Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:43 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de marzo de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a modificación de turno de iniciativa.

De los diputados Edgar Romo García, Jesús Sesma Suárez, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Alejandro Juraidini Villaseñor

En relación con retiro de iniciativas y proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el cuarto informe trimestral con las acciones implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2015.

Con el que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Congreso del Estado de Baja California

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la armonización legislativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Procuraduría General de Justicia del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de 2016, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de 2015, la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2016.

Solicitud de licencia

De la diputada Arlet Mólgora Glover

Protestas de ciudadanos diputados

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier -y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo IX al Libro Segundo, Título Octavo del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 210, 212 y 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 202-Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Lluvia Flores Sonduk y Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 85 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 230 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 302 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se declara el 27 de enero como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o. y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, para declarar el 20 de marzo como “Día del Internacionalista Mexicano”, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De decreto, por el que se inscribe el apotegma “La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia”, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Víctimas y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sanchez, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Soralla Buñuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto, para declarar el 2 de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra el Bullying”, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 14 y 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 49 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826” al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902” al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la SCT y de la Sedatu, para que difundan las acciones que emprenderán para generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en los estados de Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, para que hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que den seguimiento a los programas actuales de prevención e implementen nuevos mecanismos de protección y actualización de las estadísticas a nivel nacional, en materia de adicciones en jóvenes, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Morelos, para que garantice la libertad religiosa, la seguridad y la paz pública en la entidad, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, a dictaminar las Cuentas Públicas pendientes, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE, se manifieste a la República Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal que se le pretende aplicar al Director de cine Keywan Karimi, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la STPS y al SHCP, para que realicen una campaña de difusión sobre los incentivos fiscales a que tienen derecho los empleadores que contraten adultos mayores y personas con discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas locales, a que fortalezcan la formación inicial así como los programas de formación continua y de desarrollo profesional de los docentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía, extiende reconocimiento y felicitación al clavadista mexicano Rommel Pacheco Marrufo, por su triunfo en la Copa Mundial de Clavados 2016, realizada en Río de Janeiro, Brasil, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, a fin de cubrir en tiempo y forma el pago de las becas asignadas a los universitarios mexicanos que cursan algún posgrado en el extranjero, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de atender y resolver la problemática del sistema de bombeo y restablecer el servicio de suministro de agua a las unidades habitacionales de “Los Culhuacanes”, en Coyoacán, Ciudad de México, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de una Sesión Solemne el día 21 de marzo de 2016, para conmemorar los 210 años del Natalicio de Benito Juárez García, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de proteger los humedales de Xochimilco, Tláhuac y los suelos de conservación de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, para que en coordinación con las Federaciones y Confederaciones deportivas, se revisen las condiciones de seguridad de los deportistas en las competencias, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes judiciales de los Estados y de la Ciudad de México, a que se adhieran al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se paguen los adeudos que se tienen con los productores, se transparente el padrón de beneficiarios, se expongan los montos ejercidos y los gastos realizados por la Agencia durante los últimos tres ejercicios fiscales, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta diversas autoridades, para realicen las acciones pertinentes para contrarrestar el gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, suscrito por las diputadas Sandra Luz Falcón Venegas y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados, a eficientar el funcionamiento de los centros penitenciarios a su cargo y delinear políticas integrales de reinserción social, suscrito por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.?

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente municipal de Saltillo, Coahuila, para que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 103/2015, que le fue girada por la CDH estatal, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la generación de protocolos para garantizar los derechos humanos de los internos en el sistema penitenciario en México, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Administración General de Aduanas, a que den cumplimiento a los términos, acuerdos y anexos del TLCAN, en lo relativo a la importación de vehículos usados, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que impulse la creación de un Programa Nacional de Búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda los resultados de las acciones emprendidas por el Programa de Salud Bucal 2015, así como la estrategia que se implementará para el 2016, suscrito por las diputadas Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que se respete el estado de derecho por parte de sus servidores públicos, a cargo del diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a fin de reforzar la seguridad interna de los penales que se encuentran bajo su jurisdicción, respetando los estándares y tratados internacionales, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador y a la PGJ del estado de Chiapas, a fin de resolver el conflicto laboral suscitado en la Unidad Académica de las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la PGR, a fin de salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de la defensora de derechos humanos, Aleida Quintana, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SFP, encabe y coordine esfuerzos en la elaboración e implementación de un Código de Ética y Austeridad sobre el uso de los viáticos y pasajes del funcionariado de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos diecinueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta y seis minutos del martes primero de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Transportes, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo treinta y uno Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada el ocho de octubre de dos mil quince. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-diciembre dos mil quince. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con la que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

– Por el que se solicita realizar las acciones necesarias para la revisión y cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos hídricos, derivado de la operación de la planta cementera CYCNA de Oriente, S.A. de C.V. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que actúe en la revisión y actualización del monto de los salarios mínimos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, dentro del contexto legislativo para la reforma política en materia de desindexación del salario mínimo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a implementar o reforzar campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, así como promover modificaciones a los reglamentos municipales para que se prohíba y sancione el uso de dichos aparatos. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

– Por el que se solicita diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permiten detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres, e impulsar una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Por el que se solicita información sobre el grado de avance en materia de instalación de bebederos escolares. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a garantizar la educación de calidad en el sistema educativo de telesecundarias por medio de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de la televisión digital terrestre. Se remite al promovente.

– Por el que se solicita implementar y promover una campaña nacional de prevención del cáncer de ovario; considerar incluir dicho padecimiento en el Catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; así como incluir el ultrasonido vaginal y la prueba de antígeno CA 125 en la cartilla de la mujer. Se remite al promovente.

– Por el que se exhorta a esa dependencia a revisar y actualizar el contenido de los libros de textos gratuitos para el próximo ciclo escolar. Se remite al promovente.

– Por el que se solicita rediseñar y fortalecer los planes y programas de formación docente, a fin de que atiendan a los criterios internacionales sobre activación física. Se remite al promovente.

c) De la Secretaría General del Gobierno del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para fortalecer los programas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe sobre los avances y resultados de las acciones de la Política Nacional de Fomento Económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, correspondiente al segundo semestre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Competitividad, y de Economía, para su conocimiento.

e) Del Consejo Nacional de Armonización Contable, con la que remite el Informe Anual de la Armonización Contable en México dos mil quince, en el que incluye las recomendaciones pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite pronunciamiento en conmemoración del Día de la Bandera. De enterado.

• Cuatro oficios con las que se devuelven para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo diez de la Ley de Energía para el Campo.

– Por el que se reforma el artículo segundo de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

– Por el que se reforma el artículo once de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

– Por el que se reforma el artículo veintitrés de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Se turnan a la Comisión de Energía, para dictamen.

g) Del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza; por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en la Tercera Circunscripción, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

h) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de la Fracción E, del artículo setenta y dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

i) Del Congreso del estado de Veracruz, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo doscientos veinticuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos tercero, quinto, y décimo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y cuatro, y cincuenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas y abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, y suscrita por la diputada María Chávez García, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos octavo, cuarenta y siete, y cuarenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma los treinta y cuatro, y treinta y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados.

• Liborio Vidal Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecisiete de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintiséis, y adiciona un artículo treinta Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

• Concepción Villa González, y suscrita por las diputadas Irma Rebeca López López y Mariana Trejo Flores, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuarto, y treinta y seis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma los artículos noventa y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y quince de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento diecinueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento noventa y dos-D, y doscientos veinticuatro de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Natalia Karina Barón Ortiz, y suscrita por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo trece de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos ciento catorce, y ciento quince de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena:

– Que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que expide la Ley General de Amnistía. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud, de Movimiento Ciudadano. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Asuntos Migratorios:

• Por el que se reforma la fracción tercera del artículo cincuenta y dos de la Ley de Migración.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

b) Gobernación:

• Por el que se declara el año “dos mil dieciséis, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

• Por el que se adicionan las fechas dieciséis de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en mil ochocientos veintiséis” al inciso a); y veintidós de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en mil novecientos dos” al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

c) Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

d) Asuntos Indígenas, por el que se reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

e) Derechos de la Niñez:

• Por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, en votación económica se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Asuntos Migratorios:

a) Por el que se reforma la fracción tercera del artículo cincuenta y dos de la Ley de Migración.

b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Se concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano; Miguel Alva y Alva, de Morena; Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México; Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional; y Álvaro Rafael Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo cincuenta y dos de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintiséis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Rafael Yerena Zambrano, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que formule el proyecto de Norma Oficial Mexicana para factores de riesgo psicosocial, y suscrita por el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y los diputados: Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional; y David Aguilar Robles, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a invitar a un representante de los trabajadores al servicio de la educación, para que participe en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que fueron suscritos por las Entidades Federativas. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y los diputados: Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Delfina Gómez Álvarez, de Morena;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México; María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Ruíz García, del Partido Acción Nacional; y Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Reforma Agraria, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo ciento diez del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma los artículos octavo y noveno de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, y cincuenta del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sasil Dora Luz De León Villard, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo cincuenta Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen..

• Sasil Dora Luz De León Villard, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintidós de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen..

• María Guadalupe Oyervides Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo tercero de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma el artículo dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma el artículo ochenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones, que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de sancionar a las aerolíneas mexicanas por las deficiencias en la prestación del servicio al público de transporte aéreo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que implemente un programa para modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que, en coordinación con sus similares de las entidades federativas y de la Ciudad de México, lleve a cabo la integración del registro de Instituciones de Cuidado Alternativo. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que considere en los programas de estudio la inclusión de actividades relacionadas con la educación ambiental. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, relativo a la promoción indebida con recursos y programas públicos y el uso de la marca Ciudad de México, por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, para que coordine la realización de un estudio técnico en la zona oriente de la ciudad de Guadalajara, para resolver el problema vial generado ante la falta de planeación urbana en donde convergen la avenida Artesanos y las calles de San Pedro y José María Narváez. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos, a fin de localizar a veintidós menores desaparecidos de un albergue del municipio de Huitzilac. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Fabiola Guerrero Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de otorgar las facilidades necesarias para la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del estado de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a revisar el proceso llevado a cabo para definir el precio de la cebada de uso maltero y las nulas condiciones de competencia en el mercado. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Karen Hurtado Aranda, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la realización de foros y de consulta, mesas de trabajo y demás labores pertinentes para rescate y mejorar permanente las condiciones que guarda el Lago de Chapala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Desarrollo Social, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a cumplir con los acuerdos firmados con los jornaleros del Valle de San Quintín, estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que distribuya unidades de aféresis para prevenir al Dengue, el Zika y el Chikungunya. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carmen Salinas Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que todas las personas de la tercera edad, puedan utilizar de manera gratuita el Sistema de Transporte Metrobús. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a diseñar e implementar programas deportivos y recreativos, y en su caso, reforzar los existentes. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Salud, para que difundan las acciones que están llevando a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Educación Pública, a que se abstengan de realizar recortes presupuestales en los rubros de educación e investigación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que esta Soberanía expresa su beneplácito a las acciones presentadas por el Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama, para materializar el cierre de la prisión de Guantanamo en Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Jefe de la Delegación Cuauhtémoc y al titular de la Agencia de Gestión Urbana en la Ciudad de México, para que se instalen, reparen y/o den mantenimiento a las luminarias del perímetro del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que promueva políticas que garanticen la plena difusión, preservación, protección y fortalecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que revisen y fortalezcan las acciones y mecanismos para el proceso de credencialización de mexicanos residentes en el extranjero. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Blandina Ramos Ramírez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que incluyan como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal a los pescadores que se ven afectados por las vedas. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• María Del Rocío Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de revisar y ajustar la tarifa de electricidad que se aplica a los ayuntamientos, operadores de agua potable, alcantarillado y bombeo. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que regularice las carreteras con señalizaciones horizontales y verticales, a fin de orientar la circulación de los vehículos y evitar daños en los automóviles. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las autoridades correspondientes se considere una tarifa especial en la Autopista del Sol, a fin de incrementar el turismo nacional en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Blandina Ramos Ramírez, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, a incorporar el principio de paridad en sus constituciones y leyes electorales para todos los cargos de elección popular. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y suscrito por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora, al Ayuntamiento de Hermosillo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a que observen los criterios elementales de derechos humanos en la aplicación de la fuerza pública en la entidad.Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a los gobiernos del estado de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, a fin de concluir el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el citado municipio. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, y Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que autorice la creación de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Próspero Manuel Ibarra Otero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a la Fiscalía General del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de la República, a fin de agilizar las investigaciones y se castigue a los responsables del asesinato de tres militantes del Partido de la Revolución Democrática, en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, el diecisiete de febrero de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jesús Emiliano Alvárez López, de Morena, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de transparentar el contrato multianual administrativo número SSP/BG/S/255/2014, para el “servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano, celebrado con la sociedad mercantil denominada grupo Oro Paez, S.A. de C. V.”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Adriana del Pilar Ortiz Lanz, y Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que implementen acciones que generen nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en los estados de Campeche y Tabasco. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Registro Agrario Nacional, se justifique la licitud de la adjudicación de más de ciento cincuenta y cuatro hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves tres de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y tres minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

La diputada Jacqueline Nava Mouett(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Jacqueline Nava, por favor, acá.

La diputada Jacqueline Nava Mouett (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de extender desde aquí un reconocimiento a dos deportistas de nado sincronizado, la yucateca Karem Achach y Nuria Diosdado, quienes nos han dado ejemplo y disciplina ganando la Medalla de Oro en el Abierto de Francia, así como nuestros clavadistas que fueron reconocidos, me gustaría que también se les diera este reconocimiento a ellas, que también son un ejemplo de esfuerzo, y bueno, así como ellas muchos atletas hombres y mujeres están dando la cara por México y para colocar a nuestro país en los mejores lugares del mundo.

Finalmente y con mi calidad de secretaria de la Comisión del Deporte, y como deportista también, quiero invitar a todos los diputados para que apoyen en sus estados a todos los deportistas para que den mejores resultados para México. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Sus expresiones, desde luego, han quedado registradas en el Diario de los Debates, por supuesto que nos unimos al reconocimiento y felicitaciones a nuestros deportistas sobresalientes en estas justas a las que se acaba de hacer alusión. Y hay, por cierto, en el orden del día, un punto de acuerdo por el que se plantea a la Cámara de Diputados que se extienda un reconocimiento y felicitación al clavadista mexicano Rommel Pacheco. Entonces, se turnará a la Comisión de Deporte y ahí usted tendrá alguna tarea específica. Gracias.

Proceda la Secretaría da dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica la modificación de turno de iniciativa.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, el 18 de febrero de 2016.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ganadería, para dictamen.”

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifica el turno a la iniciativa mencionada, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que el pasado 14 de octubre del 2015 presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, la cual fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en fecha 10 de noviembre del 2015.

En tanto, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con la finalidad de dotar de mayores elementos la mencionada iniciativa, es por lo que me permito solicitarle que sea retirada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1o. de marzo de 2016.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada el pasado 22 de septiembre de 2015 y turnada a la Comisión de Salud.

• Que adiciona el artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica. Presentada por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de marzo de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted a través de estas líneas portadoras de un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitar gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de realizar los trámites pertinentes para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, misma que fue turnada a la Comisión de Cambio Climático el 13 de octubre de 2015.

Sin más por el momento, quedo en espera de su valiosa respuesta.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo suscrita por el firmante por el que “se exhorta respetuosamente a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio de Naucalpan”, turnada a la Comisión de Desarrollo Municipal, en fecha de 16 de febrero del presente año.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputado Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal; y el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGV/MVG/1.3.-127/2016 el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, remite el cuarto informe trimestral con las acciones implementadas en el programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDI), correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2015.(1)

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, DF, a 1o. de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2015, a través del cual se establece que esta Secretaría deberá informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como la lista de beneficiarios del mismo y las reglas a las que se sujetará la entrega de los equipos.

Por lo anterior, me permito adjuntar al presente el tercer informe trimestral que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2015, con las acciones implementadas en el Programa citado, el cual fue elaborado por el ingeniero Javier Lizárraga Galindo, coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y Administrador del Proyecto de Transición a la TDT, recibido en esta Dirección mediante oficio 1.-TDT.-078/2016 con fecha 19 de febrero de 2016.

En tal virtud, solicito su atento apoyo para que a través de su conducto se pueda remitir al Honorable Congreso de la Unión dicho informe y así atender los compromisos antes señalados.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2015, a través del cual se establece que la Secretaría de Comunicaciones Transportes deberá informar a la Cámara de Diputados cada trimestre sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa de Transición a. la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como la lista de los beneficiarios del mismo, así como las reglas a las que se sujetará la entregable de los equipos, para dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones electorales aplicables.

Al respecto, anexo al presente se hace envío del informe trimestral correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2015 del Programa para la TDT con objeto de que por su amable conducto se haga llegar a la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación con la finalidad de que esa dependencia lo remita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016.— Ingeniero Javier Lizárraga Galindo (rúbrica), coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y Administrador del Proyecto TDT.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-266, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0080/16 suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a promover, establecer y garantizar programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/2589/15 del 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relacionado con el exhorto a las universidades públicas del país, a las Secretarías de Salud y de Educación Pública ya las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número 500/DAJE/2016-085 signado por el licenciado César Augusto Ocegueda Robledo, director de Asuntos Jurídicos para la Educación de la Subsecretaría de Educación Superior, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace con el Honorable Congreso de la Unión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de enlace con el Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero al oficio número UR UCE/CECU/1753/15, por el que se sirvió remitir el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 15 de diciembre del 2015, mediante el cual se exhorta a las universidades públicas del país, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, e instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Por lo que se refiere a las atribuciones que corresponden a esta unidad administrativa y para dar atención oportuna al exhorto, se dio vista de su contenido a la Dirección General de Educación Superior Universitaria que tuvo a bien formular comentarios; en virtud de lo anterior, por instrucciones del subsecretario de Educación Superior, doctor Salvador Jara Guerrero, se realizan las siguientes consideraciones:

1. La dirección general de Educación Superior Universitaria, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, cuenta con la atribución de “Proponer para autorización superior las normas pedagógicas los planes y programas de estudio para la educación superior que impartan las instituciones educativas de la Secretaría”; conforme a lo anterior y en atención a los señalamientos del Exhorto en comento, la Dirección General de Educación Superior Universitaria opinó “que se debe resaltar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la autonomía y libre catedra que gozan las universidades de esta nación, por lo que se considera que establecer programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología, queda al libre albedrío de las instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía constitucional, pues serán ellas quienes determinarán “si estiman pertinente la inclusión de las materias que nos ocupan dentro de sus planes y programas de estudio, y por consiguiente la difusión y promoción de las mismas dentro de la comunidad estudiantil”.

2. “Existe el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, en la cual la Secretaria de Educación Pública, a través de esta Dirección General, canaliza recursos públicos federales extraordinarios concursables a Instituciones de Educación Superior (órganos descentralizados), con el objeto de apoyar proyectos que tienen como fin, entre otros, la creación de nuevos programas educativos de profesional asociado (PA) o técnico superior universitario (TSU), licenciatura y de posgrado”.

3. Actualmente la oferta educativa de nivel medio superior y superior cuenta con:

• La carrera de Técnico en Gericultura, que se imparte en los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, en donde se ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante realizar actividades dirigidas a la promoción del envejecimiento exitoso, a la atención del adulto mayor sano y con patologías, al mantenimiento de su funcionalidad y a la asistencia de las actividades de la vida diaria.

• Licenciaturas, Especialidades, Diplomados y Posgrados específicos en las materias que nos ocupan, que se imparten en las Universidades Públicas, aunado a que en diversos planes de estudio ya forman parte de las asignaturas que se imparten en la licenciatura de médico cirujano.

• El Instituto Nacional de Geriatría cuya misión es promover el envejecimiento activo y saludable de la población mediante la producción de nuevos conocimientos, su aplicación y difusión; el desarrollo de recursos humanos especializados para ello, se han desarrollado cursos de especialización en Geriatría en las principales instituciones de salud públicas y privadas del país (IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud federal, las Secretarías de Salud de los estados, Pemex, Fundación Médica Sur, Centro Médico ABC, Hospital Español), avaladas por las Universidades de Guadalajara, de Guanajuato, Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma del Estado de México, por el Instituto Politécnico Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2016.— Licenciado César Augusto Ocegueda Robledo (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-0498, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/ 0149/2016, suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el acuerdo por el que se integra un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

Por este conducto, me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2624/15, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 15 de diciembre del 2015 y que, en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Primero. Se integra un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, así como a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.” (sic)

Al respecto hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, comunicó a esta de mi cargo que:

“La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad toma conocimiento de la creación del equipo de trabajo y manifiesta su total disposición y apertura para coadyuvar con ésta nueva unidad en lo que las atribuciones de esta Subprocuraduría corresponda, siempre con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas.” (sic)

Asimismo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, mencionó que a través del Director General de Control de Averiguaciones Previas, está a sus órdenes en el seguimiento de las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC, en virtud de tramitarse en esa dirección general.

Lo anterior con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2006.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-0768 signado por el dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/MVG/1.3.-107/2016 suscrito por el Mtro. Mario de la Vega Grajales, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita cumplir los términos establecidos en los artículos transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; así como revisarla y aplicarla específica mente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del libramiento ferroviario Monterrey.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a esta Secretaría a cumplir los términos establecidos en los artículos transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como a revisar y aplicar dicha ley, específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del libramiento ferroviario Monterrey.

En virtud de lo anterior, me permito remitir el informe elaborado por el ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal contenido en el oficio 4.3.-256/2016 (adjunto para pronta referencia), en el cual encontrará las acciones y gestiones realizadas por esta dependencia para el cabal cumplimiento de las obligaciones referidas en la ley en comento.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación.— Presente.

Me refiero a su oficio número DGV /M,VG/l.3-077 /2016 de fecha 15 de febrero de 2016, con el cual solicita a la licenciada Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte; conceder la respuesta pertinente para remitir a la Secretaría de Gobernación, respecto del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión del 11 de febrero de 2016 cuyo resolutivo expone lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos establecidos en los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; y

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secreta1’fa de Comunicaciones y Transporte a revisar y aplicar la Ley Reglamentaría del Servicio Ferroviario, específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del Libramiento Ferroviario Monterrey.

Sobre el particular, en lo relacionado con el primer exhorto le comento lo siguiente:

El pasado octubre de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, realizó la Manifestación de Impacto Regulatorio de Alto Impacto con análisis de riesgos al “Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Servicio Ferroviario”, así como al “Decreto de creación de la Agencia Regulatoria, por lo que, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, fueron publicadas en la página, oficial de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, y puestas a disposición de particulares, lo anterior con el objetivo de que los interesados formularan comentarios y/o sugerencias.

Por su parte, en diciembre de 2015. Cofemer hizo del conocimiento de esta dependencia 105 dictámenes totales (no finales) de los anteproyectos de los decretos antes referidos, en los cuales, se hacen constar las observaciones y recomendaciones de la Cofemer, así como los comentarios y sugerencias de los interesados.

Durante febrero de 2016, la SCT, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, DGTFM, remitió respuesta a la totalidad de los comentarios recibidos por medio de la página oficial de Cofemer a los decretos que nos ocupan, así corno a los dictámenes totales (no finales) de ambos anteproyectos emitidos por dicha comisión. Acto seguido esta dependencia se encuentra a la espera de los dictámenes finales para estar en condiciones de llevar a cabo su pub1icación en el Diario Oficial de la Federación.

En lo que respecta al artículo Quinto Transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, relativo a las “Reglas de Operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios”, le comento que la agencia reguladora cuenta con un plazo de 180 días naturales para la emisión de las Reglas de Operación, plazo que comenzará a correr a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de creación de la agencia; sin embargo, es de comentar que esta ser ya se encuentra trabajando en el proyecto de dichas Reglas de Operación.

En lo referente al segundo exhorto del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se informa que, a iniciativa de esta dependencia, se ha formado un grupo técnico de trabajo en el cual participan el gobierno del estado de Nuevo León, la empresa concesionaria Ferromex y esta Secretaría, cuyo objetivo es la conclusión del libramiento ferroviario Monterrey.

Adicionalmente, se hace del conocimiento que el gobierno del estado de Nuevo León se encuentra apoyando con la liberación del derecho de vía del proyecto, teniendo como avance el inventario y escrituras de los predios necesarios para realizar el libramiento. Por su parte, Ferromex realiza trabajos de topografía para la elaboración del proyecto ejecutivo y así estar en condiciones de iniciar con los trabajos construcción del libramiento ferroviario Monterrey.

Sin otro particular asunto que tratar, hago propicia la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi más distinguida y atenta consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2016.— Ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-11-8-0736 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/0314/2016 suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita la emisión de la declaratoria de emergencia en diversos municipios de los Estados de Puebla y Durango, por la presencia de heladas severas, así como liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Estimado subsecretario

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/263/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, mediante el cual solicita que se emita la declaratoria de emergencia en diversos municipios de Puebla y Durango, por las presencia de heladas severas y conforme a la normatividad correspondiente, se liberen recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población.

Al respecto, hago de su conocimiento que en materia de protección civil, las dependencias que actualmente forman parte de la administración pública federal, llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores.

En el marco del Fonden, por virtud de su instrumento denominado Fondo para la atención de Emergencias, Fonden, se emiten Declaratorias de Emergencia que tiene como finalidad, la adquisición de suministros de auxilio (insumos) para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores de orden hidrometeorológico, entre otros, tales como las heladas severas

Ahora bien, para la autorización de suministros de auxilio el Acuerdo que estable.ce los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden (DOF.-03-VII-2012), establece –de manera genérica–, la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en la Ciudad de México, respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

Cabe señalar, que el numeral 26 de los lineamientos dispone también que cuando a través de los reportes informativos del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, Cenacom, de la Secretaría de Gobernación, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, de la información oficial publicada por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, o por cualquier otra fuente de información fidedigna, se tenga noticia de una situación extraordinaria de emergencia, respecto de la inminencia u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, que confirmen la existencia de las condiciones que generan esta situación de emergencia en determinada región geográfica o en determinados municipios o delegaciones políticas, que altera las condiciones de vida normales y ponga en riesgo la integridad y la vida de la población y que además la rapidez de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil se esencial, la Secretaría de Gobernación, a través de esta Coordinación Nacional de Protección Civil, en ejercicio de las facultades que le concede la Ley General de Protección Civil, atendiendo al principio de inmediatez y cuando así lo considere necesario, podrá emitir de forma excepcional una declaratoria de emergencia extraordinaria.

Dicha declaratoria de Emergencia Extraordinaria tendrá como finalidad la ejecución de las acciones indispensables para dar atención a las necesidades prioritarias de la población, particularmente en materia de protección a la vida, y se difundirá a través de un Boletín de Prensa y de cualquier medio de comunicación disponible, a través del cual informará a la entidad federativa de que se trate, que puede acceder a los apoyos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

Para el caso en específico, se le comunica atentamente que aun cuando el gobierno del estado de Puebla no solicitó de forma particular la emisión de una Declaratoria de Emergencia por la situación descrita, el28 de enero de 2016, la Secretaría de Gobernación por conducto de esta Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria mediante el boletín de prensa número 057/16, para los municipios de Lafragua, Chapulco, Cañada Morelos, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, Chignahuapan, Atempan, Aljojuca, Atzizintla, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Ocotepec. Tlachichuca, Coyotepec, Mazapiltepec de Juárez, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, Guadalupe Victoria, Chila, Naupan, Chiconcuautla, Huauchinango, Pahuatlán, Tlapacoya, Libres, Coatepec, Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán, Oriental, Palmar de Bravo, San Martín Texmelucan, San Felipe Teotlalcingo. San Juan Ateneo. Tecamachalco. Cuapíaxtla de Madero, Mixtla. Quecholac, Los Reyes de Juárez. San Salvador Huixcolotla, Tlacotepec de Benito Juárez, Tochtepec, Yehualtepec, Tepeyahualco, Puebla y San Matías Tlalancaleca del estado de Puebla, por la presencia de helada severa provocada por el frente frío número 34 y la interacción con la octava tormenta invernal ocurrida del 25 al 28 de enero de 2016, por virtud de la cual se proporcionaron diversos suministros de auxilio, como son: 13 mil 28 despensas, 52 mil 112 cobertores y 52 mil 112 colchonetas entre otros.

Asimismo, se le informa que aun y cuando el gobierno del estado de Durango no solicitó de forma particular la emisión de una declaratoria de emergencia por la situación descrita, el 28 de enero de 2016 la Secretaría de Gobernación por conducto de esta Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria mediante el boletín de prensa número 042/16 para los municipios de Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, General Simón Bolivar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ocampo, El Oro, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo Rodeo, San Bernardo, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Tepehuánes, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Nuevo Ideal, Canelas. Gómez Palacio, Nombre de Dios, San Luis del Cordero y Súchil de Durango, por la presencia de helada severa provocada por el frente frío número 34 y la interacción con la octava tormenta invernal ocurrida del 25 al 28 de enero de 2016, por virtud de la cual se proporcionaron diversos suministros de auxilio, como son: 9 mil 9 despensas. 36 mil 39 colchonetas, entre otros.

Se precisa que en el marco del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, la competencia de la Secretaría de Gobernación por conducto de la dirección general para la Gestión de Riesgos. se circunscribe a facilitar el procedimiento de acceso a los insumos que se autorizan con cargo a dicho programa federal, dando cumplimiento para esos efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en la normativa aplicable; motivo por el cual no tiene a su cargo la entrega de insumos a un municipio y órgano político-administrativo en particular, o a la población en general, en razón de que los mismos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Secretaría de Gobernación y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su distribución.

Por lo anterior, en caso de que se desee conocer la forma en que los suministros de auxilio autorizados por virtud de las declaratorias de emergencia extraordinarias emitidas mediante los boletines de prensa 057/16 y 042/16, han sido distribuidos en Puebla y Durango, se sugiere atentamente solicitar dicha información ante las instancias que hayan sido designadas por los gobiernos de dichas entidades federativas para esos efectos.

Finalmente, reitero atentamente que la Secretaría de Gobernación, por conducto de esta Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra en la completa disposición de brindar, conforme a las atribuciones establecidas en la normatividad vigente brinda el apoyo correspondiente ante cualquier solicitud que pudieran presentar los gobiernos de Puebla y Durango ante la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población.

2 Productos consumibles (despensas alimenticias, agua para beber, medicamentos, etcétera), productos duraderos (artículos de abrigo y protección como colchonetas, cobertores, láminas, bolsas para cadáveres, hule, plásticos para evitar que traspase el agua proveniente de lluvia o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados, herramientas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, mochilas aspersoras para la atención de incendios forestales), servicios (fletes o transportes, combustibles, etcétera.), según el Anexo I de los Lineamientos.

3 Según el Anexo II, fracción II, de los lineamientos, la helada severa es el evento con temperatura igualo menor a la registrada a nivel diario y que además es igual o menor al percentil 5, tomando como referencia la distribución de la temperatura mínima mensual extrema para periodos de 30 años o series de datos existentes.

Atentamente

México, a 24 de febrero de 2016.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0394 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/0321/2016 suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita fortalecer las acciones de apoyo e intensificar las campañas de información, prevención y protección de la población, a fin de mitigar los efectos de las heladas y nevadas que se presentan en la temporada invernal en diversos estados de la República Mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Licenciado Luis Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/089/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidenta de la Mesa Directiva, mismo que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la, Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con las entidades federativas en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones de apoyo a la población de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y demás entidades afectadas, e intensifiquen las campañas de información, prevención y protección a fin de mitigar los efectos de las heladas y nevadas que se presentan en la temporada invernal.

Al respecto, es importante señalar que no sólo las heladas y nevadas son manifestaciones de la temporada invernal, sino que también ocurren bajas temperaturas, vientos, lluvia y oleaje importante que pueden abarcar grandes áreas del territorio nacional.

En virtud de lo anterior esta Coordinación Nacional de Protección Civil (CCNPC) informa lo siguiente:

Se solicitó a los titulares de Protección Civil de las entidades federativas en mención, la implementación de acciones de protección civil para enfrentar los efectos adversos sobre la población y su entorno con motivo de la presencia de la temporada invernal. De igual manera, se les requirió la implementación y actualización de planes y programas específicos para la temporada invernal, con el propósito de mitigar los riesgos y previamente identificados y definir las acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. En el mismo sentido se pidió la identificación e implementación de refugios temporales que permitan brindar resguardo de las inclemencias del tiempo, no sólo cuando se presenta un desastre, sino también ante la amenaza de este.

En cumplimiento a las instrucciones del presidente de la República, se emitieron las declaratorias de emergencias extraordinarias, para prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo, entregándoles los insumos correspondientes (alimentos, despensas, cobijas, cobertores, etcétera). Siendo beneficiada 23 entidades federativas, en las que se incluyen las descritas en el punto de acuerdo que nos ocupa.

Se elaboró una batería de mensajes preventivos y de auto protección que puso a disposición de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación CDGCS-SEGOB) para su difusión en las cuentas de redes sociales que maneja la Segob y esta CNPC. Se verifico con la DGCS la permanencia de la campaña de temporada invernal que se transmite en medios a nivel nacional y consta de varios spots.

Se hizo una relación de recursos de información accesibles sobre temporada invernal que contuviera recomendaciones de protección civil y se envió, por correo electrónico, a los titulares de protección civil de las 20 entidades federativas involucradas en el punto de acuerdo, indicando además la dirección electrónica para facilitar su descarga vía internet.

Se instrumentó un programa de distribución por mensajería de infografías impresas de la temporada invernal, para que sean difundidas a través de las coordenadas estatales de Protección Civil de las 20 entidades federativas que se mencionan en el acuerdo.

En materia preventiva, específicamente en lo concerniente al peligro y riesgos derivados de las bajas temperaturas, así como de las heladas y nevadas, se priorizó la publicación de estos fenómenos perturbadores en el portal del atlas nacional de riesgos (http://132.248.68.83/portal/), así como el sistema de consulta (www.anr.gob.mx).La información que se ha puesto a disposición de la población en general y de las autoridades de las diversas entidades federativas y municipios es la siguiente:

• Intervalos del índice de frecuencia de nevadas

• Índice de peligro por nevadas a escala municipal

• Capas de días con granizo y municipios

• Índice de peligro por tormentas de granizo por municipio

• Número de días con heladas

• Índice de días con heladas

• Distribución de la temperatura mínima extrema

• Índice de temperatura mínima extrema

• Distribución de los intervalos por bajas temperaturas · Grado de peligro por bajas temperaturas

• Grado de riesgo por nevadas

• Grado de riesgo por granizo

• Grado de riesgo por bajas temperaturas.

Adicionalmente, se cuenta con herramientas disponibles para las autoridades de protección civil y la población en general, que brindan información para la toma de decisiones, así como de los fenómenos que se presentan en la temporada invernal, apoyándose en el uso de modelos de pronóstico y del conocimiento del riesgo que representan estos fenómenos, por ejemplo:

• Implementación de un Sistema de Alerta Temprana de Frentes Fríos y Nortes (SIA T-FFyN) en el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual comprende cuatro subsiste más:

Mapas de riesgo por ondas gélidas, nevadas y vientos;

Monitoreo y alertamiento automático, por decremento de temperatura, lluvia y viento;

Difusión a los tres niveles de gobierno y a la población en general sobre los alertamientos

Plan de emergencia en caso de eventos extremos.

• Asimismo, se tiene un desarrollo informático del Sistema Automático de Alertas de Lluvia, Temperaturas Extremas y Viento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la generación automática de mapas de alertamiento por decremento de temperatura, lluvia y viento. Diariamente el subsistema se actualiza dos veces al día, lo que permite el pronóstico de algún sistema invernal que esté afectando al país y el cambio de alertas para una misma región, dado el carácter dinámico de los sistemas meteorológicos.

• A través de la Dirección General de Protección Civil (DGPC) la Segob elabora boletines de ambiente frío una vez al día, con base en el pronóstico de temperaturas mínimas a 24 horas. Igualmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora avisos de Pronóstico Meteorológico General y de Nortes dos veces al día e incluso varios, si la situación lo amerita, así como avisos de Tiempo Severo.

• Por medio del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se tiene a disposición una página web abierta a todo el público, donde se muestran y enlistan los municipios en riesgo por lluvias importantes, las cuales pueden ser producidas no sólo por sistemas invernales sino por otros como ciclones y ondas tropicales, y afluencia de humedad de los océanos; su dirección es http://www.cenapred.gob.mx/es/dirlnvestigacion/noticiasFenomenosHidros/

Le informo que el material que edita el Cenapred está disponible públicamente para su consulta en http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/busca disponibles, particularmente se sugiere revisar el tema de Riesgos Hidrometeorológicos”/”Heladas” http://www.cenapred.gob.mx/ PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria? categoria=RIESGOS+HIDROMETEOROL%26Oacute%3BGICOS%2F &subcategoria=HELADAS&palabraClave=Heladas

Por último, se dio a conocer a las entidades federativas el Punto de Acuerdo multicitado, con el fin de que se refuercen los programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera correspondiente, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente ante la presencia u ocurrencia de los agentes perturbadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo.— Congreso del Estado de Baja California.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento, que la Comisión de Juventud y Deporte de este Honorable Congreso de Baja California, tuvo a bien emitir opinión relacionada a la armonización del marco normativo ante la Ley General de Cultura Física y Deporte. Lo anterior en respuesta al punto de acuerdo de la Comisión de Deporte de la honorable LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de fecha 8 de diciembre de 2015, remitido a esta soberanía mediante oficio número DGPL 63-II-3-255.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, hago propicia la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente

Mexicali, Baja California, a 16 de febrero de 2016.— Doctor Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Baja California.

Diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California.— Presente.

Antepongo un cordial saludo.

Por medio del presente, se remite la opinión que la Comisión de Juventud y Deporte del honorable congreso del estado(2), mediante copia del documento expedido por este órgano de trabajo. Lo anterior, en respuesta al oficio número 004404 de esta Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 07 de enero de 2015, con relación a la armonización del marco normativo ante la luz de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La referida opinión de la Comisión de Juventud y Deporte fue aprobada por la Comisión de Juventud y Deporte el pasado 10 de febrero de 2016.

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano la atención brindada.

Atentamente

Mexicali, Baja California, a 12 de enero de 2016.— Diputada Miriam Josefina Ayón Castro (rúbrica), Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo.— Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Diputada Daniela De Los Santo Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio DGPL 63-II-7-281, relacionado con el expediente I071, relacionado con el similar 215002000/ 067/2016 firmado por el licenciado Francisco Víctor Ortiz Millán, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, emitido por la documental 21 36ª00000/0065/2016-S/ signado por el doctor Germán Adolfo Castillo Banuet, subprocurador Jurídico, todos vinculados por el escrito 21 33A0000/ 3I0/2016, avalado por el maestro en derecho Mario Salas Ortiz, subprocurador de Atención Especializada; por el cual solicita “...se informe si se cuenta con servidores públicos que funjan como intérpretes o traductores para indígenas, relacionados con investigaciones o se ha implementado acciones para contar oportunamente con los mismos”.

Por lo anterior, hago de su conocimiento, que esta Fiscalía Especializada, no cuenta con personal de la calidad referida, sin embargo, al momento de presentarse algún evento, donde sea requerida la presencia de una persona con esas capacidades lingüísticas, y garantizar el principio de igualdad ante la ley, que se encuentra inscrito en el procedimiento del sistema penal acusatorio; así como en los derechos otorgados a Víctimas y Detenidos que consagra nuestra Constitución Federal, se solicita directamente a la Dirección de Servicios Periciales, quienes son los encargados de proporcionar el personal especializado.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Respetuosamente

Ecatepec de Morelos, estado de México, enero 28 de 2016.— Maestra en contaduría pública María Esther Nolasco Núñez (rúbrica), Fiscal Especializada.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a enero de 2016.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con enero de 2015.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de eneros de 2016.(3)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o. numeral 1, fracción XVI; 12 numeral 1 y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar respetuosamente la presente solicitud con la finalidad de que se me conceda licencia para separarme del cargo de diputada federal, a partir del día jueves 3 de marzo de 2016, y por tiempo indefinido.

Agradezco el apoyo incondicional del coordinador del grupo parlamentario de mi partido el doctor César Octavio Camacho Quiroz, por las tareas encomendadas a una servidora. Reconozco con admiración su desempeño y liderazgo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se le dé el curso legal que corresponda a la presente solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada Arlet Mólgora Glover (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Arlet Mólgora Glover, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el segundo distrito electoral del estado de Quintana Roo, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese. Han aprobado una buena contienda electoral.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Mario Machuca Sánchez y Carlos Gutiérrez García, diputados federales electos en el distrito 3 electoral, del estado de Quintana Roo y tercera circunscripción plurinominal respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Ramón Villagómez Guerrero, diputada Patricia Sánchez Carrillo, diputada Karen Orney Ramírez Peralta, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, diputada Paola Galico Félix Díaz, diputado Rogerio Castro Vázquez, diputado José Bernardo Quezada Salas y diputada Melissa Torres Sandoval.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Al ratito que lo feliciten, por lo pronto lleguen acá.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadanos Mario Machuca Sánchez y Carlos Gutiérrez García, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Los ciudadanos Mario Machuca Sánchez y Carlos Gutiérrez García: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Bienvenidos.

INICIATIVA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de presentación de Iniciativas. Y en consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita también por el diputado Rafael Yerena Zambrano, ambos del Grupo Parlamentario del PRI. En la misma intervención, presentará también la diputada iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta. Igualmente para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. También iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123 constitucional. Por último, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay una precisión de la diputada Plascencia en el sentido de que no presentará tantas iniciativas en esa ocasión, sino una menos. Queda excluida la que enunciamos como número dos, que es la que se refiere a la inscripción con letras de oro de Hermila Galindo Acosta. Esa no va a presentarla, las otras sí. Entonces adelante, diputada. Ahí vamos a tener consideración con el tiempo y usted también téngalo porque son una buena cantidad de iniciativas.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Sí, cuatro. Gracias, señor presidente, con su venia, compañeras y compañeros diputados, en el marco del noveno informe del Estado mexicano en referencia al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, es que el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar a esta soberanía cuatro iniciativas con proyecto de ley en torno a los siguientes temas.

La primera iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone adicionar la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de generar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia para las mujeres trabajadoras. En relación con este tema cabe señalar que la violencia contra las mujeres en nuestro país continúa siendo una gran deuda pendiente del Estado mexicano hacia las mexicanas.

Hoy en México más del 40 por ciento de las mujeres de 15 años o más han aceptado haber sido víctimas de algún tipo de violencia, y cabe señalar que han sido precisamente sus principales agresores sus parejas sentimentales, al 42 por ciento las han humillado, encerrado o amenazado con correrlas de su casa, a más del 25 por ciento les han prohibido trabajar o seguir estudiando. Y en relación con la violencia laboral, más del 20 por ciento de las mujeres mexicanas declaró haberla sufrido.

En nuestro país más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales, de las cuales 75 mil fueron tan sólo el año pasado. De esos casos sólo se han presentado 15 mil averiguaciones y sólo concluyen en 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia.

Estos datos dan muestra de lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración y la impartición de justicia, y ya que sólo el 14 por ciento de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda.

En relación con lo anterior lo que en particular persigue esta iniciativa, es generar mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para las mujeres mexicanas, adicionando la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para propiciar que en esas medidas se aliente la cultura de denuncia.

La segunda iniciativa que una servidora propone a esta soberanía, es la que propone reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar en el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y para incorporar los días de la licencia de paternidad.

Actualmente está soberanía, también en otra legislatura se aprobó los cinco días para licencias de paternidad, lo cual resulta una medida inconsistente con las recomendaciones de la CEDAW y para poder equilibrar el trabajo tanto de las mujeres como de los hombres respecto al cuidado de los hijos y el trabajo doméstico.

Por lo tanto, esta iniciativa lo que pretende es que se incluya en la licencia de paternidad como permiso irrenunciable y que es obligación de los patrones y superiores otorgarlo, por lo tanto la propuesta busca que se incrementen de cinco a 14 días los días de licencia de paternidad, y que en caso de la muerte de la madre durante el parto, el trabajador goce de los 60 días de licencia para poder coadyuvar con el trabajo de la crianza y la responsabilidad del menor.

La tercera iniciativa que una servidora somete a esta soberanía, es en relación para que se reformen y adicionen los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de coadyuvar en la aplicación de la norma oficial mexicana, la norma 046, referente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Al tenor de lo siguiente, el Comité de la CEDAW ha hecho diferentes recomendaciones al Estado mexicano. Una de ellas es que se asegure en cada uno de los diferentes estados para las mujeres víctimas de violencia sexual que tengan el acceso a los servicios médicos seguros y que se vele por la debida aplicación de la Norma Oficial 046, sobre todo lo que se refiere al abastecimiento de los anticonceptivos de emergencia.

Por lo tanto, aunque esta norma refiere la obligatoriedad de su cumplimiento, no se cumple en el territorio nacional. Por eso, se presenta a esta soberanía para su consideración.

La cuarta iniciativa es la más importante que una servidora presenta, a pesar de los múltiples esfuerzos de pasadas legislaturas y de la reforma que en este mismo pleno se aprobó y que se encuentra como minuta en el Senado, en relación a la reforma del artículo 148 del Código Civil Federal, es que el día de hoy presento esta iniciativa a efecto de erradicar de una vez por todas en la ley y en la práctica el matrimonio de nuestras niñas y nuestros niños. Los matrimonios forzados y las uniones tempranas de nuestras niñas y niños mexicanos son un acto violatorio a sus derechos humanos, y contravienen todas las disposiciones e instrumentos internacionales y nacionales, tales como la Convención de los Derechos de los Niños, los objetivos de la agenda 20-30 de las Naciones Unidas, la Convención de la CEDAW y la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa, dentro de las diferentes aportaciones pretende poner fin al matrimonio de las niñas y niños para así poder asegurar que nuestras niñas sigan en la educación y que sigan contando con la protección del Estado. El matrimonio infantil es violencia contra nuestras niñas y nuestros niños, por lo tanto lo someto a esta soberanía la reforma al artículo 148 del Código Civil Federal, para elevar la edad para contraer matrimonio en el caso de las mujeres de los 14 años que la edad mínima sea 18 años y en el caso de los varones de la edad mínima de 16 sea a 18 años, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado mexicano y la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

“En los dos sexos se desarrolla el mismo drama de la carne y el espíritu, de la finitud y la trascendencia; a ambos les roe el tiempo, los acecha la muerte; ambos tienen la misma necesidad esencial uno del otro; y pueden extraer de su libertad la misma gloria; si supiesen saborearla, no sentirían la tentación de disputarse falaces privilegios; y entonces podría nacer la fraternidad entre ellos”.

Simone de Beauvoir

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, y el suscrito, diputado Rafael Yerena Zambrano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres en nuestro país continúa perpetuando la deuda del estado en mejorar las condiciones de marginación y exclusión que impiden un desarrollo integral.

Distintas instituciones dan cuenta de un panorama poco alentador para los siguientes años, no obstantes los avances legislativos y los recursos económicos que se siguen invirtiendo.

Así tenemos que en México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.

En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.

Consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos, pues día a día surgen en los hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en principio deberían hacer cumplir la ley.

El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente.

Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la sociedad.

Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia.

Por otro lado falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios o procesos para que los responsables sean realmente sancionados.

El comité de CEDAW (Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los procedimientos para que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala que: “El acceso de las mujeres a la justicia entendido como “el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales” se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y otras (caso “Campo Algodonero”), lo que en efecto pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa.

Lo que particular persigue esta iniciativa es generar mecanismo legales que posbiliten el acceso a la justicia para las mujeres adicionando la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132.

Por otra parte hay que considerar que por el Principio de Igualdad Procesal es que consideramos necesario incorporar en la propuesta la posibilidad de que el permiso sea extensivo a hombres y mujeres.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX Bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. (...)

I. a IX. (...)

IX Bis. Conceder a las y los trabajadores el tiempo necesario para acudir a diligencias ministeriales, judiciales o análogas cuando sean requeridos, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;

X. a XXVIII. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Plascencia. Y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor del siguiente:

Planteamiento del Problema

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección...” así mismo y en relación con el artículo 133 que a la letra dice: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...” . De esta forma; nuestro marco constitucional reconoce la suscripción de los Tratados Internacionales y los eleva a la categoría de Ley Suprema, por lo que al ser ordenamientos de carácter vinculante obligan a los Estados parte para la implementación de acciones y medidas tales como la que hoy propongo, para modificar y adecuar el marco legal reglamentario, en lo concerniente al caso que nos ocupa, me refiero al Código Civil Federal, para homologar la edad de dieciocho años cumplidos para la celebración del matrimonio y con ello dar cumplimiento a la Convención sobre el Consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1953); y así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aunado a que los matrimonios infantiles o forzados como también se les conoce, constituyen una práctica nociva así considerada por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación (CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18) en su apartado de criterios para determinar prácticas nocivas, al establecer: “Las prácticas nocivas son prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o interrelacionadas de discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o psíquicos. El daño que semejantes prácticas ocasionan a las víctimas sobrepasa las consecuencias físicas y mentales inmediatas y a menudo tiene el propósito o el efecto de menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y los niños. Así mismo tales prácticas repercuten negativamente en su dignidad, su integridad y desarrollo a nivel físico, psicosocial y moral, su participación, su salud, su educación y su situación económica y social”.

Es así que el matrimonio infantil, también denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años. Al respecto la CEDAW establece lo siguiente: “El matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”. Al ser considerado un matrimonio en el que el consentimiento está viciado, el mismo no debiese existir, pues según la doctrina en materia de contratos, uno de los requisitos elementales de cualquier acto jurídico que dará pauta a la creación de derechos y obligaciones como lo es en el caso que nos ocupa el contrato matrimonial, justamente debería ser precedido por el requisito formal y obligatorio del consentimiento pleno sustentado en principios axiológicos, que conlleven a la presunción legal y humana de que los contrayentes, son poseedores de la madurez basta y suficiente para poder obligarse en términos legales y materiales al firmar el acta de matrimonio, y para ello la presunción versa en que una persona de 18 años de edad cumplidos, cuenta con la capacidad legal y biológica para comprometerse ante su pareja y ante el Estado.

Base fundamental de la presente iniciativa lo constituye la preocupación en virtud de que el matrimonio infantil a menudo va acompañado de embarazos y partos precoces y por ende de alto riego, que frecuentemente provocan la mortalidad y morbilidad materna, dado que biológica y fisiológicamente su cuerpo no ha alcanzado una madurez plena, para que la viabilidad de su función natural de dar vida a través de la procreación, se encuentre debidamente tutelada por el Estado. Lo cual hoy en día no es así dado que el Estado al aplicar el derecho positivo vigente contemplado en el artículo 148 del Código Civil Federal, indirectamente está consintiendo que a edad temprana pueda ser objeto de “estupro”, pues justamente así tipifica la Ley Mexicana al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión, lo cual constituye una contradicción, pues mientras por un lado el Estado a través de las disposiciones contenidas en el Código Penal, establece como bien jurídico tutelado la libertad y el normal desarrollo psicosexual, por otro lado en el Código Civil, permite el matrimonio con menores de edad, sin importar que uno o ambos contrayentes sea menor de edad.

Aunado a lo anterior y como demostraremos más adelante, en diferentes entidades de la república mexicana, este tipo de prácticas se llevan a cabo de manera por demás violatoria de los derechos humanos de los infantes.

Al respecto el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), sugiere que la edad mínima para contraer matrimonio sea de dieciocho años para ambos contrayentes, en virtud de que a esa edad la mayoría de las personas han adquirido el desarrollo suficiente para decidir sobre su vida sexual. Así coadyuvaríamos para que se acabe en México con los matrimonios infantiles, matrimonios forzados, explotación laboral (amas de casa), posibles truncamientos de carreras exitosas, contagios de enfermedades de transmisión sexual letales para la salud de las niñas, la venta de niñas y adolescentes para casarlas con personas adultas mayores, embarazos prematuros, muertes por violencia intrafamiliar en la que la víctima es menor de edad (suicidios, homicidios, muerte materna etc.), afectación a los índices de la comunidad económicamente activa, y por ende graves retrocesos para el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Además nuestro marco legal (Código Civil Federal), establece en su artículo 148 que “para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce” hipótesis legal que constituye un acto de discriminación hacia la mujer, pues establece una diferencia de edades entre el hombre y la mujer, lo que conlleva un acto netamente discriminatorio, además de vulnerar los derechos e intereses de las mujeres en la mayoría de los casos, pues en la siguiente precepto establece: “El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas”. Con lo que se confiere una facultad meta legal a una persona completamente extraña, ajena a los derechos e intereses de los contrayentes, que aun teniendo el carácter de autoridad, no por ello ejerce facultad de goce o ejercicio sobre alguien que legalmente es considerado un incapaz, más aun alude a una dispensa que el Estado se auto atribuye bajo el amparo de una “causa grave y justificada”, lo cual si analizamos en su conjunto las disposiciones normativas que contiene el cuerpo del ordenamiento legal en cita, nos podremos dar cuenta de que en ninguna parte se desprende el concepto de lo que vendría a ser una causa grave y justificada; luego entonces, si tenemos que la naturaleza jurídica tanto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según sea el caso, es de carácter administrativo, no son autoridades judiciales con facultades jurisdiccionales para resolver, por ello tenemos como resultado una laguna axiológica más grande, pues estaría extralimitando sus facultades y atribuciones para definir dichas causas, dado que en estricto derecho su actuación se debe ceñir a actos que se encuentren debidamente fundados y motivados, ello aunado a los criterios que en el cuerpo de la presente se refieren.

