Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de febrero de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Relativo a modificación de turno de proposiciones con puntos de acuerdo.

De los diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, Renato Josafat Molina Arias, Javier Octavio Herrera Borunda y Jesús Sesma Suárez

En relación con retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con la que remite informe anual de las concesiones otorgadas durante el ejercicio fiscal 2015.

De la Secretaría de Desarrollo Social

Con el que remite los informes finales de las evaluaciones del proceso del Programa de Pensión para Adultos Mayores 2015; del proceso del Programa de Empleo Temporal 2015 y de consistencia y resultados del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 2015.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que informa que en el mes de enero de 2016, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite el informe general del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Iniciativa del Congreso del Estado de México

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareno Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita por las diputadas María Chávez García y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 47 y 49 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 47, 48, 49 y 50 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un Capítulo IX al Libro Segundo, Título Octavo del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 54 y 59 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 210, 212 y 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 202-Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Infraestructura, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Efeméride con motivo de la Instalación del Constituyente de 1856, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para llevar a cabo las acciones necesarias, con el fin de contener, prevenir y sancionar la ola de feminicidios que afectan al estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León, para que continúe con los recursos legales a su alcance, respecto de posibles errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río, suscrito por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instruya al titular de la Sedena a cumplir con los compromisos internacionales con la CIDH, para brindar asistencia técnica al Estado Mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero acaecido el 26 de septiembre de 2014, suscrito por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, para que revisen, verifiquen y, en su caso, modifiquen las tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico en diversos municipios del estado de Nuevo León, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Consar y de la CONDUSEF, para que tomen las medidas necesarias a fin de que las Afores entreguen de manera inmediata, ágil e íntegra los recursos correspondientes a la cuenta individual de los trabajadores del IMSS en el estado de Sinaloa, suscrito por los diputados Jesús Antonio López Rodríguez y Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobernador del estado de Nuevo León, para que difunda información respecto del estado que guarda el transporte público de pasajeros en esa entidad, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se realicen campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, suscrito por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de suspender la ejecución de la planta hidroeléctrica “Las Cruces”, en el estado de Nayarit, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que modifique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a efecto de agilizar la acreditación de los derechos de agua y la respuesta de la autoridad frente a los trámites de renovación o regularización, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, a convocar un debate en torno a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, en materia de seguridad y justicia, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, a fin de que apruebe el Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de Sindicación y de Negociación Colectiva, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a la Profedet, al DIF y a la Sedesol, a redoblar esfuerzos en la sensibilización, detección y atención del problema del trabajo infantil en México, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Estado del Gobierno federal, así como a los órganos desconcentrados, a certificarse con la Norma Mexicana en igualdad laboral y no discriminación, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de dotar de personal médico y equipo técnico a la Unidad Médica Rural de la comunidad de Cerro Concha, municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, para que difunda un diagnóstico de los efectos que puede tener el mercado crediticio nacional, la participación de bancos trasnacionales, y por la aplicación de la reforma regulatoria internacional en las condiciones de debilidad e incertidumbre de esas instituciones en sus países de origen, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a la CNDH, y al Conapred, para que implementen las acciones necesarias a fin de erradicar la discriminación laboral por edad en nuestro país, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que incorpore la perspectiva de género en la elaboración y formulación de los contenidos de los libros de textos gratuitos, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos y a las autoridades locales, a que cumplan los criterios de paridad de género en las candidaturas a los procesos electorales que se desarrollarán en 2016, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca, para que las investigaciones del asesinato de Bernardino Elizalde Vicente sean realizadas apegándose al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y a brindar garantías de seguridad y no discriminación en la entidad, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Vengas, Sergio René Cancino Barffuson y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que realice las acciones necesarias, a fin de que el día domingo el horario de servicio del metro sea de las 6:00 a las 24:00 horas, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno federal, remita a la Cámara de Senadores, las listas de candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios, suscrito por diputados integrantes de todos los Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que difundan las razones e impactos ambientales del Proyecto denominado “Construcción de un Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, en el municipio de General Cepeda, estado de Coahuila, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Veracruz, con la finalidad de emprender acciones para atender la situación de inseguridad en esa entidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a la Sedesol y a la SHCP, para que transparenten el ejercicio 2016 del presupuesto del Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH) 2014-2018, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la PGR, para que reciban a los familiares de Nestora Salgado García y José Manuel Mireles Valverde, para estudiar las condiciones que deriven en su libertad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 20 de febrero, Día Internacional de la Justicia Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo de la tragedia en la Mina Pasta de Conchos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 21 de febrero de 2016, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido ahí en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente, metimos en tiempo y forma un posicionamiento con un punto único sobre los 10 años que han transcurrido sobre el accidente trágico de la Pasta de Conchos. Entonces, los familiares nos manifestaron, donde han agotado todos los recursos para exigir el rescate y ya no saben a quién recurrir.

Estas voces son de las familias de Pasta de Conchos, que siguen exigiendo el rescate de los restos mortales de los 63 mineros. Madres, esposas, hermanas, hijos y nietos siguen sin poder enterrar a sus deudos y las autoridades continúan bloqueando el rescate de los restos.

Germán Larrea, el director ejecutivo del Grupo Industrial Minera México, sigue gozando de total impunidad, llevan ya una década esperando justicia frente a uno de los homicidios industriales más evidente y doloroso del país...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputado...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Y aún es fecha que el anhelado rescate no se concreta...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): La tragedia quedó empantanada en los juzgados nacionales y hoy la apuesta es con los organismos internacionales, las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Diputado Juárez...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Han recurrido...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con todo respeto, pero, a ver, usted está expresando su preocupación por que dice que solicitaron la inclusión en el orden del día de un punto referido al décimo aniversario de este lamentable suceso, que está contemplado –aunque con otra característica, pero ahí está– en el orden del día, en el punto de efemérides, en donde se podrían hacer sus posicionamientos en todo caso.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Pero discúlpeme, presidente diputado, esto no es un asunto que celebrar, esto no es una efeméride sino es una denuncia de la opacidad que ha habido de parte de los gobiernos federales, estatales y municipales y es la voz de las familias que claman justica y que lo único que piden es poder enterrar a sus deudos. Si eso a usted le parece...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Las efemérides no son siempre celebraciones de algo, es el recordatorio de algo.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, nada más que el problema es que las efemérides muy rara vez llegamos a ese punto, porque parecería que aquí a las 3 checan tarjeta y corren porque han de tener muchas cosa qué hacer, y este punto que es importante y fundamental...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul. Ya se ha escuchado, háganos llegar el documento para que se pueda incorporar en todo caso con independencia de que en su momento se pueda abordar, porque está dentro del orden del día que ustedes tienen a disposición, aunque bajo el rubro de efeméride efectivamente, pero que se pueda incorporar íntegro tal cual usted desea que se haga en el Diario de los Debates. Sonido. Me estaba solicitando el diputado Ramírez Marín. Ya. Bien.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cincuenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con treinta y un minutos del martes dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; y Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; el diputado J Apolinar Casillas Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, solicita un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la maestra Graciela del Rosario Aceves Pérez, segunda diputada federal en la historia del país, quien fue promotora de los derechos humanos, los derechos de los adultos mayores y la educación de calidad, por su parte el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, también del Partido Acción Nacional, solicita que, de obsequiarse, el minuto de silencio sea también para honrar la memoria del general Rafael Moreno Valle, quien fuera senador, secretario de salubridad del gobierno federal y gobernador del estado de Puebla. El Presidente hace aclaraciones, concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita se retire de los registros las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos treinta y tres de la Ley General de Educación, y doscientos uno de la Ley del Seguro Social, presentada el cuatro de noviembre dos mil quince.

• Daniela De Los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita se retire de los registros la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley General de Educación, a fin de mejorar la educación especial, presentada el catorce de octubre de dos mil quince.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite el Calendario de sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite la Evolución de la actividad recaudatoria dos mil quince, y Programas y Presupuesto dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con el que remite la Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de dos mil quince.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que envía los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al sexto bimestre del Ejercicio Fiscal dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

• Por el que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regularización de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Por el que se solicita hacer públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

• Por el que se solicita difundir la existencia y objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como impulsar y orientar su incorporación a dicha Red, en favor de las personas adultas mayores. Se remite al promovente, para su conocimiento.

e) Del Gobierno del Estado de México, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a los titulares de los gobiernos de los estados de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país, y de sus demarcaciones territoriales respectivamente. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los treinta y un titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden considerarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

f) Del Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

h) De la Procuraduría Federal del Consumidor, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”. Se remite al promovente.

i) Del Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

j) De la Cámara de Senadores, con la que remite:

• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

k) De la diputada Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Tercera Circunscripción, a partir de esta fecha hasta el veintiocho de marzo del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado federal electo en el Cuarto Distrito Electoral del estado de Tamaulipas. El Presidente designa una comisión que lo acompaña en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Nadia Haydee Vega Olivas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, que reforma los artículos treinta y nueve, y cuarenta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos trescientos treinta y cinco, y trescientos treinta y siete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos doce, y veintidós de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma los artículos: segundo, cuarenta y dos, y setenta y uno de la Ley de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

A las doce horas con treinta minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y seis diputadas y diputados.

• José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En su oportunidad y desde su curul la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia se guarde un minuto de silencio en memoria de don Braulio Manuel Fernández Aguirre, quien fue senador y dos veces diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. El Presidente obsequia dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiocho de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Próspero Manuel Ibarra Otero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete, y ciento cuarenta y ocho, del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, que reforma el artículo diecinueve Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, que expide la Ley de la Educación Emocional del País. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, para declarar el nueve de agosto de cada año como “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Atención a Grupos Vulnerables:

• Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción quinta del artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

• Por el que se adiciona una fracción vigésima primera al artículo décimo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

b) Transparencia y Anticorrupción:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

c) Infraestructura, por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Social, por el que se reforman los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Mariana Trejo Flores, de Morena; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; María Elida Castelán Mondragón, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cambranis Torres, del Partido Acción Nacional; y Pablo Bedolla López, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veinticinco votos a favor; y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación:

a) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día nueve de mayo de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

b) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día ocho de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Se concede el uso de la palabra al diputado Erik Alejandro Lagos Hernández, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios respecto a ambos dictámenes intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional; y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados se someten a votación por separado.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinte votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día nueve de mayo de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día ocho de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de Agenda Política, con el tema: comentarios relativos a la agenda económica y a la situación actual de la economía. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Candelario Pérez Alvarado, del Partido de la Revolución Democrática; Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional; y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones de los ex presidentes de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación del estado de Chiapas: Jaime Martínez Veloz, diputado en la Quincuagésima Sexta, y Quincuagésima Octava legislaturas; César Chávez Castillo, diputado en la Quincuagésima Sexta legislatura; Óscar López Velarde Vega, senador de la Quincuagésima Quinta, y Quincuagésima Séptima legislaturas; Marco Antonio Michel Díaz, diputado en la Quincuagésima Sexta legislatura; y José Narro Céspedes, diputado en la Quincuagésima Sexta, Quincuagésima Octava, y Sexagésima Primera legislaturas, a quienes saluda y da la bienvenida.

El siguiente punto del Orden del Día es Efeméride con motivo del Vigésimo Aniversario de la Suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Se concede el uso de la palabra a los diputados: Diego Valente Valera Fuentes, presidente de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación del estado de Chiapas; y Vitalico Cándido Coheto Martínez, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Para referirse al tema intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano; Guadalupe Hernández Correa, de Morena; Jorge Álvarez López, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Hernán de Jesús Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que establece el Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio, de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita la declaratoria de mujer ilustre para Consuelo Velázquez Torres y se determinen los honores y homenajes que deban rendirse y realizársele en la Rotonda de las Personas Ilustres. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno Federal, al gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de atender y resolver la problemática suscitada en el penal de Topo Chico, Nuevo León. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que realice las modificaciones necesarias al acuerdo 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa y se contemplen mecanismos de suministro de agua potable a las escuelas que no cuentan con red pública. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Paloma Canales Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la mesa directiva de esta soberanía, a fomentar el uso de la sala de lactancia instalada en el Cendi Antonia Nava de Catalán, y promueva entre todo el personal la lactancia materna. Se turna a la Mesa Directiva, para su atención.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que difunda los mecanismos institucionales del gobierno federal, que buscan incidir para dar confianza monetaria a través de inserciones pagadas en las transmisiones de radio y televisión. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que difunda información sobre las diez empresas que presentaron mayores quejas por cláusulas abusivas en sus contratos durante dos mil quince. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los servicios, estudios e investigaciones que realicen los Institutos Nacionales de Salud. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, se lleven a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a realizar un diagnóstico sobre las acciones que se han emprendido en los municipios del estado de México donde se ha emitido declaratoria de alerta de violencia de género. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de los distintos niveles de gobierno, a difundir mecanismos de prevención sobre el cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jesús Serrano Lora, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que publique los lineamientos para dar cumplimiento al acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del treinta de diciembre de dos mil quince, en el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice una campaña de regularización de los centros de atención de las personas adultas mayores en todo el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional y suscrito por diversos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de implementar un programa de empleo temporal en el municipio de Ciudad del Carmen, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de investigar las violaciones en el predio Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Alejandro Juraidini Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la presidencia municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en ese municipio. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

• Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para expedir sus respectivas leyes, o en su caso, adecuen las ya existentes para establecer como edad mínima para contraer matrimonio a los dieciocho años. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a promover acciones para garantizar el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en los lineamientos de las reglas de operación del Programa PROAGRO Productivo, se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Eloísa Chavarías Barajas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Vivienda, para que implemente un esquema de vivienda en comodato, destinado a los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Renato Josafat Molina Arias y Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, para que atraiga el caso de homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, impulsen, fortalezcan e intensifiquen campañas tendientes a informar, prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de concluir el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya Guanajuato. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la comisión especial de análisis para las alternativas de regulación de la marihuana. Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de atender el programa de insuficiencia renal que presentan los habitantes del estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Edgar Spinoso Carrera, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de la comisión especial de citricultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con veintitrés minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de proposiciones.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y al gobierno de la república, para que en el marco del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, se establezcan jornadas preventivas de información, promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil, presentada por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, el 27 de enero de 2016.

Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Protección Civil para dictamen.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a construir el inmueble de la clínica número 58 del Seguro Social, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, presentada por el diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2016.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social, para dictamen.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, diputada federal Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, sea retirada la iniciativa que crea la Ley General de Beca Salario, la cual presenté el 29 de septiembre de 2015, que fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecida con mi solicitud, quedo de usted como su atenta y segura servidora.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y en alcance al oficio LXII/RJMA/17/16, de fecha 9 de febrero del año en curso, dirigido a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea retira la iniciativa con proyecto de decreto de ley presentada por el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Morena, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en fecha 26 de noviembre de año próximo pasado.

Lo anterior obedece a que a la iniciativa en mención se le hicieron cambios, y será presentada ante la mesa directiva una vez hechos los ajustes necesarios. No omito mencionar que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Gobernación, a la cual fue turnada el 1 de diciembre de 2015.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, reciba un cordial saludo y mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2016.— Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79 numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente proposición, presentada el pasado 27 de enero del presente año y turnada a la Comisión de Educación Pública y servicios Educativos:

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover en todos los niveles la educación con responsabilidad ambiental.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero, 2016.— Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente proposición con punto de acuerdo, presentada el pasado jueves 11 de febrero del presente año y turnada a la Comisión de Justicia.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León continúe son los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neoleonesa de errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, suscrita por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Me refiero a la recomendación número 08-0-09100-07-0526-07-002, determinada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, a través de la cual se solicita a esta secretaría la elaboración anual de un informe sobre las concesiones otorgadas en los ejercicios fiscales concluidos, a fin de presentado ante esa Honorable Cámara de Diputados.

En atención a ello y en cumplimiento del artículo 72, último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, me permito remitir el informe anual de concesiones otorgadas por esta dependencia en el ejercicio fiscal 2015, el cual fue enviado por el licenciado Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto, en términos del artículo 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 5.1.-263 (adjunto para pronta referencia).(1)

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación.— Presente.

Me refiero al informe mensual sobre las concesiones otorgadas por esta dependencia durante el año 2015, en cumplimiento al artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.

Al respecto, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito solicitar a usted su valiosa intervención para que a través de su amable conducto se haga llegar a la Honorable Cámara de Diputados el referido informe, y con ello dar atención al requerimiento legal ante mencionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Licenciado Armando Ruiz Massieu A. (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

José de Jesús Zambrano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 2015), emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que se deberán presentar los informes finales de las evaluaciones mandatadas en el PAE 2015 así como las externas completarías, a más tardar 30 días naturales posteriores a su entrega a la Instancia Coordinadora (en este caso, el Coneval) de conformidad con el cronograma de ejecución (señalado en el numeral 41 del mencionado PAE 2015), a la Comisión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión prevista en las disposiciones aplicables, a la Auditoría Superior de la Federación, a la SHCP a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, a la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP, al Coneval y de manera adicional a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

Al respecto, me permito enviarle anexos al presente, los Informes Finales de las siguientes evaluaciones:

• Evaluación de Procesos del Programa de Pensión para Adultos Mayores 2015

• Evaluación de Procesos del Programa de Empleo Temporal 2015

• Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 2015(2)

Adicionalmente, remito las Posiciones Institucionales, en las cuales queda asentada la opinión de las Unidades Responsables de la Operación de los Programas en comento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2016.— Paloma Merodio Gómez (rúbrica), directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de enero de 2016, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de enero de 2016 fue de 2,259 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el informe general del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.(*)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis para consulta de las y los diputados, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-2-255, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DGV/ MVG/ 1.3.-070/ 2016, suscrito por el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a emprender una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población en general a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio con base en lo establecido en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al punto de acuerdo por el cual se exhorta a esta secretaría a emprender una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio, con base en lo establecido en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Al respecto, me permito informar que esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha implantado el referido programa nacional con la instalación de 686 centros de acopio a escala nacional, cuya localización puede consultarse en el sitio web www.depositatutele.gob.mx Paralelamente, en noviembre de 2015 se inició una campaña de difusión en medios impresos, digital, radio y televisión, a fin de informar e incentivar a la ciudadanía a la entrega de los televisores analógicos para evitar así la contaminación derivada del desecho inadecuado de estos equipos.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al oficio número DGV/ MVG/ 1.3-607/ 2015, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado en sesión del 15 de diciembre por la Cámara de Diputados.

Le informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha elaborado el Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

En todo el país se han puesto en funcionamiento 686 centros de acopio, en el marco del Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la TDT. Su ubicación puede consultarse en el sitio web www.depositatutele.gob.mx

En referencia al exhorto para la difusión del programa, le comento que en noviembre de 2015 dio inicio una campaña de difusión en medios impresos, digital, en radio y televisión para crear conciencia entre la población sobre el riesgo que representa para el ambiente y la salud el desecho inadecuado de los televisores analógicos. Esta campaña tiene el propósito de incentivar a que la ciudadanía lleve sus televisores analógicos a los centros de acopio y evitar así la contaminación derivada del inadecuado desecho de estos equipos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016.— Arantxa Riveros del Castillo (rúbrica), directora general adjunta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-256 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibañez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/024/2016 suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita efectuar visitas de inspección en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y vigilar su correcta inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2559/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre pasado, mismo que a continuación se transcribe:

“ Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco respetuoso de la colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con su homóloga en el estado libre y soberano de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y, vigilar especialmente los relativos a la correcta inscripción de los mismos, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta a que, una vez llevadas a cabo las correspondientes diligencias de visita e inspección, se rindan a esta soberanía los informes que correspondan.”

Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, siendo importante señalar que la reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, incorporó el principio de trabajo digno o decente, mismo que lo define como aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

En este sentido, en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), dentro del eje México Próspero, se incluyeron líneas de acción dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social e impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente; en tanto que en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, se establecen los cuatros ejes de la política nacional en materia laboral:

a) Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva;

b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

c) Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y,

d) Conservar la paz laboral.

En dicha línea y en la búsqueda de dar cumplimiento a esta política nacional, el 22 de julio de 2013, se signó el Convenio de Coordinación en Materia de Formalización del Empleo, en el que cada una de las entidades federativas integraron un grupo de trabajo, conformado por los gobiernos de los estados, en las que se encuentran: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la Secretaría de Economía (SE) y cámaras patronales y de trabajadores.

Derivado de lo anterior, la STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría del Trabajo, implementó el Operativo para la formalización del empleo, mismo que dio inicio el mes de septiembre de 2013, en el cual se realizan visitas de asistencia técnica y asesoría para el combate de la informalidad, con la finalidad de intensificar la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones de inscribir a sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social.

Aunado a ello, es importante mencionar que, en la presente administración, se han practicado un total de mil 461 vistas de inspección en materia de formalización, en el estado de Chihuahua y en específico, a partir de la firma del mencionado convenio, se ha realizado, en los centros de trabajo ubicados en Ciudad Juárez, un total de 430 visitas de inspección en esa materia, mismas que se ven reflejadas en la siguiente tabla:

Derivado de lo anterior, esta secretaría redoblará sus esfuerzos para que, con base en sus recursos humanos y materiales disponibles, conforme sinergias con autoridades de los distintos niveles de gobierno y con organismos privados y sociales involucrados en la protección de los derechos de seguridad social de los trabajadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, 8 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-253 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/023/2016 suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a impulsar y suscribir el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2551/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre último, mismo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados dentro del marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse y suscriba el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Al respecto, se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, por tanto, me permito informar a esa soberanía que el objetivo del Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o respecto de otros miembros de su familia directa que, de manera evidente, necesiten de su cuidado o sostén en todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.

Entre los aspectos principales que contiene el Convenio 156, destacan:

• La aplicación de sus disposiciones; de ser necesario, puede hacerse por etapas, siempre que tales medidas de ejecución se hagan extensivas en todos los casos, a la totalidad de los trabajadores con responsabilidades para con sus hijos.

• Los Estados que ratifiquen el convenio se comprometen a incluir entre los objetivos de su política nacional el permitir que las personas con responsabilidades familiares, que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Asimismo, los Estados deben desarrollar o promover servicios comunitarios –públicos o privados– tales como medios de asistencia a la infancia y a la familia.

• La política a que refiere el convenio, debe estar articulada dentro de la política oficial destinada a promover la igualdad de oportunidad y de trato en todas las esferas de la formación y del empleo.

• Establece la posibilidad de aplicar el Convenio mediante decisiones judiciales y laudos arbitrales.

Con fecha 12 de noviembre de 1982, esta dependencia formuló dictamen sobre el Convenio 156, recomendando en su momento, la no ratificación de éste. El dictamen se formuló en los términos siguientes:

Primera. El Convenio número 156, relativo a Trabajadores con Responsabilidades Familiares, concuerda de manera general con la legislación mexicana.

Segunda. Sin embargo, el artículo 3 del convenio está en contraposición con la legislación mexicana, pues las condiciones de trabajo señaladas por la Ley Federal del Trabajo son derechos mínimos y habría que incorporar en los contratos colectivos y contratos-ley disposiciones encaminadas a conciliar el desempeño del trabajo con las responsabilidades familiares, tales como reducir la duración de la jornada de trabajo y de las horas extraordinarias, etcétera.

Tercera. En el artículo 4 del convenio, hay discrepancia con las leyes mexicanas, pues habla de lograr una igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras en cuanto a ocupaciones y empleo, que conllevan una serie de prestaciones de seguridad social como son el derecho a servicios de asistencia y en las citadas leyes existe discriminación en cuanto a las prestaciones que concede, mientras que otras no están contempladas en la legislación mexicana.

Cuarta. Por lo que respecta al artículo 5 del convenio, el gobierno de México al elaborar sus planes y programas de desarrollo lo hace tomando en cuenta las necesidades de la población en general y aun cuando el Plan Nacional del Empleo sí considera a los trabajadores con responsabilidades familiares, no podría cumplirse con lo especificado en dicho precepto.

Quinta. En cuanto, al artículo 6, en México no se han adoptado las medidas apropiadas o especiales para solucionar los “problemas” de los trabajadores con responsabilidades familiares, por lo que no podría cumplirse con lo señalado en esta parte del Convenio.

Sexta. También existe discrepancia del artículo 7 del Convenio con la legislación mexicana, en cuanto a reintegrarse al trabajo tras una ausencia debida a responsabilidades familiares, pues la ley sólo contempla la ausencia y reingreso por responsabilidades familiares en cuanto a embarazo y parto.

Séptima. En el artículo 11 también existe discrepancia con las leyes mexicanas, pues habla del derecho que deben tener las organizaciones de empleadores y de trabajadores de participar en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del convenio y en México es una tarea que le corresponde exclusivamente al Estado.

Octava. Por las consideraciones antes mencionadas, se deduce que las disposiciones del Convenio están creando un derecho preferencial hacia los trabajadores con responsabilidades familiares, lo que resultaría en detrimento de los demás trabajadores que no tendrían las mismas oportunidades e igualdad de trato.

Dictamen

En virtud de lo anterior, y mientras subsistan las discrepancias apuntadas, se recomienda la no ratificación del Convenio número 156, sobre La Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Acorde al dictamen citado –aún vigente–, existe contraposición con la legislación nacional en los temas que se muestran a continuación.

El 28 de diciembre de 1987, el Senado de la República en una comunicación dirigida a la Cancillería, manifestó que carecía de facultades legales para sancionar la aprobación del convenio, en virtud de que el instrumento no fue celebrado por el Ejecutivo de la Unión, conforme el artículo 76, fracción I de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En febrero de 2010, se efectuaron consultas a los interlocutores sociales y a las autoridades encargadas de la implementación de las disposiciones de este instrumento. De las respuestas recibidas se concluyó que continúa subsistente la imposibilidad para su ratificación.

Cabe mencionar que el Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013-2018, establece como parte de la estrategia 3.5. “impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado”. Para ello, se dispuso la acción 3.5.1 que dice “impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT”.

Bajo ese tenor, la Unidad de Asuntos Internacionales de esta dependencia, en uso, de las facultades concedidas por el artículo 12, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó, en junio de 2014, nuevas consultas para determinaría viabilidad de someter a consideración del Senado el ratificar el Convenio 156. Acorde a las respuestas proporcionadas por las autoridades consultadas, los sindicatos y confederaciones más representativos del país, se advirtió la inexistencia de las condiciones para su ratificación.

Si bien es cierto, que la reforma laboral de noviembre de 2012, logró armonizar sus preceptos con el contenido de diversos convenios internacionales, para conciliar la vida familiar y el trabajo de hombres y mujeres trabajadores (prohibición del patrón de solicitar certificados de embarazo; la posibilidad de trasferir las semanas pre-natales para después del parto; la reducción de la jornada en el periodo de lactancia y el reconocimiento de la licencia de paternidad), también lo es que a la fecha subsisten contraposiciones normativas entre el Convenio con la legislación nacional que impiden su ratificación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario de Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-280, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/022/2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la suscripción del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2607/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre último, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República para que, una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.”

Al respecto, se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito y por tanto, me permito informar a esa soberanía que el objetivo del Convenio 183 sobre la protección de la maternidad en el trabajo, consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de las mujeres embarazadas o lactantes (licencia de maternidad, de enfermedad o complicaciones, protección del empleo y no discriminación), así como el derecho a interrupciones o reducción de trabajo para la lactancia de su hijo.

Dadas las características del convenio de referencia es importante resaltar que el pasado 5 de octubre del año 2000, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió dictamen sobre el Convenio en cita y en las conclusiones primera, segunda y tercera, así como en la parte final del dictamen, se señaló la no conveniencia de aprobar el convenio.

“Primera: El Convenio Número 183, sobre la protección de la maternidad en el trabajo, 2000, no es acorde con la legislación nacional, toda vez que en su artículo 4 establece Un periodo, de licencia por maternidad equivalente, por lo menos, a catorce semanas, mientras que la legislación nacional establece un periodo mínimo equivalente a doce semanas.

”Segunda: El Convenio Número 183 es superado por la legislación nacional, ya que conforme al artículo 6.3 del convenio, el monto de las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia de maternidad, no debe ser inferior a las dos terceras partes del salario de la mujer trabajadora, pudiendo ser incluso equivalente, según el artículo 7.1 del convenio, a la prestación por concepto de licencia por enfermedad. En la legislación nacional, la prestación referida no debe ser inferior al total del salario, ya que si se equipara a la prestación por licencia de enfermedad, ello significaría una prestación equivalente al 60% del salario de la mujer que presta sus servicios en la iniciativa privada y al 50% a la mujer trabajadora del Estado.

”Tercera: El Convenio Número 183 es superado por la legislación nacional, ya que en su artículo 8.2 establece que la reincorporación de la madre trabajadora, al término de la licencia de maternidad, podrá ser al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración. Este derecho está mejor garantizado por la legislación nacional, ya que el artículo 123, fracciones V, Apartado A, y XI, inciso c), Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las mujeres durante el embarazo tienen derecho a conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.

”Dictamen

”Por las razones antes expuestas y toda vez que el Convenio Número 183, sobre la protección de la maternidad en el trabajo, 2000, no es acorde con la legislación nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social recomienda su no aprobación.”

Del razonamiento expuesto, puede observarse que el orden jurídico nacional en relación al Convenio 183, contiene garantías de mayor protección para las mujeres embarazadas y lactantes; lo cual es positivo, ya que sobre el particular no existe contraposición normativa, pues el instrumento sólo establece los lineamientos mínimos a adoptar por los estados miembros. Por otra parte, en el periodo de licencia de maternidad sí existe contraposición normativa que imposibilita la ratificación del Convenio, considerando que la Ley Federal del Trabajo otorga un periodo de doce semanas, mientras que el instrumento establece la obligación de otorgar catorce semanas como mínimo. Para que el Estado mexicano estuviera en posibilidades de suscribir este convenio, tendría que realizar previamente las adecuaciones legislativas respecto de la norma que se contrapone con la garantía que es distinta en dicho instrumento, y de esta manera no ser sujeto a observaciones de incumplimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este sentido, el 21 de octubre de 2013, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, confirmó la vigencia del dictamen de este instrumento, manifestando que, hasta el momento, prevalece la contraposición normativa ya descrita, lo cual imposibilita la ratificación del Convenio 183.

A mayor abundamiento es importante resaltar, que este Convenio no forma parte del grupo de instrumentos calificados por el Consejo de Administración de la OIT como fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo. Aquellos son considerados como fundamentales debido a que los derechos contenidos en ellos, son condición previa para el desarrollo de los demás, por cuanto proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas. Siete de estos convenios ya fueron ratificados por parte de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0264, signado por la diputada Daniela De Los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/016/2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a promover el diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad social de que debe gozar todo trabajador.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2584/15, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre pasado, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del contexto de la igualdad de derechos laborales, promueva el diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad social de debe gozar todo trabajador. (sic)

Sobre el particular le informó que se tomó debido conocimiento del punto de acuerdo, al efecto me permito informarle que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se mantiene una mesa de diálogo permanente con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), misma que agrupa a diversas sindicatos de trabajadores de los diferentes órdenes de gobierno, entre ellos el caso que nos ocupa de Cosmogar, AC.

Por ello, esta asociación como las demás integrantes de la UNT han sido recibidas en diversas ocasiones a lo largo de la administración. La STPS participó en una reunión para que el cuerpo colegiado de la organización y sus agremiados tuvieran oportunidad de expresar sus problemáticas directamente al titular del Ejecutivo federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, misma que tuvo verificativo el 27 de abril de 2014.

Derivado del punto de acuerdo en cuestión, el Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) ha expresado que la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales adscrita a la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, es el área encargada de instrumentar mecanismos institucionales de comunicación y colaboración con organismos empresariales, sindicales, sociales y civiles, siendo una de sus funciones la de atender las solicitudes, requerimientos y comunicaciones que formulen los organismos empresariales, sindicales, sociales y civiles.

Asimismo, el instituto referido señaló que desde diciembre de 2012 a la fecha, el área en comento no tiene registro de solicitud alguna para llevar a cabo una reunión o para el establecimiento de mesas de diálogo, de ninguno de los actores que se mencionan en el exhorto de mérito. No obstante, dicha institución ha refrendado su disposición para mantener un diálogo abierto con las partes con apego a la normatividad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-0260, signado por la diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 200/ SDT/ 028/ 2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita promover y vigilar los derechos humanos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la transgresión de éstos en perjuicio de la libertad laboral y de las correctas condiciones de trabajo de diversas comunidades campesinas del norte del país, así como reforzar las acciones para detectar y denunciar a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2571/ 15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre pasado, que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que promueva y vigile los derechos humanos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la transgresión de éstos en perjuicio de la libertad laboral y de las correctas condiciones de trabajo de diversas comunidades campesinas del norte del país.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, y asimismo, me permito referir que la reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012 incorporó el principio de trabajo digno o decente, que lo define como en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no hay discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos; y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

En dicha línea y en la búsqueda de proteger los derechos de trabajadores de sectores vulnerables, como lo son las comunidades campesinas, la Ley Federal del Trabajo también incluyó, en el título sexto, “Trabajos especiales”, capítulo VII, “Trabajadores del campo”, las obligaciones especiales que los patrones deben cumplir, entre las que se encuentran proporcionar habitaciones adecuadas e higiénicas para el trabajador y su familia; proporcionarles agua potable y servicios sanitarios; el lugar de trabajo deberá contar con medicamentos, material de curación y antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios; otorgar de forma gratuita trasporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo, y viceversa; y brindar servicios de guardería a los hijos de trabajadores.

Asimismo, es de destacar que uno de los cuatro ejes de la política laboral dictada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos es salvaguardar los derechos de los trabajadores, y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, lo que constituye en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 un importante campo de acción de la STPS dirigido a promover el conocimiento, el respeto, la defensa y ejercicio de los derechos de la población trabajadora y de personas en situación de vulnerabilidad laboral.

En este escenario, la STPS lleva a cabo un operativo especial de inspección dirigido a jornaleros agrícolas, que se realiza de manera permanente desde 2008 y que opera sin dar previo aviso al patrón, es decir, de manera extraordinaria, con objeto de revisar las condiciones de seguridad e higiene reales en que prestan servicios los trabajadores y en las que, de detectarse presuntas violaciones, se instaura el procedimiento administrativo sancionador o se da vista a otras autoridades competentes, incluyendo en este último caso las situaciones que muestren una conducta que pudiera ser constitutiva de delito.

La revisión de las condiciones generales de trabajo de este grupo de trabajadores corresponde a la autoridad estatal, de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, 527-A y 529 de la LFT.

De 2008 a diciembre de 2015, se han practicado mil 381 visitas de inspección a campos agrícolas, beneficiando a más de 218 mil 179 trabajadores, dictándose 21 mil 881 medidas de seguridad e higiene, visitándose durante la administración campos agrícolas en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas, practicándose un total de 221 visitas de inspección a estos estados.

Ahora bien, en cuanto al segundo punto del exhorto, respecto de las acciones para detectar y denunciar las violaciones de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, es de precisar que las autoridades del trabajo están facultadas para ordenar la práctica de visitas extraordinarias en cualquier tiempo, las que procederán cuando tengan conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones de la legislación laboral. Las denuncias o quejas se pueden presentar a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT), incluso de manera anónima, por medio del correo electrónico inspeccion federal@stps. gob.mx y al teléfono 3000 27 00, extensiones 5338 y 5388.

Es de resaltar que durante 2015 se realizaron inspecciones a campos agrícolas en el norte del país, con motivo de quejas o denuncias, en Baja California, Baja California Sur, Colima. Zacatecas, Sonora y Sinaloa.

Para este año, la STPS continuará practicando inspecciones en los campos agrícolas donde se presume están laborando en condiciones de vulnerabilidad. Por ello que se ha instruido a las delegaciones federales del trabajo una mayor presencia en ese sector.

De hecho, en el Programa de Inspección de 2015 se identificó un área de oportunidad encaminada a fortalecer los operativos en las actividades donde se registra el mayor número de medidas dictadas en promedio, por visita realizada, como es el caso de jornaleros agrícolas, entre otros, estableciendo una estrategia específica para ello, además de sentar el compromiso para exhortar a la protección de los derechos laborales de las personas en situación de vulnerabilidad y constatar que las empresas cumplan el trabajo digno o decente.

Derivado de lo anterior, esta dependencia redoblará esfuerzos para que, con base en sus recursos humanos y materiales disponibles, focalice sus acciones hacia campos agrícolas donde se tenga certeza de localizar cualquier forma de explotación laboral, a fin de combatir las peores prácticas de abuso por empleadores y enganchadores, y con ello garantizar las condiciones de trabajo y seguridad y salud a que tiene derecho este segmento poblacional tan desprotegido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0283, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/450/2016 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos, así como garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2611/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos. Particularmente, a establecer acciones encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan reducir la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto. Y a contemplar la existencia y funcionamiento de establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que se brinde con calidad y estricto apego a la ética y al profesionalismo para proteger, en todo momento, el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país.”

Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-139-2016 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Instituto Nacional de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio UCVPS/235/2016, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos. Particularmente, a establecer acciones encaminadas a garantizar el acceso a las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan reducir la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto. T a contemplar la existencia y funcionamiento de establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que se brinde con calidad y estricto apego a la ética y al profesionalismo para proteger, en todo momento, el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país. “Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio............. 2000.032.2016 suscrito por el Director Médico del Instituto Nacional Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con el propósito de coadyuvar a fijar una postura institucional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 4 de febrero de 2016.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

En contestación a su atento oficio número CCINSHAE-DGCIN-77-2016 y al oficio de referencia número UCVPS/235/2016, enviado por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud que fortalezca las acciones encaminadas a reducir la Mortalidad Materna y garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan detectar oportunamente malformaciones congénitas en el producto, este se aprobó en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 15 de diciembre de 2015, al respecto emito la siguiente opinión:

El ultrasonido obstétrico es una herramienta fundamental que puede ser utilizada como un coadyuvante en el tamizaje, detección y tratamiento de las enfermedades maternas y fetales, sin embargo, es necesario operadores capacitados que puedan obtener la información de manera confiable, reproducible y por lo tanto segura para apoyar las decisiones clínicas que al final repercutan en una mejora en la morbilidad y mortalidad de la madre y el feto.

La normativa internacional describe la realización de por lo menos tres estudios de ultrasonografía durante diferentes etapas del embarazo, cada una con diferentes intensiones clínicas, que a continuación se describen.

1. Ultrasonido de primer trimestre (entre 11 y 14 semanas de gestación). Acompañado de una historia clínica dirigida y la mediación de marcadores bioquímicos en sangre materna, es el estudio más importante a realizar en todo el embarazo, debido a que en él es posible realizar el tamizaje y por consiguiente la prevención de enfermedades de alta tasa de morbilidad y mortalidad en el embarazo, como son la preclampsia (segunda causa de muerte en nuestro país), el parto pretérmino (primera causa de morbimortalidad neonatal), restricción del crecimiento con una prevalencia del 12 por ciento en nuestro país y primera causa de la morbilidad y mortalidad relacionada al daño neurológico.

Cabe mencionar que estas tres patologías son susceptibles der prevenidas una vez que las pruebas mencionadas han clasificado a las pacientes como de alto riesgo para padecerlas.

2. Es posible también realizar el tamizaje para defectos estructurales considerando solamente el grupo de alteraciones mayores con una sensibilidad alrededor del 97 por ciento y establecer el riesgo fetal para alteraciones cromosómicas como trisomía 21 (Síndrome de Down), trisomía 13 y trisomía 18. En esta etapa es posible también de manera temprana realizar los procedimientos invasivos (biopsia de vellosidades coriales) para la confirmación de enfermedades no solamente cromosómicas sino también génicas.

3. Para completar el tamizaje integral es posible detectar a localización placentaria, alteraciones de la vascularidad de la placenta relacionadas con mortalidad fetal como la vasa previa y establecer de manera confiable la edad gestacional exacta del embarazo.

4. Ultrasonido de segundo trimestre (entre las 18 y 2 semanas de gestación). En este estudio es posible de manera no ideal, en aquellos casos en los que no se realizó un estudio de primer trimestre clasificar también los riesgos para cromosomopatías y parto pretérmino, con la desventaja que la ventana terapéutica preventiva se reduce de manera sustancial. De manera ideal este estudio es el indicado para detectar de manera precisa los defectos congénitos malformativos, así como, , defectos relacionados con problemas disruptivos, defectos de campo, secuencias malformativas, sindrómicas, sólo por mendionar las más importantes. Es una etapa también en la cual es posible realizar procedimientos quirúrgicos fetales orientados a la corrección paliativa de las alteraciones estructurales detectadas.

5. Ultrasonido de tercer trimestre (de las 28 a las 32 semanas de gestación). Este estudio está principalmente dirigido a la evaluación del crecimiento feral (fetometría y evaluación hemodinámica), información que nos permite clasificar patologías como la restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer. Identificar la posición definitiva de la placenta y sus características (relacionada con hemorragia, considerada la primera causa de mortalidad materna en nuestro país).

6. en relación al exhorto de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud para dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y detección oportuna de los defectos congénitos; en base a lo anteriormente mencionado, es importante considerar que para llevar a cabo una estrategia con resultados medibles y satisfactorios se requiere no solamente de contar con equipos de ultrasonido, sino de crear programas que cuenten con los recursos disponibles también para la capacitación de recursos humanos que puedan realizar las evaluaciones antes mencionadas y de los espacios físicos ideales para ello. Podríamos enumerar las siguientes sugerencias:

7. Revisión exhaustiva de la norma oficial mexicana de control prenatal para su actualización e integración de la nueva normativa internacional en Medicina Materno Fetal que sugiere como se ha menciona o en la introducción la realización de un estudio de ultrasonido dirigido en cada uno de los trimestres de la gestación (acción para la cual nuestra Institución está dispuesta a colaborar)

8. Crear una red de Unidades de Medicina Materno Fetal n el país integrando por lo menos un centro por cada estado que ofrezca la tención descrita bajo la normativa establecida en la norma oficial mexicana (nuestra Institución puede colaborar en la capacitación técnica operativa y normativa de estos centros en base a nuestro modelo de funcionamiento)

9. Posterior a su supervisión y certificación, estos centros podrán fungir a su vez como centros capacitado res al interior de sus estados.

10. Desde nuestra opinión el punto central del exhorto tal como se menciona en su introducción está dirigido a hacer más eficiente el resultado en dos de los indicadores más importantes en salud materna y perinatal, estamos convencidos que las instrucciones dependientes de la Secretaría de Salud cuenta con los recursos humanos con el conocimiento necesario para planear y operar las distintas etapas de un programa nacional que cubra la necesidad planteada en el documento emitido por la comisión de Salud de la LXIII Legislatura. Sería importante que se asignara a la Secretaría de Salud en presupuesto suficiente para el apoyo y operacionalización de un programa de estas características.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2016.— Doctor Rodrigo Zamora Escudero (rúbrica), director médico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-0282 signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/449/2016 suscrito por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a elaborar un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y tomar las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2610/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“ Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.”

Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-160-2016 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Hago referencia al oficio UCVPS/299/2016, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo en materia de suicidio.

Al respecto, anexo al presente copia de los oficios DGC-055-2016, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y del SAP/DGC/0272/ 2016, suscrito por el doctor Eduardo Madrigal de León, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, en los cuales plasman sus comentarios a la referida iniciativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación del Instituto Nacional de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación del Instituto Nacional de Salud del Hospital de Alta Especialidad.— Presente.

Estimado doctor Kawa:

En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCINS-92-2016, mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2015, en materia de suicidio, le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.

