguiente:

1. La Auditoria Superior de la Federación.

2. La Secretaría de Ejecutivo Federal Responsable del Control Interno.

3. El representante del Comité de participación ciudadana.

4. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

5. El Presidente garante que establece el artículo 6o. de la Constitución.

6. El representante del Consejo de la Judicatura Federal.

7. Fiscalía Especializada en combate a la corrupción.

Artículo 16. Para el conocimiento de las distintas materias de coordinación a que se refiere esta ley, el Sistema podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado del fenómeno de la corrupción; en ellas podrán participar las dependencias y entidades de la Federación, los Estados y los Municipios que, por razón de su competencia, tengan relación con el Sistema.

Con la misma finalidad, se invitará a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionadas con la materia.

Artículo 17. El Comité designará, a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, quien durara en su encargo 6 años y podrá ser removido libremente por dicho Presidente.

I.El Secretario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

II.Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

III.Ser mayor de 35 años de edad;

IV.Contar con título de Licenciado en Derecho o título en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, debidamente registrado.

V.No haber sido condenado por delito doloso.

VI.No ser servidor público, ni tener vínculo contractual con el Estado; y

VII.Ser de reconocida capacidad, probidad y contar con experiencia en áreas cuya naturaleza esté vinculada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 18. Serán funciones del Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción:

I.Elaborar las propuestas de contenido del Programa y someterlas a la aprobación del Comité;

II.Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que refiere el artículo 9 de la presente Ley;

III.Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del Comité coordinador;

IV.Proponer para su aprobación al Comité coordinador; políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción del país;

V.Elaborar y publicar informes de actividades del Comité coordinador;

VI.Administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema, así como recabar todos los datos que se requieran;

VII.Informar periódicamente al Consejo de sus actividades;

VIII. Formular sugerencias a las autoridades competentes, para que las instituciones que integran o participan del Sistema de la Federación, los Estados y los Municipios, desarrollen de manera más eficaz sus funciones;

IX.Promover, por conducto de las instituciones del Sistema, la realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el Comité y sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes;

X.Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación del Sistema;

XI.Promover estudios especializados sobre las materias de Combate a la Corrupción.

Capítulo II
Del Comité de Participación Ciudadana

Artículo 19. El Comité de participación Ciudadana se integrara por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Artículo 20. Para la designación de los integrantes del Comité de participación Ciudadana, será el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quien mediante convocatoria pública a las instituciones de la sociedad civil organizada y de la academia nacional reciba propuestas, de las cuales el Comité coordinador realizará las designaciones correspondientes.

Artículo 21.El Comité de Participación Ciudadana ejercerá las siguientes funciones:

I.Contribuir en la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, observatorios ciudadanos, entidades académicas, colegios de profesionistas y medios de comunicación;

II.Participar en la discusión de los informes de la Auditoria Superior de la Federación;

III.Aportar insumos al comité coordinador realizando estudios, propuestas e iniciativas en materia preventiva o correctiva en materia de anticorrupción;

IV. Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la presente Ley;

V. Realizar un informe de seguimiento, de las políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha anticorrupción, el cual deberá presentarse al menos una vez cada año, y podrá ser consultado en la página de Internet de todas las entidades que conforman el Comité Coordinador del Sistema;

VI. Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta Ley para mejorar la gestión pública, tales como la contratación pública, la simplificación administrativa y el acceso a la información pública;

VII. Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto impacto;

VIII. Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción.

IX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los servidores públicos de los cuales tengan conocimiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 113 de la Constitución.

X. Elaborar su propio Reglamento.

XI.Reunirse por lo menos una vez cada tres meses.

Capítulo III
De los Comités Locales y Regionales de Coordinación

Artículo 22. En los Estados se establecerán comités locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema en sus respectivos ámbitos de gobierno.

En el caso de los comités estatales, participarán los municipios atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.

En las Entidades Federativas se establecerán comités de coordinación municipales, según sus características, para la realización de dichas actividades.

Artículo 23. Cuando se requiera la participación de dos o más Municipios, ya sea de un mismo o de diferentes entidades federativas, podrán también establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes.

Artículo 24. Los comités locales y regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Comité Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines del Sistema, en sus ámbitos de competencia.

Artículo 25. Los comités locales y regionales podrán proponer al Comité Nacional acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias del Sistema.

Título Cuarto
De la Información del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 26.Se integrará una base nacional de datos sobre particulares vinculados con faltas administrativas y con hechos de corrupción.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las autoridades vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 27. La Federación, los Estados y los Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre hechos de corrupción, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios que forman parte del Sistema.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y las leyes locales.

Tercero. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se instalará dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley.

Cuarto. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en su primera sesión, determinará los procedimientos y los plazos máximos, para que se instalen las demás instancias de coordinación y se establezcan los instrumentos y servicios que prevé esta ley.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.

Notas:

1 Alejandro Romero Gudiño, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,Inacipe, P. 270.

2 Índice de Percepción de la Corrupción, disponible en; http://www .transparency.org/

3 Alejandro Romero Gudiño, V isión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,Inacipe, pp. 354,355.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco,Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Sonido en la curul de la diputada Flor Rentería, por favor.

La diputada Flor Estela Rentería Medina (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero pedirles muy respetuosamente que hagamos un minuto de silencio para honrar también la memoria del senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, quien fuera senador en la LXIII Legislatura y en dos ocasiones diputado de esta Cámara, y el 12 de febrero falleció lamentablemente en la ciudad de Torreón. Quienes lo conocimos sabemos que hemos perdido un gran político, un gran coahuilense. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rentería. Al expresarles nuestras más sentidas condolencias igualmente a sus familiares y amigos y, desde luego, al Grupo Parlamentario del PRI, de quien fue integrante en la legislaturas que se ha hecho mención, se invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de don Braulio Manuel Fernández Aguirre.

(Minuto de silencio)

Gracias.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Alejandra Gutiérrez Campos del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, como resultado de la tóxica reforma fiscal, aprobada en la legislatura pasada, nos enfrentamos a un escenario que desalienta la inversión y el crecimiento económico. Más aún, esta reforma dificulta que los mexicanos puedan acceder a un empleo digno, bien remunerado y con prestaciones sociales adecuadas.

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta limita la deducibilidad de los pagos, que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, tales como: previsión social, cajas y fondo de ahorro, gratificación anual, horas extra, prima dominical, entre otros. En este caso, las limitaciones a la deducibilidad tienen fines recaudatorios, pero funcionan en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos trabajadores.

Como ejemplo veamos los fondos de pensiones, es bien sabido que hoy día nos encontramos ante un escenario adverso en los que respecta a los ingresos durante la vejez. Poner un tope de 43 por ciento a los fondos de pensiones significa dificultad aún más que los adultos mayores pueden tener acceso a una pensión digna.

Esto, señoras diputadas y señores diputados, es inadmisible. Debemos actuar para reactivar la inversión y el desarrollo económico del país, buscar en todo momento un salario digno para todos.

Debemos corregir la reforma fiscal del gobierno, la cual no solo no incentiva el crecimiento económico, además bloquea la generación de nuevos empleos con valor agregado y salarios dignos para los trabajadores. Los patrones dejarán de otorgar prestaciones de previsión social superiores a los que marca la ley; a menos que contribuyamos y construyamos incentivos, y apliquemos medidas efectivas en beneficio de los trabajadores.

La competitividad económica de México necesita alcanzar y seguir peleando justamente para evitar la dañina reforma fiscal. Por ello, compañeras y compañeros, los invitamos a sumarse a esta iniciativa, que tiene como propósito hacer deducibles en su totalidad los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para los trabajadores, tales como: previsión social, cajas y fondo de ahorro, gratificación anual, horas extras, prima dominical, entre otros.

La presente iniciativa forma parte del paquete de propuestas que el Grupo Parlamentario del PAN presentará con el objetivo de mejorar nuestro sistema tributario e impulsar la inversión, la productividad y la competitividad, para hacer frente al pobre desempeño económico que nos aqueja en la actualidad, pero sobre todo para migrar de un salario mínimo a un salario digno.

En el PAN intentaos revertir los efectos de una reforma que ha generado incertidumbre económica y la falta de crecimiento, pero aún más, que obstaculiza la mejora de la calidad de vida de cada uno de los mexicanos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28, de la Sección I, “De las Deducciones en General”, al Capítulo II, “De las Deducciones”, del Título II, “De las Personas Morales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base a la siguiente

I. Exposición de Motivos

En la plataforma electoral del Partido Acción Nacional 2015-2018, hemos señalado que el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básico de responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que han caracterizado la política económica de las últimas décadas. En un contexto donde el crecimiento tendencial presenta síntomas de estancamiento, la reacción del gobierno, lejos de promover e incentivar los dinamismos que requiere la economía para retomar la senda del crecimiento, ha generado mayor incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la agenda económica que requiere el país. Es necesario restablecer la responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de entendimiento y cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e identificar las condiciones y políticas nacionales para el crecimiento con empleo decente, sustentable y que genere prosperidad para todos los mexicanos.

Antecedentes (Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 2008)

El 1 de enero de 2008 entró en vigor el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), este impuesto no permitía la deducción directa de los pagos realizados por los conceptos de sueldos y salarios, y aportaciones de seguridad social, si no, que permitía que los contribuyentes del IETU pudieran acreditar (restar) del impuesto determinado diversos conceptos denominados créditos fiscales, entre los cuales estaba el Crédito por salarios y aportaciones de seguridad social,  el cual permitía acreditar (restar) contra el pago provisional mensual y la declaración del ejercicio la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los salarios y de las aportaciones de seguridad social efectivamente pagadas en el ejercicio fiscal por el factor 0.165.

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, artículo 5, párrafo 2, no serán deducibles en los términos de esta fracción las erogaciones que efectúen los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean ingresos en los términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la renta.

La ley del Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se abrogó el 1 de enero de 2014.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que había sido propuesta por el Ejecutivo Federal en aquel entonces, la eliminación de esta figura supuestamente obedecía a los siguientes criterios:

Deducción de ingresos remunerativos otorgados a los trabajadores y que están total o parcialmente exentos del ISR

Actualmente, la Ley del ISR permite que el empleador efectúe la deducción de los diversos conceptos remunerativos que les entrega a sus empleados, independientemente de que éstos se encuentren gravados a nivel del trabajador. Este tratamiento fiscal es asimétrico.

Los efectos de las asimetrías en el ISR resultarían particularmente perjudiciales para la recaudación, ante la propuesta de desaparición de los impuestos mínimos y de control que se presenta. Por ello, ante la ausencia de un impuesto mínimo y de control del ISR y con el fin de restablecer la simetría fiscal, se propone acotar la deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso para el trabajador considerados total o parcialmente exentos por la Ley del ISR.

En consecuencia, sólo procederá la deducción de hasta el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. Este porcentaje guarda relación entre la tasa del IETU que se deroga y la tasa del ISR empresarial. Con esta medida se recupera la base gravable del ISR y además se reduce la asimetría fiscal.

Algunos de los conceptos de gasto-ingreso que estarían sujetos a este límite son la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas, entre otros.

El primero de enero de 2014 entró en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, con la cual se establece al ISR como único gravamen sobre los ingresos de los contribuyentes, adicionando la no deducibilidad parcial de los pagos de sueldos y salarios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, aplicándolo en los pagos de la previsión social con fundamento en el artículo 28 fracción XXX

Deducciones autorizadas propias de la actividad:

El artículo 7 párrafo 5 de LISR considera previsión social como los gastos efectuados por el patrón en favor de los trabajadores que tengan como objetivo satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras y otorgar beneficios que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida la de su familia.

A partir de 2014 en el artículo 28 fracción XXX de LISR establece que la deducibilidad de estas prestaciones que otorgan las empresas a sus trabajadores que a su vez sean exentos para los trabajadores sólo será deducible hasta un 53%. O un 47%, cuando en el ejercicio 2013 se permitía la deducción del 100% según el artículo 31 fracción XII.

Algunas de estas prestaciones o gastos de previsión social son:

• Ayuda en Vales

• Ayuda para Transporte

• Ayuda Escolar y Becas

• Despensa en Especie

• Gastos Funerarios

• Guarderías

• Seguro de Vida

• Actividades Culturales y recreativas

• Fomento al Deporte

• Ayuda por Fallecimiento de familiares

Fondos para pensiones:

Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, independientes a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad. (Es decir fondos creados por el patrón) de estos gastos solo se podrá deducir el 53%, el resto no será deducible.

La adición de la limitante de la deducción de previsión social la cual fue aprobada en la LXII Legislatura, misma que entró en vigor para el ejercicio fiscal de 2014, desincentivo los beneficios de previsión social en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, quedando lejos los compromisos planteados por el Gobierno de desarrollo económico para las familias, aunado a las expectativas esperadas por el Ejecutivo Federal que no se cumplieron en la obtención de mayores ingresos, sino que estos disminuyeron.

Ante la baja de producción y precio del petróleo, y toda vez que el gobierno actual ha perdido el rumbo y sus errores nos han sumido en una crisis económica, política y social, es necesario legislar las adecuaciones que correspondan, con el objeto de reactivar la inversión y el desarrollo económico del país. Uno de ellos sin duda, es el estímulo fiscal que se da a los contribuyentes a través de la deducción previsión social, mismas que tienen un efecto multiplicador dentro de la economía.

Diversas empresas del país utilizan la deducción de la previsión social más que como incentivo fiscal, utilizan este beneficio como incremento de la calidad de vida del trabajador.

Debido a esta medida las compañías dejaron de otorgar algunas prestaciones de previsión social, lo cual a su vez fue en detrimento de la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con estudios realizados por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores A.C. (AMAC), considerando la estructura de un programa de compensación promedio, se traduce en un incremento de 8% en el costo de la nómina de las empresas, lo cual trajo la consecuencia perder competitividad de nuestro mercado laboral, cuando se necesita hacer lo contrario, que es estimular la competencia con nuestros competidores comerciales del extranjero.

Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción de previsión social, ésta representó una medida fiscal eficiente y eficaz en beneficio de los trabajadores y empresarios que trajeron inversiones a nuestro país.

Además, se limita la deducción de las aportaciones hechas por las compañías a los fondos de pensiones y jubilaciones. Esto, sin duda, tiene un efecto muy nocivo, ya que desincentiva la creación de planes de pensiones de las empresas para sus empleados e incluso podría promover la desaparición de los ya existentes.

Este tipo de planes, que a octubre del 2012 representaban (416,486 millones de pesos) 3% del Producto Interno Bruto, significa, además, una importante fuente de ahorro interno del país que desapareció.

Asimismo, el 60% de estos recursos están invertidos en instrumentos del Gobierno Federal, por lo que éste no cuenta con esta fuente de financiamiento.

La limitante de la deducción de la previsión social que impactó en las empresas, fue el decremento de su productividad y competitividad, ya que su fin último es ser una reforma recaudatoria orientada a generar los recursos necesarios para que el gobierno logre sus objetivos, sin importar castigar a los patrones, quienes generan los empleos.

El 7 de septiembre de 2014, la titular de la Prodecon señaló que “...según las inconformidades expresadas por diversos grupos de contribuyentes, entre los temas susceptibles de corregirse por parte de los legisladores están la deducción acotada en materia de prestaciones salariales y de previsión social, así como que la eliminación de la deducción inmediata de inversiones...”.

Además, se tiene un evento conocido, el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, al otorgar un amparo a una empresa en contra de los artículos 25 y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2014, consideró que esos preceptos transgreden el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la Constitución.

El órgano jurisdiccional, a cargo de la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, apuntó en su resolución que el artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2014 transgrede en perjuicio de la empresa quejosa el principio de proporcionalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución mexicana, “toda vez que la hace tributar bajo una base contributiva que no refleja su verdadera capacidad” económica.

Así, atendiendo el principio de proporcionalidad tributaria, este gasto “debe ser reconocido y por ende deducible a favor de la empresa quejosa, pues el mismo resulta indispensable para el desarrollo de sus actividades”.

El juzgado agregó que el principio de proporcionalidad tributaria radica en que los sujetos pasivos contribuyan al gasto público “en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos”, utilidades o rendimientos; esto es, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes.

Atendiendo lo anterior, la sentencia argumenta que el artículo 28, fracción XXX, de la LISR 2014 transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al limitar la deducibilidad de pagos de previsión social realizados por el patrón.

El documento recuerda que en materia del ISR, por regla general, “un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso”.

Por ende, la medida utilizada por el Congreso en los artículos ya referidos “resulta desproporcional”, pues la restricción a la deducción de un gasto necesario impide que dichos gastos sean reconocidos como erogaciones, lo cual afecta la riqueza del contribuyente, pues disminuye la base gravable que debe considerarse para el pago de impuestos.

Con ésta y las demás iniciativas fiscales el Grupo Parlamentario del PAN reafirma su compromiso con México.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Código Fiscal de la Federación, y

c) Ley del Impuesto sobre la Renta.

IV Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28, de la sección I “de las deducciones en general” al capítulo II “de las deducciones” del título II “de las personas morales”, de la ley del impuesto sobre la renta

V. Ordenamientos a modificar

- Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Sección I
De las Deducciones en General

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XXIX. ...

XXX. Se deroga

VII. Artículos transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo Federal el 08 de septiembre de 2013.

2 http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/ articulo/default.aspx?id=334214 &urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/ articulo/default.aspx?id=334214 &urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2F aplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2

http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/04/ 09/limitar-deducciones-de-prestaciones-afecta-proporcionalidad

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Alejandra Gutiérrez Campos,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopany Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge López Martín, José Hernán Cortés Berumen, José Teodoro Barraza López, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Rene Mandujano Tinajero, Ulises Ramírez Núñez,  Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alejandra Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la meta sexenal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de incrementar el consumo per cápita de pescado y mariscos está a punto de concretarse debido a que en la presente administración se ha pasado de 8.9 kilos per cápita a 11.5, siendo 12 la meta según Conaspeca.

Lo anterior refleja que estamos transitando hacia un repunte en el consumo de productos en el sector pesquero y acuícola nacional, repunte que no puede ser entendido sin destacar la labor de los pescadores y los empresarios de la cadena productivo-comercial del sector pesquero y acuícola, tales como acuicultores, armadores, procesadores, distribuidores y comercializadores.

En este sentido, rescatar la labor de los acuicultores y velar porque se beneficien quienes subsisten de esta actividad ha sido objetivo que nos hemos trazado desde el inicio en esta legislatura y en conjunto con mis compañeros diputados que integramos la Comisión de Pesca.

La iniciativa que el día de hoy presento a esta soberanía versa sobre el sector acuícola, sin embargo no es tema nuevo, pues a partir del año 2014 se multiplicaron las inconformidades de los productores acuícolas por el incremento de las tarifas que les resultan impagables, por lo que han acudido en reiteradas ocasiones al Legislativo federal para solicitar nuestra intervención para que se eroguen estos pagos excesivos impuestos por la Comisión Nacional del Agua.

Han manifestado que un acuicultor en años anteriores pagaba en promedio 17 mil pesos por año en uso de agua, con las multas excesivas cuáles deben pagar el día de hoy hasta 60 mil pesos.

Con esta iniciativa se pretende modificar el marco legal correspondiente al nivel de prelación en la acuicultura, frente a otras actividades productivas primarias dentro de la Ley de Aguas Nacionales, para otorgarle reconocimiento a un sector que aporta bienes favorables a la seguridad alimentaria y al desarrollo nacional.

La eventual reforma al marco legal, que preceptúa el nivel de prelación en la acuicultura en cuanto al uso de agua, estaría posibilitando el aseguramiento de la producción, incluso la seguridad jurídica permitiría integrar medidas tecnológicas que mejoren la calidad de agua por unidad de producción.

Esto constituiría un detonante, que permitiría al sector un mejor desarrollo en cuanto a la integración de nichos de mercado con productos de calidad, que contribuyen a mejorar la salud de los mexicanos, así como ser factor de impulso al desarrollo sustentable en el sector primario.

La legislación en materia establece que no se pagará el derecho por extracción o derivación de aguas nacionales que realizan personas físicas dedicadas a actividades acuícolas, pecuarias, debido a que estas guardan un buen nivel de prelación, ya que resulta un contrasentido que para diversos efectos se enmarque a la acuicultura como una actividad económica que pertenece al sector primario, con alto potencial de desarrollo y que para otros propósitos, como lo es la materia que ocupa esta presente legislativa, sea considerada en un orden preferente lejano al que se otorga al carácter pecuario y acuícola y agricultura.

Dado lo anterior, la presente iniciativa tiene por ello como objeto central homologar el uso de agua dulce para las actividades acuícolas en el uso del agua, de las actividades primarias, disminuir las cuotas que se establecen en los sectores productivos, asegurando beneficios tangibles para el sector y las familias que subsisten de esta actividad.

Para la acuicultura, según datos de Conapesca en este 2015, alrededor de 56 mil 250 personas en nuestro país se relacionan directamente con esta actividad, lo que representa el 21 por ciento del total de personas del sector pesquero y acuícola nacional.

Actualmente, en el país se cuenta con alrededor de 120 mil hectáreas acuícolas en territorio nacional y el gobierno federal estima llegar alrededor de 125 mil hectáreas para finalizar este 2016. Específicamente, los acuicultores operan en un total de 9 mil 230 granjas para la producción de camarón, tilapia, ostión, carpa, trucha, bagre, entre otras especies de cultivo.

Granjas de cultivo que requieren tarifas eléctricas y de agua preferenciales, que contribuyan a un pleno desarrollo del sector y en beneficio directo para los productores y sus familias.

Tal es la importancia de la acuicultura y de la producción actual en el sector pesquero acuícola nacional, que el 70 por ciento de la captura total se realiza en los mares y el 30 por ciento restante es de la acuicultura. Sin embargo, con respecto al valor el 60 por ciento corresponde a los mares y el 40 por ciento a la acuicultura.

Con información de Sagarpa y Conapesca para el próximo año se tiene la meta a establecer 5 mil hectáreas más de acuicultura en el país, a efecto de aumentar la productividad y ofrecer una mayor oferta en estos productos.

Como puede observarse, la acuicultura no se trata solamente del negocio de unos cuantos, se trata de la gran oportunidad de empleos de miles de mexicanos, por eso ante esta tribuna quienes estamos comprometidos con el sector venimos a defender este derecho, mediante la modificación de Ley de Aguas Nacionales.

Compañeros diputados, espero un dictamen favorable a esta iniciativa por parte de las comisiones que correspondan. Estaré solicitando nuevamente ante ustedes su apoyo y su respaldo reiterado, con la finalidad de que la reforma propuesta otorga estabilidad y seguridad económica a los beneficiarios del sector. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3, y se modifican los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio, ambos de la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de alentar la sustentabilidad y el desarrollo de la acuacultura, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La ley así como las acciones y políticas públicas deben garantizar la asignación de agua en cantidad y calidad suficientes, en el marco del principio de justicia y equidad para todos los habitantes de la federación, particularmente para quienes se encuentren en situación de desventaja socioeconómica.

El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es central para la regeneración de la vida y presenta un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas.

En México, como en el resto del mundo la pesca y la acuacultura son una fuente no solo de salud, sino también de riqueza, generadoras de empleo y desarrollo. Los recursos acuáticos siguen siendo uno de los productos más comercializados en todo el mundo. Estas actividades son especialmente importantes para los países en desarrollo, pues en ocasiones tienen un valor que asciende a la mitad del total de los productos que dichos países comercializan.

Sin embargo, es necesario considerar que debido a los calentamiento global, producto del cambio climático y dado el crecimiento poblacional, ahora debemos enfocar nuestros esfuerzos en promover aún más, actividades como la acuacultura, esto con el fin de  fomentar la responsabilidad y la sostenibilidad de la pesca y conservar estos ecosistemas, actuando en congruencia con el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

En 2012, la acuacultura estableció un máximo histórico de producción y ahora proporciona casi la mitad del pescado destinado a la alimentación humana. Se prevé que esta proporción aumente un 62  por ciento para el 2030, debido a la estabilización del rendimiento de la pesca de captura salvaje y al aumento considerable de la demanda de una nueva clase media mundial. Si se desarrolla y practica responsablemente, la acuacultura puede generar beneficios duraderos para la seguridad alimentaria mundial y el crecimiento económico.

El sector de la acuacultura en México se enfrenta a grandes desafíos, según datos de la Conapesca, en 2015, alrededor de 56 mil 250 personas en nuestro país se relacionan directamente con la esta actividad, lo que representa el 21  por ciento del total de personas del Sector pesquero y acuícola nacional.

La acuacultura en el periodo que va de la presente administración ha presentado una tasa media de crecimiento de 15.15 por ciento, debido al crecimiento de especies como mojarra, trucha, ostión, carpa y la recuperación del camarón.

Actualmente en el país se cuenta con alrededor de 120 mil hectáreas acuícolas en territorio nacional, y el Gobierno Federal estima llegar a alrededor de 125 mil hectáreas al finalizar 2016. Específicamente, los acuacultores operan en un total de 9,230 granjas para la producción de camarón, tilapia, ostión, carpa, trucha, bagre, entre otras especies de cultivo.

De la producción actual del sector pesquero y acuícola, el 70 por ciento de la captura total se realiza en los mares, y el 30 por ciento restante en la acuacultura; sin embargo, con respecto al valor, el 60 por ciento corresponde a los mares y el 40 por ciento es en la acuacultura. De acuerdo a estimaciones de la FAO, en 2023 el valor de la producción acuícola superará al de la pesca, de ahí la importancia de desarrollar y promover políticas y recursos que favorezcan a esta actividad, como es el tema del agua, indispensable recurso que las granjas de cultivo que requieren.

Entre los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, se encuentra entre las líneas de acción, impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

Tomando en consideración que la acuacultura significa una importante oportunidad de desarrollo con aportaciones a la economía y a la salud pública nacional, y que en los últimos años representa una importante oportunidad de desarrollo, incluso, comparándose con la producción pesquera, que se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad.

No obstante los saldos positivos, en la Ley de Aguas Nacionales, en los artículos transitorios, se estipula para esta actividad el octavo lugar de prelación, lo que implica que tenga una menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua.

Las tarifas de pago son más altas con respecto a las demás actividades de producción primaria, causando que los productores tengan mayores costos de producción.

A través de recientes investigaciones, se reconoce que aunque la acuacultura tiene sus particularidades, es una actividad preponderantemente primaria.

A pesar de esto, la legislación actual no otorga a la acuacultura el reconocimiento como actividad que aporta a la seguridad alimentaria, además de tampoco reconocerle los ahorros en el uso del recurso agua.

En consecuencia y con la prontitud del caso, se requiere modificar el marco legal correspondiente al nivel de prelación que la acuacultura tiene frente a otras actividades productivas primarias, para otorgarle reconocimiento como un sector que aporta bienes favorables a la seguridad alimenticia.

De esta manera, los acuacultores podrán tener la seguridad de un marco jurídico que los ubique de entrada en el sector económico primario, brindándoles mejores oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua e incorporando a la acuacultura a relaciones comerciales de carácter formal y facilitándole al productor el acceso a los programas de apoyo para el campo ante las diferentes instancias gubernamentales y niveles de gobierno.

La eventual reforma al marco legal que preceptúa el nivel de prelación de la acuacultura en cuanto al uso del agua, estaría posibilitando el aseguramiento de la producción. Incluso, la seguridad jurídica permitirá integrar medidas tecnológicas que mejoren la calidad del agua por unidad de producción.

Esto, constituiría un detonante para permitir al sector un mejor desarrollo en cuanto a la integración de nichos de mercado con productos de calidad, inocuos o que contribuyen a mejorar la salud de los mexicanos, así como ser un factor de impulso al desarrollo sustentable en el sector primario.

La legislación en la materia establece que no se pagará el derecho por la extracción o derivación de aguas nacionales que realizan personas físicas dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias, debido a que estas guardan buen nivel de prelación.

Resulta un contrasentido que para diversos efectos se enmarque a la acuacultura como una actividad económica perteneciente al sector primario con alto potencial de desarrollo y que para otros propósitos, como lo es la materia que ocupa la presente Iniciativa, sea considerada en un orden preferente lejano al que se otorga a las de carácter pecuario y agrícola.

La presente Iniciativa tiene por ello como objetivo central: homologar el uso del agua dulce para la actividad acuícola, con el uso del agua para las actividades primarias, asegurando beneficios tangibles para el sector y las familias que subsisten de esta actividad.

Por lo antes expuesto, considero procedente la propuesta que a continuación se presenta:

Para facilitar el análisis de la propuesta, me permito incluir el cuadro comparativo siguiente:

Por el carácter de la iniciativa, es preciso hacer mención que la presente no tiene impacto presupuestario, toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a VII...

VII Bis. “Aprovechamiento de Paso” aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas.

VIII a LXVI...

Artículo Segundo. Se modifican los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Décimo Quinto. En tanto se cumple con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 22 de esta ley, se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Acuacultura;

4. Pecuario;

5. Agrícola;

6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental;

7. Generación de energía eléctrica para servicio público;

8. Industrial;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple; y

13. Otros.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 Bis y en el título quinto, de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero,Adolfo Mota Hernández, Aldana José Luis Orozco Sánchez, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ángel Rojas Ángeles, Beatriz Vélez Núñez, Candelario Pérez Alvarado, Carlos Federico Quinto Guillén, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, David Mercado Ruiz, Edgar Spinoso Carrera, Edgardo Melhem Salinas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Esdras Romero Vega, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Fidel Almanza Monroy, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Jesús Antonio López Rodríguez, José Alfredo Torres Huitrón, José Hugo Cabrera Ruiz, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María De la Paz Quiñones Cornejo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Verónica Muñoz Parra, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Omar Noé Bernardino Vargas, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Silvia Rivera Carbajal, Sofía Del Sagrario De León Maza, Sylvana Beltrones Sánchez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Virgilio Mendoza Amezcua, Vitálico Cándido Coheto Martínez, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Ibarra. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

El diputado Virgilio Mendoza Amezcua (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido a la curul del diputado Mendoza, por favor.

El diputado Virgilio Mendoza Amezcua (desde la curul): Sí, señor presidente, nada más pedirle al diputado Ibarra, si me permite adherirme a su propuesta.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle amablemente al diputado nos dé la oportunidad de suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Ibarra. Hace así, supongo que quiere decir que sí. Entonces, está manifestando su aquiescencia a señas, y desde luego, aquí está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa presentada por el diputado Ibarra. Gracias.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos de eliminación de estigmas, de prejuicios y negativas de derecho en una sociedad cambiante como la nuestra.

Hay que quitar la carga moral, religiosa de desaprobación social o ideológica que estigmatiza a la comunidad gay, lésbica, bisexual o transexual. Los integrantes de esa comunidad por siglos han sido discriminados, extorsionados y humillados. Muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias. Otros más han sido encarcelados o incluso asesinados.

En nuestro país el Informe de la comisión ciudadana contra crímenes de odio por homofobia revela que en los últimos veinte años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes solo después de Brasil.

Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores, discapacitados y todas las personas, con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos y no limitarlos.

Una forma de lograrlo es reconocer la libertad de todas las personas a decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos los derechos. En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción del derecho a decidir de las personas y el reconocimiento a la diversidad de la integración de las familias en nuestro país.

Por ello, ha declarado como contrarios a la Constitución los Códigos Civiles de los estados que consideran únicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

La iniciativa que proponemos a su consideración busca poner el ejemplo en nuestro país para modificar el Código Civil Federal en su definición de matrimonio, pues la actual atenta contra la autodeterminación de las personas, excluyendo la posibilidad de contraer matrimonio a las personas del mismo sexo.

De esa manera se propone una definición de matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Se quita la referencia sobre que su propósito es la perpetuación de la especie, pues es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias.

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la diversidad sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda del respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.

No debemos usar la ley para limitar ninguno de los derechos y escatimar el reconocimiento a la diferencia como un paso para consolidar una sociedad democrática. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 146 a 148 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

El principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos en una sociedad en constante cambio como la nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional.

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como “delitos de sodomía”, “crímenes contra la naturaleza humana” o “actos antinaturales”. Existe un entramado de leyes y prácticas que niegan la igualdad: en Malaisia, por ejemplo, la “relación carnal contra el orden natural” es castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en el año 2000 a nueve varones jóvenes a prisión e imponiéndoles penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por “conducta sexual desviada”.

La comunidad gay, lésbica, bisexual, transexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En nuestro país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado  por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera:

– La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

– En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

– En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

– Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

– En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinación, descuartizamiento y envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no dejan de ser actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que daña sus derechos y libertades fundamentales.

Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda persona, en nuestro ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine por orientación sexual.

En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema y que ha abonado en la argumentación sobre la construcción del derecho a decidir de las personas y al reconocimiento de la diversidad de la integración de la familias en nuestro país producto de la propia dinámica social.

Al respecto, es preciso mencionar la Sentencia emitida sobre la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el Procurador General de la República en contra de las reformas que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para modificar la definición de matrimonio y avanzar en un matrimonio igualitario, sin distinción de género; las argumentos utilizados en dicho criterio de la Corte los exponemos a continuación:

Sobre la diversidad de las familias

“ 234.En cuanto al segundo aspecto, lo que se consagra constitucionalmente es la protección de la familia –su organización y desarrollo–, dejando al legislador ordinario garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección constitucional a la familia, como esgrime el accionante.

235.Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, dentro de un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar. Al respecto, adquiere relevancia que el propio Código Civil, en su artículo 338, dispone que: “La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, formando el núcleo primario de la familia(...)”.

Cambio del concepto de familia conforme a la realidad social

“ 238.Por consiguiente, si conforme al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario, a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época (datos que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

239. De este modo, fenómenos sociales como la incorporación, cada vez más activa, de la mujer al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de divorcios y, por ende, de nuevas nupcias, que ha dado origen a familias que se integran con hijos de matrimonios o de uniones anteriores e, inclusive, con hijos en común de los nuevos cónyuges; el aumento, en ese tenor, en el número de madres y/o padres solteros; las uniones libres o de hecho; la reproducción asistida; la disminución, en algunos países, de la tasa de natalidad; la migración y la economía, entre muchos otros factores, han originado que la organización tradicional de la familia haya cambiado.”

Dinámica social en la transformación del concepto de familia

“ 243.Efectivamente, en cuanto a la dinámica de las relaciones sociales, sobre todo, en las últimas décadas (a partir de los setentas), se advierten transformaciones sociales relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia. Así, existen muchas personas que deciden vivir una vida en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen contraer matrimonio (uniones libres o de hecho), evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras, ya mencionadas, del concubinato o las sociedades de convivencia. También existen matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; otros que, por razones biológicas, no pueden tenerlos y que, en algunos casos, recurren a los avances médicos para lograrlo, mediante la utilización, por ejemplo, de donaciones de esperma y/o de óvulos, aunque no en todos los casos la ciencia ofrezca soluciones adecuadas; unos más que, aun cuando no tienen impedimento para procrear, optan por la adopción; otros tantos que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera.”

Libre desarrollo de la personalidad

251.En efecto, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

263.Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008. esta Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertadde contraer matrimonio o no hacerlo; l a de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual.”

Concepto de matrimonio desvinculado de la función de procrear y libertad para hacerlo

273.Pretender, como hace el procurador, que dicha desigualdad encuentra razonabilidad en la conservación de la familia, como núcleo de la sociedad, argumentación que considera, entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “amenaza” u “oposición” a dicha estructura, tampoco puede admitirse por este Tribunal Constitucional, en tanto refiere una afectación inexistente, pues, como ya mencionamos, en primer lugar, la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer; en segundo lugar, este último también ha evolucionado de forma tal que se ha desvinculado la unión en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando, incluso, al extremo de que, aun teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no es producto de la unión sexual de ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; en tercer lugar, las uniones entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una “familia”; por último, no se advierte de qué manera podría limitar o restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la formación de una familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera, su finalidad, como afirma el accionante.”

Libertad de procrear

274. La decisión de procrear no depende de la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.”

En congruencia con esa resolución y derivado de la resolución de diversos amparos promovidos, el 12 de junio del 2015 mediante una tesis jurisprudencial determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último sea la procreación; dicho criterio se establece en la siguiente tesis:

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)

Primera Sala

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Página 536

Jurisprudencia(Constitucional, Civil)

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

Un criterio que se suma a este actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, donde de manera unánime el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó que una parte del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional, pues atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, pues se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Por esos motivos, la propuesta que sometemos a consideración busca plasmar en el Código Civil Federal esta realidad y poner el ejemplo a los demás Congresos Locales sobre la manera de legislar con base al principio constitucional de igualdad y no discriminación, además de que otro de los Poderes de la Unión, el Legislativo, muestra su responsabilidad de contribuir a los principios y valores de la Constitución se hagan efectivos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido realizando.

De esa manera, se propone una definición de matrimonio para establecerla como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, la cual debe celebrarse ante los Servidores Públicos que establece la ley y con las formalidades que ella exige; además de eliminar la referencia a que su propósito es la perpetuación de la especie que, en muchos casos, da cabida a lo que se le conoce como débito conyugal y es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias; de igual forma, se establece la disposición de mayoría de edad para contraer matrimonio.

Texto vigente

Artículo 146.El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

Artículo 147.Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

Artículo 148.Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Propuesta de reforma

Artículo 146. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

Artículo 147.Cualquiera condición contraria a la señalada en el artículo anterior, se tendrá por no puesta.

Artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad tiene una sinergia, es cambiante y que esa realidad nos dicta que mujeres y hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y no debe sujetarnos a criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos.

Afirmar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexual y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la Diversidad Sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.

Fundamento Legal

La suscrita, diputada federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 146. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los servidores públicos que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

Artículo 147.Cualquiera condición contraria a la señalada en el artículo anterior, se tendrá por no puesta.

Artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende. (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7) y Derechos a la intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual. Constituyen derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana. (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. Página 7).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Maricela Contreras Julián,Laura Beatriz Esquivel Valdés, Sergio René Cancino Barffuson(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Antes, perdón, sonido en la curul del diputado Sergio Cancino, por favor, acá.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Sí, muchas gracias y muy buenos días. Mi intervención es para solicitar adherirme al planteamiento de iniciativa que está proponiendo la diputada. Pero también recordar que en Morena el diputado Vidal Llerenas ha hecho un planteamiento similar, precisamente en el marco y en la demanda de los reconocimientos de derechos para la Fundación LGBTI, lo cual nos parece un mecanismo oportuno a ir apuntando a este pleno reconocimiento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. La diputada Contreras manifiesta su aquiescencia para que pueda suscribirla y está como lo hemos estilado, aquí a disposición de quienes quieran hacerlo en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Sofía González Torres(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul de la diputada Sofía González, por favor.

La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Muchas gracias, presidente. De igual manera solicito adherirme a esta iniciativa. Me parece excelente y espero que la diputada me dé chance.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pues al diputado le dijo que sí, pero acá no veo que le haya puesto atención. Diputada Contreras, está echando novio. La diputada Sofía, le pregunta.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Desde luego que sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Desde luego que sí. Ya me dice que sí. Bien. Gracias.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. Ahora sí, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, una disculpa por hacerla esperar unos segundos, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Sharón María Teresa Cuenca Ayala:Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Buenas tardes, honorable Cámara. La iniciativa que hoy presento, reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el objetivo de crear un nuevo Centro de Estudios.

Los Centros de Estudios con los que cuenta esta Cámara fomentan y construyen información analítica, objetiva, imparcial y oportuna. Actualmente tenemos cinco Centros de Estudios, de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Estudios Sociales y de Opinión Pública, Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, los cuales también brindan apoyo técnico a las comisiones y a todos los grupos parlamentarios con la finalidad de que el trabajo legislativo contenga un soporte técnico, práctico, que contribuya a generar documentos en la decisión del cumplimiento de la agenda legislativa.

Estos centros también generan conocimiento en investigaciones en áreas financieras, sociales, de opinión pública, jurídicas, derechos humanos, entre otros.

En este contexto, en los últimos 13 años en los temas de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, políticas, anticorrupción, conservación de archivos, gobierno y parlamentos abiertos, se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional.

El presidente Enrique Peña Nieto tomó este gran reto en colaboración con la sociedad civil, con los partidos políticos, académicos e investigadores impulsando reformas constitucionales y legales.

Estos acuerdos han sentado las bases para el sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales y el sistema nacional anticorrupción.

Es así que el Estado mexicano ha adoptado postulados internacionales de gobierno abierto y con ello se ha impulsado el tránsito hacia un modelo de parlamento abierto. En este sentido, en el Partido Verde reconocemos la importancia de generar estudios e investigaciones para hacer análisis en estas áreas de continuo debate en la Cámara.

Es necesario crear una instancia donde el conocimiento y las herramientas teóricas, analíticas y técnicas para el trabajo parlamentario sean una prioridad para atender eficazmente estos temas de interés nacional.

Por ello se propone crear el Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción, el cual contribuirá al intercambio del conocimiento con otras instancias del sector público, de sociedad civil, Academia e investigadores.

Se pretende este estudio de apoyo técnico y sistematizado a todos los legisladores, a todas las comisiones para poder generar los documentos adecuados. Los trabajos que ahí se realicen servirán como información, análisis, estadístico, bibliográfico y documental especializado, el cual evidentemente será público.

También fortalecerá lo dispuesto en el artículo 6o. de nuestra Constitución. Se pretende también que cuente con apoyo técnico de personal especializado y capacitado en estas materias.

Seamos promotores del conocimiento y la investigación. Dotemos el trabajo parlamentario de esta Cámara con los insumos técnicos necesarios, con la única finalidad de mejorar día a día nuestro desempeño como legisladores y qué mejor que teniendo a la mano un centro de estudios como el que el día de hoy se propone. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los 5 centros de estudios con los que cuenta la Cámara de Diputados fomentan y construyen información analítica, objetiva, imparcial y oportuna, además de brindar apoyo técnico para Comisiones y a todos los grupos parlamentarios con la finalidad de que el trabajo legislativo contenga un soporte teórico, técnico y práctico que contribuya a generar documentos de decisión para cumplir con la agenda legislativa de la Cámara de Diputados.

El artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se encuentran los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género .

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas elabora análisis, estudios, proyecciones, cálculos e investigaciones, así como el manejo de organización de información estadística y documental en materia de financiera y económica.

El Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias realiza opiniones técnico – jurídicas para fundamentar documentos legislativos; construye investigaciones de las diversas ramas del derecho; genera información sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, Grupos Parlamentarios y de los Legisladores, además de estadísticas jurídicas y documentación especializada.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lleva a cabo estudios e investigaciones en materia social y de opinión pública integrando bases de datos con información sobre estas vertientes; también realiza evaluaciones al trabajo de legisladores, de las comisiones y de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

El Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria tiene el objetivo de que los Diputados particularmente aquellos vinculados con el sector rural, dispongan de un soporte de información oportuna y veraz, que les permita tomar las mejores decisiones sobre su actividad parlamentaria.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género apoya de manera oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

Estos centros de estudios generadores de conocimiento e investigación en áreas financieras, sociales, de opinión pública, jurídicas, derechos humanos y del sector rural forman la parte técnica y analítica del trabajo parlamentario.

En este contexto en los últimos 13 años el sector público, la academia, el sector privado y la sociedad civil han profundizado en investigaciones, mediciones, políticas públicas y legislación en materia de transparencia, de protección de datos personales, de políticas anticorrupción y para la conservación de archivos en trámite, de concentración e históricos, entre otros temas que hoy son una prioridad en la agenda legislativa, pública y política de nuestro país.

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción han generado por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en colaboración con la sociedad civil, partidos políticos, académicos e investigadores diversas reformas constitucionales y legales que han creado el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que tiene como misión:

“...la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.”

En consecuencia a través de una reforma integral se dio vida constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de trabajar coordinadamente la Secretaría de la Función Pública Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa para la detección, prevención y sanción de las responsabilidades penales y administrativas cuando los servidores públicos comentan un ilícito en ejercicio de sus funciones.

En este marco el Estado Mexicano se ha comprometido a adoptar los postulados internacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto los cuales son: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana en los asuntos públicos, combate a la corrupción, innovación y tecnología para fortalecer la gobernanza.

Dentro de estos postulados se encuentra el transitar a un Parlamento Abierto el cual impulsa las reformas necesarias dentro de las Cámaras del Congreso de la Unión, los 31 Congresos Locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que el desempeño de estas instituciones cumpla con los 10 principios que son:

1. Derecho a la Información;

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas;

3. Información Parlamentaria;

4. Información Presupuestal y Administrativa;

5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos;

6. Información Histórica;

7. Datos Abiertos y no propietarios;

8. Accesibilidad y Difusión;

9. Conflictos de Interés;

10. Legislar a favor de Gobierno Abierto.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México sabe de la importancia de los estudios, investigaciones, mediciones y análisis en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, gobierno y parlamento abierto que deben realizarse en la Cámara de Diputados.

Por ello, reiteramos nuestra voluntad y compromiso social de legislar sobre estas materias. Por tanto, es necesario crear una instancia donde el conocimiento, la investigación, las herramientas teóricas, analíticas y técnicas para el trabajo parlamentario sean una prioridad para atender eficazmente estos temas de interés nacional.

Esta instancia es el Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción, el cual contribuirá al intercambio de conocimiento con los demás centros de estudios de esta soberanía, así como, con otras instancias del sector público, de la sociedad civil, académicas y de investigación para brindar apoyo técnico, sistematización de información, análisis, estudios de derecho comparado, evaluaciones, sondeos de opinión, entre otras, de manera objetiva, imparcial y oportuna.

Los trabajos que se realicen servirán como información, análisis estadístico, bibliográfico y documental especializado el cual tendrá será público.

Este Centro de Estudios fortalecerá lo dispuesto en el artículo 6º constitucional y por diversos tratados internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, gobierno y parlamento abierto.

Contará con cuerpos de apoyo técnico, capacitados y especializados sobre estas materias para obtener documentos especializados.

Seamos promotores del conocimiento y la investigación, dotemos al trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados de los insumos técnicos necesarios con la única finalidad de mejorar día a día nuestro desempeño como legisladores, y que mejor teniendo a la mano información y documentos especializados.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 49, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo Séptimo

Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Artículo 49.

1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a) a f)...

2...

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género , y de estudios para la transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal siguiente al año de su aprobación la asignación de recursos necesarios para la creación y funcionamiento del Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción.

Tercero. Los nombramientos de los que integrarán el Centro de Estudios serán propuestos por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual tomará en cuenta el proyecto que presente la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará al pleno de la misma para su aprobación, la integración del Comité del Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción y su Reglamento para su correcta organización y funcionamiento.

Notas:

1 Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, artículo 49.

2 http://www.cedrssa.gob.mx/

3 http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_cen tro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/01a_quie nes_somos

4 http://snt.org.mx/

5 Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, pág. 6, 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de febrero del año 2016.— Diputados: Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Beatriz Velez Núñez, David Mercado Ruiz, Esdras Romero Vega, Evelyng Soraya Flores Carranza, Georgina Trujillo Zentella, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Jorgina Gaxiola Lezama, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juana Aurora Cavazos Cavazos, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Ricardo Ramírez Nieto, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Aurora Cavazos, por favor.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos(desde la curul): Presidente, solamente para solicitar mi adhesión a la iniciativa presentada por la diputada Sharon.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Cuenca, preguntan, solicitan su aprobación para suscribir su iniciativa.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Dice que sí. Entonces está a su disposición acá como lo hemos estilado.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DEROGA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Deuda Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señor presidente. Esta es una iniciativa que se deriva de la mal llamada reforma energética. Vengo a presentar, con la que buscamos comenzar a establecer las condiciones adecuadas para el fortalecimiento de Pemex.

Parece increíble que estamos viendo que el soporte económico, la columna vertebral de la economía de México se desmorona y no hacemos nada; tenemos más simpatía por agradar lo político que ver por el beneficio económico de lo nacional. Son dos propuestas concretas.

Primero, destinar los remanentes del Banco de México a la inversión en Refinación y Petroquímica, y derogar el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de agosto del 2014. Esto para facilitar que el gobierno asuma en este año los pasivos laborales de Pemex para liberar a la empresa de esa carga.

Paralelamente en los transitorios de esta iniciativa exigimos que se auditen los pasivos laborales, los pasivos financieros y los contratos de bienes y servicios para identificar y poder sancionar y eliminar los manejos indebidos, sobreprecios, y en general, las consecuencias de la corrupción registrada durante las últimas administraciones de la paraestatal.

Aquí debemos de hacer una reflexión, y pedir que se auditen los fideicomisos que tienen en paraísos fiscales, a los cuales no podemos tener acceso. Ahí hay mucho dinero, que no nos digan que es por el pasivo laboral de los trabajadores.

Todo esto porque reconocemos en Pemex a la empresa que a pesar de los administradores, brindó a todos los mexicanos innegables beneficios. Cabe señalar que de no contar con las divisas petroleras, no se habría vivido la estabilidad de la que se ufanan los funcionarios del sector económico, y no tendríamos las reservas que hoy subasta el Banco de México día con día, subasta los dólares baratos que se hizo de Pemex, y los coloca caros, por eso el Banco de México tiene sus números muy bien posicionados.

Se critica a la corrupción que caracteriza a sus líderes sindicales, pero no se advierte que ése es un problema que en realidad afecta a todo el país, y que por cierto, en el caso de Pemex, es una corrupción promovida por funcionarios y asesores gubernamentales que se caracterizan por lo mismo, con el propósito primero de desprestigiar a la empresa pública y, segundo, de obtener apoyo de esos líderes que han traicionado y que han estado prestándose para desmantelar la empresa.

Con el objetivo de abrirla a favor de negocios privados, se critica a Pemex por muchas cosas, por no obtener mejores precios en los combustibles, en el mercado interno, pero no se dice, no se aclara que eso no es atribuible a Pemex, sino a la carga fiscal, que por cierto, proporciona miles de millones de dólares a los últimos gobiernos y actualmente a la Secretaría de Hacienda.

Hoy, el Banco de México, Hacienda y otros más, le echan la culpa a Pemex y al petróleo de los problemas económicos que nos afectan, y se anuncian medidas de ajuste para la paraestatal, los cuales giran en torno a los activos. Lo peor que pueden estar haciendo hoy en día, es tratar de subastar o de asociarse en petroquímica y en refinados de donde ya tenemos infraestructura con privados.

Hoy, no deberíamos de estar sacando un solo barril del petróleo si no lo vamos a procesar, si no vamos a obtener valor agregado, el precio del petróleo está por los suelos y no es negocio, no nos conviene estar rematando un recurso no renovable.

La propuesta de Morena es que si bien vista por los técnicos y profesionistas comprometidos con Pemex, que es la de dejar de exportar crudo y aumentar la capacidad disponible en refinación y petroquímica.

Desafortunadamente las administraciones no escuchan, nada más están viendo por negocios de privados. Esto lo hemos dicho los últimos diez años. Hoy sabemos que Pemex nada más en el 2015 importó 12 mil 500 millones de pesos en gasolina, y 12 mil 500 millones de pesos de diésel, con eso hubiéramos hecho una o dos refinerías. Tenemos años diciéndole lo que tienen que hacer, pero no ven más allá porque obedecen lineamientos internacionales.

Por eso debemos rediseñar la estrategia de desarrollo de nuestra industria petrolera, suspendiendo la apertura de campos y yacimientos a la inversión extranjera y en cambio fortalecer a Pemex para que produzca el petróleo suficiente y alimentar la capacidad actual de nuestras refinerías y de nuestra petroquímica. En ese sentido es nuestra propuesta.

Por eso, compañeros de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Energía les pido de manera respetuosa que vayamos al tema, que lo discutamos, que lo analicemos para hacer este dictamen favorable. Es por el bien de todos, es por el bien de México. Esperemos tener la aprobación de dicho dictamen. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I,  y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se deroga el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública del 11 de agosto de 2014, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática

Como consecuencia del desorden que vive el mercado petrolero internacional y del tipo de administración que se ha hecho en los últimos sexenios de Petróleos Mexicanos, nuestra empresa insignia en el sector petrolero nacional atraviesa por graves dificultades financieras.

De acuerdo con el informe de Pemex al tercer trimestre de 2015, sus ingresos por ventas cayeron de 1.2 billones de pesos en 2014 a 902 mil millones de pesos en 2015 y su rendimiento antes de impuestos pasó de 477 mil millones de pesos en los tres primeros trimestres de 2014, a una pérdida de 52 mil 599 millones de pesos en el mismo período de 2015. Una vez aplicados los impuestos y derechos, por 625 mil 73 millones en 2014 y 300 mil 212 millones en 2015, el resultado integral pasó de una pérdida de 145,299 millones en 2014 a una de 342,454 millones de pesos en 2015. En esas circunstancias, el total del pasivo de Pemex aumentó de 2.89 billones en septiembre de 2014, a 3.24 billones de pesos en septiembre de 2015.

Esta situación en la que se encuentra Pemex, es consecuencia de la forma en la que fue administrada la principal empresa del país, a la que incluso se le impusieron esquemas como los Pidiregas, que liberaron recursos para el gobierno federal, pero incrementaron la deuda a la empresa.

Hoy Pemex está muy lejos de las expectativas que vivió en la primera década de este siglo, cuando, de acuerdo con la información sobre ingresos presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar los recursos que utilizó Pemex para su propio desarrollo, entre 2004 y 2013 el petróleo contribuyó en promedio con 24.3 por ciento de los ingresos presupuestarios de los que dispusieron las administraciones gubernamentales.

La aportación de Pemex no se puede ignorar no sólo en las finanzas públicas, sino también en la relación de México con el exterior. De acuerdo con la información del Banco de México, gracias a los recursos petroleros nuestro país logró constituir un monto importante de reservas de divisas. Entre enero de 1996, después de la crisis de 1994, cuando el país se quedó sin reservas, y diciembre de 2015, nuestro Banco Central acumuló reservas por 177 mil 616 millones de dólares. Podrían haber sido mayores, porque en ese período, las aportaciones sólo de Petróleos Mexicanos sumaron 270 mil 11 millones de dólares. La cifra es menor, porque los otros renglones que registran flujos de divisas sumaron cifras negativas o muy bajas.

Por ejemplo, en ese tiempo, los flujos netos del gobierno federal con el Banco de México representaron egresos por 57 mil 422 millones de dólares; a su vez, las operaciones de mercado, con las que Banxico compra y vende divisas en el mercado, representaron un saldo negativo por 67 mil 815 millones de dólares. Sólo el renglón de “otros flujos netos”, representó un ingreso, pero de apenas 32 mil 878 millones de dólares en casi 20 años.

Es así que a pesar de la decisión del actual gobierno de abrir el sector a la competencia, en Morena seguimos considerando que Pemex y el petróleo siguen teniendo una importancia estratégica para el desarrollo del país. Por otra parte, tomando en cuenta la actual debilidad de los precios del petróleo y las dificultades para una posible recuperación de los precios, nos parece necesaria una acción decidida para fortalecer a nuestra principal empresa nacional. Durante décadas Pemex y nuestro petróleo financiaron y fortalecieron a nuestra economía, es momento de resarcir parte de ese esfuerzo, para que continúe siendo la garantía del desarrollo futuro.

No está de más señalar que son muchas las formas en las que la administración pública afecta a Pemex y que explican en una gran medida la debilidad actual. Pemex sí debe administrarse mejor, sí debe transparentar sus operaciones, sí debe combatir la corrupción en la empresa. Pero no debemos permitir que siga perdiendo capacidad para operar.

Los fondos sin fondos

Uno de los objetivos de la reforma energética era administrar de otra manera los recursos petroleros. En ese sentido, el artículo décimo cuarto transitorio de la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, definió que a partir de 2015 el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sería la entidad responsable de recibir “todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27”.

Y establece que ese fondo destinará sus recursos en el siguiente orden de prelación: primero, realizar los pagos establecidos en las asignaciones y contratos; en segundo lugar, hacer las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; en tercer lugar, deberá hacer las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética y al Fondo en materia de fiscalización petrolera. En cuarto lugar, el numeral 4 establece que debe transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento (cuatro punto siete por ciento) del producto interno bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. Y, finalmente, en el numeral 5 señala que una vez que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo haya alcanzado tres por ciento del PIB, sólo entonces los recursos adicionales se podrán destinar hasta en 60 por ciento a otros objetivos y cuando alcance el 10 por ciento del PIB se destinarán, para incrementar a los recursos contemplados en el numeral 4 destinados al presupuesto.

Considerando que hasta ahora las otras fuentes de ingresos establecidos en la reforma todavía no desarrollan toda su capacidad, entonces se puede concluir que la mayor responsabilidad para alcanzar cualquiera de esas metas de ingresos para los fondos le corresponde a Pemex, como estaba antes de la reforma.

Para estimar el tamaño de la carga que representaría el numeral 4 sobre Pemex, conviene tomar en cuenta que hasta septiembre de 2015 el PIB era de 17 billones 879 mil 140 millones de pesos, de modo que el 4.7 por ciento establecido en el numeral 4 sería de 840 mil millones de pesos.  En las actuales condiciones de precios, eso es imposible de cumplir. De acuerdo con las estadísticas oportunas de los Ingresos Presupuestarios del Sector Público, durante todo 2015 el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo sólo captó 398 mil 855 millones de pesos, aportados casi en 100 por ciento por Pemex. Ese monto equivale a alrededor de 2.2 por ciento del PIB. Esto es, en 2015 no se cumplió lo dispuesto en la Constitución.

En ese mismo décimo cuarto transitorio de la reforma energética, se prevé la posibilidad de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a: una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de producción de petróleo. Por lo tanto, asume que se pueden usar hasta que se agoten los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equivalente. Y llegada esa situación, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación constituido según el numeral 5, aun cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior.

Como se observa, dadas las circunstancias, estas disposiciones, las disposiciones de la reforma energética no aplican. Los fondos creados anteriormente estuvieron bajo intensa presión y los nuevos no tenían recursos. No obstante, es importante no perder de vista que disposiciones como la del numeral 4 inevitablemente ponen bajo presión a las finanzas de Pemex.

Transferir la capacidad de endeudamiento de Pemex

Adicional a lo anterior, también se ha utilizado a la figura de Pemex para aumentar la deuda, sin que se registre como parte de la meta de equilibrio fiscal.

Al respecto es importante recordar que el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece disposiciones que acotan el crecimiento de la deuda pública, pero en su párrafo octavo señala que:

“El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público”.

No obstante, ese sentido de este artículo se violó en los ejercicios de 2015 y 2016, mediante disposiciones en la Ley de Ingresos de la Federación de esos años, como se observa en el siguiente comparativo, sin considerar lo normado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En la redacción original, no se respeta el artículo 17 de manera acotada. En la redacción reformada, se promueve una interpretación totalmente discrecional.

Párrafo séptimo del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación 2015

Original 

Para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, del cual 2.0 por ciento corresponde a Petróleos Mexicanos.

Reformado

Para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del gobierno federal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

La redacción de la reforma se reprodujo en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016.

“Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del gobierno federal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016”.

Esto abre la posibilidad de que para el cálculo del equilibrio fiscal se excluyan, además de las inversiones de Pemex, a las inversiones de CFE y las inversiones de alto impacto, muy probablemente las realizadas bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas y otras figuras que se promueven para aumentar la inversión de empresas que han sido señaladas por su relación con el poder en el país.

Cobertura para los ingresos federales

El petróleo como fuente de ingresos para el país tiene muchas ventajas, al ser una materia prima adecuada para respaldar diferentes instrumentos financieros. Es el caso de las coberturas que en estos momentos de crisis de precios han permitido a los funcionarios de Hacienda contar con ingresos garantizados.

Ante los múltiples errores que se han cometido en la administración y el desarrollo de los recursos energéticos del país, se ha querido destacar la contratación de coberturas como una demostración de la capacidad del equipo económico para prever las dificultades. En el fondo, lo relevante es la disposición del petróleo, que es una mercancía altamente comerciable commodity.

Lo cierto es que la contratación de coberturas ya se adoptaba como rutina para una materia prima estratégica como el petróleo; incluso se hacía cuando los precios del petróleo se encontraban al alza, lo que beneficiaba a la contraparte. Ahora, la compra de coberturas coincidió con la crisis de precios, lo que permitió asegurar el ingreso de los recursos petroleros para el gobierno federal, que a finales de 2015 recibió 6,284 millones de dólares que, descontado el costo de la cobertura, le significó un ingreso de 100 mil millones de pesos.

Los remanentes de Banxico, de divisas petroleras

Ante el riesgo de que persistan los bajos precios del petróleo, en el paquete económico que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en septiembre de 2015, incluyó una iniciativa para adicionar un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de determinar un destino a los recursos derivados de los remanentes de operación del Banco de México que se presentan cuando el peso se devalúa y los saldos de divisas se calculan al nuevo tipo de cambio, generando una utilidad en pesos.

Es importante señalar que los recursos proporcionados por Pemex, que gracias a la expropiación petrolera eran entregados prácticamente en automático al Banco de México, fueron determinantes en la reconstitución de las reservas de divisas después de la crisis de 1994. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley del Banco de México, “las dependencias y las entidades de la administración pública federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros, deberán mantener sus divisas y realizar sus operaciones con éstas, sujetándose a las normas, orientaciones y políticas que el Banco de México establezca. Al efecto, proporcionarán al Banco la información que les solicite respecto de sus operaciones con moneda extranjera y estarán obligadas a enajenar sus divisas al propio Banco en los términos de las disposiciones que éste expida, las cuales no podrán establecer términos apartados de las condiciones del mercado”.

Como señalaba la exposición de motivos con el que el Ejecutivo sustentaba su iniciativa: “no obstante que nuestro banco central es, por su propia naturaleza y tal como quedó establecido en la Ley que lo regula, una institución sin propósito de lucro, es posible que pueda generar un remanente de operación”. Lo cierto es que ese remanente se debe fundamentalmente a la revaluación en pesos de la Reserva Internacional y en menor medida por los ingresos derivados de las diferencias entre los intereses que el Banco cobra y paga a los intermediarios financieros.

El remanente de operación del Banco de México se incrementa normalmente en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo cual genera un ingreso por revaluación de activos. La Ley del Banco de México establece que la institución está obligada a entregar al gobierno federal, una vez constituidas las reservas previstas en esta Ley, el importe íntegro de su remanente de operación, a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente.

Lo anterior está explicado con detalle, en el documento en el que el Banco de México publicó los Estados Financieros correspondientes a 2014. La institución informa que sus remanentes se derivan de factores financieros y cambiarios. Por lo que respecta a los factores financieros explica que para esterilizar el exceso de circulante producido por el aumento de reservas proporcionadas por Petróleos Mexicanos, debe pagar tasas más altas que las que cobra cuando deposita esas reservas en instrumentos seguros de liquidez inmediata.

Por lo que respecta a los factores cambiarios, el Banco de México señala que “son el resultado de la valuación diaria a moneda nacional de las posiciones activas en divisas y metales al tipo de cambio “FIX” que determina y publica el Banco Central, por lo que al establecer el Banco medidas en el mercado cambiario tendientes a preservar el poder adquisitivo de la nacional, se propicia una apreciación del peso respecto al dólar, lo cual genera pérdidas para el Banco Central, mientras que, un cambio adverso en la paridad cambiaria de la moneda nacional respecto al dólar, se traduce en resultados positivos derivados exclusivamente de un efecto de valuación”

Como consecuencia, como sustento de lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa para adicionar un artículo 19 Bis, vale apuntar que el Artículo 55 de la Ley del Banco de México, establece que esta es una “Institución sin propósito de lucro y deberá entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en esta Ley, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente”.

Por lo que respecta a las reservas, el informe de los Estados Financieros del Banco de México correspondiente a diciembre de 2014, define cuatro tipos de reservas: Para fluctuaciones cambiarias; de revaluación de activos; de la red financiera y de capital.

Considerando lo anterior, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo proponía usar los remanentes del Banco de México para reducir la deuda pública, porque el contexto externo presenta retos importantes para las finanzas públicas del país.

Quieren evitar, según esa exposición, lo que ocurrió, cuando “la ausencia de medidas similares en la última década permitió que se elevara el nivel de gasto público, generando un déficit que no se ha cerrado desde 2009 cuando se sumó a las presiones fiscales el impacto de la crisis financiera internacional. El alza de los precios del petróleo observada entre 2001 y 2008 permitieron un crecimiento acelerado del gasto y generaron una inercia que, desde 2009, ha incrementado la deuda pública de manera sostenida”.  Hay que aclarar que los recursos que generó el petróleo también se utilizaron para incrementar las reservas de divisas, frenar el crecimiento de la deuda y, también, en un alto porcentaje para derrocharlos en una estrategia que financió la “estabilidad de precios” mediante importaciones.

Ahora, como explica la exposición de motivos del Ejecutivo apunta que debido a la inercia de gasto, propiciada obviamente por el uso que se hizo de los recursos petroleros, “destaca el incremento en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el indicador más amplio de deuda pública, de 8.6 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 2014”.

Si bien el Ejecutivo argumenta que ese crecimiento de la deuda se compara favorablemente con respecto al comportamiento observado en otros países, reconoce que su estrategia no ha sido tan afortunada, porque “a pesar de esfuerzos sustanciales, estos han sido solo parcialmente exitosos en contener esta dinámica de crecimiento del gasto. En este contexto, reforzando las medidas aprobadas en 2014 para fijar un tope al crecimiento del gasto corriente estructural es deseable que, hacia delante, el gobierno federal pueda destinar a reducir el saldo de la deuda con los ingresos provenientes del remanente de operación del Banco de México”.

A partir de esos argumentos, la adición propuesta por el Ejecutivo se aprobó en los siguientes términos:

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y

II.El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Sobra decir que a pesar del propósito de ordenar el gasto, la redacción final permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguir utilizando los remanentes para apoyar el déficit del ejercicio presupuestal.

Explicación de la iniciativa

Lo expuesto anteriormente demuestra la importancia de Pemex y del petróleo en la economía mexicana y las diferentes acciones que lo han afectado en su desempeño y capacidad productiva, sin considerar el impacto de sus administraciones y de la reforma energética.

Por esa razón, la disposición a administrar de manera responsable los recursos de los remanentes, debería considerar la necesidad de orientarlos a fortalecer a Pemex, la entidad que, administrada responsablemente, podría contribuir a frenar de manera sostenida la deuda pública externa e interna, incluso la deuda privada con el exterior.

Por cierto, frente a la generosa fuente de divisas que ha significado el monopolio estatal de petróleo por parte de Pemex para México y para la operación del Banco de México, es conveniente hacer notar que esa era una gran ventaja para la economía nacional. Sólo como referencia hay que recordar que uno de los problemas que enfrentó el anterior gobierno de Argentina con su principal fuente de divisas, que es la exportación de carne y granos, fue la decisión de los exportadores de frenar las ventas al exterior o de mantener las divisas obtenidas por exportaciones fuera de su país para debilitar a su economía, lo que propició una grave crisis política por la escasez de bienes con componentes importados.

México no tenía ese problema. Ahora, como consecuencia de la “reforma energética” en el caso de México, se corre el riesgo de que las empresas que ganen una asignación para explotar el petróleo nacional o las exportadoras de manufacturas, no ingresen la mayor parte del total de divisas que capten, como hacía Pemex, sino que sólo ingresen una fracción insuficiente para las necesidades de divisas del país. De ahí la importancia de que Pemex recupere su fortaleza.

Y en ese sentido, llama la atención que más que la necesaria prudencia para evaluar los efectos de las “reformas”, los funcionarios insisten en profundizar éstas sin saber su desenlace. Así, por ejemplo, en la exposición y congreso sobre energía en México, Energy México Oil Gas Power 2016, Expo & Congreso, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reiteró que existen oportunidades de inversión muy importantes con Petróleos Mexicanos, para asociarse con empresas privadas para explotar los campos de la reservas que le fueron asignadas en la Ronda Cero, además de promover distintos tipos de alianzas estratégicas.

Y detalló que Pemex puede usar la figura de la Fibra E, como lo han estado utilizando los desarrolladores inmobiliarios, para captar recursos de inversión, junto con los CKD (CERPI) que buscan facilitar la atracción de capital de riesgo, para proyectos que están en desarrollo. Todo ello, en el momento en el que Pemex enfrenta el enorme impacto de una caída muy abrupta en el precio del petróleo.

Y agregó que Pemex “debe utilizar la reforma energética, debe asociarse a plenitud con el sector privado, debe de concentrarse en lo que es rentable y dejar que el mercado haga otras actividades que hoy para Pemex ya no son de rentabilidad; es decir, debe entrar en el mismo proceso que están atravesando hoy las empresas petroleras del mundo”.

En ese contexto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, expresó que “el gobierno federal respalda y respaldará siempre a Petróleos Mexicanos, como un activo fundamental, no solamente de las finanzas públicas sino de la economía mexicana”.  Desafortunadamente, la ruta que dio a conocer, tiende a seguir debilitando a la empresa pública nacional. En ese tipo de pronunciamientos no es imposible que, en realidad, la preocupación de los funcionarios federales en realidad busque salvar las inversiones de los empresarios que, como los de Black Rock, no han podido cobrarle a Pemex.

Por esa razón, consideramos que es urgente apoyar a Pemex y que para ello se pueden usar los recursos remanentes del Banco de México, por lo que en esta iniciativa de reforma al artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que los remanentes sólo podrán dirigirse a fortalecer la inversión de Pemex en la modernización de las operaciones de refinación y petroquímica.

Pero también se propone derogar el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública del 11 de agosto de 2014, para que el gobierno federal pueda diseñar un esquema para asumir los pasivos laborales de Pemex, como una estrategia para bajar la carga financiera de la empresa, en un segmento de su pasivo que no implica una carga inmediata al sector público.

Al respecto, es importante considerar que el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, establece como una condición para que la federación asuma parte de los pasivos de Pemex, que la empresa lleve a cabo un plan de ajuste que garantice ahorros. Esa disposición sólo pretende ajustar a la empresa, pero no se orienta a la necesidad de investigar, corregir y sancionar las decisiones adoptadas por las diferentes administraciones, que no sólo afectaron el patrimonio financiero sino también al capital humano y tecnológico de Pemex. Son decisiones que deben ser sancionadas. Ese esquema, propuesto por Hacienda, resulta insuficiente para rescatar las finanzas de Pemex.

Por ejemplo, en 2015 Pemex informó a Hacienda que una vez llegado a un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, que ya modificó el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, e implementó un Programa de Austeridad en el Gasto, que le permitió estimar una reducción de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones por 186 mil 482 millones de pesos.

En respuesta, Hacienda señaló la necesidad de que un experto independiente revise esos cálculos, para que el gobierno federal pueda asumir una proporción de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones hasta por un monto equivalente a la reducción del pasivo que por dicho concepto logró la empresa, pero en tanto se hace ese estudio, la Secretaría emitirá un título de crédito por 50 mil millones de pesos.

Esto es, sólo se proporciona un alivio.

Como parte de ese proceso, la Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio sobre los pasivos laborales de Pemex, el cual confirmó que durante el periodo 2003-2014, “la estructura de los beneficios y prestaciones del esquema de pensiones y jubilaciones de Pemex ha motivado que el monto de las obligaciones laborales de la entidad haya registrado crecimientos medios anuales del 15.1 por ciento, aun cuando los incrementos salariales han sido acordes con las tasas de inflación de los últimos 10 años”. Además, señala que en “dicho periodo, Pemex no contó con una reserva que permitiera maximizar los recursos destinados a solventar en el mediano y largo plazos los compromisos por concepto de las obligaciones laborales, ya que el saldo de los Activos del Plan de la entidad (Fondos de Reserva Folape y Ficolavi) pasó de 13,088.6 millones de pesos en 2003 a 665.0 millones de pesos en 2014, mientras que el monto de las obligaciones por beneficio definido pasaron de 312,919.6 millones de pesos en 2003 a 1,474,017.1 millones de pesos en 2014”.

Esto es, la Auditoría concluyó que Pemex no contaba con reservas suficientes para el pago de pensiones. Sin duda, eso refleja un conjunto de omisiones y abusos que deben corregirse.

También es importante señalar que durante años el gobierno federal impuso a la paraestatal y régimen fiscal confiscatorio, que le obligaba a entregar hasta 70 por ciento de sus ingresos a la Hacienda Pública, una reducción de disponibilidades que incluso para una administración responsable le habrían dificultado crear los fondos para garantizar el pago de las pensiones.

En Morena estamos a favor de que se profundice en el análisis de toda la administración de Pemex, de la administración de personal y del pasivo laboral, que se revisen las pensiones pagadas a los exfuncionarios de esta empresa.

Asimismo, estamos a favor de una mayor vigilancia y total transparencia en las medidas que adopte Pemex, para evitar que se incurra en inversiones no plenamente justificadas, como es el caso de Chicontepec, los acuerdos poco transparentes con empresas como Oceanografía, la intención de comprar floteles en España, las inversiones en Repsol, la adjudicación del contrato para la construcción de la Central de Generación de Ciclo Combinado Empalme a una filial de OHL, las reconfiguraciones de refinerías que no mejoraron la producción y los contratos favorables a la burocracia sindical cuestionados por el alto contenido corruptor, el cual, por cierto, fue indispensable para que apoyaran la reforma energética. Son muchos los elementos que llevan a suponer malos manejos por parte de las administraciones de Pemex inducidas o aceptadas por la administración federal. Nada de eso es aceptable.

En contraste, estamos en la disposición de que se adopten medidas más agresivas para salvar a la empresa, sin obligarla a ceder a los extranjeros los derechos que son de todos los mexicanos. Esto dejaría sin materia el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública del 11 de agosto de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el Artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y deroga el artículo tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública del 11 de agosto de 2014

Artículo Primero. Se reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a fortalecer las inversiones en capacidad instalada en refinación y petroquímica.

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como el destino de la inversión realizada por Pemex.

Artículo Segundo. Se deroga el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública del 11 de agosto de 2014.

Tercero. Se deroga.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de noventa días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará al Congreso de la Unión un programa para que el gobierno federal inicie el proceso para asumir en 2016 el total de los pasivos laborales de Pemex.

Tercero. La Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo una auditoría específica que deberá terminar a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto del impacto en los pasivos laborales de las altas y bajas de personal en los puestos de altos ingresos, con el propósito de identificar aquéllos nombramientos que por su perfil profesional o su desempeño no hayan demostrado una clara justificación en los últimos 12 años.

Cuarto. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica que deberá terminar a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de las razones y las decisiones por las cuales Pemex no cumplió con la previsión necesaria para garantizar el pago de pensiones a sus trabajadores en retiro.

Quinto. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica que deberá terminar a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de la deuda contraída su objetivo, sus términos y el destino final de los recursos, así los acuerdos firmados en los últimos 10 años, por la empresas pública ahora denominada Pemex Empresa Productiva del Estado, con proveedores y prestadores de servicios, a fin de identificar aquéllos con sobreprecios en comparación con los precios vigentes en el mercado.

Sexto. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica que deberá terminar a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de los contratos y los acuerdos con valor anual superior a 10 millones de pesos para la compra de equipo y/o prestación de servicios, firmados en los últimos 10 años, por la empresas pública ahora denominada Pemex Empresa Productiva del Estado, con proveedores y prestadores de servicios, a fin de identificar aquéllos con sobreprecios en comparación con los precios vigentes en el mercado. Asimismo, en los contratos con valor inferior a 10 millones de pesos, se hará una revisión de los principales proveedores de servicios o equipo, a fin de identificar prácticas indebidas de los servidores públicos.