Bajo este contexto aunado a que: “El matrimonio es un acto “voluntario” en que dos personas simultáneamente dan su consentimiento frente a la autoridad, quien realiza su inscripción en el Registro Civil para que tenga validez” Como Institución Civil, supone un cambio en la condición jurídica de las personas a través de un contrato que establece derechos y obligaciones, implica la adhesión de los contrayentes a un código que regula la aceptación de los roles de marido y esposa, y acarrea sanciones en caso de incumplimiento”. Lo cual difícilmente concibe un niño o niña que por autorización de sus padres o dispensa del Estado puede contraer matrimonio, aunque después sufran de violencia que puede ser en cualquiera de sus modalidades, física, psicológica, económica etc., a causa de ello, el alto índice de divorcios y acciones que en nada benefician a la construcción y consolidación del tejido social y la familia.

Dado que el matrimonio infantil, es considerado como la unión de dos personas en la que al menos una de ella es menor de 18 años, el cual ha sido estudiado desde tres perspectivas por los teóricos: la que lo califica como una tradición semejante a la esclavitud cuando la niña es obligada a contraer nupcias y es víctima de prácticas serviles, (la cual lamentablemente es la condena en términos generales en que acaban todas aquellas pobres niñas que son abandonadas a su suerte por sus supuestos seres queridos); la de género que lo considera una forma de violencia así como una práctica que afecta la salud de las niñas y adolescentes implicadas en él, y la de los derechos de la niñez para la que supone un hecho que vulnera el derecho a la protección, dado que se soslayan sus derechos inherentes a la niñez sin que el estado, sujeto obligado a tutelar sus garantías haga algo al respecto.

Existen importantes sinergias entre los aportes de una y otra visión que contribuyen al estudio del fenómeno como una violación a los derechos humanos de un modo más integral. “En 1954, a través de la resolución 843 (X) de la Asamblea General de Naciones Unidas que se declaró que algunas leyes y antiguas costumbres relacionadas con el matrimonio y la familia eran incompatibles con los principios de derechos humanos, pero al entrar en vigor la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1957), se reconoció que el matrimonio forzado se asemeja a la esclavitud porque reduce a los cónyuges a la condición de una persona sobre la que se ejerce el derecho de propiedad.

En este sentido, siempre que una mujer o niña es comprometida o dada en matrimonio por sus padres, sus tutores o su familia, se está en presencia de una práctica análoga a la esclavitud dado que la unión no está basada en el consentimiento libre, como establece la normatividad internacional de derechos humanos. En especial, respecto a la niñez, se argumenta que su propia edad así como la etapa de desarrollo físico e intelectual que atraviesan, les hace más vulnerables a la presión externa para casarse, aceptar el cónyuge que les ha sido elegido y difícilmente han dimensionado las consecuencias de este acto, lo que vulnera por completo su derecho a expresar libremente su opinión acerca de los asuntos que le atañen.

Al tiempo, se considera una práctica que asemeja la esclavitud cuando confina a la esposa a la servidumbre en el hogar. Desde otro punto de vista, se advierte que “el matrimonio prematuro es producto de la discriminación basada en el género que otorga más valor a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños frente a las niñas”.

La perspectiva de género ha hecho visibles las costumbres y prácticas que dañan la salud de las mujeres que abarcan la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, los delitos relacionados con la dote, los asesinatos de honor, el estatuto inferior de la esposa en las legislaciones, la servidumbre así como la explotación sexual y de otro tipo en el marco del matrimonio. Las costumbres y prácticas tradicionales perjudiciales se definen como “todo comportamiento, actitudes y/o prácticas que afectan negativamente los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, tales como el derecho a la vida, la salud, la dignidad, la educación e integridad física.” Particularmente, en relación con la salud de las niñas, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), compromete a los Estados a adoptar medidas para abolirlas, mientras que el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la salud, se ha pronunciado a favor de la promulgación de disposiciones que establezcan una edad mínima para el consentimiento sexual y el matrimonio”.

Bajo este contexto nuestro país ha suscrito una serie de Tratados Internacionales entre los que destaca: “la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1953); el cual compromete a los Estados parte a fijar edades mínimas para el matrimonio, adoptar un mecanismo para que los contrayentes expresen su consentimiento ante la autoridad civil y religiosa e inscribir los matrimonios en un registro, tal consentimiento debe ser expresado por la pareja en persona, ante la autoridad competente y testigos. Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), sostiene que el derecho a decidir si se casa, cuándo y con quién lo hace, son componentes esenciales de la vida, la dignidad y la igualdad de la mujer, por ello debe protegerse y hacerse cumplir conforme a la ley”.

Así las cosas, y toda vez que como ya se ha hecho referencia, el Código Civil Federal, en su artículo 148 establece: “Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas”. Y tomando en consideración que existe una tendencia internacional a proponer que la edad mínima sean los 18 años, tal y como lo señala la CEDAW, la cual respalda esta propuesta pues considera que al casarse la pareja asume obligaciones importantes que no es posible dimensionar hasta alcanzarse la madurez.

Además critica: “en algunos países se fijan diferentes edades para el matrimonio para el hombre y para la mujer. Puesto que dichas disposiciones suponen incorrectamente que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente al del hombre, o que su etapa de desarrollo físico o intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, deberían abolirse”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha llamado a los Estados a armonizar sus legislaciones con la Convención, en particular en lo referente a la definición de niñez y la edad que ésta comprende, según la contenida en el artículo 1 de dicho instrumento. En concordancia, los insta a modificar la disparidad en la edad mínima en que niños y niñas pueden contraer matrimonio con objeto de elevarla a 18 años para ambos; mientras que en otras ocasiones ha sugerido se explicite la prohibición del matrimonio de los menores de edad.

Si consideramos que la infancia es la etapa de la vida que va de 0 a 18 años no cumplidos, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que no se les arrebate arbitrariamente la vida, así como a recibir beneficios de las medidas económicas y sociales que les permitan sobrevivir, llegar a la edad adulta y desarrollarse en el sentido más amplio del término.

No obstante, respecto a la infancia, este derecho obtuvo su reconocimiento más importante en el Comité de los Derechos del Niño, en cuyo preámbulo se afirma que las personas menores de 18 años, por su madurez física y emocional en consolidación, requieren resguardo y cuidado especiales.

Y si consideramos que “el Estado tiene obligación de hacer efectivo el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Este derecho significa que toda niña, niño o adolescente debe tener garantizados, de manera progresiva y a lo largo de toda su infancia y adolescencia, el goce de todos los derechos económicos, culturales y sociales, tales como el derecho a la salud, educación, alimentación, información, a la participación, a una vida libre de violencia, entre otros. La garantía de este último derecho, incluye el compromiso del Estado de tomar medidas para erradicar el matrimonio infantil”. Luego entonces, el Estado Mexicano se encuentra obligado a tutelar y garantizar esos derechos, por lo que como una acción eminente para lograrlo es justamente modificar el marco legal a efecto de que se garantice el derecho humano a la niñez de los 0 a los 18 años no cumplidos, y después de ello, la persona esté en la aptitud física, legal y material de contraer derechos y obligaciones a través del matrimonio.

Dado que ciertamente, el matrimonio a corta edad tiene un efecto directo en la salud física y mental, sobre todo de la niña. Estas consecuencias pueden incluir nutrición deficiente, anemia nutricional, aborto espontaneo, mortinatalidad, nacimiento prematuro, muerte materna o del recién nacido, entre otros.

“Además, los problemas de salud son más probables si la niña queda embarazada cuando su pelvis y canal de parto todavía está en crecimiento. También son más proclives a un trabajo de parto prolongado y obstruido que puede causar fístula obstétrica (conexión entre la vejiga y el recto)”.

De igual forma, el matrimonio infantil vulnera el derecho a la información porque la mayoría de las niñas y adolescentes desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, y carecen de elementos para decidir sobre el primer embarazo, el espaciamiento entre los hijos, e incluso, para prevenir enfermedades de transmisión sexual; lo que las deja en estado de abandono y vulnerabilidad tanto a deteriorar su salud e incluso hasta la muerte.

También ocurre una vulneración al derecho a la educación porque en “un alto porcentaje sucede el abandono de la escuela a causa del propio matrimonio, o incluso, del embarazo. Esta situación puede poner en peligro las perspectivas económicas en particular de la niña en áreas rurales e indígenas y excluirla de otras oportunidades de la vida. Ellas serán más dependientes y se enfrentarán a mayores situaciones de vulnerabilidad y exclusión, perpetuando así la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

Existe una fuerte relación entre pobreza y matrimonio infantil. Las familias más pobres pueden ver a las niñas como una carga económica y a su matrimonio como una estrategia de supervivencia. En algunos casos, los padres consienten el matrimonio de sus hijas para reducir el número de personas a quienes deben alimentar, vestir y educar, mientras que en otras, el dinero, bienes o ganado, es decir, la dote que los maridos ofrecerán es una motivación importante. “Ramos Soto explica que en sus 32 investigaciones encontró que la condición de pobreza de las familias, fue el argumento más referido por niñas de diversas comunidades de Oaxaca, entre las razones del matrimonio”. En números absolutos, la mayor incidencia de matrimonios infantiles se dan en los siguientes estados: “el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz ilustra esta afirmación. Con excepción del primero, el resto de los estados están clasificados como de marginación alta y muy alta. Se trata de entidades donde más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza y no cuentan siquiera con recursos para comprar alimentos o pagar otros bienes y servicios que satisfagan sus necesidades”.

“De hecho, más de la mitad y hasta el 70 por ciento de la población infantil de las cinco entidades en que más matrimonios infantiles se registraron, vive en situación de pobreza. A esto se suma que en ellas habita el 40 por ciento de la población indígena nacional. Tan sólo en Chiapas y Guerrero reside un cuarto de las y los indígenas del país, 17.5 y 7 por ciento, respectivamente. Estas cifras podrían confirmar la mayor vulnerabilidad de las niñas indígenas o que provienen de familias pobres, a contraer nupcias a edad temprana. Se sabe, por ejemplo, que la edad de la primera unión de las mujeres indígenas es hasta dos años antes que las mujeres que no lo son”.

La educación reduce la probabilidad de matrimonio a temprana edad, las niñas que permanecen en la escuela más tiempo son menos proclives a quedar embarazadas.

En dicho tenor se deriva que: “las uniones conyugales en la infancia fomentan que, bajo la práctica de matrimonios arreglados por los padres, argumentando que los hijos son menores de edad, los contrayentes no sean quienes eligen directamente a su pareja, sino que lo hacen los adultos. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita por México en 1981 que, por lo tanto, es ley suprema de toda la Unión, que a la letra dice: “El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes”.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, Las cifras y datos expuestos dejan en claro que es importante tomar medidas legislativas para prohibir el matrimonio infantil.

De igual manera y con la finalidad de que la reforma no se yuxtaponga con el contenido inherente a los menores de edad, en los capítulos correspondientes a la emancipación, de los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad, en el caso específico que establece que es por emancipación, derivada del matrimonio, es por lo que en la presente propuesta se adecua el marco legal a efecto de ser congruente en su contenido y forma.

Argumentación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en la ONU establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas nocivas para niñas y adolescentes como el matrimonio infantil y la unión temprana.

Tal y como se advierte en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño el cual señala que: “el niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales”, luego entonces, el estado se encuentra obligado a establecer medias y acciones legislativas para tutelar que las niñas, niños y adolescentes no sean “forzados” a contraer matrimonio en esta etapa de su vida y asegurar condiciones para que todos sus derechos sean garantizados, hasta su mayoría de edad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cada año, más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en nuestro país, cifra que representa la quinta parte del total de mexicanas que contrae matrimonio, en tal sentido se estima que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 14 y 17 años de edad que están casados o viven en unión libre.

El matrimonio infantil o también conocido como matrimonio forzado, dentro de sus múltiples repercusiones, destaca el ámbito de la salud de los infantes, la cual es transgredida ya sea por el alto contagio de enfermedades de transmisión sexual, o bien de tipo biológico y fisiológico, al respecto la Organización Mundial de la salud, realizó la siguiente recomendación, misma que para pronta referencia se trascribe a continuación:

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre sus recomendaciones internacionales para la disminución del embarazo adolescente, plantea que los países promulguen leyes que fijen edades mínimas para el matrimonio, así como buscar incidir en familias y comunidades para que las niñas y chicas adolescentes no sean dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado; promover el uso de anticonceptivos y la preparación de los servicios de salud para atender adecuadamente a las adolescentes embarazadas y en caso de que las leyes lo permitan y las adolescentes así lo decidan, puedan abortar bajo condiciones seguras”.

Por su parte, “el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) publicó en 2013 el informe “Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes”. Este informe señala que matrimonio infantil o adolescente está directamente relacionado con el embarazo porque alrededor del 90 por ciento de los embarazos en adolescentes en países en desarrollo ocurren dentro del matrimonio”.

Y si a ello le sumamos que según datos de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, arroja que: “44.9 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual”. El problema se agrava, pues no solo tenemos que a las niñas se les vulnera su derecho a garantizarles el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en particular, a la educación, a la salud, a la información y al sano desarrollo, a efecto de que no se vean vulnerados a causa del matrimonio a temprana edad, con la finalidad de que el Estado cumpla con su “responsabilidad” de “garantizar” la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que contempla la fracción II del artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 04 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación; sino que además, se convierte en un problema de salud pública, dado que en el caso particular que nos ocupa, nos encontramos que en la actualidad está permitido el contraer matrimonio con un menor de edad, al cual no solo se le frena su vida normal en todos los aspectos, sino que además, queda plenamente vulnerable a contraer enfermedades de transmisión sexual que pueden ser fatales. Es por ello que la presente iniciativa con proyecto de decreto se considera de alta prioridad, pues no solo daríamos cumplimiento a los Tratados Internacionales ya referidos, que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado por conducto del Senado de la República, los cuales obligan a homologar entre la mujer y el hombre sin discriminación alguna, la edad mínima para contraer matrimonio, siendo esta los dieciocho años cumplidos.

Más aún, el informe denominado “La infancia cuenta en México 2014”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alerta que: “en México se ha registrado un aumento de embarazos en este grupo de población, pues desde 2005 a 2012 la tasa de mujeres de 15 a 17 años embarazadas aumentó 6 por ciento para colocarse en 54.4 por cada mil. El estado con mayor tasa de adolescentes embarazadas es Coahuila, al alcanzar 73 casos por cada mil en ese rango de edad”.

En tal contexto, el informe de UNFPA también apunta que: “14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año en el mundo y advierte que en 2013 había 70 millones de niñas casadas en el planeta, una cifra que podría aumentar a 142 millones en 2020. Además expone que “el matrimonio infantil se trata de una terrible violación de los derechos humanos y roba a las niñas su educación, su salud y sus perspectivas a futuro. Una chica que se casa siendo una niña no aprovechará todo su potencial en la vida”.

“En 146 países, las leyes permiten a las niñas menores de 18 años casarse con el consentimiento de los padres o de otra autoridad; en 52 países, incluido México, las niñas de menos de 15 años se pueden casar con el consentimiento de los padres”.

Bajo los argumentos anteriormente esgrimidos, queda patente el objetivo de la presente iniciativa, que es estipular en el Código Civil Federal como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años cumplidos para ambos contrayentes, eliminar las disposiciones relativas al matrimonio entre menores de edad y al consentimiento que en su caso otorgan los familiares o autoridades para que las niñas, niños y adolescentes contraigan matrimonio.

Lo anterior en virtud de que el casamiento infantil, tiene una relación directa con la vulneración de otros derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes así considerados por el marco Constitucional y los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte.

Aunado a que como se comenta, que los niños y las niñas son sujetos plenos de derechos y son ellos quienes, llegado el momento, en la edad adulta, deben elegir a su pareja. “Toda unión de dos personas debe estar basada en el consentimiento libre dado por ambas partes”. “Los matrimonios que no respetan este principio son considerados como una práctica similar a la esclavitud y violan los derechos de las personas involucradas”.

En merito a lo anterior, resulta necesario reformar el Código Civil Federal y con ello homologar con el texto Constitucional en materia de Derechos Humanos y así atender al principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que debe aplicarse la norma que otorgue mayor protección a la persona, sin importar que se encuentre en un Tratado Internacional.

Con ello se cristalizaría la disposición contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece que los contrayentes deben consentir el matrimonio, por lo que es necesario armonizar el Código Civil Federal, para que cada contrayente, durante su mayoría de edad, disponiendo con toda libertad, manifieste su voluntad legal haciendo uso de su capacidad de ejercicio, de unirse en matrimonio con la persona que desee.

Es de suma relevancia, hacer mención que el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, señala literalmente que: “Las leyes y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.” Disposición expresa que suma a la presente iniciativa, dado que estaríamos homologando el texto del Código Civil Federal, con la finalidad de que no se yuxtaponga con el de la ley de referencia.

A razón de ello, es por lo que se propone modificar los elementos esenciales de validez del matrimonio aumentando la edad mínima establecida en el artículo 148 del Código Civil Federal que actualmente es de 16 años el hombre y 14 la mujer, a 18 años cumplidos para ambos contrayentes. En consecuencia es fundamental eliminar, la dispensa que se considera facultad meta legal en el caso de la autoridad (jefe de gobierno y delgados); así como del consentimiento de los padres, por lo que, otorgar o modificar capitulaciones matrimoniales o terminar la separación de bienes para ser sustituida por la sociedad conyugal sólo podrán hacerlo las personas mayores de edad.

Al ser el matrimonio un acto formal y solemne que se realiza ante el juez del registro civil. Los contrayentes, deberán comprobar, entre otros requisitos, que ambos tienen mínimo 18 años cumplidos y el documento idóneo para demostrarlo será el acta de nacimiento cotejado con la credencial de elector de los pretendientes.

Además el juez del registro civil debe cerciorarse, solicitando todas las declaraciones que estime convenientes, que los contrayentes cuentan con la edad mínima legal para casarse.

Más aun, considerando que el matrimonio es una institución integradora de familia, un vínculo jurídico social en el que dos personas contraen derechos y obligaciones recíprocas, el consentimiento personalísimo de los contrayentes es precisamente el elemento fundamental de la exteriorización de la voluntad para aceptar esas cargas que nacen al suscribir el contrato matrimonial.

Es por eso que, el consentimiento (como voluntad creadora de derechos y obligaciones) debe ser libre, directo y personal. No puede ni debe otorgarse en nombre o representación de la persona menor de edad ni por un familiar, ya sea el padre, o la madre, o los abuelos paternos, o maternos, o ascendientes ni tutores; ni tampoco por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, trátese del juez de lo familiar, jefe de gobierno, jefe delegacional de alguna de las demarcaciones del Distrito Federal. En tal virtud, deberán derogarse las disposiciones que se refieran a la prestación del consentimiento para que las personas menores de edad contraigan matrimonio.

Así mismo se deberá derogar del Código Civil Federal lo referente a la emancipación, que es el estado de autonomía para realizar actos jurídicos que las personas menores de edad adquieren por el cese de la sujeción a la patria potestad como consecuencia del matrimonio.

Parte fundamental de la presente iniciativa, entre otros, es dar cumplimiento a lo establecido por el artículo segundo transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual obliga a las legislaturas de las entidades federativas y, en este caso, al Congreso de la Unión en materia federal, a realizar las modificaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la nueva forma en que el Estado mexicano garantizará los derechos de la infancia y la adolescencia, siendo la prohibición del matrimonio infantil fundamental para garantizar el interés superior de la niñez.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y fundado, el presente proyecto de Iniciativa, propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, con la finalidad de que se estipule la edad de 18 años cumplidos en mujeres y hombres para contraer matrimonio y así eliminar el matrimonio infantil.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Propuesta de modificación:

Decreto

Único. Se reforman los artículos 31, fracción I; 98, fracción I; 100; 103, fracción II y el párrafo segundo; 113, primer y segundo párrafo y; 148; 156 fracción I y último párrafo; 209; 265; 412, 438, fracción I; 451; 473 y 605, asimismo, se derogan los artículos 93; 98, fracción II; 103, fracción IV; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156 fracción II; 181; 209, párrafo segundo, 443, fracción II; 499; 624, fracción segunda; 636; 641 y 643; del Código Civil Federal, en los términos ya precisados en el cuadro referido con antelación.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/ 2014/9925.pdf?view=1

2 Op cit.

3 Julieta Quilodrán. Un siglo de matrimonio en México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, 2001, página 97

4 Tania Rodríguez. Las razones del matrimonio, Representaciones, relatos de vida y sociedad. México, Universidad de Guadalajara, 2001, página 97.

5 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_earlymarriage.html

6 Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Recomendación general número 21. La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, 4 de febrero de 1994 párr. 16.

7 Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Opágina Cit., párr. 38.

8 http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Ensayo_ Matrimonio_Infantil_Concurso-1.pdf

Nancy Carmona Arellano, El matrimonio infantil en México y sus implicaciones en las niñas y adolescentes.

9 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

10 http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/presidencia/ 2015/enapeaembarazo.pdf

11 Ana Luz Ramos Soto citada en Citlali López. “Indígenas en Oaxaca son madres antes de los 16 años”, 12 de noviembre de 2012, disponible en [http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61942]

12 http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Ensayo_Matrimonio_Infanti l_Concurso-1.pdf

Nancy Carmona Arellano, opágina cit.

13 Inegi. Estadísticas a propósito del día de la madre. Datos nacionales, 10 de mayo de 2012.

14 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259. pdf

15 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015). ¿Qué problemas de salud tienen los adolescentes y qué cabe hacer para prevenirlos y responder a ellos? Recuperado el 24 de junio de 2015, de: http://www. who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

16 http://www.unfpa.org.mx/

17 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf

18 http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=listado_documentos &clas=1&id_opcion=75

19 http://www.unfpa.org.mx/publicaciones.php

20 http://www.unfpa.or.cr/index.php/documentos-y-publicaciones-14/informes-unfpa-n acionales-y-mundiales/190-datos-del-informe-epm-latinoamerica-y-costa-rica/file

21 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consentimiento-matrimonial/consent imiento-matrimonial.htm

22 Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y sus consecuencias, Informe temático sobre matrimonio servil, A/HRC/21/41, 10 de julio de 2012, párrafo 13.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Cándido Ochoa Rojas, Francisco Javier Santillán Oceguera, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jesús Zúñiga Mendoza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Omar Noé Bernardino Vargas, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

“Igualdad para la mujer es progreso para todos”: Ban Ki-moon.

Los suscritos, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el 28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los roles y el orden social de género establecieron la división sexual del trabajo, definiendo papeles diferenciados para hombres y mujeres. De acuerdo a éstos, a los primeros se les adjudica la realización del trabajo productivo, reconocido socialmente como tal y por el cual se recibe un pago; mientras que a las mujeres se les asigna como las responsables del trabajo reproductivo, que contempla el trabajo doméstico y el cuidado de los otros, pero que no es reconocido socialmente como trabajo, y por el cual no se recibe ningún pago.

El movimiento feminista ha sido quien principalmente ha pugnado por romper con estas barreras sociales y culturales que determinan roles y espacios diferenciados de acuerdo al sexo, ya que éstos contribuyen y propician directamente el desarrollo de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, aunado a que en lo particular, también limitan o frenan el desarrollo y las expectativas que las personas pueden tener.

En la actualidad, los cambios socioeconómicos, los nuevos modelos de familia y los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, han contribuido al ingreso masivo de éstas al trabajo productivo. Sin embargo, las desigualdades persisten en cuanto al reparto de tareas y responsabilidades, ya que las mujeres muchas veces tienen que realizar una doble jornada de trabajo; y es que, en realidad, su ingreso a estas actividades no ha modificado el hecho de que se considere que “es su deber u obligación” realizar tareas, o que sólo ellas pueden, cuidar o atender a los niños y niñas.

Hasta ahora, el desequilibrio en el reparto de las tareas reproductivas ha sido un factor determinante en la calidad de vida, el uso del tiempo y la trayectoria laboral de las mujeres, ya que incide directamente en su ingreso, salida o reincorporación, por lo que incluso es señalado como el principal obstáculo que impide su desarrollo laboral.

Por ello, a partir de 1981, la Organización Internacional del Trabajo ha exhortado a los gobiernos y a la sociedad en general a adoptar medidas que fomenten una participación más equitativa entre hombres y mujeres en el mercado laboral y en la esfera familiar.

En ese sentido comenzaron a desarrollarse, principalmente en la Unión Europea, legislaciones y políticas públicas que pretenden conciliar el ámbito laboral y familiar, y que tienen por objeto producir cambios estructurales que posibiliten el que mujeres y hombres podamos desarrollarnos dentro de ambos, pero que también, adquiramos y asumamos en igual medida las obligaciones y tareas propias de estos espacios.

Y es que durante mucho tiempo se consideró y se plasmó en las legislaciones y las políticas públicas gubernamentales, que eran las mujeres quienes debían conciliar la vida familiar y laboral, y se establecían diversos mecanismos para ello, como las guarderías o las licencias y permisos para madres.

Sin embargo, se evidenció que estas políticas no contribuían a modificar de fondo los roles de género, a redistribuir recursos y oportunidades, y es que se continuaba dejando la obligación de conciliar sólo para las mujeres, por lo que ahora todas éstas deben ir encaminadas a que hombres y mujeres por igual podamos trabajar y conciliar ambos espacios.

En ese sentido se han implantado también las licencias y los permisos para padres, ya que existen cuidados para los hijos en los que ambos pueden involucrarse y responsabilizarse por igual. Es decir, se pretenden conciliar de fondo las obligaciones propias del ámbito público y privado, y el derecho que tanto mujeres como hombres tienen de participar en ambos.

Y es que mercado de trabajo y vida familiar no deben ser vistos como dos polos opuestos, desvinculados, ya que ambas esferas son centrales para la producción y reproducción social; es decir, son interdependientes en su funcionamiento; por lo que ahora, debemos buscar terminar con esta falsa división entre ambos y con el prototipo de un trabajador desvinculado de su vida familiar, sin responsabilidades domésticas o de cuidado, ya que sólo han generado graves costos sociales, para las mujeres principalmente, como son el desgaste físico, la tensión psicológica, la ansiedad, irritación, depresión, estrés laboral y diversos problemas psicosomáticos.

Por considerar la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral como condiciones básicas para lograr una sociedad más responsable, justa y respetuosa de los derechos humanos de mujeres y hombres, proponemos que los padres tengan derecho a 10 días de licencia con goce de sueldo por motivo del nacimiento de un hijo; para que así, desde un primer momento, puedan tanto cumplir la obligación y responsabilidad conjunta de involucrarse en las tareas de cuidado del menor, como gozar de este derecho.

En el mismo sentido propongo el derecho de un padre de tomar una licencia por 60 días más en caso de muerte de su cónyuge en el parto, y es que este supuesto se considera aun que en ese caso, debería ser algún sustituto femenino quien se hiciera responsable del recién nacido, cuando en realidad esta tarea puede realizarse en igual medida por ambos sexos.

Con la presente iniciativa se busca que los hombres participen en las actividades propias que tienen que ver con el trabajo que se desprende con motivo del nacimiento de los hijos, de participar en la responsabilidad y cuidado, de cambiar pañales y preparar mamilas, es decir de repartirse el trabajo en el cuidado de los hijos e hijas.

El comité de CEDAW ha recomendado que se promuevan reformas legislativas que permitan generar mecanismos que ayuden a una distribución equitativa en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, así como la redistribución de las cargas originadas en el trabajo doméstico no remunerado, por lo que consideramos que este tipo de medidas tienen como finalidad incidir positivamente en esos propósitos.

Por supuesto, este tipo de licencias no son nuevas en el mundo ni en nuestro país. Existen numerosos casos de personajes públicos que en otros países han utilizado esta figura para cumplir esta responsabilidad. Recordemos que Tony Blair, el primer ministro de Reino Unido, estando en funciones, tomó su licencia de paternidad de dos semanas cuando nació su hijo Leo (21 de mayo de 2000). Antes, otro premier, Paavo Lipponen, primer ministro de Finlandia, también utilizó la licencia por paternidad por una semana para cuidar a su hija recién nacida.

Otro caso reciente en el otorgamiento de este tipo de licencias lo podemos encontrar en al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en 2010 decidió otorgar licencias de paternidad a los servidores públicos que ahí se desempeñan.

Por otro lado, este Congreso aprobó una reforma de la Ley Federal de Trabajo y de la ley federal burocrática para establecer que los hombres tendrán 5 días de descanso para atender sus obligaciones paternas al nacimiento de un hijo o hija, no obstante ello, el Movimiento de Padres en Lucha por sus Hijos, ha documentado 89 casos de trabajadores de empresas privadas a quienes se ha denegado el permiso de paternidad, 44 de los cuales fueron en el DF , 14 en el estado de México , 15 en Morelos , 9 en Monterrey , 4 en Jalisco y 2 en Puebla , lo que pone en evidencia la persistencia de una conducta patronal machista que impide el cambio de hecho en las tareas de crianza y cuidado de hijas e hijos.

Nos parece insuficiente que se otorguen sólo 5 días de licencia, pues con esto no se generan responsabilidades en igualdad, ni se fomenta que los hombres asumen plenamente este trabajo, sobre todo cuando existen numerosos casos de entidades y países que han incrementado el número de días otorgados por este concepto, tomando como base que lo que se pretende es el cambio de roles y el compartir responsabilidades y que existen muchas situaciones médicas y de hecho que complican la salud de las mujeres o que ponen en peligro su vida, y entonces es necesario se puedan asumir las responsabilidades por parte de los hombres a través de este tipo de mecanismos legales.

La Senadora Barrales ha hecho un estudio en el cual se establece que en comparación con países europeos, el permiso de paternidad que se otorga en México es insuficiente y las naciones con más beneficios son Suecia, Rumania y Alemania.

Enseguida se muestra que, por ejemplo, algunos países otorgan un número muy superior de días de licencia por este concepto.

País Días de ausencia permitidos

Suecia 480 días para padre y madre

Rumania 126 días para el padre y la madre

Alemania Hasta 98 días para el padre y la madre

México 5 días (Ley Federal del Trabajo y Ley Federal Burocrática; 15 días en el gobierno del DF y 10 días en el go bierno municipal de Guadalajara)

España 13 días

Francia 11 días

Argentina 2 días

Finlandia 18 días

Bahamas 7 días (sin remuneración)

Estonia 14 días naturales

Suecia 10 días más dos meses de licencia parental reservada para el padre

Brasil 5 días.

Empresas como Netflix, especializada en servicios y series de televisión de paga, puso la extensión de los permisos de maternidad y paternidad de actualidad, al anunciar que ofrecerá a sus empleados hasta un año de baja pagada por este concepto, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres.

La misma fuente revela que Noruega ofrece dos semanas, pero en numerosos acuerdos colectivos de sectores laborales llega a 14 semanas más. Islandia proporciona 90 días; Suecia, 70 días y Finlandia 54. En el este de Europa, Eslovenia facilita a los padres 90 días. Estados Unidos, por su parte, mantiene los mismos que para la madre, 84.

En el resto de países las cifras varían entre 10 y 15 días en la mayoría de los casos del continente. En América Latina este derecho es testimonial: Venezuela facilita 14 días, Colombia 8 días y el resto de países entre 8 y 2 días.

Consideramos que lo que podría prevalecer en otorgar sólo 5 días es una visión un tanto parcial, pues los beneficios que generan este tipo de medidas son medibles en términos de productividad y de eficiencia laboral.

Por otra parte, también se incluye que la licencia de paternidad es un permiso irrenunciable y que es obligación de los patrones y superiores otorgarlo, lo que en caso contrario generaría sanciones conforme a le ley de la materia.

Derivado de lo anterior, la presente propuesta busca que se incrementen a 14 los días de licencia y, en caso de muerte de la madre, se otorguen 60 días más por esta causa, tanto en la ley del trabajo como en la ley burocrática.

En virtud de lo expuesto ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional

Primero. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. (...)

I. a XXVI. (...)

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de 14 días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y/o hijas, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Si como consecuencia del parto ocurriere la muerte de la madre, la licencia será de sesenta días más. El permiso de paternidad será irrenunciable por parte del trabajador. La negativa a otorgar el permiso de paternidad será sancionable de conformidad con la presente ley; y

XXVIII. (...)

Segundo. Se adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. (...)

A los hombres se les otorgará licencias de paternidad de 14 días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos y/o hijas, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Si como consecuencia del parto ocurriere la muerte de la madre, la licencia será de sesenta días más. El permiso de paternidad será irrenunciable por parte del servidor público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La nota puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150806_permisos_maternidad_mundo_jm

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

«Iniciativa que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.

Simone de Beauvoir

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El feminismo tiene que ver con un nuevo replanteamiento de las relaciones de poder, también con la libertad de la mujer para decidir, pensar, actuar... y, por supuesto, con el reconocimiento del patriarcado como sistema social y cultural dominante, “la forma de derecho político que los varones ejercen en virtud de ser varones”. (Carol Pateman, 1988).

Ha sido esta dominación del patriarcado la que ha hecho posible que las distintas violencias reconocidas en la legislación, que en principio debería proteger a las mujeres, queden en simples notas de papel.

El clima de impunidad en que actúan los violentos genera una sensación de cierta permisibilidad que los alienta.

Si se pudiera hacer una representación gráfica del nivel de impunidad, por ejemplo en delitos contra las mujeres de tipo sexual, la misma se podría mostrar así:

Según diversas investigaciones, entre las que se encuentra el Índice de Paz del Instituto para la Economía y la Paz, presentado el año pasado, en México hay estados con una tasa de impunidad en homicidios de hasta 95 por ciento. El estudio revela que en el tema de homicidios, en el mundo hay una tasa de seis, por cada 100 mil habitantes; mientras que en México, la tasa es de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según un estudio de diversas instituciones, entre estas la Comisión Especial sobre Feminicidio, aproximadamente 112 mil mujeres son violadas sexualmente cada año (equivalente una cada 4.6 minutos), y la mayoría de los agresores quedan impunes, según especialistas.

Así de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito, según el informe que presentó Amnistía Internacional, AI, en 2012, ante la Organización de las Naciones Unidas, y que integra los datos más recientes disponibles. Es decir, por cada 10 denuncias de violación sexual hubo 2.3 juicios por este delito en ese año en México.

En el caso de la aplicación de las normas mexicanas relativas a los protocolos que se deben observar en los servicios de salud y otros, de nuestro país, en este caso la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la misma no se aplica en dichas instancias, lo que violenta nuevamente el derecho de las mujeres a una atención adecuada conforme a la Ley General de Acceso, y el derecho de acceso a la justicia.

Por lo que el Comité de CEDAW (Comité Sobre la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres) ha recomendado al Estado mexicano, en sus informes séptimo y octavo, a:

a) Establecer mecanismos efectivos, en los planos federal y estatal, para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación;

b) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de los actos de violencia contra la mujer;

c) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizado su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de violencia, y

d) Se asegure que en todos los estados las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a servicios médicos seguros, y se vele por la debida aplicación de la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres –que han sido violadas– a anticonceptivos de emergencia.

Por otra parte, y aunque la propia norma refiere la obligatoriedad en su cumplimiento, diversas han sido las voces de las académicas, expertas y expertos, y de la sociedad civil en general, de construir mecanismos legales que le den mayor certeza a la aplicación por parte de las instancias involucradas.

La inobservancia de su aplicación tiene consecuencias funestas para las mujeres, incluso poniendo en peligro su vida, ya que la regla general es precisamente el no cumplimiento de la misma.

Creemos que esta propuesta puede abonar a brindar mayores elementos para que la norma se coloque en la relevancia estratégica que tiene, y en el contexto de importancia que merece, para salvaguardar la integridad física, para la debida atención y para garantizar mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres. No son en vano las recomendaciones de las expertas de CEDAW, pues ellas mejor que nadie han dado cuenta de la importancia de esta Norma y de la necesidad de que sea observada.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objeto de coadyuvar en la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 46, se adicionan, la fracción XXV, recorriéndose las demás en su número y orden, del artículo 49, y la fracción XI, recorriéndose las demás en su número y orden, del artículo 50, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

I. y II. ...

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; en especial la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

IV. a XIV. ...

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a XXIV. ...

XXV. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; en especial la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres; y

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

...

Artículo 50. ...

I. a X. ...

XI. Promover y ejecutar en todas las instancias del gobierno municipal, según corresponda, la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres; y

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados contarán con seis meses, a partir de la publicación del presente decreto, para adecuar sus leyes locales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco,Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Damos la bienvenida a alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela de Arte y Oficios, turno vespertino, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.

E igualmente damos la bienvenida a alumnos y maestros de la Escuela Primaria Año Internacional del Niño, turno matutino, delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano.

Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es el motor que mueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.

Una reforma como la educativa requiere de sumar esfuerzos y de tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil.

De ahí que autoridades, maestros y padres de familia deben asumir un papel más proactivo, creando canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional.

La política de participación en la escuela de los padres de familia o tutores plantea una misión en común, que la educación pensada como formación y promoción de valor y actitud vital, sólo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto.

Hoy en día un problema que se está generalizando de forma alarmante en la sociedad mexicana es la desintegración familiar. Este fenómeno tiene como efecto la multiplicidad de familias monoparentales y disfuncionales. Sin duda esta situación ha repercutido en la educación, cuidado y desarrollo escolar de nuestros niños y jóvenes mexicanos.

El último estudio realizado por el INEE sobre el panorama educativo de México de 2014 señala que sólo tres de cada 10 estudiantes son asistidos por sus padres de familia en las labores que se realizan en la casa. Asimismo, menciona que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes.

Ahora bien, la Ley General de Educación tras la reforma de septiembre de 2013 tiene entre sus principales objetivos el asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, de los padres de familia y docentes.

El 7 de marzo de 2014 el Ejecutivo federal, a través de la SEP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social, mismos que tienen como principal objetivo fomentar la participación en la educación de los diferentes actores involucrados.

Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es importante recobrar sus principios doctrinarios y acercarlos a la sociedad mexicana en general. Nosotros seguimos pensando que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de la más alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Pero, al mismo tiempo, hay que cambiar la inercia de centralizar en las autoridades educativas y los maestros nuestro proceso educativo nacional.

De igual manera, entendemos que la educación integral infunde afecto y proximidad, forma en valores, como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el cuidado al medio ambiente y la solidaridad y la igualdad.

Si bien es cierto que la reforma a la Ley General de Educación del 2013 impulsó el tema con la visión del artículo 23 Bis, en la realidad aún queda muy endeble la participación de los padres de familia en los consejos.

En razón a lo anteriormente expuesto, proponemos con esta iniciativa adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para establecer como atribuciones de las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, la promoción, información y capacitación de la comunidad escolar, con el propósito de difundir los beneficios y el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas.

Mientras que en el caso del artículo 66, se busca establecer la obligación para quienes ejercen la patria potestad y la tutela de participar y colaborar en los consejos de participación social, cuando así les sea requerido.

Por otra parte, también es importante infundir que deben respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos la autoridad del maestro o docente y las normas de convivencia de los centros escolares.

Esta propuesta busca, en efecto, fortalecer esa participación, conocimiento y el respeto a quienes ejercen la profesión de enseñar, formar y educar a nuestros hijos, como una estrategia para lograr una mayor participación e involucramiento por parte de los padres de familia en nuestro proceso educativo nacional. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII Sextus al artículo 14 y las fracciones VI y VII al artículo 66 de la Ley General de Educación, en materia de participación de los padres de familia en la educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.

En ese sentido, la educación es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a las familias.

México se encuentra inmerso en un proceso de transformación económica y social que inició con el nuevo siglo y que sin duda, depende de las reformas estructurales que le hemos dado en los últimos años, llámese la reforma energética, laboral, financiera, hacendaria entre otras y por supuesto, la educativa.

Una reforma como la educativa, requiere de sumar esfuerzos, de tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil. De ahí que autoridades, maestros y padres de familia, deban asumir un papel más pro activo, creando canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional.

Porque si de algo debemos estar seguros en México, es que los padres de familia, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar y confiar en sus decisiones.

De acuerdo con diversos estudios realizados en Estados Unidos de Norteamérica, en especial el Informe Coleman, Campbell, Hobson, Mcpartland, Word y York, demostró que factores como el nivel socioeconómico de la familia y la escolaridad de los padres influyen en los puntajes que obtienen los estudiantes.

Por otra parte, Balli, Wedman y Demo, reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.

Para el caso mexicano, estudios realizados por González, Corral, Frías y Miranda, asociaron el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.

No podemos dejar de lado la investigación realizada por Fernando Martínez, quien sugiere que el factor más influyente en el desempeño escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante.

En razón de lo anterior, la política de participación de los padres de familia o tutores en la escuela, plantea una misión en común. Que la educación pensada como formación y promoción de valor y actitud vital, sólo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto.

Según Alwyn, “Padres y tutores deben estar al tanto de los logros e insuficiencias del rendimiento académico de sus hijos, que tengan responsabilidad y compromiso en su educación, para que accedan a mejores oportunidades, en una relación causa-efecto, que pregunten, cooperen y ejerzan su derecho y responsabilidad”.

Hoy en día un problema que se está generalizando de forma alarmante en la sociedad mexicana es la desintegración familiar, este fenómeno tiene como efecto la multiplicidad de familias mono parentales, niños cuidados por otras personas que no son sus padres y en ocasiones menores que llegan a un hogar vacío.

Esta situación ha repercutido en la educación, cuidado y guía de la niñez mexicana. El último estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) denominado Panorama Educativo de México 2014, refleja en un estudio realizado con alumnos de tercer grado de primaria, que sólo dos a tres estudiantes, de cada diez son apoyados en sus hogares durante las tareas asignadas en casa.

Asimismo, el INEE asegura que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes, lo cual implica que la familia debe contar con equipamiento básico en el hogar, acceso a medios de comunicación, escolaridad de los padres, expectativas de que sus hijos obtengan estudios superiores, que los padres tengan el hábito de la lectura, participación de los padres en tareas escolares y en reuniones de la escuela.

Por otra parte, debemos mencionar que para fortalecer el proceso educativo de sus hijos, en algunos países de Centroamérica, como El Salvador, donde se implementó el Programa Educo, el cual se basa en la creación, legalización y entrega de apoyo a organizaciones locales que involucran a los padres de familia, para desarrollar nuevos servicios de educación en sus comunidades.

En los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Educación Pública distribuye desde el 2005, el documento Como ayudar a su hijo con la tarea escolar, donde se destaca que los niños son más aptos a tener éxito en el aprendizaje cuando sus familias los apoyan activamente, cuando los padres leen a sus hijos, dialogan con sus maestros, participan en la escuela o en actividades educativas y ayudan con las tareas escolares.

En 2009, la Revista Electrónica de Investigación Educativa publicó en su portal de internet, el artículo Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos, donde se describe el grado de participación de padres y madres de niños de primaria del estado de Yucatán, en las actividades educativas de sus hijos.

El estudio mencionado se basó en tres factores:

1) Comunicación con la escuela;

2) Comunicación con el hijo, y

3) Conocimiento de la escuela.

En general, la participación de los padres en las actividades educativas de los hijos se clasificó como baja o precaria, especialmente en lo referido a los factores 1 y 3.

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:

1) El nivel de estudios de los padres se correlaciona de manera positiva, con la participación de estos en las actividades escolares de los hijos.

2) Los padres y las madres refieren que su participación en las actividades escolares de sus hijos no es buena, especialmente en los aspectos que evalúan su interacción con la escuela.

3) La mayor participación de los padres refleja su apoyo educativo a los hijos en el hogar y no visualizan la importancia de su relación con la escuela como un medio que favorece el desempeño académico de los hijos.

4) Los puntajes de las madres son mejores que los de los padres en todos los factores evaluados e incluso muestran diferencias significativas en los factores conocimiento y comunicación con la escuela, lo cual apunta a que es especialmente la madre quien establece la relación de la familia con otros contextos educativos.

5) Los ítems con puntajes más bajos son aquellos que evalúan aspectos influidos por la interacción y comunicación de los padres de familia y los maestros, lo cual “denota que el punto más crítico de la participación de los padres está referido a su relación con los docentes”.

A nivel internacional, el derecho a la educación se encuentra regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, misma que busca tres objetivos fundamentales:

1) Estimular el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos;

2) Favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre naciones y grupos étnicos o religiosos y;

3) Fomentar actividades para el mantenimiento de la paz.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, ratificada por nuestro país, establece que:

a) Se debe alentar la cooperación internacional;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inspirar en el niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario, y de las civilizaciones distintas de la suya y;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad.

En nuestro país, el derecho a la educación no es un derecho en abstracto, está cargado de un fuerte componente formativo y ligado al discurso democrático y de los derechos humanos. Así lo demuestra el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, segundo y tercero fracción III, los cuales establecen que:

“Artículo 3o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

I. ...

II. ...

III.“Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale...”

Mientras que el artículo 31, fracción primera, de la Constitución señala que:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

De acuerdo con el gobierno federal, la reforma constitucional de 2013 en materia educativa, dota al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsan su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegurando la obligación del estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria; la creación de un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la constitución del INEE, como máxima autoridad en materia de evaluación.

Ahora bien, la Ley General de Educación tras la reforma de septiembre de 2013, tiene entre sus principales objetivos, asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes.

Así lo establecen los artículos 2o., párrafo tercero; 12, fracciones III, V Bis y XI; 22, párrafo segundo; 28 Bis, fracción III; 33, fracción XI; 48, párrafo segundo y 65 al 73 de la citada ley.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta nacional México con Educación de Calidad, establece en su respectivo enfoque transversal, Estrategia II Gobierno Cercano y Moderno, entre sus líneas de acción las relativas a “Actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y los alumnos”, y “Definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos”.

Finalmente, el 7 de marzo de 2014 el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 716, por el que se establecen los Lineamientos para la Constitución, Organización y Funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, mismos que tienen como principal objetivo fomentar la participación en la educación de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo, como lo hemos señalado en párrafos anteriores.

Ahora bien, a manera de referencia realizamos el siguiente cuadro, donde podemos apreciar las coincidencias y diferencias de los marcos normativos en países como Chile, España y México, en relación con los derechos y obligaciones de los padres de familia en torno al proceso educativo nacional, con la finalidad de establecer las posibles coincidencias y aportaciones que nos pueden dar estos ordenamientos.

Como podemos observar, en las leyes de educación de Chile y España, se pone un fuerte énfasis en la obligatoriedad de la participación de los padres de familia en los consejos o centros de padres y apoderados, así como la obligatoriedad de respetar y fomentar el respeto a las autoridades y componentes de la comunidad educativa.

Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es importante recobrar sus principios doctrinarios y acercarlos a la sociedad mexicana en general. Por lo que seguimos pensando que “es responsabilidad del estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos; pero al mismo tiempo, cambiar la inercia de centralizar en autoridades educativas y maestros, el proceso educativo”.

De igual manera, entendemos que: “la educación integral, infunde afecto y proximidad, forma en valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente, la solidaridad y la igualdad;expresiones humanas necesarias para construir una sociedad ordenada y generosa”.

Si bien es cierto que la reforma a la Ley General de Educación de 2013, impulsó el tema con la adición del artículo 28 Bis, la realidad es que aún queda débil su participación en los consejos de participación social.

De acuerdo a los estudios anteriormente citados, los padres de familia no visualizan la importancia de su relación con la escuela como un medio que favorece el desempeño académico de los hijos. Y por otra parte, se puede afirmar que el punto más crítico de la participación de los padres está referido a su relación con los docentes.

Por otra parte, debemos señalar que de acuerdo con el estudio realizado por Marcos Jacobo Estrada, se comprueba que es el estado quien ha marcado la pauta de la política educativa, sin considerar una participación real de los padres de familia, mismos que al no visualizar el respeto y consideración a sus inquietudes y propuestas, se alejan del maestro, de los directivos y por ende, del proceso educativo de sus hijos, sea este al interior de las escuelas o fuera de ellas. Peor aún, el autor menciona que la Ley vigente no considera un recurso legal para que los padres de familia hagan valer sus derechos, por lo que su participación queda acotada, limitando su eficacia e interés.

Asimismo, Silvia Conde demuestra que en la participación de los padres de familia “hay un tipo de participación más cercana a lo comunitario que a lo escolar; además la existencia de importantes prejuicios de padres hacia los maestros y viceversa, pero que éstos se pueden romper, básicamente, a través del conocimiento e involucramiento en la escuela y en que ésta tenga relevancia para los padres, pues se les presenta como separada de la vida campesina y la vida comunitaria, por eso la promoción de aprendizajes vinculados con ésta les permite acercarse a la escuela, verle alguna utilidad” 13.

En este sentido, debemos hacer conciencia de que los docentes prefieren mantener alejados a los padres de familia porque en su apreciación, éstos les generan conflictos; que existe una idea generalizada de que son los maestros y las autoridades los que deben participar en la labor educativa, dejando muy acotada la participación de los padres; incluso se ha demostrado que no en todas las escuelas se conforman consejos escolares y esto se debe a que las autoridades educativas no instruyeron a los directores para su creación y a la apatía de los miembros de la comunidad escolar para integrarlos y que por ende, las reuniones de los consejos se dan básicamente para planear actividades escolares.

Finalmente, debemos citar que Mercedes Ruiz, encuentra en sus estudios y análisis que “...la fórmula que parece haberse comprobado es que a mayor valoración de los padres sobre la escuela, mayor participación de los niños en el trabajo escolar académico. De la misma forma se destaca también cómo pervive la participación de los padres en los centros escolares bajo una visión tradicional, que la muestra centrada en aspectos de administración escolar y en el mantenimiento de la misma, con un matiz asistencialista y de apoyo económico y material”.

En razón de lo anterior, proponemos adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para establecer como atribuciones de las autoridades educativas federales y locales de manera concurrente, la promoción, información y capacitación de la comunidad escolar, con el propósito de difundir los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas.

Mientras que en el caso del artículo 66, se busca adicionar las fracciones VI y VII, a fin de establecer la obligación para quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de participar y colaborar en los consejos de participación social cuando así les sea requerido y por otra parte, la de respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos, la autoridad del maestro o docente y las normas de convivencia de las escuelas.

La propuesta busca en efecto, fortalecer esa participación, conocimiento y el respeto a quienes ejercen la profesión de enseñar, formar y educar a nuestros hijos, como una estrategia para lograr un mayor involucramiento por parte de los padres de familia en el proceso educativo nacional. De ahí que la propuesta para reformar la Ley General de Educación sea la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único.Se adiciona una fracción XII Sextus al artículo 14 y las fracciones VI y VII al artículo 66 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XII Quintus. ...

XII Sextus. Diseñar y aplicar programas de formación y capacitación para la comunidad escolar, que tengan como propósito difundir los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas;

XIII. ...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a V. ...

VI. Participar y colaborar al interior de los consejos de participación social, cuando así le sea solicitado por la institución educativa a la que asistan sus hijos o pupilos.

VII. Inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a la autoridad del maestro o docente y a las normas de convivencia de las escuelas.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente decreto se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados en sus respectivos presupuestos.

Notas:

1 Valdés, A., Martín, M. y Sánchez Escobedo, P. A. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11 (1). Consultado el día 28 de enero de 2016 en:

http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-valdes.html

2 Balli, S.; Wedman, J.y Demo, D. (1997). “Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting”, Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural.Enseñanza e Investigación en Psicología, 3 (1), 157-167.

4 Martínez, F. (2004). La educación, la investigación educativa y la psicología. En S. Castañeda (Ed.), Educación, aprendizaje y cognición. Teoría en la práctica (pp. 3-13). México: El Manual Moderno.

