INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 8 de marzo de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 8 de marzo de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

2. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, a fin de considerar la reclasificación de tarifas eléctricas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, en el estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila, para que integre más mujeres dentro de su gabinete, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Veracruz y a la PGR, a fin de implementar medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, para que coordine la investigación científica que se realiza derivado de la fractura geológica que formó un cráter en el Río Atoyac, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, incrementen y realicen campañas de publicidad, para promover una mayor cultura de donación de sangre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, para que difunda las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, intensificar las medidas para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a fin de armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía del estado de Puebla, a fin de implementar las medidas necesarias para investigar, prevenir y castigar los feminicidios que ocurren en la entidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incluya la atención de la enfermedad del Cáncer Epitelial de Ovario, en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobierno del estado de Veracruz, a proponer medidas de atención ante el incremento de la epidemia de enfermos renales crónicos por la contaminación de los mantos freáticos del municipio de Tierra Blanca, en esa entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel, a cumplir la recomendación emitida por la CIDH, así como lo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de restructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y a la SCT, suspender la obras de reubicación de la Plaza de Cobro La Joya, de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, para que las comisiones dictaminen en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

15. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Gastos Fiscales, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la CNDH, a la Secretaría de Cultura, a la PGR y al Ejecutivo del estado de Nayarit, a fin de esclarecer y sancionar el atentado contra el Patrimonio Religioso-Cultural de la Isla del Rey en San Blas, Nayarit, suscrito por las diputadas Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional, a fin de realizar una depuración de padrones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la SE y a la Administración General de Aduanas, para que se tomen las medidas necesarias que regulen la importación de vehículos usados provenientes de EUA y Canadá, en el marco del TLCAN, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las entidades federativas, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, para que integre y difunda el Padrón Nacional de la Microindustria, en los términos que lo ordena el artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado dicho Instituto, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de la Dirección de Caminos y Aeropistas del estado, se dé mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera de esa entidad, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Infraestructura, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración del Comité del CEAMEG de la LXIII legislatura, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

24. Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, el 2 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a fin de revisar que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente, cumplan con los requisitos de Ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado Mexicano, a cargo del diputado Efrain Arellano Nuñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Yucatán y Quintana Roo, a fin de reconocer y difundir el número de feminicidios registrados durante los años 2015 y el actual, y se declare la alerta de género para disminuir este problema, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y al Gobernador del estado de Nuevo León, a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el Penal de Topo Chico, Monterrey, y otros penales, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que difunda las concesiones mineras vigentes, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a fin de cancelar la construcción del acueducto Monterrey VI, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda las medidas que se están tomando para dar solución al desabasto de vacunas en el país y las acciones para proteger a la población infantil, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, al jefe de gobierno y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que difundan las condiciones actuales de la construcción de pozos de extracción de agua en la demarcación de Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, relativo al alza de feminicidios en México, suscrito por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que realice las acciones necesarias ante el Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro Soto, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales, para que adecuen sus legislaciones a favor del matrimonio del mismo sexo, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                         LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1, 5, 6, 71, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos.

Exposición de Motivos

Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a un recurso efectivo. Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada.

Este derecho se origina en una serie de resoluciones aprobadas en los años setenta por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de “los desaparecidos”. Este derecho ha sido reconocido luego implícitamente en el derecho internacional humanitario en virtud del artículo 32 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I).

El derecho a la verdad surge más adelante como uno de los tres pilares de los principios contra la impunidad, junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. En ese mismo espíritu, se ha erigido la divulgación de la verdad en una forma de reparación y más específicamente de satisfacción en los principios y directrices básicos aprobados por la asamblea general en su resolución 60/147.

La aprobación por la Asamblea General, en su resolución 61/177, de la reciente Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, marcó un hito en el reconocimiento del derecho a la verdad. El párrafo 2 del artículo 24 de la convención consagra el derecho de las víctimas de la desaparición forzada a conocer la verdad mientras que en el párrafo 3 del mismo artículo se precisan las obligaciones conexas del estado.

“Artículo 24.

1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada estado parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

4. Los estados parte velarán porque su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:

a) La restitución;

b) La readaptación;

c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;

d) Las garantías de no repetición.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada estado parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada estado parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas”.

Para lograr este objetivo del derecho a la verdad, la comunidad internacional ha recurrido tanto a mecanismos institucionales tanto a la creación de comisiones de la verdad y de seguimiento a sus recomendaciones; a comisiones de investigación; a procedimientos judiciales; como a la adopción de medidas destinadas a la preservación de los archivos sobre violaciones de los derechos humanos y el acceso a estos.

Este último punto, relativo a las disposiciones o normas de orden público encaminadas a la preservación de documentos, expedientes, registros, legajos, escritos, protocolos, fichas y todo el repertorio que contengan referencias o alusiones sobre violaciones a derechos humanos y ayude a la aproximación o acercamiento del contenido de estos, como una cuestión de la preservación de la memoria es la materia de esta propuesta.

En junio de 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos emitió la recomendación que figura en el párrafo 91 de la parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que manifestó su preocupación por la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoyó los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos por examinar todos los aspectos de esta cuestión.

El 8 de febrero de 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el documento intitulado Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, en el que en su preámbulo señala “que el deber que, según el derecho internacional, tiene todo estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos, exige que se adopten medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.

En ellos se manifestó “la necesidad de adoptar a tal fin medidas nacionales e internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad”y por ello, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena, emitió los Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad que tiene como finalidad servir de directrices para ayudar a los estados a elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad.

Dentro de estos principios se destacan dos definiciones intrínsecamente ligadas a la propuesta de decreto que aquí se presenta: la definición que realiza de impunidad; y la descripción sobre archivos.

Así, se señala que “Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Y por archivos dice “En el sentido de los presentes principios, la palabra “archivos” se refiere a colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el Poder Judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación”.

Los principios establecen una serie de puntos para la preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones a derechos humanos. El “Principio 14. Medidas de preservación de los archivos” indica:

“ El derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de que queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho humanitario”.

Asimismo el “Principio 15. Medidas para facilitar la consulta de los archivos” establece que “se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus familiares para hacer valer sus derechos. En caso necesario, también se facilitará a las personas acusadas que lo soliciten para defenderse”.

Y que “Cuando la consulta persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas. No podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura”.

En este orden de ideas queda claro que los archivos (documentos) que testimonian la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos como en todo estado democrático de derecho.

El conocimiento del contenido de los archivos se encuentra íntimamente ligado a la defensa de derechos colectivos, tales como la libre elección del modelo de transición; el derecho a la memoria; derechos a la verdad; el derecho a la justicia; el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos.

Asimismo implica derechos individuales como: el derecho a la exculpación y la rehabilitación; el derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos; el derecho al conocimiento, por cualquier persona, de los datos existentes sobre ella en archivos represivos; el derecho a la investigación histórica y científica; la libertad de presos políticos y de conciencia; derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por las víctimas de la represión; derecho a la restitución de bienes confiscados.

Los archivos sobre violaciones de los derechos humanos son esenciales para la reparación de los daños sufridos por las víctimas de la represión y para el procesamiento de los responsables de las atrocidades cometidas.

Esos archivos tienen un valor intrínseco directo para el ejercicio de los derechos de las víctimas, la actividad de los tribunales y los mecanismos extrajudiciales encargados del esclarecimiento de los hechos, y la preservación de la memoria y la historia.

La cuestión de los archivos está íntimamente ligada al derecho a la información, el derecho fundamental de todas las personas a acceder a la información que les concierne y figura en los expedientes que reposan en archivos públicos.

Hay otros derechos individuales que se defienden utilizando los archivos como pruebas, en particular la rehabilitación pública de las personas condenadas por razones políticas, el derecho de los familiares a conocer el lugar donde se encuentran sus parientes desaparecidos, el derecho de los presos políticos a la amnistía y el derecho de las víctimas a obtener reparación e indemnización.

En este orden de ideas, los archivos permiten a cada nación ejercer su derecho a la integridad de su memoria escrita y a cada pueblo ejercer su derecho a conocer la verdad sobre su pasado.

Se ha dicho de manera acertada que para “deslindar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, permitir que se haga justicia y que las víctimas conozcan la verdad, todo ello exige pruebas. Sin embargo, se tiende a olvidar algo evidente: las pruebas dependen en gran parte de los archivos”.

En este espíritu, durante su trigésima séptima reunión, la Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos (Citra), en su resolución sobre los archivos y las violaciones de los derechos humanos, tuvo en cuenta la importancia fundamental de los archivos en todos los estados, “como base de los derechos de las víctimas a obtener reparación, como elemento constitutivo de la memoria colectiva, como instrumento al servicio de la determinación de responsabilidades por la violación de los derechos, y al servicio de la reconciliación y de la promoción de una justicia universal”.

De ahí que recomendara a las autoridades gubernamentales y a las organizaciones internacionales que facilitaran el ejercicio efectivo del derecho a saber, tomando las medidas convenientes para garantizar la preservación y la conservación de los archivos de toda índole que documentan esos delitos; que dieran a conocer la existencia de esos fondos de archivo y facilitaran el acceso a ellos, en particular, adaptando y creando los marcos jurídicos que regulen el acceso, y velando porque dichos marcos respeten tanto la confidencialidad como la necesidad de dar a conocer la verdad.

Para ejemplo basta un botón: el Estado brasileño ha aprobado textos legislativos y adoptado medidas administrativas en ese sentido. La Ley número 8159/91 que regula la política nacional sobre los archivos públicos y privados. Confiere a todos los ciudadanos, previa solicitud, el derecho de acceso a la información que reposa en los archivos de los servicios públicos, y prevé excepciones en caso de que motivos relacionados con la seguridad de la sociedad o del estado, o relativos a la protección de la vida privada, el honor y la reputación de las personas, impongan la confidencialidad.

Cabe señalar, además, que se adoptaron medidas administrativas relativas al traspaso de documentos del ejército, la policía y los servicios secretos a los archivos nacionales con el fin de que los que no sean confidenciales puedan ser consultados, de conformidad con las leyes en vigor.

Por otra parte la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de víctimas, día que fue constituido con propósitos que no podemos hacer de lado, como son:

A) Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;

B) Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;

C) Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.

Asimismo, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han resaltado que el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.

La comisión también ha señalado que los esfuerzos estatales para garantizar el acceso a la información tendrían que incluir la apertura de los archivos para que las instituciones que investigan los hechos puedan hacer inspecciones directas; la realización de inventarios y rastreos en las instalaciones oficiales; el impulso de operativos de búsqueda que incluyan allanamientos a los lugares donde la información puede reposar. Finalmente este derecho impone a los estados la obligación y el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales si existen y si no existen, crearlos y preservarlos.

Al ser una obligación de los estados derivada de las garantías de justicia, el derecho a la verdad también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos.

Es necesario señalar que esta preocupación por garantizar el derecho a la verdad y el correlativo derecho a la información, como un derecho fundamental de los ciudadanos y una obligación del estado para con los gobernados, el constituyente permanente promulgado sendas modificaciones a la Carta Magna. Así el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia de fecha 7 de febrero de 2014, por las que se reforman, entre otros, el artículo 73 fracción XXIX-S y XXIX-T señalan:

“Artículo 73...

I. a XXIX-R.

XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXXI-T Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal y municipal, que determínelas bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

Por su parte el artículo segundo transitorio a la letra dice:

“Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado partir de la publicación del presente decreto”.

Esto es relevante puesto que la minuta del Senado de la República relativa al proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que al momento de la presentación de esta iniciativa se encuentra ante esta soberanía, refiere que el Sistema Nacional de Transparencia no podrá entrar en funcionamiento mientras no se reformen, entre otros ordenamientos la Ley de Archivos. La mencionada minuta señala en su artículo segundo transitorio que:

“Segundo. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia”.

Por ello, considerando que el derecho a la verdad surge como respuesta directa al problema de las desapariciones forzadas y la represión política y que en nuestro país afrontamos una crisis humanitaria de enormes proporciones, modificar nuestro marco legal resulta una necesidad urgente para combatir la impunidad.

En materia de desaparición de personas las cifras hablan por sí solas:

El 21 de febrero de 2013 la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (Cenapi) que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo.

Casi un año después, el 19 de enero de 2015, la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García Laguna, dijo en esta misma Cámara de Diputados, en un foro sobre desaparición forzada de personas, que la PGR tiene un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desparecidas, que la unidad especializada de búsqueda de dicha dependencia está realizando investigaciones para localizar a 621 personas y sólo ha localizado a 102 personas, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas. Detalló que de este total de personas, 85 fueron localizadas por particulares y 17 por autoridades municipales, estatales y federales.

La última actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas dan cuenta de 25 mil 398 personas inscritas en el registro como desaparecidas.

Ante esta realidad inocultable, el Poder Legislativo de la Unión, a través del constituyente permanente, modificó el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión “para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Por las razones arriba expuestas, se presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos

Artículo Único. Se reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos para quedar como sigue:

Artículo 27. La información clasificada como confidencial con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservará tal carácter por un plazo de 5 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga. O bien de 10 años tratándose de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. No se considera información confidencial toda aquella que contenga información relacionada o trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y por ningún motivo podrá restringirse su acceso de conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte.

Los documentos permanecerán en el archivo de concentración de los sujetos obligados por el plazo previsto en el párrafo anterior. Una vez cumplido dicho plazo, dichos documentos deberán ser transferidos al Archivo General de la Nación o archivo histórico correspondiente, y no podrán ser clasificados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Transitorio

Único. Esta reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwiUytar3avJAhXB6SYKHXMRAj0QFggbMAA &url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2F Pages%2FConventionCED.aspx&usg=AFQjCNFS-g70j2lg95e5a0Ev4LEyQXGTjQ

2 Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra laImpunidad. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi6_pup26vJAhXD5CYKHdjBBMIQFggcMAA &url=https%3A%2F%2Fwww.scjn.gob.mx%2Flibro%2FInstrumentosPrincipios %2FPAG0763.pdf&usg=AFQjCNE03avqVDkxZCkZggicB6OYSoNN-Q&cad=rja

3 Ídem.

4 Ibíd.

5 Ibídem.

6 Principio 14 -Medidas de preservación de los archivos. Principios para la Protección y la Promoción de Derechos Humanos para combatir la Impunidad. C.H.R. res. 1998/53, ESCOR Supp. (No. 3) at 175, U.N. Doc.E/CN.4/1998/53 (1998)

7 Principio 15 -Medidas para facilitar la consulta de los archivos. Principios para la Protección y la Promoción de Derechos Humanos para combatir la Impunidad. C.H.R. res. 1998/53, ESCOR Supp. (No. 3) at 175, U.N. Doc.E/CN.4/1998/53 (1998).

8 Louis Joinet. Diario Le Monde, 23 June 2004, “Les archives contre l´oublî”.

9 Diario Oficial de la Federación 7 de febrero de 2014 (Edición Vespertina)

10 Idem.

11 Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. marzo de 2016.— Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se agrega la inclusión como un criterio que orienta la educación pública, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es la formación del individuo con proyección social, es decir los conocimientos, saberes, competencias y habilidades adquiridas a través de la educación no tienen otro fin más que el desarrollo de la sociedad en su conjunto, es decir es un proceso por el cual las personas se integran a la sociedad. La sociedad contemporánea presenta sistemas complejos que requieren de una mejor educación para que el individuo pueda interactuar plenamente en ella, el proceso educativo debe mejorar constantemente y sistematizarse para lograr que todos los individuos adopten ciertos conocimientos y habilidades consideradas básicas para su adecuada incorporación en la sociedad. Emile Durkheim se refiere a ello de la siguiente manera “la educación común es función del estado social; pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, un ideal que le es propio”. Es decir este proceso sistemático es responsabilidad del estado, quien adopta la responsabilidad del diseño del sistema educativo en conjunto y lo dota de los ideales que considera propios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios sobre los que se basa la educación pública en México, de acuerdo al texto de su artículo 3º, que a la letra dice:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Es de afirmarse que la política educativa en México, no sólo tiene como objetivo una alfabetización a través de la apropiación de conocimientos, sino la formación del individuo para su inclusión plena en la sociedad, donde su contribución única sea el principio del progreso nacional; igualmente plantea la necesidad de incorporar valores como la democracia, el nacionalismo y el respeto a los derechos humanos; esta visión de la educación en México permite la movilidad social y la consolidación del Estado de Derecho.

De acuerdo a Paulo Freire: La alfabetización, y por consiguiente toda la tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad: en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. Antes bien el proceso educativo tiende a empoderar al individuo a través de la integración a su entorno, permitiendo su interacción plena.

La educación es un derecho humano esencial que posibilita el ejercicio de los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal. Gracias a ella, es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país; esta? demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad y, en definitiva, con el fortalecimiento de la cohesión social. La anterior cita se desprende de un ambicioso estudio sobre la educación y su acceso en nuestro país, misma que sirve como premisa para fijar las metas persigue el Estado Mexicano en materia de este derecho fundamental, este documento elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el año de 2012, no considera dentro del documento a las personas con discapacidad y su inclusión dentro del sistema educativo, más aún no existe en su base de datos un indicador o un parámetro de referencia relativo.

La discapacidad es el resultado de la exclusión de las personas en su entorno, de acuerdo a sus características, no es precisamente una limitación total, puesta que solamente es una condición referencial y situacional, que mantiene su permanencia en cuanto la sociedad no realiza acciones que incluyan en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Reiterando el carácter situacional de la discapacidad, la educación no está exenta de factores que generan una brecha entre las personas por esta condición humana.

Derivado de la exclusión social las personas con discapacidad no logran incorporarse debidamente a la sociedad, ni tampoco ser sujetos plenos de derechos, en particular y para los intereses que persigue la iniciativa se exponen diversos indicadores respecto a el acceso a la educación por parte de este grupo social, contenidos en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018:

Con esta reforma contribuiremos a que nuestro país cumpla con las Recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas le formuló en su 12° periodo de sesiones. El Comité manifestó su preocupación por la persistencia del modelo de educación especial, y en su Recomendación 48 inciso a) llamó al Estado mexicano a reconocer en la legislación un sistema de educación inclusiva en todos los niveles educativos y el desarrollo de ajustes razonables con recursos suficientes.

Por otra parte, el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 aporta información sustantiva de los obstáculos a que se enfrenta la población con discapacidad, como los siguientes:

a) El diseño de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no cumplen las normas existentes.

...

h) La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten medidas. Conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias puede mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos y proporcionar servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad.

El Censo 2010 muestra que la población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100. Esta medición estadística indica que las niñas y niños con dificultad mental, para atender el cuidado personal, hablar o comunicarse y poner atención o aprender, representan entre el 46.1% y 60.5% de población que no sabe leer y escribir en este grupo etario. El grupo que tienen dificultad para escuchar 29.7%, caminar o moverse 29.1% y ver 12.6%. Las niñas y niños con discapacidades cognitivas y de comunicación son los que enfrentan más restricciones para acceder a la educación y es uno de los grupos sociales menos integrados al ámbito educativo.

Las personas de 15 años y más, con limitaciones mentales, para hablar o comunicarse, y poner atención o aprender, representan entre 40% y 50% de analfabetas. Las personas con dificultades para atender el cuidado personal 32.8%, para escuchar 29.9%, caminar o moverse 23.2% y ver 22.1%. Las diferencias porcentuales son amplias y muestran las restricciones en el acceso educativo de la población con limitaciones cognitivas y de comunicación.

El Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica. En conclusión entre la población con discapacidad, 3 de cada 10 no tiene estudios, 4 de esos 10 terminó al menos un año de primaria, 1 grado uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior.

Actualmente en México, se reconoce el modelo de educación especial para las personas con discapacidad, de acuerdo al texto del artículo 41 de la Ley General de Educación, que a la letra dice:

Artículo 41.- La educación especial esta? destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así? como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá? a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciara? su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurara? la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Este modelo solamente incluye a las personas con discapacidad, particularmente niñas, niños y adolescentes en la educación básica, (Preescolar, Primaria y Secundaria), excluyendo su alcance de la educación media superior, superior, técnica y para adultos, derivado de lo cual se mantiene la brecha entre los pares sin discapacidad, reflejada en las cifras citadas con anterioridad, particularmente reiterando que el 86.6% de la población con discapacidad en nuestro país tiene como máximo grado de estudios la educación básica.

De acuerdo al documento de divulgación titulado “La Educación Especial en México” a cargo de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica se constata que los servicios educativos encaminados a la población con discapacidad se concentran únicamente en los menores de edad que cursan la educación básica. Según datos referidos en dicho documento, actualmente se cuentan con 5,935 unidades de educación especial concentrados primordialmente en Centros de Atención Múltiple (CAM, 1647) y Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER, 4100); los cuales realizan las siguientes acciones:

USAER: Apoyar el proceso de inclusión educativa de alumnos con necesidades específicas que requieren de mayores apoyos educativos, en las instituciones de educación inicial y las escuelas de educación regular.

CAM: Escolarizar a aquellos alumnos que presentan discapacidad severa, múltiple, trastornos generalizados del desarrollo, o que por la discapacidad que presentan, requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados y/o permanentes.

Las acciones señaladas dentro del modelo de educación especial se interpretan de la siguiente forma, la primera incorpora a los alumnos con discapacidad a la educación regular proporcionando “Apoyos Educativos”, que pueden ser relacionados con el concepto de “Ajuste Razonable” contenido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, respondiendo a la necesidad de una educación básica inclusiva, que permite alcanzar los objetivos de la educación de acuerdo a los principios del artículo 3º constitucional, señalados con anterioridad.

La segunda acción ejercida principalmente por los CAM, tiene como objetivo incorporar de manera paulatina e individualizada a menores de edad con discapacidad, cuyas necesidades requieren un trabajo conjunto de diversos especialistas; donde los progresos no deben ser evaluados de manera convencional y adicionalmente la incorporación a la sociedad es un área de trabajo importante.

Es importante señalar que la iniciativa reconoce la necesidad de la educación especial en los CAM, antes bien el objetivo principal que persigue es la incorporación progresiva del modelo de educación inclusiva, en todo el sistema educativo nacional. Existe una diferencia conceptual, metodológica y curricular entre los modelos inclusivo y especial, para efectos de la exposición de motivos, se refieren diversas definiciones especializadas sobre educación inclusiva, con la finalidad de establecer parámetros que identificar la conveniencia de este modelo.

La definición más utilizada de “educación inclusiva”, corresponde a la desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO- en el marco del programa Educación para Todos, de acuerdo al siguiente texto:

“La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender”.

Es decir la inclusión persigue como objetivos, el reconocimiento y la eliminación progresiva de barreras, la participación y presencia de todos los estudiantes en las actividades escolares y la identificación de los grupos que pudieran encontrarse en rezago o marginación e incluso fracaso escolar. Es decir es un proceso que adopta la diversidad en todos sus aspectos, para responder de mejor manera a los retos que implica. La escuela es un agente de organización social, “por una parte, porque contribuyen a reproducir el orden social; por otra, por la esperanza de que pueden contribuir a mejorar ese orden. Las escuelas caminan orientadas así? entre el pasado y el futuro. Su tarea no es sólo preservar el pasado, sino construir el futuro, [...] Se aprende una relación con el conocimiento y con la realidad a la que ese conocimiento se refiere y sobre la que se le permite actuar. Se aprenden formas de relaciones con otras personas. Se aprenden ideas sobre uno mismo, sobre nuestro lugar en la estructura social, en la vida y en el mundo, se desarrollan esperanzas y expectativas, se adquieren habilidades”.

Esta caracterización social de la educación pública reafirma la premisa sobre la cual se motiva la Iniciativa “ La educación pública en México debe considerar la inclusión como uno de sus objetivos”.

Primordialmente porque la educación debe estar encaminada a la superación desigualdades, la exclusión social no se percibe sólo en materia económica, existe igualmente en la fragmentación cultural de la sociedad y la segmentación del espacio público , “La exclusión social va más allá? de la pobreza ya que tiene que ver con la ausencia de participación en la sociedad y con la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar social, lo cual conduce a un número cada vez mayor de personas a “quedar fuera de la sociedad” y a vivir por debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos tenemos derecho.” Este hecho confirma la necesidad de que el Estado mexicano deba promover la inclusión en el aula escolar de todas las personas para la construcción de una sociedad donde progresivamente se superen las barreras, las personas con discapacidad, los indígenas, entre otros grupos vulnerables se encuentran en la actualidad en un severo estado de exclusión, por lo que la educación deberá convertirse en el mecanismo para su empoderamiento.

La educación vista sólo desde el modelo especial, aísla a las personas con discapacidad del proceso de convivencia escolar, por ello al ampliar la visión a través del modelo inclusivo, se contará con un sistema educativo que privilegie la interacción de las personas en el entorno escolar reafirmando el reconocimiento de la diversidad, como un elemento que enriquece la sociedad y no como un conjunto de necesidades especiales.

La inclusión social pasa necesariamente, aunque no sólo, por una mayor inclusión en la educación, es decir por el desarrollo de escuelas o contextos educativos que acojan a todas las personas de la comunidad, independientemente de su procedencia social, cultural o características individuales, y den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado favoreciendo así? la cohesión social que es una de las finalidades de la educación.

Al incorporar dentro del texto Constitucional, la inclusión como un criterio que oriente la educación pública, en todos los niveles, considerando las modalidades técnicas, para adultos, digitales y relacionadas. Esta reforma deberá considerar modificaciones curriculares y pedagógicas que inserten la diversidad como un elemento de aprendizaje y conocimiento, no como una dificultad derivada de las diferentes características de las personas. La educación inclusiva tendrá que ser un referente para la eliminación de las desigualdades que segregan a los grupos vulnerables, que se encuentran en un riesgo mayor de marginación y exclusión.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adicionael inciso e) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

I. ...

II. ...

...

a) - d)...

e) Sera inclusivo, promoverá la participación y la presencia de las personas en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, así como el pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades; considerando la diversidad de características humanas, sociales, culturales y económicas; privilegiando la eliminación de las desigualdades.

III. a IX. ...

Transitorio

Único.El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “La educación, un fenómeno social complejo”, Cabrera G., Vázquez R., revista digital Sociedad de la Información, disponible en: http://www.sociedadelainformacion.com/38/complejo.pdf

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 26/06/2013, Última Reforma, disponible en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

3 La educación como práctica de la libertad, Freire P., Siglo XXI Editores, 1988, disponible en: http://www.educacionsalta.com.ar/files/archivos/bibliotecas/3/eccbc87e4b5ce2fe2 8308fd9f2a7baf3.pdf

4 La educación en México, Estado actual y consideraciones sobre su evaluación, INEE; 2012, disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf

5 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Sedesol, DOF: 30/04/2014. Disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la- inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018

6 Ley General de Educación, DOF: 28/01/2011, última reforma disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_171215. pdf

7 La Educación Especial en México, SEP, 2014, disponible en: http://innovec.org.mx/home/images/educacion%20especial-mexico%20fabiana%20romer o.pdf

8 Artículo 2º: Para los efectos de esta Ley se entenderá por: ... II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF: 30/05/2011, disponible en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

9 Echeita, G., Ainscow, M., La Educación Inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente, Segundo Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down, España 2010, disponible en: https://www.uam.es/personal_pdi/ stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20c omo%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf

10 La escuela como agente socializador, De Luca, S., Revista Iberoamericana de Educación, disponible en: http://rieoei.org/deloslectores/406DeLuca.pdf

11 Marco Conceptual de Educación Inclusiva, Guijarro Blanco, R., Conferencia Internacional de Educación, UNESCO, 2008, disponible en: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFIN TED_48_Inf_2__Spanish.pdf

12 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, a 1o. de marzo de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                                      RECLASIFICACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES, TAMASOPO, EL NARANJO, ÉBANO Y TAMUÍN, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE a considerar la reclasificación de tarifas eléctricas en Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6º, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como representantes populares tenemos la obligación de defender permanentemente el interés de las y los mexicanos, de hacer escuchar su voz, atender sus necesidades y formular propuestas concretas para resolver los problemas públicos que les afectan.

La que suscribe el presente punto de acuerdo ha tenido el honor y el privilegio de representar en dos ocasiones en esta honorable asamblea al pueblo de México y, particularmente, a los habitantes del estado de San Luis Potosí. De esta manera he podido recabar las peticiones, preocupaciones e inconformidades de los habitantes de mi estado, tratando de dar puntual respuesta a todas y cada una de ellas.

En ese sentido, uno de los principales problemas percibidos por los potosinos es el precio que se paga por el servicio de energía eléctrica, sobre todo considerando las características geográficas y climatológicas de la región, las cuales inciden directamente en el consumo de la electricidad y, consecuentemente, en la cantidad de dinero que la gente tiene que pagar por este servicio.

Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, aplica un esquema de tarifas diferenciado para el servicio doméstico, en función de la temperatura registrada en la región.

El artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico.

Asimismo, esta disposición en su párrafo segundo establece que el Ejecutivo federal podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

De acuerdo con la legislación vigente, en tanto la Comisión Reguladora de Energía emita las directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos.

En este orden de ideas, el 1 de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

A través de este acuerdo se establecieron las siguientes tarifas para el servicio doméstico: 1A, para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados; 1B, para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados; 1C, para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados; 1D, para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados y 1F, para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

San Luis Potosí es un estado con una extensión territorial de 61 mil 138 kilómetros cuadrados y una población que supera los 2.5 millones de habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, el clima que predomina en la entidad es el seco y semiseco, con una temperatura media anual de 21º C, una mínima promedio de 8.4º C y una máxima promedio de32º C.

Sin embargo, en los últimos años y, como consecuencia del calentamiento global, se ha registrado un aumento considerable en la temperatura de la entidad. En la región de la huasteca se han llegado a superar los 50º C, lo que indudablemente ha repercutido en el estilo de vida y las necesidades de consumo energético de las y los potosinos.

No obstante lo anterior, la tarifa para las localidades que han visto incrementada su temperatura por encima de los 33º C, sigue siendo la denominada “1D”, debido a que los termómetros empleados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para el registro de las temperaturas presentan fallas o se ubican en zonas rodeadas por árboles o ríos que influyen en las mediciones.

En vista de esta problemática que, vale la pena apuntar no es nueva, el 24 de noviembre de 2009, como diputada federal integrante de la LXI Legislatura, presenté ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CFE a adoptar las medidas necesarias, a efecto de reclasificar de manera inmediata a la 1F la tarifa eléctrica 1D que se aplica en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín.

Asimismo, propuse exhortar a CFE y a la Conagua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en estos municipios.

Personalmente, he dado seguimiento a las acciones llevadas a cabo para corregir estas inconsistencias que impactan directamente en el bolsillo de las familias potosinas.