Notas:

1 “Las compras netas de divisas que el Banco realiza principalmente a Petróleos Mexicanos –entre 1996 y 2015 fue sólo a Pemex- y al gobierno federal originan la acumulación de reservas internacionales. Normalmente esta acumulación genera un flujo en pesos mayor al correspondiente a la demanda de billetes y monedas, por lo que, para retirar este excedente de liquidez, el Banco Instrumenta medidas de esterilización, las cuales contribuyen a cumplir con su objetivo prioritario de poner en circulación moneda nacional procurando la estabilidad de su poder adquisitivo. Estas medidas de esterilización implican una mayor carga financiera para el Banco, al incrementarse la colocación de pasivos en moneda nacional”.

Adicionalmente, cuando se presentan minusvalías en los activos internacionales y exista un diferencial negativo entre el nivel de tasas internas que se pagan por los pasivos en moneda nacional, ello genera presiones sobre los resultados financieros del Banco. El citado diferencial negativo en las tasas de interés se deriva de lo siguiente.

a) La reserva de activos internacionales, conforme se señala en el artículo 20 de la Ley, se invierte en instrumentos financieros considerados de primer orden en los mercados financieros internacionales, mismos que debe ser exigibles a plazo no mayor a seis meses o de amplia liquidez y, por ende devengan tasas de interés prevalecientes en los mercados internacionales para la clase de instrumentos antes referidos.

b) La colocación de pasivos en moneda nacional, siguiendo lo establecido en el artículo 8 de la Ley, se lleva a cabo a tasas de interés congruentes con las condiciones del mercado interno de dinero”.

Estados Financieros, diciembre 2014, Banco de México.

2 La reserva de fluctuaciones cambiarias entra en vigor cuando los resultados del ejercicio al cierre del mes presenten una utilidad derivada de la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales; el importe acumulado se transfiere a la reserva para fluctuaciones cambiarias, “siempre que el saldo al que llegue dicha reserva no resulte superior a la utilidad acumulada del ejercicio por aplicar”. El importe de esta reserva podrá ser utilizada para cubrir las pérdidas que se generen en los meses subsecuentes del mismo ejercicio. La junta de gobierno decidirá el destino del saldo anual en caso de que exista.

La reserva de revaluación de activos, en la que se registran las cantidades que la Junta de Gobierno determine.

La reserva de la red financiera, aquélla que el Banco constituyó con el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con aportaciones de las instituciones públicas y privadas del sistema financiero y de dependencias y entidades públicas para la operación de sus recursos en el sistema financiero.

La reserva de capital de acuerdo con el artículo 53 de la Ley del Banco de México, se constituye con recursos provenientes del resultado del ejercicio, con el objetivo, siempre que sea posible, de preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el producto interno bruto en términos reales. “El Banco de México sólo podrá constituir reservas en adición a lo que dispone este artículo, cuando resulten de la revaluación de activos o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Estados Financieros, diciembre 2014, Banco de México.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Norma Rocío Nahle García,Araceli Damián González, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jorge Tello López, Julio Saldaña Morán, Laura Beatriz Esquivel Valdés, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, Miguel Alva y Alva, Modesta Fuentes Alonso, Norma Xóchitl Hernández Colín, Rodrigo Abdala Dartigues, Sergio René Cancino Barffusón (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cuata, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Si nos permite, la diputada Nahle, que el grupo parlamentario nos suscribamos a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Nahle manifiesta su aquiescencia y, por lo tanto, está aquí a su disposición para que, quienes quieran suscribirla, lo hagan. Aquí, en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Juan Rulfo, del municipio de Chicoloapan, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes al recinto parlamentario de San Lázaro.

VOLUMEN II

EXPIDE LA LEY DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DEL PAÍS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, primero hacer un reconocimiento y agradecer que varios diputados de diversas fracciones parlamentarias se sumaron a esta iniciativa y la suscribieron, al igual que mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la educación, y en su artículo 3o. señala:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la consciencia en la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

La educación requiere nuevos modelos que eduquen y preparen a las personas para la vida en sociedad.

La educación formal que brinda la escuela no debe estar centrada únicamente en lo académico, es decir en los conocimientos técnicos, sino que también debe aportar habilidades en la vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos conocimientos técnicos, teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un espacio de contención social para los chicos en situación de vulnerabilidad.

Es indispensable que los educandos puedan conocerse mejor para regular sus emociones, además se debe lograr que se sientan felices y competentes en sus relaciones, en su familia y en el aprendizaje. Los espacios educativos deben brindar herramientas para que estos chicos sepan enfrentar las situaciones conflictivas.

La educación emocional puede resolver las situaciones de violencia, de acoso escolar, de adicción y de embarazos adolescentes, por ello es necesario tomar medidas en el ámbito educativo que dará sus frutos a mediano y largo plazo. Esto representará un cambio trascendental para los individuos y la sociedad.

Es importante que como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender cómo resolver conflictos sin violencia, el no recurrir a ningún tipo de droga para solucionar problemas, el formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y respeto. De eso se trata la educación emocional.

Uno de los grandes problemas que nos encontramos en la actualidad es la dificultad para enfrentarnos a los cambios sociales y afectivos que se presentan en forma demasiado rápida para su asimilación, y encontramos algunos alumnos que adolecen de útiles, habilidades y recursos como la tolerancia, asertividad, empatía, cuando no un notable rechazo o aversión hacia ciertos grupos, características personales diferentes a las propias o simplemente novedades.

Una propuesta para ayudar a solucionar dicha problemática es la promoción de la salud desde un ámbito educativo, en donde se les brinde educación emocional así como se hace en muchos países del mundo.

La educación emocional promueve desde un enfoque absolutamente educativo, el desarrollo emocional y creativo del alumnado, asumiéndolo desde una perspectiva integradora y transversal. La educación emocional busca formar una personalidad integral, no solo fortaleciendo las capacidades intelectuales, sino principalmente los aspectos socioemocionales, motivacionales y los valores.

Con ella se busca mejorar en rendimiento académico y también las habilidades para el desarrollo personal integral de los niños y las niñas.

La misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países miembros que generen herramientas para que los estudiantes puedan acceder a una educación emocional que les permita contar con las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo íntegro de su personalidad.

Es por ello que el día de hoy estamos presentando el proyecto de Ley de Educación Emocional, con el que se generen obligaciones para que en las aulas se desarrollen actividades para el fortalecimiento de las prácticas socioeducativas.

La educación emocional se impartirá en los niveles básicos y deberá hacerse mediante un trabajo conjunto y colaborativo entre autoridades educativas, especialistas y padres de familia.

En este sentido, también se propone crear una comisión técnica interdisciplinaria para la educación emocional.

Debemos concebir a la educación como un proceso para formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de su valor, conscientes de sus motivaciones y dispuestos a construir comunidad y espacio público.

En este sentido, la educación emocional juega un papel central para abonar al desarrollo de comunidades más sanas, creativas e inteligentes. Es cuanto, compañeras y compañeros, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados y diputadas integrantes de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el principio que el ejecutivo envié su informe vía documento electrónico, conforme a la siguiente:

Con respecto a la obligación que tiene el Estado, sobre la educación que impartirá y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Exposición de Motivos

“Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobre saturado de información. Y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo.”

Zygmunt Bauman

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a la educación, en su artículo tercero que a la letra señala: Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

II. También la propia Constitución dispone en su artículo tercero fracción II incisos c) y d) que: c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

...

III. Por su parte, la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, esto es la Ley General de Educación, dispone que: “Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III. a XVI. ...

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse:

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II. a IV. ...

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia.

IV. La educación requiere nuevos modelos que eduquen y preparen personas aptas para la vida en sociedad. La educación formal que brinda la escuela no debe estar centrada únicamente en lo académico, es decir, en los conocimientos técnicos, sino que también debería aportar habilidades para la vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos conocimientos técnicos; teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un espacio de contención social para chicos en situación de vulnerabilidad.

V. Es indispensable que los educandos puedan conocerse mejor para autorregular sus emociones. Además se debe lograr que se sientan felices y competentes en sus relaciones, en su familia y en su aprendizaje. Los espacios educativos deben brindarles herramientas para que sepan enfrentar situaciones conflictivas.

VI. La educación emocional puede resolver las situaciones de violencia, acoso escolar, adicción, y embarazos adolescentes; por ello es necesario tomar medidas en el ámbito educativo que darán sus frutos a mediano y largo plazo, pero que representarán un cambio trascendental para los individuos y la sociedad.

Es importante que como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender como resolver conflictos sin violencia, el no recurrir a ningún tipo de drogas para solucionar problemas, el formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y respeto. De eso se trata la educación emocional.

VII. Lucas J. J. Malaisi, licenciado en psicología, presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina, autor del Proyecto de Ley de Educación Emocional presentado en las legislaturas de varias provincias de Argentina, como también en la Cámara de Diputados y de Senadores de la nación; aclara en un documento explicativo porque una Ley de Educación Emocional y su implementación; donde al mismo tiempo la define:

La educación emocional es una estrategia de promoción de la salud que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades emocionales. El Estado debe velar para que estas herramientas sean puestas a disposición de todos los estudiantes.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que: Las enfermedades mentales serán la segunda causa de incapacidad en el mundo en el 2020. En el caso de que no comiencen a aplicarse los tratamientos adecuados, según la Organización Mundial de la Salud. Los desórdenes mentales suponen en la actualidad el 11 por ciento de los casos de incapacidad en el mundo, con 400 millones de personas afectadas, y si no se hace nada esta proporción se elevará hasta el 14 por ciento en 2020.

El director del departamento de salud mental de la OMS, Benedetto Saraceno, indicó que la depresión se convertirá en 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo tras las enfermedades isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidente cerebrovascular), mientras que en 1999 ocupaba el quinto lugar. En contra de la creencia general, las enfermedades mentales no sólo afectan a los adultos de países ricos, sino que también hacen una mella importante en el mundo en desarrollo, donde además suelen ser ignoradas, mal diagnosticadas y poco tratadas.

Saraceno, quien indicó que en 1999 las pérdidas económicas diarias ligadas a la depresión se situaron en 50.8 millones de dólares. Esta cifra subirá hasta los 78.7 millones en 2020 si las cosas continúan como hasta ahora, pero si se aplicasen los cuidados necesarios a los enfermos esas pérdidas disminuirán en un 30 por ciento. Saraceno señaló que cuando se habla de salud mental y neurológica, “nos estamos refiriendo a un gran espectro de problemas que pueden ser causados por cantidad de factores personales pero también sociales”.

Saraceno insistió en que las enfermedades mentales pueden ser diagnosticadas y curadas antes de que sea tarde y en la mitad de los casos con tratamientos que no son caros. Pero a pesar de estas posibilidades, la depresión, el alcoholismo, los problemas afectivos bipolares (psicosis maníaco-depresiva), la esquizofrenia y los problemas obsesivos compulsivos figuraban en 1990 entre las diez principales causas de invalidez en el mundo. Durante el año pasado, se calcula que hubo una muerte por suicidio cada 40 segundos, lo que supone un millón de personas, y otros diez millones lo intentaron sin éxito.

VIII. Uno de los grandes problemas que encontramos en la actualidad es la dificultad para enfrentarnos a los cambios sociales y afectivos que se presentan de forma demasiado rápida para su asimilación y encontramos algunos alumnos que adolecen de útiles habilidades y recursos como tolerancia, asertividad, empatía, cuando no un notable rechazo o aversión hacia ciertos grupos, características personales diferentes a las propias o simplemente novedad.

En el proyecto de Ley de Educación Emocional, en la exposición de motivos, el autor Lucas Javier Juan Malaisi, afirma:

No es raro hoy en día escuchar noticias o saber de adolescentes que toman drogas, alcohol, roban, no respetan las normas, son agresivos, no se responsabilizan por sus tareas escolares, se fugan del hogar, no respetan a los mayores, etcétera. Es evidente la situación en la que están. Pareciera ser que por intentar escapar de sus problemas, sean familiares, personales, de identidad u otros, entran aún más profundamente en ellos; más se los estigmatiza y trata como tales.

Está comprobado que los patrones de comportamiento familiar en general se transmiten de generación en generación, donde si por ejemplo existió abuso, este tiende a repetirse. Lo mismo ocurre con la violencia, física o verbal, abandono emocional, entre otras situaciones.

Una propuesta para ayudar a solucionar dicha problemática es la realización de promoción de la salud desde un ámbito educativo, en donde se les brinde Educación Emocional así como se hace en muchos países del mundo.

IX. Lucas Javier Juan Malaisi, refiere que la Organización Mundial de la Salud en 1986 propone el desarrollo de las “Habilidades para la vida”. En 1993 elabora un nuevo documento centrado en la Educación (Life Skills Education in School) en el cual define dichas habilidades como “capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana”. Luego, en 1998, en el Glosario sobre promoción de la salud especifica la necesidad de desarrollar en el ámbito educativo diez habilidades para la vida, de las cuales al menos seis son habilidades emocionales en forma específica. Estos documentos se basan en una contundente e incuestionable evidencia científica de los beneficios de hacer educación emocional.

X. En su trabajo denominado: Los retos de la educación en la modernidad liquida, Zygmunt Bauman, expone:

“Se ve a la educación más como un producto que como un proceso. Así la educación parece abandonar la noción de conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción de conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse únicamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería ser lo bastante rápida para agregarse a éste.” Por lo que resulta necesaria una educación acorde a los tiempos que corren.

XI. La educación emocional promueve, desde un enfoque absolutamente educativo, el desarrollo emocional y creativo del alumnado, asumiéndolo desde una perspectiva integradora y transversal.

En ese sentido, Lucas Javier Juan Malaisi considera que: “los contenidos de educación emocional constituyen enseñanzas insoslayables que debemos abordar de manera sistemática en las escuelas. Se trata de contenidos de fácil y rápida implementación y de un costo de inversión casi inexistente. Donde no hay modificación alguna de lineamientos educativos, sino una inclusión de contenidos nuevos acorde a la realidad social que vivimos. Esto aliviará la problemática de comportamiento y disciplina que se vive en los centros educativos y brindará un respaldo a los docentes de escuela que tanto lo necesitan, quienes por su parte consideran necesaria su implementación.”

XII. Lucas Javier Juan Malaisi, en su artículo: Enseñanzas para la vida, Educación emocional, publicado el mes de agosto de 2014, plantea la siguiente cuestión:

¿Qué les parece si también “equipásemos” a los niños con habilidades emocionales desde muy chicos, brindándoles un espacio donde se los acompañe a conocerse a sí mismos, para aprender a identificar sus emociones y pensamientos, tal y como en la actualidad se trabaja en establecimientos educativos de muchos países del primer mundo? Hablo de que tengan una asignatura donde ejerciten habilidades emocionales y sociales, de comunicación, resolución de conflictos, que les permita descubrir sus vocaciones, sus gustos, sus habilidades e intereses. En fin, auto-descubrirse, para disfrutar de una existencia plena y lleguen a ser todo lo que cada uno de ellos pueda llegar a ser, desplegando al máximo sus potencialidades, apreciando en el mejor de los sentidos el hecho de que somos únicos e irrepetibles. Cultivaríamos así la autoestima, base de la confianza en sí mismo y escudo protector que los ayudará a reaccionar ante los desaciertos, las pérdidas, la vergüenza e inmunizándolos ante tentaciones como las drogas, alcohol o embarcarse comportamientos riesgosos, estableciendo lazos afectivos auténticos con sus pares y tutores, donde se respeten a sí mismos y exijan respeto de los demás.

XIII. De hecho, en el panorama educativo de algunos países (Chile, España, Argentina), las emociones y la creatividad se incluyen en el currículo a través de una asignatura de libre configuración autonómica, denominada “educación emocional y para la creatividad”. Esta asignatura, que tiene como principal finalidad el bienestar personal y social de la persona, supone una oportunidad única para el profesorado de educar niños y niñas para que aprendan a ser felices, logren la realización personal y social. Esta asignatura surge de la necesidad de atender, desde un punto de vista educativo, al relevante papel que las emociones y la creatividad juegan en la escuela (tanto las del alumnado como las del profesorado y, en general, de toda la comunidad educativa). En este aspecto, viene a ser el respaldo y la validación de las prácticas educativas que, desde gran parte del colectivo docente, se vienen realizando en el sistema educativo.

La educación emocional en las aulas es gracias al trabajo de promoción y difusión y que parte de la iniciativa en la materia de Lucas Javier Juan Malaisi.

La educación emocional que se impartirá en las aulas Canarias va en la línea de convertirse en talleres transversales que impliquen a los profesionales del centro. En canarias son muchos los Psicopedagogos/as, maestros, específicamente formados que son la garantía para que los contenidos de esta nueva materia se lleven a cabo de forma práctica y no teórica.

XIV. En el proyecto de Ley de Educación Emocional, su autor Lucas Javier Juan Malaisi, precisa que:

“En las escuelas en general se promulga una educación integral del niño, pero se concentran en las habilidades académicas dándose menos importancia a la Inteligencia Emocional y Social. En otras palabras: siempre se enseñó el mundo en sus diferentes aspectos (geográfico, histórico, simbólico, etc.) en tanto aquello que existe en lo externo; pero nunca en la educación básica se instruyó al niño para conocer y descubrir aquello que existe en su ser interior: sus emociones, necesidades y pensamientos. Dicha educación lo llevará a descubrir su vocación, sus gustos, sus habilidades, sus intereses, la persona que es y quién quiere ser, en fin, auto-descubrirse. Auto-descubriéndose logrará cultivar la autoestima, base de la confianza en sí mismo y escudo protector que lo ayudará a reaccionar ante los desaciertos, las pérdidas, la vergüenza, inmunizándolo ante tentaciones que le permitan desestimar invitaciones a consumir drogas, alcohol o involucrarse en riñas o comportamientos riesgosos; podrá manejar sentimientos dolorosos como la tristeza, la furia, el miedo, ganando una seguridad interior que le ayudará a enfrentarse al mundo en que vive, conquistando una mayor autonomía (libertad) sobre su vida y estableciendo lazos afectivos auténticos con sus pares y tutores. Mediante dicha asignatura tendrá oportunidad de conocer aquello que hasta el momento no se enseñaba en las escuelas, eso que no sabe ni puede saber de antemano ningún maestro y que es lo que en definitiva hará libre a todo alumno: el conocimiento de sí mismo. Es descubriendo sus emociones y habilidades que el niño podrá ver y valorar el hecho de que es único, para desplegar así todo su potencial. El reconocer y apreciar la propia unicidad es la condición necesaria para valorar la diversidad (aceptación de que somos distintos), pudiendo de este modo realizar la educación para la diversidad, que tan en boga está.”

XV. En su interesante artículo: Enseñanzas para la vida, educación emocional, Lucas Javier Juan Malaisi, comparte las siguientes reflexiones:

“La educación emocional es una estrategia de promoción de la salud que busca mejorar la calidad de vida de las personas mediante la dinamización de habilidades emocionales y hábitos salutógenos. Se trata de educar desde y para la salud, buscando esparcirla y fortalecerla, cuyas técnicas son de baja complejidad, y por tanto de fácil y económica implementación. Además, por si fuera poco, al instalar hábitos salutógenos se obtienen resultados sustentables, es decir, que perduran en el tiempo. Se trata de tecnologías psicológicas de vanguardia al servicio, no ya de la industria del marketing y el lucro como estamos acostumbrados, sino de la educación y el bien común.”

XVI. Malaisi, afirma que numerosos estudios científicos demuestran que los niños con habilidades emocionales son más felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela.

Igualmente importante es el hecho de que estas capacidades se convierten en la base para que se vuelvan adultos responsables, atentos, seguros de sí mismos y productivos.

Siguiendo la línea de pensamiento de Malaisi, y compartiendo su criterio argumentativo, al enfatizar sobre: “la trascendental importancia de estas investigaciones radica en que dieron cuenta que estas habilidades emocionales son totalmente aprendidas (adquiridas], susceptibles de ser enseñadas (concepto central de la inteligencia emocional). Sin embargo, a pesar de promulgarse una educación integral, el aspecto emocional ha sido dejado de lado en la educación formal”, razón por la cual mediante la presente iniciativa, se propone su inclusión.

“Es trascendental dar importancia hoy en día al aspecto emocional dentro del sistema educativo para un desarrollo armónico y sano de la persona y consecuentemente de la comunidad en su totalidad.

Fomentar y favorecer el aprendizaje de la educación emocional parece ser hoy en día una necesidad y cuestión clave para implementar en la currícula de los alumnos” (educandos).

De acuerdo con los postulados del proyecto de “Educación emocional” de Malaisi:

“El impacto de la inteligencia emocional en la vida de las personas ya fue empíricamente comprobado en Estados Unidos. Se demostró que el éxito obtenido en la vida de las personas es debido, en un 70-80 por ciento, a las habilidades emocionales. Considerando esta información, es menester fomentar una educación que estimule y desarrolle la salud emocional y satisfacción personal, la resiliencia, la tolerancia a la frustración y automotivación, entre otros recursos y habilidades emocionales. Para lograr planear una estrategia educativa e implementarla de modo eficiente, es preciso un esfuerzo conjunto y un compromiso sostenido en el tiempo de los distintos actores sociales necesarios a tal fin”.

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades emocionales en los primeros años de vida del niño colabora en garantizar éxito en el futuro bienestar y desarrollo tanto personal como escolar y social. (Fuente: El desarrollo social y afectivo en los niños de primer ciclo básico. Seminario de tesis, Facultad de Educación, Universidad Mayor, Santiago, 2004. Por Mónica Álvarez, María Becerra, Fabiola Meneses. Profesor guía: Bartolomé Yankovic).

Nay-Ruth Villacorta Castro, refiere:

Las instituciones educativas han de tomar consciencia de promover el desarrollo emocional de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración y el bienestar personal, avanzando de este modo hacia la autorrealización y la convivencia.

Por eso, lo que establecemos en esta iniciativa de ley es que la educación emocional sea parte de los programas de educación y se incorporen como enseñanza en todos los niveles de aprendizaje.

Ahora mismo desde otra fase como es la institución educativa de formación de la investigación, como lo es educación por experiencia, una institución de vanguardia, que su sede se encuentra en Puebla, es un modelo educativo para aprender a vivir con ética y valores. Utiliza el debate para generar el análisis de los puntos de vista o circunstancias que vive cada estudiante. Este proceso lo lleva a reflexionar y a hacer conciencia de lo que está bien o mal por medio del razonamiento. Las conclusiones generales lo encauzan a la toma de decisiones que inevitablemente lo dirigen a mejorar su pensamiento y asumir compromisos de grupo y personales.

Educación por la experiencia inicia en preescolar y culmina en la universidad, arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas analizados con los fundamentos de la ética y los valores, fortaleciéndose a lo largo de la vida.

Educación por la experiencia conduce a niños jóvenes y adultos, y por tanto al país, a la única forma de vivir con principios irrenunciables, honestidad; empresarios con moral, trabajadores con responsabilidad, respeto a los sentimientos, colaboración con todos; convivencia con la pareja, la familia, el entorno, amor y cuidado de los hijos; entrega a la patria en busca de la verdad, la justicia y con apego a la legalidad.

Además de central su metodología en 11 pasos, mismo que atiende los temas de valores y emociones para; 1. El maestro prepara la sesión, 2. Presenta el tema o actividad, 3. Explica las palabras que contiene el glosario.

4. Los alumnos dan lectura al tema y realizan la actividad, 5. Cuatro niños (en grupo promedio) pasan al frente y dan su opinión sobre el tema, 6. Se promueve la participación del grupo para que cada niño emita su opinión, 7. Los alumnos responden las preguntas del libro por escrito y realizan la conclusión del tema, 8. Firma de compromiso de grupo, 9. Se reflexiona a quién o a quiénes se beneficia con el cumplimiento del compromiso, 10. Se da un aplauso como reconocimiento al trabajo que todos hicieron, 11. Los padres de familia o responsables de crianza firman el compromiso del alumno.

Comentario final: Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento, aprecio y reconocimiento al Licenciado en Psicología Lucas Javier Juan Malaisi; por sus valiosas aportaciones y que gracias a su trabajo de proyecto de “educación emocional”, del cual se retomaron muchas de sus ideas y sirvió de base para el articulado de la presente propuesta.

Lucas Javier Juan Malaisi es egresado en la Universidad Católica de Cuyo, UCC, ha realizado cursos de posgrado sobre psicoterapia gestáltica, evaluación psicológica y bioneuroemoción. Trabajó en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor Guillermo Rawson, coordinó programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y fue miembro del cuerpo académico de la UCC. Presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina. Autor de los libros “Cómo ayudar a los niños de hoy, educación emocional”, “Descubriendo mis emociones y habilidades”, “Modo creativo, educación emocional del adulto” y “Descubriendo emociones, guía para padres y docentes”, como también de numerosos artículos publicados en diarios y revistas especializadas. Ganador de los premios “Diez jóvenes sobresalientes de San Juan” por contribución a la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos y “Premio JCI 2013” por su contribución a la educación, bienestar y derechos del niño, otorgados por la Federación Mundial de Jóvenes Líderes y Emprendedores. Fue orador TED Mendoza en el año 2012 y Human Camp 2015. Es además autor del proyecto de Ley de Educación Emocional presentado en las legislaturas de varias provincias, como también en Cámara de Diputados y Senadores de la nación. Actualmente trabaja en el área clínica, laboral y educacional principalmente dedicado al dictado cursos y seminarios sobre educación emocional en escuelas y otras instituciones.

Asimismo agradecerle a la Institución de Educación por Experiencia su enorme esfuerzo, al trabajo colegiado, y a su gran éxito a la contribución de la educación.

Por lo expuesto y fundado en los preceptos legales antes mencionados, me permito elevar a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Decreto que expide la Ley de la Educación Emocional del País

Artículo Único. Se expide la Ley de la Educación Emocional del País, para quedar como sigue:

Ley de la Educación Emocional del Pais

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1.

La presente ley tiene por objeto la regulación de procesos socioeducativos para potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Siendo el propósito primordial el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el fin de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad fomentar el bienestar personal y social y optimizar su calidad de vida.

Mediante la presente ley se busca potenciar la competencia emocional de forma sistemática mediante procesos educativos en los niveles de educación inicial y básica. Destacando la importancia de los aspectos emocionales y no solo los académicos. Así, educar es propiciar el desarrollo cognitivo y también el emocional.

Artículo 2.

La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, que de forma positiva ayuden a la formación de una personalidad integral, a través de actividades y programas educativos que contemplen no sólo los aspectos intelectuales, sino también aspectos socioemocionales, motivacionales y valores.

La educación emocional tiene por objeto el desarrollo de las competencias emocionales, de la misma forma en que se puede relacionar la inteligencia académica con el rendimiento académico.

La educación emocional supone pasar de la educación afectiva a la educación del afecto; es decir, de impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las emociones.

La educación emocional comporta el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, repertorios comportamentales, valores, habilidades sociales y técnicas de autocontrol que permitan a los alumnos y alumnas saber vivir satisfactoriamente consigo mismo y con los demás.

Artículo 3.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Educación emocional como el proceso educativo continuo y permanente que busca el desarrollo humano; es decir, el desarrollo personal y social; el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto incluye el desarrollo de la inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones de la vida.

Por extensión esto implica fomentar actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales, empatía, etcétera, como factores de desarrollo de bienestar personal y social.

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.

II. Inteligencia emocional es la habilidad para percibir, generar y acceder a emociones que faciliten el pensamiento, para comprender el conocimiento emocional y para regular las emociones de manera efectiva permitiendo el crecimiento intelectual y emocional.

Es a su vez, la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos.

Inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones: hacer que, intencionalmente, las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal.

Artículo 4.

Para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley, se deberán establecer actividades en el aula y programas en las escuelas que favorezcan el desarrollo de la autonomía y la gestión de los propios conflictos, así como:

I. Desarrollo de prácticas socioeducativas que fomenten el autoconocimiento, autonomía y autorregulación, capacidades de diálogo, capacidad para transformar el entorno, comprensión crítica, empatía y perspectiva social, habilidades sociales para la convivencia y la inteligencia emocional.

Ayudar a los niños a identificar sus emociones y a reconocerlas en otros niños y adultos.

II. Ayudar a gestionar y modular las diferentes emociones que surjan. Un equipo docente preparado y sensible a esta necesidad puede ser un buen medio para ayudar a los niños y niñas a resolver los diferentes conflictos que sin duda existirán en el contexto educativo.

III. Ayudar a los niños y niñas a tener una visión positiva del mundo, una actitud proactiva y una buena tolerancia a la frustración.

Enseñar a los niños y niñas a manejar los conflictos interpersonales y a prevenirlos. Esto se puede favorecer con programas que mejoren el clima escolar como por ejemplo la implantación y desarrollo de programas de mediación escolar.

Capítulo segundo
De las autoridades

Artículo 5.

El Ejecutivo del estado, ejercerá a través de la Secretaría de Educación las atribuciones en materia educativa que le confieran los diversos ordenamientos federales y estatales.

Artículo 6.

La Secretaría de Educación, con apoyo de los directores, maestros y demás personal de apoyo y asistencia a la educación, así como de padres de familia, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá favorecer el desarrollo de competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar; bajo la premisa de que la educación emocional fomenta el autoconocimiento, la autoestima y la empatía, entre otros.

La Secretaría de Educación se coordinará con las autoridades e instancias correspondientes, a efecto de llevar a cabo acciones y programas efectivos para el seguimiento y cumplimiento de la presente ley.

Artículo 7.

Las autoridades deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez en todos los programas, planes y acciones de gobierno que realicen, por lo que habrá una atención prioritaria a los problemas que aquejan a las niñas, los niños y adolescentes.

Capítulo tercero
Generalidades

Artículo 8.

En la aplicación y ejecución de la presente Ley, prevalecerá el principio del interés superior de la niñez y la protección de sus derechos humanos.

Artículo 9.

La educación emocional se impartirá en los niveles inicial y básico que comprende el sistema educativo.

Las autoridades educativas y escolares en sus respectivos ámbitos de intervención y atribuciones correspondientes deberán:

I. Conseguir un desarrollo integral del alumnado, potenciando no sólo aspectos cognitivos e intelectuales del individuo, sino también otros tan importantes como el desarrollo de la personalidad, las actitudes, los valores, la motivación y el esfuerzo, etcétera.

II. Diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos específicos para educar las habilidades socio-emocionales.

III. Garantizar la incorporación de la educación emocional en los diseños de currículum educativos, con definición de objetivos, asignación de contenidos, planificación de actividades, estrategias de intervención y programas experimentables y evaluables.

IV. Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender.

V. Formar personas para que sean capaces de desenvolverse de forma competente en la vida.

VI. Educar para que los niños y niñas de hoy sean adultos independientes y seguros, capaces de gestionar sus propias vidas, con sus satisfacciones y dificultades. Para que al llegar a convertirse en adultos sean capaces de cooperar eficientemente y relacionarse de forma positiva con los demás para resolver diferentes problemas o emprender diferentes proyectos vitales, personales o profesionales.

Artículo 10.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y sentido de responsabilidad social. Los contenidos de la educación emocional serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar la instrucción y promoción de la Educación Emocional.

Artículo 11.

La autoridad responsable de aplicación de la educación emocional debe constituir una Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Emocional. Esta deberá conformarse por profesionales de diferentes disciplinas que tengan conocimientos y/o experiencia en la materia.

Artículo 12.

Son funciones de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Emocional:

1) Realizar la capacitación y actualización especializada de los educadores, trabajadores sociales, docentes, psicólogos y demás orientadores o personal educativo.

2) Desarrollar la investigación sobre la temática y la evaluación y monitoreo de los resultados y progresos realizados a partir de la aplicación de la presente ley.

3) Orientar pautas de actuación para introducir la Educación Emocional en la labor docente.

Artículo 13.

Para alcanzar los objetivos y finalidades que se persiguen con la presente Ley, se deberá realizar una capacitación docente en relación a los contenidos de Educación Emocional, respecto de sus cuatro pilares:

1. Educación emocional de niñas y niños.

2. Escuela para padres de educación emocional.

3. Educación emocional para el manejo de las emociones en los educadores.

4. Educación emocional en la relaciones interpersonales e institucionales.

Artículo 14.

Las acciones con fundamentos de la educación emocional que se instrumentarán estarán a cargo de docentes, profesionales o técnicos con formación específica y con capacitación docente, mismos que emplearan técnicas psicopedagógicas con enfoque en educación emocional en función de los contenidos que se aprueben. Mismos que tenderán a la formación y desarrollo de seres humanos aptos para convivir en sociedad como sujetos con capacidad afectiva, cognitiva, comunicativa y creativa.

Artículo 15.

El proceso de enseñanza/aprendizaje deberá atender a las diferentes capacidades de los alumnos en las diferentes etapas escolares, potenciando en cada niño aquellas más desarrolladas y entrenando las menos desarrolladas. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal y social.

Favorecer modelos educativos orientados a educar la inteligencia interpersonal y desarrollarla, que permitan a los alumnos el aprendizaje mediante imitación de habilidades sociales y emocionales positivas.

Favorecer un clima escolar y social que permita el desarrollo y gestión adecuada de la expresión emocional.

Artículo 16.

La fundamentación teórica de la educación emocional desembocara en la selección de contenidos para los programas de intervención. Los criterios a tener en cuenta en la selección de contenidos son: 1) los contenidos deben adecuarse al nivel educativo del alumnado al que va dirigido el programa; 2) los contenidos deben ser aplicables a todo el grupo clase; 3) deben favorecer procesos de reflexión sobre las propias emociones y las emociones de los demás; 4) deben enfocarse al desarrollo de competencias emocionales.

Artículo 17.

En la elaboración de planes, programas y políticas educativas en materia de educación emocional se deberá considerar el:

1. Elaborar un marco teórico, en revisión permanente, para la educación emocional.

2. Identificar las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad actual.

3. Secuenciar la adquisición de competencias emocionales a lo largo del curriculum.

4. Formar al profesorado en educación emocional, a fin de posibilitar el diseño, aplicación y evaluación de programas contextualizados en centros educativos.

5. Crear materiales curriculares para apoyar la práctica de la educación emocional por parte del profesorado.

6. Crear instrumentos de evaluación y diagnóstico para la educación emocional.

7. Diseñar, aplicar y evaluar programas de educación emocional para el ciclo vital.

8. Perfilar las estrategias más idóneas para la implantación de programas de educación emocional en los diversos niveles educativos y contextos de intervención (educación formal y no formal, medios comunitarios, organizaciones). Estas estrategias pueden será nivel de centro, pero también respecto de la Administración pública y de la sociedad.

9. Fomentar la cristalización del cambio con objeto de garantizar la continuidad de los programas y a ser posible su institucionalización.

10. Fomentar la optimización permanente de los programas a través de comunidades de aprendizaje.

Artículo 18.

De la evaluación del desempeño y sus indicadores, a través de sus siguientes fracciones:

I. Elaborar la matriz de indicadores con base a los resultados de la capacitación y los impactos generados, así como los alcances al mismo.

II. Llevar el seguimiento de los programas, que estos deberán ser propuestos, revisados, autorizados y evaluados por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Emocional.

III. Realizar las evaluaciones ex ante y expost, con criterios de evaluación socioeconómica, con la aplicación de metodologías que dictan como normatividad la UNESCO y la Cepal Naciones Unidas.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente ley, entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, a través de sus respectivas cámaras deberá expedir a más tardar en sesenta días posteriores a la publicación del presente decreto, el Reglamento correspondiente que fijará las bases de la coordinación con los gobiernos locales y estos últimos a su vez promulgar y crear las Leyes Estatales, materia de análisis, estudio, discusión y aprobación en las 32 entidades federativas.

Artículo Tercero. Los estados deberán adecuar sus leyes de conformidad a las disposiciones de la presente ley, a más tardar en sesenta días posteriores a la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Víctor Manuel Sánchez Orozco,Adriana Elizarraras Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Ángel García Yáñez, Araceli Damián González, Arturo Álvarez Angli, Clemente Castañeda Hoeflich, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Irma Rebeca López López, Jonadab Martínez García, Jorge Álvarez Maynez, María Verónica Agusdis Estrada, María Victoria Mercado Sánchez, Mariana Árambula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Norma Edith Martínez Guzmán, Rafael Yerena Zambrano, Rosa Alba Ramirez Nachis, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

DECLARAR EL 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año, como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Gracias. En las próximas dos horas, por lo menos una mexicana habrá muerto por cáncer cervicouterino. Debemos prevenir más muertes, esto es posible. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto y respeto. La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea, tiene como finalidad declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino, lo anterior con la finalidad de crear conciencia en la población para disminuir la incidencia de este padecimiento.

La sola mención de la palabra cáncer nos infunde temor. Cáncer es sólo el término genérico para referirnos a un vasto número de enfermedades, que según la Organización Mundial de la Salud son más de 100 tipos.

La principal característica del cáncer, es una veloz multiplicación de células anormales que se extienden más allá de los límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. A esta propagación se le denomina metástasis y esta es la principal causa de muerte por cáncer.

Existen diversos factores de riesgo para contraer cáncer cervicouterino. Según los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, la principal causa es el Virus del Papiloma Humano, mejor conocido como VPH.

Dicho virus se contagia por contacto sexual y aunque el cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección, algunas veces el virus puede conducir al desarrollo del cáncer.

Estas circunstancias hacen que el padecimiento sea particularmente dañino en poblaciones con alta marginación y en la que los derechos de las mujeres están limitados por las tradiciones y la falta de educación.

La prevención de este tipo de cáncer se convierte así en un tema cultural relacionado con la equidad de género, el acceso a la salud y la educación sexual. No es sorpresa entonces, que en los estados se presente una mayor incidencia de mujeres con este padecimiento, sean los que poseen un alto grado de marginalidad, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

Una vez más, quienes más sufren son las mujeres cuyas oportunidades de desarrollo están más limitadas. En este sentido, la nueva Guía de la Organización Mundial para la Salud en la prevención y el control del cáncer cervicouterino, publicada en diciembre de 2014, establece que es preciso tratar el tema de la discriminación por motivos de género y otras situaciones de desigualdad, en relación con diversos factores sociales, como recursos económicos, clase social, educación, religión y etnia, en el momento de diseñar políticas y programas de salud.