Quedo a sus órdenes.

Ciudad de México, febrero 3 de 2016.— Doctora María Elena Medina Mora Icaza (rúbrica), directora general.»

«En respuesta al oficio CCINSAHE-DGCINS-92-2016, mediante el cual solicita la opinión al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre, que dice:

“ Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetos trazados a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.”

Me permito comentar lo siguiente:

De acuerdo a lo planteado en el Plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es un problema grave de salud pública, que requiere la atención prioritaria, pero desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil. (SUPRE. OMS, 2012) El Plan SUPRE de Prevención de suicidio plantea lo siguiente:

“En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en 60 por ciento a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.” (SUPRE, OMS, 2012).

Dentro de las intervenciones eficaces sugeridas por dicho plan se encuentran estrategias relacionadas con restricción de acceso a métodos para alcanzar el suicidio (acceso armas de fuego, sustancias tóxicas, etcétera); estrategias dirigidas a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales y abuso de sustancias, estrategias de acercamiento a nivel multisectorial a través del desarrollo de instrumentos diseñados para distintos sectores poblacionales, sin embargo el Plan SUPRE como tal no plantea metas específicas a cumplir sino las intervenciones eficaces así como los desafíos y obstáculos a atravesar, con un único objetivo general en el Plan de Acción de Salud Mental de 2013-2020 de una reducción de 10 por ciento de los índices de suicidio.

Consideramos de acuerdo a lo planteado en el primer informe sobre la prevención del suicidio (2014) que más allá de la necesidad de realizar un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México las metas planteadas por el SUPRE, se debe considerar lo planteado en dicho informe como una de las medidas inmediatas e indispensables el desarrollar una estrategia nacional de prevención del suicidio.

Existen en México por parte de la Secretaría de Salud distintas iniciativas como las Estrategias Mexicanas contra el Suicidio (SS Campeche, 2013 http://embamex.sre.gob.mx/paraguay/images/pdf/estrategias_suicidio.pdf); y dentro del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se incluyen en sus estrategias algunas relacionadas con la prevención y promoción de la salud mental, así como la reinserción social de los pacientes con trastornos mentales, en referencia al suicidio únicamente se encuentra la Estrategia 3.5 (Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa) y dentro de ella la Estrategia 3.5.3. (Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de suicidios y homicidios con base en evidencia científica).

Por lo anterior el desarrollo de una estrategia nacional de prevención del suicidio permitiría de acuerdo a lo planteado por la OMS enunciar el compromiso del gobierno en relación con el problema del suicidio, consiguiendo a través de esta estrategia sistematizar la respuesta nacional al fenómeno del suicidio. Dicha estrategia deberá incluir lo sugerido por el plan SUPRE de abarcar medidas de prevención, restricción del acceso a medios letales; directrices de difusión mediática, medidas de reducción del estigma y capacitación multisectorial. Consideramos que sería de gran utilidad el uso y difusión de los instrumentos diseñados por la OMS para evaluación dirigidos a grupos específicos sociales y profesionales particularmente relevantes para la prevención del suicidio.

http://www.who.int/mental_health/ publications/suicide_prevention/es/

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Doctora Claudia Becerra Palars (rúbrica), coordinadora de la Clínica de Trastornos del Afecto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.

En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCINS-92-2016 relativo a la postura de esta institución ante el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en materia de prevención de suicidio, me permito comentar a usted lo siguiente:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo fue presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 24 de noviembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y análisis y aprobada el 9 de diciembre de 2015.

El 15 de diciembre de 2015 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo siguiente:

“Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado, en México, las metas establecidas en el Plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud, y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

Comentarios

El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que en 2012 sucedieron cerca de 804 mil suicidios en el mundo, lo cual representó 1.4 por ciento del total de las muertes ocurridas y la decimoquinta causa de muertes en ese año, con una tasa de 114 muertes por suicidio por 100 mil habitantes.

En México se reporta una tasa de 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual representa l por ciento de las muertes en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de suicidios en jóvenes de 15 a 29 años es de 7.5 y representa 40.8 por ciento del total de suicidios consumados. Esto evidencia la necesidad de seguir sumando esfuerzos para disminuir la prevalencia de muertes por este fenómeno, reducir los riesgos y promover los factores de protección.

En los últimos 20 años, se han hecho esfuerzos importantes para reconocer las causas asociadas al suicidio y reducir la morbimortalidad. En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la iniciativa SUPRE (Prevención del Suicidio por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir las muertes debidas a este fenómeno. SUPRE destaca que el suicidio es un problema de salud pública de origen multicausal, donde hay una interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Asimismo, recomienda la intervención de un equipo multidisciplinario, para 1a prevención.

En 2013, se adoptó el primer Plan de acción sobre salud mental, durante la 66 Asamblea Mundial de la Salud, que incorpora la prevención del suicidio como una de las tareas prioritarias. Los países miembros, entre ellos México, se comprometieron a reducir en 10 por ciento los suicidios para el 2020 y a elaborar y poner en práctica estrategias nacionales e integrales, prestando especial atención a poblaciones vulnerables.

En este contexto, en nuestro país se incorporó la prevención del suicidio como acción en el Programa Sectorial de Salud, como parte fundamental de la atención a la salud mental. Particularmente, el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 en la estrategia 3, hace énfasis en el fortalecimiento de acciones en casos de trastorno mentales como comportamiento suicida y propone medidas de prevención del suicidio.

Asimismo, en los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), se brinda atención médico-psiquiátrica especializada, entre otras problemáticas, a personas que tienen conducta del espectro suicida y trastornos relacionados y psicoeducación a sus cuidadores y familiares. También se realizan acciones de información y concientización en el tema, como entrevistas en medios de comunicación y cursos dirigidos a personal de salud, familiares de pacientes y población en general, así como la difusión de folletos informativos.

Conclusión

Por lo anterior, esta institución continuará con su compromiso de brindar atención médico-psiquiátrica a la población que lo requiera y para sumarse a las estrategias propuestas de prevención en la materia.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Doctor Eduardo Ángel Madrigal de León (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-400, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SESNSP/469/2016, suscrito por el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita estimar la incorporación del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como de los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios para el año 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario:

En relación con el punto acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de enero del año en curso, mediante el cual “...exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, para que estimen la incorporación del municipio de Loma Bonita, Oaxaca; así como de los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios para el año 2016, de conformidad con los lineamientos aplicables, y en alcance al oficio número SESNSP/428/2016, de fecha 28 de enero de 2016, le informo lo siguiente:

El pasado 4 de febrero del presente año, me reuní con el profesor César Benítez Chaparro, presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca, con la finalidad de hacer de su conocimiento las razones por las que su Municipio no resultó beneficiario del subsidio que se otorga .a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública. Asimismo, le expliqué los criterios mediante los cuales se elige a los beneficiarios. El presidente municipal agradeció la información y señaló que trabajará para fortalecer los elementos que eventualmente le permitirían acceder al subsidio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

México, DF, a 11 de febrero de 2016.— Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-396 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2016.DGVP.34 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a mantener las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/0102/16 de fecha 21 de enero de 2016, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 20 de enero, que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, mantenga las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.

Al respecto, le informo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Es por ello que la Profeco se encarga de aplicar la normatividad para organizar y operar el Registro Público de Contratos de Adhesión; motivo por el cual atiende las solicitudes de registro obligatorio de los modelos de contratos de adhesión, de mutuo con interés y garantía prendaria.

Le comento que el registro obligatorio de los modelos de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria se encuentra establecido dentro de los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el l de noviembre de 2007. En el punto 2 del citado ordenamiento legal, en el rubro de campo de aplicación, se indica: “La presente NOM es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”

Por lo anterior, la prerrogativa de certeza legal del consumidor en los actos jurídicos de esta naturaleza se encuentra determinado por la obligatoriedad del registro de contrato de adhesión con el que los proveedores del ramo económico comercializan el servicio.

El acto de registro del modelo de contrato de adhesión de mutuo con interés y garantía prendaria se cumple al tiempo que el proveedor solicita la adhesión al contrato tipo que la Profeco ofrece a los proveedores, que por estar alineado a lo estipulado en la LFPC y la NOM-179­SCFI-2007, prevé el cumplimiento a la normatividad correspondiente y por lo tanto el registro de esa solicitud al Registro Público de Contratos de Adhesión, RPCA, como modelo de contrato debidamente registrado.

Este ejercicio de control de modelos de contratos de adhesión, aunado a la obligatoriedad del registro de este tipo de contratos, ofrece al público consumidor la certeza jurídica dentro de la relación de consumo, ya que los modelos de contratos de adhesión registrados en el RPCA cumplen con las disposiciones legales “vigentes en materia de protección al consumidor.

Adicionalmente a lo expuesto, mediante reforma a la LFPC publicadas en el DOF del 16 de enero de 2013, se condicionó la operación de las casas de empeño a la inscripción de éstas en el Registro Público de Casas de Empeño. Con ello, la Profeco cuenta con la atribución de verificar que las casas de empeño transparenten sus operaciones, colocando la debida publicidad en sus establecimientos a fin de que den a conocer a los consumidores los términos y condiciones en los contratos, así como el costo diario y mensual totalizado, expresados en tasa de interés sobre el monto de lo prestado.

Entre otras acciones se tienen como objetivos constatar que los prestadores del servicio de mutuo con interés informen, las siguientes:

• El porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda.

• El precio por gramo para el empeño de metales preciosos.

• El monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones.

• Los requisitos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda.

• Los requisitos para el desempeño de la prenda.

• Los requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda.

• Cantidad de refrendos a los que tiene derecho el consumidor.

• Ramo de prendas aceptadas.

• Que el contrato utilizado para las transacciones comerciales se encuentre registrado ante la Profeco.

Por otra parte la Profeco, en el ámbito de sus atribuciones en materia de verificación, a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a “Casas de Empeño”, vigila que las prácticas comerciales que llevan a cabo los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria se ajusten a los dispuesto por la LFPC, así como lo establecido en la NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo con interés de garantía prendaría).

En ese sentido, durante el ejercicio 2016 a nivel nacional se han realizado las siguientes acciones:

• 534 visitas de verificación a casas de empeño

• 91 establecimientos sujetos a procedimiento administrativo por infracción a la Ley y la NOM-179-SCFI-2007,

• 82 establecimientos fueron sujetos de suspensión,

• 221 básculas y balanzas verificadas, de las cuales se han inmovilizado 05 por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor.

Entre los principales incumplimientos detectados se encuentra:

• No exhibir precios montos totales a pagar.

• No contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco.

• No acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño.

• Ostentar leyendas que inducen a error o confusión al proveedor (prestamos avalados por Profeco).

• No utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios.

• No indicar el ramo de prendas aceptadas.

Cabe señalar que el Programa de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2016 comprende acciones que se reforzaran en los periodos o temporadas de mayor demanda de los servicios, iniciando a partir del 8 de enero por el termino de las festividades decembrinas y compras del día de reyes, en lo que se conoce corno la cuesta de enero; hasta el 29 de enero de 2016; y la segunda etapa a partir del mes de julio por la temporada vacacional y regresos a clases; sumado a acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan.

Finalmente, le comunico que en caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará con base en el marco jurídico aplicable para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento Honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-405 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/03115/2016 suscrito por el Lic. Luis Norberto Cacho Pérez, Director General Jurídico de la Secretaría de Cultura, y de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía a informar sobre el estatus del “Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos”, sus alcances, y resultados medibles, así como los proyectos apoyados por dicha institución durante el año 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/144/16 de fecha 28 de enero del presente año, mediante el cual informa la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; comunicó el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2015, y que señala:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula, y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Alejandro González Iñarritu y Gael García Bernal, por los premios otorgados en la 73 edición de los premios Globo de Oro. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine, para que informe sobre el estatus del Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos, sus alcances y resultados medibles, así como los proyectos apoyados por dicha institución durante 2015.

Sobre el particular, hago de su conocimiento la información que al respecto remitió el Instituto Mexicano de Cinematografía, a esta Secretaría:

El Imcine es una institución cultural creada para fomentar el cine mexicano, cuyo objetivo principal es incrementar el acervo cultural de nuestra sociedad, e impulsar la industria cinematográfica de nuestro país, promoviendo la expresión artística y cultural para fortalecer la identidad y diversidad nacionales.

Para las etapas previas a la producción de largometrajes, el Imcine ha consolidado herramientas destinadas a impulsar el proceso de los proyectos cinematográficos en su fase creativa. A través del “Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos”, por el cual se otorga poyos para la escritura de guión y el desarrollo de proyectos, el Imcine persigue incrementar la profesionalización e inserción de los participantes dentro de proceso de la producción cinematográfica.

En tal virtud, el Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos es el mecanismo implementado para fomentar, a partir de argumentos originales o derivados, la escritura de guiones, así como para impulsar la concepción de proyectos cinematográficos en su etapa de desarrollo.

Este programa tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos:

a) Estimular el crecimiento profesional de creadores, adaptadores de guiones cinematográficos, realizadores y productores fílmicos, a través de diversos apoyos como la escritura directa y la participación en asesorías especializadas, para concretar un proyecto de producción en sus aspectos técnicos, económicos y narrativos.

b) Fungir como instrumento de apertura y acercamiento a las posibilidades de financiamiento por parte de instancias públicas y o privadas para acrecentar la formación de guionistas y la consolidación de desarrollos de proyectos cinematográficos.

c) Impulsar la creación de guiones para ficción y animación o líneas argumentales para documental, con un libre contenido temático y artístico, elementos que se requieren para obtener películas de calidad, considerando que el guión o línea argumental representan la materia prima a partir de la cual es posible estructurar una obra cinematográfica.

d) Complementar, año con año el Fepcime (Fichero Electrónico de Proyectos Cinematográficos Mexicanos), frecuentemente consultado por directores y productores de la industria cinematográfica; en busca de proyectos cinematográficos.

e) Fomentar la relación y comunicación entre la producción y la escritura de guiones y escaletas documentales, para promover la realización de proyectos fílmicos, cuya congruencia entre medios, y objetivos den como resultado obras, de calidad, en las que sean optimizados los recursos económicos y los esfuerzos creativos.

f) Contribuir a la obtención de proyectos susceptibles de ser llevados a la producción fílmica, tanto por su viabilidad de producción como por su contribución a la cultura de nuestro país.

En este sentido, beneficiarios de este programa lo representan los escritores, documentalista guionistas profesionales, así como la población estudiantil de las escuelas y talleres cinematográficos del país, compañías productoras, directores y productores interesados en desarrollar un proyecto fílmico, de manera profesional e integral.

El carácter de los apoyos otorgados a través de este Programa comprende el económico y asesorías de diversa índole tanto en escritura de guión como en Desarrollo de Proyectos, lo que variará de acuerdo a la naturaleza del propio proyecto, la disponibilidad de recursos y la recomendación de los órganos de evaluación.

Para el ejercicio de lo antes descrito, el Imcine emite Convocatoria Pública Anual invitando al público en general a participar, en el proceso de selección de apoyo a proyectos, para lo cual se forman comisiones de selección integradas por reconocidos guionistas, directores y productores cinematográficos y, en general, por destacados profesionales del medio artístico e intelectual, quienes tienen a su cargo la selección de los proyectos que serán apoyados durante el ejercicio correspondiente.

Como resultado de estas acciones del 2012 a 2014, el Imcine a través del Programa de Estímulo a Creadores ha otorgado apoyo económico y/o asesorías a 76 guiones para su escritura o reescritura, y 63 apoyos a Desarrollo de Proyectos.

Del universo de 139 proyectos apoyados en este periodo, a la fecha han sido beneficiados para su producción y o postproducción a través de los Fideicomisos coordinados por el Imcine o por el Estímulo Fiscal a que se refiere el artículo 189 de la Ley del ISR., o vía financiamiento privado un total de 24 proyectos cinematográficos, lo que significa que se han producido en promedio un 17.3 por ciento de los trabajos apoyados en el mismo lapso, como se muestra en el siguiente esquema:

Por su parte, como resultado de la Convocatoria 2015 al Programa de Estímulo a Creadores, se reporta que de un total de 409 proyectos inscritos, las comisiones de selección determinaron otorgar apoyo a 46 proyectos (atención a 11.25 por ciento de solicitantes), 26 de ellos para la escritura-reescritura de guiones, y 20 que obtuvieron apoyo para desarrollo de proyecto.

Como se informó anteriormente, el proceso de búsqueda de financiamiento para la realización fílmica, conlleva diversas acciones que llegan a tomar entre uno y tres años, razón por la cual se informa que los 46 proyectos apoyados en 2015, se encuentran en sus etapas ya sean de preparación para ingresar a convocatorias de desarrollo de proyecto, o bien de integración para participar en alguna invitación en busca de apoyo para su producción por parte de esta Institución, o directamente en el sector privado nacional e internacional.

La información anterior da cuenta de los logros alcanzados con el Programa de Estímulo a Creadores, en los últimos .cuatro años, significando un importante semillero de libretos y proyectos cinematográficos para su producción fílmica.

Se adjunta la relación del Padrón de Beneficiarios del Programa de Estímulo a Creadores, en las categorías de “escritura de guión cinematográfico” y “desarrollo de proyectos cinematográficos”; ambos correspondientes a 2015.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo.— Congreso del Estado de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes para comunicarles que, en sesión de esta fecha, la honorable LIX” Legislatura del estado de México tuvo a bien aprobar iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, conforme a la iniciativa y dictamen que se adjuntan.

Sin otro particular, les reiteramos nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 12 de febrero de 2016.— Diputada Nélyda Mociños Jiménez (rúbrica);diputado Óscar Vergara Gómez (rúbrica);diputado César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), secretarios.»

«Escudo.—Congreso del Estado de México.

LIX Legislatura del Estado de México.— Iniciativa al Congreso de la Unión.

Único. En ejercicio del derecho de iniciativa .previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en su correlativo 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, preséntese ante el Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley y en las respectivas competencias que la propia Constitución enmarca, por lo que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se deberán regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Código Penal Federal, publicado el14 de agosto de 1931 en el Diario Oficial de la Federación, es el conjunto de normas legales y sistemáticas que regulan de forma unitaria las normas jurídicas punitivas del Estado al determinar los delitos, penas y medidas de seguridad, para hacer frente a la diversidad de delitos que en la actualidad nos aquejan, para salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos, por el Estado y reprimir aquellas conductas antijurídicas, y preservar la seguridad jurídica.

El desarrollo de nuevas tecnologías ha traído consigo grandes e incontables beneficios, generando eficiencia y rapidez y con ello, ahorro de tiempo y recursos. No obstante, también se han abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia, a través de las cuales es posible ocasionar grandes pérdidas económicas o causar importantes daños materiales o morales de índole que atente contra la dignidad humana como es el caso de la discriminación. En este sentido, esta soberanía propone hacer frente a los delitos cometidos en medios informáticos, por lo que resulta necesario que dicho ordenamiento se adecúe a las exigencias que más preocupan hoy en día a nuestra sociedad. Por ello y en congruencia con las diversas acciones de gobierno en esta materia, se hace indispensable contar con un tipo penal que contemple las acciones delictivas llevadas a cabo por medios informáticos, electrónicos y de comunicación, ya que las conductas se han transformado de antisociales para ser antijurídicas.

Por tal razón, es necesario reformar el Código Penal Federal, con el objeto primordial de agravar las penalidades cuando en la comisión de delitos se usen indebidamente bienes, instrumentos, aplicaciones, medios u objetos derivados de la tecnología.

La presente Iniciativa adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, por lo que se somete a consideración de ese Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Decreta:

Artículo Único: Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 149 Ter, se adiciona un séptimo párrafo al artículo 149 Ter y un tercer párrafo al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149 Ter. ...

I. a III. ...

...

...

...

Cuando para las conductas a las que se refiere este artículo, se publiquen audios, imágenes o videos destinados a denigrar o dañar a una persona o grupo de personas, utilizando medios electrónicos de comunicación alámbrica o inalámbrica, la pena se incrementará en dos tercios.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.

Este delito se perseguirá por querella.

Artículo 211 Bis 1. ...

...

Al que sin derecho y sin consentimiento de su titular adquiera información confidencial como contraseñas, claves, nombres de usuario o cualquier otra que permita el acceso a cuentas bancarias, o de correo electrónico, que los identifique como titulares de tales cuentas sin serio, para uso indebido de estas, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y de treinta a ciento veinticinco días multa.

Transitorios

Primero. Publíquese la presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan las disposiciones de igualo menor jerarquía que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a __ del mes de _____ 2016.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese la iniciativa de decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.— Presidente diputado Mario Salcedo González (rúbrica); secretarios diputada Nélyda Mociños Jiménez (rúbrica), diputado Óscar Vergara Gómez (rúbrica), diputado César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora entramos al capítulo de la presentación de iniciativas. Y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar una iniciativa para considerar a los sistemas de alerta temprana como un elemento de vital importancia en las políticas preventivas y reducción del riesgo de desastres, iniciativa orientada a salvaguardar la vida de la población ante la presencia de fenómenos perturbadores, como son los hidrometeorológicos, los teológicos, los socio-organizativos, los tecnológicos y sanitarios ecológicos.

Una alerta clara recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte.

A 30 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil nuestro país no cuenta con un sistema de alerta unificado a nivel nacional que garantice la información y que llegue oportunamente a toda la población en riesgo a través de múltiples medios y canales de comunicación.

Por su ubicación geográfica, nuestro país se encuentra expuesto a una gran variedad de fenómenos naturales, como también a fenómenos generados por la propia actividad humana, fenómenos que seguirán ocurriendo, fenómenos socialmente construidos.

Más aún, los efectos ya visibles del cambio climático están provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos, además del altísimo impacto económico y las implicaciones que los desastres tienen en el bienestar de la población y en el desarrollo del país. El mayor riesgo siempre es la pérdida de vidas humanas.

De acuerdo con el Cenapred, en los últimos 36 años más de 12 mil personas han perdido la vida con la presencia de fenómenos perturbadores.

La importancia de los sistemas de alerta temprana para salvar vidas ha sido señalada en diversos foros internacionales, como la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, donde los países participantes adoptaron el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que entre sus temas incluye precisamente la de aumentar considerablemente la disponibilidad y acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples.

Actualmente, existen en México dependencias e instituciones académicas encargadas del monitoreo, seguimiento, la emisión de alertas sobre diferentes peligros. Así, por ejemplo, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos del tiempo y presencia de ciclones tropicales; alerta sobre la actividad de los volcanes Popocatépetl y el de Colima; alerta sobre la presencia de tsunamis y la alerta sísmica de la Ciudad de México.

Por otro lado, la reforma en materia de telecomunicaciones muestra avances en la presentación de programas como México Conectado, el Sistema Mexal, la Red Compartida, entre otros, que mejorarán y ampliarán la cobertura de las telecomunicaciones en el país; lo que permitirá tener mayor acceso de las poblaciones a los alertamientos. Pero, a pesar de estos avances, aún quedan retos que superar para dar sustento y garantizar la operación de los sistemas de alerta temprana.

La Ley General de Protección Civil actualmente no define a los sistemas de alerta ni tampoco los incluye de manera específica en las acciones prioritarias de la protección civil. Por ello, lo primero que debemos hacer es reformar la ley para contar con un nuevo marco sólido y a partir de él mejorar aspectos técnicos, sociales y operativos de los sistemas de alerta en todos los niveles; desde lo comunitario, lo municipal, hasta lo nacional.

Ese es el propósito precisamente de la presente iniciativa que se propone, incorporar en la Ley General de Protección Civil a los sistemas de alerta temprana como acción prioritaria en materia de protección civil y la gestión del riesgo. Con ese mismo fin se propone modificar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para hacer obligatorio que los concesionarios participen en la difusión y comunicación de los alertamientos.

El objetivo en todo caso es salvar vidas, compañeras y compañeras, legisladores, proteger el patrimonio de la población, el medio ambiente y la infraestructura estratégica. Por ello los invito a aprobar rápidamente esta iniciativa que propone un sistema de alerta temprana para que el papel de esta Legislatura sea decisivo en salvar vidas patrimonio y entorno. Trabajemos juntos por una cultura de prevención para los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Protección Civil, y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada integrantes de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de Protección Civil y Sistemas de Alerta Temprana al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional de Protección Civil surgió hace 30 años como una respuesta del gobierno mexicano y como una necesidad social ante los trágicos acontecimientos del 19 y 20 de septiembre de 1985, cuando los sismos de magnitudes 8.1 y 7.6, cobraron la vida de casi 6,000 personas de acuerdo con las cifras oficiales.

Por la ubicación geográfica del país y sus condiciones geológicas, se encuentra expuesto a fenómenos naturales, como: los sismos, ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, deslizamiento de laderas, erupciones volcánicas, heladas, sequías, etcétera. Estos fenómenos seguirán ocurriendo debido a la naturaleza dinámica de nuestro planeta y más aún, los efectos ya visibles del cambio climático, están provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Por otro lado, el crecimiento del país, en muchas ocasiones sin una planeación adecuada, el incremento de la población, su concentración en grandes urbes, la degradación ambiental, el surgimiento de nuevos fenómenos destructivos de origen químico-tecnológico, sanitario ecológicos y socio-organizativos, así como las condiciones de vulnerabilidad que imperan a lo largo del territorio nacional, han derivado en un mayor riesgo de desastres, mismo que se manifiesta a través de una tendencia a incrementar año con año su impacto económico.

De hecho, de acuerdo con la evaluación del impacto económico realizada por el Cenapred, entre el 2000 y el 2013, el monto de daños y pérdidas a consecuencia de la ocurrencia de desastres, suma más de 30 mil millones de dólares. Montos que podrían ser destinados a programas sociales que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la población.

Resulta aún más lamentable la pérdida de vidas humanas que los desastres han provocado en el pasado reciente. De acuerdo con el CENAPRED, de 1980 a 1999 el promedio anual de muertes fue de 506 y del 2000 al 2014 fueron 186 defunciones por año. Lo anterior significa que en los últimos 36 años más de 12,000 personas han perdido la vida por la presencia de los fenómenos perturbadores.

Por otro lado, los desastres tienen también implicaciones en el bienestar y desarrollo de la población. Tan solo en 2013, 3.1 millones de habitantes, 61,635 viviendas, 2,360 escuelas y más de 980 mil hectáreas resultaron afectados por algún desastre.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de protección civil incorporando una visión de gestión integral de los riesgos a través de mecanismos y esquemas innovadores para hacer frente a las amenazas a las que está expuesta nuestra nación, a reducir los riesgos que históricamente se han ido construyendo y mitigar el impacto de los desastres, anteponiendo como premisas que lo más valioso es la seguridad y la vida de las personas.

Justamente, los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado su efectividad, a nivel mundial y en nuestro país, al reducir el número de muertes ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Su principal objetivo es proteger la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura y el medio ambiente, por lo que deben ser considerados como un elemento de vital importancia en las estrategias de prevención y reducción de riesgos. “Una alerta clara, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte.”

La importancia de un Sistema de Alerta Temprana, radica en que permite conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y espacio, un fenómeno perturbador, ya sea natural o antropogénico puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. Con ello pueden ponerse en práctica acciones y protocolos de respuesta para salvaguardar la integridad de las personas y tomar las medidas para reducir el impacto de la infraestructura y el medio ambiente.

Esta importancia ha sido señalada en diversos foros internacionales, como quedó de manifiesto en el año 2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en la cual los gobiernos participantes, entre ellos México, se comprometieron a tomar medidas para reducir el riesgo de desastres y adoptaron el Marco de Acción de Hyogo como una guía para reducir las vulnerabilidades frente a los fenómenos perturbadores. Entre las prioridades de acción de este marco se estableció la necesidad de “mejorar los Sistemas de Alerta Temprana.”

En congruencia con lo anterior, el presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó en mayo de 2013: “Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que nos permita contar con información, en tiempo real, para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro”

Por otro lado, tanto el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Visión 10-20-40) incluyen entre sus estrategias, prioridades y líneas de acción para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población ante los efectos de cambio climático, el fortalecimiento de sistemas de comunicación y de sistemas de alerta temprana. Estable como una de sus metas “incrementar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso oportuno a la población” ante eventos hidrometeorológicos extremos.

En este mismo sentido, el Gobierno de la República comunicó a las Naciones Unidas sus compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2013 y estableció en este informe como una de sus metas “establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno”

En fechas recientes, específicamente en marzo del año pasado, durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, los países participantes adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Nuevamente, esta guía señala como una de sus metas “Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples.

Actualmente se tienen importantes avances en México en materia de Sistemas de Alerta Temprana. Existen dependencias e instituciones académicas encargadas del monitoreo, seguimiento o la emisión de alertas sobre diferentes peligros. Así, por ejemplo:

• La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se encarga de la elaboración de avisos sobre las condiciones meteorológicas, y el pronóstico del tiempo.

• El Centro Nacional de Prevención de Desastres alerta sobre las condiciones de actividad del volcán Popocatépetl.

• En el 2012 se creó el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT) y el Centro de Alerta de Tsunamis dependiente de la Secretaría de Marina, con el objetivo primordial de avisar sobre la presencia o no de un tsunami después de la ocurrencia de un sismo en las costas del Pacífico Mexicano o algún sismo lejano que pudiera generar un tsunami con impacto en nuestras costas.

• El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano financiado principalmente por el Gobierno de la Ciudad de México y operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC (CIRES) alerta sobre la ocurrencia de sismos en las zonas donde cuenta con cobertura.

• Adicionalmente, existen otras dependencias nacionales, estatales y del orden local que monitorean diferentes fenómenos como incendios forestales, marea roja, condiciones hidrológicas de ríos, índices de contaminación, radiación ultravioleta, alertas Amber, emergencias químicas, emergencias asociadas a fenómenos socio-organizativos, etc.

Sin embargo, el común denominador de estos sistemas es que no se cuenta con un mecanismo de difusión masivo a través de múltiples canales de comunicación para hacer llegar la información a toda la población en riesgo.

Actualmente, la difusión de las alertas se apoya en el mejor de los casos en medios de comunicación como radio, televisión, redes sociales, internet, sin ninguna legislación al respecto.

Para el caso de la Alerta Sísmica, el CIRES desde más de 20 años, instaló y opera un sistema pionero que avisa públicamente el inicio de un sismo en las regiones donde tiene cobertura, y alerta a poblaciones alejadas que en cuestión de segundos arribarán las ondas sísmicas con potencial destructivo para que la población y autoridades implementen medidas de seguridad y se activen los protocolos de respuesta.

Para realizar la difusión de las alertas sísmicas, además de algunas televisoras y radiodifusoras, se han instalado transmisores de radio en el Valle de México y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla y Morelia, lo que equivale a un potencial de 25 millones de personas que pueden recibir la alerta sísmica.

Como se ha descrito hasta ahora, tanto a nivel internacional como al interior del país se reconoce como una necesidad de contar con sistemas de alerta temprana centrados en la gente, garantizando que los mensajes lleguen a la población. Se tienen avances importantes, sin embargo, aún quedan retos que superar para dar sustento y garantizar la operación y sostenibilidad de los sistemas.

Se requiere un marco legal sólido, así como mejorar aspectos técnicos, sociales y operativos de los sistemas de alerta en todos los niveles, desde lo comunitario hasta lo nacional.

Parte de la problemática identificada:

• No existe un modelo o sistema que integre en una misma plataforma, los avisos, boletines o alertas que generan las diversas instituciones o dependencias de los fenómenos perturbadores.

• Se requiere de una infraestructura sólida, eficiente y redundante para hacer llegar a toda la población expuesta, así como a las autoridades, las alertas y avisos oportunos para tomar las medidas necesarias ante la presencia del impacto de un fenómeno o una situación de emergencia y salvaguardar con ello la vida, proteger la infraestructura y el medio ambiente.

• Hacen falta medios alternos y un sistema unificado, estandarizado y regionalizado que permita emitir alertas a nivel nacional, estatal, regional o nivel local, a través de múltiples canales de comunicación, basado en estándares y protocolos internacionales. Actualmente no se utilizan los diferentes canales y medios de comunicación para la difusión de alertas (radio, televisión, satélite, telefonía fija y móvil, internet, transmisores VHF, redes sociales, radiocomunicaciones, televisión digital, etcétera).

• No se cuentan con un protocolo común de alerta para intercambiar información de múltiples fenómenos y transmitirla de manera certera y redundante a la mayor cantidad de personas, incluyendo comunidades rurales que se encuentran en sitios remotos.

• Se identifica también la necesidad de mejorar la coordinación entre los generadores de la información, quienes validan el nivel de la emergencia, los medios de comunicación públicos y privados y los concesionarios de las telecomunicaciones.

• La Ley General de Protección Civil no define a los Sistemas de Alerta ni los incluye de manera específica en las acciones prioritarias de la protección civil, no se definen las acciones que en la materia corresponde a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, su coordinación e integración de los Sistemas de Alerta en un Sistema Nacional. Leyes como las del “Sistema de Protección Civil del Distrito Federal” incluye un capítulo dedicado al Sistema de Sistema de Alerta Temprana del Distrito Federal y la Ley de Protección Civil y Reducción de Riesgos del Estado de Veracruz define y legisla el Sistema Estatal de Alerta Temprana.

Cabe señalar que especialistas internacionales han definido los componentes y características para lograr alertas efectivas, así, de acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, los Sistemas de Alerta comprenden cuatro elementos esenciales: el conocimiento de los riesgos, los sistemas de monitoreo y pronóstico, los mecanismos de comunicación y la capacidad de respuesta.

Adicional a los aspectos tecnológicos, la efectividad de los sistemas de alerta depende también de la capacidad de las autoridades para comunicarse entre sí y con la población, para que cada parte comprenda y actúe oportuna y eficazmente. La participación social es determinante para evitar las pérdidas de vidas y reducir los daños sociales y económicos considerando también para ello la equidad de género e identificación de grupos en situación de vulnerabilidad para crear sociedades más fuertes, con mayor capacidad de respuesta en casos de emergencia y desastre.

Por ello, la presente iniciativa tiene el objetivo de incorporar en la Ley General de Protección Civil a los Sistemas de Alerta Temprana como una de las acciones prioritarias en materia de Protección Civil y la Gestión Integral de los Riesgos. Dentro de la propuesta se definen los elementos que componen los sistemas de alerta y las características que deben contemplar para ser sistemas efectivos y cumplir su objetivo de salvar vidas. Otro aspecto fundamental que se incluye en la propuesta tiene que ver con los mecanismos de comunicación y difusión para hacer llegar la información a la población en riesgo, por lo que lo que se plantea también modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión para hacer partícipes a los concesionarios en la difusión de los mensajes de alerta.

Es imperante contar con un marco legal que mandate, de certeza y respalde el desarrollo y la sostenibilidad de los Sistemas de Alerta como un componente esencial en las políticas de Protección Civil que deben observar los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en todos sus niveles y de manera transversal.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de protección civil y sistemas de alerta temprana.

Ley General de Protección Civil

Primero. Se reforma la fracción XXII y se adiciona la fracción LIV recorriéndose el orden de las subsecuentes del Artículo 2 para quedar como sigue:

Artículo 2Para los efectos de esta Ley se entiende por :

XXII. Fenómeno o agente perturbador: Evento potencialmente perjudicial, natural o derivado de actividades humanas, que puede causar pérdidas de vida o lesiones, daños materiales, alteración de la vida social y económico o degradación ambiental;

XXIII. a LIII. ...

LIV. Sistemas de Alerta Temprana: El conjunto de elementos que proveen a la población información de manera oportuna y eficaz, sobre la presencia y el desarrollo de un fenómeno perturbador potencialmente peligroso que permita a las personas expuestas tomar acciones anticipadas para evitar o reducir riesgos, prepararse para una respuesta efectiva y con ello proteger su integridad física, mitigar los daños en su patrimonio, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones en los servicios estratégicos.

LV. a LXII. ...

Segundo.Se adiciona la fracción VIII al Artículo 4 para quedar como sigue:

Artículo 4.Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. a VII. ...

VIII. El desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana garantizando que los mensajes lleguen oportunamente a la población en riesgo;

Tercero. -Se adiciona la fracción VIII al Artículo 10 para quedar como sigue:

Artículo 10.La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador :

I. a VII. ...

VIII. El desarrollo y operación de Sistemas de Alerta Temprana

Cuarto. Se modifica el segundo párrafo del Artículo 16 para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas monitoreo y sistemas de alerta temprana sobre los fenómenos perturbadores.

Quinto. Se reforma la fracción IX del Artículo 19 para quedar como sigue:

Artículo 19.La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a VIII. ...

IX.Instrumentar y en su caso, operar redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana,en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas, estatales o municipales, así como consolidar y operar el Sistema Nacional de Alertas ;

X. a XXX. ...

Sexto. -Se reforma el Artículo 25 para quedar como sigue:

Artículo 25. Las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno,en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de monitoreo y sistemas de alertade los distintos fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y puedan provocar daños a la población .

Séptimo.Se reforma la fracción V del Artículo 34 para quedar como sigue:

Artículo 34. El Comité Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Emitir alertas tempranas, boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general.

Octavo.Se adiciona el Capítulo XIX y los Artículos 95 al 102, para quedar como sigue:

Capítulo XIX
Del Monitoreo y Sistemas de Alerta Temprana

Artículo 95. El monitoreo de los fenómenos perturbadores es parte de las acciones de la gestión integral del riesgo para la toma de decisiones en materia de Protección Civil. Tiene por objeto dar seguimiento a los fenómenos perturbadores; mejorar el conocimiento de peligros y vulnerabilidades; el diseño de medidas de reducción de riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con áreas especializadas de la administración pública, centros académicos y de investigación científica y tecnológica, impulsarán los sistemas de monitoreo y de alerta temprana necesarios para contar con información acerca de los fenómenos perturbadores que inciden en el país, un estado o un municipio y alertar oportunamente a la población.

Artículo 96. Los Sistemas de Alerta Temprana tienen el propósito principal de proteger la vida de las personas ante la presencia, inminencia o alta probabilidad de que alguno de los fenómenos perturbadores implique un riesgo a la población. Los Sistemas de Alerta deben conformarse por cuatro elementos esenciales: identificación y conocimiento del riesgo; equipos para la detección, el monitoreo y seguimiento de los fenómenos perturbadores; mecanismos de difusión de las alertas; y la capacitación de autoridades y población en la respuesta esperada ante las alertas.

Para su implementación y desarrollo debe considerarse:

I. El conocimiento previo e identificación de los riesgos asociados al fenómeno perturbador: intensidad, probabilidad de ocurrencia, zonas geográficas y comunidades potencialmente afectadas; vulnerabilidades de la población expuesta. Deberá considerarse la información contenida en los Atlas de Riesgos;

II. Definición clara de los responsables de su operación y los arreglos institucionales para garantizar su correcto funcionamiento;

III. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la información que se requieran; y prever recursos necesarios para su mantenimiento y sostenibilidad;

IV. Incluir en su caso, los modelos que permitan el pronóstico de intensidades, la definición de los umbrales para su activación y difusión pública. Dependiendo del fenómeno perturbador se establecerán diferentes niveles de alerta;

V. Los mecanismos de difusión y comunicación para transmitir las alertas a la población en riesgo y a las autoridades correspondientes con información clara y precisa, a través de múltiples canales y medios de difusión para garantizar el alertamiento oportuno a la población;

VI. Los mensajes de alerta deben incluir, dependiendo del fenómeno perturbador y del tiempo de oportunidad, las recomendaciones de prevención y autoprotección que en su caso correspondan;

VII. Sustentarse en estándares y protocolos nacionales e internacionales;

VIII. Ejecución de campañas de concientización a la población respecto a los riesgos derivados por los fenómenos perturbadores;

IX. La capacitación de autoridades, comunidades y población sobre las modalidades y significados de las alertas de las alertas;

X. Contar con planes y procedimientos específicos para saber qué hacer ante, durante y después del impacto del fenómeno perturbador. Los Programas internos de Protección Civil, deberán contemplar en su elaboración los sistemas pertinentes de alerta temprana y sus protocolos de respuesta;

XI. Prever simulacros, identificación de rutas de evacuación, zonas seguras y en su caso, refugios temporales o albergues para salvaguardar a la población;

XII. Incorporar criterios que tomen en consideración la perspectiva de género, las necesidades de personas con discapacidad y grupos vulnerables, entre otros;

XIII. Emisión de las alertas de manera comprensible a la población, incluyendo las lenguas que se hablen en la zona afectable y en otros idiomas en donde exista concentración de turistas.

Artículo 97. La Coordinación Nacional, en su carácter de responsable de la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional, fomentará y establecerá mecanismos de colaboración con dependencias federales, entidades federativas, municipios, universidades y centros de investigación, para el intercambio de información sobre las redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana, con el objeto de operar el Sistema Nacional de Alertas.

Artículo 98. El Sistema Nacional de Alertas contemplará:

I. La integración en una misma plataforma los avisos, boletines o alertas sobre múltiples fenómenos perturbadores que generen las dependencias de la administración pública federal, los sistemas de alerta estatales y municipales, las universidades y centros de investigación a través de un protocolo común de alerta;

II. La incorporación del Sistema de Alerta de Ciclones Tropicales (SIAT-CT), las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, las alertas emitidas por el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, las alertas por actividad volcánica del CENAPRED y otros sistemas operados por las dependencias o redes de alerta con atribuciones en la materia;

III. La difusión de las alertas regionalizadas a través de múltiples plataformas, canales y medios difusión y la integración de un sistema de comunicación para difusión de alertas a nivel nacional, regional, estatal y/o municipal basado en las mejores prácticas internacionales;

IV. Las Entidades Federativas y los Municipios podrán acceder al Sistema Nacional de Alertas para emitir alertamientos en sus propias demarcaciones. Cuando una alerta involucre a dos o más municipios, el Estado será el responsable de emitir el alertamiento. Si la alerta involucra a dos más entidades federativas, será la Coordinación a través del Centro Nacional de Comunicaciones quien realice la difusión del Alertamiento;

V. Para el caso de las alertas sísmicas, en las cuales se dispone de segundos de anticipación al arribo de las ondas sísmicas, las alertas se emitirán de manera automática conforme a los umbrales prestablecidos previamente con acuerdo de las autoridades.

Artículo 99. Los medios de comunicación masiva, los concesionarios de las telecomunicaciones y radiodifusión, los proveedores de servicios, participarán en la difusión gratuita de las alertas en los términos que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, el Instituto regulará y establecerá los lineamientos, protocolos y características respecto de la difusión de las alertas y los medios a través de los cuales se realizará.

Artículo 100. Los particulares y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en los sistemas de alerta temprana, previo acuerdo y bajo la coordinación de las autoridades responsables, en los procesos de preparación, difusión y respuesta.

Artículo 101. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno promoverán que los inmuebles públicos, así como las instalaciones vitales y estratégicas lleven a cabo las acciones necesarias para acceder a las alertas oficiales.

Artículo 102. En el reglamento de esta Ley se establecerán los demás requisitos y formalidades de los sistemas de alerta temprana.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único.Se reforman la fracción XI del Artículo 190 para quedar como sigue:

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. a X. ...

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes del Sistema de Alerta Temprana:

A) Dar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia,

B) Transmitir de forma gratuita los boletines y mensajes solicitados por las autoridades competentes en materia de Protección Civil, referentes a las alertas y/o avisos de fenómenos perturbadores que signifiquen un riesgo para la seguridad e integridad de la población en general, y

C) Colaborar difundiendo gratuitamente la Alerta Amber a los diversos dispositivos de telecomunicaciones.

XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Para los efectos del artículo 102 de la Ley General de Protección Civil, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para la adecuación de los criterios de funcionamiento correspondientes a los Sistemas de Alerta Temprana dentro del Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para establecer los lineamientos específicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputados: Noemí Guzmán Lagunes,Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, José Luis Sáenz Soto, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Radio y Televisión, para dictamen.

Saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Ciencia de Administración Pública. Invitados por el diputado Juan Corral Mier. Así como de integrantes de la Asociación Nacional Pro Dignificación del Jubilado del ISSSTE AC. Invitados por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.

Y también de alumnos y docentes de la Escuela Preparatoria Oficial, número 254, del municipio de Juchitepec, estado de México. Invitados por la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.

El diputado Santiago Torreblanca Engell:Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, pueblo de México. No voy a decir ninguna cosa que no sepan ustedes.

México presenta el segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, y el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Esto es gravísimo, de entrada por las muertes que causan las enfermedades asociadas a este mal, simplemente por diabetes mellitus y sus complicaciones, cada año mueren 74 mil personas, la hipertensión arterial sistémica la sufren más de 15 millones de mexicanos.

Y el problema, no solo directamente la vida y la salud de las personas, sino el costo fiscal que implica esta cuestión. Miren, les doy cifras de cuánto cuesta tratar este tipo de enfermedades: los costos totales por diabetes atribuible al sobrepeso y obesidad oscilan entre los 82 mil y 98 mil millones de pesos, que representan la mayoría del gasto en salud, en el Ramo 12, en los años recientes.

Señores, nos estamos matando como sociedad lentamente por una mala alimentación. Ya existe en la Ley General de Salud y en la norma oficial mexicana la obligación de que exista un etiquetado frontal de alimentos. No sé si han visto cuando compran cualquier producto que en la etiqueta viene el contenido calórico, las grasas saturadas, otro tipo de grasas y sodio.

Sin embargo, amigos diputados, nosotros no somos doctores; la mayoría de la población no es médico, la mayoría de la población no estudió nutrición ni genera alimentos. Entonces de nada sirve que la gente lea que tiene tal cantidad de kilocalorías o tantos gramos de sodio, si con esa información no puede saber si el alimento que va a consumir es sano o no, bueno o malo para la salud.

En este contexto es que en la presente iniciativa se pretende reformar el artículo 212 de la Ley General de Salud, para que el etiquetado de alimentos tenga que contener un semáforo nutricional para que se tenga que expedir con base en esta reforma una norma oficial mexicana y, dependiendo del gramaje de sodio y del número de kilocalorías, de la cantidad de grasas saturadas y otras grasas que tiene el producto, se etiquete en rojo en el caso de que el producto sea dañino para la salud, en amarillo en caso de que sea intermedio su contenido calórico de grasas o de sodio y verde en caso de que sea sano.

Aparte, una razón adicional para apoyar esta iniciativa. No se está imponiendo nada a los ciudadanos, simplemente se le está dando la información al consumidor para que de manera libre y responsable decida si asume el riesgo de consumir un producto que es potencialmente dañino para la salud o, si por el contrario, no lo hace.

Esa es la verdadera responsabilidad del Estado. Informar adecuadamente a la ciudadanía para que tome las decisiones más acertadas. Es todo, muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados, especialmente a los de Comisión de Salud que van a aprobar a favor seguramente esta iniciativa, y a la gente que nos ve a través del Canal del Congreso.

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, párrafo 1, fracción I, 77, párrafo 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 3o. y se recorren los subsecuentes al artículo 212, ambos de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa. En nuestro país, al día de hoy, es el que más altas tasas de obesidad y sobrepeso tiene en el mundo y desde la década de los años ochenta, se ha documentado uno de los incrementos más rápidos para estos padecimientos y sus enfermedades crónicas asociadas, como lo son la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular. Se ha comprobado que la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles; por lo que sin duda, es en su prevención y atención donde el Estado debe enfocarse para disminuir riesgos a la salud y los costos que este padecimiento genera.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, muestra que en adultos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México es de 71.3 por ciento es decir, representa a 48.6 millones de personas, de los cuales a la obesidad, corresponde el 32.4 por ciento y al de sobrepeso el 38.8 por ciento. La obesidad fue más alta en el sexo femenino dado que la prevalencia fue de 37.5 por ciento, mientras que en el género masculino fue de 26.8 por ciento, al contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5 por ciento y el femenino de 35.9 por ciento, razón por la que el problema de sobrepeso y obesidad en México, debe ser considerarlo como el principal de salud pública y por lo mismo debe ser atacado mediante la implementación de diversas medidas que integren una política eficaz.

Los datos anteriores sin duda son alarmantes, sin embargo, la crisis de salud pública a causa de la obesidad y el sobrepeso, además de los problemas de salud en la población genera costos muy altos, que hoy se calculan entre los 82 mil millones de pesos y los 98 mil millones de pesos y esto sólo respecto de los costos atribuibles por tratar la diabetes.

Invertir en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, sin duda debe ser la opción; datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que en México, la implementación de acciones integrales que incluyen campañas en medios masivos, sobre información nutrimental, etiquetado, restricciones de publicidad y política fiscal, lo cual costaría en promedio 40.85 pesos por persona, mientras que las pérdidas económicas por sobrepeso y obesidad equivalen a 840 pesos, por per cápita.

Toda vez que se estableció que existe correlación entre el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, es importante referir los siguientes datos que se refieren a dos enfermedades que aquejan a los mexicanos y que en virtud de los índices de obesidad han aumentado:

1. Diabetes mellitus: Cada año mueren 74 mil personas a consecuencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones.

2. Hipertensión arterial sistémica: Más de 15 millones de mexicanos entre los 20 y 69 años se conocen hipertensos, mientras que en los hombres mayores de 60 años, la hipertensión arterial se llega a presentar hasta en un 50 por ciento de la población. La hipertensión en los adultos mexicanos tiene una prevalencia de 43.2 por ciento y más de la mitad, es decir el 26.6 por ciento, no sabe que padece esta enfermedad.

Muestra de la crisis que representa para la salud pública el problema de obesidad, es que en los últimos 25 años, la población mexicana ha experimentado un aumento sin precedente en las prevalencias de sobrepeso y obesidad; de 1988 a 1999, la obesidad en mujeres de 20 a 40 años pasó de 9.5 por ciento al 24.9 por ciento mientras que el sobrepeso, de estar en 25 por ciento aumento a 36.1 por ciento, así, ambas en 1999 tenían una prevalencia de 61 por ciento contra el 46.5 por ciento de 1988; mientras que en la actualidad, es superior a 71 por ciento, es decir un 10 por ciento mayor que al año 2000, llegando a alertar a la autoridad en la materia, como lo es la Secretaría de Salud (Salud), quien afirma que la magnitud, la frecuencia y el ritmo de crecimiento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus tipo dos, representan una emergencia sanitaria.

La Secretaría de Salud (Salud) ha identificado que el problema de sobrepeso y obesidad que se vive en México, se debe a la “occidentalización” de la dieta de los mexicanos y provoca lo siguiente:

1. Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal;

2. Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población;

3. Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos;

4. Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto energético;

5. Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y

6. Disminuye de forma importante la actividad física de la población.

Como todo problema social, tratándose de un problema de salud, el de la obesidad y sobrepeso, junto con sus respectivas complicaciones, es cuantificable y medible de manera individual y colectiva.

“Las consecuencias de las enfermedades crónicas asociadas al sobrepeso y la obesidad van más allá de la salud, impactan la productividad y desarrollo económico del país, aumentan los costos directos e indirectos de tratar dichas enfermedades. Por esta razón, cualquier acción que busque fomentar políticas, programas, acciones y prácticas que prevengan y controlen estos padecimientos es siempre una acción bienvenida.”

La obesidad y el sobrepeso, como cualquier padecimiento de salud, producen costos personales entre los que se encuentran el pago de consultas médicas, medicinas y tratamientos, además de aquellos que en la mayoría de los casos, no son considerados, como las horas dejadas de laborar, la baja en la productividad del enfermo, las afectaciones familiares, etcétera. Estimaciones del McKinsey Global Institute muestran que la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8 por ciento del PIB global, similar a los costos de conflictos armados y el tabaquismo.

Por todo lo anterior, el IMCO, considera a la obesidad y al sobrepeso, como problemas que restan competitividad a nuestro país, dado que primero afectan al individuo y su familia, pero en conjunto al bajar la productividad de cada individuo, disminuyen la de empresas, sectores económicos y por último la competitividad del país.

Estadísticas y costos por sobrepeso y obesidad y diabetes tipo 2

A continuación se exponen diversos datos que muestran los costos de la crisis por sobrepeso y obesidad en nuestro país.

Nota: Los cálculos se basaron en una metodología sencilla y transparente con información de fuentes públicas oficiales, por un lado, se utilizaron las fracciones atribuibles del reporte Global Burden of Disease (GBD) 2006, para Latinoamérica, así como sus factores de discapacidad parcial (GBD 2010), por otro, se adoptó un enfoque de capital humano como el que utilizan otras investigaciones en la materia. Sin embargo, el estudio se distingue de otros estudios por estimar las pérdidas económicas generadas por las personas enfermas, así como por presentar los resultados por grupo de edad. A continuación se muestran los principales resultados que se obtuvieron de esta metodología o calculadora en términos de salud.

– En México existen 8.6 millones de diabéticos a causa del sobrepeso y obesidad. El grupo de edad más afectado son los adultos en etapa productiva, entre 40 y 60 años.

– En 2012 se registraron 59 mil muertes por diabetes atribuibles al sobrepeso y obesidad, para este indicador el grupo de edad más afectado fue el de 70-79 años de edad.

– Costos laborales relacionados con la diabetes tipo 2 causada por sobrepeso y obesidad:

1. Enfermos sólo de diabetes, con base en el Global Burden of Disease (GBD), asume que los diabéticos pierden 3.1 por ciento de su tiempo laboral a causa de su padecimiento. Las horas laborales perdidas en total al año por el grupo representativo de la enfermedad fue de 312 millones 142 mil 95, lo cual equivale a poco más de 143 mil trabajadores ociosos durante un año.

2.Enfermos de diabetes más complicaciones asociadas a la enfermedad, con base en el GBD, pierden en promedio 5 por ciento de su tiempo laboral. Las horas laborales perdidas en total al año por el grupo representativo de la enfermedad fue de 402 millones 550 mil 720 horas, lo cual que equivale a poco más de 184 mil trabajadores sin trabajar en un año.

– Las pérdidas en ingreso por morbilidad son considerables, al ser equivalentes a un rango que va de los 9 mil a los 25 mil millones de pesos.

– En resumen, los costos totales por diabetes atribuible al sobre peso y obesidad oscilan, como ya se dijo, entre los 82 y los 98 mil millones de pesos, que representan la mayoría del gasto en salud (Ramo 12) en los años recientes. En los costos referidos no consideran gastos adicionales en medicamentos o tratamiento de complicaciones y asumiendo que la vida laboral finaliza a los 65 años.

– Un prediabético que revierte su condición mediante tratamiento médico privado, tendría que erogar alrededor de 90 mil pesos, mientras que uno que no se atiende y se convierte en un paciente con caso diabético que se complica y necesita de servicios de salud privados, con el paso de los años su condición física se deteriorara con osteoartritis, síntomas urinarios, cataratas, neuropatía y falla renal y tendría que erogar, para una atención médica adecuada, alrededor de 1 millón 900 mil pesos.

– El 49 por ciento de la población con diabetes no está diagnosticada, el 66 por ciento no tiene acceso a servicios públicos de salud, por lo que resulta factible que caigan en el supuesto anterior y por lo tanto existe gran riesgo de que las familias de ingresos medios caigan nuevamente en situación de pobreza y que se perpetúe esta condición en las familias más pobres.

Un estudio del IMCO, expone diversas recomendaciones, siendo que para la presente iniciativa es de especial importancia la que se refiere a “Mejorar las reglas para el etiquetado, de tal forma que éste sea auto-explicativo e informe adecuadamente a la población”; por lo que cita como experiencia internacional el caso de Gran Bretaña, que aunque permite el mismo nivel de azúcar que México (90 gramos), en alimentos procesados, el etiquetado, además de la información general y porcentajes de consumo, sigue un sistema de semáforo, el cual marca en rojo el cuadro de azúcar en cuanto alcanza los 27 gramos., lo que resulta didáctico y eficaz ya que visualmente se pueden identificar productos que tienen alto contenido de azucares, sodio, grasas y carbohidratos según sea el caso.

Es importante mencionar que Reino Unido, antes de la implementación del etiquetado de semáforo, en la mayoría de sus productos contaba con el etiquetado frontal de Europa, similar al etiquetado que se utiliza en nuestro país. Sin embargo, en 2012, el semáforo de alimentos fue implementado en Gran Bretaña e y funciona a través de un código de colores -rojo, naranja y verde-, con el fin de informar de una forma clara, precisa y didáctica la cantidad de grasas, sal, azúcar, grasas saturadas o calorías que contiene un producto y, por tanto, si es aconsejable ingerirlo con mayor o menor moderación y así lograr que las personas en general puedan cambiar sus hábitos alimenticios por otros más saludables.

En este sentido en noviembre de 2013, Ecuador emitió la norma legal que implementó el uso del semáforo de alimentos en el etiquetado de productos procesados, por lo que se convirtió así en el primer país latinoamericano en adoptar el sistema, creado para alertar a los consumidores sobre la cantidad de grasas, azúcar y sal en los alimentos. La medida en país sudamericano, fue tomada derivado de los resultados obtenidos en su encuesta Ensanut 2011, cuestión que refleja el compromiso del gobierno en dicho país para frenar la crisis de salud pública que significan el sobrepeso y la obesidad, sin tomar en consideración que el caso mexicano es aún más grave; al encontrase en podio del sobrepeso y obesidad, en el referido país, ENSANUT 2011-2013 refleja que tres de cada diez niños en edad escolar y seis de cada diez adultos padecen sobrepeso y obesidad, lo que representa un 11 por ciento menos que en nuestro país.

Ejemplo de etiquetado en Gran Bretaña y Ecuador (respectivamente)

En nuestro país, la lucha por implementar la política y regulación del semáforo en alimentos no es nueva, diversas organizaciones de la sociedad civil, lo han impulsado en los últimos años, funcionarios públicos se han pronunciado a favor de su aplicación e incluso legisladores tanto locales como federales han exhortado a diversas autoridades para que esto suceda, pero su implementación se ha visto frenada por diversas razones y presiones; no obstante, los esfuerzos son visibles y como un primer ejemplo, podemos citar el convenio marco que firmó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con el Sistema de Distribución Conasupo, SA de CV (Diconsa) para instalar un “Semáforo Nutricional” en sus 26 mil tiendas comunitarias fijas y móviles que se encuentran en las 23 mil localidades donde ofrece sus servicios la paraestatal, medida que dará claridad a la población en cuanto al alto, medio y bajo valor nutricional. El Semáforo Nutricional derivado de la firma del convenio se formuló mediante uso de los colores rojo, verde y ámbar en los anaqueles donde se exhiben los productos para su venta al público.

Bajo dicha estrategia los alimentos fueron distribuidos de la siguiente forma:

– En el anaquel con el indicador de color verde, se colocaron los alimentos considerados como de alto valor nutricional y que incluyen: maíz, harina de maíz, frijol, alubias, arroz, soya texturizada, lentejas, garbanzo, haba pelada, avena, pan integral, atún, sardinas enlatadas, frutas deshidratadas, papilla de cereales, suplementos alimenticios, agua purificada, leche en polvo y líquida (Liconsa).

– Por otro lado, en el anaquel con el indicador de color ámbar se colocaron los alimentos considerados, como de medio valor nutricional y que incluyen: pan blanco, harina de trigo, pasta para sopa, galletas tipo Marías y de animalitos, salsas caseras, así como frutas, jamón, salchichas y papilla de fruta, envasados, aceite vegetal comestible, chocolate en polvo, café soluble, galleta básica, harina de arroz, aceituna, chiles secos, y alimentos infantiles colados y picados, cereales en barra y palanquetas, granola, atoles, harina para hotcakes, leche maternizada, vegetales envasados, chícharo con zanahoria y chícharo solo, envasados, elote de grano, puré de tomate, chile chipotle y jalapeño entero, envasados, café en polvo, tostado y molido, y carne envasada.

– Y por último, en el anaquel con el indicador de color rojo se colocaron los alimentos considerados como de bajo valor nutricional y que incluyen: azúcar, moles, cereales en hojuela, flan en polvo, chocolate de mesa, chocolate (golosina), mieles y jarabes, piloncillo, leche condensada, néctares, bebidas de fruta, jugos para bebé, refrescos en polvo y embotellados, jugos, botanas, frituras, sopas instantáneas, gelatinas en polvo, cátsup, mayonesa, crema de leche, manteca de cerdo y vegetal, chilorio, galleta diversa y harina para pastel, salas picantes, mostaza, adobo, consomé en polvo y en cubos, sal de grano y sal molida o refinada.

De lo anterior, podemos desprender de manera clara que el Convenio-Marco celebrado por INSP y Diconsa, representa la primer política pública encaminada a mejorar los hábitos nutricionales y alimenticios de la población, en el que además podemos afirmar que se pretenden atacar dos problemas, el del sobrepeso y obesidad y el de la desnutrición, que de manera contrastante se sufren en nuestro país. Sin duda esta acción de gobierno, es una de las tantas formas preventivas para atacar los problemas de salud que se vive en nuestro país y que reflejan la utilidad pública de la implementación de un “Semáforo Nutricional”.

Marco Jurídico Actual

En nuestro país, para la regulación del etiquetado desde el año 2010 fue publicada la norma oficial mexicana número NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en cuya última modificación dada en 2014, fueron incluidos diversos conceptos que forman hoy en día parte fundamental de los alimentos, en el que a grandes rasgos se implementó el llamado “Etiquetado frontal de alimentos” el cual se define por la propia NOM como: “Aquella declaración nutrimental situada en área frontal de exhibición, de conformidad con el Reglamento”.

Ejemplo de etiquetado frontal regulado por la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

No obstante los cambios referidos en la citada NOM, diversos expertos y activistas sociales advirtieron que las reformas no eran adecuadas a las necesidades de los consumidores y el público en general, ya que se causa confusión, por resultar incomprensible por la población mexicana, que en consecuencia no atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca del riesgo para la salud que representa la ingesta de altas cantidades de azúcar”.

Incluso la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco), refirió en marzo pasado, en el marco de la celebración del Día Mundial del Consumidor, que debería ser implementado en México, el etiquetado de Ecuador, conocido como “semáforo nutricional”, a través del cual las etiquetas deben expresar si un producto contiene “altos”, “moderados” o “bajos” niveles de azúcares, sodio o grasas.

Asimismo, resulta importante mencionar que el pasado 14 de octubre de 2015, se publicaron las últimas modificaciones a la Ley General de Salud, que si bien, representan un avance en la prevención y lucha contra la obesidad y el sobrepeso, lo cierto es que se deja al arbitrio de las autoridades administrativas, la determinación de porcentajes y las cantidades de ingesta diaria de azúcares, sodio y grasas, entre otros elementos que deben incluirse en el etiquetado de alimentos, esto sin tomar en consideración los criterios y estándares internacionales; de igual manera, no se ordena la implementación del semáforo nutricional, cuestión que incluso va en contra de la política implementada por el INSP y Diconsa, o bien en contra de lo que ha sido calificado por expertos y la propia Profeco, como la mejor opción para el etiquetado de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas.

De las reformas referidas podemos destacar lo siguiente en materia de combate a al sobrepeso y la obesidad:

1.Se establece como materia de salubridad la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo.

2. Se ordena proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud.

3. Se ordena diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física.

4. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos de las entidades federativas, con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, debe formular, proponer y desarrollar programas de educación para la salud, entre otros aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población, así como llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

5.Se establece un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la conducta alimentaria e impulsar, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la SEP, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

6.Se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Por todo lo expuesto, se propone la presente iniciativa, en la que se plantea lo siguiente:

1) Adicionar un párrafo 3o. al artículo 212, de la Ley General de Salud a efecto de ordenar que el etiquetado de alimentos tenga que incluir el sistema de semáforo nutricional.

Las propuestas de reformas quedarían como se muestra a continuación:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía que integra la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adiciona un párrafo al artículo 212, ambos de la Ley General de Salud, para que queden como sigue:

Artículo 212. ...

La etiqueta frontal para los alimentos y bebidas no alcohólicas además de lo señalado en el párrafo anterior, deberá contar con un sistema de semáforo nutricional de conformidad a los criterios que se establezcan en términos de la fracción XII, del artículo 115 de ésta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las normas reglamentarias correspondientes.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud, OMS [en línea]: [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

2 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012. [en línea]: [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://ensanut. insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf “(como cita en 1. World Health Organization/Food and Agriculture Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/ FAO expert consultation. WHO Technical Report Series 916. Geneva: WHO; 2003.

2. WHO. [en línea]: [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. Ginebra: WHO (Technical Report Series No. 894), 203. 2000.”)

3 Secretaría de Salud, [en línea]: Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://promocion.salud. gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf

4 Obesidad en México. [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Kilos-de-m%C3%A1s-1.pdf

5 Secretaría de Salud de Morelos [en línea]: Datos estadísticos sobre principales problemas de salud pública [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/2-uncategorised/11-salud-publica

6 Ídem

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012. [en línea]: [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://ensanut. insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf

8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. [en línea]: [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Informe de evolución histórica de la situación Nutricional de la Población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México. Primera Edición, 2010. México. P18. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Evo lucion_Historica_050411.pdf

9 Secretaría de Salud, [en línea]: Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en: http://promocion. salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf

10 Instituto Nacional de Salud Pública [en línea]: Evidencia para la política pública y prevención de obesidad. [fecha de consulta: 15 de Diciembre 2015]. Disponible en: http://www.insp.mx/epppo.html

11 Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO [en línea]: Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México. [fecha de consulta: 10 Diciembre 2015]. Disponible en: http://imco.org.mx/ wp-content/uploads/2015/01/Kilos-de-m%C3%A1s-1.pdf

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social (LSS), de edad laboral y retiro

15 Instituto Mexicano para la Competitividad Imco [en línea]: [fecha de consulta: 16 Diciembre 2015]: Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México. [fecha de consulta: 8 Diciembre 2015]. Disponible en:http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Kilos-de-m%C3%A1s-1.pdf “kilos de más, pesos de menos, los costos de la obesidad en México”

16 Ídem

17 Reino Unido adopta el etiquetado semáforo. Periódico el Mundo, 25 de octubre de 2012. [en línea]: [fecha de consulta: 16 Diciembre 2015]: Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/10/25/nutricion/1351161501.html

18 Aprueba Ecuador etiquetado de semáforo en alimentos. El Poder del Consumidor, 5 de junio de 2014. [en línea]: [fecha de consulta: 16 Diciembre 2015]: Disponible en: http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/aprueba-ecuador-etiquetado-de- semaforo-en-alimentos/

19 Instituto Nacional de Salud Pública. [en línea]: [fecha de consulta: 16 Diciembre 2015]: Información académica, boletín número 181 “INSP Y Diconsa colaboran” Disponible en: http://www.insp.mx/informacion-academica/181-insp/para-reutilizar/2212-diconsa- insp.html

20 Ídem

21 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.”

22 El Poder del Consumidor. [en línea]: [fecha de consulta: 17 Diciembre 2015]: Representa un riesgo a la salud el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, 2 de julio de 2015. Disponible en: http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/representa-un-riesgo-a-la-salu d-el-nuevo-etiquetado-de-alimentos-y-bebidas/

23 Periódico El Financiero. Etiquetado de comida ‘chatarra’ en México es ineficiente: ONG [en línea]: [fecha de consulta: 17 Diciembre 2015]: http://m.elfinanciero.com.mx/economia/etiquetado-de-comida-chatarra-en-mexico-e s-ineficiente-ong.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Santiago Torreblanca Engell,Alejandra Gutiérez Campos, César Flores Sosa, Enrique Pérez Rodríguez, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Lilia Arminda García Escobar, Luis Fernando Antero Valle, María Del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torreblanca. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

No será médico, pero parece que sí conoce de bariatría. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario...

El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Antes sonido en la curul del diputado Íñiguez.

El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Primeramente para pedirle autorización al promotor de esta iniciativa, que con gusto la vamos a recibir en la Comisión de Salud.

Pero el comentario también torna en giro que me gustaría mucho que en la Comisión de Educación lo comentáramos. Que el presidente de la Comisión de Educación y un servidor, junto con todos los integrantes de ambas comisiones y el promotor de esta iniciativa, pudiéramos platicarla. Pero es más que nada sumarme a la iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Entonces está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa que se ha presentado por el diputado Torreblanca, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY DE VIVIENDA Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora sí tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

El diputado Sergio López Sánchez:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos, el problema de la vivienda en México es un tema prioritario para cualquier administración pública.

La grave situación por la que atraviesa nuestro país en materia de vivienda, no todo es causa de factores sociales y económicos, también debemos añadir el factor político. Lo anterior lo sostenemos en virtud de la incapacidad del gobierno federal para implementar medidas o políticas públicas eficaces que contrarresten la mala distribución del ingreso, las dificultades de los sectores mayoritarios de la población para acceder a mecanismos de financiamiento y a la falta de estímulos reales a la inversión privada en materia de vivienda.

Planes, programas, medidas, acciones y un sinfín de políticas públicas se presentan a la población para convencerlos de que ahora sí se resolverán los grandes problemas de la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Sin embargo la realidad dista mucho del discurso oficial. Los problemas subsisten en todo el país y las respuestas gubernamentales no se ven reflejadas en las condiciones de vida de las y los ciudadanos de México.

En tal sentido la atención a las necesidades de vivienda se convirtió en un tema que rebasó el ámbito privado para colocarse como un asunto prioritario para el Estado mexicano.

Debo reconocer que en esta Legislatura hemos aprobado recientemente reformas a la Ley del ISSSTE que permite a los trabajadores pedir un segundo crédito. Sin embargo es importante hacer las adecuaciones necesarias en el texto constitucional, pues advertimos una limitación normativa al establecer que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa se consagra para toda familia y no a todas las personas como correspondería al carácter universal de los derechos humanos y al principio de no discriminación.

Este aspecto restrictivo de nuestra norma fundamental constituye un impacto negativo sobre la protección de la tenencia de la vivienda en el caso de personas que no tienen relación de parentesco entre ellas.

Uno de los objetivos de la presente propuesta es de resolver la contradicción y homologar los artículos respectivos a efecto de incluir en el artículo 1o., de la Ley de Vivienda el concepto de “persona”, en concordancia con el artículo 3o., y en general con todo el sentido de la ley de mérito, y por supuesto, de nuestra Constitución.

Asimismo podemos observar que el principal vacío que encontramos en la regulación secundaria en materia de vivienda, es que no se atiende al sector informal de la economía en su legítimo derecho de contar con una vivienda digna, dada su condición, aunque informal de trabajadores.

Nadie pondría en tela de juicio que las personas que conforman el sector informal son trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de un 60 por ciento de los trabajadores en México se desempeña en empleos informales.

En este sentido, debemos apuntar que pese al bajo dinamismo económico de nuestro país, el mercado de trabajo mexicano se ha caracterizado por la vigencia de una baja tasa de desempleo abierto, sin embargo éste ha consistido con un alto y persistente empleo informal.

Bajo todo este contexto, nuestra propuesta de iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley de Vivienda y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de fortalecer las condiciones de todas las personas y de todos los trabajadores para que puedan contar con hogares dignos y accesibles sin importar sus condiciones particulares para privilegiar su legítimo derecho constitucional de ser trabajadora y trabajador.

Es por tales motivos que someto a consideración de esta Cámara esta propuesta legislativa confiando en que podremos contar con su invaluable apoyo. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El problema de la vivienda en México es un tema prioritario para cualquier administración pública. La grave situación por la que atraviesa nuestro país en materia de vivienda, no sólo es causa de factores sociales y económicos, también debemos añadir el factor político.

Lo anterior, en virtud de la incapacidad del gobierno federal para implementar medidas o políticas públicas eficaces que contrarresten la mala distribución del ingreso, las dificultades de los sectores mayoritarios de la población para acceder a mecanismos de financiamiento y a la falta de estímulos reales a la inversión privada en vivienda.

Asimismo, el problema de la vivienda es causado por el desmedido crecimiento demográfico, la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo.

Estas circunstancias, siguen profundizando el descontento y la tensión social en un país que ha vivido durante décadas en el mundo de las promesas por parte de la clase gobernante.

Planes, acciones y un sinfín de políticas públicas se presentan a la población para convencerlos de que “ahora sí” se resolverán los grandes problemas de la mayoría de los habitantes del territorio nacional.

Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso oficial, los problemas subsisten en todo el país y las respuestas gubernamentales no se ven reflejadas en la manera de vivir de las y los ciudadanos.

En este orden de ideas y para entender el problema de vivienda como un reto en México, es necesario comprender el marco histórico del proceso de urbanización y la evolución del fenómeno demográfico del país en los últimos cincuenta años.

Como todos sabemos después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento demográfico en territorio nacional registró un ritmo muy acelerado y representó, a su vez, el inicio formal del proceso de industrialización, trayendo consigo una gran transformación en el ámbito urbano y en consecuencia una enorme escasez de vivienda social.

En la década de los años cuarenta y cincuenta, con la aparición de las instituciones gubernamentales encargadas de fomentar la producción de vivienda, se dio por primera vez en México una aproximación a dicha problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes cantidades de unidades habitacionales a una población creciente y carente de recursos.

Posteriormente, en el año de 1963 surgió el programa financiero de vivienda gracias al incremento del PIB a nivel nacional, situación que originaría que el enfoque del Estado hacia el sector de vivienda social aumentará y se conformará el Banco de México y el Fondo de Operación y Financiamiento

Bancario a la Vivienda (Fovi), como una Institución promotora de la construcción y mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.

En la década de los años setenta el papel del Gobierno fue la promoción de fondos para la vivienda de los trabajadores, con la creación del Instituto del

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), organismo que se convirtió al paso de los años en uno de los más importantes por su capacidad de financiamiento y por la adición al ISSSTE mediante decreto presidencial del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo en 1973.

Un momento importante que vivió el sector de la vivienda social en nuestro país ocurrió en el sexenio de Miguel de la Madrid, debido al programa de reconstrucción creado a causa del temblor del 1985, la demanda de vivienda fue muy alta, por lo que en respuesta el Gobierno Federal otorgó grandes incentivos para su creación.

Durante la crisis económica de los años ochenta, las condiciones financieras del Infonavit no se adaptaron a la situación y muchos trabajadores perdieron su ahorro, provocando uno de los momentos de más tensión social debido a la incapacidad de las autoridades para prever esta crisis que afectó a miles de familias mexicanas.

En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes financieros. La participación de desarrolladoras privadas fue mayor y el Gobierno no tomó tanta acción, a diferencia de la década anterior.

En la primera década del siglo XXI el gobierno federal panista planteó en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 “lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales”; y como parte de la Visión 2030, estableció que “la planeación urbana y territorial debe garantizar un desarrollo equilibrado”, objetivos que no se concretaron y la situación de la vivienda social siguió en un lamentable estancamiento.

Dentro de los objetivos establecidos en las administraciones panistas en materia de vivienda encontrábamos los siguientes: “disminuir la pobreza urbana, mejorar los servicios de las ciudades y ampliar la oferta de suelo social, público y privado, en la integración de zonas metropolitanas, ciudades medias y localidades pequeñas en su marco de mayor equidad y distribución de beneficios”. Además se planeó la construcción “de ciudades densas, compactas, con una mezcla de usos de suelo compatibles y fortalecer la autonomía financiera de las ciudades, con haciendas locales fuertes y autosuficientes”.

De igual modo, su Política Nacional de Vivienda presentaba como premisas fundamentales, el incremento del financiamiento de viviendas para los sectores de clase baja, y de proyectos de construcción que se lleven a cabo con planeación previa de manera sustentable con estrategias, como el registro público de propiedades, para potenciar el valor de su patrimonio; así como el mejoramiento de la vivienda existente y el aumento de las opciones de financiamiento, además se decía que iban a lograr incrementar la disponibilidad de suelo para vivienda, aprovechar la infraestructura urbana y equipamientos ya existentes y tratar que hubiera mayor dinamismo en el mercado de vivienda, tanto nueva como seminueva.

Sin embargo, tal y como lo señalábamos en un principio, todos estos grandes objetivos, planes, acciones y políticas públicas quedaron en eso, promesas incumplidas, ya que la realidad nos presenta escasez y dificultades para un gran porcentaje de la población al tratar de acceder a una vivienda.

Hemos observado factores urbanos, sociales y económicos que provocan la disfuncionalidad de la vivienda social en nuestro país. Existe un impacto negativo que provoca la expansión de la mancha urbana crezca sin ningún tipo de planeación efectiva.

Aunado a todo esto, enfrentamos una excesiva concentración de población en la mayoría de las grandes ciudades provocada por el nivel de poder, tanto económico como político, que impide una organización y un crecimiento planeado con los servicios adecuados para una buena calidad de vida de las y los habitantes de México.

En este orden de ideas, advertimos que nuestro país vive una significativa evolución demográfica en aspectos como fecundidad, mortalidad y migración, que va impactar fuertemente las necesidades habitacionales actuales y futuras.

En tal sentido, sabemos que se está concentrando cada vez más la población en las edades centrales de la pirámide de edad, y por la otra, los sectores poblacionales de edad avanzada están creciendo.

Esta circunstancia provocará cambios relevantes en la demanda de vivienda a nivel nacional.

Lo anterior, pone sobre la mesa del debate la solución a esta grave problemática con el propósito de plantear nuevas propuestas desde el ámbito legislativo.

Argumentos

La atención a las necesidades de vivienda se convirtió en un tema que rebasó el ámbito privado, para colocarse como un asunto prioritario para los Estados y para las Organizaciones Internacionales.

En tal sentido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recoge como uno de los derechos humanos, en su artículo 25, apartado 1, el Derecho Universal a la Vivienda, que en lo conducente establece:

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

De igual forma, el derecho a la vivienda se reconoce en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al tenor siguiente:

Artículo 11. Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Los preceptos anteriores, no dejan duda alguna de la importancia del tema para el Estado mexicano, por lo que es necesario reconocer que falta mucho por hacer en materia de vivienda en nuestro país, ya que los desafíos que tendremos que enfrentar de aquí al año 2030, en términos de vivienda son importantes.

Empero, es importante destacar que son reducidos los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para armonizar el marco legislativo vigente en materia de vivienda, desarrollo urbano y acceso al suelo, conforme a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en las Observaciones Generales números 4 y 7 y en otros documentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos que abordan la problemática de la vivienda.

El derecho a la vivienda está reconocido principalmente en el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución, que estipula:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Como podemos notar, el texto constitucional presenta una limitación desde su redacción al establecer el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa a toda familia y no a todas las personas, como correspondería al carácter universal de los derechos humanos y al principio de no discriminación.

Este aspecto restrictivo de nuestra Norma fundamental constituye un impacto negativo sobre la protección de la tenencia de la vivienda en el caso de personas que no tienen relación de parentesco entre ellas. Al respecto, tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como el Consejo Nacional de Población (Conapo), determinan como “familia” únicamente aquella relación de parentesco entre al menos dos personas.

De esta manera, queda patentada la premisa de que las personas que no tienen relación consanguínea, las que no tienen algún familiar o las personas en albergues sin familiares, no pueden exigir el derecho a la vivienda.

A su vez, esta restricción normativa se presenta de manera contradictora en la Ley de Vivienda, ya que en su artículo primero señala que “sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa”.

Sin embargo, en el artículo tercero de la norma de referencia se lee: “las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda”.

Es evidente la contradicción en la que cae el precepto secundario, al primero establecer que será la familia la que pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en segundo lugar señalar que toda persona podrá ejercer su derechos constitucional a la vivienda.

Uno de los objetivos de la presente propuesta, es el de resolver esta contradicción y homologar los artículos discutidos para incluir en el artículo primero el concepto de persona en concordancia con el artículo tercero y en general con todo el sentido de la Ley de mérito y de nuestra Constitución.

También, de la Carta Magna se desprende el marco regulatorio en materia de vivienda que incluye leyes secundarias, planes, programas, reglamentos y reglas de operación, tanto del ámbito federal como estatal y municipal.

Todo este marco jurídico se integra por los siguientes preceptos: Ley de Vivienda, Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Ley de Sociedades Cooperativas, Ley de Protección al Consumidor, Ley del Trabajo, Ley de Expropiación, el Código Civil Federal.

Así como las siguientes leyes orgánicas para la atención específica en materia de vivienda: Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Esta multiplicidad de regulaciones implica, sin duda una falta de coordinación entre las instancias gubernamentales, en sus tres niveles, encargadas de las tareas de ordenamiento territorial, medioambiente, desarrollo urbano y vivienda.

Asimismo, el derecho a la vivienda en nuestro país fue concebido como una protección de carácter eminentemente social, encaminado a proteger a la clase trabajadora, como lo establecía la Constitución de 1917, que en su artículo 123, fracción XII disponía la obligación de los patrones brindar habitación a sus trabajadores, misma que se ha mantenido en la Carta Magna vigente en la fracción XII fracción del apartado A del artículo que a la letra señala:

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Al respecto podemos observar que el principal vació que encontramos en la regulación secundaria que deriva del precepto anterior es que no se atiende al sector informal de la economía, en su legítimo derecho de contar con una vivienda digna dada su condición, aunque informal, de trabajadores.

Nadie pondría en tela de juicio, que las personas que conforman el sector informal son trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que cerca de un 60 por ciento de los trabajadores en México se desempeña en empleos informales.

En este sentido, debemos apuntar que pese al bajo dinamismo económico de nuestro país, el mercado de trabajo mexicano se ha caracterizado por la vigencia de una baja tasa de desempleo abierto. Sin embargo, este ha coexistido con un alto y persistente empleo informal.

Las estimaciones del empleo informal del Inegi advierten que esta modalidad de empleo alcanzó un 60 por ciento de la ocupación total, tanto en el último trimestre de 2011 como en el tercer trimestre de 2012, y registró un 59,1 por ciento en el segundo trimestre del año 2013.

Las cifras anteriores nos revelan la importancia de que los trabajadores de este sector deben ser atendidos por el Estado mexicano en materia de vivienda debido a que es su derecho.

Con base en este contexto, nuestra propuesta de iniciativa tiene como objetivo fundamental una serie de reformas a la Ley de Vivienda y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de fortalecer las condiciones de todas las personas y de todos los trabajadores a fin de que puedan contar con hogares dignos y accesibles.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 11 de la Ley de Vivienda y se adicionan los artículos 33 y 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Primero.Se reforman, el primer párrafo del artículo 1 y el artículo 11 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1.La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda persona pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Artículo 11. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales , en los que deberá contemplar la atención al sector informal de la economía, que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

Segundo.Se adiciona un párrafo al artículo 33 y un párrafo al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 33.- ...

El Instituto establecerá un programa de otorgamiento de créditos para vivienda en el que podrá inscribir a los trabajadores del sector informal de la economía precisando los lineamientos que regirá su funcionamiento.

Artículo 41.- ...

...

...

Si el nivel de ingresos de un trabajador disminuyere después de haberse otorgado el crédito, el Instituto reducirá la cuota fijada en el contrato original, mismo que no excederá del 20 por ciento del nuevo salario.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas:

Estado Actual de la Vivienda en México 2015. Fundación CIDOC y SHF con la participación de Sedatu, SHCP, Conavi, Fonhapo, Infonavit, Fovissste, BBVA Bancomer y HIC-AL.

Política Nacional de Vivienda: cambios en el horizonte. Observatorio Económico México. 12 de febrero de 2013. Análisis Económico.

Brakarz, Josè con Greene, Margarita y Rojas, Eduardo, Ciudades para todos: la experiencia reciente en programas de mejoramiento de barrios. Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.

Sánchez, Corral, Javier, La Vivienda Social en México: Pasado-Presente-Futuro?, JSA, México, DF, julio 2012.

Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), vivienda y estabilidad política: reconcebir las políticas sociales, Editorial Diana y Centro de Investigación para el Desarrollo Serie Alternativas para el Futuro marzo de 1991.

Gutiérrez, Rivas, Rodrigo, Análisis comparado de la legislación del Distrito Federal relativa a los derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación frente al derecho internacional de los derechos humanos. México, DF, 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o., de febrero de 2016.— Diputados: Sergio López Sánchez,Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal.

El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es uno de los países que cuenta con amplia diversidad de recursos forestales, los cuales albergan gran riqueza en especies vegetales y animales, muchas de las cuales cuentan con categoría de protección o de peligro de extinción.

Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, éstos en nuestro país representan el 85 por ciento de la superficie, y su utilidad no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural.

Internamente nuestro país, como vía de acción para su protección se estableció la obligación de solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la cual es otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La vigilancia del cumplimiento a dichas autorizaciones lo efectúa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de acciones de inspección y vigilancia de la cadena productiva forestal, que está dividida en cuatro fases, aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento, teniendo como una de sus atribuciones recibir, atender e investigar y, claro, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental.

En nuestro país la investigación de los delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, quien determinará la responsabilidad en comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas. Al respecto, los delitos ambientales con mayor incidencia son, entre otros, el transporte de los recursos forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

Actualmente, dentro del Código Penal, se contempla en el capítulo denominado De la biodiversidad todas las acciones que atenten o afecten los recursos naturales, así como sus sanciones y penas.

En el caso que nos ocupa las acciones contempladas en el artículo 419 de este Código, que señala que quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera acerrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

El cumplimiento de este precepto jurídico es evadido e incluso burlado por prácticas dolosas que buscan engañar a las autoridades ambientales, ya que las personas que se dedican al transporte de estos dividen el cargamento total de los recursos forestales en distintos automóviles, de tal suerte que nunca rebasen los cuatro metros cúbicos establecidos, evadiendo con ello cualquier tipo de acción penal en su contra.

Es decir, el tipo penal señala que se iniciará la investigación por el delito de transporte ilícito de recursos forestales siempre y cuando este exceda el volumen de cuatro metros cúbicos o, bien, cuando se trate de cargamentos menores, siempre y cuando se trate de conductas reiteradas.

Si bien este último supuesto podría subsanar la imposibilidad de las autoridades ministeriales para acreditar el delito, lo cierto es que en la práctica su aplicación se torna ambigua, ya que podría hacerse la acumulación de dichos volúmenes siempre y cuando se acreditara una sola procedencia de dichos recursos forestales.

Una vía para garantizar la erradicación de estos actos abusivos y engañosos es modificar el Código Penal, otorgando herramientas a la autoridad ministerial para que puedan ejercer sus atribuciones y dar inicio a una investigación penal y con ello poder sancionar el tráfico ilegal de recursos maderables. Lo anterior como parte integral de los trabajos y políticas públicas dirigidas a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente de los recursos forestales.

Por todo ello someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, para garantizar que al comprobarse que se trate de cargamentos de un mismo origen distribuidos en diversos transportes, cuya finalidad sea no exceder el volumen señalado y evadir con ello las sanciones a que se harían acreedores, no sea necesario alcanzar la suma permitida ya que bastará la comprobación de la acción referida para hacerse acreedor a las sanciones y penas señaladas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6 fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es uno de los países que cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales de todo tipo, entre ellos, recursos forestales que comprenden especies representativas de tres de las principales zonas climáticas, zonas templadas, zonas tropicales y zonas áridas. Los recursos forestales albergan una gran riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de nuestro país, con un gran número de ellas con alguna categoría de protección o bien, en peligro de extinción.

