Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 356 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:42 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaria a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día .

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de marzo de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con modificación de turnos de iniciativas.

De los diputados Moisés Guerra Mota, Eduardo Zenteno Núñez y Christián Joaquín Sánchez Sánchez

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite ocho contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Del DIF del Estado de Guanajuato

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de realizar inspecciones y visitas continúas en los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite información complementaria de las Unidades Responsables, sobre el Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015.

Reincorporación de diputada

De la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge.

Solicitud de licencia

Del diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Iniciativas de senadoras

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos y el artículo 19 de la Ley de Migración, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta De Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se declara el 27 de enero como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que se inscribe el apotegma “La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia”, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 5o. y 16 y adiciona el artículo 41 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 7o. y 13 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal del Proceso para Sancionar Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 64 y 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables.

De decreto, por el que se declara al 18 de noviembre como el “Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas”, suscrita por los diputados Jorge Enrique Dávila Flores y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y César Octavio Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 18 y 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General de Turismo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 40, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y 130 y 170 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 32 Bis 10 al Código de Comercio, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 187, 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el Capítulo X al Título Segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión de ley o decreto

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10-Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, implemente campañas en las entidades federativas para la detección temprana del cáncer de ovario, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, se concluya la obra de ampliación de Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, ubicada en la carretera federal 57, Querétaro – San Luis Potosí, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud, para que fortalezca las acciones de almacenamiento y administración de la reserva estratégica nacional de antivirales, promoviendo la vigilancia epidemiológica, promoción y prevención de la salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a fin de implementar acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, que permitan reforzar y garantizar la seguridad pública en el servicio público de transporte ferroviario del país, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, para que genere una variable que aporte datos a nivel nacional y estatal sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes y de los feminicidios en el país, a fin de diseñar políticas que atiendan dicha problemática, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta SCJN, para que se pronuncie sobre el derecho que prevalece en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, localizada en un área de valor ambiental y en su caso, ejerza la facultad de atracción, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a detener la persecución en contra de los propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera en la entidad, suscrito por los diputados Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta STPS, para que realice las acciones necesarias, a fin de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores despedidos por la empresa Cotemar en Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que defina un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación básica, media superior y la normal, para el próximo ciclo escolar 2016 – 2017, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales, para que efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para que apoyen a los municipios de Tecomán y Manzanillo, del estado de Colima, a combatir la creciente ola de violencia, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, para que implemente acciones para la prevención y sanción de los feminicidios cometidos en esa entidad, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que emita la declaratoria de emergencia y se liberen los recursos del Fonden, para dar atención a diversos municipios del estado de Veracruz, afectados por el fenómeno meteorológico los días 9 y 10 de marzo de 2016, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de proporcionar seguridad a los habitantes del estado de Morelos y a sus alcaldes, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a considerar la aplicación del método sistémico en la orientación educativa que se desarrolla a nivel de secundaria, e incluir el perfil de psicoorientadores, para que atiendan esta función, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los Gobernadores de los estados, para que a través de las autoridades correspondientes, se implementen sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en las escuelas públicas, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a reforzar sus programas de becas y demás apoyos económicos, así como mejorar su difusión y otorgamiento preferencial a los estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que difunda a través del sitio de internet “transparencia presupuestaria” la información relativa al gasto público destinado desde el 2001 a la fecha, para los programas cuyo objetivo ha sido introducir tecnologías de la información como herramientas de la educación básica, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, ajuste su gasto en el rubro de comunicación social y se abstenga de realizar recortes a los rubros de investigación, ciencia, tecnología y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a redoblar esfuerzos en materia de difusión sobre las implicaciones de la muerte cerebral y la importancia de la donación de órganos, y a su vez, simplificar los trámites que éste conlleva, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva una campaña nacional de educación, concientización y prevención del Cáncer de Ovario, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán, a reforzar las acciones para prevenir, atender y controlar el virus de influenza en la entidad, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al IFT, para que acuerden, instrumenten y emprendan una campaña de difusión, a fin de dar a conocer el 911 como nuevo número armonizado a nivel nacional de los Servicios de Emergencia, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que difunda información relativa a la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, respecto al número de escuelas públicas beneficiadas, cumplimiento de metas y objetivos, e información relativa a la eficiencia, impacto y calidad del programa, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP, a la ASF y al Gobierno del estado de Morelos, para que vigilen la recaudación, manejo, custodia y administración de los recursos públicos provenientes de las diferentes fuentes de presupuesto e ingresos federales y estatales, a fin de elaborar un plan de rescate económico de la entidad, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que difunda e implemente mecanismos que mejoren la identificación de proyectos relativos a impulsar el desarrollo de las asociaciones público-privadas, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a llevar a las acciones necesarias para inscribir al mayor número posible de agricultores del estado de Michoacán, en el Programa Especial para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de uso Agrícola, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que implemente acciones y políticas públicas tendientes a abatir el rezago de vivienda en el estado de Durango, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía condena el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Flores y exhorta a la SRE, para que el Gobierno de Honduras asegure el cumplimiento y eficacia de las medidas cautelares otorgadas a Gustavo Soto Castro, a fin de garantizar su plena integridad y pronto retorno al país, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de derogar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, por contravenir el artículo 21 Constitucional, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales, a fin de expedir la legislación que regule la maternidad subrogada y la gestación subrogada, asegurando el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos de las madres, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que vigile el adecuado cumplimiento de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes se difunda el monto de la compensación y apoyos para las cosechas de maíz, correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano 2015, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a la STPS y al INAH, para que revisen, analicen y, en su caso, regularicen la situación laboral de los trabajadores eventuales de ese Instituto, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a no alterar el valor cultural y emblemático del Paseo de la Reforma, con la construcción de la línea 7 del Metrobús, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob y al Gobierno del estado de Veracruz, a que realicen las acciones de coordinación tendientes a activar la declaratoria de emergencia y con ello, se destinen los recursos del Fonden, para los municipios afectados en esa entidad, a consecuencia de la surada, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través de la Conapesca, se elaboren estrategias para ordenar el sector pesquero a nivel nacional, mejorando el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Coneval, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que atienda y difunda los medios por los que dé respuesta a las recomendaciones de la ASF emitidas en su Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de agilizar las investigaciones de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, y se apliquen las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar la libertad de expresión y dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que revoque la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, asimismo se exhorta al Gobierno y a los presidentes municipales de ese estado, a fin de garantizar la fuente de trabajo, el respeto a los derechos laborales adquiridos y reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del sistema de agua y saneamiento, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García, Jesús Serrano Lora y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Cofepris, se dé continuidad a los programas de certificación de cuerpos de agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se maximice la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, así como la mayor apertura en los mecanismos de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos nueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cinco minutos del jueves diez de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada veintidós de septiembre de dos mil quince.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo cuarenta y uno, y ciento quince, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada seis de octubre de dos mil quince.