En Nueva Alianza somos un partido cercano a la sociedad, por eso hemos hecho eco a una propuesta que diversas organizaciones no gubernamentales han promovido para hacer oficial la conmemoración del Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, con el fin de incidir en la conciencia de la población mexicana para tomar las medidas de prevención que recomiendan las instituciones de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2008 se le atribuyeron a estos padecimientos 7.6 millones de muertes. El cáncer cervicouterino en particular, cobró la vida de 275 mil mujeres en ese año. Una cifra similar se registra cada año.

Un dato que subraya este organismo es que más del 70 por ciento de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y medios. Se prevé que la cifra de muertes se incremente a nivel global, superando los 13.1 millones para el 2030.

Según estadísticas del INEGI, en México las principales causas de muerte por tumores malignos o cancerosos en mujeres mayores de 20 años, en 2011, fueron el cáncer de mama con un 13.8 por ciento, y el cervicouterino con un 10.4 por ciento. La pasividad y la inacción no son una alternativa, es preciso tomar medidas para mitigar estas estadísticas.

Reconocemos las medidas que al respecto se han tomado en nuestro país. Tan solo basta mencionar que en el Programa sectorial de salud 2013-2018 existe la estrategia 2.5, la cual consiste en mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente el cáncer cervicouterino.

La propuesta de Nueva Alianza es que nos sumemos a estas acciones. Es necesario que las mujeres de México tomemos nuestra salud y bienestar en nuestras manos.

Hay que subrayar que el riesgo de desarrollar una infección por virus de papiloma humano comienza con el inicio de la actividad sexual. La prevención y la educación sexual son las herramientas más poderosas.

Todas estamos en riesgo de contraer una infección por virus de papiloma humano, y esta infección es capaz de ocasionar cáncer cervicouterino. Un tipo de cáncer que crece lentamente y carece de síntomas.

El 4 de febrero se celebró en todo el mundo el día internacional en contra del cáncer. Quiero recalcar el lema del mismo que será utilizado hasta 2018. Nosotros podemos, yo puedo.

En Nueva Alianza hacemos nuestro ese lema y queremos, con su ayuda, llevarlo a la práctica. Nosotros podemos declarar el 9 de agosto como Día nacional contra el cáncer cervicouterino. Espero que todas las diputadas y todos los diputados se unan con gran sensibilidad a esta propuesta. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa de decreto, para declarar el 9 de agosto como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células en el cuerpo humano. En 2012, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas.

Desde 2008, como una acción urgente para crear conciencia en las personas y en los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en la ONU, el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) observan el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer.

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.

Según la OMS el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres. Cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En 2011 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada dos minutos muere una mujer en el mundo.

Argumentación

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra todos los años el 4 de febrero y une a todo el planeta bajo un único lema para destacar la lucha continua y conjunta contra esta enfermedad que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo humano. La razón de que exista un día de lucha contra el cáncer a nivel internacional es reducir el número de muertes evitables cada año, aumentar la concienciación sobre la prevención del cáncer en la población general y también para presionar a los gobiernos a que emprendan más y mayores medidas contra esa enfermedad.

Cada año se establece un objetivo específico en la campaña. En 2016-2018, el lema de la campaña del Día Mundial contra el Cáncer es “Nosotros podemos, yo puedo“, y explorará cómo todos juntos o en lo individual podemos aportar para reducir la carga global del cáncer.

En México, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva. Cada dos horas muere una mujer.

De acuerdo con el documento de 2013 denominado Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las principales causas de muerte por tumores malignos o cancerosos en mujeres de 20 y más años en 2011 fueron el cáncer de mama (13.8 por ciento) y el cervicouterino (10.4 por ciento)

La prevención de este tipo de cáncer en particular es un tema cultural, relacionado con la equidad de género, el acceso a la salud y la educación sexual. Los estados en los que hay más incidencia de mujeres con este padecimiento son los que tienen un alto grado de marginalidad, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Existen importantes factores de riesgo para el desarrollo de este tipo del cáncer cervicouterino. El más importante es, sin duda, la prevalencia del virus del papiloma humano (VPH), además de relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo.

Sin duda, la acción más importante que se puede realizar en favor de las mujeres es la prevención primaria del cáncer cervicouterino. Esta prevención se realiza optando por las acciones siguientes:

• Promoción de la salud.

• Vacunación contra la infección por virus del papiloma humano.

• Citología cervical o papanicolau.

• Colposcopía.

• Dejar de fumar.

• Uso del preservativo.

Existen importantes esfuerzos del Estado mexicano para ejecutar acciones tanto de prevención como de tratamiento de este tipo de cáncer.

Es importante señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se plantean cinco metas nacionales para conseguir el desarrollo del país, una de ellas es México Incluyente. En materia de acciones de protección, promoción y prevención de la salud, una importante línea de acción es fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cervicouterino y cáncer de próstata.

Por su parte, también en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 existe la estrategia 2.5 que consiste en mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, entre otros tipos de cánceres. Además de garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad.

Se enfatiza que en México, desde hace años, organizaciones civiles que conforman la Red contra el Cáncer han trabajado para promover la oficialización del Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, fecha que pretende aumentar la concienciación de la población mexicana, así como de los tomadores de decisiones en el sector salud, sobre la importancia de prevenir la aparición del cáncer cervicouterino a través de estrategias básicas como la realización periódica del papanicolaou y la vacunación contra el VPH, entre otras de las arriba señaladas. Pero hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos realizados, no existe publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación que decrete un día nacional contra esta enfermedad.

Por todo lo anterior, es de suma importancia que se declare el 9 de agosto como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, porque ello reforzará las campañas informativas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con esta enfermedad, asimismo esta medida contribuirá a incrementar la cobertura de la detección, facilitará el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas a los servicios de salud para aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, además de promover la garantía de tratamientos completos de calidad para todas las mujeres.

Las cifras de mujeres que pierden la vida por esta causa son enormes, por lo tanto, además de los esfuerzos que gobierno y sociedad civil hacen para crear una cultura de prevención en las mujeres mexicanas para que acudan a revisión periódica (papanicolaou, colposcopia y vacunación contra VPH) se pone a consideración de esta soberanía la declaración del Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino que se propone que sea el 9 de agosto, en concordancia con la propuesta de la Red contra el Cáncer, que desde hace más de una década también ha promovido la oficialización en esa fecha de un día a nivel nacional contra el cáncer cervicouterino para ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud que disminuyan los índices de prevalencia de este tipo de cáncer.

Conmemorar un Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino significa la oportunidad de levantar la voz para que todas las mujeres del país recuerden que deben cuidar su salud y realizarse los exámenes pertinentes que permitan detectar a esta enfermedad y así poder salvar a tiempo de miles de vidas.

Las muertes por este tipo de cáncer no deberían existir, pues se trata de una enfermedad que puede ser prevenida en 99 por ciento, por lo que establecer un día para concentrar esfuerzos en la lucha en contra de la enfermedad, servirá como herramienta para hacer mayor conciencia, compartir información y promover más acciones preventivas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que el cáncer cervicouterino es un problema de salud pública que concierne a gobiernos, instituciones, organizaciones civiles, sector privado y sociedad, por lo que, la propuesta de declarar el 9 de agosto como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino representa una medida que ratifica una mayor voluntad política y social en torno al Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora el 4 de febrero de cada año, específicamente para que las mujeres estén alertas en el cuidado de su salud y reflexionemos todas y todos sobre sobre la pertinencia de la prevención oportuna como estrategia fundamental para combatir y, en su momento, el cáncer cervicouterino.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino

Único. Se declara el 9 de agosto de cada año Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Angélica Reyes Ávila(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Saludamos la presencia de visitantes del distrito I, de Huejutla de Reyes, procedente de la sierra hidalguense y la huasteca hidalguense. También a estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Huejutla; de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Campus Huejutla; y de la Universidad Tecnológica de la Sierra, Campus Tehuacán de Guerrero.

También a un grupo de amigos de diversas organizaciones, todos ellos invitados por la diputada Carolina Viggiano. Sean todos y todas ustedes bienvenidos, amigas y amigos.

Continúe la Secretaría con el punto de declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno segundo a la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción VII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

II. En fecha 11 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-168, turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la Iniciativa de mérito, para su respectivo Dictamen.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió al análisis de la iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y elaboró el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada autora de la presente Iniciativa, busca el acceso a una capacitación adecuada que ayude a empoderar a las personas adultas mayores en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explotar para su auto suficiencia y sus necesidades básicas, como instrumentos para crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo en condiciones de vulnerabilidad.

Anota que el número de personas adultas mayores se duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, toda vez que en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones y para los años 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en el país aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.

Por ende, argumenta que como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el siglo XX, la estructura por edad y sexo de la población está sufriendo cambios verdaderamente significativos? entre éstos, destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.

Señala que en virtud de que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de políticas públicas nacionales para la observancia de dichos derechos; así como también, la participación de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en la observación de la planeación y aplicación de la política pública nacional en la materia, es necesario que las capacidades económicas de los adultos mayores deban ser fortalecidas mediante programas sociales adecuados, políticas públicas incluyentes en el tema, para brindar oportunidades de este sector vulnerable a muchas situaciones de la vida cotidiana.

Por tanto, la propuesta de la diputada iniciante estriba en reformar la fracción V del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, quedando de la siguiente manera:

“ Artículo Único.-Se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a IV. ...

V. Del trabajo y sus capacidades económicas:

a. ...

b. A ser sujetos de acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas de los adultos mayores.

c. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ámbito de sus competencias para fortalecer sus capacidades económicas.

d. A recibir apoyos, estímulos o subsidios que fortalezcan su ingreso y economía personal.

VI. a IX. ...

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.”

Se exponen enseguida los textos vigente y propuesto, con la finalidad de analizar de mejor manera las diferencias y alcances de ambos.

CONSIDERACIONES

I.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su edad avanzada los coloca en muchas ocasiones en una situación de discriminación, que se debe combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.

II.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en virtud de lo anterior, considera apropiada la propuesta; sin embargo, para que sea procedente es pertinente y necesario hacerle modificaciones, no solamente por razones de técnica legislativa, sino en virtud de evitar un probable impacto presupuestario en las finanzas públicas.

III.- Es necesario mencionar que desde punto de vista formal o de técnica legislativa, el planteamiento de la Iniciativa se encuentra con vicios de forma, ya que en vez de haber planteado la reforma de la fracción V del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, lisa y llanamente, planteó textualmente la reforma al párrafo conceptual de la fracción V, y la adición de los incisos b, c y d a dicha fracción.

IV.- Esta Comisión considera que las propuestas establecidas en los incisos b, c y d, tal como están planteadas, no son procedentes, toda vez que las personas adultas mayores al ser sujetas a los programas, apoyos, estímulos y subsidios de las instituciones federales, estatales y municipales, orientados a fortalecer sus capacidades económicas, su ingreso y economía personal, afectaría indudablemente el presupuesto público destinado a este rubro en especial. Además, la propia Iniciativa no establece la fuente de financiamiento para aplicarlo a los referidos programas y estímulos, quedando de forma acéfala e inapropiada la propuesta.

V.- Sin embargo, a pesar de las consideraciones anteriores, esta Comisión considera que si se le hacen algunas modificaciones de forma y de fondo a la Iniciativa, será viable y procedente.

VI.- Se considera necesario suprimir las propuestas establecidas en los incisos b, c y d, tal como están planteadas, en virtud de las consideraciones mencionadas en el punto número IV.

VII.- El objetivo de la Iniciativa es garantizar a las personas adultas mayores su derecho a ser sujetos de acciones y programas, para fortalecer sus capacidades económicas, propiciando su incorporación a los procesos productivos y su capacitación con igual fin; en este sentido, es necesario de igual manera, que dicho segmento de la sociedad sea sujeto de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social, para que formen parte del desarrollo económico y social de México. La integración social constituye un proceso de naturaleza activa, que incorpora en un solo cuerpo, bajo un mismo objetivo, a diversos grupos sociales cuya categoría social es de carácter bajo o vulnerable y busca mejorar su nivel de vida. En este sentido, el Estado busca promover una serie de acciones y políticas públicas para inducir aptitudes de carácter personal, laboral, social, educativa y alimentaria.

VIII.- Por lo tanto, es viable reformar la fracción V del Artículo 5, para el efecto de establecer que la Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores el derecho del trabajo y sus capacidades económicas; así como el de adicionar un segundo párrafo a dicha fracción, para determinar que dichas personas sean sujetas de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.

IX.- En virtud de las consideraciones anteriores, la instrumentación de la propuesta planteada en el presente dictamen, no deriva en la ejecución de nuevas funciones, ni en la asignación de nuevas responsabilidades hacia el gobierno federal, ni pretende otorgar recursos adicionales a los ya previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir con dichos preceptos, por lo que no generaría impacto presupuestario.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A DICHA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo Único.- Se reformala fracción V del Artículo 5o; y se adicionaun segundo párrafo a dicha fracción, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a IV. ...

V. Del trabajo y sus capacidades económicas:

...

A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.

VI. a IX. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 numeral 1, y 182 del Reglamento de Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el Presente dictamen en sentido positivo con modificaciones, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I.- En sesión ordinaria celebrada por la H. Cámara de Diputados, el día 3 de diciembre de 2015, las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa por la que se reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa, con expediente número 1147, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerablesde la H. Cámara de Diputados, para su dictamen.

III.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura recibió, con fecha 4 de diciembre de 2015, turno de la Mesa Directiva para dictamen de la Iniciativa por la que se reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

IV.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, procedió al análisis de la Iniciativa por la que se reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y elaboró el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones.

Contenido de la iniciativa

Las proponentes exponen que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó el 30 de septiembre de 2014, sus observaciones finales sobre el informe Inicial de México en tema de cumplimiento y avances de obligaciones adquiridas con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de Mayo de 2008.

El Comité es un órgano de expertos internacionales independientes que supervisa la aplicación de la Convención, derivado de la firma del Tratado en comento; los Estados Parte deben presentar al Comité por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe sobre las medidas y acciones que estén llevando a cabo para cumplir con lo establecido en la Convención.

Derivado del cumplimiento de rendir este informe, “el Comité emitió un informe que en el numeral 19 del apartado III Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones, expresa su preocupación relativa al tema de accesibilidad (artículo 9 de la Convención) para el Comité es preocupante que el marco legislativo existente sobre accesibilidad de las personas con discapacidad no aborde todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención, además de que nuestro país no cuente con mecanismos específicos de evaluación, del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención.

“En consecuencia, el comité recomienda instaurar mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.”

Las proponentes exponen que, para atender estas recomendaciones, se hagan las siguientes modificaciones legislativas a los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad:

Considerandos

I. El Estado Mexicano, al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se obligó a tomar las medidas administrativas y legislativas que permitan el cumplimiento de este acuerdo internacional.

II. Como consecuencia del primer informe presentado por el Estado Mexicano en esta materia, el Comité emite observaciones y recomendaciones en las que manifiesta la necesidad de mayores y mejores mecanismos para garantizar la accesibilidad en múltiples dimensiones.

III. La propuesta en comento, presenta una contradicción entre la exposición de motivos, que justifica e incluye una tabla que propone agregar a la fracción IV del artículo 37, el principio de “Accesibilidad”. Empero en la propuesta de Decreto de la iniciativa, propone se incluya el principio de “Inclusión”.

IV. Independientemente de la contradicción expuesta en el considerando anterior, se estima improcedente la modificación propuesta de incluir el principio de accesibilidad o inclusión, pues este ya se encuentra contemplado en el artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,que forma parte del Capítulo de “Disposiciones Generales”, de su Título Primero,

El artículo 5 incluye los principios que deben ser contemplados en la totalidad de la ley y de las políticas públicas consecuencia de la misma; por tanto, no es necesario incluir en cada artículo los principios que se esperan formen parte de la Ley y los principios generales que deben observarse en las Políticas Públicas consecuencia de la misma.

“Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:

I. a VII. ...

VIII. La accesibilidad;

IX. a XII. ...

V. La propuesta de modificación al artículo 42 atiende las observaciones realizadas por el Comité de la necesidad de mecanismos de evaluación, captación de quejas y control sobre la accesibilidad.

La adecuación legislativa se considera procedente, a pesar de que en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad ya contempla los elementos reglamentarios de esta modificación.

Además, en las metas e indicadores de resultados del CONADIS, ya contempla emitir recomendaciones sobre la satisfacción y garantía del derecho a la accesibilidad. Empero, no existe explícitamente un proceso de recepción de quejas o denuncias de deficiencias en la infraestructura física pública, por tanto la propuesta adecua la ley a la realidad.

VI. A consideración de la Comisión, esta adecuación fortalece la vida cotidiana del Consejo y garantiza el derecho que tienen las Personas con Discapacidad de Accesibilidad en un sentido amplio y transversal.

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNICO.Se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 42.Para el cumplimiento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a III. ...

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad ; impulsando mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas; coadyuvando con las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad vigente;

V. a XVII. ...

Transitorio

Único.El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción VII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este Pleno el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 8 de septiembre, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Mayagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 14 y 28 así como Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

SEGUNDO. En fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio No. D.G.P.I. 63-II-3-6 se turnó a esta comisión la presente iniciativa, para su respectivo Dictamen.

TERCERO.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el tres de febrero de dos mil dieciséis, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.Que esta Comisión es competente de conformidad con el artículo 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 10, 14 y 28 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

SEGUNDO.Que la Iniciativa busca a través de la reforma a la legislación aplicable, el acceso a una capacitación adecuada que ayude a empoderar a las personas adultas mayores en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explotar para su auto suficiencia y sus necesidades básicas. Como instrumentos para crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo en condiciones de vulnerabilidad.

TERCERO.Como antecedentes, la diputada proponente argumenta que como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados resulta necesario prestar cada vez mayor atención a los problemas y limitaciones que aquejan a este sector vulnerable, que muy frecuentemente padece enfermedades crónicas diversas, además viven algún modo de pobreza.

CUARTO.Esta dictaminadora comparte de manera parcial los argumentos y fundamentos contenidos en la Iniciativa que se dictamina, ya que se trata de reformas que tienden a garantizar las capacidades económicas, laborales y a participar en programas y acciones que garanticen un empoderamiento de las personas adultas mayores, que se refleje en una mejor calidad de vida.

El artículo 1o. de la Constitución General señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan.Tal reconocimiento implica por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos de los adultos en edad avanzada. Grupo que se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población.

QUINTO.Resultan ilustrativas de la situación general de este segmento de la población las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995.

Tales consideraciones llevan a esta Comisión a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de discriminación. Que se debe combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.

SEXTO.En la contradicción de tesis 19/2008,resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se señaló que las personas en edad avanzada“son frecuentemente discriminadas, despreciadas, abandonadas (y, en ocasiones, incluso maltratadas) por una ciudadanía que no tiene suficientemente en cuenta las vicisitudes asociadas al “ciclo de vida” de las personas”.

SÉPTIMO:No pasa desapercibido para esta Comisión que la propuesta vertida en la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 10,14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, generaría un elevado impacto presupuestal, asociado a la promoción y fomento de la creación de albergues y residencias de día. Por lo tanto se aprueba con modificaciones.

Cabe destacar, que la iniciativa, no obliga al Gobierno Federal a hacerse responsable de la creación de todos y cada uno de los albergues y residencias de día, ya que su propósito es promover y fomentar su establecimiento, por lo que el impacto recaería en los gobiernos, estatales y municipales, así como en los sectores social y privado.

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ÚNICO:Se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XVIII. ...

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores , y

XXI. Promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.

TRANSITORIO

UNICO.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2 Resuelta el 11 de junio de 2008, bajo la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

3 La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3, fracción I establece a partir de los 60 años se consideran como  personas adultas mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 67, 68, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

METODOLOGÍA

I.En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputado y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II.En el apartado denominado  “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se resume el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

III.En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

I.El 29 de septiembre de 2015, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas del PVEM, presentó la iniciativa enunciada.

II.Tal documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria #4372-II, del martes 29 de septiembre de 2015 y recibida en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el 14 de octubre de ese mismo año.

III. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga para resolver la iniciativa con el Of. CTA/109/2015, misma que fue atendida por la Mesa Directiva con Of. DGPL 63-II-5-444, otorgándola hasta el 29 de abril de 2016.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

I.Las propuestas centrales del documento son modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para:

• Otorgar puntos a empresas o personas físicas concursantes en licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, que cuenten con trabajadores jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años.

• Establecer que las entidades deben recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para asesorías, estudios e investigaciones, con el objeto de disminuir el costo de los servicios y fortalecer a dichas instituciones con el pago de los mismos.

• Sustituir “página de internet” por “sitio electrónico de internet” al señalar la obligación de las dependencias y entidades de poner a disposición del público en general su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

• Incluir la contratación de artesanos, ganaderos, mujeres afiliadas al régimen de incorporación fiscal a las causales en las que las dependencias y entidades puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

• Incrementar el límite de la suma de las operaciones que se realicen para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública (recurriendo a invitación de cuando menos tres personas o de adjudicación directa) de 30 %  a 35% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado.

II. Basa su propuesta en la siguiente línea argumentativa:

“La presente Iniciativa pretende resolver el desempleo abierto que sufren por lo menos 7 millones de jóvenes, La escasa información a que tienen acceso las micros y pequeñas empresas, con respecto a las licitaciones que publica el sector público, además pretende disminuir el costo en servicios de consultoría, asesorías e investigaciones, apoyándose para ello en el Conacyt, por último busca detonar el mercando interno ante el complejo panorama económico internacional, impulsando para ello a la micro, pequeña y mediana empresa, a los campesinos, ganaderos, artesanos, talleres y empresas formadas por mujeres.

Hoy existen por lo menos 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa son jóvenes; en la actualidad, la juventud es discriminada en las empresas o en el sector gubernamental por no tener experiencia. Bajo este complejo panorama, el Congreso de la Unión debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos, creando para ello, instrumentos jurídicos que dibujen las líneas maestras para el desarrollo integral de este sector estratégico de nuestra población.

Los jóvenes y su problemática en todos los tiempos han sido motivo de grades pronunciamientos, de retóricos discursos que han dado lugar únicamente a un sin fin de promesas; sin embargo, en la realidad poco se ha hecho para empoderar a los jóvenes o para generales verdaderas oportunidades de empleo.

La justificación para hacer a un lado a los jóvenes estriba en que éstos no tienen aún la experiencia suficiente para incorporarse al sector productivo o para ocupar ciertos cargos; de igual forma, se dice que los jóvenes son inmaduros e imprudentes, así mismo, se afirma que tienen que empezar desde abajo para que aprendan y se fogueen en el quehacer productivo, que tienen que hacer méritos para que puedan acceder a los cargos, en fin, muchas son las justificaciones que dan pero todos se refutan con la contundencia de los hechos.

Y les voy a decir porque, a los largo de nuestra historia los jóvenes han demostrado con sus actos la responsabilidad y el valor con que defienden su patria(sic) , su Estado, su comunidad, su escuela, el empeño que ponen para conseguir sus sueños, el tesón con el que estudian; de todo ello da muestra la gesta de Chapultepec de 1847, las gestiones que realizan los jóvenes para mejorar su comunidad o escuela, los triunfos nacionales e Internacionales que obtienen en olimpiadas de matemáticas, física, química, informática, por citar solo algunos rubros.

Bajo este contexto que retrata de cuerpo completo el activismo juvenil en las grandes causas sociales, resulta incongruente y sumamente contradictorio que se les limite el acceso a un empleo digno; no es válido que se les ponga a la vanguardia del trabajo rudo y se les mande a la retaguardia cuando piden oportunidades para desarrollarse dentro de una empresa pública o privada

Para ello, urge que se estimule a las empresas que otorgan su primer empleo o contraten jóvenes; uno de esos estímulos puede ser, otorgarles puntos adicionales a las compañías que tengan trabajadores entre 18 y 25 años y tales puntos, sean un criterio fundamental para decidir en favor de estas empresas en tratándose de licitaciones públicas, que realizan las dependencias y entidades públicas para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, es por ello que propongo se reforme el segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento, a efecto de dar preferencia en dichas licitaciones públicas, a las empresas que cuenten con trabajadores entre los 18 y 25 años y éstos representen por lo menos el 5 por ciento de su planta laboral.

En la actualidad el mundo enfrenta una difícil crisis económica, que desde luego repercute en nuestro país; producto de dicha crisis, los recursos económicos son limitados, lo que sin duda obliga a todo ente gubernamental hacer más eficiente los recursos que se le asignan. Por tanto, ante las múltiples necesidades que enfrenta todo Gobierno, la distribución de los recursos económico debe ser eficaz, por consiguiente, se propone adicionar un último párrafo al artículo 19 de la Ley que nos ocupa, ello con la finalidad que los servicios de consultoría, asesoría e investigación, se le soliciten en primera instancia al Conacyt o en su defecto a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, toda vez que estas son Instituciones que reciben financiamiento público y su principal misión es precisamente la investigación y el desarrollo de tecnología; por ende, se puede utilizar su estructura técnica y académica para que brinden asesoría y realicen investigaciones a favor de las dependencias y entidades públicas a un costo por debajo del mercado y así se puedan ahorrar recursos públicos y a su vez, los montos obtenidos como producto de los servicios prestados por las precitadas Instituciones, sirvan a estas para fortalecer sus proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías.

La información a tiempo, sin duda ayuda enormemente a que la micro y pequeña empresa del País se entere de la demanda de bienes, servicios y arrendamientos que efectúa el sector público a través de la página www.CompraNet.gob.mx , sin embargo, la existencia de esta página de internet no se ha difundido masivamente y en el entendido de que son pequeñas empresas las que en su gran mayoría integran el sector productivo del País y por ende las que otorgan por lo menos 6 de cada 10 empleos, constituye un imperativo económico y de competencia con piso parejo para todas las empresas del País, que la dependencia competente para el manejo de los tiempos asignados en radio y televisión al Estado Mexicano, disponga de un tiempo adecuado en dichos medios de comunicación para difundir masivamente la página de CompraNet y mediante dicha difusión, hasta el más pequeño proveedor esté enterado de la existencia de la precitada página electrónica y conozca que productos o servicios y bajo qué condiciones pueden venderle al Gobierno, así como las características que debe tener para obtener preferencias en algunas licitaciones públicas. Con la finalidad precitada, se propone reformar el artículo 21 de la norma motivo de esta iniciativa.

El panorama económico Nacional e Internacional que se vislumbra para el próximo años es sumamente complicado, por lo que el Estado Mexicano está obligado a instrumentar mecanismos que vigoricen el mercado interno como una medida indispensable para contrarrestar la posible caída en las exportaciones, la depreciación del peso, así como la disminución en los precios del petróleo.

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción XI del artículo 41 de la Ley en comento, con el objetivo de agregar a los artesanos, ganaderos, pequeños talleres y empresas formadas por mujeres en la excepción que establece dicho artículo, a efecto que las dependencias y entidades públicas no realicen el procedimiento de licitación y lo puedan hacer bajo el esquema de invitación o adjudicación directa; con dicha medida, se podrá beneficiar a los artesanos del País grupo vulnerable tanto económica como socialmente, por lo que al amparo de esta reforma, en la realización de determinados eventos por parte del sector público, en la que impliquen dar obsequios como el día del niño o de la madre por citar algunos, pueda comprar los regalos directamente a nuestros artesanos.

El mismo beneficio tendrán los ganaderos, los cuales por invitación o adjudicación directa podrán vender su producto principalmente a Liconsa, con lo que además de beneficiarse ellos, se crearán empleos en las zonas rurales que tanta falta que hacen.

El impulso a los pequeños talleres y pequeñas empresas constituidas por mujeres tales como carpinterías, herrerías, textiles, mecánica, electrónica, cocinas tradicionales, etc., generarán con toda seguridad empleos familiares, por lo que miles de familias se verán beneficiadas con adjudicaciones directas en la compras gubernamentales de uniformes escolares, en la adquisición o reparación de muebles o instalaciones de madera o de herrería, con la contratación de cocinas tradicionales para brindar el servicio de alimentos en eventos que lo requieran y que sean organizados por el sector público, en fin, incorporar a estos sectores productivos a la excepción para acceder a los procedimientos de invitación o tres personas o de adjudicación directa permitirá detonar el mercado interno y generar derrama económica en todas las regiones del País.

Por último, al incorporar más sectores productivos a la excepción de que las dependencias y entidades públicas adopten el procedimiento de invitación de mínimo a tres personas o de adjudicación directa, hace necesario que se incremente el umbral presupuestal que se puede ejercer bajo estos dos procedimientos, por tanto, se plantea reformar el quinto párrafo del artículo 42 de la Ley que motiva la presente Iniciativa, a efecto de que las dependencias puedan adquirir bienes o servicios y contratar arrendamientos por invitación o adjudicación hasta en un 35% del presupuesto que tengan asignado para tales fines, con tal reforma, se pretende que existan mayores recursos para destinarlos a sectores vulnerables de la economía y con ello se creen más empleos y se expanda la derrama económica.”

III. El texto legal que propone se contrasta a continuación con el texto legal vigente, en el siguiente comparativo:

CONSIDERACIONES

PRIMERA:La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente iniciativa de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con el artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA. Artículo 14. Respecto a otorgar puntos a empresas o personas físicas concursantes en licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, que cuenten con trabajadores jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años, esta representación considera adecuada y conveniente la propuesta, toda vez que la formulación no es forzosa sino optativa permitiendo la libre concurrencia y posibilitando al Estado la mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes tal como lo señala el texto constitucional en el artículo 134, por lo que se incluye en el proyecto de decreto con modificaciones de concordancia gramatical

Artículo 19. Por cuanto a establecer que las entidades deban recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para asesorías, estudios e investigaciones, con el objeto de disminuir el costo de los  servicios y fortalecer a dichas instituciones con el pago de los mismos, esta representación consideró que el libre juego del mercado que asegure la concurrencia de postores y ofertas para que el Estado obtenga las mejores condiciones de compra y contratación, señalada en el texto constitucional citado, podrían estar en riesgo si la formulación de la idea es cerrada; no obstante se considera la idea viable y provechosa por lo que se acepta con modificaciones de redacción cuidando mantener a salvo la disposición constitucional. El autor no aclara si su propuesta incluye la supresión del último párrafo de este artículo, pero esta representación decidió mantenerlo por ser parte importante del dispositivo y colocar la adición como último párrafo.

Artículo 21. En lo que respecta a la sustitución de la frase “página de internet” por “sitio electrónico de internet” al señalar la obligación de las dependencias y entidades de poner a disposición del público en general su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, esta representación consideró que si bien no hay mucha diferencia y ambas ideas logran comunicar lo que pretenden, este tema se encuentra ya regulado en la Minuta con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide una nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública; no obstante considera que esta transformación no afecta ni al propósito conjunto de la iniciativa ni a las reformas en curso, por lo que accede a integrarla en el proyecto de decreto.

Artículo 41. Por cuanto a incluir la contratación de artesanos, ganaderos, mujeres afiliadas al régimen de incorporación fiscal a las causales en las que las dependencias y entidades puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, esta representación la considera loable y procedente toda vez que estos grupos sociales representan una alta vulnerabilidad que justifica el incentivar acciones como estas, por lo que integra la reforma al proyecto de decreto.

Artículo 42. En lo que atañe a incrementar el límite de la suma de las operaciones que se realicen para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa de 30 % a 35% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado; esta representación consideró que las reglas de contratación y adquisición mediante licitación pública son un elemento que abona a cumplir la finalidad constitucional de las mejores condiciones para el Estado en pro del correcto y adecuado ejercicio de los recursos públicos, por lo que lo deseable es que disminuyan las transacciones estatales discrecionales y las adjudicaciones directas. En ese tenor considera que no es de aceptarse este incremento del límite y conservarlo como lo expresa la ley vigente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Único:Se reforman los artículos 14, segundo párrafo y 41, fracción XI y se adiciona un sexto párrafo al artículo 19 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad, o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad o con jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, condición que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.

Artículo 19. ...

...

...

...

...

Las dependencias y entidades deben recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para contratar asesorías, estudios e investigaciones.

Artículo 41. ...

I.a X....

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos, artesanos, ganaderos considerados como pequeños productores y grupos en condiciones de vulnerabilidad, afiliados al régimen de incorporación fiscal, garantizando perspectiva de género;

XII.a XX....

...

...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentada el 26 de febrero del 2015.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la Minuta, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

Al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se resume el objetivo de la minuta que nos ocupa.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente predictamen.

ANTECEDENTES

I. Con fecha del 26 de febrero de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictamen.

III. Con fecha 9 de abril de 2015, fue aprobado el dictamen las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa en comento.

IV. Con fecha 28 de abril de 2015, se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera, en el Pleno de la Cámara de Senadores.

V.El 27 de octubre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

VI.El 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

VII.La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en el artículo 95, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga para resolver la minuta con el Of. CTA/110/2016, misma que fue atendida por la Mesa Directiva con Of. DGPL 63-II-2-369.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Para una mejor apreciación sobre la Iniciativa de las Senadoras, mencionada en el apartado de antecedentes, se procedió a la elaboración de un cuadro comparativo que permita relacionarla tanto con el texto vigente como con la propuesta turnada a ésta Comisión, previa aprobación por el Senado de la República y así poder seguir con el proceso legislativo tal como se establece en la Constitución.

Único. Se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

El objeto principal del contenido de la Minuta resulta de analizar las prácticas discriminatorias que aún existen en nuestro país dentro del ámbito laboral, en el caso particular, de la Administración Pública, lo cual se constata por diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dan cuenta de la discriminación que viven aquellas personas en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La esencia argumentativa del dictamen y la propuesta original que se analizan descansa sobre la necesidad de reforzar lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a dos aspectos fundamentales:

“La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,  la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Para garantizar lo anterior, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos no sólo en la Constitución sino en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.-Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reconocen la importancia de contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas, toda vez que está prohibida cualquier forma de discriminación en nuestro máximo ordenamiento jurídico que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se mencionan tanto en la iniciativa de las proponentes como en el dictamen emitido y aprobado por el Senado de la República.

En este sentido, existe todo un marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, importantes de mencionar; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, etc.

No obstante, las prácticas discriminatorias siguen presentándose en nuestro país en diversas formas, resaltando el ámbito público.

Al respecto, respaldamos que, la Minuta que se dictamina tiene el propósito fundamental de hacer congruente y armónica la normatividad con respecto a los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito público en materia laboral a través de la relación entre los propios Servidores Públicos.

CUARTA. En concordancia con la regulación específica que existe en materia de Discriminación y Protección de los Derechos Humanos, mencionada con anterioridad, resulta necesario adecuar y precisar diversos ordenamientos de nuestra legislación, que den certeza a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales del que el Estado Mexicano forma parte, al respecto la propuesta en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se presenta en este dictamen contribuye a contrarrestar los problemas identificados por las diversas Instituciones, mencionadas por las promoventes y respaldadas por el Pleno de la Cámara de Senadores.

QUINTA.De igual manera, está Comisión considerala importancia de armonizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos conforme a los diferentes cambios que ha sufrido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde al concepto “ Derechos Humanos” por lo que coincide con los términos de modificación propuestos y aprobados en el artículo 7:

“Artículo 7. ...

I. y II. ...

III. Las violaciones a los derechos humanos;

IV. a VIII. ...

...

....”

Con respecto al artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión considera que la igualdad, tal como lo establece la Declaración sobre los Derechos Humanos, implica que todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección y el Estado mexicano debe esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades, y aseguren además su reconocimiento y aplicación universal.

En este sentido, con esta propuesta se contribuye a un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y mujeres en concordancia con su definición en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.”

Con respecto a la fracción décima del artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión da cuenta que el otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo que se encuentra regulado a nivel constitucional en la fracción quinta del artículo 123 que a la letra dice:

“Artículo 123...

...

A...

I-IV...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. ...

...”.

SEXTA.Por último, esta Comisión coincide con el dictamen y el argumento de la Cámara de Origen de por qué el Código de Conducta no es posible incluirlo en esta normatividad, al no ser propio de los servidores públicos sino una facultad más amplia de las propias dependencias de la Administración Pública.

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, los integrantes de la Comisión abajo firmantes, reconocen los argumentos vertidos en el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera y acuerda con base en las consideraciones expresadas aprobar en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos enviada por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 7o; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- ...

I.- y II.- ...

III.- Las violaciones a los derechos humanos;

IV.- a VIII.- ...

...

...

Artículo 47.- ...

I.- a IV.- ...

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

VII.- a IX.-...

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones o en su caso no otorgar licencias de maternidad o paternidad de conformidad con las disposiciones aplicables;

XI.- a XXIV.- ...

....

Transitorio

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Véase http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-26-1/assets/documentos/In i_PRI_Ley_Responsabilidades.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, LEY DE PUERTOS, LEY DE AEROPUERTOS Y LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO                                                                                   LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, fue turnada, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, la Minuta procedente del Senado con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Comisión de Seguridad Social realizó reuniones en grupos de trabajo y Junta Directiva con la finalidad de revisar aquellas partes de la Minuta que el Senado añadió antes de regresarla para revisión a la Cámara de Diputados, de la similar que en su oportunidad se envió en el año 2014, y después de analizarlas debidamente, somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen, lo cual hace de conformidad con los siguientes apartados:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 1o. de abril del año 2014 la diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE en la sesión celebrada por la Comisión Ordinaria del H. Congreso de la Unión.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que aunque en México se ha avanzado en la consolidación de diversos mecanismos y políticas encaminadas a garantizar la seguridad social de los mexicanos, existen muchos pendientes. Afirma que el derecho a la vivienda ocupa un lugar importante y que en las últimas décadas, el ejercicio efectivo a este derecho ha estado estrechamente ligado a la situación laboral del beneficiario y se ha implementado a través del crédito hipotecario accesible y manejable de acuerdo a los ingresos del trabajador. Sin embargo, enfatiza la diputada Cerda Franco que en muchas ocasiones, la vivienda adquirida a través del crédito Fovissste se ha deteriorado con el paso del tiempo y requiere mejoras importantes; En otros casos la necesidad consiste en introducir una ampliación a la vivienda o la adquisición de otra por cambio de residencia.