Según un estudio elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, explica que la gran diversidad de la cubierta vegetal de nuestro país tiene como base tres factores:

A) La ubicación geográfica en la zona intertropical y templada,

B) La configuración orográfica y el relieve accidentado, y

C) La diversidad climática. A esto se agrega un cuarto elemento, que consiste en la influencia humana.

Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, estos representan un porcentaje importante del total de la biomasa de la tierra., aproximadamente el 85 por ciento de la totalidad de los recursos bióticos terrestres están contenidos en bosques de diferentes tipos, y la biomasa es producto directo del proceso de fotosíntesis; por lo que pueden considerarse recursos renovables, no obstante para que lo sean, es preciso que su utilización no altere el proceso de fotosíntesis y los ciclos bioquímicos que en ella se llevan a cabo.

La utilidad de los recursos forestales no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural, es decir, en los servicios ambientales que prestan.

A nivel mundial, los bosques cubren unos 3,400 millones de hectáreas, es decir, el 26 por ciento de la superficie terrestre; de los cuales, 1,400 millones de hectáreas se encuentran en países desarrollados y 1,700 millones en países en desarrollo.

Estas cifras se basan en la definición y los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), definiendo a los bosques como un sistema ecológico cubierto por lo menos en un 10 por ciento por árboles, al margen de estos bosques existen 1,600 millones de hectáreas con alguna cubierta vegetal de tipo boscoso, de los cuales 1,000 millones están en los países en desarrollo.

Los bosques y selvas son considerados como ecosistemas complejos e importantes por su cobertura densa y su funcionamiento en términos de conservación y captura de carbono, ciclo hidrológico, protección de suelos y biodiversidad; así como por los bienes y servicios que proporcionan y que, conforme disminuyen, adquieren un mayor valor.

Para su protección, se han desarrollado diversos mecanismos de protección, sean legales, institucionales e incluso de participación internacional, en donde México se ha adherido a las Convenciones Internacionales más importantes que se han conformado en los últimos años, ejemplo de estos son:

1. La Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación (cuya última reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1996);

2. La Convención sobre Diversidad Biológica, y

3. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En nuestro país, como vía de acción para su protección, se estableció la obligación de solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de estos recursos naturales, misma que sería otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien a través de su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, dictamina la viabilidad de otorgar la autorización de aprovechamiento de recursos forestales, maderables, no maderables, plantaciones forestales comerciales y centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

La vigilancia del cumplimiento a dichas autorizaciones lo efectúa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de acciones de inspección y vigilancia a la cadena productiva forestal, conformada en sus 4 fases: Aprovechamiento, Transporte, Transformación y Almacenamiento.

Teniendo como una de sus atribuciones: recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental.

En nuestro país, la investigación delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), dependiente de la Procuraduría General de la República, quien determinará la comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas a las han de ser acreedores. Al respecto, los delitos ambientales con mayor incurrencia, se encuentra entre otras, el transporte de recursos forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

En concordancia, datos obtenidos del tercer informe de gobierno de la Presidencia de la República de la actual administración, señala que se pusieron a disposición de los agentes del Ministerio Público Federal a 56 personas y se aseguraron por operativos, puestas a disposición y denuncias los siguientes bienes: 25 vehículos, 157.72 metros cúbicos de madera y 66 objetos que sirvieron como herramientas para realizar los ilícitos. Cifras que sin duda pudieran elevarse debido a la problemática que se desarrolla a continuación.

Dentro del Código Penal Federal se contemplan en un capítulo denominado “De la biodiversidad”, todas las acciones que atenten o afecten los recursos naturales, así como sus sanciones y penas.

Es el caso que nos ocupa, las acciones contempladas en el artículo 419 de este Código, que señala que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicoso, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

El cumplimiento a este precepto jurídico es evadido e incluso burlado por prácticas dolosas que buscan engañar a las autoridades ambientales y penales; ya que las personas que se dedican al transporte de éstos, dividen el cargamento total de los recursos forestales en distintos automóviles, de tal suerte que nunca se rebasen los 4 metros cúbicos establecidos, evadiendo con ello cualquier tipo de acción penal en su contra.

Es decir, el tipo penal señala que se iniciará la investigación por el delito de transporte ilícito de recursos forestales, siempre y cuando este exceda un volumen de 4 metros cúbicos, o bien, cuando se trate de cargamentos menores siempre y cuando se trate de conductas reiteradas y sumen en su conjunto dicha cantidad.

Si bien, este último supuesto podría subsanar la imposibilidad de las autoridades ministeriales para acreditar el delito, lo cierto es que en la práctica, su aplicación se torna ambigua, ya que podría hacerse la acumulación de dichos volúmenes siempre y cuando se acreditara una sola procedencia de dichos recursos forestales.

Por el contrario, son en su mayoría los casos en los que los transportistas “desconocen mañosamente” la procedencia de los recursos forestales, o bien, sólo son contratados para trasladarla, sin que exista la posibilidad de corroborar y acreditar las acciones reiteradas de una sola procedencia.

En ese supuesto, actualmente no puede hacerse mucho, ya que aun cuando pueda ser sancionado administrativamente no será posible encuadrarlo en el tipo penal que analizamos, dando pie a la comisión del mismo de forma descarada.

Una vía para garantizar la erradicación de estos actos delictivos, es modificar la redacción de este artículo para quedar como sigue:

Lo anterior, con la finalidad de otorgar herramientas a la autoridad ministerial para que pueda ejercer sus atribuciones de manera libre y sin limitación de una cantidad específica para dar inicio a una investigación penal y con ello poder sancionar y desincentivar el tráfico ilegal de recursos maderables.

Lo anterior, como parte integral de los trabajos y políticas públicas dirigidas a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente de los recursos forestales, como uno de los elementos indispensables tanto para el equilibrio ecológico como para la propia salud humana.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal

Único.Se modifica el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad ; así como al comprobarse que se tratan de cargamentos de un mismo origen distribuidos en diversos transportes, cuya finalidad sea no exceder el volumen señalado y evadir con ello las sanciones a que se harían acreedores, en dicho caso no será necesario alcanzar la suma permitida, ya que bastará la comprobación de la acción referida para hacerse acreedor a las sanciones y penas señaladas.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

Artículo Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputados: Andrés Fernández del Valle Laisequilla,Ana Guadalupe Perea Santos, Daniela De Los Santos Torres, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Juan Manuel Celis Aguirre (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Diputado Fernández del Valle, atención a la Presidencia, por favor. La diputada vicepresidenta Daniela De Los Santos desea adherirse a su iniciativa. Dice que sí. La diputada Bárbara Botello igual. Entonces el diputado proponente de la iniciativa ha manifestado su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen hacer y está a disposición como hemos estilado aquí en esta soberanía.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o y 8o de la Ley General de Educación.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su venia, presidente. Señoras y señores diputados, quiero saludar especialmente a mi Grupo Parlamentario de Morena, felicitarlos y celebrar que nuestro partido haya inaugurado ocho universidades, a pesar de la oposición. Morena aporta a la educación. Porque la educación es la que genera mejores condiciones de justicia, educar evita la necesidad de castigar. Dicho por el maestro Justo Sierra Méndez.

La corrupción no es propia de un país, una sociedad, cemento poblacional, cultura, profesión, régimen o partido u organización estatal. Tampoco es exclusiva del gobierno ni se encuentra extendida en toda la población.

La corrupción no se restringe a un solo tipo de práctica, pues involucra a una serie de formas y mecanismos con elementos muy variados. Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en gobiernos democráticos y no es privativa del sector público, afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven la economía, las relaciones políticas y sociales, así como la vida cotidiana de la sociedad.

Este fenómeno suele percibirse como una actividad que compete solo a la clase política, como resultado de un devenir histórico, como propio de un partido político, régimen o cultura.

Sin embargo, la corrupción es un fenómeno complejo que no puede definirse a través de reduccionismos y simplismos. La corrupción supone un beneficio privado para quien la practica, al mismo tiempo que genera un gran daño al resto de la sociedad, pues la suma de todos los beneficios que por ella recibe uno o varios individuos siempre es infinitamente menor a todos sus costos sociales y económicos.

En consecuencia, la corrupción afecta aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Pero aún pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad. La corrupción, por tanto, vulnera la soberanía nacional.

Es de gran importancia atacar este grave problema desde la raíz, pues si bien es cierto que debe castigarse de forma contundente, no es solo con acciones coercitivas por muy acertadas que estas sean como debe ser tratado, sino que es necesario además adicionar un enfoque formativo que lo prevenga desde los primeros años de educación formal en las aulas de nuestras escuelas.

La creación de las condiciones institucionales para la prevención, combatir y erradicar la corrupción desde los procesos educativos debe darse como una forma de favorecer el desarrollo del país, al atacar las prácticas que lo impiden e inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.

Es necesario acentuar en los centros de formación, desde la básica hasta la universidad, la enseñanza de cómo crear ciudadanía responsable y menos corrompible a través de valores sociales, cívicos y éticos.

Que resalten las consecuencias que generan los ciudadanos y al país mismo, el seguir fomentando y siendo cómplices de este terrible flagelo social. Donde los alumnos comprendan la importancia de la contribución ciudadana y a no ser parte de la cadena de corruptelas.

Las modificaciones que se realicen en todos los niveles educativos se comenzarán a ver probablemente en los próximos 10 años. Es por eso que propongo a este pleno reformar los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, en el que se propone adicionar al final del texto vigente del artículo 7o. la frase: realizar acciones educativas y preventivas en todos los niveles escolares a fin de atacar la corrupción.

Y en el artículo 8o. se adiciona el criterio de: luchará contra la corrupción, entre otras enunciadas en el texto existente. La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobierno. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alicia Barrientos Pantoja, diputada federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la ley fundamental y 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación, al tenor la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción no es propia de un país, sociedad, segmento poblacional, cultura, profesión, régimen, partido u organización estatal. Tampoco es exclusiva del gobierno, ni se encuentra extendida en toda la población. La corrupción no se restringe a un sólo tipo de prácticas, pues involucra una serie de formas, mecanismos y organizaciones en la que intervienen elementos muy variados. Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en democráticos y no es exclusiva del sector público ya que afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven el intercambio y la economía, las relaciones políticas y sociales, así como la vida cotidiana.

Este fenómeno suele percibirse como una actividad exclusiva de la clase política, como resultado de un devenir histórico, como propio de un partido político, régimen o cultural. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno complejo que no puede definirse a través de reduccionismos, ni como un mal endémico de los mexicanos.

La corrupción supone un beneficio privado para quien la practica al momento de violar obligaciones que se derivan de un cargo, al mismo tiempo que genera un daño al resto de la sociedad, pues la suma de todos los beneficios que por ella recibe uno o varios individuos siempre es infinitamente menor a todos sus costos sociales y económicos fundamentalmente.

Asimismo, la corrupción ahoga a las economías nacionales pues distorsiona sus procesos de toma de decisiones y afecta los proyectos para el desarrollo de un país, incrementando la inversión del gobierno que no se refleja en una mayor producción e infraestructura por el desvío de recursos, por lo que se termina adquiriendo bienes más costosos y/o de menor calidad.

En consecuencia, la corrupción afecta la percepción de aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Peor aún, pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad, así como su capacidad de acceder al desarrollo. La corrupción por tanto vulnera la soberanía nacional.

Es de gran trascendencia atacar este grave problema desde la raíz, si bien es cierto que debe castigarse de forma contundente, no es solo con acciones coercitivas por muy acertadas que sean como debe ser tratado este problema, sino que es necesario además adicionar un enfoque formativo al actual que la prevenga desde los primeros años de educación formal de los sujetos en las aulas de nuestras escuelas.

La creación de las condiciones institucionales para prevención, combate y erradicación de la corrupción desde los procesos educativos, debe darse como una forma de favorecer el desarrollo del país al erradicar prácticas que se lo impiden, además de la participación de todos los individuos de una sociedad en el perfeccionamiento del buen gobierno, inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.

México esta en la posición numero 65 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que en la entidad nacional el DF es el estado con mayor índice de corrupción mientras Colima se localiza como el estado de menor corrupción y la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) por Trámite 2001 y 2003 registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos anualmente.

En promedio las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $109.50 por año. Lo anterior implica más 23 mil 400 millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público, siendo así que para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, esta acción regresiva llega a representar el 13.9 por ciento de su ingreso. Vulnerando la estabilidad económica de las familias e impactando la economía del país.

Educar para prevenir

Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID, “la importancia de educar a los futuros ciudadanos en valores de integridad, ciudadanía, transparencia y prevención de la corrupción ha sido demostrada a través de los resultados de un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a 30 mil alumnos de 8o. grado en 6 países del continente (Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana). Este estudio demostró que a mayor educación cívica hay menos permisividad de prácticas corruptas y menor tendencia a violar la ley”.

A través de diversos métodos se puede explicar a los más pequeños lo erróneo de seguir un comportamiento corrupto pues esto puede ser a través de un cuento, una acción teatral, o de un grupo de guiñol, y de contenidos que resalten las consecuencias micro y macrosociales que genera a los ciudadanos y al país mismo el seguir fomentando y siendo cómplices de esté terrible flagelo social.

Con la convicción de que es necesario acentuar en los centros de formación desde los más básicos hasta las universidades, la enseñanza de cómo crear ciudadanía responsable y cada ves menos corrompible, con contenidos curriculares y programas de estudio que formulen estrategias claras de incidencia en todas las asignaturas y a través de valores sociales, cívicos y éticos, donde el alumno comprenda la importancia de la contribución ciudadana a no ser parte de la cadena de corruptelas que se genera en las instancias publicas y privadas, los costos de adherirse a la corrupción y el estigma social consecuente.

Esta propuesta de reforma no es algo que se pueda llevar de la noche a la mañana, como toda política pública, implica un profundo trabajo en las instituciones no solo educativas, también sociales, en el sector público, en los partidos, en lo privado, es un cambio institucional, que no tiene mayor objetivo que combatir a la corrupción. Los cambios que se realicen en todos los niveles educativos se comenzarán a ver en los próximos 10 años, estimando que las generaciones venideras tengan el conocimiento respecto a la corrupción que la permita reducir y terminar con las prácticas y actos que hoy en día tanto laceran a nuestro país.

Es por lo anterior que me permito presentar el siguiente proyecto de

Decreto

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación.

Único. Se reforman los artículos 7 fracción XIV y artículo 8 párrafo primero de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I.a XIII....

XIV-Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo, realizar acciones educativas y preventivas en todos los niveles escolares a fin de atacar la corrupción.

Artículo 8o.El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, la corrupciónlos prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Alicia Barrientos Pantoja,Sergio René Cancino Barffuson (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y personal docente de la escuela primaria Profesora Paula Alegria Garza, de quinto y sexto grado, de la delegación Iztapalapa, de aquí de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos todos ustedes.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Sergio Cancino, por favor, sonido ahí, espéreme, ahí está.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Por principio, en lo personal sumarme a este planteamiento de iniciativa y exhortar al Grupo Parlamentario de Morena a que lo haga también de manera general, porque precisamente es por cuestiones de corrupción que la educación pública está siendo fuertemente afectada, como la fuerte afectación que tiene en este momento la Universidad Veracruzana, a falta de pago por parte del gobierno del estado de Veracruz.

En ese sentido, yo creo que es bien importante ir constituyendo, desde la educación, precisamente, un freno a la corrupción para no vernos afectados de manera amplia y lacerante, como está sucediendo en nuestros días.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Barrientos, el diputado Cancino desea suscribir su iniciativa. Que sí, que con gusto. Entonces, acá está a disposición de quienes lo quieran hacer, en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, voy a presentar una iniciativa al artículo 115, pero también al artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La fiscalización de los recursos financieros es, sin duda, una de las principales herramientas que tienen los ciudadanos para saber de manera certera y oportuna la forma en que los gobiernos y las entidades administrativas ejercen el presupuesto nacional.

Asimismo, permite evitar la ineficiencia y la corrupción en el gasto público. Procura el Estado de derecho y fortalece la democracia.

Es por ello que ningún recurso financiero puede ser excluido de esta práctica.

Esto cobra mayor relevancia en el caso de las participaciones federales a estados y municipios, pues son recursos transferidos para que sean utilizados de forma autónoma, es decir, sin etiquetas a fines específicos.

Las transferencias federales a estados y municipios representan un tercio del Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos son de vital importancia para que las entidades federativas puedan llegar a representar, en algunos casos, más del 70 por ciento de sus recursos.

A pesar de representar casi una quinta parte del Presupuesto de la federación, estos han sido manejados de forma discrecional o como instrumentos de presión política de los estados a los municipios, especialmente cuando los gobiernos de los estados y los municipios no pertenecen a la misma opción política, debido en parte a la existencia de un marco legal ambiguo en torno a los recursos participables que ha permitido la opacidad y discrecionalidad en su manejo.

Si bien a partir de la Carta Magna los estados y municipios tienen autonomía en el manejo de sus estados financieros, esto no puede confundirse con opacidad y discrecionalidad. Por ello proponemos que la Auditoría Superior de la Federación requiera y adquiera la atribución de fiscalizar las participaciones federales, pudiendo ser de manera directa.

Respecto al 115 constitucional, es muy importante reconocer que el municipio como institución tiene un sólido arraigo en la vida del país, porque se estableció su existencia en 1917. Pero el propósito de establecer el municipio libre fue que esta institución pudiera realizar las funciones de gobierno en beneficio de sus habitantes, y en la fracción II del texto original se dispuso que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalan las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán suficientes para atender las necesidades.

Sin embargo, existe un grave problema de discrecionalidad también de las legislaturas locales para asignar los recursos a los municipios y con posterioridad la entrega de estos recursos a la hacienda municipal.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el propósito de la presente iniciativa es establecer en la norma fundamental un procedimiento que haga ágil y oportuna la entrega de las participaciones federales a la hacienda pública municipal, y como ya dijimos, que sean fiscalizables en la reforma propuesta al artículo 1o.

En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que es necesario fortalecer económicamente el nivel de gobierno que está más cercano a las necesidades de la población. Por ello, hay que tener presente que con excepción hasta el momento de quienes viven en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, todos los demás mexicanos tienen su domicilio en algún municipio de las 31 entidades federativas. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6. Numeral 1, fracción I y artículo 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

La fiscalización de los recursos financieros es sin duda una de las principales herramientas que tienen los ciudadanos para saber de manera certera y oportuna la forma en que los gobiernos y las entidades administrativas ejercen el presupuesto nacional.

Asimismo, permite evitar la ineficiencia y la corrupción en el gasto público, procura el estado de derecho y fortalece la democracia. Es por ello que ningún recurso financiero puede ser excluido de esta práctica.

Esto cobra mayor relevancia en el caso de las participaciones federales a Estados y Municipios, pues son recursos transferidos para que sean utilizados de forma autónoma, es decir sin etiquetarse a fines específicos.

Las transferencias federales a estados y municipios representan un tercio del presupuesto de egresos de la federación. Estos recursos son de vital importancia para las entidades federativas pues llegan a representar en algunos casos más del 70 % de sus recursos financieros y para los municipios representan aproximadamente el 65% aunque en algunos rurales alcanzan el 90% de sus ingresos.

Ahora bien, las participaciones corresponden al 42% de las transferencias federales, es decir casi 680 millones de pesos. A pesar de representar casi una quinta parte del presupuesto de la federación, estas han sido manejadas de forma discrecional o como instrumento de presión política de los estados a los municipios. Esto debido en parte a la existencia de un marco legal ambiguo en torno a los recursos participables que ha permitido la opacidad y discrecionalidad en su manejo.

Si bien, a partir de nuestra carta magna los estados y municipios tienen autonomía en el manejo de sus recursos financieros, está no puede confundirse con opacidad y discrecionalidad.

Esta situación ha empezado a modificarse, pues con la reforma al artículo 79 constitucional, referente a las funciones y atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en su inciso I, párrafo segundo señala:

“También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero”

Con esta redacción, la Auditoria Superior de la federación adquiere la atribución de fiscalizar las participaciones federales, pudiendo ser esta de manera directa.

Esta modificación constitucional debe verse reflejada en las distintas legislaciones que rigen la materia, siendo una de ellas la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a la que proponemos eliminar la excepción de fiscalización de las participaciones contenida en el artículo primero.

Por ello someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo Único: se reforma el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en los siguientes términos:

Título Primero
Disposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 1. ...

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero de 2016.— Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, voy a presentar una iniciativa al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa por la que se adiciona la fracción IV, inciso b), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio es una institución de gobierno que tiene un sólido arraigo en la vida del país. A casi 500 años de la creación del primer municipio en lo que es el territorio Nacional, y que fue creado por Hernán Cortés en abril de 1519, esta institución ha tenido un importante relación con los habitantes que lo integran, ya que es el nivel de gobierno el cual les es más cercano.

En la Constitución de 1917 se estableció la figura del municipio libre y que significaba que no habría interferencias de ninguna autoridad, ni de la Federación o los Estados en sus determinaciones, considerando la nefasta figura de “los jefes políticos de la época de la dictadura porfirista”.

El propósito de establecer el municipio libre fue que esta institución pudiera realizar las funciones de gobierno en beneficio de sus habitantes y en la fracción II del texto original se dispuso que “los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán suficientes para atender a sus necesidades”.

Como se puede apreciar, destacan dos elementos importantes: primero, la libre administración de la hacienda municipal.

Segundo, que esta se formara de las contribuciones que las legislaturas locales determinen en su favor.

Sin importar su reconocimiento Constitucional a lo largo de nuestra historia, los municipios han afrontado penurias económicas que les han impedido ser auténticamente libres.

Con el propósito de fortalecer su capacidad de gobierno se han promovido diversas reformas artículo 115 destacando por su relevancia la realizada en el periodo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983.

En esta reforma es relevante el contenido de la fracción III que establece los servicios públicos que quedan a cargo de los municipios y la Fracción IV en lo relativo a la conformación de la hacienda pública municipal, sobre este particular es necesario mencionar que, el inciso b de la Fracción IV es el mismo que se encuentra vigente y que es materia de la adición que se propone en la presente iniciativa.

Dicho texto establece: “Las Participaciones Federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen las Legislaturas de los Estados.”

Como se puede apreciar, derivado del artículo 115, la hacienda pública municipal se integra por dos fuentes de ingresos, la primera, la que se determina por la legislatura de cada Entidad Federativa al aprobar la Ley de Ingresos Municipales; y la segunda, por las participaciones federales que se entregan por la Federación a cada Estado para ser redistribuida por la legislatura a sus municipios.

Es pertinente mencionar que en la administración del Presidente José López Portillo se expide la Ley de Coordinación Fiscal, misma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. En un principio se estableció un Fondo General de Participaciones que sería repartible entre los municipios según se determinara por las legislaturas locales, con posterioridad la ley se reforma para adicionar un Capítulo V, “De los Fondos de Aportaciones Federales”,mismos que encuentran su reflejo en el Presupuestos de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, donde La Cámara de Diputados asigna los recursos aportados que corresponden a cada fondo.

De los 2454 municipios que existen en el país todos, sin excepción, complementan sus Presupuestos con las Participaciones Federales.

Sin embargo existe un grave problema: la discrecionalidad de las legislaturas locales para asignar los recursos a los municipios y, con posterioridad la entrega de los recursos a la hacienda municipal con la oportunidad que se requiere para atender las necesidades de la población.

Compañeras y compañeros Legisladores el propósito de la presente iniciativa es establecer en la norma fundamental un procedimiento que haga más ágil y oportuna la entrega de las Participaciones Federales a la Hacienda Pública municipal y que sea verificable la entrega así como el correcto ejercicio de dichos recursos.

Todas y todos hemos sido testigos como, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos actualmente en ejercicio, infinidad de presidentes municipales acudieron a esta Cámara para solicitar recursos federales para que aterrizaran en sus municipios.

En el partido de Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que es necesario fortalecer económicamente a nivel de gobierno que está más cercano a las necesidades de la población.

En Movimiento Ciudadano sabemos que si se brindan a la población de los municipios los servicios públicos municipales que la fracción III del artículo. 115 dispone en favor de los municipios se elevará la calidad de vida de los mexicanos.

Hay que tener presente que con excepción, hasta el momento de quienes viven en Distrito Federal, todos los demás mexicanos tiene su domicilio en algún municipio de las 31 Entidades Federativas.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los Artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV, inciso b), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Título Quinto
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. ...

I, II, III...

IV...

a...

b.las Participaciones Federales, que serán cubiertas por la federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados. La dependencia del ejecutivo de cada Entidad Federativa, cuya competencia sea el manejo de las finanzas estatales, estará obligada a transferir a las áreas de finanzas municipales los montos que les correspondan, de conformidad con los plazos determinados por la legislatura estatal, en caso de no ser así serán sujetos de la responsabilidad penal o administrativa que determinen las leyes.

c...

...

...

...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión en las Ley General de responsabilidades administrativas de los servidores públicos establecerá la conducta y sanción que correspondan cuando no se cumpla con lo dispuesto en el inciso b, Fracción IV del Art. 115 Constitucional. De igual forma en un plazo no mayor a los 90 días naturales siguientes de la entrada en vigor del presente decreto deberá establecer en el Código Penal Federal el tipo penal correspondiente a la presente reforma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de febrero de 2016.— Diputados: María Candelaria Ochoa Avalos,Emilio Enrique Salazar Farías, Jesús Antonio López Rodríguez, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido acá en la curul de la diputada Teresa Lizárraga, por favor.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Para solicitarle a la diputada Candelaria si me permite suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá a mi derecha.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí, la diputada Ochoa. Entonces aquí está igualmente a disposición de quienes quieran suscribirla.

Saludamos la presencia de Froilán Vargas Castro, que nos visita acá del municipio acá de Guasave, viejo conocido nuestro. Pero acá anda con un diputado del PAN. También de Juan Luis de Anda Mata, síndico procurador del municipio de Guasave, del ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. Ambos invitados por el diputado Jesús López Rodríguez, allá sinaloenses. Bienvenidos, amigos.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA Y LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.

El diputado Mariano Lara Salazar:La inestabilidad de entorno económico mundial nos obliga enfocar los esfuerzos en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Compañeras y compañeros, uno de los principales compromisos de la agenda legislativa de Nueva Alianza, consiste en presentar propuestas que permitan una mayor incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor y crear instrumentos jurídicos para fomentar el crecimiento productivo.

La iniciativa que presento el día de hoy busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, con el objetivo de dar un mayor impulso a las llamadas Mipyme mediante la Banca de Desarrollo.

En México las instituciones que forman la Banca de Desarrollo tienen como objetivo central facilitar el acceso a financiamiento a personas físicas y morales. De estas instituciones destacan dos, cuyos fines son particularmente compatibles con los objetivos de desarrollo y crecimiento de las Mipyme, me refiero a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior.

La primera dedicada al fomento del sector industrial y el segundo que se aboca a la comercialización.

Según datos del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, ha destinado más de 9 mil 800 millones de pesos para apoyar a 575 mil mipyme y a más de 932 mil emprendedores. Reconocemos los avances para incrementar los créditos a ese sector económico, sin embargo estos han sido insuficientes.

Si queremos avanzar tenemos que hacerlo mejor. Los datos no dejan lugar a dudas. A pesar que existen nuevos instrumentos, la realidad nos arroja un panorama desalentador. De cada 100 negocios que se crean en México 70 fracasan antes de cumplir los cinco años. Lo anterior de acuerdo con el estudio de esperanza de vida de los negocios presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en febrero del año 2015.

En el sector manufacturero, siete de cada 10 negocios llega a cumplir el primer año, pero para sectores como el comercio y servicios privados no financieros, se reduce a seis de cada 10. El mismo documento señala que solo el 11 por ciento de los negocios llegan a los 20 años de vida. La esperanza de vida de los pequeños emprendedores es proporcional a nuestras expectativas de crecimiento como país.

No podemos permanecer pasivos ante estas evidencias. El estudio del INEGI menciona que la esperanza de éxito va en detrimento de acuerdo al tamaño del negocio. Esto quiere decir que la probabilidad de fracaso es mayor conforme los negocios sean más pequeños.

Así se señala que los negocios que tienen hasta dos personas ocupadas, cuatro de cada 10 negocios fracasan durante el primer año y su esperanza de éxito no excede los siete años.

Para Nueva Alianza es fundamental suscitar un mayor acercamiento de las Mipymes a las sociedades nacionales de crédito para ser sujetos de los productos que estas ofrecen. Con ello se puede contribuir a incrementar la creación de empleos, elevar la competitividad e influir en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

El acceso de las Mipymes a los soportes financieros y técnicos que por este ministerio de ley otorgan las sociedades nacionales de crédito es una medida que puede coadyuvar a que México enfrente la situación económica con mayor fortaleza y dinamismo.

Compañeras y compañeros, hace unos días aprobamos una reforma que posibilita la apertura de empresas de manera pronta y expedita. En esta ruta nuestra propuesta se inscribe en el siguiente paso que debemos asumir y es brindar el financiamiento suficiente para que subsistan las Mipymes y logren su cometido de generar los empleos que tanto se necesitan en nuestro país.

En Nueva Alianza los invitamos a sumar esfuerzos para generar las oportunidades de desarrollo que las y los mexicanos nos exigen, por lo que esperamos nos acompañen en esta propuesta. Si queremos resultados hagamos algo para conseguirlos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Orgánica de Nacional Financiera; y Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Mariano Lara Salazar, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley Orgánica de Nacional Financiera y Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La banca de desarrollo al otorgar más crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas, Mipyme, busca generar mayor crecimiento económico que arrojara como resultado un aumento significativo en el bienestar social.

Esta situación podemos apreciarla a nivel mundial donde el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y de personal ocupado son las Mipyme, de ahí la relevancia que revisten este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño.

Resulta necesario incidir de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que 90 por ciento, o un porcentaje superior de las unidades económicas totales, está conformado por Mipyme.

Esta situación la corrobora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en su monografía “Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. Estratificación de los Establecimientos” al exponer: “...que en la mayor parte de países del mundo, más de 90 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, debido a que éstas generan más de la mitad del empleo y una fracción algo menor del producto nacional. Además de que vienen a representar al sector más dinámico de la economía, brindando un relevante componente de competencia, así como también de ideas, productos y trabajos nuevos. Cabe resaltar que en América Latina las cifras oscilan entre 95 y 99 por ciento (incluida la micro empresa)”.

Por ello, debemos considerar que parte esencial para el funcionamiento de la banca de desarrollo es que el Estado apoye más a las Mipyme, ya que los establecimientos dedicados a las manufacturas, el comercio y los servicios representan 98.6 por ciento del total de las unidades económicas del sector privado y paraestatal del país, según los resultados de los Censos Económicos 2014.

Para entender mejor la importancia de la banca de desarrollo, es necesario recordar que desde los años treinta la banca de desarrollo ha tomado gran auge en nuestro país, en un principio se enfocó a financiar a ejidatarios beneficiarios de la reforma agraria, posteriormente a financiar la construcción de obras de infraestructura urbana y equipamiento en los tres ámbitos de poder, y por último al desarrollo industrial.

Hemos de saber que en nuestro país, hoy en día existen seis instituciones que integran la banca de desarrollo nacional. De las cuales, dos están enfocadas al desarrollo industrial Nacional Financiera, Nafin, y a la comercialización el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext.

En ese sentido, Nafin concede apoyo financiero y complementario a proyectos viables de empresas micro, pequeñas y medianas del sector industrial, del sector servicios, proveedoras directas de la industria, del sector comercio, y aquellas asociadas a una empresa integradora.

Por su parte, Bancomext apoya a los sectores dedicados a la manufactura y a servicios: agropecuario, silvícola y avícola, minero metalúrgico, maquilador y sus proveedores, turismo generador de divisas, pesquero y empresas de comercio exterior.

Ahora bien, del segundo Informe de Gobierno (2013-2014), se desprende que se autorizó para 2014 un financiamiento al sector privado por 481 mil 652 millones de pesos, a través de la banca de desarrollo, con ello se fortalecieron productos y servicios destinados a sectores prioritarios, como es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipyme. Esta cifra llevó a que al cierre de junio del mismo año el saldo de crédito directo e inducido de la banca de desarrollo se ubicara en un billón 31 mil 64 millones de pesos, cifra 11 por ciento superior en términos reales a la reportada en el mismo periodo del año anterior y que es equivalente a 89.7 por ciento de la meta establecida en un billón 150 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2014.

Del total del crédito directo e impulsado, 33.4 por ciento se destinó al sector empresarial mediante crédito y garantías ofrecidas por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, con lo que se atendió a más de 569 mil Mipyme.

Lo anterior con el fin de implantar acciones encaminadas a fortalecer y diversificar los productos y servicios que ofrecen a ciertos sectores de atención, con el objeto de generar mayor colocación de crédito y fomentar una participación más activa de los intermediarios financieros privados, mediante nuevos esquemas de garantías que favorecen las condiciones en las que se otorga el financiamiento a dichos sectores y que propicie su competencia.

Esta situación origino la aprobación de la Reforma Financiera, la cual cimentó como uno de sus puntos medulares la banca de desarrollo, al establecerla como prioridad para brindar acceso al crédito y dar asistencia técnica y capacitación para impulsar el desarrollo económico.

Con la reforma en comento se crearon programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo y se robusteció su vocación de banca social, con la obligación de promover la innovación y la creación de patentes, fomentando la sustentabilidad ambiental y la perspectiva de género.

Sin embargo, los resultados de enero a junio de 2015, demuestran que la banca de desarrollo en su conjunto otorgó financiamiento al sector privado por 544 mil 303 millones de pesos, lo que llevó a que, a junio de 2015, el saldo de crédito directo e impulsado se ubicara en 1millón 224 mil 226 millones de pesos, cifra 15.7 por ciento superior en términos reales, a la reportada en junio de 2014. De lo que 35.8 por ciento (438 mil 947 millones de pesos) se destinaron al sector empresarial mediante crédito y garantías ofrecidas por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, con lo que se atendió a más de 333 mil Mipyme.

Una problemática real que se presenta en el país, es que de cada cien negocios que nacen al mismo tiempo en México, 70 mueren antes de cumplir cinco años. Mientras que sólo 11 por ciento llegan a los 20 años, de acuerdo con el estudio Esperanza de vida de los negocios, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por ello, consideramos que los apoyos financieros otorgados por la banca de desarrollo, especialmente Nafin y Bancomext deben ser mayores, sobre todo si se toma en cuenta que entre 2014 y 2015 hubo una reducción en los créditos otorgados para las Mipyme.

Necesitamos redoblar esfuerzos para que las micros, pequeñas y medianas empresas sean sujetas a más y mejores esquemas de crédito, para así cubrir sus necesidades de infraestructura y tecnológicas, que faciliten la creación, fortalecimiento, crecimiento y modernización de las empresas mexicanas.

Argumentación

De lo expuesto en líneas anteriores, se desprende que una desventaja que tienen las Mipyme en la actualidad es la accesibilidad para adquirir mayor crédito y otros servicios financieros, por eso es prioritario acercarlas a los servicios ofrecidos por la banca de desarrollo, en especial por Nafin y Bancomext.

Es trascendental señalar que las Mipyme son actores económicos en sectores estratégicos prioritarios que generan desarrollo e innovación nacional completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo.

También es preciso recordar que el establecimiento y la evolución de las Mipyme, se da a través de financiamiento y asesoría técnica, situación que ha desarrollado la banca de desarrollo por medio de instituciones como Nafin, y Bancomext, mismas que absorben aproximadamente el 90 por ciento de la cartera de créditos nacionales.

Al mismo tiempo hemos de suponer que las micro, pequeñas y medianas empresas, forman la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales y por su impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Pyme (pequeñas y medianas empresas) que generan 52 por ciento del producto interno bruto, PIB y 72 por ciento del empleo en el país.

Un esfuerzo de esta administración, es ampliar la cobertura financiera de las Mypime. Si se considera mecanismo esencial a la banca de desarrollo, su consolidación otorgará más créditos y como consecuencia fortalecerá los productos y servicios de los sectores prioritarios.

Por su parte, la reforma financiera de dos mil catorce fue el parteaguas que agrietó la posibilidad para eliminar las limitaciones con las que se enfrentan las Mipyme y los pequeños productores del campo. No obstante, aún existe un gran abismo al momento de solicitar créditos, buscar programas y productos que promuevan la inclusión financiera, la innovación y la perspectiva de género.

Empero, esta apertura la encontramos en Nacional Financiera al momento en que apoya principalmente a Mipyme, a través de productos que permiten el acceso masivo al financiamiento, como son las garantías y las cadenas productivas.

Por su parte, Bancomext logró que las Mipyme obtuvieran financiamiento en mejores condiciones, con ello se fomentó la participación de los intermediarios financieros en proyectos relacionados con el comercio exterior y de empresas en sectores o regiones relacionadas con la generación de divisas.

El Tercer Informe (2014-2015) de este gobierno, advierte que con el propósito de fomentar la inclusión financiera de micro, pequeñas y medianas empresas, se han creado programas de crédito, garantías y otros servicios financieros, en 2014 se desarrolló el esquema de factoraje a proveedores, que a junio de 2015, otorgó nueve líneas de crédito a empresas por 3 mil 5 millones de pesos, con un saldo de 819 millones de pesos, lo que reflejó un incremento de 100 por ciento, en términos reales, respecto a junio de 2014. A junio de 2015, se otorgó financiamiento por 92 mil 269 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 20.4 por ciento, en términos reales, respecto al mismo periodo del año anterior, en apoyo de mil 475 empresas, de las cuales el 86.3 por ciento son Mipyme, lo que permitió alcanzar un saldo de crédito directo e inducido al sector privado por 161 mil 999 millones de pesos, 40.3 por ciento mayor, en términos reales, respecto al saldo de junio de 2014.

No obstante ello, urge que el Estado integre mecanismos que busquen la consolidación de un crecimiento sostenido del mercado, mediante una oferta integral de productos financieros que permitan a las Mipyme adquirir capital social y de trabajo para aprovecharlo y detonar su crecimiento.

Por ello, Nueva Alianza considera prioritario adoptar medidas de implementación de las Mipyme en la legislación de la banca de desarrollo, ya que con la integración de estas, se produciría un eslabón fundamental e indispensable para el crecimiento de México.

Nueva Alianza está en pro de un crecimiento económico a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que vienen a ser piezas fundamentales de solidez y claridad en la cadena productiva. En relación a ello, debemos aprovechar su fortaleza para que se haga un sector muy competitivo tanto en el país como fuera de él, con la ventaja real de atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de productos mexicanos.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley Orgánica de Nacional Financiera y Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior

Artículo Primero. Se adicionan el inciso d) de la fracción II del artículo 4 recorriéndose las subsecuentes, la fracción III del artículo 10, recorriéndose las subsecuentes, la fracción II del artículo 11 recorriéndose las subsecuentes y la fracción VI del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley:

II. Promover:

a) a c) ...

d) Mayor acercamiento de las Mipyme a las sociedades nacionales de crédito para ser sujetos de los créditos que dichas sociedades ofrecen, a fin de aumentar el empleo y la competitividad e influir en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

e) a j)...

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

I. y II. ...

III. Apoyar a las Mipyme para acceder al financiamiento que otorga la banca de desarrollo para la creación y expansión de empresas que alimenten la cadena productiva nacional.

IV. a X. ...

Artículo 11.Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas:

I. ...

II. Promover el acceso de las Mipyme al financiamiento de la banca de desarrollo.

III. a IX. ...

Artículo 14. La secretaría promoverá la participación del sector público y de los sectores para la consecución de los objetivos de esta ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

I. a V. ...

VI. El acceso de las Mipyme a los apoyos financieros y técnicos que por ministerio de ley otorgan las sociedades nacionales de crédito al fomento industrial y comercial y en general al desarrollo económico nacional y regional del país.

VII. a XIV. ...

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción I Ter del artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:

Artículo 5o. La sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto canalizará apoyos y recursos y estará facultada para:

I. y I Bis. ...

I Ter. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que favorezcan el desarrollo de las Mipyme para que incrementen su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos.

II. a XII. ...

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción II del artículo 6o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior recorriéndose las subsiguientes, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior comprendiendo la preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios; en el ejercicio de su objeto estará facultado para:

I. ...

II. Conceder créditos, asistencia y otros apoyos financieros a las Mipyme para la consecución de un mayor y sostenido impulso al crecimiento económico, el empleo y la competitividad.

III. a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor, el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputados: Mariano Lara Salazar,Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos la presencia de un grupo de 70 personas de Alianza Joven, quienes han sido invitados a este recinto por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto legislativo de San Lázaro.

Igualmente saludamos la presencia de estudiantes provenientes del Instituto Villa de Cortés, invitados por, siendo que deben de ser de San Luis Potosí, porque son invitados por el diputado Francisco Xavier Nava Palacios. Bienvenidos igualmente, amigos.

VOLUMEN II

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelante, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social los derechos humanos son anteriores al Estado, son el fundamento de todo contrato social y el objeto de todo derecho, de toda justicia. Su protección es el deber de cada uno de nosotros como seres humanos, pero también como miembros legislativos del Estado mexicano.

Decía Mary Robinson “los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas; estaban ahí mucho antes de que los legisladores escribiesen su primera proclamación; por supuesto, estaban ahí también mucho antes de cualquier comisión nacional de los derechos humanos; ya desde tiempos coloniales cuando ya estaba formada nuestra nación mexicana, aún sin llevar tal nombre”.

La Comisión Nacional no fue puesta al inicio de los derechos humanos en México, es tan sólo una adaptación de la obligación del Estado de garantizar tales derechos al constitucionalismo moderno que vio la conveniencia de los órganos constitucionales autónomos. Lo anterior es importante, pues como decía el autor anónimo: aunque la verdad de los hechos resplandezcan, siempre se batirán los hombres en la trinchera de las interpretaciones.

La genialidad de un órgano que sin depender de ninguno de los tres poderes pertenecería sin embargo al Estado, tuvo su origen también en un órgano político desconcentrado de la Segob. No obstante, para que la defensa de los derechos humanos tuviera un sentido legítimo sin intrusiones políticas y sin control jerárquico del Estado, era indispensable dotarla de la legitimidad y del prestigio social, intelectual, jurídico, político encarnado en una figura no institucional sino personal, cuyo antecedente era el ombudsman de la Constitución sueca.

En un estado hoy en el que se condena y encarcela al héroe, al que trabaja por la defensa de la vida y se deja libre al corrupto, esta legitimidad de autonomía del Estado, esta imparcialidad debiera ser la impronta, el sello brillante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No deberíamos poder rastrear huella o traza política o ideológica alguna en nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tales derechos son universales y objetivos.

La pregunta es: ¿Dónde ha estado nuestra institución autónoma e imparcial promoviendo el derecho a los niños a ejercer su sexualidad desde antes de los 12 años? ¿Qué ha hecho en temas como la persecución ideológica o religiosa, las violaciones a la libertad de expresión, las desapariciones de personas? La eficacia de la comisión se sustenta en la figura personal y la trayectoria de su titular.

Perdonen, pero en este momento tenemos por realizar en Jalisco, justamente el próximo sábado 20 de febrero, una manifestación de más de 200 mil personas que han sido pisoteadas en sus derechos, no por una autoridad administrativa, no por un acto de poder del Ejecutivo, sino por acciones de quien se supone debiera defenderlos.