• Araceli Damián González, de Morena, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el ocho de octubre de dos mil quince.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, por la que solicita se retire de los registros de las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal, y de la Ley que Establecen las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada el primero de diciembre de dos mil quince.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita se retire de los registros de las Comisiones de Economía, y de Igualdad de Género, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto de la Ley de Propiedad Industrial, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto-A de la Ley del Seguro Social, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos sesenta y cuatro, y ciento treinta de la Ley de Seguro Social, presentada el nueve de febrero de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

En su oportunidad, y desde su curul, realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por la que se solicita llevar a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se exhorta a esa dependencia a modificar la denominación jurídica del Hospital Regional de Alta Espacialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se solicita implementar a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Jalisco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Gerardo Federico Salas Díaz, y suscrita también por los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres y Exaltación González Ceceña, todos ellos del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento diez, ciento once, y ciento setenta y ocho de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

• J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos quinto, y setenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Paloma Canales Suárez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo sesenta y seis Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintitrés de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, para dictamen.

• Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo, y décimo de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto del diputado Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática:

• Que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Que reforma los artículos ciento veinticinco, ciento veintisiete, y ciento treinta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

A las trece horas con treinta y ocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Chyntia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia un minuto de aplausos en honor al niño Kevin de Jesús Calderón Díaz, quien por salvar a su hermano y su prima, perdió la vida, en el estado de Tabasco. El Presidente obsequia dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Derechos de la Niñez:

a) Por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación del diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Partido Revolucionario Institucional; Irma Rebeca López López, de Morena; Claudia Villanueva Huerta, del Partido Verde Ecologista de México; María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Jacqueline Nava Mouett, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

y María Soledad Sandoval Martínez. Se someten a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.

a) Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinte votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciséis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena; y el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social. El Presidente hace aclaraciones.

