INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 25 de febrero de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de febrero de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Por el que se declara el año 2017 como Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

6. Que expide el Código de Ética y Conducta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

8. Que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

9. Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del día 19 de junio de 2016, como Día del Padre Igualitario, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el marco de la puesta en operación del puente binacional, se beneficie al desarrollo económico y social del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que se ejerzan oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región de la Mixteca en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de todas las desapariciones forzadas ocurridas en el país, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a retirar el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015 relativa a la elaboración de mezcal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, para realizar una sesión solemne en reconocimiento al IPN con motivo de su 80 aniversario de actividades académicas, de investigación y de formación científica y económica, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, a firmar un convenio de coordinación con el Fideicomiso Pago, con el objeto de apoyar a los ahorradores defraudados por las cajas de ahorro, a cargo de la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Sagarpa y del gobierno del estado de Baja California, se lleven a cabo las medidas para crear el distrito acuícola en el estero tercero en la zona del Alto Golfo y delta del río Colorado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero, para que implemente acciones y políticas públicas enfocadas a la debida atención de los sectores de la población que han sido desplazados de sus comunidades al interior de su estado, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que en atención a las observaciones y los resultados de la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, actualice en el IV informe trimestral de las finanzas públicas de 2015, el desglose de las fuentes y los montos de los recursos que integran el renglón de “otros” aprovechamientos, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones de salud y seguridad social, a modificar las normas oficiales mexicanas y otras normas internas para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, a fin de garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, en especial aquellos enlistados en el cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, publicado por el Consejo de Salubridad General, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, para que inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales encontradas en la Cuenta Pública 2014 del estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, que exhorta a los tres niveles de gobierno y a los congresos Locales, para que asuman las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW para nuestro país, en el marco del IX informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la dirección del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a establecer una mesa de negociación que atienda las demandas de los afiliados al Sindicato Auténtico de Trabajadores de ese Centro, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que destine mayores recursos al Programa de Pagos de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales, a fin regular las causales de divorcio, homologando sus legislaciones con la protección a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a las Secretar’ias de Turismo de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que a través de campañas de difusión implementen políticas públicas tendientes a fomentar el turismo familiar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, relativo al manejo de los recursos de la Cruzada contra el Hambre, particularmente en materia de apoyos de la Sedesol a universidades, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Querétaro, para que continúe con la prestación del servicio gratuito de internet para la población en general de esa entidad, suscrito por los diputados José Hugo Cabrera Ruiz y Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SRE y a la PGR, para que difundan los protocolos de actuación en materia de protección y asistencia consular para personas en el extranjero, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión del Relaciones Exteriores, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad y del Centro de Transparencia Modal, ejecuten un programa integral de transportes y vialidad, que resuelva la problemática en la delegación Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, relativo a la defensa del maíz criollo, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que se priorice la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por sociedades cooperativas, a fin de promover y fortalecer ese sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a revisar los procesos de elección del titular de la Secretaría General del Sindicato de Tranviarios de México, ocurridos el mes de agosto de 2015, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, intervenga en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores cesados a causa de la intervención de la empresa Oceanografía SA de CV, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de la Ciudad de México, para que investigue las agresiones y el robo cometido en contra de ciudadanos y dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional, el 20 de febrero de 2016, en la colonia Romero Rubio de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México y al INE para que investigue y en su caso, sancione al PRD por actos que atentan el desarrollo del proceso para elegir a los congresistas a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                         DECLARA EL AÑO 2017 COMO AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa de decreto, por el que se declara 2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos es la expresión máxima de valores y principios que sustentan la organización de nuestra sociedad.

Su concepto ha sido objeto de múltiples estudios a lo largo de la historia y se ubica en la evolución propia de los núcleos sociales, aunque existe una coincidencia en ubicarla como un marco bajo el cual se sientan las bases de organización de los poderes y de las relaciones en la sociedad. Dicho marco puede o no estar escrito y su obligatoriedad no sólo depende de la voluntad de las personas a las que va dirigido mediante el establecimiento de pactos o acuerdos, sino por el contenido que en ella se plasma entendiendo las máximas que se persiguen, los ideales que se enarbolan y los valores bajo los cuales se fundamenta la organización que da vida a esa Constitución y claramente marca la línea ideológica bajo las cuales se ejerce el poder.

Con esa noción, resulta atinado citar lo que Gustavo Zagrebelsky apunta sobre el contenido de los ordenamientos jurídicos que sustentan la organización de la sociedad:

“Lo que es verdaderamente fundamental, por el mero hecho de serlo, nunca puede ser puesto, sin que debe ser siempre presupuesto. Por ello, los grandes problemas jurídicos jamás se hallan en las constituciones, ni los códigos, en las leyes, en las decisiones de los jueces o en otras manifestaciones parecidas del “derecho positivo” con las que los juristas trabajan ni nunca han encontrado allí su solución. Los juristas saben bien que la raíz de sus certezas y creencias comunes, como la de sus dudas y polémicas, está en otro sitio. Para aclarar lo que de verdad les une o les divide es preciso ir más al fondo o, lo que es lo mismo, buscar más arriba, en lo no aparece expreso.”

Sin lugar a dudas, una de las concepciones que ha permeado en la elaboración de documentos constitucionales es la que se fragua a partir de la Revolución Francesa, pues en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 quedó establecido lo siguiente: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”

De esa manera, las Constituciones liberales, como se les conoce a partir de ese hecho histórico, se basan en el reconocimiento de derechos fundamentales y del principio de separación de poderes como base de respeto de la autoridad hacia los gobernados en primera instancia y, en otros momentos, como organización de los poderes públicos. Tales preceptos se presentaron como límites al actuar de la autoridad y a evitar un uso discrecional de las facultades y atribuciones que le son conferidas al gobierno.

Son diversas manifestaciones que se han presentado en los Estados a partir de estas ideas, las cuales recogen esos dos esquemas básicos de reconocimiento de derechos y de separación de poderes como límite a la concentración del poder; sobre este respecto, el jurista Pedro Salazar Ugarte señala lo siguiente:

“En las constituciones contemporáneas existen múltiples mecanismos orientados a imponer límites y vínculos al poder y, sobre todo en la actualidad, los mismos trascienden por mucho a la mera separación de los tres poderes tradicionales. En particular existen cortes o tribunales constitucionales que revisan los actos de los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) para garantizar que los mismos se ajusten a la Constitución y, en esa medida, controlan y limitan su actuación. También es común encontrar organismos autónomos de garantía de algunos derechos específicos –por ejemplo agencias orientas a proteger los datos personales de las personas o su derecho de acceso a la información– o instituciones de garantía no jurisdiccionales como los llamados Ombudsman pero, en todo caso, la finalidad básica sigue siendo la que imaginó Montesquieu en el siglo XVIII: evitar la concentración del poder y ofrecer tutela a los derechos de las personas.”

Sin embargo, debido a las diferencias entre la expectativa generada en la norma constitucional y la realidad que se vive por parte de las personas, existió un desequilibrio que obligó a reformular nuevos conceptos y paradigmas en el contenido de la Constitución, para el mismo tratadista conforme se fueron presentando diversos esquemas de transiciones de gobiernos en los Estados, se consolidó otro modelo de Constitución con la referencia liberal, pero con elementos democráticos a lo cual se denominó Estado Social y Democrático de Derecho. El objetivo siguió siendo limitar al poder público, pero distribuirlo también entre la ciudadanía donde ésta participará activamente en la tutela de sus derechos y ejercicio a través de instituciones.

Justo en ese escenario histórico y de transición se presenta la discusión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual fue producto del proceso revolucionario de 1910 con las diversas aristas sociales e ideológicas que confluyeron en su elaboración, y que se enmarcó en ese constitucionalismo social que tuvo resonancia a nivel mundial con la promulgación Rusa de 1918 y la alemana de Weimar de 1919.

Dada la narrativa con la que se expresa el proceso de creación de dicho documento constitucional en nuestro país, consideramos oportuno citar a Jorge Mario García Laguarda donde en unas líneas destaca las ideas que fueron creando a nuestra Carta Magna:

“Controlado el proceso por el movimiento constitucionalista la idea de una nueva Constitución, en lugar de reformas a la anterior, se abrió camino y una mayoría radical logró romper el equilibrio en su favor y presionó por un cambio sustancial en el esquema constitucional inicialmente propuesto, que cambió la historia del constitucionalismo americano.

Los moderados, cuyos portavoces eran técnicos legales, se oponían a un desarrollo, considerado reglamentario de la ley fundamental, sin oponerse materialmente a las reformas. Pero los revolucionarios obligaron a incluir en el texto las partes centrales de los programas insurgentes. Y la Comisión de Constitución fijó los temas centrales de discusión que constituirían el catálogo de problemas a discutir en la mayoría de las asambleas constituyentes posteriores en América Latina, a saber: relaciones entre la Iglesia y el Estado; cuestiones laboral, agraria y educativa.

Al discutirse la constitucionalización de los nuevos derechos económico-sociales se llegó al punto central de la Asamblea. Los técnicos legales, como hemos dicho, se oponían a incluir cuestiones consideradas reglamentarias en el texto constitucional, pero los revolucionarios dominaron la votación.

El diputado Cayetano Andrade decía:

La Constitución debe responder a los principios generales de la revolución constitucionalista... fueron las clases obreras, los trabajadores de los campos, ese fue el elemento que produjo este gran triunfo y por lo mismo, nosotros debemos interpretar esas necesidades y darles su justo reconocimiento.

Heriberto Jara, afirmaba polémicamente:

Los jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en general en materia de legislación, probablemente encuentran hasta ridícula esta proposición. .. todos los gobiernos tienden a consolidarse y a mantener un estado de cosas y dejan a los innovadores que vengan a hacer tal o cual reforma... de ahí ha venido que los hermosos capítulos que contienen la referida Carta Magna, queden nada más como reliquias históricas allí en ese libro...

El diputado Victoria pedía la inclusión, sin importarle la técnica jurídica:

Los trabajadores estamos enteramente cansados de la labor pérfida que en detrimento de las libertades públicas han llevado a cabo los académicos, los ilustres, los sabios, en una palabra, los jurisconsultos.

Heriberto Jara insistía:

¿Quién ha hecho la pauta de las Constituciones? ¿Quién ha señalado los centímetros que debe tener una Constitución, quién ha dicho cuántos renglones, cuántos capítulos, y cuántas letras son las que deben formar una Constitución?

Y los revolucionarios dominaron la votación al aprobar la inclusión de todo un artículo, el 123, que hacía el tratamiento extensivo de la cuestión, un “híbrido del radicalismo mexicano y las ideas europeas contemporáneas acerca de la legislación obrera (y que) en su época constituyó el código laboral más avanzado del mundo” como apuntó el historiador norteamericano Roger Hansen. Posiblemente quien, con gran sentido de la historia, se percataba de la gran trascendencia de la decisión, fue el diputado Alfonso Cravioto quien reflexionó: “...así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros”.

A esas conquistas de derechos se suma una larga lista de esquemas que consolidan a la Nación y plasman las demandas sociales de la revolución, además de reforzar la calidad de República Federal que se consagró en diversos artículos constitucionales y que sentaron la base de la educación pública, la propiedad comunal y ejidal, la rectoría del Estado en economía, el carácter inalienable e inembargable de los recursos naturales de la Nación, la separación de los poderes del Estado, el sistema representativo basado en la soberanía popular y modelos de tutela y protección de derechos.

Esas premisas valieron a este documento constitucional ser la panacea de la elaboración de diversas constituciones latinoamericanas y consolidar en años subsecuentes acciones de gobierno que, algunas de ellas, aún se mantienen vigentes.

A 100 años de haber promulgado ese texto constitucional, hay muchas reflexiones obligadas sobre la importancia del mismo, el alcance de sus contenidos, la pertinencia de sus reformas con el costo beneficio en la sociedad y, sobre todo, no puede dejarse pasar desapercibido ese acto de creación de la Constitución que nos rige desde hace casi ya un centenario.

En esa línea el cinco de febrero de 2013 fue suscrito un acuerdo por representantes de los Tres Poderes de la Unión mediante el cual se creó el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tienen  por el objeto de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a hasta el 5 de febrero de 2017 referidos a dicha conmemoración.

El Comité se integra por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, además se puede invitar a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concurrir en las acciones para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la participación de los sectores público, social y privado.

No obstante los trabajos que viene realizando dicho Comité y en el que participan representantes del Honorable Congreso de la Unión, este Poder Legislativo no puede soslayar el interés y la pluralidad de expresiones que lo conforman a efecto de que tomen mayor relevancia los festejos conmemorativos del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

En este orden de ideas, propongo decretar el 2016 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, disponiendo que en toda la papelería oficial de la Federación, Estados, Ciudad de México, Municipios y Alcaldías se inscriba la leyenda “2016, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además se crearía el Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión, el cual tendrá los siguientes objetivos:

• Coadyuvar en los trabajos que realicen los representantes del Honorable Congreso de la Unión ante el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creado mediante Acuerdo suscrito el cinco de febrero de 2013 por los Tres Poderes de la Unión.

• Impulsar con los Congresos Locales a nivel nacional la conmemoración del centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reafirmando los valores y principios que en ella se consagran, a través actividades cívicas, educativas, culturales y de difusión.

• Apoyar a los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en las actividades de conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realicen en los diversas regiones del país.

• Proponer la realización de sesiones solemnes en el Honorable Congreso de la Unión, así como en los Congresos de los Estados, el día 5 de febrero de 2017.

Dicho Comité estará integrando por representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de cada una de los grupos parlamentarios de los órganos legislativos para que trabajen de manera coordinada y consensada en cada una de las acciones para el cumplimiento de sus objetivos. De esa manera, estimo que el Honorable Congreso de la Unión cumpliría a cabalidad con el papel que debe desempeñar en tan importante conmemoración histórica.

Fundamento Legal

La suscrita Diputada Federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Artículo Primero.El Honorable Congreso de la Unión declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo Segundo. En toda la documentación oficial de la federación, estados, Ciudad de México, municipios y alcaldías se inscribirá la leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo Tercero. Se crea el Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo a lo siguiente:

A. El Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión tendrá los siguientes objetivos:

I. Coadyuvar en los trabajos que realicen los representante del Honorable Congreso de la Unión ante el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  creado mediante Acuerdo suscrito el cinco de febrero de 2013 por los Tres Poderes de la Unión;

II. Impulsar con los Congresos Locales a nivel nacional la conmemoración del centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reafirmando los valores y principios que en ella se consagran, a través actividades cívicas, educativas, culturales y de difusión;

III. Apoyar a los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en las actividades de conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realicen en los diversas regiones del país, y

IV. Proponer la realización de sesiones solemnes en el Honorable Congreso de la Unión, así como en los Congresos de los Estados, el 5 de febrero de 2017.

El Comité invitará a representantes de los Poderes de la Unión a participar en las actividades para el cumplimiento de sus objetivos, además de instituciones académicas y demás sectores de la sociedad.

B. El Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión se integrará con la representación de los grupos parlamentarios de dicho órgano legislativo conforme a lo siguiente:

I. Seis integrantes del Senado de la República nombrados por acuerdo de su Junta de Coordinación Política, y

II. Ocho integrantes de la Cámara de Diputados nombrados por acuerdo de su Junta de Coordinación Política.

La Presidencia de dicho Comité será por un periodo trimestral rotándose en orden de representación mayoritaria de los grupos parlamentarios del Honorable Congreso de la Unión; las decisiones y acuerdos que adopte serán por consenso de sus integrantes.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión deberá instalarse dentro de los 15 días posteriores a la publicación del presente Decreto y tendrá una vigencia hasta febrero de 2017.

Tercero.El Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión contará con los recursos humanos y financieros necesarios para la realización de sus objetivos que para tal efecto dispongan, de común acuerdo, las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Notas:

1 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Editorial Trotta, 2009, página 9.

2 Salar Ugarte, P., Sobre el Concepto de Constitución en Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, volumen 3, UNAM, disponible en

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3876

3 García Laguarda, J., El constitucionalismo social y la Constitución Mexicana de 1917, un texto modelo y precursor, disponible en www.juridicas.unam.mx

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1o. de febrero de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las cuotas de género y la posterior aprobación de criterios de paridad de género en el Congreso sin duda han dado frutos; no obstante aún falta mucho por hacer para mejorar la situación de las mujeres en la política mexicana, particularmente en los estados y municipios; como erradicar la violencia política que ejercen los partidos, las instituciones electorales y diferentes autoridades que deberían garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, pues esto impide a las mujeres que ejerzamos libremente el derecho a participar y a formar parte de las decisiones públicas.

En los institutos políticos a las mujeres se encomiendan actividades impuestas por estereotipos de género, la realización de tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, proporcionan a las mujeres candidatas información falsa, se les critica por su vida privada, se les amenaza, chantajea, intimida, son víctimas de desaparición forzada para que no puedan competir por un cargo, llevan a cabo registros fraudulentos de candidatas; asignación de registro de mujeres en distritos donde su partido pierde históricamente, se les imponen obstáculos para acceder a recursos para campañas; se les desestima y descalifica de las propuestas; sufren agresiones verbales estereotipadas y discriminatorias, agresiones físicas, violencia sexual, acoso e incluso asesinatos.

Ejemplos de la violencia política se tienen varios, tantos que es posible dar ejemplos desde 1923, como el de Elvia Carrillo Puerto, la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el quinto distrito de Yucatán, que al desempeñar su cargo, renunció debido a que recibió amenazas de muerte; el caso de Eufrosina Cruz, indígena de Oaxaca que ganó la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca en 2007, pero no se aceptó su nombramiento debido a su género.

Las expresiones misóginas son también tristemente célebres en la política mexicana, como la expresión de “el viejerío” para referirse a las mujeres en la campaña a la Presidencia de la República en 1994 por Diego Fernández de Cevallos; o de quien fuera presidente de la República, Vicente Fox, al referirse también a las mujeres como “lavadoras de dos patas” o el gobernador de Baja California, Francisco Vega, quien en el Día Internacional de la Mujer dijo en su discurso que las “mujeres están rebuenas para cuidar niños, atender la casa y llevar las pantuflas al esposo”; la alcaldesa de Lerdo, Durango, Rosario Castro Lozano, fue llamada por el diputado Carlos Aguilera “burra alborotada” o el de la diputada Violeta Dávila, del Congreso de Coahuila, al ser comparada con una “serpiente enroscada de lengua viperina” por el diputado Alfredo Habib o el de la regidora Margarita del Río en la reunión del cabildo de Torreón, al ser llamada por el regidor Elías Ganem “vieja sesentona”; el diputado federal del PRI Salvador Arellano Guzmán en 2012 comparó a las mujeres con las tierras fértiles del campo; durante la pasada legislatura, el entonces diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa Corella dijo: “Los diputados del PAN lanzan a sus compañeras para que los defiendan”.

Otro caso es el de Francisco Moreno Merino, quien al ser diputado del PRI en la pasada legislatura dijo que “no hay mujer bonita que no llegue a ser meretriz”.

En la máxima expresión de violencia política, en Chiapas una candidata del Partido Acción Nacional (PAN) –cuyo nombre se omite por seguridad– fue víctima de violación sexual, y en la misma entidad la entonces candidata panista a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada brutalmente por participar en la contienda, el 11 de julio de 2015. En Guerrero, en marzo de 2015, Aída Nava fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político, así como a la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, quien a horas de haber asumido el encargo fue cobardemente asesinada.

Se tiene información de que durante las elecciones de 2015 se registraron 38 casos de violencia política de género, a diferencia de los dos casos registrados en las elecciones de 2012. Aún no se tiene información clara de si estos datos refieren un aumento de esta violencia, lo que sí es evidente es que son más visibles, pero hay una cifra negra que no se denuncia, por lo que es necesario que este concepto se incluya en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; ya que sería un reconocimiento importante de su existencia y por tanto, podríamos transitar a su erradicación o tipificación como delito.

Asimismo, es importante destacar que las consecuencias de este tipo de expresiones inhiben las aspiraciones políticas de las mujeres, reflejando un desequilibrio que hace que contiendan, todavía, en condiciones de mayor desventaja.

La violencia política no permite que la democracia paritaria transite completamente, e impide que las mujeres tengan la posibilidad de participar en cargos de elección popular, o que accedan a ocupar puestos de dirección o de decisión en los partidos.

El actual titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales ha señalado que aunque se ha avanzado en consolidar una mayor presencia femenina en las candidaturas y en el Congreso, la violencia política hacia la mujer persiste, según se aprecia de las 38 denuncias que la fiscalía registró el pasado proceso electoral federal; reconoce que es un problema real el incremento de los casos de violencia política en contra de órganos electorales y en contra de las mujeres en la contienda electoral en nuestro país durante el seminario Violencia política, transgresión de los derechos de la mujer, que tuvo lugar en octubre de 2015.

Al respecto, también el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, se ha pronunciado para sentenciar que “por desgracia este tipo de expresiones, que inhiben las aspiraciones políticas de las mujeres, se enmarcan en un desequilibrio que persiste y que las hace contender, todavía, en condiciones de desventaja”.

Citó casos que han llegado a dicho tribunal en los que las mujeres narran la disyuntiva que enfrentan entre sus proyectos políticos y las consecuencias que pueden acarrearles en sus relaciones personales, que las obligan a optar por alguna alternativa. Por último, al respecto el Presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, destacó los avances en la equidad de candidaturas y de cargos de elección, pues en el pasado proceso, de 4 mil 496 candidaturas, 2 mil 248 fueron para mujeres, cifra nunca antes vista en algún ciclo electoral. Otro dato digno de destacar, dijo, es que de las 200 curules de representación proporcional 95 quedaron en manos de diputadas.

Argumentos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en los artículos 1o. y 4o. como derechos fundamentales la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Asimismo, protegido constitucionalmente se encuentra la libertad de dedicarse al trabajo que se desee, siempre y cuando sea lícito; es por ello que hombres y mujeres pueden decidir libremente dedicarse a ejercer un arte, un oficio o la actividad profesional que se prefiera, sin que en teoría pueda impedírselos nada, en el caso de las mujeres que optan por incursionar en la política; si bien no se les prohíbe; si se encuentran con circunstancias adversas para acceder a los espacios públicos, más que los hombres o para ascender en igualdad de circunstancias con sus correligionarios; a pesar de la igualdad constitucional de que se goza.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, reconoce en el artículo 6o. cinco tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y a sexual, además que de manera genérica añade que se considerará violencia contra las mujeres cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, siendo un concepto subjetivo que queda al arbitrio de los sujetos obligados de la ley reconocer que tal o cual conducta es violencia contra la mujer.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, establece en el artículo 6 que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo, a fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres; asimismo abunda en el artículo 39 que será objetivo de la Política Nacional evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales, y erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

En el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que los Estados parte, entre ellos nuestro país, deben adoptar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujeres y, particularmente, adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Aunque la tendencia en nuestro país ha sido la de favorecer la participación política de las mujeres, aún quedan grandes pendientes; sin embargo se reconoce y aplaude el hecho que ya se ha visibilizado en México la violencia política de género que se vive al interior de los partidos, en las campañas electorales, dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo.

En el Congreso de la Unión, y en mucho gracias a las acciones afirmativas como las cuotas de género, se ha avanzado en la participación política de las mexicanas pues en términos generales la representación femenina es incluso mayor que la registrada en algunos países europeos; sin embargo no siempre ha sido así, para llegar a este punto nuestra sociedad ha sufrido una transformación lenta, México fue uno de los últimos países latinoamericanos en reconocer el derecho de las mujeres para votar en elecciones nacionales, pues recordemos que se reconoció este derecho hasta 1953 y para 1991 menos de 10 por ciento de los integrantes del Congreso de la Unión eran mujeres.

Poco a poco se fue incrementando la participación de las mujeres en la política nacional experimentando una gran transformación desde entonces, aunque no al mismo ritmo y magnitud en todos los órdenes de gobierno, incluso se tuvo un retroceso, como el burdo episodio conocido como las diputadas Juanitasen 2009, cuando 10 diputadas sólo rindieron protesta para cubrir las cuotas de equidad de género y beneficiar a sus compañeros de fórmula al solicitar licencia, incluso seis de ellas, en acuerdo con sus bancadas de PRI, PRD y PVEM, optaron por no asistir a las sesiones ordinarias para acumular faltas y permitir que el presidente de la Mesa Directiva llamase a los suplentes hombres en forma automática y sin discutir el tema en el pleno.

Con la inclusión del concepto de violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se estaría reconociendo el fenómeno y visibilizando la problemática, lo que sin duda contribuirá a transitar a una verdadera paridad.

Fundamento legal

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción VIII, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan al artículo 6 la fracción V Bis y al título II el capítulo IV Bis, “De la Violencia Política”, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se adicionan al artículo 6 la fracción V Bis y al título II el Capítulo IV Bis, “De la Violencia Política”, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a IV. ...

V.La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto,

V Bis. Violencia Política. Es cualquier acto o conducta agresiva cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en agravio de una mujer o varias mujeres o de sus familias, que tengan por objeto para impedir o restringir el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o de asociación o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley; y

V. ...

Capítulo IV BisDe la Violencia Política

Artículo 20 Bis. En los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órdenes federal, estatal y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política; por tanto, están obligados a abstenerse de

I. Imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político electorales o de asociación de las mujeres;

II. Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública de las mujeres;

III. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida;

IV. Impongan a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos;

V. Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y

VI. Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 febrero de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados federales a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 6, numeral 1,  fracción I  y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, al tenor lo siguiente:

“Es la educación la que genera mejores condiciones de justicia; educar evita la necesidad de castigar”.

Maestro Justo Sierra Méndez

“La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el Mal Gobernante”

Don José Vasconcelos Calderón

Exposición de Motivos

La corrupción no es propia de un país, sociedad, segmento poblacional, cultura, profesión, régimen, partido u organización estatal. Tampoco es exclusiva del gobierno, ni se encuentra extendida en toda la población. La corrupción no se restringe a un sólo tipo de prácticas, pues involucra una serie de formas, mecanismos y organizaciones en la que intervienen elementos muy variados. Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en democráticos y no es exclusiva del sector público ya que afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven el intercambio y la economía, las relaciones políticas y sociales, así como la vida cotidiana.

Este fenómeno suele percibirse como una actividad exclusiva de la clase política, como resultado de un devenir histórico, como propio de un partido político, régimen o cultural. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno complejo que no puede definirse a través de reduccionismos, ni como un mal endémico de los mexicanos.

La corrupción supone un beneficio privado para quien la practica al momento de violar obligaciones que se derivan de un cargo, al mismo tiempo que genera un daño al resto de la sociedad, pues la suma de todos los beneficios que por ella recibe uno o varios individuos siempre es infinitamente menor a todos sus costos sociales y económicos fundamentalmente.

Asimismo, la corrupción ahoga a las economías nacionales pues distorsiona sus procesos de toma de decisiones y afecta los proyectos para el desarrollo de un país, incrementando la inversión del gobierno que no se refleja en una mayor producción e infraestructura por el desvío de recursos, por lo que se termina adquiriendo bienes más costosos y/o de menor calidad.

En consecuencia, la corrupción afecta la percepción de aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Peor aún, pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad, así como su capacidad de acceder al desarrollo. La corrupción por tanto vulnera la soberanía nacional.

Es de gran trascendencia atacar este grave problema desde la raíz, si bien es cierto que debe castigarse de forma contundente, no es solo con acciones coercitivas por muy acertadas que sean como debe ser tratado este problema, sino que es necesario además adicionar un enfoque formativo al actual que la prevenga desde los primeros años de educación formal de los sujetos en las aulas de nuestras escuelas.

La creación de las condiciones institucionales para prevención, combate y erradicación de la corrupción desde los procesos educativos, debe darse como una forma de favorecer el desarrollo del país al erradicar prácticas que se lo impiden, además de la participación de todos los individuos de una sociedad en el perfeccionamiento del buen gobierno, inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.

México está en la posición número 65 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que en la entidad nacional el DF es el estado con mayor índice de corrupción mientras Colima se localiza como el estado de menor corrupción y la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) por Trámite 2001 y 2003 registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos anualmente.

En promedio las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $109.50 por año. Lo anterior implica más 23 mil 400 millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público, siendo así que para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, esta acción regresiva llega a representar el 13.9 por ciento de su ingreso. Vulnerando la estabilidad económica de las familias e impactando la economía del país.

Educar para prevenir

Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID, “la importancia de educar a los futuros ciudadanos en valores de integridad, ciudadanía, transparencia y prevención de la corrupción ha sido demostrada a través de los resultados de un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a 30 mil alumnos de 8o. grado en 6 países del continente (Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana). Este estudio demostró que a mayor educación cívica hay menos permisividad de prácticas corruptas y menor tendencia a violar la ley”.

A través de diversos métodos se puede explicar a los más pequeños lo erróneo de seguir un comportamiento corrupto pues esto puede ser a través de un cuento, una acción teatral, o de un grupo de guiñol, y de contenidos que resalten las consecuencias micro y macrosociales que genera a los ciudadanos y al país mismo el seguir fomentando y siendo cómplices de esté terrible flagelo social.

Con la convicción de que es necesario acentuar en los centros de formación desde los más básicos hasta las universidades, la enseñanza de cómo crear ciudadanía responsable y cada vez menos corrompible, con contenidos curriculares y programas de estudio que formulen estrategias claras de incidencia en todas las asignaturas y a través de valores sociales, cívicos y éticos, donde el alumno comprenda la importancia de la contribución ciudadana a no ser parte de la cadena de corruptelas que se genera en las instancias públicas y privadas, los costos de adherirse a la corrupción y el estigma social consecuente.

Esta propuesta de reforma no es algo que se pueda llevar de la noche a la mañana, como toda política pública, implica un profundo trabajo en las instituciones no solo educativas, también sociales, en el sector público, en los partidos, en lo privado, es un cambio institucional, que no tiene mayor objetivo que combatir a la corrupción. Los cambios que se realicen en todos los niveles educativos se comenzarán a ver en los próximos 10 años, estimando que las generaciones venideras tengan el conocimiento respecto a la corrupción que la permita reducir y terminar con las prácticas y actos que hoy en día tanto laceran a nuestro país.

Es por lo anterior que me permito presentar el siguiente proyecto de

Decreto

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación.

Único. Se reforman los artículos 7 fracción XIV y artículo 8 párrafo primero de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o...

I.a XIII....

XIV.Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo, realizar acciones formativas y preventivas en todos los niveles escolares a fin de  educar en el contexto del combate a la corrupción.

Artículo 8o.El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, fomentará el combate a la corrupción,debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero del 2016.— Diputados: Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

1. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

La presente iniciativa tiene el propósito de reformar la Ley Federal de Cinematografía para reclasificar las películas que contengan escenas de consumo de tabaco con el objeto de evitar que los niños y adolescentes se introduzcan al tabaquismo por la influencia de estereotipos promovidos en el cine, y así evitar que descubran los productos de tabaco y sean víctimas de la adicción, la discapacidad y la muerte asociadas a su consumo.

2. Argumentos

Primero.El cine se ha vuelto en un poderoso instrumento que puede llegar a formar conductas y creencias. Se ha comprobado que  las películas pueden deformar, modificar, la formación de la personalidad y el comportamiento. Más aún, el cine posee la capacidad de penetrar en la vida senso-perceptiva y memorial de las personas, influyendo en sus valores, en sus costumbres, en sus modos de actuar y en la configuración de modelos referenciales de identidad.

Sin duda, el cine muestra historias, escenarios, personajes y situaciones más cercanas al público. Esta cercanía hace que sea más fácil que el público se identifique con lo que ve en la pantalla, y por lo tanto que el efecto publicitario sea mayor.

Segundo.Por la enorme  influencia social que el cine puede  llegar a detentar y la facilidad para incentivar el tabaquismo, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, “en conjunto con investigadores de Argentina, Alemania y Estados Unidos, analizaron las películas más vistas en 9 países (Estados Unidos, Argentina, México, Alemania, Italia, Islandia, Polonia, Países Bajos y, Reino Unido) de 2004 a 2009 con la finalidad de contabilizar cuantas de ellas contenían escenas con tabaco o alcohol. Se analizaron 839 películas, 502 de ellas producidas en Estados Unidos, 220 europeas y 117 entre mexicanas y argentinas. El análisis se realizó agrupando a las películas en dos grupos: a) Considerando únicamente las películas clasificadas para adolescentes y niños; b). tomando en cuenta todas películas, sin importar su clasificación”. En este caso, la producción cinematográfica de 2004 a 2009 de 9 países, encontrándose en todos los casos que más del 50% de las películas mostraban tabaco y más del 70%, alcohol.

En el caso del cine mexicano, un alto porcentaje muestran un alto uso de tabaco. Cerca de un 89% de todas las películas mexicanas contenía a personajes fumando. “Entre aquellas clasificadas para adolescentes, 3 de cada 4 películas mostraba personajes fumando o en contacto con productos de tabaco (75%), porcentaje similar a Islandia, que en este grupo es el país con mayor presencia de tabaco en películas para adolescentes (94% de sus películas)”.

Tercero.Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud, en su informe “Smoke-Free Movies Report–From evidence to action”, ha señalado que las películas con escenas de consumo de productos de tabaco han inducido a millones de jóvenes del mundo entero a empezar a fumar.

Este Informe resulta concluyente: “Las imágenes contenidas en las películas cinematográficas siguen transmitiendo impresiones engañosamente positivas del tabaquismo. Tales imágenes se han identificado como una causa de empezar a fumar en la adolescencia. En el año 2008, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (EE.UU.) llegó a la conclusión de que: el peso total de los datos obtenidos en estudios transversales, longitudinales y experimentales, unido a la elevada verosimilitud teórica desde la perspectiva de las influencias sociales, indica una relación causal entre la exposición a la representación del tabaquismo en las películas y comenzar a fumar en la adolescencia.”

Ahora bien, la OMS señala que la evidencia empírica  recopilada por el citado Informe demuestra que en la medida que los gobiernos imponen mayores restricciones a la publicidad y la promoción del tabaco en los medios de comunicación, estas se trasladan a trasladan a otro. Por ejemplo, la aparición del tabaco en las películas se aceleró en los EE.UU. cuando empezó a restringirse la publicidad del tabaco en otros medios. Un proceso semejante sucedió en la India, pues al tras prohibir la publicidad del tabaco en otros medios, se emigró al cine.  “Dado que fumar en la pantalla es una representación especialmente vívida y los adolescentes ven muchas películas y muy a menudo, su efecto como factor incitador para empezar a fumar es muy importante. Todo país que pretenda prohibir o restringir la publicidad y promoción del tabaco debe abordar la cuestión del tabaquismo en la pantalla a menos desee arriesgarse a comprometer gravemente sus esfuerzos de salud pública. El grupo de edad más vulnerable, los adolescentes, no debe seguir expuesto al canal promocional más poderoso para las imágenes de tabaquismo que existe en la economía globalizada de hoy. Por consiguiente, hace falta un planteamiento integral para combatir las imágenes de tabaquismo en las películas”.