Qué diferencia con el ideal planteado por quien protagonizó el origen de la Declaración de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, cuando decía: He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, es un ideal por el que estoy preparada a morir.

Hoy el derecho una vez más se coloca como el garante, el piso base, el mínimo indispensable que debe suplir la falta de justicia ante la ausencia de candados en la ley que impidan que la Comisión Nacional emita recomendaciones sobre materias que aún no han sido declaradas ni derechos humanos ni constitucionales, y sobre todo que la misma comisión promovió como parte en una acción de inconstitucionalidad.

Con esta reforma lograremos que dicha comisión no pueda ser juez y parte, actor promovente y a la vez sentenciador de lo que no se ha juzgado. Poner en riesgo la constitucionalidad e imparcialidad de la comisión y cimbrar con ellos el cimiento de su legitimidad, dando paso a querer compensar dicha pérdida de legitimidad con capacidad coercitiva, sería el inicio de su agonía como institución constitucional autónoma.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, así como la fracción III del artículo 7o., los artículos 35 y 43, el inciso b) del 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Amparo, así como la fracción III del artículo 7, los artículos 35 y 43, el inciso b) del artículo 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su nacimiento, con el decreto presidencial del 6 de junio de 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un órgano constitucional autónomo, ha encarnado en la figura del ombudsman nacional la garantía de la defensa y protección de los Derechos Humanos que todo Estado debe garantizar a sus gobernados.

Si bien, los Derechos Humanos se han garantizado en nuestro país, desde el más remoto indicio y antecedente del amparo en tiempos coloniales, hasta el documento constitucional “Sentimientos de la Nación,” pasando por cada una de las Constituciones. Desde la Colonia México o Nueva España, se distinguió por la defensa de los derechos humanos de todo ser humano, independientemente de su origen racial. Muestra de ello fueron los documentos de Luis de Vitoria y las acciones de defensa de los indígenas por parte de Juan de Zumárraga y de su derecho a la educación, por parte de Pedro de Gante. Si la figura del ombudsman apareció en México hasta 1990 no fue por carencias del sistema de derechos humanos, sino por factores complejos de relaciones diplomáticas en desarrollo y apertura recelosa, así como desarrollo también del constitucionalismo moderno, uno de cuyos principales aportes es precisamente esta figura: el órgano constitucional autónomo.

La genialidad de un órgano que, sin depender de ninguno de los 3 poderes, perteneciera sin embargo al Estado, tuvo su origen en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. No obstante, para que la defensa de los Derechos Humanos tuviera un sentido legítimo, sin intrusiones políticas y sin control jerárquico del Estado, cuya esencia es tener precisamente el monopolio de la violencia en una Nación, era necesario e indispensable dotarla de la legitimidad que da el prestigio social, intelectual, jurídico, político, y sobre todo, de defensa de los derechos, encarnada en una figura no institucional, sino personal, cuyo antecedente era el ombudsman de la constitución sueca.

Aún sin tener facultades sancionadoras, derogatorias y mucho menos coercitivas –por obvias razones constitucionales y en interés de preservación de los balances constitucionales del sistema constitucional-, su eficacia se sustenta en la figura personal y la trayectoria del Titular o Presidente de la Comisión en cuestión. De la honorabilidad, consistencia, profundidad y congruencia de la defensa de los Derechos Humanos del Presidente de la Comisión Nacional de la materia, depende la fuerza, no jurídicamente coercitiva, más sí socialmente y políticamente vinculante, de sus recomendaciones.

Y es aquí donde es necesario rememorar el origen esencial y la sustancia del instrumento del ombudsman para la defensa de los derechos humanos en México, además de la resolución de quejas: las recomendaciones.

Desde su ley del 29 de junio de 1992, en su artículo 6 fracción III, establecía claramente la naturaleza de dichas recomendaciones:

“Artículo 6. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. ...

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De dicha redacción, y de los artículos correspondientes al Capítulo II del Título III de dicha Ley, podemos observar fácilmente, que las reformas y cambios a la naturaleza y características de las recomendaciones públicas de la CNDH han sido pocos, y además poco sustanciales. A excepción de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de junio de 2012, misma que colocó mecanismos legislativos de prevención y jurídicos de revisión de desestimaciones sistémicas de las recomendaciones por parte de las autoridades, la reforma hecha en el 2001 y la hecha en 2011, son tangenciales, aclaramos, en materia de la naturaleza de las recomendaciones de la CNDH.

Con todo, este órgano fundamental del Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la vez los instrumentos derivados de su naturaleza, para la protección de dichos Derechos, deben su existencia y esencia a una serie de principios sine qua non de su sentido en el Orden Jurídico Mexicano y más aún, actualmente en el nuevo Constitucionalismo de Derechos Humanos mexicano.

Tales principios, desarrollados ampliamente por quien fue precisamente la única mujer Titular de la CNDH, son los siguientes:

a. Independencia

b. Autonomía

c. Imparcialidad

d. Racionalidad

e. Celeridad

f. Gratuidad

g. Neutralidad

h. Constitucionalidad

Particularmente el principio de la imparcialidad, que incluso podría ser obviado por la naturaleza misma del objeto de protección y el bien jurídico –incluso de derecho natural- de interés de la Comisión Nacional, es el que da origen a la inquietud que preocupa al legislador que propone la presente reforma.

La Ley de la Comisión, si bien es loable en muchos sentidos por su claridad, brevedad y aplicabilidad, no es suficiente para garantizar a los ciudadanos mexicanos la actuación imparcial y objetivamente justa en la defensa de sus derechos, particularmente por su omisión en establecer límites, que en otras áreas del derecho público, como el Penal, son obvios y explícitos.

Y es que hay ocasiones en que diversas interpretaciones constitucionales, ampliaciones interpretativas de los Comités de los Tratados Internacionales, desarrollo progresivo del Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, hacen imposible colocar los temas en proceso de discusión o interpretación, en el espectro de la certeza y seguridad jurídicas, pues al no estar explícitamente en el marco jurídico positivo, sin embargo, tampoco en resoluciones generales de órganos judiciales de control de constitucionalidad, no pueden ser considerados Derechos Humanos desde luego tampoco en el ámbito del deber del Estado de protegerlos como tales.

Al igual que cualquier representante de cualquier poder Estatal, en el ámbito de resolución de sus facultades constitucionales y legales, está obligado a abstenerse de resolver influido por interés particular, consideración inclinada o contrapeso ajeno a la ley y el derecho, de la misma manera, el Ombudsman está obligado a “abstenerse de resolver a favor de alguna de las partes involucradas por tener algún interés personal, o resolver ilegalmente sin la debida fundamentación jurídica y sin las pruebas que evidencien el sentido de la resolución.”

Por otro lado, además el actual marco legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por razones análogas y conexas a lo arriba enunciado, es incapaz también de garantizar el principio de constitucionalidad, en algunas situaciones particulares, al emitir recomendaciones sobre temas en los que ella misma, la Comisión Nacional, promovió acciones de control constitucional, como acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a la vez, y antes de concluir el procedimiento –y por tanto declarar la constitucionalidad del supuesto derecho alegado o recomendado–, emite recomendaciones a una autoridad, particularmente legislativa, para que proceda en determinado sentido.

La única manera en que el Ombudsman podría asegurar su legitimidad y por tanto la eficacia de sus actuaciones no coercitivas, sometidas al escrutinio de la opinión y la fama públicas, es mediante el camino del apego limpio, sólido e indubitable a la Constitución, que en el caso del Estado mexicano, hace partícipe del principio de Supremacía a los tratados internacionales, precisamente de la materia.

Colocando precisamente esta problemática y estos planteamientos en situaciones de hecho concretas, no existe en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mecanismo, disposición, fórmula o redacción alguna, que impida que la Comisión Nacional emita una recomendación a un Poder Legislativo Estatal, sobre un asunto que al mismo tiempo promovió mediante una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se convierte en parte promovente, autoridad comendante y “juzgador” de derecho al mismo tiempo. Al mismo tiempo que “consulta” mediante acción de inconstitucionalidad, al órgano judicial máximo del país, sobre la interpretación conforme de un derecho, concretado en la redacción de una disposición impugnada –lo que por analogía equivaldría a ser considerada presuntamente constitucional hasta probar lo contrario-, pero al mismo tiempo promover una recomendación al órgano emisor de dicha norma para que la cambie. En tal hipótesis, no sólo estaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizando una recomendación imparcial, sobre un tema que ella misma maneja en un proceso jurisdiccional como parte actora, sino que además, establece de facto, como jurídicamente exigible, un supuesto derecho humano que aún está pendiente de revisión constitucional y de definición en el marco por supuesto de la Constitución y los Tratados.

El carácter de derecho humano de la materia judicializada y al mismo tiempo recomendada, no es suficiente para justificar dicha actuación, pues aunque el deber de la Comisión es defender y promover por dichos sendos instrumentos los derechos fundamentales, la materia de ambos instrumentos se encontraría en ese preciso momento siendo analizada y aún no declarada constitucional necesariamente en el sentido en que el Ombudsman lo estaría haciendo. Ni objetivo, ni imparcial y mucho menos constitucional. Tendríamos un órgano constitucional autónomo, cuya solidez y fragilidad a la vez dependen de su legitimidad, honorabilidad e imparcialidad, siendo juez y parte de una materia institucionalmente subjetiva, valga la expresión, y provisionalmente, no constitucional.

Como afirma Rocatti, “Aunado al rango constitucional que lo fundamenta, el Ombudsman cuenta con la confianza y la credibilidad de la sociedad que lo vigoriza, las cuales día con día se van incrementando a través de la lucha constante contra todas aquellas conductas del poder público que se apartan del marco normativo vigente.” Poner en riesgo la constitucionalidad e imparcialidad de la Comisión, y cimbrar con ellos el cimiento de su legitimidad, dando paso a voces inconstitucionalidad, que sucumbirían a la tentación de desear compensar dicha pérdida de legitimidad, con capacidad coercitiva –y tremendamente inviable en un estado democrático y republicano constitucional-, sería el inicio de su agonía como institución constitucional autónoma.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, así como la fracción III del artículo 7, los artículos 35 y 43, el inciso b) del artículo 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Primero. Se reforma el artículo 4 de la ley de amparo, para quedar como sigue:

Artículo 4o.Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.Los procedimientos de la Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos; seguirán además los principios de inmediatez, concentración, independencia, imparcialidad, racionalidad, gratuidad, neutralidad y constitucionalidad. Se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

Segundo. Se reforman las fracciones VIII y XIV del artículo 6, así como la fracción III del artículo 7, los artículos 35 y 43, el inciso b) del artículo 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I....

II....

III....

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional y en un estricto marco de Constitucionalidad, redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

IX. ...

X. ...

XI. ...

XIV.Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, que sean acordes con el texto de la Constitución;

Artículo 7o.La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a:

I....

II....

III.Leyes y cuestiones pendientes en acciones de inconstitucionalidad en los que la Comisión Nacional sea promovente.

Artículo 35.La Comisión Nacional, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución, así como en el supuesto de la fracción III del artículo 7 de la presente Ley.

Artículo 43.La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación, a excepción de los supuestos del artículo 7 de la presente Ley. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título IV, Capítulo II de la presente ley.

Artículo 46....

...

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a)...

b)La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso. Lo anterior a excepción de la fracción III del artículo 7 de la presente ley, en cuyo caso, serán los órganos mencionados en el inciso a) del presente artículo quienes determinen la suficiencia de la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas.

c)...

d)...

Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Comisión Nacional. En caso de solicitarlo alguna de las autoridades legislativas mencionadas en el inciso a) del artículo 46 del presente ordenamiento, la Comisión Nacional estará obligada a entregar pruebas suficientes sobre las que fundó la Recomendación a alguna autoridad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango cuyo contenido resulte contrario a lo establecido por el presente decreto.

Notas

1 Rocatti, Mireille, Comisión Nacional de Derechos Humanos: Reflexiones acerca de su función, retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1997, pág. 7 y sig.

2 Código Federal de Procedimientos Penales, artículos 11 y 427 a 443; Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 30 a 38; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal artículos 35, fracción I; 37, 58, 163, 164 y 167, etc.

3 Íbidem, pág. 8

4 Ídem, página 9

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero del año dos mil dieciséis.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (´rubrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, pasamos a la segunda ronda de iniciativas, tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Flor Estela Rentería Medina: Buenos días. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Antes de presentar mi iniciativa quiero enviar un especial saludo y felicitación al pueblo mágico de Parras, que hoy está cumpliendo 418 años de su fundación. Enhorabuena, gente buena, gente trabajadora, gente honrada, gente alegre y generosa que siempre los espera con los brazos abiertos.

Compañeras y compañeros diputados, la juventud mexicana es uno de los elementos principales del tejido social. Su ubicación entre la niñez y la edad adulta los convierte en los forjadores de la siguiente generación y a la vez en parte activa de la actual.

Al día de hoy existen distintas consideraciones respecto a la edad en la que una persona se considera joven, sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha fijado que el periodo que comprende la juventud el cuerpo humano es de los 12 a los 29 años de edad. Este lapso ha sido aceptado y observado jurídicamente en varios países, en México, sin embargo, no existe una declaratoria expresa sobre la juventud y su duración, tan sólo una consideración tácita en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que establece en su artículo 2o que la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años será el objeto de las políticas y programas del Instituto.

Lo anterior, sin embargo, no legitima a la juventud ni la hace acreedora o prioritaria para la recepción de apoyos, políticas públicas y programas sociales de todos los entes públicos. En la realidad solamente establece el grupo poblacional de una entidad del gobierno de la República, lo cual deja a las políticas para la juventud con un marco jurídico incierto e indeterminado.

Compañeras y compañeros legisladores, los jóvenes mexicanos hoy enfrentan muchos retos. Las oportunidades laborales cada vez son más competidas; el embarazo adolescente es un tema alarmante y en salud en general, según el INEGI, el 32.7 por ciento de las y los jóvenes mexicanos no cuentan con afiliación a ningún servicio de salud, y para abonar a esta situación no obra en nuestra Constitución, en ninguna parte de ella, consideración alguna para la población juvenil.

Los problemas de la juventud, como los de cualquier espectro de la población, merecen la correcta intervención de los tres órdenes de gobierno para su solución, sin embargo, difícilmente podemos dar una atención adecuada si no contamos ni siquiera con una homologación en la ley, que permita marcar parámetros básicos para la pensión de la juventud.

La iniciativa que hoy presento propone incorporar al artículo 4o. constitucional un párrafo 12, que estipule con claridad la edad de la juventud en México y la obligación para los tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas que prioricen la formación académica e inclusión al mercado laboral de nuestras y nuestros jóvenes mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, hagámoslo por nuestros jóvenes, que son el presente, que son la riqueza, que son la esperanza de nuestro México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 12 al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud mexicana es uno de los elementos principales del tejido social: su ubicación entre la niñez y la edad adulta los convierte en los forjadores de la siguiente generación, y, a la vez, en parte activa de la actual. Actualmente existen distintas consideraciones respecto a la edad en la que una persona se considera joven, sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su documento La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad, ha fijado que el periodo que comprende la juventud del cuerpo humano es de los 12 a los 29 años.

Este periodo de edad ha sido aceptado y observado jurídicamente en varios países; en México, si bien no existe una declaratoria expresa sobre este término, si existe una consideración tácita que lo convalida, toda vez que en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente establece en su artículo 2 que la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años será el objeto de las políticas y programas del instituto.

El anterior artículo segundo, si bien en la práctica define el grupo de personas que se encuentran en la juventud, en la realidad solamente establece un parámetro de beneficiarios de un organismo descentralizado del gobierno federal, por lo que no tiene ningún tipo de observancia para ningún otro organismo de cualquier orden de gobierno, lo cual deja las políticas para jóvenes ajenas al Instituto Mexicano de la Juventud con un marco jurídico indeterminado.

La importancia de la juventud en México es tan grande, que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualmente representan 26.3 por ciento de nuestra población, es decir, 31.4 millones de mexicanos son jóvenes, dos veces la población del estado de México, el más poblado del país.

Actualmente la juventud mexicana enfrenta muchísimos retos, mismos que se dificulta su atención si no tenemos, a nivel nacional, un parámetro de edad claro y definido que rija las políticas públicas establecidas por todos los órdenes de gobierno; el fenómeno de los “ninis”, es decir, los jóvenes que no estudian ni trabajan, ha cobrado una gran fuerza en nuestro país, y la media nacional de estos jóvenes es de 10.8 por ciento, sin embargo, en ciudades como Monterrey alcanzan 15 por ciento del total de jóvenes, lo cual se desprende de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.

Los ninis representan un factor de riesgo para la seguridad nacional, toda vez que la naturaleza humana los obliga a buscar oportunidades de superación y, ante la falta de estas, se pueden ver en la necesidad de recurrir al delito para obtener el sustento tanto para ellos como para sus familias.

Además de los ninis, existen muchas otras problemáticas que afectan exclusivamente a la juventud, tales como el embarazo adolescente, que en México podemos afirmar lamentablemente que ha ascendido al grado de ser un problema de salud pública; recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que una de cada tres mujeres se embaraza antes de los 20 años, y que este lleva consigo serias secuelas psicosociales y afectaciones al proyecto de vida.

Además de este tema específico, la salud en general de los jóvenes mexicanos es un asunto de seriedad, ya que según los datos del Inegi 32.7 por ciento de las y los jóvenes mexicanos no está afiliado o inscrito a ningún sistema de salud, lo cual los deja en un serio estado de indefensión, ya que les está imposibilitado recibir atención médica ante cualquier eventualidad.

Los problemas de la juventud, como los de cualquier espectro de la población, merecen la correcta intervención de los tres órdenes de gobierno para su solución, sin embargo, difícilmente podemos dar una atención adecuada si no contamos, ni siquiera, con una homologación que permita marcar parámetros básicos para la atención a la juventud.

Dado lo anterior, podemos observar que en nuestra Carta Magna, si bien existe una adecuada tutela a la niñez y a la familia, no lo es así para la juventud, no obstante a las tantas necesidades de este estrato; la ausencia de la juventud en la Constitución es tan agravante, que la única mención que se hace de ellos es en el artículo segundo, respecto a los jóvenes de familias migrantes indígenas, es decir, tan sólo un sector muy específico de este grupo poblacional.

Es por lo anterior que propongo a esta soberanía adicionar al artículo 4o. de la Constitución, distinguido por la amplitud de su tutela y el gran catálogo de derechos que comprende, un nuevo párrafo 12, que establezca en nuestra ley suprema la edad de la juventud, así como la obligación del estado en todos sus órdenes de velar por esta y sus problemas específicos, para reivindicar el estatus jurídico de las y los jóvenes en nuestra Carta Magna y fortalecer así su importancia en la elaboración de políticas públicas.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo 12 al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo 12 al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En México, la juventud es reconocida como la edad entre los 12 y los 29 años. Las y los jóvenes, por su importancia en el desarrollo del país, serán objeto de políticas públicas que prioricen su formación académica competitiva e inclusión al mercado laboral.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados: Flor Estela Rentería Medina,Ana María Boone Godoy, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Erick Lagos Hernández, José Luis Sáenz Soto, María Guadalupe Oyervides Valdez, Ramón Bañales Arámbula, Ricardo Ramírez Nieto, Silvia Rivera Carbajal, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rentería. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración.

El diputado José Adrián González Navarro:Gracias, señor presidente. Esta iniciativa lo que busca es eliminar temas de inconstitucionalidad que actualmente están vigentes en la Ley de Migración.

Nuestro derecho constitucional actualmente se ha ampliado, no solamente a proteger los derechos fundamentales, sino también los derechos humanos y ahora aplica un principio pro persona para poder garantizar que toda persona que esté en nuestro país esté protegida por la Constitución.

El artículo 81 de la Ley de Migración establece que el Instituto Nacional de Migración puede hacer revisiones, no solamente en el cruce aéreo y marítimo de personas, sino también en el interior de la República, una vez que ellos ya están establecidos. Esta disposición, por el simple hecho de autorizar que sea el propio instituto a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien haga este tipo de revisión, ya sea en vehículos, en domicilios, carreteras o cualquier otro lugar del país, sin la intervención del Ministerio Público, atenta con lo que establece el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos, posesiones, bienes, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y que se garanticen las formalidades del procedimiento.

Entonces, lo único que se busca con esta reforma es que sea el Ministerio Público, a través de la autorización de un juez, quien autorice al Instituto Nacional de Migración el poder hacer este tipo de revisiones una vez que ya están al interior del país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

México se ha caracterizado por ser país de origen, tránsito y destino de millones de personas, por lo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, cada año aproximadamente un millón de connacionales documentados e indocumentados migran a nuestros país vecino, Estados Unidos de América (EUA), circunstancia que coloca a la frontera norte como la más transitada del mundo y por ende, una de las más dinámicas y observadas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 961 mil 121 personas nacidas en otro país, lo que equivale a 0.86 por ciento de la población total.

Este fenómeno como país de origen ha traído como consecuencia que alrededor de 11 millones de personas que nacieron en México vivan en EUA, que Zacatecas, ocupe el primer lugar como la entidad federativa con el índice mayor en densidad migratoria 4.422; después de los estados de Guanajuato con 3,891; Michoacán con 3,868 y Nayarit con 3.370. Lo anterior, según el portal web http://oim.org.mx de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM.IOM).

Ahora bien, como país de tránsito en la frontera sur la fuente citada sostiene que las entidades federativas con mayor número de migrantes son Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo son considerados como puntos de internación de migrantes centroamericanos. Los estados que componen la red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia el norte del país son: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La OIM, revela que aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente ingresan de manera irregular, por la frontera sur de México, unos 150 mil migrantes, principalmente por el estado de Chiapas, con laintención de llegar a EUA. En su mayoría estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor medida extrarregionales originarios de países de Asia y África. Y, que el promedio anual de migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría ser de hasta 400,000. Debido a que no cuentan con papeles, no existe un registro certero de datos, según organizaciones de la sociedad.

Los efectos de la densidad migratoria en México, demandan de quienes integramos la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados la revisión del marco normativo de la materia, vigente desde el 25 de mayo de 2011, que representó indudablemente un avance para el Estado mexicano en términos del reconocimiento formal de la migración como fenómeno complejo y activo y por ende, de la necesidad de implementar una política migratoria fundamentada en el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados y atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno.

Sin embargo, a más de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración (LM), es indispensable reconocer que nuestro país enfrenta desafíos relacionados con las garantías de los derechos fundamentales de las personas en tránsito con una situación migratoria irregular y así como en materia de control migratorio entre otros.

Respecto al control migratorio la LM, en su artículo 81 primer párrafo reconoce como acciones de control, las siguientes:

1. La revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, y

2. La inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines.

Y, como autoridades en las acciones de dicho control al Instituto Nacional de Migración (INM) y en su carácter de auxiliar, a la Policía Federal (PF).

Ahora bien, el segundo párrafo del citado precepto 81 de la LM, autoriza al INM llevar a cabo funciones de control migratorio, en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El citado precepto contraviene lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales que garantizan los derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional con independencia de su situación migratoria; por lo que su reforma es un imperativo para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, si lo que se pretende es garantizar de manera efectiva la política migratoria en México, basada en el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la dependencia responsable de formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; de regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales; de conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; de administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de la información y la seguridad de la navegación aérea; regular las comunicaciones y transportes por agua; corresponde a la Secretaría de Gobernación, la vigilancia de las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la LOAPF.

En este contexto, considero fundamental reformar el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de Migración, para que el INM pueda llevar a cabo funciones de control migratorio, en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, únicamente cuando así lo funde y motive la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Ministerio Público y la autoridad judicial lo autorice.

Argumentos

Los artículos 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establecen garantías de libertad y de seguridad jurídica, en los términos siguientes:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

...

Artículo 14.A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

...

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

...

...

...

...

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

...

...

Pese a lo previsto en la Carta Magna, el 9 de diciembre de 2010, los senadores Humberto Andrade Quezada, Rubén Camarillo Ortega, Rafael Díaz Ochoa, Martha Sosa Govea, Jesús Garibay García, Rosalinda López Hernández, Rubén Velázquez López, Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías y Antelmo Alvarado García, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley Aduanera, de la Ley Federal de Derechos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Turismo y de la Ley de Comercio Exterior. En dicha propuesta, se destaca sobre el Título Sexto, Del Procedimiento Administrativo Migratorio, capítulo I, Disposiciones Comunes en Materia de Verificación y Regulación Migratoria, lo siguiente:

...

...

...

El título sexto relativo al “Procedimiento Administrativo Migratorio”, se establecen los derechos de los migrantes que las autoridades deben salvaguardar en el ejercicio de las funciones de control, revisión y verificación migratoria, así como en el alojamiento temporal en una estación migratoria y en los procedimientos de aseguramiento y deportación, incluyendo el respeto al debido proceso y la obligación de tomar medidas para privilegiar la estancia en instituciones públicas o privadas para menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o en especial situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, se establece un límite de 24 horas para emitir el acuerdo de aseguramiento de los extranjeros en situación migratoria irregular o, en su caso, para resolver sobre la regularización de su situación migratoria, a partir de que el extranjero acredite el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto establezcan la ley y su reglamento. Además, se señala un límite de 15 días hábiles para que la autoridad migratoria resuelva la situación legal de los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias y sólo se señalan supuestos específicos para exceder de este plazo por causas no imputables a la autoridad migratoria. Asimismo, se establecen los requisitos que deben cumplir las estaciones migratorias, se regulan los procedimientos de deportación y retorno asistido a su país de origen a los extranjeros en situación migratoria irregular y los derechos que deben respetarse durante los mismos y se faculta a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para suscribir acuerdos interinstitucionales con dependencias y órganos de otros países y con organismos internacionales en esta materia.

Otra de las novedades de esta iniciativa en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes es la inclusión de un procedimiento especial para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, y se incluyen obligaciones específicas al DIF y al INM. Destaca la disposición en torno a que el retorno asistido de los menores de edad a su país de nacionalidad o residencia debe realizarse atendiendo a su interés superior, con pleno respeto a sus derechos humanos, en compañía de oficiales especializados para la protección a la infancia y con la intervención de la autoridad competente del país de destino.

En este título se incluye también la posibilidad de que los extranjeros establecidos en el país sin la documentación adecuada, puedan regularizar su situación migratoria cuando manifiesten su intención de residir en el país, especialmente cuando los extranjeros acrediten tener un vínculo familiar con mexicanos o con extranjeros legalmente establecidos en México, con límites de grado de parentesco; cuando hayan sido identificados por la autoridad como víctimas o testigos de algún delito, cuando se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su retorno, o bien, cuando se trate de menores de edad que se encuentren sujetos a un procedimiento de sustracción y restitución internacional. La ley da claridad y especifica los requisitos y el procedimiento que deben seguir los extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país. Senado de la República, jueves 9 de diciembre de 2010. Gaceta: LXI/2PPO-195/28002.

Ahora bien, respecto del Capítulo II, Del Control Migratorio, del cual forma parte el artículo 81, objeto de la presente reforma, la citada exposición de motivos es omisa al respecto. En el mismo sentido, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Migración; y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo,turnada el 24 de febrero de 2011 a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia, de la Cámara de Diputados y aprobada en sus términos por el Pleno de esta soberanía el 29 de abril de 2011.

http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3251-III, viernes 29 de abril de 2011.

Como parte de las iniciativas presentadas en materia de control migratorio y específicamente sobre el artículo 81 de la Ley de Migración, se encuentra la del compañero legislador panista Danner González Rodríguez, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 de mayo de 2015, en la que propone derogar el párrafo segundo del artículo 81 de la LM por considerarlo inconstitucional y opuesto a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el país ha suscrito.

http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta Parlamentaria, número 4285, lunes 1 de junio de 2015.

En este contexto, resulta obligado observar lo previsto en los artículos 12 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado Mexicano desde 1981, el Protocolo Facultativo en 2002, y el Segundo Protocolo Facultativo en 2007.

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

De igual forma, lo contenido en el artículo 22 numerales 3 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificado por México en 1981, que establece:

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo, y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede, asimismo, ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. ... a 9. ...

De los argumentos expuestos, se considera que el artículo 81 de la Ley de Migración, cobra relevancia especial a partir de la aprobación de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la cual establece una serie de obligaciones a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para adoptar todas las medidas que garanticen el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional atendiendo al principio pro persona; y por ello, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 81 de la Ley de Migración, con el objeto de llevar a cabo funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, cuando así lo funde y motive la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante el Ministerio Público y la autoridad judicial lo autorice.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 Y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Migración

Único.Se reforma la fracción III del artículo 81 de Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

El instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, cuando así lo funde y motive la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante el Ministerio Público y la autoridad judicial lo autorice.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 9 de febrero de 2016.— Diputados: José Adrián González Navarro,Brenda Velázquez Valdez, Joaquín Jesús Díaz Mena, María Luisa Sánchez Meza, Martha Cristina Jiménez Márquez, Román Francisco Cortés Lugo (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, sin duda, la infraestructura carretera en México constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico.

Es de vital importancia que el país se encuentre perfectamente comunicado, a fin de lograr incentivar el intercambio comercial y la movilidad de las personas. En el país existen 94 carreteras y autopistas, de las cuales 44 corresponden a autopistas de cuota, las que para cumplir con los fines señalados se exigen que se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, razón por la cual se hace necesario que el Estado mexicano realice una importante inversión de recursos.

Hoy en día es impensable el intercambio comercial y el traslado de personas sin una infraestructura carretera idónea, adecuada, segura y en buenas condiciones de uso, que respondan a las demandas de movilidad de los distintos sectores, tanto del ámbito público como del privado.

Por lo que hace al crecimiento económico, la promoción de la inversión, el desarrollo comercial, la importación, la exportación de mercancías, el tránsito turístico y la generación de empleo, las autoridades deben de procurar siempre condiciones óptimas para estimular dichas actividades, por lo que la construcción de malas vías de comunicación representan para todos estos sectores el principal medio de comunicación.

En nuestro país, de manera frecuente, las autopistas se encuentran en reparación o en malas condiciones, lo que ocasiona al usuario utilice más tiempo en sus traslados, mayor consumo de combustible, incumplimiento de compromisos, incremento de accidentes automovilísticos, sin dejar de mencionar el desgaste físico que ello implica, lo que por ende se refleja en un menoscabo en la economía de los usuarios de todos los sectores ya mencionados.

En comparación con otros países, el precio que se paga por el uso de las autopistas en nuestras casetas es extremadamente alto, además de que en algunos casos el servicio que se ofrece es de mala calidad. Se encuentra en reparación, mantenimiento, construcción, ampliación o en malas condiciones, ocasionado por fenómenos naturales como deslaves, inundaciones, derrumbes por la mala planeación o desgaste y la no previsión.

Como ejemplo, un comparativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año 2009 señaló que las tarifas de las autopistas en varios países, en centavos de dólar, Japón, en 17 dólares 45 centavos. Para México en autopistas concesionadas 14 dólares con 15 centavos, para Francia en 12 dólares con 31 centavos, siendo México la segunda tarifa más alta en las carreteras del mundo.

Cabe de los datos mencionados, que en México se llega a duplicar el precio de la tarifa. Respecto de las características de las concesiones en México frente a otros países, también existen algunas diferencias que es bueno señalar, ya que en México, además de que el gobierno aporta una parte del presupuesto le garantiza al concesionario una parte de los costos y no a la inversa, como sucede en Argentina y en Brasil. Las empresas garantizan al gobierno, además de un buen servicio, el cobro de las tarifas más bajas acorde con el servicio prestado. Por otra parte, en México se pueden compensar pérdidas al concesionario mediante el incremento en la duración de la concesión.

Considerando que las autopistas, por lo general, constituyen una opción de mejor calidad respecto a la red de carreteras libres de peaje para viajes interurbanos, tales como menor tiempo de viaje, mejores condiciones de operación y de otros aspectos, como mayor seguridad.

Sin embargo, el acceso se encuentra restringido a usuarios debido al alto costo de las mismas. Esto se refleja en que al incrementar los costos del transporte por la problemática antes mencionada, las cuotas pueden crear barreras financieras para la movilidad de los grupos menos favorecidos y generar problemas de exclusión social.

Por ello, es indispensable facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y opinión de la Secretaría de Economía, a efecto de que ajuste las tarifas establecidas para las autopistas del país cuando éstas se encuentren en reparación, ampliación, construcción o en mal estado, y que implique una afectación de los usuarios al transitar por dichas autopistas.

Por ello es que se propone:

Único. Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Adminisración Pública Federal para quedar como sigue:

XII Bis. Ajustar en favor de los usuarios las tarifas establecidas para las distintas autopistas del país cuando se encuentre en ampliación, construcción, reparación, en mal estado o que de algún modo sufra una alteración que implique afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas. Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con la opinión de la Secretaría de Economía, determinarán el ajuste correspondiente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y opinión de la Secretaría de la Economía, a efecto de que ajuste las tarifas establecidas para las autopistas del país cuando éstas se encuentren en reparación, ampliación, construcción o en mal estado y que implique una afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas.

Argumentos

1. Sin duda la infraestructura carretera de nuestro país constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico; es de vital importancia que el país se encuentre perfectamente comunicado a fin de lograr e incentivar el intercambio comercial y la movilidad de las personas.

En el país existen 94 carreteras y autopistas, de las cuales 44 corresponden a autopistas de cuota; las que para cumplir con los fines señalados, se exige que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, para lo cual se hace necesario que el Estado mexicano erogue fuertes cantidades de dinero.

Hoy en día es impensable el intercambio comercial y el traslado de personas sin una infraestructura carretera idónea, adecuada, segura y en buenas condiciones de uso, que responda a las demandas de movilidad de los distintos sectores tanto del ámbito público como del privado, ya sea para el traslado de mercancías o de transporte de pasajeros.

2. Por lo que hace al crecimiento económico, la promoción de la inversión, el desarrollo comercial, la importación y exportación de mercancías, el tránsito turístico y la generación de empleo, las autoridades juegan un papel determinante: se encuentran obligadas a generar las condiciones óptimas para estimular dichas actividades, por lo que la construcción de más y mejores vías de comunicación representan para todos estos sectores, el principal medio de comunicación.

En nuestro país, de manera frecuente, las autopistas se encuentran en reparación o en malas condiciones, lo que ocasiona más tiempo en el traslado de los usuarios lo que se traduce en ocasiones en incumplimiento de compromisos, en mayor consumo de combustible, en el consumo de alimentos debido a lo tardado de los traslados e incremento de accidentes automovilísticos, sin dejar de mencionar el desgaste físico que ello implica, etcétera. Lo que por ende se refleja en un menoscabo en la economía de los usuarios de todos los sectores ya mencionados.

3. En comparación con otros países, el costo de nuestras casetas es extremadamente alto (como se muestra en el siguiente cuadro comparativo), además de que en algunos casos, los servicios que ofrecen son de mala calidad, como ya se mencionó, se encuentran en reparación, mantenimiento, construcción, ampliación o en malas condiciones, ocasionados por fenómenos naturales como deslaves, inundaciones, derrumbes por la mala planeación o desgaste y la no prevención.

Cabe mencionar que se observa en los datos, que aún y cuando existen autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y otras concesionadas (que inclusive son más caras), debido a que en ocasiones llegan a duplicar el costo sin que exista justificación alguna, en beneficio de los concesionarios particulares y en perjuicio de los usuarios.

En el siguiente cuadro comparativo se citan algunas de las características de las concesiones en México frente a otros países, del que se desprende que el gobierno sigue siendo “paternalista” ya que además de aportar una parte del presupuesto le garantiza al concesionario una parte de los costos y no a la inversa como sucede en Argentina y Brasil, donde las empresas garantizan al gobierno además de un buen servicio, el cobro de las tarifas más bajas acorde con el servicio prestado. Por otra parte, en México se puede compensar pérdidas al concesionario mediante el incremento en la duración de la concesión, de conformidad también con el comparativo siguiente:

4. Considerando que las autopistas, por lo general, constituyen una opción de mejor calidad respecto a la red de carreteras libre de peaje para viajes interurbanos tales como: menor tiempo de viaje, mejores condiciones de operación y otros aspectos como mayor seguridad, sin embargo, el acceso se encuentra restringido a usuarios debido al alto costo de las mismas; esto se refleja en que al incrementar los costos de transporte, por la problemática antes mencionada, las cuotas pueden crear barreras financieras para la movilidad de los grupos menos favorecidos y generar problemas de exclusión social.

Fundamento legal

La suscrita, diputada María Cristina García Bravo, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1 fracción II; 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XII Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes;

XII Bis. Ajustar, en favor de los usuarios, las tarifas establecidas para las distintas autopistas del país, cuando se encuentren en ampliación, construcción, reparación, en mal estado o que de algún modo sufran una alteración que impliquen afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas; para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la opinión de la Secretaría de Economía, determinarán el ajuste correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un término de 60 días, llevará a cabo las adecuaciones correspondientes a la reglamentación para establecer los términos en los que habrá de aplicarse el ajuste previsto en el presente decreto.

Notas:

1. Fuente: Secretaria de Comunicaciones y transportes, Caminos y Puentes Federales, abril 2009. Tipo de cambio dólar americano $13.64 pesos/dólar.

2. Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Análisis Comparativo de Tarifas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria Luis Pasteur, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos, amigos, amigas a San Lázaro.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Sofía González Torres:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el gobierno federal impulsa la estrategia nacional digital para facilitar el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación. Este tiene por objetivo colocar a México como líder en la materia.

El uso de dispositivos móviles y el Internet, así como otras herramientas han transformado la manera en la que las personas organizan los estudios, el trabajo y su tiempo libre. Quienes las emplean obtienen nuevas perspectivas y ventajas competitivas dentro del mundo global.

En nuestro país existen comunidades que no han logrado entrar en la era de la información y el conocimiento debido a la marginación que enfrentan, mientras que en la esfera gubernamental aún existen múltiples áreas de oportunidad para que las tecnologías generan servicios más eficientes y cercanos a la ciudadanía. Tenemos que generar un cambio.

De manera general el acceso desigual de las personas, regiones e instituciones a las tecnologías de la información y la comunicación se conoce como brecha digital. Como esfuerzo para combatir esta brecha y dentro de las acciones de la estrategia nacional digital el gobierno federal ha entregado tabletas a estudiantes de primaria y ha creado espacios públicos conectados de manera gratuita a la red de Internet.

Con base en esto propongo la creación de un anexo transversal dentro del presupuesto de egresos que identifique los recursos destinados al cumplimiento de esta estrategia. De esta manera podremos colaborar de forma más estrecha con el Poder Ejecutivo para poner en día al país en materia de capacidades digitales.

En la actualidad la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé anexos transversales para identificar el gasto en áreas que exigen intervención de diversas dependencias y entidades. Por ejemplo, la igualdad entre mujeres y hombres, el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y la transición energética, al igual que ellas, la Estrategia Nacional Digital requiere un seguimiento oportuno.

Por ello, los invito a respaldar esta iniciativa sencilla y sin impacto presupuestario que fomentará la colaboración entre poderes y mandará una señal de compromiso con la información gubernamental, la competitividad y la sociedad del conocimiento. Respaldarla significa apoyar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del presupuesto. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sofía González Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción III Bis, y se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal que concentre los recursos destinados a la ejecución de la Estrategia Digital Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 2013, el gobierno federal impulsa la Estrategia Digital Nacional para acelerar la adopción masiva de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el país. La utilización de las TIC en el mundo ha favorecido el crecimiento económico, el incremento de la productividad, la transparencia y eficiencia en la provisión de servicios públicos, al tiempo que ha mejorado la calidad de vida de las personas.

Diversos organismos multilaterales han reconocido la importancia de incorporar las TIC a la vida cotidiana y productiva de las naciones, a fin de obtener mejores posibilidades de desarrollo y sociedades más equitativas. En particular, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha señalado que éstas se han convertido en una solución tangible para enfrentar los retos de la agenda de desarrollo contemporánea.

Lamentablemente, el país tiene un rezago evidente en la materia, especialmente si se compara con sus principales socios comerciales y otras naciones desarrolladas y en desarrollo. La afirmación anterior se desprende del Networked Readiness Index, a través del cual el Foro Económico Mundial evalúa anualmente a diversos países en cuanto a los factores y políticas que les permiten aprovechar las TIC para generar prosperidad compartida. De acuerdo con los datos de 2015, México ocupa el lugar 69 de 143 naciones y, no obstante haber avanzado 10 peldaños en el último año, aún se encuentra por debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Colombia, en Latinoamérica, así como de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Estrategia Digital Nacional busca que México alcance el liderazgo latinoamericano en digitalización para el año 2018 y un nivel intermedio dentro del rango de la OCDE; por ello resulta fundamental apoyarla y darle seguimiento presupuestal desde el Congreso de la Unión a sus cinco áreas de acción: transformación gubernamental; economía digital; educación de calidad; salud universal y efectiva; así como seguridad ciudadana.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que tiene carácter anual, resulta una plataforma idónea para contar con información sistematizada sobre los recursos que se considerarán dentro de cada ejercicio fiscal, a fin de implantar la estrategia.

En particular, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé en su Artículo 2, fracción III Bis, la integración de anexos transversales dentro del PEF de cada año; es decir, apartados que concentren la información presupuestaria de ciertas áreas del desarrollo, donde concurren diversos programas, componentes y unidades responsables de la administración pública federal. Dichos anexos contribuyen a la transparencia en la asignación de los recursos públicos y, al mismo tiempo, implican un reconocimiento al carácter prioritario de los esfuerzos multisectoriales que realiza el Estado mexicano.

Hoy, existen anexos transversales para áreas como la igualdad entre mujeres y hombres; la atención de niñas, niños y adolescentes; la Estrategia Nacional para la Transición Energética; y la atención a los grupos vulnerables; entre otros, que contribuyen a un mejor entendimiento y seguimiento de las políticas públicas que han sido diseñadas con afán de construir una sociedad mejor. En vista de lo anterior, propongo establecer en el PEF un anexo transversal que contenga los recursos destinados a la ejecución de la Estrategia Digital Nacional, a fin de reconocer, impulsar y dar seguimiento presupuestal a este plan de acción de gran importancia para la prosperidad y el desarrollo incluyente de México.

Consideraciones

I. El 10 de junio de 2013, el presidente de la República promulgó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica, el cual establece que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las TIC.

II. El 25 de noviembre de 2013, el presidente de la República presentó la Estrategia Digital Nacional en el Museo Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de estructurar una política de Estado que acerque a la población a las TIC y contribuya a transformar y hacer más eficientes el gobierno y la economía.

III. La Estrategia Digital Nacional es un plan de acción quinquenal, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que fortalece la estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, por lo que es viable darle un seguimiento anual a través del PEF.

III. Si bien la Estrategia Digital Nacional es coordinada desde la Presidencia de la República, en su implantación convergen diversas dependencias y entidades que forman el Estado mexicano. Por ello, es viable establecer dentro del PEF un anexo transversal que reúna y sistematice los recursos que se ejercerán por dependencia en cada ejercicio fiscal para lograr su adecuada implantación.

IV. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria instituye en los artículos 2, fracción III Bis, y 41, fracción II, los anexos transversales del PEF, los cuales representan un acierto para la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas en el país.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción III Bis, y se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforma el artículo 2, fracción III Bis, y se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como a continuación se presenta:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por

I. a III. ...

III Bis.Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; y la Estrategia Digital Nacional.

IV.a LVII. ...