Ariadna Montiel Reyes, de Morena; Sara Paola Galico Félix, del Partido Verde Ecologista de México; Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Padilla Avila, del Partido de Acción Nacional; y Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se crea un grupo de trabajo en materia de Desarrollo Económico, con énfasis de un salario digno.

• Por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a atender las afectaciones provocadas por los frentes fríos números cuarenta y cinco, y cuarenta y seis, así como por la décimo primera tormenta invernal.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la integración de la Sección Instructora de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados. En votación económica se aprueba. El Presidente instruye que se le dé formato de decreto y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y cuatro Bis, y setenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento cuarenta y ocho, y ciento cincuenta y uno del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos catorce, y cincuenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos diez, doscientos doce, y doscientos quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Minerva Hernández Ramos y Guadalupe Acosta Naranjo, de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento siete Bis y adiciona un artículo doscientos sesenta y cinco Ter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• César Octavio Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Antonio Tarek Abdala Saad, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional, por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía, a fin de implementar campañas para incrementar el consumo de la leche líquida de origen mexicano. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a implementar conjuntamente con sus homólogas en los estados, un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, a fin de liberar a los planteles de mobiliario en desuso. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional del Agua, a fin de generar un plan de rescate integral de las barrancas en la demarcación Álvaro Obregón. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se atienda la falta de infraestructura para niñas y niños con discapacidad en las escuelas públicas del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, a fin de instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, de la Zona Metropolitana de Ocotlán, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de modificar el acuerdo secretarial No. ciento diecisiete, mediante el cual se establecen medidas de seguridad en la sonda de Campeche. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que difunda los instrumentos y mecanismos mediante los cuales serán continuados las acciones del programa integral Frontera Sur, para atender el fenómeno migratorio. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se establece el nombre de Bahía de Akumal, al área de refugio para la protección de las especies en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos y plazas comerciales. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, para que implementen las acciones necesarias para que el funcionamiento de las aduanas ubicadas en la frontera norte del país, sean más eficientes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional, relativo a la instalación de paneles fotovoltaicos en las áreas de estacionamientos exteriores de esta soberanía, como fuente de energía renovable y limpia. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar las acciones de protección consular en beneficio de mexicanos sujetos a procesos en el exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, relativo al otorgamiento de recursos humanos y materiales para la clínica ubicada en el municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de disponer mecanismos de consulta pública directa y otros orientados a mejorar las condiciones de transparencia, en materia de trasplantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio dos mil dieciséis, se contemplen las disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas y consideren mecanismos para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que instruya a su delegación en el estado de Guerrero, a realizar operativos para prevenir y en su caso, sancionar aumentos no autorizados en el precio de la tortilla. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de promover e implementar políticas de protección de niños migrantes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de eliminar del Código Penal para el Distrito Federal, el capítulo V, del artículo doscientos ochenta y siete, relativo a los ultrajes a la autoridad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