5 AYLWIN, M. (2002)Revista de Educación Nº 223, Ministerio de Educación, Stgo. Págs. 32-35.

6 Consúltese, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México. 2015. 505 páginas.

7 http://www.oei.es/quipu/salvador/Educo.pdf

8 Valdés, Á. A., Martín, M. y Sánchez Escobedo, P. A. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11 (1). Consultado el día 19 de enero de 2016 en: http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-valdes.html

8 Op Cit. “En general, pocos padres describen su participación en las actividades escolares de los hijos como buena, y resulta especialmente notable en los aspectos relativos al Conocimiento y Comunicación con la escuela, lo cual evidencia la existencia de un problema importante dentro de la educación mexicana: la escasa participación de los padres en las actividades escolares...”.

9 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335232 &fecha=07/03/2014

11 http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v19n58/11.pdf Pág. 4

12 Op. Cit. Pág. 5

13 Op. Cit. Pág. 6

14 Op. Cit. Pág. 5

15 Op. Cit. Pág. 5

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputadas: Rocío Matesanz Santamaría, María Del Rosario Rodríguez Rubio, Maria Luisa Beltrán Reyes, Vecchia Mónica Rodríguez Della (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Matesanz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Damos la bienvenida a alumnos y docentes del área de Humanidades del sexto semestre de preparatoria del Colegio Inglés, de Playa del Carmen, Quintana Roo, invitados por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich. Y también la bienvenida a vecinos del distrito 24 de Coyoacán, invitados por el diputado Héctor Barrera Marmolejo. Bienvenidas todas y todos ustedes a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Cristina Teresa García Bravo, a nombre del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada Cristina Teresa García Bravo.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, estoy aquí para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa que contiene reformas a la Ley General de Salud en materia de marihuana medicinal.

En las dos últimas legislaturas, nuestro grupo parlamentario ha impulsado el debate para hacer posible el uso medicinal de la marihuana. Hemos presentado ya algunas iniciativas, organizado foros nacionales e internacionales con expertos de todo el mundo, incluyendo al ex presidente de Colombia César Gaviria y al ex presidente de la Confederación Suiza Ruth Dreifuss, ambos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, y además concurrido a mesas de trabajo en la propia Secretaría de Salud.

Actualmente, están en curso las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, organizadas por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal. También llevado a cabo mesas de discusión en el debate nacional sobre el uso de la marihuana.

Hemos recibido valiosas aportaciones de los expertos y de las organizaciones sociales, también recibimos propuestas importantes del jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de otros actores muy relevantes, que sería largo enumerar aquí.

Finalmente, construimos la propuesta que hoy presento, que cuenta con el aval de mi partido y de todo mi grupo parlamentario. En la iniciativa que ponemos a consideración de esta soberanía, se plantea reformar los artículo 237 y 245 de la Ley General de Salud, con el objeto de fortalecer el derecho a la protección de la salud, ya que se prevé regular la importación a nuestro país de medicamentos hechos a base de marihuana, con los cuales el sistema nacional de salud estará en mejores condiciones para atender enfermedades y padecimientos con nuevos desarrollos científicos que han probado su pertinencia técnica y curativa en el mundo.

En esta iniciativa se propone eliminar la prohibición que actualmente existe en el artículo 237 de la Ley General de Salud, respecto a la importación, portación, prescripción y utilización para fines terapéuticos, de los medicamentos derivados de extractos de cannabis y cannabinoides sintéticos de uso clínico.

Con el objeto de poner a disposición de los pacientes tales medicamentos a través de las prescripciones que autoricen sus médicos y observando los debidos controles que establezcan las autoridades sanitarias.

Las recientes investigaciones sobre la marihuana medicinal en México han arribado a conclusiones importantes relativas a la evidencia científica, que dan soporte al uso medicinal para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes mellitus, el glaucoma, la epilepsia, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad del alzheimer, la ansiedad, depresión, los trastornos del sueño, el asma bronquial y la isquemia cerebral.

Adicionalmente, la industria farmacéutica global ha desarrollado en diversos países de Europa y Estados Unidos algunos preparados para uso clínico que contienen cannabinoides derivados de la cannabis sativa e índica, como el PHC y el cannabidol y cannabinoides sintéticos de uso clínico.

Por tales razones se propone reformar el artículo 245 que actualmente niega las cualidades terapéuticas del THC y se propone reconocerles efectividad medicinal, al igual que otras sustancias como el CBD y cannabinoides sintéticos de uso clínico derivados de la cannabis.

Compañeras y compañeros, diversos países del mundo que contemplan a la salud dentro de sus prioridades como política de Estado, ya han legalizado el uso terapéutico de la marihuana. Nuestro país no puede seguir negando el uso de este tipo de medicamentos a los pacientes que lo necesiten.

El derecho a la salud es un derecho constitucional y los derechos no se deben restringir, mucho menos cuando está en juego la salud y la vida de miles de personas. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, a cargo de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

Antecedentes

México decidió hace más de treinta años configurar constitucionalmente un derecho fundamental como es el Derecho a la Protección de la Salud. Se trata de un derecho social, de un derecho humano de los clasificados como de segunda generación que permite el acceso a los servicios de salud, sean de atención médica, de salud pública y de asistencia social. Este derecho quedó inscrito en el artículo 4o. constitucional, como reflejo de la evolución social de México, impulsado por el desarrollo social del país y por el marco jurídico internacional que considera el derecho a la protección de la salud como una referencia específica de los derechos humanos. De esta manera, son numerosos los instrumentos y pactos internacionales que garantizan el derecho a la protección de la salud.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. En el mismo sentido existen otros acuerdos de las naciones como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la ONU (1966) que entre otras medidas señala: “Los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, así como que los Estados parte del Pacto deberán crear “las condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. Otros instrumentos internacionales, de los cuáles México forma parte, se refieren al derecho a la protección de salud y a la asistencia médica como La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1969); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o Pacto de San José (1978); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) que establece: II. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, ha determinado que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Para la OMS, entre otras cuestiones, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y es no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La extensión de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines resulta esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Adicionalmente una opinión pública bien informada y la cooperación activa del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. La salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

Adicionalmente, como advierte otro organismo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un sistema de salud precario “puede afectar el crecimiento económico de la nación al debilitar la productividad laboral, aumentar la carga de las enfermedades y reducir la participación de la familia en la actividad económica, en la asistencia escolar y en el aprendizaje”.

Según lo han expuesto los especialistas en derechos humanos, el derecho a la salud genera la obligación del Estado de preservar y proteger el bien jurídico garantizado por la Constitución, –la salud– y por ello la obligación para los poderes públicos de abstenerse de dañarla, como su correlativa obligación de evitar que los particulares, grupos o empresas la dañen.

Nunca resulta reiterativo invocar el texto del cuarto párrafo del artículo 4o. constitucional que garantiza el derecho a la protección de la salud para todas las personas:

Toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Desde su expedición el 7 de febrero de 1984, la Ley General de Salud se ha reformado y adicionado en múltiples ocasiones, confirmando con ello que el derecho es un instrumento del cambio social y que la actividad legislativa tiene como propósito orientar y producir los cambios y adecuaciones que la sociedad requiere y demanda. Entre estas transformaciones y sólo para dar un ejemplo del impacto social que la Ley General de Salud ha tenido en la vida de la República, pueden mencionarse las reformas o adiciones para la regulación del uso y consumo del alcohol y del tabaco; las reformas en materia de donación de órganos y tejidos, así como la relativa al régimen de trasplantes, la referida en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la concerniente a los controles para la prescripción de estupefacientes que debe hacerse en recetarios que contienen código de barras asignado por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias estatales, o la cantidad máxima de unidades prescritas por día que deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto. La decisión legislativa de incorporar a las materias de salubridad general al Genoma Humano y consecuentemente agregar un título sobre el particular. Más recientemente, la reforma que adicionó un título, el Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal” o la correspondiente al cambio climático.

La Ley General de Salud ha sido pues el instrumento del Estado para dar efectividad al derecho a la protección de la salud y para cumplir con la obligación de velar por el bienestar de la población en general, pero es también el escudo e instrumento de defensa de ese derecho fundamental de los particulares frente al Estado. La efectividad del derecho a la protección de la salud constituye además una garantía de igualdad entre los miembros de una comunidad que disfrutan de sus beneficios. Ahora bien, en virtud de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos promulgadas en 2011, se modificó profundamente la forma de concebir e interpretar los derechos humanos en México, incluyendo el mencionado derecho a la protección de la salud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que esta reforma en materia de derechos humanos tiene una doble vertiente: por un lado se refiere al fortalecimiento del juicio de amparo, institución mexicana por excelencia protectora de los derechos humanos, de manera que se amplió su procedencia respecto de cualquier norma general, en específico por violaciones a derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México sea parte, y por la otra en el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos a través del principio jurídico de pro persona guía para interpretar y aplicar las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

La Constitución mexicana reconoce que los derechos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales son derechos fundamentales. Con la reforma de 2011, se creó un bloque de constitucionalidad integrado no solo por las disposicionesconstitucionales, sino de igual manera por los tratados internacionales. A la luz de estos preceptos se debe interpretar la Constitución mexicana. Estas normas internacionales impulsan ahora el marco normativo del país.

Consideraciones

Primera. Durante la segunda mitad del siglo XX, México se sumó a una corriente internacional caracterizada por la prohibición y represión de cualquier conducta relacionada con estupefacientes y psicotrópicos. Los países que forman parte de la comunidad de naciones decidieron reforzar sus marcos normativos para establecer, además de prohibiciones generalizadas, castigos y penas a quienes transgredieran las disposiciones que fueron diseñadas para inhibir conductas relacionadas con la producción, tráfico, posesión y en algunos casos consumo de sustancias prohibidas. De igual manera las convenciones internacionales sobre drogas siguieron un patrón similar para comprometer a los países participantes en las políticas prohibitivas y represivas. Se configuró de hecho una plataforma internacional de “luchas contra las drogas” que al paso del tiempo fue mostrando sus fallas, desarticulaciones e incapacidad para controlar efectivamente un problema que fue visto como de orden penal, al que consecuentemente había que enfrentar las facultades represivas de los Estados. Después de casi cincuenta años de esperar los resultados de esas políticas internacionales, el número de usuarios ha aumentado y se han agravado los problemas sociales derivados del narcotráfico en el mundo. No se ha disminuido el consumo de drogas, no se ha evitado el lavado de dinero, el tráfico de armas, y la violación de derechos humanos que, conforme a la ONU, va en aumento globalmente.

Ante el fracaso, se han recorrido distintos caminos con el propósito de encontrar nuevas salidas que conviertan un problema de inseguridad global en uno de salud pública. En el caso específico de la marihuana, una de las drogas que más se consumen en el mundo, conforme al reciente Informe 2015 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha iniciado un movimiento de revaloración de sus características, al percatarse que no resultaba consistente equiparar, hasta el grado de asimilar penalmente al Cannabis con otras drogas como la cocaína, el opio, la morfina y la heroína, como ocurre todavía en diversas legislaciones. Uno de los aspectos en el que dicho movimiento global se ha ocupado, se refiere a la, consideración de los daños físicos, psíquicos, sociales y económicos que ocasiona la marihuana, pero de manera señalada el hecho de que el Cannabis contiene sustancias que después de lustros de investigación científica han comprobado su valor medicinal y sus cualidades terapéuticas probadas.

Segunda. El cannabis como remedio de la herbolaria se ha utilizado desde hace varios siglos por distintas culturas para tratar padecimientos diversos popularmente se le han atribuido cualidades curativas para problemas de ansiedad, depresión, obesidad, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, glaucoma, asma enfermedades autoinmunes y cáncer. Otros padecimientos menores, en el saber popular, también pueden atenderse a través de la marihuana como dolor, inflamación, insomnio, falta de apetito, náusea, vómito e isquemia cerebral. Sin embargo, la marihuana y quienes se le aproximan, trátese del usuario recreativo, el paciente dual, el médico general y/o psiquiatra, el investigador universitario y hasta el legislador y los encargados de las políticas de salud de una nación, han sido socialmente estigmatizados. Resulta que la lógica sociocultural es la que impera por encima de la científica, como lo señala el estudio hecho en México más completo sobre la marihuana y su correlación con la salud: (Marihuana y Salud, Juan Ramón de la Fuente coordinador, Fondo de Cultura Económica, Academia Nacional de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca de la Salud, México, 2015). Según esta investigación en la estigmatización de los usuarios de la marihuana participa el concepto de “droga”, pues es la sociedad la que determina qué sustancias son consideradas como drogas “ilegales” y cuáles son “legales”, y en este proceso el conocimiento científico había sido relegado por los prejuicios y la estigmatización.

No obstante lo anterior, se percibe un cambio cultural y social en esta materia y ante el mismo los legisladores tenemos la obligación de estar atentos a los nuevos desarrollos y tratar de interpretar los mismos. Una reciente encuesta (noviembre de 2015) practicada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, CESOP, mostró que 76 por ciento de los mexicanos avala que la marihuana sea legalizada para fines médicos. En abril de 2014 el porcentaje de quienes expresaron su aprobación al uso terapéutico o medicinal del cannabis sativa había sido de 73 por ciento, tres puntos porcentuales menos.

Más allá de las consideraciones empíricas y populares existe un movimiento científico en el mundo que ha encontrado evidencia de las propiedades medicinales del cannabis. Existen proyectos de investigación concluidos que demuestran los beneficios para la salud asociados a esta substancia. Actualmente están en curso oficial en Estados Unidos 350 protocolos de estudio que investigan las propiedades medicinales de la marihuana.

Los descubrimientos de las cualidades medicinales de los derivados del cannabis sativa, índica americana, mariguana, o su resina han propiciado que varios países, Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Chile, algunas provincias en España, Finlandia, Holanda, Israel, Portugal y Uruguay por mencionar algunos, permitan su utilización terapéutica. Recientemente se ha anunciado que Colombia está en el proceso de legalizar la marihuana para fines medicinales. En Estados Unidos, 23 estados y la ciudad capital, Washington D.C., han aprobado su uso medicinal, algunos, como el estado de California, desde 1996.

Existe evidencia científica de que, bajo estricta supervisión médica, el cannabis es una opción en pacientes que no responden a terapias convencionales en diversos padecimientos. Según el Departamento de Salud del estado de Minnesota en la Unión Americana, estado en donde la marihuana medicinal es legal, la evidencia científica ha identificado los padecimientos que se pueden atender con esta sustancia. Se trata del cáncer, si el padecimiento produce dolor crónico agudo, náusea o vómito severo, notable pérdida de peso, o fatiga aguda; el glaucoma; el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH); el síndrome de Tourette; la esclerosis lateral amiotrófica; las convulsiones, incluyendo las derivadas de la epilepsia; severos espasmos musculares incluyendo los propios de la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn; las enfermedades terminales en que la expectativa de vida es menor a un año, si es que la enfermedad produce: dolor crónico agudo, náusea o vómito severo, notable pérdida de peso, o fatiga aguda.

En México, recientes investigaciones sobre la marihuana medicinal han arribado a conclusiones similares como el que “la evidencia científica disponible explica y da soporte al uso medicinal de la marihuana y ahora se acepta que su administración en ciertas enfermedades da lugar a efectos terapéuticos definidos significativos”. El estudio en cuestión señala además que “los ensayos clínicos controlados con firman su eficacia y seguridad relativas y, al mismo tiempo, la pertinencia de ser evaluada rigurosamente como cualquier otro medicamento, en especial sus efectos a largo plazo”. Conforme a esta investigación mexicana: “En diversos países están en curso una gran variedad de estudios experimentales y clínicos válidos de la cannabis sativa. De ellos y en atención a su naturaleza y relevancia, conviene destacar los siguientes: 1) cáncer; 2) diabetes mellitus: 3) glaucoma; 4) epilepsia; 5) esclerosis lateral amiotrófica: 6) enfermedad de Alzheimer; 7) ansiedad-depresión; 8) trastornos del sueño; 9) asma bronquial; 10) isquemia cerebral. (Marihuana y Salud, Juan Ramón de la Fuente, coordinador.)

Tercera. La industria farmacéutica global ha investigado y desarrollado en Estados Unidos, Inglaterra y otros países y tiene disponibles para uso clínico preparado que contienen cannabinoides derivados de la de Cannabis sativa e índica (como el THC y el cannabidiol) y “cannabinoides sintéticos de uso clínico”.

La presente iniciativa tiene como finalidad permitir la importación al país de medicinas que contengan extractos de cannabis sativa, índica americana o mariguana, o su resina, “cannabinoides sintéticos de uso clínico” para su uso terapéutico. Estos medicamentos han probado sus cualidades terapéuticas, con base en la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica. Existen en el mercado global para uso clínico varios extractos de cannabis sativa o índica, así corno “cannabinoides sintéticos de uso clínico” y variedades de cannabis sativa, índica o americana diseñadas con fines terapéuticos.

Corresponde al Congreso de la Unión, en razón de las facultades conferidas por la Constitución en el artículo 73, fracción XVI, legislar en esta materia y dar un paso adelante en el escenario de la salud. Las entidades federativas no pueden legislar dentro de una ley de bases generales, por lo que la determinación de la soberanía popular expresada por los legisladores federales repercutirá en las entidades federativas que integran el pacto nacional. Las condiciones científicas, médicas y sociales del país, aconsejan cambios a favor de la salud de la población. Por ello es el momento de avanzar en las adecuaciones necesarias a la Ley General de Salud para permitir la importación de medicamentos a base de marihuana.

Los últimos desarrollos científicos han hecho evidente el beneficio para la salud de la población que padece enfermedades que requieren el uso de la marihuana medicinal, como lo ha comprobado y demostrado la investigación científica sobre el tema.

Más allá de privar a pacientes que podrían encontrar alivio a sus padecimientos con “cannabis medicinal”, no actuar sobre este particular podría llevar además al absurdo de un tráfico ilegal de contrabando al país de medicamentos procedentes del estado de California de Estados Unidos. En California se aprobó desde 1966 la proposición 21.5. o “Compassionate Use Act” para permitir el uso medicinal de la marihuana en su territorio. Actualmente el uso medicinal del cannabis es amplio y permitido por las leyes en ese estado fronterizo con México. Ante la circunstancia de la cercanía geográfica de México con Estados Unidos y el hecho de que California haya legalizado la marihuana para uso medicinal, llevaría al escenario de que medicamentos legales en el vecino país, aunque prohibidos en el nuestro, sean introducidos a México por la vía del contrabando, lo que inevitablemente sucedería, tanto si no se modifica el marco normativo que regula el hace respecto a la importación y venta de productos controlados que contengan sustancias consideradas por la mencionada ley como estupefacientes.

Uno de los instrumentos fundamentales para hacer efectivo el derecho a la protección dela salud establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Ley General de Salud. Se trata de la ley que reglamenta este derecho y establece las bases y modalidades para el acceso a la salud, así como la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Conforme a la Ley General de Salud la importación de productos forma parte de la salubridad general. La Constitución señala que corresponderá el Congreso de la Unión legislar sobre “salubridad general”.

La Ley General de Salud establece que la importación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración está sujeta a control sanitario. Este control es exclusivo de la Secretaría de Salud en función del potencial riesgo para la salud que representan tales sustancias (artículo 194). Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas y los productos que los contengan deben contar con autorización sanitaria (artículo 204).

La ley define que sustancias deben considerarse para efectos de la propia ley como estupefacientes. Entre una amplia lista incluye el cannabis sativa, índica, americana, su resina preparados y semillas (artículo 234). La importación de estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o preparados que los contengan requieren autorización de la Secretaría de Salud. La ley señala que las importaciones de estas substancias podrán realizarse únicamente por la aduana de puertos aéreos que determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. Está prohibida la importación por vía postal. (Artículo289).

En esta lista de sustancias consideradas por la Ley General de Salud como estupefacientes se encuentran algunas que pueden ser importadas al territorio nacional, como es el caso de la morfina. No obstante, el cannabis, sus derivados y en general los “cannabinoides sintéticos de uso clínico”, no pueden en ningún caso recibir autorización para su importación, lo que hace nugatorio la importación de los medicamentos conocidos como “marihuana medicinal”, que han probado su idoneidad en el tratamiento de diversos padecimientos con base en estudios científicos.

Conforme avance el debate sobre la marihuana, ya en marcha, se hará evidente lo inconveniente de la prohibición y la cancelación de beneficios para pacientes que podrían encontrar alivio o cura de sus padecimientos.

La propuesta de reformas a la Ley General de Salud tiene como propósito permitir la importación de medicamentos que contengan extractos de Cannabis sativa, índica americana o marihuana, o su resina, “cannabinoides sintéticos de uso clínico”, para atender a pacientes que los requieran y puedan disponer de los mismos, conforme a los protocolos, norma? oficiales, acuerdos administrativos del Consejo de Salubridad General y de la Secretaria de Salud, reglamentos y disposiciones de los medicamentos sujetos a control sanitario.

No obstante, los avances científicos, el sistema legal mexicano prohíbe terminantemente todavía cualquier aproximación a favor de pacientes que pudieran encontrar alivio a sus padecimientos en el cannabis, debido a que su producción e importación están prohibidas por disposiciones de la Ley General de Salud.

Habría que tomar en consideración que la ley es terminantemente prohibitiva en cuanto al Cannabis, sin embargo, algunas otras sustancias, también tipificadas legalmente como estupefacientes, reciben un tratamiento diferente, de manera que la importación de medicamentos que las contienen, o la de los precursores químicos se encuentra permitida, si se cubren requisitos y protocolos reglamentarios. Ante la evidencia científica existente no se encuentra una razón de control sanitario que aconseje continuar con la prohibición de importar extractos de Cannabis, Cannabis diseñada para fines terapéuticos y “cannabinoides sintéticos de uso clínico”. Lo anterior sin dejar de considerar la necesidad de ejercer un control sanitario estricto sobre las importaciones, portación y utilización terapéutica de tales medicamentos. La modificación a los preceptos que se propone permitirá una mejor atención a un número muy considerable de pacientes que encontrarán en los medicamentos importados, bajo la autorización de las autoridades sanitarias los beneficios en su salud, advertidos ya en la investigación científica que respalda su utilización.

Cuarta.Esta iniciativa plantea la modificación de preceptos de la Ley General de Salud con el exclusivo objeto de permitir la importación de medicamentos derivados de extractos de cannabis, cannabis diseñada para fines terapéuticos y “cannabinoides sintéticos de uso clínico”, producidos por laboratorios farmacéuticos en el extranjero. La autoridad sanitaria ejercería el control de estos medicamentos de la misma manera como se hace respecto a la importación y venta de productos controlados que contengan sustancias consideradas como estupefacientes.

La prohibición deriva de un artículo vigente de la Ley General de Salud (artículo 237) que prohíbe expresamente la importación de cannabis sativa, indica y americana o mariguana en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Los actos que prohíbe la Ley en cuestión en su artículo 235 son: la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo. Este es el texto del precepto de la Ley General de Salud que se plantea modificar:

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o mariguana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erithroxilón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Por otra parte, la Ley General de Salud en el Capítulo VI determina cuáles son aquellas sustancias que deben ser consideradas como psicotrópicas. Al hacerlo establece en el artículo 245 de la Ley General de Salud que se reformaría, cinco grupos en la clasificación precisando las características terapéuticas y si tales sustancias constituyen o no un problema para la salud pública. De esta manera las sustancias enlistadas en el grupo I se identifican como aquellas que “tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública”. En este grupo se encuentran tanto el denominado THC, cuya denominación química es tetrahidrocanabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7) ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) el cannabidiol y otros cannabinoides derivados de la cannabis sativa, sus variantes estereoquímicas, así como los “cannabinoides sintéticos de uso clínico” quedarían ubicados en el grupo III que enlista a sustancias que son: “Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen y un problema para la salud pública”.

Debido a que carece de valor terapéutico probado y que su empleo se ha asociado a consecuencias adversas para la salud los “cannabinoides o marihuana sintética” o de diseño, conocida como K2, y otros compuestos análogos permanecerían dentro de la categoría I.

Es de resaltar el interés del juzgador federal por resolver el conflicto que obstaculizaba el derecho a la protección de la salud de la menor Graciela Elizalde Benavides, al no existir facultades de la autoridad administrativa, ni condiciones institucionales, que le permitieran a la autoridad sanitaria autorizar la importación de componentes anticonvulsivos que contengan cannabidiol (CBD) y garantizar el derecho a la protección de la salud. De particular utilidad es la argumentación del Juez Federal al conceder la Suspensión Definitiva al señalar que “el derecho a la salud, como derecho humano fundamental, se encuentra como principal medida imprescindible tendente a evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, aspecto que adquiere mayor relevancia, tratándose de menores”.

El Congreso de la Unión es el órgano en el que se deposita el Poder Legislativo federal y realiza primordialmente la función de elaborar las leyes. Su tarea fundamental es crear el Derecho que debe regir en una sociedad. Entre las facultades que le confiere la Constitución está la de legislar en materia de salubridad general. Para cumplir con tales facultades es evidente que el Poder Legislativo, al ser parte integrante, del Estado mexicano debe estar y está atento a los cambios sociales que empiezan a ocurrir fuera del sistema jurídico y debe darles el cauce y orientación que la sociedad reclama y exige. La conveniencia y necesidad de disponer de nuevos medicamentos, producidos por los nuevos desarrollos científicos y médicos, como los que comprenden la llamada “marihuana medicinal”, se presenta como una oportunidad para seguir avanzando en la conformación de una mejor atención médica y de cumplir con el desiderátum a que obliga el derecho a la protección de la salud contenido en el texto constitucional. La Iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud comprende por una parte la supresión de la prohibición contenida en el artículo 237 a la importación, portación, prescripción médica, suministro y utilización de medicamentos que contengan extractos de cannabis sativa, índica y americana o “cannabinoides sintéticos de uso clínico” y la mención de que queda exceptuada de la prohibición la importación de tales medicamentos.

Quinta. Existen otras sustancias consideradas como estupefacientes y sustancias químicas, si bien están sujetas a estrictos controles sanitarios, que son susceptibles de importación, portación y utilización por sus cualidades terapéuticas. Recientemente, la Secretaría de Salud echó a andar la Estrategia Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos. Dicha estrategia, según informa la Ssa “implica que exista un abasto adecuado de medicamentos que contienen opioides como la morfina que son la piedra angular del tratamiento del dolor por cáncer”. El diseño para el acceso y disponibilidad de analgésicos opioides desarrollada por la SSA, llevó a la modificación de la Ley General de Salud para adicionar un Título Octavo Bis intitulado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”. Adicionalmente se integró un grupo de Acción Rápida para identificar y resolver el problema del desabasto de morfina en México, en este grupo de trabajo participaron, la autoridad sanitaria, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, los laboratorios productores de morfina, las farmacias, los distribuidores de medicamentos, los Institutos Nacionales de Salud y la Academia, particularmente la Facultad de Medicina de la UNAM. Se expidió además la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, la que establece los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos y se emitió un Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que declaran obligatorios los esquemas de manejo Integral de Cuidados Paliativos, así como los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos.

El uso de medicamentos que contienen derivados de la cannabis o “cannabinoides sintéticos de uso clínico” ha generado interés de la opinión pública y particularmente de grupos de enfermos que han planteado su deseo de encontrar alivio a sus padecimientos. El tema ha llegado hasta el Poder Judicial de la federación. En una reciente resolución, un juez de distrito, funcionario judicial que tiene a su cargo, entre otras tareas, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades, concedió la suspensión definitiva en un amparo planteado por los padres de una paciente menor de edad. Se solicitó a la autoridad judicial federal autorizara la importación, portación y consumo del componente a base de cannabidiol o CBD, un derivado de la cannabis sativa, para las necesidades médicas inmediatas de la menor Graciela Elizalde Benavides, quien padece el síndrome Lennox-Gastaut. (Expediente 1482/2015-II). Los actos reclamados: los artículos de la Ley General de Salud que impiden la importación de la “marihuana o cannabis medicinal” y la negativa de la autoridad sanitaria para autorizar la importación. Estos actos fueron suspendidos definitivamente por el Juez de Distrito con base en el hecho de que “los componentes anticonvulsivos que contengan cannabidiol, CBD, no son de aquellos.

En este sentido el presente Proyecto de Reformas a la Ley General de Salud forma parte del derrotero que ha seguido la vida jurídica de los preceptos que conforman la Ley General de Salud. Confirma el sentido vivo y actuante de las disposiciones que preservan y fortalecen, al actualizar sus contenidos, el derecho a la protección de la salud. Al permitir la importación al país de medicamentos de la llamada marihuana medicinal, el Sistema Nacional de Salud estará en mejores condiciones para atender enfermedades y padecimientos con nuevos desarrollos científicos que han probado su pertinencia técnica y curativa en el mundo.

La función legislativa es una de colaboración con la sociedad y en particular con los otros Poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial de la federación. Por ello la reforma que se propone implicará la acción ejecutiva y administrativa y tendrá repercusiones en los asuntos judiciales sobre este tema sanitario. Se sugiere por tanto que la Secretaría de Salud, al entrar en vigor las normas que se reforman lleve a cabo la importante tarea que sea necesaria a fin de que el nuevo régimen sobre la importación de medicamentos referido como pertenecientes a la marihuana medicinal cubra los requisitos de control, vigilancia sanitaria y eficiencia que ha caracterizado a la autoridad sanitaria federal.

Por lo expuesto, se propone la autorización para que en el artículo 237 de la Ley General de Salud, que contiene prohibiciones para distintos actos relacionados con diferentes sustancias, se eximan la importación al territorio nacional, la portación y utilización para fines terapéuticos de los medicamentos derivados de extractos de cannabis, cannabis diseñada para fines terapéuticos y “cannabinoides sintéticos de uso clínico”. Los actos a que se refiere el artículo 235 son la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo, entre otras sustancias y vegetales a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana. Dichos actos comprenden las acciones necesarias para importar “marihuana o cannabis medicinal” y poner a disposición de los pacientes y enfermos tales medicamentos, a través de las prescripciones de sus médicos y atendiendo los debidos controles que establezcan las autoridades sanitarias, por lo que se propone establecer la salvedad o excepción de la importación, la portación y la utilización terapéutica. Quedarían vigentes las prohibiciones a los demás actos, por lo que esta modificación no supone en manera alguna la legalización del cultivo del Cannabis, sino única y exclusivamente la autorización para importar medicamentos que contengan esa sustancia y que han probado su eficacia en distintos países del mundo, a fin de que sean utilizados por pacientes que las requieren según los criterios médicos y reglas de la autoridad sanitaria.

Otra disposición que refuerza el carácter prohibido del Cannabis es la establecida en el artículo 245 de la Ley General de Salud, que clasifica tanto al tetrahidrocanabinol, THC, y siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a(7) ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11), así como sus variantes estereoquímicas como sustancias psicotrópicas, en el primer grupo de cinco, la que según la Ley General de Salud tiene valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptible de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública al ubicarlas en el grupo I del precepto aludido como: “Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública.”

Como esta disposición está en contradicción con los desarrollos científicos de los últimos años que han legalizado la marihuana medicinal en un número considerable de países que tienen a la salud entre sus prioridades como política de Estado, se considera oportuno una modificación al precepto, a fin de que ambas sustancias, el Tetrahidrocanabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a(7) ?7, ?8, ?9, ?10, ?9(11), y sus variantes estereoquímicas, así como el Cannabidiol y otros cannabinoides derivados de la Cannabis sativa queden ubicados en el grupo III que enlista a sustancias que son: “Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública”. Con el objeto de propiciar la claridad técnica de la terminología utilizada en los grupos, se propone incluir en el grupo III antes mencionado, en el apartado “Otros” o los siguientes:

“Cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico y extractos de cannabis sativa, índica y americana, contenidos en formulaciones con fines de uso clínico:

THC, sus isómeros y variantes estereoquímicas cannabidiol, sus isómeros y variantes estereoquímicas otros cannbinoldes derivados de la cannabis sativa, índica y

Americana. Dronabinol Nabilona Cannabinor Dexabinol HU 308

HU 331

CT-3 (Ácido ajulémico)

Otros cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico HU 331

CT-3 (Ácido ajulémico)

Otros cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico.

Se reitera el criterio que debido a que carece de valor terapéutico, y que representa un riesgo para la salud, el K2, análogos y otros “cannabinoides sintéticos de uso recreativo” quedarían dentro del grupo I debido además a ser susceptibles de uso indebido o abuso y constituir un problema especialmente grave para la salud.

La ruta crítica que siguió la autoridad sanitaria federal en cuanto al suministro suficiente y oportuno de medicamentos que contienen opioides como la morfina, probó su pertinencia y eficacia. De manera que acciones similares podrían hacer efectivo el sentido y propósito de las reformas legales planteadas en este proyecto. Las nuevas disposiciones a que se refiere este proyecto también se acomodan al sentido y espíritu del Título Octavo Bis de la Ley General de Salud “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”. En este sentido parecería adecuado seguir una vía similar, en la que un grupo de trabajo integrado por la autoridad sanitaria representada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la industria farmacéutica, las farmacias, los distribuidores de medicamentos, los agentes aduanales, los institutos Nacionales de Salud y la Salud, la Academia, específicamente la Facultad de Medicina de la UNAM, dieran sus puntos de vista para la estrategia que habrá de seguirse para dar cumplimiento a lo prescrito por esta reforma. Otras medidas administrativas que podrían seguir a esta reforma a la Ley General de Salud son un eventual Acuerdo del Consejo de Salubridad General y la expedición de normas oficiales mexicanas sobre las mismas.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad a lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud para quedar como siguen:

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erithroxilón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia. Queda exceptuado de esta prohibición la importación, portación, prescripción médica, suministro y utilización para fines terapéuticos de medicamentos que contengan cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados.

Artículo 245 En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. ...

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

Amoxapina

Ácido barbitúrico (2, 4, 6 trihidroxipiramidina).

Clozapina

Efedrina

Ergometrina (ergonovina)

Ergotamina

1-Fenil-2-Propanona

Fenilpropanolamina

Pemollna

Pimozide

Pseudoefedrina

Risperidona

Zipeprol

Zopiclona

(Y sus sales, precursores y derivados químicos.)

Benzodiazepinas:

Alprazolam

Bromazepam

Brotizolam

Camazepam

Cannabinoides con acción análoga al THC

Clobazam

Clonazepam

Cloracepato dipotasico

Clordiazepoxido

Clotiazepam

Cloxazolam

Delorazepam

Diazepam

Estazolam

Fludiazepam

Flun itrazepam

Flurazepam

Halazepam

Haloxazolam

Ketazolam

Loflacepato de etilo

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Medazepam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pinazepam

Prazepam

Quazepam

Temazepam

Tetrahidrocannabinol (THC) y sus isómeros

Cannabidioly otros cannabinoides derivados de la cannabissativa o índica

Cannabinoides sintéticos de Uso Clínico

Variedades de la cannabis sativa o índica, diseñadas con fines terapéuticos

Tetrazepam

Triazolam

Otros:

Anfepramona (dietilpropion)

Carizoprodol

Clobenzorex (clorofentermina)

Etclorvinol

Fendimetrazina

Fenproporex

Fentermina

Glutetimida

Hidrato de cloral

Ketamina

Mefenbex

Meprobamato

Trihexifenidilo

Cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico y extractos de cannabis sativa, índica y americana, contenidos enformulaciones con fines de uso clínico:

THC, sus isómeros y variantes estereoquímicas

Cannabidiol, sus isómeros y variantes estereoquímicas

Otros cannabinoides derivados de la cannabissativa, índica y americana

Dronabinol

Nabilona

Cannabinor

Dexabinol

HU 308

HU 331

CT-3 (Ácido ajulémico)

Otros cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico

IV. y V. ...

Transitorios

Primero. EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para ejecutar las acciones administrativas que permitan el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Salud reformadas por este Decreto.

Tercero. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberán sujetarse la importación, portación, prescripción médica, suministro y utilización para fines terapéuticos de medicamentos que contengan cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados.

Cuarto. La Secretaría de Salud incorporará a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos las sustancias a que se refiere el grupo III del artículo 245 de la presente Ley.

Quinto. El Consejo de Salubridad emitirá los acuerdos necesarios a fin de que los nuevos desarrollos clínicos que contengan cannabinoides sintéticos con fines de uso clínico y extractos de cannabis sativa, índica, y americana, contenidos en formulaciones con fines de uso clínico, no mencionados en el grupo III del artículo245 de la presente ley, se incorporen al mismo una vez demostradas sus cualidades terapéuticas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: María Cristina Teresa García Bravo,Alberto Martínez Urincho, Ana Leticia Carrera Hernández, Antonino Morales Toledo, Araceli Madrigal Sánchez, Araceli Saucedo Reyes, Candelario Pérez Alvarado, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Hernández Mirón, Cecilia Guadalupe Soto González, Cristina Ismene Gaytán Hernández, David Gerson García Calderón, David Jiménez Rumbo, Elio Bocanegra Ruiz, Erik Juárez Blanquet, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Galván Martínez, Francisco Martínez Neri, Francisco Xavier Nava Palacios, Guadalupe Acosta Naranjo, Héctor Javier García Chávez, Héctor Peralta Grappin, Hortensia Aragón Castillo, Isaura Ivanova Pool Pech, J. Guadalupe Hernández Alcalá, José de Jesús Zambrano Grijalva, José Santiago López, Juan Fernando Rubio Quiroz, Karen Hurtado Arana, Karen Orney Ramírez Peralta, Leonardo Amador Rodríguez, Lluvia Flores Sonduk, Lucía Virginia Meza Guzmán, Luis Maldonado Venegas, María Concepción Valdés Ramírez, Maricela Contreras Julián, Natalia Karina Barón Ortiz, Norberto Antonio Martínez Sánchez, Olga Catalán Padilla, Omar Ortega Álvarez, Oscar Ferrer Ábalos, Rafael Hernández Soriano, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Sergio López Sánchez, Tania Victoria Arguijo Herrera, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

DECLARAR EL 20 DE MARZO COMO “DÍA DEL INTERNACIONALISTA MEXICANO”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 20 de marzo como el Día del Internacionalista Mexicano, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Ante la ausencia en México de un día dedicado a celebrar a los especialistas en el estudio de las naciones que integran la convivencia mundial, y reconociendo la aportación de los profesionales de las relaciones internacionales para defender la soberanía nacional, así como vigilar que prevalezcan los principios de política exterior de México, surge la propuesta para declarar el 20 de marzo como Día del Internacionalista de México, para conmemorar además el natalicio de Alfonso García Robles.

Internacional se refiere a las relaciones entre naciones, pueblos y sociedades, por lo que el nacionalista es aquel profesional cuyo campo de conocimiento lo constituye el estudio de las interacciones de los Estados nación como principales actores de la sociedad internacional, así como el de sus integrantes y fenómenos que la moldean. La Real Academia Española define al internacionalista como aquella persona versada en derecho internacional.

Por otra parte, el término también hace referencia a las personas instruidas en las áreas de política internacional, diplomacia, comercio exterior, finanzas y negocios internacionales, cooperación para el desarrollo en general, los estudios de las relaciones internacionales.

Desde su fundación, el Estado mexicano ha requerido los servicios de internacionalistas para defender la soberanía nacional frente a las amenazas externas, fortalecer la imagen del país y en fechas más recientes insertar a México en las dinámicas globales que abarcan los medios de comunicación, la cultura, los negocios, la academia y el fomento de la solidaridad internacional.

Nos encontramos ante una inmejorable oportunidad para reconocer, asimismo, la labor que históricamente ha desempeñado la Secretaría de Relaciones Exteriores, las aportaciones que han brindado al mundo hombres y mujeres mexicanos en materia de política exterior contenidos como principios dentro de nuestra Carta Magna, y la profesionalización de quienes se desempeñan en la diplomacia en la destacada figura del Instituto Matías Romero, reconocido a nivel internacional por su calidad.

Uno de los máximos exponentes de esta profesión fue el embajador emérito Alfonso García Robles, nacido en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911. El ilustre diplomático fue embajador de México en Brasil, subsecretario y secretario de Relaciones Exteriores en el periodo 75-76. Funcionario de alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas y presidente de la comisión encargada de redactar el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco.

Por esta labor y por su continua aportación dentro del Comité de Desarme de las Naciones Unidas, el Comité Nobel del Parlamento noruego le otorgó, junto a la diplomática escritora sueca Alba Reimer Myrdal, el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1982; siendo él uno de los tres ilustres compatriotas que hasta ahora han recibido el prestigioso premio Nobel en sus distintas categorías.

Por ello podemos encontrar aquí en este espacio legislativo, el nombre de Alfonso García Robles, escrito con letras de oro en la columna a mi espalda, de su lado izquierdo, compañeras y compañeros diputados.

Con ello expuesto, resulta importante reconocer la labor de los internacionalistas en México, quienes hacen uso de su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro país, desde los sectores público, privado, civil y académico. Estimamos necesario para que cada año se recuerde el valor de los esfuerzos que hacen posible el fortalecimiento de la identidad nacional en el exterior, así como las estrategias que permiten exaltar la presencia de nuestro país en el mundo.

Son pocas las naciones que conmemoran un día especial a la labor del internacionalista, generalmente se dan algunas referencias como sucede el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la trayectoria histórica de esta profesión, el número de instituciones de prestigio que enseñan esta disciplina, no solo en nuestro país sino en el extranjero, y el creciente interés por los medios internacionales que se demuestra en la cantidad de egresados universitarios de esta carrera, es menester contar en México con una fecha para conmemorar esta noble profesión.

Con motivo de conmemorar el natalicio del embajador Alfonso García Robles, es plausible que se establezca el 20 de marzo como el Día del Internacionalista de México, por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración de esta soberanía este decreto. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa de decreto, para declarar el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la ausencia en México de un día dedicado a celebrar a los especialistas en el estudio de las naciones que integran la convivencia mundial y reconociendo la aportación de los profesionales de las relaciones internacionales para defender la soberanía nacional, así como vigilar que prevalezcan los principios de política exterior del país, surge la propuesta para declarar el Día del Internacionalista en México.

El término internacional es una palabra formada por la unión del prefijo inter, que significa entre, y del vocablo nacional, que a su vez proviene del latín natio, cuyo significado es nacimiento, pueblo, especie o clase. Así “internacional” se refiere a las relaciones entre naciones, pueblos y sociedades; por lo que el internacionalista es aquel profesional cuyo campo de conocimiento lo constituye el estudio de las interacciones de los estados-nación como principales actores de la sociedad internacional, así como el de sus integrantes y los fenómenos que la moldean.

La Real Academia Española define al internacionalista como aquella “persona versada en derecho internacional”, por otra parte, el término también hace referencia a las personas instruidas en las áreas de política internacional, diplomacia, comercio exterior, finanzas y negocios internacionales, cooperación para el desarrollo y en general los estudios de las relaciones internacionales.

Desde su fundación, el Estado mexicano ha requerido los servicios de internacionalistas para defender la soberanía nacional frente a las amenazas externas, fortalecer la imagen del país y, en fechas más recientes, insertar a México en las dinámicas globales que abarcan los medios de comunicación, la cultura, los negocios, la academia y el fomento de la solidaridad internacional.

Nos encontramos ante una inmejorable oportunidad para reconocer asimismo la labor que históricamente ha desempeñado la Secretaría de Relaciones Exteriores; las aportaciones que han brindado al mundo ilustres hombres y mujeres mexicanos en materia de política exterior contenidos como principios dentro de nuestra Carta Magna; y la profesionalización de quienes se desempeñan en la diplomacia, en la destacada figura del Instituto Matías Romero, reconocido a nivel internacional por su calidad.

Uno de los máximos exponentes de esta profesión fue el embajador emérito Alfonso García Robles, nacido en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911. El ilustre diplomático fue embajador de México en Brasil, subsecretario y posteriormente secretario de Relaciones Exteriores en el periodo 1975-1976, funcionario de alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas y presidente de la Comisión encargada de redactar el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Por esta labor, y por su continua aportación dentro del Comité de Desarme de las Naciones Unidas, el Comité Nobel del Parlamento Noruego le otorgó, junto a la diplomática y escritora sueca Alva Reimer Myrdal, el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1982. Siendo él uno de los tres ilustres compatriotas que hasta ahora han recibido el prestigioso Premio Nobel, en sus distintas categorías.

Por lo anterior, resulta importante reconocer la labor de los internacionalistas en México, quienes hacen uso de su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro país desde los sectores público, privado, civil y académico. Estimamos necesario que cada año se recuerde el valor de los esfuerzos que hacen posible el fortalecimiento de la identidad nacional en el exterior, así como las estrategias que permiten exaltar la presencia de nuestro país en el mundo.

Son pocas las naciones que conmemoran en un día especial la labor del internacionalista; generalmente se dan sólo algunas referencias como sucede el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la trayectoria histórica de esta profesión, el número de instituciones de prestigio que enseñan esta disciplina, no sólo en nuestro país sino en el extranjero, y el creciente interés por los estudios internacionales que se demuestra en la cantidad de egresados universitarios de esta carrera, es menester contar en México con una fecha para conmemorar esta noble profesión.

Con motivo de conmemorar el natalicio del ex embajador Alfonso García Robles, resulta pertinente que se establezca el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano. Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 20 de marzo de cada año como el Día del Internacionalista Mexicano.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Alfredo Bejos Nicolás, Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Damos la bienvenida a alumnos y docentes de la Escuela de Lancaster AC, de la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México. Invitados por el diputado Rafael Hernández Soriano. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 85 de la Ley General de Población.

La diputada Modesta Fuentes Alonso:Con su permiso, diputado presidente. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derecho y responsabilidades a su vez de su pertenencia a un estado, un territorio, una sociedad, una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento, permite al ser humano adquirir una identidad, un nombre, una nacionalidad. Asimismo implica su incorporación como sujeto de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Cuando una persona no es registrada desde su nacimiento corre el riesgo de, por circunstancia ajena a ella –por ejemplo la geográfica– no puede obtener su acta de nacimiento y no pueda gozar de todos sus derechos.

Tal es el caso de nuestros connacionales, quienes viajan a otro país, principalmente a Estados Unidos, en busca de mejorar oportunidades para ellos y su familia, pero al no contar con su acta de nacimiento en México ni en aquél país, sufren el fenómeno de la doble invisibilidad.

Además la falta de acta de nacimiento en México es un serio problema violatorio de derechos humanos que afecta principalmente a los menores de edad, pertenecientes a los sectores más marginados del país. A su vez, las multas derivadas del registro extemporáneo y las dificultades y trámites para obtener un acta de nacimiento extemporánea, se vuelve una labor titánica y costosa.

Es por ello que en Morena pugnamos porque el Estado, además de garantizar el cumplimiento del derecho y la identidad, deberá a través de las autoridades competentes expedir gratuitamente las copias certificadas de las actas de registro de nacimiento.

Dentro de las autoridades competentes contemplamos a todos los jueces del registro civil en los estados, así como en las oficinas consulares que deberán otorgar las mismas. (Habla en lengua materna). Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 85 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Modesta Fuentes Alonso, diputada federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos el artículo 85 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos.

La identidad no es solo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquél que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de los demás.

Así, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento permite al ser humano adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

De esta manera, el derecho a la identidad prevalece sobre los intereses de otros (los padres, terceros o el Estado), en favor del desarrollo de la personalidad del niño y de la protección de su integridad como ser humano individual.

Para que éste derecho se cumpla de manera práctica, todo niño debe de ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, siendo los padres los responsables de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido.

Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia de la persona, y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además su registro permitirá preservar las relaciones de parentesco que los unen a sus familiares de origen.

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8 manifiesta que “los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares...”.

La inscripción desde el nacimiento es una estrategia crucial en la creación de un entorno protector para los niños y la defensa de sus derechos. No quedar registrado puede limitar el acceso a los servicios sociales y obstaculiza que se garantice con éxito el cumplimiento de los marcos legales específicos por edades. No estar registrado significa no ser tomado en cuenta.

De manera tal que nos encontramos con que la inmensa mayoría de los niños no inscritos se encuentran en países menos desarrollados, donde sólo la mitad de los niños menores de cinco años quedan registrados al nacer.

Que muy a pesar de todas las consideraciones dentro del derecho a la identidad, a nivel global, se estima que alrededor de un tercio de los niños y las niñas, menores de 5 años, no han sido registrados al momento de su nacimiento.

En Latinoamérica y el Caribe, las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, indican que 18 por ciento de los niños menores de 5 años; aproximadamente uno de cada seis, no ha sido registrado.

El derecho a la identidad es –luego del derecho a la vida y a la libertad– el derecho primordial, fuente y condición de todos nuestros derechos individuales y colectivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad.

Negarlo es factor de exclusión y discriminación causa de pobreza y marginación; procrea seres “invisibles” ante programas sociales de los Estados; es motivo, incluso, de guerras y conflictos seculares en la historia mundial.

En nuestro país, más de 7 millones de mexicanos, según el Consejo Nacional de Población, y decenas de miles en el extranjero no cuentan con un acta del registro civil.

También es preocupante que en 2014 el fraude asociado a robo o falsificación de identidad en México haya alcanzado los 2 mil 100 millones de pesos, según datos ofrecidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad, es necesario un documento público con el cual se pueda probar plenamente el registro de la persona y esto es mediante la expedición del Acta de Nacimiento.

En México, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala expresamente, que el derecho a la identidad está compuesto por:

a) Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil.

b) Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

c) Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban.

d) Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua.

Cuando una persona no es registrada desde su nacimiento, corre el riesgo de que por circunstancias ajenas a ella, por ejemplo las geográficas, no pueda obtener su acta de nacimiento y no pueda gozar de todos sus derechos, tal es el caso de nuestros connacionales, quienes viajan a otro país, principalmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades para ellos y para su familia, pero al no contar con su acta de nacimiento en México ni en aquél país, sufren el fenómeno de la “doble invisibilidad”.

Las instancias gubernamentales y civiles carecen de datos específicos, pero se estima que entre uno y 2 millones de migrantes mexicanos en este país carecen de acta de nacimiento, y sin ella no pueden obtener casi ningún documento básico de identidad.

Las consecuencias pueden ser diversas: desde no poder solicitar su regularización en programas como el de deportación postergada, abrir cuentas bancarias, solicitar documentos oficiales, contratar servicios con su nombre o tener acceso a programas de asistencia y no poder ingresar a una escuela para participar en foros de padres ni para recoger a sus hijos, ya que se les pide alguna identificación.

La falta de acta de nacimiento en México es un serio problema violatorio de derechos humanos que afecta principalmente a los menores de edad pertenecientes a los sectores más marginados del país, como los indígenas, afro descendientes, migrantes y familias de áreas rurales, zonas remotas o fronterizas; así lo expresa Karen Mercado Asencio.

A su vez, las multas derivadas del registro extemporáneo y las dificultades y trámites para obtener un acta de nacimiento extemporánea se vuelve una labor titánica y costosa.

En algunas entidades federativas, para lograr obtener un acta de nacimiento extemporánea se requiere: a) Certificado de alumbramiento; b) La comparecencia del registrado; c) Credencial de elector de ambos padres; d) El acta de matrimonio de los padres; e) Dos testigos mayores de edad con identificación oficial y f) Las constancias de inexistencia de la Dirección General del Registro Civil y del archivo municipal.

Lo anterior, por sí mismo, implica el abandono de las labores, para poder dedicarse exclusivamente a obtener un acta de nacimiento extemporánea, lo que no se consigue en el corto plazo, pues, no siempre se cubren todos los requisitos.

Además, si atendemos a los costos, estos fluctúan entre 925 pesos en Chiapas, mil 62 pesos en Guerrero y mil 613 pesos en Oaxaca.

Los costos anteriores, amén de ser elevados, no siempre pueden ser cubiertos por la población más desprotegida.

Es por ello que el Estado además de garantizar el cumplimiento de tales derechos deberá, a través de las autoridades competentes expedir gratuitamente las copias certificadas de las actas de registro de nacimiento.

Dentro de las autoridades competentes se contemplan a todos los jueces del registro civil en los estados, así como las oficinas consulares, deberán otorgar éstas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan tres párrafos el artículo 85 de la Ley General de Población

Artículo Único. Se adicionan tres párrafos el artículo 85 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

La autoridad competente expedirá gratuitamente las copias certificadas de las actas de registro de nacimiento.

Asimismo, todos los jueces del registro civil en las entidades federativas y en las oficinas consulares, deberán otorgar gratuitamente las mismas.

Las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, establecerán las excepciones a la gratuidad en el otorgamiento de dichas actas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas:

1 El derecho a la identidad se encuentra reconocido en nuestra ley fundamental en el artículo 4o., párrafo octavo, que a letra dice:

Artículo 4o. ..

..

..

..

..

..

...

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

3 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; página 273 Derecho a la identidad personal. El conocimiento del origen biológico de la persona tiene trascendencia psicológica y jurídica para el individuo.