...

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán

a) a v) ...

w) Las previsiones de gasto que correspondan a la ejecución de la Estrategia Digital Nacional.

III. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Sofía González Torres,Erick Alejandro Lagos Hernández, José Luis Sáenz Soto, Ramón Bañales Arambula, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Damos la bienvenida a alumnos, maestros de la Escuela Primaria Simón Bolívar, de Morelia, Michoacán. Invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, señor presidente. La que suscribe, diputada Ariadna Montiel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Acudo a esta tribuna, para presentar la iniciativa de ley con el objetivo de abolir las corridas de toros.

La historia de la primera corrida de toros, se remonta al coliseo romano, donde solían sacrificarse a los toros y caracterizarlos como monstruos. En España alrededor del año 1400, dicho espectáculo consistía en encerrarlos en grandes corrales en los que eran perseguidos con caballos y armados con lanzas y picos hasta matar a los indefensos animales.

Esta matanza era presentada por el público asistente. La reina Isabel la Católica rechazó las corridas de toros, pero no las prohibió, mientras que el emperador Carlos V se distinguió por su afición a las matanzas de toros, evidenciando que desde aquellos tiempos se ha discrepado en torno a este sacrificio estéril.

La presente iniciativa pretende despertar la conciencia y propone una adición a la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de prohibir las corridas de toros en el territorio nacional y así dejen de ser un espectáculo vergonzoso, ya que en unos 20 minutos de duración se escenifica la falsa superioridad y la fascinación enfermiza contra toda lógica ética de quienes creen tener derecho a disponer a su antojo de la vida de otros seres sensibles, llegando incluso a justificar y a utilizar la muerte del toro como arte y diversión.

Un comportamiento patológico que nace de una incapacidad para afrontar el dolor de las víctimas y una morbosidad irrefrenable ante la posibilidad de ser testigo directo de alguna cornada o de la muerte del matador. Un riesgo fortuito y poco frecuente, un torero por cada 40 mil toros y sobre todo inevitable, que sin embargo incrementa el carácter macabro de la propia corrida.

Las corridas de toros además de carecer de sentido ético y apoyo social fomentan el desprecio hacia los animales y la insensibilidad entre los ciudadanos acostumbrados a permanecer impasibles ante el linchamiento de un ser vivo.

Indudablemente ha disminuido el apoyo popular a las corridas de toros. El fin de estas crueles exhibiciones dependerá del grado de respaldo de los medios de comunicación, de los intereses económicos y de las instituciones públicas y religiosas que tradicionalmente las han justificado y mantenido política y materialmente a cambio de un interés económico permitiendo la pérdida de valores éticos, del modelo egoísta de una sociedad actual intolerante y cruel que se manifiesta a través de las retransmisiones taurinas, de violencia deportiva y doméstica, las cuales se mantienen y se transmiten en horarios en donde los niños que no participan o asisten a estas corridas de cualquier manera tienen acceso a ellas.

Las corridas de toros en América, Francia y Portugal atravesaron las mismas vicisitudes que en España, decretándose prohibiciones civiles y eclesiásticas que salvo algunas excepciones no se respetaron, aunque contribuyeron al desarrollo de un estilo diferente del espectáculo igualmente cruel, basado en el tormento y la muerte de un animal sensible.

Los continuos esfuerzos de las instituciones en apoyo a las corridas de toros y las fiestas del sufrimiento animal en las que se torturan ejemplares de varias especies, se enfrentan al creciente rechazo de una juventud más crítica que busca una relación más sincera y armoniosa con los animales y la naturaleza, y a una opinión pública más escéptica y dispuesta a cuestionar las diversiones más aberrantes, lo cual posibilitaría el fin de la permanente fiesta taurina.

El sueño de erradicar las costumbres violentas y crueles como las corridas de toros, prohibidas hace más de dos siglos por nuestros ilustres antepasados como una enfermedad social que se manifiesta de múltiples formas, destruyendo nuestra sensibilidad y el sentido ético y estético de cuantos aceptan como normal que las partes mutiladas de un animal sirvan de recompensa, y fomentando, inclusive, el machismo y la violencia de género, ya que si se acepa que un animal puede ser torturado por lucro y diversión, también la condición humana puede ser objeto de la misma consideración.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, que adiciona la siguiente redacción:

“Asimismo queda prohibido en el territorio nacional cualquier tipo de espectáculo mediante el cual se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados así como 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.

Exposición de Motivos

La primera corrida de toros en la historia tuvo lugar en el coliseo de Roma, aunque las corridas de toros sean llamadas espectáculo, es muy singular, su origen se remonta a los sangrientos juegos romanos y en las que se mataban miles de animales para divertir a un público sediento de sangre y fuertes emociones. Julio César introdujo en los juegos circenses la lucha entre el toro y el matador armado con espada y escudo, además de la “corrida” de un toro a quien el caballero desmontando derribaba sujetándolo por los cuernos. Otra figura de aquella época, fue el llamado Karpóforo, que obligaba al toro a embestir utilizando un pañuelo rojo. El sacrificio de toros también se incluía entre los ritos y costumbres que los romanos introdujeron. La ignorancia insensata que permite caracterizar a un pacífico animal como un monstruo o enemigo virtual, convirtiéndole en víctima real de nuestro fracaso evolutivo como seres humanos, para poder traficar con la vida y el dolor de cuantos carecen árbitramente de nuestros inmerecidos privilegios.

Durante esas primeras corridas de toros, los improvisados toreros no tenían la mínima oportunidad de ganarles a los toros porque estaban desarmados. Fue en España en el año 1400 cuando se creó como diversión la caza de los toros, un llamado espectáculo, al igual que los ingleses lo hacían con los zorros y conejos, imitando también a los alemanes e italianos de la caza del venado y otros animales. El famoso espectáculo consistía en encerrar a los toros en grandes corrales en los que eran perseguidos con caballos y armados con lanzas y picos hasta matar a los indefensos animales. Pronto la gente gustosa de ver sangre se empezó a reunir para ver matar toros en los corrales. Cuando la sangre corría de los caballos, eso hacía más emocionante el espectáculo.

Durante la Edad Media la corrida de toros se desarrolla y es monopolizada gradualmente por la nobleza que, influenciada por la galantería y el mal ejemplo de los reyes, como sucede en España en la actualidad, se disputaba la notoriedad pública, las atenciones de las damas y el respeto de los demás, exhibiendo su “valor” y gallardía, acosando y alanceando toros, considerados como enemigos totémicos de gran poder defensivo.

La reina Isabel la Católica rechazó las corridas de toros, pero no las prohibió, mientras que el emperador Carlos V se distinguió por su afición y mató un toro de una lanzada en Valladolid para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II, en cuyo reinado se promulgaron las primeras condenas eclesiásticas.

En 1565 un concilio en Toledo para el remedio de los abusos del reino, declaró las funciones de toros “muy desagradables a dios”, y en 1567 el papa Pío V promulgó la bula De Salutis Gregis Dominici, pidiendo la abolición de las corridas en todos los reinos cristianos, amenazando con la excomunión a quienes las apoyaban, pero su sucesor Gregorio XIII modera el rigor de la bula de San Pío V, conforme al deseo de Felipe II de levantar la excomunión. En 1585, Sixto V vuelve a poner en vigor la condenación, que a su vez es cancelada en 1596 por Clemente VIII. Felipe III renovó y perfeccionó la plaza mayor de Madrid en 1619, con capacidad para casi sesenta mil participantes, y Felipe IV, además de alancear toros y matar uno de un arcabuzazo en la Huerta de la Priora, estoqueó a muerte a más de cuatrocientos jabalíes.

Durante los siglos XVI y XVII, en España y el sur de Francia ya se practicaba la suelta de vaquillas y toros por calles y plazas, y otros festejos como los toros de fuego y los toros embolados, ensogados o enmaromados, comparables en crueldad con el espectáculo aristocrático de la corrida en el que el caballero tenía un papel preponderante en el acoso y muerte del toro, que también sufría las mil provocaciones que le causaban los peones desde los burladeros o caponeras, los arpones que les clavaban y los arañazos de algunos gatos introducidos en algún tonel que el toro desbarataba. En Sevilla, se documenta una corrida, a cargo de la cofradía de Santa Ana, con “seis o doce toros con cinteros y sogas para regocijo del pueblo”, llegando a generalizarse en las grandes corridas a caballo, con rejones, la provisión de un primer toro “para que sea burlado, humillado y muerto por el pueblo de a pie”.

El entusiasmo de la nobleza por las corridas se mantuvo durante el reinado de Carlos II, pero a partir del siglo XVIII, cuando la nobleza se desentendió del toreo a caballo, a raíz de la prohibición de Felipe V de las llamadas “fiestas de los cuernos” (también rehusó participar en un auto de fe organizado en su nombre al principio de su reinado), se impuso el protagonismo plebeyo en el toreo a pie, con la novedad de la muerte del toro a manos de la gente más vil y poco refinada vinculada con el abasto de carne y los mataderos, donde desarrollaron su particular modalidad tauricida hasta formar en el siglo XVII cuadrillas de peones o chulos provistos de capas, que se unieron a los patéticos y despiadados jinetes (varilargueros), para correr (provocar el acoso del toro), doblar (hacerle dar vueltas bruscamente con el engaño), pinchar y rematar (desjarretar) a los toros agotados que rehuían el doloroso encuentro con sus verdugos a caballo y los perros de presa. Pasando de ser el enfrentamiento con el toro un entrenamiento “deportivo” a un negocio lucrativo que siguió contando con el apoyo real para erigir en la Puerta de Alcalá de Madrid la vieja plaza de obra de fábrica, donada por Fernando VI a la Real Junta de Hospitales, que fue inaugurada en 1754.

La presente iniciativa pretende despertar la conciencia y propone una adición a la Ley General de Vida Silvestre con la finalidad de que las corridas de toros dejen de ser un espectáculo vergonzoso, ya que en unos veinte minutos de duración, se escenifica la falsa superioridad y la fascinación enfermiza, contra toda lógica ética, de quienes creen tener un derecho a disponer a su antojo de la vida de otros seres sensibles, llegando incluso a justificar y trivializar la muerte del toro como arte y diversión; un comportamiento patológico que nace de una incapacidad para afrontar el dolor de las víctimas y una morbosidad irrefrenable ante la posibilidad de ser testigo directo de alguna cornada, o de la muerte del matador; un riesgo fortuito, y poco frecuente (un torero por cada 40 mil toros sacrificados), y sobre todo evitable que, sin embargo, incrementa el carácter macabro de la corrida. Las corridas de toros tienen mala imagen, y no es fácil presentar la muerte como arte. Pero si el requisito para una fiesta es la matanza de un animal, y los tiros son los precursores de la libertad, quienes lucran fomentando la diversión a costa de la vida de un animal, también necesitan justificar y enfocar la atención de los consumidores y usuarios en la supuesta utilidad de sus productos y servicios apoyando obras de interés social; por ejemplo, a través de una corrida de beneficencia, un acto aberrante e insolidario que, sin embargo, puede servir de reclamo al tranquilizar algunas conciencias.

Las corridas de toros, además de carecer de sentido ético y apoyo social, fomentan el desprecio hacia los animales y la insensibilidad entre los ciudadanos, acostumbrados a permanecer impasibles ante el linchamiento de un ser vivo. No siendo tampoco un espectáculo que cuente con el apoyo incondicional de sus más fervientes aficionados que protestan contra “la invalidez del espectáculo” y el incumplimiento reiterado de las normas que regulan la tortura del animal.

Aunque haya disminuido el apoyo popular a las corridas de toros, el fin de las fiestas crueles dependerá del grado de respaldo de los medios de comunicación, de los intereses económicos y de las instituciones públicas y religiosas que tradicionalmente las han justificado y mantenido, política y materialmente, a cambio de un interés económico al mejor postor, permitiendo la pérdida de valores éticos del modelo egoísta de sociedad actual, intolerante y cruel, que se manifiesta a través de las retransmisiones taurinas, la violencia deportiva y doméstica El fomento de la crueldad y el desprecio a la vida llega incluso a redefinir y condicionar el comportamiento y la identidad cultural de los aficionados a la sangre, de una atrocidad éticamente incomprensible e injustificable.

Uno de los factores que contribuyen a mantener y fomentar las corridas de toros es el aporte de dinero público Barbaridades que forman parte del famoso espectáculo de las corridas, apoyadas y justificadas por los representantes taurinos.

Las corridas de toros en América, Francia y Portugal atravesaron las mismas vicisitudes que en España, decretándose prohibiciones civiles y eclesiásticas que, salvo algunas excepciones, no se respetaron, aunque contribuyeran al desarrollo de un estilo diferente de espectáculo, igualmente cruel, basado en el tormento y la muerte de un animal sensible.

En Francia, la entrada en vigor de la Ley Grammont prohibiendo las corridas de toros el 2 de julio de 1850, no impidió la introducción de las corridas de muerte al estilo español, para satisfacer a la emperatriz española, Eugenia de Montijo, que intervino personalmente para solicitar la suspensión de la prohibición que afectaba a una serie de corridas en Bayona, programadas para el verano de 1853, en las que murieron 19 toros y 39 caballos. A pesar de lo cual, las corridas siguieron estando legalmente prohibidas durante cien años en todo el territorio nacional, hasta la adopción, por el Consejo de la República, el 12 de abril de 1951, de una proposición de ley declarando que la ley anterior “no era aplicable a las corridas de toros cuando una tradición ininterrumpida podía ser invocada”.

Temiendo que una mayor preocupación por los derechos de los animales haga más difícil mantener engañada a la opinión pública mundial, la mafia taurina trata desesperadamente de exportar su espectáculo a cualquier país sin ninguna tradición taurina como París, donde intentaron organizar una corrida, en junio de 2002; “Según una encuesta realizada por organizaciones que están en contra de las corridas de toros, 83 por ciento de la población está en contra de las corridas y sólo las apoya 11 por ciento”.

Los falsos argumentos que se utilizan en defensa de las tradiciones para justificar la tortura de los toros no justifican de ninguna manera ningún acto basado en el suplicio gratuito de nuevas especies animales, pero el abuso sistemático de animales de cualquier especie acaba insensibilizando a la opinión pública ante el sufrimiento animal.

Si deseamos atajar la violencia contra los animales de cualquier especie y empezar a construir una sociedad basada en el respeto a la vida y a los demás, debemos avanzar en la dirección más humanitaria de otros países como lo hicieron en la Unión Europea como Alemania, Italia o el Reino Unido, y mejorar el estatuto de los animales en España y otros países como Portugal, Francia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, condenando sin paliativos la tortura de cualquier ser vivo a nivel europeo e internacional y reformando las diversas leyes. Un avance sistemático, pero que debe considerarse como ejemplo es la aprobación que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la que se ha prohibido de manera permanente el espectáculo con animales en todo el Distrito Federal aprobación totalmente eficaz para prevenir los casos de crueldad con los animales.

Los continuos esfuerzos de las instituciones en apoyo de las corridas de toros y las fiestas crueles, en las que se torturan animales de varias especies, se enfrentan al creciente rechazo de una juventud más crítica que busca una relación más sincera y armoniosa con los animales y la naturaleza, y a una opinión pública más escéptica y dispuesta a cuestionar, las diversiones más aberrantes. Lo cual posibilitaría el fin de la permanente fiesta taurina, el sueño de erradicar las costumbres violentas, y crueles, como las corridas de toros, prohibidas hace más de dos siglos por nuestros ilustres antepasados como una enfermedad social que se manifiesta, de múltiples formas, destruyendo nuestra sensibilidad y el sentido ético y estético de cuantos aceptan como normal que las partes mutiladas de un animal sirvan de recompensa, y fomentando incluso el machismo y la violencia de género; ya que si se acepta que un animal pueda ser torturado por lucro y diversión, también la condición humana puede ser objeto de la misma consideración.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único: Se adiciona párrafo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue

Capítulo IX Conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural

Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la secretaría.

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos.

Asimismo queda prohibido en el territorio nacional cualquier tipo de espectáculo mediante el cual se maltrate, torture y o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputados: Ariadna Montiel Reyes,Ana Leticia Carrera Hernández, Ana María Boone Godoy, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Flor Estela Rentería Medina, Héctor Ulises Cristóluplos Ríos, Jesús Emiliano Álvarez López, Jesús Salvador Valencia Guzmán, María Guadalupe Oyervides Valdez, Ricardo Ramírez Nieto, Sergio René Cancino Barffusón, Silvia Rivera Carbajal, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Montiel. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul). Presidente

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez López, por favor.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo preguntarle a la diputada Montiel si nos podemos suscribir, la banca de Morena a su iniciativa.

La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Claro que sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia, y entonces está a su disposición para quienes quieran suscribirla.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Agraria.

El diputado Moisés Guerra Mota:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, por todos es bien sabido que el derecho internacional y la doctrina han coincidido en que los derechos humanos son aquel conjunto de garantías inherentes a cada ser, y que pertenecen frente al poder público para preservar su dignidad como ser humano; dentro de este conglomerado de derechos, habita la seguridad jurídica, la cual ha sido considerada como la garantía de promover en el orden jurídico la justicia, la igualdad, en la libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que este responda a la realidad social en cada momento.

Para fines prácticos, la seguridad es certeza, tranquilidad y calma, elementos que permiten al ser humano encontrarse en un ambiente de certidumbre. Los avances en nuestro país en materia de derechos humanos han sido significativos en los últimos años. Sin embargo, la redacción actual del segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Agraria vulnera el principio de certeza en perjuicio de los avecindados.

Para arribar a esta conclusión es importante tener en cuenta que la regla prevista en el artículo 61 de la Ley Agraria en la cual se concede un plazo de 90 días naturales para impugnar la asignación de tierras por la asamblea, le es aplicable al ejidatario, poseedor regular, ya que éste ha sido citado legalmente a la asamblea y puede ascender a ella, pues al ser reconocidos con dicha calidad se les otorga un lugar dentro del núcleo de la población, lo cual acarrea consigo una situación jurídica particular con derechos y obligaciones propios convirtiéndolos así en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina.

Sin embargo, en el caso de los avecindados que son quienes aspiran a alcanzar la calidad de ejidatarios o poseedores regulares, al no formar parte de la asamblea general, en muchos de los casos ni siquiera se les pasa lista de asistencia, por lo que no existe constancia que tenga conocimiento de los actos que celebra la asamblea en general.

Por consiguiente, a efecto de abandonar a la seguridad jurídica, a los ejidatarios y avecindados, se requiere que éste haga del conocimiento público los acuerdos para la asignación de tierras tomados por la asamblea en general, los términos que ella misma determine. De esta manera estaremos contribuyendo a reforzar la seguridad en la posesión de las tierras para las mujeres y los hombres del campo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Moisés Guerra Mota, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos, acorde con el derecho internacional, se conciben como el conjunto de garantías inherentes a cada ser, que permanecen frente al poder público, para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del estado, para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte.

Dentro de este conglomerado de derechos habita la seguridad jurídica, la cual ha sido considerada como la garantía de promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste responda a la realidad social en cada momento.

Para fines prácticos, la seguridad es certeza, tranquilidad, calma, que permite al ser humano encontrarse en un ambiente de certidumbre.

Bajo esta tónica, la redacción actual del segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Agraria, genera confusión repercutiendo en la esfera jurídica de los avecindados, ya que dada su naturaleza en el derecho agrario suelen desconocer los acuerdos que asume la asamblea general sobre la asignación de tierras y, en consecuencia, si existe una conculcación a sus derechos, se menoscaba su oportunidad de recurrir tal afectación.

Para arribar a esta conclusión, es importante tener en cuenta que la regla prevista en el artículo 61 de la Ley Agraria, en la cual se concede un plazo de noventa días naturales para impugnar la asignación de tierras por la asamblea, le es aplicable al ejidatario o poseedor regular, ya que éste ha sido citado legalmente a la asamblea y puede acceder a ella, pues al ser reconocidos con dicha calidad se les otorga un lugar dentro del núcleo de población, lo que acarrea consigo una situación jurídica particular con derechos y obligaciones propios, convirtiéndolos así en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina.

Sin embargo, en el caso de los avecindados, que son quienes aspiran a alcanzar la calidad de ejidatario o poseedor regular, al no formar parte de la asamblea general, ni siquiera se les pasa lista de asistencia, por lo que no existe constancia de que tengan conocimiento de los actos que celebre ese órgano.

Estos razonamientos encuentran correspondencia en la tesis aislada publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 20, julio de 2015, tomo II, bajo el rubro Avecindado. No le es aplicable el plazo de noventa días naturales con que cuenta un ejidatario o poseedor regular para impugnar la asignación de tierras por la asamblea general.

Por consiguiente, a efecto de abonar a la seguridad jurídica de los ejidatarios y avecindaos, así como para cualquiera que pudiera ser afectado por las determinaciones asumidas por la asamblea general, se requiere que se hagan del conocimiento público los acuerdos para la asignación de tierras tomados por la asamblea general.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa:

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 61 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a que se haya hecho del conocimiento públicola resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva ; la asamblea determinará los mecanismos para dar publicidad al acuerdo de asignación de tierras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Faundez Ledesma, H. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos I. Interam. de Der. Hum., Sn. José C. R. 1996 p. 21

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guerra. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y personal docente del Centro de Estudios y Científicos y Tecnológicos de Hidalgo, plantel Huejutla, de alto aprovechamiento, sean invitados por la diputada Carolina Viggiano. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a quien saludo afectuosamente, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución consagra que los legisladores somos representantes de la nación con facultades para expedir las leyes y decretos que regulen la vida del país; es decir, representantes de los intereses de la ciudadanía y a ella nos debemos. Para llevar a cabo este trabajo nos dividimos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; y una de nuestras funciones es el procesamiento de iniciativas, minutas y puntos de acuerdo.

No es desconocido que el tiempo disponible para los periodos ordinarios de sesiones en muchas ocasiones resulta insuficiente para analizar, estudiar y desahogar todas las iniciativas de ley que presentamos. Esta situación genera un grave rezago legislativo, y propicia severas críticas y desaprobación de la ciudadanía. En Nueva Alianza, comprometidos a dignificar la política, fortaleciendo el papel de servicio a la sociedad, son principios que observamos.

En ese sentido, creemos conveniente ampliar los periodos de sesiones del Congreso con la finalidad de hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad en el Poder Legislativo. Actualmente el Congreso de la Unión divide su ejercicio en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero que transcurre del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, y que puede prolongarse hasta el 31 de diciembre cuando el presidente de la República entra en funciones; el segundo del 1o. de febrero al 30 de abril. En caso de ser necesario se convocan a periodos extraordinarios de sesiones para atender asuntos urgentes.

El enorme rezago legislativo, que en el Senado de la República tiene pendientes más de mil 100 iniciativas y en la Cámara de Diputados mil 46, nos demuestra que la duración de los periodos ordinarios no es suficiente para resolver los asuntos de la agenda nacional. Para hacer nuestro trabajo con responsabilidad y dar buenas cuentas a la ciudadanía es insoslayable transitar hacia esquemas de mayor productividad y eficiencia.

La presente iniciativa busca reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política y los correlativos 4o y 6o de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar los periodos de sesiones ordinarias. Se propone ampliar los tiempos legislativos que actualmente son de seis meses y medio, a un total de nueve meses y medio de trabajo, que estarán divididos o que podrán ser divididos en dos periodos ordinarios. Es decir se propone sumar tres meses de actividades parlamentarias.

Por lo tanto planteamos que el primer periodo ordinario de sesiones pueda comprender del 1 de agosto al 15 de diciembre de cada año, mientras que el segundo periodo ordinario pudiera comprender del 1 de febrero al 30 de junio. Con esta propuesta el año legislativo se computaría del 1 de agosto al 31 de julio siguiente.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que con estos cambios se fortalece la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Congreso de la Unión.

Todos sabemos que el proceso para dictaminar una iniciativa, minuta o punto de acuerdo implica en muchas ocasiones realizar actividades como foros, talleres, reuniones con la administración pública y al interior de comisiones a fin de incluir todas las voces y elaborar dictámenes bien sustentados. De igual manera, aprobar en el pleno un dictamen requiere alcanzar consensos que generalmente se logran tras amplios debates.

Compañeras y compañeros, asumamos hoy el compromiso de trabajar con mayor intensidad para cumplir con la responsabilidad que el pueblo mexicano nos ha encomendado. Dignifiquemos el trabajo legislativo, recuperemos la confianza ciudadana, fortalezcamos el marco jurídico y atendamos oportunamente las demandas de la sociedad. Cambiar las cosas está en nuestras manos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado federal Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

En México las instituciones que reciben mayor desaprobación de la sociedad son el Congreso de la Unión, la policía y los partidos políticos, la mayor parte de los ciudadanos mexicanos desestima a los legisladores federales al considerar que trabajan poco y ganan mucho.

De conformidad con un estudio 34.1 por ciento de los encuestados considera que los representantes populares sólo buscan su beneficio personal, en tanto 29. 1 estima que ponen poco empeño en el trabajo, es decir no son trabajadores, pues hacen poco y cobran mucho, y sólo el 16.8 y 13.7 por ciento respectivamente, los ven como representantes del pueblo o como servidores públicos.

Según el Catálogo 2014 de Índices y Encuestas sobre Transparencias y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Transparencia y Cooperación Internacional, en México los partidos políticos son señalados como los organismos más corruptos, pues así lo considera el 91 por ciento de los encuestados, la policía el 90 por ciento, los funcionarios públicos 87 por ciento, el Poder Legislativo 83 por ciento y el Poder Judicial 80 por ciento.

Para abonar más datos que acusan la problemática del trabajo legislativo de esta Soberanía, se destaca que actualmente el rezago en la Cámara de Senadores, es del orden de 1126 proyectos de iniciativas de ley, concentradas en 10 de las 64 Comisiones de ese Órgano del Congreso Federal. Lo anterior de acuerdo a un estudio realizado emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

El documento precitado puntualiza que en la LXII Legislatura, se presentaron dos mil 126 proyectos de ley de las cuales fueron aprobadas 272, se desecharon 93 y mil 761 quedaron pendientes para dictaminar en comisiones. Conviene señalar que el rezago mencionado no es propio de la presente legislatura, pero al mismo tiempo demuestra que la labor parlamentaria exige y requiere amplificar los periodos de sesiones del Congreso, con la finalidad de desahogar la agenda pendiente.

Recordemos que una de las funciones del Poder Legislativo es el procesamiento de Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo, actividad que se traduce en el análisis, discusión y eventual aprobación de leyes y decretos que regulen la vida social.

En ese sentido, el escenario expuesto nos instruye para tomar conciencia de que la capacidad legislativa se encuentra por mucho rebasada, por ello debemos transitar hacia la transformación del marco regulatorio que se promueve para arribar a escenarios que sean más productivos. Es impostergable dicha determinación.

Ante el panorama puesto, los actores políticos debemos abonar elementos para llevar a México al lugar que realmente se merece, hecho que sólo se logrará en base a enormes esfuerzos que conllevan las profundas transformaciones, porque se tienen que romper inercias y reticencias que permanecen incólumes ante los cambios estructurales, por ejemplo el esquema de periodos de sesiones se ha mantenido por décadas provocando que se agote su vida productiva y por lo tanto se tiene que dar apertura al nuevo paradigma.

Nosotros las legisladoras y los legisladores en nuestra calidad de representantes de la voluntad popular, desde nuestro espacio natural de actuación debemos plantear los cambios y ajustes normativos necesarios para fortalecer al Poder Legislativo mediante la ampliación de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto Nueva Alianza promueve la presente iniciativa para reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 4º y 6º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para procurar las herramientas legales que coadyuven a elevar la eficiencia y calidad de nuestro quehacer legislativo y al mismo tiempo sirvan para dignificar la función y orientarla al servicio del bienestar social, en un ejercicio republicano y democrático.

Antecedentes

Para contextualizar el tema que nos ocupa consideramos importante retomar algunos antecedentes del tema que nos permita mantener una idea general:

1824. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 67 y 71 instituyó que el periodo de sesiones del Congreso comprendería del 1º de enero al 15 de abril y establecía la posibilidad de prórroga hasta por treinta días útiles. Lo anterior bajo dos supuestos:

a) Que el Congreso General lo estimará necesario;

b) O que el Presidente de la Federación lo solicitará.

El periodo de sesiones en conjunto con la prórroga podría comprender hasta cinco meses.

1857. Por su parte la Constitución Política de 1857 dispuso en su artículo 62, dos periodos de sesiones del Congreso, siendo el primero, el comprendido del 16 de septiembre al 15 de diciembre y, un segundo que abarcaba del 1º de abril al 31 de mayo.

1874. Consideramos necesario citar que en este año la nación mexicana retornó al bicameralismo por lo que se reformó el artículo 62 de la Constitución del 57, donde se decretó dos periodos de sesiones, el primero alcanzaba del 15 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo iniciaba del 1º de abril al 31 de mayo. Ambos periodos podrían ser motivo de prórroga el primeramente mencionado podría ampliarse hasta por 30 días útiles y el segundo hasta por 15 días.

1917. La Constitución Política vigente en su origen no contemplaba dos periodos ordinarios de sesiones, sino que preveía uno sólo y señalaba como tiempo legislativo el comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año, sin posibilidad de prórroga.

Es hasta 1986 donde surge la idea de fortificar la actividad legislativa, y por tal motivo se establece un doble periodo de sesiones siendo uno de ellos el comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre y el otro del 15 de abril al 15 de julio, es decir el trabajo parlamentario aumentó a cinco meses.

Ese esquema permaneció vigente hasta el año de 1994, en virtud de que previamente, es decir en 1993 fueron materia de reforma los preceptos que planteamos modificar con la presente expresión legislativa, entrando en vigor hasta 1995 donde se instituyó que el primer periodo de sesiones empezaría a correr desde el 1º de septiembre hasta el 15 de diciembre sin marcar alguna prórroga, salvo el caso de cambio del mandato presidencial, en que podría ampliarse al 31 de diciembre. Por su parte el segundo periodo comprendía del lapso de tiempo que va del 15 de marzo y hasta el 30 de abril de cada año. Se puede inferir que el desarrollo del dinamismo parlamentario sería de cinco meses y medio pudiendo extenderse hasta media quincena más para el caso de cambio de régimen.

Respecto a esta reforma conviene verter los razonamientos siguientes: perseguía el propósito de conceder más tiempo al Poder Legislativo para avanzar en la discusión y análisis de las iniciativas o minutas turnadas en materia de proyectos como la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, esto para el primer periodo; sin embargo el segundo se redujo en un mes y medio. No había, entonces una propensión para amplificar los periodos de sesiones, que son imprescindibles para conseguir el ascenso, evolución y fortalecimiento del Poder Legislativo.

En el año 2004 se reforma el primer párrafo del artículo 65 para establecer que los periodos de sesiones comenzarían del 1º de septiembre y el 1º de febrero de cada año para el primero y segundo respectivamente quedando en semejantes condiciones su terminación, plasmada en el artículo 66, es decir el 15 o 31 de diciembre cuando hubiere cambio de poderes para el primer periodo y hasta el 30 de abril de cada año para el segundo. El avance fue sumamente importante pues se estatuye un tiempo de trabajo parlamentario de seis meses y medio y en caso de cambio del Titular del Poder Ejecutivo Federal hasta 7 meses.

Por último, la reciente reforma al artículo 65 constitucional establece que el Congreso se reunirá el 1º de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso se reunirá a partir del primero de agosto de cada año. De lo que se desprende que, cuando haya sucesión presidencial, el primer periodo de sesiones podrá durar hasta ocho meses u ocho meses y medio.

Legislación vigente

Los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establecen que

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 02-08-2004, 10-02-2014

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo reformado DOF 06-12-1977, 07-04-1986

Artículo 66.Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Párrafo reformado DOF 03-09-1993

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Artículo reformado DOF 07-04-1986

Como se puede apreciar las disposiciones precitadas establecen la fecha de inicio de los dos periodos de sesiones, así como la de terminación de los mismos. Sin embargo, conviene advertir que fuera de los plazos mencionados nuestra Carta Suprema prevé que en los recesos de las Cámaras sesionará la Comisión Permanente, pero en caso necesario o excepcional se podrá convocar a periodos extraordinarios de sesiones.

Al inicio de la argumentación de la presente expresión legislativa se indicó que el trabajo de los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, en conjunto con los partidos políticos y la policía son de las instituciones que más reproches, críticas y malas calificaciones reciben, pues han sido objeto de diatribas y descalificaciones por parte de los distintos sectores sociales quienes consideran que la corrupción es parte concomitante de la función.

En Nueva Alianza sostenemos la tesis de que el trabajo y los resultados dignifican a las personas y a las instituciones en cualquier condición que ocupe. Las legisladoras y los legisladores, no somos la excepción y para revertir la tendencia planteamos la presente iniciativa con proyecto de decreto para ampliar los periodos de sesiones. Se trata de un producto legislativo que de ser aprobado por esta soberanía generaría las siguientes ventajas:

a) Abatir el rezagoque presenta el trabajo legislativo;

b) Elevar la calidad de los documentos que se someten al pleno, tales como puntos de acuerdo, dictámenes, y minutas;

c) Concentrar mayor atención de las legisladoras y legisladores, pues se tendría más tiempo para el estudio y análisis de los asuntos con los que se encuentren vinculados, sean del interés del electorado;

d) Cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de los órganos de representación política, recobrando la credibilidad y confianza en las instituciones;

e) Las leyes se emitirán con toda oportunidad para atender las coyunturas sociales, económicas y las políticas públicas, entre otras cosas.

La composición del Congreso de la Unión es plural, las distintas corrientes de pensamiento permiten enriquecer el debate, pero al mismo tiempo en la práctica se presentan constantes desacuerdos que requieren tiempo para alcanzar consensos, este otro elemento obliga a repensar en la constancia y permanencia que deben tener los trabajos legislativos.

Esa es precisamente la intención de la propuesta legislativa que se plantea para que seamos un Poder Legislativo cercano, moderno, eficaz y responsable y con ello estrechar la relación con el ciudadano. Todos y cada uno de los órganos de las Cámaras tendrán que acatar la nueva dinámica funcional orientada a elevar la calidad para llegar a los resultados deseados mandando así un mensaje con imagen renovada que imponga respeto y autoridad.

Los grandes problemas nacionales así lo reclaman; mayor vinculación con la sociedad civil, un legislativo incluyente que escuche las distintas voces sin emitir prejuicios sobre las distintas formas de pensamiento.

En ese sentido la sociedad exige periodos de trabajo más amplios que los actuales, para dar pleno cumplimiento al mandato de la ciudadanía, superando los desacuerdos que se suscitan entre las fuerzas políticas con representación en esta Soberanía. Los debates son producto natural de las democracias modernas, lo que sugiere irremediablemente tiempo para su maduración y superación. Esas condiciones solo se logran mediante la persistencia y constancia de las labores parlamentarias.

Para mayor abundamiento del tema expuesto, basta revisar lo que sucede en otras latitudes para conocer la experiencia que aportan los parlamentos de otras naciones y percatarnos de que en su función demuestran eficacia, producto del constante desarrollo merced a los periodos largos de sesiones deliberativas que efectúan. El cuadro que a continuación se presenta nos permite contemplar, mediante un comparativo, que la propuesta legislativa es viable y que no sólo se trata de una ocurrencia o capricho:

Derecho comparado internacional sobre la duración de los periodos legislativos

Como se alcanza apreciar del cuadro precedente;

a) Llama la atención el caso particular de Paraguay cuyo Congreso desarrolla una actividad parlamentaria que rebasa los nueve meses;

b) 5 países sesionan durante nueve meses como son: Portugal, España, Francia, Argentina y Brasil;

c) Colombia sesiona durante 8 meses;

d) La duración total de los periodos de sesiones de Costa Rica es de 6 meses;

e) Los países que sesionan menos son México y Chile con 6 y medio y 4 meses respectivamente.

En cuanto al escenario local el cuadro que se presenta a continuación nos ayuda a generar más criterios en la materia:

Situación de los Congresos locales:

En la investigación en los Congresos Locales se descubrió lo siguiente:

1. Como se puede apreciar el Congreso de Michoacán sesiona todo el año, es decir del 15 de enero del año al 14 de enero del año próximo, según se desprende del artículo 31 de la Constitución del Estado;

2. Se observa y es digno de destacar que el Congreso del Estado de Baja California sesiona todo el año, dividiendo esa temporalidad en tres periodos de sesiones;

3. Por su parte el Congreso de Campeche sesiona dos vece por año que en conjunto suman 5 meses 20 días, con la posibilidad de prórroga por 15 días en cada uno de los periodos. Es decir eventualmente puede sesionar 6 meses 20 días.

4. Digno de reconocimiento es dable al Congreso de Durango, pues con la publicación el día diecinueve del mes de Agosto del año (2013) dos mil trece de su Nueva Constitución Política, se estableció en su artículo 76 que la apertura de sesiones será el 1º de septiembre de cada año y que además se sesionará de manera permanente. El cambio es notorio pues la antigua Constitución del Estado en su artículo 39 prescribía que “El Congreso iniciara sus sesiones, el 1° de septiembre posterior a la elección, sesionara ordinariamente del 1° de septiembre al 15 de diciembre y del 15 de marzo al 15 de junio de cada año”, es decir sus trabajos legislativos en conjunto sumaban 6 meses, por lo tanto es notable el cambio de modelo.

5. El Congreso del e stado de Hidalgo sesiona dos veces por año, que en conjunto suman 9 meses de trabajos legislativos. Es oportuno señalar que este artículo fue motivo de reforma, pues antes de la modificación de mérito establecía que habría dos periodos de sesiones “El primero se iniciará el primer día de abril y concluirá el último de junio. El segundo, comenzará el primero de octubre y termina el treinta y uno de diciembre”, en conjunto suman seis meses de sesiones, con la reforma se amplíanlos periodos de sesiones de 6 a 9 meses pues se adicionan los meses de septiembre, marzo y junio, de cada año.

6. El Congreso de Aguascalientes también sigue la tendencia de ampliar sus periodos de sesiones, pues antes de la reforma al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, establecía un tiempo de sesiones del orden de 4 meses, con la precitada reforma se amplía el periodo de sesiones a 7 meses y quince días;

7. Los Congresos de los Estados de Oaxaca y Tamaulipas sesionan 8 meses al año;

8. Lo Congresos de los Estados de Tabasco y Zacatecas sesionan 7 meses año.

9. Tres Estados sesionan durante 6 meses, estos son: (Puebla, Guanajuato, Veracruz). 10. el Congreso de Jalisco sesiona durante 5 meses al año.

De los dos cuadro expuestos se desprende que en el ámbito internacional Paraguay desarrolla una actividad parlamentaria que rebasa los nueve meses; Portugal, España, Francia, Argentina y Brasil sesionan durante nueve meses; Colombia sesiona durante 8 meses; Costa Rica sesiona 6 meses; y México y Chile son los que menos sesionan con 6 y medio y 4 meses respectivamente.

En tanto en el panorama nacional aparece que los Congresos de los Estados de Baja California, Durango y Michoacán, de conformidad con sus Constituciones Políticas sesionan todo el año, es decir de manera permanente. Para ello modificaron dichos ordenamientos jurídicos para establecer las ampliaciones de sus periodos de sesiones, lo que les hace motivo de reconocimiento. Les siguen en orden descendiente el Congreso de Hidalgo que sesiona 9 meses al año y los Congresos de los Estados de Oaxaca y Tamaulipas cada uno sesiona 8 meses por anualidad, Aguascalientes amplio su periodo de 5 meses a 7 meses 15 días; por su parte los Congresos de los Estados de Tabasco y Zacatecas sesionan 7 meses al año; tres Estados sesionan durante 6 meses, estos son: (Puebla, Guanajuato, Veracruz) y quizá el que aparece con menos tiempo de periodo de sesiones es el Congreso de Jalisco que sesiona durante 5 meses al año.

En este escenario los Congresos de los Estados de Baja California, Durango, Michoacán Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, presentan periodos legislativos con mayor amplitud que el Congreso de la Unión. En ese sentido si atendemos al número de población y extensión territorial, el Poder Legislativo Federal rebasa con mucho la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas, en consecuencia sin demeritar el trabajo de las demarcaciones citadas, el Congreso de la Unión debe ser el ente que debe llevar el ejemplo y no viceversa, en lugar de ocupar los nada decorosos lugares de la parte baja de los Congresos precitados, (situación que se reproduce tanto en el ámbito internacional y por supuesto en el nacional).

Como vemos la ampliación de los periodos de sesiones es inevitable, así lo exige la realidad y lo demanda la sociedad.

La reforma de 2004 fue la última que se aprobó para ampliar los periodos de sesiones legislativas, pues aumentó un mes y medio. Pero el tiempo nos ha dado la razón para poder colegir que resultó insuficiente, pues el rezago histórico que se presenta y que se hereda de una Legislatura a otra, es un obstáculo para presumir que se cumple con esa responsabilidad. Por ello debemos transitar y ampliar los tiempos legislativos de 6 meses y medio, a periodos que duren 8 meses quince días, es decir se suman tres meses de actividades parlamentarias.

La justificación de la presente propuesta legislativa no es menor si atendemos que con ello se lograría abatir con mucho el rezago legislativo; los asuntos se atenderán con mayor detenimiento para tomar determinaciones que abunden la certeza jurídica, cumpliremos con nuestra responsabilidad; y el compromiso adquirido con los electores, la sociedad cambiaria la percepción que tiene del Poder Legislativo, entre otras ventajas.

A manera de conclusiones se vierten las siguientes;

a) Mucho se ha insistido en la necesidad de ampliar las sesiones ordinarias, las voces de la sociedad, de académicos y de este seno legislativo así lo indican, pues la mayoría de ellas giran en torno a un incremento de los períodos de sesiones ordinarias, desde las que proponen un aumento de hasta 10 meses.

b) Las iniciativas presentadas al respecto en esta Soberanía, por las distintas bancadas parlamentarias en Legislaturas precedentes, así lo han argumentado para que haya un mayor lapso de la labor legislativa;

c) Hay quien ha planteado estatuir hasta un tercer período de sesiones, que tenga una temporalidad de dos meses. Los argumentos que se esgrimen son variados para alcanzar una ampliación en los períodos de sesiones ordinarias del Congreso Federal, pero uno de los más relevantes y contundentes o que recibe mayor peso es aquel que sustenta abatir el rezago legislativo.

d) El repaso que se expuso de la situación que guardan algunos de los Congresos Internacionales como nacionales, deben orientar nuestro criterio con la idea de mantener presente los periodos que aplican para sacar adelante sus tareas y responsabilidades;

e) No se omite puntualizar que si alargamos los tiempos legislativos propiciaría atender con mayor detenimiento la carga de trabajo, pero al mismo tiempo se analizarían con objetividad, desde las comisiones legislativas, las iniciativas, minutas, puntos de acuerdo o cualquier otro asunto natural de nuestra labor. Pues sólo basta reflexionar que el esquema que presentan los actuales periodos de sesiones ordinarias limitan al Congreso Federal y que eso se refleja y repercute necesariamente en la improductividad, insuficiencia y en a nula capacidad para enfrentar nuestra obligaciones y responsabilidades.

f) El trabajo que desarrollamos, en ambas Cámaras, las y los legisladores que integramos la LXIII Legislatura es trascendental, atento a las democracias modernas, sobre todo si consideramos que es cardinal considerar al legislativo como un contrapeso natural del Poder Ejecutivo, mismo que mantiene actividad prácticamente todo el año, mientras tanto, el legislativo federal sólo desarrolla trabajos ordinarios –en Pleno– durante seis meses y medio, o bien, siete meses, cada seis años cuando ocurre la transmisión del Ejecutivo Federal, por ultimo;

Nueva Alianza sostiene que la ampliación del tiempo disponible por el Congreso para realizar sesiones ordinarias, es un hecho impostergable, ese es el objeto de esta iniciativa que nos permitimos someter a la consideración de este Recinto Legislativo, porque estamos convencidos y sostenemos que en la actualidad el Congreso, no dispone del tiempo necesario para tratar y resolver, en sesiones ordinarias, los asuntos de su competencia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada (o) Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1 de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

...