Considera la diputada en su iniciativa que el artículo 189 de la Ley del ISSSTE permite que el fondo de la vivienda lleve a cabo un proceso de bursatilización de cartera con el objetivo de incrementar su capacidad de otorgamiento de crédito, por lo tanto, podrá hacer frente a la demanda de los segundos créditos a los trabajadores que así lo demanden.

2. El 31 de julio del mismo año fue aprobado en sentido positivo el anteproyecto de dictamen por la Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2014, fue aprobado en sentido positivo el proyecto en el Pleno de la Cámara de Diputados por 333 votos en pro, 26 en contra y 12 abstenciones.

4. El 11 de noviembre del año 2014, es enviada por la Cámara de Diputados a la de Senadores.

5. El 30 de noviembre es turnada a la Comisión de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

6. El 30 de abril del año 2015 se aprueba por el Pleno de la Cámara de Senadores con 65 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

7. El 3 de septiembre del presente año, es recibida en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Con fecha 30 de abril de 2015, en el Pleno de la Cámara de Senadores aprueba el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y se adiciona un Segundo Transitorio a la propuesta original.

De esta manera, considera el Senado que se garantiza en orden de prelación, el otorgamiento de crédito de los trabajadores que aún no han sido beneficiados con un primer crédito y al mismo tiempo, se garantiza la capacidad operativa de la Junta Directiva del ISSSTE para emitir las reglas bajo las cuales el Fovissste podrá otorgar un segundo crédito a los Trabajadores que cumplan con los requisitos vigentes para el otorgamiento del primer crédito y demuestren haberlo liquidado totalmente.

Esta adición de un Segundo Transitorio a la reforma del artículo 179 del ISSSTE efectuada por el Senado complementa el proyecto de decreto, por lo que esta Comisión no tiene impedimento alguno para aceptarla, ya que respeta la Minuta original y su intención es de utilidad para el beneficio de los Trabajadores del Estado.

CONCLUSIONES Y PROYECTO DE DECRETO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 80, 81, 82 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados es competente para la elaboración del dictamen correspondiente y acepta las modificaciones hechas por el Senado de la República a la Minuta enviada originalmente por la Cámara de Diputados, y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Artículo Único. Se reformanel párrafo tercero del artículo 167; y tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

...

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

...

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los Trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que al efecto emita, los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales se otorgue el segundo crédito previsto en los artículos 167 y 179 de esta Ley, estableciendo criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte de los Trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes.

Dado en el salón de reuniones de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a los 3 días del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Araceli Damián González (rúbrica en abstención), presidenta; Pablo Bedolla López (rúbrica), Arlet Mólgora Glover, María Guadalupe Oyervides Valdez, Manuel Vallejo Barragán (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), secretarios. Hugo Alejo Domínguez, Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Telésforo García Carreón (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de la Comisión de Seguridad Social vengo a presentar ante este pleno el proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

La minuta tuvo su origen en la Cámara de Diputados en la Legislatura anterior, siendo enviada al Senado de la República, soberanía que la devolvió agregando un artículo segundo transitorio.

La relevancia de la modificación a los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, radica en que se busca que los trabajadores del Estado que obtuvieron un beneficio de un primer crédito para la compra de una vivienda, tengan una nueva posibilidad de solicitar un crédito adicional a lo que ahora no es posible.

Para ello el texto del dictamen establece que la trabajadora o trabajador deberán cumplir con los mismos requisitos que se les solicitaron para otorgar el primer crédito, relativos a contar con más de 18 meses de depósitos constituidos a favor de las subcuentas del fondo de vivienda. Demostrar también que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que el pago se realizó de manera regular.

El artículo segundo transitorio que propone el Senado, busca dar certeza en el orden de prelación para el otorgamiento de los créditos estableciendo que la junta directiva del instituto incluirá en las reglas operativas los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo los cuales se otorgue el segundo crédito, estableciendo el criterio de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores que aun no ejerzan este crédito. Asimismo, aprobará las modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes.

Por lo anterior expuesto la Comisión de Seguridad Social somete a consideración del pleno este dictamen, con el que se busca no sólo promover la adquisición de una vivienda para los trabajadores del Estado mexicano y con ello fomentar el desarrollo nacional, sino garantizar con las consideraciones incluidas en el segundo crédito, a aquellos trabajadores que hasta el momento no han ejercido un crédito hipotecario a través de Fovissste, hoy lo puedan ejercer en este derecho fundamental establecido en nuestra Constitución mexicana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya se han inscrito compañeras y compañeros diputados, y en consecuencia tiene la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos. Con todo mi afecto, coordinador Valles, adelante, tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza es de suma importancia el dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, ya que como grupo parlamentario hemos pugnado por construir un sistema de seguridad social basado en principios de universalidad, integralidad, sostenibilidad, solidaridad, redistribución, portabilidad, pero, sobre todo, administrado con eficacia, honradez y transparencia.

La reforma propuesta, surgida de una iniciativa presentada por Nueva Alianza, modifica los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que el Fovissste pueda otorgar un segundo crédito hipotecario a los trabajadores del Estado que ya han cubierto totalmente el primer crédito.

Al aprobar estas modificaciones se contribuye a homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda.

Por lo que otorgado el derecho a un segundo crédito de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado significa un paso adelante para trascender en las limitaciones del sistema de seguridad social y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas, plantean nuevas necesidades en materias de vivienda.

Como partidarios de esta reforma, no podemos ignorar el justo señalamiento de que en el otorgamiento del segundo crédito a la vivienda se garantice también que los trabajadores que por primera vez solicitan se les respete íntegramente sus derechos y prerrogativas.

Asimismo, estamos a favor de garantizar la capacidad operativa de la Junta Directiva del ISSSTE, pero que sea equitativa cuando emita las reglas bajo las cuales el Fovissste podrá otorgar los segundos créditos a los trabajadores que cumplan los requisitos.

No obstante, la adición de este transitorio en Nueva Alianza consideramos que la reforma es positiva en la medida en que se garantiza el otorgamiento de un segundo crédito de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado, lo que significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social y reconocer que las condiciones demográficas que se plantean en la actualidad en materia de vivienda, son totalmente inéditas.

Miles de familias que ya tienen una casa adquirida a través de un crédito hipotecario, en la actualidad requieren un segundo crédito para ampliar, para remodelar o para adaptar su vivienda a las necesidades derivadas de la expansión de la familia.

Compañeras y compañeros, con esta reforma se garantiza que los trabajadores que hayan liquidado totalmente el pago del primer crédito y tengan más de 18 meses de depósitos a su favor en la subcuenta de la vivienda podrán recibir un segundo crédito por parte del Fovissste.

Por sus alcances en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores, y los beneficios que representa para sus familias, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vota a favor de este dictamen, que reforma los artículos 167 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con ello estamos cumpliendo con los postulados políticos de nuestro Partido Nueva Alianza, que busca mejorar las condiciones de desarrollo de las familias en el marco de un mejor desarrollo material sustentado en un medio ambiente sustentable y de calidad en los servicios comunitarios.

En Nueva Alianza seguiremos trabajando para presentar propuestas que promuevan la construcción de un sistema de seguridad social con enfoque universal, el cual permita cimentar un piso de protección social básico para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Y tiene ahora la palabra la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Marbella Toledo Ibarra:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El derecho a la vivienda ha sido históricamente reconocido en nuestro país y cuenta con profundas raíces y fundamentos que llevaron a plasmarlo en el propio cuerpo de la Constitución, primero, en su artículo 123, fracción XII, y posteriormente ya en una etapa de urbanización y desarrollo industrial más avanzada se crearon los principales organismos nacionales de vivienda.

En 1963 el gobierno federal constituyó en el Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi, como una institución promotora de la construcción y de la mejora de la vivienda de interés social que otorgaba créditos a través de la banca privada.

En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, surgió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En mayor de ese mismo año se creó por decreto el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Fovissste, para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores del Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, fue hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual, consagrándolo en el artículo 4o de la Constitución, en donde permanece desde ese entonces y ha adquirido la calidad de derecho humano.

El derecho a la vivienda digna es de tal importancia que nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 hace mención expresa al derecho a la vivienda.

No obstante, pese a los avances obtenidos no podemos mantenernos estáticos, pues este derecho no es una realidad para la mayoría de la población en nuestro país. Conforme cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe, el impulso al sector vivienda casi 36 millones de personas carecen de una vivienda digna en México. En su informe, la dependencia indicó que la tercera parte de la población del país carece de acceso a vivienda digna y más de dos millones de personas viven en hacinamiento.

Ante estas preocupantes cifras se debe garantizar que el derecho a la vivienda se mejore, de tal manera que si la cobertura aún no se aplica de manera universal a toda la población, por lo menos se garantice que atienda la totalidad de los derechohabientes que lo requieren.

El otorgamiento de un segundo crédito garantiza que quienes ya han sido beneficiados con un crédito inicial y obtuvieron una vivienda puedan mantenerla en óptimas condiciones, sobre todo si se considera que hay personas que recibieron este beneficio hace 30 o 40 años.

En este sentido, no debemos olvidar que el eje de las políticas públicas en materia de vivienda debe tener un carácter predominantemente social, buscando ampliar el acceso especialmente a las familias de menores recursos, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida.

La propuesta del dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se modifican los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, a fin de otorgar un segundo crédito a los derechohabientes cuando se cubra el primer empréstito y se tenga más de 18 meses de cotización al Fondo de la Vivienda, y que en todo momento respete el derecho de prelación de quienes no han disfrutado este beneficio sobre quienes ya lo han aprovechado, garantiza la operatividad financiera del Fovissste así como el efectivo cumplimiento del mandato constitucional para los trabajadores al servicio del Estado.

En Movimiento Ciudadano creemos y apoyamos el derecho a las y los trabajadores de obtener una vivienda digna y que una vez obtenido cuenten con los medios necesarios para mantener su patrimonio con dignidad y en plena seguridad. Es por ello que las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano apoyamos el sentido del dictamen mediante el cual se reforma la Ley del ISSSTE en sus artículos 167 y 179, porque de esta manera se amplía el ejercicio de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, pues consideramos que es un paso importante hacia una verdadera implementación del derecho humano a la vivienda digna.

Para terminar, compañeros, debo reconocer mi alegría y emoción por este logro para los trabajadores al servicio del Estado. Gracias por su atención. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Mariana Trejo Flores:Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras legisladoras y legisladores. Antes de abordar el tema que me ha traído a estar al frente de esta tribuna, aprovecho para enviar un reconocimiento a todos los niños que están luchando en contra del cáncer, el cual el día de ayer fue conmemorado.

Los sistemas de seguridad social en la actualidad han sido muy golpeados. Es necesario hacer una crítica a las reformas planteadas y aprobadas, que han sido la desprotección a los trabajadores mexicanos.

Como legisladores federales hemos sido rebasados por intereses malversados y tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros, que es velar por las garantías de las y los ciudadanos.

México requiere leyes que nos ayuden a sortear los difíciles momentos por los que atravesamos como nación, como sociedad. No permitamos que se gobierne con ocurrencias ni con un desdén de la realidad mexicana.

En este día se somete al pleno el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, donde se establece que los y las trabajadores podrán recibir créditos del Fondo de Vivienda hasta por dos ocasiones, una vez que se haya solventado el primer crédito y esté liquidado el mismo.

Esta reforma es una respuesta propuesta, una respuesta a una demanda sentida de la clase trabajadora, la demanda de tener una vivienda digna, un techo, un hogar de residencia propio.

Las estadísticas indican que la mayoría de los mexicanos, principalmente los jóvenes, se encuentran en pobreza patrimonial; es decir, no cuentan con una casa o una vivienda digna o propia, la cual es el resultado de una política de vivienda insuficiente ante el crecimiento de una demanda exponencial. Es decir, nuestras políticas públicas no han podido ajustar la demanda de la sociedad, el proyecto de decreto no expone las finanzas del instituto ni pone en riesgo la capital social del ISSSTE.

Cabe mencionar, que es necesario que las medidas como estas, con bajos intereses y sin intervención de la banca privada, se lleven a cabo para dar una respuesta a las necesidades de los trabajadores.

Actualmente existen 2 millones de trabajadores en activo que aún no ejercen su crédito de vivienda, de un universo total de 2.5 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE. Al término del 2015, únicamente 397 mil 346 trabajadores cuentan con un crédito a la vivienda.

Señores legisladores, les invito a que se sensibilicen en este proyecto de reforma, en el sentido que su voto sea pensado en millones de mexicanos trabajadores del Estado y que no tienen una vivienda propia, ellos necesitan de nuestro proyecto y de nuestro apoyo para resolver este problema.

Sabemos en Morena que esta reforma no resuelve la problemática de los mexicanos que no cuenten con un trabajo formal, pero es un paso para que en lo posterior ayudemos a todos los ciudadanos de manera legal, fortaleciendo la política nacional de una vivienda pública para los mexicanos.

Al analizar esta reforma muchas dudas saltaron sobre la mesa, sin embargo la civilidad pública y política y transformación gradual de este país está en nuestras manos. Aunado a los gobiernos estatales, hoy no ha tenido el interés de generar criterios de construcción y crecimiento urbano, siendo que el apoyo crediticio y subsidios otorgados por el Estado son insuficientes y no satisfacen las necesidades de los trabajadores de menores ingresos.

Velemos responsablemente por los trabajadores, velemos y concertemos a los ciudadanos, impulsemos leyes y reformas que beneficien a los ciudadanos, a favor de los trabajadores de nuestro México, trabajadores al servicio del Estado. Hagamos nuestro compromiso por velar también por aquellos que no cuenten con un empleo formal, para que tengan una vivienda digna. En Morena asumimos la responsabilidad de trabajar por y los intereses del pueblo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Trejo. Tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Compañeras y compañeros diputados, hablar de la reforma de este proyecto de decreto por el que se dan modificaciones a los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consideramos que es un acto de justicia social elemental. Darles acceso a un segundo crédito. Permitir a los trabajadores que ya cumplieron con el primero, de manera requisitada, totalitaria, es por supuesto pensar en que hay más de 36 millones de personas en este país, de más de 112 millones de habitantes.

Treinta y seis millones que por un lado quieren dignificar su vivienda y por otro lado desean adquirir una porque no tienen. Es ahí el primer paso que damos para darle la posibilidad a esas familias de contar con una vivienda digna y con una vivienda a la altura de las circunstancias.

Hoy la clase trabajadora lo sabemos, está atravesando una gran crisis, una pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores, los pensionados, jubilados, los activos más aun. Pero también hoy, con esta decisión de modificar y de permitir esta reforma, amigos diputados, es el momento de impulsar a la industria inmobiliaria, y por supuesto, a la de construcción.

Es ahí, a la industria de la construcción que podemos estimularla para que se generen empleos. Más allá de dignificar la vivienda logramos un segundo efecto positivo en la economía.

De ahí que Encuentro Social, un partido comprometido con las finanzas públicas sanas, porque este decreto no pone en riesgo las finanzas de los institutos involucrados en ella, en esta iniciativa.

Esta decisión de nosotros el día de hoy, pone de manifiesto alentar y fortalecer a las inmobiliarias y a la industria de la construcción que hoy está atravesando, ustedes saben que es un segmento de la economía que genera muchos empleos. Estamos fortaleciéndola también con esta decisión.

Por todo lo anterior, el Partido Encuentro Social, hoy venimos a refrendar un compromiso elemental de justicia con los trabajadores. Hoy venimos a decirles a ustedes, a los amigos aquí presentes, diputadas y diputados, y a los televidentes del Canal del Congreso, que deseamos dignificar la función del diputado haciendo cosas que fortalezcan al sector social. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

El diputado Cándido Ochoa Rojas:Muy buenas tardes. Con el permiso de los presentes. Desde siempre la vivienda ha tenido para el ser humano una gran importancia que representa su principal patrimonio material y fuente de seguridad personal. En virtud de que la finalidad básica de la vivienda es posibilitar el desarrollo del núcleo familiar, esta resulta imprescindible para el ejercicio de otros derechos.

La vivienda representa uno de los principales activos que conforman el patrimonio de la familia y en muchas ocasiones se considera incluso como una forma de ahorro o inversión para preservar sus recursos.

En el ámbito familiar una vivienda con frecuencia sirve como base para que los ocupantes inicien una actividad empresarial. Una casa, en particular en los países en vías de desarrollo, se convierte así en un recurso comercial. Por ello el acceso a la vivienda por parte del mayor número posible de personas ha sido una preocupación constante de muchos gobiernos en el mundo, sobre todo a partir del siglo XX.

La necesidad de vivienda es hoy uno de los principales problemas en la agenda pública, tanto de nuestro país como de otras naciones. En México existe un déficit habitacional de 14 millones 600 mil hogares, lo cual exige a las instituciones públicas y organismos de vivienda trabajar de manera coordinada para revertir esta situación mediante el financiamiento a las soluciones habitacionales, el diseño de nuevos esquemas de renta, el otorgamiento de créditos para la mejora y la atención de nuevos segmentos de la población.

Por otra parte, desde el punto de vista macroeconómico la vivienda es un motor para el desarrollo basado en dinamismo que imprime a una economía, el sector de la construcción y las industrias asociadas siendo una fuente importante para la generación de empleos, tanto directos como indirectos.

El presente decreto propone que se establezca la posibilidad de que un trabajador afiliado al ISSSTE pueda tener acceso a un segundo crédito de Fovissste durante su vida laboral, una vez que concluya y haya pagado este primer crédito.

Los argumentos vertidos en aquellas ocasiones en que se hizo un primer planteamiento en el 2014, fueron la necesidad de otorgarle a los trabajadores la oportunidad de tener un segundo crédito derivaba fundamentalmente del hecho de que en muchos casos la vivienda adquirida o construida gracias al primer crédito se encontraba en deterioro por el paso del tiempo, o bien las circunstancias familiares hacían que la vivienda ya no satisficiera las necesidades de la familia, es decir, se requería un nuevo préstamo para actualizar o remodelar la vivienda.

No obstante la importancia de lo anterior para mejorar las condiciones de la vida de miles de familias, la colegisladora, el Senado, tomando en cuenta que a pesar de los esfuerzos del gobierno de la República para abatir el rezago en materia de vivienda, aún existe un porcentaje de trabajadores que no han tenido acceso ni siquiera al primer crédito para hacer realidad el sueño de tener una casa propia.

Es por esta circunstancia que decidió agregar al decreto aprobado en esta Cámara, durante la Legislatura pasada, un artículo transitorio con el cual estamos completamente de acuerdo y este artículo transitorio consiste en que se dé prioridad, se dé preferencia a aquellos trabajadores que nunca hayan obtenido un crédito y después posteriormente a quienes ya habiéndolo obtenido lo hayan finiquitado. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra, la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada María Elida Castelán Mondragón:Con su permiso, diputado presidente. Acudo a esta tribuna, a dar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estableciendo el derecho de los trabajadores a recibir un segundo crédito hipotecario una vez liquidado el primero, aplicando criterios de equidad y prelación que garanticen el derecho de los trabajadores que aun no lo ejercen.

De lo que se trata es que logremos garantizar que quienes aun no hayan sido beneficiados con este tipo de crédito hipotecario para la vivienda lo sean, y que prevalezca este criterio antes de beneficiar con un segundo crédito a otros trabajadores y/o trabajadoras.

El derecho a la vivienda es una de las garantías contenidas en nuestra Constitución. Esta ha sido instrumentada a través de esquemas de financiamiento gubernamental accesibles permitiendo que un importante número de mexicanos cuenten con un espacio adecuado y digno para la convivencia familiar. Es el caso de los trabajadores al servicio del Estado.

Con el paso del tiempo, los trabajadores beneficiarios del financiamiento de vivienda con el uso normal de estos espacios y el crecimiento del número de integrantes de sus familias, cambiaron las necesidades de espacio afectando la calidad y dinámica de vida de estas familias.

Esta circunstancia nos obliga a abrir espacios de oportunidad para que los trabajadores que hayan sido beneficiados con un primer financiamiento y lo hayan saldado, puedan acceder a un segundo crédito con la finalidad de otorgar mejores condiciones de vida para sus familias. Esta es la finalidad de la presente propuesta de dictamen que votaremos en breve.

Bajo estas condiciones, el Grupo Parlamentario del PRD se pronunciará a favor de la propuesta. Con su aprobación un número importante de familias de estos trabajadores se verán beneficiadas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castelán. Tiene ahora la palabra el diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

El diputado Enrique Cambranis Torres: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., “que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, sin embargo este derecho se ve frenado principalmente por razones de índole financiero.

La crisis económica en la que hoy nos encontramos impide que los mexicanos tengan solvencia para efectuar un gasto como el que implica adquirir una vivienda. Por ello la importancia del dictamen que hoy nos ocupa, pues parte de una demanda social sensible y que es urgente de atender.

El dictamen que discutimos permitirá que los trabajadores del Estado tengan acceso a un segundo crédito de vivienda, con el requisito, como aquí se ha dicho, de haber liquidado en su totalidad el primer crédito.

Trabajadores que adquirieron una vivienda en décadas anteriores, ahora necesitan de financiamiento para hacer frente al deterioro de sus hogares, o bien, para acondicionar su espacio de acuerdo a las nuevas necesidades familiares.

En Acción Nacional reconocemos que muchos trabajadores que ya ejercieron su primer crédito de vivienda, requieren de un segundo para mejorar, ampliar o incluso adquirir otra vivienda.

Coincidimos con el texto del dictamen porque reformando los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, se podrán mejorar las condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios que actualmente tiene el Fovissste, y beneficiar directamente a millones de trabajadores al servicio del Estado con un segundo crédito de vivienda, como actualmente ya se hace en Infonavit, para los trabajadores del sector privado.

Nos parece justo que los trabajadores tengan acceso a un segundo crédito que les permita mejorar su patrimonio familiar. Con ello se otorgaría un reconocimiento al esfuerzo realizado al cumplir con la obligación de finiquitar el primer crédito.

Esta propuesta conforme a las modificaciones que realizó el Senado, de ninguna manera afectará a los trabajadores que aún no ejercen su primer crédito, porque les dará preferencia a quienes no han sido beneficiados respecto de quienes soliciten su segundo crédito.

La situación económica nacional es desastrosa y el deterioro del ingreso del trabajador mexicano se acentúa año con año, por lo que el derecho a recibir un crédito para la vivienda es la única opción que millones de familias tienen para acceder a un hogar digno.

Los diputados del PAN votaremos a favor de este dictamen, porque otorgar un segundo crédito de vivienda no es un lujo, es una necesidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cambranis. Tiene ahora la palabra el diputado Pablo Bedolla López, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Pablo Bedolla López:Con su permiso, señor presidente. El disfrutar de una vivienda digna y decorosa, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución federal, el cual ha sido garantizado por el Estado mexicano a lo largo de los años.

En este sentido, se han creado programas a través de los cuales todos los mexicanos tenemos la posibilidad de acceder a la adquisición de un hogar y por ello se han creado instituciones como Fovissste e Infonavit.

Así, estos dos organismos han sido la principal fuente de créditos hipotecarios para las y los trabajadores, quienes a través de ellos han podido comprar o construir su vivienda. El reto ahora, es que miles de familias que han hecho uso de su crédito hipotecario, tiene la necesidad de nuevos recursos para que les permita ampliar sus casas, remodelarlas, adaptarlas a las necesidades derivadas de la expansión de la familia o, en su caso, venderlas y adquirir otra.

De acuerdo con cifras del ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, ha otorgado históricamente alrededor de un millón 300 mil créditos en todo el país, y con ello ha logrado consolidar su estructura financiera.

Debido a las transformaciones que ha tenido el Fovissste, hoy día se encuentra en posibilidades operativas y financieras para otorgar un segundo crédito a los trabajadores que cumplan con mínimo requisito que establece la ley del ISSSTE en vigor, es decir, contar con más de 18 meses de depósito constituido a su favor en la subcuenta de vivienda.

Además, tal y como se propone en el dictamen, deberá demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado, garantizando el ejercicio de este derecho bajo criterios de equidad y de la prelación por parte de los trabajadores que aún no lo ejerzan.

Con la aprobación de este dictamen se contribuirá también a ordenar y homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda, por lo que, otorgar el derecho a un segundo crédito para los trabajadores al servicio del Estado, significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social, y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas plantean nuevas necesidades en materia de vivienda.

En definitiva, estaremos dando un paso adelante en el reconocimiento de los derechos más elementales en un sentido amplio de protección. Una de las tareas imprescindibles del gobierno para los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para poder hacer frente al déficit habitacional existente.

En la actualidad estos organismos buscan la manera de otorgar más y mejores beneficios a los mexicanos. Con mucho agrado, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos el presente dictamen, que cumple con uno de los objetivos sociales del Estado, que es el de garantizar el derecho a la vivienda digna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bedolla.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de ciudadanas y de ciudadanos procedentes del municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo, invitados por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no tenemos morosos. Adelante.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 425 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL DÍA 9 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto, por el que el Honorable Congreso de la Unión, en el primero, declara el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, y el segundo por el que declara el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de mayo como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada 18 de marzo de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Máyela María de Lourdes Quiroga Tamez, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de mayo como “Día Nacional por la Salud Materna y Perinatal”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de ésta H. Soberanía, para su análisis y dictamen.

El 8 de diciembre del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado con un total de 79 votos a favor cero en contra; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 10 de diciembre de 2015 para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 11 de diciembre de 2015.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 9 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Motivación:

Las iniciantes sustentan que la finalidad de declarar el “día nacional de la salud materna y perinatal” es continuar con las acciones que garanticen los derechos tutelados por la Constitución mexicana y trabajar para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la mujer.

Señalan que “En 1948 la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como:

“El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad  o dolencia”: y de la misma manera establece que la salud de la mujer es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales.

En el específico tema de maternidad, según cifras de la misma organización, cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto, pero aunado a estas cifras, por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, aproximadamente 10 millones cada año”.

Asimismo señalan que “la OMS define a la salud materna como:

“La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen. ,,

De forma puntual la OMS demuestra con datos lo siguiente:

1. Cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto.

2. Cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias graves, infecciones, abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación (pre eclampsia y eclampsia) y parto obstruido.

1http://www.who.intJsuggestions/faq/es/index.html

2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/ 05/DiaMundial-de-lucha-contra-la-Mortalida

3 De 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; por ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión.

4. Cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de ingresos bajos y medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre estas jóvenes.

5. De todas las muertes maternas, menos del 1% corresponde a los países de ingresos elevados. La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 000 nacimientos, frente al 16 por 100 000 en los países desarrollados. La mortalidad materna también es más elevada en las zonas rurales y en las comunidades más pobres y con menor nivel educativo

6. La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada al parto y acceso a la atención obstétrica de urgencia.

7. Si bien un gran porcentaje de mujeres consulta a personal sanitario cualificado al menos una vez durante el embarazo, sólo aproximadamente la mitad recibe el mínimo recomendado de 4 visitas durante el embarazo.

8. Cada año todavía se practican unos 22 millones de abortos en condición peligrosas. Se estima que la práctica de abortos peligrosos por  muerte de 47 000 mujeres y discapacidades en otros 5 millones de mujeres.

9. Desde 1990, la razón mundial de mortalidad materna solo ha disminuido en   un 2,6% en vez del 5,5% necesario para cumplir el los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la mejora de la salud materna.

10. La falta de atención especializada es el principal obstáculo hacia una mejora de la salud materna.

Los proponentes señalan que “en México la cultura en el cuidado perinatal referente al embarazo, el parto y el puerperio no ha tenido la suficiente relevancia como para afirmar que los casos de mortalidad materna son cuestiones del pasado histórico, desafortunadamente la atención médica en este rubro carece de integralidad y constancia, pues las madres tienen la idea de asistir a un médico solo cuando se presentar malestares o complicaciones que resultan obvias a la salud, pero las visitas, estudios y otras acciones de carácter preventivo y rutinario suelen ser irrelevantes en  un gran porcentaje de ‘las mujeres embarazadas de nuestro país, situación que empeora en regiones o comunidades rurales y/o marginadas”.

Así como que “a pesar de que organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha desarrollado estrategias como el acceso a anticoncepción y planificación familiar, la atención calificada de todos los partos y el acceso a cuidados obstétricos de emergencia, nuestro país sigue teniendo un gran rezago en el tema, sobretodo, en comunidades marginadas o con población vulnerable”.

La salud materno-infantil fue el tema central del Día Mundial de la Salud en el año 2005 y a casi 10 años de tal evento aún falta que se cuente con las condiciones óptimas para que las mujeres mexicanas tengan certidumbre sobre su seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El estudio Numeralia 2012 sobre Mortalidad Materna del Observatorio de Mortalidad Materna en México arroja los siguientes datos en porcentajes a nivel nacional:

1. 12.8% era menor de 19 años.

2. 77.7% vivía en unión libre o era casada.

3. 11.9% era hablante de lengua indígena.

4. 75.9% se dedicaba al hogar.

5. 9% no tenía escolaridad.

6. 29.5% contaba con primaria incompleta o completa.

7. 14.7% no tenía seguridad social ni protección a la salud.

8. 55.0% contaba con Seguro Popular.

9. 54.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

10. 18.8% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social.

11. 11.0% en su casa.

12. 9.4% en una unidad médica privada.

13. 2.1 % en la vía pública.

14. 87.4% contó con asistencia médica.

15. 96.7% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico.

16. 26.8% murió por causas obstétricas indirectas.

17. 24.9% por enfermedades hipertensivas del embarazo.

18. 19.1 % por hemorragia del embarazo, parto y puerperio.

19. 8.2% por aborto.

20. 11.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo.

21. 42.6% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo.

22.19.5% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales.

23. 72.4% recibió atención de un médico durante el parto.

25. 47.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de  salud.

26. 6.9% en su casa.”

En este orden de ideas señalan “reconocemos que han existido acciones y programas relevantes que han pretendido cuidar y fomentar la salud materna, tales como:

“Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción”, mismos que han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, sin embargo es importante que reflexionemos que se puede hacer mucho más por la salud materna en México.

Los iniciantes dicen “que por lo que a pesar de que los trabajos en este tema deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no solo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas,  estrategias y compromisos en esta materia. Así han puesto el ejemplo fechas tan relevantes como el día nacional de la lucha contra el cáncer, el día mundial de la lucha contra el sida, entre otros de gran importancia.

Lo anterior también en base a lo establecido por el Capítulo V de la Ley General de Salud, denominado “Atención Materno - Infantil” expresamente señala las acciones que se deben llevar a cabo para mantener la salud materna y perinatal en todo el esquema de salubridad en nuestro país.

En atención a lo anterior es que la finalidad de la presente Iniciativa es:

Considerar un día en el calendario nacional como el “Día de la Salud Materna y Perinatal” con el objeto de conmemorar y resaltar la importancia que reviste este rubro de la salud y, de esa manera, propiciar que la agenda de la Administración Pública, así como de las organizaciones de la sociedad civil conjunten esfuerzos para el fomento y cuidado de la Salud Materna y Perinatal en México.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, puesto que tal derecho es esencial para el desarrollo pleno de su personalidad.

Consideramos que es necesario fomentar la protección a su salud en un entorno de bienestar, para estar en posibilidades de participar en igualdad de condiciones dentro de todas las esferas de la vida pública y privada.

Coincidimos con las iniciantes en la necesidad de mantener a las políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda nacional, en beneficio de las mujeres mexicanas.

De igual manera y ahondando en el tema, hacemos nuestras las consideraciones de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en lo referente a que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social; y que esta se determina tanto por factores biológicos como por el contexto social, político y económico en que se vive.

Por ello coincidimos en que mediante el establecimiento de este tipo de efemérides, se contribuye a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones de igualdad de oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho, comenzando por temas tan elementales como la salud humana.

Así, al declarar el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, se reafirma el derecho de todas las mujeres a recibir la atención médica y los servicios conexos a que tienen derecho, contribuyendo en la promoción e integración de este sector de la población desde una visión de Estado con perspectiva de género.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 9 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.who.intlfeatures/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/es/ index9.html última fecha de consulta: 20 de enero de 2016.

1http://www.who.intJsuggestions/faq/es/index.html

2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra- la-Mortalida

Palacio Legislativo, 28 de enero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica en contra), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene la palabra el diputado Erick Lagos Hernández, para fundamentar ambos dictámenes en una misma intervención, de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

Adelanto que se van a fundamentar y se van a fijar posicionamientos en una misma intervención para los dos dictámenes, aunque la votación en términos de nuestro Reglamento tiene que darse por separado en cada uno de los dictámenes.

El diputado Erick Alejandro Lagos Hernández: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado lunes 1 de febrero se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, durante la cual se acordó instituir dos efemérides. En primer lugar se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de mayo como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, reafirmando con ello el compromiso del Congreso de la Unión para que las mujeres mexicanas accedan a los cuidados adecuados durante el embarazo y para que sus partos sean supervisados por personal médico.

Además, consideramos que eventos como la recién propagación del virus Zika y su transmisión de madre a hijo, han subrayado la relevancia de fomentar el cuidado materno y perinatal. Asimismo coincidimos con la necesidad de reforzar los mecanismos para sensibilizar a la población de la importancia de asegurar todos estos cuidados.

A pesar de que los trabajos en este tema deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no solo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la salud materna y perinatal.

Una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social, para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia.

Por otra parte, compañeras y compañeros, se aprobó la iniciativa al decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año Día Nacional del Urbanista, reconociendo la importancia de estos especialistas con la sociedad y la contribución que realizan al desarrollo planificado de cada una de las ciudades con la protección al patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de todo México.

El vocablo urbano deriva de las raíces latinas urbis, que significa la ciudad. Históricamente el vocablo toma su origen con relación a la ciudad ur de la civilización sumeria, de la Baja Mesopotamia.

Mediante esta conmemoración se exalta el conocimiento y las habilidades de los urbanistas, necesario para hacer realidad el derecho a la ciudad, reconocido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que promovió la Organización de las Naciones Unidas.

El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Es por eso que reconocemos, las y los integrantes de la comisión, que la función social de estos especialistas resulta fundamental para dar cabal cumplimiento a este derecho.

Así, al declarar el 8 de noviembre como Día Nacional del Urbanista Mexicano se reafirma nuestra convicción de participar en la búsqueda de soluciones inteligentes, que en el ámbito del desarrollo urbano hacen más incluyente a nuestras ciudades, más habitables, y sirve para equilibrar el crecimiento de su productividad con el disfrute común de los espacios públicos, y por supuesto, al asumir la sustentabilidad como una condición necesaria y una responsabilidad que nos incluye a todos los ciudadanos.

Por ello, es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades, como recordatorio de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo.

Por las anteriores consideraciones, compañeras y compañeros, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a su consideración los asuntos antes señalados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lagos. Y tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez. Bueno, están a discusión en lo general y en lo particular, se entiende, y en consecuencia tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para referirse a ambos dictámenes en una sola intervención.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias. Honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores, en cuanto al tema del dictamen que declara el día 9 de mayo como el Día Nacional de Salud Materna, quiero comunicarles que en el Partido Encuentro Social reconocemos que la maternidad es un gran bien para la mujer, para la familia y para la sociedad, que recibe ahí en su seno a un nuevo ser que deberá ser acogido.

La maternidad es un privilegio exclusivo de la mujer, pero que se comparte y se simboliza con la sociedad entera en la unión de un hombre y una mujer. La maternidad debe ser afirmada, protegida y cuidada.

En ocasiones la maternidad conlleva en lo físico y en lo psicológico complicaciones en los que el Estado debe responder con respeto a todo ser humano, con responsabilidad, con profesionalismo y con prontitud.

En la iniciativa de la que estamos hablando se insiste en definiciones presentadas por la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla que la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer, desde el embarazo al parto y al posparto.

Este organismo enlista cinco complicaciones que están directamente relacionadas con el 70 por ciento de las muertes maternas. Las complicaciones son: hemorragias, preclamsia y eclampsia, infecciones, parto obstruido y abortos peligrosos.

En este punto me detengo para hacer notar la obviedad de unir sustantivo y adjetivo cuando es claro que no se necesite comprobar lo evidente.

Solo una postura ideologizada, esto es, cuando se habla de abortos peligrosos, podría perder tiempo en confundir con esas expresiones. ¿Alguna persona intelectualmente honesta podría plantear abortos seguros? Eso es verdaderamente imposible.

Es importante que cuando nosotros hablemos de aprobar este dictamen que celebra el 9 de mayo como el Día de salud materna, nos aseguremos que no se incluyan temas que en la legislación federal mexicana son un delito.

Me congratulo con todos los que apoyan y que apoyaron esta iniciativa, preocupados verdaderamente por la salud de la mujer mexicana. Porque estemos bien, porque los embarazos y partos sean alegría y no sufrimiento físico o psicológico.

Pero a ellos me dirijo. Debemos asegurarnos que ese sea el espíritu de lo que hoy se aprueba. Que de manera honesta nos centremos en la preocupación por la salud de nuestras mujeres mexicanas, de cada una de nosotros que lo que necesitamos es apoyo, cuidado y promoción de nuestra salud y de la salud de nuestros hijos, y no el acceso a un servicio que no es saludable sino que por el contrario, deja serias repercusiones físicas y psicológicas, y por si fuera poco, además es ilegal.

Celebremos el 9 de mayo asegurándonos que cada mujer embarazada reciba la atención prenatal y posnatal que necesita. Un espacio adecuado para tener a su hijo con personal humanizado que cuente con los medicamentos y equipos necesarios en un espacio digno y suficiente.