En respuesta, se colocaron abrigos térmicos y se verificó el estado de los termómetros instalados en la Huasteca Potosina.

Adicionalmente, en 2012 la Comisión Estatal del Agua y la Dirección General de Protección Civil de San Luis Potosí llevaron a cabo el “Estudio Climático para determinar las tarifas eléctricas en la zona Huasteca”.

A pesar de las acciones conjuntas emprendidas por el gobierno del estado de San Luis Potosí y el gobierno de la República, lo cierto es que las mediciones de la temperatura en la zona de la huasteca aún siguen arrojando datos que se apartan de la realidad.

De acuerdo con las últimas mediciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua en los municipios de Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, Tamasopo y Tamuín (cuya copia tiene la que suscribe) la temperatura promedio sigue estando por debajo de los 33º C, siendo que en ocasiones rebasamos los 50º C.

Por ello, el presente punto de acuerdo vuelve a hacer énfasis en la necesidad de verificar la ubicación adecuada y el correcto funcionamiento de los termómetros que miden la temperatura en estos municipios, con la finalidad de reclasificar sus tarifas eléctricas y que sus poblaciones paguen menos por este servicio.

Ahora bien, no se omite que apenas el pasado 7 enero, la Secretaría de Energía, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 1 de diciembre de 2015, explicó que no se consideraba que existieran elementos para recomendar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas, argumentando que:

- La estructura de tarifas domésticas actual es justa, pues fue establecida por la SHCP con el propósito de que los usuarios de más bajos recursos, que por lo general se mantienen dentro de los rangos de consumo básico e intermedio, paguen los cargos más bajos y reciban el mayor nivel de subsidio, de manera que las tarifas de uso doméstico 1 a 1F cubren en promedio apenas 35 por ciento de su costo de suministro, mientras que los usuarios reciben subsidios implícitos en dichas tarifas por el equivalente a 65 por ciento restante.

- El municipio El Ébano en San Luis Potosí, fue reclasificado de la tarifa 1B a la 1D en octubre de 2002.

- El esquema tarifario vigente es de aplicación general en todo el país, por lo que se estima que no será factible que la SHCP acceda, por ahora, a aprobar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas exclusivamente en beneficio de los siete municipios en el punto de acuerdo.

Al margen de esta réplica y, en virtud de las afectaciones que la asignación incorrecta de tarifas eléctricas tiene para la economía de los potosinos, considero que es conveniente redoblar los esfuerzos para mejorar la prestación de energía eléctrica en San Luis Potosí, particularmente en el marco de la transformación del sector energético que experimenta nuestro país.

Sin duda alguna, la reforma energética ha sido uno de los cambios estructurales más importantes de nuestro país en los últimos años. Gracias a esta reforma, México cuenta con mayores herramientas para aprovechar sus recursos energéticos en beneficio de la población.

Por otro lado, no debemos olvidar que uno de los objetivos planteados por esta reforma, consistió precisamente en disminuir el costo de la energía eléctrica que se consume en los hogares y las empresas.

Ciertamente, a partir de la reforma energética promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, las tarifas eléctricas han disminuido en los sectores industrial, comercial y doméstico en todo el país, debido a la sustitución de combustibles caros como el diésel y el combustóleo, por el gas natural.

Las tarifas eléctricas industriales del país disminuyeron entre un 30 y un 42 por ciento. En el sector comercial, las tarifas eléctricas disminuyeron entre un 13 por ciento y un 27 por ciento.

Para los consumidores domésticos de alto consumo, las tarifas eléctricas disminuyeron en 13 por ciento durante 2015, y las tarifas eléctricas domésticas de bajo consumo, las que tienen mayor nivel de subsidio en el catálogo tarifario, y aquellas que subían 4 por ciento cada año de 2006 a 2014, en 2015 la tarifa doméstica de bajo consumo no subió y bajó dos por ciento.

Sin dejar de celebrar estos y otros logros, también debemos reconocer que existen zonas con diversas particularidades que merecen una atención especial por parte del Estado mexicano.

En ese sentido, reclasificar la tarifa eléctrica doméstica para los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín es una medida necesaria para asegurar un servicio de electricidad justo, con precios que respondan a las necesidades de los potosinos.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de tarifas eléctricas que se aplica en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, El Ébano y Tamuín, San Luis Potosí, a efecto de asignarles la tarifa 1F, correspondiente a localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Agua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas, con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, El Ébano y Tamuín, San Luis Potosí.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, INTEGRE MÁS MUJERES DENTRO DE SU GABINETE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a integrar más mujeres en su gabinete, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Karla Karina Osuna Carranco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

La mujer no puede seguir considerándose ajena a los intereses y problemas nacionales, porque también ella debe reconocer las exigencias impuestas por el Bien Común (Asamblea General Femenina, 1940, I.).

En lo que concierne a los derechos políticos de las mujeres, impulsados desde el ámbito internacional destaca por su importancia e impacto, la realización (auspiciada por la ONU) de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Beijing China en 1995, la cual si bien refiere a un foro político y no a un instrumento jurídicamente vinculante para México, su Plan de Acción ha sido vital y estratégico para la promoción de los derechos de las mujeres en el país, por lo que es ineludible hacer mención de la misma, al abordar el tema de los avances en la participación política de las mujeres mexicanas. Como resultado de dicha conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), en la cual se consideraron doce esferas de especial preocupación, entre 8 las que se incluyó la participación política de las mujeres (G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones), comprometiéndose los países firmantes (México, entre ellos), a dar atención a los siguientes objetivos estratégicos: ? Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. ? Objetivo estratégico G.2. Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Al considerar los antecedentes enunciados, la reforma política.

Datos relevantes en México, fue el compromiso con la igualdad de género durante la visita de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en la cual Ante legisladoras y legisladores de las comisiones para la Igualdad de Género y Presupuesto, así como titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de los 32 Estados y el Distrito Federal, el congreso nacional y los congresos locales, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres pidió comprometerse con la adopción de políticas que tengan un impacto a nivel local, y que estén apoyadas por presupuestos con perspectiva de género capaces de impactar efectivamente en la vida de mujeres y niñas.

Resaltó como los grandes retos la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, así como el empoderamiento económica de la mujer. Hizo un llamado a aprovechar la oportunidad que la convergencia del 20º aniversario de la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la definición de la nueva agenda de desarrollo para después de 2015 ofrece. “No podemos permitirnos el lujo de perder el potencial de una nueva generación de mujeres” enfatizó la Sra. Mlambo-Ngcuka y convocó a México a aprovechar este momento global para que la paridad se haga realidad en el periodo electoral de 2015.

En estos tiempos ha sido un reclamo social el que las mujeres participen continuamente en los puestos públicos de decisión. El poder legislativo ha instituido sus leyes en paridad, a efecto de que los gobiernos de los estados coherentes con el ejemplo del poder legislativo, den más oportunidades a mujeres con gran capacidad, talento, compromiso, y preparación en los estados y así contar con una mayor riqueza en las decisiones que se toman y se toman en nuestro país.

El reconocimiento de los derechos políticos plenos a las mujeres cambió a México. Sin embargo, son todavía muchos los derechos que debemos rescatar. Por ello es importante mencionar que la participación política es un instrumento de construcción de ciudadanía de hombres y mujeres que, con derechos y deberes, asumen un rol activo y creativo en la construcción de su organización, su región y su país.

Al respecto, a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), el estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres.

Asimismo, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer es uno de los ocho objetivos de la Declaración de los Objetivos del Milenio, aprobada por la comunidad internacional en el año 2000 en su intento por reducir la pobreza y las desigualdades

Cabe citarse que la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como parte de los objetivos y acciones de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, “la participación y representación política equilibrada de las mujeres y los hombres”.

En el año 2011, se reconoce el avance fundamental que representa la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, mediante la cual se elevan, a rango constitucional, los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales.

Por ello, la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres y el principio de no discriminación - que es la base para la promoción de la igualdad entre los géneros -, representa un paso adelante en el sinuoso y azaroso camino hacia la refundación democrática de la institucionalidad política en México, sustentada en la pluralidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Algo relevante es citar que en el contexto de la reforma política, la consolidación de una gobernabilidad democrática hizo posible la adopción de medidas estructurales en el ámbito de la legislación electoral, y las leyes sobre partidos políticos y participación ciudadana, para lograr una representación igualitaria de mujeres y hombres en todas las áreas de la institucionalidad pública.

En términos amplios, lo que se pretende con la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres en los espacios públicos, en el ejercicio del poder, en la definición de asuntos de interés común, en los espacios de representación social y política, e incluso, en la toma decisiones en las relaciones familiares y de pareja, buscando con ello su plena incorporación a la vida democrática y el ejercicio cabal de su ciudadanía.

La participación de las mujeres en el poder político es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. Si las mujeres no están en los cargos públicos, se desperdicia la mitad del talento de nuestro país. Además, un país donde más de la mitad de la población está sub representada, no puede considerarse representativo.

Indudablemente, es necesario acelerar la puesta en práctica de acciones para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, especialmente de aquellas que promuevan la paridad de género y las medidas afirmativas para que la participación de las mujeres sea plena e igualitaria.

Por ello es importante poner en marcha los mecanismos institucionales necesarios para promover que los partidos políticos busquen constantemente el incremento en la cantidad y calidad de la participación de las mujeres a su interior, en sus candidaturas (principalmente en aquellas con posibilidades de triunfo) y en sus escaños dentro del poder legislativo y en otros ámbitos de toma de decisiones, fundamentalmente en gubernaturas y presidencias municipales donde persiste una representación femenina escasa.

Es importante resaltar, que en Coahuila no se cuenta con la equidad de género en la integridad del gabinete, en virtud de que ocupan puesto público 12 hombres y tan solo son 5 mujeres, lo cual representa tan solo el 29% de cargos otorgados a mujeres en el estado, por tanto es urgente que el actual gobernador del Estado de Coahuila considere el otorgar responsabilidades a mujeres coahuilenses.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único.Por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila para que integre más mujeres dentro de su gabinete.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Veracruz y a la PGR a implantar medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina García Bravo, diputada a la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1.En el estado de Veracruz son constantes las violaciones a los derechos humanos. Y tratándose de asesinatos cometidos contra periodistas, dicho estado se ha colocado en el ranking del primer lugar en México. Detenerse en este asunto es indispensable, ya que la revisión más somera descubre la impunidad que conlleva la investigación de los casos.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama la atención sobre los atrasos en las indagatorias en manos de las instancias responsables de investigar y resolver los casos, situación que es contraria a la exigencia de la sociedad y los familiares de las víctimas que exigen soluciones.

Es el caso del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas. Esta situación deja abierta la posibilidad de la coadyuvancia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para que dentro de sus facultades y atribuciones atraiga aquellos casos de periodistas asesinados en Veracruz cuando sean clasificados como delitos de orden federal.

Ocurre, precisamente durante la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que se ha dado el mayor índice de atentados contra los periodistas. El desprecio por la vida y la excesiva tolerancia a la violencia, pone en entredicho la política de seguridad pública aplicada en el estado. Recuérdese que como tal, la omisión y el desdén avivan la impunidad.

Por ello, se requiere con urgencia que el gobierno termine por aclarar los asesinatos de los periodistas perpetrados durante su gestión, puesto que el número de crímenes es alarmante y las investigaciones en su mayoría no son concluyentes por no pasar de la Fiscalía del estado del estatus de “averiguaciones previas”. Hay vacíos en la procuración de justicia, así como en castigar a los responsables homicidas. Esta situación contribuye a que organismos internacionales vean la realidad de México, comparado con el contexto internacional, como la de un país en guerra.

Por ejemplo, para Reporteros sin Fronteras, México destaca entre los países más violentos del mundo para el periodismo, como se indica en la gráfica.

La cantidad de crímenes cuestiona tanto el trabajo de las instancias locales como su eficacia. Situación que contribuye a la impunidad señalada por la CNDH a nivel nacional y alcanza un escandaloso 90 por ciento, en persecución de los delitos, atraso en la integración de expedientes y el respectivo castigo a los responsables.

Cada vez la CNDH enciende los focos rojos sobre la problemática de los periodistas, como se aprecia en las tres recomendaciones generales; la última del 11 de febrero de 2016, la Recomendación General número 24, sobre “la libertad de expresión en México”.

Cabe señalar, desde luego, que no se trata sólo de atender una vez consumados los crímenes. Todo lo contrario, aplicar las medidas cautelares. La propia comisión señala:

“Resulta imprescindible que se adopte, además de una estrategia de protección, una política pública general de prevención. La Organización de las Naciones Unidas publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la impunidad, donde prevé que ‘la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por lo contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas’” .

2.Al Estado mexicano corresponde velar por los derechos humanos de los ciudadanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas luchar por la preservación de la libertad de expresión, en términos constitucionales y de la legislación internacional suscrita por México. Mas, dada la gravedad del problema, el estado no debería escatimar en resolver los agravios, puesto que los vacíos en las entidades federativas crean impunidad y debilitan el estado de derecho.

Por ejemplo, la PGR, como parte del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, bien podría atraer los casos desde el momento que han sido catalogados por el propio gobierno de Veracruz, como delitos ligados al crimen organizado; pues pasarían a conformar un delito federal.

Tan solo la calificación de México en el lugar 148 de 180 países, que lo convierte en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo –el séptimo a nivel mundial–, como aquellos países en guerra o franca violación de los derechos humanos como Irak, Siria, Francia, etcétera, obliga a llamar la atención sobre la situación como acelerar las acciones urgentemente. El siguiente cuadro ilustra lo anterior.

A nivel latinoamericano, el país va a la cabeza en asesinato de periodistas de medios de comunicación; seguido de Brasil y Honduras.

Según la PGR, en los últimos 15 años 103 periodistas –directivos, fotógrafos y reporteros– fueron ultimados, y otros 25 están en calidad de desaparecidos. Por su parte la CNDH reporta 109 homicidios, entre 2010-2016 (con 20 desapariciones), 12 de ellos cometidos en 2015. Agréguense 48 atentados a los medios desde 2006, y 762 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, entre 2010 y 2015. Como se puede apreciar, los datos oficiales no coinciden pero sí muestran la gravedad del asunto.

Los estados con mayor incidencia son Veracruz con 14.6 por ciento, Tamaulipas 11.9 por ciento; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, 11 por ciento cada uno.

Entre 2000 y 2016, en estas cinco entidades ocurrieron seis de cada 10 homicidios. Lo que además refleja el clima de violencia e inseguridad que padece la sociedad en estos estados.

Los periodistas desaparecidos en Veracruz y Michoacán tienen 20 por ciento; Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León con 10 por ciento. Solo en 2015, 8 periodistas fueron asesinados. Así, para la CNDH el primer lugar lo tiene Veracruz, con un reporte de 17 informadores muertos, entre 2011 y 2016, y 2 desaparecidos. Los años del gobierno de Javier Duarte.

Veracruz en la mira. La lista de la muerte: algunos nombres de periodistas victimados.

“Anabel Flores Salazar, de 27 años de edad. Reportera del periódico El Buen Tono y El Sol de Orizaba. Un grupo de hombres armados, vestidos de militares, la secuestró la mañana del 8 de febrero de 2016 en su domicilio. Fue hallada muerta en un paraje del municipio de Tehuacán, en Puebla.

“Rubén Espinosa Becerril, de 31 años de edad. Corresponsal de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro en Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en el DF, junto a 4 mujeres, entre ellas Nadia Vera Pérez, activista quien habría responsabilizado a Duarte y a su gabinete de cualquier atentado contra su vida; su testimonio está en:

https://www.youtube.com/watch?v=c41YFdRXO64 y

https://www.youtube.com/watch?v=RvlLK176uFE. Había salido del estado semanas atrás al recibir amenazas.

“Juan Mendoza Delgado, de 46 años de edad. Director del portal Escribiendo la Verdad. Fue reportado desaparecido el 1 de junio de 2015, su cuerpo fue encontrado al día siguiente, atropellado. Investigación en curso.

“Armando Saldaña Morales, de 53 años. Periodista de la estación La Ke Buena. Asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Investigación abierta.

“Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años de edad. Director de La Unión. Secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín, fue acusado de ser el autor intelectual del crimen.

“Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono, fue asesinado en su casa de Cosolapa, Oaxaca, frontera con Veracruz. Caso abierto.

“Gregorio Jiménez de la Cruz, de 43 años de edad. Reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado seis días después. El gobernador dijo que asesinado por “problemas personales”, en tanto sus familiares señalan que fue por un reportaje.

“Sergio Landa Rosales.Periodista del Diario de Cardel. Secuestrado el 26 de noviembre de 2012, desapareció desde entonces. Caso abierto.

“Miguel Morales Estrada, de 35 años de edad. Desapareció el 25 de julio de 2012. Fotógrafo del Diario de Poza Rica. El caso está abierto.

“Víctor Manuel Báez Chino, de 46 años de edad. Reportero del sitio: reportepoliciaco.com. Desapareció el 13 de junio de 2012. Su cuerpo, mutilado, se recuperó un día después. El gobierno culpó al crimen organizado del homicidio.

“Guillermo Luna Varela, de 21 años fotógrafo de Notiver; Gabriel Hugo Córdova, de 37 años, fotógrafo de Notiver; Esteban Rodríguez Rodríguez, de 30 años, reportero del periódico AZ; Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años, empleada administrativa de El Dictamen de Veracruz. Estos son los nombres de periodistas cuyos cuerpos fueron encontrados en bolsas de basura el 3 de mayo, el día de la libertad de prensa. Las autoridades culparon a supuestos narcotraficantes de los cuatro homicidios y el caso fue cerrado. Los detenidos fueron presentados con las credenciales de los asesinados. A la fecha se desconocen los motivos.

“Regina Martínez Pérez, de 48 años de edad. Corresponsal de Proceso. Fue estrangulada en su casa el 28 de abril de 2012. Las autoridades concluyeron que fue víctima de un robo y/o un crimen pasional. El gobierno no investigó si su muerte estuvo relacionada con su trabajo.

“ Yolanda Ordaz de la Cruz, de 48 años. Reportera de Notiver. Desaparecida el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado dos días después. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha el caso no se ha resuelto.

“ Misael López Solana, de 21 años. Fotógrafo de Notiver. Asesinado por un comando armado el 20 de junio de 2011 en su casa. Se culpó a un supuesto narcotraficante del crimen. Caso no resuelto.

“ Miguel Ángel López Velasco, de 55 años de edad. Conocido como “Milo Vela”. Periodista de Notiver.

“ Noel López Olguín, de 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan. Desapareció el 8 de marzo de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio del mismo año. Se culpó a un supuesto sicario de su asesinato. El caso no está resuelto.”

“Todos ellos muertos durante el sexenio de Javier Duarte, quien el 1 de junio de 2015, dirigiéndose a periodistas: ‘Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos... todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa... ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles’”. El “pórtense bien” fue recibido como amenaza velada.

Lo primero que se aprecia es el apresuramiento de las autoridades del estado de Veracruz por cerrar los casos, sin esperar las investigaciones correspondientes –en un marco de violación flagrante de los procesos, en su mayoría no pasan de la integración por lo que se encuentran en la Fiscalía local–; lo segundo es que son seis los casos imputados al crimen organizado.

El caso es que los asesinatos de periodistas en Veracruz duermen el sueño de los justos. Por ejemplo, tras el asesinato de Anabel Flores Salazar, la CNDH reportó: “Los casos de agresiones a periodistas (cuentan) con (una) investigación deficiente y, sin sanción, evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias”.

Dice la Comisión, en la Recomendación 24:

“Sobre el estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene 15 años en integración. Además, se observa que si bien las autoridades ministeriales realizan diversas diligencias, no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión”.

El señalamiento de impunidad le alcanza al estado de Veracruz, como primer lugar en homicidios de periodistas.

3. En referencia a los derechos humanos y los medios, cabe resaltar que los elevados niveles de violencia desatados durante los últimos 10 a 15 años por la actividad delictiva de los cárteles de las drogas en el país, han deteriorado la seguridad pública a nivel nacional, con especial énfasis en algunos estados. Veracruz es botón de muestra. De hecho, las disputas entre narcotraficantes representan una de las principales causas de inseguridad.

Estos acontecimientos de violencia, desde luego, plantean un reto adicional a las autoridades e instituciones en materia de seguridad, como políticas de prevención del delito y resguardo de los derechos humanos. Por cierto, sigue faltando asimilar el tema en los términos de la reforma del 2014 en la materia, así como su condición vinculatoria con la legislación internacional suscrita por México, como corresponde –además la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura– con los asesinatos de periodistas en específico.

En un país democrático, el periodismo es una actividad pública de cara a la sociedad. “En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos...”. En el ejercicio de la libertad de expresión, periodistas y medios resultan aliados naturales de la sociedad, para mantener vigilada a la autoridad contra cualquier abuso.

Como tal, el estado tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra los periodistas; así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo, en términos de la CNDH. Y el clima de violencia no es pretexto para dejar los casos sin resolver, aparte que la opacidad genera desconfianza y acrecienta la impunidad. Por cierto, urge consolidar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que responda a las necesidades del gremio a nivel nacional.

Fue tarde, hasta el 2012 que el gobierno federal comenzó a poner atención y a ocuparse de la violación de los derechos humanos de los periodistas, cuando la violencia se focalizó y arreciaron los asesinatos. Fue por los reclamos del medio, la presión de los defensores de los derechos humanos, pero sobre todo porque los crímenes alcanzaron cifras de escándalo a nivel mundial y la “estadística” subió. La problemática desbordó a las autoridades de seguridad pública e impartición de justicia. Afloró un relativo desdén.

El objetivo de la Ley para la Protección de los Periodistas fue la creación del Mecanismo y su estructura de funcionamiento. A la letra dice:

“ Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

En la Junta de Gobierno están representados Secretaría de Gobernación (Segob), PGR, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), CNDH e invitados internacionales. Salvo en la “Coordinación Ejecutiva Nacional” –el órgano operativo, el “responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con los organismos el funcionamiento del Mecanismo”– donde se designa a un “coordinador ejecutivo (de) rango inmediato inferior a subsecretario o equivalente” (Artículo 17, de la ley). Quizá el rango menor causa inoperancia o las quejas sobre el funcionamiento del Mecanismo.

Si ocurre a escala nacional, a nivel de los estados la situación no es mejor. Normas de menor alcance con autoridades omisas. En Veracruz, también en 2012 se emitió la Ley de la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas, donde se crea el 18 de diciembre de 2012 la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), instancia “...responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”.

En cuestión están todavía sus resultados. Curiosamente algunas de las víctimas, como Rubén Espinosa y Nadia Vera no acudieron a pedir apoyo del Mecanismo (federal) ni de la Comisión (local), por la desconfianza o por sus limitadas funciones. Con la salvedad, que la comisión posee la limitante que procede únicamente “a petición de parte” y no “actuar de oficio”; una función que está solicitando –hay que decirlo, para avanzar en sus funciones de protección–, al Congreso local para que le otorgue dicha facultad.

El propio gobernador Duarte sembró, con un “pórtense bien” para los periodistas, en “tiempos difíciles”, la desconfianza. “No hay que confundir —dijo— libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”. Claro que aparte de los periodistas, se dieron algunas reacciones, como fue el caso de la senadora Lilia Aguilar (PT), quien usó la tribuna del Senado en agosto 2015 para hablar de esta “frase o amenaza”, el “pórtense bien” de Duarte dirigido a los periodistas.

Considerandos

Primero. Que es atribución del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, como instancia superior encargada de promover la efectiva coordinación del estado y los municipios para el cumplimiento de los objetivos y fines de la seguridad pública, conforme a la Ley General y de conformidad con la fracción II del Artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en los términos de las fracciones XII y XV siguientes:

“XII. Proponer políticas, lineamientos y acciones para el eficaz funcionamiento de las instituciones de seguridad pública;

“...XV. Vigilar la implementación de políticas en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito;”

Segundo. Que es facultad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, como Ministerio Público, en los términos del inciso e), fracción I de los “Principios Rectores”, capítulo II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,ejecutar la investigación de los delitos, comprobar el hecho delictuoso así como la responsabilidad del imputado sin incurrir en prácticas dilatorias, y conforme al artículo 5 y artículo 6, fracción I y IV de la presente ley que señalan:

“Artículo 5. De las Atribuciones del Ministerio Público... A él compete la investigación, por sí o ejerciendo la conducción y mando de las policías, y la persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común.”

“Artículo 6. Atribuciones del Ministerio Público.

I. Investigar, por sí o al ejercer la conducción y mando de las políticas y peritos, los delitos que sean cometidos dentro del territorio del estado...”

IV. Velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos de la víctima u ofendido, así como del imputado o acusado, de conformidad con el artículo 20 apartados B y C de la Constitución; e impulsar la pronta, expedita y debida procuración de justicia, para coadyuvar a su eficiente impartición;”

Tercero. Que a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de conformidad con la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del estado en los términos del artículo 2, es la “responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la  libertad de expresión”; y conforme al artículo 3, fracciones I y II, de esta ley que indican:

“I. Otorgar, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión; solicitar a las autoridades competentes su cumplimiento; y denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir, en los términos que disponga la ley;”

“II. Establecer los elementos objetivos necesarios para la debida evaluación del otorgamiento de las medidas de atención y protección, y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas;”

Cuarto. Que es atribución del Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público federal, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (de la cual depende la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión), de conformidad con la fracción VI del artículo 13 y II del artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, atender aquellos casos que estén relacionadas con el crimen organizado en los siguientes términos:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador..., las siguientes:

...“VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;”

“Artículo 29. (de las Unidades Especializadas)...

II. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia...”.

Por lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhorto al Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como a la Comisión Eestatal para la Atención de los Periodistas, ambos del estado de Veracruz, a que adopten las medidas idóneas en cada caso para garantizar la vida e integridad de los periodistas; a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que atienda de forma pronta y expedita, las averiguaciones previas que tiene rezagadas sobre los asesinatos de periodistas, y a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción de las averiguaciones sobre los asesinatos de periodistas cuando estén presuntamente relacionados con delitos de orden federal.

Notas:

1“El concepto de periodista incluye a todas aquellas personas que recaban, generan, procesan, editen, comentan, opinan, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores, en tanto que ejercen o contribuyen a ejercer la libertad de expresión...”. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General 24, 11 de febrero de 2016. Punto 9.

2 Reporteros sin Fronteras (reconocida asociación de utilidad pública desde 1995, creada en Francia en 1985, con estatus de consultivo de la ONU y la Unesco, crea reportes con difusión mundial). Ver informe del 3 de febrero 2016: “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 2015” en: http://bit.ly/1c2ucyc.

3 Ver CNDH, en: http://bit.ly/1QnhL2Q. Sobre este asunto habría emitido otras dos “Recomendaciones”, una en 2013 y la anterior de 2007.

4 Recomendación General 24, punto 41, pág. 15.

5El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Fue creado por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada por unanimidad al final de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México, el 30 de abril de 2012. Ver: PBI / WOL, “El Mecanismo...: desafíos y oportunidades”, 25 de enero de 2015, una posición sobre las fallas encontradas, en  http://bit.ly/1DNcNwK.

6 Reporteros sin Fronteras: http://bit.ly/1c2ucyc.

7 Reporteros sin Fronteras, “Balance de Periodistas asesinados, 2015”, en: http://bit.ly/1oqQaYm.

8 CNDH, Recomendación 24.

9 Édgar Corzo Sosa, visitador general de la CNDH, datos en La Jornada, 22 febrero 2016.

10 No obstante urgen datos precisos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH) al respecto señala que la “Violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia”, 2013, que es “deber del Estado mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas”, para de ese modo comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia, “condición fundamental para poder implementar políticas efectivas de prevención, como por ejemplo, el diseño de mapas de riesgo confiables”. En CNDH, Recomendación 24. Puntos 49 al 54.

11 Ver también el portal Regeneración: “Estos son los periodistas asesinados en Veracruz con Duarte”, 10 de febrero 2016.

12 “Veracruz, cementerio de periodistas”, Diario 24 Horas, 15 de febrero 2016.

13 En  lo que va de 2016 hasta el 20 de febrero van cuatro periodistas asesinados: Anabel Flores el 9 de febrero en Veracruz; Marcos Hernández Bautista el 21 de febrero en Oaxaca; Reinel Martínez Cerguera el 22 también en Oaxaca; Moisés Magdug Latzow, el 20 de febrero en Tabasco. Ver: http://bit.ly/1SYlef3.

14 Regeneración, http://regeneracion.mx/los-15-periodistas-asesinados-en-veracruz-con-duarte/.

15 Palabras del Gobernador Duarte:

16 CNDH, Comunicado de prensa (CGCP/039/16), 11 de febrero de 2016. Edgar Corzo, el visitador general dice que la impunidad es superior al 90%, ver nota citada supra.

17 El 8 de febrero Anabel fue sustraída de su domicilio, el mismo día la CNDH solicitó medidas cautelares para la reportera a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del estado: “Solicita CNDH a la Fiscalía General y a Seguridad Pública de Veracruz implementar medidas cautelares en favor de reportera sustraída de su domicilio y familia”. Un día después apareció asesinada. Ver: http://bit.ly/24i2Tx7.

18 CNDH, Recomendación Gral. 24, punto 140 a 144, pp. 46 y 47. Y comunicado de Prensa, 11 de febrero de 2016.

19 Ibídem.

20 Ver nota 2, supra.

21 Capítulo I. “Objetivo y Fin del Mecanismo”. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ob. cit.

22 Un informe de balance de WOLA (Washington office on Latin America) y PBI (Mecanismo Gubernamental de Protección), apunta lo siguiente: “El Mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de derechos humanos vulnerables. En la primavera de 2014, el Mecanismo perdió una tercera parte del personal que integraba, incluido el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que supervisa el Mecanismo. En una reunión con el Secretario General de Reporteros sin Fronteras celebrada en abril de 2014, el Secretario de Gobernación Osorio Chong admitió que el Mecanismo había fracasado, y se comprometió a reestructurarlo y a incluir a la sociedad civil en el proceso de reestructuración”. El documento está en Bitly: http://bit.ly/1DNcNwK.

23 Gaceta Oficial, 3 de diciembre de 2012. Ver en Bitly: http://bit.ly/1LI3o8e.

24 Según comunicado de la propia Segob, sobre el Mecanismo en: http://bit.ly/1HpecEI. Sobre la Comisión, conforme a la versión de Namiko Matzumoto Benpitez: http://bit.ly/1VHELya. Ver, además, última entrevista a Rubén en:

https://www.youtube.com/watch?v=8XDNd_u77-w. Así como la denuncia contra Duarte por Nadia Vera:

https://www.youtube.com/watch?v=c41YFdRXO64. Ambos asesinados en la colonia Narvarte del DF el 31 de julio 2015.