De este modo,  en principio, si adoptamos medidas concretas al reformar la Ley Federal de Cinematografía, y reclasificamos a las películas con escenas de consumo de tabaco y, se podrá evitar que los niños y adolescentes se introduzcan al tabaquismo por la influencia de estereotipos escenificados en el cine, y así evitar que descubran los productos de tabaco y sean víctimas de la adicción, la discapacidad y la muerte asociadas a su consumo. Sin embargo, ya que el cine es un poderoso

Es por esto, que la OMS ha hecho un llamado a los gobiernos para que las películas con escenas de consumo de tabaco sean clasificadas para adultos, a fin de evitar que los niños y los adolescentes comiencen a fumar cigarrillos y consumir otro tipo de tabaco.  A continuación, algunas escenas con personajes importantes del cine:

Cuarto.Actualmente, el tabaco mata a casi seis millones de personas cada año.El tabaco es producto de consumo legal que mata a la mitad de sus consumidores. Por ello, como un producto altamente  tóxico y adictivo, no puede ser difundido y promovido a través de estereotipos  que pueden servir de modelo para la audiencia infantojuvenil. Con una cifra aproximada de 100.000 jóvenes que empiezan a fumar cada día en todo el mundo. Así, resulta importante para la salud pública,  y si bien,  la legislación mexicana tiene importantes avances en la lucha contra el tabaquismo, resulta imprescindible  adoptar las mejores prácticas y adoptar las recomendaciones hechas por la OMS con relación a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

En conjunto, los datos disponibles parecen indicar que las medidas voluntarias y de autorregulación no han tenido éxito. Las estrategias activas dirigidas a obtener unos requisitos más estrictos de rotulación (clasificación para adultos) para las películas en las que aparezcan personas fumando, así como mensajes contra el tabaquismo y garantía de que no se han recibido pagos o compensaciones de la industria tabacalera, ya están recibiendo amplio apoyo en varios países. Está claro que restringir las imágenes de tabaquismo en las películas de amplia distribución mundial servirá a un bien público mayor y multinacional. Por lo tanto, los enfoques nacionales, e incluso locales, pueden tener efectos favorables más amplios, a escala mundial. La cooperación multinacional será también fundamental para limitar el alcance mundial de las imágenes de tabaco en las películas

3. Fundamento legal

El que suscribe, diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución federal, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asimismo, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en cinematografía de conformidad con el artículo 73, fracción X, y con base en ello, presento ante este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía

Para quedar como sigue:

Artículo 25. Las películas se clasificarán de la siguiente manera:

I. “AA”: Películas para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años de edad.

II. “A”: Películas para todo público.

III. “B”: Películas para adolescentes de doce años en adelante.

IV. “C”: Películas para adultos de dieciocho años en adelante, y que contengan escenas donde se fume, se tenga sexo explícito, haya lenguaje procaz o con alto grado de violencia.

Las clasificaciones “AA”, “A” y “B” son de carácter informativo, y sólo la clasificación “C”, debido a sus características, son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad prevista en las fracciones anteriores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tendrá un plazo de seis meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para hacer las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Notas:

1 Instituto de Salud Pública, “Tabaco y alcohol, protagonistas del cine nacional. Extracto del artículo Comparison of tobacco and alcohol use in films produced in Europe, Latin America, and the United States”, http://www.insp.mx/avisos/3854-tabaco-alcohol-protagonistas-cine.html, 5 de febrero de 2016.

2 Ibídem.

3 Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, 1 de febrero de 2016. Ver:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/190165/1/ 9789241509596_eng.pdf?ua=1, 4 de febrero de 2016.

4 Smoke-free movies: from evidence to action. Third edition, World Health Organization-UN, Switzerland, 2016, pp. 5 y ss.

5 Ibídem, p. 47.

6 Ibídem, p. 47.

7 161. Curbing the epidemic: governments and economics of tobacco control. Washington DC: Banco Mundial, 1999. http://documents. worldbank.org/curated/en/1999/05/437174/curbing-epidemic-governments-economics- tobacco-control, 5 de febrero de 2016.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, 2011 dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, revela la situación tan grave de violencia que viven las mujeres en nuestro país, la cual arrojó los siguientes datos:

- Un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres entrevistadas para este estudio, se registra que 11 millones 18 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

- En primer término, está la violencia física, la cual entraña el uso intencional de la fuerza o de un arma para perjudicar la integridad corporal, las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su pareja a lo largo de su relación ascienden a 2 millones 842 mil 309, es decir, 25.8 por ciento de todas las violentadas; aunque cabe destacar que este grupo también pudo ser blanco de otro tipo de agresión.

- En el ámbito privado también se cometen agresiones sexuales, sin lugar a dudas una de las prácticas más habituales de la violencia de género, y de las menos denunciadas. Llama la atención la cantidad de casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1 millón 288 mil 793 en total, que representan 11.7 por ciento de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

- Una forma más de violencia es la económica, que como un medio de dominación entraña negar a las mujeres el acceso o control de los recursos monetarios básicos, el chantaje o manipulación económica, limitar su capacidad para trabajar, o apropiarse y despojarla de sus bienes. En este aspecto, se reporta que 56.4% de las casadas o unidas han vivido algún episodio de violencia económica, son 6 millones 201 mil 767 quienes probablemente también han sido víctimas de otros tipos de agresiones.

- Los indicadores muestran que de los cuatro tipos de violencia, la más representativa es la emocional, pues a nivel nacional son un total de 9 millones 826 mil 235 las casadas o unidas víctimas de estos abusos por parte de su pareja en el transcurso de su relación, es decir, 89.2 por ciento, pudiendo estas mismas mujeres haber reportado otros tipos de agresiones.

- También se reporta que 16.2 por ciento de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido agresiones de extrema gravedad. Esto significa la existencia de un total de 1 millón 785 mil 469 víctimas, en cuyos hogares posiblemente este tipo de hechos crean un entorno tóxico y sus efectos impregnan también a sus hijos y familiares cercanos.

- La violencia de pareja se reproduce como una forma de convivencia natural, que se justifica en las normas culturales y sociales del lugar; se captó información de los casos en que las mujeres casadas o unidas han sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación. Así, en el Estado de México 56.7 por ciento de las mujeres declararon haber vivido eventos de esta naturaleza, cifra superior al promedio nacional en casi 12 puntos porcentuales. Este porcentaje ubica al estado de México como la entidad con la mayor proporción de este tipo de violencia, y a Chiapas con la menor (27.9 por ciento).

Esta estadística de violencia contra las mujeres la explica muy bien la Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior de 2008, puesto que evidenció que 16.3 por ciento de hombres jóvenes consideran que la violencia forma parte de la naturaleza humana y 13 por ciento cree que los hombres golpean a las mujeres por instinto, de tales resultados se puede concluir que las conductas constitutivas de delitos por razones de género se presentan como resultado de fenómenos sociales y culturales de una estructura cultural generadora de violencia y discriminación basada en función del género.

Ante este clima de violencia, el gobierno y sociedad civil se organizaron, y en 1999 se creó la Red Nacional de Refugios como un organismo civil sin fines de lucro, y se constituyó legalmente en noviembre del 2004 con la finalidad de agrupar a los refugios que brindan seguridad, protección y atención especializada para mujeres y sus hijos e hijas que viven en situación de riesgo por violencia familiar, de género, sexual y trata. Los refugios agrupados por la RNR son públicos y privados, se encuentran en las 32 entidades de la República Mexicana; en total en el país existen 70 refugios, algunos se encuentran incorporados a la Red Nacional de Refugios.

En la actualidad existe un refugio por cada millón 628 mil 65 personas aproximadamente; de los 70 refugios 53 por ciento (37) pertenece a los gobiernos locales y 47 por ciento (33) a las organizaciones de la sociedad civil; esto a pesar de que el Comité para la Equidad de Hombres y Mujeres del Consejo de Europa, recomienda la existencia de un refugio por cada 10 mil habitantes para garantizar la seguridad, interrumpir la situación de violencia y promover la restitución de derechos y el empoderamiento de quienes han sido víctimas o testigos de los crímenes de la violencia, lo cual en la realidad no acontece; ya que los refugios no cuentan con sistemas estandarizados de atención ni normas mínimas claras; por lo que es necesario establecerlas en beneficio de las mujeres, niñas y niños que llegan a estos centros huyendo de situaciones de violencia.

Argumentos

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, establecen bases mínimas para el funcionamiento de los refugios para que estos sean eficaces en la atención a las víctimas de violencia; entre estos deberes se encuentra el velar por la atención integral de las mujeres que acuden a ellos, proporcionar tratamiento físico y psicológico; brindar información sobre instituciones de asesoría jurídica gratuita; así como prestar servicios de hospedaje; alimentación; vestido y calzado; servicio médico, con funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año de manera gratuita y su ubicación no debe ser publicitada por seguridad de las personas usuarias.

A pesar de que las leyes dan garantía de la existencia de los refugios, aún quedan brechas e indefiniciones graves en las disposiciones que delinean un marco general preciso respecto a los estándares de la atención, prevención y erradicación de la violencia que se deben brindar en estos espacios; ya que hace falta precisar y garantizar mecanismos de suficiencia y eficacia presupuestal; definir líneas de coparticipación de gobierno y la sociedad civil; el seguimiento del caso y la evaluación de los servicios.

Muchos son los esfuerzos para generar un estándar de atención en los refugios, en 2006 se realizó el encuentro interamericano denominado Hacia la Consolidación de un Modelo de Atención a Refugios, el cual coincide en que es urgente reforzar las estructuras de los refugios ante la realidad de violencia que viven las mujeres y que revelan las estadísticas.

Ante ese escenario, es necesario que los refugios para las víctimas de violencia cuenten con un refugio apto para recibirlos en etapa crítica, a fin de que reconozcan qué es la violencia y como recuperarse y empoderarse de nueva cuenta, a través de un tratamiento psicológico adecuado.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se concibió por mucho tiempo como un asunto del espacio privado y de índole personal. Es en las últimas cuatro décadas, y gracias al movimiento de las mujeres, cuando empieza a visibilizarse como un problema que trasciende de lo familiar a una dimensión jurídica, social, política, de salud y, finalmente, como una preocupación académica de primer orden. La detección y la atención profesional y especializada son fundamentales para romper con el círculo de violencia y facilitar la recuperación de la víctima y de las personas que dependen de ella.

La presente reforma busca conseguir la homologación del funcionamiento de los refugios en todos los estados de la República como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos) con el propósito de que la estadía de la víctima o las víctimas sirva para que se recuperen y equilibren su estado emocional, a fin de que posterior a su salida puedan ser capaces de tomar buenas decisiones, recuperen su autonomía y definan un plan de vida libre de violencia.

Lo anterior surge de la preocupación de lagunas en la ley que impiden tener claridad sobre la autoridad que debe, en primera instancia, emitir lineamientos para la operación de los refugios y, segundo, de darle seguimiento y evaluar si efectivamente se cumplen esas disposiciones. Si bien en diversos artículos de la legislación existen referencias respecto a los refugios, no se encuentra precisión o de manera explícita alguna que contemple la preocupación manifestada, como se enuncia de la manera siguiente:

Derivado de lo anterior, la propuesta que sometemos a consideración busca colmar las lagunas y faculta a la Secretaría de Gobernación, como instancia facultada de elaborar el programa al que se refiere la ley y, como vimos, este debe contener un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas; por ello, se adiciona una fracción para que dicha dependencia elabore un protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar para su funcionamiento, además se reforma lo referente a la facultad del Instituto Nacional de las Mujeres para que colabore con la Secretaría de Gobernación en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios.

Se destaca también que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, fracción 11, faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, además de coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; por lo cual la propuesta que hoy se presenta encuentra compatibilidad con dichas disposiciones.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y se reforma el artículo 48 fracción IV de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona al artículo 42, la fracción IX Bis, y se reforma el artículo 48 fracción IV de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. a IX. ...

IX. Bis. Elaborar un protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar para su funcionamiento;

X. a XV. ...

Artículo 48. ...

I. a III. ...

IV. Colaborar con la Secretaría de Gobernación en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

V. a X. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. La Secretaría de Gobernación deberá emitir el protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación a los que se refiere el presente decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, los cuales deben ser aplicados de manera inmediata por las instancias pertenecientes al Sistema.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días de febrero de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

«Iniciativa que expide el Código de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI

la que suscribe, diputada Carolina Monroy del Mazo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, numeral I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que contiene el Código de Ética y Conducta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en las siguiente

Exposición de Motivos

El consenso que existe en el sector público por promover la conducta ética de quienes en él sirven, responde indudablemente a una consistente demanda ciudadana respecto de la necesidad y urgencia por restablecer la confianza de las mexicanas y mexicanos en las instituciones públicas y en quienes las integramos. Toda buena relación parte de un principio de confianza y es ese principio el que necesitamos rescatar si aspiramos a fortalecer la relación con nuestros representados y construir con ellos un mejor país. Y un mejor país sólo puede construirse si descansa sobre la base de principios y valores genuinos. El asunto de saber qué valores son genuinos, cuáles son superiores que cuáles y en qué situaciones unos tienen peso superior que otros es complicado; importan roles sociales, historia, culturas, decisiones personales, vocaciones y responsabilidades. No obstante, esto no tiene por qué frenarnos para proponer lineamientos éticos generales para el quehacer legislativo y parlamentario.

Siendo el Poder Legislativo el creador por excelencia de las normas de observancia general, tiene sin duda una enorme responsabilidad por cumplir, y ésta radica no sólo conducirse dentro del marco legal que lo rige, sino aspirar a ser ejemplar incluso allí en donde las leyes puedan resultar insuficientes para establecer responsabilidades, tareas y consecuencias. Ésta es la razón que da sustento a la necesidad de que la Cámara de Diputados adopte un código de ética que coadyuve en el cuidado de la institución y de sus fines, por el bien general de la nación.

Debe señalarse que los Poderes Ejecutivo y Judicial en México han emitido sus propios códigos de ética en julio de 2002 y agosto de 2004, respectivamente, además de contar con la reglamentación correspondiente para sancionar la comisión de conductas que configuren responsabilidades administrativas al cobijo del mandato constitucional. En esta misma línea, el Poder Legislativo debe responder a la altura de la situación.

De lo anterior, podemos deducir un interés evidente de los poderes públicos en México –dependencias de las administraciones federales, estatales y municipales, e inclusive partidos políticos— por contar con instrumentos para normar la conducta moral de sus integrantes tanto en el ejercicio de sus funciones como en su carácter de representantes populares a nivel institucional, interés del que no escapa el Congreso de la Unión, si hemos de juzgar por el importante número de iniciativas presentadas por los propios legisladores en los años recientes, para incluir disposiciones de contenido ético en la Ley Orgánica del Congreso, o bien para crear un Código de Ética –algunos con el agregado de “Transparencia”—, así como órganos responsables de aplicarlo.

La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), en colaboración con la Fundación Westminster para la Democracia (WFD), presentaron en el 2006 el Manual de Ética y Conducta Parlamentarias, cuyo objeto es el de brindar a los parlamentarios lineamientos claros y útiles para el desarrollo de diversos componentes básicos para un régimen eficaz de ética y conducta, y que entre sus principales argumentos destacan:

• Disuadir a los parlamentarios de incurrir en conductas que contravengan la ética e imponer sanciones en tales casos, a fin de prevenir y combatir la corrupción.

• Incrementar la confianza de los ciudadanos en su sistema político democrático, en general, y respecto de los parlamentos y sus miembros en particular, la cual se ve afectada por la corrupción tanto real como percibida.

• Cumplir las disposiciones del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que prevé el desarrollo de “códigos de conducta para funcionarios públicos”.

Nosotros agregamos que el enfoque de un instrumento de esta naturaleza debe ser el de guiar a los parlamentarios y sus colaboradores para conducirse de forma moralmente aceptable de acuerdo a la investidura y al sentido que tiene la institución en nuestro país. Estos instrumentos no sólo deberían guiar a los parlamentarios y convencerlos de actuar de cierto modo, sino a entender mejor sus funciones, obligaciones y limitaciones, y los aspectos morales que su actividad, como tales, acarrea.

La guía en cita dispone que son tres los apartados que mínimamente deben conformar un régimen de ética y conducta parlamentaria:

1. Principios. Aquellos principios éticos a los que deben ceñirse los legisladores.

2. Reglas. Disposiciones que identifican la conducta aceptable o no de los parlamentarios.

3. Marco regulatorio.Mecanismos para la aplicación de las reglas e imposición de sanciones.

La tendencia mundial de crear códigos de conducta ha obedecido a la necesidad de hacer frente a la comisión más o menos frecuente de actos de corrupción de algunos parlamentarios que se han valido del cargo para su beneficio personal, y que por esa razón han dado lugar a la desconfianza ciudadana y, por ende, el descrédito hacia el órgano legislativo. Para los órganos legislativos y las organizaciones internacionales de parlamentarios, es aconsejable que se adopten normas éticas en el desempeño del cargo público.

Valga señalar que un importante número de países ya cuentan con códigos de conducta y ética parlamentaria, además de órganos responsables de dar cumplimiento a las disposiciones de tales códigos. Sobre el particular, se han desarrollado tres tipos de modelos de reglamentación ética que los distintos países han adoptado:

1. El modelo que crea un organismo judicial o cuasi judicial, encargado de fiscalizar y aplicar la reglamentación ética aplicable a los parlamentarios. Así, todas las violaciones cometidas por estos últimos están sujetas a procedimientos penales. Es el caso de Taiwán.

2. El modelo por el cual el órgano parlamentario designa a un ente regulador independiente, que tiene la responsabilidad de emitir la reglamentación y aplicarla. Es el caso del Reino Unido e Irlanda.

3. El modelo que crea una comisión especial al interior del órgano legislativo en materia de ética, encargada de informarse sobre la conducta de los parlamentarios que eventualmente hubieren violado las reglas, realizar investigaciones al respecto e imponer sanciones.

Entre los países y organizaciones internacionales que han expedido su código de conducta y ética parlamentaria, y que cuentan con un comité o comisión que tiene a su cargo la aplicación de dicho ordenamiento, se encuentran, entre otros, Brasil, Chile, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Australia, así como el Parlamento Europeo y los parlamentos de los países que integran la Unión Europea. Éste es el modelo que, mediante la presente iniciativa, propongo a esta H. Cámara de Diputados que adoptemos.

Han transcurrido al menos nueve años desde que el Manual de Ética y Conducta Parlamentarias de la GOPAC fue emitido; 13 desde que, en México, el Ejecutivo emitió el suyo, y 11 desde que lo hizo el Judicial, tiempo suficiente como para que nuestro Congreso hubiera emitido también su propio Código de Ética, con el fin de asegurar su cumplimiento y observancia por parte de los legisladores. Y si bien un código de conducta, por sí mismo, no puede generar un comportamiento ético entre aquéllos a quienes aplica, sí puede convertirse en un buen punto de partida para replantearnos el alcance del mandato ciudadano y la conducta con la que debemos honrarlo, especialmente si le incorporamos mecanismos y procedimientos sancionatorios que garanticen su efectivo cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se expide el Código de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, bajo la siguiente estructura y contenido:

Estructura:

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Disposiciones Generales

Título Segundo

De los Principios y Deberes de la Conducta Ética Parlamentaria

Capítulo Primero

De los Principios de la Conducta Ética Parlamentaria

Capítulo Segundo

De los Deberes de Conducta Ética Parlamentaria

Título Tercero

Del Comité de Ética Parlamentaria

Capítulo Primero

Del Comité de Ética Parlamentaria

Capítulo Segundo

De las Atribuciones del Comité de Ética Parlamentaria

Título Cuarto

Del Proceso para Resolver sobre Denuncias

Capítulo Primero

De la Denuncia, Notificación y Descargo

Capítulo Segundo

De la Investigación, Resolución y Apelación

Título Quinto

De las Conductas Sancionables y las Sanciones

Capitulo Único

Conductas Sancionables y Sanciones

Código de Ética y Conducta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo ÚnicoDisposiciones Generales

Artículo 1.Este Código tiene por objeto hacer explícitos los principios éticos que deberán observar las diputadas y diputados durante el tiempo que ostenten este cargo de representación popular, así como las conductas sancionables, las sanciones y los procedimientos para el trámite, investigación y resolución de las quejas que reciba el Comité de Ética Parlamentaria por contravención a dichos principios.

Artículo 2.Las diputadas y diputados deberán observar una conducta ejemplar durante el desempeño de su cargo y realizarán su labor conforme a los principios de transparencia, honradez, independencia, cordialidad, profesionalismo, tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad, previstos en el presente Código de Ética y Conducta Parlamentaria.

Artículo 3.La Cámara de Diputados contará con un Comité de Ética Parlamentaria.

Artículo 4.El Comité de Ética Parlamentaria promoverá los valores y principios éticos de la práctica parlamentaria, mediante cursos, foros, conferencias y otros medios que resulten idóneos, dirigidos a las diputadas y los diputados, y al público en general, al inicio de cada Legislatura y durante los años de ejercicio de la misma.

El Comité elaborará un programa anual de actividades para promover dichos principios y valores, así como la observancia del presente Código, el cual será presentado al pleno de la Cámara para su aprobación dentro de los primeros diez días del mes de octubre de cada año.

Título SegundoDe los Principios y Deberes de la Conducta Ética Parlamentaria

Capítulo PrimeroDe los Principios de la Conducta Ética Parlamentaria

Artículo 5.Los principios de conducta ética que deberán observar las diputadas y diputados serán los siguientes:

a) Transparencia. Consistente en brindar información comprensible y verificable, inherente a la función legislativa y la actividad que desarrollan como representantes populares, en forma permanente y accesible;

b) Honradez. Consistente en desempeñar su cargo y desarrollar sus funciones, buscando en todo momento el beneficio de sus representados y evitando el provecho estrictamente personal y/o familiar;

c) Independencia. Consistente en una actitud alejada de influencias ajenas a los objetivos de cumplir con la función que tienen encomendada, de servicio a la sociedad y búsqueda del bien común en el desempeño de su cargo;

d) Cordialidad. Consistente en el respeto que deben tanto a la institución de la que forman parte –como espacio privilegiado para el diálogo y la construcción de los acuerdos que sirvan a la sociedad—, a sus pares, al personal que presta sus servicios a la misma, a quienes visitan las instalaciones y, en general, a sus representados;

e) Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al momento de presentar, debatir o votar una propuesta de ley o de reforma, o cualquiera otra propuesta que tenga implicaciones en la sociedad;

f) Tolerancia. Consistente en mantener una actitud de respeto y consideración respecto de las opiniones ajenas;

g) Responsabilidad. Consistente en cumplir con diligencia las obligaciones y responsabilidades que derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas que le son encomendadas;

h) Integridad. Consistente en observar un comportamiento coherente con las posturas éticas personales y de tolerancia, responsabilidad, objetividad, profesionalismo, cordialidad, transparencia y productividad de la Cámara;

i) Objetividad. Consistente en conducirse con base en criterios que no estén influenciados por intereses personales o particulares;

j) Y todos aquéllos que abonen a la productividad legislativa, al cumplimiento de las obligaciones y deberes que la Constitución y las leyes les confieren.

Artículo 6.Al inicio de cada Legislatura, además de rendir la protesta de ley a su cargo, las diputadas y diputados harán explícito su compromiso con la observancia de los principios éticos previstos en el artículo anterior.

Capítulo SegundoDe los Deberes de Conducta Ética Parlamentaria

Artículo 7.Son deberes de conducta ética de las diputadas y diputados los siguientes:

a) Respetar la investidura que como Representantes de la Nación les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conducirse en todo momento con el decoro y sobriedad que le son inherentes;

b) Conducirse de acuerdo con los principios y valores éticos contenidos en el presente Código, de modo que esté siempre dispuesto a explicar sus acciones, decisiones y opiniones de acuerdo a ellos;

c) Declinar todo tipo de atenciones especiales  por parte de cualquier persona, que pudieren arrojar duda sobre la rectitud de su actuar, decidir y pensar como parlamentario;

d) Evitar trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas;

e) Observar el conjunto de normas que integran el marco jurídico nacional, así como respetar a las instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, que tiendan a promover y salvaguardar un ambiente de seguridad y respeto entre sus integrantes. En el caso de haber sido imputado por alguna causa civil o penal –después de removida su inmunidad procesal en este último supuesto—, no le resultare responsabilidad jurídica alguna, cerciorarse de realizar las aclaraciones necesarias para que cualquiera otra persona en una situación similar sea tratada exactamente igual que ella o él mismo;

f) Abstenerse de emplear en el servicio parlamentario o en las comisiones a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a excepción de que éstos demuestren las capacidades requeridas para el desempeño del cargo, mediante los mecanismos legales e institucionales previstos para ese fin; y

g) Tratar a sus homólogos con respeto, cordialidad y tolerancia.

Las diputadas y diputados siempre deben actuar de modo que no busquen imponer sus decisiones a otros diputados por ninguna vía que no sea la del debate de ideas sumado a un tiempo prudente para la reflexión y valoración de las mismas, de modo que puedan dar cuenta de ellas para justificar sus decisiones en caso de ser requeridos.

Artículo 8.Las diputadas y diputados tienen el deber de mostrar vocación de servicio al país y observar un desempeño honesto y leal de su función, buscando en todo momento que prevalezca el interés general sobre cualquier interés particular.

Artículo 9.Las diputadas y diputados deben actuar siempre con probidad, rectitud y buen juicio a fin de generar confianza y credibilidad en las ciudadanas y ciudadanos.

Título TerceroDel Comité de Ética Parlamentaria

Capítulo PrimeroDel Comité de Ética Parlamentaria

Artículo 10.El Comité de Ética Parlamentaria estará integrado por:

a) Los miembros del Comité de Decanos;

b) Un diputado representante de cada grupo parlamentario.

Artículo 11.El Comité de Ética Parlamentaria tendrá la organización siguiente:

a) Un presidente y dos Secretarios electos por el Pleno de la Cámara;

b) Un Vicepresidente que lo será el presidente del Comité de Decanos, quien sustituirá al presidente del Comité en sus ausencias.

La Presidencia y las Secretarías tendrán carácter anual y rotativo. La Secretaría Técnica será la misma que la del Comité de Decanos.

Artículo 12.El Comité de Ética Parlamentaria se integrará e instalará dentro del primer mes del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate, y sesionará al menos dos veces al mes y cuantas veces sea necesario cuando se estén desahogando procesos de investigación.

Capítulo SegundoDe las Atribuciones del Comité de Ética Parlamentaria

Artículo 13.Son atribuciones del Comité de Ética Parlamentaria:

a) Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente Código.

b) Promover y difundir los principios de conducta y deberes éticos entre las diputadas y diputados, sus colaboradoras y colaboradores, así como de los integrantes de los Servicios Administrativo y Parlamentario de la Cámara;

c) Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes de la conducta ética;

d) Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de las diputadas y diputados;

e) Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en contra de conductas contrarias a las disposiciones del presente Código, cometidas por alguna diputada o diputado, o por un conjunto de ellos;

f) Conocer de las quejas que se presenten contra las diputadas y/o diputados, por contravención a las disposiciones del presente Código, y resolverlas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo. En todo caso, en la resolución que imponga una sanción deberán establecerse claramente las razones y motivos por los cuales resultaron inadecuadas o improcedentes las justificaciones ofrecidas por la diputada o diputado al Comité de Ética Parlamentaria durante el procedimiento;

g) Imponer las sanciones correspondientes y hacerlas cumplir mediante los mecanismos que resulten pertinentes;

h) Integrar, conservar y dar acceso público a los expedientes derivados de las quejas y los procedimientos instaurados en los términos del presente Código; y

i) Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del presente Código.

En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la máxima publicidad y acceso a quien lo solicite, observando en todo momento las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.

Título CuartoDel Proceso para resolver sobre quejas

Capítulo PrimeroDe la Queja, Notificación y Descargo

Artículo 14.Todo proceso iniciado y seguido en contra de una diputada o diputado, o bien un conjunto de ellos, deberá sujetarse a las reglas y principios del debido proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo y por escrito en sus determinaciones, continuo y continuado, basado en razones, público, económico y enfocado al asunto en disputa.

Las resoluciones del Comité que tengan que ver con procedimientos sancionatorios serán tomadas por mayoría de dos tercios de sus integrantes.

Artículo 15.La investigación sobre conductas contrarias al presente Código, puede iniciar de oficio o a petición de parte.

Artículo 16.El Comité de Ética Parlamentaria actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, cuando tengan conocimiento de actos que contravengan las disposiciones del Código de Ética y Conducta Parlamentaria, o bien cuando una diputada o diputado, o un conjunto de ellos, presente una queja en contra de uno de sus pares. En la toma de acuerdos del Comité, se contabilizará un voto por cada uno de sus integrantes.

Artículo 17.El Comité de Ética Parlamentaria actuará a petición de parte, por efecto de una queja presentada ante el mismo por cualquiera otra persona física o moral que considere que la conducta de alguna diputada o diputado, o un conjunto de ellos, atenta contra los principios éticos prescritos en el presente Código.

Artículo 18.La parte quejosa deberá presentar su queja por escrito y/o por medio del sitio de internet de la Cámara creado para este propósito. La queja deberá contener:

a) El nombre del quejoso;

b) Correo electrónico de contacto, en su caso;

c) El o los nombres de la(s) diputada(s) o diputado(s) que motivan la queja;

d) Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja;

e) Las razones por las cuales considera que la(s)/los(s) diputada/o(s) han incurrido en violaciones al presente Código;

f) Las pruebas que ofrece para sustentar su queja; y

g) Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su queja.

Artículo 19.Recibida la queja, el presidente del Comité la remitirá al Secretario Técnico, el cual deberá, dentro de los cinco días siguientes:

a) Si la queja no se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, elaborar un proyecto de resolución, fundada y motivada, que la rechazará de plano.

La resolución se presentará al pleno del Comité y, en caso de ser aprobada, se ordenará su publicación en el sitio de internet de la Cámara de Diputados. Si la resolución es rechazada por el Comité, se devolverá a la Secretaría Técnica para que abra el expediente y se instaure el proceso;

b) En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro del ámbito de las facultades del comité, pero constituya materia de alguna violación legal, el Comité podrá acopiar evidencia o datos de prueba, y en casos graves y probablemente atribuibles al diputado, podrá impulsar y coadyuvar el procedimiento correspondiente entregando la evidencia que consiguiera, atestiguándola, y proveyendo de cualquier otro medio de convicción que le conste, a petición de la autoridad correspondiente de forma oportuna y objetiva;

c) Si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, abrirá el expediente y dará inicio al proceso.

Toda acción que impulse, termine o canalice el proceso deberá estar debidamente basada en razones suficientes, estar en lenguaje simple, ser comunicada a quien lo solicite sin reparo, y de preferencia puesta a disposición para su publicación en periódicos de circulación nacional o al menos de circulación en el distrito o circunscripción de la que el diputado provenga, en especial si hay periodo electoral, indicando abiertamente el partido de los miembros del comité que votaron y explicitando el sentido de sus votos.

Artículo 20.Abierto el expediente, el presidente del Comité ordenará que:

a) Se notifique por escrito y de manera personal a la(s) diputada/o(s), dentro de los tres días siguientes;

b) Hecha la notificación, se publique en el sitio de internet de la Cámara de Diputados para informar que se inicia el proceso.

Artículo 21.La notificación se hará de manera personal, debiendo entregarles una copia del expediente que se haya formado con la queja y la documentación acompañada por la parte quejosa, y otros documentos que formen parte del mismo.

Artículo 22.En cualquier momento del procedimiento, y de ser ello posible derivado de la naturaleza de la queja, el presidente y/o el Vicepresidente del Comité podrán intentar la conciliación entre las partes, observando para ello las reglas previstas para los procedimientos alternativos de solución de controversias.

Artículo 23.Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes la diputada o diputado deberá formular su respuesta al Comité. Recibida dicha respuesta, el Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de descargo, dentro de los tres días siguientes.

Artículo 24.En la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí mismos, y mediante un representante designado por ellos mismos sólo en casos de incapacidad física para hacerlo. Se les concederá el uso de la palabra por lapsos equitativos y alternados, para que cada uno exponga los motivos y razones que justifican su dicho. En esa misma audiencia, las partes podrán ofrecer y presentar otras pruebas que consideren pertinentes.

Artículo 25.Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comité, mediante el voto calificado de dos tercios del mismo, considera que la queja es notoriamente improcedente, emitirá resolución definitiva en ese sentido y la notificará en el sitio de internet de la Cámara dentro de los tres días siguientes, debiendo observar lo dispuesto por el inciso b) del artículo 19 del presente Código.

Artículo 26.Las partes tienen la obligación de brindar la colaboración más amplia durante la investigación, y presentarse ante el Comité a citación del mismo para el desahogo de cualquier diligencia que requiera su participación.

Capítulo SegundoDe la Investigación, Resolución y Apelación

Artículo 27.Si de la audiencia de descargo no se deriva la resolución de improcedencia de la queja, el Comité declarará abierta la investigación por un periodo de hasta treinta días y solicitará a las partes que aporten todas las pruebas de las que tengan conocimiento, debiendo desahogar todas aquéllas que resulten idóneas. El Comité podrá ordenar la realización de las actuaciones y diligencias que considere necesarias para informar debidamente su criterio.

Artículo 28.Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Comité citará a las partes a una audiencia en la que se darán a conocer las conclusiones preliminares a las que se haya arribado. Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo de investigación hasta por quince días más si señalan la existencia de pruebas supervenientes o no relacionadas previamente y solicitan su desahogo.

Artículo 29.Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el presidente del Comité declarará cerrada la investigación y ordenará a la Secretaría Técnica que dentro de los tres días siguientes elabore el proyecto de resolución, mismo que enviará a los integrantes del Comité para su revisión y comentarios previo a la audiencia de resolución. Los integrantes del Comité enviarán al presidente sus comentarios u observaciones, en su caso, dentro de los tres días siguientes a la recepción del proyecto de resolución.

El proyecto de resolución tendrá el carácter de reservado hasta en tanto sea presentado en la audiencia final.

Artículo 30.Concluido lo anterior, el presidente declarará agotada la investigación y el desahogo de pruebas, y citará a la audiencia final en la cual el Comité resolverá en definitiva. La audiencia final deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes con la presencia de las partes. La notificación a las partes se hará por conducto del sitio de internet de la Cámara de Diputados con al menos tres días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia.

Artículo 31.Si la resolución declara fundada la queja, en ella se establecerá la sanción correspondiente en los términos del presente Código de Ética Parlamentaria. El presidente ordenará lo conducente para el cumplimiento de la misma.