Que a partir del día de hoy, dando el primer paso con la aprobación de este dictamen que la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, sin duda alguna, votará a favor, celebremos que cada mujer en México reciba el apoyo y la asistencia necesarios para preocuparse únicamente en acoger a la vida que nace.

En cuanto al tema del día del urbanista mexicano, el dictamen viene a reconocer a todas aquellas personas que día a día se esfuerzan porque nuestras ciudades tengan una mayor funcionalidad.

Los urbanistas de nuestro país son pieza clave en el mejor desarrollo de nuestras ciudades, quienes planifican y diseñan una movilidad urbana que sea sostenible. Son visionarios porque van más allá de lograr un reconocimiento respetuoso con su entorno. Tienen el reto de que los grandes núcleos urbanos se consoliden como espacios de integración social que contribuyan a la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Urbanizar es hacer ciudad y la ciudad es el escenario de vida personal y social donde confluyen las personas de manera importante. Por ello, votaremos también a favor de esta propuesta por la importancia que reviste con su labor y profesionalismo que trasciende en la vida personal de cada uno de nosotros y en la convivencia social. Es cuanto, diputado, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta oportunidad abordaré los dos dictámenes que presenta la Comisión de Gobernación para establecer dos fechas como días nacionales: del Urbanista Mexicano y la Salud Materna Perinatal.

En cuanto al Día del Urbanista Mexicano, en Nueva Alianza apoyamos que se declare el 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano. Las ciudades son sistemas muy complejos en las cuales un gran número de personas interactúan y se relacionan en un territorio. La manera en como se construyan, organicen y estructuran esos centros de población determinará en gran medida la calidad de vida de sus habitantes.

El crecimiento demográfico ha ocasionado procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del ambiente con severas repercusiones económicas, políticas y sociales.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que una planeación urbana efectiva contribuye a aminorar el impacto ambiental que produce el desarrollo de las grandes ciudades y los profesionales de la organización juegan un rol preponderante en el estudio, planificación y ordenamiento de esas ciudades.

Por ello, es reconocer su trabajo, talento y aporte a nuestra sociedad, es una justa retribución por su labor, ya que ellos hacen posible no solo la estética de los centros de población, sino también su funcionamiento en términos de orden, infraestructura, comunicación y servicios básicos.

Instaurar el Día del Urbanista representa, además, una excelente oportunidad para atender la planificación urbana desde una perspectiva global. Desafortunadamente en México la formación de asentamientos irregulares frecuentemente pone en peligro a la población, ya que se localizan en zonas de alto riesgo, susceptibles a la degradación ambiental, a la pobreza, a la marginación y, en consecuencia, a la inseguridad pública y jurídica.

En ese sentido, es preocupante el surgimiento y crecimiento desordenado de las ciudades. En Nueva Alianza entendemos que se deben propiciar esquemas de urbanización que admiten un crecimiento poblacional sostenible, que sea armónico y respetuoso de la comunidad como son los servicios básicos, equipamiento urbano y atención social.

Por otra parte, en Nueva Alianza nos manifestamos a favor del dictamen que presente la Comisión de Gobernación, por el que se declara el 9 de mayo de cada año, como el Día Nacional por la Salud Materna y Perinatal. Es inadmisible que en 2016, se sigan presentando casos de muerte por complicación en el embarazo, ¿Dónde está la garantía de la salud para la mujer?

El tema que nos ocupa esta tarde es de mayor trascendencia para todos, compañeros, diputadas y diputados, garantizar el derecho a una salud en un momento vulnerable de la mujer, como es el embarazo, es un tema que nos debe de ocupar a todos y que atañe a todo el territorio de nuestro país, es preciso reconocer que nos referimos precisamente a la salud materna.

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer a partir del embarazo, incluyendo al parto y postparto. Lamentablemente para muchas mujeres en nuestro país y el mundo, la maternidad no es un estado de gozo, esperanza y dicha, se convierte en un sinónimo de sufrimiento, de enfermedad e incluso la muerte.

Existen diversas circunstancias que contribuyen a esta lamentable realidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son cinco las complicaciones a las que se atribuye el 75 por ciento de las muertes maternas, éstas son hemorragias graves en su mayoría tras el parto, infecciones generalmente en el parto, la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia y las complicaciones en el parto y abortos peligrosos que ponen evidentemente en peligro la vida de las madres.

La mayoría de las muertes maternas son evitables, existen soluciones para prevenir o tratar las complicaciones que se presentan en el parto, pero para eso es necesario garantizar un efectivo acceso a la salud materna y perinatal.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 2.7 millones de recién nacidos y 2.6 millones nacen muertos. En México como en el mundo, la mortalidad materna afecta a los sectores de población más vulnerables y desprotegidos. Más allá de las cifras expuestas, de lo que hablamos es de la vida, de la vida de las mujeres que se pone en riesgo por falta de atención oportuna y de calidad, situación lamentable que hace necesario visibilizar la calidad del servicio que se les da a todas las mujeres en el sector de la salud.

En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que declarar el Día de la Salud Materna y Perinatal es fomentar, es hacer conciencia y es contribuir a reducir las muertes en las mujeres mexicanas por complicaciones de embarazo.

Compañeras y compañeros, hagámoslo. Es la oportunidad de ser congruentes y darle buenos resultados a la sociedad que ha confiado en nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Ahora tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Les confieso, compañeros y compañeras, les confieso que no soy muy partidario de las efemérides, de andar estableciendo días federatorios. Se pierde el tiempo y estas efemérides y días abonan a esta cultura de simulación que es tan frecuente en nuestro país.

Sin embargo en esta ocasión acepté con agrado y entusiasmo la encomienda de mi bancada para hablar a favor del establecimiento del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal por dos motivos.

En primer lugar porque este tema tiene que ver con el amor. No se alarmen, no voy a hablar de esa celebración curiosa, sincrética y cursi del 14 de febrero. Voy a hablar del amor tal como lo expresó Sigmund Freud en su obra que decía –no sin veracidad– que los seres humanos a lo largo de nuestra vida nos debatimos entre dos impulsos fundamentales: Eros y Tanatos.

Eros, el amor erótico que nos impulsa a vivir, a convivir, a compartir, a cuidarnos, a cuidar, a promover la vida y por el otro, Tanatos, la cultura de la muerte que finalmente acaba venciendo en esta existencia, nos lleva a fundirnos con el infinito en una suma de energías, pero que a lo largo de esta vida se alimenta inevitablemente pero ominosamente también, cuando somos crueles, envidiosos, nos enojamos y demás.

El amor tiene como máxima expresión la procreación, la vida en pareja, la perpetuación de la vida de ese mundo, y es por eso que cuidar a la madre y a los niños por nacer o recién nacidos es importantísimo como forma que son ellos mismos máxima, comprensiva, casi absoluta del amor humano, de tal manera que hay que mencionarlo como una de las razones por las cuales debemos establecer este día tan importante.

Y la segunda razón es también científica, aunque también tiene sus raíces filosóficas, tiene que ver con la perpetuación de la especie. Volteamos a nuestro alrededor, somos muchos ciertamente, pero no dejamos de tener riesgos como especie. Estamos atentando contra nosotros mismos a través de la falta de cuidados a la naturaleza. Puede venirse un holocausto nuclear, puede haber epidemias; ya ven que siguen apareciendo virus y bacterias; puede haber catástrofes naturales, de tal manera que esta concepción freudiana del amor como una manera de convivir y cuidarnos unos a otros y procrearnos y la perpetuación de la especie, nos basta de fundamento para conmemorar la salud materna y prenatal.

Sin embargo no quiero que esto quede en conmemoración, ojalá no sea nada más una fecha en el calendario y un pretexto para ceremonias frívolas y banales; ojalá y este compromiso que estamos hoy adquiriendo redunde en más recursos para salud, en más atención a hospitales materno infantiles, en más responsabilidad para médicos y enfermeras, en más equipamiento para ellos, en estudiar y catalogar mejor enfermedades de la mujer embarazada que ya se han mencionado aquí: la preclamsia, la diabetes gestacional, el cuidar cuando haya amenaza de aborto, cuidar cuando haya abortos de alto riesgo que ciertamente existen, y en fin, hay mucho que hacer para cuidar a nuestras mujeres y a nuestros niños, pero sin olvidar que finalmente de esto depende una expresión de amor y que sigamos en este planeta indefinidamente. Gracias por su atención, buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, diputadas y diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto que en el honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año como Día Nacional de Salud Materna y Perinatal.

Día a día fallecen en nuestro país mujeres embarazadas, lo que representa un grave problema de salud pública, porque se pone en peligro la vida de la mujer y de los recién nacidos.

Resulta intolerable que en el conocimiento actual la mayoría de estos casos pueden controlarse y prevenirse. La mayoría de las muertes maternas representan una violación a los derechos humanos.

Por otra parte es indicador fundamental del desarrollo social y sanitario de un país, ya que este problema se encuentra estrechamente relacionado con las condiciones socioeconómicas de la población.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Año tras años unos 8 millones de niños mueren por causas evitables, y más de 350 mil mujeres mueren por complicaciones evitables relacionadas con el embarazo y el parto.

En nuestro país, a partir de la Ley de Planeación de la Ley General de Salud y del Programa Nacional de Desarrollo se han instrumentado programas en los cuales se establece que la atención materno-infantil es prioritaria y a formar parte de una salubridad nacional.

Actualmente se cuenta con el programa de acción conforme al acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en los estados. Existe un presupuesto focalizado para programas y acciones específico, pero pese a éste, casi en todas las entidades hubo una reducción mínima del número de fallecimientos maternos evitables, y con esta tasa de muerte materna, cinco de los nueve estados reciben más recurso presentando una disminución baja de 10 al 21 por ciento; sin embargo, representaron un 66 por ciento del crecimiento de muertes evitables en términos absolutos.

Datos del observatorio de la maternidad materna en México, nos revelan que un número absoluto total de muerte maternas en México en 1990 al 2010, ascendió a 27 mil 71 mujeres fallecidas por complicaciones en el embarazo, aborto, parto y puerperio.

En Morena compartimos esta preocupación, por ello hemos venido pugnado porque se destine más presupuesto al gasto social, al gasto destinado a la salud, para que en este caso las mujeres durante el embarazo, parto y postparto tengan acceso a recibir una atención médica oportuna y adecuada de calidad y calidez para así hacer efectivo. Éste es un derecho humano.

En Morena estamos convencidos de que la salud materna y perinatal es una prioridad, un elemento de justicia social por lo cual votaremos a favor de este dictamen, pero no con la idea de que se quede como una fecha más en el calendario de conmemoraciones, sino como la idea de visualizar la problemática que nos ocupa para hacer referencia a que tenemos un país con un compromiso pendiente con las mujeres y con los recién nacidos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guzmán. Y ahora tiene la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Sofía González Torres:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el urbanismo es la planificación de los lugares de ambientes en los que se desarrolla la vida cotidiana, nos ayuda a proyectar ciudades y comunidades con orden y mayor calidad de vida.

El Día Mundial del Urbanismo se conmemora a solicitud de la Organización Internacional de Urbanistas, una institución fundada el 8 de noviembre de 1949, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esta tiene el fin de promover la creación de comunidades sostenibles y abrir espacios de reflexión sobre los impactos ambientales que produce el desarrollo de cada una de las ciudades.

Los integrantes de mi grupo parlamentario nos sumamos y celebramos esta declaratoria como Día Mundial del Urbanista Mexicano, ya que consideramos de suma importancia reconocer la gran labor de estos profesionistas mexicanos y sus aportaciones al país.

En cuanto al segundo dictamen que se somete a consideración de esta asamblea por la Comisión de Gobernación, respecto a la conmemoración del Día de la Salud Materna y Perinatal, me gustaría compartir con ustedes algunos datos relevantes de la Organización Mundial de la Salud.

Al día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas relacionadas a embarazo y a partos. La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y comunidades más pobres, además son las jóvenes adolescentes quienes siguen siendo las que tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte a causas del embarazo.

Sin duda la atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida tanto a las mujeres como a los bebes. Por ello resulta fundamental que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a la atención perinatal durante la gestación, durante el parto y después del mismo.

Hoy en día la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo, no obstante solo el 51 por ciento de las mujeres de los países de ingreso bajos reciben una atención especializada durante el parto, lo que significa que millones de partos no son asistidos por médicos, sino por una matrona o una enfermera diplomada.

Para mejorar la salud materna hay que reconocer y eliminar dichos factores, sumando a los obstáculos el acceso a los servicios de salud materna y de calidad. El Partido Verde Ecologista se suma a la declaratoria de salud materna y perinatal para crear conciencia ante la población y los órganos de gobierno en todos y cada uno de los niveles. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Y tiene ahora la palabra el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado David Gerson García Calderón:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las y los diputados.

En primer término, el Grupo Parlamentario del PRD considera de suma importancia que se declare el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano, y más allá de reconocer la labor de los urbanistas mexicanos debe de ser una fecha para reflexionar sobre la situación que ha alcanzado el urbanismo en México.

El primer asunto conceptual es preguntarnos si tenemos ciudades sustentables e incluyentes en México, para lo cual utilizamos una definición del año 2000 del Programa Nacional de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, donde nos dice que una ciudad sustentable es una ciudad donde los logros alcanzados en el desarrollo social, económico y físico son perdurables. Una ciudad sustentable posee una oferta continua de los recursos naturales en los que basa su desarrollo. Una ciudad sustentable mantiene una seguridad permanente frente a los riesgos ambientales que pueden amenazar su desarrollo.

La respuesta es que ante tal definición en México aún no la tenemos, y exponemos que existe un crecimiento del deterioro de las estructuras físicas de las ciudades que se refleja en la inseguridad, en el equipamiento urbano, en los servicios públicos básicos, la falta o los problemas con que operan las áreas recreativas y culturales, y nuestras ciudades tienen hoy más sombras que luces.

Por eso es necesario preguntar qué hacer para evitar esta situación. Se deben de lograr políticas públicas que nos permitan transitar hacia las ciudades incluyentes y sustentables en México. Por eso el Grupo Parlamentario del PRD propone promover una nueva política urbanista que garantice un desarrollo ordenado y racional de las ciudades mexicanas. Queremos una nueva cultura del territorio basada en un desarrollo responsable y sostenible para todas las comunidades.

En el segundo de los dictámenes, el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, los diputados del PRD nos pronunciamos a favor de que se declare este día, puesto que con ello reafirmamos nuestra exigencia de lograr un sistema de salud público incluyente y de calidad.

Tener un día de referencia significa hacer un corte en el camino y evaluar las políticas de salud implementadas para evitar este tema, en particular. Sin embargo, no debemos olvidar los pendientes que aún tenemos en este tema.

Compañeras diputadas y diputados, en México la atención de la salud materna y perinatal, aunque ha logrado avances presenta dos grandes desafíos, por un lado continúa siendo un sistema desigual y, por otro lado, es insuficiente en la protección pregestacional.

Pero nos pronunciamos a favor de estos dos dictámenes, para que se tomen medidas en relación a estos temas. Muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Tiene ahora la palabra la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Jacqueline Nava Mouett: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la mejora de la salud materna fue uno de los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio adoptados por la comunidad internacional en el año 2000, comprometiéndose a reducir la mortalidad materna en un 75 por ciento, entre 1990 y 2015.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en todo el mundo un promedio de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, prácticamente todas estas muertes se producen en países con bajos ingresos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.

Las complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto, o después de ellos, causan el 75 por ciento de las muertes maternas. Estas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles y tratables, otras pueden ser presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria de la mujer.

Entre las complicaciones más comunes pueden mencionarse las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, complicaciones en el parto, los abortos peligrosos.

Este dictamen, que hoy se pone a consideración del pleno, resulta oportuno porque recién ha terminado el 2015 y con él ha concluido el plazo para que nuestro país cumpliera con la reducción de las muertes maternas.

Lo anterior resulta pertinente si consideramos que en nuestro país mueren un promedio de mil 190 mujeres cada año en el momento del parto, debido a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria.

Como ejemplo de lo anterior, no deben quedar en el olvido los 14 casos de mujeres indígenas en el estado de Oaxaca, que se vieron obligadas a dar a luz en plena calle ante la negativa de salud de estado, de proporcionarles atención oportuna, con calidad y con respeto a su dignidad. Detrás de la ocurrencia de la mortalidad materna infantil, frecuentemente nos encontramos con actos de discriminación, de negligencia, ignorancia, pobreza y falta de acceso efectivo a los servicios de salud, entre otros muchos factores.

Por ello, también nos congratulamos de que el pasado 12 de noviembre de 2015 finalmente se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación las adiciones a la Ley General de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE, que establecen la obligación para prestar atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, independientemente de la derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Por cierto, reforma que derivó de una iniciativa presentada en esta Cámara por nuestro grupo parlamentario. No obstante, este importante avance, los legisladores de Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con mujeres de este país, votando a favor del presente dictamen y manifestándoles, desde esta tribuna, que redoblaremos nuestros esfuerzos para que el trabajo legislativo en esta Cámara rinda frutos en beneficio de la salud materna y de todas ellas y de sus hijos.

Por otra parte, el urbanismo se mide por calidad de los espacios públicos y por su capacidad de promover dinámicas transformadoras y articuladoras del tejido urbano. Al declarar el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano se reafirma el compromiso del Estado mexicano con esta importante profesión, al tiempo que nos permite adherirnos a la conmemoración del Día Mundial del Urbanismo, que estableció en 1949 la Organización de las Naciones Unidas y que hoy celebran más de 30 países, en cuatro continentes.

México es un país en su mayoría urbano y su población demanda día con día una mejor calidad de vida, que le permita establecer derechos humanos asociados al territorio, a la vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la salud, a la movilidad y a un medio ambiente sustentable.

De ahí que lograr ciudades sostenibles y sustentables es un reto para las autoridades de los tres ámbitos de gobierno involucrados, a fin de lograr una planeación ordenada que dé respuesta a los compromisos internacionales establecidos por Naciones Unidas, relacionados a la Agenda 230 para el desarrollo sostenible. Por ello es que Acción Nacional votará a favor de estos dos dictámenes. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nava. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados que integran la Mesa Directiva. Agradezco la confianza que me brinda mi coordinador parlamentario, el diputado César Camacho, para hablar a nombre de mi grupo, los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Saludo con afecto a mi compañera diputada Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Compañeros diputados, tanto en la vida cotidiana como en el calendario cívico, el establecimiento de fechas conmemorativas conducen a la construcción de identidad y a la existencia de una cultura que nos haga recordar las prioridades y aspiraciones que tenemos como sociedad, reconociendo también a quienes contribuyen con esa labor.

Como mexicanos, la protección de la salud de nuestras familias, y en especial de las mujeres y la niñez mexicanas son una de las más grandes aspiraciones que como nación hemos tutelado desde la Carta Magna.

¿Y por qué es deber de esta soberanía seguir estableciendo mecanismos que conduzcan a la realización de esa aspiración que como sociedad tenemos? En donde todos participen.

El Grupo Parlamentario del PRI de esta Legislatura avalamos a plenitud que el 9 de mayo de cada año sea considerado dentro del calendario cívico nacional como el Día Nacional de la Salud Materna y Prenatal.

Creemos que esto permitirá arraigar aún más en la conciencia colectiva lo importante que resultan desde nuestro propio hogar los establecimientos hospitalarios de la red de salud pública y privada y en la sociedad en general, el tener siempre presente que para cuidar de la salud materna y prenatal se requiere de la participación de todos. Fundamentalmente para concretizar los objetivos de las políticas públicas que existen en materia de prevención y promoción de la salud.

Pero también para seguir difundiendo esa política de cero rechazo a las mujeres embarazadas cuando tengan alguna circunstancia de gravedad, que sean atendidas en cualquier establecimiento hospitalario público, tal y como también lo ha dispuesto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Asimismo, desde siempre como sociedad tenemos la legítima aspiración de que nuestras familias vivan y cuenten con espacios que privilegien el orden, la movilidad, la conectividad y la seguridad, y que en conjunto permitan tener mayor calidad de vida, producto, además, de una planificación adecuada y sustentable.

En este sentido, el trabajo del urbanista adquiere suma importancia para el cumplimiento de estos objetivos. El trabajo del urbanista impacta en la forma de vida y en la plenitud de los pueblos. Por ello, es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, quienes a diario, con su talento y sus propuestas contribuyen a construir un hábitat más agradable y funcional.

En este sentido, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI respaldamos que se establezca en México el 8 de noviembre como el Día del Urbanista, recordando que vivir adecuadamente es un derecho básico, humano, fundamental. Es un esfuerzo por generar un mejor entorno para la sociedad.

Compañeros diputados, este es el momento de confirmar nuestro absoluto respeto y reconocimiento a los mexicanos que contribuyen a espacios más habitables y con la movilidad que aspiramos para tener una vida digna y de calidad. Pero también es el momento para refrendar el aprecio, protección y solidaridad con la salud de quienes resguardan con amor en su vientre la esperanza del país, una esperanza que vive y late fuerte desde el corazón de la patria. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sulub.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Todavía está abierto el sistema de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor emitieron 420 votos a favor, cero en contra.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano:  Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 2015, el diputado José Lorenzo Riva Sosa del Grupo Parlamentario del PRI presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones de Gobernación, para su análisis y dictamen.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 12 de noviembre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 17 de noviembre.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Motivación:

El proponente señala que “el vocablo urbano, deriva de las raíces latinas “Urbis”, que significan la ciudad. Históricamente, el vocablo toma su origen con relación a la Ciudad de “UR”, de la civilización Sumeria, de la baja Mesopotamia, que llegó a tener alrededor de 250, 000 habitantes, antes de Cristo” .

Señala que “La Real Academia de la Lengua Española, dice que Urbanismo es el “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades materiales de la vida humana. En la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” se define la preocupación en los Países en vías de desarrollo o tercermundistas donde existen patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del medio ambiente y la privatización del espacio público, lo que genera pobreza y exclusión social”.

También apunta que “de continuar los procesos de contaminación, falta de adecuación de espacios públicos, de suministro básico de servicios públicos municipales, no podremos imaginar lo que sucederá en las ciudades en el 2050.

Por ello debe existir la necesidad y el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio cultural, natural, histórico, arquitectónico y artístico”.

Así como; que la carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.

“Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado”.1

Igualmente señala que “el urbanismo es un proceso continuo en el mundo, donde se conglomeran colonias, fraccionamientos, barrios, comercios, zonas turísticas, fábricas y almacenes, en un sinfín de ideas, reglamentaciones, factores políticos, económicos y sociales. El vivir educadamente es un Derecho básico, humano, fundamental, es un esfuerzo por generar el mejor entorno para la sociedad en determinado espacio geográfico.

En México comenta “tenemos buenos y malos ejemplos en México del diseño urbano, el cual en muchos casos pone en riesgo a la población. Actualmente son varias las zonas metropolitanas en la República Mexicana, conectándose varias ciudades y formando Metrópolis con diferentes necesidades. Es aquí donde el Derecho Comparado puede servirnos, las experiencias obtenidas de otras regiones y la implementación y consolidación del Derecho Urbanístico.

La iniciativa con proyecto de decreto que declara el 8 de noviembre de cada año como “Día del Urbanista Mexicano”, presentada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores fue presentada el 7 de noviembre de 2013 la cuál es retomada por el proponente.

1 Tomado de http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com docn1an&tasl;_,doc.details&gid>=SO&Jtemid=3 el 26 de octubre de 2015.

Señalando que es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, quienes hacen un hábitat más agradable y funcional; es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades, como recordatorio de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que los trabajos en pro de establecer el día nacional del urbanista mexicano, son objetivos fundamentales del Estado mexicano e implican un tema de orden público y de interés social.

El derecho positivo urbano de México tiene su base fundamental en la Constitución en el párrafo tercero del artículo 27 vigente en el país y se integra, a nivel federal, con diversas disposiciones contenidas en diferentes ordenamientos, entre los que destacan la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los reglamentos, manuales y acuerdos derivados de tales ordenamientos legales.

Como Comisión somos conscientes de la importancia de los urbanistas mexicanos a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico y arquitectónico, cultural y artístico.

Los urbanistas tienen los conocimientos y habilidades para hacer esto una realidad, el derecho a la ciudad es importante y se une a los derechos humanos asociados al territorio, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, la salud depende en gran medida de que el primero sea posible y éste a su vez del trabajo propositivo y activo de todos los urbanistas.

Su función social, por tanto resulta elemental   para el cabal cumplimiento de los derechos humanos, su trabajo impacta y se multiplica en la calidad de vida y sobre todo en la felicidad de los habitantes.

Por tanto, coincidimos con las iniciantes en la importancia del urbanista mexicano en generar ciudades cuyo diseño y estructura obedezcan primordialmente al bienestar y a la dignidad de los seres humanos que las habitan, propiciando una convivencia pacífica, ordenada, armónica y justa. Es necesario construir ciudades, cuyo objetivo fundamental sea el adecuado desarrollo físico y moral de sus habitantes, donde la vivienda y los sitios de recreo y esparcimiento tengan prelación sobre las áreas industriales.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional:

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;....

Así, al declarar el 8 de noviembre como “Día Nacional del Urbanista Mexicano”, se reafirma el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos asociado a la vivienda y a la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo antes expuesto, se aprueba la iniciativa a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, 28 de enero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica en abstención), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica en abstención), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica en abstención), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica en contra), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En estos momentos vamos a votar el proyecto de decreto, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año, como el Día del Urbanista Mexicano. Favor de emitir su voto.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 397 votos a favor, 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos...

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Camacho, de viva voz por favor.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul). A favor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se registra el voto a favor del diputado Camacho, para los efectos legales correspondientes. Queda registrado el voto del diputado Jorge López, a favor.

Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

AGENDA POLÍTICA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la agenda económica y la situación actual de la economía. Esta Presidencia ha recibido la lista de oradores de cada uno de los partidos políticos. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, para comentar lo relativo a la agenda económica y a la situación actual de la economía el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente, nada más esperaría que en esta agenda política se me diera la oportunidad también de participar. Me sorprende que no estuviese convocado un servidor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Vamos a continuar con el uso de la voz del diputado Flores, y en un momento informamos su solicitud, diputado Clouthier. Adelante, diputado Flores. Perdón, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para manifestar, por instrucciones de mi coordinador, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la lista empezara con el ingeniero Clouthier, en todo caso.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Vamos a tomar el siguiente acuerdo: continúa el diputado Flores, que ya está en tribuna, y enseguida se le dará el uso de la voz al diputado Clouthier. Adelante, diputado Flores.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras y compañeros diputados, es claro que el entorno económico de nuestro país nos obliga a todos a poner luces amarillas. Es claro también que afortunadamente la fortaleza estructural de la economía en estos momentos nos permitirá seguramente tener herramientas e instrumentos que en el pasado, en las distintas crisis económicas cíclicas en este país, no se tenían.

Hace unos años cuando los mexicanos le apostamos todo al petróleo, el precio del barril del petróleo era más de 100 dólares por barril. Hoy hay omentos en los que está por debajo de los 20.

Afortunadamente hemos despetrolizado la economía de nuestro país, de tal manera que al tener un sector completamente industrial y distinto a solamente estar centrado en la parte del petróleo, hoy podemos navegar por aguas distintas, completamente diferente a lo que hubiese sido hace unos años.

Desde luego que hay y debe de haber preocupación por el tema del dólar. Desde luego que tener los niveles arriba de 19 pesos el dólar, no es una buena noticia. Por eso desde esta máxima tribuna del país instamos a las autoridades hacendarias porque lo más importante en estos momentos es mantener la inflación controlada.

No podría haber peor noticia para los mexicanos que después de esta crisis con la que se está comenzando este año, en todo el mundo, que no tuviéramos control sobre los distintos indicadores de la inflación.

Afortunadamente hoy tenemos la obligación –vuelvo a insistir, desde esta tribuna– a pedirle al secretario de Hacienda que se sigan haciendo los mejores y los mayores esfuerzos para que la inflación siga controlada.

Hace unos años, la rigidez de nuestra economía, nuestra deuda pública, las altas tasas de inflación, nos hubieran tenido al borde de una catástrofe económica. Hoy esos indicadores económicos nos permiten asegurar que sólo tenemos las herramientas para que no ocurra una catástrofe en nuestro país; un nivel de reservas internacionales muy importante, que rebasan los 175 mil millones de dólares.

Un crédito en el Fondo Monetario Internacional que lleva a nuestras finanzas a la seguridad de poder contar con casi 250 mil millones de dólares entre las reservas y el crédito. Una deuda pública que está controlada porque se ha venido cambiando la estructura de la deuda.

Una deuda interna que también tiene mejores plazos, pero por favor, no lo descuidemos, porque si bien es cierto que hoy hay buenos indicadores económicos, también es cierto que la alta volatilidad que están experimentando los mercados internacionales en estos momentos de economía globalizada, nos hacen que los mexicanos estamos muy atentos porque hay peligros y hay peligros importantes.

No nos cabe la menor duda que sí, están bajando los precios del petróleo, y por lo tanto, hay también mejores precios en nuestro país. Que sí, están bajando las tarifas eléctricas y hoy hay más competitividad en nuestro país en este sector.

Sí, si bien es cierto que todos los índices económicos nos dicen que, el consumo sigue estando en muy buenos niveles en nuestro país, hoy lo que nos queda por hacer, es estar atentos y seguir viendo qué vamos a hacer con respecto al gasto corriente del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Ha llegado el momento de pensar seriamente cómo le vamos a hacer para no tener ese gasto corriente tan amplio en todos los niveles de gobierno de nuestro país.

Y le queremos pedir a la Secretaría de Hacienda que se revise, no con impacto al gasto productivo, sino al gasto corriente, los recortes no solamente del año que entra, sino que desafortunadamente posiblemente este año también se tengan que hacer en nuest5ro país, siempre cuidando el gasto social y la inversión productiva del gobierno que tantos empleos sigue generando en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, señor presidente. El reciente informe de la Secretaría de Hacienda sobre el estado que guardan las finanzas y la deuda pública al cierre de 2015 nos da cuenta de graves problemas: primero el fracaso del gobierno federal para contener el gasto público, el informe indica que el gasto total del sector público resultó superior en 200 mil millones de pesos a lo presupuestado y aprobado por este Congreso de la Unión.

Esto quiere decir que, a pesar de la caída en los ingresos petroleros, el gobierno sigue gastando irresponsablemente, incluso gastando más de lo presupuestado y aprobado por esta soberanía. Esta realidad evidencia lo fallido del intento del presupuesto base cero que anunció el año pasado el secretario Videgaray, al tiempo que indica que no hubo un recorte efectivo en el gasto público como lo habría anunciado la propia Secretaría.

Por otro lado, también en este informe de marras nos habla de la crisis económica por la que atraviesa Petróleos Mexicanos.

Pemex, en 2015, mis compañeros, perdió dinero incluso antes de que el gobierno federal le cobrara los derechos de explotación de crudo. Esta pérdida antes de impuestos ascendió a 120 mil millones de pesos, y como toda pérdida debe ser financiada, esto impacta en la deuda de la institución.

Compañeros, la crisis económica del gobierno federal es una crisis estructural y no coyuntural como se nos quiere plantear. La crisis económica del gobierno federal, si bien está impactada por la caída en los ingresos petroleros, también es cierto que esta crisis es una gran oportunidad como lo dijimos oportunamente, para hacer una transformación sustancial en las finanzas públicas del país, tanto en los ingresos como en los gastos, y por supuesto en el control de la deuda.

El mismo informe al que hago referencia nos dice que la deuda pública ronda ya cercana la cifra de los 8 billones de pesos. Representa el 48 por ciento del PIB. Este dato es impresionante porque ésta era la estimación a la que se aspiraba llegar para finales de sexenio. Es decir, mientras el gobierno sigue gastando más, su déficit sigue creciendo y ese déficit está teniendo que ser financiado con deuda pública y esto lo está poniendo ya en situación grave.

Los parámetros internacionales nos hablan de que la deuda no debe ser superior por ningún motivo al 60 por ciento del PIB, y eso nos lo plantean para países desarrollados. México como país emergente tiene que ser obligadamente más conservador.

Otra manera de medir la deuda ya no es sólo comparado con la producción de bienes y servicios del país, entiéndase el PIB, sino también lo tendríamos que medir con los ingresos del gobierno. Hoy la deuda del gobierno federal asciende cercano al 170 por ciento de sus ingresos. Es decir, la deuda en estos tres años ha crecido en un 50 por ciento, una cantidad cercana a los 2.5 billones de pesos.

Compañeros diputados, esto no es vacilada, no es queriendo lucrar tampoco con la crisis, sino es haciendo un llamado a tiempo para que atendamos como soberanía que nos corresponde en sistema republicano mexicano, como Poder Legislativo somos el único órgano encargado de la aprobación y la fiscalización de presupuestos y por consecuencia, también los que deberíamos de ser contrapeso en el sistema republicano y vigilantes del gasto del Poder Ejecutivo.

Hago un llamado a todos nosotros, porque faltan todavía tres años. Ninguna de las crisis que se han denunciado en su momento, en gobiernos estatales, llegaron al grado de deuda de la noche a la mañana, fueron creciendo paulatinamente. Faltan tres años y esta soberanía tiene que tomar cartas en consecuencia.

Hago pues un llamado a todos nosotros y a ustedes, a que consideremos seriamente este tema, porque se considera que los próximos dos años todavía seguirá habiendo una baja en los ingresos petroleros y, por consecuencia, tendremos que actuar en consecuencia con responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Mariano Lara Salazar: La adversidad económica no es una situación privativa de nuestro país. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el entorno económico de México se vislumbra difícil. De eso somos conscientes.

La caída de los precios internacionales del petróleo ha afectado sensiblemente la política económica del país. Esta situación se debe a la existencia de una sobreoferta mundial del hidrocarburo y dado a que los países que integran la OPEP, se han negado a disminuir su producción, los daños que se causan a una economía altamente petrolizada, como la nuestra, son evidentes.

Derivado de lo anterior, nuestra moneda se ha visto depreciada, lo que ha originado un alza en el precio del dólar, misma que ha llevado al Banco de México a realizar subastas de dólares, como una forma de disminuir la devaluación del peso.

El dólar ha alcanzado máximos históricos, llegando el pasado 11de febrero a ofrecerse en un precio máximo de 19.50 pesos por dólar en algunos bancos de la Ciudad de México. Esta situación de sobrevaluación del dólar es global y nuestro país ha sido afectado como muchas otras monedas en el mundo.

La Reserva Federal de los Estados Unidos ha elevado sus tasas de interés, circunstancia que también ha provocado que los flujos de capitales regresen a mercados más estables, como lo es Estados Unidos y esto afecta a economías emergentes como la nuestra.

Otro factor que contribuye a la depreciación de nuestra moneda, es que vivimos en una economía globalizada. La situación de uno de los principales consumidores del petróleo como lo es China, tiene una repercusión en la estabilidad económica mundial.

Si bien el peso se ha visto muy afectado por el incremento del dólar, hay países que han sufrido una caída mucho más pronunciada, como lo es el caso de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Colombia, Turquía, entre muchos otros países.

Ahora bien, es necesario subrayar que la política cambiaria del país, es un conjunto de acciones que el Banco de México realiza para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias de los precios, y que la evolución de estos sea congruente con el objetivo de mantener un entorno inflacionario estable y bajo.

Lo anterior quiere decir que estas acciones no son competencia del gobierno federal, sino del Banco de México, que como se establece en el artículo 28 constitucional, en su párrafo sexto, es un órgano autónomo y cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda.

El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 115.954 durante enero de 2015, para enero de 2016 fue calculado en 118.984, este indicador, así como el de la inflación, han incrementado, ya que en 2015 la inflación se calculó en 2.1, y al mes de febrero de 2016 se ubicó ya en un 2.61.

La situación de Pemex es particularmente inquietante, por esta razón reclamamos la necesidad de que se tomen las acciones necesarias para dar solución a los problemas de esta empresa.

Para Nueva Alianza la prioridad es que las medidas que se tomen en materia de disciplina financiera afecten lo menos posible a la población, motivo por el cual es imperativo hacer más eficiente el gasto público.

Lo anterior cobra particular relevancia, dado que si bien la Ley de Ingresos de 2016 no se contrató una deuda externa, el 80 por ciento del actual se encuentra en dólares, sobra mencionar la afectación que este rubro tiene sobre el tipo de cambio.

Resulta fundamental que exista una verdadera disciplina fiscal y una ejecución adecuada y transparente de los recursos públicos. La austeridad y la transparencia tienen que convertirse en el estandarte de la administración pública, hacerlo de otro modo sería una afrenta a la sociedad.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que a pesar del panorama pesimista de la economía mundial existen oportunidades para mejorar nuestra economía interna. Fortalecer el sector de las exportaciones. Promover el turismo y contribuir a consolidar un esquema tributario saludable son acciones necesarias para enfrentar la adversidad financiera global. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara.

Saludamos la presencia de representantes indígenas del estado de Puebla, invitados por el diputado Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Bienvenidos, amigos líderes, a San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y los compañeros presentes en la sesión, lo que plantea Movimiento Ciudadano respecto a la situación económica que está viviendo nuestro país es que el gobierno debería asumir con más seriedad esta discusión.

Si ante una emergencia de carácter natural, ante un desastre natural el gobierno toma medidas que le explica a los ciudadanos para saber cómo reaccionar frente a ellas, ¿Por qué frente a la situación económica que vive México no tenemos a un vocero de carácter oficial, a un vocero del gobierno explicándole en términos prácticos a los ciudadanos cuáles son las previsiones, cuáles son las medidas que deberían de tomar frente a lo que sucede?

¿Por qué opta el gobierno por los espacios en los programas del corazón, para a través de voceros no oficiales tratar de hacer no una explicación sino una justificación de la situación económica?

Ya dijo algunos de los argumentos de la situación que está viviendo nuestro país el diputado Clouthier, que no es menor y que no está de más volver a enlistar.

El peso mexicano, contrario a lo que han querido decir los voceros no oficiales del gobierno, es una de las monedas que más se ha devaluado en lo que va del año frente a las monedas más fuertes del mundo.