25 Ibídem, nota 11 y 15, supra.

26 https://www.youtube.com/watch?v=LsCxRGsuV7I.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada María Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE SE REALIZA DERIVADO DE LA FRACTURA GEOLÓGICA QUE FORMÓ UN CRÁTER EN EL RÍO ATOYAC

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a coordinar la investigación científica que se realiza debido a la fractura geológica que formó un cráter en el río Atoyac, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático –es decir, la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global– es un tema insoslayable que demanda atención prioritaria de las autoridades responsables de administrar los recursos hídricos en el país, toda vez que los escenarios previstos por la comunidad científica apuntan al incremento de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos.

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra sustento dado que el agua es un asunto de seguridad nacional e interés social, por lo que su atención debe ser prioritaria y requiere coordinación entre los Poderes de la Unión, las instituciones encargadas de su gestión y la ciudadanía.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual es reconocido como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, a través de la Subdirección General Técnica (SGT).

Para el Partido Verde Ecologista de México la vida, la salud y el bienestar humanos dependen de que dispongamos de agua limpia. Por este motivo es importante preservar todos y cada uno de los ríos y arroyos, así como los ecosistemas que los rodean, por medio de estrategias de prevención y de atención oportuna ante los fenómenos que provoquen una situación de desabasto que signifique un riesgo potencial para los afluentes naturales que abastecen del vital líquido a poblaciones humanas y ecosistemas en nuestro país.

En esta tesitura, en fechas recientes hemos conocido la problemática en torno al río Atoyac, el cual no es sólo un valioso sitio ecosistémico, sino que representa un interesante sitio con valor turístico que permite observar aves y mariposas. El río Atoyac atraviesa ocho municipios en la zona montañosa central del estado de Veracruz, y es de gran relevancia para la actividad agrícola de la región.

La cuenca del río Atoyac nace en el municipio de Amatlán de los Reyes y se prolonga hasta la desembocadura de la vía fluvial en el municipio de Boca del Río, en el litoral del Golfo de México, y cruza los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín, lo cual lo convierte en un centro de abastecimiento hídrico primordial para las y los veracruzanos, dada la longitud de su cauce.

Según distintos reportes de prensa de El Universal, Milenio, de la Organización Editorial Mexicanay de la Agencia EFE, el primer día de marzo del presente año, habitantes de Atoyac, Veracruz, avisaron a la autoridad municipal de la aparición de grietas enormes que se abrieron en el ejido Potrero y anexas que filtraron aguas del río Atoyac al subsuelo dejando al descubierto las piedras del fondo del río.

En ese orden de ideas, el fenómeno geológico es calificado como “grave” en virtud que la grieta de 12 metros de diámetro tiene pocos días de haberse formado sobre la anchura de cauce del río, el cual fue afectado en gran parte quedando sólo el lecho de piedras a lo largo de la corriente de este acuífero, lo que aparentemente resulta ser una fractura geológica con cráter en el afluente del río Atoyac.

Para los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde es muy importante que se esclarezca este acontecimiento, por parte del órgano competente que es la Conagua por lo que solicitamos se realicen los estudios de geomorfología fluvial del río Atoyac para descubrir la causa de este fenómeno, ya sea ésta de tipo natural o de carácter antropogénico.

Una vez que se tenga la evidencia científica por parte de los especialistas podremos tomar las medidas oportunas frente a este fenómeno para prevenir el daño a la agricultura y al abasto de agua en la región. Asimismo, se podría anticipar los cambios que se observarían en la calidad del agua y el potencial estrés hídrico que se generaría en la región, de manera que se evite la pérdida de la flora y de la fauna que habita en las orillas del río.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua, a través de la Subdirección General Técnica, para que en el ejercicio de sus funciones coordine la investigación científica que derivado de la fractura geológica que formó un cráter en el río Atoyac, concilie las prioridades de abasto de agua y seguridad física de la población.

Nota:

1 El Sol de Córdoba. “Enorme grieta se traga río Atoyac”, 2 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

INCREMENTEN Y REALICEN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PARA PROMOVER UNA MAYOR CULTURA DE DONACIÓN DE SANGRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incrementar y realizar con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos locales campañas publicitarias para promover mayor cultura de donación de sangre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada federal Mariana Trejo Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de Cámara de Diputados, me permito someter a  consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Se presume que un donador altruista de sangre es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular; sin esperar retribución a cambio y sin una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente.

Sin embargo la transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año en el mundo, de esta forma permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos quirúrgicos.

No obstante, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cada 14 de junio se celebra en todo el mundo el día mundial del donante de sangre con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos, así como la necesidad de agradecer a quienes donan sangre de forma voluntaria y no remunerada permitiendo salvar vidas.

De acuerdo este organismo (OMS), cada año se realizan 93 millones de donaciones de sangre, pero en países desarrollados se perciben donaciones de sangre 13 veces más que en naciones de bajos ingresos, que es en donde más se necesita.

La tasa media de donación es de 45.4 donaciones por cada mil personas en los países de altos ingresos, frente a 10.1 y 3.6 donaciones en países de medianos y bajos ingresos, sin embargo, para lograr la cobertura de las necesidades de un país, se requiere que entre el uno y el tres por ciento de su población sea donante, pero en 77 países la tasa de donación es inferior al uno por ciento.

La donación de sangre en México está lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues casi la totalidad (97 por ciento) del tejido es aportado por familiares, como una obligación para cumplir con los requisitos de hospitalización y cirugía de sus pacientes. Además, de que nuestro país carece de la reserva necesaria para enfrentar una eventual emergencia, reconocen funcionarios del Sector Salud.

Sin embargo, nuestro país se ubica entre los países de bajo índice de donaciones de sangre, es decir, menos de 10 donaciones por cada mil personas, por lo que se requiere promover campañas que ayuden a la donación de sangre voluntaria y que no sólo esté sujeta a las donaciones entre familiares.

En efecto, la misión de los servicios de sangre de un país es colectar y preparar productos sanguíneos seguros en una forma eficiente y oportuna, y transfundirlos de una manera eficaz, sin embargo en nuestro país estos esfuerzos no han sido suficientes y eficaces pese a los llamados de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la unión, así como el Senado de la Republica.

El Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierte que la donación de una persona puede salvar la vida de tres pacientes, porque el líquido se divide en tres componentes (plasma, concentrado de eritrocitos y plaquetas), con los cuales es posible coadyuvar en el tratamiento de diferentes enfermedades.

Por lo que se advierte que cada hospital debería contar con al menos mil unidades de sangre, sin embargo sólo lo logran las instituciones grandes, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en algunas de sus unidades, dicha Institución cuenta con 66 bancos de sangre, siendo el volumen de captación anual de 711,429 unidades de sangre, el banco del Centro Médico La Raza aportó en el año 2013, 722 donaciones altruistas de un total de 85,000 unidades de sangres obtenidas.

En México el procedimiento de la donación se realiza con altos estándares de calidad y seguridad, podría mejorar si las personas acudieran por su voluntad a los centros de colecta, y lo pueden hacer hasta cuatro veces al año los hombres y tres las mujeres.

En el  Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, se capta un millón 800 mil unidades, y todas se ocupan, por lo que se advierte la importancia de modificar la tendencia, a efecto de incrementar la donación voluntaria, altruista y de repetición, en virtud a las recomendaciones de la (OMS), como ya ocurre en 62 países, donde la totalidad del tejido se obtiene de esta manera.

El centro de sangre de la Cruz Roja en la Ciudad de México, atiende entre 6 y 9 personas, mientras que en la unidad móvil de donación que recorre empresas, universidades y dependencias de gobierno logra recolectar hasta un 60% al año, es decir capta cerca de 6 mil litros de sangre. Bajo este contexto, para tener abasto de sangre la Organización Panamericana de la salud (OPS) estimó que en cada país cuando menos el 3.5 % de la población debe de donar sangre 4 veces al año.

Si bien es cierto la función de los servicios de sangre incluye la educación, el reclutamiento, la selección, la retención y el registro de donantes de sangre; el procesamientos de la sangre en sus componente, los análisis serológicos e inmunohematológicos, el almacenamiento, la liberación o entrega de sangre, su transfusión a los pacientes que necesitan algún componente y la evaluación del impacto de esas transfusiones en la salud de los receptores.

Su producción es indispensable para reponer sangre por pérdidas agudas, como son los traumatismos, procesos quirúrgicos donde hay pérdida de componentes sanguíneos, glóbulos rojos o plaquetas, y para proporcionar los componentes necesarios en aquellas enfermedades que atacan la medula ósea y no hay producción de alguno o todos los elementos que conforman la sangre y son indispensables para la vida.

Con el fin de garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes, debe actualizarse el marco jurídico en esta materia, fomentando una coordinación eficiente de los bancos de sangre y los servicios de transfusión del país, con criterios de integración en redes de atención, así como, promover la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos.

Esta norma debe contribuir a la confianza general en cuanto a la donación de sangre y componentes sanguíneos, dando protección a la salud de los donantes, receptores y el personal de salud, conseguir la autosuficiencia, reforzar la seguridad de la cadena transfusional, de manera suficiente y que pueda lograrse un mejor nivel de atención, adoptando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

Es por lo que se advierte la importancia de realizar campañas permanentes de publicidad, a través de todos los medios informativos y electrónicos, para promover una mayor “cultura de donación de sangre”, dirigidas a la población en general, ya que solo se hacen campañas dentro de las clínicas y hospitales de salud, con la finalidad de contar con un suministro suficiente de sangre, que permita salvar vidas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que incrementen y realicen campañas permanentes de publicidad, a través de medios informativos y electrónicos, para promover una mayor “cultura de donación de sangre”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días de marzo de 2016.— Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

PREVENIR EL MAL USO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL BLINDAJE ELECTORAL, DURANTE LOS COMICIOS A CELEBRARSE EN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a difundir las acciones por llevar a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y garantizar el blindaje electoral durante los comicios de 2016 en diversas entidades federativas, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en materia de veda y blindaje electoral:

Consideraciones

Es de todos conocido que este año en 13 estados de la República se llevarán a cabo elecciones para que la población determine por el voto de la mayoría, quien será su próximo gobernador. A su vez, que las personas en edad de votar emitirán un sufragio por sus nuevos alcaldes, diputados locales, síndicos y regidores, con lo que poco más de 1,350 puestos de elección popular estarán en contienda.

Se trata este, el de 2016, de uno de los procesos electorales más complicados para la autoridad electoral y para la sociedad en su conjunto, pues más de una tercera parte de los estados que conforman el país renueva a sus autoridades.

En las entidades federativas en las que habrá comicios, la población identificada como pobre o con alguna carencia social, alcanza un poco más de 31.6 millones de personas. Población que en distintos momentos de nuestra historia moderna como país y por lo tanto de nuestra novel democracia, ha sufrido algún tipo de presión proveniente de las autoridades para dirigir el sentido de sus votos en diferentes procesos electorales.

Con anterioridad, el Legislativo ha conocido de distintos casos en donde a través de las delegaciones de las dependencias del gobierno federal, se “carga la balanza” a favor de tal o cual candidato. Prueba de ello son los casos que han culminado en la remoción de algún delegado federal, como ocurrió en Veracruz en abril de 2013 u otros que en distintos momentos y sitios, sin distingo de colores partidistas, se han suscitado de manera evidente, afectando el adecuado ejercicio de los recursos vinculados con los programas sociales.

Se trata de antecedentes claros que deben alertar sobre el inadecuado manejo que se le pueda dar a los programas sociales durante los meses y semanas cercanos a los días de las elecciones y que esta Cámara de Diputados ha de considerar como inaceptables.

Ello debe de convocar a todos los legisladores a advertir que la sociedad podría llegar a la jornada electoral en medio de cuestionamientos, diatribas y ataques que no benefician a nadie y que por el contrario, atentan en contra de la dignidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Los legisladores debemos de rechazar y censurar cada una de las maniobras tendientes a presionar a las familias pobres y marginadas de nuestro país para condicionar su voto a cambio de una despensa, de una inscripción en el programa Prospera, de techos de cartón, láminas de asbesto y otro tipo de materiales, pues pervierte, tanto a la democracia como al efectivo combate a la pobreza.

Si no se llevan a cabo acciones de blindaje electoral en las entidades federativas donde habrá comicios, si se pretende incidir de alguna manera, en el voto de las personas -Lo que puede ser particularmente grave en casos como Veracruz y Oaxaca, donde reside buena parte de la población pobre de nuestro país, 10 millones de personas (CONEVAL)- no solo la legitimidad de los candidatos electos, sino la credibilidad de las instituciones estará en entredicho y una vez más se habrá lucrado con los más pobres.

En este sentido, es importante recalcar que la prohibición sobre el mal uso de los recursos relacionados con el Desarrollo Social, se encuentran debidamente previstos en el Artículo 28. De la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra señala: La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Lo cual también se prevé en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 449, numeral 1, inciso e, la que claramente establece que constituyen infracciones : La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato,

Hay antecedentes, pues son del conocimiento público las experiencias previas en los que gobernadores salientes junto con delegados, han pretendido incidir en el resultado electoral en sus estados, condicionando el voto de los beneficiarios de programas sociales al sufragio a favor de sus candidatos.

En consecuencia, Sedesol ha reaccionado con el cierre anticipado de sus ventanillas y deteniendo el flujo de apoyos a los beneficiarios de los programas sociales. Esa modalidad de Blindaje Electoral ha provocado que los beneficiarios pasen varios meses sin recibir recursos, en detrimento de sus necesidades más apremiantes.

Una democracia moderna, como la que se suele presumir que es México, requiere de comportamientos éticos de todas sus partes, separando claramente lo electoral, que es estacional, del combate a la pobreza que es permanente y debe ser sistémico.

En ello no se ha involucrado a la sociedad, para que de manera constante contribuya a la vigilancia de los presupuestos del desarrollo social, a través de comités ciudadanos, autónomos e independientes, que observen en tiempo real y con libertad, las acciones de los delegados, en particular los de Desarrollo Social, con la finalidad de que dicha vigilancia sea un más óptimo mecanismo de blindaje electoral, que trascienda el mero cierre de ventanillas antes y durante las elecciones.

El planteamiento concreto es que exista un llamado del Poder Legislativo representado por esta Cámara de Diputados en su conjunto, dirigido hacia el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se conduzca de forma transparente,  y dentro de los canales que claramente establece la Ley General de Desarrollo Social, así como de las demás disposiciones en la materia, observando el adecuado uso de los recursos destinados al desarrollo social, para que estos lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, sin distingo de preferencias políticas y que se conformen acciones de blindaje electoral que no afecten negativamente a los beneficiarios y su acceso a los apoyos a que por ley tienen derecho.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que haga del conocimiento público las acciones concretas que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

INTENSIFICAR LAS MEDIDAS PARA COMBATIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Secretaría de Salud que intensifique las medidas para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud a que intensifique las medidas pertinentes para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, las distintas adicciones que prevalecen en nuestra población, son –y han sido– un postergado problema de salud pública; sin embargo a la fecha, éstas se han agudizado no solo en la periodicidad o la cantidad de su consumo sino también en los sectores de la población que afectan y los cada vez menores rangos de edad de su prevalencia; además de las consecuencias directas sobre la salud presente y también futura de quienes las padecen y por consiguiente de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, el alcoholismo en México es ya un grave problema, que está afectando de manera contundente la salud y la expectativa de vida de nuestra población; una afección de la cual nadie esta indemne de padecerla directa o indirectamente porque no concibe diferencias de género, ni posición social y peor aún, edad.

Esta situación ha motivado que a nivel internacional, distintas organizaciones hayan emitido una alerta sobre los riesgos del alcoholismo en la salud del individuo y de la sociedad en general; destacando además las características particulares que lo vuelven cada vez más inminente entre la población.

Un claro ejemplo de lo anterior, lo da la Organización Mundial de la Salud que ha definido al alcoholismo como un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión del alcohol y la imposibilidad de abstenerse del alcohol.

La situación es grave, y más allá de enumerar las consecuencias por todos sabidas del alcoholismo, basta con mencionar que al respecto la Secretaría de Salud estima que:

• El 75 por ciento de los mexicanos ingirieron al menos una vez en su vida una bebida alcohólica.

• Hay aproximadamente 45 millones de bebedores habituales.

• Que 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años de edad padece alcoholismo en alguno de sus diversos grados.

Lo anterior nos ha dado como resultado, serios padecimientos en la salud de la población, elevados niveles de accidentes donde de manera directa se ve involucrado el consumo de alcohol y vergonzosamente, una edad cada vez menor en la que nuestra población se inicia en el consumo de éste.

Los motivos de su consumo son distintos y muy variados; y van desde los factores de prevalencia y predisposición hereditaria, hasta los relativos a la imitación o bien la curiosidad o la necesidad de sentirse parte de un grupo “superior” de amigos; aunque sin menospreciar lo anterior, la estadística en consecuencia es escalofriante, la edad promedio de inicio en su consumo se sitúa actualmente entre los doce años de edad.

El escenario es muy simple; la realidad sobre el alcoholismo en nuestros menores, parece superar cualquier pesadilla al respecto.

En otras palabras y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en nuestro país:

• 8 de cada 100 niños de primaria han consumido alcohol.

• 26 por ciento de los alumnos de secundaria son consumidores de bebidas alcohólicas.

• 42 menores en promedio al día, pierden la vida en accidentes o actos donde se encuentra involucrado el consumo de bebidas alcohólicas.

Nos estamos refiriendo a menores de entre 10 y 12 años de edad; que ya conocen, compran, consumen bebidas alcohólicas con regularidad y que además; son potenciales víctimas de padecer en un par de años más, alcoholismo a temprana edad o la adicción a otras drogas ilegales; o bien, están en peligro latente de perder su vida.

Si a lo anterior le sumamos que, estudios sobre las adicciones en nuestro país indican que 47.9 por ciento de personas que consumen habitualmente alguna droga ilegal, se iniciaron consumiendo a edad temprana bebidas alcohólicas.

Y que de 2008 a 2011 se duplico el número de adolescentes con problemas de alcoholismo al pasar de un 3.1 por ciento a 6.2 por ciento de este sector, engrosando los 1.7 millones de bebedores mexicanos que cada año se incorporan.

Es fácil comprender porque estamos en alerta.

En suma de todo lo anterior; nos encontramos en la inminencia de no sólo advertir e incidir sobre el motivo por el cual se inician nuestros menores y adolescentes en el consumo del alcohol; sino también en hacer énfasis y actuar en consecuencia sobre la fácil disposición para acceder a las bebidas alcohólicas a pesar de estar prohibida su venta a menores de edad.

Lo anterior es un hecho, nuestros jóvenes o bien los menores de edad en nuestro país; sin importar que estén en un medio rural o urbano; tienen en la tienda de la esquina, en la licorería de la colonia, en el mercado de la región, en el tianguis o mercado ambulante semanal, en la tienda de conveniencia o supermercado, en lugares –que en muchos casos son además clandestinos- acondicionados en patios de casas y que están incluso muy cerca de las escuelas; personas sin miramientos o escrúpulos, que les venden y suministran bebidas alcohólicas al margen de lo que establece la ley.

La Ley General de Salud en su artículo 220 es muy clara al respecto:

Artículo 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Ahora bien, si nos remitimos conforme a lo establecido en el párrafo anterior citado, al delito de corrupción a que se refiere; encontramos en el artículo 201 del Código Penal Federal lo siguiente:

Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia;

c) Mendicidad con fines de explotación;

d) Comisión de algún delito;

e) Formar parte de una asociación delictuosa; y

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.

Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por la asistencia social.

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares.

En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez solicitará los dictámenes periciales que correspondan.

No obstante de lo anterior y a pesar de establecerse una pena de cinco a diez años de prisión y una multa de quinientos a mil días que, dependiendo de la zona en cuestión puede ser de entre 34 o 35 mil y hasta 68 o 70 mil pesos.

El contexto es que no se ha detenido la venta de alcohol a los menores en nuestro país.

Lo anterior derivado de la corrupción existente en las autoridades correspondientes de atender este delito; y en una forma indirecta por el desinterés de la sociedad de no denunciar a los establecimientos que lo hacen, porque saben que en el mejor de los casos lo único que les puede pasar es que pagaran una multa y “seguirán vendiendo” porque ni a las cárcel los mandan.

La situación es así como lo establece el dominio público; se realizan operativos sorpresa –fecha que perfectamente y de manera extraña saben con anterioridad los dueños de los establecimientos- toman las medidas necesarias, no se encuentran aparentemente irregularidades y los establecimientos continúan al día siguiente vendiendo bebidas alcohólicas a los menores.

En el caso de que algún desatento o bien un dueño o empleados confiados sean detectados cometiendo el delito, se podrá llegar –como una excepcionalidad- a la clausura el negocio solo por el tiempo que se tarden en pagar la multa; para posteriormente y en completa impunidad seguir operando bajo las mismas condiciones.

Lo anterior es inadmisible, si en la actualidad contamos con las herramientas jurídicas que de manera clara, pronta y con exactitud; prohíben y sancionan la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Esta soberanía debe no solo condenar esta práctica que tanto menoscaba el tejido social en su punto más vulnerable que es la infancia; también estamos obligados a coadyuvar esfuerzos y exhortar a las autoridades que están verdaderamente empeñadas en cumplir su trabajo al respecto y de igual forma brindarle a la sociedad un inapreciable punto de apoyo para involucrarla a que en corresponsabilidad con la institución correspondiente se erradique esta situación bajo el beneficio que conlleva la meritoria denuncia ciudadana.

Asumamos con un rotundo sí, sin pensar en un no; la obligación que nos corresponde en lo que se refiere a la protección de nuestros menores del riesgo que representa el que puedan acceder con facilidad a bebidas alcohólicas, y desde nuestras facultades convoquemos a las instituciones a actuar e intensificar sus esfuerzos en lo anteriormente referido.

Con ello, estaremos actuando para evitar que cada día, más niños y niñas y adolescentes mexicanos, quedan atrapados en el laberinto sin salida que representa consumir a temprana edad bebidas alcohólicas.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que en la medida de sus facultades, intensifique las medidas pertinentes para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en todo el país.

Notas:

1 Definición de Alcoholismo. Organización Mundial de la Salud.

2 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

3 Secretaría de Educación Pública con difusión de la Secretaría de Salud.

4 Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

5 Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.

6 Ley General de Salud. Texto Vigente.

7 Código Penal Federal. Texto Vigente 2015.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arambula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y A SER REGISTRADO DE MANERA INMEDIATA A SU NACIMIENTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación con la reforma constitucional que reconoce el derecho a la identidad de las personas y a ser registradas a su nacimiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María del Rosario Rodríguez Rubio, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Gina Andrea Cruz Blackledge y  Exaltación González Ceceña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, una de las situaciones que influyen a que las niñas y niños no asistan a la escuela, o inclusive, ejerzan derechos básicos como acceder a programas sociales, tener cuentas bancarias o tramitar la credencial de elector, es la falta de documentos de identidad (actas de nacimiento). El acta de nacimiento es un documento que acredita la identidad de las personas, para efectos del ejercicio de sus derechos y obligaciones y, en consecuencia, es un instrumento de protección de las personas.

En 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó un estudio en el que se determinó que en México 10.8 por ciento de la población carece de acta de nacimiento. Conforme a datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidad (UNICEF), en Chiapas, existen más de 25,000 niñas y niños que no cuentan con el acta de nacimiento, sobre todo en las zonas alejadas y de difícil acceso (comunidades indígenas).

Si bien, el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los menores deben ser registrados inmediatamente después de su nacimiento, uno de los principales obstáculos que dificulta el registro de las niñas y niños, es que en muchas de las ocasiones se desconoce por un amplio sector de la población que se trata de un derecho fundamental y humano, considerándolo más como una formalidad o trámite administrativo y de poca relevancia para el niño o la niña, cuando al registrar a una persona, se le reconoce su personalidad jurídica.

De igual forma, puede advertirse en el principio 3 de la  Declaración de los Derechos del niño (1959), que establece: “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad”, que efectivamente nos encontramos ante la realidad de que la identidad es un derecho Humano e inalienable a la persona.

En efecto, el registro de nacimiento de las personas en el registro civil, es un elemento imprescindible del derecho a la identidad, por ello, en nuestro país, fue publicado el 17 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 4º. Constitucional, en la que se garantiza que: “ Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo artículo 13, fracción tercera, reconoce al derecho a la identidad; y su artículo 19, fracción primera establece: que dicho derecho contiene entre sus elementos el “contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables”.

Además,  la reforma al artículo 4º. Constitucional, prevé en su Transitorio segundo, que “las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención del cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada de la acta de nacimiento”.

De esta forma, aunque las Entidades Federativas, tienen la obligación de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de derecho a la identidad, la mayoría de sus Congresos locales, no han actualizado sus marcos normativos para garantizar el registro inmediato de los nacimientos; tan solo Estados como Yucatán y Baja California han impulsado acciones legislativas para este propósito tan noble.

Y como muestra de lo anterior, es de destacarse el esfuerzo del Gobierno de Baja California, encabezado por el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, quien ha instrumentado un modelo normativo ejemplar a nivel nacional, mediante el cual se creó un novedoso procedimiento de registro inmediato de nacimientos, convirtiendo a Baja California en la primer Entidad en garantizar en forma expedita el derecho a la identidad de todo recién nacido.

Por su parte, el Gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han venido trabajando desde principios de año, en las adecuaciones correspondientes para consolidar las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como la expedición de actas del registro civil a través de mecanismos electrónicos y la promoción de una Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de Nacimiento.

Con miras a fortalecer las políticas públicas en la materia, debe puntualizarse que el Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, y la Secretaría de Gobernación, firmaron un convenio en el que se establece que el registro de nacimiento se podrá hacer a través de los sistemas estatales DIF, en coordinación con los registros civiles de cada uno de los Estados. De igual forma,  se llevó a cabo la firma de convenios entre el secretario de Gobernación, con los gobernadores de las entidades federativas del país, a fin de que todo mexicano pueda tener acceso a su acta de nacimiento.

No obstante, se actualiza la necesidad de que los Congresos Estatales apresuren el proceso de adecuación de sus legislaciones, así como de sus constituciones locales, que permitan garantizar a toda persona su derecho a la identidad de manera inmediata desde el momento de su nacimiento.

En razón de ello, el presente punto de acuerdo propone que la H. Cámara de Diputados, exhorte respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derecho.

Lo anterior, a fin de que legislen en cumplimiento al octavo párrafo del artículo 4º constitucional y al Transitorio Segundo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de junio de 2014, en materia de derecho a la identidad.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente:

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos.

Dado en la Honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas: María del Rosario Rodríguez Rubio, Exaltación González Ceceña, Jaqueline Nava Mouett (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INVESTIGAR, PREVENIR Y CASTIGAR LOS FEMINICIDIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía de Puebla a implantar medidas para investigar, prevenir y castigar los feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal en la  LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1.Recientemente, en distintos municipios del estado de Puebla,  el número de feminicidios ha  incremento, la violencia se ha desatado contra las mujeres y es urgente que el gobierno tome medidas urgentes a fin de que no sigan ocurriendo.

El asunto no está recibiendo la atención debida, al menos la suficiente por parte de las instituciones encargadas de aplicar medidas de prevención y de ejercer justicia. Un reconocimiento expreso lo hace el propio fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, durante su comparecencia ante el Congreso Local el pasado 24 de febrero, dijo que los crímenes se suceden cada semana.

En los últimos 14 meses —aclaró el fiscal— cada 8.4 días se ha cometido un feminicidio. Durante ese lapso se registraron 163 muertes, de las cuales solo 50 están considerados como feminicidios (un 30.6%), mas no todos.

Únicamente en 2015 ocurrieron 94 muertes, de las cuales 57 han sido calificados como homicidios y 37 feminicidios; por lo que en integración de expedientes cuenta con 34 averiguaciones previas, y nueve están en proceso. Asimismo, de los 19 homicidios registrados en lo que va de 2016, 13 sí son considerados feminicidios, de los cuales se ha consignado el 70% de responsables, los otros cuatro son motivados por “odio de género”.

La sociedad organizada exige, tanto el esclarecimiento de los casos como justicia plena y castigo a los responsables.

Por ejemplo, a través del Nodo de Derechos Humanos (Nodho), diversas organizaciones sociales exigen al gobierno de Puebla que admita declarar la “Alerta de Género”, para que tome las medidas pertinentes a fin de contener el problema, pues el 2016 “se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada”.

2. En nuestro país, todas las autoridades en la República se encuentran obligadas a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y uno de ellos sin duda, es el derecho humano a la integridad de las mujeres:

“Artículo 1. En los estados unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia...”

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” define lo que debe entenderse por violencia contra la mujer:

Artículo 1  Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”...

3.La sociedad exige justicia,   esclarecimiento de los feminicidios y castigo a los responsables.

Es el caso de María Fernanda Montes Hernández, una jovencita que tenía 14 años cuando fue asesinada el 28 de noviembre de 2013, su Madre,  María Teresa Montes y que además es Madre soltera, señala que ya han pasado dos años y no hay ninguna persona detenida por el crimen, pese a que el exnovio de la joven señalado culpable por los familiares, está prófugo. “Lo único que pido a las autoridades es que hagan su trabajo”.

En  noviembre de 2013, cinco mujeres fueron asesinadas: María Fernanda (día 29), Belén Robledo (el día 12), Araceli Vázquez (el 13), María del Rayo  y María Dolores (el mismo 27).

El  Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), contabilizó 55 feminicidios en 2015 y al corte del 29 de febrero, otros 16 feminicidios en 2016 ¡un incremento del 60 por ciento!

Lo grave del asunto es que el gobierno no reconoce el total de feminicidios.

Sin embargo, los propios registros de Odesyr arrojan cifras de:

50 feminicidios en 2013

60 feminicidios en 2014

50 feminicidios en 2915

16 feminicidios en 2016 (corte al 29 de febrero)

No obstante el incremento en las  cifras de feminicidios,  el gobierno de Puebla  no ha canalizado recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres, situación a la que se suma el vacío de las autoridades, o la falta de investigación a fondo en los casos, denunciado por las organizaciones civiles.

Considerando que la finalidad de la seguridad pública es la protección de la integridad de las personas, es urgente que el gobierno adopte medida para que se cumpla dicho principio.

Por otra parte también se hace necesario  una coordinación eficaz entre las autoridades de seguridad de los  distintos municipios y las de procuración de justicia,  en materia de políticas de seguridad pública, a efecto de abatir los feminicidios que vienen ocurriendo en el estado.