En caso de que el Comité resuelva infundada la queja, el presidente ordenará que el expediente sea archivado.

Artículo 32.La resolución podrá ser apelada por cualquiera de las partes dentro de los tres días siguientes, mediante escrito dirigido y presentado al presidente del Comité, quien turnará el expediente y la resolución al presidente de la Cámara de Diputados para su presentación al Pleno, el cual resolverá en definitiva merced al proyecto de resolución que elabore la Mesa Directiva, debiendo listarse la audiencia correspondiente en el orden del día dentro de los diez días siguientes. Si el Congreso de la Unión se encontrare en receso constitucional, el asunto se listará, a más tardar, en el orden del día de la segunda sesión del siguiente periodo ordinario de sesiones.

Artículo 33.Los integrantes del Comité de Ética Parlamentaria deberán abstenerse, bajo responsabilidad, de conocer e intervenir en aquellos procedimientos de investigación que lleve a cabo el propio Comité, en los que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la queja, de acuerdo con lo siguiente:

a) Si son parte de los hechos expuestos en la queja;

b) Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la parte quejosa;

c) Si tienen conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados con la investigación.

Artículo 34.La diputada o diputado que sean objeto de una queja por la cual el Comité de Ética Parlamentaria haya incoado un procedimiento, podrá recusar a cualquier miembro del mismo cuando concurran algunas de las inhibitorias señaladas en el artículo anterior, hasta antes de la sesión en la que el Comité haya de votar por la sanción aplicable.

Artículo 35.A todo proceso iniciado de oficio o a petición de parte, deberá recaer una resolución a más tardar dentro de los noventa días siguientes a aquél en que se realizó la notificación a la(s) diputada(s) o diputado(s), en los términos de lo previsto por el artículo 21 del presente Código.

Título QuintoDe las Conductas Sancionables y las Sanciones

Capitulo ÚnicoConductas sancionables y sanciones

Artículo 36.Son conductas que atentan contra la ética parlamentaria, imputables a las diputadas y diputados, y serán sancionadas de acuerdo con el presente Código, sin menoscabo de las que correspondieren por disposición de otra normatividad aplicable, las siguientes:

a) Presentarse en el recinto camaral en notorio estado mental alterado y actuando en consecuencia de modo que no le permita cumplir a cabalidad con los valores de civilidad, respeto y razonabilidad, causado por los efectos de una sustancia exógena;

b) Utilizar toda clase de expresiones abusivas, sean soeces o no, contra cualquier persona que se encuentre en el recinto, en especial si no presenta razones e idealmente evidencia para tal motivo;

c) Alterar el orden público, escandalizar o proferir palabras soeces en la vía pública y/o dar un trato descortés o irrespetuoso a cualquier persona en lugares públicos;

d) Presentarse en el recinto camaral en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, o ingerir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia psicotrópica dentro del mismo y hacer manifestación pública de ello;

e) Alterar el orden público, escandalizar o proferir palabras soeces en la vía pública y/o dar un trato descortés o irrespetuoso a cualquier persona en lugares públicos, encontrándose la diputada o diputado en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas y/o haciendo ostentación de su cargo;

f) Promover la realización de marchas o protestas ciudadanas y el uso de amenazas, insultos y enfrentamientos físicos, con el objeto de forzar la toma de una decisión camaral o la frustración de la misma, en especial si esta manifestación causa daño al patrimonio de la Cámara o de alguna otra institución pública o privada, o a alguna diputada o diputado, o a un conjunto de ellos, empleados de la Cámara o a cualquiera otra persona. En caso de que las manifestaciones a que alude el presente inciso sean espontáneas o no concitadas por alguna diputada o diputado, se considerará que existe contubernio si una diputada o diputado participa en las discusiones y propone como razón atendible para que se tome una u otra decisión, el número de personas que se encuentran protestando, su emoción u objetivos;

g) Portar armas de fuego en el recinto camaral, aun cuando se tengan los permisos oficiales para su portación;

h) Exigir trato preferencial o dar un trato descortés o falto de respeto a cualquier persona en lugares públicos, haciendo ostentación del cargo de diputada o diputado federal y/o encontrándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas;

i) Exigir trato preferencial de las autoridades y/o en cualquier instalación pública, haciendo ostentación del cargo de diputada o diputado federal;

j) Realizar cualquier otro acto que pudiere atentar contra los principios éticos contenidos en el presente Código.

Artículo 37.Por la realización de las conductas señaladas en el artículo anterior, o bien por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, el Comité de Ética Parlamentaria podrá imponer las siguientes sanciones:

a) Recomendación pública. Será aplicable por las conductas señaladas en los incisos a), b) y c) del artículo 36 del presente Código, y consiste en la publicación de la resolución definitiva que emita el Comité de Ética Parlamentaria respecto de la conducta sancionada, en un lugar destacado del sitio de internet de la Cámara de Diputados;

b) Amonestación escrita pública. Será aplicable por las conductas señaladas en los incisos d) y e) del artículo 36del presente Código y consiste en la lectura de la resolución definitiva del Comité de Ética Parlamentaria en la tribuna de la Cámara de Diputados, transmitida por el Canal del Congreso, publicada en el sitio de internet de la Cámara de Diputados en un lugar destacado y en medios de comunicación, mediante inserción pagada;

c) Amonestación escrita pública con multa. Será aplicable por las conductas señaladas en los incisos f) y g) del artículo 36 del presente Código, y consiste en lo señalado en el inciso anterior, más la imposición de una multa por hasta tres meses de dieta;

d) Recomendación al Pleno de suspensión en el desempeño del cargo y descuento de sus dietas. Será aplicable por las conductas señaladas en los incisos h) e i) del artículo 36 del presente Código, consistente en una amonestación escrita pública, la suspensión en el desempeño de su cargo hasta por 30 días, y descuento de sus dietas y demás prestaciones por el mismo lapso.

En todos los supuestos, la(s)/los(s) sancionados deberán presentar una disculpa pública a sus representados por la o las infracciones cometidas, haciendo uso de la tribuna ante el Pleno camaral.

Artículo 38.Si de la audiencia de descargo o bien una vez concluido el periodo de investigación y emitida la resolución definitiva, se deduce una intención dolosa por parte de la parte quejosa para desacreditar a la(s) diputada(s) o diputado(s o bien a la institución misma, se hará publicación destacada de la resolución en el sitio de internet de la Cámara de Diputados y lectura en la tribuna del pleno camaral, debiendo incluirse en el Orden del Día de la sesión respectiva. Si la parte quejosa fuese una diputada o diputado, la sanción que pudiere haber recaído a la diputada o diputado calumniado, le será aplicada a dicha parte quejosa, por la interposición de una queja mal intencionada que hubiere resultado, además, infundada.

Artículo 39.En caso de que en un proceso se tenga evidencia que implique a otra diputada o diputado, y ellos personalmente lo comuniquen así por escrito al Comité de Ética Parlamentaria, podrán acumularse los procesos. De no ser así, se les hará la notificación correspondiente a la diputada o diputado implicados y se iniciará de oficio otro proceso en contra del que o los que resultaren implicados, tomando como evidencia todo lo actuado hasta el momento en el expediente original. Si alguna actuación se desacreditara en un proceso posterior, los efectos de la desacreditación serán tomados en cuenta en todos los procesos en los que hubiera tenido algún efecto, sea de convicción o de absolución.

Artículo 40.Será un elemento plausible para establecer buena fe de parte del diputado acusado de violación al presente ordenamiento que motu propio provea cualquier prueba idónea que le exonere o le condene. Si el diputado operara de mala fe para tratar de impedir una convicción justa contra él ocultando o dificultado la provisión de pruebas, evidencia o razones que él pueda proveer sin dañar a inocentes, éste será un elemento a tomar en cuenta para establecer la magnitud de la sanción y su duración en tiempo, y la eventual solicitud de disminución.

Artículo 41.En todo lo no previsto en el presente Código, se aplicará supletoriamente el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nota:

1 Manual de Ética y Conducta Parlamentarias, Guía para Parlamentarios, Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) y Westminster Fundación Westminster para la Democracia. Disponible en internet: http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ ES.pdf, consultado: noviembre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de febrero, de 2016.— Diputada Carolina Monroy del Mazo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

«Iniciativa que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia emitió la Guía del protocolo facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos armados, en el que recomienda aumentar a 18 años la edad mínima para la participación directa en hostilidades. El documento tiene por objetivo final poner fin al reclutamiento y la utilización de niñas y niños como soldados. Un niño soldado se define como un ser humano menor de 18 años que ha sido reclutado por el ejército o un grupo armado, sin embargo, la Ley del Servicio Militar en vigor establece los 16 años como edad mínima para solicitar su incorporación a las Fuerzas Armadas en México. Sin embargo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fija la edad de adultez a los 18 años.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas publicó en junio de 2015, las “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México” de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho artículo de manera textual señala en los puntos 71 y 72 que:

71. El Comité acoge con satisfacción el retiro del Estado parte de su declaración interpretativa al artículo 4 del Protocolo Facultativo. Sin embargo, le preocupa profundamente que la mayoría de las cuestiones planteadas en sus observaciones finales anteriores no se han abordado. Particularmente le preocupa que:

(a) El reclutamiento voluntario y el alistamiento en el servicio militar obligatorio de niños de 16 años de edad, todavía está permitido bajo ciertas circunstancias;

Por otra parte, emite las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano:

72. El Comité insta al Estado parte a:

a) Revocar el artículo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a la práctica de reclutamiento temprano en el servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad, y aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años, sin excepciones;

Argumentos

1. El sistema de tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se enmarca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación que para tal efecto se ha emitido, misma que se fundamentó en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde a las niñas y niños se les reconoce como titulares de derechos.

2. México, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, sin excepción como parte de los compromisos adquiridos al ratificar dicha Convención, el Estado mexicano se comprometió a presentar informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho Tratado Internacional.

3. Como parte de ese marco de actuación internacional, el Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió la Guía del protocolo facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos armados, mediante el cual aumenta a 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades. Dicho documento tiene por objetivo final poner fin al reclutamiento y la utilización de niñas y niños como soldados; para lograrlo son fundamentales varios elementos clave: verificación y presentación de informes sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo por parte de los Estados; capacidad de liderazgo político; y centrarse en los derechos de todas las niñas y los niños no solamente durante los conflictos, sino también cuando terminan.

4. Por definición el “niño soldado” es un ser humano menor de 18 años de edad que es reclutado por un ejército o un grupo armado o que simplemente participa en un conflicto bélico. En ciertos lugares, los niños son considerados adultos desde los 14 o 15 años. Una persona joven de 15 años que se une a un grupo armado puede, por tanto, considerarse como un soldado adulto de acuerdo a su propia cultura. La ley internacional en vigor establece los 15 años como edad mínima para el reclutamiento en el ejército y la participación en conflictos. Sin embargo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fija la edad de la adultez a los 18 años.

5. Para el caso de México, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas publicó en junio de 2015, las “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México” de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dicho artículo de manera textual señala que:

“A manera de Seguimiento de las anteriores Observaciones Finales y recomendaciones del Comité acerca del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

71. El Comité acoge con satisfacción el retiro del Estado parte de su declaración interpretativa al artículo 4 del Protocolo Facultativo. Sin embargo, le preocupa profundamente que la mayoría de las cuestiones planteadas en sus observaciones finales anteriores no se han abordado. Particularmente le preocupa que:

(a) El reclutamiento voluntario y el alistamiento en el servicio militar obligatorio de niños de 16 años de edad, todavía está permitido bajo ciertas circunstancias;

(b) La falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños, y su utilización en las hostilidades, incluidos los grupos armados no estatales;

Por otra parte, emite las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano:

“72. El Comité insta al Estado parte a:

a) Revocar el artículo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a la práctica de reclutamiento temprano en el servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad, y aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años, sin excepciones;

b) Tipificar explícitamente como delito el reclutamiento y la participación de niñas y niños en hostilidades, incluso por grupos armados no estatales, e incluir una definición sobre la participación directa en hostilidades;

c) Asegurar que los niños en las escuelas militares reciban educación de conformidad con la Convención y supervisada por la Secretaría de Educación y no participen en la lucha contra el tráfico de drogas;”

6. En México, los antecedentes de menores en fuerzas armadas reportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional menciona que de 2006 a 2013, 13 mil menores realizaron el Servicio Militar de manera anticipada, y tan sólo entre 2013 y 2014, se estiman mil 376 incorporaciones en esta modalidad.

7. La Red por los Derechos de la Infancia en México reporta que derivado de la guerra contra el narcotráfico, se ha cobrado la vida de más de 900 niños. Además, 30 mil se han incorporado a la delincuencia organizada y un número indeterminado de reclutas menores de edad son utilizados por las Fuerzas Armadas mexicanas para erradicar cultivos de enervantes; además diversas organizaciones civiles advierten sobre las violaciones a los derechos de los niños que viven un conflicto armado singular.

8. En la atención de este fenómeno, destaca la modificación al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado el 24 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, donde se limita el ingreso al Ejército para menores de 18 años de edad. Sin embargo, tanto el artículo 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar prevén supuestos donde se pueden admitir menores de 18 años de edad en las unidades de transmisión y en el caso, la obtención anticipada de su incorporación como activos en el Ejército a quienes deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios, si son mayores de 16 años al solicitarla. Circunstancias que no son compatibles con las recomendaciones de las instancias internacionales a las que hemos aludido.

9. Es importante mencionar que la Asamblea General de la ONU en 1999 definió el concepto de cultura de paz como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y estilos de vida basados en el respeto a la vida y en la práctica de la no violencia a través de la educación, la libertad de expresión, la justicia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, el pluralismo, la diversidad cultural y el entendimiento”. Además, la UNESCO considera la cultura de paz como la expresión contemporánea de su mandato constitucional que le demanda contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

10. En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar el espíritu del concepto de la cultura de paz en la Ley del Servicio Militar, atendiendo a un sector de la población al cual se le debe inculcar dichos valores, para lo cual se hace indispensable elevar la edad para ingresar a las filas en activo del Ejército y que esta sea de manera voluntaria a partir de los 18 años; de esa manera, este concepto no sólo será una idea, sino una serie de programas de consolidación de la paz en nuestro país.

Luego entonces, de aprobarse la presente iniciativa, se eliminaría la posibilidad de que los niños menores de 18 años puedan ingresar a las fuerzas armadas, quedando de la siguiente manera, respecto del texto actual:

Fundamento legal

La suscrita, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se derogan el párrafo segundo de la fracción II del artículo 24 y el artículo 25 la Ley del Servicio Militar

Artículo Único.Se deroga del artículo 24 fracción II el párrafo segundo y se reforma el artículo 25 fracción I de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

Artículo 24. En el activo del Ejército se podrán admitir voluntarios hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

(Se deroga)

III. a IV. ...

Artículo 25. Se deroga.

Transitorios

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 25 días de febrero de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127, párrafo sexto, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El transporte público es para muchos usuarios una necesidad o un medio para poder trasladarse, así como la seguridad en las carreteras es fundamental para que los usuarios lleguen sanos a su destino.

Las medidas de control y seguridad en carreteras son necesarias e indispensables para poder ofrecer un servicio de calidad que brinde tranquilidad a sus usuarios, sin embargo, son diversos los riesgos a los que se enfrentan, tanto los viajeros como el resto de los usuarios de las vías de comunicación.

En la actualidad viajar en carretera implica un alto riesgo, ya que es frecuente que se presenten asaltos a turistas, robo a transportistas y de mercancía, así como secuestros. De acuerdo a la Policía Federal Preventiva, miembros de la delincuencia organizada, realizan retenes en los que se hacen pasar por elementos del Ejército, la Marina o la Policía Federal, esto sumado a las inclemencias del clima, errores humanos, animales en el camino, manejar cansado, manejar bajo los influjos del alcohol o estupefacientes, condiciones del camino, fallas mecánicas, etcétera.

En 2014 el Inegi contabilizó 17 mil 939 accidentes que ocurrieron en carreteras federales. La  agencia de seguridad vial de  Estados Unidos, (NHTSA) National Highway Trarffic Safety Administration en conjunto con el Inegi, indican que el 96 por ciento de los accidentes ocurridos se deben a una causa humana.

Los accidente viales pueden ser definidos como un evento o acción involuntaria que implica la participación de un vehículo o más en alguna calle, avenida o carretera, pudiendo ocasionar daños materiales y/o a personas. Son de naturaleza involuntaria, es decir, sin una intención de realizarlo, pues de lo contrario sería un delito.

Cultura Vial y Carmudi realizaron una recopilación de las principales causas de los accidentes viales, donde podemos encontrar que el 40 por ciento de los accidentes son por distracciones del conductor, tales como controlar la música, mirar por la ventana o utilizar el celular; el 31 por ciento se debe a conducir de forma agresiva, es decir, no respetar límites de velocidad, ignorar señales de tránsito o intentar maniobras especiales (Drifting, conducción de derrape), le sigue la falta de pericia en un 11 por ciento, esto son errores como calcular mal la velocidad en una curva, no ver la luz roja, cambiarse de carril cuando el otro auto está en punto ciego, entre otros. Manejar cansado o alcoholizado cada uno en 7 por ciento, y otros factores, como el clima, el camino, fallas mecánicas, un rayo, un terremoto o inundaciones en un 4 por ciento.

Todas estas causas son no imputables a los viajeros, quienes son lo que depositan su confianza en la compañía que contratan para realizar su viaje.

La Organización Mundial de la Salud su último reporte sobre seguridad vial, presentado en 2013, indica que México ocupa el lugar número 13 en muertes por accidentes viales, cada año en promedio mueren 16, 500 mexicanos por esta causa.

Reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que al año hay 4 millones de accidentes viales en calles y carreteras, de estos 750 mil personas son hospitalizadas y 40 mil quedan con alguna discapacidad. El 61 por ciento de estos accidentes ocurren en carreteras.

En atención a lo anteriormente expuesto propongo cambiar el sexto párrafo del artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, como a continuación se indica:

En este artículo nos marca que se “deberá cubrir totalmente los pagos que se originen, por la asistencia  médica, hospitalización y aparatos de prótesis y ortopedia” sin embargo se contra dice al indicar que esta cobertura “no podrá exceder del monto que corresponde a la indemnización por muerte”.

Considerandos

La Secretaría de Seguridad Pública indica que las personas discapacitadas por causa de accidentes viales cuestan al erario público 126,000 millones de pesos anualmente.

La Ley de Vías Generales de Comunicación en su artículo 127 indica que las empresas concesionarias tienen la responsabilidad de contar con un seguro para los usuarios que cubra cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y ampare los daños y perjuicios causados al viajero en su persona, su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión que se registren desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la vía durante el trayecto de la misma.

Esta ley a la letra señala que “La indemnización por concepto de lesiones a que tienen derecho los usuarios o viajeros, deberá cubrir totalmente los pagos que se originen, por la asistencia médica, la hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia.” Si lo entendemos como está expresado en la ley entonces nos preguntamos, ¿Por qué siguen generando un costo para el erario público­­­­?, pero este mismo párrafo nos da la respuesta al poner un tope respecto a los gastos por concepto de lesiones, hospitalización y aparatos ortopédicos, dejando desprotegido al viajero, ya que el tendrá que continuar con los gastos de su tratamiento por causas del accidente.

El reglamento al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en su artículo 23, fija que el monto por la pérdida de vida del pasajero, el cual será lo equivalente a setecientos treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Actualmente el salario mínimo en el Distrito Federal está en 73.04, lo que equivale a 53 mil trescientos diecinueve pesos con dos centavos, lo cual en muchas ocasiones resulta insuficiente para cubrir el costo de la atención por las lesiones producto de un accidente en transporte de pasajeros.

Velar por la atención y salud del afectado debe ser tarea de la empresa que ofrece servicios de transporte en carreteras, cuando se trate de la reparación del daño, los límites no deberían existir, sino al contrario, subsanar en la medida de lo posible las lesiones para que los usuarios afectados logren tener una buena calidad de vida y no tengan que descapitalizarse al tener que cubrir ellos con los gastos médicos, cuando no tienen responsabilidad en absoluto por el percance.

Los seguros por ley van incluidos en el importe del boleto que adquieren los usuarios al contratar el servicio, por lo que para la empresa prestadora de servicios debe ser una prioridad la seguridad del usuario y no el costo del seguro.

La Ley General de Victimas indica:

“ Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.”

Lo que se pretende con esta modificación es remover de la ley el obstáculo al que se enfrentan los usuarios de transporte de pasajeros que ven comprometida su integridad en accidentes inimputables a ellos, protegiendo sus derechos por encima del interés particular de las empresas concesionarias o permisionarias.  

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 127. ...

...

...

...

...

La indemnización por concepto de lesiones a que tienen derecho los usuarios o viajeros, deberá cubrir totalmente los pagos que se originen, por la asistencia médica, la hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia.

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El poder Ejecutivo, realizará las modificaciones al Reglamento del Artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Notas:

1 Cuáles son las consecuencias de un accidente vial­.

http://www.carmudi.com.mx/journal/ cuales-son-las-consecuencias-de-un-accidente-vial/

2 Ley de Vías Generales de Comunicación. Página 26. Artículo 127.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73_140714.pdf

3 Diario Oficial de la Federación, 2 de septiembre de 1988, Reglamento del Artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Página 3, articulo 23.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

1. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

El texto vigente del artículo 205 de la Ley del Seguro Social impone, al padre derechohabiente,  restricciones al acceso del beneficio de guarderías. En dicha disposición se precisa que solo los trabajadores viudos o divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato tienen derecho al servicio de guarderías. Ahora bien, es importante subrayar que en el caso de las mujeres trabajadoras no se prevé  ningún tipo de restricción. Esta disposición, además de ser contraria a los principios de igualdad, no discriminación y del interés superior del niño, dispuestos en la Constitución federal y en diversos instrumentos internacionales. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley se propone introducir una nueva hipótesis en la ley para mejorar la accesibilidad del trabajador, y a sus hijos, al servicio guarderías.

2. Argumentos

Primero. El disfrute de los derechos humanos sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres debe entenderse en sentido lato. Las garantías de no discriminación e igualdad tanto en la Constitución federal como en los instrumentos internacionales de derechos humanos prevén la igualdad tanto de facto como de jure. La igualdad de jure, o formal, y de facto, o sustantiva, son conceptos diferentes pero conectados entre sí. La igualdad formal presupone que se logra la igualdad si las normas jurídicas o de otra naturaleza tratan a hombres y mujeres de una manera neutra

Segundo. Por otro lado, debemos considerar que la “igualdad jurídica” es una igualdad en la titularidad de situaciones jurídicas. Pero al referirnos a la cuestión de género, la igualdad jurídica es el derecho a la diferencia. De este modo, en materia de género, la igualdad entre hombres y mujeres exige la igualdad formal, expresada en la fórmula “todos somos iguales ante la ley”, sino que exige simultáneamente el reconocimiento de las identidades, o la diferenciación inherente a cada género, y la redistribución atendiendo los criterios socioeconómicos que permita real y efectivamente e acceso a recursos y oportunidades.

Tercero. En nuestro país, la igualdad de género se estableció, entonces, como un derecho fundamental en 1974, mediante un reforma al artículo 4o. de la Constitución federal, y donde se estableció: “El varón y la mujer son iguales ante la ley otra mención sobre la igualdad de género ocurrió en 1986 con una reforma al artículo 123 constitucional, y que en la fracción VII preciso que: “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. Y en 2001, se hace una referencia constitucional para la igualdad de género en el artículo 1o. para establecer que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen... (de) género.

Cuarto. Hay que señalar que el principio de la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de todos los derechos humanos es uno de los principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional, y recogidos en los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege derechos humanos que son fundamentales para la dignidad humana de toda persona. En particular, su artículo 3 prevé la igualdad de derechos del hombre y la mujer al goce de los derechos que enuncia. Esta disposición se basa en el párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Salvo la referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es también idéntica al artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se redactó al mismo tiempo.

Además, la igualdad de género también está establecido en una amplia gama de instrumentos internacionales de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Entre ellos, se encuentra propia Carta de las Naciones Unidas, numerosas resoluciones de la Asamblea General, las Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en relación con la integración de la perspectiva de género, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y su seguimiento, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Quinto. Así, resulta imprescindible impulsar desde la ley, la equidad de género en la seguridad social, para ello, debemos impulsar que tanto mujeres y  como hombres accedan a un trabajo y salario digno, esto es, un trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Así, la igualdad de género nos permitirá: desarrollar y cumplir las normas y los principios y derechos  fundamentales en el trabajo previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que México sea parte; generar mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan tener un empleo e ingresos dignos, y por último, ampliar la cobertura y logar la eficacia de una seguridad social para todos.

Sobre la materia, existen diversas referencias internacionales contenidos en los Convenios Clave de la Organización Internacional del Trabajo como: El número 100, sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio; el número 111, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958); el número 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el número 183 sobre la protección de la maternidad (2000).

Sexto. Para aportar mayores argumentos, es preciso citar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado en criterio jurisprudencial que:

“...los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no hacer distinción alguna entre el varón y la mujer, y tampoco indirectamente, ...si bien los seres humanos, en razón de su estructura anatómica presentan una diferencia que permite identificarlos como hombre o mujer, lo cual ha conducido a considerar que hay dos sexos con los que las personas deben identificarse, y partir de ese dato biológico, se han establecido roles de género, con la idea de que hay ciertas capacidades, sentimientos y conductas que corresponden a los hombres y otras a las mujeres, creando estereotipos de género relacionados con las características que social y culturalmente les han sido asignadas, los cuales pueden afectar a ambos sexos, no puede negarse que históricamente esos estereotipos han tenido un mayor efecto negativo en las mujeres, pues originan múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer que por mucho tiempo derivaron en actos discriminatorios por razón de género, los cuales si bien se han tratado de erradicar a través de diversas reformas constitucionales y legales, lo cierto es que entre los estereotipos relacionados con los roles de género que deben abandonarse, se encuentra el relativo a visualizar y limitar a la mujer a las tareas del hogar y cuidado de los hijos; concepción que no es compatible con un sistema democrático en el que debe imperar un principio de igualdad sustancial entre las personas sin importar el género o sexo al que pertenezcan, pues en el sistema constitucional mexicano el respeto a la dignidad inherente del ser humano constituye el vértice toral de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal. Así, para erradicar esta desigualdad provocada por la discriminación de género, en ocasiones se justifica que la ley presente un trato diferenciado a favor de las mujeres, como una de las vías necesarias para erradicar la discriminación y desigualdad de facto, mas no para proclamar una superioridad de aquéllas frente a los hombres...”

Séptimo. Ahora bien, en virtud de que todas y todos, sin distinción de raza, credo o sexo, tenemos derecho a perseguir nuestro bienestar material y su desarrollo personal en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, resulta evidente el contenido discriminatorio previsto en la actual redacción del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, y por supuesto vulnera los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1o., 4o. y 123 constitucionales.

Esta afirmación se ratifica por el criterio jurisprudencial vertido por Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la federación, en un caso semejante, y en cual se señaló:

“Las reglas para otorgar prestaciones a los trabajadores operativos de base de la Cámara de Senadores, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico para el servicio de guardería, educación especial y/o cuidados del menor, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4o. de la Constitución General de la República, pues establecen, entre otras cuestiones, que las madres trabajadoras de base de la referida Cámara, tendrán derecho a la prestación del Servicio del Centro Infantil o al otorgamiento de un apoyo económico para guardería externa y, que se aceptará la inscripción de los hijos de padres trabajadores que presten sus servicios en dicha institución, cuando su estado civil sea el de divorciado, soltero o viudo y acrediten haber obtenido la custodia de sus hijos, situación que implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, ya que las aludidas reglas generan un derecho a favor de la madre por su sola condición de mujer y, únicamente, por excepción, ese derecho corresponde al padre. En estos casos, la autoridad responsable no sólo debe respetar la igualdad entre el hombre y la mujer consagrada en el citado artículo 4o., sino también el interés superior del menor, buscando lo que menos le perjudique y ponderando sus necesidades en materia de educación y ayuda escolar.

En este sentido, y con base en los argumentos vertidos podemos concluir lo siguiente:

a) La igualdad de género se encuentra prevista en los artículos 1o., 4o. y 123 de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales donde México forma parte.

b) Ciertamente, el principio de igualdad de género, la ley establece un trato diferenciado a favor de las mujeres, como una de las vías necesarias para erradicar la discriminación y desigualdad de facto; sin embargo, esa misma condición no puede establecer circunstancias que propicien una superioridad de aquéllas frente a los hombres.

c) Tanto las mujeres como los hombres, una vez inscritos y siendo trabajadores derechohabientes de acuerdo a la Ley del Seguro Social tienen los mismos derechos y gozan de las mismas oportunidades.

d) Los hijos de padres trabajadores que se encuentran regulados por la Ley del Seguro Social, que por su estado civil sea el de divorciado, soltero o viudo y acrediten haber obtenido la custodia de sus hijos, se encuentran en una situación de trato desigual entre el hombre y la mujer, ya que el artículo 201 y 205 de la Ley del Seguro Social establece un derecho a favor de la madre por su sola condición de mujer y, únicamente, por excepción, ese derecho corresponde al padre.

3. Fundamento legal

El que suscribe, diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución  Federal, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asimismo, en materia de reforma constitucional, se tienen facultades en los términos del artículo 4o., párrafo primero y noveno, y el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución federal, y con base en ello, presento ante este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan la Ley del Seguro Social

Único. Se adicionan los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador que demuestre que su esposa o concubina no puede  proporcionar atención y cuidados al menor, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

...

Artículo 205. Las madres aseguradas o el padre asegurado que demuestre que su esposa o concubina no puede proporcionar atención y cuidados durante su jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, o los viudos o divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará a los seis meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para hacer las modificaciones a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Notas:

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Tesis Aislada, Décima Época, Registro: 2007339, Primera Sala,  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I,  Tesis: 1a. CCCVII/2014 (10a.), Página: 580, “Igualdad y no discriminación por razón de género. El artículo 4.99 del Código Civil del estado de México no vulnera directa o indirectamente aquel derecho fundamental (legislación vigente hasta el 3 de mayo de 2012).”

2 Poder Judicial de la Federación, Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Distrito Federal, Registro: 2004128, Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Constitucional Tesis: I.1o.(I Región) 5 L (Décima), Página: 1603 “Trabajadores operativos de base de la Cámara de Senadores. Las reglas para el otorgamiento de prestaciones a éstos, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico para el servicio de guardería, educación especial y/o cuidados del menor, al establecer un trato desigual entre hombres y mujeres, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4o. de la Constitución federal”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                          CONMEMORACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2016, COMO “DÍA DEL PADRE IGUALITARIO”

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del 19 de junio de 2016 como Día del Padre Igualitario, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

“Los hombres pueden optar por ser padres participativos, cariñosos, afectivos y con posibilidad de disfrutar la crianza y el desarrollo de los hijos que decidan tener”.

María Alejandra Salguero y Héctor Frías, “Reflexiones en torno a la paternidad responsable y la crianza de los hijos”

La suscrita, Laura Nereida Plasencia Pacheco, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

La celebración del día del padre surgió en 1910, en la ciudad de Washington, Estados Unidos. La idea la concibió Smart Dood, quien pretendía que con esta celebración, cada 5 de junio, se destacara el papel que juegan los padres en la sociedad, especialmente de aquellos que, como su progenitor, cumplían el doble rol de padre y madre en la educación de sus hijos.

Harris C. Meek, presidente del Club de Leones de Chicago, retomó la idea en 1915. En esa ocasión, el proyecto contó con mayor éxito que el patrocinado por Dood.

Más tarde, en 1924, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, se unió a esta iniciativa y convirtió el “Día del Padre” en una celebración nacional. Ya en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como “Día del Padre”.

En nuestro país, esta celebración comenzó a generalizarse en las escuelas hacia la década de1950, aunque en los años posteriores se fue convirtiendo en una fiesta de consumo patrocinada por las grandes cadenas comerciales.

Ahora, en muchos hogares de la república mexicana, la fiesta es una ocasión para la reunión familiar y para el reconocimiento a los papás. Un reconocimiento que refuerza los roles y estereotipos de género que vulneran en los hechos los derechos de las mujeres.

Los cambios, originados principalmente en las últimas décadas, en las percepciones sobre la paternidad, y los nuevos modelos de masculinidades, han permitido que la visión tradicional de la paternidad haya ido modificándose; lo que ha propiciado la práctica de una mayor responsabilidad en la procreación que, parece establecerse, sobre todo entre las generaciones de hombres nacidos a partir de los años cincuenta.

Hoy en día, muchos hombres buscan participar de manera más activa e integral en el desarrollo de sus hijos e hijas, dejando de ser únicamente proveedores y los jefes de familia. Sin embargo, todavía existen muchos padres que se siguen manteniendo al margen del crecimiento de sus hijos e hijas y emulando roles tradicionales que los siguen situando en un contexto androcéntrico y desigual en el reparto de las responsabilidades que surgen en la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres.

Los que busca esta iniciativa es que desde las distintas instancias de gobierno se promueva la eliminación de los arquetipos que otorgan papeles diferenciados para hombres y mujeres y romper con las barreras que excluyen a las mujeres de la participación en todos los ámbitos, ya sean públicos o privados.

Se busca romper con la violencia que millones de mujeres viven cada año, las cuales son conductas causadas por hombres que se comportan de forma inadmisible, pues se basan en los patrones que aún subsisten en la “cultura de la desigualdad”.

Buscamos que estas violencias sean razones más que suficientes para cambiar estas actitudes de los hombres y lo hagan por ellas (como indica el lema de Onumujeres “He For She”) pero en realidad también por ellos.

Queremos con esta propuesta, se fomenten relaciones más igualitarias que incidan sobre la reflexión colectiva existente en torno a los nuevos roles sociales de hombres y mujeres y que termine la imposición de los hombres por encima de las mujeres, que ven menoscabadas sus oportunidades y derechos, precisamente a través del cambio que imponen las construcciones de las nuevas masculinidades.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que autorice a la Comisión de Igualdad de Género a realizar las gestiones y trámites necesarios ante los órganos correspondientes, a efecto de conmemorar el 19 de junio de 2016 como “Día del Padre Igualitario”, a través de mensajes, espots de radio y televisión, en los tiempos oficiales con que cuenta esta instancia legislativa.

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a las titulares de las instancias de mujeres de los 32 estados del país, a diseñar, promover y operar, en conjunto con los gobiernos municipales, programas y acciones, con perspectiva de género, que tengan por objeto conmemorar el 19 de junio de 2016, como “Día del Padre Igualitario”.