4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión del 30 de abril de 2013 (Gaceta número 134), también puede consultarse: file:///C:/ Users/Usuario/Downloads/consulta%20(3).pdf

5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014

6 Artículo 19. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

7 Mercado Asencio, Karen, et al, “El derecho a la identidad y la expedición de las actas de nacimiento extemporáneas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, Mexico” Be Foundatión, Derecho a la Identidad A.C. 2014

8 Nos referimos a Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

9 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Mercado_Ortiz_Derecho_a_la_Ide ntidad_expedicion_de_actas.pdf

10 Obra citada Mercado Asencio, Karen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero del 2016.— Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fuentes. Túrnese a la Comisión de Población, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 302 del Código Civil Federal.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, con su permiso, señor diputado presidente. Por economía procesal solicito que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Alguna vez una profesora chilena que tuve, economista, dijo una frase que puede contextualizar la iniciativa que el día de hoy vengo a presentar “solamente un necio confunde valor con precio”.

En el derecho civil los alimentos no sólo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo y comúnmente mediante el apoyo y sustento económico cuantificado.

Las principales personas que tienen derecho a percibir alimentos, son los menores de edad, los incapacitados y las personas declaradas en estado de interdicción.

La legislación nacional e internacional han ampliado este concepto haciendo acreedores a este beneficio no solamente a las personas que tienen derecho a recibirlos denominados por nuestra legislación como acreedores alimentarios, sino también en cuanto al tiempo que los alimentos deben de cubrirse por sus características.

El artículo 308 del Código Civil Federal señala que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, respecto de los menores los alimentos comprenden además, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Para complementar esto, señalo que el doctrinista Rojina Villegas considera como alimentos, deben de ser recíprocos, personalísimos, intransferibles, inembargables, imprescriptibles, proporcionales, divisibles, preferentes, no compensables ni reembolsables y no se extinguen en un solo acto.

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la reciprocidad deriva del socorro mutuo entre los cónyuges, en donde partiendo entre la igualdad del hombre y de la mujer, ambos están obligados al sustento del hogar conyugal para cubrir su alimentación y la de los hijos, pudiendo distribuirse es carga en la proporción que ellos convengan.

Claro, la ley y quienes han escrito estas leyes, no tiene cara de mujer. En ese sentido, el 14 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en un juicio de amparo que debe de concederse al acreedor alimentario una pensión compensatoria, la cual es distinta a la obligación alimentaria que surge de la relaciones de matrimonio o concubinato, pues el presupuesto básico para su procedencia consiste en la existencia de un desequilibrio económico.

¿Por qué digo esto? Porque no se ha tomado en consideración los roles de género y cómo se ha venido estereotipando el papel de las mujeres, no sólo en la sociedad sino en la economía.

Hace algunos años, si no me equivoco, en 2009, Inegi publicó un estudio que realizó que se llama cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Este estudio arroja una realidad muy contundente, por lo que acudo ante esta audiencia para generar una sensibilidad con el tema.

El trabajo doméstico no remunerado en un 90 por ciento recae en las mujeres y son los usos del tiempo lo que en esta economía tiene precio. Solamente aquello que cuesta dinero o que se paga con dinero en esta economía globalizada tiene un valor, pero si no se paga entonces no vale nada. Y el trabajo doméstico que las mujeres han venido realizando de cuidados, de producción y reproducción familiar no tiene precio.

Y una vez que una mujer y un hombre deciden terminar su relación de pareja no existe y dejan en condiciones de absoluta vulnerabilidad no solamente a las mujeres, sino a los hijos de estas mujeres porque hay una descompensación económica, ya que esa mujer dedicó años de su vida a realizar un trabajo que puede considerarse mano de obra calificada y no tiene ningún valor. Por eso vuelvo a repetir, solamente un necio confunde valor con precio. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 302 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La palabra alimentos proviene del latín alimentum,que se asocia a la figura de comida, sustento, dícese también de la asistencia que se da para el sustento.

En el derecho civil, los alimentos no solo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y comúnmente mediante el apoyo y sustento económico cuantificado.

Las principales personas que tienen derecho a percibir alimentos son los menores de edad, los incapacitados y las personas declaradas en estado de interdicción.

La legislación nacional e internacional ha ampliado este beneficio, no solo respecto de las personas que tienen derecho a recibirlos, denominados por nuestra legislación civil como acreedores alimentarios, sino también en cuanto al tiempo en que los alimentos deben cubrirse y sus características.

Esta figura está regulada en nuestro país tanto por la legislación civil federal como por la legislación civil estatal, y refleja la protección que le otorga el Estado al considerarla de orden público y de interés social.

Dos elementos esenciales componen la figura de los alimentos: el primero el acreedor, es decir, la persona que compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos, y el segundo es el deudor, el cual tiene la obligación de cubrirlos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporcionará una cantidad de dinero necesario o en especie.

El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de éstos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista, ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe en concubinato, por adopción y en determinados casos, aun después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor y la capacidad del deudor de suministrarlos.

El artículo 308 del Código Civil Federal señala que, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Rojinas Villegas considera a los alimentos como:

A. Recíprocos

B. Personalísimos

C. Intransferibles

D. Inembargables

E. Imprescriptibles

F. Proporcionales

G. Divisibles

H. Preferentes

I. No compensables ni reembolsables

J. Y no se extinguen en un solo acto.

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la reciprocidad deriva del socorro mutuo entre los cónyuges en donde, partiendo entre la igualdad del hombre y de la mujer, ambos están obligados al sustento del hogar conyugal para cubrir su alimentación y la de los hijos, pudiendo distribuirse esa carga en la proporción que ellos convengan.

En virtud de que los alimentos son considerados de orden público e interés social, cuyo interés es la preservación de la subsistencia física, moral y emocional de los menores o dependientes económicos, su regulación no atiende únicamente a la regulación de un país o de una comunidad, sino que también son parte de una regulación internacional, como lo es el caso de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994, que en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación.”

En este sentido, el 14 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en diverso juicio de amparo en revisión que debe concederse en caso de ser procedente, al acreedor alimentario una pensión compensatoria, la cual es distinta de la obligación alimentariaque surge de las relaciones de matrimonio o concubinato, pues el presupuesto básico para su procedencia consiste en la existencia de un desequilibrio económico.

Lo anterior se dio en el contexto de una necesidad inherente que deviene de una cuestión de constitucionalidad relacionada con el análisis del derecho a la pensión alimenticia compensatoria a la luz de los derechos de igualdad y no discriminación, relacionado a los temas de estereotipos de género, doble jornada laboral y desequilibrio económico.

Estereotipos de género

En el ámbito social, familiar, político o laboral, existen estereotipos que adscriben a las personas un conjunto de expectativas que se asume deben cumplir. En este sentido, los roles desempeñados por hombres y mujeres en los distintos ámbitos se han adscrito a través de prácticas culturales y tradicionales, así como prejuicios cultural y socialmente arraigados.

Por lo tanto, los estereotipos lastiman la dignidad y la idea de autonomía e individualidad y obstaculiza a las personas para poder realizar otros caracteres o roles que tengan deseo de realizar, por ello cobra relevancia la cuestión acerca de la perspectiva de género en la justicia como la lente a través de la cual se debe atender los asuntos que toca al juez resolver.

La estereotipación de la mujer es especialmente preocupante cuando se trata de salvaguardar los derechos de las mujeres que acuden ante la justicia.

En el ámbito familiar existe una disparidad de género histórica en lo que se refiere a las labores domésticas y el trabajo de cuidado, pues han sido las mujeres las que han estado siempre encargadas de llevar a cabo el cuidado y crianza de los hijos, así como el desempeño de las labores domésticas como gestión de los deberes y las tareas involucradas en el funcionamiento de un hogar, tales como: la limpieza y el orden, realizar las compras, cocinar y servir la comida, llevar la economía del hogar, realizar el mantenimiento del equipamiento doméstico, entre otras.

La realización de dichas tareas está asignada a las mujeres con base en los estereotipos occidentales basadas en su sexo, es decir se les adscribe el rol de amas de casa y madres, por el sólo hecho de ser mujeres, y precisamente por eso, solo por ser mujeres, se espera que realicen las labores domésticas y de cuidado, independientemente de si desempeñan un empleo o profesión fuera del hogar.

Doble jornada laboral

A pesar de que la participación laboral de las mujeres ha aumentado, esto no ha logrado un reparto igualitario de las tareas domésticas dentro de las familias, lo que resulta en la llamada “doble jornada” que realizan un número significativo de mujeres. Esto quiere decir, que además de la jornada laboral que se cumple en un empleo o profesión fuera del hogar, las mujeres realizan todas las tareas domésticas y de cuidado, lo que acaba consumiendo su uso del tiempo.

El presupuesto nacional está subestimado al no considerar la contribución económica del trabajo doméstico. Para los hogares significa ahorro monetario, porque para obtener el mismo grado de bienestar en el hogar sin efectuar dicho trabajo se tendría que erogar cantidades importantes de dinero.

Según la CEPAL, en 2009, las mujeres soportan una sobrecarga de trabajo y demandas exigentes sobre su tiempo en la medida que continúa su rol tradicional, a lo que se suma el papel que desempeñan en la vida laboral, sobrecarga que limita el tiempo disponible de las mujeres para el desarrollo de actividades que generen ingresos y afecta negativamente su empleabilidad y el acceso a empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de las mujeres es obstaculizado por una distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al mercado laboral.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a escala mundial, se estima que la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de un 22.9% promedio, es decir, la mujer gana el 77.1% de lo que gana un hombre, y se estima que en México, este promedio sea de entre el 15 y el 20%, pese a que hombres y mujeres realizan el mismo trabajo.

El Consenso de Brasilia reafirmó que el trabajo doméstico no remunerado constituye una carga desproporcionada para las mujeres y en la práctica es un subsidio invisible al sistema económico, que perpetúa su subordinación y explotación.

Asimismo determinó en 2009, que el valor económico del trabajo doméstico no remunerado contabilizado en millones de pesos, equivalía al 21.7% del Producto Interno Bruto.

Desequilibrio económico

Negar la necesidad de otorgar la pensión compensatoriaimplica efectivamente una discriminación en razón de género, toda vez que, a pesar de haber realizado tareas domésticas durante todo su matrimonio o concubinato es negada a los afectados el beneficio de acceder a una pensión alimenticia para tener un nivel digno de vida, pues tuvo también un empleo remunerado fuera del hogar.

Debiendo considerar además que la mayor parte de los solicitantes en esta condición son mujeres, las cuales estaban obligadas a realizar tareas domésticas y de cuidado, en doble jornada, esto es, además de tener un empleo remunerado también realizaban los trabajos inherentes al hogar.

Por ello, resulta erróneo y discriminatorio partir de la premisa que si quien solicita la pensión compensatoria y por su trabajo tienen derecho a una pensión por jubilación, no hace falta compensar las tareas del hogar, argumentando que éstas eran parte de su rol como ama de casa y madre.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que resulta discriminatorio que se niegue el acceso al derecho de la pensión compensatoria por haber tenido un empleo remunerado. Es decir, considera que no son incompatibles la pensión alimenticia compensatoria con el hecho de que su acreedor haya, además, tenido un empleo remunerado, pues si su fundamento es un deber ético de solidaridad y su finalidad es acabar con un desequilibrio económico, luego no es relevante si la persona tuvo o no un empleo remunerado.

El máximo tribunal constitucional, en su resolución toma en consideración el espíritu que da origen a la figura jurídica de la pensión compensatoria:

Compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en el mismo sentido los amparos directos en revisión 1200/2014 269/2014 230/2014 y 203/2015 en los cuales se fijó el criterio sobre la pensión que los cónyuges están obligados a proporcionarse para corregir algún posible desequilibrio económico, así como prestarse medios necesarios para la subsistencia.

Por ello para Movimiento Ciudadano es importante que se realice la adición propuesta al código civil federal el cual ayudara a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, garantizar un nivel de vida adecuado para el acreedor alimentario además de otorgarle un valor económico al trabajo doméstico no remunerado, rompiendo con ello los viejos paradigmas sobre los roles de género.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 302 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 302: (...)

Se otorgará la pensión alimenticia compensatoria al cónyuge o concubino que se dedicó a realizar los trabajos inherentes al hogar y que en virtud de lo anterior, haya estado imposibilitado para hacerse de una independencia económica, independientemente de si tuvo o no un trabajo remunerado, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse por sí mismo los medios necesarios para su subsistencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Los Alimentos, Conceptos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ 5/2478/4.pdf

2 Consultable en esta dirección: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/documents/publication/ wcms_343034.pdf

3 Celebrado en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010, y participaron los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. Texto consultable en: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf

4 Ver: “Valor Económico del Trabajo Doméstico en México. Aportaciones de Mujeres y Hombres, 2009” publicado por el Inmujeres. Consultable en: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/ cuadernos/ct21.pdf.

5 Fallado el día 8 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de la ministra Olga Sánchez Cordero.

6 Fallado el día 22 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra del Ministro José Ramón Cossío.

7 Fallado el día 19 de noviembre de 2014, resuelto por unanimidad de votos.

8 “Pensión compensatoria. Elementos a los que deberá atender el juez de lo familiar al momento de determinar el monto y la modalidad de esta obligación.” Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I; Pág. 240. 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.). “Pensión compensatoria. Se encuentra sujeta a la imposibilidad de uno de los cónyuges de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y debe durar por el tiempo estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja.” Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I; Pág. 241. 1a. CDXXXVII/2014 (10a.). Pensión compensatoria. La obligación de proporcionarla es de naturaleza distinta a la obligación alimentaria que surge de las relaciones de matrimonio, pues el presupuesto básico para su procedencia consiste en la existencia de un desequilibrio económico.” Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 725. 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo solicitó la diputada proponente.

Saludamos la presencia de estudiantes de la Escuela Superior de Intérpretes, Traductores e Idiomas, invitados por el diputado Santiago Torreblanca Engell. E igualmente a un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle de México, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, invitados por el diputado Yerico Abramo Masso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos aquí a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, es esencial garantizar los derechos humanos de cada uno de los miembros de la sociedad. Impulsar el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de cada individuo, especialmente los que se encuentran en estado de vulnerabilidad ha sido tarea fundamental y quehacer legislativo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Innumerables ocasiones desde esta tribuna hemos defendido el respeto, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la inclusión. En esta ocasión hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de este pleno la presente iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 7 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 4o y 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La intención de esta iniciativa es garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad. Proponemos modificar la legislación para que las dependencias e instituciones oficiales y entidades públicas, privadas y las federales también, empleen al menos el 2 por ciento en su planta laboral a las personas con discapacidad. De igual manera, se incentiva a las empresas para que brinden oportunidades laborales a personas con discapacidad, mediante beneficios fiscales.

Las personas con discapacidad viven con frecuencia al margen de la sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen escasas oportunidades de asistir a la escuela, de obtener un empleo, de poseer un hogar propio, de fundar una familia, de criar a sus hijos y disfrutar de la vida social.

Pese a los múltiples instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, frecuentemente se les discrimina y obstaculiza su derecho a la inserción social y al empleo. En el mundo existen aproximadamente 610 millones de personas con discapacidad, de las cuales 386 millones están en edad productiva y constituyen una proporción creciente de empleados y clientes potenciales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, hasta 2010 en México había más de cinco millones de personas con alguna discapacidad. En nuestro país todas las personas tenemos derecho a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social. No obstante, son muchas las barreras y los obstáculos físicos y sociales que las personas con discapacidad deben enfrentar para hacer valer esos derechos. Esta situación les impide desarrollarse profesionalmente y cumplir sus metas personales.

Si bien México cuenta con múltiples disposiciones normativas para proteger los derechos humanos, incluido el laboral, las personas que sufren alguna discapacidad no han sido plenamente integradas al mercado de trabajo, a la mayoría de ellas se les rechaza y cuando buscan un empleo, se les menosprecia y las que logran ingresar al campo laboral están subempleadas, reciben salarios ínfimos y trabajan por debajo de su capacidad.

Por desgracia aún no hemos entendido que la inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a través de un trabajo productivo.

La experiencia demuestra que cuando se han brindado a las personas con discapacidad oportunidades de trabajar en puestos que se adaptan a sus competencias, intereses y aptitudes, se obtiene como resultado empleados y empresarios de éxito, comprometidos con sus patrones, comprometidos con las causas de las empresas que les han dado esa oportunidad laboral.

Modificar la ley favorecerá una cultura de reconocimiento, respeto e incursión a este sector, además propiciará su integración social y económica.

Compañeras y compañeros legisladores, la realidad que viven millones de personas con discapacidad nos demanda el establecimiento de normas jurídicas que eliminen las barreras existentes y que les limitan su participación laboral.

Debemos modificar sustantivamente la no discriminación y luchar contra los prejuicios y las falsas ideas sobre las personas con discapacidad, quienes tienen un excelente desempeño laboral en las empresas y en los establecimientos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que con estas reformas se impulsa la integración e inclusión social de las personas con discapacidad, que vinculando la normatividad con la realidad de este importante sector de la sociedad estamos construyendo un país de oportunidades igualitarias, justas e incluyentes, con una verdadera visión social. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 4 y 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de proteger y garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo hay más de 650 millones de personas que viven con alguna discapacidad. Si a esa cifra se agregan los familiares cercanos que conviven con ellos, se pasa a la asombrosa cifra de dos mil millones de habitantes que, de una forma u otra, viven a diario con discapacidad. En todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad viven con frecuencia al margen de la sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen escasas esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo, poseer su propio hogar, fundar una familia y criar a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar. Para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios y el transporte públicos, y hasta la información, están en gran medida fuera de su alcance.

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y más desfavorecida del mundo. Las cifras son condenatorias: se calcula que entre las personas más pobres del mundo, el 20 por ciento está constituido por las que tienen discapacidad; el 98 por ciento de los niños con discapacidad de los países en desarrollo no asisten a la escuela; el 30 por ciento de los niños de la calle en todo el mundo viven con discapacidad, y la tasa de alfabetización de los adultos con discapacidad llega tan sólo al 3 por ciento, llegando en algunos países hasta el 1 por ciento en el caso de las mujeres con discapacidad.

A medida que aumenta la población mundial también lo hace el número de personas con discapacidad.

A pesar de lo anterior, en los escasos países desarrollados y en desarrollo que han aprobado legislación amplia dirigida a fomentar y proteger los derechos básicos de las personas con discapacidad, estas personas disfrutan de vidas satisfactorias e independientes en calidad de estudiantes, trabajadores, miembros de una familia y ciudadanos. Todo eso lo pueden hacer debido a que la sociedad ha eliminado los obstáculos físicos y culturales que anteriormente habían dificultado su plena participación en ella.

Precisamente teniendo presentes estos adelantos, la comunidad internacional se unió para reafirmar la dignidad y la valía de toda persona con discapacidad, y para proporcionar a los Estados un instrumento jurídico eficaz que ponga fin a la injusticia, la discriminación y la vulneración de los derechos que confrontan la mayoría de las personas con discapacidad. Ese instrumento es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Una vez que un país ratifica la Convención, las obligaciones que se estipulan en ella deben incorporarse en el ordenamiento jurídico nacional, en los planes y presupuestos de desarrollo y en las políticas conexas del Estado. La Convención pone de relieve las medidas concretas y pragmáticas que los Estados partes deben tomar para prestar apoyo a la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos del desarrollo.

La Convención reconoce asimismo la importancia que reviste la cooperación internacional con fines de desarrollo para respaldar las medidas que se tomen a nivel nacional para aplicarla. Por vez primera, la Convención pasa de hacer hincapié en la creación de programas especializados para las personas con discapacidad, como rehabilitación, a requerir que todos los programas de desarrollo, incluidos los que reciben apoyo mediante la cooperación internacional, incluyan y sean accesibles a las personas con discapacidad. Y, en todos los casos, las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en la formulación de esos programas de desarrollo.

La única manera de lograr que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos es garantizar esos derechos al amparo de la legislación nacional, prestar apoyo a esa legislación mediante una actuación coherente, coordinada y continua en todos los ministerios, y velar para que las instituciones jurídicas hagan cumplir el respeto a esos derechos.

Marginar a las personas con discapacidad y propugnar que sigan a cargo de otros es costoso, tanto para sus familias como para el público en general. Habilitar a las personas con discapacidad para que vivan con independencia y contribuyan a la sociedad es beneficioso desde el punto de vista social y económico.

Todo el mundo tenemos muchas probabilidades de experimentar discapacidad en algún momento de la vida por causa de enfermedad, accidente o envejecimiento.

Al reconocer que “discapacidad” es un concepto en evolución, se acepta el hecho de que la sociedad y las opiniones que sus miembros sustentan no son estáticas. En consecuencia, la Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos.

El enfoque de la discapacidad que adopta la Convención hace también hincapié en los efectos apreciables que las actitudes y los obstáculos físicos de la sociedad pueden ejercer en el goce de los derechos humanos por las personas con discapacidad. Dicho de otro modo, una persona en silla de ruedas puede tener dificultades para utilizar el transporte público o conseguir empleo, no por razón de su condición, sino porque existen obstáculos ambientales, como pueden ser autobuses inaccesibles o escaleras en el lugar de trabajo que le impiden el acceso.

Los Estados deben poner fin a la discriminación, tanto la incorporada en la legislación como la que existe en la práctica, por ejemplo cuando la discriminación ocurre en el lugar de trabajo. Con todo, los Estados podrán todavía intervenir a favor de las personas con discapacidad cuando sea necesario para que las personas con o sin discapacidad gocen de igualdad de oportunidades.

Se entiende por “ajustes razonables” la introducción, cuando sea necesario, de las modificaciones y ajustes pertinentes, que no impongan una carga excesiva, de manera que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás (artículo 2). Teniendo presente este principio, una persona con discapacidad puede argumentar que el Estado, y a través de éste otros agentes, incluido el sector privado, están obligados a tomar las medidas necesarias para adaptarse a su situación específica.

Cada Estado debe tomar medidas para lograr el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, utilizando para tal fin el máximo de recursos disponibles. Esta obligación, a la que ordinariamente se denomina ejercicio progresivo, reconoce que muchas veces lleva tiempo lograr el pleno ejercicio de muchos de estos derechos, por ejemplo cuando deben crearse o mejorarse sistemas de seguridad social o de atención médica. Aun cuando el ejercicio progresivo de los derechos ofrece a los Estados partes, especialmente a los países en desarrollo, cierta flexibilidad para lograr los objetivos de la Convención, no por ello los absuelve de la obligación de proteger esos derechos. Por ejemplo, ningún Estado debe desahuciar por la fuerza a una persona con discapacidad, retirar arbitrariamente la protección de la seguridad social o no establecer y respetar el salario mínimo.

A diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos no pueden ser objeto del ejercicio progresivo. Dicho con otras palabras, los Estados deben proteger y fomentar esos derechos inmediatamente.

La Convención dispone que el hecho de no conceder a una persona “ajustes razonables” equivale a discriminación por motivos de discapacidad. En consecuencia, toda definición legislativa de discriminación deberá incluir como acto de discriminación la denegación de ajustes razonables.

Toda legislación debe basarse en el entendimiento de que: Se prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, incluida la negación de ajustes razonables como una forma de discriminación, por el sector privado y por el sector público.

El empleo (artículo 27) ofrece muchas oportunidades de participación social, desde la independencia económica hasta la formación de una familia y el sentimiento de que se contribuye a la economía nacional. Pero, en todas las sociedades, las personas con discapacidad no han sido plenamente integradas en el mercado de trabajo. La mayoría de ellas están desempleadas o han sido disuadidas de que busquen trabajo activamente. Entre las que trabajan, muchas están subempleadas, reciben salarios inferiores al mínimo y trabajan por debajo de su capacidad. Esta falta de participación económica influye en gran medida en la vida de las personas con discapacidad, ya que son entonces incapaces de ganar lo suficiente para mantener un nivel de vida adecuado (artículo 28) y vivir de forma independiente en la comunidad (artículo 19).

En todas las regiones del mundo hay una brecha considerable entre las condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con discapacidad y las correspondientes a las que no tienen discapacidad. Con excesiva frecuencia las personas con discapacidad dependen para su sustento de la mendicidad, la caridad y la beneficencia, en vez de tener un empleo útil.

Con frecuencia los empleadores se resisten a contratar a personas con discapacidad, o simplemente desechan sus solicitudes de empleo, en la creencia de que no serán capaces de ejecutar sus tareas o que resultaría costoso contratarlas. Esta actitud tiene su origen en el temor y los estereotipos y se concentra más en la discapacidad que en la capacidad de la persona. Por el contrario, los estudios empíricos realizados indican que las personas con discapacidad reciben calificaciones altas por su desempeño en el trabajo y tienen elevadas tasas de retención del empleo, y mejores historiales de asistencia que sus compañeros sin discapacidad. Además, el costo de adaptarse a los trabajadores con discapacidad es muchas veces mínimo, y en la mayoría de los casos no requiere ningún ajuste especial. Los estudios han demostrado que hay otros beneficios que perciben los que dan empleo a personas con discapacidad, entre ellos una mejor moral del personal y mejor disposición de la clientela hacia la empresa.

En los países en desarrollo, la mayoría de los trabajadores con discapacidad encuentran empleo en el sector no estructurado, donde la protección del trabajador es limitada y el trabajo es inestable. Se calcula que entre la mitad y las tres cuartas partes de los trabajadores no agrícolas de los países en desarrollo están empleados en el sector no estructurado. En África, el porcentaje de los trabajadores del sector no estructurado varía entre 48 por ciento en África del Norte y 78 por ciento en África al sur del Sahara. El empleo por cuenta propia en sectores no agrícolas representa del 60 por ciento al 70 por ciento del trabajo en el sector no estructurado. Las mujeres con discapacidad tienen aún menos probabilidades de tener empleo que los hombres con discapacidad, y reciben menor remuneración cuando lo tienen.

Muchos países no tienen legislación que promueva y proteja los derechos de los trabajadores con discapacidad. Esto permite discriminar contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, lo cual obstaculiza su acceso al mercado laboral y en México no es la excepción. Su ausencia de la economía radica también en la falta de oportunidades de educación y formación profesional que afectan a las personas con discapacidad cuando son más jóvenes.

La aplicación de las disposiciones de la Convención sobre el trabajo y el empleo afectará directamente a los 470 millones de hombres y mujeres en edad de trabajar que tienen discapacidad. La Convención enumera las obligaciones de los Estados de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ganarse la vida mediante un trabajo que ellos mismos elijan o acepten voluntariamente, y de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad en todas las formas de empleo (artículo 27 (1)). Al mismo tiempo que promueve la apertura del mercado de trabajo a las personas con discapacidad, la Convención reconoce también la importancia del empleo por cuenta propia, especialmente en los países en desarrollo (artículo 27 (1) (f )). La Convención dispone también ajustes razonables (artículo 27 (1) (i)) y fomenta políticas y programas, incluida la acción afirmativa, que animen a los empleadores a contratar a personas con discapacidad (artículo 27 (1) (h)).

Aunque con frecuencia se considera a los empleadores como entidades del sector privado, en muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, el sector público es el empleador preferido y el de mayor magnitud. Puesto que la Convención requiere que los gobiernos efectúen los ajustes razonables pertinentes para contratar más solicitantes de empleo con discapacidad a todos los niveles, el propio gobierno puede servir de modelo para los empleadores del sector privado.

Muchos países tienen algún tipo de cuotas de empleo para las personas con discapacidad, al menos para los puestos en el sector público. Esas cuotas varían entre 2 por ciento y 7 por ciento, pero por lo general la tasa de cumplimiento es baja, entre 50 por ciento y 70 por ciento. Normalmente las cuotas son aplicables a las empresas entre medianas y grandes, y las que no cumplen suelen ser multadas. Aun cuando esas multas no han mejorado las tasas de cumplimiento, proporcionan fondos adicionales que a menudo se dedican a programas relacionados con el empleo para personas con discapacidad. Los Estados partes podrían beneficiarse de la creación de programas puente para quienes hagan la transición de planes de asistencia social al mercado de trabajo abierto.

Las disposiciones de la Convención sobre el trabajo y el empleo amparan a las personas con discapacidad cualquiera que sea la etapa de empleo en que se encuentren, ya sea cuando buscan empleo, progresan en el empleo o adquieren una discapacidad durante el empleo y desean permanecer en su trabajo. El derecho a ejercer los derechos laborales y sindicales se promueve también en la Convención (artículo 27 (1) (c)). Los Estados están obligados a garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y estén protegidas en igualdad de condiciones con los demás contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Desde el punto de vista práctico, los Estados deberán garantizar que las personas con discapacidad soliciten empleo junto con las personas sin discapacidad, que estén protegidas contra la discriminación y que tengan los mismos derechos que los demás en el lugar de trabajo e igualdad de oportunidades de promoción profesional. Los gobiernos, los sindicatos de trabajadores, los empleadores y los representantes de las personas con discapacidad pueden colaborar para promover la integración social y económica de éstas. Las medidas que se recomienden variarán según el nivel de desarrollo económico del país.

La Convención reconoce también que, para muchas personas con discapacidad en los países en desarrollo, el empleo por cuenta propia o las microempresas pueden ser la primera opción, y quizá la única. Los Estados partes en la Convención están obligados jurídicamente a promover esas oportunidades.

Los gobiernos tendrán que fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el sector estructurado de la economía, pero también estarán obligados a incluir a personas con discapacidad en los planes de desarrollo del microcrédito y el microfinanciamiento. Estos planes han tenido mucho éxito en numerosas regiones del mundo, pero con frecuencia se han olvidado de incluir, o han excluido deliberadamente, a las personas con discapacidad como beneficiarios potenciales.

Las medidas de acción afirmativa, como cuotas de empleo, tratan de fomentar la igualdad de oportunidades y tienen por objeto superar las desventajas estructurales que afectan a ciertos grupos. A diferencia de los ajustes razonables, esas medidas no van encaminadas a satisfacer las necesidades de personas físicas.

Las medidas de acción afirmativa son de carácter temporal y sólo se supone que duren hasta que se hayan superado las desventajas estructurales, ya sea mediante indemnización o la creación de un sistema más equitativo.

Business and Disability es una red europea que tuvo su origen en el grupo de asociados empresariales que se formó durante el Año europeo de personas con discapacidad desde 2003. La red fomenta las iniciativas de discapacidad-inclusión y el intercambio de ideas entre los agentes empresariales y políticos y las personas con discapacidad. Business and Disability se ha comprometido a incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad europea, especialmente en calidad de trabajadores, consumidores y responsables de formular políticas. Los miembros fundadores de Business and Disability son Adecco, Hewlett-Packard, IBM, Manpower, Microsoft y Schindler.

Es entonces, ¿Cómo podemos mejorar las perspectivas de empleo de las personas con discapacidad? De acuerdo a la Convención, con las siguientes acciones:

Determinando si el sistema de prestación de beneficios sociales contiene por inadvertencia desincentivos al trabajo. En algunos casos, el régimen de asistencia social puede desalentar a las personas con discapacidad a buscar empleo.

Promover la rehabilitación profesional y otras políticas inclusivas.

Facilitar la colaboración entre el gobierno, los empleadores y los empleados para dar a conocer las ventajas para las empresas de las políticas inclusivas de discapacidad, y fomentar su adopción en los sectores privado y público. Buen ejemplo de ese tipo de labor es el Employers’ Forum on Disability del Reino Unido.

Prestar apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad en su labor en pro de un ambiente de trabajo inclusivo y en igualdad de condiciones con los demás.

La posibilidad de ocupar diversos tipos de empleados se reconoce cada vez más como un factor importante para mejorar la eficacia, productividad y éxito global de un negocio. Un elemento significativo en el debate de la diversidad, a menudo pasado por alto, es la discapacidad. En el mundo existen aproximadamente 610 millones de personas con discapacidad, de las cuales 386 millones están en edad productiva y constituyen una proporción creciente de empleados y clientes potenciales.

Una de las tareas fundamentales de los gobiernos democráticos es la de dotar de las mismas oportunidades a los ciudadanos, así como velar por el respeto a los derechos de cada individuo. En el caso de las personas que cuentan con alguna discapacidad se observan retos mayores, esta población enfrenta entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias que merman su pleno desarrollo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta 2010 había en México más de 5 millones de personas con alguna discapacidad.

Conforme a la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas con discapacidad incluyen a aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En el caso de México, más personas entrevistadas refirieron tener algún amigo o familiar con discapacidad de movimiento, cabe señalar que de la medición de 2003 a la de 2012 hubo un aumento de doce puntos en personas identificadas con esta característica, seguido de la discapacidad de lenguaje con 19 por ciento y la mental con 18 por ciento.

Parece haber avances en México respecto a la no discriminación en contra de personas con discapacidad. Este año, 93 por ciento de la población dijo que no tendría inconveniente en trabajar con alguien que tuviera capacidades diferentes, seis puntos porcentuales más que lo registrado en 2007.

México es miembro de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad desde 2007. Esta Convención promueve que se respeten los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. El artículo 4 de sus principios rectores señala las obligaciones generales que los países comprometidos deben tener, entre los que destacan:

Asegurar y promover el ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las personas con discapacidad sin discriminación.

Adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos para lograr de manera progresiva del pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Elaborar y aplicar legislaciones y políticas para hacer efectiva la Convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad; los Estados que forman parte de esta organización celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de organizaciones que las representan.

A nivel mundial, de acuerdo con la encuestadora Gallup y su estudio realizado en 112 naciones, denominado World Poll, observamos que el 53 por ciento de las personas en el mundo consideran que su ciudad o área es un buen lugar para las personas con discapacidad intelectual. Por región, las diferencias son significativas: mientras que en Europa el 80 por ciento de los entrevistados coincidió en señalar que su ciudad o área eran espacios adecuados, en Asia sólo 46 por ciento así lo refirió.

La contribución de empleados con discapacidad a la economía de las empresas y de los países es mayor que el costo de los ajustes relativamente baratos que podrían necesitarse para abrir espacios en el mercado de trabajo. En diversos países, incluido México, un número de empleadores líderes ha demostrado que existen beneficios comerciales al contratar a personas con discapacidad, pero siguen siendo minoría; la exclusión de las personas con discapacidad de los medios sociales, entre ellos el del trabajo, está arraigada en un temor estereotipado y muchas veces infundado a que no sean los empleados idóneos, lo que tiene un impacto negativo en los individuos, produce un costo financiero a la sociedad y afecta la rentabilidad y la competitividad. La discapacidad, por consiguiente, es claramente un problema estratégico a resolver y una oportunidad para cada negocio. Las personas con discapacidad, al integrarse al mercado laboral, de hecho coadyuvan al éxito de las empresas, beneficiando de manera global a la sociedad en su conjunto, y construyendo un ciclo poderoso de equilibrio y cohesión social que favorece la competitividad económica.

En diciembre de 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que incluyeron el artículo 222, por medio del cual se estableció un estímulo fiscal para los patrones que contratarán personas con discapacidad, el cual consiste en la posibilidad de deducir 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores. El beneficio está previsto ahora en el artículo 186 de la ley vigentey puede ser acreditado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al efectuar la declaración anual del impuesto sobre la renta y presentar el Certificado de discapacidad que para tal efecto otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Legalmente, la contratación de las personas con discapacidad es la misma que para todos los trabajadores. Están regidas de igual manera por la Ley Federal del Trabajo y por la Ley del Seguro Social. Les corresponden los mismos derechos, prestaciones y obligaciones.

Los principios asumidos por todos los involucrados en la inserción laboral de personas con discapacidad se dirigen fundamentalmente a propiciar su participación plena en el ámbito productivo del país y en todos los demás aspectos de la vida social, promoviendo el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

La discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura; de acuerdo con la fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación considera y establece como discriminacióna: “...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo...”

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el Preámbulo inciso e), se establece que la discapacidad es: “...un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. Acerca de este término la Convención destaca un elemento muy característico, consistente en que es un concepto que evoluciona de acuerdo a la cultura y la época, por lo que es un vocablo que podría modificarse.

De esta manera, de forma sintética, se puede decir que los elementos que conforman la discapacidad son 3:

“1. Una diversidad funcional.

2. El entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional, y

3. La interacción de ambos elementos (1 y 2), que trae como resultado que la persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad. “

Otro concepto que se relaciona estrechamente con el término de discapacidad es el de persona con discapacidad, el cual ha sido incluido en el texto de la Convención, y que al igual que el primero, parte también del reconocimiento de un modelo social y de derechos humanos, por lo que en su construcción existe una vinculación entre las diversidades funcionales de las personas y las barreras impuestas por el entorno.

De acuerdo con el artículo 1, párrafo 2 de la Convención; “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”.

De esta manera, más que definir a las personas con discapacidad indica quienes pueden quedar incluidas en ese término. Por lo tanto, existe una persona con discapacidad cuando:

“• Está presente una diversidad funcional (es decir, una deficiencia que en términos de la Convención, sea física, sensorial, mental o intelectual.

• La diversidad funcional sea de largo plazo.

• Y al interactuar esa diversidad funcional con las barreras en el entorno, impida la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás.”

Sobre el concepto de persona con discapacidad es necesario recalcar que aporta un mínimo de referencia en la materia, ya que cada Estado parte, atendiendo a su orden jurídico interno, puede considerar mayores elementos en favor de una definición más amplia y protectora de las personas con discapacidad.

En México, existen entre 10 y 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad. No obstante lo elevado de la cifra, la discriminación contra las personas con algún tipo de discapacidad es común, con manifestaciones cotidianas que resultan invisibles para el resto de la gente, pero no para ellos: el entorno urbano, los sistemas de enseñanza, las disposiciones legales, los sistemas de salud, están diseñados para personas con pleno uso de sus capacidades, y se convierten, por esa sola causa, en instrumentos de discriminación, así sea una discriminación indirecta.

Desde luego, la discriminación opera también en formas directas, cuando se le niega empleo o educación a una persona con algún tipo de discapacidad; cuando se le impide a un ciego entrar a un establecimiento junto con su perro guía; cuando se les da un trato de personas deficientes, incapaces, etc.

El problema de los derechos de las personas con discapacidad parte de una consideración fundamental: como personas, son sujetos de los mismos derechos, tal y como están establecidos en la Convención Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, tienen necesidades e impedimentos propios, que los hacen sujetos de derechos especiales. Necesitan, ciertas condiciones específicas que les permitan moverse, trabajar y estudiar como cualquier otra persona, pero sobre todo requieren que se les reconozca como personas capaces y se les trate con respeto.

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su status.

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados:•El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o

• Preferencia basada en su condición de discapacidad basada con el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales.

• El derecho a la igualdad de oportunidades.

• El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley.

• El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza

• El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

• El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.

México es un país que se ha preocupado en adoptar medidas jurídicas para defender y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Al respecto, se menciona sólo algunos ejemplos de protección jurídica que existen en el ámbito nacional, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El artículo primero prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por discapacidad.

Ley de Asistencia Social. El artículo 4o., fracciones I, V y VI, anuncia que, preferentemente, tendrán derecho a la asistencia social todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por deficiencias en su desarrollo físico o mental; así también tienen preferencia los adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; e igualmente las personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tercer párrafo del 25 señala que las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, podrán acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El artículo 5o., fracción VI, indica que la Ley tiene por objeto garantizar el derecho de la asistencia social a las personas adultas mayores en caso de discapacidad.

Ley del Impuesto Sobre la Renta. El artículo 186 establece el incentivo para el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, consistente en que podrán deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido.

Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El artículo 4o., fracción IV, inciso c), establece con carácter obligatorio el servicio cultural consistente en la atención a personas con discapacidad.

Ley del Seguro Social. El artículo 45 refiere que la existencia de discapacidad física, mental o sensorial, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

Ley General de Asentamientos Humanos. El artículo 3o., fracción XIX determina que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante el desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad.

Ley General de Cultura Física y Deporte. El artículo 2o., fracción XI aduce que los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 39, fracción XXIII establece que la Secretaría de Salud debe establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 6, fracciones III, IV y V, dispone que la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión, son entre otros, principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país y en el artículo 54 se prevé más específicamente que las autoridades de los tres niveles de gobierno a nivel nacional están obligadas a implementar medidas de nivelación y de inclusión en la sociedad, en respeto por la diferencia y la aceptación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El artículo 1o. dispone que el objeto de la ley es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

El artículo 19 dispone diversas acciones a cargo de las autoridades competentes, que son a favor del mejor desarrollo de las personas con discapacidad, por ejemplo:

• Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las personas con discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social.

• Impulsar la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos para personas con discapacidad en situación de abandono o marginación.

• Concertar la apertura de centros asistenciales y de protección para personas con discapacidad.

• Impulsar el desarrollo de la investigación de la asistencia social para las personas con discapacidad, a fin de que la prestación de estos servicios se realice adecuadamente.

El artículo 28 aduce que corresponde a los órganos de los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, participar en la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, observar y hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El artículo 1o. declara que las disposiciones de esa ley son de orden público y de interés social, cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Por todo lo anterior, puede concluirse que México contiene múltiples disposiciones normativas dirigidas a las personas que sufren de alguna discapacidad, y que tienen por finalidad hacerles más adecuado el acceso a sus derechos en atención a la discapacidad que sufren. No puede negarse que tales acciones normativas constituyen un progreso del Estado, en la búsqueda de otorgar a las personas discapacitadas de aquellos elementos tendentes a disminuir progresivamente las diferencias, respecto de las personas que no sufren de alguna discapacidad.

Sin embargo, es sabido por todos que tales medidas no son suficientes, ya que también sería útil el establecer, en los diferentes niveles de la educación, una cultura de reconocimiento, respeto, tolerancia, etc., de las personas con discapacidad, para con ello alcanzar una sociedad en la que tanto las personas que sufren de alguna discapacidad como las que no, vivan en una mejor armonía.

Para mayor abundamiento es importante señalar que en este apartado de la presente iniciativa, para tener un panorama más ampliose recopilarán las partes correspondientes de instrumentos internacionales, algunos de ellos celebrados por México, que contienen diversas disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de poder advertir la preocupación que han tenido los gobiernos y los entes de derechos humanos a nivel internacional, en eliminar cualquier forma de discriminación que pudieran sufrir las personas con discapacidad.

Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos celebrados por México, que contienen disposiciones protectoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

“ Derecho de igualdad ante la ley

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

...

Derecho a la seguridad social

Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”

Declaración Universal de Derechos Humanos

“Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

...

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

...”

Declaración de los derechos del niño

“Principio 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

...

Principio 5

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.”

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

“Artículo 9

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”

Al respecto, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló que en la legislación nacional de numerosos de Estados, no está prevista una seguridad social o un seguro social adecuados que protejan a las personas de edad o a las personas que tienen una discapacidad, padecen una enfermedad o se encuentran en otras situaciones que no les permiten obtener los ingresos necesarios para vivir dignamente. Al mismo tiempo, muchos países cuyos Estados ofrecen esa protección están comenzando a transferir la responsabilidad de estas prestaciones al sector privado. Estas cuestiones plantean serios motivos de preocupación en lo que respecta al goce de los derechos que figuran en el Pacto.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pregunta concretamente a los Estados Partes si cuentan con servicios de seguridad social en las siguientes esferas: atención médica, subsidio de enfermedad, subsidio de maternidad, jubilación, subsidio de invalidez, prestación al supérstite, subsidio por accidente de trabajo, subsidio de desempleo y subsidio familiar.

El Comité ha prestado especial atención al goce de los derechos previstos en el artículo 9 por parte de las mujeres, las personas de edad y las personas con discapacidad.

“Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Al respecto, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló que el reconocimiento del derecho a la salud no significa evidentemente que sus beneficiarios tengan derecho a estar sanos. El Pacto subraya, más bien, la obligación de los Estados Partes de asegurar a sus ciudadanos el disfrute “del más alto nivel posible de salud”.

Asimismo, dicho Comité ha dedicado esfuerzos a esclarecer el derecho a la salud y vigilar su cumplimiento y también ha mantenido un debate general sobre ese tema y ha adoptado una observación general sobre los derechos de las personas con discapacidad.”

Declaración sobre el progreso y desarrollo en lo social.

“Artículo 1

Todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o social o convicciones políticas o de otra índole, tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir a él.

...

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse igualmente al logro de los objetivos principales siguientes:

Artículo 11

...

c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, ancianos e impedidos; la protección de las personas física o mentalmente desfavorecidas;

...

El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige igualmente la aplicación de los medios y métodos siguientes:

Artículo 19

...

d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de las personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a fin de permitirles, en la mayor medida posible, ser miembros útiles de la sociedad —entre estas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria— y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos no sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades.”

Declaración de los derechos de los impedidos.

“La Asamblea General, Consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia social proclamados en la Carta,

Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar, en la medida de lo posible, su incorporación a la vida social normal,

Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración sirva de base y de referencia comunes para la protección de estos derechos:

1. El término “ impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

3. El impedido tiene, esencialmente, derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible.

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y social; a la educación; la formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social.

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.

8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social.

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la sustituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad.

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente Declaración.”

De acuerdo con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, celebrados por México, que contienen disposiciones protectoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se mencionan los siguientes:

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”.

“...

Artículo 9. Derecho a la seguridad social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa.

...

Artículo 13. Derecho a la educación

...

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

...

e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.

...

Artículo 18.Protección de los minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:

a. Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;”

Convención sobre los derechos del niño.

“...

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual

...

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

“...

Artículo I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a. El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b. No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Artículo II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

Artículo III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a. Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;

b. Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;

c. Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y

d. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:

a. La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

b. La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

c. La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

Artículo V

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.

2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad..”

Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

“Preámbulo los Estados, conscientes de que los Estados, en la Carta de las Naciones Unidas, se han comprometido a actuar individual y colectivamente en cooperación con la Organización para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, Han aprobado las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que se enuncian más adelante, con objeto de:

a) Poner de relieve que todas las medidas en la esfera de la discapacidad presuponen un conocimiento y una experiencia suficientes acerca de las condiciones y necesidades especiales de las personas con discapacidad;

c) Señalar aspecto decisivo de las políticas sociales en la esfera de la discapacidad, incluido, cuando proceda, el fomento activo de la cooperación económica y técnica;

e) Proponer la creación de mecanismos nacionales para establecer una estrecha colaboración entre los Estados, los órganos del sistema de las Naciones Unidas, otros órganos intergubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad;

f) Proponer un mecanismo eficaz de supervisión del proceso por medio del cual los Estados tratan de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.”

Requisitos para la Igualdad de Participación

Artículo 7. Empleo

Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.

1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no deben discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo.

2. Los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Este apoyo activo se podría lograr mediante diversas medidas como, por ejemplo, la capacitación profesional, los planes de cuotas basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y financiera para las empresas que empleen a trabajadores con discapacidad. Los Estados han de estimular también a los empleadores a que hagan ajustes razonables para dar cabida a personas con discapacidad.

7. El objetivo debe ser siempre que las personas con discapacidad obtengan empleo en el mercado de trabajo abierto. En el caso de las personas con discapacidad cuyas necesidades no puedan atenderse en esa forma, cabe la opción de crear pequeñas dependencias con empleos protegidos o reservados. Es importante que la calidad de esos programas se evalúe en cuanto a su pertinencia y suficiencia para crear oportunidades que permitan a las personas con discapacidad obtener empleo en el mercado de trabajo.

8. Deben adoptarse medidas para incluir a personas con discapacidad en los programas de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructurado.

9. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar con las organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas encaminadas a crear oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario flexible, la jornada parcial, la posibilidad de compartir un puesto, el empleo por cuenta propia, y el cuidado de asistentes para las personas con discapacidad.

Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social

Los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo. Los Estados deben velar por que la prestación de apoyo tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas con discapacidad, y sus familias, como consecuencia de su discapacidad.

3. Los Estados deben velar asimismo para que las personas que se dediquen a cuidar a una persona con discapacidad tengan un ingreso asegurado o gocen de la protección de la seguridad social.

4. Los sistemas de seguridad social deben prever incentivos para restablecer la capacidad para generar ingresos de las personas con discapacidad. Dichos sistemas deben proporcionar formación profesional o contribuir a su organización, desarrollo y financiación. Asimismo, deben facilitar servicios de colocación.

5. Los programas de seguridad social deben proporcionar también incentivos para que las personas con discapacidad busquen empleo a fin de crear o restablecer sus posibilidades de generación de ingresos.

6. Los subsidios de apoyo a los ingresos deben mantenerse mientras persistan las condiciones de discapacidad, de manera que no resulten un desincentivo para que las personas con discapacidad busquen empleo. Sólo deben reducirse o darse por terminados cuando esas personas logren un ingreso adecuado y seguro.

7. En países donde el sector privado sea el principal proveedor de la seguridad social, los Estados deben promover entre las comunidades locales, las organizaciones de bienestar social y las familias el establecimiento de medidas de autoayuda e incentivos para el empleo de personas con discapacidado para que esas personas realicen actividades relacionadas con el empleo.

Artículo 15. Legislación

Los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad.

3. La legislación nacional relativa a las personas con discapacidad puede adoptar dos formas diferentes. Los derechos y deberes pueden incorporarse en la legislación general o figurar en una legislación especial. La legislación especial para las personas con discapacidad puede establecerse de diversas formas:

a) Promulgando leyes por separado que se refieran exclusivamente a las cuestiones relativas a la discapacidad;

b) Incluyendo las cuestiones relativas a la discapacidad en leyes sobre determinados temas;

c) Mencionando concretamente a las personas con discapacidad en los textos que sirvan para interpretar las disposiciones legislativas vigentes. Tal vez fuera conveniente combinar algunas de esas posibilidades. Podría examinarse la posibilidad de incluir disposiciones sobre acción afirmativa respecto de esos grupos.

Artículo 16. Política económica

La responsabilidad financiera de los programas y las medidas nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad corresponde a los Estados.

1. Los Estados deben incluir las cuestiones relacionadas con la discapacidad en los presupuestos ordinarios de todos los órganos de gobierno a nivel nacional, regional y local.

3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de aplicar medidas económicas, esto es, préstamos, exenciones fiscales, subsidios con fines específicos y fondos especiales, entre otros, para estimular y apoyar la participación en la sociedad de las personas con discapacidad en un pie de igualdad.

4. En muchos Estados tal vez sea conveniente establecer un f ondo de desarrollo para cuestiones relacionadas con la discapacidad, que podría apoyar diversos proyectos experimentales y programas de autoayuda en las comunidades.

Artículo 19. Capacitación del personal

Los Estados deben asegurar la adecuada formación, a todos los niveles, del personal que participe en la planificación y el suministro de servicios y programas relacionados con las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben velar para que todas las autoridades que presten servicios en la esfera de la discapacidad proporcionen formación adecuada a su personal.

Es entonces, que en México existe una amplia legislación que compromete al gobierno y a la sociedad al cumplimiento y aplicación de la normatividad enfocada a la inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo principal es promover su inclusión y permanencia laboral sin discriminación y en igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar el desarrollo humano de estos grupos. Por lo que, para dar mayor protección y certidumbre jurídica a los trabajadores con discapacidad, es importante reconocer y garantizar plenamente sus derechos en la presente legislación, reconociéndoles la dignidad e importancia de su labor.

Los obstáculos que encaran las personas con discapacidad para su inserción en el ámbito laboral son múltiples, pero creemos que su punto nodal se encuentra en el concepto equivocado que actualmente tiene la sociedad en general, y los empleadores en particular, sobre las potencialidades y los derechos de estos ciudadanos, y sobre el proceso a seguir para su integración al trabajo, el cual está perfectamente definido tanto en instrumentos internacionales como nacionales. Normalmente se desconoce el marco legislativo vigente, y las modificaciones que pueden establecerse para lograr un medio ambiente laboral seguro y productivo, así como el considerable número de instituciones y organizaciones que pueden participar y apoyar en este proceso.

Sabemos que hay una gran cantidad de empresas y patrones que han entendido a cabalidad la importancia de incorporar a la fuerza laboral del país a las personas con discapacidad, no solamente por la necesidad imperiosa de respetar y hacer valer el derecho al trabajo, sino porque representan un porcentaje importante de ciudadanos que deben contribuir a mantener la economía del país.

A pesar de la progresiva adecuación de nuestras normas respecto de los tratados internacionales, en México las personas con algún tipo de discapacidad sufren diferentes tipos de discriminación en su vida cotidiana, lo que merma su dignidad humana, pues en los ámbitos laboral, social, religioso, sexual y cultural, son tratadas de forma discriminatoria , en razón de sus defectos físicos, congénitos o adquiridos, incluso por su edad biológica avanzada,ya que suelen ser elementos tomados en cuenta al momento de solicitar un espacio laboral, atento a que se considera que no podrán desarrollarlo como es debido, lo cual es totalmente arbitrario, falso e injusto. Es preciso que las personas con discapacidad, tengan la confianza de que cuando busquen un trabajo, no sufrirán discriminación debido a su discapacidad, sino que se le reconozcan sus capacidades, cualificaciones y potencial.