Artículo 66.Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de del mismo año.

...

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 2 numeral 2; 4 numerales 1 y 2; 6 numeral 1; 7 numeral 1; 14 numeral 2; 16 numeral 2 y 17 numeral 6, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quedar como sigue:

Artículo 2.

1. ...

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de agosto al 31 de julio siguiente

Artículo 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de junio del mismo año.

3. ...

4. ...

Artículo 6o.

1. El 1º de agosto, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.

2....

Artículo 7o.

1. El primero de agosto, de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

Artículo 14.

1.

a) a d)

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de julio de ese año, a las 11 horas, con el objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1° de agosto.

Artículo 16.

1. ...

2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1° de del año que corresponda.

Artículo 17.

1. a 5.

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de julio del año de inicio de la Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de agosto.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 ADN Político.com agosto 2012. De conformidad con una encuesta realizada por la Agencia Gabinete de Comunicación Estratégica

2 INFORMADOR. MX 10 de enero de 2015. El informe incluye los resultados de 107 países y la participación de más de 114 mil personas. Puede hacerse la consulta correspondiente en el portal anticorrupción del Gobierno de la República y en el sitio web www.anticorrupción.gob.mx.

3 Periódico La Jornada, edición del lunes 25 de enero de 2016. Pág. 14.

4 Daniela Ávila Ruiz. Periódico El Sol de México, fecha 5 enero de 2016.

5 Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre de 1993.

6 Semblanza del tiempo de trabajo de los periodos legislativos desde 1917, 1 de septiembre al 31 de diciembre (4 meses). • 1986, 1 de noviembre al 31 de diciembre y del 15 de abril al 15 de julio (5 meses). • 1993, 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 15 de marzo al 30 de abril (5 meses).

7 Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2004.

8 Publicada el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

9 Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Articulo 67, ibídem.

11 Op .cit.

12 N. de E. Artículo transitorio para el artículo 38. P.O. 11 De agosto de 2003. Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. P.O. 19 de abril de 2004. Primero. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

13 Decreto 69 (reforma 28/08/2014) (reformado, p.o. 17 de marzo de 2003)

14 Para Miguel Carbonell “la duración del período ordinario de sesiones debería ser de entre 9 y 10 meses”. La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, serie Estudios Jurídicos, núm. 34, p. 110. 82

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza,Daniela De Los Santos Torres, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, LEY DE PUERTOS, LEY DE AEROPUERTOS Y LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfredo Del Mazo Maza, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Alfredo Del Mazo Maza:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la infraestructura representa uno de los mecanismos más relevantes para dotar de equilibrio el desarrollo de las regiones y sus localidades.

La infraestructura fomenta la competitividad y al contribuir a la disminución de los costos de operación, a la reducción de los tiempos de traslado y al facilitar el acceso a los mercados impulsa la productividad. Pero lo más importante es que la infraestructura amplia las oportunidades de acceso a más y mejores servicios públicos.

La infraestructura de transporte es la responsable de una mayor integración entre regiones y mercados. A través de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles permite hacer efectiva la reducción de costos de traslado y dar al país sentido de unidad, mediante el fortalecimiento de su conectividad. A través de ella lograremos impulsar el potencial logístico que tiene nuestro país.

Es así, que quienes integramos la Comisión de Infraestructura analizamos la iniciativa que envió a esta soberanía el titular del Poder Ejecutivo federal, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal, de Puertos, Aeropuertos y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Bajo un clima de diálogo, apertura y pluralidad, la Comisión de Infraestructura presenta ante esta honorable asamblea el presente dictamen.

Reconociendo que el día de hoy la participación de la inversión privada representa un espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo de la infraestructura, es necesario fortalecer el marco regulatorio convirtiéndolo en una herramienta que propicie su participación.

Un marco que genere las condiciones de eficiencia y certeza jurídica para invertir, que permita asegurar la viabilidad de los proyectos, y contribuya a fortalecer los ejes del Programa Nacional de Infraestructura y el cumplimiento de sus objetivos.

Es por ello, que en el presente dictamen se contempla la participación coordinada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda, para el otorgamiento y prórroga de concesiones, lo que permitirá fortalecer las finanzas públicas, hacer más eficiente el uso de los recursos y crear un mecanismo jurídico idóneo para el análisis de la rentabilidad económica.

Con la opinión de la Secretaría de Hacienda sobre la rentabilidad económica y el análisis financiero de los proyectos de concesión, se fortalecen los mecanismos de planeación, análisis y transparencia, disminuyendo la posibilidad de demoras y sobrecostos en su ejecución, así como el aprovechamiento eficaz y eficiente de los activos de nuestro país.

La presente iniciativa permite establecer bases claras para considerar, en los proyectos, los recursos destinados para la liberación del derecho de vía dentro de los costos totales del proyecto, esto permitirá evaluar de manera más clara las presiones de gasto y contar con estimaciones reales para la ejecución de las obras en tiempo y forma.

El dictamen propone homologar las diversas leyes, para registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todas aquellas concesiones que incluyan inversiones públicas y puedan ser contempladas en el Presupuesto de Egresos que aprobamos en esta Cámara.

Asimismo, se establece, con mayor claridad, las responsabilidades y procedimientos respecto a las contraprestaciones que deberán de cubrir los concesionarios en beneficio del Estado, con motivo del uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público.

Compañeras y compañeros, este dictamen lo que busca es fortalecer la planeación, el análisis y la evaluación del otorgamiento y la ampliación de concesiones, para que aprovechemos de manera más eficiente los recursos públicos y exista una mayor eficacia y eficiencia en el impulso a la infraestructura, con el apoyo del sector público y el sector privado.

Los invito a que podamos apoyar esta iniciativa de manera conjunta por el bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Del Mazo.

Saludamos la presencia de alumnos de derechoderecho de la universidad CUCS, campus Cuauhtémoc de la Ciudad de México, invitados por el diputado Enrique Zamora Morlet. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Y está a discusión, en lo general, el dictamen que ha sido presentado. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios al respecto, ya tenemos aquí integrada la lista y en consecuencia tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Amigas y amigos diputados, por supuesto que hoy se va a votar una iniciativa que nos va a permitir dar viabilidad a los proyectos en términos de concesión.

Aquellos que estrictamente vayan a dar a la inversión privada o aquellos también que tengan qué ver con las subvenciones que tiene que dar el gobierno federal en estos casos.

Agregar y adicionar diversas disposiciones de las leyes de caminos, puentes y autotransporte federal de puertos, de aeropuertos y reglamentario del servicio ferroviario, el día de hoy es un paso que para Encuentro Social como partido es determinante para la vida económica del país.

Se tiene que ver mucho, amigas y amigos diputados, que aquí lo que hoy no se establece en ley, con esta iniciativa hoy quedaría debidamente establecido que el derecho de vía que ha sido motivo para estancar muchas inversiones al día de hoy sea parte del proyecto de la obra de infraestructura que se pretenda concesionar, en su caso.

Es decir, muchos proyectos, los sabemos nosotros como representantes populares y sociedad, se quedan estancados porque el derecho de vía, la afectación a ésta no forma parte del proyecto, en este caso, de la infraestructura que se considere. Tampoco queda claro al día de hoy, y con esta iniciativa se establecen con certeza las contraprestaciones que debe dar el concesionario. Y, por supuesto, lo que tampoco existe al día de hoy es que el criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, prevalezca ante la corrida financiera.

Es decir, actualmente la opinión no es obligación de ley y a partir de ahora será de manera conjunta una consideración invariable que tomar para el análisis, por supuesto, para asegurar la viabilidad del proyecto y en el análisis de la rentabilidad económica.

Por ello, amigas y amigos, consideramos importante votar a favor de este dictamen sabiendo que un país que le apuesta a la infraestructura, llámese carreteras, llámese aeropuertos, llámese vías férreas, es un país que por supuesto está dando los elementos para detonar económicamente el desarrollo. Es determinante esta iniciativa y por eso, Encuentro Social va a favor. Muchas gracias. Muy amables.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por tres minutos.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Una de las prioridades legislativas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es mejorar las condiciones que contribuyan al crecimiento personal y el bienestar social de las mexicanas y los mexicanos.

Por ello, coincidimos con el propósito de crear e incentivar cadenas de valor que generen polos de desarrollo regional, más y mejores empleos y que contribuyan a fortalecer nuestro sector exportador, aspectos que necesariamente requieren de una infraestructura acorde a las mismas exigencias.

La infraestructura de un país, su extensión, calidad y condiciones con la que esta cuenta es uno de los factores fundamentales que hoy se vinculan con su desarrollo y crecimiento económico.

Cuando esta infraestructura se encuentra en las condiciones más satisfactorias, impacta de manera sustantiva en la ampliación de la capacidad productiva nacional y su competitividad. También se observa un efecto multiplicador en la generación de empleos y en la disminución de brechas regionales, lo que contribuye a la reducción de la pobreza.

Dado sus elevados costos, éste es un sector en el que fundamentalmente se observa la participación del Estado en su planeación, promoción y financiamiento, a lo que tenemos que añadir su gestión y su administración.

Sin embargo, las limitaciones e insuficiencia del gasto público para cubrir los requerimientos financieros en la infraestructura del país ha hecho que se busquen alternativas para cubrir nuestras necesidades. De este modo, desde hace pocas décadas nos insertamos en la tendencia global de los gobiernos, a fin de lograr mayor participación del sector privado en el desarrollo y la administración de proyectos de infraestructura.

Y si bien los resultados alcanzados merecen reconocimiento, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincide con nuestra colegisladora en la necesaria reforma a las leyes motivo de este dictamen. Reconocemos los afectos de dotar de certeza jurídica y económica los procesos que deriven de una concesión, ya sea en carreteras y autotransporte federal, puertos, ferrocarriles o en materia aeroportuaria. No obstante, acorde con los principios de Nueva Alianza al apoyar la aprobación de estas reformas, estamos convencidos que debemos mirar a un largo plazo.

Más allá de un gasto y finanzas públicas más sanas o una mejor coordinación entre dependencias del Ejecutivo federal, dotar de certeza jurídica y mejorar condiciones de procesos que llevarán a cabo concesiones en este país, impactará de manera significativa nuestra capacidad productiva y competitiva.

En el año de 2012, el Foro Económico Mundial nos ubica en el lugar 68 de 144 en el Índice de Competitividad en Infraestructura. De manera desagregada nos encontramos en el lugar 50 de infraestructura carretera, en el 60 en infraestructura ferroviaria y en 64 en lo que refiere a su capacidad portuaria y aeroportuaria.

En puertos alcanzamos el lugar 57, pero donde más mejoramos fue el rubro de infraestructura en transporte aéreo, al llegar en la posición 55. Esto gracias a un aumento en un 13 por ciento de pasajeros que transitaron por el país en el 2015, a las 250 nuevas rutas nacionales y a 180 internacionales concesionadas.

La inversión de más de 21 mil millones de pesos en infraestructura aérea fue un detonante de este crecimiento y de los cuales nueve mil 400 provinieron de capital privado.

Como nación México necesita infraestructura que reafirme su apertura comercial y vínculos con el mundo globalizado y que ante condiciones económicas actuales necesitamos concesiones que apuesten con el desarrollo de nuestro país.

Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de las reformas y adiciones a las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal; de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con la finalidad de detonar el crecimiento económico del país a través de la infraestructura pública nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Se informa a la asamblea que al concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios termina el plazo para presentar propuestas de modificación a este dictamen a discusión, por si las hubiere. Ahora tiene la palabra el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio:Con su venia, señor presidente. No obstante cada que se entrega una concesión, el pueblo tiembla; pero eso solo algunos, porque algunos solo se benefician.

Nos sumamos a las modificaciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, toda vez que las concesiones en materia de transporte tienen como propósito eficientar y acrecentar el desarrollo de la economía nacional.

Con las reformas que están por aprobarse se podrán comparar los ingresos susceptibles monetarios por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados con los costos generados por la realización de los proyectos que se pretendan.

Como una instancia especializada en evaluación de los proyectos de inversión, se encontrará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe resaltar que uno de los requisitos indispensables para que se obtenga el otorgamiento de la concesión o resolución de las prórrogas que se contemplan en las normas, será el registro de la cartera de programas y proyectos de inversión cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento.

Por otro lado, se establece que el concesionario tendrá que cubrir al gobierno federal las contraprestaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De esta manera podemos asegurar que al otorgar una concesión para la realización de proyectos de infraestructura de transporte que sean aprobados, se tendrá certeza jurídica de los mismos; beneficiarán desde el inicio a todos aquellos que participen tanto en la construcción, el funcionamiento y uso de los proyectos, permitiendo la creación de empleos en las regiones.

Consideramos que para el desarrollo económico y social de nuestro país, el transporte es considerado como uno de los aspectos más importantes, siendo el sector privado parte fundamental para la puesta en marcha de los proyectos que sean susceptibles de concesión.

Por los razonamientos antes expuestos, votaremos a favor en lo general, y presentaré una reserva en su momento. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sosa. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las universidades de Morena son una realidad, y muy pronto de resultados. Agradecer a la Secretaría de Educación, quien tiene conocimiento de estas, y digo esto para que los medios de comunicación investiguen antes de alguna publicación.

El dictamen que hoy se votará esta tarde nos convoca a reflexionar de manera crítica las políticas que este modelo neoliberal ha implantado en nuestro país. No sólo en la forma en que se han desarrollado las directrices económicas, que han convertido a México en uno de los países más desiguales del orbe, sino que las prácticas de corrupción, conflicto de interés y el manto de impunidad que cubre las acciones de estos gobiernos, se han convertido en el denominador común del quehacer político en todos los ámbitos de la vida pública, y este dictamen que emana de la Comisión de Infraestructura no es la excepción.

No a los recortes presupuestales, ya que éstos permiten la generación de empleo. Sí a la eliminación de las pensiones vitalicias. Sí al recorte de los altos salarios de los altos funcionarios, incluyéndonos nosotros. Sí a la transparencia y fiscalización del gasto público. Sí a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por no ser una obra prioritaria. Sí a la seguridad pública nacional. Sí a una atención de salud digna para las y los mexicanos. Sí a la educación de calidad, sólo votaremos a favor siempre y cuando desde este recinto tengamos la participación directa en la elaboración de este tipo de dictámenes. No más imposiciones.

Hablar de infraestructura, sin duda, es lo que le hace falta a este país. Hagámoslo con orden, porque quiero poner en este momento el tema relacionado Oaxaca y me refiero a los dos tramos carreteros que están en proceso de construcción. Hoy la concesionaria ICA se declara en banca rota, son ya casi 18 años que están en proceso de construcción, la carretera que va de Oaxaca al Istmo y la carretera que va de Oaxaca a la costa. No vamos a permitir que se sigan imponiendo empresas que lo único que hacen es beneficiar a unos cuantos, como el caso Videgaray o la Casa Blanca. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tello. Tiene el uso de la tribuna, para fijar postura a nombre del Partido Verde Ecologista, el diputado Edgar Spinoso Carrera hasta por tres minutos.

El diputado Edgar Spinoso Carrera:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor el presente dictamen porque estamos convencidos de que esta propuesta es un claro ejemplo de que el gobierno federal sabe el rumbo que se debe tomar para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Respaldamos las políticas públicas del señor presidente de la República. Por eso, la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal a esta Cámara de Diputados es de vital importancia.

En el entorno económico nacional pues a través de ella se busca la participación de capital privado en la ejecución de obras públicas con reglas claras, transparentes, de seguridad y certeza económica para quienes las ejecuten, estableciendo en las leyes que se están modificando la regulación y la rentabilidad económica integral de las obras concesionadas.

Pero también este dictamen le permite a nuestro país aprovechar la coyuntura económica internacional para generar riqueza, ya que ahora con las obras que sean concesionadas en temas como la construcción de caminos, la construcción de puentes, aeropuertos y ferroviarios tendrán que cumplir varios requisitos, entre los que me permito destacar.

Primero. Se busca que los proyectos sean registrados en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues de esta manera se dará certeza sobre la responsabilidad y el cumplimiento de las empresas para poder participar en la licitación de estas concesiones.

Segundo. Se establece que las contraprestaciones de las concesiones sean avaladas y aprobada por la Secretaría. Con esto se garantiza transparencia, se combate la corrupción y se da certeza del cumplimiento de las obras en beneficio de la población.

Tercero. Se tiene que analizar la rentabilidad integral de la obra. Esto permitirá que al emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión favorable al proyecto, esta validación no solamente sea de carácter económico sino también tenga beneficio social para la comunidad donde se construya.

Cuarto. La inclusión del costo de la liberación de los derechos de vía. Esta incorporación es sin duda la piedra angular sobre la viabilidad de las obras y su ejecución total.

Sin duda alguna con este dictamen estamos moviendo a México hacia el camino de la planeación eficaz y eficiente para los estados, municipios y sus comunidades, en donde la inversión de recurso público y privado generará empleos de calidad y se incorporará a la sociedad al pleno desarrollo del país.

Señores legisladores, el invertir en infraestructura es dar rumbo al país, el que todas y todos sepamos cuáles son las reglas de inversión deriva en la disminución de los riesgos que en muchas ocasiones desalientan a los empresarios a invertir en infraestructura.

Finalmente, no debemos satanizar las concesiones. México está en el rumbo de tener un sistema eficaz en el tema de transparencia y rendición de cuentas, de dar certeza sobre los procesos no sólo de adjudicación, sino también de culminación de las obras para que los beneficios sociales lleguen a toda la población, para que esta generación y las futuras tengan un mejor México. Esto, señores, es un ejemplo más de que si los actores político nos ponemos de acuerdo podremos lograr mejoras sustanciales para nuestro país.

En resumen, quiero señalar que con este dictamen estaremos dando la ayuda al Estado mexicano para cubrir las necesidades de los estados, de dotar de infraestructura a sus pobladores sin que esto implique un incremento de recursos públicos en proyectos o en la realización de nuevas obras.

Por todo ello, señores, compañeros diputados y diputadas, el Partido Verde Ecologista de México, su Grupo Parlamentario votará y respalda este presente dictamen. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Spinoso. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos:Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acudo a esta tribuna a fijar nuestra postura en pro del dictamen a discusión.

El dictamen de la Comisión de Infraestructura se pronuncia en sentido positivo respecto de la iniciativa de la ley presentada en septiembre pasado por el titular del Poder Ejecutivo federal, mediante la que se plantea adicionar un artículo a las siguientes cuatro leyes: Caminos, Puertos y Aeropuertos y Servicios Ferroviarios.

Con esta reforma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá contar con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el otorgamiento o prórroga de las concesiones en las áreas de caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá que elaborar una evaluación sobre la rentabilidad económica del proyecto, hacer el registro respectivo en la cartera de programas y proyectos de inversión e incluir las contraprestaciones del concesionario hacia el gobierno federal.

A nuestro parecer, las medidas que habremos de aprobar son adecuadas, porque fortalecen el control sobre los proyectos de infraestructura de comunicaciones y transportes, que son de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país. No obstante, existe un par de señalamientos que expongo en este pleno.

En primer lugar, quiero hacer notar que con estas modificaciones se da continuidad a la tendencia observada desde inicios de la actual administración de incrementar el ya de por sí vasto cúmulo de facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tan solo en esta legislatura se ha aprobado que dicha Secretaría se haga cargo de los destinos, remanentes de operación del Banco de México y ahora también dará el visto bueno para las concesiones del sector de Comunicaciones y Transportes.

En segundo lugar, quiero manifestar, y es un tema que nuestro partido hemos discutido y hemos pugnado para que así sea, que tenemos una preocupación sobre la poca inversión pública y la tendencia a reducirla todavía más, principalmente en vista de que la inversión privada no ha sido un bue sustituto.

Hasta inicio de los ochenta la inversión pública rebasaba los 10 puntos de nuestro producto interno bruto, desde ese entonces y hasta ahora dicha inversión apenas alcanza un promedio de 4 puntos del PIB. Para 2015 y 2016 la situación es todavía peor.

Acorde con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y de deuda pública de 2015, en dicho año los ingresos presupuestales fueron superiores en 242 mil millones de pesos respecto a lo previsto. Sin embargo, en el cierre del ejercicio fiscal se redujo 70 mil millones de pesos a este rubro.

El anuncio hecho ayer con relación al ajuste preventivo en el gasto de 2016, resulta preocupante en términos de inversión pública, pues de los 32 mil millones de pesos en que se reducirá el gasto de la administración pública federal, 40 por ciento de ellos, equivalente a 12 mil millones de pesos, que corresponden precisamente al gasto de inversión. Ese es uno de los temas que al Partido de la Revolución Democrática nos ha preocupado.

Estamos convencidos en el PRD de que México requiere de inversión pública que impulse la demanda agregada y el crecimiento económico de nuestro país. No vamos por buen camino y la reducción de inversión pública no es una buena noticia, compañeros. Es cuanto, querido presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Barrientos. Tiene ahora la palabra el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, una de las características más relevantes del dictamen en discusión, es que precisamente establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión técnica justificativa, que nos dé la información económica financiera de la viabilidad de este proyecto, de tal manera que el otorgamiento de cualquier concesión o prórroga de la misma nos den la certeza de la rentabilidad del mismo proyecto.

En la comisión dictaminadora concluimos que con esta medida no se le resta autoridad ni se le quitan atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ser la dependencia responsable que regula el sector caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión técnica complementa y da solidez a los proyectos que involucran a los particulares en el momento en el que el Estado no puede desarrollar los mismos. Esto nos da la certeza que México debe seguir adelante con o sin las condiciones, pero siempre revisando, como la autoridad rectora, para que este tema sigua siendo especializado del país.

No debemos de perder de vista que la figura de concesión permite, a través de los particulares, esa construcción, la operación, explotación, conservación, mantenimiento de las vías de comunicación cuando el Estado no esté en condiciones de desarrollarlo.

El Estado tiene la obligación de proteger la seguridad, la soberanía de la nación y otorgar concesiones o permisos, a fin de mantener el dominio, el dominio respectivo de las comunicaciones de acuerdo a las leyes que la establecen y la regulan.

Actualmente resulta imprescindible que en el momento de otorgar una concesión o una prórroga se tenga la certeza de que los proyectos son viables, que perdurarán en el tiempo, que se garantice su eficacia y sobre todo, que beneficie a todas y todos los ciudadanos de México.

Hoy la sociedad ya no quiere más rescates carreteros, como en el pasado, donde los mexicanos tuvimos que afrontar las malas decisiones que se tomaron y que fueron irresponsables en su momento.

Ante este escenario vemos factible que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación de la rentabilidad económica y la documentación e información que se utilizó para dicha evaluación como requisito para que se otorgue una concesión o una prórroga de la misma, según sea el caso.

En Acción Nacional pretendemos que los tiempos de los trámites gubernamentales no sean un obstáculo para el desarrollo de dichos proyectos tan importantes de todos los rincones del país para llevar estos proyectos carreteros, por lo que los 30 días que se establecen en la ley en comento sean suficientes para que la Secretaría de Hacienda, a través de la dependencia del registro de inversión, en su caso, de no dar la respuesta en esos 30 días se tomará como emitida en forma positiva, de tal manera que en 30días ya se da la autorización de dicho proyecto y vamos a continuar. Que no duerma el sueño de los justos durante muchísimo tiempo y que estos proyectos tan necesarios para desarrollar el país se queden guardados ahí, en esa área de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda. Es una medida que nosotros consideramos en la comisión de una alta rentabilidad.

De igual forma, vemos factible que los recursos que se destinen para liberar los derechos de vía también sean contemplados en el proyecto del costo total de dicho proyecto, ya que muchas veces se le destina a un producto y se dificulta y se atora porque no hay el recurso ni la ley establece de dónde va a salir el costo de los de vía.

En esta ocasión ahí sí están contemplados. Esa es otra de las ventajas y de las generosidades de esta iniciativa. Por ello, en Acción Nacional vamos a votar a favor del dictamen. Lo hacemos porque estamos convencidos de que estas reformas favorecen y mejoran los procedimientos de evaluación al momento de emitir una concesión o prórroga de las mismas, de las propias carreteras, de los aeropuertos, de los ferrocarriles.

Tenemos que ofrecer reformas en materia de comunicaciones y transportes como la rentabilidad económica, que es una de sus ventajas, la liberación del derecho de vía, el registro carretero en forma expedita y, por supuesto, las contraprestaciones en beneficio del erario del Estado, de la hacienda federal no tributarias. En este sentido, diputadas y diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Xitlalic Ceja García:Traje porra, presidente. Con su venia, diputado presidente. Quiero poner en contexto la importancia del tema y los alcances de esta iniciativa enviada por nuestro presidente de la República.

Con esta iniciativa se pretende garantizar el desarrollo eficiente de los proyectos de infraestructura, evitando cambios, retrasos y sobrecostos, ya que dichos proyectos deben representar un factor de cambio, un factor de desarrollo y no un peso para el gasto público.

La participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura representa un espacio de oportunidad para impulsar la conectividad de nuestro país, ofrecer certeza económica para quienes eligen invertir en concesiones del Estado.

Invertirle al sector de comunicaciones y transportes tiene un impacto directo en el crecimiento de la economía de nuestro país. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI, siempre impulsará medidas y apoyará propuestas que motiven y promuevan el desarrollo de México.

Esta coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará, sin lugar a dudas, los mecanismos que proporcionen seguridad jurídica a las autoridades y a los particulares involucrados, pues con la evaluación de la rentabilidad económica que realice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la opinión financiera, producto de un análisis especializado que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reducirán los riesgos de pérdidas económicas, tanto para las empresas como para el Estado, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos, mismos que verán reflejados en una mejor infraestructura y un mejor servicio para los mexicanos.

Con la inclusión de la liberación del derecho de vía dentro de los costos totales del proyecto, se evitarán retrasos en las obras, ya que la dificultad de adquirir los terrenos para liberar el derecho de vía implique en ocasiones la modificación de los trazos, provocando de manera considerable un mayor gasto en el proyecto y esto definitivamente deja de ser rentable para la empresa y para el Estado.

Otra de las virtudes de esta iniciativa es que considera un tiempo límite de 30 días naturales, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión favorable, de no hacerlo se aplicará la afirmativa ficta y con esto se evitará el retraso en el proceso de autorización de una concesión, o bien en su caso sea de una prórroga.

Cabe mencionar, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propondrá las contraprestaciones que deberán cubrir los concesionarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará dicho monto con motivo del uso, aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público. Esto generará ingresos adicionales de carácter no tributarios para la federación por concepto de aprovechamientos.

Esta iniciativa abona al desarrollo económico de nuestro país, pues brinda comunicación permanente entre los centros de población, facilita el acceso a los servicios públicos como la educación, la salud, energía, agua potable, entre otros. Así mismo genera mayores oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, yo los invito a que aprobemos este dictamen, que genera certidumbre, derrama económica y que nos conecta y nos mueve hacia un rumbo de progreso, pues con ella estarán estableciéndose las bases necesarias que fortalecerán de manera ordenada la inversión en materia de infraestructura del transporte generando fuentes de empleo, mejores oportunidades y crecimiento para nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ceja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.

El artículo 1o, referido a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 6o. El artículo 2o. de la Ley de Puertos en su artículo 23 Bis, también el artículo 3o. de la Ley de Aeropuertos, el artículo 10 Bis, así como el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo 8 Bis. Todos ellos por el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Una vez más pregunto: si falta algún diputado o diputada de emitir su voto, por favor. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 402 votos, 0 abstenciones y en contra 33 votos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que por allá llegó barriéndose a la curul. Manifieste de viva voz. Sonido en la curul del diputado, por favor, diga su nombre para que se registre y el sentido de su voto.

El diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces fueron 403.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Exacto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 403 votos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 1o de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 6o. Bis; al artículo segundo del decreto, referido a la Ley de Puertos, en su artículo 23 Bis; al artículo tercero del decreto, referido a la Ley de Aeropuertos, en el artículo 10 Bis; y también al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del dictamen, en el 8 Bis. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio:Con su venia, señor presidente. Garantizar la viabilidad de las concesiones de los proyectos más importantes en materia de infraestructura y el promover la responsabilidad entre las instituciones involucradas debe ser el objetivo principal de esta reforma.

Debemos transparentar los trámites concernientes a las concesiones que lleve a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promover el acceso a la información de sus acciones y del uso de sus recursos. Para esto, las concesiones no solo deben ser analizadas y aprobadas por las instituciones del Poder Ejecutivo, sino que también se pueda contar con la opinión derivada del análisis del Poder Legislativo federal; que permita que el Poder Legislativo, que es la representación nacional, no sea solo membrete, sino contrapeso de las decisiones del Ejecutivo.

Por lo anterior someto a consideración de esta honorable asamblea la presente reserva que adiciona el párrafo cuarto en cada uno de los artículos reformados de las leyes incluidas en el dictamen, quedando de la siguiente forma:

La Secretaría deberá remitir a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que dicha Cámara emita su opinión al respecto.

Esperamos la sensibilidad mostrada por el presidente de la comisión para que sea ingresada. Esta es mi propuesta, ustedes toman la decisión. Es cuanto, señor presidente.

«Reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Único.Se adiciona el párrafo IV en los artículos 6o.. Bis, 23 Bis, 10 Bis, y 8o.. Bis, de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Quedando de la siguiente forma:

Texto del dictamen

Ley de Caminos y Autotransporte Federal

Artículo 6o..Bis...

I...

II...

III...

Ley de Puertos

Artículo 23 Bis...

I...

II...

III...

Ley de Aeropuertos

Artículo 10 Bis...

I...

II...

III...

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Artículo 8o. Bis...

I...

II...

III...

Texto propuesto

Ley de Caminos y Autotransporte Federal

Artículo 6o. Bis...

I...

II...

III...

IV. La secretaria deberá remitir a la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin que dicha Cámara emita su opinión al respecto.

Ley de Puertos

Artículo 23 Bis...

I...

II...

III...

IV. La secretaria deberá remitir a la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin que dicha Cámara emita su opinión al respecto.

Ley de Aeropuertos

Artículo 10 Bis...

I...

II...

III...

IV. La secretaria deberá remitir a la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin que dicha Cámara emita su opinión al respecto.

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Artículo 8o. Bis...

I...

II...

III...

IV. La secretaria deberá remitir a la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin que dicha Cámara emita su opinión al respecto.

México, DF, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sosa. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas y propuestas de modificación presentadas por el diputado Sosa.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Habiendo sido las únicas reservas como dimos cuenta en su momento, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 6o Bis; del artículo Primero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; del artículo 23 Bis, del artículo Segundo de la Ley de Puertos; del artículo 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, y del artículo 8 Bis de la Ley Reglamento del Servicio Ferroviario, en términos del dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por el presidente, en términos del dictamen.

(Votación)

Adelante, diputado, se encuentra abierto el sistema electrónico. Se pregunta si existe alguna diputada o diputado en el pleno que falte de emitir su voto. El sistema electrónico se encuentra abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y está a punto de cerrarse. Ya no se mueve. A ver, allá está todavía votando un remiso.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 370 votos en pro, 56 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 370 votos.

En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, a ver, sonido en la curul de la diputada Blanca Cuata, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Señor presidente, para solicitar que en los recortes anunciados no se afecte el presupuesto aprobado en los rubros de educación e investigación, ya que se pretende recortar a la SEP más de 3 mil millones de pesos y al Conacyt 900 millones.

No podemos escatimar en educación, cuando se pagan aviones para que el titular y sus funcionarios viajen a gran lujo...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputada, con todo respeto, diputada Cuata.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ... asimismo, los ajustes se deberían poner a consideración de esta soberanía, como se hace con el PEF...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. Con todo respeto, pero no estamos en el punto, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ... ya que vemos que cortan a rajatabla sin priorizar, lo que denota que no existe una planeación por parte del gobierno federal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Búsquese en todo caso incorporar en el orden del día de una siguiente reunión, si el asunto en lo específico se desea discutir. Bien.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

COMPROMISOS INTERNACIONALES CON LA CIDH, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL ESTADO MEXICANO EN EL CASO DEL ATAQUE A LOS NORMALISTAS DE LA ESCUELA RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS” DE AYOTZINAPA, EN IGUALA, GUERRERO ACAECIDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de proposiciones que el pleno considere de urgente resolución. Los dos primeros de ellos, enunciados al principio en el orden del día, fueron retirados y en consecuencia pasaríamos al tercero.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Araceli Damián González, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los compromisos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Suscrito también el punto por el diputado Roberto Guzmán Jacobo, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, señor presidente. El día de hoy Morena presenta este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con el objeto de hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, instruya al secretario de la Defensa Nacional para que atienda los compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, particularmente los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, entreviste a los miembros del Ejército que, de acuerdo con sus investigaciones, considere puedan aportar información relacionada con la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Solicitamos que permita la entrevista de todos aquellos elementos que por razones de su cargo hubiesen tenido conocimiento previo o posterior, o hubieren estado presentes durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este esfuerzo está animado por una legítima preocupación por el curso que está tomando la investigación.

Es por todos sabido que durante la reunión de trabajo del 3 de febrero, de la comisión especial de esta Cámara de Diputados para el caso Ayotzinapa, convocado para acordar el formato a proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar una entrevista entre los elementos del Ejército con las y los diputados miembros de la comisión, la posibilidad de realizar fue desechada al someterla a votación a iniciativa del representante del Partido Verde.

Esta abrupta marcha atrás fue avalada por los partidos del PRI, Nueva Alianza y Encuentro Social a sabiendas de la importancia que tiene para la investigación que los militares aporten información para esclarecer el asesinato de seis personas, tres de ellas estudiantes, y de otros 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero.

La defensa de la razón de los padres no es una bandera partidista ni debe serlo, es una exigencia social y una obligación del Estado mexicano que nosotros cumpliremos y respetaremos porque estamos convencidos de que es el mejor camino para recuperar la confianza en las instituciones y abonar a la cohesión social.

Estaremos atentos de la respuesta del titular del Poder Ejecutivo a nuestro exhorto que hacemos, y les decimos a los militares que es muy importante que sean solidarios en la búsqueda de la justicia y la verdad, y la reparación de los daños a padres, familiares y colegas de los estudiantes de la Normal Ayotzinapa. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sedena a fin de que cumpla los compromisos internacionales con la CIDH para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, acaecido el 26 de septiembre de 2014, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, en nuestra calidad de diputados federalesde la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el 12 de noviembre de 2014, se firmó el “Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las Medidas Cautelares MC/409/14 y en el Marco de las Facultades de Monitoreo que la CIDH Ejerce Sobre la Situación de los Derechos Humanos en le Región”, entre el Estado Mexicano, los representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este “Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional” en su punto 6, a la letra dice:

“6. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.

6.1 Analizar si en la investigación se está agotando correctamente todas las líneas de investigación particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los ilícitos y de la responsabilidad penal.

6.2 De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales,recomendar que acciones deben implementarse para garantizar que la investigación agote cabalmente y en los distintos niveles de responsabilidad las líneas de investigación.

6.3 El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estará facultado para actuar comocoadyuvante en las investigaciones, así como presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes, de conformidad con la normatividad mexicana vigente.”

Segundo. Que el 6 de septiembre de 2015 el Grupo Internacional de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó informe sobre el caso Ayotzinapa en el cual en sus recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda señalaba en su punto 3:

“3. Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes.

Agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por le GIEIy que aún no se han realizado...”

Asimismo, el punto número 8 refiere:

“8. Determinar otras responsabilidades.

Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger a los ciudadanos.”

Tercero. Que entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita In Loco a México, en la cual observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

Durante esta visita In Loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en torno al caso Ayotzinapa y señalo:

“La Comisión respalda el trabajo realizado por el GIEI hasta la fecha en todos sus aspectos y acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la Comisión Interamericana urge al Estado mexicano a tener en cuenta el informe presentado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015 a fin de reorientar el curso de la investigación para esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Específicamente, con base en el informe del GIEI, la Procuraduría General de la República debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC); designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal especial a cargo de la investigación; renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso, quienes deben ser seleccionados respetando los principios de imparcialidad, autonomía e independencia a través de procesos transparentes; y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del informe del GIEI, las cuales se distancian de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento. Finalmente, la CIDH urge al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal y como lo ha solicitado dicho Grupo.”

Que el 19 de octubre de 2015 el Estado Mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron un acuerdo para dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa, mismos que fue dado a conocer durante la audiencia pública del 20 de octubre de 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. en los Estados Unidos de América, y que en sus puntos 4 y 5 a la letra señalan:

“Acuerdo entre el GIEI y el Estado mexicano

A partir de la publicación del Informe Ayotzinapa el 6 de septiembre de 2015, el GIEI propone al Estado los siguientes acuerdos que considera básicos para llevar a cabo su mandato:

4. Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.

5. A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo:

a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas,

b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas,

c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.”

El acuerdo fue firmado de parte del Estado mexicano por: Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

De parte del Grupo Internacional de Expertos Independientes fue suscrito por: Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristaín.

Cuarto. Sin embargo hasta el momento ha existido una franca oposición de la Secretaría de Defensa Nacional para permitir que el Grupo Internacional de Expertos Independientes se entreviste con los militares del 27 batallón de infantería apostado en Iguala, Guerrero, y que se encontraban en el lugar de los hechos, particularmente con quienes acudieron en una patrulla de reconocimiento hacia el hospital “Cristina” y tuvieron contacto con los estudiantes atacados, con los miembros de inteligencia militar que presenciaron los ataques y con el personal del ejército adscrito en el C4, quienes vigilaron la trayectoria de los estudiantes normalistas desde el momento en que estos salieron de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Esta negativa no permite avanzar en los trabajos de la Comisión Internacional de Expertos Independientes toda vez que con ello se incumple lo establecido en el punto 5 inciso b del acuerdo para dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa que establece“la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes” y “el papel de coadyuvancia en alguna de ellas”. Esta negativa pone en riesgo la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos, se haga justicia y se garantice la reparación integral a las víctimas.

Quinto. Es necesario precisar que el convenio firmado por el Estado Mexicano y el Grupo de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para “dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa” es un acuerdo del Estado Mexicano, del cual las fuerzas armadas forman parte, y en ese sentido los compromisos que ha suscrito el Estado Mexicano a través del Ejecutivo mandatan a que el Ejército los cumpla conforme a los como principios democráticos que rigen nuestra nación. En este orden de ideas, las fuerzas armadas, al igual que todas las autoridades del país, están obligadas a cumplir con lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución que señala:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción VI, establece las facultades del Presidente de la República en relación al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, lo siguiente:

“Artículo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

VI.Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.”

Lo anterior está reglamentado por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en lo referido al mando supremo que ostenta el presidente de la República sobre la totalidad de las fuerzas armadas, y que en elcapítulo segundo en los artículos 11 y 13 del mencionado ordenamiento refiere:

“Capitulo IIMando Supremo

Artículo 11. El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 13.El Presidente de la República dispondrá del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 89 Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con lo cual puede observarse que es la autoridad civil quien ejerce el mando sobre los elementos castrenses, quienes en un régimen democrático de derecho, se encuentran supeditados a la supremacía de la Constitución y las Leyes que de ella emanan, por lo que debe considerarse que es el Ejecutivo federal quienejerce en todo momento el mando supremo sobre aquellas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas instruya al Secretario de la Defensa Nacional cumpla con los compromisos internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica al Estado Mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, acaecido el 26 de septiembre de 2014 y en consecuencia permita al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) se entrevisten libremente y sin interferencias con los miembros del Ejercito Mexicano que consideren puedan tener información relacionada al caso y por razones de su encargo hubiesen tenido conocimiento previo, durante o después de los ataques o hubieren estado presentes durante los mismos en cualquier circunstancia.

Notas:

1 Acuerdo de asistencia técnica con México

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwiMgbLlldvKAhUCuoMKHeZdDrIQFggeMAA &url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fe%2Fcidh%2Fmandato%2Fdocs%2F Acuerdo-Addendum-MexicoCIDH.pdf &usg=AFQjCNG7E3leBVIVi9G9MlZCsqUni-JcUg

2 Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Resumen. Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) pág. 27. https://drive.google.com/open?id=0B1ChdondilaHeURxcXRMQ TNiUHM

3 Ídem pág. 28

4 Observaciones preliminares de la visita In Loco de la CIDH en México.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwi829zA19zKAhVJ42MKHTyJDGwQFggdMAA &url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2F comunicados%2F2015%2F112A.asp&usg=AFQjCNGylhaftqFHPPAhPew88iRUDROnAA

5 Firman Estado mexicano y GIEI compromisos para dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa.

6 Párrafo adicionado, Diario Oficial de la Federación 10 de junio de 2011.

7 Fracción reformada, Diario Oficial de la Federación 5 de abril de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de febrero de 2016.— Diputados: Araceli Damián González (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, no se considera de urgente resolución. Túrnese la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos.

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DEL CONSTITUYENTE DE 1856

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la instalación del Constituyente de 1857, y para referirse al tema ya tenemos una lista integrada de los respectivos grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Si puede en menos, se agradecerá.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, en la vida del hombre y las naciones el pasado debe estar presente todos los días para guiar las decisiones cotidianas.

Un 17 de febrero de 1856, hace ya 160 años, se inauguraron solemnemente en la Ciudad de México las sesiones del Constituyente de 57, que tenían como encomienda crear una Constitución y sus respectivas leyes orgánicas. El Constituyente cumplió en tiempo y forma con su mandato. Así, el 5 de febrero de 1857 fue sancionada y jurada por el Congreso Extraordinario Constituyente.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el presidente Comonfort el 11 de marzo del mismo año, aquel Constituyente de 57 estaba integrado por connotados juristas e intelectuales.

Se trataba de los mejores hombres de México, se encontraban entusiasmados con las nuevas ideas liberales, por lo que decidieron comprometerse con la tarea de transformar políticamente esta nación mexicana para transformarla de un régimen monárquico absoluto en una república moderna, organizada bajo principios democráticos y modernos; gracias a lo cual el Constituyente de 57 se encargó de crear el documento político jurídico más avanzado e importante del siglo XIX de nuestro país.

El Constituyente trabajó en una serie de ejes rectores que tenían como fin trazar un nuevo sistema político para nuestro país, entre los cuales se destaca un sistema federal como forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la división de los Poderes y la enseñanza laica.

Los redactores de la Carta Magna de 57 sentaron las bases para convertir a nuestro país en una nación moderna.

El Constituyente creó las bases democráticas de las cuales hoy gozamos, así se encargó de garantizar el sufragio universal, las libertades de expresión, de asamblea, de imprenta y de enseñanza, la tolerancia del culto, la eliminación de la pena privativa por deudas de carácter civil, así como la desaparición de privilegios a militares y eclesiásticos y la prohibición para usar títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios.

El juicio de amparo es otra de sus grandes aportaciones, gracias a lo cual se dotó a la sociedad de garantía procesal moderna y novedosa, que tiene plena vigencia hasta nuestros días como garante del estado de derecho.