Considerandos

Primero. Que es atribución del Consejo Estatal de Seguridad Pública, como instancia superior de coordinación en el estado,  establecer políticas públicas para cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; promover políticas en materia de atención a víctimas; la efectiva  coordinación de las instancias que integran el sistema y el intercambio de información de conformidad con las fracciones I.,IV y XII del artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se replican en los estados y que señalan: “El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

“I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública”

“VI. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito”;

... “XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las instituciones de los tres órganos de gobierno”.

Segundo. Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de Puebla, “Son atribuciones, que ejercerá su titular, las siguientes: III. Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la intervención que sobre ésta materia prevenga la legislación vigente”.

Tercero. Que es facultad de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal de acuerdo con el artículo 33 fracción II de la ley de la materia: “Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;”

Por todo ello es que se hace la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Mediante el cual “se exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Puebla, a fin de que adopte medidas urgentes para evitar que sigan ocurriendo feminicidios en ese estado; a la Procuraduría del estado de Puebla, a que investigue a fondo los casos cuyas averiguaciones se encuentren iniciadas,  a efecto de que se castigue a los responsables.

Notas:

1  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/2.htm

2 http://www.oas.org/juridico/spani

3 Odesyr: “Documentación hemerográfica de probables feminicidios en Puebla al 14 de febrero de 2016.}

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

INCLUYA LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER EPITELIAL DE OVARIO, EN EL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGURO POPULAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular la atención del cáncer epitelial de ovario, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben,diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los tumores epiteliales del ovario son un tipo de neoplasias que pueden ser tanto benignas como malignas, siendo estas últimas las que dan origen al cáncer. Su origen se encuentra en la transformación maligna del epitelio que recubre los quistes de inclusión derivados de la ovulación.

Los tumores de la superficie epitelial se clasifican en cinco tipos celulares diferentes: serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y células transicionales. Los tres grados de atipa citológica incluyen: lesiones benignas, lesiones limítrofes o de bajo potencial maligno y lesiones malignas. La forma de crecimiento alude a la configuración arquitectónica del tumor e indica si la neoplasia crece con un patrón exofítico papilar desde la superficie del ovario o en un estilo endofítico, es decir, dentro de un quiste.

En la actualidad se pretende clasificar al Cáncer Epitelial de Ovario (CEO) de acuerdo a su estructura morfológica y molecular, agrupadas en dos tipos: el tipo I (tumores de bajo riesgo) y tipo II (tumores de alto riesgo). Los tumores tipo I representan el 25% de los CEO e incluyen a los serosos papilares de bajo grado, endometroides grado 1 y 2 así como los mucinosos; mientras que los tumores tipo II representan el 75% del CEO e incluye a los tumores de alto grado o indiferenciados.

Las causas que originan dicho padecimiento refieren a que está estadísticamente confirmado que por cada año de ovulación aumenta un 6% el riesgo de padecer CEO; cuya frecuencia tiene predominancia en los países industrializados, lo que sugiere la relación de múltiples componentes físicos, químicos y dietéticos.

A pesar de ello, no se ha identificado ningún carcinógeno específico, se tiene documentado que los antecedentes familiares de cáncer de ovario, nuliparidad, infecundidad y uso de inductores de ovulación; raza blanca, dieta rica en grasas, antecedentes personales de cáncer de mama, colon o endometrio y exposición a radiación, son factores que inciden en la presencia de este padecimiento.

Su detección refiere a que sólo el 4% se identifica por exploración física, el 35% por síntomas relacionados y el 61% por elevación del Ca125 (proteína con mayor presencia en las células propias del cáncer ovárico que en otras células). Una elevación del doble del valor más bajo obtenido con tratamiento o por encima del valor normal tiene una sensibilidad de 86% y especificidad de 91% en detectar la progresión de la enfermedad. Una segunda toma confirmatoria de Ca125 reduce los falsos negativos a menos del 2%. Generalmente, el Ca125 se eleva, en promedio, 4 meses antes de cualquier manifestación clínica.

Como se ha referido, la sintomatología es inespecífica, generalmente los síntomas más frecuentes se relacionan con la extensión de la enfermedad fuera de la pelvis. El dolor abdominal (53%) y la inflamación (46%) son los síntomas de presentación más frecuentes, aunque también se manifiestan: edema (22%), compresión pélvica (18%), constipación intestinal (17%) y sangrado transvaginal (13%). En los casos avanzados, la presencia de ascitis y derrame pleural es la norma.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, a nivel mundial el Cáncer Epitelial de Ovario ocupa el octavo lugar en incidencia y el séptimo en mortalidad; por lo que hace a nuestro país, el cáncer de ovario constituye el 4% de todas las neoplasias, lo que representa el tercer lugar en frecuencia en la mujer, después del cáncer de cérvix y de mama, siendo la segunda causa de mortalidad, con una tasa del 3.4 por cada 100 mil de las neoplasias malignas ginecológicas.

El diagnóstico se sospecha por el hallazgo ultrasonográfico que muestra la presencia de lesión sólidoquística floculada, respaldado por un estudio tomográfico que ayuda a definir la extensión de la enfermedad, así como los órganos afectados por la misma.

El tratamiento varía según la etapa de desarrollo en que se encuentre el cáncer, generalmente el primer paso en el tratamiento de la mayoría de las etapas del cáncer de ovario, consiste en realizar una cirugía para extirpar y clasificar por etapa el cáncer.

Es aquí donde se presentan los mayores retos a los que se enfrentan las pacientes con CEO, por un lado se encuentran aquellos que tienen acceso a atención médica, como prestación laboral o, por contar con los recursos económicos que les permita atenderse en algún hospital privado, constituyendo una minoría los segundos.

No existen datos públicos respecto del costo que genera el tratamiento para este padecimiento, sin embargo, según el testimonio de una paciente de CEO, señala que van de los 45 mil a los 300 mil pesos, dependiendo la etapa y el avance de la enfermedad.

Es precisamente el rubro de personas que no cuentan con acceso a ningún esquema de atención médica, la que nos lleva a hacer eco de una necesidad urgente de atender. Si bien es cierto que dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular se contempla la atención de cáncer de ovario, lo cierto es que sólo se dirige al subtipo de cáncer de ovario de tipo germinal, el cual padece únicamente el 5% de las pacientes, mientras que el 95% restante –enfermas de cáncer epitelial de ovario- se deja sin cobertura.

En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se suma a la petición que por diversos medios de comunicación se lanzó para que sea incluido el tratamiento de Cáncer Epitelial de Ovario dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

La campaña fue impulsada por la periodista Mariana Escobedo, bajo el nombre de #SiTienesOvarios, la cual busca impulsar la detección temprana y el tratamiento del cáncer de ovario.

A través de su testimonio, expone los enormes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que padecen esta enfermedad, señala que tuvo que experimentar desde diagnósticos erróneos, hasta la incredulidad de que hoy en día no existe ninguna prueba gratuita proporcionada por los servicios de salud para detectar este padecimiento.

Hacemos eco de esta solicitud y de las miles de exigencias de las mujeres que hoy en día requieren de una atención inmediata para poder salvar su vida. Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que incluya la detección, atención y tratamiento médico oportunos del Cáncer Epitelial de Ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo del año 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROPONER MEDIDAS DE ATENCIÓN ANTE EL INCREMENTO DE LA EPIDEMIA DE ENFERMOS RENALES CRÓNICOS POR LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREÁTICOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Veracruz a proponer medidas de atención ante el incremento de la epidemia de enfermedad renal crónica por la contaminación de los mantos freáticos de Tierra Blanca, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe la Diputada  Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura Federal e integrante de la Fracción Parlamentaria de MORENA, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz presenta, en la actualidad, el índice más alto del país en muertes por padecimientos renales, los servicios de salud públicos y privados del municipio se encuentran en alarma ante el alto índice de incidencia de insuficiencia renal crónica en la población que habita en el municipio, sin embargo, la alerta de salud pública se incrementa al ver la incidencia en todos los rangos poblacionales y sin distingo de condición social, étnica, económica o cultural.

Tierra Blanca, Veracruz, se enfrenta a una grave crisis de salud pública que ha quedado entre las sombras ante los acontecimientos delincuenciales que han ocurrido en esta región veracruzana, de tal manera que en el contexto de los medios de comunicación se abordan más los temas de los desaparecidos que los temas de la población que está condenada a muerte por no contar con la infraestructura necesaria para resolver y afrontar la problemática en materia de salud renal que se enfrenta en el municipio

Según los reportes de salud emanados durante la mitad del año 2015,  donde se exponía la grave situación de salud que enfrenta el municipio, los datos relevantes analizados destacan que desde mediados de 1990, se percibió un cambio en las condiciones de salud de la población del municipio, elevándose la incidencia relativa de prevalencia en casos de insuficiencia renal crónica, lo cual dio un giro al mapa y control de enfermedades de la zona.

Saúl Lara González, Presidente Municipal de Tierra Blanca, ha informado a medios de comunicación, así como a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, que el municipio desde 1998 ha incrementado su tasa de mortalidad en un 300 por ciento hasta la fecha, derivado de un incremento sustancial en la presencia de enfermedades renales.

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México a cargo de los Doctores; Nicandro Mendoza Patiño, Jorge Arturo de León López, Gabriela Fernández y, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto con la Dra. Cecilia Serrano Sandoval de la Escuela de Enfermería de Córdova realizaron una investigación en el lugar durante largos periodos de tiempo y con muestras poblacionales de los diferentes tipos de edades para encontrar el origen y la gravedad del caso, los resultados de la investigación fueron alarmantes, debido a que la hipótesis más fortalecida indicaba que el origen del incremento exponencial de los casos renales era la contaminación de los cauces de ríos en el lugar y el consumo del agua para utilización humana.

Dentro de la investigación y al analizar las muestras de los pacientes con padecimiento renal crónico se declaró que la fuente probable de contaminación para el brote epidemiológico, porque lo que sucede en Tierra Blanca es ya considerado como una epidemia, era la contaminación del Río Blanco, provocada por el vertido de residuos por parte de las industrias de Orizaba y Córdova. En las muestras de agua tomadas en el río se encontró cadmio, plomo, mercurio y cerca de 1200 agentes toxicológicos que son la causa probable de la epidemia de lesiones renales en el municipio.

El alto nivel de toxicidad del agua potable del municipio, pone en riesgo la vida de la población y aún no se han tomado medidas de atención, ni mucho menos precautorias para poner una solución al problema de Tierra Blanca y sus comunidades. Desde la perspectiva de los especialistas, la población de Tierra Blanca se encuentra en riesgo y el padecimiento renal sigue siendo la principal causa de muerte de la población.

La gravedad del problema fue acrecentándose cuando no existieron camas de hospital para la atención de los enfermos y más aún cuando el Gobierno del Estado de Veracruz no puede acreditar el uso de 1,597 millones de pesos del Seguro Popular en la actual administración, según informes de la Propia Auditoria de la Federación, lo cual agravó la situación ante la escasez de medicamentos, falta de recursos económicos para suministrar atención médica, equipos tecnológicos descompuestos, hospitales y clínicas saturadas, utilización del agua del Río Blanco como potable, oídos sordos por parte del Gobernador del Estado, en fin una serie de condicionantes que detonaron en la peor epidemia de insuficiencia renal de la que se tenga registro en México y una de las más graves a nivel mundial.

Lilia Albert, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Toxicología ha calificado la situación como un crimen en contra de los 48 mil habitantes del municipio, con una prevalencia de 1000 por ciento más alta que en el promedio de prevalencia nacional para la aparición de la enfermedad (IRC por sus siglas)

El desvío de recursos públicos destinados a la salud, la corrupción y la inoperancia gubernamental en materia de salud, han desatado hasta el momento el peor caso de IRC del que se tenga registropues la prevalencia es de 150 sobre 100,000 habitantes y con tendencia a incrementarse de no ser atendida la epidemia a la brevedad.

La población veracruzana está viviendo una grave crisis económica, de seguridad pública, de salud y gobernabilidad, es por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo establecido en el proemio que se propone al pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados de la Legislatura Federal exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Titular del Ejecutivo del estado de Veracruz a proponer medidas de atención urgentes ante el incremento de la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica en Tierra Blanca, Veracruz.

Notas:

1. Tierra Blanca, Veracruz, es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, localizado en la zona centro sur de la entidad, colindando con el estado de Oaxaca en la región del cauce del río Papaloapan, cuenta con una población de 47, 824 habitantes (INEGI 2010).

2. http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/problemas-renales-causan-mas -muertes-tierra-blanca-veracruz/.

3. Estudio de caso en Tierra Blanca, Veracruz, Departamento de Farmacología de la UNAM.

4. 1 Artículo 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. (2015). Base de datos de la SETEC sobre la implementación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas. Consultado en: Octubre 27, 2015, de (SETEC). Sitio web: http://www.setec.gob.mx/

5. Insuficiencia Renal Crónica.

6. Consultores Ambientales Asociados S.C. (Greenpeace)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

RESTRUCTURAR LOS ESTEREOTIPOS SOBRE EL ROL DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a cumplir la recomendación emitida por la CIDH y lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para reestructurar los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe,Mirza Flores Gómez,diputadade Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea,la siguiente proposición con punto de acuerdo  por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, 2015”, así como lo estipulado en los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión,  con el objetivo de reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el ámbito social, familiar, político o laboral, existen estereotipos que adscriben a las personas un conjunto de expectativas que se asume deben cumplir. En este sentido, los roles desempeñados por hombres y mujeres en los distintos ámbitos se han adscrito a través de prácticas culturales y tradicionales, así como prejuicios socialmente arraigados. Por lo tanto, los estereotipos lastiman la dignidad y la idea de autonomía e individualidad y obstaculiza a las personas para poder realizar otros caracteres o roles que tengan deseo de llevar a cabo.

En el ámbito familiar existe una disparidad de género histórica en lo que se refiere a las labores domésticas, trabajos de cuidado y del funcionamiento de un hogar, pues han sido las mujeres las que han estado siempre encargadas de llevarlas cabo, tareas como la crianza de los hijos, la limpieza, el orden, realizar las compras, cocinar, servir la comida, llevar la economía, realizar el mantenimiento del equipamiento doméstico, entre otras.

La realización de dichas tareas está asignada a las mujeres con base en los estereotipos occidentales basadas en su sexo, es decir se les adscribe el rol de amas de casa y madres, por el sólo hecho de ser mujeres, y precisamente por eso, solo por ser mujeres, se espera que realicen las labores domésticas y de cuidado, independientemente de si desempeñan un empleo o profesión fuera del hogar.

En este sentido el 31 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “La situación de los derechos humanos en México”, que en su apartado 4 (cuatro) inciso a), Mujeres, establece:

La Comisión ha recibido información que indica que las mujeres en México, como en otros países, continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. De acuerdo a información del Inegi, se registra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación simple (82 por ciento), trata de personas (81 por ciento), abuso sexual (79 por ciento), violencia familiar (79 por ciento), violación equiparada (71 por ciento), otros delitos contra la familia (56 por ciento), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83 por ciento). Asimismo, se ha recibido información que indica que incidentes de violencia basada en género se siguen reportando en un gran número de regiones del país. La situación de violencia y ataques contra la vida e integridad personal en contra de las mujeres son unas de las razones por las que la sociedad civil ha solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diferentes ocasiones.

Asimismo, la CIDH nota con preocupación las denuncias de violencia sexual, principalmente en contra de mujeres detenidas, así como los reportes de agresiones, actos de hostigamientos y homicidios en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por todo lo anterior, la CIDH establece una serie de recomendaciones al Estado mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres, erradicando todo tipo de violencia y discriminación en contra de este grupo de personas en situación particular de vulnerabilidad.

Para el caso en concreto, motivo del presente punto de acuerdo, retomo la recomendación número 43 que a la letra dice:

43. Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres;

En México, desafortunadamente los estereotipos de género se siguen perpetuando a través de acciones cotidianas en lo público y privado.

En las familias mexicanas aún observamos que los propios padres son quienes asignan las tareas domésticas a sus hijas, son las mujeres quienes deben encargarse de lavar la ropa y los trastes, de hacer la comida y de servirla a su padre y  a sus hermanos.

Si giramos la vista a los contenidos de los comerciales y los programas que se  transmiten por los diferentes canales de televisión,  encontraremos que estas conductas que estereotipan a la mujer como “ama de casa nata” son las más comunes.

Cada año desde el 2011, la Asociación Civil “La Cabaretiza” organiza el evento que premia (en sentido irónico) los anuncios más sexistas y misóginos de la televisión mexicana; ¿Por qué cada que quieren vender un auto, una hamburguesa, una pasta de dientes, pareciera que me quieren vender una mujer?, ¿Cuántas veces vemos en la publicidad a la mujer como adorno?, fueron algunas de las preguntas que se hicieron durante la entrega de premios más temida y esperada en el mundo de la publicidad.

Lo anterior, es referencia para citar algunos  de los comerciales galardonados por su alto contenido de sexismo y misoginia, también cito la dirección URL en donde se puede visualizar dichos comerciales:

• En la categoría ¿Quién crees que lava la ropa?, el ganador fue Ariel Líquido, con su comercial “Fan Trainer” disponible en: https://youtu.be/ojQ-5Z0uZMg

En este spot publicitario se observa que la mujer es la encargada de realizar las labores del hogar, y es quien tiene la obligación de lavar la ropa.

• Para Bájate por los chescos, el ganador fue Pepsi, con el comercial “La rutina está por romperse” disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=6p1EFTOSeMA&feature=youtu.be

El spot publicitario cosifica a la mujer, al compararla con un objeto diciendo que se puede “tener más de una”.

• En la categoría No me ayudes, comadre, el ganador es Fud, con “60 años de ayudarte”.

https://www.youtube.com/watch?v=YozwPYyKAVc

En este comercial en particular, transcribo el guion del comercial.

“En México a las mamás también les decimos jefas, y hay una buena razón para hacerlo, en la casa mandan ellas, hacen que todo funcione, administran el dinero, ven que todo esté bien y salga a tiempo, nos llevan, nos traen, deciden qué subir al carrito y qué no, nos preparan el lunch, nos dan de desayunar, de comer, y cenar rico todos los días. No es fácil y en Fud lo sabemos...”

• Por trayectoria, el ganador por tercer año consecutivo es “Tecate futbol”, con su comercial “Choro”, disponible en:

https://youtube/G-moB1D4njo

En el spot un hombre engaña a una mujer diciéndole que prefiere llevar la relación más despacio y ser un caballero, cuando en realidad se va para ver un partido. “Por el futbol, todo”, dice el anuncio.

Se pueden seguir citando una serie de spots publicitarios en donde exhiben a la mujer como un objeto, que el único atributo que puede tener es el de ser bella o buena ama de casa, denigrando su identidad personal, limitando su capacidad para ejercer una profesión u oficio distinto al de ser amas de casa.

No podemos permitir que se sigan perpetuando estos estereotipos de género, puesto que la madre de las desigualdades es la desigualdad cultural, legal, económica, social entre hombres y mujeres.

En México, se han emprendidos diversas acciones para erradicar todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujer; sin embargo aún quedan grandes áreas de oportunidad, siendo una obligación del Estado Mexicano atenderlas,  por lo que debemos empezar a supervisar los contenidos de los programas y comerciales transmitidos en radio y televisión para que no se sigan reproduciendo estos degradantes estereotipos de género. Al respecto la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece lo siguiente:

Artículo 2.Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminaciónmotivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 222.El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.

Artículo 223.La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I. La integración de las familias;

II. El desarrollo armónico de la niñez;

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;

Artículo 226.A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

Con la firme convicción de que la perpetuación de los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad a través de los contenidos en los programas y comerciales transmitidos en la radio y televisión deben de ser erradicados, y para cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe citado con anterioridad y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a su presidente, maestro Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, a cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe “Situación de los derechos humanos en México, 2015”, así como lo estipulado en los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad en el contenido de los programas y comerciales transmitidos en la radio y la televisión.

Nota:

1 Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II., 31 de diciembre de 2015, Doc. 44/15.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SUSPENDER LA OBRAS DE REUBICACIÓN DE LA PLAZA DE COBRO LA JOYA, DE LA AUTOPISTA ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal y la SCT que suspendan las obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya, de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ramón Báñales Arambula, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, en especial a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a suspender la obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las zonas Ciénega y Altos Sur del estado de Jalisco, compuestas por 21 municipios en su conjunto, en los que la actividad preponderante en común es la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria y del tequila. Es la región que representa el lugar número uno de producción en el sector primario, gracias al trabajo de miles de campesinos y ganaderos que viven en esta región.

2. Las vías de conexión que los habitantes de estas zonas tenemos hacia la Ciudad de Guadalajara, en la que encontramos nuestro mayor punto de venta y abasto, son las carreteras libres Atotonilco-Zapotlanejo y Tepatitlán-Zapotlanejo, mismas que encuentran su punto de entronque en el municipio de Zapotlanejo, para continuar ya sea por la autopista de cobro Zapotlanejo-Guadalajara o la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara.

Actualmente los habitantes de esta región y el tráfico de otras regiones del país, que transitan por estas carreteras para llegar a la Ciudad de Guadalajara, al Aeropuerto Internacional, al Puerto de Manzanillo y el Estado de Colima, al llegar al entronque de Zapotlanejo, podemos transitar de manera ágil y libremente por un tramo de no más de 3 kilómetros de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, y decidir por voluntad propia tomar cualquiera de las dos opciones, ya sea por la carretera libre o la autopista de cuota, evitando en todo momento ingresar a la zona urbana de la cabecera municipal de Zapotlanejo, la cual carece de las vialidades adecuadas para desahogar la gran afluencia vehicular y de tráfico pesado.

3. El tramo de autopista Zapotlanejo-Guadalajara es operado por la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, ya que con fecha de 3 de octubre de 2007, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo el título de concesión, misma empresa que tiene en su poder los títulos de concesión de las carreteras, Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, con una longitud total de 558.05 kilómetros en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.

4. Con fecha 28 de enero del año 2016, mediante convenio de colaboración, se llevó a cabo la implementación de un programa de residentes para los habitantes del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, que celebraron por una parte Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, y por otra el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, acordando que la Plaza de Cobro La Joya, ubicada actualmente en el km. 9+000 de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara, sea reubicada en el km. 2+000 e instalar dos cabinas auxiliares más, una en el km. 2+915 Cuerpo A y otra en el km. 3+760 Cuerpo B.

Dicho convenio, publicado en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, carece de toda legalidad, toda vez que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual establece, que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares, y el planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares y vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes, en virtud de ello, dicha Secretaria, no participa en la firma del convenio, de igual forma el gobierno del estado de Jalisco no fue notificado, ni mucho menos es participe de este acto y los municipios afectados por ningún conducto fueron tomados en cuenta para expresar su opinión.

El único argumento que exponen las partes para la celebración de este convenio, es que la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, ofrece ofertar durante el mes de febrero el “Programa Residentes” únicamente para los habitantes del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, programa que ya está operando según consta en el portal de internet de la empresa concesionaria.

5. Con la reubicación de esta plaza de cobro, los vehículos, camiones de pasajeros y de carga, que quieran utilizar las carreteras libres, para entrar o salir de la Ciudad de Guadalajara, se verán obligados a entrar y transitar por la zona urbana, lo que ocasionará un caos vial, ya que no existe la infraestructura apropiada para la magnitud de la carga vehicular.

La concreción de este convenio y las obras mencionadas, afectarán radicalmente la economía de los habitantes, comerciantes, transportistas, productores rurales y a la industria de las zonas Altos Sur y Ciénega del Estado de Jalisco, en primer lugar por la gran demora que se generará y en segundo porque con esta acción se estaría obligando a todos los vehículos a transitar por la Autopista de Cuota.

6. En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición, atiende una justa exigencia de los habitantes de los municipios de Atotonilco El Alto, Tototlán, Ayotlán, Degollado, San Ignacio, Jesús María, Arandas, Tepatitlán, Acatíc, Yahualica, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Jalistotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Alejandría, Valle de Guadalupe, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo, que a través de sus Presidentes Municipales, Delegados y Agentes Municipales, Presidentes Ejidales, Empresarios, y otros grupos de la sociedad civil, han expresado.

Dado lo anterior expuesto y con fundamento a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento a sus atribuciones legales, desconozca y deje sin efecto el Convenio Suscrito por la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA de CV y el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y frene las obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la presidencia municipal del ayuntamiento de Zapotlanejo,informen a la opinión pública mediante estudio técnico, el impacto financiero y de movilidad que se generaría por la realización de estas obras.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de análisis y opinión, junto con el gobierno del estado de Jalisco y los ayuntamientos y grupos organizados de los municipios afectados, donde se analicen planes y acciones que generen la menor afectación a los habitantes de esta región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Ramón Báñales Arambula (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

PARA QUE LAS COMISIONES DICTAMINEN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS INICIATIVAS ENVIADAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES

«Proposición con punto de acuerdo, para que las comisiones dictaminen en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Eloisa Chavarrias Barajas del Grupo Parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La figura de la excitativa fue derogada del Reglamento de la Cámara de Diputados, por considerarse una figura innecesaria dado el nuevo reglamento aprobado durante la LXI Legislatura. Sin embargo en la terminología legislativa se le define de la siguiente manera:

Excitativa: Exhorto que realiza la Mesa Directiva, a una o varias comisiones, para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les fue turnado o realicen acciones omitidas en su encargo. Es motivada a partir de la petición de un legislador, grupo parlamentario o una comisión legislativa.

En el artículo 71 constitucional se menciona la figura de la Iniciativa parlamentaria y quien puede presentarla ante el Congreso, en el mismo se cita que los congresos estatales tienen esa facultad.

En un breve análisis estadístico de la LXII y LXIII Legislaturas se observa que más del 90 por ciento de las iniciativas de los congresos estatales terminan en la preclusión, señalada en el artículo 89 del Reglamento.

La sociedad organizada ha presionado para que nuevas figuras legislativas sean incorporadas a nuestro marco jurídico destacando: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, y el referéndum.

Cada nuevo sexenio se habla de una nueva reforma política y se ejecutan cambios importantes a nivel constitucional

Sin embargo las figuras existentes y que representan un verdadero federalismo no han tenido el peso suficiente que la ciudadanía espera.

Recordemos que durante más de cincuenta años nuestro país se vio envuelto en enfrascamientos entre “federalistas y centralistas” conflictos que fueron el preámbulo para la pérdida de territorios y de momentáneas separaciones de algún estado de la federación.

En el actual Reglamento se menciona en el artículo 175 el orden de los asuntos de una comisión. Es necesario que las comisiones consideren dar prioridad a dictaminar las iniciativas de los congresos estatales pues representan la voluntad de una entidad libre y soberana y como consecuencia lógica de sus ciudadanos.

Además el no dictaminar de las iniciativas de los congresos estatales señala una opacidad que tarde o temprano será tema de reclamos populares y de las mismas entidades federativas, que consideraran obsoleto el actual sistema de iniciativas. La disyuntiva es clara o se acelera el proceso o las entidades federativas pueden considerar que es innecesario el proceso de aprobar iniciativas que serán enviadas al congreso federal.

Cuando la nación lo ha requerido los congresos estatales han aprobado con toda celeridad la aprobación de reformas constitucionales.

El reconocer este rezago dará mayor confiabilidad a la ciudadanía que reconoce en los legisladores a sus representantes.

Es reconocer el valor de los congresos estatales y un pleno ejercicio federalista, además de con esto se busca prevenir cualquier motivo de pretensión de rompimiento de la unidad nacional so pretexto a que todo se encuentra centralizado.

Es por lo antes expuesto, que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados a que en uso de sus facultades exhorte a las diversas comisiones a dictaminar en los términos legales establecidos, las iniciativas promovidas por los congresos estatales y evitar sean precluidas según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica).»

Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE GASTOS FISCALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de gastos fiscales, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Conforme a lo establecido por los artículos 25 y 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público entrega cada año el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015 a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública.

Adicionalmente el artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, esté, está obligado a generar un conjunto de información a partir de las estadísticas y datos de los contribuyentes que por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público son los que a su vez recibe la Cámara de Diputados y que se requiere de una revisión profunda y detallada de los componentes de la información recibida por parte de los Diputados, con el objetivo de generar propuestas concretas.

Con ello se permite tener un diagnóstico que permite identificar los beneficios tributarios que se otorgan por medio del marco impositivo y estimar su impacto sobre los ingresos. De esta manera, la medición de los gastos fiscales contribuye a la evaluación del sistema tributario y conocer las características de cada uno de los impuestos y aquellas áreas que podrían incrementar el potencial recaudatorio de los distintos gravámenes y conceptos de ingreso.

En México se utiliza el método de pérdida de ingresos, el cual consiste en estimar el monto de recursos que deja de percibir el gobierno federal por la aplicación de un tratamiento fiscal diferencial. Sin tener la cantidad exacta de recursos que se podrían recaudar de suprimir las disposiciones que dan origen a un gasto fiscal, debido a que las estimaciones no consideran las variaciones en la conducta de los contribuyentes por la eliminación de los tratamientos diferenciales ni las repercusiones en el resto de la economía, por lo que, teniendo información útil la Cámara de Diputados no la analiza a cabalidad, en este sentido, con la creación de una comisión especial se podrá identificar áreas de oportunidad y modificar los ordenamientos adecuados para hacerlo operante.

Se deben prevenir alternativas ante la caída del mercado petrolero, donde el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación alcanzó su nivel máximo, en junio de 2015 costó 53.87 dólares por barril, cayendo hasta 35.62 dólares en noviembre del mismo año, para llegar en enero de 2016 a 18.90 dólares por barril, es decir, los ingresos petroleros cayeron a una tasa anual de 35.0 por ciento anual.

Cabe destacar, que en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión fue creada una Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales, a efecto de identificar las áreas de oportunidad que incrementen los recursos tributarios y hacer con ello un sistema fiscal más equitativo, donde se pudiera elaborará diagnósticos sobre el gasto público en rubros tales como inversión, infraestructura, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, política industrial para la competitividad y el empleo, programas sociales y del campo, fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios y banca de desarrollo y presentar conclusiones que deban reflejarse en un paquete económico acorde con las necesidades que el país demanda.

La presente propuesta al crear una comisión especial de gastos fiscales esta, pueda citar a los funcionarios del ramo y a los sectores económicos involucrados, a fin de que se determinen las alternativas y opciones para que pueda evitar la pérdida de recursos económicos, lo cual guarda plena correspondencia con las atribuciones de las comisiones del Congreso establecidas por los artículos 45, numerales 1, 2, 3 y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

De conformidad a las facultades que le otorga la Ley Orgánica, este órgano de gobierno considera necesaria la conformación de la comisión especial materia del presente acuerdo en los términos planteados por la propuesta en comento, a efecto de promover un ejercicio más eficaz de las facultades constitucionales.

Por lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, cuyo objeto será: revisar la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales para identificar y mejorar la estructura fiscal que, en forma equitativa y proporcional, que incremente los recursos tributarios.