Es preciso promover la no discriminación, lucha contra los prejuicios y las falsas ideas sobre las personas con discapacidad en las empresas y establecimientos, fomentando el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, que genere un impacto cultural organizacional y en consecuencia, lograr una interacción verdadera y de respeto mutuo.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 4 y 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero.Se adicionan un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 7° recorriéndose el subsecuente, se reforman las fracciones VIII y X del artículo 134, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o...

Las dependencias e instituciones oficiales y entidades públicas y privadas tanto federales como locales, deberán emplear un dos por ciento de personas con discapacidad, por lo menos, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios no lo permita, en este caso, la autoridad queda sin responsabilidad.

Para determinar la proporción de trabajadores establecida en el párrafo anterior, se tomará en cuenta el total de los trabajadores de las instituciones señaladas.

El patrón interesado, previa presentación del certificado médico correspondiente, podrán aplicar una bonificación de hasta un cincuenta por ciento de las cuotas a seguridad social, y además hacer la deducción prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

...

Artículo 134. ...

I. a VII....

VIII.Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo dando preferencia en su caso , a las personas con discapacidad;

IX....

X.Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable . Se exceptúan de esta disposición las personas con discapacidad;

XI. a XIII. ...

Artículo Segundo. Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 4, y se reforma la fracción III del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 4....

I.a II....

a)a d) ...

III....

a)a d)...

IV....

a)...

b)...

c) Atención a jubilados, Pensionados y personas con discapacidad, y

d)...

Artículo 198. ...

I. y II. ...

III.De atención a jubilados, Pensionados y personas con discapacidad;

IV.a V....

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 186, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue.

Artículo 186.El patrón que contrate a personas condiscapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 y subsecuentes, se destinarán recursos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Hernández Licona, Juan Manuel, Los derechos humanos de las personas con discapacidad, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador “B” del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, revista Quorum Legislativo.

2 De la exclusión a la igualdad: Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, Naciones Unidas Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Unión Interparlamentaria, Ginebra 2007.

3. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, consulta interactiva de datos, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606 &c=10819&s=est&cl=4#

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de limitación para cada entidad federativa, 2010”, México. Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdis03&c=27716 &s=est[Consulta:04 de diciembre de 2012].

5. Organización de las Naciones Unidas. “Países y organizaciones de integración regional”: http://www.un.org/spanish/disabilities/countries.asp?navid=17& pid=578

6. Gallup. “World Poll Scientifically measuring attitudes and be haviors worldwide” EEUU. Dirección URL: http://www.gallup.com/ poll/148253/Europeans-Open-Intellectual-Disabilities.aspx.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Soralla Bañuelos de la Torre, Angélica Reyes Ávila, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Almaral, Claudia Edith Anaya Mota, Daniela De los Santos Torres, Erik Juárez Blanquet, José Bernardo Quezada Salas, María Concepción Valdés Ramírez, María Eugenia Ocampo Bedolla, Mariano Lara Salazar, Omar Noé Bernardino Vargas, Ramón Bañales Arambula, Sara Paola Galico Félix Díaz, Sasil Dora Luz De León Villlard, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias...

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, no se me aceleren mucho. Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A ver, sonido en la curul de la diputada Claudia Anaya, por favor, ahí, sí, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Pedirle a mi paisana la diputada Soralla Bañuelos que si me permite suscribir su iniciativa, y además felicitarla por poner su dedicación y su esfuerzo en las personas con discapacidad. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Bañuelos manifiesta su aquiescencia para que pueda suscribirla. Igualmente la diputada vicepresidenta Daniela De Los Santos solicita la adscripción a la misma, diputada Bañuelos.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Víctor Sánchez, por favor.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Gracias, presidente. También para solicitar a la diputada Soralla nos permita adherirnos a esta importante iniciativa. Y felicitarla, la realidad es que ese tipo de iniciativas son las que se requieren para que haya una verdadera inclusión. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Está, como ya se ha estilado en otras ocasiones, a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa de la diputada proponente aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el propósito de la presente iniciativa pretende fortalecer los derechos humanos mediante la adecuación del orden jurídico orientado a los adultos mayores en proceso de readaptación social, debido a la necesidad de adecuar la normatividad vigente a una realidad social que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la salud.

Desde hace algunos años se han realizado diversas investigaciones que abordan el envejecimiento poblacional. Sin embargo, un tema que ha sido relativamente poco documentado es el que se refiere a los adultos mayores que por diversas situaciones viven o han tenido que pasar parte de su vejez recluidos purgando alguna condena.

En la pasada administración federal, la Procuraduría General de la República, PGR, ya evidenciaba un aumento en la participación de las personas mayores de 60 años en el crimen organizado y narcotráfico, basándose en el incremento de consignaciones y detenciones registradas que al día de hoy mantienen una tendencia a la alza.

Estos grupos poblacionales que purgan deuda con la justicia, en muchos de los casos son abandonados a su suerte, subsistiendo bajo modelos caritativos que no ofrecen una mejor atención alimentaria médica y psicológica.

El Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar a cada recluso la asistencia médica que requiere. Es uno de los deberes que asume cuando priva de la libertad a una persona, ya que la situación de encierro no le permite satisfacer por sí mismo sus necesidades.

Este proceso de individualización del tratamiento penal debe realizar estudios especializados, mediante un sistema progresivo y técnico que establezca el tratamiento que debe aplicar a cada sujeto, teniendo como prioridad sus aspectos médicos y psíquicos.

En este mismo sentido, en antecedente, el 19 de enero de 2012 se adicionó un párrafo al artículo 6, a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, donde se establece que en los centros de reclusión para mujeres se brindara la atención médica y servicios ginecológicos necesarios. Y en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

Hoy en día no existe personal médico especializado en geriatría, en los centros de reclusión, lo que tiene como consecuencia que las enfermedades de los internos no sean detectadas oportunamente, generando una atención inadecuada de las enfermedades crónicas degenerativas, por lo que los adultos mayores en reclusión requieren de atención especializada en función de las características propias de su edad, lo que hace necesaria la implementación de acciones destinadas a hacer efectiva la observancia por el cuidado de sus derechos.

La atención geriátrica que se propone en los centros de readaptación como una rama de la medicina especializada en el adulto mayor se debe enfocar tanto a los aspectos clínicos, presentes en sus enfermedades, como a la prevención de las mismas.

De forma especial y particular a los aspectos sociales que pueden influir en la salud de las personas de la tercera edad, como son la soledad, el aislamiento, la dependencia. Estos aspectos deben formar parte del trabajo y actuación del médico geriatra en los reclusorios.

En conclusión, la falta de médicos especializados en geriatría tiene como consecuencia que las enfermedades de los adultos mayores internos no sean atendidas de manera oportuna. Aunado a ello, generalmente no se cuenta con medicamentos especializados para tal efecto. No existen programas de prevención de padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas, lo cual vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos, que puede derivar en un problema de salud pública.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone establecer la disposición de que en todo centro de reclusión se brindara la atención médica y de servicios geriátricos necesarios y, en su caso, la atención especializada para enfermedades crónico-degenerativas que permita a los adultos mayores internos la solución o tratamiento adecuada a sus problemas de salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar de la siguiente manera.

Artículo sexto. En los centros de reclusión de seguridad máxima, media y mínima, tratándose de adultos mayores, recibirán atención médica geriátrica. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 77 y el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El propósito de la presente iniciativa pretende fortalecer los derechos humanos mediante la adecuación del orden jurídico orientado a los adultos mayores en proceso de readaptación social, debido a la necesidad de adecuar la normatividad vigente a una realidad social que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la salud.

Desde hace algunos años se han realizado diversas investigaciones que abordan el envejecimiento poblacional, sin embargo, un tema que ha sido relativamente poco documentado es el que se refiere a los adultos mayores que por diversas situaciones viven o han tenido que pasar parte de su vejez en una institución penitenciaria purgando alguna condena.

Actualmente, el país presenta un progresivo envejecimiento de la población, que para 2030, en tan sólo 14 años el número de adultos mayores de 60 años se habrá duplicado y alcanzará 20 millones de personas.

En la pasada administración federal, la Procuraduría General de la República ya evidenciaba un aumento en la participación de las personas mayores de 60 años en el crimen organizado y narcotráfico, basándose en el incremento de consignaciones y detenciones registradas que al día de hoy mantiene una tendencia al alza.

Estos grupos poblacionales que purgan deudas con la justicia, en muchos de los casos son abandonados a su suerte, subsistiendo bajo modelos caritativos que no ofrecen una mejor atención alimentaria, médica y psicológica.

Si bien el sistema penitenciario en México tiene como objetivo la readaptación del individuo, la estancia en reclusión debe garantizar a la sociedad que el individuo recibirá un trato especializado que le permita su reinserción al entorno. Sin embargo, las instituciones penitenciarias no cuentan con el personal, cuidados e infraestructura necesaria para ofrecer un espacio de vida adecuado para satisfacer las necesidades especiales de los viejos.

Este reto debe ser enfrentado de inmediato en conjunto con la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Geriatría y la Comisión Nacional de Seguridad, para analizar la temática y buscar nuevas opciones que aseguren la viabilidad y la calidad en los servicios geriátricos, y con ello obtener una propuesta más clara que establezca directivas en cuanto al envejecimiento y salud, enfocada a los ámbitos de reclusión del país.

El Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar a cada recluso la asistencia médica que requiere, es uno de los deberes que asume cuando priva de la libertad a una persona, ya que la situación de encierro no le permite satisfacer por sí mismo sus necesidades, este proceso de individualización del tratamiento penal debe realizar estudios especializados, mediante un régimen progresivo y técnico, que establezca el tratamiento que se debe aplicar a cada sujeto, teniendo como prioridad sus aspectos médicos, psíquicos y sociológicos; en este mismo sentido en antecedente, el 19 de enero de 2012 se adicionó un párrafo al artículo 6o. a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados donde se establece que en los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

Hoy no existe personal médico especializado en geriatría en los centro de reclusión, lo que trae como consecuencia que las enfermedades de los internos no sean detectadas oportunamente, generando una atención inadecuada de las enfermedades crónicas degenerativas, por lo que, los adultos mayores en reclusión requieren atención especializada en función de las características propias de su edad, lo que hace necesaria la implementación de acciones destinadas a hacer efectiva la observancia por el cuidado de sus derechos.

Debemos entender que el derecho a la salud de un individuo en estado de reclusión, es el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica y psiquiátrica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a un tratamiento, así como a medicamentos apropiados y gratuitos; además de las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad que están en riesgo, como lo son los adultos mayores.

La atención geriátrica que se propone en los centros de readaptación social, como una rama de la medicina especializada en el adulto mayor, se debe enfocar tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la prevención, de forma especial y particular a los aspectos sociales que pueden influir en la salud de las personas de la tercera edad como son la soledad, el aislamiento y la dependencia, estos aspectos deben formar parte del trabajo y actuación del médico geriatra en los reclusorios.

Los datos del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México señalan que poco más de 67 por ciento de la población de 60 años y más reporta tener al menos una enfermedad degenerativa, por ende la población de adultos mayores al paso del tiempo tendrá un deterioro en su estado de salud, cada año miles de personas son diagnosticadas con este tipo de enfermedades y miles más mueren por esa condición.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que supervisa el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, dentro de las irregularidades respecto a la atención médica documentada nos demuestran que el derecho a la salud de los internos se ve vulnerado, ya que se observan deficiencias en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, de material de curación e instrumental, así como de personal para atender a los internos con requerimientos específicos como lo son los adultos mayores, aunado a las fallas en la integración de los expedientes clínicos, lo que dificulta una adecuada atención médica, de modo tal que el médico tratante no cuenta con los elementos suficientes para proporcionar una atención oportuna.

En conclusión, la falta de médicos especializados en geriatría, trae como consecuencia que las enfermedades de los adultos mayores internos, no sean atendidas de manera oportuna, aunado ello, a que generalmente no se cuenta con medicamentos especializados para tal efecto; donde no existen programas de prevención de padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas, lo cual vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos que puede derivar en un problema de salud pública.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone establecer la disposición de que en todo centro de reclusión se brindará la atención médica y de servicios geriátricos necesaria y, en su caso, la atención especializada para enfermedades crónico-degenerativas, que permita a los adultos mayores internos la solución o tratamiento adecuado a sus problemas de salud.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Único. Se adiciona una fracción al artículo 6o. dela Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6o. El tratamiento será individualizado...

Para la mejor individualización del tratamiento...

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva...

En los centros de reclusión para mujeres...

En los centros de reclusión de seguridad máxima, media y mínima, tratándose de adultos mayores recibirán atención médica geriátrica.

En materia de delincuencia organizada...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, Alfredo Bejos Nicolás, Arturo Santana Alfaro, Soralla Bañuelos de la Torre (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

DECLARAR EL 2 DE MAYO COMO “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Hersilia Córdova Morán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán:Con su venia, diputado presidente. Con su permiso, señoras diputadas y señores diputados. A nombre de los diputados y diputadas integrantes de la coordinación del estado de Puebla, acudo a esta tribuna para presentar ante usted a iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying.

El bullying o acoso escolar es una expresión de la violencia humana en la escuela. El término surgió a mediados de los años ochenta y fue definido por el doctor Dan Olweus como: un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto de forma reiterada a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de otros u otros estudiantes.

Desafortunadamente desde entonces, se ha convertido en un problema de salud pública en México y el mundo que aqueja a niñas, a niños y adolescentes y preocupa a padres de familia y docentes. Nuestro país ocupa un deshonroso primer lugar a nivel internacional en acoso escolar en educación básica con un total de 18 millones 781 mil 875 casos en alumnos de primaria y secundaria.

Aún más, cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que en dos años progresivamente el número de casos de bullying o acoso escolar aumentó 10 por ciento. En 2011, 30 por ciento de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying, para 2013 el porcentaje ya era del 40 por ciento.

Estudios de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, revelan números todavía más escalofriantes, entre 60 y 70 por ciento de los 26 millones de alumnos de educación básica han sufrido acoso escolar. Esta realidad se traduce en un menor rendimiento académico a corto y a largo plazo, pero también sus terribles consecuencias trascienden el ámbito escolar.

El suicidio entre menores de cinco a 13 años de edad se ha incrementado. La Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República señala que cada uno de seis jóvenes víctimas de acoso escolar se suicida.

La situación es particularmente grave en nueve estados del país: Puebla, estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco. Estas entidades concentran 59 por ciento de los suicidios, indican estadísticas de la Secretaría de Salud.

El reconocimiento de la gravedad de este problema llevó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a presentar una resolución para proteger a niñas, niños y adolescentes del acoso escolar ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, misma que fue aprobada en el seno de ese organismo internacional.

Así, la alarmante realidad que dibujan las estadísticas mencionadas, obliga a que todos los niveles gubernamentales colaboren en el combate a esta modalidad de violencia que daña a la niñez mexicana.

Por ello México puede y debe, en concordancia con la efeméride internacional, establecer el día 2 de mayo de todos los años como el Día Nacional de la Lucha Contra el bullying. No olvidemos que cada niño y niña tiene derecho a la protección para desarrollarse adecuadamente.

Estoy plenamente consciente de que para erradicar un problema de tal magnitud no basta instaurar un día. Se necesita toda una vida de trabajo arduo y la transformación de las grandes diferencias sociales y económicas que nos mantienen alejados de nuestra esencia humana.

Sin embargo el establecimiento de dicha efeméride permitirá, en primer lugar, del reconocimiento del problema y, en segundo lugar, que los actores políticos y sociales colaboremos en el diseño de políticas públicas y estrategias para proteger a nuestra niñez.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la coordinación del estado de Puebla, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa de decreto, para declarar el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, integrantes de la coordinación estatal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por Puebla en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que declara el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El concepto de bullying refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico. Suele tener lugar en el aula; entre escolares principalmente, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

En el bullying intervienen tres agentes fundamentales: los agresores, las víctimas y los testigos. Centrándonos en el ámbito escolar; los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia las víctimas son testigos. Estos últimos juegan un papel fundamental, pues suelen estimular las agresiones, al reírse, aplaudir, felicitar a los agresores o por el contrario apoyan a las víctimas, denunciando el acoso.

Cada niño y niña tiene derecho a la protección, para desarrollarse adecuadamente. Ya sea bienestar físico, mental o social. La protección al niño debe ser provista ante todo por los padres y la comunidad que lo acoge, y posteriormente por el Estado.

Los Estados tienen el compromiso ineludible de brindar protección a los sectores más vulnerables, como es la niñez, por lo que resulta imperante ratificar las normas internacionales de protección a los derechos del niño y armonizarlo con su legislación, con el objeto de crear un sistema de protección eficaz que permita el libre desarrollo y sano esparcimiento. De igual forma están obligados a procurar este bienestar todas las personas ocupadas del cuidado de los niños, como los padres, tutores y docentes.

La educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las personas, sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer de ella un derecho accesible, por lo que el Estado debe concretar sus esfuerzos para lograrlo.

Antecedentes

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el “primer lugar en acoso escolar o en educación básica”, con un total de 18 millones 781 mil 875 de casos en alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas. Los niños o jóvenes que sufren acoso escolar por parte de otros estudiantes tienen un menor rendimiento académico de corto y a largo plazos. Esta situación puede acentuarse a lo largo del tiempo y provocar una depresión en la persona afectada.

En el país, el número de casos aumentó en 10 por ciento durante los últimos 2 años, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En 2011, la CNDH reportó que 30 por ciento de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje subió a 40.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud, al año fallecen 59 mil 562 personas. De ellas, 20 mil 643 corresponden a homicidios; 14 mil 343, a accidentes de tránsito; 4 mil 972, a suicidios; 2 mil 315, a caídas; mil 842, a ahogamiento; 548, a quemaduras; mil 43 a envenenamiento; y 13 mil 856, a causas diversas sin especificar.

El suicidio entre menores de edad, de 5 a 13 años, principalmente, se ha incrementado ya que además del ámbito escolar los menores son humillados y maltratados en las redes sociales. Este tipo casos se concentra principalmente en Puebla, México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco.

Es compromiso de todos los niveles de gobierno, procurar el bienestar de las niñas y los niños en nuestro País, sumando esfuerzos tal como los gobiernos a nivel internacional lo han hecho. De manera enunciativa mas no limitativa, podemos referirnos a Madrid, Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Sao Paulo, donde el histórico evento de lucha contra el bullying radica en combatir la violencia física y psicológica en las escuelas, generando conciencia través de medios de comunicación, redes sociales y programas integrales donde se retomen valores como el respeto, ética, tolerancia, optimismo y solidaridad.

El país se ha preocupado en todo momento por la salvaguarda de los derechos de los grupos vulnerables. El 24 de noviembre de 2014, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución propuesta por México para proteger a niños y a adolescentes del acoso escolar.

Dicha resolución fue anunciada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su intervención en el Debate General de ese organismo internacional.

Ésta es la primera ocasión en que la ONU incluye en su agenda de manera directa los efectos negativos que tiene el acoso escolar, o bullying, tanto en el desarrollo de los niños y los adolescentes como en el ejercicio de sus derechos.

La iniciativa de México adoptada por la ONU tiene como objetivo principal generar conciencia sobre la gravedad del bullying a escala mundial y promover la cooperación internacional para definir estrategias encaminadas a prevenirlo. Además de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad del problema del acoso escolar, esta iniciativa solicita que el sistema de Naciones Unidas brinde asistencia técnica a los Estados para fortalecer sus capacidades nacionales.

La resolución destaca la necesidad de involucrar a todos los actores relevantes para proteger a niñas y niños del acoso escolar, entre ellos: las autoridades, la familia, las escuelas, los medios de comunicación y la sociedad civil.

El gobierno del país, preocupado por la creciente prevalencia del acoso escolar o bullying y sus graves consecuencias, promovió que el tema se analizara desde una perspectiva de derechos humanos, a través de la cual se promueva la convivencia pacífica dentro de las escuelas, los espacios públicos y en el entorno familiar, desde un enfoque de construcción de una cultura de paz, de tolerancia, respeto y no discriminación.

A escala mundial se ha establecido el 2 de mayo como Día de la Lucha contra el Bullying para concienciar a la población sobre el problema del acoso escolar que afecta a millones de niños y jóvenes.

Se considera importante que el país se sume a las acciones que a escala mundial se realizan para generar políticas públicas que velen por la integridad física y psicológica de las víctimas de bullying.

Por lo expuesto sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying

Único. El Congreso de la Unión declara el 2 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra el Bullying.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/10/1045113

2 http://mexico.cnn.com/nacional/2013/12/23/los-casos-de-bullying-en-mexico-aumen tan-10-en-dos-anos

3 Ídem.

4 http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=65593

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Hersila Córdova Morán,Alejandro Armenta Mier, Carlos Barragán Amador, Edith Villa Trujillo, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Jorge Estefan Chidiac, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorenzo Rivera Sosa, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Córdova. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Saludamos la presencia de amigos invitados provenientes del estado de Guanajuato, invitados a este recinto por la diputada Bárbara Botello Santibáñez. Igualmente a catedráticas de la carrera en Administración de Empresas del octavo y onceavo trimestres de la Unidad Guamúchil de la Universidad de Occidente, invitados por el diputado Evelio Plata Inzunza. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY DE PUERTOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. México cuenta en sus litorales con 11 mil 500 kilómetros; también con 117 puertos y terminales habilitadas. El 67 por ciento del movimiento de carga se concentra en 16 puertos comerciales.

Nuestra nación cuenta también con un total de 66 puertos pesqueros. No obstante las cifras oficiales, el sector pesquero del país enfrenta serios problemas que le impiden posicionarse tanto en los mercados nacionales como en los internacionales.

La falta de capital, la sobreexplotación, los recursos pesqueros mal aprovechados, vedas no respetadas, el alto costo del mantenimiento de las embarcaciones, y por supuesto, las áreas restringidas que tiene Pemex en la Sonda de Campeche.

El incremento de estas áreas restringidas hace una complicidad en todas nuestras áreas de la actividad pesquera. Para que una embarcación pueda navegar en aguas nacionales, existe una reglamentación para la construcción, reparación, modificación de las embarcaciones y artefactos navales, así como la inspección, verificación y certificación de sus condiciones de operación.

Sin embargo no todos los 117 puertos del país cuentan con un inspector de seguridad marítima, lo que ocasiona que las actividades de navegación tengan retrasos sobre todo en los casos del puerto del estado de Campeche.

Una problemática particular es la que se deriva de las actuales estructuras administrativas y operativas dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las capitanías de puerto e inspectores de seguridad marítima, estructura que debe de ser objeto de revisión y ajuste en aras de dar respuesta eficiente a las características y necesidades específicas del sector en materia de autorización de arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.

Como la autoridad marítima, las capitanías de puerto sostienen una relación estrecha con las operaciones portuarias tales como: arribo, despacho, atraque y permanencia de los buques en los puertos. Las capitanías atienden y resuelven diversas problemáticas del sector.

El artículo 17 de la Ley de Puertos señala que “en cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto encargada de ejercer la autoridad portuaria y le concede diferentes facultades para prestar el oportuno despacho de las embarcaciones”. Asimismo establece que “las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen”.

Sin embargo, en la realidad esto no sucede así. La mayoría de las veces dichos elementos de vigilancia e inspección marítima deben ser llamadas de otros puertos para dar atención a las embarcaciones para poder realizar correctamente y que no obstaculice la operación de las mismas, que en muchas ocasiones por esa ausencia de autoridad permanecen atracadas en los puertos entre 15 y 30 días, como sucede de manera recurrente en el puerto de Campeche.

El contexto que enfrenta el sector en el ámbito nacional aunado a las graves situaciones de dar desatención operativa y muy concretamente el hecho de que las capitanías de puerto de manera discrecional y no de carácter permanente, dispongan de la presencia de un inspector de seguridad marítima en los puertos para la atención adecuada del arribo y despacho de la flota marítimas.

Pone de manifiesto dar respuesta urgente a las necesidades del sector, a los que la propia SCT permite explotar, usar, aprovechar, los bienes del dominio público en los puertos y terminales marinas.

Por eso, la presente iniciativa de ley propone garantizar la presencia de un elemento de inspección de seguridad marítima de forma permanente que permita hacer ágil y eficiente la operación del despacho de las embarcaciones marítimas en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Puertos.

Lo que buscamos es revitalizar el sistema portuario nacional y consolidar su desarrollo al tiempo que le permita estar en posibilidades de competir con otros países que cuentan con puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias que prestan servicio de alta calidad.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía el proyecto de decreto:

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen. Para el buen funcionamiento de las embarcaciones contarán de forma permanente con lo necesario, como es: un inspector de seguridad marítima. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Puertos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta en sus litorales con 11,500 kilómetros. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), nuestro país cuenta con total de 117 puertos y terminales habilitadas. El 67% del movimiento de carga se concentra en 16 puertos comerciales. Asimismo, cifras del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de 2011, señalan que nuestra nación cuenta con un total de 66 puertos pesqueros.

No obstante las cifras oficiales, el sector pesquero del país enfrenta serios problemas que le impiden posicionarse tanto en los mercados nacionales como internacionales. La falta de capital, la sobreexplotación de recursos pesqueros, vedas no respetadas, el alto costo del mantenimiento de las embarcaciones, la pesca ilegal, el incremento de áreas restringidas, falta de legislación clara y el descuido institucional, entre otros factores, hacen visible la alta vulnerabilidad de este sector.

Para que una embarcación pueda navegar en aguas nacionales, existe una reglamentación para la construcción reparación y modificación de embarcaciones y artefactos navales, así como la inspección, verificación y certificación de sus condiciones de operación.

Sin embargo, no todos los 117 puertos del país cuentan con un inspector de seguridad marítima, lo que ocasiona que las actividades de navegación tengan retrasos, sobre todo en el caso de puertos pesqueros como es el caso del puerto de Campeche.

Una problemática particular, es la que se deriva de las actuales estructuras administrativas y operativas dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): capitanías de puerto-inspectores de seguridad marítima, estructura que debe ser objeto de revisión y ajuste en aras de dar respuesta eficiente a las características y necesidades específicas del sector en materia de autorización de arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.

Corresponde a la Dirección General de Marina Mercante la facultad de ejercer la autoridad marítima por sí, o a través de las Capitanías de Puerto. Dicha Capitanía, es representante de la Dirección General de Marina Mercante en los puertos habilitados y se encarga de atender todos los asuntos del ámbito marítimo y portuario desde una perspectiva de seguridad en la navegación y el comercio marítimos.

Como autoridad marítima, las Capitanías de Puerto sostienen una relación estrecha con las operaciones portuarias, tales como: arribo, despacho, atraque y permanencia de los buques en puerto. Asimismo, atienden y resuelven diversas problemáticas del sector pesquero, de los prestadores de servicios de turismo náutico, agentes navieros, marinas turísticas y usuarios de ventanillas únicas.

El artículo 17 de la Ley de Puertos señala que en cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto encargada de ejercer la autoridad portuaria, y le concede distintas facultades para prestar el oportuno despacho de las embarcaciones. Asimismo, establece que las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen. Sin embargo, en la realidad no sucede así.

Dichos elementos de vigilancia e inspección marítima en la mayoría de las veces deben ser llamados de otros puertos para dar atención a las embarcaciones, para poder realizar correctamente y que no obstaculice la operación de las mismas que en muchas ocasiones, por esa ausencia de autoridad permanecen atracadas hasta por 15 días, como sucede de manera recurrente en el Puerto de Campeche. Incluso, el artículo 30 del Reglamento de la SCT señala: “Las ausencias de los titulares de las Capitanías de Puerto, serán suplidas por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependa y que expresamente designe la Dirección General de Marina Mercante”.

El contexto que enfrenta el sector en el ámbito nacional, aunado a las graves situaciones de desatención operativa señaladas anteriormente, y muy concretamente como lo representa que las Capitanías de Puerto de manera discrecional, y no de carácter permanente, dispongan de la presencia de un Inspector de Seguridad Marítima en los puertos para la atención adecuada del arribo y despacho de las flotas marítimas, pone de manifiesto dar respuesta urgente a las necesidades del sector, a los concesionarios, a permisionarios autorizados, concesionarios y contratantes a los que la propia SCT permite explotar, usar y aprovechar los bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas.

Justo la presente iniciativa de ley propone la apremiante necesidad de formular disposiciones legales que hoy en día demanda el sector, y en abono a ello, específicamente lo que se propone es garantizar la presencia de un elemento de inspección para la seguridad marítima de forma permanente que permita hacer ágil y eficiente la operación del despacho de las embarcaciones marítimas en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Puertos.

Por lo anterior expuesto, y en aras de revitalizar el sistema portuario nacional y consolidar su desarrollo, al tiempo que le permita estar en posibilidades de competir con otros países que cuentan con puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias que prestan servicios de alta calidad, someto a su consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I a VI. ...

Las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen. Para el buen funcionamiento de las embarcaciones contarán de forma permanente con por lo menos un inspector de seguridad marítima.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para dar cabal cumplimiento a esta reforma la Secretaría tendrá 30 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad correspondiente.

Notas:

1 http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina.

2 Sagarpa. Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2011.http: //www.gbcbiotech.com/

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata(rúbrica).»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Márquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y Marina, para dictamen.

Y se da la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, invitados por el diputado Cesario Jorge Márquez Alvarado. Sean todos ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Muchas gracias, diputado presidente. Solicito sea insertado el texto íntegramente en el Diario de los Debates. Esta iniciativa fue elaborada conjuntamente con el diputado Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La migración laboral es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. La recesión mundial ha dejado sin fuentes de empleo a amplios sectores de la población, particularmente centroamericana, mientras que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha hecho que México pase de ser un país de tránsito a uno en múltiples ocasiones de destino de migrantes.

Como país de recepción, acogida y destino la exigencia que hagamos de respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en el extranjero solo tendrá congruencia cuando nosotros mismos podamos asegurarlos a la población de inmigrantes en nuestro país, los cuales con esfuerzo contribuyen en muchos casos al desarrollo social, cultural y económico.

La carencia de recursos que les motivó a salir de su país también les impide regularizar su situación migratoria, quedando en la incertidumbre e indefensión, y los pone en un mayor nivel de vulnerabilidad de sus derechos humanos.

No permitamos que esas políticas injustas y discriminatorias que se aplican en el extranjero a nuestros connacionales, y de las cuales tanto nos quejamos, sean reproducidas por nosotros mismos en México.

Estamos viviendo un intenso debate en las candidaturas presidenciales en nuestro vecino país del norte. No permitamos que un discurso xenófobo, un discurso mediocre de uno de los candidatos que tendrá participación en la contienda electoral se apodere del discurso, del debate y de lo que nosotros estamos haciendo en México.

No permitamos que nos erijan bardas, que nos erijan muros, tendamos nosotros puentes a los derechos humanos, seamos más humanos. Consigamos que nuestros connacionales vivan bien, pero también respetemos los derechos humanos de aquellos que por alguna condición están en nuestro país en una condición de vulnerabilidad.

En el caso concreto al que me refiero es el de acceso a la salud, derecho negado tanto a los migrantes residentes en México como a las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos.

En México, por desconocimiento o falta de capacitación, personal de los servicios públicos de salud discriminan a las y los migrantes sin documentos, que requieren de atención médica en el país.

En todo trámite, y eso lo sabemos todos, dentro del territorio nacional es necesario presentar la Credencial de Elector, misma que sólo se expide a ciudadanos mexicanos, así como la CURP, documento igualmente otorgado a ciudadanos mexicanos previa presentación de acta de nacimiento, la cual por obvias razones ellos tampoco tienen, poniendo en riesgo la integridad de las personas que independientemente de su estatus migratorio se encuentren en una situación peligrosa para su salud.

Es por ello que esta iniciativa representa el reconocimiento del Estado mexicano a la salud de todas las personas, de todas las personas sin excepción. La salud es un derecho humano, así lo establece nuestro artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, por lo tanto su carácter universal no está condicionado por ciudadanía o ninguna otra condición.

Es nuestro deber garantizar los medios de atención y de prevención y no abandonar a su suerte a ninguna persona que requiera del apoyo médico. México tiene que poner el ejemplo a nuestros vecinos. ¿Somos capaces de defender y de promover a toda costa los derechos humanos o no lo somos?, máxime cuando la Ley General de Migración ya establece la protección deseada.

Armonizar esta norma nos hará consecuentes y solidarios con nuestros amigos extranjeros. Nos hará colocarnos a la altura de las exigencias que el país requiere.

Solicitamos de su apoyo, es simplemente hacer de la norma un reflejo de lo que nosotros queremos que se dé como respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en México. Vayamos a homologar, vayamos a armonizar esta normatividad. No existen en la Ley General de Salud estos preceptos que estamos buscando homologar y entonces tendremos que hacerlo por el bien de nosotros, por el respeto a los derechos humanos y por el respeto a nosotros mismos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En la frontera sur de México, los puntos de internación de migrantes centroamericanos y extra regionales se encuentran en distintas zonas de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, éstos son los estados que componen la red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes, desde la frontera sur hacia el norte del país, los migrantes pasan por Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz hasta llegar a Tamaulipas.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente por la frontera sur de México, principalmente por Chiapas, ingresan sin documentos, por lo tanto en una situación irregular, unos 150 mil migrantes, con la intención de llegar a EUA. En su mayoría estos migrantes provienen de Centroamérica, Sudamérica y en menor medida extra migrantes originarios de países de las regiones de Asia y África.

Este flujo que antes iba y venía, a partir 2008 y derivado de la crisis económica que enfrentó Estados Unidos, se redujo y muchos migrantes quedaron desempleados; esto, aunado al aumento en la tarifas para el cruce irregular, hicieron poco atractivo el viaje pues implica altos costos económicos y riesgos a su integridad. Sin embargo, las condiciones de violencia y desfavorable situación económica persistentes en sus países de origen, les obliga a permanecer en México, que actualmente se ha convertido en lugar de residencia para miles de inmigrantes.

El embajador de Honduras en este país, José Mariano Castillo Mercado señaló:

Que México ya es el segundo destino de migración de sus connacionales, pues cuando menos el 20 por ciento de los hondureños que buscan ir a Estados Unidos deciden “echar raíces aquí”.

Esta población que decide echar raíces en México, que contribuye a la economía y al desarrollo social, que encuentra oportunidades de trabajo y establece relaciones familiares o personales con ciudadanos mexicanos y carecen de recursos para poder regularizar su situación migratoria, quedan en la incertidumbre, lo cual los deja en la indefensión legal y, a pesar de que tanto en la Ley General de Víctimas como en la Ley de Migración existen los preceptos para garantizarles sus derechos plenos, en la realidad no acceden a ellos como debería ser garantizado en cumplimiento de la Constitución, en particular, el derecho a la salud.

Como decíamos, el artículo 8 de la Ley de Migración reconoce el derecho que tienen las y los migrantes a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y Privado, independientemente de su situación migratoria.

Asimismo, en los artículos 5, 91 y 93, se establece que los migrantes cuando sufren victimización son sujetos de la Ley General de Víctimas, y los artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 56, fracción VII del 65, 107 y 116, de la misma ley, señala que en tanto ello, tienen derecho a recibir servicios de salud, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano mexicano.

En particular, quisiera señalar los derechos que protege el artículo 34:

En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

Por otra parte, la Ley General de Salud es imprecisa y da pie a que por falta de información, ausencia de capacitación y sensibilidad o miedo de los servidores públicos, se les niegue el servicio de salud a los migrantes, por no portar una identificación o no tener CURP, documento que sabemos sólo se otorga a ciudadanos mexicanos, lo cual coloca a los migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad de la que ya sufren al transitar por nuestro país.

Esta indefensión la podemos ejemplificar con tal sólo dos casos

a) El de Damaris, joven hondureña de 16 años que se encuentra en la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas, quien a cinco meses de embarazo no ha podido recibir atención médica, como lo ha denunciado el padre Pedro Pantoja Arreola; y

b) El de madres migrantes y sus hijos nacidos en Coahuila, es decir, ya son mexicanos, a las que se les ha negado la afiliación al Seguro Popular tan sólo porque ellas no tienen una estancia legal en la entidad, lo que representa una violación al derecho a la salud de los menores y de ellas, en su calidad de población migrante, protegida por la Ley de Migración.

Argumentación

La situación que actualmente se vive en México, es sumamente compleja, y ya nos hemos comprometido a emprender el camino para recuperar la paz y con ello, resarcir las faltas para componer lo que descompusimos; por tanto, es fundamental avanzar hacia la modernización de Lo obsoleto e innovar nuestras leyes para estar a la altura de las demandas de una democracia que aspira a ser ejemplo del cumplimiento de derechos, en este particular, el derecho universal a la salud, sin importar la condición migratoria del demandante.

México ha reconocido en su Constitución, derechos fundamentales; en el artículo 1o, se establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales que México sea parte; en el artículo 4o, se asegura que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el artículo 33 señala que los extranjeros gozaran de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución.

En el artículo 2o de la Ley de Migración, se establece que la política migratoria del Estado Mexicano estará basada en el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes.

Y en nuestra normatividad se ha plasmado con gran sentido garantista que en ningún caso una situación migratoria irregular significará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Así también, México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos que deben ser observados, como lo establece el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, como parte del bloque de constitucionalidad por todas las autoridades nacionales ejecutivas y judiciales.

De esta manera, en materia de derecho a la salud es aplicable, a nivel nacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece:

...toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

También debe considerarse lo señalado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que señala que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el artículo 12 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que establece la obligación que tienen los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

De acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, las personas migrantes, en especial las mujeres, se enfrentan a un sistema de salud cuya infraestructura y personal es insuficiente para atender a la población nacional, donde la discriminación se incrementa por cuestiones de sexo, condición socioeconómica, situación migratoria y étnica.

Por ello, nos preocupa que las reglas de operación del Seguro Popular, imponga requisitos que prácticamente hacen imposible que las y los migrantes o las personas con situación migratoria irregular puedan acceder a los servicios que proporciona este programa.

Los criterios de elegibilidad que tiene que reunir las personas o las familias que quieran tener acceso al Seguro Popular, son los siguientes:

a) Residir en las zonas y regiones seleccionadas de las entidades federativas participantes en el Programa SPS;

b) No ser derechohabiente de la seguridad social;

c) Optar voluntariamente por afiliarse;

d) Presentar comprobante de domicilio;

e) Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de contar con ella o acta de nacimiento.

Como queda evidente, desde la delimitación de la población objetivo del programa se excluye la posibilidad de que migrantes irregulares y migrantes puedan acceder al Seguro Popular sin discriminación por su condición migratoria u origen.

También resulta imposible que se pueda reunir requisitos que sólo podrían satisfacer ciudadanos mexicanos, como por ejemplo el CURP o que se solicite, el comprobante de domicilio. El derecho a servicios de salud que se otorga a los migrantes en distintos ordenamientos, debería ser exigible en la ley específica que regula los mecanismos para acceder al derecho, por ello, no debería mantenerse en la legislación secundaria en materia de salud, los impedimentos para que las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder al servicio y contar con un registro ante el Seguro Popular que les permitiera acceder a cualquier clínica o centro de salud dentro de los estados que son ruta migratoria.

En cuanto a los migrantes que se quedan a radicar de manera irregular en el país, si bien pudieran llegar a cumplir el requisito de presentar comprobante de domicilio, el acceso será imposibilitado justo por su condición irregular, ya que en todo trámite dentro de territorio nacional, es necesario presentar credencial de elector misma que sólo se expide a ciudadanos mexicanos, así como el CURP, igualmente sólo otorgado a ciudadanos mexicanos, previa presentación de acta de nacimiento, esto significa que se deben establecer procedimientos especiales para personas migrantes, sean éstas documentadas o indocumentadas. .

Esto debe ser así, porque el trámite de regulación de una persona migrante es complejo, muchos de ellos son enviados a centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en donde, lamentablemente, no son protegidos sino criminalizados y victimizados e incluso deportados a su país de origen, y antes de que puedan solicitar la visa o un permiso temporal que les permita permanecer en territorio mexicano, o que puedan solicitar refugio. Estas condiciones hacen difícil que un migrante busque regularizar su situación, y con ello, cubrir los requisitos que marca el Seguro Popular para lograr acceder al derecho y ser beneficiario.

A continuación se expone un cuadro comparativo entre los ordenamientos vigentes a la fecha y las propuestas que contienen la iniciativa:

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 1o, fracción IV del artículo 4o., artículo 33, artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 1 fracción I del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, artículo 77 Bis 3, fracción I, artículo 77 Bis 7 y se adiciona una fracción IV al artículo 77 Bis 7, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I (...)

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, incluyendo a personas migrantes que se encuentren en territorio nacional independiente de su situación migratoria;

III. (...) al XXVIII. (...)

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos así como personas migrantes migrante residentes o en tránsito, sin importar su condición migratoria, tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Artículo 77 Bis 3. Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio fijo o temporal, esto también aplica a personas migrantes que se encuentren en el país, independiente de su situación migratoria, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.

Artículo 77 Bis 7. Gozarán de los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud las familias cuyos miembros en lo individual satisfagan los siguientes requisitos:

I. Ser residentes en el territorio nacional; sin importa la situación migratoria

II. (...)

III. (...)

IV. En el caso de personas migrantes de nacionalidad distinta a la mexicana, se utilizarán supletoriamente las identificaciones oficiales emitidas por el gobierno del país de origen.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conapo.gob.mx

2 Saldaña, Iván. Segundo destino para Migrantes Hondureños. Periódico Excélsior. 2 de junio de 2015.

3 Espinoza, Leticia. [Migrantes] periódico El Zócalo de Saltillo. 01 de agosto de 2015.

4 OACDUH, El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas de Chiapas, guerrero y Oaxaca, México, 2008 pp.31, 33,40y 49.

5 Informe sobre migración y el derecho a la salud en México (GTM-México) y (PIDHDD), pág. 39.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputados y diputadas: Francisco Xavier Nava Palacios,Alberto Martínez Urincho, Araceli Saucedo Reyes, Cecilia Guadalupe Soto González, David Gerson García Calderón, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Galván Martínez, Héctor Javier García Chávez, Héctor Peralta Grappin, J. Guadalupe Hernández Alcalá, María Luisa Beltrán Reyes, Natalia Karina Barón Ortiz, Olga Catalán Padilla, Rafael Hernández Soriano, Sergio López Sánchez (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo solicitó el diputado proponente.

VOLUMEN II

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Enrique Zamora Morlet, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Enrique Zamora Morlet:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Una de las funciones primordiales de esta asamblea es contribuir a la solución de los problemas nacionales, mediante el análisis de la realidad en que se desenvuelve nuestro país y la aportación de propuestas razonadas y viables a favor de la sociedad.

La Constitución, en su artículo 109, fracción II, estatuye que se aplicarán sanciones penales a servidores públicos por la comisión de delito, asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que para alcanzar la meta nacional Un México en Paz, es necesario fortalecer las instituciones, mediante el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, entendiendo que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado.

En ese orden de ideas, es indispensable que la Función Pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta de ética que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad.

Según algunos estudios del CIDE, se calcula que el costo anual de la corrupción está en un rango entre 2 y 10 por ciento del PIB, lo cual equivale entre 26 y 130 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el Imco estima que en promedio las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus ingresos mensuales a gastos relacionados con la corrupción.

En este contexto, la formulación de nuevas propuestas para sancionar las conductas punibles de los servidores públicos alcanza un papel preponderante dado que la situación de pobreza y las circunstancias en las cuales viven millones de mexicanos persisten, entre otras cosas, como consecuencia de actos de ilegalidad cometidos contra la administración pública por parte de servidores públicos que se enriquecen a costa de lo que les corresponde a los primeros por fallas en lo previsto en el Código Penal Federal.

Es por ello, que propongo a esta soberanía que en el texto de la fracción III del artículo 214 del Código Penal Federal se incorpore el concepto de empresa productiva del Estado, pues a consecuencia de la reforma energética Pemex y CFE tienen esta denominación y actualmente se encuentran fuera de lo previsto en la fracción mencionada.

Asimismo, someto a la consideración de esta honorable asamblea la propuesta de incrementar las penalidades a quienes caigan en el supuesto jurídico de delito de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I y II del citado artículo 214, con la finalidad que se imponga de 6 días a 2 años de prisión, multa de 60 a 600 veces la unidad de medida y actualización. Además, el infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrá de 4 a 10 años de prisión, multa de 60 a 600 veces la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de 4 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Es así, compañeros, que impulsaremos una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones como mexicanos, que repudia el delito, la corrupción y la impunidad y que combata severamente esos delitos, tanto en el ámbito público y privado como en la interacción entre ambos, especialmente cuando se trate de servidores públicos. Gracias, por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción II, establece que se aplicarán sanciones penales a los servidores públicos por la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, conductas que serán perseguidsa y sancionadas en los términos del Código Penal Federal, en el Libro Segundo, los Títulos Décimo y Décimo Primero, los cuales refieren los delitos cometidos por servidores públicos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece que para alcanzar la meta nacional “Un México en Paz”, es necesario fortalecer las instituciones mediante el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, entendiendo que la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al estado de derecho, por lo que es necesario combatir la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público con la finalidad disminuir la prevalencia de esas conductas.

En ese orden de ideas, también el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que para consolidar un gobierno más abierto al escrutinio público, es indispensable que la función pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta ética que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad.

Para el proponente es importante que en adición a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, es necesario dar penalidades más severas a actos de corrupción, pues étsos tienen consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos.

Los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos deshonestos, provocan indignación en la sociedad, pues resulta inaceptable que una actividad del Estado encaminada a satisfacer el bienestar colectivo sea realizada por sujetos ímprobos.

Según algunos estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica, se calcula que el costo anual de la corrupción está en un rango de aproximadamente entre el 2 y el 10 por ciento del producto interno bruto, lo cual equivale entre 26 y 130 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el Instituto Mexicano para la Competitividad estima que en promedio las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus ingresos mensuales para gastos relacionados con la corrupción.

En este contexto, la formulación de nuevas propuestas para sancionar las conductas punibles de los servidores públicos alcanza un papel preponderante, dada la situación de pobreza y las circunstancias en que viven millones de mexicanos, entre otras cosas, como consecuencia de actos de ilegalidad cometidos contra la administración pública por parte de servidores públicos que se enriquecen a costa de lo que le corresponde a la nación y debiera ejercerse en beneficio de la colectividad.

Este esquema de corrupción exige la creación de mecanismos para la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados, en México no existen sanciones ejemplares para aquellos funcionarios de la más alta jerarquía que actúan para desviar o apropiarse del recurso público destinado a cubrir necesidades elementales, como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la vivienda.

Asimismo se incorpora en el texto de la fracción tercera del artículo 214, el concepto de empresa productiva del Estado, empresa cuyo dueño es el Estado y participa en el mercado de energía con el objetivo generar valor económico, el beneficio de sus actividades se entregan al Estado mexicano y sirven para re-invertir en la propia empresa. Actualmente y a raíz de la reforma energética Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tienen esta denominación y se encuentran fuera de lo previsto en la fracción tercera del artículo 214 del Código Penal Federal.

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma atenta en contra de la sociedad.

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. El servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de la reacción laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, se encuentra obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 214 del Código Penal Federal

Artículo Único: Se reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

I. y II. ...

III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresa productiva del Estado, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o de los Poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.

IV. a VI. ...

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de seis días a dos año de prisión, multa de sesenta a seiscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de cuatro a diez años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas:

1 Si bien todos los datos anteriores son estimaciones y aproximaciones del alcance de la problemática, se puede concluir que las consecuencias de la corrupción pueden ser mayores y, por consiguiente, más costosas. Ver Casar, MA. (2015). Anatomía de la Corrupción. CIDE/IMCO: México.

2 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Enrique Zamora Morlet,Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

Saludamos la presencia de jóvenes provenientes de diferentes universidades del Estado de Guanajuato, encabezados por el estudiante Mauricio González, e invitados por la diputada Bárbara Botello Santos. Todos ustedes bienvenidos.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 230 Bis al Código Penal Federal.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, las personas con alguna enfermedad tienen derecho al cuidado cuando necesiten atención médica.

Los profesionales de la salud y cualquier persona que esté cerca de un enfermo no deben permitir actos que menoscaben el honor y la dignidad de un paciente, exhibiéndolo sin su consentimiento de cualquier forma, ya sea tomando fotografías, videos, mostrándolos en redes sociales con el ánimo de perjudicar su dignidad y su honor.

Los médicos y cualquier persona en los centros de salud del país tienen la responsabilidad de respetar autonomía, la dignidad de todos los pacientes. Que cuando son atendidos no siempre tienen la capacidad intelectual de tomar decisiones por sí mismos.

Por esta razón, los médicos y las personas a cargo de él deben evaluar al paciente y obtener el consentimiento de un representante apropiado, conforme al artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cuando se trate de fotografiar, tomar video o cualquier medio para divulgar datos personales, sensibles de dicho paciente.

La relación terapéutica entre médico y paciente está fundada en la confianza mutua. El médico o el personal de salud encargado tiene la responsabilidad de obtener el consentimiento informado del interesado para dicha exposición de datos personales sensibles, de acuerdo a los artículos 6, 7, 8, 9 y 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

El artículo 16 constitucional primero menciona que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, a la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones del orden público, seguridad, salud pública o para proteger los derechos de los terceros.

La Carta de Derechos Generales de los Pacientes, en su numeral dos, expone que el paciente debe recibir trato digno y trato respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales, morales, principalmente las relacionadas a sus condiciones socioculturales, de género, de pudor a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y que lo hagan extensivo a sus familiares y/o acompañantes.

Además, en su numeral 6 explica que debe ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización de su parte. Por lo que nadie debe aprovechar su posición profesional o de cercanía con los pacientes para violar la dignidad o los derechos humanos de ningún individuo. Y no se debe permitir, compañeros, que los deseos personales, necesidades, sentimientos, prejuicios, creencias interfieran con el tratamiento del paciente.

Por poner un ejemplo, hemos observado y mencionaremos imágenes tomadas por personal y estudiantes de salud con pacientes en hospitales, que de manera deliberada y faltando al respeto violan el derecho a la honorabilidad y a la dignidad; que se han viralizado, causando indignación en los cibernautas y afectados, ya que se exhibe a personas convalecientes que no han dado su consentimiento para tal hecho.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente decreto por el que se adiciona el artículo 230 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue.

“Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión al profesionista en materia de salud, al personal de un centro de salud o a la persona que realice actos que menoscaben el honor y la dignidad de un paciente, divulgando datos personales sensibles en la modalidad de imágenes y videos por cualquier aparato electrónico, en concordancia con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Por su atención, muchas gracias. Que pasen una excelente tarde.

«Iniciativa que adiciona el artículo 230 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputado a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente, se considera al paciente como alguien que necesita ayuda y atención médica. En la actualidad, el progreso en el tratamiento de los enfermos permite una mejor atención con medicamentos eficaces e intervenciones que pueden dar resultados que van de un completo restablecimiento a recuperaciones de duración variable, pero todo esto viene a ser un complemento, ya que además se debe tratar a los pacientes con el debido respeto a su dignidad humana.

Las personas con alguna enfermedad tienen derecho al cuidado cuando necesiten atención médica. Los profesionales de salud y cualquier persona que esté cerca de un enfermo no deben permitir actos que menoscaben el honor y la dignidad de un paciente exhibiéndolo sin su consentimiento de cualquier forma, tomándole fotografías, videos, mostrándolos en redes sociales, o por cualquier medio.

Toda persona posee derechos por el solo hecho de serlo y éstos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. Al mismo tiempo se requiere subrayar que esos derechos son fundamentales y se encuentran estrechamente vinculados a la dignidad humana, la idea de reconocer dicha dignidad, es por el ejercicio de la protección del desarrollo de una vida digna.

Los médicos y cualquier persona en los centros de salud del país, tienen la responsabilidad de respetar la autonomía y dignidad de todos los pacientes, que cuando son atendidos no siempre tienen la capacidad intelectual de tomar decisiones, los médicos y las personas a cargo de él deben evaluar al paciente, y obtener el consentimiento de un representante apropiado conforme al artículo 17 Fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) vigente, cuando se trate de fotografiar, tomar video o cualquier medio para divulgar datos personales sensibles de dicho paciente.

La relación terapéutica entre médico y paciente está fundada en la confianza mutua. El médico o el personal de salud encargado, tiene la responsabilidad de obtener el consentimiento informado del interesado para dicha exposición de datos personales sensibles, de acuerdo a los artículos 6, 7, 8, 9, y 12 de la LFPDPPP.

Los médicos y todo el personal, así como las personas cercanas a los pacientes en los centros de salud, siempre deben tratarlos con diligencia y respeto, ellos deben proteger la confidencialidad y la privacidad de todos ellos, ésta debe ser salvaguardada. Solo cuando la ley exija revelar información del paciente, el médico debe exponer sólo la información mínima pertinente necesaria y únicamente a la entidad que tiene autoridad legal para pedir la información. Cuando los bancos de datos permiten el acceso o la transferencia de información de una autoridad a otra se debe respetar la confidencialidad y dicho acceso o transferencia debe cumplir plenamente con la ley vigente.