· José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que con la participación de los tres niveles de gobierno, se garantice la implementación de medidas sanitarias y de protección civil, para prevenir y atender el brote epidemiológico de influenza. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a realizar las acciones conducentes para hacer efectivo el derecho a la salud y se puedan elaborar medicamentos a base de marihuana para la atención del síndrome de Lennox-Gastaut. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a fin de destituir al director general del Servicio de Transportes Eléctricos, por diversas deficiencias en el desempeño del cargo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua del Estado de México, y a Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, para que de forma conjunta hagan las acciones pertinentes para solucionar el desabasto de agua potable en el municipio de Ecatepec, estado de México. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que emprenda acciones que permitan una adecuada coordinación con la Federación Internacional de Natación y el Comité Olímpico Mexicano, a fin de garantizar la participación de los deportistas nacionales en los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que se conduzca con respeto y estricto apego a sus funciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que implemente las medidas necesarias para reducir las emisiones contaminantes. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Ariadna Montiel Reyes, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, para que entregue los recursos financieros federales, asignados a la Universidad Veracruzana. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores y María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, para que conformen un frente común integral para la profesionalización del personal que da atención educativa a niños con padecimiento de Autismo, en las escuelas públicas y privadas del país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Economía, a la Comisión Nacional del Agua, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que implementen las medidas necesarias que restablezcan el caudal del río Atoyac, en Veracruz. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que considere la inclusión de Chapala, Jalisco, dentro del Programa Nacional de Pueblos Mágicos. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, para que difundan las bases jurídicas que emplearon en las resoluciones de las huelgas que estallaron en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en la Universidad de Michoacán y en la empresa minera Arcelor Mittal. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín de Morena, relativo al traslado de José Manuel Mireles Valverde, del Centro Federal de Readaptación Social, número once, con sede en Hermosillo, Sonora, al Cereso David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, relativo a las declaraciones xenofóbicas y discriminatorias en contra de los mexicanos, por parte del precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso del asesinato del doctor Venancio Queuopumil Cabrera, ocurrido en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes quince de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con siete minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes, sonido en la curul de la diputada Blanca Cuata, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Señor presidente, para señalar que resulta por demás paradójico y absurdo que a pocos días de haberse pronunciado en la tribuna de esta Cámara de Diputados sendos discursos en favor de la mujer, el día de ayer organizaciones y centros de derechos humanos afirmaron tener conocimiento de una serie de denuncias hechas por un grupo de mujeres quienes durante su traslado al reciente inaugurado penal federal número 16 TPS Femenil Morelos, fueron víctimas de torturas y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos y otras formas de discriminación en razón del género, por parte de agentes federales y de custodia encargados de su traslado, lo que también derivó en la pérdida de vida de una reclusa.

Cabe señalar que las internas declaran también que fueron sometidas mediante descargas eléctricas, golpes e incomunicación...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputada pero estamos en la...

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ...por parte de agentes federales y estatales. Por lo que solicito la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República, así como la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el esclarecimiento de estos tan lamentables hechos. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El orden del día ya se ha dado a conocer, y se registran, desde luego, las expresiones suyas. Le pediría que se trasladaran, como lo hemos sugerido en otras ocasiones, a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Luis Alfredo Valles.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Gracias, presidente. Para participar a los legisladores de esta Cámara del sensible fallecimiento de nuestra compañera, la senadora Mónica Arriola Gordillo, quien esta madrugada dejó de existir después de un penoso padecimiento. Fue compañera legisladora también de esta Cámara y de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy por hoy diputada. Solicitarle, presidente, nos conceda un minuto de silencio en su memoria.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Si nos permite desahogamos los puntos que tenemos ahorita considerados y antes de entrar a lo siguiente, con mucho gusto otorgaremos la petición que se nos hace.

El diputado Enrique Pérez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Enrique Pérez, por favor.

El diputado Enrique Pérez Rodríguez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para llamar la atención de este honorable poder, sobre lo que sigue sucediendo en Veracruz.

El sábado pasado el joven de 16 años, Carlos Fernando Hernández, fue asesinado en Xalapa al defender a su familia y evitar el secuestro de la misma, las cosas se siguen complicando en Veracruz. No podemos seguir así. Es un llamado, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registran sus expresiones de preocupación, diputado Pérez.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Guillermo Santiago, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, señor presidente. Con el propósito de manifestar nuestro profundo rechazo e indignación a lo que ocurrió allá en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en donde ciudadanos fueron agredidos por un grupo de choque contratado por el presidente municipal Marco Cancino, del Partido Verde Ecologista que al exigir transparencia y rendición de cuentas, fueron agredido vilmente y de manera cobarde, golpearon a personas de la tercera edad, lanzaron gases lacrimógenos e, incluso, todavía sigue un compañero hospitalizado.

Le exigimos al gobierno del estado, al gobernador Manuel Velasco Coello y al presidente municipal, a que esclarezcan todo y se aplique la justicia. No puede ser posible que para las y los ciudadanos que exigen rendición de cuentas y exigen participar en la vida pública de la ciudad, se les conteste con agresión y con represión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría a poner a discusión el acta, que es el punto en el que nos encontramos.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva... Antes, antes, antes vamos a dar curso a la petición que se nos ha hecho por el diputado Valles.