Referencias bibliográficas y electrónicas:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ documentos_download/101143.pdf

http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/ hombresxigualdad/galeria/ exposicion_de_dibujos_mi_papa_igualitario/ ?tx_photoblog_pi1%5BshowUid%5D=559

http://hombresigualitarios-ec.blogspot.mx/2013/12/ libro-guia-express-del-hombre.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUENTE BINACIONAL, SE BENEFICIE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a beneficiar, en el marco de la puesta en operación del puente binacional, el desarrollo económico y social de Tijuana, Baja California, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que con la puesta en operación del puente binacional, del cobro que se realice a los usuarios como parte de la tarifa de servicios aeroportuarios, se establezca un porcentaje que beneficie el desarrollo económico y social de Tijuana, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La construcción y modernización de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles contribuyen a la conectividad y articulación de las municipalidades y con ello al desarrollo regional.

La infraestructura es un factor indispensable para el desarrollo y crecimiento de una entidad o una región; por medio de ésta se impulsa al sector productivo debido a que reduce costos e induce a aumentar la productividad y la competitividad, favorecen al crecimiento de los servicios, es una generadora de empleos y beneficia el desarrollo social y la calidad de vida de la población que está directamente relacionada con ésta.

La relevancia de la infraestructura es mayor en aquellas economías con un elevado porcentaje de participación en el comercio exterior.

El marco jurídico de México le permite al sector privado tener una participación importante en la creación de infraestructura, ante la escasez de recursos públicos disponibles; y ante un abanico amplio de necesidades qué atender, es necesario que se busquen alternativas con la participación de inversión privada para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

En el contexto de lo anterior, en Tijuana, Baja California, se inauguró en diciembre el primer puente binacional en México, obra de cerca de 20 metros de longitud que permite el paso de los usuarios del aeropuerto internacional de Tijuana a la Terminal aérea de Otay Mesa en San Diego, Estados Unidos.

Este nuevo acceso facilita la internación entre ambos países a los pasajeros con pase de abordar en vuelos que tengan salida o llegada al aeropuerto de Tijuana desde cualquier origen, reduciendo el tiempo empleado en el desplazamiento y espera en los pasos fronterizos de San Ysidro y Otay.

Los servicios proporcionados por las autoridades fronterizas de México se encuentran ubicados en el aeropuerto de Tijuana y los servicios correspondientes de Estados Unidos se encuentran en las instalaciones de la terminal Cross Border Xpress (nombre que las autoridades han asignado al puente) en el lado norte de la frontera.

La obra fue planeada en conjunto con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos con la finalidad de agilizar a los más de 2 millones de pasajeros anuales que moviliza el aeropuerto de Tijuana que pretenden cruzar la frontera a través de los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa.

El derecho de uso de este nuevo paso fronterizo es exclusivo de los viajeros que dispongan de boleto y pase de abordar con salida del aeropuerto de Tijuana o que hayan llegado al aeropuerto procedente de cualquier otro aeropuerto de origen.

De acuerdo con Grupo Aeroportuario del Pacífico concesionario del Aeropuerto Internacional de Tijuana, la utilización de la nueva infraestructura construida por el aeropuerto de Tijuana no está sujeta a ningún cargo adicional, siendo parte de los servicios proporcionados por el aeropuerto de Tijuana y que están incluidos en la tarifa por utilización de los servicios aeroportuarios.

Los pasajeros que consideren necesario utilizar las instalaciones, desde o hacia el aeropuerto de Tijuana, pueden estar sujetos a cargos de peaje que aplique el operador del puente en la parte que corresponde a las instalaciones de los Estados Unidos, donde se establece un cobro de 18 dólares que se empezó a cobrar el 18 de diciembre de 2015.

El cruce fronterizo del puente es exclusivo para pasajeros del Aeropuerto de Tijuana. Los pasajeros cuyos vuelos partan de la ciudad de Tijuana pueden cruzar hasta 24 horas antes de su vuelo, en tanto que los aterricen en el aeropuerto de Tijuana dispondrán de máximo 2 horas después de su llegada para utilizarlo.

Esta obra agilizará el cruce con su pase de abordar sin que los viajeros tengan que salir a carretera a cruzar por las garitas, por lo que este proyecto afecta la derrama económica que recibía Tijuana por la afluencia de visitantes. Esta afectación repercute en el sector servicios como: transporte terrestre, alimentos, hospedaje, comercios, entre otros.

Más de 2.5 millones de personas anuales que arriban a Tijuana pretenden realizar el cruce por las garitas con destino a San Diego, Estados Unidos, y con la puesta en operación del puente binacional el efecto económico se estima en hasta 750 millones de dólares, que dejará de percibir la actividad económica del municipio, ya que en promedio una persona gasta de 150 a 300 dólares entre alimentos, hospedaje, transporte, comercio, etcétera.

El puente binacional genera un efecto negativo a la economía local de Tijuana. Por tanto, se solicita que el Ejecutivo federal revise los efectos secundarios que genera esta importante obra, y se plantee un beneficio económico que apoye a las actividades económicas que dependen de la derrama que dejan los viajeros que arriban a esta entidad y que ahora no utilizarán sus servicios.

Es preciso que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el concesionario del aeropuerto de Tijuana, establezcan un porcentaje dentro de los servicios aeroportuarios que favorezca al municipio de Tijuana por los efectos negativos que genera la puesta en funcionamiento del puente binacional.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que con la puesta en operación del puente binacional, del cobro que se realice a los usuarios como parte de la tarifa de servicios aeroportuarios, se establezca un porcentaje que beneficie el desarrollo económico y social del municipio de Tijuana.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de febrero de 2016.— Diputada María Luisa Sánchez Meza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, para dictamen.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS FEDERALES EN LA REGIÓN DE LA MIXTECA EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ejercer oportunamente los recursos asignados para conservar, mantener y reconstruir las carreteras federales en la Mixteca oaxaqueña, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Sergio López Sánchez, diputado de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la unidad administrativa Centro SCT Oaxaca para ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de distintas carreteras federales de la región Mixteca en el estado de Oaxaca.

Exposición de Motivos

Como integrante del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, y a través de este Punto de a Acuerdo, quiero denunciar, a nombre de los municipios de la región Mixteca del estado de Oaxaca, mi profundo desconcierto ante la sistemática falta de atención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ejercicio eficaz y oportuno de diversos tramos carreteros federales, que han sido asignados para la reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras federales.

Es lamentable e indignante que pasan los años y las administraciones públicas locales, y la situación de rezago y marginación de la Región Mixteca permanece igual o peor.

Recordemos que el estado de Oaxaca se caracteriza por un tener un territorio vasto, diverso y complejo. Así las cosas, la entidad del sur-sureste del país abarca una extensión de 95,364 kilómetros cuadrados, que representan el 4.8% de la superficie total del país.

Asimismo, que la división política de Oaxaca es la más complicada de toda la República Mexicana, ya que está formada por 570 municipios, 25 distritos y 8 regiones, pero sobre todo porque es una de las entidades federativas con mayores índices de pobreza multidimensional, circunstancia que es poco atendida por nuestras autoridades locales.

De igual forma, es menester señalar que la longitud de la red federal pavimentada en Oaxaca asciende a los 2,850.35 kilómetros.

Sin embargo, no toda esta red federal se encuentra en óptimas condiciones, un ejemplo del grave deterioro y falta de mantenimiento por parte del gobierno federal lo encontramos en los tramos que sirven de acceso a la Región de la Mixteca.

Una de las regiones oaxaqueñas que representa un claro ejemplo del atraso y abandono por parte de las administraciones públicas es la Mixteca.

Al respecto, señalaremos que la Mixteca oaxaqueña es una de las regiones más pobres y marginadas del país, está conformada por 155 municipios, de los cuales 46 presentan un muy alto grado de marginación, 48 grado de marginación alto, 59 grado de marginación medio y solamente dos municipios presentan grado de marginación considerado como bajo; es decir, que poco más del 60% de los municipios de la Mixteca presentan un grado de marginación entre alto y muy alto.

Ahora bien, en términos de población, lo anterior equivale a decir que el 56 por ciento de su población (aproximadamente 261,069 habitantes) vive y se desenvuelve en condiciones de una profunda y compleja precariedad.

Estos problemas, no sólo se presentan por la ausencia de un ingreso digno entre la población mixteca, sino que también tienen que ver las severas limitaciones en el acceso a la zona, debido a la gran carencia de vías de comunicación adecuadas.

Es así, que la falta de vías de comunicación adecuadas significa un atenuante más para que la mixteca no logre salir del profundo rezago en el que se encuentra, rezago que ha durado muchos años.

Es por tales razones, que diversas carreteras federales que son clave para el acceso a las comunidades de la Región Mixteca y que forman parte del Distrito que dignamente represento y por el cual estoy librando una lucha constante e incansable a fin de lograr corresponder a la confianza que me brindaron para representarlos en esta Cámara Baja; deben de ser atendidas en el corto plazo, ya que sus condiciones son lamentables, prácticamente estas carreteras federales son intransitables, lo que provoca que el rezago y marginación que sufren las comunidades mixtecas se acrecenté.

Es por estos motivos, que me he dado a la imperiosa necesidad de intervenir para que de una vez por todas se exija a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la debida atención a esta grave problemática.

A continuación, enlisto los respectivos tramos carreteros por los que de forma urgente necesitan la correspondiente atención por parte de la autoridad federal, ya que por años el ejercicio de los recursos federales para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de carreteras ha sido nulo en la multicitada región del estado de Oaxaca, para pronta referencia cito a continuación los tramos en comento:

• Tramo carretero Santo Domingo Yanhuitlán-Yucudaa-Teposcolula-Tlaxiaco.

• Tramo carretero Putla-Pinotepa Nacional.

• Tramo carretero: Yucudaa-Tamazulapan-Huajuapan de León.

La finalidad de esta proposición, es lograr que el titular de la dependencia federal instruya, de manera inmediata, a la unidad administrativa Centro SCT Oaxaca para que ejerza los recursos destinados para que se lleven a cabo los trabajos de conservación, mantenimiento, y en su caso, reconstrucción de los tramos carreteros de la mixteca oaxaqueña.

No podemos esperar más para resolver la grave y difícil situación que vive la región de la mixteca y que no ha sido atendida por décadas.

Ya basta, compañeras y compañeros legisladores que sigamos permitiendo la exclusión de las comunidades y pueblos más pobres y marginados del país.

¿Hasta cuándo daremos los pasos firmes para revertir esta lacerante característica del político mexicano?

Estoy convencido, porque así lo he realizado durante toda mi trayectoria política, de que los cambios se pueden y deben realizar. Para generar los cambios en favor de los más necesitados es que muchos de nosotros decidimos dedicarnos a la política.

Las responsabilidades que se tiene como servidor público en cualquier dependencia federal, local o municipal y en cualquier poder, están diseñadas para que se trabaje en pro de las comunidades, situación que al parecer, muchos funcionarios olvidan.

Debemos de honrar a la población en su conjunto, para eso estamos aquí, para eso fuimos elegidos.

En virtud de lo anterior es que resulta francamente inconcebible la incapacidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ejercer en tiempo y forma los recursos públicos destinados a la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales de la Región Mixteca, abonando a la incertidumbre, a la desconfianza y a la opacidad en el manejo del dinero de las y los mexicanos.

Por todo lo expuesto me permito poner a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a la unidad administrativa Centro SCT Oaxaca ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la Región de la Mixteca en el estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2016.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS DESAPARICIONES FORZADAS OCURRIDAS EN EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en el país, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 dela Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones I a la III del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y que es una preocupación del gobierno mexicano, así como de la comunidad internacional, que exigen se apliquen medidas para su solución y que estos crímenes no queden en la impunidad.

Segunda. Que al efecto de combatir este flagelo se han creado sendos instrumentos internacionales, de los cuales el estado mexicano es parte, donde se tipifica el delito de desaparición forzada de personas, a saber:

1) La Resolución 47/133, sobre la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas;

2) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, del 9 de junio de 1994;

3) El Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998; y

4) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006,

Tercera. Que en los instrumentos internacionales mencionados ha quedado asentado, entre otras cosas que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se declara:

Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan Desapariciones Forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

Y se considera que “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.”

Cuarta. Que a nivel internacional existe consenso sobre la definición de Desaparición Forzada de Personas y ha quedado asentado como tipo penal, el cual considera que “se entenderá por Desaparición Forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Quinta. Que en México el número de desapariciones forzadas hasta el mes de marzo de 2015, se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al mes de enero de 2016, el número de desapariciones forzadas incrementó a 27 mil personas. De las cuales más de 10 mil 841desaparecieron durante el lapso que lleva el actual gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de desapariciones, señalan organizaciones de la sociedad civil. Esta realidad constituye “una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Sexta. Con fecha 6 de octubre de 2014 la LXII Legislatura creó la comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, con el objeto de allegarse elementos de información relativa al caso, lo que incluía la solicitud de información a las dependencias involucradas, reuniones con autoridades estatales, federales, ministeriales y judiciales, particulares, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.

Séptima. Que el 15 de Septiembre de 2015 la LXIII legislatura creó la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de derechos humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Octava. Que con fecha 3 de septiembre del 2015, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentó una propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares, iniciativa que fue avalada por al menos 274 organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares y más de mil personalidades, la cual fue presentada formalmente en el Senado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el pasado 17 de septiembre de 2015.

Esta iniciativa de ley, elaborada desde la sociedad y de las víctimas, tiene como finalidad establecer los elementos necesarios para Proteger a toda persona contra el delito desaparición forzada de personas, y la desaparición cometida por particulares, establecer las sanciones y penas adecuadas, la Prevención, Reparación integral y erradicación de éste delito de lesa humanidad. Así como establecer los elementos necesarios de coordinación para los tres niveles de gobierno para realizar la búsqueda, localización e Investigación de ambos delitos.

Novena. Que ante el debate nacional sobre la necesidad de crear la fiscalía general para la atención de todos los casos de desapariciones forzadas en el país, dada la magnitud que ha cobrado el problema, ha llegado a considerarse como una crisis humanitaria. Es por ello que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UEBPD, fue creada por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam mediante el acuerdo A/066/13 en junio del año 2013. Entre sus facultades, se resalta el cumplir con las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, persecución de delitos e investigación forense.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, a ésa Unidad se le asignaron 40 millones 209 mil 5 pesos. Pese a la problemática de la desaparición de personas en el país, lejos de disminuir se agravó durante 2014, los recursos asignados en el presupuesto para la UEBPD en 2015 se redujo a 14 millones 676 mil 268. Ante tal situación, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, han señalado que el desempeño de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha estado muy por debajo de las necesidades para la búsqueda e investigación adecuadas. Por ejemplo, en septiembre de 2015 dicha unidad contaba con 29 Ministerios Públicos, 48 policías federales ministeriales adscritos y 3 vehículos, para la búsqueda e investigación de alrededor de 700 casos de personas desaparecidas, de tal forma que cada Ministerio Público tenía a su cargo entre 28 y 30 averiguaciones.

El 9 de octubre de 2015, por medio del acuerdo A/094/15, la procuradora general de la República Arely Gómez creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con las mismas facultades con las que ya contaba la citada Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo establece que “se abroga el acuerdo A/066/13 por el que se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecen sus facultades, por lo que se transfieren los recursos materiales, financieros, humanos y la información con la que cuenta ésa Unidad”. A pesar del cambio de nombre, la recién creada Fiscalía cuenta con recursos incluso inferiores a los que tenía la Unidad Especializada, puesto que cuenta con 21 Agentes del Ministerio Público Federal, pero las Averiguaciones Previas ascienden a más de mil.

Por tales motivos, es preocupante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se asignen 28 millones 114 mil 1 pesos, lo que representa una disminución de 34 por ciento al presupuesto en comparación con el presupuesto asignado a la unidad especializada en 2014.

Es evidente que tal situación contraviene las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2015), así como del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (2011-2015). Por otro lado, encontramos que en el PEF de 2016, se asignó a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada un monto de 628 millones 528 mil 829 pesos; es decir 22 veces el presupuesto asignado a la ahora nombrada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hecho que indica que la prioridad del gobierno federal sigue siendo el combate a la delincuencia organizada, mientras que las víctimas siguen siendo consideradas daños colaterales.

Las organizaciones de familiares agrupadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, han solicitado al Congreso de la Unión se realice una ampliación del presupuesto etiquetado para la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 28 millones 114 mil 11 a 140 millones 570 mil 55 de pesos; de tal suerte que debemos empezar a construir las condiciones mínimas para contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos que apoyen a la búsqueda en vida de los desaparecidos; así como contar con el recurso para la exhumación e identificación de los restos de personas encontradas en fosas comunes y clandestinas, cuyas familias reclaman y tienen derecho a enterrarlas dignamente.

Décima. Que ante la preocupación, por la falta de una legislación que regule el delito de Desaparición Forzada, presenté ante éste Congreso de la Unión, una iniciativa del Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, el 29 de septiembre de 2015, la cual fue turnada con la misma fecha a la Comisión de Justicia. Asimismo, con fecha 15 de diciembre del 2015; los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y Jesús Zambrano Grijalva del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, que también fue turnada a dicha Comisión de Justicia. Es importante resaltar que respecto a la iniciativa del suscrito Juan Romero Tenorio; a la fecha no se ha implementado acción alguna para dictaminarla, a pesar que el plazo constitucional ha fenecido, según lo establecido por el artículo segundo transitorio al artículo 73, fracción XXI, inciso a).

Undécima. Que con fecha 10 de diciembre de 2015 el Ejecutivo federal presentó ante el Senado de la República, iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas; ésta apenas a cinco días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, motivo por el cual, las diferentes organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, han criticado y observado lo siguiente:

1. En cuanto al registro nacional, se habla nuevamente de un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, lo cual permite se continúe sin saber a ciencia cierta la gravedad y el número de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, en tanto se pretende encajonar en un mismo registro a las personas que no son víctimas de una violación grave a derechos humanos. Con lo cual el Estado mexicano busca, nuevamente ocultar la realidad y la gravedad del problema en nuestro país.

2. Se habla de unidades especializadas en materia de desaparición de personas, tanto a nivel federal como estatal, cuando un par de meses atrás se mencionó de la creación de la fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo en el decreto no se hace mención de ésta, por lo que pareciera que la creación de dicha fiscalía solamente ha sido una simulación por cumplir las recomendaciones hechas por instancias internacionales.

3. En cuanto a la conceptualización que se establece en este decreto sobre desaparición forzada, se elude nuevamente el retomar la definición establecida por la convención interamericana y la internacional en la materia, haciendo referencia, una vez más, sólo a los servidores públicos como los responsables de la comisión de la desaparición forzada, dejando fuera a las fuerzas armadas, militares y demás agentes del estado que cometen esta grave violación.

4. Si bien en el decreto de ley general se habla de imprescriptibilidad, dentro del transitorio cuatro existe una contradicción con lo establecido en el artículo 8 ya que solamente se podrá aplicar las sanciones por los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cuando entre en vigor la ley general, lo cual evita que las familias puedan exigir que los casos que están siendo investigados bajo otros tipos penales o que ya se encuentran en curso de investigación no puedan apelar a lo establecido en la ley general. Impidiendo con esto la reclasificación del delito, demanda de muchas familias, en tanto sus casos se encuentran bajo otros tipos penales como el de secuestro.

5. Los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometido por particulares, de acuerdo a los estándares internacionales son de carácter permanente y continuo; y dentro del artículo 7 del decreto presentado por el Ejecutivo se habla de “carácter permanente o continuo” dejando a la interpretación del juez.

6. En cuanto a la persecución del delito y las sanciones, se enfoca a la sanción para particulares de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal y en el segundo transitorio se deroga el capítulo III Bis del título décimo sin agregar en ninguna otra parte de dicho título la responsabilidad de agentes del Estado o servidores públicos por la comisión del delito de desaparición forzada de personas. Siendo que la derogación de este capítulo se había exigido para que fuera integrado en el capítulo establecido para crímenes contra la humanidad.

7. La pena máxima establecida en el decreto de ley general es de 100 años de prisión, haciendo que el delito de desaparición forzada sea equiparado en gravedad al de secuestro. Siendo que, la desaparición forzada de personas además de un delito grave, está catalogado por el derecho internacional como una de las más graves violaciones a derechos humanos, su sanción debe ser mayor a la que se estable en la ley antisecuestro. El hecho de que se imponga la misma pena nos reafirma que el Estado mexicano no tiene voluntad política por darle la importancia debida a una violación a derechos humanos tan grave como lo es la desaparición forzada.

8. En ninguna de las partes del decreto se menciona como agravante la desaparición forzada o desaparición de personas cometida por particulares a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, luchadores sociales y periodistas; dejando en la impunidad a los perpetradores directos e indirectos de los crímenes cometidos en contra de estos sectores.

9. Las atenuantes establecidas en el decreto permitirán que los perpetradores salgan en libertad en un tiempo que va de 5 a 50 años sí es que se les impone la pena máxima establecida para los casos de desaparición forzada, aunado a que a los agentes del Estado sólo se les aplicará la inhabilitación por el mismo tiempo que cumplan en prisión, por lo que al salir pueden volver a ejercer algún cargo público, permitiendo con esto la continuación de la práctica de la desaparición forzada.

10. Se omite incluir la creación de panteones identificados para la inhumación de cadáveres o restos no identificados para su posterior identificación. Por lo cual no se establece debidamente el destino que tendrán las personas o sus restos cuando no han sido identificados.

11. Siendo, que el tiempo es un factor importante para la localización de una persona desaparecida de manera forzada o a manos de particulares, el hecho de que para el inicio de la búsqueda sea requerido un reporte o denuncia dilata el proceso, ya que la investigación se debe iniciar de oficio, con el simple hecho de que la autoridad tenga conocimiento de la desaparición de una persona debe activar la búsqueda inmediata de ésta. En una adecuada ley general se tendrían que aplicar ambos criterios a la par para no dilatar la búsqueda de las personas desaparecidas.

12. En los apartados de búsqueda y registro forense en ningún apartado se menciona las instalaciones de las fuerzas armadas como parte de las líneas de investigación y búsqueda de las víctimas; además de que en los requisitos para el Registro Forense Federal se le solicita al familiar mencione sí la víctima cuenta con antecedentes judiciales y si pertenece a algún grupo, con lo cual se puede criminalizar a la víctima, a sus familiares y organizaciones como se ha hecho con las víctimas y familiares de desaparición forzada por motivos políticos.

13. Uno de los derechos de los familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas por particulares es la de coadyuvar en la búsqueda e investigación, sin embargo en el artículo 60 del decreto de Ley General se pretende coartar dicho derecho bajo el alegato de la obstaculización por parte de las familias en la búsqueda e investigación; lo cual puede ser utilizado para frenar las exigencias de las familias ante actos que no sean adecuados para lograr una búsqueda eficaz o que la investigación realizada no sea la adecuada.

14. La ley general en materia de protección de derechos humanos incluye a las personas no localizadas, siendo que dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, esto no es considerado una violación o un delito que se deba perseguir, dado que, como ya lo hemos mencionado en nuestro último boletín, una persona No Localizada es aquella que por otros motivos, distintos a la comisión de un delito se desconoce su paradero. Esto no quiere decir que el Estado no esté obligado a activar los protocolos de búsqueda para su localización.

15. No se menciona la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense. La cual también ha sido una exigencia de las familias ante la desconfianza plena que existe en las instancias del gobierno.

Duodécima. Que frente a las deficiencias de una iniciativa tardía y mal planteada el Estado mexicano, hasta el momento no garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de la llamada guerra sucia, no sanciona a los perpetradores materiales e intelectuales de éste delito y no garantiza medidas de no repetición. Hecho por el cual, la desaparición forzada y las desapariciones cometidas por particulares siguen siendo una terrible realidad en nuestro país. Pues gracias a esta impunidad, la desaparición forzada pasó de ser una estrategia dirigida para contener o eliminar la disidencia política, a ser una estrategia que afecta a amplios sectores de la sociedad entre los cuales siguen encontrándose luchadores sociales, personas defensoras de los derechos humanos, jóvenes estudiantes, mujeres y migrantes. Por ello, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de uno de los Poderes de la Unión, tiene la obligación ética, política y jurídica para realizar actos, que contribuyan al establecimiento de ordenamientos generales leyes que permitan solucionar las condiciones de seguridad de la población en general y que para ellos puede, entre otras cosas:

1. Solicitar, informes a las autoridades competentes correspondientes, para conocer las actuaciones así como el estatus que guardan los asuntos a su cargo, que atienden o guardan relación respecto a las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas de personas;

2. Celebrar reuniones con autoridades de todos los niveles de gobierno;

3. Entrevistarse con agrupaciones relacionadas en el tema, buscando tener reuniones con autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales, organismos autónomos protectores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas, organismos de apoyo y organizaciones internacionales.

De igual manera, además, al menos, puede realizar las siguientes acciones:

a. Contribuir, desde la esfera de su competencia, a facilitar, agilizar y completar la búsqueda de personas desaparecidas.

b. Gestionar en lo inmediato con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la protección y la reparación integral del daño de las víctimas directas e indirectas de los hechos.

c. Verificar que las investigaciones realizadas procedan conforme al más estricto apego al estado de derecho, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y la legislación correspondiente, así como los principios de buena fe, transparencia, rendición de cuentas, protección de las víctimas, probidad, honradez, y objetividad.

d. Fomentar, dentro de la esfera legislativa, la vinculación de los tres poderes de la unión y órdenes de gobierno para trabajar coordinadamente en el pronto esclarecimiento de los hechos y abrir sus canales de comunicación e intercambio de información.

e. Promover la aplicación de protocolos y mejores prácticas internacionales en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada de personas ocurridos en cualquier lugar del país.

f. Exhortar a las autoridades competentes a que se conduzcan con apego a los principios de preservación del lugar de los hechos y la cadena de custodia, y en general todos los procesos que aseguren que no se desvanezca la evidencia que permita esclarecer este caso.

g. En su caso, tomar en cuenta y fomentar en las autoridades correspondientes la atención a los informes y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que permitan coadyuvar en las investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada de personas ocurridos en todo el territorio nacional.

h. En su caso, tomar en cuenta y fomentar en las autoridades correspondientes la atención a los informes y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos que permitan coadyuvar en las investigaciones relacionadas con los hechos de desaparición forzada de personas ocurridos en todo México.”

i. Fomentar, de ser necesario, la cooperación internacional para la colaboración con las autoridades mexicanas para el esclarecimiento del caso.

j. Impulsar y dar seguimiento a las investigaciones, programas, medidas y acciones que se diseñen e implementen para facilitar los trabajos y conclusión de la investigación que lleven a esclarecer los hechos.

k. Supervisar y verificar que, en caso de que se determine responsabilidad a servidores públicos, se inicien, desarrollen y resuelvan los procedimientos civiles, penales y/o administrativos correspondientes.

l. Fomentar el trabajo articulado de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de contribuir con las investigaciones.

m. Promover el diseño e implementación de una campaña de difusión para incentivar la denuncia pública, ante las autoridades competentes, para que la población colabore en aportar información que facilite su tarea de investigación sobre los hechos que dieron origen a esta comisión.

n. Establecer mecanismos de comunicación con todos los actores y población en general que deseen aportar a los trabajos de esta comisión.

o. Formular iniciativas, para mejorar y hacer más efectiva la legislación actual, particularmente las relativas a las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con el propósito de que éstas, sean eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos.

Derivado de lo anterior, es urgente que una comisión especial atienda a las voces de la sociedad que hasta hoy no encuentran una solución del Estado mexicano; y que implemente los mecanismos necesarios para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país. Por tanto, con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones expresadas en el proemio, se propone de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la comisión especial para el seguimiento de todas las desapariciones forzadas ocurridas en el país. El número de sus integrantes y el plazo para efectuar sus tareas serán propuestos por la Junta de Coordinación Política, guardando los principios de pluralidad y proporcionalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

RETIRAR EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA “PROY-NOM-199-SCFI-2015” RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE MEZCAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a retirar el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, relativa a la elaboración de mezcal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a retirar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-199-SCFI-2015”, Bebidas Alcohólicas-Denominación-Especificaciones Fisicoquímicas, Información, relativa a la elaboración de mezcal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I.Mezcal no es una palabra náhuatl como se ha dicho, es un aztequismo; Cecilio A. Robelo, en 1905, en su Diccionario de la Mitología Nahoa define: “Mexcalli se compone de metl, maguey; de ixcalli, cocido, hervido y significa “maguey cocido”.

II. “Las lenguas de nuestros ancestros nombraron estas plantas metl o mexcametl (náhuatl), tocamba (purépecha) y guada (otomí), que son fuente de alimento, bebida, fibra, medicina y material de construcción. El uso que les ha dado la fama es la producción de las importantes bebidas: aguamiel (neutli) y su fermentado, el pulque (octli), y más tarde de las destiladas: los mezcales (mezcal, tequila y bacanora). Los españoles las llamarían maguey, palabra adoptada en su paso por las Antillas (Conjunto de islas en el Caribe y el Océano Atlántico) en el siglo XVI. Agave  del griego “admirable” o “noble”– sería su nombre científico, acuñado por el naturalista sueco Carl von Linneo en su obra Species Plantarum en 1753.

El maguey vive entre cinco y setenta años, según la especie, antes de producir cientos de flores que ofrecen néctar a insectos, aves y murciélagos a cambio del polen de otros individuos de su especie.

III. Actualmente se conocen cerca de 200 especies de Agave, todas americanas; poco más de la mitad se encuentra exclusivamente en México. La riqueza del género Agave en nuestro país se debe a que este linaje surgió hace unos 8 millones de años en los territorios del Altiplano Mexicano. Los grupos humanos que se asentaron en estas regiones desarrollaron uno de los principales centros agrícolas de América. Al aprovechar los magueyes, estos pueblos hicieron de México su centro de domesticación y diversificación. Además de seleccionarlos por sus fibras o aguamiel, los que presentaban mayores concentraciones de azúcar fueron identificados y manejados para asegurar el abastecimiento del mexcalli (mezcal ).”

IV. En los años 90 se presentó como necesaria la introducción de la Denominación de Origen para el mezcal, éste es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.

Las declaratorias generales de protección a las denominaciones de origen son emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF); y señalan el producto y el territorio.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son emitidas por la Secretaría de Economía y publicadas en el DOF; especifican la materia prima, procedimiento de fabricación y etiquetado, entre otros.  La leyenda 100 por ciento en la etiqueta señala que el destilado está elaborado exclusivamente con la materia prima indicada. Si no se presenta, se trata de un producto mixto que contiene otros azúcares en el porcentaje admitido dentro de la NOM.

V. “En nuestro país el uso de indicaciones geográficas, entre ellas las denominaciones de origen, es reciente y requiere mayor desarrollo y precisión. Puede complementarse con el uso de marcas colectivas y de certificación que ayuden a disminuir los costos de transacción en los controles de producción, calidad e inocuidad, en beneficio de productores y consumidores.

Producir, transformar y envasar localmente mezcales elaborados 100 por ciento de maguey y diferenciados por su origen geográfico e identidad de la especie utilizada, permite que el valor agregado permanezca en las regiones productoras, que se valore más la calidad del maguey y se reconozca el trabajo de los pequeños productores que generan empleo en sus regiones.”

VI. El 25 de noviembre del año pasado, se lanzó una nueva propuesta de Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM199-SCFI-2015) donde se definen a las bebidas alcohólicas que se producen y consumen en México, se ?describen sus métodos de elaboración, etiquetado y por consecuencia su regulación. “Todo esto en aras de proteger y mantener informado al consumidor de manera veraz y sin confusiones.” Este anteproyecto de la NOM-199 aún se encuentra en etapa de análisis y consulta pública.

Sin embargo, en este proyecto, entre otros huecos legales y de definiciones de varias bebidas involucradas, llama poderosamente la atención la intervención con respecto a? los destilados de Agave.

La NOM199 busca limitar ?el uso de ?la palabra “Agave” y “maguey” para productos que cuenten actualmente con alguna Denominación de Origen.

VII. Básicamente, lo que se aprobaría con la implementación de esta norma, es que la mayoría de los productores, especialmente los que lo elaboran de forma artesanal y tradicional, en los más de 11 estados de la República que no cuentan actualmente con una denominación, estarían obligados a llamarle “Komil” a sus bebidas. Además, se les prohibiría utilizar la palabra “Agave” en su etiqueta comercial, a pesar de que sus bebidas estén hechas? con esa materia prima.

La palabra komil, dice en la propuesta, es una palabra de origen náhuatl y significa bebida embriagante, pero como lo hemos visto, no tiene el arraigo y sustento tradicional, cultural, histórico del maguey, del mezcal, además que no es utilizada en ningún lugar donde se produce el mismo, así que eliminaría del panorama a todos los pequeños productores que no están en los estados que ya tienen la denominación de origen para producir tequila o mezcal.

VIII. La secretaría justifica que el objetivo de la norma es proteger a los consumidores y acotar la comercialización engañosa de las bebidas alcohólicas, ya que el consumo de alcohol entre los mexicanos ha aumentado en años recientes hasta llegar a 6.8 litros per cápita.

Sin embargo, alertó: se estima que cuatro de cada 10 botellas en el mercado mexicano son de licor adulterado, lo que representa un riesgo contra la salud y vida de la población, además de que el volumen de bebidas adulteradas que son incautadas por autoridades se disparó 800 por ciento en el pasado trienio, por lo que el año anterior sumaron 3.3 millones de litros.

Si bien el proyecto abarca todas las bebidas alcohólicas que distribuyen en el país y que van desde cerveza, pulque o tequila, hasta brandy, whisky o champaña, el uso de la palabra komil para agrupar a las bebidas alcohólicas producidas fuera de las denominaciones de origen que utiliza como materia prima algún agave es la que ha generado más inquietud entre productores y comercializadores de los destilados de esa planta.

IX. Ya desde hace algunos años se han presentado una serie de argumentos y razones que sólo pretenden poner en peligro al pequeño productor artesanal y tradicional de mezcal en este país, hoy, esta propuesta de norma resulta en una doble marginación, ya que pretenden quitarles también esa palabra que es el único vínculo con la planta con la que está elaborado.

En 1994 con la NOM-070 se les despojó de ese nombre cuando fue creada la denominación de origen del mezcal, pues la palabra quedó restringida legalmente para quienes la producían bajo ciertos requisitos y sólo en cinco estados y 41 municipios de otras tres entidades del país.

Al resto de las bebidas se les agrupó bajo la denominación genérica destilados de agave, pero ahora con la NOM-199 se intenta quitar la palabra agave.

X. Esta pretensión no sólo pone en riesgo al mezcal, ya que, más adelante puede ser con otros productos e insumos, como la vainilla, el amaranto, etcétera, productos emblemáticos y tradicionales de México.