Segundo. La Comisión Especial, se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero.Esta Comisión Especial, funcionará durante el ejercicio de la presente legislatura o hasta que haya cumplido o agotado su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESCLARECER Y SANCIONAR EL ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO RELIGIOSO-CULTURAL DE LA ISLA DEL REY EN SAN BLAS, NAYARIT

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CNDH, la Secretaría de Cultura, la PGR y el Ejecutivo de Nayarit a esclarecer y sancionar el atentado contra el patrimonio religioso-cultural de la Isla del Rey, en San Blas, suscrita por las diputadas Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscriben las diputada Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, de la LXIII Legislatura federal e integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de los siguientes

Considerandos

El viernes 19 de febrero de 2016, fue reportado ante las autoridades competentes, el agravio sufrido en la Isla del Rey, donde, según declaraciones de lugareños, la Isla del Rey, centro sagrado de la etnia wixarika, fue incendiado con intenciones de intimidar a los integrantes de la etnia y evitar que sigan acudiendo a llevar sus ofrendas a dicho lugar.

En 1990 la Haramara, como le conocen los huicholes a su lugar sagrado, fue nombrado Patrimonio Cultural Huichol de Nayarit y, de 2011 a 2014 se entregaron títulos de propiedad sobre la isla a representantes de la etnia huichol.

La relevancia de éste territorio sagrado para el pueblo huichol radica en una cosmovisión fundada en el politeísmo, practicada desde hace 3 mil años en dicho lugar. Los historiadores ubican entre la Haramara y Mezcaltitán se encontraba la región conocida como Aztlán, lugar inmerso en las leyendas de la conformación de un imperio como lo fue el imperio mexica.

En la Haramara, para la tribu Huichol, comienza el origen de un peregrinar de los dioses hacia el centro del país, recorriendo en su camino valles y montañas hasta llegar al lugar donde nace el sol en el estado de San Luis Potosí, por cientos de años este peregrinar se ha realizado con periodicidad. Desde la cosmovisión del pueblo huichol, las ofrendas y el peregrinar de sitio sagrado a sitio sagrado, conservan el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo, así como la fertilidad de la tierra, la frecuencia de las lluvias y las tempestades calmas. A los integrantes de la etnia, les preocupan los ataques en contra de los sitios sagrados, argumentando que estos ataques son en contra de la humanidad misma y su estancia con paz en la tierra.

La comunidad huichol se encuentra muy lastimada por los ataques en contra de su sitio sagrado, ubicado en la Isla del Rey, en la aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de San Blas, Nayarit. En el ataque al sitio sagrado, fueron quemadas ofrendas con más de 500 años de antigüedad y afectadas pinturas rupestres que se encontraban grabadas sobre las rocas de una de las cavernas que le dan una especial mística a la isla.

La Presidencia Municipal se ha deslindado de responsabilidades respecto a la protección del sitio sagrado, el pueblo huichol exige respeto a sus costumbres, religión y sitios sagrados. El pueblo huichol pide y exige paz por parte de las autoridades locales para que les permitan seguir viviendo su cultura y tradición en el estado de Nayarit.

Exigimos a las autoridades competentes que se esclarezca este atentado en contra de un pueblo nativo de México y en contra de nuestras raíces y tradiciones culturales que nos dan identidad.

Paz y respeto a los indígenas de nuestro México. Paz y respeto a todos los seres humanos.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado con lo citado en el proemio que presentamos al Pleno de ésta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Que la Cámara de Diputados exhorte a los titulares de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, Procuraduría General de la República y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que se esclarezca el atentado contra el Patrimonio Religioso-cultural de la Isla del Rey en San Blas, Nayarit y, se finquen responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas: Mariana Trejo Flores, Modesta Fuentes Alonso (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

REGISTRO AGRARIO NACIONAL, A FIN DE REALIZAR UNA DEPURACIÓN DE PADRONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional a depurar padrones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo  en materia de depuración de padrones del Registro Agrario Nacional:

Consideraciones

La Ley Agraria promulgada en 1992 surge como una ley reglamentaria de la reforma constitucional al artículo 27, con la finalidad de garantizar la justicia y la salvaguarda los derechos legítimos de los diferentes productores rurales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cuando finaliza la revolución mexicana en el año de 1917, las demandas sociales relacionadas con la tenencia de la tierra y por consecuencia, la titularidad del ejido, permanecieron prácticamente invisibles al estado de derecho en nuestro país. No es sino hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio, cuando, 19 años después, en 1936 se gesta un decidido esfuerzo de repartición de la tierra, mejor conocido como el reparto agrario y por consecuencia de regularización y formalización de la tenencia de la misma.

Reparto agrario que se realizó sobre 18 millones de hectáreas entre diferentes comunidades y ejidos, a lo largo y ancho de país. Con ello se buscaba cumplir con una demanda social largamente pospuesta, con lo que se mejoró de manera casi inmediata la calidad de vida de amplias capas de la población rural, pues tendrían ahora una superficie destinada para el autoconsumo y la pequeña producción asegurada.

A partir de entonces, los núcleos de producción agraria se han amparado en el cobijo que prevén diferentes disposiciones legales en la materia, estableciendo en su caso, el tratamiento que debe de existir entre tenedores de la tierra y su producción basada en la vocación de cada predio.

De tal manera, la Ley Agraria considera sujetos de derecho a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o de comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, quienes habrán de ser defendidos en todo momento por la Procuraduría Agraria, como lo establece el propio artículo 135 de la ley mencionada.

Por su parte en el artículo 148 de la citada Ley se estableció que el Registro Agrario Nacional o mejor conocido como RAN, fuera el encargado del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivada de la aplicación de la propia Ley Agraria. Dicho lo cual es el RAN el órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal.

En ello, el RAN deberá de prestar asistencia técnica suficiente para que el registro documental de la tenencia de la tierra pueda considerarse valido y fidedigno. Deberá de procesar la inscripción de todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos comunales o ejidales, así como de los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios y comuneros.

Por consecuencia, el RAN deberá de llevar la clasificación de los nombres de los individuos tenedores de acciones y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícola, ganaderas o forestales, junto con el registro de operaciones relacionadas con la cesión de derechos sobre tierras ejidales, aunado a esto, deberá de disponer del procesamiento y óptima disponibilidad de la información a que haya lugar bajo su resguardo.

Todo lo anterior, se encuentra explícitamente previsto en los artículos que van del 148 al 156 de la Ley Agraria, diseñados con la finalidad de fortalecer la seguridad de la propia tenencia de la tierra y amparar por tanto, los legítimos derechos que los propietarios individuales tengan de los núcleos de producción.

Sin embargo, en la práctica se puede constatar que existe un enorme rezago del RAN para actualizar los padrones ejidales, provocando ello un efecto perverso al interior de los ejidos reflejado en la toma de decisiones comunes con padrones que tienen en sus listados a una o más personas que por diferentes razones han dejado de tener plenos derechos sobre la propiedad ejidal. El problema es de tal magnitud que de acuerdo con cifras del propio RAN, afecta a 1.5 millones de sujetos agrarios sin lista de sucesión.

A mayor abundancia, el artículo 22 de la Ley Agraria señala que es el comisariado ejidal quien llevará un libro de registro en el que se asentarán los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal correspondiente. Sin embargo la falta de actualización del padrón de ejidatarios es un problema recurrente.

Conflictos graves ocurren al interior de los ejidos cuyos padrones no se encuentran debidamente actualizados por el abuso de miembros del propio ejido que, aunado al desconocimiento pleno de los nombres actualizados en los padrones, afectan negativamente las decisiones de las asambleas que para los efectos se conforman.

Ello tiene impactos económicos y productivos negativos muy importante en el ejido, pues las decisiones del ejido dejan de estar sujetas a lo que decida una mayoría que en el papel se conforma de personas que han cedido sus derechos, antiguos propietarios que vendieron sus derechos ejidales, o bien fallecieron sin dejar sucesor.

Es entonces que se considera necesario y prácticamente inaplazable, que el RAN lleve a cabo, en conjunto con los núcleos de población ejidales, las acciones que sean necesarias para depurar de manera urgente, los padrones de los productores agrarios, toda vez que no hacerlo, significa costos económicos en juicios agrarios que deben ser pagados por los propios ejidatarios.

El presente exhorto lleva también consigo, la solicitud de que sea el RAN con recursos propios, el que organice en los diferentes estados de la República y con los propietarios, las acciones de trabajo, asambleas, reuniones, etcétera, que se consideren necesarias para contar con padrones depurados, actualizados y confiables.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Registro Agrario Nacional a llevar las acciones necesarias, en coordinación con los núcleos de población ejidal o ejidos, para lograr una eficaz depuración de padrones y que esta sea ágil, expedita y oportuna.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

REGULEN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS PROVENIENTES DE EUA Y CANADÁ, EN EL MARCO DEL TLCAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SHCP, la SE y la Administración General de Aduanas a tomar medidas para regular la importación de vehículos usados provenientes de EUA y Canadá en el marco del TLCAN, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex LeBaron González, Daniel Torres Cantú por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los diputados María Ávila Serna y Cándido Ochoa Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Economía, administrador General de Aduanas para que se tomen las medidas necesarias para la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América, EUA, y Canadá, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Anexo 300-A.2 Disposición 24, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Nuevamente inicia una discusión sobre la importación de vehículos usados a México. Debate y discusión dada en las mesas de negociaciones del TLCAN hace 25 años y que culminaron con su firma en 17 de diciembre de 1992, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994, hace poco más de 20 años.

En estos 21 años uno de los sectores más beneficiados ha sido la industria automotriz, México se ha consolidado como uno de los principales productores de autos y autopartes, ocupando el séptimo lugar mundial y segundo país exportador de vehículos a Estados Unidos sólo por debajo de Alemania, Corea del Sur y Japón.

Actualmente México es el principal exportador a EUA con 1.9 millones de autos, superando a Japón y Canadá. En estos últimos años la producción y exportación en México han registrado máximos históricos, la producción creció alrededor de 8 por ciento, y las exportaciones crecieron por encima del 10 por ciento.

En 21 años, con el TLCAN, la producción de la industria automotriz se ha cuadriplicado y las exportaciones se han quintuplicado.

La principal región de destino de las exportaciones la integra el TLCAN, representando el 85 por ciento del total de estas, y no sólo de autos, sino también de autopartes, siendo México el principal proveedor del mercado Norteamericano.

De la producción total, 83 por ciento se exporta y 17 por ciento se queda en el mercado interno o nacional. Del total de las exportaciones, se van a EUA el 71 por ciento y el 9 por ciento a Canadá, es decir 80 por ciento lo concentra el área del TLCAN y 10 por ciento va al resto de Latinoamérica.

La industria automotriz de México es trasnacional, y las principales ensambladoras son Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Mazda, Audi y actualmente está instalando una nueva planta Kia.

Las firmas automotrices comercializan a través de sus distribuidores no sólo productos ensamblados en México, sino también vehículos nuevos importados de otras partes del mundo además de los países integrantes del TLCAN.

También se comercializan vehículos bajo los diferentes tratados comerciales vehículos de las marcas de Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley BMW, Hundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Lincon, Mazda, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Peugeout, Porshe, Renault, Seat, Smart, Subaru, Suzuki y Volvo entre otras.

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus negociaciones, se dio tiempo para que el sector Automotriz hiciera sus ajustes a las nuevas oportunidades que el TLCAN ofrecía a la industria, abriendo la importación de autos nuevos desde 1994 y a partir de 2009, se podrían importar vehículos usados provenientes de EUA y Canadá. De acuerdo a lo establecido en el anexo 300-A.2 para México en el punto 24 para vehículos usados.

Queda claro que dentro de los acuerdos de libre comercio que nuestro país tiene, el TLCAN es el más importante y de mayor impacto económico para México, y este ambiente de apertura comercial atrajo la inversión extranjera directa, aprovechando las ventajas competitivas por la vecindad de México y EUA, generando empleos e integrando cadenas de valor desarrollando proveedores de autopartes e integrando a las Pyme.

Sin embargo, esta situación de bonanza del sector automotriz, en la producción de autos nuevos, autopartes y la exportación ha sido trastocado por la insistencia de los actores hoy beneficiados a dar cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el TLCAN y Anexos, esto sobre lo acordado en la importación de vehículos usados e incorporar a los beneficios de la apertura del TLCAN a otros sectores y regiones del país que hoy deberían estar igualmente beneficiados por las disposiciones del TLCAN.

Uno de los sectores más protegidos del TLCAN fue la industria automotriz de México, y sus distribuidores de autos nuevos y usados, otorgando restricciones a la importación de autos de 1994 al 2008, durante 14 años y de manera gradual y progresiva se dispone la importación de vehículos usados del 2009 al 2019 en donde México se comprometió a no adoptar ni mantener prohibición o restricción en el anexo 300-A.2 del TLCAN; esto con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos, ya que la finalidad del apéndice anteriormente manifestado es la de generación de nuevos empleos con base en los diversos sectores de servicios y oficios de dicha actividad

Situación actual

Decreto para regular la importación definitiva de vehículos usados del 1 de julio de 2011, y la ampliación de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015

Esta disposición ha provocado impugnaciones de las partes afectadas, e incluso acusaciones entre Poderes por las imputaciones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial por medio de amparos otorgados, los que a su vez afectaron al sector automotriz de la frontera por la competencia desleal de los tenedores del amparo, importando vehículos y pagando menores impuestos y desplazando a los importadores y comercializadoras, y creando un ambiente de tensión y hasta de persecución (por no decir satanización de la actividad) por actitud de algunos funcionarios y dependencias acusando y señalando de irregularidades a agentes aduanales, importadores y comercializadoras.

Dicho decreto establece regulaciones y disposiciones que trastocan la esfera jurídica y espíritu del TLCAN, en el sentido de los beneficios de la apertura comercial y del libre comercio en América del Norte, dificultándolo fundamentalmente en la región de la frontera norte, colindante con EUA, al Sector económico dedicado a la importación y comercialización de vehículos usados y la cadena de valor que la actividad genera en autopartes usadas, reparación y pintura que en la región dejaba una gran derrama económica a través de la actividad empresarial comercial y mano de obra que involucra a más de 250 mil familias en la frontera con EUA.

No obstante a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, con fecha de 28 de febrero de 1994, la disposición complementaria conocida como “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados”, el cual determina entre otras. El pago de contribuciones para la importación de vehículos usados y nuevos, siendo las más recientes las publicadas el 7 de abril de 2015. Esta lista de precios estimados resulta contraria a derecho, toda vez que dichos precios estimados son establecidos en forma unilateral y en forma arbitraria, aun y cuando existe la prohibición de que nuestro país pueda adoptar restricciones o prohibiciones para su importación, como lo es instaurar cualesquier tipo de contribuciones. Así las cosas, las empresas vendedoras de estos vehículos usados al emitir una factura y en ocasiones certificadas por el Estado mexicano para hacerlo, no se les respeta su precio de venta, imponiendo dicha Secretaría un valor a su criterio, más no así el comercial, trastocando el artículo 133 de la Constitución Mexicana, que concede el trato de ley suprema a la los tratados internacionales a los que México sea parte.

Así como también se han visto afectadas familias de otras entidades federativas que cuentan con una gran cantidad de paisanos que trabajan en EUA, y que apoyan a través de remesas a sus familias que viven en sus lugares de origen, y que aparte de sus remesas mensuales, periódicamente visitan su tierra trayendo otros beneficios a sus familiares como ropa, electrodomésticos y en muchas ocasiones es su deseo de regalarles su vehículo a sus padres esposas o hijos, compartiendo con ellos su prosperidad, generosidad y solidaridad familiar tan arraigada en nuestra cultura. En EUA viven 33.6 Millones de personas de origen mexicano de las cuales 11.6 nacieron en México.

Otro grupo de la población afectada por las regulaciones y restricciones ha sido la población que no tiene acceso a un ingreso familiar de más de 15 mil pesos mensuales, para poder aspirar a comprar a crédito un auto nuevo compacto en una distribuidora de autos.

Según estudios de la distribución del ingreso en México sólo los deciles 8, 9 y 10 del indicador de GINI podrían tener acceso a un auto nuevo siempre y cuando califiquen a la obtención de un crédito automotriz, o sea un máximo de 30 por ciento de las familias mexicanas podrían adquirir un auto de agencia; y de los deciles del 1 con ingresos familiares de 2 mil 500 pesos mensuales y 4 mil del decil 2 e inclusive de los 5 mil 500 ingresos familiares mensuales del decil 3 se estima muy difícil poder acceder a tener un vehículo automotor usado, y sólo 40 por ciento de las familias de los deciles 4, 5, 6 y 7, que sus ingresos familiares al mes fluctúan de los 6 mil 500 pesos a los 12 mil 500 mensuales podrían aspirar a tener un auto, siempre y cuando estos vehículos usados estén a precios accesibles.

La mayor parte de estas familias están en el área rural como productores agropecuarios, en el comercio informal o están como empleados y obreros con bajos salarios, para sus familias es indispensable contar con un Vehículo para realizar sus actividades productivas o trasladar al trabajo o escuela cuando no haya la alternativa de trasporte público.

Según la encuesta de Ingreso Gasto de las familias mexicanas, en promedio mensual destinan 34 por ciento de su ingreso en transporte, ya sea público o en vehículos particulares, 19 por ciento en alimentos, 14 por ciento en educación, 9.5 por ciento en vivienda y 7 por ciento en cuidados personales. De aquí estriba la importancia de dar acceso a los beneficios del TLCAN, a este 40 por ciento de la población que difícilmente tendría acceso a crédito, o vehículos usados sobrevalorados comparados con los de importación.

Por eso consideramos que hay que brindar seguridad y certeza a los términos pactados en el TLCAN y que sus beneficios además del sector trasnacional ensamblador y a sus distribuidores, deben estos de alcanzar al sector automotriz dedicado a la  importación y reparación de vehículos fundamentalmente en la región frontera norte, que son más de 250 mil personas y sus familias que dependen de esta actividad, así como más de 20 millones de paisanos que solidariamente apoyan a sus familias y a México con sus remesas, así como a 40 por ciento de la población que difícilmente tendría acceso a un vehículo usado que esté sobrevalorado por las restricciones y regulaciones a la importación de vehículos usados.

Es de todos conocido que el parque vehicular en el norte del país es mayor, esto debido al ingreso de vehículos usados, por lo que se requiere de brindar de una certeza jurídica a los propietarios de dichas unidades, ya que al brindarles esta, podrán tener acceso a seguros de responsabilidad civil para sus unidades, así como cumplir con lo ordenado en la ley.

En materia de seguridad pública, al contar con un registro de parque vehicular dentro del marco legal, el índice delictivo disminuirá, toda vez que al tener vehículos debidamente importados y emplacados, serán de fácil identificación, por lo que a los delincuentes se les dificultara en seria medida el movilizarse sin ser detectados. No sin manifestar que en solo 6 meses en el año 2001, se recaudó más de 800 millones de impuestos, solo por la inscripción los vehículos que ya se encontraban en nuestro país.

Como diputados federales y representantes populares de regiones afectadas por el decreto en cuestión, hemos recibido la solicitud de intervención, con la finalidad de evitar actitudes proteccionistas por encima del interés social, respetando a la población en sus posibilidades económicas y de adquisición en gasto o comprar a su conveniencia, como de las Disposiciones ya negociadas en términos y plazos así como su gradualidad,

Los interesados en que se modifique dicho decreto son las cámaras de comercio de las ciudades fronterizas, los importadores, comercializadores y particulares interesados, como toda la cadena productiva vinculada al sector automotriz de la frontera norte, así como organizaciones campesinas y de productores rurales.

Por si esto fuera poco, los habitantes de la región fronteriza carecen de un transporte público eficiente, toda vez no existen en aquellas ciudades un metrobús, metro por citar algunos como en la Ciudad de México, o algún otro medio que permita que los habitantes se desplacen sin mayor contratiempo, esto obliga a los habitantes a hacerse de un vehículo extranjero que ingresa al país con la intención de nacionalizarse o hacerse fronterizo, pero al encontrarse con las medidas proteccionistas actuales les fue imposible que se les permitiera su primera intención, por ello se convirtieron en autos “chocolate” ya que tampoco los pudieron regresar a los Estados Unidos, toda vez que dichas medidas también se los prohibían, en promedio más del 80% de la población de la región fronteriza es propietaria de vehículos de procedencia estadounidense o en su mejor versión, importados solo para su circulación en esta región, siendo esto absurdo, toda vez que la misma desapareció ante la homologación del IVA con el resto del país.

Todo esto sin contar que la mayoría de la población en esta región fronteriza, son personas no sujetas a crédito, toda vez que al pertenecer a un sector poblacional que según estudios de la distribución del ingreso en México son de deciles 1, 2, 3 y 4 del indicador GINI, por lo que no son susceptibles a la obtención de un crédito automotriz.

Ahora bien, ninguna ciudad de la región fronteriza tiene dentro de su población un centro de verificación vehicular o de verificación de revista mecánica, por lo que la autoridad hacendaria establece una regla proteccionista que violenta en forma directa al TLCAN tal y como lo establece el anexo 300 del mismo y en su apéndice 300-A.2.

Uno de los principales argumentos contra la importación de vehículos usados, es que se está “chatarrizando” el parque vehicular en México. Increíblemente quienes usan este argumento fueron los que solicitaron los mecanismos de protección de la industria automotriz mexicana argumentos contenidos en el Anexo 300-A.2, en el que México se obligó a que de 1994 al 2009 no se pudieran importar vehículos usados y que a partir de 2009, se pudiera llevar a cabo solo si se tuvieran 10 años de antigüedad.

La protección a la industria automotriz ya está contenido en los términos acordados y plasmados en el TLCAN desde 1993 y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994 y sus anexos 300-A, donde se le da un plazo de protección de 1994 hasta 2019, cuando queda totalmente liberado.

México no podrá adoptar ni mantener ni una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica, que tengan por lo menos:

• 10 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2009;

• 8 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2011;

• 6 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2013;

• 4 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2015;

• 2 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2017;

• A partir del 1ro de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos. (Anexo 300-A.2)

Sector automotriz de la frontera norte

Contrario a los beneficios que el TLCAN ha ofrecido a la industria automotriz en México, el sector automotriz ubicado, constituido por más de 60 mil personas, entre Pyme de mexicanos, se han visto severamente afectadas, por diferentes disposiciones que han dificultado y restringido esta importante actividad en la región, estimándose que las medidas restrictivas y diferentes disposiciones con carácter evidentemente proteccionistas fuera de los términos ya pactados en el TLCAN.

Entre estas medidas restrictivas van desde los horarios impuestos por el SAT a la importación de vehículos usados, la certificación de origen del vehículo,  el establecimiento del valor de la importación desproporcionados al valor real con los precios estimados, así como restricciones a las condiciones mecánicas y ambientales de las unidades, estos requisitos siendo normalmente realizados a través de la revista mecánica y la verificación vehicular por las entidades federativas y no aduaneras cuando el comprador final realiza su registro y emplacamiento de la unidad.

En lo respectivo al conocimiento de que él bien califica como originario de uno de los países del TLCAN, actualmente se requisita mediante un certificado de origen, mismo que solo puede ser expedido por el armador del mismo, siendo en la mayoría de los casos imposible su obtención, toda vez que al ser usados, estos pueden tener más de 5 años de antigüedad, sin embargo la autoridad pasa por alto el número de identificación vehicular, también conocido como VIN, el cual se compone de diversos dígitos como lo son el lugar de origen, año de fabricación, marca y modelo, mismo que permite a la autoridad hacendaria identificar dicho vehículo con facilidad y que en la práctica lo acepta como identificación válida, tal y como se plantea en el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el 2014 y sus anexos 10 y 21, publicadas el 29 de Agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Es de interés para esta cámara que la autoridad hacendaria ensancha la tramitología al exigir un certificado de origen cuando esta ya lo acepta.

No obstante, el mismo TLCAN en su artículo 501, capítulo V, sección A, manifiesta que no existe obligación por parte del productor de suministrar un certificado de origen al exportador y por lo tanto no es exigible como requisito de importación dicho documento; por lo que basta garantizar que los vehículos de motor califican como originario, esto conforme al número de identificación vehicular

Área de oportunidad económica para la frontera norte

Ser vecinos de Estados Unidos de América es un área de oportunidad para las familias y empresas que vivimos en la frontera norte, hay una cantidad importante de alternativas económicas aprovechando esta cercanía, una de ellas es la de integrar una cadena de valor agregado a la importación de vehículos usados.

Más allá que el puro hecho de las importadoras, comercializadoras y loteros, lleven a cabo su actividad con la certidumbre en la venta de autos en México, el área de agregar valor en la región es mayor en la importación de autos comprados en las subastas que estén dañados y sean susceptibles de restauración, reparación y pintura, dando la oportunidad a una importante cantidad de pequeños talleres y trabajadores independientes calificados para hacer trabajos de hojalatería y pintura elevando la competitividad regional y así, agregar en esta región de México, un valor a la unidad importada.

Hay que reconocer que la facilitación y simplificación reducen la corrupción y previenen actos delictivos en nuestra frontera.

La estricta regulación ha propiciado que el sector esté en crisis, ya que se han visto desfavorecidos más de 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo; con ello se han perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos, hojalateros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteras, vidrieros, instaladores de escapes, agencias aduanales, personal de trámite, choferes, por mencionar algunos de ello, por lo que se afecta directamente la obtención de ingresos económicos en forma honesta para el sustento de sus familias.

Es por ello que se propone llevar a cabo modificaciones a las actualmente establecidas que se reconocen como restrictivas y proteccionistas, y solicitar al Ejecutivo federal la publicación de un nuevo decreto que facilite y simplifique la importación de vehículos en el espíritu de los términos tratados en el TLCAN para lo que resta de 2015 y 2016 para autos usados con una antigüedad por lo menos de 4 años.

Así como también a solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, al de Economía y al Administrador General de Aduanas, el apego al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que se considera Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Hacienda, al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Administración General de Aduanas, al apego y cumplimiento de los siguientes numerales

Primero. Que el decreto por el que se regula la importación definitiva de autos usados, publicado el 1 de julio de 2011 y  el cual se amplió su vigencia hasta 31 de diciembre de 2015, así como sus reglas generales de carácter fiscal en materia de comercio exterior y demás disposiciones de las diferentes Dependencias a su cargo sean modificados, en su caso o se apeguen  a los términos, Acuerdos y Anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Anexo 300-A.2 en la materia especifica relativa a la importación de vehículos usados.

Segundo. Se incorpore en las diferentes disposiciones de comercio exterior, para la importación de vehículos usados, así como para conocer el origen de producción del vehículo al sistema de identificación vehicular, donde en su primer dígito se identifica al país de origen, según lo acordado en el ISO STANDART 3779-1983 y la NOM-001-SSP-2008;

Tercero. Se aplique el criterio establecido por la OMC y el articulo VII del GATT de respetar el valor real de la operación comercial; o en su caso, se han estado certificando las empresas estadounidense que emiten factura de vehículos;

Cuarto. Se exente de la obligación de la presentación de Shipper’s Export Declaration a la importación de vehículo con un valor menor a los 2 mil 501 dólares (00/100 moneda estadounidense), homologando la aduana estadounidense;

Quinto. La aduana mexicana, no establecerá restricciones mecánicas o ambientales para la importación de vehículos usados, debiendo cumplir esta obligación el comprador final ante las Entidades Federativas cuando se registren los vehículos y se obtengan placas y documentos para circulación, revista mecánica y verificación vehicular de emisiones según lo establezca cada Entidad Federativa, como lo exige la NOM-041 de Semarnat;

Sexto. Eliminar disposiciones que restrinjan o establezcan horarios específicos para la entrada al territorio nacional de vehículos por las aduanas de la frontera norte del país, estas deberán permitir la importación de los vehículos usados en todo el horario regular de la aduana;

Septimo. Facilitar la certificación de todo proveedor americano de TLCAN (agencias de autos, lotes de autos, (aseguranzas, empresas y particulares), ante el SAT a fin de que puedan expedir facturas con un valor comercial, que se puedan tomar como base gravable para su importación.

Octavo. La eliminación de las restricciones a la importación de autos y camiones con motor diésel, por su peso, forma, equipamiento o tipo de servicios.

Noveno. Revisar las diversas disposiciones de comercio exterior para fomentar la cadena de valor que se puede generar en la frontera norte del país, a través de la reparación y pintura de vehículos importados que se encuentren dañados susceptibles a ser restaurados y aprovechar nuestra ventaja comparativa de mano de obra calificada, fomentando las Pyme del sector automotriz de la frontera. Revisión especial requiere la importación y restauración de vehículos clásicos considerando que un auto clásico se clasifica a partir de los 30 años de antigüedad y que podría constituir en un área de oportunidad para Pyme mexicanas.

Décimo. Se solicita al Ejecutivo federal publicar para 2015 y para 2016 un nuevo decreto, que considere los puntos de acuerdo aquí descritos y que como lo determina el TLCAN y el Anexo 300-A.2, disposición 24 donde a la letra dice:

A partir del 1 de enero del 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados provenientes del territorio de Canadá o Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad.

Undécimo. La creación de comités de importadores, comercializadoras, vendedores y organizaciones que se encuentren involucradas en este rubro, participen como órganos de consulta en las mesas de trabajo intersecretarial, con base a su experiencia a fin de hacer más eficiente las reglas de operación, con ello buscar el mejor beneficio que se requiere para el mejor desarrollo de la comunidad.

Duodécimo. Buscar mecanismos para facilitar la regularización de los vehículos que se encuentran circulando de manera informal en el país y determinar de manera concreta la protección del  patrimonio de las familias mexicanas que se encuentren en tal situación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex LeBaron González, Daniel Torres Cantú, María Ávila Serna, Cándido Ochoa Rojas (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la implantación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6° fracción I y 79 numeral 2, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, producto de una recomendación de las Naciones Unidas al gobierno mexicano en el 2003, que consignaba que en el exterior se veía nuestro sistema como anacrónico.

Con la reforma, vinieron una serie de modificaciones, mismas que transformaron por completo el Sistema de Justicia Penal, pasando de un modelo de tipo mixto, a uno primordialmente oral. En este nuevo sistema, de acuerdo con el Código, se deben observar los principios de concentración, publicidad, contradicción, inmediación y continuidad, los cuales quedaron consignados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Vale recordar que con la reforma en materia de seguridad y justicia, se realizaron cambios profundos a diez artículos constitucionales, siete de ellos en materia penal, lo que llevo a la no aplicación de las legislaciones procesales de carácter estatal, a fin de estar en aptitud de operar el Código Nacional de Procedimientos Penales  y con ello sentar las bases de un cambio de modelo inquisitivo a uno que respondía más a una lógica acusatoria penal. Lo anterior, se traduce en un sistema que cuenta con mayor transparencia y es cualitativamente más eficiente, todo esto con un potencial menor costo en recursos públicos y en tiempos.