El artículo 16 Constitucional párrafo primero menciona que Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

La “Carta de Los Derechos Generales de los Pacientes”, (de la Ley General de Salud, NOM- 168-SSA-1-1998, del Expediente Clínico). En su numeral 2 expone-

2. Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, pudor a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

Además su numeral 6, explica que debe ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese su médico, se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte...

Por lo que nadie debe aprovechar su posición profesional o de cercanía con los pacientes, para violar la dignidad o los derechos humanos de ningún individuo o grupo y no se debe permitir que los deseos personales, necesidades, sentimientos, prejuicios o creencias interfieran con el tratamiento del paciente. El médico, todo el personal y las personas cercanas a los pacientes nunca deben abusar de su autoridad o aprovecharse de su vulnerabilidad.

Por poner algún ejemplo, mencionaremos las imágenes tomadas por personal y estudiantes de la salud con pacientes en hospitales que circulan en las redes sociales y se han viralizado, causando indignación en los cibernautas y afectados ya que se exhibe a personas convalecientes que no han dado su consentimiento para el hecho, que pueden verse en los siguientes links. Aunque no necesariamente sean imágenes de nuestro país se muestra que ridiculizan a los enfermos.

El fundamento de los derechos de la Persona Humana reside en que el hombre es un ser dotado de razón y libre voluntad, que posee un fin propio. Estos caracteres son los que le dan la dignidad que goza, la persona humana, por ser un todo dueño de si, y de sus actos, no puede ser tratada por el ordenamiento jurídico como un medio, sino como un fin, y por ello debe reconocérsele la facultad de obrar conforme a las exigencias del último fin y debe garantizársele por parte de los demás integrantes del grupo social, el respeto al uso lícito de su actividad.

En consecuencia, la reforma que pretende esta iniciativa es evitar actos que menoscaben el honor y la dignidad de un paciente divulgando datos personales sensibles en la modalidad de imágenes y videos por cualquier aparato electrónico, sin consentimiento del afectado y proporcionar una pena al ilícito en concordancia con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para protección de los pacientes.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración el siguiente

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 230 Bis al Código penal Federal

Artículo Único.Se Adiciona el Artículo 230 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Código Penal Federal Titulo Decimosegundo
Responsabilidad Profesional Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 230...

Artículo 230 Bis. Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión, al profesionista en materia de salud, al personal de un centro de salud o, a la persona que realice actos que menoscaben el honor y la dignidad de un paciente divulgando datos personales sensibles en la modalidad de imágenes y videos por cualquier aparato electrónico, en concordancia con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 (https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+selfies+de+enfermos &biw=1440&bih=805&tbm=isch&imgil=l35IFD5sGb75uM%253A%253BDPd XtoMgnjNHUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.nnc.mx%25252F nacional%25252F1439313906.php&source=iu&pf=m &fir=l35IFD5sGb75uM%253A%252CDPdXtoMgnjNHUM%252C_ &usg=__usvDK9DzImUzxZ0XsQLPtCTEv7g%3D &ved=0ahUKEwjh9ZLlqoTLAhVIGMKHWosAI0QyjcILQ &ei=cE7HVuH9IMjwjwPq2IDoCA#imgrc=l35IFD5sGb75uM%3A)

(https://www.google.com.mx/search? q=imagenes+de+selfies+de+enfermos &biw=1440&bih=805&tbm=isch &imgil=l35IFD5sGb75uM%253A%253BDPdXtoMgnjNHUM%253B http%25253A%25252F%25252Fwww.nnc.mx%25252F nacional%25252F1439313906.php &source=iu&pf=m &fir=l35IFD5sGb75uM%253A%252CDPdXtoMgnjNHUM%252C_ &usg=__usvDK9DzImUzxZ0XsQLPtCTEv7g%3D &ved=0ahUKEwjh9ZLlqoTLAhVI-GMKHWosAI0QyjcILQ &ei=cE7HVuH9IMjwjwPq2IDoCA#imgrc=xpsl-gVuoadGqM%3A) (https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+selfies+de+enfermos &biw=1440&bih=805&tbm=isch &imgil=l35IFD5sGb75uM%253A%253BDPdXtoMgnjNHUM%253B http%25253A%25252F%25252Fwww.nnc.mx%25252F nacional%25252F1439313906.php &source=iu&pf=m &fir=l35IFD5sGb75uM%253A%252CDPdXtoMgnjNHUM%252C_ &usg=__usvDK9DzImUzxZ0XsQLPtCTEv7g%3D &ved=0ahUKEwjh9ZLlqoTLAhVIGMKHWosAI0QyjcILQ &ei=cE7HVuH9IMjwjwPq2IDoCA#imgrc=doLmpOny8aeJcM%3A)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de marzo de 2016.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD, LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Víctimas y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, todos ellos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, la violencia psicológica es una conducta pasiva o activa practicada en descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la dignidad personal de la mujer o el hombre que puede afectar la autoestima de la persona y que perjudicar su desarrollo operativo, lo que puede generar depresión e incluso suicidio.

En todos los casos es una conducta que causa un prejuicio a la víctima puede ser intencionada o no intencionada. Es decir, el agresor puede tener consciencia de que está haciendo daño a su víctima o no tenerla, esto se debe al punto de vista psicológico. Desde el punto de vista jurídico tiene que existir la intención del agresor de dañar a su víctima.

La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva directamente entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está penada por la ley. Hemos mencionado antes el acoso escolar, en el que una cabecilla o incluso un profesor hostiga y maltrata a la víctima que suele ser un niño distinto, bien por ser débil, más listo, más gordo o por cualquier característica que le hace víctima de los otros, el problema es que los niños no lo comunican a su familia por vergüenza o por temor. La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza física la coacción psicológica es una forma de violencia.

Por otro lado, el fenómeno de la violencia psicológica a nivel nacional va en aumento, según datos de la UNICEF, siete de cada 10 jóvenes en nuestro país sufre algún tipo de violencia durante las relaciones familiares y las relaciones sociales, dentro de las cuales se manifiesta la violencia psicológica, en un 76 por ciento de los casos.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, han dado a conocer que la violencia psicológica no es un fenómeno exclusivo de una violencia de género, sino también se manifiesta a través de las conductas en relaciones familiares, sociales y muy en particular en relaciones de pareja o noviazgo.

Ellos mismos confirman, que ese tipo de agresiones no se vuelven intensas sino también es lo que permite generar un daño sostenido en las personas debido a la frecuencia con que aparece el maltrato y lamentablemente deja pocas probabilidades de hacer sus efectos reversibles, dejando huellas nocivas e imborrables.

Hoy en día, se estima que esta conducta provoca un enorme debilitamiento en la autoestima de la persona quien recibe el maltrato. Su estado emocional se ve tan afectado que en muchas ocasiones llega al grado de la tentativa de suicido o de consumación.

Por si fuera poco, durante una relación directa con el agresor se generan aspectos síquicos negativos como la desvalorización como persona o de su identidad, ansiedad, miedo, baja de autoestima, agresividad desmesurada, tendencia a la soledad o aislamiento.

En este tema ya son diversas las propuestas legales que se han hecho para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres en una vida libre de violencia. Sin embargo no se ha hecho es esfuerzo suficiente para atacar este grave problema público que tanto afecta a la sociedad.

A decir verdad, el Estado mexicano se ha caracterizado por difundir las medidas adoptadas por los congresos federales bajo esta temática, pero la falta de un mecanismo público confiable, oportuno y veraz con información respecto de los tipos de violencia en todo el territorio nacional sus modalidades y frecuencias, no ha permitido la consolidación de las herramientas necesarias para detectarlas, tratarlas y en su momento erradicarlas.

Probablemente los sistemas de salud se han concentrado en el pasado mucho más en los problemas somáticos que en los sicológico-sociales de las personas. Por ello se debería aceptar que hay insuficiencia en el conocimiento relativo a la violencia juvenil y profundizar los estudios sobre los factores de riesgo, así como la intervención para la prevención.

Tomando en cuenta que la violencia sicológica no es tampoco una razón exclusivamente hogareña, sino también que toma fuerza cuando se ubica en el seno de las relaciones sociales, institucionales y mediáticas, podemos observar que nuestro marco normativo actual puede ser fortalecido con medidas de control para la mitigación y pronta erradicación.

Con base en lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito conjugar una serie de propuestas de modificación legal que busque la aplicación de conceptos de violencia sicológica en un rango más amplio inclusive en la esfera de la administración pública.

Esta iniciativa está suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, por el diputado Víctor Sánchez Orozco y su servidora. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Víctimas, así como del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados federales María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas y del Código Penal Federal, en materia de prevención de la violencia psicológica, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La violencia psicológica es una conducta pasiva o activa practicada en descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la dignidad personal de la mujer o el hombre, de igual forma los maltratos, negligencias, humillaciones, amenazas y comparaciones destructivas que puedan afectar la autoestima de la persona y que perjudique su desarrollo operativo, lo que puede generar depresión o incluso el suicidio.

Las causas de la violencia psicológica, pueden ser múltiples; ya sea que uno de los miembros de la pareja reproduzca vínculos paternos o familiares en su actual relación o que la violencia fuera un síntoma de los conflictos internos que mantiene una de las personas. La violencia psicológica en la pareja puede darse en cualquier momento de la relación, es decir, desde los primeros días o transcurridos varios años. Algunas personas que viven este tipo de relación violenta justifican el maltrato, mientras que otras confunden maltratos y ofendas con interés.

Vivir situaciones de violencia durante la infancia suele ser un indicador para reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de hombres perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de género. Estudios al respecto evidencian que las probabilidades de que una mujer sufra violencia de pareja se asocia con la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar durante su infancia. La violencia es una conducta que se aprende y en la mayoría de los casos, se adquiere en el núcleo familiar. Cuando una persona es violenta aprendió actuar a través de la impulsividad, porque no reflexiona antes de proceder.

Existen tres modalidades o tipos:

1. Maltrato psicológico: tiene una faceta activa y otra pasiva, el maltrato activo es el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales son difíciles de detectar, porque la víctima frecuentemente, no toma conciencia de que lo es y otras veces toma conciencia, pero no se atreve o no puede defenderse y no lo comunica o pide ayuda. El maltrato pasivo consiste en la falta de atención hacia la víctima cuando esta depende del agresor.

2. Acoso psicológico. Es perseguir a una persona con críticas, injurias, calumnias y acciones que pongan un cerco a su actividad, socavando su autoestima e introduciendo en su mente malestar, preocupación, angustia, incertidumbre extrema, y dudas. Es la forma de violencia que se ejerce con una estrategia, una metodología y un objetivo para conseguir la destrucción moral de la víctima, despojándola de su intimidad, tranquilidad y el tiempo necesario para llevar a cabo sus actividades, ya que el acosador la interrumpe constantemente con sus demandas inoportunas y agobiantes.

3. Manipulación mental: es la forma de violencia que desconoce el valor de la víctima como ser humano en lo que concierne a su libertad y a su autonomía, al derecho a tomar decisiones propias sobre su vida y de sus valores, es chantaje afectivo, es decir forma de control para lograr que la pareja actúe de acuerdo a los deseos del otro. Las tácticas incluyen amenazas que generan miedo, culpa o vergüenza, encaminados a movilizar a la víctima en la dirección que desea el manipulador.

La violencia psicológica en las mujeres afecta su salud mental , creando una disminución de sus posibilidades intelectuales y habilidades, pérdida de deseos o interés, depresión y ansiedad, pero este maltrato, no se da en forma impredecible, si no por el contrario en situaciones constantes que son necesarias conocer y comprender para poder sobrevenir.

El perfil de un hombre maltratado se asemeja al de la mujer, son personas con baja autoestima , se sienten menos preciados e inseguros; en estos hombres se produce el síndrome de dependencia emocional, es decir, se les hace imposible imaginarse la vida sin una pareja, hasta llegar a no importarles pasar por humillaciones y desprecios.

Dentro de esta perspectiva la Organización Panamericana de la Salud , resume las principales consecuencias psicológicas: Depresión, ansiedad, tristeza, angustia, fobia, trastorno de pánico, insomnio, cambios del estado de ánimo, ganas de llorar sin motivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos psicosomáticos, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, conductas autodestructivas, abuso de alcohol y drogas, irritabilidad, baja autoestima y suicidio o ideación suicida.

Por otro lado, el fenómeno de la violencia psicológica a nivel nacional va en aumento, según la UNICEF 7 de cada 10 jóvenes en nuestro país sufren algún tipo de violencia durante las relaciones familiares y las relaciones sociales, dentro de las cuales se manifiesta la violencia psicológica en 76 por ciento de estos casos.

Investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han dado a conocer que la violencia psicológica no es un fenómeno exclusivo de una violencia de género, sino que también se manifiesta a través de conductas en relaciones familiares, sociales y muy en particular en relaciones de pareja o noviazgo, ellos mismos confirman que este tipo de agresiones no sólo se vuelve intensa, sino también es lo que permite generar un daño sostenido en las personas debido a frecuencia con que aparece el maltrato y lamentablemente deja pocas probabilidades de hacer sus efectos reversibles, dejando huellas nocivas e imborrables.

Hoy en día se estima que esta conducta provoca un enorme debilitamiento en la autoestima de la persona quien recibe el maltrato. Su estado emocional se ve tan afectado que en muchas ocasiones llega al grado de la tentativa de suicidio o su consumación.

Por si fuera poco, durante una relación directa con el agresor se generan aspectos psíquicos negativos como la desvalorización como persona o de su identidad, ansiedad, miedo, baja de autoestima, agresividad desmesurada, tendencia a la soledad o aislamiento.

En este tema ya son diversas las propuestas legales que se han hecho para proteger los derechos de las y los niños y adolescentes, así como de las mujeres a una vida libre de violencia como sin embargo no se ha hecho el esfuerzo suficiente para atacar este grave problema público que tanto nos afecta como sociedad.

A decir verdad, el estado mexicano se ha caracterizado por difundir las medidas adoptadas por el Congreso federal bajo esta temática, pero la falta de un mecanismo público confiable, oportuno y veraz con información respecto de los tipos de violencia en todo el territorio nacional, sus modalidades y frecuencias, no han permitido la consolidación de las herramientas necesarias para detectarlas, tratarlas y en su momento erradicarlas.

Con base a lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito conjugar una serie de propuestas de modificación legal que busquen la aplicación del concepto de violencia psicológica en un rango más amplio inclusive en la esfera de la administración pública.

Probablemente los sistemas de salud se han concentrado en el pasado mucho más en los problemas somáticos que en los psicológicos y sociales de las personas. Por ello, se debería aceptar que hay insuficiencias en el conocimiento relativo a la violencia juvenil y profundizar los estudios sobre los factores de riesgo, así como las intervenciones para la prevención.

Tomando en cuenta que la violencia psicológica no es tampoco una razón exclusivamente hogareña, sino también que toma mayor fuerza cuando se ubica en el seno de las relaciones sociales, institucionales y mediáticas, podemos observar que nuestro marco normativo actual puede ser fortalecido con medidas de control para su mitigación y pronta erradicación.

Exposición de Motivos

Primero. La violencia psicológica, es la forma de violencia que más daño causa, por que inicialmente pasa desapercibida y cuando la víctima, se da cuenta en general es porque la situación ya está avanzada.

Segundo. Puede estar o no acompañada de agresión física en sus etapas posteriores, pero en general la violencia psicológica es la que primero se instaura, generando pues todos los sentimientos de minusvalía, donde la víctima se siente intimidada e invadida en su espacio vital e íntimo, confusa y deprimida sin saber porque.

Tercero. Los mayores índices de trastornos psicológicos están significativamente asociados con la violencia, aún después de descontar el efecto de contención de la educación y los efectos asociados al alcoholismo.

Cuarto. Comparando los países del mundo, encontramos datos significativos pues la incidencia de trastornos psicológicos. De acuerdo con la más reciente estimación de la carga de la enfermedad por parte de la Universidad de Harvard, en América Latina es 3 veces mayor que en el resto del mundo.

Quinto. Hay evidencias de estudios realizados en algunos países, como Colombia, de que el desarrollo del grado de confianza de los individuos en sus respectivos ambientes familiares y sociales y la velocidad del progreso de la educación son dos factores fuertemente asociados a la violencia psicológica.

Sexto. Debe reconocerse que la violencia o la agresión no defensiva, constituye una causa muy importante de graves daños físicos y psicológicos, de incapacidades permanentes y también de muertes precoces. Se tiene la convicción de que la violencia no es una cualidad intrínseca de la naturaleza humana y por lo tanto puede ser mitigada y en muchos casos prevenida.

Asimismo, se anexa la propuesta del texto en la siguiente tabla:

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X al artículo 73, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 40, de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 219, así como la fracción XII del artículo 225, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X al artículo 73 de la Ley General de Salud, se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 40 de la Ley General de Víctimas, se reforma la fracción I del artículo 219, y la fracción XII del artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de prevención de violencia psicológica

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X al artículo 73, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

I. a VIII. ...

IX. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

X. La realización de programas para la prevención de trastornos mentales causados por la violencia psicológica, además de la coordinación con las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas, educativas y otras según corresponda en su caso para detectarla, mitigarla y erradicarla.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 40, de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia, por el uso de la violencia psicológica o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 219, así como la fracción XII del artículo 225, ambos del Código Penal Federal.

Artículo 219. Comete el delito de intimidación:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física, moral o psicológica, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y

II. ...

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I. a XI. ...

XII Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación, violencia psicológicao tortura;

XIII. a XXXII. ...

Transitorio. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Ma. Victoria Mercado Sánchez, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Angélica Reyes Ávila:A casi 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aun carecemos de un sistema articulado para la implementación de políticas públicas.

Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que someto a la consideración del pleno el día de hoy, tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestro propósito es articular y sistematizar las acciones del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, para coadyuvar efectivamente a la creación de políticas públicas que incidan en la reducción de la violencia contra las mujeres en todo el país.

En Nueva Alianza somos promotores y defensores de la igualdad, la dignidad y la libertad de las y los ciudadanos del país. Estamos convencidos de que erradicar la violencia que sufrimos las mujeres, es una tarea que nos corresponde a todos, a la sociedad y al gobierno.

Hemos pugnado por la erradicación de la violencia contra las mujeres, la eliminación de la discriminación y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para que se integren a todas las estructuras de la sociedad.

Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, aún nos lastima ver que la violencia en contra de las mujeres y las niñas, es una circunstancia cotidiana en todo el país.

Ley que hoy pretendemos reformar se exhibió con una finalidad específica: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Estamos a casi una década de que ese esfuerzo legislativo entró en vigor, y a la distancia podemos identificar que existen áreas que deben mejorarse, y sobre todo, articularse de forma más eficaz.

El artículo 17 de la ley señala que “el Estado mexicano garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de –entre otras acciones- el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias”.

Dicho banco tiene como objetivo general administrar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.

A pesar de la importancia que reviste a este instrumento para la consecución de los objetivos de la ley, ésta sólo se menciona de forma sucinta, otorgando la responsabilidad de su integración a la Secretaría de Seguridad Pública y sin establecer claramente una articulación entre las diversas instituciones que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las instituciones de gobierno de las entidades federativas.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, el Banavim, está actualmente en funcionamiento y arroja algunos datos que muestran sólo una parte de la dimensión del problema de violencia contra niñas y mujeres.

Los datos más recientes refieren que a nivel nacional existen poco más de 129 mil expedientes únicos de víctimas. Asimismo, se pueden verificar datos de cada entidad de la República estableciendo tipo y modalidad de violencia.

A pesar de lo anterior, las cifras que el banco pone a disposición del público parecen quedar en simples números que no tienen una repercusión en acciones sustantivas a favor de las mujeres.

De acuerdo con la última encuesta respecto a este tema realizado por el Inegi en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.

Aunado a lo anterior, y más grave aún, es el hecho de que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han tenido al menos un vínculo de pareja y han sido agredidas por él o, recientemente, por sus parejas durante esa relación. Lamentablemente estas cifras que datan de 2011, no tienen una efectiva vinculación de la información entre las diferentes instituciones que intervienen en el Sistema Nacional.

El banco es una herramienta que debe coadyuvar para que nunca más se presente una alerta de género. Las cifras son historias que tienen nombre, apellido y familia. Los números no sirven si no existe la voluntad, vinculación y coordinación necesarias entre todas las instituciones, así como la colaboración y el trabajo decidido de todas las entidades federativas.

Es por este motivo que para Nueva Alianza resulta indispensable establecer claramente en el marco de la ley la vinculación y articulación efectiva del Banavim y que con ello consigamos instrumentar políticas públicas eficaces para erradicar la violencia de género y promover el respeto irrestricto a los derechos humanos. Busquemos soluciones y empecemos con acciones. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en los artículos 6, numeral 1, 77, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 5, reforma la fracción X del artículo 38, adiciona la fracción XII Bis al artículo 42, adiciona la fracción VII Bis, reforma el encabezado y la fracción III del artículo 44, adiciona la fracción XII Bis del artículo 46, adiciona la fracción VII Bis del artículo 46 Bis, adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Ter, adiciona la fracción X Bis al artículo 47, se reforma el encabezado y adiciona las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo al 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, es uno de los principales instrumentos de nuestro marco jurídico nacional que da respuesta a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, específicamente para prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres de nuestro país.

El principal objetivo de este instrumento jurídico es guiar y coordinar las acciones entre la federación, las entidades y los municipios, para garantizar el acceso de las mujeres mexicanas a vivir libres de violencia. Además, establece y define los tipos y modalidades de la violencia, instrumenta diversas figuras jurídicas como la alerta de violencia de género y las órdenes de protección, mandata la integración del programa integral y un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales buscan la unificación de esfuerzos, programas y políticas interinstitucionales para el cumplimiento de la ley. Asimismo, la Ley General de Acceso enuncia la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

A nueve años de que fue promulgada la Ley General de Acceso, se muestran visibles inconsistencias que han obstaculizado la implementación y operación adecuada de algunas de las figuras que ahí se mandatan. La presente propuesta se refiere específicamente al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, también llamado Banavim.

La figura del banco es enunciada desde 2007, con la promulgación de la ley; sin embargo, la operación del mismo no ha dado cumplimiento al objetivo original y efectivo de su creación. En este sentido, es necesario reconocer que, desde su creación, erróneamente se faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la integración del mismo (artículo 44 fracción III). De igual manera, establece a la Secretaría de Gobernación como la instancia de gobierno coordinadora de las acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Aunado a la atribución que se le otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de manera aislada también se integró en las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el mandato de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres.(artículo 38 fracción X). En este sentido es importante mencionar que la ley mandata a la Secretaría de Gobernación a elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema (artículo 42 fracción III).

Tal y como se observa, la articulación del banco no es lo suficientemente precisa. A pesar de ello, de manera institucional muchos han sido los esfuerzos para el arranque y funcionamiento de esta importante herramienta gubernamental:

• A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se han etiquetado recursos para su operación.

• El 16 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el funcionamiento y operación del banco.

• En el año 2010, la plataforma nacional del banco entró en operación.

• Con la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2013, se mandata a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el banco nacional de conformidad con los lineamientos que debe emitir la SSP (artículo 47); y se mandata a la Secretaría de Gobernación la atribución de administrar y operarlo, así como emitir los lineamientos necesarios para determinar e integrar la información que contendrá, (artículo 54 fracciones XI y XII) y la de proporcionar la información del banco a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental (fracción XIII del mismo artículo).

En este sentido podemos observar la evidente desarmonización que prevalece entre el reglamento y la ley, e incluso se puede afirmar que el reglamento ha rebasado a la ley.

Los esfuerzos antes mencionados no han sido suficientes para tener diagnósticos actualizados y permanentes que favorezcan direccionar de manera adecuada las acciones que se requieren para erradicar y atender la violencia en los estados y en cada una de las instituciones que integra el sistema nacional. Tampoco ha servido como una herramienta confiable en el monitoreo e incidencia de la violencia contra las mujeres que conlleven a posibles casos de alerta de violencia de género.

Argumentación

La presente iniciativa subraya la necesidad de actualizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de sistematizar y articular el objetivo sustancial del Banco, que es, entre otros, el de contar con una herramienta gubernamental para la generación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos, con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de mujeres.

En esta sistematización se propone de manera primordial incluir al banco en las disposiciones generales de la Ley General de Acceso, para definirlo de acuerdo a su funcionamiento y objetivos. Se propone también, tal y como ya sucede en el intento de su funcionamiento, establecer de manera clara que la instancia rectora en materia de violencia en nuestro país será también la encargada de coordinar, integrar y actualizar el banco la Secretaría de Gobernación (Segob), tal y como lo establece el reglamento.

En esta iniciativa también se enuncia que son todos los integrantes del sistema quienes proporcionarán de manera periódica la información completa y oportuna al banco.

En la plataforma del banco que se encuentra activa, de manera acertada se incluye dentro de las instancias ejecutoras a la Procuraduría General de la República, misma que integra el sistema. Por ello, esta propuesta también incluye que la procuraduría deberá proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al banco de los delitos cometidos en contra las mujeres. La presente propuesta armoniza lo que ya se intenta y se enuncia en el reglamento de la ley, de manera adecuada.

Es importante mencionar que, en cuanto al tratamiento de datos personales, los propios lineamientos del banco establecen la garantía y condiciones de seguridad necesarias para el adecuado tratamiento de los datos contenidos en el Banco Nacional, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Transparencia, los lineamientos de protección de datos personales y las recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales.

Debido a que en el año 2013, mediante decreto presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en la Comisión Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, el Banavim pasó a dicha comisión; no obstante, la presente propuesta hace énfasis en establecer de manera clara la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación del Banavim desde la articulación de los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y no de los mecanismos de seguridad pública.

El 22 de febrero del presente año, la Secretaría de Gobernación anunció diversas acciones para acelerar la igualdad de género. En ellas incluye el fortalecimiento del Banavim, con la finalidad de conocer a profundidad las causas de la violencia e identificar acciones para prevenirla. En este sentido, los y las legisladoras tenemos la responsabilidad de actuar al respecto y desde nuestras atribuciones contribuir a la adecuación del marco jurídico para el armónico funcionamiento del banco.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 5; se reforma la fracción X del artículo 38; se adiciona la fracción XII Bis al artículo 42; adiciona la fracción VII Bis al artículo 43; se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 44; se adiciona la fracción XII Bis del artículo 46; se adiciona la fracción VII Bis del artículo 46 Bis; se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Ter; se adiciona la fracción X Bis al artículo 47; y se reforma el primer párrafo y adicionan las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo al 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue

Artículo 5. ...

I. a la XI. ...

XII. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres:Al sistema digital en el cual se concentra un registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres. Concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instancias encargadas de crear, procesar, dar seguimiento y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada mujer que se encuentre en situación de cualquier tipo y modalidad de violencia.

Artículo 38. ...

I. a la IX. ...

X.Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitosde Violencia contra las Mujeres;

XI. a la XIII. ...

Artículo 42. ...

I. a la XII. ...

XII Bis. Coordinar, integrar y actualizar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las mujeres.

XIII. a la XV. ...

Artículo 43. ...

I. a la VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. a la IX. ...

Artículo 44. Corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad:

I. a la II. ...

III. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

IV. a la XII. ...

Artículo 46....

I. a la XII. ...

XII Bis. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XIII. a la XIV. ...

Artículo 46 Bis....

I. a la VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. a la IX. ...

Artículo 46 Ter. ...

I. a la V. ...

V Bis. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI. a la VIII. ...

Artículo 47. ...

I. a la X. ...

X Bis. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XI. a la XII. ...

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a la VI. ...

VI Bis. Crear el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.

VI Ter. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VII. a la XXV. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2016.— Diputada Angélica Reyes Ávila(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Saludamos la presencia de estudiantes y padres de familia nahuas de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, de la colonia San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Gracias. El pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar e un modelo del mundo. Cuanto más intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor al mundo. Carl Gustav Jung.

Honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define que la primera infancia es el periodo que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los 8 años de edad. Y señala que es una atapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, emotivas, intelectuales de cada niño y que de hecho es el periodo más vulnerable para su crecimiento.

Investigaciones realizadas con una amplia experiencia de manera exitosa en países como Colombia, Cuba, Chile y especialmente en México, que en eso hemos sido pioneros en el estudio de la primera infancia con organizaciones profundamente involucradas en este tema, han considerado esta etapa de la vida como el ciclo fundamental para el desarrollo de los seres humanos.

La UNESCO señala que la primera infancia es la edad en que se asientan las bases para el resto de la vida. La Declaración de los Derechos del Niño indica que por su falta de madurez física y mental necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.

En el estudio Inequidades en el Desarrollo de la Primera Infancia, de UNICEF, se destacan algunas prácticas fundamentales para el desarrollo de estos pequeños. La disponibilidad de libros para los niños en el hogar, el apoyo para el aprendizaje, el uso de prácticas disciplinarias que puede ser positivas o por el contrario violentas, la ausencia de uno o ambos progenitores biológicos, la frecuencia con que se deja al niño solo en casa o bajo una atención inadecuada y el acceso a servicios de atención y educación para la primera infancia.

El desarrollo de los niños pequeños es especialmente sensible a los efectos negativos de una subalimentación precoz, de la negligencia en los cuidados, de la falta de atención de los padres y de los malos tratos. Como lo escuchaba por ahí alguna vez, la comida es el alimento para el cuerpo, pero es tan indispensable que también los niños puedan tener las caricias, que son el alimento para el espíritu.

Por ello, estudios científicos nos confirman que el desarrollo integral de la primera infancia, además de permitir el disfrute de sus derechos es una base que determina los demás ciclos de vida, y que permite que las generaciones futuras aumenten sus capacidades y sus oportunidades de desarrollo social, cultural, político, económico, con justicia social.

La experiencia que se ha acumulado en países desarrollados muestra evidencias sobre el importante retorno que genera una mayor inversión en la primera infancia. Si se ve desde un punto de vista económico, las inversiones en programas para la primera infancia son muy rentables en capital humano. Esos programas no sólo son ventajosos para los niños y su familia, sino que también contribuyen a reducir la desigualdad social y redundan en beneficio de las comunidades y de las sociedades en su conjunto.

En diciembre de 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en ella se protegen y promueven los derechos comprendidos en la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, no se contempló un capitulado específico para la atención a la primera infancia, aun cuando la comunidad internacional ha llegado al consenso de que esta etapa de la vida exige una política pública decidida, específica, con atención desde la gestación hasta los seis años de edad, a través de derechos que les permitan desarrollarse desde el comienzo de su vida.

Las leyes y políticas públicas para la primera infancia deberán comprender actividades relativas a salud y nutrición básicas, desarrollo cognitivo del lenguaje, desarrollo motor y desarrollo socioemocional, educación temprana, medidas laborales y la asistencia social necesaria para fortalecer a la familia con programas de educación para ayudar y asesorar a los padres para que hagan de la mejor manera su tarea.

Por tanto, consideramos primordial que dicha atención implicará el trabajo intersectorial para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, traducidos en cuidado, nutrición y educación desde la primera infancia, especialmente por su familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII recorriéndose los subsecuentes del artículo 4, se adicionan los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quáter, 10 Quintus, 10 Sextus, se adiciona el artículo 12 Bis, se reforma el párrafo segundo del artículo 57 y de se reforma la fracción III del artículo 103 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define que “la primera infancia es el período que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad” y señala que es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es el período más vulnerable del crecimiento, asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la protección de la ley al derecho a la vida desde el momento de la concepción, aun cuando nuestro país realizó una reserva en este tema a favor de los estados, pues a partir de la reforma de Derechos Humanos de 2011 los mismos son un tema concurrente, no siendo posible un federalismo dualista que se reserve la materia.

Diversos estudios, investigaciones y experiencias exitosas en otros países como Colombia, Cuba y Chile, quienes en el caso de los primeros realizaron una Ley relativa a la primera infancia, han considerado como el ciclo fundamental para el desarrollo de los seres humanos esta etapa de vida. UNESCO señala que “La primera infancia es la edad en que se asientan las bases para el resto de la vida. Para el bienestar y desarrollo de los niños más pequeños, es fundamental velar por que adquieran experiencias positivas, para que sus derechos sean garantizados y porque se satisfagan sus necesidades en materia de salud, estimulación y ayuda.”

Es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende para muchos estudiosos en la materia, la franja poblacional que va de los cero a los seis años, incluso sobre bases científicas hay quienes establecen que es desde la gestación hasta los cinco años, por la importancia de los cuidados durante el embarazo.

La Declaración de los Derechos del Niño, indica que “por su falta de madurez física y mental necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

En 2007, las estimaciones publicadas en la revista The Lancet indicaron que más de 200 millones de niños menores de 5 años de los países en desarrollo no alcanzaban su pleno potencial. De acuerdo a UNICEF en el mundo “cada año mueren cerca de 10 millones de menores de cinco años de edad... ya que por ellos mismos o sus cuidadores carecen de las condiciones básicas necesarias para sobrevivir y prosperar.”

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “en 2014 en nuestro país, el monto de población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños” De ellos, con información censal de 2010 señalan que el número de niños menores de 5 años, ascendía a 10.5 millones, lo que representaba 32.4 por ciento, en términos porcentuales, franja poblacional que se debe atender de manera especial.

Está demostrado que los niños que desde la primera infancia reciben una buena alimentación nutricional y una atención integral, tienen más probabilidades de sobrevivir, con buena salud y sobre todo de adquirir mejores conocimientos, concluyendo que si se invierte de manera positiva, la prevención resulta más eficaz.

De acuerdo a los Objetivos del Milenio, de los que nuestro país es firmante, siete de los ocho objetivos se relacionan claramente con la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños, siendo el más importante la atención de la primera infancia. En su objetivo cuatro la meta es: reducir la mortalidad de los menores de 5 años y reconoce la necesidad de reactivar la lucha contra la neumonía y la diarrea.

El estudio Inequidades en el Desarrollo en la Primera Infancia del UNICEF, destaca la importancia de determinadas prácticas sobre el cuidado infantil que se dan principalmente en el hogar y que, contribuyen en muchos casos al desarrollo saludable de los niños menores de cinco años, o que también los ponen en peligro, y destacan los siguientes indicadores:

• Disponibilidad de libros para los niños en el hogar;

• Apoyo para el aprendizaje (es decir, la participación del cuidador en actividades que promuevan el aprendizaje temprano y la preparación para la escuela);

• El uso de las prácticas disciplinarias, tanto positivas como violentas;

• La ausencia de uno o ambos progenitores biológicos;

• La frecuencia con que se deja al niño solo en casa o bajo una atención inadecuada; y

• El acceso a servicios de atención y educación para la primera infancia.

Sobre el primer indicador enfatizan que en los hogares donde hay libros tienen mayor posibilidad de estudiar tres años más que los que no los tienen, y señalan, que ello es independiente incluso de la clase social. Asimismo, como segundo punto, argumentan que la participación activa de los progenitores o de los cuidadores facilita su desarrollo, determinado como el cuidado positivo que se refiere a apoyo cognitivo –leer, contar, dibujar, etcétera, –y el apoyo socio-emocional, que se refiere –jugar, cantarles– lo que les puede ayudar a sentirse valorados y a la vez, promueve relaciones saludables, siendo importante el aprendizaje temprano.

Relativo a la disciplina, como sabemos es una forma habitual en nuestro país dar manotazos, nalgadas, incluso puñetazos como recurso para la obediencia, o como intento de disciplina, por lo que destaca el Informe que la exposición a formas violentas de disciplina tiene repercusiones futuras y hacen algunas observaciones:

• La agresión psicológica, como gritar al niño o llamarlo “tonto”, “perezoso” u otros nombres ofensivos.

• El castigo físico o corporal, como sacudir, abofetear o golpear al niño.

Referente a los niños que viven sin sus padres biológicos, o sólo con uno de ellos, corren el peligro de que se les niegue la atención que necesitan para su desarrollo físico y su bienestar psicosocial, lo que implica reducir su derecho a un desarrollo pleno.

Señalan que los niños que se les deja solos en casa o que reciben una atención inadecuada, corren mayor riesgo de abuso emocional y físico, y por último, concluyen que la primera infancia y la educación constituyen el fundamento de una educación de calidad.

Desde hace décadas se ha llevado un amplio consenso por diversos trabajos de investigación donde han participado desde estudiosos de la biología, psicología, sociología, antropología, y economía, entre otras más, llegando a las siguientes conclusiones:

Los partidarios de esa perspectiva afirman lo siguiente:

El funcionamiento físico, mental, social y afectivo del niño pequeño difiere del funcionamiento de los niños de más edad y los adultos, y comprende distintas etapas de desarrollo. Desde la más temprana infancia hasta el principio de la escolarización se producen numerosas transformaciones en las facultades físicas, mentales, cognitivas y socio afectivas del niño. Esas transformaciones dejan una huella en la adquisición de competencias y capacidades, así como en las formas de relacionarse, comunicar, aprender y jugar.

La primera infancia es el periodo en el que los seres humanos son más dependientes de una relación segura y receptiva con los demás (adultos, hermanos y otros niños) no sólo para asegurar su supervivencia, sino también su seguridad afectiva, su integración social y sus capacidades cognitivas.

El desarrollo de los niños pequeños es especialmente sensible a los efectos negativos de una subalimentación precoz, de la negligencia en los cuidados, de la falta de atención de los padres y de los malos tratos. Cuando las necesidades fundamentales de los niños no se satisfacen, o si se les maltrata o golpea, las repercusiones negativas de estos actos se pueden prolongar durante toda la infancia, e incluso hasta la edad adulta. Aunque el desarrollo de los niños pequeños se pueda sintetizar en principios generales de carácter universal, sus modalidades son muy diversas y están vinculadas a las capacidades individuales, las necesidades especiales, el sexo, el origen étnico y la condición económica, social y cultural”.

Por ello, y basándonos en estudios científicos nos confirman que el desarrollo integral de la primera infancia, además de permitir a los niños el disfrute de sus derechos, es una base determinante para los demás ciclos de vida y para que las generaciones futuras del país aumenten sus capacidades y oportunidades de desarrollo social, cultural, político y económico, con justicia social.

La experiencia acumulada en los países más desarrollados muestran evidencias sobre el elevado retorno generado por la mayor inversión en la primera infancia en relación con el desarrollo infantil y escolar, la estimulación y socialización, la prevención de las enfermedades y de la mortalidad infantil y materna, así como la detección y atención oportuna de las dificultades del desarrollo. Los niños pequeños tienen necesidades específicas y que el grado en que éstas se satisfagan tiene repercusiones en los resultados de su desarrollo, tanto en la adolescencia como en la edad adulta.

Y si se ve desde un punto de vista económico, las inversiones en programas para la primera infancia son muy rentables en capital humano, lo cual constituye un poderoso argumento para reclamar una intervención de los poderes públicos en este ámbito. Esos programas no sólo son ventajosos para los niños y las familias, sino que también contribuyen a reducir la desigualdad social y redundan en beneficio de las comunidades y las sociedades en su conjunto.

Como ejemplo tenemos que de acuerdo a la legislación internacional, Colombia bajo su Ley 01295 publicada el 6 de abril de 2009, da preponderancia a la atención a la primera infancia marcando la pauta como un derecho de los niños la atención desde la gestación para que al nacer se garantice su integridad física y mental. Esta ley consta de 18 artículos, estableciendo la responsabilidad de los entes territoriales y a su vez el presupuesto requerido.

Cuba, como otro ejemplo importante, instauro desde décadas anteriores la atención a la población infantil de 0 a 6 años por dos vías, la primera institucional, que se realiza en centros infantiles llamados Círculos Infantiles desde el 2do año de vida (1 año) hasta el 6to año (5/6 a años), y en los grados preescolares que existen tanto en los círculos infantiles como en las escuelas primarias, y la segunda la vía no institucional, el cual tiene como objetivo preparar a las familias para que a partir de su experiencia estimulen el desarrollo integral de sus hijos. Señalan que “Es una responsabilidad del Estado crear las condiciones para la atención educativa de la primera infancia, avalado por la constitución, el Código de familia y el Código de la Niñez y la Juventud”.

Chile establece en su Ley 20.379, el programa denominado “Chile crece contigo”, con el objetivo de acompañar al proceso de desarrollo de los niños que se atiendan en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, es decir, de 0 a 6 años, lo que comprende la primera infancia.”

Brasil por su parte en el documento Primera Infancia Mejor: una innovación en Política Pública, señala que su propia Constitución enmarca la preocupación sobre la primera infancia, su artículo 208, inciso IV, establece que “El deber del Estado con la educación será hecho efectivo mediante la garantía de atención en guarderías infantiles y la educación preescolar a las crianzas de cero a seis años de edad.

Panamá y otros países de Latinoamérica han establecido políticas públicas bajo decretos que atienden a este sector de la población, este último establece el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia de Panamá, desde el 2009, logrando importantes resultados en la materia.

Por otra parte Nuevo León desde 2001 ha sido sede de Encuentros Internacionales y Congresos Mundiales relativos a la importancia de la primera infancia, en donde se han tratado temas como: educación preescolar, neurodesarrollo, familia y aprendizajes desde la primera infancia, con el fin diseñar estrategias pedagógicas, así como leyes a nivel local a favor de la primera infancia de acuerdo a información recabada.

Como sabemos en diciembre de 2014 fue aprobada la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual estableció los derechos comprendidos en la Convención de los Derechos de los Niños, sin embargo no se contempló un capitulado específico para la atención a la primera infancia, cuando la comunidad internacional ha llegado al consenso, de que esta etapa de la vida implica una política pública especifica de atención desde la gestación hasta los 6 años a través de derechos específicos que les permitan desarrollarse desde el comienzo de su vida.

Las leyes y políticas públicas para la primera infancia deberán comprender actividades relativas a la salud y nutrición básicas, desarrollo cognitivo del lenguaje, desarrollo motor y desarrollo socioemocional, educación temprana, medidas laborales y la asistencia social necesaria para fortalecer a la familia programas de educación para ayudar y asesorar a los padres

Por tanto, consideramos primordial que dicha atención implicará el trabajo intersectorial para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, traducidos en cuidado, nutrición y educación desde la primera infancia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII recorriéndose los subsecuentes del artículo 4, se adicionan los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quáter, 10 Quintus, 10 Sextus, se adiciona el artículo 12 Bis, se reforma el párrafo segundo del artículo 57 y se reforma la fracción III del artículo 103 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Primera Infancia: período que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad;

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

...

Artículo 10 Bis. El gobierno federal, los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán e implementarán políticas públicas orientadas hacia la atención y fortalecimiento integral de la primera infancia.

Artículo 10 Ter. Promoverán los diferentes órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, atención integral a la primera infancia que comprenda servicios especializados de salud, nutrición, desarrollo cognitivo del lenguaje, desarrollo motor y desarrollo socioemocional, educación temprana, así como las medidas laborales y la asistencia social necesarias para fortalecer a la familia del menor.

Artículo 10 Quáter. Promoverán los diferentes órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, programas de educación para padres o tutores acerca de su función responsable del cuidado de sus hijos, antes del nacimiento y durante la primera infancia, respetando las responsabilidades, los derechos y los deberes de los mismos.

Artículo 10 Quintus. El gobierno federal celebrará convenios de coordinación en la materia con los gobiernos estatales y municipales, así como con el sector privado, para alcanzar los objetivos establecidos para la primera infancia.

Artículo 10 Sextus. El gobierno federal, los estados y los municipios adoptarán todas las medidas administrativas y de cualquier índole para dar efectividad a la atención a la primera infancia hasta el máximo de los recursos de que dispongan para el cumplimiento de la misma.

Artículo 12 Bis. El gobierno federal, los estados y los municipios garantizarán el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Artículo 57. ...

...

Los padres oquienes ejerzan la tutela o guarda y custodia, serán respetados en sus responsabilidades, derechos y deberes en relación con la dirección y orientación apropiadas, para que el niño ejerza sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades.

Artículo 103. ...

I. y II. ...

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, tutelar su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.unicef.org/earlychildhood/files/ECDD_SPANISH-FINAL_(low_res).pdf

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150518S.pdf

3 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf

4 Inequidades en el desarrollo en la primera infancia, Unicef

5 http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_bigpicture.html

6 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/ 2015/ni%C3%B1o0.pdf

7 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150518S.pdf

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001480/148099s.pdf

9 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006044

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, Armando Soto Espino, Cecilia Guadalupe Soto González, Maria Luisa Beltrán Reyes, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 67, 68, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

METODOLOGÍA

I.En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputado y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II.En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se resume el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

III.En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

I.El 29 de septiembre de 2015, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas del PVEM, presentó la iniciativa enunciada.

II.Tal documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria #4372-II, del martes 29 de septiembre de 2015 y recibida en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el 14 de octubre de ese mismo año.

III. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga para resolver la iniciativa con el Of. CTA/109/2015, misma que fue atendida por la Mesa Directiva con Of. DGPL 63-II-5-444, otorgándola hasta el 29 de abril de 2016.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

I.Las propuestas centrales del documento son modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para:

• Otorgar puntos a empresas o personas físicas concursantes en licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, que cuenten con trabajadores jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años.

• Establecer que las entidades deben recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para asesorías, estudios e investigaciones, con el objeto de disminuir el costo de los servicios y fortalecer a dichas instituciones con el pago de los mismos.

• Sustituir “página de internet” por “sitio electrónico de internet” al señalar la obligación de las dependencias y entidades de poner a disposición del público en general su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

• Incluir la contratación de artesanos, ganaderos, mujeres afiliadas al régimen de incorporación fiscal a las causales en las que las dependencias y entidades puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

• Incrementar el límite de la suma de las operaciones que se realicen para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública (recurriendo a invitación de cuando menos tres personas o de adjudicación directa) de 30 % a 35% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado.

II. Basa su propuesta en la siguiente línea argumentativa:

“La presente Iniciativa pretende resolver el desempleo abierto que sufren por lo menos 7 millones de jóvenes, La escasa información a que tienen acceso las micros y pequeñas empresas, con respecto a las licitaciones que publica el sector público, además pretende disminuir el costo en servicios de consultoría, asesorías e investigaciones, apoyándose para ello en el Conacyt, por último busca detonar el mercando interno ante el complejo panorama económico internacional, impulsando para ello a la micro, pequeña y mediana empresa, a los campesinos, ganaderos, artesanos, talleres y empresas formadas por mujeres.

Hoy existen por lo menos 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa son jóvenes; en la actualidad, la juventud es discriminada en las empresas o en el sector gubernamental por no tener experiencia. Bajo este complejo panorama, el Congreso de la Unión debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos, creando para ello, instrumentos jurídicos que dibujen las líneas maestras para el desarrollo integral de este sector estratégico de nuestra población.

Los jóvenes y su problemática en todos los tiempos han sido motivo de grades pronunciamientos, de retóricos discursos que han dado lugar únicamente a un sin fin de promesas; sin embargo, en la realidad poco se ha hecho para empoderar a los jóvenes o para generales verdaderas oportunidades de empleo.

La justificación para hacer a un lado a los jóvenes estriba en que éstos no tienen aún la experiencia suficiente para incorporarse al sector productivo o para ocupar ciertos cargos; de igual forma, se dice que los jóvenes son inmaduros e imprudentes, así mismo, se afirma que tienen que empezar desde abajo para que aprendan y se fogueen en el quehacer productivo, que tienen que hacer méritos para que puedan acceder a los cargos, en fin, muchas son las justificaciones que dan pero todos se refutan con la contundencia de los hechos.

Y les voy a decir porque, a los largo de nuestra historia los jóvenes han demostrado con sus actos la responsabilidad y el valor con que defienden su patria(sic) , su Estado, su comunidad, su escuela, el empeño que ponen para conseguir sus sueños, el tesón con el que estudian; de todo ello da muestra la gesta de Chapultepec de 1847, las gestiones que realizan los jóvenes para mejorar su comunidad o escuela, los triunfos nacionales e Internacionales que obtienen en olimpiadas de matemáticas, física, química, informática, por citar solo algunos rubros.

Bajo este contexto que retrata de cuerpo completo el activismo juvenil en las grandes causas sociales, resulta incongruente y sumamente contradictorio que se les limite el acceso a un empleo digno; no es válido que se les ponga a la vanguardia del trabajo rudo y se les mande a la retaguardia cuando piden oportunidades para desarrollarse dentro de una empresa pública o privada

Para ello, urge que se estimule a las empresas que otorgan su primer empleo o contraten jóvenes; uno de esos estímulos puede ser, otorgarles puntos adicionales a las compañías que tengan trabajadores entre 18 y 25 años y tales puntos, sean un criterio fundamental para decidir en favor de estas empresas en tratándose de licitaciones públicas, que realizan las dependencias y entidades públicas para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, es por ello que propongo se reforme el segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento, a efecto de dar preferencia en dichas licitaciones públicas, a las empresas que cuenten con trabajadores entre los 18 y 25 años y éstos representen por lo menos el 5 por ciento de su planta laboral.

En la actualidad el mundo enfrenta una difícil crisis económica, que desde luego repercute en nuestro país; producto de dicha crisis, los recursos económicos son limitados, lo que sin duda obliga a todo ente gubernamental hacer más eficiente los recursos que se le asignan. Por tanto, ante las múltiples necesidades que enfrenta todo Gobierno, la distribución de los recursos económico debe ser eficaz, por consiguiente, se propone adicionar un último párrafo al artículo 19 de la Ley que nos ocupa, ello con la finalidad que los servicios de consultoría, asesoría e investigación, se le soliciten en primera instancia al Conacyt o en su defecto a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, toda vez que estas son Instituciones que reciben financiamiento público y su principal misión es precisamente la investigación y el desarrollo de tecnología; por ende, se puede utilizar su estructura técnica y académica para que brinden asesoría y realicen investigaciones a favor de las dependencias y entidades públicas a un costo por debajo del mercado y así se puedan ahorrar recursos públicos y a su vez, los montos obtenidos como producto de los servicios prestados por las precitadas Instituciones, sirvan a estas para fortalecer sus proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías.

La información a tiempo, sin duda ayuda enormemente a que la micro y pequeña empresa del País se entere de la demanda de bienes, servicios y arrendamientos que efectúa el sector público a través de la página www.CompraNet.gob.mx , sin embargo, la existencia de esta página de internet no se ha difundido masivamente y en el entendido de que son pequeñas empresas las que en su gran mayoría integran el sector productivo del País y por ende las que otorgan por lo menos 6 de cada 10 empleos, constituye un imperativo económico y de competencia con piso parejo para todas las empresas del País, que la dependencia competente para el manejo de los tiempos asignados en radio y televisión al Estado Mexicano, disponga de un tiempo adecuado en dichos medios de comunicación para difundir masivamente la página de CompraNet y mediante dicha difusión, hasta el más pequeño proveedor esté enterado de la existencia de la precitada página electrónica y conozca que productos o servicios y bajo qué condiciones pueden venderle al Gobierno, así como las características que debe tener para obtener preferencias en algunas licitaciones públicas. Con la finalidad precitada, se propone reformar el artículo 21 de la norma motivo de esta iniciativa.

El panorama económico Nacional e Internacional que se vislumbra para el próximo años es sumamente complicado, por lo que el Estado Mexicano está obligado a instrumentar mecanismos que vigoricen el mercado interno como una medida indispensable para contrarrestar la posible caída en las exportaciones, la depreciación del peso, así como la disminución en los precios del petróleo.

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción XI del artículo 41 de la Ley en comento, con el objetivo de agregar a los artesanos, ganaderos, pequeños talleres y empresas formadas por mujeres en la excepción que establece dicho artículo, a efecto que las dependencias y entidades públicas no realicen el procedimiento de licitación y lo puedan hacer bajo el esquema de invitación o adjudicación directa; con dicha medida, se podrá beneficiar a los artesanos del País grupo vulnerable tanto económica como socialmente, por lo que al amparo de esta reforma, en la realización de determinados eventos por parte del sector público, en la que impliquen dar obsequios como el día del niño o de la madre por citar algunos, pueda comprar los regalos directamente a nuestros artesanos.

El mismo beneficio tendrán los ganaderos, los cuales por invitación o adjudicación directa podrán vender su producto principalmente a Liconsa, con lo que además de beneficiarse ellos, se crearán empleos en las zonas rurales que tanta falta que hacen.