Es evidente que la propensión de las autoridades a defender los intereses de grandes empresas tiene un efecto adverso en la biodiversidad: al trastocar las posibilidades de comercialización de productos distintos a los protegidos por las denominaciones de origen, se afecta también su producción.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) a retirar el proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-199-SCFI-2015” de la etapa de consulta pública para su reevaluación.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Economía (SE) y las instancias que correspondan, convoque a las partes excluidas, académicos, especialistas, a todos los sectores involucrados y afectados con esta propuesta de norma a participar en una verdadera consulta pública para la elaboración de un nuevo proyecto.

Notas:

1 Portal Biodiversidad Mexicana, “Mezcales y Biodiversidad”, Conabio, México, 2012.

2 Ibídem

Citas:

Robelo, Cecilio A. Diccionario de Aztequismos o sea Catálogo de palabras del idioma Náhuatl, Azteca,Imprenta del autor. México, Cuernavaca, 1904.

Portal Secretaría de Economía, México, 2016

La Jornada impresa, México, 21 de febrero 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE LA ARAÑA VIOLINISTA Y LOS EFECTOS DE SU PICADURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas informativas sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La araña violinista, o también denominada “araña del rincón”,  tiene como característica, el dibujo de un violín. De color marrón, aunque negras, crema o grises, es común que la población no las reconozca e identifique fácilmente, debido a esta capacidad de poder combinarse con el medio en donde se encuentre.

Este tipo de arañas, tienden a vivir, en áreas en donde no ha habido movimiento en un tiempo determinado, y también tienen como característica que se les encuentra en los interiores de cualquier domicilio, cuando el clima registra bajas temperaturas. Su reproducción, se realiza en temporadas cálidas del año.

Estos datos generales que presento sobre el arácnido, es justamente por el riesgo que representa la mordedura venenosa e incluso mortal por parte de esta araña. Puede considerarse que el veneno de este tipo de araña, es de los más peligrosos y venenosos del mundo.

La atención que debe recibirse, debe ser en las primeras horas que se ha sufrido la mordedura, debido a que la piel y músculo en donde se dio la picadura, inicia un proceso de descomposición, como reacción alérgica grave.

En el caso particular de la Ciudad de México, se ha hecho énfasis en que no hay una alerta sanitaria ni epidemiológica sobre la presencia de la araña violinista. Sin embargo, a través de medios, redes sociales e inclusive de experiencias de personas cercanas se ha conocido de un número creciente de casos en diversas zonas de la ciudad. En otros estados, tampoco ha sido decretada una alerta sanitaria ni epidemiológica, a pesar de que se ha detectado la presencia de la araña en territorio nacional y cuya mordedura, ha ocasionado por lo menos, 200 mil muertes a nivel mundial en 2015.

La Secretaría de Marina, a través de su Dirección General de Sanidad Naval, ha difundido un tríptico, en el cual, se encuentra la información básica sobre el tema, desde la imagen de la araña, hasta los síntomas y el veneno.

Un dato relevante que presenta dicho material, es que el veneno de esta araña, es 15 veces más peligroso que el de una serpiente cobra.

Es común que los niños, principalmente los más pequeños, estén mayormente expuestos a que una araña violinista los muerda. Por ello, es necesario que sean difundidas imágenes de la araña violinista para que la población pueda reconocerla en un momento determinado; en el caso de una picadura que se conozcan cuáles son los síntomas que se desencadenan a partir de la picadura, tales como hinchazón, dificultad para respirar, mareo, fiebre, nausea, vómito, así como el enrojecimiento de la zona. La picadura, provoca llagas en la piel, y el veneno se expande, el cual, si transcurre un mayor número de horas para recibir atención, puede llegar a afectar órganos vitales, provocando la muerte, aunque la Secretaría de Marina, amplía la información, al decir que “transcurridos de quince minutos a varias horas, en la zona, aparece acumulación de líquido y dolor intenso que se irradia a tronco y extremidades. Después por acción sistémica del veneno puede aparecer un cuadro neurotóxico (interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos), ausencia de movimiento, alergias, contracturas musculares y espasmos viscerales. Hay también escalofríos, vómitos, disminución del nivel de conciencia, delirios, dificultad respiratoria, disminución de producción de orina y a veces, colapso cardiovascular con muerte del paciente, si es niño o anciano”.

Además, es necesario difundir cuál es el hábitat de este arácnido, que lo son por lo general, lugares con poca luz, sucios y con polvo.

Ante la situación antes planteada y por la importancia que representa el prevenir y el saber qué hacer ante una emergencia, en este caso, ante una picadura de una araña que puede desencadenar, se pretende que las autoridades de Salud, tanto federales como locales, puedan realizar campañas de difusión para prevenir y conocer qué es lo que debe hacerse en caso de la mordedura de una araña violinista, en el entendido que sí los niños de este país en primer término, y el resto de la población en un segundo término, incluida la población vulnerable (embarazadas, adultos mayores) pueden tener esta información actualizada y a su alcance, podrán prevenir el desencadenamiento de un cuadro médico que finalice con la muerte del afectado.

En este sentido y con la convicción de que la prevención es la mejor forma de hacer frente a problemas de salud pública se hace indispensable que las autoridades de Salud tanto federales como locales difundan información acerca de la llamada “araña violinista”, la forma de hacerle frente, las precauciones que tomar y las recomendaciones ante una eventual picadura a fin de evitar escenarios fatales.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los organismos de salud de cada entidad federativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”; sus características físicas, los lugares en donde hay mayor posibilidad de encontrarla, así como los síntomas ante una posible mordedura, y la importancia de acudir en el menor tiempo posible, ante una institución de salud, a fin de que pueda ser atendido y salve su vida.

Notas:

1 El tríptico puede consultarse en la siguiente dirección electrónica oficial:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/988/ intoxicacion_piquete_ara_a.pdf

2 Información difundida en tríptico de la Semar, consultado en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/988/ intoxicacion_piquete_ara_a.pdf

Dado en el salón de plenos de la Honorable Cámara de Diputados, el 25 de febrero de 2016.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL IPN CON MOTIVO DE SU 80 ANIVERSARIO

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar una sesión solemne en reconocimiento del IPN por sus 80 años de actividades académicas, de investigación y de formación científica y económica, suscrita por integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 39, numeral 2, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Junta de Coordinación Política, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El miércoles 1o. de enero de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial firmado por el general Lázaro Cárdenas del Río, en el que se crea el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La obra recae en el ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes, en su calidad de jefe del Departamento de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación Pública. El pasado mes de enero del presente año, se cumplieron 80 años de este importante acontecimiento que marcó un rumbo de gran relevancia en la formación educativa de los mexicanos y las mexicanas.

Esta casa de estudios es actualmente considerada como una de las instituciones educativas y de investigación más importantes del país y del continente.

Actualmente posee una matrícula total de más de 178 mil alumnos, de los cuales 63 mil 926 pertenecen al nivel medio superior, 107 mil 253 al nivel superior y 7 mil 9 se encuentran en posgrado. Son atendidos por una plantilla total de 27 mil 360 trabajadores de los cuales 16 mil 942 corresponden a personal docente y de investigación y 10 mil 418 a personal de apoyo. Cuenta con mil 103 investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.

El Instituto Politécnico Nacional oferta un total de 338 programas académicos, distribuidos 100 de ellos en el nivel medio superior, 88 en el superior y 150 en posgrado, cuenta para ello con 100 unidades, tanto académicas de nivel medio superior, superior y centros de investigación científica y tecnológica, además de unidades de apoyo y vinculación. Sus unidades se encuentran ubicadas en 32 localidades de 21 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México. El instituto cuenta además con una estructura sólida para el desarrollo y fomento tecnológico y empresarial.

Una de las mayores aportaciones del Instituto Politécnico Nacional en estos 80 años, ha sido la formación de miles de egresados de carrera profesional, que han cumplido un papel fundamental en el proceso del desarrollo e industrialización del país.

Estos egresados han estado y están presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, y sin su participación sería impensable la fortaleza de industrias como la petrolera, las telecomunicaciones, la construcción de infraestructura, por citar sólo algunos sectores fundamentales en el progreso del país.

La actividad científica y tecnológica que se genera en el Instituto Politécnico Nacional se ha reconocido a nivel nacional e internacional por su contribución al desarrollo del país en el campo de la robótica, la informática, la electrónica, la microeléctrica y la óptica, entre otras disciplinas.

Por ello, el Instituto Politécnico Nacional como una institución de carácter público, ha cumplido con su misión de aportar a la nación recursos humanos con una preparación de excelencia en educación media superior, superior y posgrado, respondiendo así a los retos presentes y futuros desde una perspectiva integral, y sostenible, bajo el gran compromiso con la sociedad de contribuir al desarrollo social y económico de México.

Al cabo de estas ocho décadas de existencia, la mística de su creación es sumamente vigente, mística que se concreta en el lema del IPN “La Técnica al Servicio de la Patria”.

“¡Huelum, Huelum, Gloria! A la cachi-cachi porra, a la cachi-cachi porra, pin pon porra, pin pon porra, Politécnico, Politécnico, Gloria!”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Junta de Coordinación Política los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que en sesión solemne, del mes de abril, se haga un reconocimiento público al Instituto Politécnico Nacional con motivo de la celebración de su 80 aniversario de actividades académicas, de investigación y de formación científica y tecnológica.

Segundo. Se solicita asimismo respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a fin de que notifique y realice la invitación correspondiente al doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, para que nos honre con su presencia en dicha sesión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: José Bernardo Quezada Salas, presidente; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Bernardino Antelo Esper, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Federico Eugenio Vargas Rodríguez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, José Máximo García López, Gerardo Federico Salas Díaz, Tania Victoria Arquijo Herrera, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Mirza Flores Gómez, Patricia Elena Aceves Pastrana, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jorge López Martín, María Angélica Mondragón Orozco, Francisco Xavier Nava Palacios, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Salomón Fernando Rosales Reyes, Juan Fernando Rubio Quiroz, María Eloísa Talavera Hernández (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

FIRMAR UN CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL FIDEICOMISO PAGO, CON EL OBJETO DE APOYAR A LOS AHORRADORES DEFRAUDADOS POR LAS SOCIEDADES “CAJAS DE AHORRO”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a firmar un convenio de coordinación con el Fideicomiso Pago para apoyar a los defraudados por las cajas de ahorro, a cargo de la diputada Érika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Érika Lorena Arroyo Bello, diputada federal de la XLIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno este punto de acuerdo.

Antecedentes

Desde el año 2010, los malos manejos de algunas instituciones, han dejado sin ahorros, e incluso sin patrimonio, a miles de personas en el Estado de Guanajuato. Injusticia ante la cual, no podemos permanecer ajenos.

La preocupación y angustia con la que viven hoy en día mujeres y hombres guanajuatenses que han sido defraudados,  hace urgente, acudir a la estrategia desarrollada por el ejecutivo federal, que en coordinación con el estatal, permite remunerar a las víctimas de lo que les ha sido defraudados.

Si bien, se han iniciado algunos procesos, como lo es el de la caja Progresa, de Dolores Hidalgo. No se ha dado el trato debido y la celeridad con que debe tratarse, aun existiendo más de 900 procesos penales contra la misma, no se ha sancionado a los responsables.

Según el Registro del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección Ahorradores (FOCOOP) con datos al 30 de noviembre del 2015, las sociedades con operaciones en el estado de Guanajuato que han incumplido con los requisitos que estable la ley para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo son las siguientes:

El total de defraudados hasta ahora es de 12,975 socios; número que alarma y crea un conflicto social de grandes dimensiones.

Proposiciones

Con los antecedentes anteriores se desprende la necesidad de los gobiernos estatal y federal de atender  la problemática de los ahorradores defraudados.  Para ello es requisito indispensable según lo que establece la Ley del Fideicomiso Pago para que entre en acción, la voluntad y el compromiso del gobierno del estado para apoyar a los afectados.

Es importante mencionar que 4,512 defraudados por Caja Progresa de Dolores Hidalgo, ya fueron beneficiados con la firma del convenio de coordinación del 2 de febrero de 2016 con un monto de hasta $30, 458, 831.84.

La voluntad del Gobierno Federal está extendida en el momento en el que el Fideicomiso PAGO tiene suficiencia presupuestal para el beneficio de los guanajuatenses, lo que falta es la voluntad y la firma del Gobierno del Estado para que de acuerdo con el programa de trabajo del año 2016 del Fideicomiso, estar en posibilidades de suscribir un convenio de coordinación para apoyar a los ahorradores, es necesario llevar a cabo diversas acciones con el esfuerzo en conjunto con los encargados en la materia del estado y del gobierno federal.

El objetivo es simple, dentro del marco de simplificación administrativa y de transparencia en la gestión pública se establezca un procedimiento de pago que sea sencillo, ágil, y apegado en los términos establecidos por la ley y de forma especial, su contenido cumpla con los objetivos de veracidad y oportunidad en cuanto a los trámites realizados por los ahorradores.

Es de vital importancia actuar de manera solidaria y fraterna con las familias guanajuatenses que han sido violentados en su patrimonio y en la esperanza de un porvenir mejor, por tales motivos expuestos propongo el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero: Por el cual se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a firmar convenio de coordinación con el Fideicomiso pago con el objeto de apoyar a los ahorradores guanajuatenses defraudados por las sociedades “cajas de ahorro”.

Segundo:Seguir el proceso penal y castigar a los delincuentes.

Salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de febrero 2016.— Diputada Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

MEDIDAS PARA CREAR EL DISTRITO ACUÍCOLA EN EL ESTERO TERCERO EN LA ZONA DEL ALTO GOLFO Y DELTA DEL RÍO COLORADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la Semarnat, la Sagarpa y el gobierno de Baja California medidas para crear el distrito acuícola en el estero tercero en la zona del Alto Golfo y delta del río Colorado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado federal, y quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes.

Consideraciones

El estado de Baja California, se encuentra privilegiado por sus recursos litorales ya que reúne bahías, esteros y lagunas, mismas que son importantes y aptas para el desarrollo de la acuacultura y además convierte el Alto Golfo de California en una Zona Estratégica para el impulso de proyectos dentro del sector acuícola, siendo la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, el principal interés para el gobierno de la Republica de México, que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, han acordado que se suspenda temporalmente la pesca comercial por el periodo de dos años, a partir de 2015, mediante el uso de redes de enmalle, y o palangres operadas por embarcaciones menores en el norte del Alto Golfo de California ampliando para ello el polígono de refugio de la Vaquita Marina (Phocoena sinus) con el objetivo principal de salvaguardar y proteger a esta especie endémica durante la pesca del camarón por las embarcaciones y evitar con esta acción la extinción de esta especie marina

En la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del rio Colorado que tiene como función principal proteger a la zona núcleo y proporcionar alternativas productivas económicamente rentables para los pobladores que habitan en su extensión territorial es necesario la integración de la actividad acuícola ya que representa una opción viable así como una alternativa productiva para los pescadores del Puerto de San Felipe, los cuales se han visto seriamente y preocupantemente afectados en sus ingresos económicos por la suspensión temporal de la pesca comercial por el periodo de dos años.

Actualmente la producción acuícola es una industria basada en conocimiento científico y técnicamente es posible realizarla de manera sustentable, reduciendo al máximo los impactos negativos en el medio ambiente, sin embargo para poder impulsar la acuacultura en esta área se tendrá que hacer de acuerdo a los lineamientos del Programa de Conservación y Manejo de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, que específica para la subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Planicie Deltaica de Baja California, con una superficie de 139 mil 462 hectáreas, ubicada en la zona de amortiguamiento, que la acuacultura es una actividad prohibida.

Por lo anterior, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en su artículo 9, señala la coordinación entre Semarnat y Sagarpa, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente en las áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, así como para emitir recomendaciones sustentadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental.

Ante este escenario y al no contar con sitios alternos para el desarrollo de proyectos acuícolas que beneficien económica y socialmente a los pobladores del Puerto de San Felipe se requiere crear un distrito acuícola en el estado Estero Tercero del Alto Golfo de California el Cual tiene un potencial aprovechable para esta actividad de 2,500 hectáreas las cuales mediante una política integradora entre la legislación vigente, las actividades productivas y la conservación de la biodiversidad que permita establecer una sinergia entre estos elementos clave y dará una solución clave y dar solución definitiva al escenario inercial que prevalece actualmente.

La acuacultura se puede considerar como alternativa viable para resolver las problemáticas expuestas ya que es una industria en constante crecimiento que provee avances tecnológicos y generación de empleos, permitiendo a los países en donde se ha establecido a mejorar la calidad de vida e incrementar los niveles nutricionales de la sociedad que aunque se han venido perfeccionando en sus técnicas de cultivo a través de los años en retos tecnológicos en cuanto al impacto que estas tienen bajo sobre el ambiente pero bajo la perspectiva de la UNESCO, en su programa de la Biosfera y el hombre se establece de que es posible lograr un equilibrio entre la preservación de la diversidad biológica, cultural y el desarrollo económico (UNESCO, 2006).

De acuerdo al artículo 17 de la Ley en comento, uno de los principios de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, se encuentra el adoptar el enfoque precautorio que incluya la definición de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones con el fin de conservar y proteger los recursos pesqueros y los ecosistemas en los que se encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca y acuacultura.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, en su artículo 47 Bis establece que para el cumplimiento de las disposiciones sobre el establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión, en zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, las primeras tienen como principal objetivo la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, mientras que las segundas tienen como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas.

Asimismo, en el artículo 48 de la LGEEPA se establece que “en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables”.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Baja California, a llevar a cabo las medidas pertinentes a fin de crear el Distrito Acuícola en el Estero Tercero en la Zona del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, específicamente en la Subzona de aprovechamiento de Planicie Deltaica de Baja California.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Semarnat, para que actualice el Programa de Conservación y manejo de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, específicamente la regla de administración 66, fracción IX, a fin de crear el Distrito Acuícola en el Estero Tercero en la Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida.

Notas:

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5388486

2 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/ Aviso%20PM%20RB%20Alto%20Golfo%20de%20California%20Delta%20DOF.pdf

3 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. (Artículo 9°)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: Exaltación González Ceceña, Luz Argelia Paniagua Figueroa, José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Wenceslao Martínez Santos, Jaqueline Nava Movett, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Mesa, María Eloísa Talavera Hernández (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DEBIDA ATENCIÓN DE LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE HAN SIDO DESPLAZADOS DE SUS COMUNIDADES AL INTERIOR DE SU ESTADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a implantar acciones y políticas centradas en la debida atención de los sectores desplazados de sus comunidades en el estado, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Jesús Salvador Valencia Guzmán, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Actualmente, la violencia provocada por los grupos delincuenciales, en su mayoría relacionados con el tráfico de drogas, ha provocado la aparición casi desapercibida de un fenómeno hasta hoy poco estudiado: los desplazados internos.

Según los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado de la Organización de las Naciones Unidas, 1, los desplazados internos se pueden identificar como:

Aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal o internacionalmente reconocida.

Este fenómeno provocado por la violencia ha adquirido dimensiones alarmantes, lo cual trae como consecuencia que las personas internamente desplazadas se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección integral por parte de las autoridades, en la mayoría de los casos.

2. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-Inegi 2011) manifiesta que, al menos, una de cada mil personas que cambiaron de residencia durante 2010 en México, lo hicieron por motivos de inseguridad.

3. La Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe-Inegi, 2013, 2014, 2015) indica que de 2011 a 2014 entre 1.3 por ciento y 1.5 por ciento de los hogares mexicanos tuvieron miembros que cambiaron de residencia como consecuencia de la inseguridad.

4. Por su parte la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid-Inegi 2014) arroja que en 2014, 6.4 por ciento del total de la migración interna se dio por violencia, aproximadamente 185 mil personas.

Esta problemática afecta principalmente a personas que habitan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, quienes al ver que la situación no mejora huyen para salvar sus vidas.

5. De acuerdo con especialistas, se puede identificar diversas formas de desplazamiento, entre las que destacan: de una entidad a otra; al interior de un estado, es decir, de un municipio violento a otro menos violento; de zonas rurales a zonas suburbanas; de zonas suburbanas a urbanas o incluso de colonias violentas a colonias menos violentas.

De manera lamentable, se cuenta con muy poca información sobre el tema ya sea por autocensura o motivados por presiones de los grupos delincuenciales o de los gobiernos en turno, lo que hace más difícil dimensionar en su justa realidad la problemática.

6. Por mencionar un ejemplo de desplazamiento, de acuerdo con la nota del periódico La Jornada del lunes 22 de febrero de este año, hace referencia a que en Guerrero, en los últimos años se ha presentado ésta situación producto de diversos episodios de violencia, la cual tuvo como consecuencia que, sólo en este caso, aproximadamente 156 personas integrantes de 31 familias que han sido víctimas de asesinatos, persecuciones de grupos paramilitares, talamontes y narcotraficantes, hayan tenido que dejar sus comunidades de origen para salvaguardar su integridad y residir actualmente en los poblados de Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, y Colonia Libertad de la Unión y Tepango, municipio de Ayutla de los Libres.

Más aún, los desplazamientos que se han presentado en el estado en los últimos años han sido identificados en mayor medida en los municipios de San Miguel Totolapan donde diversos episodios de violencia han obligado a alrededor de dos mil personas a desplazarse; de Acapulco, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Zumpango, Atoyac, Chilapa, Iguala, Zirándaro y Tecpan se han desplazado alrededor de siete mil personas.

Al salir apresuradamente de sus lugares de origen, generalmente lo hacen sin nada de pertenencias lo que implica que al llegar a su nuevo asentamiento lo hagan en condiciones precarias, sin trabajo, falta de servicios médicos y escolares, pero sobre todo sin acceso a agua para sus necesidades básicas, en la mayoría de los casos.

Lo anterior deja en la indefensión y es violatorio de los derechos humanos de las familias que padecen esta situación pero sobre todo de las niñas y niños que los acompañan. Toda vez que, al carecer de servicios cercanos a sus asentamientos tales como centros de salud o escuelas los menores deben de caminar horas para poder acudir a los centros educativos o para recibir atención médica, en donde incluso pueden llegar a sufrir discriminación por falta de recursos.

7. Con base en lo anterior, se hace necesario que el gobierno estatal realice las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes padecen esa situación, implementando acciones tendientes a la inclusión en programas sociales, de salud, educación y de empleo que los beneficien y sobre todo, acciones tendientes a garantizar el respeto pleno de los derechos de los infantes que viven en esas comunidades a la educación y la salud, por mencionar algunos.

No debemos olvidar que son personas cuya situación, a diferencia del caso de las personas refugiadas que si bien es cierto que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se señalan en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado de la Organización de las Naciones Unidas, que establecen normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y normas para su regreso y reintegración a su lugar de origen, entre otras.

Por ello, es urgente y necesario generar las acciones encaminadas a garantizar un conjunto mínimo de derechos a estas personas que han sido desplazadas de su lugar de origen motivadas u obligadas por las condiciones de violencia presentadas en sus comunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Por ello someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al Gobernador del Estado de Guerrero a implementar acciones y políticas públicas enfocadas a la debida atención  de los sectores de la población que han sido desplazados de sus comunidades al interior de su estado, atendiendo lo establecido en los términos de los instrumentos internacionales de derecho humanitario.

Notas:

1 Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado de la Organización de las Naciones Unidas, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/ scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022

2 Desplazados por la Violencia. La Tragedia Invisible, Laura Rubio Díaz Leal y Brenda Pérez Vázquez, http://www.nexos.com.mx/?p=27278

3 Desplazados por la violencia en Guerrero, sin agua ni comida, http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/estados/025n1est

4 http://bajopalabra.com.mx/los-ninos-desplazados-las-otras-victimas-de-la-violen cia-en-guerrero/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

ACTUALICE EN EL IV INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 2015, EL DESGLOSE DE LAS FUENTES Y LOS MONTOS DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL RENGLÓN DE “OTROS” APROVECHAMIENTOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a efecto de que, en atención de las observaciones y los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2014, actualice en el cuarto informe trimestral de las finanzas públicas de 2015 el desglose de las fuentes y los montos de los recursos del renglón de “otros” aprovechamientos, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el informe de resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública de 2014, se informa que en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento que llevó a cabo en los Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético, con la clasificación 14-0-06100-02-0085, auditoría número GB-042, el órgano de control encontró que en el rubro de Aprovechamientos, de los ingresos no petroleros y no tributarios, se detectó que no se explica el origen de un alto porcentaje de estos ingresos, debido a que casi en su totalidad se agrupan en el rubro de “otros” y no se especifican los conceptos y las cantidades que los integran.

Además, la ASF destaca que esa información tampoco la encontró en la revisión de la integración de los Aprovechamientos en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas de la Cuenta Pública. Desde nuestro punto de vista, de manera injustificada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no explica el origen de estos ingresos, debido a que 85.0 por ciento de los Aprovechamientos está agrupado en el concepto de “otros”. Esto es, de la recaudación por Aprovechamientos, que en 2014 ascendió a 249,264.6 millones de pesos –que, por cierto, superó en 137,183.4 millones de pesos al monto aprobado para ese año-, la información publicada en los informes de la SHCP no permitía determinar el origen de 211,800.6 millones de pesos que representan 85.0 por ciento del total de los recursos incluidos en el rubro de Aprovechamientos que corresponden a “otros”.

Para superar esa falta de transparencia, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio número DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, la información sobre los conceptos y las cantidades que integraron al renglón de “otros”, sin mayores resultados. Y finalmente, recurrió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporcionó un mayor desglose, en el que ya se logró establecer el origen de 99.3 por ciento de los 211,806 millones de pesos del renglón de “otros” que faltaban de conocer. Esa información está en el siguiente cuadro publicado por la ASF.

Al investigar la participación de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informaron que los Aprovechamientos reportados de 70,000.0 millones de pesos y 31,518.0 millones de pesos, respectivamente, fueron resultado de un retiro del patrimonio de la nación invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras, de acuerdo con los artículos 6o. de la LIF 2014, y 26, penúltimo párrafo, de la LFPRH. La Auditoría precisa que el penúltimo párrafo del artículo 26, de la LFPRH, indica que: “Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la Nación por el patrimonio invertido”.

El órgano auditor también señala, a partir de la información obtenida, que el aprovechamiento por 17,951.3 millones de pesos aportado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) provino de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de las cuotas y aportaciones de los seguros de invalidez y vida y riesgo de trabajo, conforme al artículo 57, fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente en 2014. El artículo 57, fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, indica que el ISSSTE transferirá anualmente los recursos de: Las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores, excepto la aportación del dos por ciento de retiro que se destinará a la Subcuenta de Ahorro para el Retiro.

Si bien los datos del SAT permitieron conocer la integración del renglón “otros” de los Aprovechamientos, la investigación de la ASF y los términos de las normas mencionadas, permiten concluir que existe un alto grado de discrecionalidad en los flujos de los recursos que componen el renglón “otros” Aprovechamientos.

Por su parte, para la ASF concluye que esta situación se debe mejorar con una apropiada transparencia y rendición de cuentas y apunta que debido a que en el tomo III Poder Ejecutivo y en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas, de la Cuenta Pública, no se detalla ni explica el origen de 85.0 por ciento de los Aprovechamientos.

Es conveniente recordar que en la discusión del paquete económico para 2016, Morena insistió en la necesidad de clarificar el origen de esos recursos y determinar su destino, en el proceso de presupuestación. Ahora, el informe de la ASF nos demuestra que teníamos razón. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa con gran opacidad y discrecionalidad en este aspecto, en el que incluso se podría dar lugar a un doble registro contable, al hacer suponer que la federación proporciona más recursos a las entidades públicas y que se aumenta la recaudación, por una aparentemente mayor captación de Aprovechamientos.

Hoy la sociedad demanda que los compromisos del gobierno a favor de la transparencia se concreten en hechos y, en ese sentido, se estima conveniente que la SHCP dé a conocer a detalle el origen y los factores que explican la captación de recursos en el concepto de “otros” Aprovechamientos.

De acuerdo con los indicadores de recaudación del Informe de las Finanzas Públicas al IV trimestre de 2015, los ingresos por Aprovechamientos sumaron 350,708 millones de pesos, 216,081 millones más de los aprobados en la Ley de Ingresos de ese año.

Cabe recordar que en la Ley de Ingresos aprobada para 2015, se programó un ingreso total de 134,626.8 millones de pesos por Aprovechamientos. Este ingreso se dividía en: “Aprovechamientos de tipo corriente” con una suma de 134,600.7 millones de pesos. De estos Aprovechamientos, 22 conceptos -de un total de 23 tipos diferentes de Aprovechamientos- aportaron sólo 5,683.7 millones de pesos, 4.2 por ciento del total, en tanto que sólo para el renglón de “otros de otros”, se programó un ingreso de 128,917 millones de pesos, equivalentes a 95.7 por ciento del total. La diferencia se cubre con 26.1 millones de pesos de Aprovechamientos de capital.

Esa fue la estructura aprobada por el Congreso, en la que un concepto opaco como el “otros de otros”, aporta 95.7 por ciento de los ingresos programados en los Aprovechamientos, dejando a un lado la necesidad de actuar con transparencia, como lo establece la Constitución y la necesidad de aclarar el origen de esos recursos, para determinar su sostenibilidad y la posibilidad de utilizarlos presupuestalmente.

Y eso tiene especial importancia, considerando que son precisamente esos Aprovechamientos los que sistemáticamente registran altas tasas de crecimiento en comparación con lo programado. Eso, en los años recientes, ha sido determinante para compensar, junto con los aumentos en la recaudación impositiva, la caída en los ingresos petroleros.

De acuerdo con las cifras del informe de las finanzas públicas al cuarto trimestre de 2015, los ingresos totales sumaron 4.26 billones de pesos, 242,468 millones de pesos arriba de la meta aprobada por el Congreso. Si bien ese avance es un resultado neto de los incrementos y las bajas en la captación, es necesario señalar que el aumento aportado por los Aprovechamientos, de 216,081 millones en comparación con lo que se programó, representaron 89.1 por ciento del aumento neto de 242,469 millones de pesos, en la recaudación total de 2015.

Por otra parte, el análisis de ese aumento en los recursos aportados por los Aprovechamientos permiten identificar algunas de sus fuentes: 31,448 millones de pesos, por la entrega de los remanentes del Banco de México. También, como lo señala el informe al IV trimestre, ahí se encuentran los 107,512 millones de pesos por las coberturas petroleras. A eso habría que agregar, por lo menos, los 5,683.7 millones de pesos aprobados por la recaudación de Aprovechamientos diversos.

Esos 144,644.5 millones de pesos son los únicos recursos que tienen una explicación en la captación de Aprovechamientos. Por lo tanto, es necesario transparentar el origen de los restantes 206,063 millones de pesos, que equivalen a 1.5 por ciento del producto interno bruto. No es una cifra pequeña, tomando en cuenta que en estos momentos se impone un nuevo ajuste que generará más desempleo e incertidumbre en la economía nacional.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en atención a las observaciones y los resultados de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los ingresos en la Cuenta Pública del ejercicio de 2014, así como actualice en el cuarto informe trimestral de las finanzas públicas de 2015, el desglose de las fuentes y los montos de los recursos que integran el renglón de “otros” Aprovechamientos, así como las razones que explican los movimientos de esos recursos.

Nota:

1 Artículo 6o.El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MODIFICAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y OTRAS NORMAS INTERNAS PARA ESTABLECER UN HORARIO MÁXIMO RAZONABLE PARA LAS JORNADAS LABORALES DE MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y las instituciones de salud y seguridad social a modificar las NOM y normas internas a fin de establecer un máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en los artículos 76, fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables que establecen la facultad de las diputadas y diputados para presentar puntos de acuerdo, me permito exponer lo siguiente

Contenido de la proposición

Por medio de la presente se propone un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo federal y a los directivos de las instituciones de Salud y Seguridad Social, a modificar las normas oficiales mexicanas, otras normas internas y lineamientos, o ambos, de los hospitales y clínicas de salud para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes.

Antecedentes

El capítulo II de la Ley Federal de Trabajo regula en sus artículos 61, 63, 64, 66 y 68, la duración de las jornadas laborales en México. Sin embargo, esta ley es de carácter general, por lo que, tratándose de las jornadas laborales de médicos internos y residentes, es el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, quien emite las normas oficiales que regulan las condiciones y horarios de trabajo de los médicos internos y residentes de hospitales y clínicas de salud.

Particularmente, la Secretaría de Salud emitió la norma oficial mexicana NOM-234-SSA1-2003 relativa a la Utilización de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos e Internado de Pregrado y la NOM-001-SSA3-2012 relativa a la Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de las residencias médicas.

La NOM-234-SSA1-2003 define en el punto 4 el Internado de pregrado como el ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de licenciatura en medicina, como una etapa que debe cubrirse previamente al servicio social, al examen profesional y al título respectivo; y dispone, en el numeral 7.1, que las instituciones de salud deben realizar la programación de alumnos en sus campos clínicos y la distribución de éstos de común acuerdo entre las instituciones de salud y educativa, con base en el convenio específico de colaboración.

Asimismo, la NOM-001-SSA3-2012 define en el punto 4.4. al médico residente como el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo. El numeral 4.1. de la norma señala que una guardia, como el conjunto de actividades descritas y programadas en el programa operativo, adicionales a las que el médico residente debe realizar durante la jornada laboral, en la unidad médica receptora de residentes en la que está adscrito o asignado.

Respecto de la jornada laboral para las prácticas clínicas complementarias o guardias de los Internos, la NOM-234-SSA1-2003 dispone lo siguiente:

7.5. Las prácticas clínicas complementarias o guardias deben apegarse a lo siguiente:

7.5.1. Su frecuencia y duración deben estar determinadas por la institución de salud, sin exceder un máximo de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días.

7.5.2. En días hábiles inicia a la hora que termina el turno matutino y concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente.

7.5.3. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas.

7.5.4. Las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de “castigo” no son aplicables.

Respecto de la Jornada Laboral para las guardias de Médicos Residentes, la NOM-001-SSA3-2012 dispone lo siguiente:

8. Guardias

8.1. Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.

8.2. Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.

8.3. Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.

8.4. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.

8.5. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que termine su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.

8.6. El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.

8.7. Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.”

De lo anterior, se advierte que las jornadas laborales dispuestas para médicos internos y residentes exceden la duración máxima prevista en la Ley Federal del Trabajo.

Si bien, es cierto que los médicos necesitan un entrenamiento arduo en el ámbito de su práctica profesional, pues el trabajo que desarrollan es de suma importancia y delicadeza, resultan inhumanas las jornadas laborales que deben cumplir los médicos internos y residentes.

En México los médicos internos y residentes suelen trabajar más del doble de lo que la Ley Federal del Trabajo estipula. Por ejemplo en el Hospital de Guadalajara, los médicos internos y médicos residentes, realizan hasta 3 guardias por semana con una duración de 36 horas cada una.