Se le dio un plazo de ocho años a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para terminar con la implementación del nuevo sistema en todas las entidades federativas, hoy, estamos a poco más de 200 días para que termine el plazo concedido para que la SETEC termine de cumplir con el encargo.

La SETEC ha finalizado con la implementación en los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, México, Morelos, Querétaro y Yucatán; sin embargo, es de hacer notar que los estados de  mayoría de los estados (Ver tabla), culminarán con el proceso durante el año entrante, lo cual no es óbice para colegir que su ejercicio necesita un monitoreo por parte de éste órgano legislativo que permita al legislador vigilar la correcta  ejecución tanto de los recursos, los principios rectores del sistema, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es menester destacar que en los estados de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, ni siquiera se ha fijado la fecha en la que se habrá de terminar de implementar la reforma, debido a que depende de distintos factores como son: la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en cada estado o de la designación de la fecha por parte de las autoridades competentes.

Adicionalmente, en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el Distrito Federal, se ha implementado de manera parcial, en algunos casos ha entrado en vigor en ciertos municipios y en otros como es el caso del Distrito Federal, entró en vigor para efectos de ventilar bajo el nuevo sistema, delitos de querella y no graves.

Es menester destacar que para la implementación de este sistema, se han gastado miles de millones de pesos desde la aprobación de la reforma. Cabe destacar que entre 2014 y 2015 se han asignado casi 1,842 millones de pesos para la implementación y/o ejecución del sistema en los estados.

Es nuestra obligación como diputados, vigilar el estricto y correcto uso y destino de los recursos entregados a las entidades federativas y a la SETEC para la implementación del sistema en comento.

En este sentido, considero prudente crear una Comisión Especial  para efecto de coadyuvar en la implementación  ejecución del sistema, así como para dar mayor certeza, claridad, al tiempo fortalecer  este nuevo Sistema, teniendo en consideración que a pesar de que ya hay experiencias estatales esto no limita el perfeccionamiento de los marcos normativos que lo rigen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, emitir el acuerdo de creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas será: investigar, estudiar y realizar trabajos de manera coordinada con el órgano implementador con el fin de monitorear la puesta en marcha de este nuevo sistema, así como vigilar el estricto y correcto uso y destino de los recursos entregados a las entidades federativas y a la SETEC para la implementación del sistema en comento.

Tercero La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, estará formada por doce integrantes que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2016.— Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INTEGRE Y DIFUNDA EL PADRÓN NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, EN LOS TÉRMINOS QUE LO ORDENA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a integrar y difundir el Padrón Nacional de la Microindustria, en términos del artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Eva Florinda Cruz Molina, integrante de la LXIII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia del proceso legislativo en relación con los artesanos y las artesanías, se ha caracterizado por la negativa del ejecutivo federal, de las comisiones dictaminadoras del poder legislativo y del pleno de los diputados, de no aceptar o conceder, una ley propia que regule la actividad artesanal; no obstante los reconocimientos realizados en estudios, foros, exposiciones, ferias, iniciativas y dictámenes, de la importancia productiva de este sector social en la actividad económica nacional.

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal es un híbrido que da cuenta de lo dicho anteriormente. El primer antecedente del esfuerzo frustrado por conseguir una ley propia que se registra en los archivos de esta Cámara de Diputados, es la Iniciativa de Ley Federal de Protección y Fomento de la Producción de Artesanías presentada por la Comisión de Artesanías y turnada para su dictamen a las comisiones unidas de Comercio y Artesanías de la LIV Legislatura.

En los considerandos expuestos en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Artesanías ante el pleno para negar una ley propia a los artesanos y sus artesanías, se comienza por reconocer que la actividad artesanal propicia la creación de empleos y es fuente permanente de ingresos económicos que favorecen el desarrollo regional y reduce la emigración; conserva el patrimonio cultural y que sus expresiones más originales se producen en el medio rural o en las pequeñas poblaciones.

Enseguida, con fundamento en estas consideraciones, se estimó indispensable reconocer al artesano como persona física, como agente productor de manufacturas calificadas de artesanías, con la finalidad de dotarlo de personalidad jurídica, para los efectos de que su actividad contara con los apoyos crediticios y vías de comercialización y para ello, se propuso el reconocimiento legal mediante un procedimiento administrativo simplificado. El reconocimiento legal, -se dijo- habría de plantearle al artesano nuevas perspectivas y el acceso a otros derechos.

Se argumentó en aquella ocasión, que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, comprendía en su normatividad todos los aspectos que requería la artesanía para su reconocimiento legal, por lo que se incorporó la artesanía a este marco legal reformando los artículos 1º, 3º, 4º, 9º, 11, y 13, y adicionando los artículos 7º con la fracción IV; 20, con un segundo párrafo; 22, con un tercer párrafo y 37 con la fracción IX.

Así nació la denominada Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, que fue su antecedente, ya contenía en su artículo 20, la obligación para la Secretaría –ahora Secretaria de Economía- de integrar el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas.

Destaca la adición al artículo 20 en este proceso de reformas y adiciones, que estableció en un segundo párrafo, que en el Padrón Nacional de la Microindustria a que la ley obliga en su primer párrafo, el Padrón contara con una sección para las personas físicas y morales que se dediquen a la producción de artesanías.

Una evaluación actual de la situación económica y social de los artesanos del país, y de la instrumentación de políticas públicas en su beneficio, pasa por la revisión de los resultados de la aplicación de este pobre marco legal en favor de los artesanos y remite particularmente, al estudio del Padrón Nacional de la Microindustria en su sección de artesanías, que al parecer no existe, porque se le ha solicitado a la Secretaría de Economía sin respuesta satisfactoria; no obstante que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, señala como una de sus líneas de acción, “estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas”.

En efecto, en base a este ordenamiento se le solicitó a la Secretaría de Economía el Padrón Nacional de la Microindustria para ver y estudiar la sección de las personas físicas y morales dedicadas a la producción de artesanías. De las respuestas obtenidas se ha llegado a la presunción de que el Padrón Nacional de la Microindustria no existe, de que a la fecha, no ha sido integrado.

En respuesta al comunicado de la Presidencia de la República en relación a la solicitud con el número de folio 20160112CRMENBEX de la ciudadana Eva Florinda Cruz Molina para conocer el Padrón Nacional de la Microindustria, se proporcionó la siguiente información:

<< Cómo bien lo señala usted, la “Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal”, en su última reforma publicada DOF 09-04-2012, artículo 20 que a la letra dice: “la Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al Capítulo VII de la presente Ley”, también señala en su artículo 15 párrafo último que: “El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía podrá suscribir convenio con los Gobiernos de los Estados para delegar las facultades previstas en el presente artículo y capítulo de la ley y con ello facilitar los procedimientos de constitución de empresas microindustriales”. Así mismo, en su artículo 17 señala que: “Las sociedades constituidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, podrán obtener de la Secretaría o de las autoridades en quienes hubiere delegado esa función,la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, así como la cédula que las acredite como empresas microindustriales y, consecuentemente, alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento proceda conforme a esta Ley u otras disposiciones”.

Por lo anterior y derivado de las facultades descritas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, le hago mención que la unidad que opera el Padrón que usted solicita es la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal >>.

Como puede notarse, aún en el caso de delegación de atribuciones legales a las entidades federativas, no se puede responder que su operación está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, porque no es de alcance o cobertura nacional, y en abono a la argumentación que nos asiste, se menciona en la respuesta recibida, que las sociedades podrán obtener la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, y el Padrón del Distrito Federal, o de cualquier otra entidad federativa, no es equivalente al Padrón Nacional de la Microindustria, el que se presume por las respuestas obtenidas, de que no ha sido integrado.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a integrar y hacer público el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas, en los términos que lo ordena el artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a acordar la firma del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores de éste y evitar la huelga a que se halla emplazado, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Rodrigo Abdala Dartigues, Juan Romero Tenorio,diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6 numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el 6 de mayo de 1976 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se crea un organismo técnico administrativo dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y en él se establece que el objetivo de esta Comisión era “formular y mantener actualizado un Plan Hidráulico Nacional de la República Mexicana” para que se “atienda con la eficacia, rapidez y oportunidad que el desarrollo del país requiere, la planeación, estudio y solución a los problemas del uso del agua para riego, agua potable, acuacultura y drenaje”.

Segundo. Que el 7 de agosto de 1986 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el organismo técnico administrativo denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y a partir de ese instante será un órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se denominará Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

En este Decreto se establece que “el Instituto tendrá como objeto desarrollar la tecnología y los recursos humanos calificados que sean necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua, a corto y largo plazos”, y que para lograr lo anterior tendrá, entre otras, las facultades de “orientar, promover y realizar los programas de investigación, capacitación y divulgación científica y tecnológica para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos” así como planear y coordinar los programas y proyectos de competencia” además de “proponer orientaciones de política hidráulica nacional”   

Tercero. Que el 21 de mayo de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, reglamentaria de la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estable los principios conforme a los cuales el Gobierno Federal “apoyará las actividades de investigación científica, tecnológica y de desarrollo tecnológico que realicen personas o instituciones de los sectores público, social y privado” y “establece los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, con “los gobiernos de las entidades federativas” y las formas de fortalecimiento y evaluación de gestión de las entidades paraestatales cuya labor sustantiva sea la investigación científica o tecnológica, además de “vincular la investigación científica y tecnológica con la educación”.

Cuarto. Que el 30 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se transforma el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de un órgano desconcentrado a cargo de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dictará las políticas normativas, coordinará la programación y conocerá la operación y los resultados, conservando el Instituto la autonomía de gestión para el cabal cumplimento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene como objeto y atribuciones predominantes según los artículos 2 y 3 del mismo Decreto, la de realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así como realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la ejecución de su objeto investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Quinto. Cabe resaltar que a lo largo de su existencia el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuenta con 1754 proyectos realizados y ha logrado consolidarse como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, además de colaborar en el desarrollo de las capacidades institucionales, técnicas y profesionales del propio sector. Para ello, ha contribuido con la aportación de propuestas dirigidas a resolver problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, el saneamiento, la preservación y administración del recurso.

Entre ellas destacan:

Una metodología que atiende en forma integral las pérdidas de agua por fugas en tuberías y accesorios.

La metodología y diseño y construcción de dispositivos de aireación forzada para introducir oxígeno en lagos y lagunas.

Estudios experimentales para aplicarse en el diseño, construcción y operación de obras de infraestructura hidráulica.

Elaboración de modelos numéricos para comportamiento acuíferos y pronósticos de la atmósfera.

Estudios para identificar tipos y grados de la contaminación del agua.

Estudios hidrometeorológicos, hidrodinámicos, limnológicos y sociales para  elaborar diagnósticos socioambientales de ríos y lagunas.

Definición de criterios de diseño de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales.

Desarrollo y aplicación de métodos para el control integral de malezas acuáticas en lagos, vasos y presas.

Desarrollo de un sistema computacional para programación de riego en tiempo real.

Un programa para rehabilitación de suelos ensalitrados.

Producción y difusión de unidades educativas audiovisuales para modificar hábitos de la población en cuanto al desperdicio y contaminación del agua.

Edición de la revista Tecnología y Ciencias del Agua (antes Ingeniería Hidráulica en México), foro de intercambio científico y tecnológico en ingeniería del agua.

Diseño y operación de programas de capacitación en riego y drenaje; agua potable, alcantarillado y saneamiento; aguas superficiales e ingeniería de ríos y administración del agua.

Cabe mencionar que varios investigadores del IMTA ocupan cargos honoríficos es asociaciones, academias e institutos de educación superior; así como representaciones en diversos comités editoriales y de organización de congresos, seminarios y simposios relacionados con el sector agua. Complementariamente, ha brindado múltiples asesorías en temas hidráulicos a instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo en los laboratorios del Instituto, se han diseñado algunas de las principales obras hidráulicas recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el Instituto ha generado conocimiento de gran importancia,  documentado en el Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y prever en nuestro país los efectos de este fenómeno. También, ha diseñado el doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, modalidad a distancia, para fortalecer las actividades relacionadas con la gestión integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa.

Sexto. Sin embargo, a pesar de sus logros técnicos y científicos los trabajadores, profesionistas especializados que laboran en el IMTA no han podido ejercer, hasta la fecha, de los derechos laborales plenos que les corresponden conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En este orden de ideas, a fin de garantizar la defensa de sus derechos laborales, los profesionistas especializados de la institución demandaron la creación de su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013, la autoridad laboral otorgo la toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

A partir del registro, se ha emplazado a la Institución a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, no obteniendo a la fecha acuerdo formal para el reconocimiento del derecho pleno de la Contratación Colectiva de los Trabajadores, generándose de manera innecesaria y artificial un conflicto de orden laboral.

El 10 de mayo de 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgó formal y legalmente el registro 6124 al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Ante la negativa de los directivos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para firmar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para estallaría el 30 de junio de 2015.

El 30 de junio de 2015, estando reunidos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se negaron a tratar el tema del Contrato Colectivo de Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación, pese al inminente estallamiento de huelga, negándose incluso a que se decretará una prórroga la finalidad de que en ese lapso se pudiera resolver el conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el IMTA. El mismo 30 de junio de 2015, el sindicato, exigió a los funcionarios de la Junta que, ante la cerrazón y negativas del patrón, le impusiera la prórroga, lo que finalmente ocurrió y se impuso la prórroga aplazando tres meses el estallido de la huelga, pasándola para el 25 de septiembre de 2015 a la 22:00 horas.

Ante la prórroga, en junio de 2015 pasado, las autoridades del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) interpusieron una demanda de juicio de amparo contra la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje para buscar suspender el emplazamiento a huelga.

El 28 de agosto de 2015, la Junta de Conciliación y Arbitraje, realizó la primera audiencia de conciliación entre los directivos del IMTA y el Sindicato, para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de esta manera, evitar la huelga. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo entre autoridades y trabajadores por lo que la amenaza de suspensión de actividades aún está latente con todos los efectos negativos que podría ocasionar una medida de esta naturaleza.

Séptimo. Es necesario señalar que los trabajadores están en todo su derecho a organizarse y pedir la contratación colectiva. La constitución y la ley así se los permiten. Por lo que resulta inexplicable la actitud de cerrazón de las autoridades que actualmente encabezan el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para impedir el ejercicio de un derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 fracciones XVII y XVISe exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua parta que con pleno apego a los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua II establece:

“XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.”

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 387 señala:

“Artículo 387.-El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo.

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450”.

El término Negociación Colectiva indica un proceso que permite que las condiciones de trabajo y de empleo se fijen de común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. En el mundo del empleo, la Negociación Colectiva brinda un medio para defender los intereses de los trabajadores y para mejorar las condiciones del nivel de vida del hombre que trabaja.

El Diccionario Jurídico Mexicano concibe a la Negociación Colectiva como “el conjunto de acuerdos de carácter extrajudicial que concertan los representantes de los factores de la producción, trabajo y capital, respecto de conflictos internos de organización y administración que surgen en las relaciones laborales de las empresas o negociaciones, discusiones relacionadas con asuntos de disciplina interna, distribución de labores, cumplimiento y observación de los contratos de trabajo, que llevan a cabo comisiones integradas con los representantes de los  trabajadores y de los patronos. Pláticas en las que se convoca tanto a sindicatos como a empresarios para encontrar soluciones a problemas de trabajo”.

La finalidad de esta institución es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe la negociación (contrato o convenio colectivo de trabajo); lo que se busca es llegar a un arreglo o acuerdo de buena fe entre las partes. Cabe señalar, que en la mayoría de las veces como medida de presión para llegar a la negociación y hacer cumplir los acuerdos cuando consideran que no han sido respetados, los trabajadores pueden ejercitar el derecho de huelga, aunque coincidimos con el laboralista Rolando Murgos T. quien afirma que “dentro de la negociación colectiva, para alcanzar el resultado derivado de un acuerdo entre las partes, pueden utilizarse diversos medios (trato directo, conciliación o mediación). No necesariamente la negociación colectiva supondrá la utilización de la autotutela (huelga) que implica la identificación de un acto de conflictividad, pero no podrá olvidarse que la huelga, como instrumento nivelador del poder de negociación gravitará en todo caso en la negociación, sea que se ejerza o no”.

La Negociación Colectiva es un mecanismo para fortalecer y mejorar las condiciones en que los trabajadores desempeñan sus actividades, pues es obligación de los sindicatos llegar a acuerdos con los patrones para mejorar el nivel de desempeño del trabajador y por consecuencia mejorar, incrementar y optimizar la producción de las empresas haciendo que éstas tengan un mayor crecimiento y así proporcionar a sus trabajadores las mejoras que ellos requieren; cabe señalar, que nuestra ley laboral prevé la negociación colectiva respecto de los salarios (revisión salarial anual) y la revisión general de las condiciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (negociación colectiva de las prestaciones generales) y que se prevé se debe realizar cada dos años.

En el ámbito internacional la Negociación Colectiva es una manifestación particular del diálogo social, que está considerado como un derecho fundamental integrante de la libertad sindical.

Mundialmente este derecho se encuentra garantizado en los Convenio 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto, la negociación colectiva es la forma habitual de regular las condiciones de trabajo en las empresas mediante un convenio colectivo típico que es el producto de esa negociación, de un procedimiento esto es, el pacto social propiamente dicho.

El diálogo y la prudencia deben ser los principios rectores entre autoridades y trabajadores. Una institución pública de la naturaleza e importancia de las labores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), no pueden ponerse en riesgo por la falta de cumplimiento del más elemental de los derechos de los trabajadores, la organización colectiva.

Por las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua parta que con pleno apego a los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1976 páginas 18 y 19 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4844742 &fecha=06/05/1976&cod_diario=208414

2 Diario Oficial de la Federación 7 de agosto de 1986 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4804200 &fecha=07/08/1986

3 Diario Oficial de la Federación 21 de mayo de 1999 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948704 &fecha=21/05/1999

4 Diario Oficial de la Federación 30 de octubre de 2001 https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=1&cad=rja&uact=8 &ved=0ahUKEwjf5Mets6DLAhVGwGMKHas9B2EQFggdMAA &url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D760175%26 fecha%3D30%2F10%2F2001&usg=AFQjCNHGQ8N2VWDeyy_62zU3CEDX74iJCg

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

7 Ley Federal del Trabajo

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ doc/125_120615.doc

8 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, T. L-O, México 1982, Pág.181.

9 3 Cit por. De Buen Lozano, Néstor, et al, Memoria del VII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo. “Conciliación”, Talleres Gráficos, Mexicali, B.C., 1995, Pág. 119

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado: Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el Poder Ejecutivo de Oaxaca a dar por la Dirección de Caminos y Aeropistas del estado mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera local, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada federal Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes de un lugar a otro, utilizando las diversas vías de comunicación. Los medios de comunicación como las carreteras y caminos son de importancia fundamental para el desarrollo económico de cada localidad.

Las comunicaciones entre las poblaciones, mejoran la calidad de vida y garantizan la comunicación y traslado de los habitantes, la ampliación de servicios de infraestructura carretera son de suma importancia para cada uno de los municipios que integran las ocho regiones del estado de Oaxaca, como son: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan y Valles Centrales; porque muchos de ellos no tiene los recursos necesarios para modernizar, ampliar, construir y realizar las obras carreteras, que desde luego son de suma utilidad para trasladar todo tipo de mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados, así como el traslado de personas, que les permita un mayor desarrollo económico, social, turístico, para lograrlo se requieren vías de comunicación y vehículos que transiten por carreteras transitables y seguras.

Un reclamo generalizado de los pueblos, comunidades y sectores del transporte público en el estado de Oaxaca, es contar con mejores vías de comunicación; no como se encuentran actualmente en mal estado, con baches, totalmente destruidas, lo que ha ocasionado múltiples accidentes automovilísticos y pérdidas humanas.

Por señalar se tiene pendiente la conclusión de la súper carretera a las regiones del Istmo y de la costa, responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Así como la ampliación, rehabilitación y rectificación de la carretera Juquila- Río Grande, que facilitaría el transporte a la zona de Puerto Escondido y Huatulco.

El olvido de las carreteras de la región de la Mixteca; se encuentra pendiente la terminación de las obras de conservación de las carreteras federales y caminos del estado, específicamente en la carretera 125-Alfonso Pérez Gazga en su tramo Yucudaa-Tlaxiaco y 190 en el tramo Nochixtlán-Huajuapan, ya que se encuentran en pésimas condiciones; así como la carretera Huajuapan con dirección a Acatlán de Osorio, Puebla, con enormes baches en la carretera que ha provocado cuantiosos daños a las unidades de motor principalmente a los vehículos del transporte público. El mal estado en el que se encuentra la carretera federal Huajuapan-México a la altura de la agencia Agua Dulce,  ha dejado como resultado que comerciantes con destino a la Ciudad de México, sufrieran volcaduras al salirse de la carpeta asfáltica por esquivar baches; El mantenimiento de las carreteras Huajuapan-Mariscala, Tamazulapan-Teotongo, Santiago Cacaloxtepec, Villa de Tezoatlán de Segura y Luna y la pavimentación de la carretera de terracería Teotongo a San Pedro Nopala, municipios de la región mixteca del estado de Oaxaca.

De igual manera, en la Sierra Norte, se requiere el mantenimiento de las carreteras estatales de San Francisco Ozolotepec- Miahuatlán; San Carlos Yahutepec-Miahuatlán y Miahuatlán los Coatlanes, lo anterior para el desarrollo del comercio en la esa zona.

Oaxaca tiene un rezago en sus vías de comunicación, en sus caminos, que es preciso superar para alcanzar la prosperidad, debe contar con caminos de calidad, si se busca que el bienestar, es indispensable que cada carretera, cada camino, cada vía rural esté en buenas condiciones para elevar la calidad de vida de los oaxaqueños.

Consideraciones

Es necesario que las instituciones encargadas de velar por que estos medios de comunicación sean los idóneos para transitar, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); y la Dirección de Caminos y Aeropistas del Gobierno del Estado de Oaxaca, (CAO), cumplan cabalmente con sus funciones, atribuciones y objetivos que tienen señalados por ley; como es llevar a cabo acciones conjuntas de colaboración y coordinación en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos y en su caso servicios auxiliares y conexos a los mismos, que deriven de programas propios o convenios con la Federación, municipios o particulares.

La misión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es  promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país ampliando la cobertura; y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

El objetivo de la Dirección General de Caminos y Aeropista de Oaxaca de Gobierno del Estado Oaxaca, CAO se centra en promover y facilitar la integración de las distintas regiones que conforman la entidad, mediante la construcción de los ejes carreteros, la modernización de la infraestructura y la construcción de los caminos rurales y puentes necesarios para la promoción del desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

Por lo antes expuesto,  podemos concluir que las ocho regiones del estado de Oaxaca, han sido afectadas por la destrucción y deterioro de sus carreteras y caminos; que están totalmente intransitables, por ello, y en base a la urgente necesidad  y reclamo de los ciudadanos de los pueblos y comunidades afectadas y a las peticiones realizadas por las autoridades municipales de esas localidades, que les imposibilita transitar y comunicarse, ante el olvido y la falta de atención en el mantenimiento y rehabilitación por parte de las instituciones competentes, quienes incumplen con sus objetivos encomendados como institución, no puedo ser omisa y me permito realizar atento exhorto para que se atienda a estas comunidades en términos de eficiencia y eficacia, comprometiéndose a cumplir con la calidad y las especificaciones indicadas en las normas técnicas y especificaciones generales y particulares en el sector carretero, cumpliendo con la ley y servicios relacionados con las mismas, además de brindar un trato cordial y oportuno.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se coordinen y coadyuven para  dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL CEAMEG DE LA LXIII LEGISLATURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración del comité del CEAMEG de la LXIII Legislatura, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), está integrado por personal especializado capaz de realizar investigaciones, análisis y documentos de apoyo con el fin de que las diputadas y diputados puedan utilizarlos para legislar con perspectiva de género y de esta manera, se impulse el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres de manera transversal en la legislación.

La creación del CEAMEG, tiene su origen en el decreto que reformó el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2005.

Desde su creación, el CEAMEG, tiene la obligación de prestar de forma objetiva, imparcial y oportuna, asistencia técnica en materia de género, para contribuir a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género en las iniciativas de ley; lo que implica generar información y conocimientos jurídicos, legislativos, históricos, sectoriales, estadísticos, económicos, políticos y sociales e incluso tecnológicos con perspectiva de género, sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el Estado mexicano.

Como representantes de la sociedad en el Poder Legislativo, requerimos información, elementos técnicos y teóricos que nos permitan realizar iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo relacionados con el reconocimiento, respeto, exigibilidad, justiciabilidad y promoción de los derechos humanos de las mujeres para asegurar una sociedad más justa y equitativa.

Otro aspecto relevante, consiste en las investigaciones que el CEAMEG realiza para conocer e integrar en el sistema jurídico mexicano, los derechos y principios contenidos en los instrumentos internacionales reconocidos, para que estos puedan ser incorporados a nuestra legislación y con ello, cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

Como puede observarse, la armonización y elaboración de iniciativas en materia de género es compleja y amplia, por ser interinstitucional, transversal y de impacto en los tres poderes; por esta razón, se requiere fortalecer mediante el Comité del CEAMEG, un centro de estudios que responda a este gran reto y, sobre todo, que lo convierta en un órgano versátil, dinámico, creativo, eficaz, eficiente y capaz de responder a la actual dinámica nacional y de grandes cambios internacionales en la materia.

A la luz de lo anterior, en la actual legislatura, se deben impulsar acciones y una cultura legislativa incluyente que fomente la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas de ley a fin de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Por tal motivo, es urgente realizar acciones mediante el Comité del CEAMEG, que contribuyan a incorporar en las agendas legislativas, los conceptos y categorías básicas que incorporen la perspectiva de género en los instrumentos legislativos, a partir de:

• La incorporación de instrumentos y derechos con perspectiva de género,

• La incorporación de dispositivos que integre a las mujeres en los marcos normativos,

• Impulsar en las iniciativas y dictámenes, la perspectiva de género y acciones afirmativas,

• Incorporar conceptos y categorías de género en los instrumentos legales,

• Incorporar el principio de igualdad de género en las propuestas legislativas,

• Evitar la discriminación de género o el lenguaje sexista a la hora de legislar,

• Integrar los derechos humanos con perspectiva de género en los instrumentos e iniciativas legislativas,

• Realizar de manera progresiva, la transversalización de la perspectiva de género,

• Fortalecer la perspectiva de género en todas las propuestas legislativas,

• Fortalecer la perspectiva de género en el PEF y el presupuesto etiquetado,

• Integrar el lenguaje incluyente en cada propuesta e instrumento legislativo,

• Asegurar iniciativas de ley que contribuyan a erradicar la violencia de género y el sexismo.

En este sentido, el Comité del CEAMEG, a través del centro de estudios, puede contribuir a impulsar la difusión de tales acciones mediante lo siguiente:

• Las redes sociales,

• Boletines electrónicos,

• Cursos, seminarios, talleres, conferencias, foros;

• Libros,

• Publicaciones en revistas científicas y especializadas,

• Presencia en foros y conferencias nacionales e internacionales, entre otras.

Respecto a lo anterior dichas acciones pueden traducirse en acciones transversales en los siguientes términos:

1. Poder Ejecutivo

• Acciones afirmativas,

• Políticas públicas incluyentes de fortalecimiento y mejoramiento del nivel de vida de las mujeres,

• Fortalecimiento de las leyes para que los reglamentos, acciones y disposiciones se apeguen a la igualdad de las mujeres,

• Continuar con la transversalización de la igualdad de género,

• Fortalecimiento de la especialización de las policías con perspectiva de género para una debida atención en lo referente a las violencias y contra el feminicidio.

2. Poder Judicial

• Fortalecimiento de la especialización de impartición de justicia con perspectiva de género,

• Fortalecimiento de las acciones afirmativas en el poder judicial,

• Impulso de los juzgados especializados en impartición de justicia con perspectiva de género.

3. Poder Legislativo

El CEAMEG, mediante el apoyo en el marco de las facultades del Comité del CEAMEG, puede impulsar la difusión de los elementos técnicos necesarios para que mediante iniciativas de ley se fortalezca todo lo anterior.

Finalmente, es importante mencionar que la Junta de Coordinación Política al estructurar el comité plural de diputadas y diputados que integrarán el CEAMEG, fortalecerá el cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad que establece el marco legal en el que se inscribe el CEAMEG, como hasta la fecha lo ha venido realizando en beneficio del trabajo legislativo en su conjunto y, de ninguna manera, para el desempeño específico de un diputado o grupo parlamentario, porque en esencia, su función, está comprometida con hacer visible los derechos humanos de las mujeres, las violencias existentes, sus aportaciones económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas que las mujeres realizan en beneficio de nuestro país, por ello, la Cámara de Diputados como Poder Legislativo, debe retomar todas esas aportaciones para traducirlas en instrumentos que perfeccionen nuestro sistema jurídico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del CEAMEG con el fin de que a la brevedad sea instalado y se fortalezca el trabajo legislativo de esta LXIII Legislatura en materia de igualdad de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CONDENA EL ASESINATO DE LA DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE BERTA ISABEL CÁCERES FLORES, EL 2 DE MARZO EN TEGUCIGALPA, HONDURAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la defensora del ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, ocurrido el 2 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de marzo, la defensora indígena de los derechos humanos y el medio ambiente, Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada por hombres armados en su casa, en el departamento de Intibucá, al oeste de Tegucigalpa, Honduras.

Durante el asesinato, Gustavo Castro Soto, sociólogo mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), resultó herido, logrando sobrevivir y convirtiéndose en un actor fundamental para el esclarecimiento del asesinato político de Berta.

Este crimen ha indignado al mundo entero.

Debido a su incansable lucha en defensa del territorio Lenca, Berta Cáceres había sido objetivo de amenazas, hostigamiento y persecuciones del Estado hondureño, grupos paramilitares y sectores de la empresa privada dedicados a proyectos hidroeléctricos.

La situación en torno a la situación de riesgo de las personas defensoras del medio ambiente, fue reflejada en un informe titulado “¿Cuántos más?” de la organización Global Witness, en el que se señala que durante el año 2014, Honduras fue el país que registró más asesinatos per cápita de defensores del ambiente en todo el mundo.

De 116 muertes de ambientalistas que se documentaron en un año, casi tres cuartas partes ocurrieron en Latinoamérica, especialmente en Honduras, Brasil y Perú. La situación es alarmante.