El precio del petróleo se encuentra en un mínimo histórico y no hay razones para creer que viene una evolución de mejoría en su cotización.

La deuda es del 45 por ciento del producto interno bruto, triplicándose o aumentando en un 30 por ciento, mejor dicho, en lo que va del sexenio, pasando del 34 por ciento del producto interno bruto al 45 por ciento. Y tenemos a un gobierno que, contrario a lo que dice, que es un modelo económico liberal de un Estado respetuoso del mercado, ha incrementado su gasto de manera irresponsable, incluso por encima de lo presupuestado, por encima de lo que esta soberanía ha definido hasta en 156 mil millones.

Nosotros, que siempre hemos puesto el pretexto de la economía de Estados Unidos, nuestra industria está creciendo menos que la industria de Estados Unidos.

Frente a eso, lo que Movimiento Ciudadano propone es precisamente sin caer en el juego de ser aplaudidor o ser abucheador del gobierno, como se quiere convertir la discusión en este Congreso por momentos, es plantearle preguntas muy específicas que van mucho más allá de la especulación.

¿Qué se ha hecho durante los últimos tres años para llevar la economía a este punto? ¿Por qué se ha incrementado la deuda de una manera tan acelerada que incluso ese manejo de la deuda ya hizo que el Banco Mundial y que el Banco de México hablen de que tiene que haber ajustes dolorosos pero necesarios?

¿En qué se ha invertido esa deuda? ¿Por qué no llevamos la discusión de la economía a la realidad inmediata de los ciudadanos? Si es importante para nosotros combatir la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica. Pero, ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de los ciudadanos y con la calidad de vida de las y los mexicanos? ¿Cuánto le está costando a los mexicanos aspirar a una vida digna y quiénes lo están logrando? ¿En qué se gastaron los 156 mil millones de pesos que sobreejerció el gobierno federal en 2015 y por qué este gobierno no le apuesta a sectores económicos pujantes, de empuje internacional como la cultura, a la que le reduce el presupuesto y ha aumentado sistemáticamente el gasto en un rubro que no tiene prácticamente multiplicador de la inversión como es la publicidad oficial?

¿Por qué los criterios que aplicamos en un sector de la economía no se aplican para otros? ¿Por qué autonomía sí al Banco de México, con la que compartimos y siempre hemos dicho que hay que defender? Pero no ese nivel de autonomía al Ifetel o a la Comisión Federal de Competencia.

¿Por qué a un sector se le protege con el argumento de la soberanía, como es el sector de telecomunicaciones en donde la televisión no se puede ni invertir y otro sector se abre a los sectores energéticos a la inversión privada de los extranjeros?

Frente al tema del ajuste presupuestal, ¿Cuáles son los sectores del gasto que el gobierno está planeando recortar y qué implicaciones van a tener esos recortes para los ciudadanos?

¿Qué previsiones hay que tener frente a la política cambiaria y qué es lo que los ciudadanos tendrían que decidir a inicios de este año para enfrentar de una mejor manera la situación económica que está por venir?

Nosotros creemos que ya acabó el modelo de capitalismo de compadres, que ya acabó el modelo monopólico con el que este gobierno ha pactado y ha disfrazado un supuesto libre mercado que no es tal. Aquí hay grupos de interés y poderes fácticos determinando la política económica de México que no está al servicio de los ciudadanos sino está al servicio de unos cuantos.

Por eso anticipamos que nuestra propuesta es invocar la figura de pregunta parlamentaria fundamentada en el artículo 93 constitucional, para solicitar al Poder Ejecutivo federal una explicación clara de la situación económica que tiene el país, de las condiciones que nos llevaron a esta situación y de las acciones y las políticas que se van a emprender para reordenar el gasto público y alentar nuestra economía.

Nosotros creemos que es tiempo de ponerle fin a un modelo económico al servicio de grupos de interés y poderes fácticos y alentar una política económica al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos de México. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias. Con el permiso del diputado presidente. En el 2006 se decía que uno de los candidatos presidenciales era un peligro para México, en ese momento la proporción de deuda pública con respecto al PIB era de 25 por ciento y hoy es de más de 50 por ciento.

Este país logró por algún momento finanzas públicas sanas y esas finanzas públicas sanas no se convirtieron en crecimiento económico. Este país crece algo así como uno por ciento en términos per cápita en los últimos sexenios. Ni en mejor distribución del ingreso. El uno por ciento más rico del país tiene más del 25 por ciento de la riqueza. Uno por ciento que no gravamos como en otros países con impuestos, adherencia o al patrimonio. Hubo estabilidad, pero no hubo crecimiento y no hubo distribución. Ahora, tampoco tenemos estabilidad.

El gobernador del Banco de México dejó en claro, que uno de los factores que explican la caída del peso más que otras monedas en el mundo tiene que ver con el nivel de gasto público en México, tiene que ver con la enorme deuda que le hemos puesto a Petróleos Mexicanos y a su inviabilidad financiera por la falta de inversión.

De acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de esta administración, el año pasado la inversión productiva cayó en 8.3 por ciento y el gasto corriente se incrementó en casi 6 por ciento. Esas son las prioridades de este gobierno.

La deuda pública se incrementó en 4.3 puntos del producto interno bruto del país. Es un incremento que nos lleva a niveles que tuvieron ya países como España o como Italia, antes del rescate bancario.

Dejemos en claro que las finanzas públicas de este país están en riesgo porque los momentos en los que los altos precios del petróleo pudieron financiar el petróleo, en esos momentos nos endeudamos.

Nos endeudamos sin invertir en grandes proyectos de infraestructura que lograran que el país fuera más productivo y que se generara empleo. Nos endeudamos para nada y es lo que hoy tenemos que pagar y por eso vamos a tener que enfrentar un recorte del gasto público que tendría que ser discutido por esta Cámara de Diputados.

No podemos permitir este recorte, se decía de manera unilateral, por la Secretaría de Hacienda porque entonces va a ser un recorte no al gasto corriente, no a los privilegios, pero sí que va a afectar a los mexicanos, y a muchos mexicanos honestos, que podrían perder su empleo.

No a las políticas de austeridad que generen más recesión. Eso no lo podemos permitir. Es una discusión que tenemos que dar en esta soberanía. El gasto se tiene que discutir en la Cámara de Diputados. Esa es nuestra principal atribución y, por tanto, si hay un recorte, este tendrá que ser decidido por nosotros.

Lo que enfrentamos hoy es la crisis de un modelo económico. Hacia eso hemos llegado. ¿Cómo es posible que el tipo de cambio se ha depreciado en más de 30 por ciento y nuestras exportaciones hayan caído?

México tiene un mayor déficit comercial a pesar de que la moneda se ha devaluado, porque no tenemos una política industrial que genere valor agregado en nuestras actividades; porque lo que exportamos es lo que importamos también; porque no hemos invertido en infraestructura suficiente para que ese país pueda salir adelante y en estas condiciones pueda exportar más.

Es una crisis de modelo porque no tenemos un gasto público capaz de incentivar la economía en el momento en el que el ciclo económico está abajo y entonces poder crecer. Es una crisis de modelo económico porque hoy las finanzas públicas no son sanas. La famosa reforma fiscal fue insuficiente.

El año pasado cuando cayeron los precios del petróleo los sustituimos por el incremento en las gasolinas. Más de 250 mil millones de pesos recaudamos el año pasado de los mexicanos de las gasolinas que pagamos.

Hoy no tenemos ni un país estable, ni un país que crece, ni un país que distribuye, ni un país que tiene política industrial para generar crecimiento. Por eso este país requiere un cambio político de fondo, de un proyecto progresista que recupere al Estado como el capaz de generar crecimiento y el capaz de generar la distribución del ingreso. Un nuevo proyecto del país que se proponga redistribuir, que se proponga generar capacidades productivas para realmente crecer.

El neoliberalismo, el neoliberalismo del PRI y del PAN, ha fracasado, y la crisis que hoy enfrentamos es su principal muestra. Necesitamos cambiar el modelo económico. Esa es la gran lección. Esto ha llegado a un punto en donde no hay estabilidad, no hay crecimiento, y no podemos dar buenas cuentas a los mexicanos.

Insisto, ojalá y las decisiones difíciles que se van a tomar en los próximos días en materia de recorte de gasto público, sean decididas por esta soberanía, y podamos contar en algo en hacer un país mejor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Señor presidente, con su permiso. Le digo al presidente que hablamos ya para los que quedan, y tiene razón, rápido, antes de que queden menos. Para mis compañeros presentes, primero, gracias, gracias. Primero...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero son de calidad, así que...

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:...nadie puede negar la situación que vive el país, que es difícil y no la óptima que quisiéramos. Esto es lo que está pasando y nadie lo puede negar, es lo que la gente dice, es lo que repetimos, es lo que sabemos. Mal haríamos en quererlo disfrazar acá.

Sin embargo no voy a ponerme aquí a dar los números que ya dieron todos mis compañeros para dar una clase de economía ante lo obvio, un dólar caro, un petróleo muy barato, y necesidad de ajustar el gasto económico el gasto del gobierno, el gasto corriente.

¿Qué ha hecho el gobierno? Primero, controlar la economía. Nadie puede decir que no hay estabilidad cuando los factores siguen estando muy controlados. Se redujo el gasto, a pesar de las peticiones de gastar más, se redujo el gasto.

¿Qué hay que hacer? Primero que nada, pensar en la gente, pensar en los que están afectados, pensar en los que no han tenido la justicia social que requieren. Hay que gastar menos y gastar mejor.

Pero no sólo gasta el gobierno federal, gastan los estados, gastan los municipios, y tenemos que decir que más allá de partidos, los estados, los municipios y la federación, tiene que gastar de mejor manera.

Y por eso hay que darle al OFSCE, al órgano de fiscalización, a la Auditoría Superior de la Federación y a los de los estados, las herramientas para que cuando haya observaciones puedan proseguir hasta las últimas consecuencias. La gente está cansada de la impunidad de quien mal ejerce los recursos del gobierno municipal, estatal o federal, hay que decirlo.

Pero tampoco podemos decir que se no ha hecho nada. ¿Qué hacer? Seguir un gobierno responsable, hacer los ajustes económicos necesarios, pero sin afectar a la gente.

Recordemos que estamos acá porque nos debemos a la gente y tenemos que actuar con responsabilidad. Sin ser los que abuchean todo, sin ser los que aplauden todo, pero sí siendo los más responsables, y para no hay partido, para eso hay responsabilidad, para eso somos mexicanos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora la palabra el diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Candelario Pérez Alvarado:Con su venia, diputado presidente. Hoy existe un hecho evidente, las proyecciones que presentó el Ejecutivo para el ejercicio fiscal no son sostenibles. De hecho, ninguna de las proyecciones de esta administración han sido sostenibles, aunque no sea clase de economía. La realidad está en cada uno de los habitantes de este país.

La justicia es la misma, la economía mundial es volátil. La justificación es la misma, la economía mundial que es volátil, ocurrieron fenómenos que el gobierno no supo interpretar.

Eso es un gran problema para este país, pone en evidencia que quienes se dedicaron a hacer análisis con profesionalismo, se supone, en torno a la conducción de la economía, no hicieron su trabajo correctamente.

¿Qué debe de hacerse desde ahora? Lo primero es reconocer que las cosas no han funcionado y que se requiere un cambio, el peor escenario es que el gobierno se empecine en decir que las cosas están bien. La situación a largo plazo no es mala, sino que nos digan que se debe a un entorno nuevamente volátil.

Hoy tenemos una crisis de finanzas públicas que obliga a debatir alternativas, el PRD está dispuesto a trabajar y a poner en sus argumentos con honestidad sobre la mesa, una demanda de gobierno que haga las cosas que necesita nuestro pueblo.

Se requiere reconocer la realidad en materia de ingresos, deuda y gasto. En materia de ingresos el problema es que los nuevos ingresos fiscales no se usaron como recursos adicionales para el desarrollo, se usaron para compensar la caída de la producción y el precio del petróleo.

¿Qué significa? Que un 35 por ciento de los ingresos proyectados no existen, aunque eso fue un alivio y es obvio que sin esos recursos la situación sería peor para este país. El caso es que los logros de la reforma se destinaron a mantener la inercia prevaleciente.

Nuestro país no puede seguir financiando los privilegios de unos cuantos, ya no se puede seguir en las devoluciones ni en las consolidaciones de beneficios de los grandes contribuyentes por miles de millones de pesos. Eso no puede ser tolerado, se requiere acordar reformas que reduzcan la discrecionalidad, los beneficios fiscales para las megaempresas, las personas más ricas de este país.

La situación de pobreza, desigualdad y acceso a los servicios y falta de infraestructura no se van a resolver solas. Hay que financiarlas. ¿Y, para eso, se requiere que mejoremos y protejamos a los ricos? No. ¿Darle el mismo trato que reciben en otras partes del mundo? El pago del ISR en México es menor al de los países de la OCDE, el cobro de las ganancias en bolsa es menor al de Estados Unidos y el conjunto de impuestos al patrimonio de las personas es más bajo en México.

La pregunta es: ¿Eso es justo para la mayoría de los mexicanos que sí pagan impuestos? Es evidente que no. Lo que debemos discutir es si en este momento de crisis es ético y justo mantener los privilegios o si ha llegado la hora de revisarlos y eliminarlos.

En materia de deuda hemos llegado al límite, nuestro requerimiento es ya de la mitad, ya no del presupuesto federal, sino del total de la riqueza de este país. En el PIB esto significa un saldo de 7 mil billones 978 mil millones de pesos. Ahora hay una carga mayor a las siguientes generaciones, y esto es totalmente irresponsable.

En el 2013 el saldo era del 38.8 del PIB, en las propias cifras del gobierno; hoy se tiene un saldo del 44.9, pero –que quede claro– sobre los datos que da Hacienda en materia del presupuesto actual. Vivimos una simulación legal, porque las cifras del endeudamiento incluyen obligaciones que sin duda son inadecuadas.

Se dice que Pemex y CFE más el Fobaproa y los rescates carreteros y otras obligaciones de pago son una simulación... esas ficciones del marco jurídico y reconozcamos que el déficit es déficit.

Además tenemos un gran riesgo porque están sumiendo en enormes pasivos sin la adecuada supervisión del Congreso. El gobierno y la mayoría del PRI impulsaron los pasivos laborales de Pemex y CFE fueran asumidos como una deuda pública, de manera que no se requiera la autorización de este Congreso. Estamos hablando de un billón 474 mil millones de pesos de Pemex y 201 mil millones en CFE.

Otro gran riesgo es que los proyectos denominados de alto impacto se han usado como justificación para obtener la autorización del Congreso a mayores niveles de endeudamiento, pero en realidad el dinero se destina a otros proyectos.

Para el Ejercicio 2015 se autorizó un endeudamiento que debió de usarse para proyectos como el tren México-Querétaro, el Túnel Emisor Oriente, pero todos sabemos lo que pasó ahí. El ferrocarril fue cancelado por un escándalo de corrupción y que existieron problemas de ejecución en el Túnel Emisor Oriente.

En el Ejercicio Fiscal 2016 se autorizó un déficit de 3.5 del PIB, pero de este monto se destinó el 1 por ciento para conceptos de proyectos de alto impacto sin que la Ley de Egresos o el decreto de Egresos señalara de forma específica su destino.

Lo que estamos señalando no es una hipótesis, es un hecho. El gobierno ha argumentado que se requiere un mayor endeudamiento y que su destino será de proyectos de alto impacto, pero no los ha hecho como tal. Entregar una lista específica de cuáles son esos proyectos y buscar redacciones con la obtención de flexibilidad para usar el dinero en cualquier otro proyecto. Eso no puede volver a suceder.

Por lo que es al gasto los recortes han sido un engaño, una simulación para este país. El primer engaño fue la campaña del gobierno en la que se dijo que se centraría el recorte del gasto corriente y que se protegería la inversión pública. Eso fue falso porque el recorte se concentró en Pemex y CFE, donde se dejaron de invertir 72 mil millones de pesos, lo cual presentó un 58 por ciento del recorte de 2015. Es decir, el gobierno simplemente dejó de un lado las cosas, que resultaba socialmente aceptable reducir el gasto corriente, pero hizo lo contrario; reducir el gasto de inversión.

Segundo engaño. Estuve en el manejo del recorte preventivo, el 30 de enero de 2015, el gobierno anunció un recorte de 124 mil millones de pesos, pero en realidad el resultado del ejercicio 2015 no se ajustó a ello, sino se incrementó.

El gobierno autorizó...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Busque concluir, diputado Pérez.

El diputado Candelario Pérez Alvarado: –En un momento termino, diputado presidente–. El gobierno fue autorizado por esta Cámara de Diputados el ejercicio de gasto de 4 mil billones 763 millones de pesos, pero en el cierre del 2015, el ejercicio fue en pagos de 4 mil billones 891 millones de pesos. Esto implica 128 mil millones de pesos adicionales.

¿Qué proponemos? El PRD pide, y que se hable claro y de frente, pedimos cosas básicas para el debate, pedimos que se elimine la simulación jurídica sobre el endeudamiento público, pedimos se incremente el déficit sin controles, pedimos mayor transparencia, vigilancia en el asunto de los pasivos de Pemex y CFE. Pedimos que el déficit se destine a proyectos de alto impacto de infraestructura.

En este periodo estamos solicitando que vengan las autoridades de la Secretaría de Hacienda, para que de frente discutamos la reducción al Presupuesto, si eso es lo que está planteando el gobierno federal.

Le pedimos debatir alternativas para solucionar la debilidad de las finanzas públicas, pero no como un fin en sí mismo. México no tiene tiempo, necesitamos rescatarlo entre todos. México requiere de recursos para financiar el desarrollo y eso es incompatible con los privilegios de la elite.

No nos interesa venir a denostar, por supuesto que somos oposición y vamos a criticar los errores, pero no queremos encasillarnos en un diálogo sordo, queremos que el gobierno reconozca que debemos impulsar acciones nuevas y planteamos que esa nueva ruta sea construida con acuerdos transparentes.

Con ese ánimo convocamos al gobierno a ratificar y a dejar de lado la idea de que un simple ajuste de gasto resolverá los problemas de fondo.

Es hora de que el gobierno escuche el mensaje de la sociedad, es hora de enfrentar la desigualdad, acabar con los privilegios y atender a la gente que es más humilde. Este es un momento en que la política...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.

El diputado Candelario Pérez Alvarado:... económica debe verse obligada a una reorientación. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Tiene ahora la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Minerva Hernández Ramos:Con su venia, diputado presidente. Apreciables diputadas y diputados, hace días la Secretaría de Hacienda dio cuenta del comportamiento de la economía en el último año.

Un crecimiento económico del 2.5 por ciento, un crecimiento del 27 por ciento en los ingresos tributarios, un crecimiento del 3.5 por ciento a las entidades federativas y municipios vía participaciones y aportaciones, y un crecimiento de 644 mil plazas, derivado de los trabajadores afiliados al IMSS.

Pero omite el gobierno federal reconocer que los resultados se quedaron cortos ante sus propias expectativas de crecimiento con las llamadas reformas estructurales, sobre todo la fiscal y la energética.

Hay que hacer una reflexión más profunda, porque lo que verdaderamente sucedió en 2015, fue un mayor endeudamiento que ya hoy alcanzan la mitad del valor de la economía de la nación, una reducción de la inversión muy alta, un crecimiento del gasto corriente también del orden del 6 por ciento, y lejos de haberse cumplido con el recorte presupuestal, se ejerció un mayor gasto que fue cubierto mediante los aprovechamientos, por cierto, mismos que se habían subestimado en 175 mil millones y alcanzaron los 400 mil millones de pesos.

El crecimiento económico fue insuficiente para abatir significativamente la pobreza y la desigualdad del país, y si bien crecieron los ingresos tributarios se debió en gran medida a los contribuyentes de siempre, a los asalariados y al consumo de la clase media, que son quienes sostienen la recaudación impositiva, no así a la supuesta eficacia derivada de la reforma fiscal.

Los recursos canalizados a entidades federativas y municipios sólo se han venido traduciendo en una mayor deuda pública. Al cierre de 2015, esta deuda se incrementó hasta 536 mil 200 millones de pesos, endeudamiento que no ha servido ni para impulsar el crecimiento económico ni tampoco la competitividad en nuestro país.

El crecimiento de afiliados en el Seguro Social y a su vez la disminución de más de 4 mil millones de pesos en sus ingresos, sólo se puede explicar por la precariedad de los salarios en México.

Si no se presentan subejercicios presupuestales, tampoco es debido a una eficiencia administración del gasto, sino a los ajustes arbitrarios que el gobierno federal ha venido realizando.

Es incongruente que los diputados aprobemos, en esta soberanía, un presupuesto y que el Ejecutivo lo amplíe hasta un 55 por ciento en el gasto de la oficina de la presidencia, y en contra parte lo reduzca en un 147 por ciento en el gasto de hospitales generales y de alta especialidad.

¿Dónde quedó la racionalidad y austeridad del gasto? Cuando la Cofece, por ejemplo, reporta cursos para la prevención de emboscadas y manejo de vehículos blindados, siendo que su objeto es garantizar la libre competencia económica.

O cuando paradójicamente se otorgan a discreción más de 3 mil millones de pesos para donativos y subsidios cuyo destino carece de absoluta transparencia.

El gobierno federal presume la baja en el costo de luz, gasolina, telefonía móvil y larga distancia nacional, situación que no se refleja en los bolsillos de los mexicanos. Se tiene que reconocer que las reformas estructurales no están reduciendo el costo de la vida ni tampoco están protegiendo la economía de las familias mexicanas.

La ciudadanía se pregunta cuáles serán las consecuencias en su propia economía derivadas de los ajustes a la baja en el crecimiento económico, la inestabilidad cambiaria, la baja de los petro precios, el déficit en los ingresos de Pemex y su propia deuda, así como la certidumbre en la ejecución de los programas presupuestales aprobados.

Hacienda dice estar analizando recortes en Pemex y demás programas sociales. Nosotros en el PAN creemos que más que recortar el gasto se requiere de medidas responsables dotadas de una buena dosis de transparencia, encaminadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la protección del patrimonio de las familias mexicanas.

Sin duda, los escenarios en que aprobamos el paquete económico son diferentes a los que hoy estamos viviendo. La situación económica es delicada, y por tanto, los legisladores de Acción Nacional exigimos al gobierno federal implemente políticas responsables que supriman decididamente el gasto no prioritario y que en los ajustes no se limiten a recortar programas y plantillas laborales.

Esta soberanía demanda a las autoridades hacendarias conocer y debatir sus propuestas en materia económica para realmente mover a México.

En Acción Nacional queremos fortalecer un diálogo permanente con el gobierno federal en la búsqueda de esquemas que favorezcan el empleo formal, mejoren los salarios, impulsen la inversión productiva y preserven las fuentes de trabajo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: Con el permiso del señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Primero que nada, me da mucho gusto que en las diferentes participaciones se reconoce que no ha sido por decisiones erróneas del gobierno de la República o por malas políticas públicas el que México enfrente una situación difícil en materia económica y que el mundo atraviese por una crisis internacional.

Se ha reconocido que es la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo el de China, el que ha provocado una reducción de la demanda de materias primas. Que ha bajado también, entre otros, el precio del petróleo y el inminente crecimiento ya de las tasas de interés en Estados Unidos.

Lo que sí es responsabilidad del gobierno de México y de este Congreso es haber en su momento tomado las medidas necesarias para poder enfrentar futuras crisis. Eso provocó que en México se hiciera la reforma hacendaria que ha logrado que se reduzca en 50 por ciento la dependencia del presupuesto federal sobre los ingresos petroleros, al pasar de cerca de 40 por ciento a menos de 20 por ciento, al tiempo de incrementar los ingresos tributarios de 8.4 por ciento del PIB al 13 por ciento, lo que representa un incremento de 50 por ciento en 3 años de los ingresos tributarios.

Al mismo tiempo, el gobierno de la República ha cumplido su palabra, y este Congreso así lo ha avalado, de ir reduciendo los requerimientos financieros del sector público al haber logrado para este 2016, ponerlos en 3.5 por ciento del PIB e ir cumpliendo la meta para 2018 de 2.5 del PIB, cuando en el sexenio anterior tuvimos un promedio de 4 por ciento respeto al producto interno bruto.

También en términos de deuda pública, si bien ha crecido la deuda pública con respecto al producto interno bruto en México, hoy en México es de 46 por ciento, cuando en Alemania es del 71 por ciento. En Estados Unidos, un país referencia, rebasa a 100 puntos de producto interno bruto y en Japón casi es de 300 puntos del producto interno bruto.

Pero ¿Qué sí se ha logrado en estos años? Por ejemplo, empiezo a dar algunas estadísticas y puntos que pueden avalar esta posición. México ha crecido gracias a las reformas económicas 17 posiciones en desarrollo del mercado financiero, según el Foro Económico Mundial. Seis posiciones en materia de infraestructura y preparación tecnológica. Cuatro posiciones en la eficiencia del mercado de bienes.

También en México se ha logrado en tan solo tres años disminuir por primera vez el costo de la energía en nuestro país, con una disminución de 3 por ciento en los precios de las gasolinas y el diésel. Han decrecido en estos dos últimos años 4 por ciento las tarifas eléctricas domésticas.

También el crédito ha crecido de una manera importante en estos últimos años, incrementándose en 5.5 puntos porcentuales con respecto al PIB.

También las tarifas telefónicas han bajado en México, 41 por ciento en tarifas de larga distancia internacional; 17 por ciento en tarifas de telefonía móvil y se ha eliminado el costo de la tarifa de larga distancia nacional.

Respecto a algunas otras cifras que pueden avalar que el gobierno ha actuado con responsabilidad, con seriedad, que ha enfrentado la crisis con suma consciencia de lo delicado de la situación macroeconómica de nuestro país, podemos ver también algunas cifras que pueden avalar el mejor desempeño de este gobierno respecto a otros periodos de gobiernos anteriores.

Se han creado cerca de un millón 800 mil empleos en estos primeros tres años de gobierno, contra 600 mil de los primeros tres años de gobierno del sexenio anterior.

También la inflación ha estado en estos tres años en un promedio de 3.4 por ciento y no llega ni al 3 por ciento en el primer mes de este año, las reservas internacionales han crecido 15 por ciento en promedio anual, la inversión extranjera directa 34 por ciento y los Cetes se encuentran en sus mínimos históricos respecto a sexenios anteriores.

También la tasa de desempleo, que es lo que más nos debe interesar, que genera ingresos para los mexicanos, se encuentran en el menor nivel, 4 por ciento en diciembre respecto al menor nivel que fue en 2007. Es decir, hemos mejorado el desempleo, respecto a ocho años para atrás y al mismo tiempo tenemos un crecimiento en el empleo para el mes de enero de 3.8 por ciento anual.

Y lo que también nos debe importar mucho, que son los salarios. Por fin estamos logrando que en México la gente gane más y que los salarios crezcan más que la inflación. Hemos logrado para enero de este año, un crecimiento del 1.5 por ciento real anual de los salarios, lo cual ha provocado que el consumo interno en México crezca de una manera importante y sea logrado un récord histórico del crecimiento de las ventas del ANTAD para tiendas iguales del 5.8 por ciento real anual, y también las ventas de automóviles reflejan el mayor crecimiento histórico desde que existe este indicador, con un crecimiento de 119 mil unidades para el primer mes de 2016.

Respecto al crecimiento económico de nuestro país, si bien no hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto, respecto al crecimiento en este entorno internacional difícil que han tenido otras economías, México refleja resultados importantes. México ha crecido a la par de lo que ha crecido Estados Unidos, muy por arriba del promedio de Latinoamérica y muy por arriba también de otros países como Brasil y Rusia que han decrecido.

Pero si bien estas cifras son cifras duras y cifras claras, quisiera decir algunos planteamientos de algunos organismos que avalan esta situación. El Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas señaló, la economía mexicana ha mostrado resistencia durante el año pasado en un entorno complejo, esta resistencia refleja el compromiso de México con políticas macroeconómicas prudentes, esto al avalar para tres países en el mundo, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario.

Hoy, Víctor Herrera, director gerente para América Latina de Standard & Poor’s, señaló en Blumberg, que los esfuerzos de México por reducir los subsidios a la energía y ampliar su base impositiva contribuyen a aislar su calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, compañía que controla el Estado en momentos en que ésta enfrenta una caída en los precios.

Finalmente, la madrugada del día de hoy en Europa México colocó dos mil 500 millones de euros de deuda pública, habiéndose habido una demanda de casi cinco mil, del doble de lo que México colocó, a tasas casi en el nivel mínimo histórico y a plazos de casi 15 años.

Así que son los mismos mercados los que avalan no solo lo que dicen los analistas y lo que vengo a señalar aquí, así que ratificamos que si bien las cosas están difíciles, vamos por buen camino y la economía se encuentra guiada de una manera adecuada. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Estefan.

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRÁINZAR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del vigésimo aniversario de la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Esta Presidencia –a propósito– saluda y da la más cordial bienvenida a los expresidentes de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del Estado de Chiapas, conocida coloquialmente como la Cocopa.

Al diputado Jaime Martínez Veloz, que lo fue en la LVI y en la LVIII Legislaturas; al diputado César Chávez Castillo en la LVI Legislatura; al senador Oscar López Velarde Vega, que lo fue en la LVI y LVIII Legislaturas; al diputado Marco Antonio Michel Díaz, en la LVI Legislatura; y tengo aquí anotado pero no lo veo, a menos que ande en otra parte al diputado José Narro Céspedes, en la LVI, LVIII y LXI Legislaturas. Bienvenidos, amigos expresidentes de la Cocopa. Están acá al frente.

Tiene la palabra para referirse al tema hasta por cinco minutos el diputado Diego Valente Valera Fuentes, presidente de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Adelante, diputado.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Hablar de la Cocopa para muchos es desconocido. Algunos han sugerido que su existencia ya no está fundamentada. Que lleva 20 años inerte, viviendo del recuerdo. Lo cierto es que un año antes del 16 de febrero de 1996, cuando la idea de la palabra y la razón se cerraban, cuando las condiciones para la violencia estaban dadas, fue este Poder Legislativo quien intervino responsablemente emitiendo como Congreso, una ley que trazó la conveniencia y la ruta de diálogo y la negociación con el EZLN.

Desde la pluralidad que somos, por encima de las diferencias partidistas, reconociendo justas las causas y privilegiando el bien de la nación, esa ley de diálogo y conciliación generó como instrumento a esta comisión bicameral que ofertara una salida de paz a través del diálogo y negociación como alternativa a las armas.

Después de meses de negociación, de presencia en la zona de conflicto, de mesas y mesas de trabajo, de convivencia, de respeto, de valor, un día como hoy de hace dos décadas, el gobierno mexicano firmó, ante los ojos atentos del mundo, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Acuerdos que son los más significativos en nuestra historia reciente.

Quiero reconocer la presencia, como mencionó el Presidente de la Mesa Directiva, de hombres que vivieron en carne propia y que hicieron posible ese momento histórico. Muchos se nos han adelantado en el camino; quiero mandar un especial reconocimiento a un panista ejemplar, a don Luis H. Álvarez, a quien le envío un gran saludo hasta su casa, y dedicar este mensaje a la memoria de don Heberto Castillo, un hombre ejemplar, un mexicano reconocido; y también aprovechar este momento para reconocer a un hombre que no sólo fue parte de este momento histórico, sino que lleva 20 años siendo parte, estando cerca, estando pendiente, a mi amigo el arquitecto Jaime Martínez Veloz.

Un proceso que reconocía los derechos colectivos de carácter político social, cultural y económico para las comunidades indígenas, su libre determinación y autonomía, el reconocimiento de sus sistemas normativos, el derecho de sus tierras y territorios, y los derechos de las comunidades como sujetos.

Este acuerdo no sólo irradió esperanza a nivel nacional e internacional, sino más importante aún, penetró las entrañas de nuestros pueblos indígenas, que veían un acto de justicia ante esta deuda histórica que nuestro país arrastraba.

Pero cuando aún los ecos de las marimbas alegres se escuchaban en la selva, el entonces presidente de la República desconoció los acuerdos mutilando esas esperanzas nacientes y sembrando un silencio en las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Los argumentos utilizados por el gobierno, me avergüenza decirlos, como mexicano, porque balcanizaban y fragmentaban a nuestro país los acuerdos de San Andrés, se generaban estados dentro del Estado; ése fue el argumento que puso el gobierno.

Y yo me pregunto, cuándo fragmentar, es el horizonte de nuestros pueblos originarios. Cuándo ésta ha sido su naturaleza. Si los pueblos originarios han participado de manera directa en la construcción de nuestra nación, su nación, y que lo han hecho y que lo han construido con hechos, porque su sangre corrió en la Independencia de México a lado de Hidalgo y de Morelos, porque sangre zacapoaxtla defendió la soberanía nacional en intervenciones extranjeras, porque sangre de yaquis en el norte y de náhuatl en el sur, también corrieron en la Revolución Mexicana.

¿Cómo argumentar la fragmentación del país cuando un indígena en el uso del poder restauró la República? Era de Oaxaca y de apellido Juárez, su espíritu hoy está en las letras más grandes en este Congreso legislativo.

Compañeros legisladores, a 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la deuda histórica que aún persiste yo pregunto, ¿Para qué esperar más tiempo? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad histórica de la presente legislatura? Un gran honor sería para todas y para todos nosotros hacer realidad las reformas en materia indígena, que se reconozcan los derechos colectivos que los pueblos exigen y por los cuales han estado luchando por tanto y tanto tiempo.

Si bien es cierto que han existido intentos en los últimos años, ninguno de ellos abraza el espíritu de los acuerdos de San Andrés, ninguno ha sido suficiente. La exigencia por el reconocimiento de derechos no puede pasar desapercibida para nosotros, es el reclamo de 15 millones de mexicanos indígenas.

Han pasado muchos gobiernos, los que lo prometieron hacer en cinco minutos y lo que simplemente prefirieron ignorarlo. Por eso hoy sin posturas partidistas, sin posturas políticas, quiero celebrar lo hecho por el presidente de la República en septiembre de 2014, al anunciar en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas que después de tanto tiempo incorporara a la agenda nacional la armonización de la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas que no solo abraza, sino también complementa los tratados de San Andrés.

La vía para el cumplimiento está trazada, las condiciones políticas son propicias para que hagamos historia. La armonización legislativa de los tratados internacionales es el camino, una tarea del Estado mexicano, una deuda con los pueblos originarios, un compromiso del presidente de la República y una obligación de este Poder Legislativo.

Pido, con todo el respeto que puedo ofrecerles, con toda la voluntad de la Cocopa para con ustedes, que sin banderas, sin intereses de grupo, con el legítimo deseo de construir un México que conviva en paz a pesar de sus diferencias culturales, nos unamos para sacar delante de una manera responsable los trabajos encaminados a otorgar lo que por derecho corresponde a nuestros hermanos indígenas.

Hace 20 años generamos una salida de diálogo y conciliación como alternativa a las armas. Hoy, 20 años después, generemos reformas que salden esta deuda, con soluciones justas al problema que ya no podemos seguir ignorando, que construyan un mundo donde quepan muchos mundos, un México para todos los mexicanos, donde el reloj del poder político marque la misma hora que el reloj de nuestros pueblos en nuestros pueblos indígenas. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valera. Tiene ahora la palabra el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de la historia han surgido diversos movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana. También han manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en la defensa de la nación.

En la revolución mexicana combatieron con férrea determinación por su derecho a la tierra, de la cual históricamente han sido despojados. Han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones históricas de México, sin embargo han quedado al margen de los beneficios del desarrollo.

En la época postrevolucionaria sufrieron las consecuencias de la política integracionista que prohibió el uso de sus idiomas y les impuso como modelo de éxito la llamada cultura occidental.

El levantamiento del EZLN en 1994 cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos tzotziles y tzeltales tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna.

Para la pacificación se creó la Cocopa, de cuyas negociaciones se derivaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados un día como éste en 1996, en los que se reconocen los derechos de nuestros pueblos y el ejercicio de sus culturas.

De estos acuerdos se derivó la reforma al artículo 2o constitucional en 2001, lo que constituyó un importante avance porque se reconoció la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a su autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos También se elevó a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar su desarrollo integral y sustentable.

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar aún existen temas pendientes por legislar, como son los derechos de las mujeres, la consulta indígena y principalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. De esta manera se da validez a sus sistemas normativos internos, legitimidad a sus sistemas de gobierno interno, a sus asambleas donde se resuelven sus conflictos y deciden sus formas de organización económica, social y cultural.

El desarrollo sostenible es otra asignatura pendiente. Resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias, desechar las políticas asistencialistas que inhiben la creatividad y generan dependencia, porque la pobreza solo se comparte generando riqueza.

En la ruta para encontrar soluciones es muy alentador el pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en el 2014, donde manifestó que México se compromete a impulsar el proceso de armonización de la legislación nacional, siguiendo el espíritu de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el mejoramiento de su calidad de vida mediante la generación de mayores oportunidades de desarrollo.

Por ello resultan importantes las acciones estratégicas instrumentadas por el gobierno de la República para brindar una educación de calidad, mejores servicios de salud, vivienda digna y la cruzada contra el hambre.

En materia de justicia se ha dado un paso muy importante con la firma del convenio para implementar el nuevo sistema de justicia penal con visión intercultural y multilingüe, suscrito en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias del Poder Ejecutivo federal.

Desde esta tribuna de la nación saludo y agradezco al Jefe del Estado Vaticano, por su solidaridad con la causa de los pueblos indígenas.

Señoras y señores diputados, honremos la memoria de quienes arriesgando su vida levantaron sus voces para reclamar justicia, enarbolemos su causa para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación, su autonomía y su derecho al desarrollo y al bienestar, y concretar su representación en los Congresos estatales y al federal.