Especialistas en educación pública y médica concuerdan que, establecer un número elevado de horas, tanto de entrenamiento médico, como de trabajo, resulta contraproducente a los objetivos de dicha actividad, pues la falta y privación de sueño incrementa enormemente las tasas de errores médicos cometidos y afectan el aprendizaje adquirido por parte de los médicos residentes e internos.

Sin embargo, este fenómeno sigue presentándose debido a que, con propósito de crear un filtro más elevado y reducir los costos de facilidades médicas. Los médicos practicantes nacionales deben aceptar todas las condiciones de empleo, incluidas las largas jornadas laborales, las cuales van seguidas de una pobre supervisión ofrecida a los pacientes a su cargo.

Estudios realizados en Europa y en Estados Unidos en el tema de la privación del sueño y el trabajo en horas no habituales, demostraron que los trabajadores que laboran durante la madrugada son propensos a sufrir más riesgos de enfermedades gastrointestinales y problemas cardiovasculares. En el caso de las mujeres, existe más riesgo de presentar cáncer de mamá, y, en lo que respecta a mujeres embarazadas, existe un mayor porcentaje de probabilidad de sufrir abortos, nacimientos prematuros de sus criaturas, o que los mismos bebés presenten un bajo peso al nacer.

La privación crónica del sueño, junto con la fatiga y el estrés afectan la productividad en el trabajo e incrementan las incidencias y accidentes en el trabajo. Asimismo, las personas que son expuestas a los niveles de trabajo antes mencionados, tienen repercusiones en los ámbitos sociales.

Con esta iniciativa se pretende prestar atención y resolver el famoso síndrome de burn-out (Cansancio Excesivo) que suele presentarse en médicos practicantes, el cual compromete las actividades cerebrales, y por lo tanto, el desempeño y la calidad de atención que brindan los médicos a sus pacientes. De igual manera, favorece a los médicos internos y residentes a un mejor desarrollo integral de vida a través de mejores condiciones de trabajo.

Además, los pacientes también resultarían beneficiados al ser atendidos en los respectivos hospitales en mejores condiciones. Los pacientes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que requieren los más delicados cuidados y atenciones, un trato cálido y eficiente, que comúnmente se ve mermado por las condiciones que generan las cargas de trabajo implantadas a médicos internos y residentes.

Por lo expuesto, y con el fin de ser consecuentes con los derechos de médicos internos y residentes, así como los pacientes usuarios de servicios de salud, se presenta este

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar al Poder Ejecutivo federal y a los directivos de las instituciones de Salud y Seguridad Social, a modificar las normas oficiales mexicanas, otras normas internas y o lineamientos de los hospitales y clínicas de salud para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes.

Notas:

1 Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.

Artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.

2 “Trabajo por turnos: Factores de riesgo y problemas cardiovascualres”. (Publicación por Henrik Bøggild y Anders Knutsson, en el Diario Escandinavo de Trabajo y de Salud Ambiental. Volumen 25, número 2, 1999, páginas 85-99; y

“Trabajo por turnos y la salud” (Publicación por Alexander Wedderburn en la edición especial del Boletín Europeo de Estudios sobre el tiempo, vol.1 publicada en Luxemburgo en la Oficina para publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea, 2000).

3 Ritmos Biológicos: Implicaciones para el trabajador. (Publicación OTA-BA-463 por el Congreso de los Estados Unidos de América, Oficina de Apreciación Tecnológica, 1991.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS DERECHOHABIENTES, EN ESPECIAL AQUELLOS ENLISTADOS EN EL CUADRO BÁSICO DE INSUMOS PARA EL PRIMER NIVEL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a garantizar el suministro de medicamentos a la derechohabiencia, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, publicado por el Consejo de Salubridad General, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Existen ocasiones en las que los obstáculos superan la fuerza que cada individuo tiene para sobrepasarlos; es por eso que dichos individuos al no poder generar nuevas fuerzas se ven obligados a unir y dirigir las existentes, pues encuentran en la suma de fuerzas el medio idóneo para preservar su existencia. Es así como los hombres se asocian y ponen su persona y todo su poder bajo la dirección del estado. A cambio, cada miembro es acogido como parte indivisible del todo. Así, el pacto social representa el reconocimiento de que lo universal es más importante que lo particular.

Bajo esta premisa, Néstor de Buen define la seguridad social como el sistema que mediante la acción societaria protege al hombre en lo individual y en lo familiar, dentro de su inevitable inserción social, de las contingencias que, por impedirle la obtención de los recursos imprescindibles para su existencia a través del trabajo, lo colocan en franco riesgo de no poder sobrevivir, dándole así satisfacción a su necesidad de seguridad en ese aspecto.

Con el fin de preservar la salud de los mexicanos, ante la existencia de contingencias generadoras de un estado de necesidad, en México:

a) Se consagró como garantía individual y derecho humano, en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la Constitución), la protección de la salud.

b) Se refirió, en la fracción vigésima novena del artículo ciento veinte tres de la Constitución, que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Por su parte, en la fracción decimoprimera del citado artículo, se establecieron las bases mínimas para la organización de la seguridad social, de entre las cuales destaca la cobertura de enfermedades de los derechohabientes ante la existencia de accidentes, maternidad, jubilación, invalidez y vejez (situaciones que son consideradas como contingencias que generan en el derechohabiente un estado de necesidad).

c) Se publicó la Ley del Seguro Social, misma que asevera que la seguridad social será garantizada por el estado, quien asegurará el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. En el artículo noventa de dicho ordenamiento se prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

d) Se reconoció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que en su artículo vigésimo segundo señala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

e) Se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se ratificó el Convenio sobre la Seguridad Social (C102) que enlista el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados, como prestación de los individuos objeto de dicha disposición.

Lo anterior, refleja la importancia que México reconoce a la seguridad social en el país. Pese a esto, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicada en 2012, instrumento de estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud de México, revela que del cien por ciento de los derechohabientes que solicitaron atención médica y que fueron recetados:

Por su parte, la Secretaría de Salud, en su Programa Sectorial de Salud 2013-2018, señala que si se toma como criterio el surtimiento completo de la receta se observó que hay deficiencias que alcanzan 35.6 por ciento.

Aunado a lo anterior, constantemente se presentan quejas, manifestaciones y se publican notas que ponen al descubierto el recurrente y grave problema de desabastecimiento de medicamentos en nuestro país y, por ende, la ineficacia del estado o la mala calidad en la prestación del servicio.

Lo anterior, alerta sobre la necesidad de llevar a cabo acciones para mejorar el abasto de medicamentos y al mismo tiempo concientizar sobre el uso mesurado y racional de los mismos.

Por todo lo antes expuesto se genera la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se envíe un respetuoso exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, en especial de aquellos enlistados en el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica publicado por el Consejo de Salubridad General.

Segundo. Se exhorte al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice una evaluación que demuestre el resultado y el impacto producido por el desabastecimiento de medicamentos.

Notas:

1 Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. Ed. Jean-Jacques Rousseau. Amsterdam. 1762.

2 Néstor de Buen. El espíritu de la seguridad social. Ed. Porrúa. México. 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES ENCONTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2014 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales encontradas en la Cuenta Pública de 2014 de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Juan Carlos Ruiz García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral II, fracción III, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

Estimados compañeros diputados, hago uso de esta tribuna, a efecto de poner a consideración de esta legislatura, el siguiente asunto.

El pasado 17 de febrero del año en curso, la Auditoría Superior de la Federación entrego a esta soberanía su informe de la Cuenta Pública 2014; en ella subrayan irregularidades notorias en el estado de Nuevo León bajo la administración del ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz entre la que destaca el gasto extraordinario de 936,424.1 miles de pesos aplicado en la línea 3 del metro. Dicho informe resalta que la Secretaría de Obras Públicas del Estado no efectuó una planeación adecuada de los trabajos para la realización de tal proyecto.

Adicional a ello la Auditoría señala el incumplimiento de los siguientes aspectos:

1. A la fecha de la licitación, no se contaba con la ingeniería ni el proyecto ejecutivo (se generaron 1,149 conceptos extraordinarios por un importe de 936,424.1 miles de pesos).

2. Obra pagada no ejecutada por 2,780.5 miles de pesos.

3. No se descontó el volumen correspondiente al acero de refuerzo en los conceptos concreto hidráulico por 3,611.6 miles de pesos.

4. Incorrecta autorización de 45% de desperdicio en seis precios extraordinarios de concreto por 30,393.3 miles de pesos.

5. Existen diferencias en la integración de tres P.U. extraordinarios de pagos en sistema de tierras, en acelerante de concreto y en descarga y estiba de aligerante de poliestireno por un monto de 2,497.1 miles de pesos.

Por lo anterior, y en el ánimo de fortalecer la trasparencia y rendición de cuentas necesarias para lograr un gobierno que responda correctamente las necesidades ciudadanas en el estado de Nuevo León, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, exhorte a la Auditoría Superior de la Federación para que con base a las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2014 del estado de Nuevo León específicamente en el sentido de la construcción de la línea 3 del Metro y de igual manera todo ello en virtud de no encontrar la solventación de lo observado solicitamos se inicie el procedimiento de fincamiento de responsabilidades administrativas y penales en que incurre el Gobierno del estado de Nuevo León como ente fiscalizado ante el uso indebido de recursos públicos.

Palacio Legislativo Federal, a 23 de febrero de 2016.— Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

ASUMAN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS DEL COMITÉ DE LA CEDAW PARA NUESTRO PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a los tres niveles de gobierno y los congresos locales a asumir las observaciones formuladas a México por el Comité de la CEDAW en el marco del noveno informe de cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es un instrumento jurídico internacional de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado en Nueva York, Estados Unidos el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por 188 países, casi el 96 por ciento de los existentes en el mundo.

Este instrumento internacional es el segundo más ratificado por los Estados Miembros de la ONU, lo que le otorga un poderoso mandato internacional, al tiempo que provee de un marco obligatorio de cumplimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de la misma manera que pide incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Para su debido funcionamiento la Convención creó el “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés) como el órgano encargado de examinar los progresos realizados en el marco de su estricto cumplimiento por parta de los Estados parte.

En este orden de ideas, la CEDAW exige a los Estados parte no sólo la erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres al establecer que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer se considere nulo, sino que también se tendrá que modificar el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia.

Asimismo, es una herramienta internacional que vela para que los Estados parte instituyan constantemente “medidas para eliminar la discriminación”, incluso con acciones positivas, tal y como lo estipula el primer numeral de su artículo 4, que a la letra establece:

“La adopción por los Estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Además, nos otorga en su primer artículo, una definición de la expresión “discriminación contra la mujer” del siguiente tenor:

...la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Derivado de lo anterior, podemos observar a grosso modo la importancia de este instrumento legal que ha generado una vorágine de cambios normativos en los países que lo han suscrito.

Nuestro país suscribió el instrumento el 17 de julio de 1980 y fue ratificado el 23 de marzo de 1981, para después ser aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

En la Declaración para el caso nacional sobre el documento internacional se puede leer:

Al suscribir, ad referéndum, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, abierta a firma por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos declara que se deberá entender que las disposiciones de esta convención, que corresponden esencialmente con lo previsto por la legislación mexicana, se aplicarán en la República conforme a las modalidades y procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento de prestaciones materiales que pudiesen resultar de la Convención se hará en la medida que lo permitan los recursos con que cuenten los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, y aun cuando la armonización del marco jurídico nacional en relación a la convención se ha realizado de manera paulatina, hemos notado que existen diversos pendientes para que podemos hablar de una total adopción por parte de México al multicitado instrumento internacional.

En tal sentido, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, señaló con respecto a la convención, como presidente de la CNDH, que a pesar de que en las “últimas dos décadas surgió una tendencia en los ámbitos nacional e internacional por ampliar y profundizar los derechos humanos, no sólo en cuanto a su alcance, sino también en el impacto social, político y jurídico... aún falta mucho trabajo por hacer para que la población conozca sus derechos, así como la vía jurídica para su ejercicio”.

Aseveración, de la que estamos de acuerdo y por la que estamos presentando este punto de acuerdo.

Ya que consideramos urgente que todas las entidades federativas tomen conciencia de la importancia de esta herramienta internacional y la adopten de manera contundente en sus marcos jurídicos y en todas sus políticas públicas.

La esencia fundamental de la CEDAW tiene que permear de manera palpable todos los ámbitos de la vida en sociedad.

En tal sentido, la siguiente proposición es para exhortar a la Federación, a las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a dar estricto cumplimiento a las observaciones del Comité de la CEDAW derivadas del IX Informe de México.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión asume los principios establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) como un referente para la toma de decisiones en la materia para el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas de nuestro país y se compromete a realizar la armonización legislativa derivada de las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en el marco del “IX Informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la federación; de las entidades federativas; de los municipios; y de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, a formular e instrumentar de forma permanente políticas públicas que atiendan de forma irrestricta lo establecido en la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” y las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW en el marco del “IX Informe de México”.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales a realizar la armonización legislativa necesaria para dar pleno cumplimiento a las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en el marco del “IX Informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”; asimismo, para que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se tome como un instrumento orientador en la importante tarea de legislar cuando se trate de derechos humanos y se asuma el compromiso de impulsarla dentro de sus comisiones, procurando su continuidad y aplicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ATIENDA LAS DEMANDAS DE LOS AFILIADOS AL SINDICATO AUTÉNTICO DE TRABAJADORES DE ESE CENTRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la dirección del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo a establecer una mesa de negociación para atender las demandas de los afiliados al Sindicato Auténtico de Trabajadores de ese centro, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 22 de septiembre de 1981 y se constituyó como una empresa de participación estatal mayoritaria. El 31 de marzo del año 2000 la Asamblea de Asociados autorizó la constitución del CIAD como Centro Público de Investigación con nuevos estatutos, al amparo de la Ley, para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica.

El CIAD, AC, se crea gracias a los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno del Estado de Sonora. En 1993 se suman la Secretaría de Pesca, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Gobierno del Estado de Sinaloa y en 1997 el Gobierno del Estado de Chihuahua.

El CIAD es un centro de investigación enfocado en el sector alimentario, prioridad nacional; para ello se realizan estudios, asesorías, consultorías y servicios en los sectores agroalimentario, pesquero, industrial y comercial, considerando su impacto en tres ámbitos básicos: 1) la producción, conservación, calidad y comercialización de los alimentos, 2) la salud y el desarrollo biológico del ser humano y, 3) la repercusión social y económica de los procesos de desarrollo económico e integración internacional.

En todos estos ámbitos el CIAD ha obtenido múltiples reconocimientos académicos nacionales e internacionales. Asimismo, en su aspecto de formación de recursos humanos de alta calidad a nivel de posgrado en el área de nutrición y alimentos, coloca a esta institución con un mayor número de graduados de maestría en los campos de nutrición y tecnología de alimentos a nivel nacional en tan solo 10 años de labores.

EL Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (Siatciad) es representante de las y los trabajadores académicos, técnicos y administrativos del CIAD, con sede en Hermosillo, Sonora y unidades en las ciudades de Delicias y Cuauhtémoc, Chihuahua, en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, Guaymas, Sonora y Tepic, Nayarit y tienen pactado un contrato colectivo de trabajo que vence el primero de marzo de este año.

Los resultados obtenidos por este valioso Centro de Investigación derivado de la labor de todas y todos los trabajadores no tiene correspondencia con la falta de interés mostrada por la Dirección del mismo en las negociaciones previas a unos días del vencimiento del contrato colectivo de trabajo.

El Siatciad  emplazó a huelga al CIAD desde el mes de diciembre del 2015 y apenas el pasado 18 de febrero respondió a las peticiones formuladas por el Sindicato; la indiferencia y menosprecio de la Dirección del CIAD por atender la conflictividad laboral fue patente el día 22 de febrero, en la única mesa de negociación que se ha establecido, al dejar patente el Director Dr. Pablo Wong su negativa a atender la conflictividad laboral, transparentar el manejo de recursos financieros y dejar la negociación en manos de personal ajeno a la institución cuestionados por opacidad, ineficacia y violencia contra el personal, más grave aún, precisamente quienes contrariando la política nacional de conciliación y negociación en favor de la productividad y de los trabajadores, no huelgas la promueven desde sus oficinas directivas el estallamiento de la huelga, en detrimento del CIAD y de los mismos trabajadores.

Frente a este escenario y en el marco de la revisión contractual, el Sindicato ha expresado reiteradamente al CIAD su preocupación y urgencia por atender el sensible y grave problema de carecer de sistema de seguridad social, pues a pesar de sus 34 años de existencia, se ha abstenido de cumplir con esta obligación patronal inexcusable de inscribir a sus trabajadores a alguna institución que se las brinde dejándolos en una situación de vulnerabilidad para contender con situaciones de salud, jubilación, pensiones por riesgos de trabajo, orfandad, viudez y vivienda, pretendiendo que el pago de seguros privados lo sustituya y olvidando que éste sólo está al alcance de quien puede pagarlo.

Asimismo, el Siatciad  ha requerido al Centro resuelva su política discriminatoria de condiciones de trabajo diferenciadas como si tuviera personal de primera y de segunda, toda vez que hay un sector de trabajadores que tienen condiciones de trabajo insalubres e inseguras, desde carencia de equipos y uniformes necesarios para sus funciones, la realización de investigación de campo sin vehículos en buenas condiciones para traslado, aparte de carecer de lugares adecuados para pernoctar; el personal para las labores sustantivas es insuficiente y las contrataciones realizadas han sido discrecionales e injustificadas. En suma los sindicalizados se enfrentan al incumplimiento constante de acuerdos y del contrato colectivo ante la negativa a armonizarla con una política de igualdad sustantiva.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Hermosillo, Sonora y a la Dirección del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo a establecer una mesa de negociación que atienda de manera urgente las demandas de los afiliados al Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo con el fin de llegar a una negociación colectiva productiva para todos.

Nota:

1 http://www.ciad.mx/acerca-ciad.html, 23/feb/2016

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 25 de febrero de 2016.— Diputadas: Aracely Damián González, Patricia Elena Aceves Pastrana, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

DESTINE MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a destinar mayores recursos al Programa de Pagos de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno de la República, para que destine mayores recursos al Programa de Pagos de Servicios Ambientales, con base en las siguientes

Consideraciones

Los seres humanos vivimos en un espacio, en un entorno natural, rural o urbano y debemos entender que respetar este entorno es un deber que tenemos como ciudadanos.

Las personas modificamos el medio ambiente con nuestras actividades: al talar árboles, al quemar combustible, al cultivar la tierra, somos millones de personas y disponemos de mucha tecnología, estas modificaciones pueden ser muy importantes y afectar, en general, a todos los ecosistemas. En estos últimos años se ha tomado mayor conciencia y responsabilidad en la conservación del medio ambiente, conscientes de la importancia de su conservación.

La deliberación de las políticas públicas es un ejercicio que afortunadamente se está extendiendo en el país. Hasta hace apenas unos años, el análisis todavía se restringía a los ámbitos académico y gubernamental; sin embargo, ahora vemos con optimismo que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, el sector industrial y de las empresas sociales, las comunidades y productores rurales están cada día más atentos, exigentes y participativos en los procesos de construcción y evaluación de las políticas que afectan el trabajo, el entorno familiar y la vida de los mexicanos en general.

Los gobiernos han implementado distintos instrumentos de política ambiental para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas. Muestra de ello es el programa de Pago de Servicios Ambientales, en donde en distintos aspectos  impulsa el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los diferentes ecosistemas y recursos naturales, además de apoyar la creación de mercados de estos servicios. Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, Asociaciones Regionales y a propietarios de terrenos.

De acuerdo a un estudio del Coneval, este programa ha incrementado su cobertura año con año, lo que refleja que está cumpliendo su propósito. Entendiendo el propósito como la contribución que hace el programa en atender un universo potencial, bajo la hipótesis de que esta contribución es efectiva para alcanzar el fin. Evidentemente no se puede asegurar que el programa cumpla su fin sólo porque tiene mayor cobertura. Adicionalmente, es importante mencionar que el programa, en distintos momentos, ha sufrido reducciones presupuestales importantes, lo que implica que está aumentando la cobertura pero con menores montos y ello probablemente tiene implicaciones negativas para que el programa alcance su fin.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno de la República, para que destine mayores recursos al Programa de Pagos de Servicios Ambientales.

Nota:

1 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2012/SEMARNA T/16S_219/16_S219_Ejecutivo.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

REGULAR LAS CAUSALES DE DIVORCIO, HOMOLOGANDO SUS LEGISLACIONES CON LA PROTECCIÓN A LA DIGNIDAD HUMANA Y EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a regular las causales de divorcio, homologando sus legislaciones con la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el sistema jurídico mexicano tuvo un cambio de paradigma y ha propiciado una evolución en su legislación que le permite privilegiar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentren en territorio nacional, lo cual ha quedado expresamente establecido en la Carta Magna, señalando una serie de obligaciones, que de manera horizontal y vertical, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben cumplir,  maximizando los alcances de dicha protección.

Paulatinamente, dicha reforma constitucional se ha ido fortaleciendo, con las posteriores reformas a la legislación secundaria que la han armonizado con la Constitución Política, lo cual es una circunstancia de la que no pueden estar ajenas las entidades federativas, ya que el ser una protección a derechos fundamentales de las personas, su legislación siempre debe ir homologada a la ley suprema, sin que ello implique una afectación a la autonomía con que están investidas.

En ese sentido, sí el espíritu de esa protección constitucional a los derechos humanos es incorporada a la legislación local, la tutela de los derechos fundamentales será más pronta, sencilla y accesible para todas las personas que tengan que someterse a la jurisdicción local, además de que ello contribuirá a la simplificación de los procedimientos y a la resolución de controversias derivadas de problemas cotidianos que pueden suscitarse en la dinámica social y familiar.

De ese modo, después de revisar la legislación local, se desprende que algunos Congresos locales, como los de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, y la hoy denominada Ciudad de México, han modernizado la regulación de instituciones como lo es el matrimonio, su disolución, así como las consecuencias derivadas de ella, lo cual ha sido un acierto, ya que al derogarse las causales de divorcio en dichas entidades, se le da inicio al pleno ejercicio de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos de las personas, aunado a la prontitud con que se desarrollan este tipo de procedimientos, resolviendo dichas controversias, como beneficio de dichas modificaciones legales.

Para comprender las dimensiones y alcances de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos, es necesario observar la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice lo siguiente:

Época: Novena

Época Registro: 165822

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Civil, Constitucional

Tesis: P. LXVI/2009 Página: 7

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Es decir, la dignidad humana¸ es un presupuesto del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, por lo que podemos observarla cuando las personas son plenamente respetadas y no se encuentran sometidas por algún tipo de circunstancia o persona que les restrinja arbitrariamente el disfrute de sus derechos fundamentales; así, el libre desarrollo de la personalidad lo podemos comprender como aquella posibilidad que tienen todas las personas, a través de la cual, pueden materializar sus proyectos y planes de vida, ejerciendo su libertad para decidir, por sí mismos, la forma de conducirla.

Ahora bien, el alcance de tales derechos humanos, vistos desde la perspectiva de la disolución de los vínculos matrimoniales, nos refiere que la manifestación de voluntad que se debe expresar como un requisito indispensable para contraer nupcias, es una condición permanente que no se agota en ese instante, si no que la voluntad de ambos cónyuges para mantenerse unidos en dicho vinculo perdurará en todo momento, por lo que será un derecho de los cónyuges decidir si continuar o dar por terminada la unión en comento, sin importar la causa en la que basen su determinación.

Por tal razón, debe ser considerada como violatoria de derechos humanos y desestimada toda carga procesal que obligue a acreditar la causa que dio origen al divorcio, condicionando el ejercicio de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad al promovente del juicio, en términos del siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época

Registro: 2009512

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 19, Junio de 2015, Tomo III

Materia(s): Constitucional

Tesis: III.2o.C.25 C (10a.)

Página: 2076

Divorcio. El artículo 404 del Código Civil del estado de Jalisco al exigir la acreditación de una causal para disolver el vínculo matrimonial vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, de la dignidad humana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la dignidad humana resulta fundamento de cualquier institución jurídica y social; por ello, en la interpretación constitucional, el parámetro constante y clave es la justificación y solución del conflicto jurídico, teniendo en cuenta, en todo momento, el principio de la dignidad humana, como base que edifica la entidad del sistema jurídico y orienta su formación, comprensión y ejecución. El derecho a que se respete la dignidad de todo ser humano, es fundamental, pues ello salvaguarda el incuantificable valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo, lo que condiciona el disfrute de los demás derechos. Existe una serie de derechos que tienen por objeto que la dignidad humana sea garantizada y, por tanto, permiten que toda persona alcance un estado de plenitud física y mental, entre ellos, se encuentra el libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental superior que, de acuerdo con Anabella del Moral Ferrer, en su obra “El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia constitucional colombiana”, Cuestiones Jurídicas, Volumen VI, número 2, julio-diciembre, 2012, páginas 63-96, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, se integra por tres elementos: 1) La libertad general de actuar; 2) La autonomía (que implica la autodeterminación); y, 3) La libertad de elección u opción. Lo anterior incluye la libertad de hacer o no hacer lo que se considere conveniente para la existencia de cada ser humano, como el contraer o no matrimonio. Su propia naturaleza precisa que el Estado no sólo se abstenga de interferir en el desarrollo autónomo del individuo; sino por el contrario, demanda que garantice y procure las condiciones más favorables para que todos los habitantes alcancen sus aspiraciones y, por tanto, su realización personal y de vida. Con base en ello, si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio. Así, el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera el citado precepto de la legislación civil de Jalisco.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Amparo directo 553/2014. 25 de noviembre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Jáuregui Quintero. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En lo que refiere a los derechos de los menores de edad, si es el caso, siempre estarán salvaguardados por el juzgador natural, por lo que el ejercicio que los divorciantes hagan de sus derechos humanos, siempre serán ponderados y nunca estará por encima de los derechos fundamentales de aquellos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial mismo que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2009591

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 20, Julio de 2015, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.)

Página: 570

Divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Códigos de Morelos, Veracruz y Legislaciones Análogas). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el estado de Morelos y 141 del Código Civil para el estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En ese tenor, después de realizar una revisión en el contenido de los diferentes Códigos Civiles o Códigos Familiares de las entidades federativas, según sea el caso, se desprende que las causales de divorcio aún se siguen regulando en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos,  Nuevo León,  Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, lo cual atenta contra los derechos fundamentales de las personas que han decidido disolver su vinculo matrimonial, toda vez que dichos ordenamientos imponen la carga procesal de acreditar las circunstancias conflictivas para otorgar el divorcio y dar por terminada dicha unión, por lo que de no ocurrir, no habrá solución a un conflicto conyugal que afecta a una familia y todo quedara exactamente igual, cuando debe de ser la voluntad de los cónyuges, el principal eje en el que debe girar la continuidad del matrimonio.

La redacción que actualmente guardan los ordenamientos legales que regulan la disolución del matrimonio en las entidades federativas mencionadas en el párrafo precedente, impide a las personas ejercer su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, desnaturalizando el objetivo primordial de la ley, que es el de regular la convivencia de la sociedad y establecer los lineamientos que permitan resolver controversias, privilegiando la protección a los derechos humanos, ya que sí a consideración del juzgador, durante un juicio, no se logrará acreditar la causal invocada, se prolongarían en el tiempo los conflictos y se agudizaría un ambiente nocivo, tanto para los cónyuges, como para los menores de edad, si es que hubo descendencia en dicha unión, propiciando que haya otras afectaciones a derechos humanos diversos.

Como parte de los esfuerzos que se vienen realizando desde el Congreso de la Unión para fomentar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, es que planteo la proposición con punto de acuerdo, en la que solicito se exhorte a los Congresos locales, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, armonicen sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, así como a sus códigos procesales, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que deroguen las causales de divorcio, para privilegiar la protección de los derechos humanos en la resolución de este tipo de controversias, en especial de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, por encima de cualquier rigidez de carácter procesal.

Por lo expuesto, los proponentes presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales, en ejercicio de la autonomía con que está investido el régimen interior de los Estados, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulen las causales de divorcio, y que de esa manera, dichos ordenamientos sean armonizados con la protección a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 En http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx? TPub=2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0 &u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=2&d=-1&v=-1 &m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=, consultado el 23 de febrero de 2016.

2 En http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados. aspx?TPub=2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0 &u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=2&d=-1&v=-1 &m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=, consultado el 23 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A FOMENTAR EL TURISMO FAMILIAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo federal y locales a implantar mediante campañas de difusión políticas tendentes a fomentar el turismo familiar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La Organización Mundial de Turismo define a esta actividad como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales, de negocios y profesionales, lo cataloga como un recreación y como un derecho al cual debieran acceder todas las personas con independencia de sus condiciones económicas.

2. Debido a la diversidad de factores que se involucran para su funcionamiento, la actividad turística es un sistema compuesto de cuatro elementos indispensables que se centran en la demanda, la cual está conformada por los consumidores al tener la posibilidad de desplazarse al interior de su país de origen o bien fuera de ellos, el factor económico es determinante; la oferta constituida por los productos, servicios y organizaciones a disposición; además el espacio geográfico como el lugar donde se desempeña la actividad y suele ser un factor de gran importancia por el tiempo de clima, la variedad de suelo o su cercanía con el mar y los operadores de mercado quienes propician y facilitan la conexión entre la oferta y la demanda. La combinación de estos elementos posibilita una variedad de actividades que impactan en el sector empresarial, genera empleos en diversas ramas del sector terciario y produce flujos de capital entre las naciones.

3. La política turística está centrada en la inversión para mejorar la infraestructura de servicios y el espacio geográfico para así ofrecer un ambiente cálido. Por ejemplo la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, en coordinación con las Secretarias Estatales del ramo y los gobiernos municipales impulsan dos programas fundamentales: “Pueblos Mágicos” y “Calidad Tesoros de México”; a través del Fondo Nacional de Turismo se ha financiado la construcción de proyectos y desarrollos turísticos ligados a las playas mexicanas con la diversificación de servicios, lo que permite una oferta variada. Entre las temáticas turísticas que se ofrecen están: El turismo cultural, turismo de aventura, de negocios, deportivo, de salud y ecoturismo o bien los parques temáticos y en reciente años se ha desarrollado el concepto de turismo familiar pues engloba todas las actividades que pueden desarrollar las personas que integran las familias.

4. El impacto de viajar en la población es benéfico, en la Declaración de Manila sobre el turismo mundial, se hace referencia a los efectos sociales y culturales del turismo de la siguiente manera:

“Artículo 11: Por sus efectos sobre la salud física y psíquica de quienes lo practican, el turismo es un factor de equilibrio social, de aumento de la capacidad de trabajo de las colectivas humanas y de bienestar individual y colectivo.

Artículo 12: Por la amplitud de los servicios que exige para su realización, el turismo es un factor recreador de un número considerable de nuevas actividades, fuente de creación de empleos. En tal sentido, constituye un positivo elemento de progreso social, en todos los países donde se practica, cualquiera que sea, por otra parte, el grado de desarrollo de esos países.

Artículo 13: En el marco de las relaciones internacionales y en relación con la búsqueda de la paz basada en la justicia y el respeto de las aspiraciones individuales y nacionales, el turismo aparece como un factor positivo y permanente de conocimiento y de comprensión mutua, base de respeto y confianza entre todos los pueblos del mundo.

Artículo 14: En el ámbito de los intentos emprendidos en todo el mundo con vistas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, el turismo, en condiciones apropiadas, puede desempeñar un positivo papel de equilibrio, de cooperación, de comprensión mutua y de solidaridad entre todos los países.”

5. Si bien ha existido un avance en el acceso al turismo a nivel mundial aún no es general; por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en Hogares 2013, se indica que el 60% de los hogares mexicanos durante el año realizaron un viaje, la edad promedio de los viajeros es de 31 años, y los principales motivos fueron las vacaciones (37.9%) y visitas a familiares (35.3%), el tamaño de personas por viaje es de 3 y no existe una temporada de viaje o al menos no indicaron ninguna fecha específica.

La misma encuesta revela los estados que concentran la mayor cantidad de turistas y son: La Ciudad de México (11.13%), Jalisco (7.9%), Estado de México y Veracruz (ambos con 6.4%),  Puebla (5.9%), Guerrero (5.0%),  Guanajuato (4.6%), Baja California (4.0 %),  Hidalgo (3.1), Sonora y Quintana Roo (ambos con 3.2.%), mientras que el promedio de gastos en los viajes con pernocta fue de 6 mil 281 pesos y en viajes de ida y vuelta fue de 1 mil pesos. Sin embargo existe un 40% de población que no tiene acceso al turismo y la principal razón es la falta de recursos económicos.

6. Los beneficios del turismo familiar son diversos, la expansión en la oferta y demanda de infraestructura turística derivado de la dinámica de cambios sociales y de la conformación de nuevas estructuras familiares; además que las recomendaciones por los servicios que reciben son bien calificadas y son fieles como consumidores; de igual forma existe una diversificación y diferenciación de los destinos que integra la oferta turística desde el alojamiento, el ocio y el comercio en diversos destinos.

7. No obstante lo anterior es necesario que dentro de las políticas públicas y programas de impulso al turismo se establezca como eje del trabajo el fomento al turismo familiar; donde no solo se planeen actividades encaminadas a la convivencia basadas en la cultura de la paz y el respeto al medio ambiente, sino que se les facilite a las familias el acceso a espacios de recreación, cultura y diversión.  Lo anterior permitirá explorar en una nueva forma de política en el ramo que no solo se vea desde la vertiente económica, sino el ampliar la gama de oferta turística desde un aspecto social y de reconstrucción del tejido social al propiciar la convivencia familiar en espacios amigables y accesibles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, a las Secretarías de Turismo de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que a través de campañas de difusión implementen políticas públicas tendientes a ampliar la gama de servicios turísticos que fomenten el turismo familiar.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Turismo, para dictamen.

RECURSOS DE LA “CRUZADA CONTRA EL HAMBRE”, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE APOYOS DE LA SEDESOL A UNIVERSIDADES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al manejo de los recursos de la Cruzada contra el Hambre, particularmente en materia de apoyos de la Sedesol a universidades, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que, de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, en la revisión que hizo de la Cuenta Pública 2013, se realizaron auditorías con números; 0245, 0246 y 1426, (documentos que pueden ser consultados en la página de la propia ASF) en los cuales se encontraron irregularidades en el ejercicio presupuestal del año 2012, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), así como por la Universidad Autónoma de Morelos (UAM).

Específicamente en el caso de la UAEM, un rastreo de cuentas correspondientes al año 2012 para constatar si había presupuesto para la compra de papel higiénico y jabón para los baños que usan los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta, que según autoridades de la Universidad no se tenía, dejó al descubierto serias inconsistencias financieras en esa facultad.