Y decir que desde luego la Mesa Directiva lamenta el sensible deceso el día ya mencionado de la distinguida militante del Partido Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, diputada federal a la LX Legislatura, diputada local en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y senadora de la República de la LXII y LXIII Legislaturas.

Al grupo parlamentario, a sus familiares y amigos, les expresamos nuestras más sentidas condolencias y se invita a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica la modificación de turno de iniciativas.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 1 de marzo de 2016.

“Se turna a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 25 de febrero de 2016.

“Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.”

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Son todos los turnos que tenemos? De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me dirijo a usted para comunicarle que, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, he decidido retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria, presentada al 10 de noviembre de 2015.

Lo anterior, para que esta pueda ser considerada nuevamente por la Comisión de Reforma Agraria, recogiendo diversas observaciones hechas a la misma. Por lo cual le solicito respetuosamente sean borrados todos los registros parlamentarios de la misma.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente es un gusto hacerle llegar mis saludos y agradezco de ante mano la atención que se sirva prestar a este oficio, en el que le solicito lo siguiente; con fundamento en artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo al derecho que me asiste para retirar una iniciativa, le manifiesto mi interés personal para que sea retirada de los registros parlamentarios la iniciativa con el rubro:

“Proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Toda vez que esta es de mi autoría, la cual fue presentada el 5 de noviembre de 2015 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su debido dictamen, lo anterior para que surta los efectos legales y parlamentarios a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Eduardo Zenteno Núñez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.; inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la sesión correspondiente al 27 de octubre de 2015.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-6-0261 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 159/2016 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por e1 que se exhorta a esa dependencia a tomar las medidas precautorias necesarias, para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/2573/15 de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión remite punto de -acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre del 2015, que a continuación transcribo:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país. Segundo.Asimismo, se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.

Sobre el particular me permito hacer llegar los comentarios que sobre el tema envían Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, y el Instituto Nacional de Pesca, Inapesca, con la cual se da respuesta a la infamación requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.2.018/2016, relacionado con la solicitud de comentarios sobre el punto de acuerdo signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentado en la sesión del 15 de diciembre de 2015, que contiene el siguiente resolutivo:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país.

Sobre el particular, adjunto al presente oficios números B00.03.04.-173/2016 y B00.04.03.02.01.452/2016, mismos que contiene las opiniones de las áreas técnicas y operativas con injerencia en el tema, (Dirección General de Salud Animal y de Inspección Fitozoosanitaria).

Aseguro a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.— Luis Escobar Aubert (rúbrica), director general jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Doctor Luis Escobar Aubert, director general Jurídico.— Presente.

Hago referencia a su oficio B00.05.-0004/2016 de fecha 20 de enero de 2016, mediante el cual solicita a la brevedad posible opinión técnica al punto de acuerdo signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Unión, presentado en la sesión del martes 15 de diciembre de 2015 que contiene el siguiente resolutivo:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país.

Al respecto, me permito adjuntar opinión técnica de esta Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera con el fin de que esa Dirección General Jurídica lleve a cabo la integración con la posición de este órgano Administrativo Desconcentrado.

Sin más sobre el particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2016.— Médico Veterinario Zootecnista Hugo Fragoso Sánchez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de Enlace con el Congreso de la Sagarpa.— Presente.

En atención al oficio número 112.02.-020/2016 con fecha 12 de enero de 2016, en el cual se remite copia de oficio SELAP/UEL/311/2573/15 mediante el cual se remite punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2015 y signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito hacer llegar los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Carlos Ferrer Hernández (rúbrica), director jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Comentarios al punto de acuerdo de medidas precautorias para evitar la entrada de salmón transgénico

En relación con el contenido del punto de acuerdo en mención, y derivado de su lectura, revisión y análisis, se emiten los siguientes comentarios:

Las atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, en la materia, de conformidad con la fracción XV del artículo 35 de la LOAPF, se centra en proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuario. El artículo 32 Bis de la misma ley establece como competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, imponer, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación cuando se requiera para su conservación u aprovechamiento.