En este día, las y los diputados de Encuentro Social, nos permitimos conmemorar la labor realizada por la Asamblea Constituyente de 1857. Hacemos votos para que el Constituyente, que se habrá de integrar para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, trabaje comprometidamente en la elaboración de una Constitución que mire por el bien de todos los habitantes de esta ciudad. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Tiene ahora la palabra, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Liberal, progresista, moderna, republicana. Así es el texto de la Constitución de 1857 que hoy con orgullo recordamos y cuyos principios fueron la pauta para un México libre.

Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, hace 160 años, un 18 de febrero se instaló el Congreso Constituyente, que a la postre aprobaría la Constitución de 1857. Me honra enormemente referirme a dicho acontecimiento que marcó la vida de nuestra nación.

El artículo 1o. de dicho instrumento jurídico aún sorprende por su vigencia y claridad. Muy adelantada a su tiempo, establece de manera contundente: El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declaran que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

El Congreso Constituyente, emanado de la Revolución de Ayutla, estaba integrado por una generación de hombres que sentían la necesidad de dar identidad a un país naciente que ansiaba terminar con su pasado colonial.

Anhelaban construir instituciones modernas, representadas en un sistema republicano y democrático en donde la libertad y el derecho al a propiedad, al trabajo y a la empresa se convirtieran en la senda hacia el progreso. En la República todos nacen libres. La enseñanza es libre, todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto.

La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Todos estos principios y muchos más consagrada la Constitución de 1857. Las palabras usadas carecen de ornamentos, grandilocuencia o frases banales. Sus enunciados son precisos, de una contundencia y luminosidad que opacan las formas y métodos que hoy adornan los encabezados de los diarios, derivados de los discursos políticos.

En Nueva Alianza reconocemos la grandeza de los hombres que plasmaron sus anhelos de libertad en ese texto. Esos mexicanos que no tenían más motivo que el amor por su país, y por eso hoy debemos volver nuestra mirada hacia esos hombres ejemplares no solo por sus vidas, sino por sus acciones.

Cuánto le debemos a esos mexicanos que no se conformaron con la opresión, que se atrevieron a soñar con un México libre, con un México grande, ufano y orgulloso de su pasado, pero con la certeza de que estaban llamados a un futuro de esplendor.

En Nueva Alianza somos defensores de esa enseñanza libre a la que se refiere el artículo 3o. de la Constitución de 1857. Somos promotores de ese pensamiento autónomo y llamado a la grandeza.

La cimiente de las libertades, de las que hoy gozamos, se sembró hace más de 160 años. Honrar las palabras que fueron impresas en la Constitución de 1857, nos corresponde a todos, no sólo a la clase política, a toda la sociedad mexicana. El patriotismo que caracterizaba a los integrantes del Congreso constituyente de 1857, parece ser una cualidad en extinción.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que nos corresponde a todos rescatar este patriotismo, imbuir a nuestras hijas e hijos, de ese amor por México; es un elemento esencial para restaurar el tejido social de nuestro país. Como siempre, la educación es el camino.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a volver a leer ese texto que en 1857 nos dio fundamento, pero sobre todo a observar el proceso político en turno al constituyente del 57.

Más aún en la actualidad estamos discutiendo la formación de un Congreso constituyente para la ciudad de México. La pluralidad, la inclusión y deliberación democrática, deben de ser principios rectores de esa etapa histórica de la que formaremos parte.

Regresar a sus palabras y principios es una experiencia necesaria para recordar lo que soñaron nuestros próceres, pero sobre todo, para darnos cuenta de que las prerrogativas de las que hoy gozamos, son el futuro y el fruto de nuestra vida, pero sobre todo, son obra de grandes mexicanos.

Hoy más que nunca los retos de México son nuestro impulso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul). Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Si, diputado Álvarez. Sonido en la curul del diputado Álvarez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Una referencia al discurso que se acaba de pronunciar, que es un gran discurso...

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Diputado, con todo respeto, no está a discusión el...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): No, no, es a discusión. Mire, la mejor manera de honrar al Estado laico que esos grandes hombres...

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Disculpe, diputado, pero...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): ...imaginaron, sería no siendo oportunistas como la inmensa mayoría de la clase política de este país lo ha sido en los últimos días...

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Diputado, su grupo parlamentario es el que sigue...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): ...esa sería la mejor manera de honrar el Estado laico.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: ...en el orden. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, diputada presidenta. Recordar el aniversario de instalación del Congreso Constituyente de 1856, y que daría como resultado la Constitución de 1857, es conmemorar una fecha trascendental para la vida democrática y política de nuestro país.

En el Congreso Constituyente se suscitaron amplias y profundas discusiones sobre el rumbo que debería seguir México, y quienes participaron ahí, como por ejemplo, Valentín Gómez Farías, Ignacio L. Vallarta, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, se distinguieron por su conocimiento de la realidad de México y, sobre todo, por una voluntad y un profundo compromiso para transformarla.

Esta voluntad por transformar la complicada situación que vivía en aquél momento México, dio como resultado una constitución que planteaba, entre muchas cosas, la separación de los poderes para generar pesos y contrapesos, la libertad de conciencia, el sistema federal y la separación de la Iglesia y del estado tomando como base ideológica, las Leyes de Reforma.

Hablar de la Constitución de 1857, es hablar de la matriz de la democracia constitucional mexicana. Es hablar de ideales como libertad e igualdad, de ideales que pueden y deben regir la forma en cómo vivimos y cómo nos organizamos como sociedad.

Es hablar de la base que estableció los principios de nuestra Carta Magna que hoy está vigente y que fue la primera Constitución en el mundo en establecer los derechos sociales.

Es de vital importancia mencionar que el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857, llevaron consigo el espíritu republicano basándose en la austeridad, en la honestidad y en el compromiso con la libertad que serviría como el único vehículo para llevar al progreso a nuestro país.

Honrar esta fecha es entender que quienes participaron en el Constituyente de 1856 y que hoy tenemos sus nombres en los muros de este recinto, hicieron un profundo diagnóstico de la situación que vivía México y entendieron lo que realmente necesitaba para sacarlo del retraso y también proyectarlo bajo los ideales republicanos.

Estos hombres ilustres sentaron las bases del pensamiento republicano, que hoy deben ser entendidos como un legado, y este es el legado que deberíamos estar honrando. Deberíamos combatir los vicios como la corrupción, el despilfarro, el autoritarismo, la represión, la incapacidad para reducir la desigualdad, la falta de respeto del Estado laico desde los más altos niveles, todos esos vicios que tienen secuestrada la vida pública de nuestro país.

Conmemorar el Congreso Constituyente de 1856 y a la Constitución de 1857 es entender que ante esta realidad sí se puede hacer una política distinta; es entender que solo del lado de la gente sensible con su realidad, y sensible, y diagnosticando perfectamente lo que vive nuestro país podemos poner a México en la dirección correcta. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Delgadillo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidenta. Mucho se ha criticado a las escuelas que patrocina Morena, sin embargo, informo, ante la falta de oportunidades en la educación superior por la ineficiencia gubernamental para ampliar la matrícula de este tipo de instituciones estas escuelas son la única opción para el pueblo mexicano.

Su régimen, aun siendo privado, imparte educación gratuita siendo las únicas en todo el país de este tipo. La plantilla de profesores es de reconocido prestigio, lo que garantiza el nivel académico de los alumnos. Son ejemplo que los ingresos de los diputados pueden ser destinados a mejorar las condiciones sociales de los jóvenes.

Compañeras y compañeros, hoy conmemoramos la instalación del Constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución de 1857 y estableció principios fundamentales para la nación mexicana como los siguientes:

Se consolida a nuestro país como una república democrática, reconoce que los derechos de las personas son la base y el objeto de las instituciones sociales, proclamó la libertad de imprenta y de manifestación de ideas, garantizó la libertad de enseñanza y de profesión, incorporó por primera vez en una Constitución un medio de defensa en contra de las leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, el amparo.

La laicidad del Estado, la cual es la base de la convivencia democrática y el ejercicio de las libertades, por cierto, tan olvidada en estos días en que reinó el populismo religioso del gobierno federal y local, que competían como adolescentes para ganar la mejor selfie con el papa a costa de nuestros impuestos.

Esta Constitución es resultado de la lucha de nuestro pueblo en contra de las fuerzas conservadoras y entreguistas, de los que pretenden conservar privilegios y transforman a la exclusión y la desigualdad como la base de un modelo de desarrollo.

El Constituyente de 57 recupera los sentimientos de la nación de Morelos y los postulados esenciales de la Constitución de 182. Imposible referir el Constituyente de 57 sin recordar a Ponciano Arriaga, liberal de mirada profunda y voluntad transformadora.

Arriaga señaló en su voto particular sobre el derecho a la propiedad: Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza sin industria ni trabajo.

Este pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso por más que 100 Constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad.

Hoy más que nunca tenemos la obligación de darle sentido a las palabras y hacer tangibles los derechos, liberar a las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Es imperativo quitarles el poder a los herederos de Santa Anna y su pensamiento, a los poderes fácticos que controlan el poder público y se apropian del espacio social y político. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Godoy. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.

No se encuentra la diputada. En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el siglo XIX fue un periodo turbulento, sangriento, caótico y angustiante, pero también fue una época llena de momentos heroicos, luminosos y brillantes, en la que participaron hombres y mujeres que destacaron por la defensa de sus ideales y principios.

Sin duda alguna el Congreso Constituyente de 1856 y la Carta Magna que redactaron sus integrantes forman parte de los eventos que destacan por mucho en nuestra historia patria.

Subo a esta tribuna para participar en este evento conmemorativo que obliga a la reflexión. La conmemoración de la Constitución de 1857 no debe ser un acto de nostalgia y melancolía, debe ser un homenaje a los ideales y principios que moldearon al Estado mexicano y a su esfera pública, entendida esta como el espacio para la reflexión y el debate respetuoso de las ideas y de los pensamientos.

Conmemorar la Carta Magna de 1857, es parte de un ejercicio reivindicatorio y afirmativo de los derechos civiles y libertades políticas de los que gozamos.

La Carta Magna redactada en 1856, promulgada el 5 de febrero de 1857, por el presidente Ignacio Comonfort, representa el vórtice del Estado mexicano. Fue la cristalización de esfuerzos de varias generaciones, que lucharon por constituir un Estado independiente y un modelo propio de nación.

Es también la suma de triunfos y fracasos de hombres que soñaron con una República laica, federalista y con división de Poderes, e independiente de los poderes fácticos de esa época, luchados que padecieron la cárcel y el exilio por la defensa de sus ideales.

En la Constitución de 1857 se integraron derechos y libertades, que sirven como punto de referencia del pensar y del actuar de muchos de nosotros.

El texto constitucional de 1857 fue el estandarte enarbolado por los hermanos Flores Magón en su lucha contra la dictadura porfirista. También sirvió como ideal reivindicatorio de Venustiano Carranza contra el usurpador Victoriano Huerta, además la Constitución de 1917 tuvo como referente a esta Carta Magna.

Los movimientos políticos y sociales contemporáneos no podrían entenderse sin los derechos civiles reconocidos en el texto constitucional de 1857. Las libertades de manifestación, creencia, opinión, tránsito, que fueron establecidas en la Constitución de 1857, son el cimiento de nuestra vida pública.

En el pasado, la lucha fue por construir un espacio público frente al poder militar y frente al clero. Hoy, la lucha es en contra de las grandes corporaciones económicas, el crimen organizado y en contra de los grupos conservadores.

La construcción del Estado laico es una de las grandes aportaciones de este modelo constitucional, al delimitar las esferas de acción política y religiosa. Los Constituyentes de 1856 sentaron las bases para la construcción de una sociedad armónica e incluyente, gracias a ello podemos convivir ahora millones de mexicanos con creencias religiosas diferentes sin que esto implique conflictos o agresiones.

El carácter progresista de la Constitución de 1857, basada en el reconocimiento de los derechos individuales del hombre, debe ser considerada entonces como un ejemplo para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, la cual, a su vez, debe fungir como ejemplo para impulsar una transformación en nuestra Carta Magna actual y dar así paso a la creación de una nueva Constitución política para nuestra república. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alanís, le cambiamos acá la jugada. Tiene ahora la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Constituyente de 1856, su proceso de conformación, su participación, sus discusiones que dieron origen a la Constitución del 57 constituyen un proceso histórico que sentó las bases del proyecto de nación que somos hoy.

Nos conformó como una República representativa, democrática, laica y federal, bajo el principio de que el poder dimana del pueblo, con el reconocimiento de libertades y derechos para las personas.

Fue un proceso que aglutinó voces diversas, no sólo conservadores y liberales. Hubo también moderados matices e incluso cambios abruptos de posiciones ideológicas. Parecíamos en ese entonces la sinrazón de no saber hacia dónde íbamos como nación.

Después de un proceso de independencia, de turbulencia, de injerencias extranjeras, del ánimo de mantener los privilegios coloniales. No obstante, había una causa en común, la convicción de construir un nuevo Estado.

Nuestro país llegó a la mitad del siglo XIX con la falta de certeza de la forma de gobierno que habría de regirnos. El sistema colonial y monárquico que se pretendía limitar en la Constitución de Cádiz. Las declaraciones y manifiestos de los insurgentes durante la Independencia. La preclara visión de Morelos en los Sentimientos de una joven nación. Una incipiente Constitución de 1824 que era ajena a las formas y contenidos del Virreinato, incluso a las ideas liberales más profundas como el Estado laico. La tentación de una monarquía constitucional de corte europeo frente a un modelo americano poco entendible para las formas y concepciones de la época. El paso de un modelo centralista de poder en 1836, que pretendía imponer un orden con base en medidas autoritarias. Peligros de secesión, guerras internas, era eso básicamente el contexto en el que México se encontraba.

Además, el sentimiento de nacionalidad era incipiente. Las personas no sabían si eran indígenas, españoles, criollos, colonos o mestizos. Lo que igualmente nos alejaba de una concepción común, la de ser mexicanos. En suma, éramos un territorio inmenso, pluricultural, sin un sentido de pertenencia hacia su país.

Tras las luchas internas entre caudillos con ideologías distintas, con el apoyo de grupos económicos y de poder, según conviniera a sus intereses en 1853, regresa el tristemente conocido general Antonio López de Santa Anna. Ante su amago de permanecer en el poder surge la disidencia y el 1 de marzo de 1854 Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclaman el Plan de Ayutla, con el que destituían a Santa Anna y se convoca a un congreso extraordinario.

Tras la derrota militar de Santa Anna, Juan Álvarez asume la Presidencia interinamente y expide el 16 de octubre del 55 la convocatoria a un congreso constituyente para el cual se elegía a 155 diputados propietarios, y precisamente un 18 de febrero de 1856, el presidente Comonfort inauguró la sesión del Congreso.

En ese parlamento histórico confluyeron hombres ilustres, tales como literatos, historiadores, jefes políticos, abogados, periodistas y militares. Hombres que tenían y representaban ideales y argumentos, con valores y principios diversos, pero que tenían en común la convicción de formar un Estado y superar las vicisitudes del México independiente. Un Constituyente formado por guerreros cuando se trataba de defender ideas, pero guerreros que sabían pelear con argumentos.

Pronto se definieron dos tendencias: la liberal y la conservadora y como un puente entre ambas la liberal moderada, que buscó mediar entre las dos posiciones extremas. A juicio de quienes han estudiado ese periodo de nuestra historia, durante casi un año se registraron las más brillantes sesiones de la historia parlamentaria mexicana.

Las discusiones fueron, sin duda, arduas y complejas; sin embargo, fueron discusiones que se centraban en el tipo de organización de Estado que hoy tenemos; debates profundos sobre nuestra forma de gobierno, sobre la soberanía popular, la libertad de expresión y de imprenta, y el génesis de la formación del Estado laico ante un poder religioso que, lejos de unidad, había provocado división con el ánimo de mantener privilegios.

En esta circunstancia, era necesaria la redacción de una nueva Constitución que permitiera dar satisfacción a las ideas de libertad y que permitiera un cambio real de las condiciones de vida de todos los habitantes. Y que, al mismo tiempo, también ayudara a que los mexicanos se identificaran con su nación y que se sintieran integrados en una misma sociedad. No solo por compartir un territorio, sino también por la vinculación que implica compartir derechos y obligaciones entre individuos integrados con una comunidad y con un objetivo común.

A 160 años de este hecho histórico, como Congreso, debemos profundizar en las experiencias, dichos y omisiones de legisladores de 56. Debe existir unidad de propósito, pese a las diferencias de intereses que cada partido representa en este Congreso.

Decía José Joaquín Fernández de Lizardi sobre las cualidades que debiesen tener los diputados: “Ante todo, debe haber mucho amor a la patria, regular talento y firmeza de carácter. El patriotismo une, el talento construye y la firmeza dirige”.

No quiero dejar de señalar que hoy estamos viviendo un nuevo proceso constituyente para el caso de la Ciudad de México, con la gran ventaja de que no emana de un proceso de guerra, de conflicto o de revolución; por lo que los legisladores constituyentes que en él participarán deberán tener mayor serenidad de ánimo, sin que ello sea un demérito de la pasión con la que defiendan argumentos y visión de lo que deba ser o no deba ser la Ciudad de México. Dicho ímpetu, sin duda alguna, debe estar acorde con la razón y con el firme propósito de garantizar mejores condiciones de vida para la población que habita en esta ciudad.

El cambio no debe ser semántico, esos legisladores, al igual que los legisladores del Constituyente del 56, deben tener altura de miras y asegurarse de plasmar en ese texto los principios rectores de la ciudad. Que el Constituyente del 56 sirva de inspiración para quienes participen en el proceso de construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra, el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, una vez consumada la Independencia, nuestro país se vio envuelto en conflictos severos por quienes buscaban hacer del poder, más por la fuerza de las armas que por las razones. Liberales y conservadores se preparaban para la lucha armada al finalizar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, es en ese contexto histórico en el que se redactó la Constitución de 1857.

El tono de los debates fue de manera predominante el de las convicciones personales de los constituyentes que habían sido electos el año anterior para conformar el parlamento responsable para dar al país el rumbo jurídico que necesitaba y la orientación política que requería, para que pudiera encaminarse de manera firme hacia el orden y el progreso de garantizar el futuro de la nación.

El discurso inaugural del Constituyente fue pronunciado por el nuevo presidente Ignacio Comonfort, quien en dicho acto pidió se elaborará una Constitución que fuera capaz de erigir un nuevo andamiaje jurídico y político en el que se garantizara para siempre la libertad y el orden que necesitaba el país.

Después de cuatro meses de reunido el Congreso, el 16 de junio de 1856, fue que el proyecto de la nueva Constitución se aprobó en lo general y en el quedaba ya claro que se trataba de un ordenamiento de orientación federalista, un ideal que ya había sido establecido en la norma de 1824 y que Santa Anna había derogado de facto atendiendo a sus muy personales intereses de dominación.

El 31 de enero de 1857, la Constitución Política de la República Mexicana fue finalmente sancionada, jurada por los diputados y promulgada el 5 de febrero del mismo año. Con ella se marcó desde entonces y, a pesar la breve monarquía de Maximiliano de Habsburgo, el carácter republicano del México que nacía después de tres siglos de dominación colonial.

En referencia a aquel momento histórico, Manuel Herrera y Lazo apuntó que la Constitución, consagrada por la victoria y convertida en bandera ensangrentada del pueblo y enseña de la República, fue recogida por nuestros gobernantes que la colocaron en el lugar de honor del templo de la patria; y descuidados y en cumplirla, organizaron empeñosamente en torno al suyo, el culto nacional.

Más allá de las pugnas políticas propias de la época, que aun era el reflejo de la edificación de una nueva patria, los Constituyentes de 1857 tuvieron la visión de consolidar la República representativa, democrática y federal como hoy la conocemos y gracias a la cual mantenemos hoy una identidad nacional.

Otro elemento relevante de la Constitución fue la inscripción de los derechos del hombre como garantías individuales, mismos que han perdurado y que seguirán siendo parte de la tradición y de la convicción de un Estado respetuoso de los eminentes derechos y de las libertades que gozan todas y cada una de las personas y que nadie, ni ningún gobierno, puede estar por encima de ellos.

El reconocimiento a las libertades individuales donde el ejercicio del poder no se convirtiera en una práctica autoritaria, donde las libertades de expresión, de tránsito, de reunión, de imprenta y de educación, fueran una realidad. Estas son el reflejo de las necesidades de una sociedad habida de reconocimiento.

Señoras y señores, compañeros, en Acción Nacional sostenemos que es fundamental para cualquier estado soberano contar con una Constitución que responda a la realidad imperante, y podemos destacar que la Constitución de 1857, además de sentar las bases de organización del Estado mexicano –que posteriormente se retomaron en la de 1917–, fue forjada en base a una rica historia de lucha de muchos mexicanos que sembraron con gran empeño lo que las nuevas generaciones estamos cosechando. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Olivas. Por último tiene la palabra la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Con su venia, diputado presidente. Saludo a mi coordinador, al doctor César Camacho Quiroz. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI acudo a esta tribuna para recordar el aniversario número 160 del inicio de sesiones del Congreso constituyente de 1856 y 1857.

En efecto, el 14 de febrero de 1856, aquí en la ciudad de México, se llevó a cabo la primera sesión preparatoria. En los días subsecuentes se revisaron las credenciales de los diputados electos y el día 18 de febrero se llevó a cabo la solemne apertura de las sesiones del Congreso constituyente.

La convocatoria al constituyente fue ofrecida por la revolución de Ayutla, encabezada por don Juan Álvarez y las grandes figuras del liberalismo mexicano. La revolución que iniciaba desde marzo del 54 derrocó la dictadura de Santa Anna y dio paso a un régimen de transición presidido, primero, por Juan Álvarez, y luego por Ignacio Comonfort.

Los liberales cumplieron su promesa, convocaron a elecciones, y el 18 de febrero ya estaban sesionando los constituyentes para dar paso a la reivindicación de las libertades. Ese día el presidente Comonfort acudió a la solemne apertura de las sesiones. Allí se dirigió al constituyente y les hizo ver que la nación esperaba de esta asamblea su felicidad.

Casi un año duraron las discusiones. Allí brillaron las ideas de Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, León Guzmán, Santos Degollado, Melchor Ocampo, Ignacio Luis Vallarta, Valentín Gómez Farías, y otros paladines de las libertades.

La Constitución de 1857 delineó los rasgos básicos del Estado mexicano moderno. Las principales decisiones fundamentales del Estado actual ahí estuvieron en el constituyente del 56 y 57. Basta resaltar algunos ejemplos de ello: el federalismo como forma de Estado y como aspiración de las entidades federativas de una verdadera autonomía en la toma de sus decisiones; la división de poderes, que tiene por fin hacer realidad aquel viejo anhelo de Montesquieu que expresó que “el espíritu de las leyes es que el poder se controle”; la separación del Estado y la iglesia que nos garantiza a todos la libertad de conciencia y de cultos, que asegura que el Estado no esté sometido a ninguna confesión religiosa y que garantice el respeto a la vida interna y a la organización de las iglesias. Un amplio catálogo, además, de derechos y libertades para los mexicanos; derechos humanos que son otra forma de limitar el poder y de procurar el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, y por supuesto el juicio de amparo como mecanismo de control constitucional y de garantía de los derechos a fin de que la Constitución sea eficaz y no sólo una hoja de papel, según la propia expresión de Ferdinand Lassalle.

En 1917 era tanto el prestigio de la Constitución del 57 que nuestra nueva Ley Fundamental fue titulada “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” que reforma la del 5 de febrero de 1857. Y no era para menos, los mexicanos de hoy somos legatarios de ése bagaje ideológico que nutrió a los hombres del Constituyente y de la reforma.

Nadie rebate hoy las decisiones fundamentales de 1857, señal de que han pasado la prueba de la historia y son la base de nuestro México actual, y a las generaciones subsecuentes nos ha tocado ahondar y fortalecer esas decisiones. Ejemplos: ampliando los derechos con la gran reforma del 2011, creando mayores mecanismos de control constitucional y reafirmando el federalismo con la reciente reforma que fortalecen la Ciudad de México como una entidad federativa en igual de condiciones que todas las demás.

Por esa luminosidad que tuvieron los constituyentes del 56 y 57, hoy a 160 años exactos de la instalación del Congreso, es justo recordar a quienes fueron parte de esa generación que sigue siendo la más brillante que ha tenido México. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Botello.

Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia cause alta como secretario en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia cause alta como integrante en la Comisión de Transporte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín cause baja como integrante de la Comisión de Distrito Federal.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín cause alta como secretaria en la Comisión de Distrito Federal.

• Que la diputada Sara Latife Ruiz Chávez cause alta como secretaria en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Sara Latife Ruiz Chávez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Sara Latife Ruiz Chávez cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Ángel Rojas Ángeles cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Ángel Rojas Ángeles cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Ángel Rojas Ángeles cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Leticia Amparano Gámez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Leticia Amparano Gámez cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause alta como secretario en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause baja como integrante de la Comisión Bicamaral del Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffusón cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral del Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Ricardo Quintanilla Leal cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Ricardo Quintanilla Leal cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Ricardo Quintanilla Leal cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa para aprobarlo, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas, comuníquense.

Continúe dándole lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Gobierno federal para que remita al Senado de la República las listas de candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal para que, a través de los canales correspondientes, remita al Senado de la República las listas de candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios, con el propósito de contribuir a la pronta impartición de justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

A ver, sonido en la curul del diputado Moisés Guerra, por favor.

El diputado Moisés Guerra Mota(desde la curul): Señor presidente, únicamente para felicitar a la Junta de Coordinación Política por este acuerdo, porque es muy importante que se nombre a los magistrados y resolver los problemas de las tierras. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Recibido supongo con agrado por los integrantes de la Junta, porque alguien les reconoce algo.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

«Efeméride con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Compañeras y compañeros diputados, el día de mañana celebramos a quizá una de las instituciones de mayor credibilidad en nuestro México: el Ejercito Mexicano.

Una institución que cumple 103 honrosos años. El Ejército Mexicano es uno de los símbolos más importantes de nuestro país, ya que enarbola en un solo organismo el espíritu nacional de solidaridad, la valentía férrea de los héroes que nos dieron patria, y la entrega máxima al servicio de su país.

El actual Ejercito Mexicano tiene su origen en el Ejército Constitucionalista, nacido del seno mismo del pueblo en su oposición inquebrantable e histórica a la tiranía y a todo aquello que atente contra la democracia, al pretender Victoriano Huerta instaurar una dictadura militar y declararse presidente el 19 de febrero de 1913

En su intención de quebrantar a la voluntad del pueblo de México a través de la intimidación y las armas, el usurpador Huerta se topó contra Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, quien decidido a mantener el estado de derecho y la voluntad constitucional, hizo un llamado enérgico a los hombres y mujeres libres de nuestro país a alzarse y luchar por la democracia que tanta sangre y tantas vidas ya le había costado a nuestra joven patria.

Este Ejército Constitucionalista, orgullosamente coahuilense, es lo que hoy se ha convertido en el gran Ejército Mexicano; un ejército que se agrupo no por un sueldo, no por un ánimo bélico o por una intención violenta, sino por defender lo que es de todos y de todas, la libertad y la democracia.

Un ejército que se formó no de elementos castrenses disciplinados y entrenados a las usanzas europeas de esos tiempos, sino de hombres y mujeres valientes, que subsanaban su falta de experiencia militar con su gran amor a México y su férrea determinación de impedir ver a su patria nuevamente bajo el yugo opresor de un gobierno antidemocrático.

Quizá es por eso que para nadie resulta extraño ver a nuestros valientes soldados en labores humanitarias, toda vez que no podemos negar, compañeras y compañeros diputados, que el Ejército Mexicano nació por el gran amor que hombres y mujeres libres tenían a México, y sin importar nada ni nadie, decidieron darlo todo por asegurar a las futuras generaciones la libertad y la justicia que nadie jamás debe negar.

Nuestro Ejército Mexicano es a la vez escudo al exterior y al interior, es seguridad, es ayuda, es entrega, es disciplina, es pasión. Hoy honramos entonces a aquel Ejército Constitucionalista de 1913, pero sobretodo, a los valientes hombres y mujeres que han decidido hacer suya esa encomienda histórica, esa herencia de lucha y gallardía, de ser el baluarte de la libertad, la democracia y el estado de derecho en México.

Recordemos entonces, a ese Ejército Constitucionalista, que no es otro sino nuestro Ejército Mexicano de hoy, que continua como el primer día, nacido de la voluntad del pueblo y entregado hasta el final a ese mismo pueblo, que cumplen 103 años en eterna vigilia, y que nos permiten, a las mexicanas y mexicanos, vivir en democracia y en paz.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputada Flor Estela Rentería (rúbrica).»

TRAGEDIA OCURRIDA EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

«Efeméride con motivo del aniversario de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Han pasado 10 años desde que en la madrugada del 19 de febrero de 2006, aproximadamente a eso de las 2:30 am, 65 mineros que trabajaban dentro de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, quedaran sepultados ante toneladas de escombros en uno de los que se conoce como los peores desastres mineros en México.

Por increíble que parezca, 63 cuerpos de los mineros fallecidos permanecen en ese lugar a pesar de las demandas de familiares y amigos por justicia, y de la esperanza de estos últimos por recuperar los restos de quienes aún viven en su memoria.

Hasta la fecha no existen una versión concreta sobre las causas que llevaron a la explosión de la mina 8 de carbón en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, una de las empresas mineras más grandes del país y dirigida por el ahora galardonado con la medalla Belisario Domínguez, Alberto Bailleres, así como por el magnate Germán Larrea; quienes lejos de haber rendido cuentas ante la Ley han sido premiado por los gobiernos federales priistas y panistas con diversas concesiones.

Por aquel entonces cabe recordar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la primera de sus recomendaciones al respecto, mediante la cual daba cuenta sobre la violación de derechos humanos cometida por servidores públicos de la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila, toda vez que la autoridad tenía pleno conocimiento de las deficiencias existentes en materia de seguridad e higiene en la mina, por lo que su omisión en la exigencia del cumplimiento de la normatividad fue señalada como la causante de la tragedia. Dicha Recomendación fue aceptada el 27 de julio de 2006 por la STPS que era presidida por Francisco Javier Salazar Sáenz, segundo Secretario del Trabajo con Felipe Calderón.

Tiempo después, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalaría a través de un informe publicado en 2008 que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían sido omisos en clausurar parcial o totalmente la mina desde el 12 de julio de 2004, fecha en que hubo una revisión en la que se hallaron evidencias de riesgo para los mineros. La SFP halló que los servidores públicos ignoraron hasta 48 medidas de seguridad con las que no cumplía la empresa.

Cómo si la historia no pecara de ironía, cuando sucedió esta terrible tragedia, la gubernatura de Coahuila estaba en manos del priista Humberto Moreira, quien hoy además de ser señalado por la justicia de otros países, dejó huella en la política mexicana por su abierta y desvergonzada corrupción. Es decir, este cáncer que hoy se ha vuelto una sentencia para México.

Poco tiempo después, producto de la presión generada por la CNDH y por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la STPS expidió en materia de seguridad en las minas subterráneas de carbón, la NOM-032-STPS-2008 cuya entrada en vigor se dio el 23 de marzo de 2009.

Sin embargo las demandas de viudas y familiares no han sido acalladas incluso el día de hoy, mientras que del otro lado de la moneda, Industrial Minera México, ex concesionaria de la mina Pasta de Conchos, continúa siendo beneficiada por “múltiples recursos legales”, para evitar la ejecución de un peritaje por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que podría determinar si es posible o no recuperar los restos de 63 trabajadores atrapados en la excavación desde 2006.

A lo largo de estos 10 años, los familiares de la víctimas han tocado las puertas de todas las autoridades en el país y han acudido a distintas instancias internacionales, buscando al menos un pedazo de justicia... recuperar los cuerpos de 63 mineros de los que aún no existe certeza sobre sus causas de muerte. La labor del Poder Legislativo en coadyuvar al esclarecimiento de estos lamentables hechos, ha sido también importante en la búsqueda de justicia.

El 28 de febrero de 2006, la Cámara de Diputados acordó la creación de un Grupo de Trabajo integrado por diputados de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LIX Legislatura, con objeto de investigar las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene en la mina Pasta de Conchos después de la terrible explosión, siendo publicado el informe de sus investigaciones el 13 de julio de 2006 en la Gaceta Parlamentaria.

Durante la LX Legislatura, el Congreso de la Unión, acordó dar seguimiento a la labor de dicho grupo de trabajo, por lo que se aprobó la constitución de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, que en su informe final señaló contundentemente que la explosión en la mina se trató de un suceso originado por negligencia y omisión de las autoridades.

Durante la LXI Legislatura, se emitieron diversos Puntos de Acuerdo sobre la materia, con la finalidad sobre todo de exhortar a que se atendieran las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativas al mismo caso. La misma voluntad se ha expresado durante la LXII Legislatura donde un rastreo evidencia la presentación de Puntos de Acuerdo que demandan justicia para los familiares de las víctimas, así como el castigo para los responsables.

Sin embargo, hasta la fecha el Estado mexicano sigue incumpliendo su obligación de proporcionar acceso a la justicia y de reparar el daño, que a la fecha se ha reducido a una sola acción: recuperar los restos de los mineros caídos.

Ante la CIDH, el Estado mexicano ha manifestado, su “compromiso de encontrar un mecanismo que permita lograr el ingreso a la mina y el rescate de los cuerpos de los mineros”, voluntad reflejada en el oficio número OS/057/13, emitido el 11 de febrero de 2013 por Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y dirigido a la PGR donde se solicita entre otras cosas evaluar la realización de un nuevo peritaje que abunde en dar mayor certidumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos sin poner en riesgo la integridad física o la vida de los rescatistas y en su caso, dar continuidad a la averiguación previa correspondiente.

El 19 de febrero de 2006 ha quedado marcado en la mente de las y los mexicanos como un día catastrófico para la sociedad, y más aún para el sector trabajador de nuestro país.

Nuestra labor en esta décima conmemoración de los mineros fallecidos, no sólo está en recordar que se trata de una violación a los Derechos Humanos, que permanece en la impunidad, sino de recalcar que desde hace 10 años, los actos de corrupción han sido detonadores de graves catástrofes en el país, de las que parece sólo vislumbramos como sociedad, algunas de sus causales.

A lo largo de este tiempo, no sólo es memoria de las víctimas lo que demandamos, sino que las autoridades actúen conforme a derecho para castigar a quienes son responsables de tales omisiones, pues todas y todos los mexicanos estamos hartos de dilaciones. Mientras los culpables sigan sueltos y mientras las autoridades no obliguen a Grupo México a hacer todo lo posible por recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos, no sólo estaremos siendo omisos como sociedad, sino que abundaremos a ese terrible mal que carcome al país, la corrupción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

«Efeméride con motivo del 20 de febrero, Día Internacional de la Justicia Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Igual que la verdad es la virtud central en la ciencia, el valor principal de la sociedad es la justicia”, así es como inicia Jonh Rawls, filósofo y politólogo nacido en Estados Unidos, la teoría de la justicia social, en donde establece a la justicia como el más importante de los conceptos sociales.

Si se piensa en una sociedad que es próspera, que tiene crecimiento pero no es justa, entonces quedará la sensación de que falla gravemente, y es que la justicia forma parte de nuestras convicciones más extendidas de sentido común pero también de las nociones más complejas al intentar implementarla en una sociedad contemporánea; no basta solo con el crecimiento económico, sino que es necesario una distribución equitativa de la riqueza.

Rawls retoma el concepto de justicia propuesto por Aristóteles que en términos generales es abstenerse de la pleonexia, esto es, obtener ventaja apoderándose de lo que le pertenece a otro.

Partiendo de esta posición imaginaria y las premisas descritas, los individuos deben pactar los principios que deberán de ser los que rijan a la sociedad, la herramienta central para negociar y pactar estos principios será la racionalidad, y por tanto Rawls concluye que estos individuos llegarían a pactar por la vía de la razón dos principios centrales de la justicia : mismas libertades e igualdad de oportunidades.

Iris Marion Young (1990, 2000, 2010) plantea abiertamente la diferencia entre los diferentes grupos sociales, unos son privilegiados y otros son oprimidos. La Justicia Social demanda el reconocimiento explícito atendiendo a estas diferencias de grupo en orden a eliminar esta opresión. Se aleja, por tanto, del punto de vista rawlsiano sobre la justicia distributiva. En realidad se plantea una situación no puramente distributiva sino de eliminación de la injusticia institucionalizada. El reconocimiento es una necesidad vital humana, con dos tipos: igual dignidad para todos, y la política de la diferencia, donde cada uno es reconocido por su particular identidad. Por tanto, se demanda ser universalmente iguales, en derechos y libertades. Esta petición de igual reconocimiento se extiende más allá de la declaración del igual valor que todos los humanos potencialmente tenemos para convertirlo en un hecho real. Aunque minoritario, la Justicia Social como participación es el tercer gran enfoque. La idea es que no es suficiente quedarse en la mera redistribución de bienes si estos no van acompañados por una igualdad de oportunidades en el acceso al poder, en la posibilidad de participar en diferentes espacios públicos o en el acceso al conocimiento. Con ello, se ha de ampliar este planteamiento y entender la justicia social como un procedimiento o proceso en la medida que se convierte en una herramienta para lograr una justicia distributiva y un reconocimiento político.

“La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones.

Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.

Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura, orientación sexual o discapacidad.

Para la Organización de las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social es el núcleo de la misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana.

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa,es sólo un ejemplo reciente del compromiso del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social.

La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007 (A/RES/62/10 Documento PDF), al invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.”

Hoy, Día Mundial de la Justicia Social, queremos aprovechar para recordar que en nuestras manos está el poder para provocar la transformación social, es imprescindible buscar los caminos necesarios que nos capaciten pare llevar esta justicia social a todos, erradicando la pobreza y promoviendo el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social.

Desafortunadamente en México es una tarea pendiente.

Notas:

1 https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/arts/reice/vol9 num4_art1.pdf

2 Día Mundial de la Justicia Social; http://www.un.org/es/ events/socialjusticeday/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

«Efeméride con motivo del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

A través del idioma se viabiliza el cambio y el progreso en las sociedades, ya que resulta esencial para todos los tipos de comunicación.

Con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, desde noviembre de 1999 se proclamó por la UNESCO este día como el Día Internacional de la Lengua Materna.

A nivel mundial, México es uno de los países con mayor diversidad lingüística e intercambio cultural ya que existen en nuestro país 68 agrupaciones lingüísticas, las cuales se derivan de 11 familias lingüísticas y tienen 364 variantes.

Se consideran en nuestro país como lenguas originarias, el náhuatl que fue la lengua franca; el otomí, mixteco, zapoteco y mazahua. México está catalogado como país pluricultural, esto con fundamento en sus pueblos originarios.

Desafortunadamente este día es más de fracasos que de logros, ya que como mexicanos parecemos no respetar y sentir orgullo de nuestros orígenes, pues los pueblos indígenas han sido ignorados y castigados por el gobierno y la sociedad orillándolos a vivir en la marginación, siendo tal que el 89.7 % se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Las raíces de toda la problemática son muy conocidas por todos y tienen que ver con la historia de México y el racismo que se ha ubicado en nuestras leyes, disposiciones y procedimientos según las instituciones.

Alrededor de 64 variantes lingüísticas, de las 364 que existen en el país están en un alto peligro de desaparecer, ya que hay menos de 100 personas que lo hablan. Esto es debido a la falta de transmisión de padres a hijos y al agrietamiento del medio social de sus hablantes, ya que es un sector económicamente castigado que lucha con problemas sociales como lo es la migración, que trae como consecuencia este desplazamiento lingüístico.

Todas las lenguas viven un proceso de deslizamiento y a su vez, de resistencia, el cual hace que se conserven a pesar de todas las situaciones externas a las que han sido exhibidas. Debido a todos estos signos, en nuestro país se aturde el proceso de entrega a todas las nuevas generaciones, por lo cual muchos jóvenes en la actualidad no hablan sus lenguas.

Impartir la educación en lengua materna es primordial para el desarrollo provechoso de los ciudadanos, ampliando la educación para todos con base en la igualdad. Sin embargo la realidad es otra y los pueblos indígenas se encuentran en rezago y ocupan los últimos lugares, comparados a otros sectores de la población, como sea que se cataloguen.

Referente a educación; dos de cada tres niños de entre 6 y 14 años de edad, que no asisten a la escuela, son indígenas y entre los años 2005 y 2010, los muestrarios de la población que habla alguna lengua indígena disminuyeron del 34 a 27%.

Es esencial implementar y retomar lo políticas lingüísticas nacionales. No dejemos morir nuestra propia historia y empecemos pues a educarnos para vivir con las lenguas indígenas, y verlas pues como herencia y no como un lastre. Seamos responsables y demos la importancia pertinente a la conservación de todas las lenguas y dialectos que nuestro país tiene.

Luchemos por poner en práctica estrategias pedagógicas y revisar los programas de enseñanza, dando especial atención a la formación de los docentes para que estos puedan promover el uso de la lengua materna en el aula.

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad, y la enseñanza de idiomas resulta fundamental para que ellos se instruyan a lo largo de su existencia y tengan acceso a la información, ya que la utilización o desconocimiento de determinadas lenguas puede hoy representar la apertura u obstáculo a diversas oportunidades en nuestra sociedad.

Estemos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros orígenes y enaltezcamos nuestra valiosa lengua materna, sea cual sea.

Notas

1 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_M%C3%A9xico

3 https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion= 1&espv=2&ie=UTF-8#q=catalogo%20de%20lenguas%20indigenas

4 http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/hay-64-lenguas-indigenas-en-riesgo-de-e xtincion.html

5 Ídem. http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_Art1.html

6 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/ background.shtml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

«Efeméride con motivo del 21 de febrero de 2016, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.

La conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, resulta de vital importancia para lograr una plena igualdad de derechos de todos los ciudadanos, incluidas quienes forman parte de las comunidades indígenas que integran nuestro país.

De acuerdo a cifras actuales del Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, en nuestro país existen 11 familias de lenguas indígenas, y de éstas se desprenden 68 lenguas y 464 dialectos. De aquí radica la necesidad de reconocer, primero, la composición multicultural de nuestro país y que, con cada uno de los 464 dialectos hay no sólo una forma de comunicarse sino también de pensar y comprender la vida misma.

Actualmente, las comunidades indígenas, a pesar de ser nuestros ancestros y parte fundamental de nuestra historia, son quienes sufren en mayor medida las grandes desigualdades que experimentamos, a través de la segregación, la exclusión y, en muchos de los casos, la constante discriminación por parte de nuestra sociedad y las mismas instituciones públicas que, lejos de garantizarles sus plenos derechos que les concede la Constitución, terminan por coartarlos.

Es por esto que, en Movimiento Ciudadano, consideramos necesario conmemorar este día para generar conciencia de lo mucho que nos falta por hacer para lograr integrar a las comunidades indígenas respetando sus derechos humanos, incluidos el de su lengua; porque estamos conscientes de los históricos reclamos por parte de estas comunidades; porque estamos conscientes de que, sólo respetando y garantizando la inclusión de todos, pondremos a México en la dirección correcta.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional de las Naciones Unidas. URL: http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml. Consultada en línea el día 15 de Febrero de 2016.

2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. URL: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ . Consultada en línea el día 15 de Febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de febrero a las 11 horas. Buena tarde.

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