Para verificar la información emitida por las autoridades universitarias se recurrió al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y a través de las solicitudes 00123/UAEM/ IP/2012, 00153/UAEM/IP/2012 y 00041/UAEM/IP/2013, de las cuales se obtuvieron datos oficiales de la propia UAEM y de la Facultad de Ciencias de la Conducta que contradecían la versión de que no había presupuesto. Así se descubrió que por medio de la cuenta 5201 02 02 Artículos de aseo y sanitarios, había un presupuesto suficiente para la compra de papel higiénico y jabón, correspondientes al periodo 2012.

El presupuesto autorizado fue de $60,519.73 del cual declaran los servidores públicos de la Facultad de Ciencias de la Conducta se ejercieron $50,316.77. Sin embargo, sólo con los $10,202.96 que no se ejercieron, se podía comprar jabón y papel higiénico que se requiere en los baños

Si consideramos que los periodos escolares son de 4 meses, tenemos como resultado final que se podrían disponer de 3 rollos por mes para cada baño.

Segunda. Que de lo anteriormente señalado se desprende que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que “no se establecieron las condiciones, términos y especificaciones” en el convenio y la institución académica, a su vez, pagó a cuatro proveedores para que realizaran los servicios, “sin firmar contrato” ni contar con estudio de mercado.

Para “integrar” a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras con el logotipo de la CNcH, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros.

La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los “kits” a los coordinadores del programa de red nutricional. Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 mil despensas previstas en el programa.

Asimismo, la UAEM contrató a tres empresas para “diseñar e implementar redes nutricionales y evento ferial”. Dos de estas empresas –en las cuales figura otra vez Dumago Systems– tenían el mismo domicilio fiscal y sus representantes legales eran hermanos. A raíz del pago, la otra empresa, Advanced Computer Knowledge, envió 14 millones de pesos en tres pagos diferidos a Esger, Servicios y Construcciones, SA.

Con el fin de “promover la Cruzada” y “concienciar a los jóvenes respecto del problema del hambre”, la UAEM pagó 75 millones de pesos a una empresa, sin contrato, la cual organizó un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2013 –lo que implicó un sobrepago de 29 millones respecto del convenio firmado con la Sedesol. Esta empresa, a su vez, entregó 9 millones de pesos a Esger, Servicios y Construcciones SA el 8 de julio de 2013.

La ASF presumió entonces un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, y subrayó que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”.

El 2 de enero de 2013, la Sedesol encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, que consistía en instalar 838 “ventanillas” y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos.

La UAEM, a su vez, contrató a una empresa para llevar a cabo esa instalación, pero de las 838 ventanillas previstas, aquella empresa sólo instaló 590, y además la Universidad no utilizó la totalidad de estas ventanillas, lo que generó “pagos por servicios no utilizados y subutilizados” por 13 millones de pesos.

Tercera. Caso similar es el de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR), con quien el 6 de mayo de 2013, la Sedesol firmó un convenio por 697 millones de pesos, el cual consistió en abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.

La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, una de las cuales resultó ser otra vez Dumago Systems, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó.

Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada destacan las compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”, 10 millones en “gorras brigadistas”, 13 millones en “porta-credenciales”, 96 millones de “tornilleros / de color impreso” y 79 millones “en paliacates”. Estos artículos, estimó la ASF, “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”.

La Sedesol, por su parte, “no localizó el expediente” y el director del almacén general afirmó que “desconoce quién y cómo se realizó la entrega de los 31 millones de bienes”, mientras que las delegaciones de la dependencia federal en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo o Puebla, entre otras, encontraron diversos pretextos para justificar la ausencia de documentación que comprobara la recepción de los artículos.

De las cuatro empresas que “ganaron” las licitaciones (sin contrato), una no declaró sus ganancias en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y mintió sobre sus domicilios, mientras que su representante legal era el hermano del representante legal de otra empresa ganadora, la cual tampoco declaró el monto del contrato en su ISR. Es más: ambas empresas, con vínculo familiar, transfirieron un total de 194 millones de pesos a la ya mencionada Esger Servicios y Construcciones S.A.

Los demás anexos del contrato involucraron un contrato de 33 millones de pesos a Dumago Systems por la realización de asesorías “que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”; el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones, en siete pagos, a la misma empresa Esger Servicios y Construcciones S.A.

En total, esta misteriosa empresa recibió, de los cinco proveedores contratados por la UAEMOR, nada menos que 416 millones de pesos, casi 60% del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre. Y de los 993 millones de pesos auditados por la ASF en estos convenios, cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.

Cuarta. Que no conforme con lo anterior, en el año 2013 las dos universidades públicas simularon operaciones por más de 440 millones de pesos que recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). De acuerdo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la dependencia entregó directamente a las Universidades Autónomas de los estados de Morelos y de México, mil 555 millones 725 mil pesos para que llevaran a cabo actividades relacionadas con programas federales, entre ellos la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero únicamente una fracción del dinero se utilizó en ello, mientras el resto terminó en las cuentas bancarias de proveedores sin perfil.

Dentro de las acciones que la Dirección de Servicios Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, conducida por Del Pozzo Rodríguez, fue, la de subcontratar a la empresa Administrativos Zulma, SA de CV, a la cual se le pagaron 21 millones 177 mil 407 pesos por el Monitoreo de Ventanillas de Adultos Mayores y Supervivencia; y quien no cumplió con los servicios, destacando que el domicilio fiscal de la empresa no existe. Pese a ello realiza dos transferencias a IT Guardian Auditing & Consulting Services, SC, por dos millones 848 mil 600 pesos cada una para desarrollar un software para el monitoreo que nunca se entrega, tampoco se deja registro de dichos depósitos.

Otra de las empresas subcontratadas por la UAEM fue S&C Constructores de Sistemas, SA de CV, por 75 millones 455 mil 339 pesos por el concepto de Servicios para el evento ferial y evento musical en el Auditorio Nacional, donde se presume que el giro de la empresa es distinto para el que se le contrató ya que no se dedicaba a vender materias primas para otras industrias y no al de espectáculos.

Una de las pruebas más contundentes del fraude cometido por del Pozzo Rodríguez es que la empresa Zulma, SA de CV, transfiere un millón 800 mil pesos a Servicios Profesionales Antal, SA de CV, empresa propiedad del mencionado, quien era el Director de Recursos Financieros de la universidad. Estas son algunas de las operaciones ya acreditadas y que lo señalan como responsable.

Las empresas subcontratadas jamás realizaron los servicios que se les encargaron, sin embargo se cubrieron los pagos respectivos.

Al final de una cadena de depósitos y pagos injustificados, dos empresas fueron beneficiadas tanto por la universidad morelense como por la mexiquense: Advanced Computer Knowledge (ACK) y Esger, Servicios y Construcciones. A estas compañías llegaron 23.9 millones desde las arcas de la UAEM, que a su vez obtuvo 857 millones de la Sedesol, mientras de la UAEMOR cobró 416.2 millones y la Sedesol le dio 697.7.

De acuerdo al mapa de investigación de la Auditoria Superior de la Federación, hecho público por diferentes medios, existe constancia de la ruta que siguió el dinero desde la Secretaria de Desarrollo Social, hasta las empresas ACK y Esguer, repitiendo de manera sistemática el esquema de emisión de facturas por operaciones falsas y renvío de dinero que fue repetido por las dos universidades. De igual manera se encontraron subcontrataciones a Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, SA de CV; Inteligencia y Tecnología Informática, SA de CV; Simmetrix Architecture, SA de CV; Impactel, SA de CV; Asesorías Nacionales Expanders, Meave Soluciones, SA de CV; y Prodasa. Todo lo cual configura claramente un fraude a la hacienda pública.

Quinta. Las dos universidades incurrieron también en irregularidades millonarias también en 2014, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Incluso, derivado de eso, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe que están involucradas la Sedesol y otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).

En este caso, la Universidad de Morelos recibió en 2014 487 millones 983 mil pesos de dependencias federales y subcontrató empresas por 90 por ciento de esos recursos. La ASF resalta en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014 que tres convenios que analizó fueron firmados por la institución con la Sedesol por 425 millones de pesos y que la casa de estudios contrató los servicios con cuatro supuestos proveedores por un total de 399 millones. De éstos, 350 millones se transfirieron a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, que no brinda los servicios solicitados y es la misma a la que trianguló 416 millones de pesos en 2014.

En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México firmó 36 contratos y convenios con dependencias de la Administración Pública Federal por mil 41 millones 235 mil pesos. La ASF auditó 29 de esos contratos, que suman mil 36 millones 682. La universidad contrató diversas empresas por un monto de 551 millones 333 mil pesos, lo que corresponde a 75 por ciento del valor de los convenios y contratos, con lo cual excedió el porcentaje establecido en la normativa, que es de 49 por ciento. Además, reporta el organismo fiscalizador, se detectaron pagos y cobros injustificados por 354 millones 820 mil pesos.

De este monto, 240 millones de pesos fueron transferidos a empresas y personas físicas que no presentaron evidencias de la realización de los trabajos solicitados.

En otra auditoría realizada a 18 contratos firmados por la Autónoma del Estado de México con dependencias federales por 2 mil 33 millones 578 mil pesos, la ASF encontró, por ejemplo, que el Registro Agrario Nacional, Sedesol, SE, Financiera Rural, Instituto Mexicano del Petróleo, ISSSTE y Diconsa asignaron directamente contratos a la universidad mediante su Fondo de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica (Fondict) sin que la institución educativa tuviera capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometió. La universidad, por tanto, subcontrató empresas que tampoco tenían el perfil para cumplir. En este caso la ASF considera que se podrían recuperar 199 millones 573 mil de pesos.

El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil o empresas fantasmas.

Y lo preocupante es que no es un esquema restringido a las Universidades del Estado de México y de Morelos, que fueron las que recibieron mayores montos sino que parecería que es generalizado. Pues resulta que al menos siete universidades públicas de diferentes estados fueron favorecidas por dependencias del gobierno federal, a través de contratos directos, pese a que no tenían la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron en diferentes convenios.

Volviendo a los resultados de la Cuenta Pública 2013 que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esas siete instituciones de educación superior firmaron diferentes contratos para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y otros servicios con dependencias como Sedesol, Pemex, SEP, Banobras y SCT y la suma de los recursos auditados de esos convenios, por lo que respecta sólo al año 2013, supera los 5 mil 520 millones de pesos.

En los diferentes contratos, la ASF detectó que esas universidades públicas tuvieron que subcontratar sin autorización de las dependencias federales a empresas particulares para cumplir con los compromisos contraídos, debido a que no contaban con la capacidad material o humana para cumplir el contrato.

El informe de esas auditorías señala “graves irregularidades” que han venido aplicándose entre universidades y dependencias de la administración federal desde hace 3 años, por lo que han ignorado las recomendaciones del organismo fiscalizador. Y además de las ya señaladas, las instituciones que habrían incurrido en fraudes similares son la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Los informes de la auditoría forense que efectuó la ASF muestran que en todas se adjudicaron proyectos y servicios al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 4 de sus respectivos reglamentos.

Ante ese alto número de contratos que eluden las licitaciones, el organismo fiscalizador señaló que “persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades u otros institutos de educación para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión”.

Con todo lo cual puede observarse que la utilización por parte de las autoridades de estas universidades, en colusión con funcionarios de diversas secretarías de estado, es un tema de la mayor importancia para rescatar el concepto de universidad púbica y evitar que el mal uso de recursos y la corrupción impidan el cumplimiento de un derecho constitucional, el de la educación gratuita, que debiera estar en el techo de las prioridades del gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo Federal que haga público el manejo de los recursos de la “Cruzada contra el Hambre” particularmente en materia de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social a Universidades.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de la República difunda el curso que están siguiendo las investigaciones derivadas de la denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Nota:

1 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/16/politica/008n1pol; http:// revoluciontrespuntocero.com/fraude-millonario-de-sedesol-usando-la-cruzada-naci onal-contra-el-hambre/; http://www.politica. mx/nota/8142/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO GRATUITO DE INTERNET PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a continuar la prestación del servicio gratuito de internet a la población en general de la entidad, suscrita por los diputados José Hugo Cabrera Ruiz y Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, José Hugo Cabrera Ruiz y Ángel Rojas Ángeles, diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, significó un gran avance en el tema, especialmente en la ampliación de derechos garantizados por la Constitución en materia de información, transparencia y acceso a las tecnologías de la información.

Con esta reforma, el Estado mexicano tiene la obligación de integrar a los ciudadanos a la sociedad de la información y del conocimiento, generando condiciones para que la ciudadanía tenga acceso a servicios de calidad a bajo costo. En este sentido, los organismos competentes del Estado mexicano deberán planear la construcción y crecimiento de la red de telecomunicaciones, para que la gente tenga acceso a los servicios de banda ancha.

En esta reforma constitucional, el acceso a internet juega un papel preponderante, como lo establece el artículo 6° y los Transitorios décimo séptimo y décimo cuarto:

Artículo 6o. “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet...”

Transitorio décimo séptimo: “El Ejecutivo Federal incluirá [...] un programa de banda ancha en sitios que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal.”

Transitorio décimo cuarto:“El Ejecutivo Federal realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la APF. Las entidades federativas harán lo propio en su ámbito de competencia.”

En este marco, el gobierno del estado de Querétaro, en su administración 2009-2015 emprendió y operó el programa “Internet cerca de todos”, con el propósito de ofrecer internet gratuito en diversos sitios públicos del estado, en donde se contó con mayor afluencia de visitantes, tales como: plazas públicas, mercados, parques, escuelas, jardines, museos, delegaciones, hospitales, entre otros. Fue reforzado con puntos adicionales en áreas estratégicas para evitar la saturación de los módems, así como en los municipios de la zona serrana en donde las antenas permitieron la cobertura del internet.

Lo anterior permitió que el estado de Querétaro tuviera la posibilidad de tener una conectividad en el servicio de Internet en equipos portátiles de manera segura, rápida y gratuita, con más de 800 sitios instalados a finales del año 2014.

Sin embargo, en la actualidad, la cobertura de este programa ha ido disminuyendo notablemente, situación que ha sido constatada por los suscritos. Durante los recorridos que hemos realizado en los municipios de Querétaro, ha sido evidente que hay diversos lugares públicos que no tienen conexión a internet gratuito, este es el caso de las plazas de los municipios de Colón, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Querétaro, entre otros.

Al visitar estos lugares, la gente que vive ahí nos ha expresado la necesidad de dotar de internet gratuito a las plazas, pues ésta es la única manera en que pueden tener acceso a este servicio y hacer uso de los beneficios que el internet ofrece.

En la actualidad, el internet es una herramienta de trabajo que impulsa la competitividad y facilita la intercomunicación, por lo que quien no hace uso de esta red, puede encontrarse en desventaja ante el mundo en que vivimos.

Este es el sentir de los queretanos, de la gente que se ha acercado a sus representantes para solicitar que sus municipios tengan conexión gratuita a internet en sitios públicos. Esta es una demanda que debemos atender lo antes posible, para procurar que toda la población, sin importar su condición social y económica, tenga las mismas oportunidades de usar este servicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro para que continúe a la brevedad posible con la prestación del servicio gratuito de internet para la población en general de esa entidad federativa.

Palacio Legislativo, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: José Hugo Cabrera Ruiz, Ángel Rojas Ángeles (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

DIFUNDAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR PARA PERSONAS EN EL EXTRANJERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SRE y la PGR a difundir los protocolos de actuación en materia de protección y asistencia consulares para personas en el extranjero, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en lo siguiente:

Consideraciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene el mandato para que a través de sus Embajadas y Oficinas Consulares, vigile y proteja los derechos e intereses de sus nacionales en el extranjero, dando especial atención a asistir y aconsejar a las mexicanas y los mexicanos en sus relaciones con las autoridades judiciales del país en donde se encuentren.

En el tenor de lo expuesto, el Estado mexicano ofrece protección consular a la población mexicana fuera de territorio nacional a través de la implementación de medidas que promueven el respeto a los derechos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley, evitar daños y perjuicios a las personas y/o sus intereses, vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de autoridades extranjeras y combatir actos de discriminación.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación periodística presentada en el medio de comunicación “El País”, no todos los ciudadanos mexicanos en el extranjero son tratados en condiciones de igualdad.

De acuerdo a la investigación titulada “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira” publicada por el periodista José María Irujo, el gobierno mexicano no sólo puso a disposición del caso toda la maquinaria diplomática y legal de nuestra embajada en España para intentar conocer detalladamente la situación del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, sino que, con gastos del erario público , brindó una atención privilegiada a la familia del entonces detenido por las autoridades españolas.

En dichas acusaciones, es señalada la Procuradora General de la República (PGR) y ex senadora del PRI, Arely Gómez González, quien supuestamente llamó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del gobierno español, para conocer la posición de los fiscales españoles, al igual que lo hicieron distintos funcionarios de la PGR adscritos a la Embajada mexicana para conocer los cargos contra Humberto Moreira.

La visita “con tanta celeridad” realizada por el Cónsul de México en Madrid, así como el hospedaje de la esposa de Moreira y de sus hijas, en el hotel “Vincci Soho” cercano a la delegación diplomática mexicana y con el que se mantiene un convenio con la embajada, así como los gastos en la defensa del expresidente priísta, han desatado las críticas y cuestionamientos de la opinión pública así como de distintos funcionarios y funcionarias y representantes populares, quienes demandamos la rendición de cuentas de las titulares de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, para explicar la atención especial brindada a Humberto Moreira durante su detención en España por acusaciones de malversación de fondos y delincuencia organizada.

La distinción en la atención brindada por el gobierno mexicano, va más allá de un privilegio de ciudadanos de primera y de segunda categoría, nos habla de una maquinaria institucional alimentada con gasto público, destinada al servicio y protección de la cúpula política corrupta.

Mientras el gobierno mexicano se vuelca para rescatar a Humberto Moreira, Gonzalo Contreras Rincón, un joven originario de Querétaro, lleva tres años en la prisión de Aranjuez, en Madrid, esperando una protección consular digna. Gonzalo ha sido acusado y condenado por el delito de tráfico de drogas, pero alega que no tuvo derecho a un debido proceso.

Las partidas presupuestarias que esta Cámara de Diputados ha aprobado a la SRE para la protección consular y el respeto y garantía de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, debería ser transparente hasta en su último centavo y debiera privilegiar la protección de aquellos connacionales que no pueden solventar el pago de un abogado en el extranjero.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer pública la información relativa a la atención brindada al C. Humberto Moreira Valdés así como los gastos que de ello se derivaron.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instruya al personal diplomático de la Embajada Mexicana en España, a que en el ejercicio de sus facultades, atienda con atingencia el caso del C. Gonzalo Contreras Rincón, preso en la prisión de Aranjuez, Madrid, España, y las presuntas violaciones cometidas en contra de sus derechos humanos durante su proceso penal.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer pública la información relativa a los protocolos de actuación en materia de protección y asistencia consular para personas en el extranjero así como al gasto efectuado en materia de protección consular y derechos humanos, etiquetado en los últimos cinco Ejercicios Fiscales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EJECUTEN UN PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, QUE RESUELVA LA PROBLEMÁTICA EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a ejecutar por la Secretaría de Movilidad y el Centro de Transparencia Modal un programa integral de transportes y vialidad para resolver la problemática en Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad, y el Centro de Transferencia Modal, ejecuten un programa integral de transporte y vialidad, que resuelva la problemática de movilidad, en la delegación Tláhuac. Al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Tláhuac se define como versión corta de Cuitláhuac, cuyo significado ha tenido por los especialistas diversas interpretaciones, que van desde: “lama de agua”, “algas lacustres secas”, hasta el “lugar de quien cuida el agua”. En la historia de la región se hace referencia a Mixquic y Cuitláhuac como pueblos independientes uno del otro y se menciona a Cuitláhuac o Tláhuac como denominación para un mismo lugar.

Segundo. Para el año de 1786, Tláhuac pertenecía al corregimiento de Chalco, que a su vez se encontraba bajo la jurisdicción de la Ciudad de México. En 1857 Tláhuac se ubica en la prefectura de Xochimilco y el 5 de febrero de 1925, en el Diario Oficial se decreta que Tláhuac se convierte en Municipio libre independiente, separándose de la municipalidad de Xochimilco. El registro hecho en el siglo XVI por los españoles, indica un área de dimensiones muy limitadas, que se extendía hasta Zapotitlán y Cuauhtlil-Tlacuayan (Santa Catarina) al norte y hasta Tulyehualco en el sur.

Tercero. Los habitantes desarrollaron la agricultura en la chinampa, donde se practicaba todo tipo de cultivos como: maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, chía y flores, entre otros. Las chinampas se consideraban islotes hechos artificialmente en ciénegas y lagos de poco fondo, con plantas acuáticas y lodo, que por medio de estacas de sauces se mantenían fijas en un lugar.

Cuarto.Actualmente, Tláhuac es una delegación que se encuentra en transición entre un esquema rural a uno urbano, que se ubica entre una delegación completamente urbanizada como Iztapalapa y otra totalmente rural como Milpa Alta. Juega un papel fundamental en la ecología de la ciudad por la recarga del acuífero dado en el suelo de conservación, por sus zonas de producción agropecuaria y por contener parte de la Sierra de Santa Catarina, barrera importante al crecimiento urbano de Iztapalapa.

Quinto. A la luz de lo anterior, es menester señalar que, Tláhuac está ubicada a sólo 60 km del Zócalo capitalino. Se considera una ciudad ‘dormitorio’ con aparente tranquilidad durante el día. Tras el colapso de la Avenida Tláhuac, los habitantes tuvieron que buscar salida en calles secundarias que de un día para otro se volvieron principales y el asfalto deteriorado. Haciendo énfasis que la demarcación, no cuenta con estaciones de transferencia, por lo que utiliza la estación Xochimilco, que tiene como área de disposición final el Sitio de Santa Catarina, ubicado en la Delegación Iztapalapa. Debido a la congestión de las avenidas será complicada la salida de los desechos de la demarcación.

Para dimensionar el problema, basta ver que, de acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Tláhuac genera diariamente 356 toneladas al día de basura, lo que representa 3.12% de los residuos sólidos de la Ciudad de México.

Sexto.  Por lo que cabe hacer mención, que expertos del Centro de Transporte Sustentable (CTS) afirman, que las ciudades dormitorio de la metrópoli lo seguirán siendo mientras no exista una política pública federal que permita un desarrollo urbano para construir casas cerca de centros de trabajo.

Se hace necesario, una política pública que regule el mercado del suelo y que se permita que el suelo que ya está construido en la ciudad se pueda reciclar, que no queden deshabitados, que se estén reconstruyendo, transformando.

Con fundamento en el artículos 4 y 6, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se solicita se elabore, apruebe y ejecute, un programa integral de transporte y vialidad, que resuelva la problemática de transporte y vialidad, de la que adolece la delegación Tláhuac. Al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. La delegación Tláhuac, según el Programa General de Desarrollo Urbano, forma parte del Segundo Contorno del Distrito Federal, conjuntamente con las Delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras. Este contorno se caracteriza por que su proceso de urbanización se ha manifestado de manera dispersa y desarticulada, en algunos casos dentro de la zona de protección ecológica, lo que se ha traducido en un fuerte deterioro ambiental.

Segundo.Tláhuac es una delegación con un carácter estratégico en términos ambientales, dentro del contexto metropolitano y megalopolitano. Tláhuac juega un papel relevante en la contención del desarrollo de nuevas áreas urbanas, así como en la preservación de zonas agrícolas de riego. Por su ubicación la delegación es objeto de fuertes presiones a la urbanización.

Tercero. La avenida Tláhuac forma parte de la vialidad primaria del Distrito Federal. A través de ella pueden circular autotransportes en dos sentidos en el tramo entre la colonia Minerva y el paso del Conejo en San Francisco Tlaltenco. Entre este último hito y el centro histórico de Tláhuac, la circulación es de sur a norte, mientras que el sentido contrario puede desplazarse por el par vial Ferrocarril de San Rafael Atlixco.

Cuarto. Sobre la avenida Tláhuac se realiza la mayor parte del tráfico entre la delegación Tláhuac y el centro de la ciudad. Varias rutas de autobuses urbanos concesionados recorren la vía, algunas sólo en pequeños tramos; las principales son las rutas 12, 21, 35, 44, 50, 56, 94 y 110 que prestan su servicio entre Milpa Alta, Míxquic y Tulyehualco en el sur, y la Central de Abasto de la Ciudad de México, la Merced, y la estación del metro Taxqueña en el norte.

Quinto. Una línea del trolebús, hasta principios de 2010 prestó servicios de San Lorenzo Tezonco a este último punto, recorriendo la avenida Tláhuac desde el límite entre Iztapalapa y Tláhuac hasta Pueblo Culhuacán. El servicio de trolebús fue retirado por la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, inaugurada el 30 de octubre de 2012.

A la luz  de lo anterior, en Tláhuac no existen adecuadas vías de comunicaciones, ya que para su comunicación vial la delegación depende primordialmente de la Avenida Tláhuac, que es por la que transita la mayoría de las rutas de transporte público y, por otro lado es notable la carencia de espacios de estacionamiento.

Sexto. Por lo que es imprescindible,  elaborar, aprobar, y ejecutar un Programa Integral de Transporte y Vialidad, que represente una estrategia para el óptimo desarrollo urbano de la delegación Tláhuac, considerando las posibles restricciones o impactos que se generen por estas acciones.

Puesto que existe un precedente de un Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, que contenía un Plan Integral de Transporte y Vialidad, y el cual fue publicado en el Diario oficial de la Federación el 6 de junio de 1997, pero hasta la fecha nunca fue aplicado.

Séptimo. Cabe mencionar que fuera del metro Atlalilco, Tláhuac, Tezonco, La Nopalera y Periférico, los autobuses, que cubren el recorrido de la línea 12 del metro, hasta Tláhuac, obligan a los otros vehículos a circular por un solo carril. Otro problema con estos autobuses es que para llevarse a toda la gente que sale del metro, son insuficientes, cada vez más, lo que ocasiona que a cada momento se acumulen más personas y se originen accidentes.

Octavo. Es urgente que se resuelva la problemática de transporte y vialidad, de la cual adolece la Delegación de Tláhuac, pues un recorrido que debería tomar un máximo de 35 o 40 minutos, se convierte en una tortura de más de casi hora y media. Y si se suma el tiempo de traslado en el metro desde o hacia los centros de trabajo, de los habitantes de esta demarcación, el tiempo de recorrido es de hasta 3 horas, cuando en horario regular, tomaría alrededor de hora y media, en total.

Noveno. Es decir impera la necesidad de integrar un sistema de vialidad primario constituido por ejes viales y vialidades secundarias que contemplan ampliación en las avenidas Tláhuac, Canal de Chalco, La Turba, F. San Rafael Atlixco y División del Norte. Es conveniente establecer puentes peatonales en la avenida Tláhuac a cada 500 m., ello con base en los importantes flujos que circulan por esta avenida, con el fin de dar mayor seguridad a los peatones.

Décimo. Se considera la conveniencia de establecer rutas de transporte que respondan a la demanda de la población estudiantil de la zona. Es conveniente, además, que se planifiquen y reorganicen las bases de transporte público concesionado para su mejor funcionamiento.

Décimo Primero. Asimismo, cabe hacer mención acerca de la problemática que presenta el Cetram de Tláhuac, ya que existe una lucha entre transportistas de la Ciudad de México y el Estado de México por ocupar lugares en el nuevo Centro de Transferencia Modal.

Puesto que varios operadores, de microbuses agrupados en las rutas 119, 44, 56, 12 y 49, principalmente, exigen que no se permita el acceso al Cetram a camiones procedentes de municipios mexiquenses como Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, por mencionar sólo algunos.

Décimo Segundo. De conformidad con el estudio  del Distribuidor Vial de Acceso al Cetram Tláhuac Línea 12, elaborado por la empresa Tembo para el Gobierno del Distrito Federal (GDF) , se desprende, del mismo, que al menos hay una ruta del Estado de México que podría entrar al Cetram agrupados en la empresa  Casiano Andrade Vera CAV.

Por lo que se requiere que la Secretaría de Movilidad defina las rutas que deben de entrar al Centro de Transferencia Modal, puesto que esta situación, representa un grave problema para el sector, lo cual se podrá resolver, al definir que rutas entran al Cetram, y que unidades saldrán de circulación, y que transitan por la avenida Tláhuac, provenientes no únicamente de esta demarcación sino también de la delegación Iztapalapa.

Décimo Tercero. Asimismo es importante que también la Secretaría de Movilidad resuelva el problema respectivo, al incremento en la tarifa del transporte, que circula en la demarcación de Tláhuac, pues representa un golpe al bolsillo de cada una y todas la personas que se encuentran sujetas a trasladarse día a día en el transporte público, y peor aun cuando se trata de familias completas, que necesitan valerse de medios de transporte para realizar sus actividades cotidianas.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad, y el Centro de Transferencia Modal, ejecuten un programa integral de transporte y vialidad, que resuelva la problemática de movilidad, en la delegación Tláhuac.

Ciudad de México, a 25 de febrero del año dos mil dieciséis.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

DEFENSA DEL MAÍZ CRIOLLO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la defensa del maíz criollo, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la defensa del maíz criollo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

México es centro de origen y diversificación genética del maíz; Como sabemos, la dieta de las familias campesinas y de la mayoría de los mexicanos, está basada en maíz, frijol y en algunos otros productos del medio rural. Las variedades del maíz que consumimos, es un producto cultural adaptado y mejorado a lo largo de muchos siglos.

Nuestro país cuenta con 59 razas y miles de variedades de maíz nativo, herencia de nuestros pueblos originarios. Este hecho nos coloca como una de las naciones con la mayor diversidad del grano, lo cual abona a posicionar a México en el cuarto lugar a nivel mundial con la mayor biodiversidad en el mundo.

El maíz está vinculado con los pueblos indígenas de México (62 etnias con 38 lenguas vivas y 364 variantes lingüísticas) y los pueblos mesoamericanos, quienes lo cultivaron para distintos usos, para sembrar en distintos ecosistemas, maíz de diferentes colores y formas. El maíz es la vida de México, nuestros campesinos lo han cultivado por siglos en todo el territorio nacional, es nuestra identidad y esperanza.

Asimismo, el maíz es el principal cultivo agrícola en México, participa con el 18% del valor de producción del sector agrícola y concentra el 33% de la superficie sembrada en el territorio nacional (7.5 millones de hectáreas).

En este contexto, para el caso de México, los campesinos oaxaqueños son los primeros en defender la diversidad genética del maíz y en pronunciarse en contra de la experimentación y cultivo del maíz transgénico. Los 16 grupos indígenas del estado defienden una riqueza genética que se expresa en cuando menos 18 variedades.

El maíz es, como expresara Guillermo Bonfil, “ fundamento de la cultura popular mexicana. Con el ciclo agrícola se gestan conocimientos, ceremonias y fiestas que congregan a comunidades que muestran su cultura y una organización comunitaria que fortalece el tejido social”.

Nuestros ancestros sabían que la diversidad es garante de vida y que la uniformidad mata. Algunas multinacionales, obsesionadas por la ganancia, aún no llegan a este nivel de pensamiento y en busca del beneficio propio, han puesto en riesgo el patrimonio más importante de la humanidad: la biodiversidad.

Actualmente, los gobiernos federal y locales enfrentan una presión económica y política permanente por dichas empresas multinacionales para que se liberen comercialmente los cultivos de maíz, soya, algodón y otros productos transgénicos, con el pretexto de incrementar la productividad, y de que son más tolerantes y resistentes a climas adversos, y bajan los costos de producción.

Por otra parte, científicos mexicanos, organizaciones indígenas y de pequeños productores, así como grupos de la sociedad civil, opinan que de llegarse a la siembra comercial, la contaminación con maíz transgénico nos llevaría a perder las razas y variedades de maíces nativos y que, atentar contra el maíz de esta manera, es atentar contra los derechos culturales y de alimentación de todos los mexicanos. Además, se debate que dichas trasnacionales tendrían el monopolio de las semillas y que los cultivos transgénicos no han demostrado mayores rendimientos ni costos menores, como tampoco que utilicen menos cantidades de agua, o que sean más resistentes a las plagas.

En realidad, el proceso de lucha contra el maíz transgénico ha seguido un arduo camino en el terreno económico, social y jurídico. En 2009, después de publicarse el Reglamento a la Ley de Bioseguridad, se autorizaron las primeras siembras experimentales de maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Por su parte, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó solicitudes para experimentar con semillas transgénicas de empresas como Monsanto, Pioneer (PHI), Syngenta y Dow AgroScience; y en 2011, esta misma Secretaría, otorgó permisos para la fase piloto, es decir, siembras en mayores superficies y con ensayos de comercialización.

También en la opinión pública se ha difundido como, en algunos estados de la república, se contaminaron maíces criollos con maíces transgénicos cultivados ilegalmente; así como de la importación y distribución de maíz transgénico por parte de Diconsa, generando diferentes denuncias, movilizaciones y luchas contra los productos transgénicos.

En el panorama actual el tema se encuentraha llegado a los tribunales. México es signatario del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica; dicho Protocolo especifica que los países que sean centro de origen y diversificación de alguna planta, deben prohibir la siembra de variedades transgénicas de ella con base en lo que se conoce como principio precautorio que consiste en la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente, aunque no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de este.

Bajo este derecho y otros relacionados a los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, diversos grupos de productoras y productores, de organizaciones de la sociedad civil, y grupos indígenas, han promovido amparos en contra de la liberación de permisos para el cultivo comercial de productos transgénicos, lo que ha permitido detener provisionalmente dichos permisos.

Por su parte, la decisión de suspender la siembra de maíz transgénico en México ha sido combatida no sólo por las transnacionales, también por el gobierno federal a través de La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación (Sagarpa) y La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ,quienesa la fecha han presentado cerca de cien impugnaciones entre juicios de amparo y recursos de revisión.

El tema central en juego, es el derecho humano a la salud y a la diversidad de maíces nativos también llamados criollos, razón legal suficiente para mantener detenida la siembra de transgénicos durante los trámites de juicio colectivo. Sin olvidarse que el “derecho humano a la salud y al medio ambiente es el derecho presente de las generaciones futuras, y que frente al interés particular debe tenerse en cuenta el interés de la sociedad”.

Por ello y en este tenor, las autoridades mexicanas deben impulsar la agricultura ecológica que proteja la biodiversidad sin el uso de agrotóxicos y permita el desarrollo de las comunidades en lugar de apoyar a las grandes empresas. Proteger a los maíces criollos es proteger un producto básico y estratégico para la alimentación de los mexicanos. El maíz es pilar de nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria.

Así proceden otras naciones en el mundo. Tal es el caso de que en Estados Unidos y Europa no se ha sembrado comercialmente trigo transgénico debido que no quieren poner en riesgo su principal alimento. Lo mismo pasa con el arroz en Japón, en donde está prohibido la siembra de transgénicos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Social para que garantice que el maíz importado a través de Diconsa no sea maíz genéticamente modificado; asimismo, haga público un informe verificando que el maíz adquirido y distribuido a tiendas comunitarias, es un producto libre de transgénicos.