Por otro lado el artículo 39 de la LOAPF señala en su fracción XIII la competencia de la Secretaría de Salud para realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas.

El 18 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) en la cual se regulan, entre otras, las actividades de comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, OGM, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Esta misma ley prevé la integración y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad y el Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

De conformidad con la fracción VII del artículo 2 de la LBOGM, ésta tiene como finalidad establecer el régimen de permisos para la regularización de las actividades de importación de los OGM. El artículo 3 de esta misma ley establece que es la Ssa la que autoriza su comercialización e importación para su comercialización.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Salud, es materia de salubridad general el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación, el artículo 17 bis de dicha ley establece el ámbito competencial es esta materia, a cargo de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Prevención de Registros Sanitarios.

La Secretaría de Salud es la encargada de identificar, comprobar, certificar y vigilar la calidad sanitaria de los productos en materia de importación, cuando éstos no reúnen los requisitos o características, establecidos en la legislación correspondiente, aplicando las medidas de seguridad que correspondan. En el caso de alimentos, el titular de la Secretaría de Salud determina con base en los riesgos para la salud que productos requieren autorización previa de importación, mediante acuerdo publicado en el DOF.

El artículo 10 de la LOGM establece a las autoridades competentes en materia de bioseguridad, citando a Semarnat, Sagarpa, y Ssa, señalando las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo relativo a la importación de los OGM. Los artículos 12 y 13 de la LBOGM excluyen la competencia de Sagarpa, en materia de sanidad humana, restringiendo el ejercicio de sus atribuciones a riesgos que las actividades de los OGM pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

En virtud de los comentarios emitidos y a la luz del análisis de las diversas disposiciones analizada, la toma de medidas precautorias para evitar la entrada del salmón transgénico al país no corresponde a Sagarpa, ya que el ejercicio de control sanitario para el salmón transgénico es competencia de la Ssa.

Por último y en lo que compete al Instituto Nacional de Pesca, organismo público descentralizado sectorizado a Sagarpa, de conformidad con la fracción IX del artículo 5 de su Estatuto Orgánico, su atribución en la materia únicamente es para la certificación y registro de las especies acuícolas cuyo genoma hubiera sido manipulado, con el apoyo técnico de las unidades administrativas competentes de la Conapesca. Esta atribución se establece más adelante en la fracción VII del artículo 22 a cargo del titular de la Dirección General, así como del titular de la Dirección General adjunta de Acuacultura, de conformidad con la fracción X del artículo 24 debiendo establecer además los inventarios de especies.»

Notas:

1 Este control abarca también la preparación, aplicación, importación y exportación de productos biológicos, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 39 de la LOAPF.

2 La fracción XXI del artículo 2 de la LOBGM, define como cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso de técnicas de biotecnología moderna, siempre que se utilice técnicas previstas en la LOBGM o en las Normas Oficiales Mexicanas que de ella se deriven.

3 Integrada por los titulares de la Sagarpa, Semarnat, Ssa, así como de las Secretarias de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Economía y el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

4 El Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud define al control sanitario como el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones a cargo de la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, de conformidad con el artículo 124.

5 Las medidas de seguridad pueden consistir en el aseguramiento y destrucción de productos, mediante su retención o puesta en depósito, de conformidad con el artículo 404 de la LGS.»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-405, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/570/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar una campaña de concientización, a nivel nacional, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en establecimientos clandestinos y sin las medidas de salubridad necesarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2619/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que, en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades realice una campaña de concientización, a nivel nacional, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en establecimientos clandestinos y sin las medidas de salubridad necesarias.”

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/ 170/2016, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís, coordinador general jurídico y consultivo de la Cofepris.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, fracción II, de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud: 3, y 18, fracción II, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención a su oficio número UCVPS/245/2016, mediante el cual solicita a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Comisión Federal o Cofepris) la opinión técnica respecto del punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades realice una campaña de concientización, a nivel nacional, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, una micro pigmentación o una perforación en establecimientos clandestinos y sin las medidas de salubridad necesarias, presentado por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al respecto se comenta lo siguiente:

Es cierto que existe un alto riesgo para aquellas personas que se realizan un tatuaje o una micropigmemación en establecimientos que no cuentan con las medidas sanitarias básicas, por lo que esta Comisión Federal en el ámbito de su competencia, ha realizado acciones de fomento dirigidas a los establecimientos que se dedican a este tipo de procedimientos, como lo es la publicación y distribución del folleto Solicitud de la tarjera de control sanitario para tatuadores, micropigmentación y perforadores, en la que se especifican, los requisitos sanitarios que deben cumplir dichos establecimientos para obtener la autorización correspondiente (tarjera de control sanitario), en virtud de que este es el primer paso para enfrentar un riesgo a la salud de la población.