El impulso a los pequeños talleres y pequeñas empresas constituidas por mujeres tales como carpinterías, herrerías, textiles, mecánica, electrónica, cocinas tradicionales, etc., generarán con toda seguridad empleos familiares, por lo que miles de familias se verán beneficiadas con adjudicaciones directas en la compras gubernamentales de uniformes escolares, en la adquisición o reparación de muebles o instalaciones de madera o de herrería, con la contratación de cocinas tradicionales para brindar el servicio de alimentos en eventos que lo requieran y que sean organizados por el sector público, en fin, incorporar a estos sectores productivos a la excepción para acceder a los procedimientos de invitación o tres personas o de adjudicación directa permitirá detonar el mercado interno y generar derrama económica en todas las regiones del País.

Por último, al incorporar más sectores productivos a la excepción de que las dependencias y entidades públicas adopten el procedimiento de invitación de mínimo a tres personas o de adjudicación directa, hace necesario que se incremente el umbral presupuestal que se puede ejercer bajo estos dos procedimientos, por tanto, se plantea reformar el quinto párrafo del artículo 42 de la Ley que motiva la presente Iniciativa, a efecto de que las dependencias puedan adquirir bienes o servicios y contratar arrendamientos por invitación o adjudicación hasta en un 35% del presupuesto que tengan asignado para tales fines, con tal reforma, se pretende que existan mayores recursos para destinarlos a sectores vulnerables de la economía y con ello se creen más empleos y se expanda la derrama económica.”

III. El texto legal que propone se contrasta a continuación con el texto legal vigente, en el siguiente comparativo:

CONSIDERACIONES

PRIMERA:La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente iniciativa de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con el artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA. Artículo 14. Respecto a otorgar puntos a empresas o personas físicas concursantes en licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, que cuenten con trabajadores jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años, esta representación considera adecuada y conveniente la propuesta, toda vez que la formulación no es forzosa sino optativa permitiendo la libre concurrencia y posibilitando al Estado la mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes tal como lo señala el texto constitucional en el artículo 134, por lo que se incluye en el proyecto de decreto con modificaciones de concordancia gramatical

Artículo 19. Por cuanto a establecer que las entidades deban recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para asesorías, estudios e investigaciones, con el objeto de disminuir el costo de los servicios y fortalecer a dichas instituciones con el pago de los mismos, esta representación consideró que el libre juego del mercado que asegure la concurrencia de postores y ofertas para que el Estado obtenga las mejores condiciones de compra y contratación, señalada en el texto constitucional citado, podrían estar en riesgo si la formulación de la idea es cerrada; no obstante se considera la idea viable y provechosa por lo que se acepta con modificaciones de redacción cuidando mantener a salvo la disposición constitucional. El autor no aclara si su propuesta incluye la supresión del último párrafo de este artículo, pero esta representación decidió mantenerlo por ser parte importante del dispositivo y colocar la adición como último párrafo.

Artículo 21. En lo que respecta a la sustitución de la frase “página de internet” por “sitio electrónico de internet” al señalar la obligación de las dependencias y entidades de poner a disposición del público en general su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, esta representación consideró que si bien no hay mucha diferencia y ambas ideas logran comunicar lo que pretenden, este tema se encuentra ya regulado en la Minuta con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide una nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública; no obstante considera que esta transformación no afecta ni al propósito conjunto de la iniciativa ni a las reformas en curso, por lo que accede a integrarla en el proyecto de decreto.

Artículo 41. Por cuanto a incluir la contratación de artesanos, ganaderos, mujeres afiliadas al régimen de incorporación fiscal a las causales en las que las dependencias y entidades puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, esta representación la considera loable y procedente toda vez que estos grupos sociales representan una alta vulnerabilidad que justifica el incentivar acciones como estas, por lo que integra la reforma al proyecto de decreto.

Artículo 42. En lo que atañe a incrementar el límite de la suma de las operaciones que se realicen para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa de 30 % a 35% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado; esta representación consideró que las reglas de contratación y adquisición mediante licitación pública son un elemento que abona a cumplir la finalidad constitucional de las mejores condiciones para el Estado en pro del correcto y adecuado ejercicio de los recursos públicos, por lo que lo deseable es que disminuyan las transacciones estatales discrecionales y las adjudicaciones directas. En ese tenor considera que no es de aceptarse este incremento del límite y conservarlo como lo expresa la ley vigente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Único:Se reforman los artículos 14, segundo párrafo y 41, fracción XI y se adiciona un sexto párrafo al artículo 19 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad, o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad o con jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, condición que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.

Artículo 19. ...

...

...

...

...

Las dependencias y entidades deben recurrir primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología, para contratar asesorías, estudios e investigaciones.

Artículo 41. ...

I.a X....

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos, artesanos, ganaderos considerados como pequeños productoresy grupos en condiciones de vulnerabilidad, afiliados al régimen de incorporación fiscal, garantizando perspectiva de género;

XII.a XX....

...

...

Transitorio

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de febrero de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que hoy presentamos de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, es el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se van a reformar particularmente el artículo 14, el 19, el 21, el 41 y el 42. Esa es la propuesta inicial.

El artículo 14 habla acerca de otorgar puntos a las empresas que liciten una obra por contratar jóvenes de un rango de edad específica sea de 18 a 25 años. Eso es una buena aportación, no va a remediar el problema que tienen los jóvenes actualmente de falta de empleo y oportunidades, pero eso es un paso importante.

Entonces en el artículo 19, que es el siguiente que se reforma, habla acerca de la posible intervención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, en los estudios y asesorías en determinados momentos que requiera, en este caso el poder público que lleva a cabo una tarea. Entonces, es importante darle oportunidad a este consejo que pueda llevar a cabo estas asesorías y es algo que tiene un avance importante.

También en el artículo 21 se habla de un sitio donde tengan la obligación las dependencias para poner a discusión del público su programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el 41, en la parte de los artesanos, que es importante que por adjudicación directa se le entregue, se le dé la oportunidad a pequeños productores y grupos en condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido es buena la propuesta, nada más que ojalá y no sirva para cobrar más impuestos a estos grupos, que de por sí se les dificulta obtener oportunidades, porque en la minuta se integra, perdón, en el dictamen se integra un apartado donde dice que tienen que estar incorporados al régimen fiscal.

En el 42 se proponía ampliar la adjudicación directa del 30 al 35. La comisión consideró pertinente que eso no sea posible y se mantuvo en sus términos con el 30 por ciento. ¿Por qué? Porque pudo prestarse a interpretaciones y quizá a mayor opacidad en la adjudicación directa.

Entonces, esta es la iniciativa, el dictamen que se está poniendo a consideración. Exaltar, en este sentido, el trabajo que está haciendo la comisión, sobre todo en la parte técnica estamos trabajando. Hoy nos da mucho gusto que el INAI se manifieste a favor de nuestro trabajo. Y también decir que esta comisión no podrá ser sustituida por ningún motivo, por ningún grupo de trabajo.

Y como, diputado, no nos vamos a quedar callados, pues mi deber es informar al pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados. Y en consecuencia, tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia, señor presidente. A nombre de los que integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo destaca la libertad y la igualdad como derechos fundamentales del ser humano. En Encuentro Social tenemos claro que los legisladores estamos para trabajar en la erradicación de las prácticas discriminatorias que existen en nuestro país en el ámbito laboral.

Uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es la falta de oportunidad para toda la población, pero particularmente para los jóvenes. En México debemos trabajar en una propuesta que contemple el problema del desempleo con una abertura multifactorial que ayude a los 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y lo que es más complicado pensar, que en el futuro, si no los ayudamos no van a tener oportunidad de salir adelante.

Las tecnologías están avanzando tan rápido que en los trabajos que se van a presentar en el futuro, la gente que no esté preparada no va a poder acceder a esos trabajos. Eso es lo importante de ayudar a los jóvenes.

Lo anterior es importante en virtud de que los jóvenes representan el 35 por ciento de la población económicamente activa. Por ello es que los esfuerzos realizados por los jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales se deben retomar, traduciéndolos en la generación de verdaderas oportunidades de empleo para ellos.

De ahí la importancia de esta iniciativa, cuyo objeto es precisamente que en las licitaciones públicas se dé preferencia a las empresas que cuentan por lo menos con una plantilla laboral de un 5 por ciento entre trabajadores de entre 18 y 25 años.

Por otra parte, esta propuesta legislativa reconoce que los recursos económicos en México son limitados, por lo que sin duda obliga a todo ente gubernamental a ser eficientes los recursos que se le asignen para sus obras o proyectos.

De ahí la importancia de la otra iniciativa que se presentó aquí, que se acaba de dar a conocer. Que es importante que los entes de gobierno que van a realizar estudios tomen en cuenta primero y soliciten primero a las instancias que reciben presupuesto estatal, como es el Conacyt, en su defecto los consejos estatales de ciencia y tecnología; toda vez que estas son instituciones que reciben financiamiento público y su principal misión es precisamente la investigación y el desarrollo tecnológico.

De ahí la importancia de tomarlos en cuenta. Lo importante en esta iniciativa es que el gobierno ya no destinaría recursos a entes privados, sino que utilizaría los entes públicos para poder hacer los estudios que requiere. Pero en el fondo de la propuesta que se discute en el tema de los jóvenes, es un tema también de desigualdad, por lo cual, tomando la referencia anterior y considerando que en Encuentro Social el tema de desigualdad se encuentra directamente relacionado con falta de desarrollo económico y pobreza, de ahí la importancia de tomar las providencias. Y aunque este es un año complicado económicamente, si pensamos en 2016 va a ser un poco más difícil.

Los jóvenes tienen que ser nuestra prioridad para poder impulsar el desarrollo presente y futuro de este país. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Ferreiro.

Saludamos la presencia de presidentes municipales del estado de Oaxaca, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes muy bienvenidos.

Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de establecer las condiciones legales e institucionales que impulsen la incorporación económica de los jóvenes y sectores productivos que requieren mayor apoyo estatal.

Estamos convencidos que el bienestar general se crea a partir de la interacción de la economía de mercado, la democracia y el desarrollo social, que se entrelazan, refuerza mutuamente para generar prosperidad. Sabemos que los jóvenes juegan un papel muy importante en esa generación de prosperidad, como agentes estratégicos del desarrollo nacional.

Pese a ello, una de las principales problemáticas que enfrenta la población joven de nuestro país es su ingreso al campo laboral, debido principalmente a la falta de experiencia. Se calcula que actualmente siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan, es decir, el 35 por ciento de la población económicamente activa son jóvenes.

En Nueva Alianza, consideramos que es indispensable elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

En ese sentido, el dictamen plantea sinergias que posibilitan, por un lado combatir el desempleo de millones de jóvenes y, por el otro, impulsar al sector productivo a través de la incorporación de los jóvenes capacitados en diferentes áreas de producción y generación económica.

Por su parte, el Estado incentiva a las empresas para que brinden oportunidades laborales a los jóvenes mediante el otorgamiento de puntos en los procesos que así lo requieren. Para concursar en las licitaciones para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios del sector público.

Otro de los puntos a destacar en este dictamen, se refiere a flexibilizar las condiciones para que grupos sociales con alto grado de pobreza y vulnerabilidad puedan beneficiarse de contratos por parte de las entidades federales, sin tener que sujetarse a los procedimientos de licitación pública. De lo que se trata es, de que les puedan otorgar contratos a través de los procedimientos de invitación o por adjudicación directa.

En Nueva Alianza, aplaudimos el apoyo con esta reforma y que con esta reforma también se dará a los artesanos, ganaderos, considerados como pequeños productores y a las mujeres, al fomentar y fortalecer sus posibilidades de negocio.

Entendemos que con esas modificaciones se atiende un problema de rezago social, al tiempo que genera valor agregado a las economías familiares y regionales. Por ello apoyamos que este dictamen propicie su contratación y la de los consejos estatales de ciencia y tecnología, cuando de asesoría e investigación se trate en las dependencias y entidades públicas.

Compañeras y compañeros legisladores, si bien el entorno económico internacional se vislumbra sombrío y con mucha incertidumbre, nuestra obligación como representantes populares es impulsar medidas para fortalecer nuestro mercado interno, darle mayor dinamismo a la economía nacional e incentivar la inclusión económica de grupos en situación vulnerable.

Con estas reformas estamos seguros que se abren oportunidades para mejorar nuestra economía interna, generar empleos para las y los jóvenes que propician el desarrollo social.

Por ellos, por nosotros, por México, sí vale la pena votar a favor este dictamen y que a ellos les pinte un futuro mejor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Diputadas, diputados. El dictamen que hoy nos trae aquí es muy importante porque la reforma al artículo 14 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, nos permitirá incentivar la contratación de jóvenes en el rango de entre 18 a 25 años.

Sabemos que el mercado laboral en las condiciones de alta competencia que se presenta en nuestros días, es sumamente discriminador para los jóvenes que carecen de experiencia laboral, eternizando el círculo vicioso de no te empleo porque no tienes experiencia y no tienes experiencia, y por eso no te empleo. Por ello ofrecer estímulos a los empleadores puede traducirse en la apertura de fuentes de empleo.

Las y los diputados ciudadanos estamos a favor de la igualdad en todos los ámbitos de la vida social, por eso es muy importante reconocer que existen inercias nocivas que es necesario combatir. Con la reforma de la fracción XI del artículo 41, consideramos que se debe incluir a artesanos, ganaderos, pero considerados como pequeños productores y además como grupos en condición de vulnerabilidad.

Además la perspectiva de género nos permite fortalecer que las empresas construidas por mujeres puedan ser proveedoras de los bienes y servicios. Seguiremos pugnando porque el 30 por ciento de adjudicación directa no sólo no aumente, sino que sea absolutamente transparente y que no se permita el compadrazgo, la corrupción, la opacidad ni el clientelismo.

En los ámbitos de lo que se refiere al artículo 19, creemos que primero se deben contratar asesorías, estudios e investigaciones, que se pueda recurrir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o en su caso a los consejos estatales de ciencia y tecnología en las entidades donde exista.

Uno de los grandes problemas en la investigación en el país, es que no se invierte lo suficiente en ciencia y tecnología. Estamos lejos del porcentaje mínimo que la UNESCO recomienda, y esta situación no sólo nos hace ser dependientes de bienes y servicios, sino también de la importación de conocimiento. Por eso es muy importante que fortalezcamos los centros de investigación nacionales y contar con la capacidad para lograr nuestra verdadera independencia tecnológica.

En el caso de los ganaderos, en el dictamen se replica lo que se establece en el artículo 27, fracción XV de la Constitución donde se establece el concepto de pequeña propiedad, y esta no debe superar lo que dice la Constitución.

Debemos de considerar que es importante proteger e impulsar las cadenas productivas de las empresas nacionales. En el difícil entorno económico actual, con el dólar por los cielos, es importante fortalecer las cadenas productivas de las empresas nacionales y poder entrar a un esquema de fortalecimiento del mercado interno. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López:Con su venia, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Inegi, la población total de este país es de más de 112 millones de personas. De éstas, casi 21 millones se encuentran en rango de edad de entre los 15 y los 25 años.

No obstante que este sector poblacional representa casi el 20 por ciento de la población, sigue sin haber una política pública integral para la juventud del país, que oferta un panorama de desarrollo personal y colectivo a futuro.

Esta falta de visión gubernamental ha orillado a que muchos de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan sean presa de la delincuencia y de la violencia criminal, por lo que es urgente encontrar una solución integral a este conflicto social tan latente.

Si bien, para nuestro grupo parlamentario la presente propuesta representa un avance, por lo que votaremos a favor, consideramos que se debe incentivar a las empresas que adquieren bienes, arrendamientos o servicios y que se sujetan a la evaluación de puntos y porcentajes en las licitaciones públicas, no resolverá el problema de la falta de empleo al que día a día se enfrentan miles de jóvenes de nuestro país, ni las condiciones de trabajo tan deplorables en las que se encuentran aquellos pocos que sí tienen la oportunidad de tener un empleo.

En este sentido cabe resaltar la reforma laboral que aprobaron desde el 2012 los partidos del Pacto por México, donde legalizaron el outsourcing y no se nos olvida que la mayoría de las y los jóvenes que ahora ingresan al mercado laboral, tienen sueldos de miseria y carecen de prestaciones sociales por la traición que estos partidos le hicieron a la juventud mexicana.

Respecto a la modificación del artículo 41, el cual refiere que las dependencias y entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al proceso de licitación pública siempre y cuando se trate de campesinos, grupos urbanos marginados, artesanos, ganaderos considerados como pequeños productores y a grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando perspectiva de género, se eliminó la figura de personas físicas y morales del dictamen original y se agregó que dichos grupos deben estar incorporados al régimen fiscal, esto volverá dicho trámite más engorroso y complejo dado a las propias características de estos grupos, por lo que lejos de garantizar su inclusión se excluirá a los grupos más marginados que no cumplan con estos requisitos.

Es necesario revalorar dicho apartado con la finalidad de dar preferencia a cooperativas organizadas. Tenemos que impulsar el fomento al cooperativismo.

Finalmente, en lo referente al agregado del artículo 19, donde se prioriza contratar al Conacyt o a los institutos locales de ciencia o tecnología para la realización de asesorías, estudios e investigaciones, coincidimos plenamente en que es necesario fortalecer dicha institución, que se ha visto tan afectada con la repartición del presupuesto año con año.

No obstante, también se debe garantizar que para la realización de dichos estudios, investigaciones y asesorías se tomen en cuenta los diferentes institutos de educación superior públicos. No solo se debe fortalecer el aparataje gubernamental, sino también las instituciones educativas públicas que impulsan el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas:Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, primero quiero felicitar a las y a los integrantes, a las secretarias y a los secretarios, a la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara, y, en especial, a mi compañera, la diputada Sharon, por haberse dado el tiempo de analizar, discutir y en su momento fortalecer una propuesta de un servidor para que se den reformas a diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tienen como objetivo tres acciones principales:

Número uno, ampliar el catálogo de proveedores para que tengan cabida: artesanos, personas con discapacidad, jóvenes, madres jefas de familia y pequeños productores, ya sean ganaderos o agrícolas, para que en su momento el gobierno, mediante adjudicación directa, los pueda contratar.

El segundo objetivo de esta iniciativa radica en que el gobierno podrá otorgar puntos extraordinarios a aquellas empresas que tengan por lo menos en su plantilla laboral el 5 por ciento de jóvenes de 18 a 25 años de edad, y como mínimo seis meses de antigüedad y afiliados al Seguro Social.

El tercer objetivo es que cuando el gobierno contrate asesorías externas o estudios o investigaciones, le dé prioridad para contratar al Conacyt o a los Centros Estatales de Ciencia y Tecnología o sus derivados, ahorrándose un buen billete.

Sin duda este dictamen que hoy se discute da la importancia y continúa con el esfuerzo democratizador de oportunidades, pues ha llegado el momento de pasar de una democracia electoral a una democracia distributiva, sustentada en la igualdad de oportunidades como mecanismo justo para la distribución de la riqueza.

La norma jurídica y la transformación social deben de ir evolucionando a la par y también a la luz de las necesidades del ser humano, pues hoy los jóvenes, artesanos, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y pequeños productores se encuentran atrapados en un laberinto de dogmas, de intereses perversos, de oportunismo y de populismo que les impide encontrar una salida.

Hoy tenemos la enorme oportunidad de seguir legislando para que a través del derecho podamos incluir este grupo vulnerable a los empleadores y acercarlos a los contratos gubernamentales para la adquisición y venta de bienes y servicios.

Para finalizar les pido a todas y a todos ustedes que apoyemos este dictamen, que tiene por objeto la inclusión de distribución de la riqueza a estos grupos que por diferentes causas han sido vulnerados.

Démosle oportunidad para que tengan chamba los artesanos, las mujeres jefas de familia, los jóvenes, las personas con discapacidad y sobre todo los pequeños productores, mediante contrataciones del gobierno, para que en su momento tengan un ingreso y puedan competir en lo que actualmente es un océano plagado de tiburones.

Apoyemos pues, amigas y amigos, este dictamen y hago un llamado a su enorme sensibilidad, porque el único espíritu de este dictamen es la democratización de oportunidades. Por su atención, es cuanto. Muchas gracias a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Ah, ¿Ya llegó? Perdón.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, está bien, dijo la Presidencia y no se dice el Presidencia y la Presidencia. Es neutra la expresión. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, sobre el dictamen que nos presentan respecto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto, manifiesta que respecto a la medida que obligará al Conacyt tratándose de entes públicos de dar sus servicios por un precio debajo del mercado, desde luego que eso ayudará sobre todo a municipios que requieren de estudios precisos, científicos, técnicos y que los precios que haya ahorita incluso en el Conacyt están por arriba y va a ayudar mucho a tener un mejor diagnóstico las áreas que maneja el Conacyt, las áreas de investigación.

Desde luego que también respaldamos que pueda existir la posibilidad de que por adjudicación directa se otorgue a grupos de artesanos, a mujeres y a ganaderos, a pequeños ganaderos la posibilidad de participar en licitaciones de carácter público.

Respecto al tercer aspecto que aborda el dictamen, que tiene que ver con la posibilidad de otorgar un puntaje a aquellas empresas que participen en licitaciones públicas y que tengan un porcentaje mínimo de contratación hacia los jóvenes, tenemos una opinión respecto al nivel macro y una opinión respecto a la propuesta en concreto.

Primero, sabemos que desde hace cinco años más de 7 millones de jóvenes en nuestro país no estudian ni trabajan y de acuerdo al reporte final del Conacyt, perdón, de la OCDE del 2014, este número se incrementó en un 25 por ciento.

Es decir, estamos hablando de un número muy grande de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar y trabajar, y la medida que nos están proponiendo, que es positiva y que tiene como objeto también visibilizar el problema, nos parece insuficiente.

Hace falta, desde luego, incentivar el mercado interno, incentivar y acordar una política industrial también con inclusión juvenil. Es decir, tomar medidas mucho más amplias, para que este porcentaje de jóvenes que están quedando sin la posibilidad de ser asumidos en un empleo, sobre todo los egresados de las escuelas, tengan la posibilidad de ello.

Por eso estaremos votando en contra, porque significa un incentivo y también porque se presenta con oportunidad, creemos, la iniciativa. Aún vemos a subsecretarios de Estado incentivando el trabajo infantil, como el subsecretario federal Nemer.

Vemos, lamentablemente, también a integrantes de este Congreso incentivando el trabajo infantil, como lo vimos en diciembre del año pasado con mi tocayo el diputado federal chiapaneco Rafael Guirao, y creo que es importante hacer un alto en esta ocasión con esta iniciativa y otras más lograr, de verdad, cuidar el interés superior de la juventud y hacer materializar el derecho al trabajo en este segmento que ha estado olvidado durante varios años. Es cuanto, y muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Tenemos la convicción, en Acción Nacional, que los problemas no solamente se resuelven con programas sociales.

La gravedad de la pobreza, de la desigualdad que existe en nuestro país requiere algo mucho más allá. Bienvenidos los programas sociales cuando hay escasez extrema, cuando hay necesidad urgente de apoyo. Cuidado con aquellos programas sociales que se convierten en apoyos asistencialistas, y muchas veces, desgraciadamente, apoyos electoreros.

Por eso nos gusta en Acción Nacional esa iniciativa y por eso vamos a votar a favor. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir espacios para el desarrollo de capacidades, dar incentivos para que se amplíen las fuentes de trabajo. Y finalmente, favorece el crecimiento de la micro y pequeña empresa.

Esto es lo que necesitamos, necesitamos empleo, necesitamos corresponsabilidad, necesitamos ampliación de oportunidades.

Por una parte, ya lo han dicho mis compañeros, y felicito a nuestro compañero proponente de esta iniciativa, dar incentivos a aquellas empresas que tienen un cinco por ciento de empleados entre 18 y 25 años, para cuando estas empresas concursen para licitaciones y les da puntos concretos para que puedan realmente obtener un beneficio de un beneficio que ellos a su vez están dando a otros ciudadanos.

Por otra parte, también exceptúa de licitación, de la obligación de licitación, a aquellos que compren a pequeños artesanos, a empresas constituidas por mujeres, a pequeños ganaderos y se evitan así los pasos engorrosos que se deben cumplir y que muchas veces nos evitan poder hacer compras a artesanos locales, a señoras que fabrican dulces regionales, cuestiones de este tipo que desgraciadamente, a veces por trámites burocráticos no nos permiten hacerlo.

Y finalmente el tema de Conacyt, que es una apuesta para ganar, ganar. Esto creemos en el PAN y por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Y quiero hacer también un llamado y una reflexión última respecto a que esta iniciativa, la verdad fue fácil de procesar y de aprobar en la Comisión de Transparencia. Hay otras que no van a ser nada fáciles y por eso, desde aquí le damos la bienvenida a todas las instancias en esta Cámara que propicien el diálogo y la concertación, la concesión de pequeños temas para que ganemos todos. Y también, bienvenida a esta Cámara, como siempre, por parte de Acción Nacional, el respeto a las atribuciones de todas las instancias camerales.

Compañeros, no se contrapone una cosa con la otra. La transparencia, el respeto a las atribuciones y la posibilidad de concertar será siempre aquello por lo que los diputados del PAN estaremos trabajando y el que quiera oír que oiga. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Tiene por último la palabra la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Laura Mitzi Barrientos Cano:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todas mis compañeras y todos mis compañeros diputados. El presente dictamen propone una solución a uno de los problemas más recurrentes, a una realidad de México y a una de las grandes actitudes que hoy tenemos que tomar: definir, proponer e impulsar una estrategia o un conjunto de acciones que fortalezcan la política pública para enfrentar uno de los grandes desafíos que hoy tiene México, la inclusión de jóvenes, de personas con discapacidad, de grupos vulnerables en nuestro país.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, las personas con discapacidad que rebasan los 5 millones se enfrentan a diario a problemas de inclusión social, como la discriminación y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo, solo por referir algunas.

Alrededor de 7 millones de jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan. Sin duda, las cifras a las que hoy se enfrenta México en estos rubros son de consideración, de gran preocupación pero, fundamentalmente, de una ocupación de tiempo completo.

Los mexicanos de hoy debemos responder a un nuevo paradigma donde las oportunidades de trabajo no solo se buscan, sino que deben impulsarse. La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar, los cuales difícilmente saldrán al mercado laboral sin ayuda y sin incentivos.

Es fundamental atender el crecimiento del número de jóvenes que no estudian ni trabajan, además de diseñar intervenciones específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades.

En caso contrario, se corre el riesgo de desaprovechar el bono demográfico del que goza el país, que representa una oportunidad histórica para la transformación económica de México. Un desarrollo deficiente de la juventud hoy se traduciría en rezagos sociales, un capital humano poco productivo y un menor potencial de crecimiento en el mañana. La existencia de una población sin esperanza, sin futuro, es el camino más seguro para la reproducción intergeneracional de la pobreza y augura un escenario de mayor inseguridad y falta de cohesión social.

Esta situación conlleva a un alto costo económico social y humano, ya que se desaprovecha el recurso más importante del cual goza México hoy en día, una juventud que tiene el potencial de convertirse en el gran motor del desarrollo económico y social de nuestro país.

En este sentido, en mi Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que la vinculación del quehacer legislativo con el mercado laboral debe atender estas realidades como una de las estrategias más apremiantes, al presentar en este recinto iniciativas que tiendan con gran nobleza a responder a una de las más grandes demandas de toda la sociedad mexicana.

Por tal motivo apoyamos el presente dictamen, que propone establecer en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad, agregando también a jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años en una proporción de cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados.

En el PRI estamos convencidos que el país se construye todos los días, en cada instante, desde todas las trincheras, con gran voluntad y generando consensos que reflejen una impaciencia positiva. Para que las cosas cambien pronto trabajemos con determinación, con audacia, con talento, con la mirada siempre puesta en el futuro, con gran voluntad en este presente que tiene nombre y apellido y que se llama Juventud mexicana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 404 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL AÑO “2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes de la Comisión de Gobernación. El primero con proyecto de decreto por el que se declara el año 2016 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán, y el segundo con proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero, Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo en 1826, al inciso a), y 22 de mayo Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo en 1902, al inciso b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara 2016 como año del Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y, una vez que fue analizado el contenido de la iniciativa en referencia somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 3 de febrero de 2016, la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con proyecto de decreto para declarar al “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a esta Comisión, la cual fue recibida el 04 siguiente, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

Declarar “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

MOTIVACIÓN DE LA INICIANTE

La diputada proponente señala que “hasta antes y principios del siglo XX, dónde a pesar de la activa participación de la mujer en la vida social, política y económica del país, y muy a pesar de su colaboración en el proceso independista y revolucionario de México, poco era su reconocimiento.”

Que derivado del trabajo de mujeres yucatecas encabezadas, entre otras, por la poetisa Rita Cetina Gutiérrez y, a posturas ideológicas novedosas del entonces gobernador de Yucatán, el General Salvador Alvarado, lograran impulsar el despertar político de la mujer en México: los inicios del feminismo contemporáneo. Todo ello, a través de la convocatoria y desarrollo de dos congresos feministas que tuvieron lugar en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1916.

Señala que con la realización de los dos congresos feministas de Yucatán, se logró que la mujer mexicana estableciera un dialogo con el gobierno, con el que se abrieron los espacios de diálogo, debate y generación de propuestas, para incidir en la dirección política del país.

Que fueron los Congresos de Yucatán la antesala para la exposición de los deseos e inquietudes de este género, de manera especial el acceso a la educación media y superior, el derecho igualitario en el trabajo fuera de casa, el respeto y consideración de sus derechos civiles, al exigir salario igual al de los varones y, más aún, el reclamo al derecho de sufragio.

Que “gracias a ese despertar de la mujer, y de aquellos Congresos que tuvieron lugar en Mérida, Yucatán, es que los deseos e inquietudes de la mujer se encaminaron para implantarse como una realidad en el ámbito laboral, económico, político y social, pues ha llegado a ocupar espacios de dirección y mando, equitativamente a la figura del varón.”

CONSIDERACIONES

Al respecto, las y los integrantes de la Comisión coincidimos con la proponente en que la lucha por la igualdad y la paridad de género debe mantenerse como una constante por ser un asunto de especial importancia e interés, que por su contenido histórico, actual relevancia y vigencia en nuestros días, hace necesaria su conmemoración en momentos trascendentales como lo es la implementación de los congresos feministas de 1916.

Si bien la lucha no había sido nueva ya que desde 1870, el grado de concientización sobre la condición política había sido motivo de reclamo ante la sociedad con la organización femenil en torno a “Las hijas del Anáhuac” vinculadas al periódico Siempre Viva; no fue sino hasta la celebración de los Congresos Feministas de Yucatán en 1916, que se generaron las voces y los antecedentes de derechos tan elementales como el voto femenino, que lograron concretarse a nivel federal hasta el año 1953.

Además, en 1923, en el Congreso Nacional Feminista llevado a cabo en la capital del país, se señaló la necesidad de reconocer la igualdad civil entre hombres y mujeres para que éstas últimas pudieran acceder a cargos administrativos del gobierno local.

Como resultado de aquel debate, ese mismo año, en 1923, en San Luis Potosí se concedió el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas en las elecciones municipales.

Durante el mismo año, en la Península de Yucatán, fueran electas tres mujeres para ocupar el cargo de diputadas al Congreso Local, a saber las diputadas Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

De igual manera sería la ciudadana Rosa Torres González, la primera mujer mexicana en ocupar un puesto de elección popular, al ser electa regidora propietaria por el ayuntamiento de Mérida, durante la administración del entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto.

Por ello resulta indudable la relevancia que estos congresos tuvieron para consolidar los derechos de las mujeres en México, ya que a partir de aquel ejercicio político, surgieron las ligas de Orientación Femenina; los gobiernos de Yucatán, Chiapas y Tabasco concedían a la mujer la igualdad jurídica para votar y tener puestos públicos de elección popular; y para el año de 1917 la Carta Magna reconocía los derechos de la mujer trabajadora y su protección por razón de género en el ámbito laboral.

“Estos acontecimientos ilustran cómo la discusión en el ámbito nacional respecto al reconocimiento formal de los derechos civiles y políticos de las mujeres, se trasladó al ámbito local y fue ahí en donde se obtuvieron los primeros resultados concretos.”

En la actualidad, la mujer está presente y aumenta día con día su participación en actividades económicas y productivas del país, aspectos que se corroboran mediante cifras proporcionadas por el INEGI, las cuales demuestran el grado de avance del empoderamiento de la mujer, al señalar que 25 de cada 100 hogares están a cargo de una mujer, o bien, como el que al cierre del tercer trimestre de 2015, el 38% de la población económicamente activa son mujeres.

En el ámbito escolar la mujer se ha posicionado rápidamente en las estadísticas. Puesto que del 2000 a la fecha han alcanzado prácticamente la mitad de la población universitaria, resultando que para 2014 el género femenino ocupara el 56% del total de la titulación por licenciatura.

En la actualidad la mujer mexicana ha consolidado una mayor participación en la realidad política del país, en comparación a años anteriores. A nivel local por ejemplo, se han registrado aumentos en la participación de más de un 30%, pasando de un 7.1% a un 42.9% durante 2013.

De igual forma, la representación femenina en puestos de representación popular ha ido en aumento; en el Senado de la República pasó de 21.1% en 2005, a 23.4% en 2010, incrementando significativamente a un 33.6% en 2013; mientras que en la Cámara de Diputados, los incrementos han sido de 23.6%, 27% y 36.8% respectivamente.

Pero el mejor ejemplo del incremento de la participación femenina, se encuentra en esta LXIII Legislatura, que constituye una prueba tangible de los alcances derivados de aquellos congresos al contar con 212 mujeres Diputadas, el 42.4% del total de integrantes que conforman esta legislatura, que es el mayor número de mujeres en la historia legislativa de México.

De igual forma la cultura política mexicana ha alcanzado avances y ha transformado la política exterior, pues con la firma de tratados internacionales que incorporan la perspectiva de género como eje rector para el desarrollo sostenible, el gobierno mexicano se ha comprometido a llevar a cabo medidas sustanciales como elevar a nivel ministerial la coordinación del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres; promover una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga de trabajo en el hogar; así como, intensificar las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, y reducir la mortalidad materna.

Así, esta Comisión considera oportuna la propuesta, ya que en este 2016 se cumple un centenario de la realización de los Congresos Feministas en la Península de Yucatán, antecedente inequívoco del despertar social y político de las mujeres y signo de su inclusión necesaria en el desarrollo de nuestro País.

Al declarar el 2016 como “Centenario de los Congresos feministas de Yucatán de 1916” se reconoce a las mujeres que tuvieron la valentía y el sentido de oportunidad en esa época; para que, a través de su recuerdo, se continúe el impulso de la participación de la mujer en la todos los ámbitos de la vida mexicana.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO “2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Lists/MinistraOlgaCV/Attachments/635/Voto MujeresDiscurso.pdf, consultado el 15 de febrero de 2016.

2 INEGI (2014). Mujeres y hombres en México 2013. En línea: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/sociodemografico/mujeresyhombres/2013/Myh_2013.pdf. Consultado el 10/09/2014. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2014). Sistema de Indicadores de Género.

En línea: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/ panorama_general.php?menu1=2&IDTema=2&pag=1

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica en abstención), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios si los hubiere. Y por lo tanto tiene el uso de la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar ambos dictámenes, hasta por cinco minutos.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros, sometemos este día a consideración de esta honorable asamblea, dos dictámenes correspondientes a iniciativas turnadas para su estudio a la Comisión de Gobernación.

El primero, planteado por el honorable Congreso del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto izar la bandera a toda asta el 16 de enero, conmemorando el natalicio del general Mariano Escobedo, y a media asta, el 22 de mayo, por su aniversario luctuoso.

En torno a este dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, apoyamos esta propuesta ya que el general Mariano Escobedo de la Peña fue sin duda, uno de los grandes defensores de la República. Inició su brillante carrera como soldado raso y llegó a convertirse en general brigadier, y fue una de las figuras claves en la Batalla de puebla de 1862, cinco años más tarde, Maximiliano de Habsburgo le entregó su espada como símbolo de rendición.

El general Escobedo sirvió también como gobernador, ministro de guerra y marina, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, senador de la República y diputado hasta su muerte en 1902. Se encuentra su nombre inscrito con letras de oro en esta sala de sesiones.

Por eso presentamos a ustedes para su aprobación el proyecto de decreto que reforman los incisos a) y b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, con el fin de reconocer en justicia a un mexicano, cuyos atributos y méritos trascienden lo ordinario en la historia de la patria.

El otro dictamen aprobado por la comisión, es declarar 2016 Centenario de los Congresos feministas de Yucatán. Nuestros compañeros y una servidora coincidimos en que la conmemoración de los Congresos feministas en México, posee un contenido histórico de relevancia e incuestionable vigencia en nuestros días, dada la relevancia que éstos tuvieron para consolidar los derechos de las mujeres en nuestro país.

Justamente ahí, en Mérida, Yucatán, ahí en esos Congresos se localiza el germen del feminismo contemporáneo y el detonante político de la paridad de entre hombres y mujeres como una causa de todas las mexicanas y todos los mexicanos. El ascenso de nuestra participación política es uno de los más claros ejemplos en la composición de esta Cámara de Diputados.

Los logros de las mujeres son ciertos, pero debemos asegurarnos de que estos sean irreversibles, que se sigan extendiendo, mientras la igualdad sustantiva entre todas las personas deje de ser precisamente una cuestión de género, cuando las luchas por la paridad entre géneros dejen su lugar a las luchas por la inclusión y el ejercicio pleno de todos los derechos de todas las personas. Es el momento de multiplicar las redes para proteger y apoyar a las mujeres menos favorecidas, principalmente en los contextos rural e indígena, de buscar nuevas alternativas de acceso a la educación de todas en mejores niveles, de utilizar más recursos para reducir las tasas de embarazo adolescente.

Todo esto nos lleva a que esta comisión considera por supuesto oportuno esta propuesta para reconocer, por un lado, la valentía y el sentido de oportunidad de las mujeres de esa época, 650 mujeres; y, por otro lado, para que a través de su recuerdo se continúe el impulso.

Que este 2016 sirva entonces para recordar esas voces, así como para hacer eco con el Inmujeres al insistir que las mujeres lo que seguimos demandando es igualdad, ni más ni menos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guillén. Y estando a discusión en lo general y en lo particular tiene la palabra la diputada Lucely Alpizar Carrillo, proponente de la iniciativa, hasta por tres minutos.

La diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carillo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna a posicionar en nombre del Partido Revolucionario Institucional, dictamen a una iniciativa que guarda en sí el deseo de las mujeres por un merecido reconocimiento a la génesis del feminismo contemporáneo en México, que vio su nacimiento hace ya 100 años en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la realización de dos importantes congresos feministas.

El día de hoy reconocemos a las precursoras del feminismo en México, emblemáticamente representadas por Consuelo Zavala, Rita Cetina Gutiérrez, Raquel Dzib Cicero y Elvia Carrillo Puerto, entre poco más de 617 mujeres que con valentía se reunieron en Yucatán para encarar el prejuicio social y asumieron en sí mismas la responsabilidad de enarbolar los derechos de las mujeres en su tiempo, para nuestro tiempo y para el tiempo futuro.

Es a partir de aquellos congresos que se descubrió en la mujer una importante fuente de liderazgo que hoy se ha traducido en una realidad palpable, con la presencia de mujeres en los órganos legislativos y en muchos espacios de la vida social y económica de nuestro país.

Esta LXIII Legislatura celebra la aprobación de este dictamen, el despertar de la mujer en la vida política, social y económica y que derivado de la tenacidad y lucha constantes en la actualidad se posiciona en las estadísticas donde distintivamente 25 de cada 100 hogares están a cargo de una mujer, que de la población económicamente activa el 38 recae en este género, y que para la titulación en licenciaturas el 57 por ciento lo encabeza con honor el sexo femenino.

Con esta declaratoria de 2016 como el Año del Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán, se transfiere a la conciencia a la ciudadanía las acciones y expresiones de aquellas ilustres precursoras que con su legado nos invitan a seguir exigiendo la promoción de la igualdad sustantiva.

Estimadas compañeras y compañeros, con su voto a favor de este dictamen estaremos contribuyendo a concientizar en todos los ámbitos el reconocimiento a los talentos y capacidades de las mujeres mexicanas, porque en cada hoja de cada oficina con nuestro voto estaremos contribuyendo a un país más igualitario para niñas del futuro.

Que con este reconocimiento les brindemos un merecido homenaje a todas las mujeres mexicanas, que de manera incansable en sus estados y desde sus respectivas trincheras combaten para un país más igualitario.

Para terminar solo quiero decir gracias, muchas gracias a todas las mujeres de México que en estos 100 años, cada una en su tiempo, ofrendó su talento, su creatividad, su valentía. Pero, sobre todo, su determinación por cambiar las cosas a favor de los derechos de las mujeres.

Quiero reconocer también la solidaridad de los varones que han entendido que para que México crezca, que para que México se desarrolle hemos de ir juntos y convertirnos de la mano en verdaderos agentes de la transformación nacional.

Con este dictamen estaremos a la par, hombres y mujeres, construyendo en igualdad un mejor México para nuestras futuras generaciones. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alpizar. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta oportunidad me referiré a los dictámenes que la Comisión de Gobernación somete a consideración del pleno, mismos que el Grupo Parlamentario votará a favor, por considerar que dichas reformas contribuyen a nuestra identidad nacional.

Por un lado, se encuentra el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara 2016 como el año del Centenario de los Congresos Feminista de Yucatán, y por otro, el dictamen por el que se adicionan las fechas 16 de enero y 23 de mayo relativas al nacimiento y muerte de Mariano Escobedo, en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En Nueva Alianza somos un partido inclusivo, promotor de la igualdad, la libertad y la dignidad de las y los ciudadanos. Desde nuestra fundación hemos sido impulsores de las políticas de igualdad de género, en este sentido coincidimos con las apreciaciones de la dictaminadora en que la lucha por la igualdad y la paridad de género debe ser una constante, ya que constituye un tema de total interés.

Por ello, es imprescindible recordar a quienes han encabezado la lucha por la igualdad de género y conmemorar sus acciones. Es importante conocer y recordar la historia. Pocos sabemos que la celebración de los Congresos Feministas de Yucatán en 1916 fue el inicio de una nueva etapa para cambiar la realidad de millones de mujeres en nuestro país.

Así es, en estos Congresos yacen los antecedentes de derechos tan elementales como el voto femenino, que se consignó a nivel federal hasta el año de 1953. La indudable relevancia que estos Congresos tuvieron para consolidar los derechos de las mujeres en nuestro país, no puede ni debe ser soslayada. Ese fue el comienzo de la igualdad jurídica para las mujeres.

Las prerrogativas de las que ahora gozamos empezaron a gestarse en Yucatán hace 100 años, por lo que es justo que reconozcamos a quienes entendieron que la igualdad es una condición irrenunciable.

Como nación, es de suma importancia recordar y rendir homenaje a quienes labraron la patria y contribuyeron a construir el país que somos hoy. Las nuevas generaciones deben de conocer la proeza de mexicanas y mexicanos que lucharon con su vida por un México independiente y soberano, por un México de instituciones que contara con las condiciones necesarias para brindar bienestar a la sociedad.

La vida de esos mexicanos, como Mariano Escobedo de la Peña no puede ni debe pasar desapercibida, por ello votaremos a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación para establecer en el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, izar la bandera a toda asta el 16 de enero para conmemorar el natalicio del general Mariano Escobedo, así como el 22 de mayo izar a media asta la bandera para recordar el aniversario luctuoso de este gran mexicano.

En Nueva Alianza estamos convencidos que estas reformas contribuyen a fortalecer nuestra identidad a partir de conmemorar hechos y personajes que son parte fundamental de nuestra historia como nación.

Es necesario reflexionar y aprender de nuestra historia. Reconocer el legado y pensamiento de los próceres de la patria, y con ello construir y trabajar, por hacerlo de la mejor manera, un país mejor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hasta antes y principio del siglo XX, donde a pesar de la activa participación de la mujer en la vida social, política y económica de México, y muy a pesar de su colaboración en el proceso independentista y revolucionario de México poco era su reconocimiento.

Por eso, los congresos feministas de Yucatán lograron que la mujer mexicana estableciera un diálogo con el gobierno, con el que sin duda se abrieron los espacios de diálogo, debate y generación de propuestas para incidir en la dirección política de nuestro país.

Estos congresos son el preámbulo de un gran debate. Lástima que en 1917 el Constituyente mexicano, sobre todo dominado por hombres, no tuviera en cuenta la gran participación de este derecho que las mujeres se han ganado a pulso. Este derecho histórico que ha sido una lucha de toda la vida, pero que es una lucha que hoy, a más de 100 años, podemos reconocer que es una lucha que ha llevado a la mujer muy lejos, sobre todo una lucha legítima y una lucha que ha permitido que hoy sus reconocimientos, sobre todo políticos y civiles estén plasmados en la mayoría de las leyes, y sobre todo de la Constitución.

Reconocemos en esta lucha y en este aniversario, que en 2016 se cumple un centenario de la realización de los congresos feministas en la Península de Yucatán, que es un antecedente inequívoco del despertar social y económico de las mujeres y signo de su inclusión necesaria en el desarrollo de nuestro país.

Por eso, los diputados ciudadanos apoyamos desde todas las trincheras y sobre todo en este dictamen la lucha que ha sido la lucha de mujeres, pero que asumimos esa lucha como propia.

También en el siguiente dictamen reconocemos que Mariano Escobedo es el héroe mexicano que necesita nuestra patria hoy, hombres que luchen por la igualdad, la libertad y la democracia.

En nuestro México de hoy la amenaza a la democracia se presenta en la corrupción, una partidocracia que acota las instituciones con el vulgar reparto de cuotas en el nombramiento de sus funcionarios, que es también detrimento de la justicia, como el caso de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura de la Federación.

Hacemos énfasis en la más grave amenaza a nuestros principios de democracia en lo que hoy ocurre en el INE. Los consejeros están actuando con consignas, emitiendo resoluciones fuera de todo orden legal; contraviniendo a la transparencia y la rendición de cuentas. En conclusión, actúan en funciones de los intereses de los partidos mayoritarios, no en función de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Mariano Escobedo es el prócer que con su ejemplo está llamando a la clase política mexicana a actuar con rectitud, de cara a los intereses de la gente y a dejar de enriquecerse con el uso del poder público. Si volviera a nacer Mariano Escobedo, que fue un luchador incansable por la democracia, estaría muy decepcionado por el secuestro de la democracia por grupos de interés en el INE.

Mariano Escobedo es el hombre al que se homenajeó en este Muro de Honor de este recinto. Con ello debe recordarnos que en todo momento cada integrante de este Poder asuma en su memoria las altas responsabilidades que nos ha otorgado la patria. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.

La diputada María Chávez García:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, no podemos dejar de mencionar que los Congresos Feministas de Yucatán realizados hace ya cien años, fueron una realidad gracias al gobernador Salvador Alvarado, general revolucionario para quien la emancipación y la educación de la mujer eran imprescindibles para terminar con la pobreza y la opresión del pueblo.

Desde muy joven se interesó en la política, así en 1906 ingresó al Partido Liberal y leía el periódico de los hermanos Flores Magón, Regeneración. También se tiene noticia de su participación en la Huelga de Cananea. Ya como gobernador interino de Yucatán, realizó una importante reforma social y legislativa al grado que la legislación yucateca fue considerada como la más avanzada del país, que tuvo sin duda influencia en la redacción de diversos artículos de la Constitución federal de 1917.

Como ya se mencionó, para Alvarado, reivindicar a la mujer era una condición para lograr un verdadero progreso, así el propio Alvarado enfatizó: “Yo siempre he creído que mientras no elevemos a la mujer, nos será imposible hacer patria”.

Así, gracias al impulso de Alvarado, surgió el primer Movimiento Feminista Mexicano y la convocatoria a los Congresos cuyo comentario conmemoramos este año con la declaratoria que esta Cámara aprobará el día de hoy, desde luego con el voto a favor de Morena.

Como preámbulo a la convocatoria, a los Congresos Feministas de Yucatán, Alvarado expidió trascendentes e importantes decretos para evitar injusticias contra las mujeres, principalmente contra las más pobres, en su mayoría indígenas.

El 13 de enero de 1916, se inauguró solamente el Primer Congreso Feminista de México, cuyas sesiones se desarrollaron en el teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida. Participaron un total de 620, entre conservadoras, moderadas y radicales, sobre las conclusiones de este Primer Congreso Feminista, Jesús Silva Herzog refiere: Las conclusiones a que llegaron las mujeres yucatecas muestran el espíritu progresista de izquierda que predominaba en los sectores revolucionarios de aquella entidad. Yucatán fue, sin duda, el estado más avanzado de la República en materia social.

El Segundo Congreso Feminista tuvo verificativo del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916.

En esta ocasión con la participación de 234 mujeres, sin duda estos dos Congresos representan los cimientos de la lucha de las mujeres por el reconocimiento pleno de sus derechos, particularmente a la igualdad política con el hombre.

Las mujeres han trabajado para decidir por ellas mismas la autonomía y el gobierno de su cuerpo con el fin de construir proyectos propios en condiciones de igualdad y libertad, que garanticen se les respete como personas y ciudadanas. Sin embargo aun falta mucho por hacer.

Así, por ejemplo, la violencia –desafortunadamente–, los feminicidios como la expresión más cruenta de esa violencia, se comienza a generalizar en todo el país. Ahí hay compromiso pendiente.

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos ha sido continua y permanente. Hoy podemos observar su participación en todos los aspectos de la vida social y política, como profesionales y funcionarias, luchadoras en movimientos sociales, en la lucha por la paz, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos.

En Morena reconocemos esta lucha y como un homenaje a quienes la iniciaron, apoyamos este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes, de nuevo les saludo. Diputados y diputadas, el día de hoy se pone a consideración de este pleno el dictamen por el cual se considera el aniversario de nacimiento y muerte del General Mariano Antonio Guadalupe Escobedo Peña. El día 16 de enero en conmemoración de su natalicio, el 22 de mayo en conmemoración de su aniversario luctuoso.

La historia de vida del general Mariano Escobedo y su haber, contienen en sí un saldo favorable de incalculable valor para la niñez y para la juventud de nuestro país, como se señala en este dictamen, quien con gran patriotismo defendió nuestra nación destacando su lealtad y respeto.

Hoy enaltecemos su lucha inalcanzable en los diferentes momentos de nuestra historia. A él, hacia él precisamente quien fuera reconocido en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados por su destacada labor a la patria, y quien se encuentra en la Rotonda de Personas Ilustres.

Reconocemos que con enorme patriotismo defendió a nuestro país, un valor que nos compromete como ciudadanos, hoy más que nunca, a fomentar el respeto y el amor que debemos a nuestra nación mediante nuestro trabajo honesto y nuestra contribución al bien común.

También el día de hoy aprobaremos la consideración del presente año 2016 conmemorativo del Centenario de los Congresos Feministas en Yucatán, episodio emblemático de la defensa que tanto hombres como mujeres en todo el mundo y en particular en México, han hecho de la mujer, de naturaleza y dignidad, carente de distinción respecto al varón.

Es un día hoy para festejar pero también es un día para traer a la memoria y con ello a las acciones, lo que el verdadero feminismo puede aportar a nuestra sociedad. Es un día excelente también para renunciar a los errores históricos que no nos han servido para avanzar. Creer que el hombre es el enemigo de la mujer y ejercer una lucha dialéctica que en lugar de reclamar igualdad y dignidad, reivindica antagonismos; considerar de forma casi dogmática que ambos, mujeres y hombres son absolutamente iguales e indistintos, ya no hablando de dignidad, sino inclusive de cuestiones limitación femenina de las carencias y de los errores masculinos.

El error de considerar al género como un sinónimo del feminismo, cuando se ha estudiado a profundidad cómo aquel genera más una lucha que abandona a la mujer. Esta celebración nos invita a recuperar lo que verdaderamente es el feminismo, ese que busca descubrir el genio femenino; lo que la mujer aporta no sólo en lo privado que tiene una riqueza indiscutible e inimitable, sino sobre todo lo que la mujer le puede aportar a la humanidad en lo público.

Descubrir el genio femenino es enriquecer profundamente a México, ese genio que sabe descubrir en la mujer a un ser que aporta de manera invaluable a la familia porque personaliza y humaniza a los miembros de ella, pero también que humaniza a lo social, de eso se trata.

Celebro yo que el día de hoy volteemos a ver y luchemos profundamente como sociedad en México, por el verdadero feminismo, el que descubre en el hombre y la mujer, los aportes necesarios para crecer como nación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado David Gerson García Calderón:Con el permiso de la Presidencia, y también con el permiso de las y los diputados. El primer dictamen en relación al aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, y también de su muerte, el Grupo Parlamentario del PRD apoyará este dictamen, ya que reconocemos y hacemos un reconocimiento a la memoria del ilustre Mariano Escobedo, conmemorando tanto su natalicio como el día en que desafortunadamente falleció.