Este es el momento histórico para actuar y dar respuesta a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y le dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Reivindiquemos y construyamos con los pueblos originarios, el Estado y la sociedad, una nueva relación con justicia y dignidad.

Pasemos de la ley a las acciones, para traducir las reformas legislativas en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social, para que nunca más la desesperanza de nuestros pueblos los orille a tomar nuevamente el camino de las armas. Trabajemos por nuestros hermanos, tienen ese derecho legítimo a ser felices, a crecer y a ser parte de esta gran república. Está en sus manos.

Compañeras y compañeros diputados, vamos con los indígenas, vamos por su libertad, vamos por el respeto a su dignidad y a devolverles sus territorios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Coheto. Y tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Con el permiso de todos ustedes, diputado presidente, sin detrimento de los logros que se han obtenido en estos acuerdos desde hace 20 años, por supuesto con el reconocimiento de las personas vinculadas, que le han apostado al diálogo para construir y no a la guerra que es la que destruye, no a las armas.

La guerra de las ideas, el debate creo que es digno siempre de reconocer como una alternativa real para desarrollarnos de manera civilizada, donde la barbarie se quede atrás y la gente racional construya una mejor sociedad.

En ese contexto quiero hacer unos comentarios, precisamente dos décadas después de esta firma de acuerdo de San Andrés Larráinzar. México, amigas diputadas y amigos diputados, Guatemala, Perú y Bolivia cuentan con las mayores poblaciones de origen indígena del continente. Más del 80 por ciento del total regional, es decir, 34 millones de indígenas.

Actualmente, la población indígena del país es superior a los 15 millones de personas repartidas en 56 grupos étnicos que hablan 92 lenguas autóctonas.

Un 78 por ciento del total de la población indígena habita en 7 de los 32 estados, siendo estos, los siete, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero.

Un informe del Banco Mundial sostiene que la pobreza afecta a 43 por ciento de los hogares indígenas en la región, el doble de la población no indígena y el 24 por ciento de las familias indígenas viven en pobreza extrema.

El mismo informe del Banco Mundial establece que los indígenas son los más pobres entre los más pobres del continente. Es la comunidad indígena la más relegada que el resto de la población. Son datos oficiales, datos duros, datos que nos llevan a reflexionar en este ánimo de recordar esos Acuerdos de San Andrés, que por supuesto, hay mucho qué construir, y por supuesto también, algo qué festejar.

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés tenemos grandes asignaturas pendientes con nuestras comunidades de origen. Tenemos asignaturas como la pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia, discriminación.

Como vemos, hay un gran pasivo social. Hay mucho discurso pero pocos hechos. Hay muchos anhelos pero pocos logros en el corazón de los indígenas. Hay un gran pasivo que tenemos que ver, por supuesto, y estamos de acuerdo, sin tintes partidistas y como una elemental responsabilidad ética y moral.

Tenemos un gran compromiso con esta comunidad. Solamente en el último punto, el de la discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, dio a conocer una encuesta según la cual el 44.1 por ciento de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.

Se trata del porcentaje más alto, por encima de quienes creen que no se respetan los derechos de personas. Este es un dato que nos debe llenar de responsabilidad, por ello, amigas y amigos, nosotros, como Partido de Encuentro Social, vertimos dos reflexiones básicas.

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés hay algo que festejar, desde luego, y respetar sus logros; pero hay mucho por hacer en materia legislativa. A 20 años de los Acuerdos de San Andrés debemos reconocer el espíritu de aquellas mesas de trabajo, aunque en el terreno de los hechos fue un asunto del que todavía falta mucho por lograr en esos acuerdos.

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés, debemos honrar a los demócratas que sentaron ese histórico momento y relanzar el anhelo de colocar a nuestros pueblos de origen en el verdadero esfuerzo y en el verdadero lugar que les corresponde. Estricta justicia social. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra a diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: México es una nación pluricultural, lo que se refleja en los 68 pueblos indígenas que lo habitamos y que representa el sustento del origen de nuestra nación. Más de 15 millones de mexicanas somos indígenas.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fue una declaración de guerra al Estado mexicano lo que cimbró al país el 1 de enero de 1994: la declaración de la selva lacandona. No provenía del extranjero sino de las entrañas de nuestro pueblo mexicano, los indígenas y las indígenas hablamos.

Con ella, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas para poner en el centro de la atención nacional y también internacional la precaria situación de los pueblos indígenas en México, y exigir la reivindicación de sus derechos.

Por primera vez un ejército de indígenas lograba que el Estado volteara sus ojos y lo reconociera, reconocía la deuda histórica con los pueblos originarios y motivaba a todo el país a defender sus derechos humanos, sociales y políticos.

Históricamente nuestros pueblos indígenas han sido objeto de múltiples formas de subordinación, desigualdad, discriminación, que nos han mantenido en una situación estructural de pobreza, explotación, marginación y exclusión. Atender el justo reclamo social era una obligación. Dialogar y alcanzar acuerdos es una necesidad.

El 16 de febrero de 1996, a dos años del levantamiento se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que contenían los compromisos para que la Comisión de Concordia y Pacificación, elaborará una ley en la materia de derechos y cultura indígena que atendiera las demandas de justicia e igualdad y reconociera a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público con capacidad para organizarse de manera autónoma.

Con el levantamiento zapatista, México fue testigo del proceso del diálogo constructivo, horizontal y democrático más importante que se ha llevado a cabo en el último cuarto del siglo.

Diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno construyeron los acuerdos que presentarían la oportunidad de transformar la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. A 20 años de la firma de estos acuerdos y pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial. Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación.

Para Nueva Alianza, es claro que se requiere una transformación profunda para cambiar la situación que viven nuestras comunidades indígenas en el país y que siguen padeciendo problemas de salud, de hambre, de pobreza extrema, de discriminación, de marginación, pero sobre todo de injusticia.

Al igual que hace 20 años, las y los indígenas mueren de enfermedades curables y no tienen acceso a una educación de calidad, continúan siendo víctimas de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos, y también son despojados y desterrados de sus territorios, costumbres y recursos naturales.

No obstante a ello, hoy es tiempo de que sean plenamente reconocidos, valorados y respetados sus derecho. No hacerlo ahondará la brecha de desigualdad e injusticia social porque hoy, como hace 20 años, consolidar sus derechos económicos, políticos y sociales sigue siendo una deuda pendiente.

Como juarista lo digo: ¿Estamos dispuestos a pagar esa deuda? Honremos a nuestros ancestros. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Tiene ahora la palabra la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros aun presentes en la sesión. Bienvenidos, señores expresidentes de la Cocopa. Es un gusto recibirles esta tarde.

Hace 20 años en una de las comunidades más pobladas de una de las etnias indígenas –tzotzil–y de las poblaciones centrales a donde en Chiapas todavía los derechos más humanos de los indígenas tiene la federación grandes deudas hacia ellos, hoy Movimiento Ciudadano se pronuncia por la reivindicación de las mismas.

Aprovechamos a decir que abrazamos y apoyamos lo dicho por mis compañeros de la Cocopa y mi compañero de la Comisión de Asuntos indígenas. En las manos del PRI, del Verde, como del PRD y de la mayoría de todos los que aquí estamos, está el darle solución no solo a estas deudas de la población originaria más importante que da origen a nuestra cultura y esencia a nuestra lucha, a nuestros hermanos indígenas.

Haciendo un recuento de la visibilidad de los pueblos indígenas a raíz del 94, tras siglos de opresión por las capacidades de pueblos es que sobrevino una coyuntura política. Esta abrió el espacio de expresión para este mundo indígena igual y tratado a veces distinto. Fue hasta entonces cuando nuestros pueblos originarios comenzaron a hacer escuchar sus necesidades y sus posiciones ante la segregación centenaria y la globalización. Es así como en octubre de 1995 se instauraron las mesas de diálogo para propiciar la atención jurídica de los reclamos indígenas; estas tuvieron derechos muy humanos para pronunciarse.

El primer tema, Los Derechos y Cultura Indígena.

Como producto de esa mesa surgieron tres documentos que implicaron varios de los siguientes compromisos: el reconocimiento a su autonomía. La libre determinación de autogestión de los pueblos indígenas. Su reconocimiento a la Constitución. La ampliación de sus esquemas de representación política en apego a sus usos y costumbres. La garantía de un acceso pleno a la justicia con traductores, con jueces y con ministerios públicos que conozcan, que hablen la lengua y que puedan entenderse.

La promoción de sus manifestaciones culturales para que no sean robados de sus esquemas artesanales ni en su calidad. El aseguramiento de su educación y su capacitación, sus necesidades básicas. El impulso a sus empleos productivos, siendo el campo su mayor origen, tecnificarlo y capacitarlos para que puedan seguir siendo proveedores de lo que si en este México muere, que es la tierra, entonces comenzarán graves problemas para la nación.

Todo esto trajo y derivó de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados el 16 de febrero de 1996, en este pueblo hermoso y colorido del estado de Chiapas.

Al año siguiente se promulgó lo que debió haber sido el primer avance en el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo la reforma que se materializó no atendió remotamente lo pactado; planteó vagos reconocimientos constitucionales en materia de tierras, y en los artículos, sobre todo, en el 27.

Posteriormente en la transición del poder, ese poder que atiende con discurso pero no en acciones, se retomaron los temas relacionados con los Acuerdos de San Andrés, y se inició una nueva etapa de reformas que generó una ampliación de reconocimiento de los indígenas en la Constitución y en la promulgación de las leyes como la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo a 20 años de la firma de los acuerdos, el tema pendiente continúa siendo generar los contextos y mecanismos para poder juntos implementar las transformaciones. Estas son el único camino para la realidad: las aspiraciones de los pueblos indígenas.

A pesar de los intentos por la lucha de los derechos, vemos más violencia hacia ellos en muchos rincones del país. Muchas voces, muchos dichos, muchos pronunciamientos y muchos discursos. Precisamente ayer en previo al vigésimo aniversario de los acuerdos de San Andrés, en este aniversario en el que se enmarca de manera significativa por la visita del Papa Francisco el día de ayer al estado de Chiapas, cuna de la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas, dirigió un mensaje que llamó nuestra atención.

Destaco lo siguiente: muchas veces de modo sistemático han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, otros han despojado de sus tierras o han realizado acciones contaminándolas, qué tristeza. Perdón hermanos. Que el mundo de hoy despojado por la cultura del descarte los necesita a ustedes. Perdón es un buen sentimiento, pero la acción y el actuar de este gobierno sería mejor para esta patria nuestra mexicana.

Es tarea del legislativo y de todos y de cada uno de ustedes, lograr impulsar nuevas modificaciones que permitan que las comunidades sean reconocidas con mecanismos diseñados y apegados a sus tradiciones.

Desde la perspectiva indígena se busca el reconocimiento explícito a todos sus derechos. Es momento compañeras y compañeros, de dejar de regatear el reconocimiento que exigen nuestros pueblos indígenas. El reto de nuestra generación debe ser romper con esa inercia por pensar que nuestro país tiene un solo rostro.

Empecemos a reconocerlos en nuestra riqueza multicultural, sólo así encontraremos la única salida viable para construir una globalidad que no implique la extinción de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestro México que sin color pueda tener y hablar de su historia para reconocer y dignificar nuestro origen, comencemos por dignificar a nuestros pueblos originarios y a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias diputada Orantes. Tiene ahora la palabra la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Guadalupe Hernández Correa:Con su permiso, señor presidente. Diputados, diputadas, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, habrían pasado a la historia si el gobierno hubiera cumplido con lo pactado con los pueblos indígenas.

En un llamado contra la explotación y la pobreza el 1o. de enero d 1994 tuvo lugar un levantamiento armado, movimiento social que derivó en la demanda del cumplimiento del Estado mexicano ante los indígenas que habitaban el territorio nacional.

En febrero de 1995 el Estado federal lanzó una ofensiva militar para eliminar el movimiento zapatista, pero paradójicamente se creó la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas, de la cual emanó la Comisión de Concordia y Pacificación, mejor conocida como Cocopa.

Posteriormente, y después que la comandancia del EZLN consultó a sus bases y el movimiento indígena a las suyas, se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los que el gobierno mexicano reconocía el yerro histórico de excluir a los pueblos indígenas y se comprometía a reformar el Estado para incluirlos dentro de la sociedad nacional reconociendo sus derechos.

Estos acuerdos despertaron la esperanza de lograr un pacto social y político por medio del diálogo, donde se planteaba el reconocimiento de los pueblos indígenas, quienes han estado presentes en los momentos más destacados de los conflictos sociales en la construcción del Estado nacional.

La estrategia del Estado radica en no reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, pues solamente se han ratificado convenios y declaraciones internacionales con el objetivo de crear una buena imagen en la política exterior, sin que esto signifique un verdadero compromiso.

Existen numerosos temas pendientes con respecto a estos acuerdos. Como legisladores debemos luchar por que se reconozcan en nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público, situación que daría legalidad a sus sistemas normativos internos. Es importante pugnar por la prevención de sus territorios y crear propuestas de solución a los problemas agrarios que prevalecen en las regiones indígenas.

Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde firmaron los acuerdos para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta las promesas que se hicieron en la Marcha del Color de la Tierra hacia la Ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas.

En Morena estamos convencidos de que debemos sentar las bases para una nueva iniciativa que permita retomar los Acuerdos de San Andrés, para diseñar nuevas políticas públicas que permitan la participación política de todas las comunidades. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez López, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Jorge Álvarez López:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo a los amigos de los medios de comunicación a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso. Saludo con afecto y respeto a los ex presidentes de la Cocopa. Bienvenidos.

El 1 de enero de 1994 nuestro país despertó con la noticia de una declaración de guerra hacia el Estado mexicano, lanzada desde la selva Lacandona por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se trató de un hecho insólito que en esencia buscaba el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios, quienes durante siglos fueron víctimas del menosprecio y el maltrato de una sociedad y un gobierno que a menudo incurría en prácticas que lastimaban profundamente la dignidad de nuestros pueblos indígenas.

Luego del impacto provocado por el surgimiento de un levantamiento armado de un país que aspiraba a alcanzar la modernidad, debieron pasar dos años de intensos trabajos con diversos actores políticos y sociales para que en el poblado de San Andrés Larráinzar, en el estado de Chiapas, el 16 de febrero de 1996 se firmaran los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena.

A 20 años de la firma de estos acuerdos no podemos negar que México sea hoy un país más incluyente y con mayor conciencia de la relevancia que tiene respetar y hacer efectivos los derechos de todos los miembros de la sociedad, sin importar la raza, la religión, el origen étnico y la condición socioeconómica de quienes lo reclaman. No obstante aún queda mucho por hacer para poder saldar la deuda histórica que tenemos como nación con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

Si bien es cierto que la rebelión zapatista llevó en un primer momento que este Congreso de la Unión estableciera en nuestra Carta Magna que los pueblos y comunidades indígenas requieren de especial protección.

Del mismo modo que en materia electoral se nos reconoció la libre determinación para elegir a nuestras autoridades, así como el respeto a nuestros usos y costumbres, tenemos que reconocer que esto aún no alcanza.

Actualmente, solo por citar algunos ejemplos, no se reconoce a la mujer indígena como titular de derechos de la tierra y tampoco contamos todavía con una ley nacional indígena. Esa es la deuda que el Legislativo de este país tiene con nosotros.

Derivado de esta situación, hoy más que nunca, como legisladores debemos trabajar para la concordia y la pacificación. Y en este aniversario los invito a coadyuvar y apoyar los trabajos que continuará desarrollando la Comisión para la Concordia y la Pacificación, encabezada por el diputado Diego Valente Valera, la cual está integrada por todas las fuerzas políticas y que tiene por objetivo avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de nuestros indígenas del país.

Desde esta tribuna quiero expresarle al presidente de la Cocopa, un chiapaneco que conoce a profundidad el problema de los desplazados, las mujeres, los niños y los adultos mayores de origen indígena, todo nuestro respaldo para construir un país en el que los indígenas nunca más volvamos a ser excluidos.

Uno de los objetivos de esta Legislatura debería ser el de trabajar para que México siga avanzando en cuanto respecta a armonizar su legislación y dar cabal cumplimiento de los acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos indígenas.

El gobernador de mi estado, Chiapas, el licenciado Manuel Velasco Coello, ha manifestado de manera reiterada la necesidad ineludible de que este Congreso haga lo necesario para cumplir los acuerdos de San Andrés, que hoy está cumpliendo 20 años.

No atender este llamado de crear leyes incluyentes que den mayor certeza y seguridad jurídica a nuestros indígenas, sería como negar una vez más a 15 millones de personas que son nuestros hermanos y que en muchos casos, lamentablemente, siguen lidiando aún con la pobreza, la exclusión y la marginación.

Los acuerdos de San Andrés van más allá del estado de Chiapas, representan a todos y a todas las personas indígenas de nuestro país. Es a ellos a quienes debemos dar respuesta con nuestro trabajo, porque es inaceptable que ser indígena en nuestro país significa estar condenado a la pobreza.

Hoy, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, honrando nuestros principios de amor, justicia y libertad hacemos un llamado a caminar juntos para lograr que éste sea un país a la altura de la dignidad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Ahora tiene la palabra la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez:Con su venia, diputado presidente. Saludo con aprecio a los ex presidentes de la Cocopa. Bienvenidos a este recinto legislativo.

Acudo a esta tribuna a propósito de la conmemoración de los 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráizar, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales contienen un piso mínimo de derechos y criterios para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

El camino que han debido transitar los pueblos y comunidades indígenas para colocar en la agenda nacional sus reivindicaciones y ser reconocidos como tales, así como su derecho a la libre determinación de autonomía, ha sido largo y sinuoso.

Para ello fue necesario un levantamiento armado. Un levantamiento armado que fue emblemático, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Esto posibilitó reunir al gobierno de México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y organizaciones indígenas afines, con el objetivo de buscar respuestas a sus demandas.

Estos esfuerzos realizados en un proceso de construcción de acuerdos amplios dieron como resultado, el 16 de febrero del año 1996, la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Vale la pena recordar que estos acuerdos no expresan el conjunto de demandas enarboladas por estos actores políticos, son derechos mínimos demandados por el EZLN y el Movimiento Indígena Nacional, como señaló el grupo armado en su documento Punto y seguido.

Quedaron fueran de estos Acuerdos las autonomías municipales y regionales indígenas. El reconocimiento de sus territorios, el ser sujetos de derecho público, el acceso a los medios de comunicación y destacadamente, la falta de reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas, entre otros temas.

La reforma constitucional del año 2001 en la materia, apenas dibujó algunos de los derechos y demandas de los pueblos indígenas contenidos en los Acuerdos, ya que excluyó partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos indígenas, acuerdos que se tomaron en San Andrés Larrainzar.

Las palabras de los comandantes zapatistas Esther, Cebedeo y Tacho, expresadas en esta tribuna de la nación, demandando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el estado de Chiapas fueron ignoradas por las fuerzas mayoritarias de aquella legislatura.

Hoy, igual que ayer exhortamos a la legislatura actual a empeñar la palabra comprometida, y a la brevedad sometamos a la aprobación total de este pleno la iniciativa de la Ley de Concordia y Pacificación sobre Derechos y Cultura Indígenas.

A pesar de las innumerables declaraciones del gobierno federal respecto a la atención de la pobreza y desigualdad ancestral en que se encuentran los indígenas, y los cuantiosos recursos ejercidos para su atención, estos pueblos presentan un avance lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos índices de pobreza, las mayores carencias sociales y los menores niveles de ingreso. La pertenencia étnica se asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población total. Según Coneval, 3 de cada 4 personas que hablan lengua indígena y poco más de cada 10 integrantes de hogares indígenas viven en pobreza.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados hemos insistido en diferentes propuestas legislativas para reconocer plenamente el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. Muestra de ello son las diferentes iniciativas presentadas desde el año 2001 a la fecha, que recogen los acuerdos tomados en San Andrés Larráinzar.

En esta LXIII Legislatura las diputadas y los diputados del PRD reiteramos nuestro compromiso de incorporar a la legislación los pendientes que han quedado en el tintero. Por ello, hemos presentado propuestas para la aprobación de la Ley General de Consulta Indígena, conforme a los estándares internacionales y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, una consulta indígena previa, libre e informada, así como la representación indígena en los órganos de representación nacional y su derecho al desarrollo desde su propia perspectiva.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es momento de que el Estado mexicano sea una expresión real de todos los que habitamos en este país, en donde los pueblos indígenas sean un componente fundamental que reclama la plena inserción en el desarrollo nacional. Es la hora de la construcción del Estado mexicano pluriétnico y pluricultural.

Los conmino a comprometerse con acciones concretas para construir una legislación e instituciones desde esta perspectiva. Solo así demostraremos nuestro compromiso con los indígenas de todo el país mexicano. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal. Tiene ahora la palabra el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el día de hoy se cumple el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, un acontecimiento que pareciera lejano en el tiempo, pero que se encuentra cercano en la memoria.

Fue a partir de la década de los noventa, derivado del levantamiento armado del EZLN, a través de la Declaración de la Selva Lacandona, en diciembre de 1993, e inmersos en los grandes debates acerca de la transición a la democracia en México, sobre la globalización, mundialización, regionalismos, entre otros temas de índole geopolítico y social, que los sectores políticos, sociales y económicos del país, así como la comunidad internacional, comenzaron a voltear la mirada y prestar atención a temas tan sensibles y descuidados por el Estado durante décadas, como lo son los derechos indígenas.

Los acuerdos firmados en San Andrés en 1996, significaron la reivindicación histórica de las comunidades más alejadas y excluidas de la mano del Estado y el reconocimiento de una realidad silenciosa y negada por los gobernantes federales y locales.

Acción Nacional, fiel a sus principios de doctrina, participó activamente no solo en la búsqueda de alternativas para distender el conflicto en Chiapas, con su participación en la Comisión de Concordia y Pacificación, sino también proponiendo reformas a nuestro marco jurídico, en pro de dotar de mejores condiciones de vida y reconocimiento sociocultural a las comunidades indígenas.

Para nuestro partido no era suficiente la firma de acuerdos, si estos no iban acompañados de acciones concretas y de una legislación capaz de resumir e integrar las demandas y el clamor de justicia de quienes por décadas vivieron bajo la injusticia del rechazo y la discriminación.

El PAN fue el primero en proponer en el Senado de la República, una iniciativa que asumió la esencia de los Acuerdos de San Andrés, la esencia para lograr la paz en Chiapas y el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, con el objeto de que fuera tomados en cuenta en los juicios y procedimientos en que participen individual o colectivamente los indígenas.

Propusimos, que las comunidades indígenas fueran sujetos de derecho y que tuvieran pleno reconocimiento por parte del Estado, con las consecuencias jurídicas que se establecieran en la Constitución y en la legislación federal y local.

En aquel entonces, como ahora, impulsamos la participación de estas comunidades en la formulación de planes y programas de desarrollo y educativos con la finalidad de que sus características culturales sean tomadas en cuenta en el diseño de las políticas públicas.

En el PAN nos congratulamos porque la primera iniciativa constitucional de la alternancia política presentada por el presidente Fox y aprobada en el Congreso de la Unión en el 2001 era una deuda histórica del Estado mexicano y que tuvo como base los Acuerdos de San Andrés, el reconocimiento en nuestra Carta Magna de las garantías jurídicas y derechos políticos y sociales de los indígenas mexicanos y el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana.

Compañeras y compañeros diputados, conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, nos hace ver que la tarea está inconclusa; y estará inclusa hasta en tanto la pobreza y la discriminación sigan siendo una realidad en México.

No podemos hablar de una democracia consolidada mientras en nuestro país no haya la inclusión de todos a las mismas oportunidades, mientras se piense en favorecer a unos cuantos y no a todos los mexicanos sin importar su origen o condición social.

Ese es nuestro reto como legisladores. Es el reto que asumimos en Acción Nacional, legislar para hacer de México una nación que se reconozca a sí misma en el valor de cada persona, de cada comunidad, de cada visión del mundo, de cada realidad. El reto de legislar para una nación más justa de legislar para todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Hernán De Jesús Orantes López:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Nunca más un México sin nosotros, fue la voz que sacudió las conciencias en el año de 1994. Fue un abrupto despertar a una realidad de atraso, marginación y pobreza.

Los hijos del maíz y del color de la tierra dijeron “aquí estamos”, y reclamaron legítimamente sus derechos como ciudadanos mexicanos. Tuvo que ser un grito desesperado para que volviéramos los ojos a los originarios de México. Tuvo que ser un golpe virulento para que pudiéramos dar inicio al reconocimiento de que existe más de un México y que uno de ellos, el de nuestros hermanos indígenas, con una oprobiosa realidad de hambre y de miseria.

A los que hablan con la palabra verdadera, a los que se rigen con el corazón y conviven con principios de verdadera democracia y justicia, simplemente los teníamos olvidados. Fue su decisión reclamar el reconocimiento a sus derechos lo que lo puso repentinamente en la agenda pública, fue su lucha lo que no obligó a volver los ojos a su mundo, este mundo tan cercano y a la vez tan lejano de todos.

La importancia de los Acuerdos de San Andrés, estriba en que es el primer documento elaborado por los pueblos indígenas en este país, que habían estado relegados por más de 500 años. Nunca se les había mencionado en el entramado jurídico nacional ni se habían podido manifestar de ninguna manera en la construcción de instituciones nacionales.

En los documentos suscritos en San Andrés Larrainzar, se compactaron las demandas y los reclamos con el fin de convertirlos en norma jurídica para darles viabilidad institucional.

La importancia de los documentos estriba en que se logró discutir de manera abierta y de cara a la sociedad, la problemática de una parte de nuestra población que se encontraba segregada del resto del país. Así también de importante es el hecho de que se consiguió un reconocimiento a un movimiento político y social, como interlocutor del gobierno.

Ciertamente no está todo cumplido. Hay mucho que deliberar en torno a temas como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos que profundizar el análisis colectivo y lo individual en términos jurídicos. Sin embargo hay que reconocer que los acuerdos son un logro histórico porque significan la concreción del único debate nacional que se haya dado sobre el tema étnico en el país, y porque significan el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas, que por muchos años habían sido ignorados.

Como diputado representante del distrito donde se gestó el Movimiento Zapatista y se firmaron los acuerdos, los convoco, compañeras y compañeros, a seguir avanzando en el reconocimiento pleno a los derechos de nuestros hermanos indígenas. Ellos son nuestro origen, son producto de la montaña, de los valles y de los ríos primeros de este mundo.

Por lo anterior expuesto en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que la nueva relación gobierno-pueblos indígenas sea de respeto, de diálogos y acuerdos, donde juntos construyamos un nuevo México sin poblaciones vulnerables, un México para todos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Orantes.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Brenda Borunda Espinoza cause alta como secretaria en la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Brenda Borunda Espinoza cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Brenda Borunda Espinoza cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Antonino Morales Toledo cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Antonino Morales Toledo cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas, comuníquense.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, de la LXIII Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia  para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de febrero para celebrar su segundo periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que, por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le corresponden, y que el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno acuerda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se establece el siguiente calendario legislativo para el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo.Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVA Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA

«Efeméride con motivo del 14 de febrero de 2016, Día Mundial de la Energía, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

La conmemoración del Día Mundial de la Energía tiene como propósito crear conciencia en los habitantes de todo el planeta sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria, y con ello disminuir el uso de las energías basadas en combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo.

La importancia de la energía radica en lo elemental que es para el funcionamiento de casi todo en el planeta, como motor que hace crecer las plantas, da vida a los animales, determina las estaciones del año e, incluso, propicia toda clase de fenómenos naturales.

Desde la existencia de la humanidad, la energía ha sido una de los elementos clave para su progreso. Gracias a ella, los seres humanos pudimos desarrollar actividades como la agricultura, el transporte y la tecnología.

No obstante, durante décadas la energía no fue percibida y tratada con el cuidado necesario, por lo que su efecto en el ambiente es considerado una de las principales problemáticas en este rubro.

En la actualidad, el uso de la energía sigue siendo elemental en nuestra vida; desde acciones tan cotidianas y básicas hasta las más elaboradas que hacen de su uso algo indispensable para el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, conforme el humano ha progresado a través de los años, la industria, la tecnología y cientos de actividades económicas dependen directamente de un elevado consumo de ella.

Las principales fuentes de energía provienen de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, recursos que además de no tener la capacidad de renovarse, son muy nocivos para el ambiente y, consecuentemente, para la salud humana.

Al respecto, datos emitidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señalan que 33 por ciento de los gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción de energéticos y 34 por ciento con su consumo.

Tal es la magnitud de la demanda y consumo de combustibles fósiles que, desde hace décadas, los seres humanos nos enfrentamos a una realidad innegable. Nos referimos al cambio climático, como un fenómeno que al incrementar paulatinamente la temperatura de todo el planeta, desencadena en graves fenómenos ambientales y meteorológicos.

No podemos ser omisos a las manifestaciones constantes de las graves afectaciones que estamos provocando a nuestros recursos naturales, tenemos que generar conciencia y responsabilidad para hacer un uso sustentable de la energía.

Por ello conmemoramos el Día Mundial de la Energía como una herramienta para crear conciencia y solidarizarnos con un problema que nos afecta a todos; no es necesario sacrificar nuestras necesidades con objeto de reducir el consumo energético, sino adaptar muchos de nuestros hábitos para controlar nuestro efecto en el ambiente.

El país ha fijado bases sólidas para ello a través de la construcción de una de las principales reformas de la actual administración, la reforma energética, con la cual se busca ofrecer condiciones únicas para producir energías limpias, a través de las inversiones para propiciar el crecimiento económico, sin afectar los recursos naturales.

Como Partido Verde, manifestamos nuestra preocupación por el uso irracional de energías no limpias, y refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la construcción de políticas que garanticen una mejor calidad de vida de los mexicanos, atendiendo siempre el cuidado del ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Sofía González Torres (rúbrica).»

474 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE GUADALAJARA

«Efeméride con motivo del 474 aniversario de la fundación de Guadalajara, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 14 de febrero Guadalajara cumple 474 años, la fundación de Guadalajara se acompaña de una historia particular: es la historia de un asentamiento difícil. Entre intereses de los poderosos (Nuño de Guzmán) y la resistencia de los pueblos originarios de la región que no querían dejar asentar a los españoles, la fundación de Guadalajara muestra la violencia de la conquista con sus múltiples rostros. La ciudad, como es sabido, entre que se fundaba y no, porque hubo cuatro intentos: el primero en Nochistlán en 1531; el segundo en Tonalá en 1533; el tercero en Tlacotlán en 1535, y ahí fue donde se encontraron los españoles al líder caxcan Tenamaztle, El Bravo y a su pueblo, quienes no daban tregua. Dice la historia que seis años duró el infierno para los conquistadores.

Los recién llegados querían fundar una ciudad, pero aquellos seminómadas que de muchas generaciones atrás tenían ahí su espacio de vida, lucharon a sangre y fuego por impedírselos

La resistencia indígena, se expresaba para evitar que se modificara su forma de gobierno, así como sus creencias, lo que se expresó en la denominada Guerra del Miztón, llevada a cabo entre 1541 y 1542, manifestación a través de la cual, no aceptaban que los intrusos les arrebataran. Tal fue la rebelión, que tuvo que venir al virrey con un gran ejército a “controlar” a los rebeldes.

Guadalajara fue fundada por cuarta vez, en el valle de Atemajac, al borde de esa barranca inmensa, frontera natural que los tapatíos conocemos como “de Huentitán” o “de “Oblatos” y que muestra el límite de lo que los estudiosos han llamado, siguiendo a Paul Kirchoff, Mesoamérica. Y ahí se quedó ya: al borde de la barranca, casi cayéndose en ella, y en el contexto de una guerra sin cuartel, que ahora se reconoce como un amplio y tenaz esfuerzo de resistencia.

La ciudad, orgullosa desde sus inicios de la figura vigorosa y tenaz de doña Beatriz Hernández, a quien se honra como su fundadora, apenas empieza a cobrar consciencia de la importancia del gran líder de la resistencia indígena que fue Francisco Tenamaxtle, señor de los caxcanes.

Tenamaztle representó un papel determinante, la recuperación que hace Miguel León Portilla de este personaje, muestra al reconocido como el señor de los caxcanes y líder de los insurrectos.

Dice Miguel León Portilla en su texto Francisco Tenamaztle, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos, que fue él quien estableció la negociación para su pueblo y que lo hizo de tal manera, como que los conquistadores no humillaran a quienes representaba.

Y Guadalajara se funda, una mujer es la reconocida: Beatriz Hernández, quien casi gritando después de varios intentos fallidos, dijo: “Gente aquí nos quedamos, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos a las buenas o a las malas”; su esposo Diego Sánchez Olea la miraba con la boca abierta y un momento después estallaron los aplausos y cantos de júbilo. Todo esto pasó el martes 14 de febrero de 1542, cuarta y última fundación.

Finalmente, Guadalajara se asentó en lo que hoy ocupa el Teatro Degollado y quedó flanqueada por los pueblos de indios de: Mezquitán al norte, Tetlán al oriente: Mexicaltzingo al sur, fundado por indios mexicanos traídos por el virrey en la pacificación de la Nueva Galicia, y posteriormente el barrio de Analco habitado por indios cocas y tecuexes que vinieron con Fray Antonio de Segovia al fundar el convento de San Francisco.

Guadalajara es hoy, la segunda ciudad del país por sus dimensiones y su población, la orgullosa “Perla de Occidente”, la “ciudad de las rosas”. Pero también se ha distinguido por su capacidad de olvido: gusta mostrarse criolla cuando es profundamente mestiza y más aún, cuando en ella conviven mexicanas y mexicanos de muy diversos orígenes, de diversos pueblos, religiones, lenguas, colores de piel. Los principales retos que enfrenta en el presente son retos de civilidad: vivir en respeto y armonía, respetar la diferencia y construir y cuidar espacios urbanos en donde todas las personas se sientan incluidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

109 ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL PALACIO DE CORREOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Efeméride con motivo del 109 aniversario de la inauguración del Palacio de Correos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Palacio Postal, sede de Correos de México, cumple 109 años el próximo 17 de febrero. Cuando en 1907 abrió sus puertas la imponente construcción, el organismo manejaba 134 millones de piezas postales al año; en la actualidad entrega tres millones en promedio al día.

Por su valor estético relevante, el Palacio Postal fue declarado Monumento Artístico de la Nación el 4 de mayo de 1987.

Al inicio del siglo pasado el correo era uno de los principales medios de comunicación, uniendo a todos los habitantes del país. Es por ello, que se tomó la decisión de construir un edificio que permitiera el manejo eficiente de altos volúmenes de correspondencia.

El 14 de septiembre de 1902 inició la construcción del Palacio Postal conocido también como La Quinta Casa de Correos, ya que la institución ocupó antes cuatro inmuebles ubicados en las calles Del Parque, Santa Teresa, San Francisco y Moneda, en el centro de la Ciudad de México.

El proyecto fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari y la construcción al ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Los estilos acordados para la construcción del edificio fueron el Plateresco e Isabelino y es por la combinación de ambos, que el estilo sea considerado ecléctico.

En la esquina de las calles de Santa Isabel y San Andrés, hoy Tacuba y Eje Central, se levantó la estructura metálica de acero tipo Chicago, traída de Nueva York y para sus cimientos se armó un emparrillado de acero ahogado en concreto.

Constituye un ejemplo destacado de la arquitectura académica ecléctica que se produjo a principios del presente siglo, con la idea de integrar elementos de la arquitectura italiana y de la española de los siglos XV y XVI y, por tanto, representa uno de los mejores ejemplos de la mencionada corriente estilística en la Ciudad de México, en cuya construcción se utiliza la solución de planta libre sobre columnas con estructura de acero.

Verdaderas obras de arte se encuentran en el interior y exterior del edificio. Sobresalen los frescos de Bartolomé Gallotti alusivos al correo en una sala que lleva el nombre del pintor. Las gárgolas, los detalles de los pórticos, la herrería de bronce dorado, la majestuosa escalinata hecha con mármoles mexicanos que conducen de la planta baja al primer piso y los bronces elaborados en la Fondería Pignone de Florencia, Italia.

En la entrada principal se encuentran esculpidas las figuras de dos bueyes, como remates de grandes escudos, que enmarcan el elegante alfíz mudejar de la puerta y representan al espíritu de sacrificio y a los que trabajan en silencio para el bien de los demás.

En la torre principal de la construcción se encuentra el reloj monumental importado de Alemania y ensamblado en México, que mezcla mecanismos de cuerda con aparatos eléctricos y transmisiones hidráulicas con poleas, contrapesos y cables, así como un carrillón de seis campanas.

Asimismo, en el emblemático inmueble de la Ciudad de México se encuentra la Biblioteca Postal que resguarda documentos que permiten conocer la historia del Correo en México, desde el establecimiento del Oficio de Correo Mayor en 1580, en la Nueva España.

En 1996 el edificio fue sujeto a un detallado proceso de restauración y rescate arquitectónico para devolverle su esplendor original. Se restauraron todos los elementos originales del inmueble en los 12 mil 500 metros cuadrados que ocupa en sus cuatro pisos. Los trabajos de restauración concluyendo en el año 2002.

Actualmente, en el Palacio Postal se ofrecen servicios de correspondencia, mensajería y paquetería con Mexpost, que incluyen la venta de estampillas, envío de cartas y tarjetas, servicio exprés de mensajería y paquetería, renta de apartados postales, expedición de cartillas de identidad postal, giros postales, cajas para la entrega de mercancías y productos de filatelia, entre otros.

Los visitantes además de poder utilizar los servicios del Sepomex (Servicio Postal Mexicano), Correos de México y admirar los detalles arquitectónicos del edificio, pueden recorrer la exposición permanente de objetos postales y filatélicos que muestran la evolución que ha tenido el servicio postal en nuestro país.

Por todo lo anterior, considero importante conmemorar y recordar el valor histórico e invaluable de este inmueble, y lo que representa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 17:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 18 de febrero a las 11 horas. Buena tarde.

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