Asimismo, esta Cofepris difunde constantemente, a través de si página web, la información de las acciones que se realizan con relación con la verificación y aseguramiento de los establecimiento, de manera que la sociedad conozca el interés de la institución por prevenir este riesgo y la necesidad de contar con su colaboración, fomentando una cultura de prevención de riesgos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Licenciado Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general jurídico y consultivo.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-402, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/571/2016 suscrito por el doctor. Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y, en general, al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2618/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y, en general, al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/ 100/2016, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Salís, coordinador general Jurídico y Consultivo de la Cofepris.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, fracción II de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, y 18 fracción II del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención a su oficio número UCVPS/357/2016, mediante el cual solicita a esta omisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (Comisión Federal o Cofepris) la opinión técnica respecto del punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y, en general, al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al respecto se comenta lo siguiente:

De la lectura a los antecedentes y consideraciones del Acuerdo Legislativo de mérito, se observa que lo que pretende el legislador es implantar políticas con el objeto de reducir el uso desmedido de los automóviles que general efectos negativos sobre el medio ambiente y propicia la generación de enfermedades.

En este tener, le comento que dentro de las facultades otorgadas a esta Comisión Federal en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud no se encuentran acciones relacionadas con las afectaciones provocadas al medio ambiente por el uso irracional de automóviles, por lo que la atención de la presente iniciativa se considera competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con el artículo 32 Bis, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con el artículo 15, fracciones III, XII y XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que es la dependencia encargada de la política ambiental, la cual comprende el derecho de una persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como el control y la prevención de la contaminación ambiental.

Por otro lado, por lo que hace a la implementación de campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana provocadas por el uso de automóviles, esta Cofepris considera pertinente consultar a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, en virtud de que es el área encargada de poner al Secretario las políticas en las materias de prevención y promoción de la salud y de control de enfermedades, de conformidad con el artículo 10, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Licenciado Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general jurídico y consultivo.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-0135, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI7DV/0196/2016, suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría para que abra otra línea de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, en perjuicio del ciudadano Manuel Serrano Vallejo, realizando las investigaciones correspondientes contra quienes han sido señalados como responsables, sin importar el cargo que desempeñen o hayan desempeñado; así como para que el ,proceso penal del ciudadano Manuel Serrano Vallejo se separe, se conozca y se desahoguen pruebas de manera individual.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarles 1a seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido de su oficio SELAP/UEL/311/ 2039/15, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 6 de octubre del 2015, que en su parte resolutiva señala:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que abra otra línea de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, en perjuicio del ciudadano Manuel Serrano Vallejo, realizando las investigaciones correspondientes contra quienes han sido señalados como responsables, sin importar el cargo que desempeñen o hayan desempeñado.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes, Procuraduría General de la República, Poder Judicial del Estado de México y Poder Judicial de la Federación, para que el proceso penal del ciudadano Manuel Serrano Vallejo se separe, se conozca y se desahoguen pruebas de manera individual.” (sic)

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo comunicó a esta área a mi cargo que:

“...la indagatoria instruida en contra del antes referido en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, fue declinada por especialidad a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas siendo única y exclusivamente de su competencia.”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2016.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-5-552 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.1.005/2016 suscrito por la licenciada Violeta Sepúlveda Mendoza, directora general de Vinculación con Gobiernos Locales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que atienda de forma oportuna, eficaz y con total transparencia, el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, y revise la pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de enero, por el cual se exhorta a esta secretaría para que en el ámbito de su competencia atienda de forma oportuna, eficaz y con total transparencia el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles de México en Liquidación, y revise la pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Al respecto, me permito adjuntar el oficio 4.3.0.4.-210/201 del director de Asuntos Legales de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, por el cual remite el informe elaborado por el Liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México (FNML), en el cual encontrará las acciones y gestiones efectuadas en el citado municipio.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Licenciada Violeta Sepúlveda Mendoza (rúbrica), directora general de Vinculación con Gobiernos Locales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