Mariano Escobedo fue un hombre ilustre porque además fue gobernador, ministro de guerra y de Marina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, militar, senador y diputado del Congreso de la Unión, y que tuvo una destacada participación en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y en la intervención francesa, entre muchas otras participaciones.

Por eso reconocemos plenamente a este hombre ilustre, y por eso el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este proyecto.

Y en relación al segundo de los dictámenes, en el que se pone a consideración de esta asamblea, el día de hoy, es un dictamen que resulta muy útil, no para una remembranza y conmemoración de las congresistas de Yucatán, no, sino hay que darles un verdadero reconocimiento.

El Grupo Parlamentario del PRD también en todo momento ha buscado que haya una igualdad, una igualdad sustantiva, que las mujeres y que los hombres tengan los mismos derechos.

En la Comisión de Gobernación todo el Grupo Parlamentario del PRD apoyó esta propuesta, esta iniciativa, porque nos parece idóneo que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Que no se les quiera dar derechos o que no se les quiera reconocer por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, eso no nos parece adecuado.

El incremento en el número de feminicidios es únicamente el reflejo del aumento de la violencia de género, que día a día cobra nuevas víctimas en todos los estados de la república. Es tiempo de reflexionar en torno a la paridad sustantiva, para que las mujeres –como ya lo decía– y los hombres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida.

Y quiero hablar en específico de uno, en el de la participación política. En este terreno, aunque el 42.4 por ciento de los escaños está integrado por mujeres, parece contradictorio que únicamente el 25 por ciento de las comisiones estén presididas por diputadas. En este mismo sentido resulta contradictorio que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada el día de ayer, únicamente hubo una gobernadora y 31 gobernadores hombres.

Estas disparidades son producto de un paradigma histórico que en la conciencia mexicana discrimina y maltrata a las mujeres, y este no es nada más un discurso en que los desiguales deban de tratarse iguales.

En el Grupo Parlamentario del PRD tratamos de establecer las condiciones en las cuales las mujeres y los hombres puedan arribar a la igualdad a partir de acciones afirmativas que todos debemos de llevar a la práctica política. Por eso el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Es que le pedían que ya el tiempo, tiempo porque querían aplaudirle cuando terminara.

El diputado David Gerson García Calderón: Lo sé, lo sé, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se declara el año 2016 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se declara el año 2016 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos, el proyecto de decreto por el que se declara el año 2016 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826” al inciso a) y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902” al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los incisos a) y b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión de 22 de diciembre de 2015, se remitió a la Presidencia de Mesa Directiva, oficio 0452/37/2015, a través del cual, el Congreso del Estado de Nuevo León presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional del Congreso del Estado de Nuevo León.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la mencionada iniciativa a esta Comisión, la cual fue recibida el 11 de enero siguiente, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Izar la bandera a toda asta el 16 de enero, conmemorando el natalicio del General Mariano Escobedo y a media asta el 22 de mayo en conmemoración a su aniversario luctuoso.

Motivación:

El Congreso promovente señala que “dicho reconocimiento es de elemental justicia en pro de” Mariano Antonio Guadalupe Escobedo y de la Peña “de quien debe destacarse fue un brazo armado de la república, cuyos atributos representan méritos que trascienden lo ordinario en la historia de la patria.”

Que “la historia de vida del General Mariano Escobedo y su haber, contienen en sí un saldo favorable de incalculable valor para la niñez y juventud de nuestro país.”

Que “la sociedad y sus instituciones están en deuda de justicia para con tan preclaro héroe de la patria defensor de la república.”

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos la necesidad de conmemorar el natalicio y muerte de Mariano Escobedo de la Peña por considerarlo un defensor de la Patria, que ya fuera desde el campo militar o desde el ámbito de la política, siempre se posicionó como uno de los más importantes defensores de la Republica.

Nacido en San Pablo de Labradores, hoy Galeana, Nuevo León, el 16 de enero de 1826, hijo de Manuel Escobedo y Rita de la Peña, así como el más pequeño de 6 hermanos, desde muy temprana edad demostró sus dotes de jinete y un extraordinario valor.

Alistado a los 20 años de edad como soldado raso en la guardia nacional, participo en reconocidos combates como la Purísima, Tenerías y cerro del obispado, destacándose en la batalla de la Angostura y en la defensa de Monterrey, donde demostró sus grandes capacidades militares.

La carrera de Mariano Escobedo seguiría en ascenso durante los años siguientes, combatiendo con el grado de teniente coronel de caballería durante la Guerra de Reforma de 1858 a 1860 y general brigadier durante la batalla de Puebla en contra de los intervencionistas franceses.

Ante su persona se rindió el entonces emperador Maximiliano de Habsburgo, quien entregó su espada como símbolo de rendición en 1867.

Gobernador, Ministro de Guerra y Marina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Senador y Diputado del Congreso de la Unión hasta el momento de su muerte en 1902, Mariano Escobedo fue un hombre de “puro luchar y luchar”.

En este orden de ideas, las y los integrantes de la Comisión reconocemos y enaltecemos la figura de tan importante personaje, que el 19 de diciembre de 1912 fue reconocido en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados, con la siguiente inscripción en letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión:

“Mariano Escobedo. A los vencedores de Querétaro en 1867”

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprueba la iniciativa a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FECHAS 16 DE ENERO “ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MARIANO ESCOBEDO, EN 1826 AL INCISO A) Y 22 DE MAYO “ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MARIANO ESCOBEDO, EN 1902 AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

Artículo Único. Se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826 al inciso a) y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a)A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

16 de enero:

Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826

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b) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

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22 de mayo:

Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902

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Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.colmex.mx/academicos/ceh/garciadiego/images/stories/EH/2011/02_13011 1%20mariano%20escobedo.%20aniversario%20de%20su%20natalicio.pdf consultado el 14 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra ahora el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto, por el que se adicionan las fechas 16 de enero Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826 al inciso a) y 22 de mayo Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826 al inciso a) y 22 de mayo Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Se encuentra abierto el sistema de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 387 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan la fechas 16 de enero Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo en 1826, al inciso a); y 22 de mayo Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo en 1902, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

DIFUNDAN LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁN PARA GENERAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO EN LOS SECTORES ECONÓMICOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TABASCO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que difundan las acciones que emprenderán para generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en los estados de Campeche y Tabasco, suscrito también por la diputada Georgina Trujillo Zentella, ambas del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz:Gracias, señor presidente. Con la venia de la Mesa Directiva. Honorable asamblea, la falta de empleo está considerada como uno de los problemas más graves que puede enfrentar cualquier sociedad. Es una de las expresiones más agudas de la pobreza.

En septiembre de 2015, México se ubicó entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menor desempleo, compartiendo este sitio con Islandia y sólo por debajo de Japón y Corea.

La estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años, aunada a la reforma energética han propiciado que la economía de México disminuya su dependencia al petróleo, ya que ahora es la industria manufacturera la que compone la mayoría de las exportaciones.

Atrás quedaron los tiempos en los que la venta de crudo representaba el 85 por ciento de las exportaciones y una gran parte de los ingresos públicos.

Esto, sin duda, es el resultado de la evolución favorable del mercado interno y la implementación de la reforma hacendaria.

A pesar de lo anterior, cuando analizamos el mapa nacional, lo que continuamos encontrando son profundas asimetrías entre el norte y el sur del país. Dolorosas brechas en productividad, crecimiento y desarrollo.

En el sur del país se ubican las entidades federativas más rezagadas en términos de desarrollo económico y bienestar social.

Campeche y Tabasco se ubican en ese sur de rezagos. Son dos entidades que pese a su riqueza natural y las importantes aportaciones al producto interno bruto nacional derivado de la extracción del gas natural y petróleo, no han logrado superar su dependencia económica a la actividad petrolera y alcanzar el mismo ritmo de crecimiento de empleos que tiene el resto del país.

El Ejecutivo federal ha urgido la necesidad de instrumentar una política de fomento económico y de desarrollo industrial para resolver retos y barreras estructurales, a fin de lograr un México en paz, incluyente, próspero y con responsabilidad global.

Lo anterior solo será posible a través del impulso a la inversión para realizar actividades de manufactura, transformación, almacenamiento y prestación de servicios diferentes a los de la actividad petrolera.

México quiere y requiere un desarrollo integral con enfoque de largo plazo. El PIB de Campeche y Tabasco muestran una marcada sobrevaloración, derivado de la asignación de la actividad petrolera. Esta particularidad, que hay que resaltar son casos de excepción en el país, da como resultado que la actividad petrolera incida enormemente en la economía de ambas entidades federativas. El desplome de la industria petrolera tiene en Campeche al borde del colapso, al 40 por ciento de las 865 empresas que brindan servicios y suministran materiales a la industria petrolera.

En los últimos doce meses, 8 mil 846 personas han perdido su empleo. Si partimos de la base que el promedio de miembros de una familia en la entidad, según datos del INEGI es de 3.8, la población afectada por la pérdida del empleo sería alrededor de 34 mil personas. En Tabasco, además de las actividades económicas como la ganadería, agroindustria y servicios, el motor de desarrollo ha sido por muchos años la industria energética.

De acuerdo con las cifras del Inegi esta entidad, Tabasco, ocupa el primer lugar nacional de desempleo, con una tasa de desocupación entre 7.5 y 7.7 por ciento. Tabasco ha perdido 12 mil 258 empleos.

La situación por la que atraviesan ambas entidades federativas ha sido planteada en diversos foros. El presidente de la República ha señalado que el gobierno federal trabajará en conjunto con Campeche y Tabasco.

Estimadas diputadas y estimados diputados federales, mi compañera Georgina Trujillo Zentella, de Tabasco, y una servidora les pedimos hoy su respaldo en beneficio de la economía de las familias tabasqueñas y campechanas.

Pedimos el apoyo de esta soberanía para exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco. Por su atención y en especial por su respaldo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la SCT y la Sedatu a difundir las acciones por emprender para generar fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Georgina Trujillo Zentella, del estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años, el petróleo mexicano ha sufrido depreciaciones constantes que han repercutido en los sectores económicos relacionados directamente con las actividades de la industria petrolera, lo que ha significado un reto tanto para el gobierno federal como para los gobiernos de las entidades federativas para hacer frente a las crisis por la que atraviesa la industria petrolera.

De acuerdo con cifras oficiales, al principio del presente sexenio, el gobierno de nuestro país dependía en un 40 por ciento de las exportaciones petroleras, es decir, era dependiente casi en la mitad de su presupuesto total.

Los cambios estructurales impulsados con la reforma energética han tenido una injerencia positiva para reducir el impacto de la dependencia de los ingresos petroleros, lo que ha permitido a México ir disminuyendo esa dependencia que ahora es del 18 por ciento.

No obstante lo anterior, estamos conscientes de que hoy por hoy, la caída de los precios del petróleo está afectando seriamente a nuestro país, especialmente a las entidades con alta vinculación y dependencia de los ingresos petroleros, por lo que coincidimos en la necesidad de emprender acciones alternativas que permitan dar actividad y oportunidad a la población de dedicarse a otras actividades productivas que les depare un ingreso y en otras acciones que mitiguen lo que hoy está ocurriendo ante este efecto.

En el transcurso del año 2015 y durante el primer mes de este año, la crisis petrolera ha acelerado el desempleo en las entidades federativas con mayor actividad en el rubro, tal es el caso de la zona sur-sureste del país, y en específico de los estados de Campeche y Tabasco. De acuerdo con las cifras que reporta Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que en 2011 el volumen de las exportaciones de petróleo crudo nacional era de 1,338 miles de barriles diarios. En enero de 2016, esta cantidad ha disminuido a 1,120 miles de barriles diarios presentándose en mayor medida en esta región que en la actualidad exporta 797 miles de barriles diarios –equivalente a dos terceras partes del total de exportación- contra 1,036 que realizaba en 2011. Aunado al panorama internacional, el precio promedio del crudo mexicano ha disminuido en esa misma temporalidad de 101.13 a 23.48 dólares por barril.

Por ello, es menester lograr el trabajo conjunto refrendado por el Ejecutivo Federal, a fin de establecer las medidas, acciones y programas pertinentes para la mitigación de la problemática del desempleo que ha afectado a las entidades con mayor dependencia de la actividad petrolera, como es el caso de Campeche y Tabasco, no obstante que siguen siendo las dos entidades que más aportan al PIB nacional en esta materia.

Justificación

En el estado de Campeche, el año pasado se perdieron 8 mil 846 empleos, en su totalidad de la industria petrolera, al pasar de 148 mil 822 en enero de 2015, a 139 mil 976 en enero de este año, lo cual implica una disminución del 5.9 por ciento.

Además de que, como estrategia encaminada a solventar el problema económico que actualmente tiene Pemex, la paraestatal ha anunciado el posible recorte de 10 mil empleados para este año.

Escenario en el cual se agravaría la situación económica que se vive en municipios como Carmen, pues el flujo de efectivo de la ciudad disminuiría aún más, afectando a los demás sectores como: hotelero, comercio, servicios, inmobiliario, entre otros.

El desplome de la actividad petrolera en Campeche tiene al borde del colapso al 40 por ciento de las 865 empresas que brindaban servicios y suministraban materiales a la industria petrolera, lo que ha afectado durante el 2015 de manera directa a pequeños y medianos proveedores, empresas de soporte de ingeniería, de outsourcing y de asesoría ligadas a Pemex, siendo el sector de la construcción el más afectado debido a la cancelación de obras.

El año pasado, la paraestatal tuvo recortes por unos 65 millones de pesos. De acuerdo con registros del Consejo Coordinador Empresarial, entre 2005 y 2006 había 865 firmas vinculadas a las operaciones de Pemex, de las cuales, a la fecha, alrededor de 346 están en riesgo.

De acuerdo con datos del mismo organismo, sustentados con cifras del Inegi, fueron liquidados 25 mil trabajadores petroleros de octubre de 2014 al mismo mes de 2015.

En el caso particular de Campeche, entre las afectaciones que se han tenido en las actividades económicas aunadas al problema de desempleo, se encuentran aquellas que recaen sobre las empresas y proveedores ligados a Pemex por la cancelación anticipada de contratos, las restricciones de licitaciones y el retraso en los pagos a trabajadores.

Además de las afectaciones directas a contratistas y prestadores de servicios de Pemex, la crisis ha afectado de manera indirecta a los sectores de las industrias hoteleras, turísticas y de restaurantes.

De 2010 a 2013, el PIB de la entidad registró una caída anual promedio de 2 por ciento, y si bien para 2013 logró por primera vez un crecimiento marginal de apenas 0.7 por ciento, el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) que elabora el Inegi, reportó un descenso anual de 4.7 por ciento en 2014, de manera que la crisis se ha venido agudizando desde el año 2014.

Todo lo anterior derivado de la gran dependencia que tiene la economía estatal de la extracción del hidrocarburo, que por sí sola representa el 80 por ciento de su PIB.

Es indudable que la crisis por la que atraviesa la economía campechana ha incrementado el número de desempleados. Del primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2015, el número de personas desocupadas en la entidad pasó de 9 mil 600 a 12 mil 422 trabajadores, lo que significó un incremento de 29 por ciento.

En la gráfica que a continuación se muestra, se advierte la tendencia de la tasa de desocupación en el año 2015 para Campeche.

En Tabasco, además de las actividades económicas como la ganadería, agroindustria y servicios, el motor de desarrollo del que depende el sustento de decenas de miles de familias lo ha sido por muchos años la industria energética. El petróleo sigue siendo la que genera mayor riqueza para el estado.

Al no tener contratos con Pemex directamente o con las grandes compañías que trabajan para la empresa productiva del Estado, están obligando a las Pyme con actividad petrolera a cerrar, y con ello el despido de sus trabajadores.

De acuerdo con el reporte del IMSS, en enero del 2015 Tabasco tenía un registro de 197 mil 107 trabajadores, cifra que disminuyó 6.2 por ciento al mes de enero de este año, cuando sólo tenía 184 mil 849 empleos, entre permanentes y eventuales urbanos y del campo. Esto indica que en un año se perdieron 12 mil 258 empleos oficiales, mientras que en enero de 2016 perdieron su trabajo 2 mil 335 personas radicadas en el estado.

En el cuarto trimestre de 2015, la distribución económica de la población se expresa de la siguiente manera:

La entidad se ha visto seriamente impactada por los problemas que está enfrentando el sector petrolero y que han generado que la tasa de desocupación se incremente aún más. De acuerdo con cifras del Inegi, desde el año 2015, Tabasco se ha mantenido en el primer lugar de desempleo, con una tasa de desocupación entre el 7.5 y 7.7 por ciento, porcentaje que representa casi el doble de la cifra nacional.

En la gráfica que a continuación se muestra, se puede advertir la tendencia al incremento de la tasa de desocupación en 2015:

La situación por la que están atravesando ambas entidades federativas ha sido planteada en reiteradas ocasiones por los gobernadores Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Arturo Núñez Jiménez, de Campeche y Tabasco, respectivamente. El 29 de enero de 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó gira de trabajo por el estado de Tabasco; en su visita el Gobernador de esa entidad señaló “...tenemos un problema severo de desempleo... y como lo he planteado junto con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, hemos hablado de la posibilidad de tener su mano amiga, para ayudarnos con programas temporales de empleo, con el impulso a la micro y pequeña industria...”.

Por su parte, el Presidente de la República señaló “Al inicio de esta administración, el gobierno dependía en un 40 por ciento, casi la mitad de su presupuesto de nuestras exportaciones petroleras. Imagínense lo que hubiese sido de no haber hecho varios cambios estructurales que nos hacen ser menos dependientes de ingresos petroleros, pero hoy siguen teniendo un impacto del 18 por ciento.” También señaló que “... a través de las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transporte y Sedatu se implementarán acciones para generar nuevas fuentes de trabajo en sectores de la economía no ligados al petróleo...”

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha refrendado el respaldo a favor de la población de las entidades federativas con alta dependencia y vinculación a la actividad petrolera, que se ha visto afectada por la situación que en el mundo ocurre en torno al precio del petróleo.

En este orden de ideas, coincidimos en la necesidad de exhortar con carácter de urgente a las dependencias de la administración pública federal antes señaladas, a dar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal para que se den a conocer, con prontitud, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo y de esta manera, las entidades afectadas se vean en la posibilidad de hacer frente a la problemática que se ha registrado.

Cabe mencionar otros factores que nos urgen a exhortar la emisión e implementación de medidas para solucionar esta problemática. Uno de ellos relativo al pronóstico de la volatilidad-estabilidad de los precios del petróleo.

En las últimas semanas, la Secretaría de Energía se ha pronunciado respecto al pronóstico de los precios del petróleo, los cuales no se recuperarán sino, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre de 2017.

Por lo que debemos estar conscientes de que el escenario que se está presentando en estas entidades federativas no variará al menos hasta 2017, cuando comience la exploración o explotación de pozos a cargo de Pemex o compañías ganadoras de los contratos ya licitados.

Otro de los factores que nos apremia, es el relativo al tema de inseguridad. Es fundamental señalar y subrayar que la inseguridad es otro de los daños colaterales que una crisis de desempleo puede generar como impacto en la sociedad.

No podemos soslayar que existe una correlación directa entre la falta de oportunidades de empleo y el incremento de los índices delictivos.

En abril de 2015, se publicaron resultados de índices delictivos en las entidades federativas a nivel nacional, en el marco de un estudio realizado para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el estudio antes mencionado, el estado de Campeche ocupa el cuarto lugar entre los estados con menor tasa de índices delictivos con una puntuación de 1.81 por ciento. Este análisis estadístico sitúa a Campeche dentro de las entidades federativas con los niveles más altos de paz del país.

Por el contrario, en el caso particular de Tabasco, los índices de delincuencia se han incrementado durante los últimos años, por lo que, con un puntaje de 2.35 por ciento, Tabasco ocupa el lugar número 11 a nivel nacional.

Las estadísticas en materia de inseguridad nos permiten advertir la necesidad de prevenir una crisis de inseguridad derivada de una crisis económica y de desempleo.

(Índice de Paz México 2015, UNAM)

No obstante el contraste entre Campeche y Tabasco en materia de inseguridad, existe una preocupación y un objetivo en común: la contención de la crisis económica y de desempleo que se está presentando en ambos estados; así como la prevención de consecuencias secundarias, a través de la implementación de medidas, acciones y programas pertinentes encaminados a la resolución de la problemática principal.

Es indubitable que una mejor situación económica y de oportunidades contribuye de manera importante a reducir los índices de delincuencia. Es fundamental prevenir y evitar que el impacto de una crisis económica se extienda hacia otras áreas de la vida en sociedad en los estados de Campeche y Tabasco.

En tanto se restablezca la recuperación económica en las actividades petroleras de los estados de Campeche y Tabasco, los gobiernos de dichos estados, con el apoyo del Poder Ejecutivo federal a través de las respectivas secretarías, deberán instrumentar e implementar las medidas, acciones, programas y demás políticas públicas pertinentes y necesarias para impulsar una mayor diversificación de las actividades productivas, en aras de combatir el desempleo generado por la crisis petrolera y de la pronta reactivación económica de los estados.

En ese tenor, la presente proposición con punto de acuerdo, tiene como finalidad exhortar a los titulares de las respectivas Secretarías, en sus distintos ámbitos de competencia y en cumplimiento del mandato del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que den a conocer, con carácter de urgente, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo en sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, ante la problemática de los altos índices de desempleo que se han presentado.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo Federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2016.— Diputadas: Adriana del Pilar Ortiz Lanz,Georgina Trujillo Zentella (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

El diputado Enrique Pérez Rodríguez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se está consultando primero si es de urgente resolución. Si es relacionado con el punto me permite por favor, cuando se someta a discusión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se considera la urgente resolución y está a discusión.

El diputado Enrique Pérez Rodríguez(desde la curul): Presidenta, por favor.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputado Pérez Rodríguez, adelante.

El diputado Enrique Pérez Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias. En Acción Nacional acompañaremos este punto de acuerdo, más sin embargo creemos que se ha quedado corto no nada más la afectación por la situación petrolera que está en Campeche y está en Tabasco. En Veracruz vivimos la misma situación y también en Tamaulipas y también lo vive Chiapas.

Por lo que estamos solicitando que en futuras ocasiones, en un próximo punto de acuerdo con el PES, también podamos recibir el mismo respaldo de los demás partidos políticos, principalmente del PRI, en el posicionamiento que haremos en esta misma situación.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra, la diputada Rocío Nahle. Adelante, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Gracias, diputada. Referente a este punto de acuerdo. ¿Quién estaría en contra de que la Secretaría de Economía, la de Comunicaciones y Transportes, la Sedatu, pongan en marcha programas efectivos de empleo en Tabasco y Campeche? Nadie.

Lo que sí es importante señalar es la reforma energética, en esos estados la que está dejando sin empleo, pese a que el gobierno federal y los impulsores promocionaron por todos los medios que no iban a perder empleo, que iba a haber más empleo, que iba a haber más oportunidades y riqueza.

Es lamentable –y no chiflen compañeros cuando se les dice la realidad–. Es lamentable que hoy 34 mil familias en Campeche están fuera, 12 mil 500 familias de Tabasco están sufriendo y hoy en Coatzacoalcos, Veracruz, Pemex anunció un severo recorte a la clase productiva. Ojalá que esto sirva de escarmiento, porque las reformas nos han llevado al despeñadero. Es cuanto.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica... Perdón, antes una intervención. Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Creo que todos estamos totalmente de acuerdo –como bien dicen mis compañeros parlamentarios– en ese punto de coincidencia de estimular la economía regional y que no dependa de los estímulos petroleros, en Campeche por supuesto y en Tabasco.

Pero nos unimos a esa inconformidad en cuanto a Veracruz se refiere, en cuanto a Chiapas y Tamaulipas. Por supuesto que también hay desempleo, por supuesto que el mexicano está sufriendo en todos los estados de la confederación.

Pedimos de manera muy enérgica que se haga un plan de emergencia nacional en materia económica, porque han acabado con Pemex y están acabando con la economía de las familias. Esto es una realidad. Es el dedo en la llaga. Hay crisis económicas.

Por supuesto que la instrumentación de la política y las reformas estructurales se han complicado. Es una realidad. Como diputado y representante veracruzano y mexicano, nos sumamos a la petición de que se haga más allá.

Apoyamos esta posición del Partido Revolucionario Institucional por supuesto de Campeche y Tabasco, pero estamos conscientes de que se requiere ir más allá con mayor firmeza, con mayor precisión y por supuesto sin discriminación en materia laboral. Todos parejos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Héctor Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Héctor Peralta Grappin(desde la curul): Muchas gracias. Aquí los diputados del estado de Tabasco estamos muy preocupados precisamente por la situación que se vive en esa parte de la República.

Yo creo que el exhorto es respetuoso, pero estamos pidiendo que se actúe de manera inmediata y que cumplan con su obligación estas secretarías a las que se les está haciendo el llamado, y al presidente de la República. Yo creo que estos estados han aportado durante muchos años bastante riqueza a la federación. Es una obligación ética y moral que tiene el gobierno federal de responder de inmediato a toda esta zona.

Me uno a lo que comentan los compañeros. También Veracruz, también Tamaulipas, porque esto va a ser una onda expansiva que se va a presentar en esa zona del país. Igual hago el llamado –que lo hemos venido haciendo constantemente y no ha sido tomado en cuenta– de que esta zona se considere dentro de las zonas económicas especiales. Yo creo que no hay mejor argumento, mejor fundamentación que esto que está sucediendo. Nosotros lo vivimos a diario. Los niveles de inseguridad, los niveles de desesperación que hay en la gente. Los diputados que damos audiencias públicas estamos viendo la desesperación de la gente, gente productiva, gente que le ha aportado durante muchos años a la riqueza del país.

Entonces exigimos, aprobamos, el Grupo Parlamentario este punto de acuerdo, este exhorto, pero exigimos que sea ya de manera inmediata. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Adán Pérez Utrera(desde la curul): Presidenta, los hidrocarburos para nuestro país han sido y siguen siendo, aunque se diga lo contrario, estratégicos para las finanzas públicas y la economía nacional. El impacto de la reducción en la actividad petrolera, es más visible en las entidades vinculadas directamente con esta industria, como el caso de Tabasco y Campeche, pues gran parte de su actividad económica y de la generación de empleos, son por las actividades de esta industria. Por eso consideramos adecuado este punto de acuerdo.

El desempleo, los despidos masivos y la falta de actividades productivas alternas, configuran un escenario que requiere la intervención pronta y oportuna en auxilio de estas entidades y otras que tanto le han dado a México y que no han sido retribuidas de la misma forma. Pero aun reconociendo que esta información será muy útil, hay que decirlo con todas sus letras: no es suficiente.

A unos días de conmemorar el 78 aniversario de la expropiación petrolera, en Movimiento Ciudadano seguimos insistiendo en que la llamada reforma energética y sus leyes secundarias, no han servido y parece no servirán para desarrollar al país.

Hoy Pemex está prácticamente desmantelado en sus principales funciones operativas. Le hacen falta infraestructura, y agoniza por la endémica corrupción en su interior. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo el abandono intencionado del Instituto Mexicano del Petróleo, fundamental para la creación de nuevas tecnologías y la capacitación de los técnicos del país y que su prestigio le valió el reconocimiento en otras latitudes como Brasil, cuyos técnicos vinieron a adquirir experiencia aquí y hoy han hecho de Petrobras una de las mejores empresas del mundo?

Y lo más importante, la nación debe ejercer el dominio directo y pleno sobre los hidrocarburos porque es un recurso natural estratégico y de ello depende el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas. Gracias. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma, por favor.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente. Es un tema que hay que observar. Celebro la participación de nuestra compañera diputada Adriana, en este sentido, es una reflexión a tiempo en relación a los acontecimientos internacionales que ha pegado en el precio del petróleo y que obviamente impactan a nuestra nación.

Obviamente habrá estados como también el nuestro, como es el caso de Hidalgo en la región Tula, donde está la refinería, que también genera inquietud, pero reconociendo de que en este punto de acuerdo habrá que observar prioridades, como es el caso de estos dos estados, a donde no nada más han sido afectados por esta condición, sino también en materia pesquera en las afectaciones que llegó a tener Pemex en su tiempo, es una sana propuesta, la cual validamos, aprobamos, y posteriormente plantearíamos en esta razón de los comentarios de nuestras compañeras y compañeros que han participado, una estrategia nacional, en este caso para ir generando las condiciones alternativas que en coordinación con el gobierno de la República, los propios estados y, por supuesto con la voluntad política de este Congreso, vayamos implementando programas sociales y de apoyo para estas regiones. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Moctezuma.

El diputado Elio Bocanegra Ruíz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Elio Bocanegra, por favor.

El diputado Elio Bocanegra Ruíz (desde la curul): Gracias, presidente. Fue muy bonito vanagloriar las famosas reformas estructurales en su momento, pero no nos hemos puesto a revisar a fondo que hay puntos donde en esas dichas reformas se garantizaba la cuestión laboral de los trabajadores. Para ser exacto, en el 28.

Muy bueno el punto de acuerdo para Tabasco, pero sí les quiero decir que ya estamos cansados los tabasqueños de las migajas de los gobiernos federales y que no vamos a estar en la posición de que nos manden estos famosos empleos temporales para ir de brecheros a las carreteras con salarios mínimos, queremos que el gobierno federal nos ponga alternativas para nuestros profesionistas que en un momento dependían de la paraestatal.

De igual manera hemos dejado a un lado la salida del anterior director de Pemex, Emilio Lozoya, nos dejó endeudados y no pasa nada. También retomar un punto, como diputados, por qué nada más se le cargó la mano a Pemex. Si es cuestión de energéticos, pues también CFE tiene su parte. No se está afectando a CFE y sí se está enterrando a Pemex.

No quiero pensar que volvamos a los tiempos cuando Carlos Salinas de Gortari vendió a Teléfonos de México y ahora quieren hacer lo mismo con Petróleos porque ya no es de los mexicanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Seguimos. Ya nada más nos faltan dos que pidieron la palabra desde la curul, entonces ahí vamos. Sonido en la curul del diputado Miguel Ángel Sulub, por favor.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Sin duda la situación económica que priva en el entorno nacional está teniendo un impacto en la economía mexicana, pero sobre todo en las familias; en las familias fundamentalmente de Tabasco y de Campeche, que son dos estados que han dependido históricamente de la actividad petrolera.

Por eso hacemos un llamado a que ojalá todos los aquí presentes se solidaricen con Tabasco, con Campeche para poder hacer ese atento exhorto a que exista una estrategia para diversificar la economía de estos dos estados. Los tabasqueños y los campechanos agradecemos, esperamos de antemano ese respaldo y esa solidaridad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sulub. Ahora, por último, allá, sonido en la curul del diputado Jorge Tello, por favor.

El diputado Jorge Tello López(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sí, efectivamente Morena no dice que no. El problema es cómo lo pretenden hacer. Y la verdad que el pueblo mexicano se merece respeto como quienes hoy estamos en esta LXIII Legislatura.

Nosotros aprobamos un presupuesto y el Ejecutivo federal de la mano con el secretario de Hacienda hacen del presupuesto los recortes y modificaciones que se les antoja. Desde esta tribuna le hacemos un exhorto al Ejecutivo federal, para que por lo menos nos tome en cuenta porque no estamos aquí en cuestión de bulto. Hoy el pueblo mexicano está esperando que les demos resultados.

Pedirle entonces al Ejecutivo federal que no más a los recortes presupuestales, como tampoco al despido de todas las paraestatales que tiene este país, me refiero a: Pemex, Sagarpa, las dependencias federales, quienes hoy sin argumento alguno, sin justificación alguna hay muchos desempleados en este país. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

HAGAN PÚBLICAS SUS DECLARACIONES PATRIMONIAL, DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes de la Unión, y de los organismos constitucionales autónomos, para que hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia. En primer término quiero agradecer la disposición de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para discutir el tema en cuestión, particularmente los aportes del Partido Nueva Alianza y de la diputada Brenda Velázquez, del Partido Acción Nacional.

Algunos compañeros me han preguntado por qué un punto de acuerdo de esta naturaleza es de urgente u obvia resolución, y la respuesta es muy sencilla. El sentido de urgencia y de obviedad es porque desde hace mucho tiempo le debemos al país no sólo en señales, sino en acciones que dejen de manifiesto nuestro compromiso con el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para enfrentar la crisis de corrupción por la que atraviesa México por una parte, en efecto, tenemos que atender el diseño institucional, imponer castigos, limitar el comportamiento discrecional e inhibir los actos de corrupción con reglas muy claras, pero una segunda esfera para combatir la corrupción pasa por entender y ser conscientes que esta crisis es fundamentalmente responsabilidad de la clase política, y por ello se requiere voluntad política para enviar un mensaje claro de que quienes ocupamos estos cargos de responsabilidad estamos dispuestos a hacer lo correcto.

Ese es nuestro reto, pero debo decirlo, también es nuestra oportunidad. Enviar un mensaje de compromiso mediante la adopción de la iniciativa ciudadana Tres de Tres, que es impulsada por distintas organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar, entre otros, y que apela fundamentalmente a la ética en el servicio público, a la rendición de cuentas y al control político, componentes necesarios para sacar a México de esta situación límite, como ya lo hemos dicho.

Desde Movimiento Ciudadano quiero aprovechar para reconocer estas instituciones que hoy sacuden en el buen sentido el término la vida pública, pero también para reconocer a los 96 diputados de todos los grupos parlamentarios y a nuestro diputado independiente por haberse sumado a esta iniciativa, y de manera muy particular al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que en su totalidad ha presentado ya su tres de tres.

Con este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que hagamos un llamado a los titulares y a los servidores públicos de primer nivel de los Poderes de la Unión y los organismos constitucionales autónomos, para que a la brevedad publiquen su declaración tres de tres: patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, como una muestra de su compromiso con el combate a la corrupción.

A raíz de la discusión que tendremos en próximas fechas sobre el sistema nacional anticorrupción, la obligación de presentar el tres de tres será ley. Es algo que ya quedó plasmado en nuestra Constitución y que deberá reglamentarse en la legislación secundaria.

Tendremos, sin embargo, dos grandes retos de cara a esta disposición; en primer lugar y en el terreno del diseño institucional, estipular en la legislación correspondiente que esta declaración deberá ser transparente y de acceso público. Y, en segundo lugar y en el terreno de la voluntad política, asumir el compromiso de transparentar como legisladores nuestras declaraciones tres de tres, antes de que sea una obligación legal.

La mejor forma de respaldar una iniciativa de esta naturaleza es cumplirla antes de que se convierta en una obligación legal. Cumplir estos compromisos pondrá, compañeras y compañeros diputados, a esta legislatura en un lugar de dignidad y de verdadero compromiso con el combate a la corrupción. Lejos de enfrentar resistencias, estas iniciativas ciudadanas deben ser apoyadas, recibidas con madurez, con solidaridad y, sobre todo, con compromiso para cumplirlas. Por ello esperamos que este punto de acuerdo sea respaldado por todos ustedes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.El fortalecimiento de un Estado democrático se sustenta en la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y sobre todo en la subordinación ante ella, por parte de quienes ejercemos funciones públicas. Cotidianamente el Estado de Derecho se nutre de la confianza social, cuando la sociedad percibe un déficit de credibilidad en las instituciones públicas se debilita la democracia, no sólo un gobierno en particular.

La democracia constituye un medio para que las personas en un esquema inclusivo, de libertades y de igualdad de derechos desarrollen sus fines personales y colectivos, por ello, cuando el ciudadano percibe que las instituciones y quienes debieran de ser sus servidores públicos, sus facilitadores, actúan discrecionalmente ya sea por interés, por dinero o por indebida subordinación, se atenta no contra una persona sino, contra la democracia misma.

El problema de la corrupción debemos dimensionarlo, no como un asunto “cultural”, sino como un asunto de Estado y salud democrática.

A manera de diagnóstico, recordemos que México ocupa la posición 79 de 102 países en el Índice de Estado de Derecho de la OCDE, la posición 103 de 175 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, mismo en el que nuestro país ha caído 31 posiciones en los últimos seis años, y el penúltimo lugar mundial en el Índice de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas Puebla.

La corrupción incide de manera directa en los niveles de impunidad en todos los ámbitos, incluidos los de violencia e inseguridad, según lo revela el Instituto para la Economía y la Paz; incide en la disminución de la inversión privada, que es más de 5 por ciento menor en los países corruptos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, e incide de manera drástica en la confianza de los ciudadanos que cada día son testigos de que los hechos de corrupción que más los indignan quedan en la impunidad.

Un fenómeno que resulta preocupante, como ha revelado un estudio reciente del IMCO y del CIDE, es que a pesar de que cada vez invertimos más recursos para combatir la corrupción, seguimos cayendo en la calificación de los índices de esta materia. Es decir, en los últimos diez años hemos duplicado el monto de recursos económicos invertidos para combatir este fenómeno, alcanzando más de 4,400 millones de pesos anuales, y sin embargo en el mismo periodo hemos pasado de la posición 64 al sótano de la posición 103 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

II. Ante este problema, y gracias a la presión y participación social, legislativamente se planteó y aprobó una Reforma Constitucional que en su artículo 113 mandata la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, reforma, en la que actualmente se trabaja la legislación secundaría que deberá estar aprobada antes del próximo 28 de mayo.

Si bien, legislativamente estamos atendiendo, como representantes ciudadanos, el reclamo social por garantizar un sector público confiable, es imperativo, además de legislar, dotar de credibilidad al Sistema Anticorrupción en ciernes.

En ese sentido, las voces e iniciativas ciudadanas que se inscriben en el contexto de proyectos anticorrupción como la iniciativa que plantea la obligación de presentar y hacer públicas las declaraciones de tipo: Patrimonial; de Conflicto de Interés; y Fiscal, conocida y promovida como Ley Tres de Tres, constituye una oportunidad para que los servidores públicos del más alto nivel, demos muestra de nuestra convicción por impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones a través del transparente y debido ejercicio de funciones.

Actualmente, en el portal tresdetres.mx no se registra ninguna actualización por parte de los titulares de las Secretarías de Gobierno, ni del Presidente de la República, mientras que por parte de los legisladores federales sólo 92 diputados y 16 senadores han hecho públicas sus declaraciones.

Ante la dimensión del problema de la corrupción en nuestro país, la clase política debemos asumirnos de manera unánime y contundente como parte de la solución, constituyéndonos en ejemplo ante la sociedad y los servidores públicos, abonando con hechos, a restituir la confianza ciudadana en sus instituciones y nuestro régimen de convivencia demostrando que no es el de la discrecionalidad, sino el de la democracia, que no es el del monologo sino el del dialogo, que escucha, propone y acata el mandato de sus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich, Adán Pérez Utrera, Angie Dennisse Hauffen Torres, Carlos Lomelí Bolaños, Daniel Sosa Carpio, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Jonadab Martínez García, Luis Ernesto Munguía González, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Candelaria Ochoa Ávalos, María Victoria Mercado Sánchez, Mirza Flores Gómez , Moisés Guerra Mota, Refugio Trinidad Garzón Canchola, René Cervera García, Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda. Previa lectura que se haga de una propuesta de modificación que ha sido aceptada por el proponente, consultaremos a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, un momento.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): ¿Cuál fue la modificación?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Previa lectura porque se votaría una propuesta que originalmente se presentó y que la información que ha llegado a la Presidencia es que se ha hecho una propuesta de modificación o de adición, no sé exactamente en qué consiste y que ha sido aceptada por el proponente. Esto es lo que sabemos, pero sí no, pues entonces ahorita lo veremos.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Propuesta demodificación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.

Con relación a la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito poner a consideración del Pleno de este órgano Legislativo la siguiente propuesta de modificación a su resolutivo:

Texto actual

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Propuesta de modificación

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Atentamente

Ciudad de México, 3 de marzo de 2016.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, nada más. Sí, lo que requiere la asamblea, hay que ilustrarla incluyendo a la Presidencia misma, es en qué consiste la propuesta de modificación, para que quede claro en su caso que se...

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:A ver, se agrega: y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Ese es el agregado con respecto a la primera propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Martínez Neri, por favor.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Creo que es un momento muy importante el que estamos viviendo en este momento en la Cámara de Diputados, porque vamos a hacer nuestra –así lo espero– una propuesta que tiene una importancia vital para combatir la corrupción en este país.

Yo quisiera invitar a todos mis compañeros diputados y diputadas que hagamos nuestra la propuesta, porque es una forma de cómo demostrar que efectivamente queremos vivir en un país en el cual la corrupción sea desterrada totalmente.

Creo que el día de hoy se inscribe uno de esos momentos históricos de la vida nacional, porque a partir de una propuesta se asume un compromiso y ese compromiso tiene que asumirse aquí por parte de los diputados y diputadas.

Por eso, a nombre de mis compañeros de la fracción parlamentaria del PRD nos unimos a esta propuesta y desde luego, esperamos que tenga los efectos correspondientes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Ha pedido la palabra usted, diputado Ramírez Marín? Denle sonido a la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, presidente. Prefiero hacer mi manifestación general después de la votación. Estamos de acuerdo con la modificación propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez Marín. Ahora sí, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se considera de urgente resolución.

Y ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez, perdón.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente manifestar nuestra posición a favor de este acuerdo que ha presentado el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y decirles que los diputados del PAN concebimos la transparencia como el primer paso para erradicar el mayor lastre que ha estancado a nuestra nación por décadas, la corrupción en la función pública.

Yo misma, desde tribuna, el día 4 de noviembre pasado presenté una iniciativa para que todos los diputados, sin excepción, presentaran su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Y quiero agradecer a Movimiento Ciudadano que haya incorporado nuestra propuesta de modificación para ampliar el exhorto para que no solamente sean los servidores públicos del ámbito federal sino también alcaldes y gobernadores. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Entonces, ahora sí, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente dejar patente nuestro respaldo a esta propuesta. Lo que queremos es que sea mucho más allá de una intención y de un simple deseo, que la transparencia de verdad atraviese todas nuestras actividades. En el Legislativo, empezando con nuestra responsabilidad. En el Ejecutivo, en los Ejecutivos estatales.

Es por eso que la hemos apoyado. La transparencia ni es una bandera política ni podemos dejar que sea una moda, debe ser una práctica en todos los niveles del Estado mexicano y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez. Vamos a abrir otra vez la discusión, los posicionamientos. Ustedes dicen. Digo, porque me están pidiendo la palabra allá dos diputados más.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Guízar, por favor.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Gracias. Simplemente, diputado presidente, la única forma de dignificar la política es precisamente con la transparencia, con la honestidad. Y la única forma que tenemos los representantes populares, los gobernadores, los senadores, el presidente de la República, presidentes municipales, diputados locales, representantes de los órganos autónomos tanto en el ámbito local como en el federal, es transparentando tu personalidad y la situación patrimonial.

Por eso Encuentro Social en una forma de alimentar, de enriquecer, dignificar la vida pública, vamos por la ética, y esta acción sin duda considera ingredientes éticos y morales. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, señor presidente. Con el debido respeto, exhortar a los proponentes a que vayamos más allá. La página tres de tres, la página web es una página privada, hay que hacerla institucional.

Vamos a exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que realice una página para que sea institucional, no una página privada. Nada menos de muchos que promueven reformas y que cuestionan cuando a su parecer piensan que se actúa bien o se actúa mal.

Creo que es muy buena la idea, la intención, pero hay que ir más hacia allá, la transparencia, la anticorrupción tiene que ser institucional. Hay que exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que realice una página y que todos los servidores públicos lo hagamos, pero en forma institucional. Si no al ratito la página web, va a estar llena de tres de tres, de cuatro de cuatro y cinco de cinco. Es cuanto.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Sonido en la curul de la diputada Soralla Bañuelos, por favor.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Gracias, presidente. Para manifestar que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estará siempre de acuerdo en todas aquellas medidas que sean para fomentar la transparencia y para combatir la corrupción.

Comentarles que felicitamos a este pleno, por aprobar hoy esta medida tan importante. Y bueno, pues yo ya hice mi tres de tres. Me gustaría que los 500 que estamos aquí podamos decirlo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos.

Bueno ya habíamos votado el punto, pero no se podía evitar. Al contrario, creo que se ha ilustrado más el sentir de la asamblea.

Esta Presidencia informa que se han recibido dos solicitudes de licencia.

SOLICITUDES DE LICENCIA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del numeral 1 y el artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para sepárame del encargo de diputada federal.

Lo anterior, con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada Gina Andrea Cruz Blakcledge (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado:

Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XI; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, fracción III, y 13, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada federal a partir de hoy.

Agradeciendo el trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Eloisa Talavera Hernández, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

Ya no las veremos acá, por lo menos a la mejor durante un rato.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de trabajo con ejidatarios de Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1, y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de trabajo con ejidatarios de Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en relación con la expropiación de 306 hectáreas ejidales para la ampliación del aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar y rectificar la determinación de suspender el programa “Se Educa”, a fin de que éste continúe vigente y se evite que jóvenes neoloneses vean afectado su derecho a seguir estudiando.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1, y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, ciudadano Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón para que reconsidere y rectifique la determinación de suspender el programa “Se Educa”, a fin de que éste continúe vigente y se evite que un universo aproximado de 10 mil jóvenes neoloneses que son beneficiados por el mismo, vean afectado su derecho a seguir estudiando.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban el calendario y el formato de la comparecencia ante comisión del doctor José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras podrá convocar a secretarios de Estado, a directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de organismos constitucionales autónomos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad;

2. Que el 30 de septiembre de 2015, en cumplimiento del artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, el Pleno aprobó la integración de las cincuenta y seis comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados;

3. Que con base en los artículos 198 y 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comparecencias de los servidores públicos a que hacen alusión los artículo 69 y 93 constitucionales, podrán realizarse ante comisiones, a fin de fortalecer el juicio de éstas para el despacho de los asuntos que se les encomiendan;

4. Que conforme a los artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene facultad para presentar al Pleno puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones; y

5. Que con el objeto de enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, este órgano de gobierno ha considerado conveniente citar a comparecer ante comisión al Director General de Petróleos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Con el propósito de enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisión al servidor público de la Administración Pública Federal que a continuación se señala:

Segundo.La comparecencia se desahogará conforme al siguiente formato:

I. El servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad.

II. Presentación a cargo del servidor público compareciente, hasta por 15 minutos.

III. Dos rondas de sucesivas preguntas y respuestas, en orden creciente, con base en los siguientes lineamientos:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

IV. Una ronda final de preguntas, respuestas y comentarios, de conformidad con lo siguiente:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por dos minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

c) Comentario del grupo parlamentario, un minuto.

Tercero. Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique al servidor público correspondiente.

Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el calendario y el formato de la comparecencia ante comisiones del doctor Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras podrá convocar a secretarios de Estado, a directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de organismos constitucionales autónomos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad;

2. Que el 30 de septiembre de 2015, en cumplimiento del artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, el Pleno aprobó la integración de las 56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

3. Que con base en los artículos 198 y 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comparecencias de los servidores públicos a que hacen alusión los artículos 69 y 93 constitucionales, podrán realizarse ante comisiones, a fin de fortalecer el juicio de éstas para el despacho de los asuntos que se les encomiendan;

4. Que conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene facultad para presentar al Pleno puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones; y

5. Que con el objeto de enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, este órgano de gobierno ha considerado conveniente citar a comparecer ante comisiones al subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Con el propósito de enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisiones al servidor público de la Administración Pública Federal que a continuación se señala:

Segundo. La comparecencia se desahogará conforme al siguiente formato:

I. El servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad.

II. Presentación a cargo del servidor público compareciente, hasta por 15 minutos.

III. Dos rondas de sucesivas preguntas y respuestas, en orden creciente, con base en los siguientes lineamientos:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

IV. Una ronda final de preguntas, respuestas y comentarios, de conformidad con lo siguiente:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por dos minutos.

b) respuesta del servidor Público compareciente, hasta por tres minutos.

c) Comentarios del grupo parlamentario, un minuto.

Tercero.Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique al servidor público correspondiente.

Cuarto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

¿Qué quiere decir eso que me hace así? ¿Que ya terminemos? Ya vamos a terminar. Sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez, por favor.

La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Gracias, presidente –señales de humo–. Quiero agradecer a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política el apoyo para exhortar al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a rectificar y dar marcha atrás a su decisión de cancelar el programa de becas Se educa. Este programa de becas cuenta con una matrícula de más de 40 mil alumnos de bachillerato, licenciatura, maestría, enfocado a personas de bajos recursos económicos.

En Acción Nacional lamentamos y condenamos este tipo de acciones. Lamentamos que el gobernador durante campaña prometió que el programa iba a seguir. Lamentamos que un gobernador que accedió al cargo por la vía independiente como candidato ciudadano, dé la espalda a los jóvenes, particularmente a los que no cuentan con los recursos suficientes para seguir estudiando. El gobernador de Nuevo León les está cancelando la posibilidad de abrirse a mejores espacios en el mercado laboral y en su superación personal, y por cierto la página de este programa el día de hoy ya no está disponible en internet. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bueno, ya escuchamos su posicionamiento. Ahora sonido en la curul del diputado Salvador Zamora, por favor.

El diputado Salvador Zamora Zamora(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para primero agradecerle la recomendación que me hizo en la sesión pasada, de turnar a la Junta de Coordinación Política el acuerdo que se acaba de votar y bueno, agradecerles también a los grupos parlamentarios el haber podido votar este acuerdo que va a ser en beneficio de los ejidatarios que hoy desafortunadamente están afectados porque no se les han pagado las tierras que tienen ocupadas, las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Se reciben con gusto los agradecimientos, un poco los que se dedican para acá, entonces bueno ya.

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué propósito, diputado Álvarez? Sonido en la curul.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Sobre el punto de acuerdo aprobado en referencia al estado de Nuevo León; nosotros lo acompañamos, votamos a favor porque creemos que el programa de becas no se debe de cancelar, pero no acordamos el pronunciamiento que acaba de hacer la diputada del PAN, Brenda Velázquez, porque la responsabilidad de la quiebra financiera del estado de Nuevo León tiene nombre y apellido y se llama: Rodrigo Medina. Está pendiente un juicio político que nosotros planteamos en esta Cámara de Diputados contra el ex gobernador que saqueó al estado de Nuevo León y lo dejó en quiebra financiera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Lo que se aprobó es lo que está contenido en los puntos de acuerdo y nada más. Lo otro ya son posicionamientos específicos, estrictamente a título personal.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

«Efeméride con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

El 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, cuya finalidad es crear conciencia acerca del valor de la fauna y la flora salvajes; esta fecha fue elegida atendiendo al aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) en 1973, la cual juega un destacado papel en la protección de las especies frente al comercio internacional.

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna silvestres, así como de crear conciencia acerca de los múltiples beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

Con la conmemoración de esta fecha, igualmente, se busca luchar de manera frontal en contra de los delitos ambientales, los cuales no sólo afectan a las propias especies, sino a los seres humanos debido a la extinción de los servicios ambientales que puedan llegar a prestar.

Sumado a su valor intrínseco, la fauna y la flora silvestre contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Virtud a ello, la Organización de las Naciones Unidas, los diversos organismos internacionales y nuestras autoridades ambientales, buscan generar conciencia entre la sociedad, para lograr una participación conjunta y exitosa a favor de la protección de las especies silvestres de nuestro país.

En el marco de esta conmemoración, cada año se elige un lema, siendo el de este 2016: “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”,y efectivamente, la preservación de nuestros recursos naturales, y en especial, la de nuestras especies de vida silvestre, está en nuestras manos.

Lamentablemente, hoy seguimos observando la indiferencia de las personas que perciben los temas ambientales como un asunto fuera de su realidad, que creen que la protección y procuración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente no es parte de sus responsabilidades.

Es precisamente esta actitud la que ha llevado a que los seres humanos dañen deliberadamente nuestros recursos naturales, justificándose en el desconocimiento o simplemente por la falta de empatía hacia dichos temas.

Es por lo anterior que el tema de este año refuerza el vínculo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible. Es nuestra responsabilidad proteger la vida silvestre para disfrute de las siguientes generaciones, por ello se hace un llamado urgente a tomar cartas en el asunto a nivel nacional para asegurar la supervivencia del hábitat.

Hagamos de esta fecha no sólo una conmemoración anual, sino un medio para definir mecanismos de acción permanentes que garanticen la ejecución de programas de protección a la vida silvestre, por ser ésta el principal blanco para la comisión de delitos ambientales.

Por lo aquí expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado a dirigir nuestros trabajos legislativos en favor de la protección de la de vida silvestre, pues con ello se garantiza la subsistencia de las especies presentes y la preservación de las mismas para las generaciones futuras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 16:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de marzo de 2016 a las 11 horas, que será una sesión especial y muy importante.

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