En este contexto de vulnerabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Berta Cáceres con el propósito de proteger su vida. Sin embargo, ningún elemento de las fuerzas de seguridad del país hondureño estuvo presente para impedir el asesinato que hoy lastima a la sociedad civil mundial.

Berta Cáceres no sólo fue una distinguida activista, sino una inspiradora de la lucha social. En abril de 2015 recibió el premio Goldman por su trabajo en la defensa del territorio Lenca amenazado por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la transnacional china Sinohydro y la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA).

Su asesinato, ni el de ninguna otra activista en el mundo puede olvidarse y quedar en la impunidad. Tan sólo en México entre 2010 y 2015 se registraron 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas, ¿cuántos de ellos han sido esclarecidos y los culpables castigados? ¿Cuántas personas defensoras más perecerán en el ejercicio de su labor en la total impunidad e indiferencia estatal?

Los gobiernos del mundo no pueden seguir ajenos a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. La labor de este grupo debe ser garantizada, así como su seguridad e integridad. Por todo ello, como representantes públicos, debemos sumarnos a la condena mundial de este asesinato y demandar la seguridad de nuestro connacional, víctima también en este artero crimen.

Por otro lado, el mexicano Gustavo Castro Soto ha sido retenido en Honduras bajo la figura de “medida de permanencia” a pesar de que ya había declarado en dos ocasiones, lo que podría conducir a una situación de revictimización y riesgo, a pesar de contar con asistencia consular y bajo el resguardo de la Ley de protección a testigos en el proceso penal de aquel país. La situación de inseguridad y violencia contra las personas defensoras que se vive en Honduras hace especialmente delicada la situación en que se encuentra nuestro connacional, como único testigo del crimen.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:

Primero.Condena el homicidio de la defensora indígena del medio ambiente, Berta Cáceres, hace votos por su pronto esclarecimiento y la presentación de las personas responsables ante la justicia, y se solidariza con todas las mujeres defensoras de la región de América Latina.

Segundo.Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a  garantizar la seguridad, integridad y el pronto retorno a nuestro país del C. Gustavo Castro Soto y a plantear por todos los medios diplomáticos la enérgica condena de México hacia este crimen y hacia la situación de violencia que impera en Honduras.

Notas:

1 Cibersomosaguas. “Posicionamiento ante el asesinato de Berta Cáceres” Consultado el 6 de marzo de 2016 en http://cibersomo saguas.net/2016/03/posicionamiento-ante-el-asesinado-de-berta-caceres/

2 Martins, A. “Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Consultado el 6 de marzo de 2016 en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_ honduras_berta_caceres_am

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ASESINATO DE MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, del municipio de San Fernando en Tamaulipas se encontraron muertos 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos, de los cuales fueron hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y brasileños; en total 58 hombres y 14 mujeres.

En toda la historia de México este hecho es una de las mayores matanzas cometidas contra migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos de América para encontrar una mejor vida.

Ante esta masacre inhumana no es concebible que las autoridades competentes para dar respuestas a estas lamentables pérdidas humanas no tengan ninguna línea de investigación real de los hechos sucedidos ese día y ni tampoco rendir cuentas de la identificación de los restos.

Desde hace años el gobierno federal no ha hecho justicia a esta masacre, tal es así que se entregaron restos de cuerpos de los migrantes no comprobados por algún documento oficial que acredite el reconocimiento de los cadáveres, errores al enviar restos a destinos diferentes a su país natal, enviar féretros vacíos y cajas de cenizas sin ningún expediente que prueben genéticamente el contenido de los féretros.

Este acto irracional cometido en territorio nacional no debe quedar impune y sobre todo las familias afectadas deben recibir de las autoridades mexicanas la transparencia del caso, la explicación de lo que ocurrió realmente, certeza de la identificación de los cuerpos y los resultados del seguimiento de la investigación.

Tras una reunión con la Procuraduría General de la Republica, PGR, con las familiares afectados, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Jorge Mario Pardo obligó a la PGR a abrir los expedientes de la masacre en San Fernando, con un proyecto de sentencia que propuso acerca del reconocimiento de familiares de migrantes masacrados, como víctimas directas; en donde logro el reconocimiento a familiares de dos salvadoreños por parte de SCJN.

Sin embargo la PGR debe reparar los daños de todas las muertes y darle seguimiento a cada caso, ya que a cinco años seis meses se refleja el desinterés y la impunidad de este lamentable suceso en donde actualmente hay ocho detenidos y ningún sentenciado; por si fuera poco los familiares han sufrido maltrato y graves violaciones a sus derechos humanos por la falta de respuesta del Estado mexicano.

Esta situación evidencia la falta de políticas públicas para proteger a los migrantes centroamericanos, el cual aumenta definitivamente la presión al gobierno para dar una respuesta.

Por eso el Grupo Parlamentario de Morena está indignado ante esta situación y no permitiremos que esto siga ocurriendo, debemos acabar con las violaciones de los derechos humanos de los migrantes; porque este hecho es inaceptable, irreparable e imperdonable.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la Republica, Arely Gómez para que a través del titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, haga públicas las indagatorias en el marco de la ley, referentes a la masacre cometida en contra de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

REVISAR QUE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE TIENE ACTUALMENTE, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY Y PRESENTEN LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL ESTADO MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a revisar que los contratos de arrendamiento vigentes cumplan los requisitos de ley y garanticen las mejores condiciones económicas para el Estado, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Efraín Arellano Núñez, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Vital e importante fue realizar las reformas en materia energética, ya que con ello estamos atrayendo capital privado que en conjunto con el de la empresa de estado más importante de nuestro país, garantizamos la estabilidad en diversos rubros.

Los actuales precios del crudo han mermado varios sectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), cierto es que la tendencia es que fluctué y que a mediano plazo el precio del barril se pueda recuperar para subir los costos y más adelante poder sacar petróleo de aguas profundas.

La responsabilidad de Pemex con los ciudadanos fue de recortar en 100 mil millones de pesos, que saldrán derivados de menor producción y de recortes en áreas específicas, el reto es grande y requiere del esfuerzo conjunto.

Pemex está iniciando la transformación, que debió ser mínimo dos décadas atrás, la empresa de los mexicanos saldrá adelante con números positivos en cuanto se regularice el precio del crudo a nivel mundial.

El recorte presupuestal en Pemex aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado rumbo al cambio de régimen jubilatorio de los trabajadores y deberá estar listo en agosto de este año, donde empresa y Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, están elaborando una lista de reestructura que deberá entregarse a más tardar en mayo próximo.

Los recortes requieren del esfuerzo de varios sectores de la empresa, pero se garantiza la sanidad financiera, para comenzar el alza en números positivos, que ya se requieren.

Dichos recortes son bien vistos en el ámbito internacional, y se refleja en la consolidación del peso, en la baja inflación y el crecimiento económico del país, en el mediano y largo plazo dará viabilidad a Pemex y repuntará en sus números.

Ante este panorama es necesario que Pemex no genere nuevos contratos y gastos que mermen su capacidad. Se debe trabajar con lo que se tiene e incluso se deben revisar los contratos que no están debidamente requisitados, como la firma con testigo social, debidamente licitado o con análisis de mercado y con ello decidir incluso la no firma de los mismos o su cancelación.

Lo importante es que no se paguen sobreprecios por los servicios, arrendamientos, compra de materiales e insumos que requiere Pemex, que es importancia de todos los mexicanos, es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que revise que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente cumplan con los requisitos de ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano; y que, en su caso, al tener las mejores condiciones del mercado, los mantenga para evitar gastos en nuevos contratos de arrendamiento y/o de servicio integral, en momentos de recorte.

Nota:

1 Tomado de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-negocia-recortes-con-el-sindicato .html el 1° de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Efraín Arellano Núñez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

RECONOCER Y DIFUNDIR EL NÚMERO DE FEMINICIDIOS REGISTRADOS DURANTE 2015 Y LO QUE VA DE 2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo a reconocer y difundir el número de feminicidios registrados en 2015 y lo que va de 2016, y declarar la alerta de género para disminuir el problema, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo deben mostrar mayor voluntad para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es triste decirlo, y cuesta trabajo creerlo, pero en ese estado sigue siendo un riesgo el ser mujer. Aunque algunos digan que el machismo y la misoginia han disminuido, siguen los actos violentos en contra de las mujeres y, sin duda, el mayor grado de ellos es el feminicidio o femicidio.

Retomando cifras presentadas por decenas de organizaciones defensoras de las mujeres en México, al menos 3 mil 892 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre 2012 y 2013. Todos sabemos que el problema es que las cifras oficiales no reflejan la realidad, es decir, son más los delitos que no se denuncian: hay asesinatos que son feminicidios y no se catalogan como tal. En mi estado en particular, son catalogados como crímenes pasionales, porque desafortunadamente quien asesina más mujeres por razones de género son las parejas de las víctimas.

Todo homicidio evitable de mujeres, por cuestiones vinculadas estrictamente al género, es feminicidio. Es evidente que no todos los fallecimientos de mujeres pueden ser considerados femicidios, pero cuando en los asesinatos existen evidencias claras de violencia, brutalidad, tortura, violación y otros abusos, deben reconocerse como tal y no calificarlos de crímenes pasionales o motivados por una relación tormentosa o celos.

El colectivo Por Nuestros Derechos... Mujeres en Red, que es parte de la Red Nacional del Observatorio sobre feminicidios, realizó una investigación hemerográfica apoyados en dos medios impresos locales Diario de Yucatán y periódico Por Esto de 2007 a 2010. Registraron 30 feminicidios, cuyas historias son casi un guion de una película de terror. A continuación, un caso para ejemplificar:

María del Carmen Kantun Ake vivía en Kanasin, Yucatán, municipio conurbado a la capital. Murió a los 37 años, cuando su pareja, Alejandro Ulloa Barbosa, de 42 años, cegado por los celos y el alcohol, la mató a machetazos. Le provocó heridas profundas en el rostro y cráneo, le cercenó 2 dedos de la mano izquierda... todo esto en presencia de su hijo de 11 años. Apenas 15 días antes el asesino había estado preso por clavar un lapicero en la barbilla a la señora María del Carmen.

En casos más recientes se encuentran los acontecidos el 18 de diciembre de 2015, cuando el cuerpo de Martha Eugenia Martínez Ávila, de 18 años, se encontró desnudo y con huellas de violencia, específicamente de estrangulamiento, en un terreno baldío de Conkal, Yucatán; y el 17 de julio de 2015, Alejandrina Guadalupe Chacón López, de 17 años, fue encontrada muerta en terrenos de Umán, tras 9 días desaparecida. Fue violada antes de ser asesinada de un golpe en el cráneo.

El 30 de enero de 2016, Beatriz G. A. A., de 25 años de edad, fue encontrada muerta entre los escombros de un terreno en Progreso, Yucatán. La familia de la joven aseguró que padecía de sus facultades mentales y que recientemente escapó de casa... pero eso no minimiza el hecho de que su asesinato sea un caso más de feminicidio, pues no importa la condición física o mental de las mujeres, si es una muerte provocada por razones de género, es un feminicidio.

El 15 de julio de 2015, Ariel Aldecua Kuk, fiscal del estado, declaró que Yucatán es un estado libre de feminicidios; Ivonne Ortega, ex gobernadora y actual diputada federal dijo lo mismo. Fueron infames declaraciones. En Yucatán, desafortunadamente, sí hay feminicidio. De igual manera, el gobierno de Quintana Roo insiste en que “son casos aislados” los feminicidios que han ocurrido y niegan categóricamente, sin aportar mayores datos, que existan feminicidios en el estado.

Por ello hago uso de esta tribuna para denunciar errores del actual gobernador, Rolando Zapata, en la materia:

1. La inacción del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán.

2. No existe un observatorio de medios de comunicación de la violencia hacia las mujeres, una base de datos confiable, aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo mandata.

3. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares señala que Yucatán ocupa el cuarto lugar en el ámbito nacional en violencia de género, en esa lógica y para desgracia de muchas, es imposible pensar que no haya asesinatos por razones de género... y el gobierno no lo reconoce.

4. No hay políticas públicas ni programas específicos para prevenir el feminicidio.

Las jóvenes en edades de entre 15 y 39 años son las más expuestas a la violencia de pareja o de cualquier otro agresor, y debe ser motivo de una profunda preocupación el hecho de que en Yucatán la violencia contra las mujeres esté aumentando; yo creo que debe declararse la alerta de género en nuestro estado, pero soy consciente de que no basta con anunciarlo, sino que es necesario emprender políticas públicas y programas para prevenir este mal, así como emprender acciones concretas para proteger y atender a las víctimas... de nada sirve una declaratoria si no hay acciones favorables para proteger a las mujeres.

Reafirmo que trabajaré porque se den resultados legislativos a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres... ¡ni una mujer más violentada! Al menos en estos temas, las mujeres no debemos dividirnos por partido político sino trabajar en conjunto por el bien común de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de Yucatán y Quintana Roo a reconocer y declarar públicamente el número de feminicidios registrados durante 2015 y lo que va de 2016, y declarar la alerta de género para que las instancias gubernamentales y la sociedad trabajen en coordinación para disminuir al máximo este problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES DERIVADAS DE LO SUSCITADO EN EL PENAL DE TOPO CHICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el gobernador de Nuevo León a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el penal de Topo Chico, Monterrey, y otros centros de reclusión, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como es de nuestro conocimiento, el pasado 10 de febrero, en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, se suscitó un motín entre facciones de reos de dos grupos de la delincuencia organizada, lo cual, tuvo como lamentable resultado la muerte de 49 internos al decir de los números oficiales del gobierno estatal; lo anterior, se dilucida en la situación incontrolable por el que atraviesa el sistema carcelario de nuestro país durante los últimos años.

Diversas organizaciones sociales han denunciado al paso de los años la constante problemática del sistema penitenciario en México. Se ha señalado que en una década el número de personas en prisión se ha duplicado, sin que ello refleje en mayores índices de seguridad, según lo que indica el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. Asimismo, la organización aludida, puntualiza que el 40 por ciento de los encarcelados en México no tienen una sentencia condenatoria y en más de la mitad de las prisiones –federales y estatales- hay hacinamiento, lo cual supone un obstáculo para que el propio sistema carcelario cumpla con los fines sociales que le competen.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el superar el 120 por ciento de ocupación carcelaria está considerado en sus índices como un trato cruel para las comunidades de reclusos. En nuestro  país, más del 60 por ciento de presidiarios subsisten por encima de ese indicador. Lo anterior, impide establecer condiciones dignas, garantizar la integridad física de los reclusos y llevar a cabo las labores educativas y ocupacionales necesarias para la readaptación como se mencionó anteriormente.

En este sentido, Elías Carranza Lucero, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, señala que si por cada funcionario carcelario existen más de cuatro reclusos, las actividades de los internos escapan de los mínimos de supervisión y control del personal. En otras palabras, dicha situación se traduce en un indicio de posible autogobierno, es decir, que la autoridad carcelaria no pueda hacer cumplir la normatividad interna, y que sean los grupos hegemónicos de reclusos quienes impongan el mencionado autogobierno. Bajo el argumento de Carranza Lucero, el 70 por ciento de las cárceles en nuestro país se encuentran en esta vulnerable situación.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llevado a cabo diversos diagnósticos que confirman la crisis en mención, pero de igual manera la problemática en la materia de derechos humanos al interior de las penitenciarias la situación es deleznable, por lo que entre algunas problemáticas enumeran por ejemplo: primero, el deficiente control en el ejercicio de las funciones de la autoridad, por lo que es común que las figuras de auto y cogobierno sean una realidad constante; segundo, hacinamiento y sobrepoblación; tercero, no existe muchas veces una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres; cuarto, la atención medica es insuficiente como se carece de equipamiento; quinto, no existen protocolos para la prevención de actos violentos; sexto, no se cuentan con unidades de atención y presentación de quejas para lo relativo a la violación de derechos humanos; séptimo, las condiciones de higiene, la falta de calidad de los alimentos y el acceso a los servicios educativos son deplorables; entre otras muchas más situaciones que prevalecen.

El caso de Topo Chico, es una pequeña muestra y claro ejemplo del sistema penitenciario mexicano que vive bajo una clara anomia y autogobierno de grupos hegemónicos de reclusos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha advertido, y en el caso particular de Nuevo León, ha puntualizado que en el penal de Apodaca está a un paso de que suceda algo similar a Topo Chico. Esto, sin mencionar las condiciones similares a las cuales están sujetos los centro penitenciarios a lo largo y ancho del país.

Para expertos en sistemas penitenciarios como para organismos defensores de los derechos humanos, las alternativas para poder prevenir desgracias como la de Topo Chico van desde: la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos; impulsar un desarrollo normativo y de organización de las penas no privativas de la libertad; el mejoramiento de los programas de reinserción social; el fortalecimiento de la infraestructura del sistema penitenciario nacional; la profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia; entre otras opciones.

Lo anterior, sin mencionar el proyecto de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales que lleva casi tres años en proceso de análisis en el Senado de la República, la cual de ser aprobada, permitiría buscar cambiar el sombrío panorama en los centros penitenciarios, y que dicho proyecto, se suma al inacabado sistema de justicia penal acusatorio como uno de los grandes pendientes en la edificación del Estado de Derecho en nuestro país.

En suma, Topo Chico es un hecho que no deviene de un momento a otro, sino de un pasado inmediato de años que se generó ante la omisión de las autoridades competentes y ante la advertencia de órganos autónomos y sociedad civil. Topo Chico debe ser el parteaguas necesario de concretar diversas reformas legislativas, entre estas, el proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones Penales, entre otros ordenamientos, que permitan un reencauce de la política carcelaria de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el marco de sus facultades constitucionalmente conferidas y de conformidad a la normatividad correspondiente, investigue aquellos hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos respecto a lo sucedido en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, a fin, de que emita las recomendaciones públicas correspondientes en la materia para atender rubros relativos a garantizar la integridad física y moral del interno, aspectos de estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno, entre otros.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, a que impulse todas aquellas acciones en el marco de sus atribuciones para mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito, esto, en el marco de vinculación con las entidades federativas, y con esto, atender lo relativo al caso de Topo Chico y lo relativo a los Centros de Prevención y Readaptación Social en condiciones similares.

Tercero.Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Nuevo León que en coordinación con las instancias federales y locales correspondientes, dar atención y seguimiento a las acciones y medidas cautelares en materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

DIFUNDA LAS CONCESIONES MINERAS VIGENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a difundir las concesiones mineras vigentes, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl  Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La concesión es un acto administrativo por medio del cual, la administración pública federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público o de algún bien del Estado.

En la actualidad, dada la expansión del modelo económico neoliberal, buena parte de las empresas públicas y de las riquezas nacionales han sido concesionadas, por no decir entregadas, a particulares, lo cual, como bien sabemos, nunca ha venido aparejado de la mejora en la calidad de los servicios prestados, en la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios a los particulares o en la mejor distribución de la riqueza producto de la explotación de los recursos naturales de los mexicanos.

Un caso que ejemplifica con puntualidad lo que menciono, es la industria minera, la cual aporta el 1.5 % al producto interno bruto nacional, contribuye con 328 mil empleos directos y con 1 millón 600 mil indirectos, de acuerdo a las cifras de la Cámara Minera de México, lo que convierte al sector minero en uno de los empleadores más grandes del país.

En la actualidad, la industria minera ha crecido a lo largo del territorio nacional, de 2006 a la fecha, la inversión extranjera directa aumentó más de 224 %, según reporta la Secretaría de Economía, ubicándola así como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, de acuerdo a las cifras del Inegi.

Desde hace más de veinte años, particularmente con la promulgación y entrada en vigor de la Ley Minera, se otorgaron grandes facilidades para la privatización disfrazada de concesión de éste amplio y lucrativo sector; se implementó un régimen fiscal por demás permisivo que ha propiciado el enriquecimiento extraordinario de unos cuantos, sin que las condiciones de los trabajadores sea muy diferente a las que eran en la época revolucionaria.

La Auditoría Superior de la Federación, desde 2010 reporta que las multinacionales mineras que están en nuestro país tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos en tan sólo 5 años, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos, es decir, aproximadamente el 1 % de sus ganancias.

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras, lo equivalente al 26 % del territorio nacional, actualmente se entregaron 25.6 millones de hectáreas, equivalente al 13 % de territorio nacional.

El mercado minero concesionado está privilegiado, las obligaciones mencionadas en el artículo 27 de la Ley Minera, se reducen a pocos enunciados donde el pago de los derechos correspondiente se erige como uno de los más importantes; y no obstante ello, la Auditoría Superior de la Federación, menciona que en 2014, el gobierno no recibió el pago total de los derechos correspondientes de 9 mil 170 títulos de concesión que fueron entregados.

El Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, dispone muy poca información en su portal, misma que dada la naturaleza de la función minera, debería estar a la vista de todos, para que sepamos qué empresa tiene qué concesión y si ya pagó el derecho correspondiente.

Para todo Estado es importante conocer el uso que éste o la iniciativa privada le da a sus recursos naturales, y que, de no darse cumplimiento a la normatividad aplicable, se revoquen los permisos y asignaciones; ese es el sentido de esta proposición, conocer el estado que guarda la minería que se practica en el país, para con base en ello, tomas las decisiones requeridas para que las condiciones tornen en beneficio de quienes detentamos el dominio de los recursos públicos del país.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, haga públicas las concesiones mineras vigentes, así como la documentación que acredite el pago de los derechos correspondientes y, en su caso, los documentos que acrediten las gestiones de cobro realizadas o los trámites para la revocación de las concesiones entregadas.

Para efectos de lo anterior, se requiere que el informe contenga cuando menos los siguientes rubros:

1. Nombre de la empresa o particular concesionario;

2. Folio o número de concesión;

3. Duración de la concesión; y

4. Monto de derechos obligados a pagar por la empresa o particular concesionario.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

CANCELAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO “MONTERREY VI”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar la construcción del acueducto Monterrey VI, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de Nuevo León, Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruíz García y Brenda Velázquez Valdez, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proyecto hidráulico Monterrey VI, consiste en la construcción de un acueducto de 371 kilómetros, que inicia en la cuenca del río Tampaón, en San Luis Potosí, hasta la presa de Cerro Prieto en el municipio de Linares, Nuevo León, buscando abastecer agua de consumo humano a la ciudad de Monterrey durante los próximos 50 años. Monterrey VI está catalogado como proyecto estratégico por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, y fue aprobado en la Cámara de Diputados a finales del año 2012, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013.

En los últimos meses del año 2014, se dio a conocer el grupo seleccionado del fallo de la licitación para la construcción del acueducto “Monterrey VI”, resultando ganadores Concretos y Obras Civiles del Pacífico Desarrollos, y Construcciones Rogar, siendo la primera filial del Grupo Higa. El monto de la propuesta fue de una contraprestación mensual de $124, 999,167.00, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 %. El estado de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua serán las partes que financiarán con recursos propios, dicha obra, de forma mensual.

Gracias a datos e información de diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, las empresas seleccionadas tienen vínculos con Grupo Higa: Concretos y Obras Civiles, que está directamente vinculada a Grupo Higa y Construcciones Rogar, que está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala, y que también aparece como apoderado y representante legal de Concretos y Obra Civil del Pacífico.

Gracias a la información revelada en el estudio de “Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto: Monterrey VI”, realizada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, podemos notar la incertidumbre del proyecto, ya que no se tomaron en cuenta estudios de impacto ambiental referente a la calidad del agua que será mezclada con la ya existente, ni la viabilidad del proyecto en su conjunto.

Según el presidente de la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco, el Ing. Alfonso Arroyo Amezcua, en una reunión en diciembre del 2012, el agua que se pretende trasladar del Río Pánuco hacía la presa Cerro Prieto, no es apta para uso potable ya que cuenta con un alto índice de contaminación, según estudios técnicos que se realizaron en la agrupación. Específicamente en el tema de ecología, los impactos que el proyecto traerá como consecuencia serán de forma permanente, y alterarán el funcionamiento del proceso ecosistémico dentro del sistema ambiental.

En diferentes ocasiones, se ha presentado el proyecto Monterrey VI, como la solución para garantizar el abasto de agua de consumo humano para la ciudad de Monterrey. Sin embargo, lo anteriormente citado, y las actuaciones por parte del Gobierno Estatal anterior, ponen en duda la construcción de éste acueducto. El Secretario de Desarrollo Económico de la administración del Gobernador Rodrigo Medina, Rolando Zubirán Robert, declaró ante medios de comunicación el 19 de febrero del 2014 lo siguiente:

“El proyecto implica traer un acueducto desde el Río Pánuco, hasta Nuevo León y eso brindará la posibilidad al Estado de contar con agua para los próximos 50 años. Es de suma importancia para el proceso de fractura de la piedra para la extracción del gas en la Cuenca de Burgos, que se requiere de grandes cantidades de agua”, es decir, reconoció que Monterrey VI, se usará para la explotación del gas shale en la Cuenca de Burgos. Es importante mencionar, que justo un mes después de esta declaración, el funcionario estatal se retractó, también ante medios.

A finales del año 2014, se hizo público el costo de la obra, con un total de 56 mil 763 millones de pesos, lo que representa un incremento de 42 mil 602 millones de pesos sobre el costo original del proyecto. A pesar de los malos manejos de la economía en el estado, la administración estatal anterior, decidió seguir con este proyecto, lo cual, de seguir adelante, traería como consecuencia una pesada deuda para los próximos 30 años, y más desconfianza entre la población y el estado, ya que de realizarse el proyecto, la deuda adquirida por el Estado sería enorme.

Durante la campaña a la gubernatura por el Estado de Nuevo León, el ahora gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mencionó en reiteradas ocasiones el cancelar y la marcha atrás del proyecto hidráulico de Monterrey VI, con la principal intención de evitar el endeudamiento del estado y utilizar los recursos aportados a Monterrey VI en otros menos costosos y de más utilidad, también mencionó la posibilidad de realizar un proyecto paralelo a Monterrey VI, pero con mejores condiciones de contratación y mecanismos más transparentes.

Tristemente, el pasado 9 de enero del presente año, el Gobernador Rodríguez Calderón, mencionó ante los medios de comunicación lo siguiente:

“El proyecto hidráulico sigue vivo, no ha sido cancelado, y el Estado trabaja en alternativas para su realización.” Incluso se gestionó una prórroga para no perder los más de 3 mil millones de pesos que la Federación aportaría a fondo perdido, según medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y a servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. cancelar la construcción del acueducto “Monterrey VI”, resultado de la licitación APP-919043988-C3-2014.

Notas:

1 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Información del Proyecto Monterrey VI”, Disponible en la página web https://www. sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp, Extraído el 23 de Feb del 2016

2 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Información del Proyecto Monterrey VI”, Disponible en la página web https://www. sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp, Extraído el 23 de Feb del 2016

3 El Norte, (2016), “Dicen que Higa exhibe opacidad” Disponible en página web http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=453239 Extraída el 23 de febrero de 2016

4 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el proyecto: “Monterrey VI”, Acueducto Tampaón-Cerro Prieto”. Disponible en la página web http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/tamp/estudios/2011/28TM2011H0 010.pdf Extraída el 23 de Feb de 2016.

5 Periódico ABC, (2016). “Agua no será para extraer gas shale” Disponible en la página web: http://www.periodicoabc.mx/articulo/agua-no-sera-para-extraer-gas-shale Extraída el 23 de Feb del 2016

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputados: Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruíz García, Brenda Velázquez Valdez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

DIFUNDA LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA DAR SOLUCIÓN AL DESABASTO DE VACUNAS EN EL PAÍS Y LAS ACCIONES PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a difundir las medidas que se toman para solucionar el desabasto de vacunas en el país y proteger a la población infantil, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud es un derecho humano consagrado en nuestra Ley Fundamental, en el artículo 4º, párrafo cuarto que reza: “ Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

En ese sentido el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos para que este fundamental derecho sea garantizado a todas las personas, una de las acciones más sobresalientes es la referente a la implementación del esquema de vacunación.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.

Información de la OMS, señala que hay evidencia contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas. A lo largo de los últimos decenios, la inmunización ha logrado muchas cosas, incluyendo la erradicación de la viruela, un logro que ha sido llamado uno de los mayores logros de la humanidad Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido la incidencia mundial de la polio en un 99 por ciento y reducido la enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, tétanos, el sarampión, la tosferina, Haemophilus influenzae de tipo b y la meningitis meningocócia.

Sabedores de los beneficios tangibles de las inmunizaciones es que en nuestro país contamos con el Programa de Vacunación Universal, cuyo objetivo es proteger a la población contra enfermedades que son prevenibles por medio de la aplicación de vacunas, este servicio se brinda en todas las unidades de salud pública y es gratuito.

En ese contexto, el esquema de vacunación en México ayuda a prevenir 13 enfermedades a saber: tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, poliomelitis, infecciones por H influenza tipo B, diarrea por rotavirus, infecciones por neumococo, sarampión, rubeola, parotiditis y virus del papiloma humano.

En los últimos meses se ha presentado un desabasto a nivel mundial de vacunas, lo que ha impactado severamente a nuestro país, sobre todo a la población infantil que sabemos que es el sector más vulnerable.

Se habla de que una de las inmunizaciones que ha escaseado es la llamada pentavalente, esta vacuna previene la difteria, tos ferina, tétanos, poliomelitis y las bacterias del Haemophilus Influenzae del tipo B que provocan neumonías y meningitis; se aplica en 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.

De acuerdo con información dada a conocer por el director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a octubre de 2015 México contaba con 3.5 millones de unidades de esta vacuna de un total aproximado de 8 millones que se aplican, es decir, había un faltante de más de la mitad de dosis. Para la tercera semana nacional de salud de 2015 se utilizaron reservas que se tenían de esta vacuna.

Las consecuencias de no contar con suficiente número de dosis de esta vacuna, pueden ser devastadoras para los infantes, en virtud de que este biológico lo que hace es prevenir las enfermedades antes citadas, por lo que no contar con un programa de vacunación adecuado y una cobertura universal, sin duda generará consecuencias en los años venideros. De ahí la importancia de que las autoridades sanitarias tomen las medidas y acciones necesarias alternas para poder prevenir las enfermedades en los niños que están dejando de recibir la vacuna pentavalente.

Por si eso fuera poco, también en la Primera Semana Nacional de Salud de 2016, que se llevó a cabo del 20 al 26 de febrero, se reportó el desabasto de la vacuna conocida como DPT, que es para inmunizar la difteria, tosferina y tétanos, se aplica a niños de 4 años y es utilizada como refuerzo de la pentavalente.

De ahí la importancia de que las autoridades sanitarias den a conocer el estado que guarda el desabasto de vacunas en el país, así como las causas de este, pero sobre todo es relevante que hagan del conocimiento de esta soberanía cuales son las medidas que se están implementando para proteger a la población infantil de esas enfermedades que se previenen con las vacunas que están escasas en el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud  haga pública   la información sobre las causas de desabasto de vacunas en el país, las medidas que se están tomando para dar pronta solución al desabasto y las acciones que se están implementando para proteger a la población infantil.