Segundo.La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que hagan público si se han liberado al ambiente organismos genéticamente modificados de maíz de forma voluntaria o involuntaria, en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a generar y promover programas que incentiven la producción e intercambio de maíces nativos, la producción orgánica, el uso de técnicas tradicionales de cultivo y en general el uso de insumos locales, así como a publicar los acuerdos que se generen en favor de proteger los cultivos de maíces nativos originarios de nuestro país.

Cuarto. La Honorable Cámara de Diputados exhortarespetuosamentea la Secretaría de Economía a promover la obligación del etiquetado de productos alimentarios que sean transgénicos o contengan derivados de productos que lo sean, pues el etiquetado correcto permite al consumidor tomar decisiones informadas sobre el alimento que consume.

Notas:

1 Un centro de Origen se refiere a que aquí se concentra la mayor diversidad de maíz en el mundo, este mantiene vivo y adecua al genoplasma original a las condiciones cambiantes, tanto ambientales como socioculturales .

2 Instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados producto de la biotecnología moderna. Este acuerdo se enfoca específicamente en el movimiento transfronterizo de OVMs (organismos vivos modificados) promoviendo la seguridad de la biotecnología al establecer normas y procedimientos que permitan la transferencia segura, manipulación y el uso de los OVM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2016.— Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

PRIORICE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS Y PRESTADOS POR SOCIEDADES COOPERATIVAS, A FIN DE PROMOVER Y FORTALECER ESE SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a conferir prioridad a la adquisición de bienes y servicios de sociedades cooperativas para fortalecer ese sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xochitl Hernández Colín, diputada de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la última Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el marco del centenario de su creación, una empresa cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esta nueva definición mantiene la esencia de un sistema de principios y valores que ha demostrado ser eficiente en casi 170 años de historia y ha contribuido a transformar al cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel mundial a la vez que incorpora nuevos elementos para una mejor interpretación del momento histórico actual.

Las cooperativas se han basado en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y los han ampliado a los de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año de 2012 como el año internacional de las Cooperativas y exhortó a los Estados integrantes a fomentar su desarrollo como una expresión de la economía social y a reconocer el importante papel que desempeñan en términos sociales y productivos.

La Alianza Cooperativa Internacional, basada en el reporte Vital Signs de 2012 elaborado por el World Institute, calcula que mil millones de personas participan en el movimiento cooperativo directamente alrededor del mundo. Con esta base puede inferirse que para 2015 casi una séptima parte de la población mundial tenía una relación directa con el sector cooperativo.

De acuerdo con la ACI, las 300 cooperativas más grandes en el mundo se encuentran establecidas en 23 países y manejan un volumen de negocios cercano a 2 mil millones de dólares.

La Alianza da a conocer que Estados Unidos representa una avanzada en lo relativo al abastecimiento de electricidad debido a que casi 30 mil cooperativas rurales eléctricas atienden a cerca de 42 millones de usuarios en 47 estados. De acuerdo con la Organización de las Cooperativas Brasileñas, en 2011 el cooperativismo en ese país reunió a 10 millones de personas y dio empleo directo a cerca de 300 mil. Asimismo, en ese año, las cooperativas de salud brasileñas prestaron servicios médicos y odontológicos a 17 millones de personas que representaron casi un 10 por ciento de su población. Después de la crisis de 2001, se presentó en Argentina una recuperación de fábricas y compañías que en su mayoría se transformaron en cooperativas. Aunque el número de estas empresas no es grande, alrededor de 400, la experiencia resulta novedosa y presenta resultados positivos: hacia 2008 el número de cooperativas ascendía a 13 mil. Este tipo de experiencia se ha iniciado también en Grecia como manera de hacer frente a la grave crisis que vive.

La misma organización internacional integradora de cooperativas asegura que Europa es la región donde se encuentra la mayor concentración de cooperativas. Francia cuenta con 21 mil y calcula un impacto en el empleo de alrededor de 700 mil personas. En Finlandia las cooperativas tienen un impacto en la producción de 74 por ciento de los alimentos y 96 por ciento en los productos lácteos. En Noruega las empresas cooperativas producen el 99 por ciento de los lácteos consumidos por su población y uno de cada tres habitantes de ese país es miembro de una cooperativa. Según cifras oficiales del Ministerio de Empleo, en España el sector más fuerte está en el trabajo asociado con 21 mil 500 cooperativas que en 2012 generó casi 300 mil empleos.

Es importante señalar que la Alianza Cooperativa Internacional no cuenta con información estadística de México y que, en general, las referencias en nuestro país sobre este sector tan importante no son constantes ni se encuentran sistematizadas. Groso modo, se estima que existen 15 mil cooperativas.

El sector de las cajas de ahorro es el que más datos exactos recaba en México. El Fideicomiso de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop) estimó, en septiembre de 2014, el número de socios del sector de las cajas de ahorro en 6 mil millones 453 mil personas. De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Conducef), a principios de 2015 estaban registradas 692 cajas o cooperativas de ahorro, de las cuales sólo 143 se encontraban regularizadas y alrededor de 49 estaban en proceso de autorización. Cifras que podrían indicar un peligro latente de su desaparición, ya sea por la absorción de cajas más grandes o por su extinción.

Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que a finales de 2015 el sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) tuvo un resultado neto acumulado de un mil 367 millones de pesos de enero a septiembre de 2015, monto 50.2 por ciento superior al obtenido en el mismo periodo de 2014; expansión explicada principalmente por el incremento de 435 millones de pesos (6.8 por ciento) en el margen financiero. Asimismo, las Socaps registraron activos totales por 98 mil 249 millones de pesos, 13.5 por ciento más que en septiembre de 2014, debido a la entrada en operación de nuevas entidades, así como por el crecimiento en cartera e inversiones en valores del sector. Al cierre de septiembre de 2015, el sector de las Socaps se conformó por 147 sociedades autorizadas y en operación, seis más que en septiembre de 2014, agrupando a más de 5.5 millones de socios. No obstante, en este sector frecuentemente no existe una conciencia plena de los ahorradores como socios de las sociedades cooperativas de ahorro.

La presencia del movimiento cooperativista en nuestro país ha sido fuerte y de avanzada y en varios momentos ha sido apoyado por el Estado. Esas experiencias permiten asegurar que la manera como se organiza la producción guarda una estrecha relación con las formas de propiedad prevalecientes y que formas alternativas de organización de los factores productivos permiten ampliar un desarrollo pleno y soberano.

La historia del cooperativismo en México se remonta a 1872, año en que se fundó la primera cooperativa; diez años después se creó la primera cooperativa de crédito y en octubre de 1929 se inauguró el Primer Congreso Cooperativista Nacional en la Ciudad de Tampico.

A partir de la Constitución de 1917, producto del movimiento armado revolucionario, el Estado mexicano tiene el papel de promotor del desarrollo que, bajo el precepto de economía mixta, fomenta y organiza a los sectores social y privado. De esta manera, de acuerdo con el artículo 25 constitucional, los sectores público, social y privado concurren al desarrollo económico nacional, constituyendo los pilares de ese desarrollo.

La Constitución de 1917, en el artículo 123, fracción XXX, considera al cooperativismo como de utilidad social y en el artículo 28 las sociedades cooperativas tienen carácter de interés general y no-monopólicas. La Primera Ley General de Sociedades Cooperativas fue aprobada en 1926 y a lo largo de la historia del México moderno se han aprobado y promovido varias.

Con el avance en la aplicación de los principios revolucionarios, impulsado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, el gasto público fue orientado al fomento económico y social, destacando la Reforma Agraria y la defensa y apoyo del ejido, como unidad de producción social en el sector agropecuario.

El ejido y las cooperativas son las formas jurídicas más representativas de la economía social en México. El ejido perfeccionó el trabajo colectivo y la explotación de la tierra mediante su integración en parcelas y un sistema de crédito y precios que aseguraban su desarrollo, permitiéndole generar fuentes de trabajo, satisfacer las necesidades de los campesinos y generar rendimientos para su capitalización.

Por su parte, las cooperativas suprimen la contradicción entre el capital y el trabajo y su administración y dirección es básicamente autogestionaria. La Constitución de 1917 favoreció la organización del trabajo no asalariado.

El presidente Lázaro Cárdenas se propuso que la cooperativa fuera un medio de transformación social para la integración del país en un sistema económico propio, sin embargo, esos objetivos fueron abandonados en las siguientes administraciones.

Después de 40 años, en los años setenta, la cooperativa es vista nuevamente como opción válida para coadyuvar a la solución del empleo, la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza de amplios sectores de la población. A principios de los años setenta el cooperativismo es objetivo del Estado nuevamente y en los años ochenta destacó en los sectores de la industria editorial, del cemento, del azúcar y en la pesca.

En 1982 tiene lugar la reforma constitucional que plantea los principios normativos del desarrollo económico y social bajo un sistema de planeación nacional, reconociendo el carácter de rector del desarrollo al Estado mexicano. Se establece, en el artículo 25 de la Constitución, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. De igual manera, ese artículo considera la ley que establece los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

La importancia de promover al sector social de la economía, del cual forman parte las empresas cooperativas, proviene de conformar una opción viable, sostenible y sustentable, que puede contribuir al fortalecimiento de la actividad productiva y a la estabilidad de las economías. Estas organizaciones crean empleos productivos, favorecen la inclusión social, protegen a sus socios y, además, ofrecen servicios al resto de la sociedad. Por esa razón, se estima que si se les proporcionara el apoyo adecuado y con una mayor comprensión y reconocimiento, su contribución podría ser aún mayor.

Como se observa, en el mundo y en México hay un reconocimiento a la importancia de la economía social, de la cual forman parte las cooperativas, de modo que el poder legislativo puede contribuir con ese propósito, aumentando la participación de empresas cooperativas en la proveeduría de bienes y servicios.

Antecedentes

Existen muchas experiencias mundiales de la decisión de gobiernos de adoptar medidas que fortalezcan a la economía social. Un caso significativo es la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal donde se dispone que, siempre de acuerdo con la Ley, cuando la licitación pública no sea idónea, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades del Distrito Federal, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través de invitación o adjudicación directa, debiendo optar por una sociedad cooperativa capaz de generar bien o proveer el servicio de que se trate.

El 29 de mayo de 2013 la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de esta Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo que exhortó a las dependencias del Ejecutivo Federal, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar prioridad a la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por el sector social de la economía.

Concretamente el punto propuso:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y a las dependencias que forman parte de la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública, para que en el programa de proveedores y las medidas que se adopten para reducir barreras a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se considere a las sociedades cooperativas de producción y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores que representan importantes ventajas para el país y se les permita acceder a los beneficios de la demanda del sector público.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que considere a las sociedades cooperativas, y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores de dicho poder la Unión.

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente resolvió lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal, para que considere en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de Poderes, exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como al Poder Legislativo Federal a través de ambas Cámaras, para que consideren en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía.

Ese punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión Permanente el 26 de junio de 2013, conformando una sólida base para un proceso de acercamiento de diversas organizaciones sociales a las entidades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, para ofrecerles sus bienes y servicios.

Particularmente en el caso de la Cámara de Diputados ese antecedente permitió que avanzara la solicitud que el 14 de marzo de 2013 habían hecho presidentas y presidentes de nueve Comisiones, para que este órgano legislativo adquiriera agua embotellada de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Como resultado de este conjunto de acciones, desde el inicio de 2014 y hasta finales de 2015, el agua embotellada que se proporciona a las y los legisladores en la Honorable Cámara de Diputados es la que produce la Sociedad Cooperativa Pascual.

Por lo antes expuesto, se hace la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados a instruir a sus respectivos comités de administración para dar prioridad a la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por sociedades cooperativas como una medida activa para promover y fortalecer al sector social de la economía.

Notas:

1 www.aciamericas.coop

2 www.lacoperacha.com.mx

3 Notimex, 31 de diciembre de 2015.

4 Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, artículo 54, último párrafo.

Dado en la sede de la Honorable Cámara de Diputados, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

ELECCIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SINDICATO DE TRANVIARIOS DE MÉXICO, OCURRIDOS EL MES DE AGOSTO DE 2015

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a revisar los procesos de elección del secretario general del Sindicato de Tranviarios de México efectuados en agosto de 2015, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1; y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El sindicalismo independiente y democrático en México es un símbolo de la fortaleza y organización de las y los trabajadores de distintos sectores productivos del país. No obstante, las malas prácticas a su interior por parte de ciertas dirigencias, así como los embates del gobierno federal derivados de la lógica neoliberal imperante en las últimas décadas, han ido minando su base social de manera paulatina.

Segunda. Es necesario rescatar y reconfigurar el papel de los sindicatos como defensores y promotores de los derechos laborales de los trabajadores en México. Un elemento fundamental en ese proceso es, indudablemente, la investigación y, en su caso, sanción de las malas prácticas a su interior, tales como la opacidad y la corrupción.

Tercera. Uno de los sindicatos con mayor antigüedad en nuestro país, es el Sindicato de Tranviarios, denominado Sindicato Alianza de Tranviarios de México. El pasado 20 de febrero, a mis oficinas se presentó un grupo de trabajadores pertenecientes al referido sindicato, a efecto de solicitar el apoyo del Legislativo federal para dirimir un asunto que involucra derechos laborales y manejo de recursos (se anexa documento entregado).

En dicho documento refieren que el 25 de junio se presentaron en las instalaciones del sindicato, a efecto de solicitar la renuncia del, en ese entonces, secretario general, quien, a esa fecha, llevaba más de 22 años al frente del sindicato. Lo anterior, en virtud de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, violación a los derechos de las y los trabajadores, así como a su estatuto interno y nepotismo.

En cuanto a la presunta corrupción y desvío de recursos, los trabajadores argumentan que: “Benito Bahena y Lome durante más de 15 años se dedicó a viajar por diferentes países del mundo y estados de la República Mexicana, ausentándose por meses, olvidándose de la base trabajadora. Durante su ausencia ocurrían muchos accidentes graves, como pérdidas de vidas de trabajadores por falta de un equipo adecuado, entre otros problemas. Las finanzas nunca aumentaron por los desvíos de recursos económicos para sus campañas políticas, la compra de bienes inmuebles y lujos personales para su familia.”

Asimismo y, como parte de su participación en la política nacional, en la que ha contendido para una diputación federal por parte de los partidos PRD, PT y recientemente Morena, los trabajadores refieren que: “desvió recursos económicos de las cuotas sindicales, prestaciones del contrato colectivo, renta de un edificio propiedad del sindicato que se ubica en la colonia Roma y los recursos económicos de la renta del complejo deportivo, utilizando nuestro recinto sindical para sus reuniones políticas. Para trasladarse a los diferentes puntos de la República Mexicana compró dos camionetas de lujo para su campaña política, sin autorización de los trabajadores.

Durante 15 años se dedicó a constituir organizaciones sociales (y) políticas, primero para el PRD, posteriormente para el PT y por último se afilió (a Morena), afiliando ciudadanos a este movimiento; para ello utilizó a más de 100 trabajadores diarios afectando la productividad de la empresa y a los usuarios, (trasladando) a los trabajadores a los diferentes puntos de la Ciudad de México y al interior de Republica sin ninguna remuneración económica, además poniendo en riesgo la integridad de los compañeros”, lo que constituiría una violación también a sus estatutos y un fraude a la nación.

En lo que se refiere a la violación de los derechos laborales, aducen que: “A las compañeras que ocupaban un cargo como comisionadas sindicales, (el líder sindical) les advertía que en estas oficinas sindicales no quería mujeres embarazadas porque no (era) casa de cunas...”; “citaba a las compañeras mujeres eventuales en su oficina a puerta cerrada presionándolas para que asistieran a diferentes eventos políticos en beneficio propio”.

Como violaciones a su normativa interna refieren las siguientes: “Cometió infinidad de violaciones al estatuto sindical interno; en el periodo 2011-2015, por el poder que le (confería) como secretario general, designó a una compañera con una antigüedad de 2 años en el comité ejecutivo cuando el estatuto establece que debe tener como requisito 10 años de antigüedad y haber ocupado anteriormente el cargo de comisionado o delegado departamental.”

En lo que respecta al nepotismo sostienen que: “Benito Bahena designó a su sobrino Rubén Darío Bahena Robles primero como comisionado sindical, posteriormente como delegado departamental y en el periodo 2011-2015 le dio el cargo de secretario de Prensa y Previsión Social en el Comité Ejecutivo, así también lo nombró director del Complejo Deportivo de los Tranviarios y todos los recursos económicos de la renta eran para sus viajes, autos último modelo, casas y otros beneficios personales, abusaba de su poder en complicidad de su tío”.

Cuarta. El grupo de trabajadores que solicitó la renuncia del líder sindical el 25 de junio, estaba conformado por 2 mil personas y refieren que él expresó públicamente: “ustedes están pidiendo mi renuncia, pues renuncio, lo acepto porque los trabajadores son los que mandan, (ante lo cual) firmó su renuncia por escrito dándole lectura al documento firmando y colocando su huella sin ninguna presión de lo cual existen videos”.

Quinta.Derivado de dicho acontecimiento:

“En el mes de agosto de 2015 se realizaron elecciones para elegir al nuevo secretario general y a su comité central ejecutivo. Se realizaron los procedimientos de acuerdo a lo que establece el estatuto interno del sindicato:

A. Se registró la planilla con 30 por ciento de firmas de los agremiados de acuerdo a lo que establece el estatuto sindical interno de los 2 mil 300 trabajadores de base que somos.

B. Se realizaron recorridos de campaña en cada centro de trabajo recibiendo el apoyo total de los trabajadores.

C. Se convocó a asambleas generales electorales el 26 de agosto de 2015, ratificando el apoyo total al candidato como secretario general, Eugenio Rangel García, y a su comité ejecutivo con un quórum de mil 710 trabajadores.

D. El 28 de agosto se realizaron las votaciones donde cada trabajador emitió su voto libre y secreto, obteniendo un resultado de 2 mil 63 votos efectivo(s) en favor del nuevo secretario general Eugenio Rangel García.

E. Se depositaron todos los documentos en tiempo y forma en la Junta (Local) de Conciliación y Arbitraje, en donde no reconocieron nuestro proceso, argumentando que existía una demanda penal en nuestra contra, la cual no ha sido localizada, aun cuando todo lo hicimos apegado al estatuto interno y a la Ley Federal de Trabajo, por lo cual realizamos dos mítines en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en las dos ocasiones fuimos reprimidos por granaderos, en la primera fueron golpeados varios compañeros. ”

Sexta. Ante estos hechos, los trabajadores refieren que: “Benito Bahena simuló una asamblea el 24 de agosto de 2015 en el Sindicato Mexicano de Electricista, supuestamente con la asistencia de 419 trabajadores de los cuales utilizo el nombre de cada uno sin el consentimiento de ellos, muchos de estos trabajadores lo demandaron penalmente por usurpación de nombres, todos ellos ratificaron que jamás asistieron a tal asamblea que nunca existió; dentro de este listado hay personas que ya están fallecidas, recluidas, jubiladas o están dados de baja en la empresa por diferentes motivos y son las siguientes.

1. José Esteban Carlos Gutiérrez Vega; jubilado 15 de mayo de 2015

2. Carlos López Bojórquez; jubilado 7 de enero de 2015.

3. Froylán Vega Osnaya; jubilado 20 de mayo de 2014

4. Miguel Guarneros Coronel; jubilado 17 de diciembre de 2014

5. Jacinto Villanueva Flores; jubilado 24 de diciembre de 2014

6. Juan Carlos Hernández Campo; falleció 15 de diciembre de 2014

7. Gerardo Martínez Escamilla; renunció a la empresa 30 de abril 2014

8. Mario López Calderón; causa baja de la empresa por dictamen de invalidez del seguro social 30 de mayo del 2014

9. Ildefonso Silva Martínez; recluido en el reclusorio varonil oriente desde el 7 de agosto 2012.

10. Miguel Ángel Zamudio Barrera; recluido en el reclusorio varonil oriente desde el 24 de agosto del 2012

11. Gustavo Guares Parra; personal de confianza a partir del 3 de septiembre del 2014.

(A pesar de) todas estas irregularidades, las autoridades de la Junta (Local) de Conciliación y Arbitraje, lo reconocieron como secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, entregándole la toma de nota a pesar de que en el listado de nombres simulados que presentó se encuentran personas que no tienen ni voz ni voto, sin embargo las autoridades se la hicieron válidas.”

Séptima.Ante estos hechos, es menester dar claridad al proceso de elección de las autoridades del sindicato en cuestión, a efecto de que éste pueda continuar con su labor; así como investigar los hechos, a fin de detener y sancionar, en su caso, las malas prácticas que, al tenor de la falta de un marco legal sólido, han prevalecido en diversos sindicatos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a revisar, en forma exhaustiva, los procesos de elección del titular de la Secretaría General del Sindicato Alianza de Tranviarios de México, ocurridos el mes de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES CESADOS A CAUSA DE LA INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a intervenir en defensa de los derechos laborales de los trabajadores cesados a causa de la intervención de Oceanografía, SA de CV, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

La empresa Oceanografía, SA de CV, fue fundada en 1968 para proveer servicios de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (Pemex). Se especializa en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos.

Hasta febrero de 2014, su flota estuvo integrada por 38 embarcaciones equivalente a 70 mil 862 toneladas de arqueo bruto. Se estima que alrededor del 97 por ciento de sus ganancias provinieron de los servicios prestados a Pemex. Durante la presidencia de Vicente Fox se le asignaron varios contratos millonarios.

Cabe destacar que entre los ejercicios fiscales de 2006 al 2014, Petróleos Mexicanos  suscribió 82 contratos con Oceanografía. Sólo en 2013, con Oceanografía se celebraron siete con importe de 3 mil millones de pesos; mientras que en el 2006, PEP le concedió a la empresa contratos, por 4 mil millones de pesos.

Para cumplir con esos contratos Oceanografía solicitó préstamos a Banamex, usando como garantía los pagos que esperaba de Pemex. No obstante, Banamex descubrió que la empresa proveedora de servicios de ingeniería marina parecía haber falsificado cuentas por cobrar a Pemex, tal y como informó el presidente ejecutivo de Citigroup.

En el primer semestre de 2014, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como Banamex y su matriz Citigroup concluyeron las investigaciones relacionadas con el presunto fraude, lo que derivó en el despido de 11 funcionarios del grupo financiero, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel.

Ante las denuncias de fraude bancario, el Órgano de Control Interno de Pemex excluyó a Oceanografía por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno; de acuerdo a la revisión de auditoría interna, encontraron irregularidades en contratos con la firma, según un reporte del 11 de febrero de 2014. El titular del Órgano Interno de Control de Pemex, Daniel Ramírez, afirmó que la relación contractual de Petróleos Mexicanos con la empresa Oceanografía terminará en el 2015.

El 21 de febrero de 2014 la Procuraduría General de la República había intervenido a la empresa y la transfirió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). La prestadora de servicios logró un acuerdo con los acreedores para salir del concurso mercantil, con el fin de retomar sus actividades con la flota de barcos que aún quedaba en su propiedad; y con la posibilidad de concursar en licitaciones de dependencias públicas, incluida Pemex. En el acuerdo se detallaba la forma en que se pagará la deuda reconocida y obligaba a adherirse al mismo a todos los acreedores -comunes, subordinados, con garantía real o privilegio especial-: Ashmore, EIG Global, Moneda, Fratelli Investment, DF Deutsche Forfait, ICE, MLF Trust, entre otros.

Adicionalmente, el 13 de marzo de 2014, la dependencia dio a conocer que tenía 23 juicios laborales reportados, los cuales iniciaron los trabajadores principalmente por despido injustificado, retenciones salariales y el no pago de las prestaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que, de enero al 16 de abril de 2014, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ofreció 243 servicios de asesoría a trabajadores y los representó en 38 juicios.

De los 243 servicios de asesoría ofrecidos por la Procuraduría, se realizaron 184 en Ciudad del Carmen, Campeche; 45 en La Paz, Baja California Sur; 2 en Acapulco, Guerrero; 10 en el Distrito Federal; 1 en Villahermosa, Tabasco, y 1 en Coatzacoalcos, Veracruz.

La dependencia detalló que los trabajadores únicamente solicitaron asesoría al término legal que tienen para hacer valer sus derechos respecto a un despido injustificado, salarios devengados, retiro voluntario u omisión de aportaciones ante el Infonavit.

No obstante, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dejó la administración de Oceanografía, de acuerdo con un convenio modificatorio de un juez. La decisión fue tomada por el juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, quien buscó, en primera instancia, eliminar la “fecha de cierre” como etapa de cumplimiento de ciertas obligaciones que no están en las manos de Oceanografía ni de los acreedores reconocidos en el concurso mercantil. La fecha de cierre es antes del 31 de diciembre del presente año.

Se considera que con la resolución del juez, los acreedores impusieron su criterio sobre la necesidad de la salida del SAE de la administración de la empresa, bajo los argumentos de que la dependencia no garantizaba ni contaba con la experiencia para manejar una empresa de tal tamaño, la cual contaba hasta antes de la inhabilitación -en febrero de 2014- con una flota de 69 buques de última generación y 11 mil trabajadores.

De los 10 mil trabajadores que han sido despedidos de Oceanografía, hasta el momento no han sido finiquitados a como lo establece la ley. Se tiene conocimiento que sólo 30 han iniciado un juicio de demanda laboral, y la mayoría no lo ha hecho por los vacíos legales que tiene la reforma a la Ley Federal del Trabajo que deja en total desamparo a los trabajadores, pues a la mayoría de los implicados en la falta de pago, ya han rebasado el límite de tiempo legal para poder proceder en contra Oceanografía.

Y es que independientemente del periodo que establece la ley para resolver los juicios laborales, la situación que tiene la empresa, podrían no pagarles y dejar en total desamparo a los ex empleados que por el momento no tienen el sustento para sus familias.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a laSecretaría del Trabajo y Previsión Social, intervenga en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores cesados a causa de la intervención de la Empresa Oceanografía, SA de CV, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Segundo.Se exhorta al Servicio de Administración y enajenación de Bienes SAE haga públicas las medidas que implementó para garantizar los derechos laborales de los trabajadores cesados durante el periodo que administró a la Empresa Oceanografía SA de CV.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de febrero de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

INVESTIGUE Y EN SU CASO, SANCIONE AL PRD POR ACTOS QUE ATENTAN EL DESARROLLO DEL PROCESO PARA ELEGIR A LOS CONGRESISTAS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGJ de la Ciudad de México a investigar las agresiones y el robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, en Venustiano Carranza; y al INE, a investigar y, en su caso, sancionar al PRD por actos que afectan el desarrollo del proceso para elegir a los congresistas de la Asamblea Constituyente local, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el viernes 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política y se crea la Ciudad de México como entidad federativa con en todo lo concerniente a su organización política administrativa, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México.

En este orden de ideas, a fin de poder concretar lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio, Apartado A, fracción VIII, del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de febrero de 2016 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió convocatoria para la elección de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con lo que se dio formalmente inicio al proceso electoral en la Ciudad de México.

Segunda. Que con el fin de difundir entre la población los alcances de esta reforma, el Movimiento de Regeneración Nacional se ha dado a la tarea de organizar foros y reuniones públicas en auditorios, mercados, plazas públicas y jardines por toda la Ciudad de México, que incentiven la participación ciudadana mediante la información y la libre discusión de las ideas entre los ciudadanos, con lo que se contribuya al fortalecimiento de la democracia en la Ciudad y capital del país.

Difundir la reforma política de la Ciudad de México, las luchas históricas, sociales y políticas que le dieron origen, sus fundamentos constitucionales y legales a la luz de los tratados internacionales, sus objetivos teóricos así como los alcances prácticos que resultarán de ella, es prioritario en la construcción de una sociedad que pongan en el centro de la toma de decisiones a los ciudadanos y establezca la información como un derecho de éstos y una obligación irrenunciable de autoridades e instituciones públicas.

En este sentido y considerando que en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los “partidos políticos son entidades de interés público” y que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática”, las reuniones informativas que ha estado realizando el Movimiento de Regeneración Nacional gozan de toda la protección que la Constitución y la ley prevén.

Tercera. El sábado 20 de febrero de 2016, alrededor de las 10:00 horas un grupo de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se preparaban para realizar una asamblea informativa sobre la reforma política de la Ciudad de México, en la esquina que forman las calles de Asia y Cantón, en colonia Romero Rubio, en la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, colocando al efecto mantas, mesas, sillas y el equipo de sonido para se pudiera realizar dicho evento.

Que he dicha asamblea estaba programada para que pudiera realizarse a las 12:00 horas de ese día, pero antes que diera inicio, llegaron al lugar varios camiones de volteo con el logotipo de la delegación Venustiano Carranza en las puertas, y de los cuales desciende personal de servicio urbanos del a delegación Venustiano Carranza, con la intención de realizar podas en ese lugar y con escaleras y lazos se suben a los árboles y empiezan a hacer la poda de los árboles sin importar que transeúntes y ciudadanos en general estuvieran debajo por lo que las ramas y hojas comienzan a encima de la gente que se encontraba reunidos. Acción que pude catalogarse como una provocación puesto que era innecesario realizar estos trabajo precisamente en ese momento máxime que el evento había sido anunciado con más de 15 días de antelación.

Por tanto y para permitir el trabajo de los servicios urbanos de la delegación los organizadores del evento se hacen un lado pero es en ese instante que se presenta Ernesto German Sánchez Jiménez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en la delegación Venustiano Carranza y ex diputado federal suplente del actual jefe delegacional en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera, acompañado por cerca de 50 personas, entre hombre y mujeres, los cuales llevan pancartas ofensivas al partido político Morena, y comienzan una andanada de insultos y agresiones verbales contra la gente que se había congregado para la asamblea informativa, gritándoles y corriéndolos del lugar, además de encender las sirenas de sus megáfonos para causar pánico y zozobra entre los asistentes y comenzaron a empujar a las personas para sacarlos por la fuerza de la calle de Asia.

En se momento llega al lugar el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, por lo que al verlo los agresores enfurecen aún más y comienza a agredir a los presentes mediante golpes, puñetazos y patadas, resultando heridos José Aguilar Ocadis, Ángel Jesús Malogón Elías –menor de edad– y Jorge Mercado Celis, y a Patricia Ruíz Anchondo ex candidata a la jefatura delegacional en Venustiano Carranza por Morena, le roban su teléfono celular con el que estaba grabando la agresión, por lo que para evitar que ocurriera una tragedia los integrantes de Morena se retiran del lugar.

Cabe señalar que diversos testigos señalaron que los agresores portaban armadas de fuego y punzocortantes. Estas agresiones fueron encabezadas por Ernesto German Sánchez Jiménez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en la delegación Venustiano Carranza y ex diputado federal suplente del actual jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera; así como por los ciudadanos Abraham Rodolfo Sánchez y Francisco Grimaldo Pedro, miembros del Partido dela Revolución Democrática y trabajadores de la delegación Venustiano Carranza.

De estas agresiones y delitos existen videos y se levantó la averiguación previa número FVC/VC3/T2/00298/16-02; asimismo, fue presentada una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de numero 16/12|12 por los delitos de robo, negación del servicio público de los policías presentes y abuso de autoridad y negligencia por parte de los integrantes de servicios urbanos de la delegación Venustiano Carranza por poner en riesgo a los ciudadanos presentes en dicha asamblea informativa.

Cabe mencionar que en esa glorieta convergen las calles de África, Damasco, Asia y Marruecos, es el lugar más reconocido y céntrico de la colonia Romero Rubio en la Ciudad de México, es un espacio público ampliamente reconocido por vecinos y autoridades, que por la afluencia de personas y su ubicación lo hacen un lugar de esparcimiento y recreación, existe una biblioteca pública e incluso existe un módulo de policía en ese lugar, lo que hace que de manera permanente exista una nutrida presencia policiaca en las inmediaciones. Sin embargo, el día y hora de los hechos fue notoria la ausencia de elementos policiacos antes, durante y después de concretada la agresión, aun cuando es bien sabido que ahí existen cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo que opera la delegación Venustiano Carranza y que a todo evento político siempre son enviados elementos policiacos que al menos observan y reportan el evento, máxime cuando son concentraciones públicas previamente anunciadas.

Lo que es igualmente reprochable es que los elementos policiacos que tripulaban las patrullas de números DF-103-N2, DF-108-N2 y DF-119-N2 de la Secretaria de Seguridad Pública que pasaban por el lugar y se negaron a prestar el auxilio para impedir para impedir que continuaran la agresión contra los ciudadanos y sus posesiones, a pesar de los reiterados llamados de socorro por parte de quienes eran agredidos.

Cuarta. Todo acto de violencia política es inaceptable como forma de solución de las diferencias en una sociedad democrática como la que aspira a ser la mexicana: En este caso es doblemente condenable porque tiene lugar en momentos en que se realiza un proceso electoral en la Ciudad de México, que tendrá una relevancia histórica para los habitantes de esta ciudad.

En este orden de ideas, la presencia de Ernesto German Sánchez Jiménez, ex diputado federal suplente del actual jefe delegacional en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera, al frente de un grupo de golpeadores para sabotear una reunión informativa del Movimiento de Regeneración Nacional, dentro del proceso electoral que está en curso, sumada a la falta de cumplimiento del deber de auxilio que está obligado la policía constituyen delitos que deben ser perseguidos por las autoridades de procuración de justicia y son conductas sancionables de manera expedita por la autoridad electoral, por ser cometidas por miembros de un partido político durante el desarrollo del proceso electoral para la elección de Congresistas a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

Las autoridades ministeriales y electorales deben cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar sin importar el nivel de influencia o cargos tengan o hubiesen tenido los perpetradores de estos actos.

El artículo 270 del Código Penal del Distrito Federal señala:

Capítulo VII Negación del Servicio Público

Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, al servidor público que:

I. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio que tenga obligación de otorgar;

Por su parte el la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 25 las obligaciones de los partidos políticos y entre otras, señala:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;”

Por su parte el Instituto Nacional Electoral tiene dentro de sus funciones iniciar el procedimiento sancionador tal y como lo señala el artículo 464 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 464.

1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras”.

Y que durante la “investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva” tal y como se establece en el artículo 468 del mismo ordenamiento.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que de manera imparcial y expedita investigue las agresiones y el robo que se cometieron en contra de ciudadanos y dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional, el 20 de febrero de 2016, en la colonia Romero Rubio, de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, así como los delitos cometidos por policías por la negativa de prestar auxilio y al Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus facultades investigue y sancione al Partido de la Revolución Democrática por actos de intimidación en contra de la población y que atentan con el libre desarrollo del proceso electoral de 2016 para la elección de congresistas a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.