Notas:

1 Información obtenida de: http://www.who.int/topics/vaccines/es/ fecha de consulta: 2 de marzo de 2016

2 Información obtenida de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf fecha de consulta: 2 de marzo de 2016.

3 Información obtenida de: www.reforma.com fecha de consulta 2 de marzo de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de  marzo de 2016.— Diputado Omar Ortega Alvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

DIFUNDAN LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN DE TLÁHUAC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, y el jefe del gobierno y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a difundir las condiciones actuales de la construcción de pozos de extracción de agua en Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xochitl  Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Xochitl  Hernández Colín, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, 153 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo; con base en las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes

El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha estudiado el hundimiento y agrietamiento en la Delegación Tláhuac como consecuencia del crecimiento del área urbana de la Ciudad de México en los últimos 30 años, intensificado particularmente en la zona Sur Oriente de la planicie lacustre, correspondiente a los ex lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco. El incremento de la demanda de agua ha generado su mayor extracción del subsuelo. La zona montañosa está infiltrando dos veces menos agua de la que se extrae y en la porción plana los sedimentos arcillosos pierden agua y se compactan. Esta compactación se ha traducido en hundimientos y agrietamientos del terreno, que varían de acuerdo con la intensidad de la extracción de agua y de las condiciones del subsuelo. Las direcciones de las grietas que han surgido siguen un patrón Norte-Sur y en menor medida Noreste, lo que indica un proceso de hundimiento en diferentes velocidades debido a la estructura del subsuelo. Las grietas presentan una mayor apertura durante la época de lluvias afectando a diversos sectores de la población.

Lo anterior ha sido ilustrado por distintos medios de comunicación:

a) El diario Reforma informó en febrero de 2004 que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo desarrollado por la Dirección de Protección Civil de la Delegación Tláhuac, las Colonias Del Mar, Santa Catarina, Mixquic y la zona de unidades habitacionales mostraban 49 fracturas. La ubicación de los inmuebles afectados coincidía con la mayoría de los 24 pozos de extracción del Sistema de Aguas del Distrito Federal.

Adrián Ortega Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, comentó que los estudios de la Universidad Nacional revelaron hundimientos de hasta 40 centímetros al año entre Valle de Chalco y Tláhuac y señaló que si el DF ha tardado 100 años en hundirse 10 metros, a la zona de Tláhuac y Valle de Chalco sólo le ha tomado 30 años. Hundimientos de 17 centímetros cada año, grietas de más de medio kilómetro y fisuras en unidades habitacionales son resultado de la sobreexplotación de pozos de agua potable en la Delegación Tláhuac, de acuerdo con el especialista.

b) El diario La Jornada documentó en agosto de 2005  el rompimiento repentino de una calle, que produjo una grieta a la que siguió un borbotón de agua que inundó varias cuadras alrededor del crucero de avenida Tláhuac y Eje 10 Sur.

El entonces director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Germán Martínez Santoyo, afirmó que la grieta que se formó en la colonia Ojo de Agua, en la delegación Tláhuac, se produjo por una falla geológica y no debido a presión hidráulica en la red de agua potable. Explicó que fue un movimiento generado en el subsuelo, debido a la mezcla de materiales, lo que provocó la grieta y el rompimiento del acueducto de Xochimilco, una de las tuberías más importantes de la zona. Indicó que diversas zonas de la delegación Tláhuac presentan grietas formadas debido a la cercanía de varios volcanes localizados en la sierra de Santa Catarina.

c) La Jornada informó también, en julio de 2007, de estudios realizados por el Servicio Geológico Metropolitano del Instituto de Geología de la UNAM para la conformación de un atlas de riesgos en materia de grietas, con el objetivo de identificar las zonas más vulnerables a este fenómeno, jerarquizar los riesgos que representan y emitir recomendaciones para subsanar los riesgos activos.

Los estudios revelaron, según el diario, que las zonas de mayor riesgo en materia de grietas se encontraban en la zona lacustre, también arcillosa, de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, así como de los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec. Asimismo, que una de las causas más conocidas respecto del origen de las grietas es la extracción de agua subterránea, además de otros rasgos de carácter geológico que dan origen a los hundimientos.

d) Notimex, por su parte, informó en julio de 2008  de la formación de una grieta de aproximadamente 10 metros de largo en la calle Tecamazúchil, colonia Santa Catarina Yecahuizotl, delegación Tláhuac, después de una intensa lluvia. Personal de Protección Civil constató, además de los 10 metros de longitud de la grieta, un ancho de 10 centímetros y una profundidad de tres metros.

e) Un portal noticioso dio cuenta, en junio de 2009, de la suspensión de agua potable que vivieron más de 30,000 habitantes de las colonias Selene y Ojo de Agua, en la delegación Tláhuac, debido a la rotura del conducto principal que abastece de agua a esa zona de Tlaltenco. De acuerdo con las autoridades capitalinas, la rotura fue provocada por una falla geológica que atraviesa la demarcación.

f) La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, en noviembre de 2009, que el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), perteneciente a Conagua, detectó un escurrimiento de agua potable en el acueducto Ramal Tláhuac, ubicado en Eje 10 entre Avenida Santa Catarina y Antonio Centeno, colonia Santa Catarina Yecahuízotl, delegación Tláhuac. La causa fue la fisura en un tubo de 48” de concreto. El organismo informó que esa fisura se originó en la unión entre dos tubos por asentamientos diferenciales registrados en la zona y una falla geológica (grieta) que atraviesa este ducto y que afecta la estabilidad de la infraestructura hidráulica.

g) Otro portal noticioso dio cuenta, en julio de 2011, de 13 colonias y tres unidades habitacionales de las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac que enfrentan serios problemas por grietas y hundimientos diferenciales, de acuerdo con el Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos de la Delegación Iztapalapa, los cuales cada año se extienden y han puesto en alto riesgo a más de 30,000 personas.

Se trata de un cinturón de alto riesgo, por impactos graves de fallas geológicas, que se extiende en más de 20 kilómetros de largo, a través de Iztapalapa, en San Lorenzo Tezonco, en los límites de Tláhuac, a Ermita Zaragoza, y en los linderos de Nezahualcóyotl. El monitoreo que lleva a cabo diariamente ese Centro registra semanalmente nuevos crecimientos de las grietas. Los atribuye a la extracción de agua del acuífero en la región, así como al subsuelo arcilloso, lo que provoca que la zona enfrente una situación de muy alto riesgo geológico.

h) En mayo de 2012, de acuerdo con Terra, el Instituto de Vivienda (Invi) del DF identificó 2,896 viviendas en riesgo hidrometeorológico y geológico en nueve delegaciones, de las cuales, 134 viviendas se ubicaron en la delegación Tláhuac, principalmente en las colonias Santiago Zapotitlán, Agrícola Metropolitana, Del Mar y Santa Cecilia.

El Invi reveló que las viviendas presentaban daño estructural derivado de los hundimientos y grietas en el subsuelo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), según la misma nota, la zona de Tláhuac se hunde a razón de 25 a 30 centímetros anuales, mientras que Chalco, región colindante, se hunde 40 centímetros en promedio anual debido a la sobreexplotación del acuífero y a que el subsuelo es arcilloso (muy blando).

i) El diario El Universal registró, en abril de 2014, la formación de grietas y hundimientos en el cruce del Eje 10, a la altura de la calle Manuel Muñoz, en la colonia Santa Catarina, en la delegación Tláhuac, debido a una fractura en el asfalto de 300 metros de largo y 50 centímetros de profundidad, como secuela del sismo del 18 de abril de 2014.

j) En agosto de ese mismo año, el periódico Excélsior, informó de daños en domicilios y edificios públicos vinculados a un sistema de grietas que atraviesa esa zona del oriente de la ciudad, de acuerdo con testimonios de vecinos del Pueblo de Santa Catarina, en la delegación Tláhuac.

Los afectados llevaban más de un año solicitando al gobierno delegacional la realización de un estudio geológico con el objetivo de definir las medidas de mitigación necesarias para reducir los riesgos.

k) El periodista José Cárdenas, reportó en diciembre de 2015, la apertura de una grieta de 15 metros de largo y menos de un centímetro de ancho en la esquina de las calles Estanislao Ramírez y Laguna de Ensueño en la colonia Selene, de la delegación Tláhuac.

De acuerdo con testimonios de vecinos, dos meses atrás se empezaron a presentar hundimientos y grietas, casi al mismo tiempo que iniciaron los trabajos para la construcción de tres pozos de extracción de agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La delegación Tláhuac, sin embargo, atribuyó la grieta a la fractura de un tubo de asbesto de seis pulgadas que transportaba agua potable.

2. Derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la información es la garantía fundamental que toda persona posee para atraerse información, informarse y ser informada.

De la definición anterior se desprenden los tres aspectos más importantes que comprende dicha garantía fundamental:

a) El derecho a atraerse información,

b) El derecho a informar, y

c) El derecho a ser informado.

El derecho a atraerse información incluye las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos y la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.

El derecho a informar incluye las libertades de expresión y de imprenta y el de constitución de sociedades y empresas informativas.

El derecho a ser informado contiene las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.

La información debe entenderse en un sentido amplio que comprenda los procedimientos de acopiar, almacenar, tratar, difundir y recibir, así como los tipos, hechos, noticias, datos, opiniones, ideas, y sus diversas funciones.

Del propio artículo 19 se desprende con claridad que el derecho a la información es un derecho de doble vía en virtud de que incluye al receptor de la información, es decir, al sujeto pasivo, quien la percibe, y quien, ya sea una persona, un grupo de ellas, una colectividad o la sociedad, tiene la facultad de recibir información objetiva e imparcial.

En México, la Constitución Política establece como un derecho el acceso a la información de todos los ciudadanos y habitantes del país, para conocer, ya sea de manera activa o pasiva, la información, que producen y poseen las entidades públicas. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 6° constitucional, mismo que establece:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el distrito federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. ...

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

IV. ...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

...

De lo anterior se desprende que artículo 6o. constitucional establece que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. Además, al analizar los diversos elementos que concurrieron en su creación, se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para la construcción de nuestra sociedad.

Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general. Ello debe permitir una participación informada para la solución de los problemas nacionales, y evitar que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión.

Por otro lado, de acuerdo con Delmer D. Dunn, podemos entender la rendición de cuentas como “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.

En ese sentido, para Andreas Schedler la rendición integra el derecho a recibir información y la obligación del poder a abrirse a la inspección pública, así como la obligación de explicar y justificar sus actos. También incluye la posibilidad de ejercer una sanción, esto es, de ejercer coacción y castigo. Para Schedler la información, la justificación y el castigo son los tres pilares sobre los que se asienta la rendición de cuentas y su función de mecanismo para moderar el ejercicio del poder. La dimensión de la sanción radica en que, sin sancionar, criticar, analizar y denunciar una falta, eventualmente la rendición de cuentas no pasa de ser un acto publicitario y de buenos deseos.

De ahí que Andreas Schedler dice que “en el corazón de la rendición de cuentas está el dialogo crítico. No se trata de un juego de un solo tiro sino de un juego interactivo, un ir y venir de preguntas y respuestas, de argumentos y contraargumentos (...). La rendición de cuentas no es un derecho de petición. Es un derecho a la crítica y al dialogo”.

De acuerdo con las diversas notas periodísticas mencionadas en el apartado anterior, es posible la existencia de fallas geológicas y, en consecuencia, de riesgos que pueden provocar la construcción de pozos de extracción de agua del subsuelo.

En consecuencia, la presente proposición busca hacer efectivo el derecho a la información de los habitantes de la zona Sur Oriente de la Ciudad de México para conocer, analizar y, en su caso, denunciar, la presencia de grietas y sus causas, con el fin de hacer prevalecer la obligación del Estado a salvaguardar la integridad de los habitantes.

Con base en las anteriores consideraciones, someto a la consideración de esta asamblea el presente

Punto de acuerdo

Único. Exhórtese a la Comisión Nacional del Agua, al Jefe de Gobierno y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, haga pública,  las condiciones de la construcción actual de pozos de extracción de agua en la delegación de Tláhuac, así como de los estudios geológicos que revelan las causas de los hundimientos y agrietamiento del suelo en la demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Norma Xochitl  Hernández Colín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

RELATIVO AL ALZA DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al aumento de los feminicidios en México, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial 60 mil mujeres pierden la vida por circunstancias vinculadas a feminicidios. A penas 25 países acumulan la mitad de todos los crímenes de mujeres en el planeta. América Latina es la región de mayor violencia en contra de las mujeres y México se encuentra entre los primeros diez países con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres, situación que se agrava porque va en aumento y no parece detenerse. “En América Latina las naciones son testigos de una alta actividad del narcotráfico además padecen un crecimiento en su tasa de feminicidios que incluso, han llevado a considerar en materia de los derechos humanos que la guerra contra las drogas es el origen de la nueva guerra contra las mujeres”. En el periodo de 2007 a 2012 se han cometido en México mil 909 feminicidios en el país, cantidad que significa una tasa de 3.2 por ciento crímenes por cada 100 mil mujeres.

Organizaciones no gubernamentales han señalado y denunciado que cada 3 horas una mujer es asesinada, el fenómeno vergonzosamente se ha naturalizado en nuestro país mientras que las autoridades han mantenido opacidad ante los hechos y se han convertido en parte del problema y no la solución.

En un estudio realizado recientemente nos señalan que 46 por ciento de los feminicidios se perpetra por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes; 16 por ciento de las mujeres mueren a causa de un balazo y el 38 por ciento restante las autoridades no informan la causa del feminicidio.

En comparación con Estados Unidos de América (EE.UU) y Canadá la situación de México no le favorece en lo absoluto, ya que en EE.UU. el índice de feminicidios es de 1.9 por cien mil mujeres, es decir la mitad en comparación con México. Con Canadá la brecha es aún más dramática pues ese país tiene un índice de 0.9 feminicidios.

Otro dato relevante es que entre 2011 y 2014 México pasó al 5o. lugar en su tasa de feminicidios al pasar de 2.4 por ciento a 3.2 por ciento solo detrás de Honduras, El Salvador, Bahamas y Surinam.

Es de sorprenderse la manera de cómo se abordan los feminicidios en Europa y México, ya que mientras en España el año pasado dos mujeres fueron asesinadas y el tema se volvió un escándalo internacional y el detenido fue encontrado en Rumania y fue buscado y perseguido en varios países europeos, en México se vive otra realidad, el gobierno ignora el tema, se vuelve cómplice por omisión y tal parece una costumbre entre la gente ante esta realidad tan miserable de indiferencia social y política.

Cabe señalar que en este contexto de los feminicidios las mujeres son consideradas mercancías desechables e incluso mercancías sexuales todos los días, siendo Ciudad Juárez y el estado de México las dos entidades donde el patrón y el número de mujeres asesinadas crece de manera alarmante y corre el riesgo de hacerse extensivo.

De esta manera México se convierte en el país más letal para las mujeres, la condición de nacer mujer en nuestro país se vuelve un tema vulnerable al tener un panorama sombrío, que nos demuestra opacidad e incapacidad de las autoridades para detener este problema que nos aqueja como sociedad.

Diferentes medios internacionales han dado muestra de la cantidad alarmante de dichos delitos perpetrados en México. Por su parte el diario británico The Guardian señala que tan solo en el estado de México, entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas. De ese total, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad. Asimismo, recuerda que entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.

Por otra parte, el diario estadunidense The New York Times apunta que en un sexenio más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

En lo que respecta a los feminicidios, el informe sobre este tema en México elaborado y publicado desde 2011 por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de la Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007 y se estima que en nuestro país son asesinadas 6 mujeres al día.

Desde hace siete años, diversas organizaciones sociales encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han demandado a las autoridades federales emitir la alerta de género en la entidad, pues consideran que existe “ una violencia estructural y sistemática contra las mujeres”, que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata.

De 2011 a 2014 se documentaron más de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El menosprecio y el desdén por parte del gobernador Eruviel Ávila hacia esta grave crisis humanitaria, ha contribuido a la consolidación de una ignominia persistente.

Si bien, la Alerta de Violencia de Género fue declarada –de forma tardía– en algunos municipios del país, en lo que va de este 2016, los feminicidios siguen siendo una constante en todo México ya que durante las primeras semanas de este año, se han reportado más feminicidios, sin que un sólo agresor haya sido detenido.

Por otro lado se han hecho esfuerzos importantes en diferentes foros donde se ha advertido por especialistas que los asesinatos de mujeres por violencia de género es un crimen de estado y han manifestado que mientras las autoridades sigan coludidas con la delincuencia, la impunidad seguirá y esta problemática que aqueja a todo el país no parará.

Por su parte la fundadora de la asociación Nuestras hijas de regreso a casa, Norma Andrade, comentó que en los últimos 20 años México se ha visibilizado por la trata, el asesinato y la desaparición de mujeres, y por los altos índices de violencia que ha crecido en todo el país, la mayor parte ligada al narcotráfico. También señaló que las formas de desaparición de mujeres han cambiado, pues se ha logrado detectar vínculos con la trata de personas:

“Antes, cuando recién empezaron los asesinatos en Ciudad Juárez, nos asesinaban a nuestras hijas y no teníamos la menor idea del porqué se desaparecían. Las localizábamos a la semana o a las dos semanas; en lotes baldíos, en el desierto, pero finalmente las localizábamos. En la actualidad a nuestras hijas las desaparecen y no las localizamos hasta después de cuatro, seis u ocho años. Una joven secuestrada para la trata tiene un promedio de vida de siete años, pasados esos siete años existe la posibilidad de encontrarla”.

Antes esta problemática se focalizaba en Ciudad Juárez, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Oaxaca, ahora los asesinatos se dan de manera permanente por todo el país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México tiene la tasa más alta de feminicidio al nivel mundial con 34.73 por ciento de asesinatos por cada 100 mil mujeres.

José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, mencionó que desde el 2000 las cifras arrojan 633 feminicidios en Morelos, mientras que las autoridades no han hecho nada al respecto.

¡Ni una más!

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare estado de emergencia por el alza alarmante de feminicidios ocurridos en México y extienda la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en todo México.

Segundo.Esta soberanía exhorta a los titulares de los gobiernos locales a que en el ámbito de sus atribuciones, activen inmediatamente los protocolos adecuados para la atención, el tratamiento y el respeto irrestricto para las víctimas de la violencia de género en las 32 entidades federativas.

Notas:

1 Obtenido de http://www.sinembargo.mx/13-10-2015/1517190

2 Obtenido de http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-fem inicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/

3 Obtenido de http://www.somoselmedio.org/article/alarmante-los-feminicidios-en-el-pa%C3%ADs- activistas-sociales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ACCIONES NECESARIAS ANTE EL ESTADO HONDUREÑO PARA PROTEGER Y GARANTIZAR LA VIDA DEL ACTIVISTA GUSTAVO CASTRO SOTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a realizar ante el Estado hondureño acciones para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro Soto, así como agilizar los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que realice todas las acciones necesarias ante el Estado hondureño para proteger y garantizar la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto para evitar daños irreparables en su persona, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Antecedentes

Gustavo Castro Soto es un mexicano defensor de derechos humanos; fundador y director de la organización civil “Otros Mundos, Chiapas” y “Amigos de la Tierra México”, con residencia en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Además, es integrante de diversas redes de articulación nacional e internacional en contra del modelo extractivo y la privatización de los recursos colectivos, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar).

Su actividad en la defensa y promoción de los derechos humanos lo ha llevado a escribir una diversidad de artículos en defensa del ambiente, enfocándose en las temáticas relacionadas al agua, minas, cambio climático, monocultivos y otros megaproyectos.

Como parte de su compromiso, Gustavo Castro Soto ha acompañado a organizaciones de la sociedad civil en su lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y campesinos, así como en los procesos de resistencia de las comunidades con alternativas de desarrollo sustentable y una discusión amplia sobre el modelo energético.

Además, ha asesorado a los principales movimientos de resistencia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en contra de obras que les quieren ser impuestas, sin la búsqueda de alternativas.

El trabajo de investigación, difusión y capacitación que desde hace varios años realizan en la región mesoamericana la Rema, la Redlar y el M4, ha sido coordinada en diversas ocasiones por Gustavo Castro; ese fue uno de los motivos por los que Gustavo Castro se vinculó con el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), encabezado por la activista Berta Cáceres, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize y una de las defensoras de derechos humanos más amenazadas de Honduras.

Lo anterior motivó que recientemente Gustavo Castro acompañara a Honduras a la defensora derechos humanos Berta Cáceres para impartir talleres sobre energía y alternativas con comunidades y pueblos integrantes de la Copinh, de hecho, se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del Copinh, que se realizaría los días 2, 3 y4 de marzo de 2016, para analizar y debatir propuestas de energía alternativa, ecológica y humana, fuera de la lógica consumista, privatizadora y depredadora de la vida, buscando fortalecer las soberanías y justicias ambientales y los derechos de los pueblos indígenas.

Como se mencionó, Berta Cáceres era una de las defensoras más amenazadas de Honduras razón por la cual era beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; no obstante contar con dichas medidas para proteger su integridad, en la madrugada del pasado jueves 3 de marzo de 2016, dos sujetos ingresaron al interior de su vivienda ubicada en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, en la zona El Líbano, al oeste de Tegucigalpa, Honduras, y la asesinaron con arma de fuego.

Al momento de la agresión, en la casa de Berta Cáceres, se encontraba el mexicano Gustavo Castro, quien también fue agredido con arma de fuego, sobreviviendo al atentado ya que los sicarios pensaron que estaba muerto, convirtiéndose naturalmente en testigo de los hechos violentos que le arrebataron la vida a la líder indígena.

Algunas horas después de los hechos, Gustavo Castro buscó protección del Consulado Mexicano en Honduras, cuyos funcionarios lo han acompañado a rendir declaraciones ante la jurisdicción indígena y la nacional hondureña. Sin embargo, las autoridades hondureñas argumentando cuestiones administrativas, han retrasado su traslado a nuestro país y se encuentra actualmente retenido.

Consideraciones

Primero.El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se copia y es del tenor literal siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos: Del derecho a la vida, señala que Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Por su parte el artículo 5º de la citada Convención, dispone que Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Finalmente, resulta conveniente señalar que el artículo 28, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular y, por conducto de los agentes del mismo servicio impartir protección a los mexicanos en el extranjero.

De lo anterior, resulta inconcuso que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su calidad de autoridad del Estado Mexicano, proteger a los mexicanos en el extranjero.

Segundo.-Gustavo Castro Soto, al ser víctima del intento de homicidio y testigo presencial de los hechos que arrebataron la vida a Berta Cáceres, ha rendido su testimonio ante la Fiscalía de Honduras, lo cual naturalmente lo pone en riesgo grave pues ha identificado a los asesinos de la defensora hondureña de derechos humanos, pues éstos no sabían que lo dejaron vivo, razón por la cual su vida corre un peligro inminente por la complicada situación que le tocó vivir en la madrugada del 3 de marzo de 2016.

No obstante que el mexicano ha solicitado a las autoridades hondureñas se le permita el traslado inmediato a México para garantizar su vida e integridad, éstas argumentando cuestiones administrativas han impedido su regreso.

De ahí que lo conducente sea solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su calidad de autoridad del Estado mexicano, realice todas las acciones necesarias ante el Estado hondureño para que se proteja la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto y agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno, someter a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único.Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice todas las acciones necesarias ante el Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto para evitar daños irreparables en su persona, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Nota:

1 Sobre Berta Cáceres y el Copinh.

Berta Cáceres, de 44 años, era una de las defensoras de derechos humanos más amenazadas de Honduras, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

Fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), organización que se opone a la imposición de al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá.

La Coalición contra la Impunidad, que agrupa a varias organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, hizo público un comunicado en el que denuncia que “desde hace mucho, Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino”. Criticó también las declaraciones del Ministro Pacheco e insistió en que cuando un defensor de los derechos humanos goza de medidas cautelares internacionales para su protección, la responsabilidad de su muerte recae sobre el Estado.

El informe anual de Amnistía Internacional publicado en febrero denuncia que el gobierno de Honduras “no aplicó las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni investigó los diversos abusos cometidos durante los últimos años contra dirigentes de la comunidad indígena”.

En mayo de 2013, fue detenida y acusada de portación de arma sin licencia. Ella argumentó que el arma había sido “plantada” por los militares que la detuvieron en un puesto de control. En julio del mismo año, el ejército mató durante una protesta a otro de los líderes del COPINH, Tomás García, e hirió de gravedad a su hijo. En agosto de 2013, fue denunciada junto a otros dos dirigentes, Tomás Gómez y Aureliano Molina, por usurpación, coerción y daños continuados contra la empresa que desarrollaba el proyecto de la presa.

Por aquel entonces, también la empresa privada hondureña cargó contra ella. Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo en una rueda de prensa el 29 de octubre de 2013 que los grupos liderados por Berta Cacéres estaban “boicoteando, invadiendo y poniendo a Honduras en mal a nivel internacional”. Agregó que era “triste” que Cáceres tuviera “protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional con fondos e impuestos de europeos y americanos”.

La Corporación financiera internacional, organismo crediticio del Banco Mundial para el sector privado, había aprobado una inversión para el proyecto de la presa de Agua Zarca. En diciembre de 2013 decidió suspenderla, según un informe del ombudsman de la institución.

La empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) había decidido seguir con el proyecto. El 20 de febrero más de 100 personas fueron detenidas en una manifestación contra la construcción de la presa. Las protestas y con ellas las amenazas contra Cáceres habían comenzado con fuerza de nuevo.

Austra Flores, madre de la dirigente dijo que su hija había denunciado que su vida peligraba y aseveró que el gobierno estaba en la obligación de protegerla. “La lucha de ella era a favor de los pueblos indígenas”. De igual forma culpó al gobierno hondureño por el crimen de su hija. La semana pasada Berta ofreció una rueda de prensa en la que denunciaba que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y algunos recibieron amenazas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de marzo de 2016.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ADECÚEN SUS LEGISLACIONES A FAVOR DEL MATRIMONIO DEL MISMO SEXO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a adecuar sus legislaciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se exhorta a los Congresos de los estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Antecedentes

El pasado 25 de noviembre de 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad, lo que conlleva una discriminación basada en la preferencia sexual de las personas, lo cual es una categoría prohibida por el artículo 1° constitucional, en consecuencia, emitió la jurisprudencia obligatoria sobre el matrimonio igualitario.

Problemática planteada

La circunstancia de que los Estados establezcan en sus legislaciones civiles que el matrimonio es sólo aquel celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, implica la imposibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, lo cual viola lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, puesto que la distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo es discriminatoria cuya razón es la preferencia sexual de las segundas.

Consideraciones

Primero.El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se copia y es del tenor literal siguiente:

Artículo 1o.-En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Segundo.-En virtud que diversos Estados de la República legislaron en materia de matrimonio, estableciendo que este es sólo aquel celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de distintas sentencias ha resuelto que dicha consideración es violatoria del artículo 1º constitucional que garantiza la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual.

En ese sentido, a guisa de ejemplo, resulta conveniente mencionar los siguientes asuntos en los que se ha pronunciado nuestro más alto Tribunal:

Asunto

Amparo en revisión 615/2013

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucionales e inconvencionales las porciones normativas de los artículos 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 102 del Código Civil de dicha entidad federativa, vigentes hasta agosto de 2013, que hacen referencia a que el matrimonio tiene como finalidad perpetuar la especie, así como que éste es entre un solo hombre y una sola mujer, ya que mediante tal enunciación se excluye a las parejas del mismo sexo.

Al determinar la inconstitucionalidad, la Primera Sala argumentó que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo es un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que, además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos.

Asimismo, argumentó también que las normas impugnadas al ser en sí mismas discriminatorias y violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al limitar el matrimonio a parejas heterosexuales, es insuficiente una interpretación conforme, pues, de hacerla, dichas normas continuarían existiendo en su redacción, aun siendo contrarias al artículo 1° constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a la no discriminación por motivos de preferencia sexual.

En cuanto a la inconstitucionalidad de diversas porciones del artículo 102 del citado Código, la Primera Sala expuso que, ello es así en virtud de que parte de los roles de género que tradicionalmente han sido asignados al hombre y a la mujer les impone diversas obligaciones, mismas que se basan en estereotipos que no tienen sustento constitucional. Además de que quebrantan el derecho al libre desarrollo de la personalidad al establecer la manera en que los cónyuges deben tratarse y conducirse en su matrimonio.

Finalmente, es de mencionar que para la Sala no pasó inadvertido que las normas impugnadas se reformaron, respectivamente, el 3 y 10 de agosto de 2013, al surgir en ellas la nueva institución denominada “relaciones conyugales”. Sin embargo, se estimó que ello no fue un impedimento para analizar los conceptos de violación planteados en la demanda

Amparo en revisión 122/2014

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y 143 y 144 del Código Civil de dicha entidad federativa, en la parte que conciben al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie, ya que mediante tal enunciación se excluye a las parejas del mismo sexo.

La exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales.

De igual forma argumentó que la función reproductiva o perpetuación de la especie y, de ahí, la formación de una familia no es, de ninguna manera, la finalidad del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.

Amparos en revisión 376 y 420/2015

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco que limita la celebración del matrimonio a un hombre y una mujer y excluye de él a las parejas del mismo sexo.

Lo anterior porque ello conlleva una discriminación basada en la preferencia sexual de las personas, lo cual es una categoría prohibida por el artículo 1° constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 28/2015

Sentido de la resolución

De manera unánime, el Pleno de la SCJN concluyó que una porción impugnada del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional ya que atentaba contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Amparo en revisión 1127/2015

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN resolvió que el artículo 291 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León, que limita la institución del concubinato a parejas de distinto sexo viola los derechos de igualdad y no discriminación, en virtud de que la definición del concubinato, al igual que la del matrimonio, condiciona su existencia a la unión de un hombre y una mujer, y esta condición que se sustenta en la preferencia sexual de las personas, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En consecuencia, la circunstancia de que los Congresos de los Estados prevean en sus legislaciones civiles que el matrimonio sólo es el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establezcan entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, es violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación en razón de la preferencia sexual de las personas que siendo del mismo sexo pretenden casarse.

De ahí que lo conducente es que las legislaturas de los Estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único.Se exhorta a las Congresos de los Estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Nota 1:

Época: Décima

Registro: 2010676

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 84/2015 (10a.)

Página: 186

Matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una categoría sospechosa.

Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a esas personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución.

Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Amparo en revisión 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro García Núñez.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 84/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de marzo de 2016.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.