En relación al oficio DGV/MVG/13-055/2016, de fecha 2 de febrero del año en curso, mediante el cual hace referencia al similar SELAP/UEL/311/163/16, por el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite el punto de acuerdo aprobado por e1 pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión del pasado 27 de enero, cuyo resolutivo expone:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan de forma oportuna, eficaz y con total transparencia, el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación y revise la pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, conforme a la solicitud de donación presentada en apego a los riesgos de donación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2015.

Sobre el particular y a efecto de emitir la respuesta que se considere conveniente, me permito informar a usted lo siguiente:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de esta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), solicitó al Liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México (FNML), proporcionar a elementos sobre el asunto en comento, toda vez que en esta dependencia no se contaba con antecedentes del mismo, por lo que en ese sentido dicho organismo remitió a esta DGTFM el informe detallado de las acciones realizadas con relación a la solicitud formulada por parte del municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, las cuales fueron manifestadas mediante reunión de fecha 10 de febrero del año en curso, al municipio en cuestión.

En ese orden de ideas, adjunto al presente me permito enviar a usted el informe antes referido con la finalidad de que por su amable conducto se haga del conocimiento del Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Fernando de la Rosa Medina (rúbrica), director.»

«Informe para atender el punto de acuerdo de la Comisión Permanente delHonorable Congreso de la Unión

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el ámbito de su respectivas competencias, atiendan de forma oportuna, eficaz y con total transparencia, el proceso eje donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, y revise le pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, conforme a la solicitud de donación presentada en apego a las reglas de donación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2015.

Antecedentes

• El 24 de julio de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacional de México en Liquidación (Reglas).

• El 5 de noviembre de 2015 se acordó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, en materia de destino de inmuebles, para que se diseñe una estrategia que, en su caso, permita dar destino entre las entidades federativas a los bienes de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación (FNML).

• El 12 y 13 de enero de 2016, autoridades del municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, (municipio), ingresaron vía el portal institucional, la solicitud de donación respecto de cuatro activos remanentes por cerca de 500 mil metros cuadrados.

• El 10 de febrero de 2016 se celebró reunión de trabajo con los representantes del municipio y del Senado de la República (reunión de trabajo), recibiéndose información complementaria para atender la solicitud de los cuatro inmuebles referidos en el punto anterior y adicionan requerimiento por 9 activos remanentes en ese municipio.

Situación actual

En la reunión de trabajo se presentó la siguiente información con la que cuenta FNML sobre los activos remanentes solicitados por el municipio:

• Durante 2004 a 2006, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un levantamiento topográfico de los inmuebles propiedad de FNML, del que resultaron 12 inmuebles que se localizan en el perímetro del municipio, con una superficie en conjunto de aproximadamente 500 mil metros cuadrados.

• El 7 de septiembre de 2007, se emplazó a FNML como tercero perjudicado dentro del juicio de garantías promovido por el comisario ejidal del municipio, ante el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, por “la ilegal” Resolución Presidencial de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales publicada en el DOF el 16 de marzo de 1967, mediante la cual el Ejecutivo federal le confirmó a la comunidad agraria Santa María Petapa, de Oaxaca, una superficie que coincide con la del municipio.

• El 7 de mayo de 2015, dicho juzgado emitió resolución que ampara y protege a la comunidad quejosa de1 municipio, a efecto de restituir el pleno goce de sus garantías individuales violadas.

• El 22 de julio de 2015, FNML, como tercero perjudicado dentro del juicio de garantías, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución citada, ya que la misma no establece la delimitación de los terrenos que son propiedad de FNML, el cual se encuentra pendiente de resolver.

Considerando lo anterior, se acordó la suscripción de un contrato de comodato entre FNML y el municipio, a fin de que éste último, en su carácter de comodatario, disponga de los bienes e inicie diversas acciones que permitan a ambas partes dotar de certeza jurídica sobre los activos remanentes que efectivamente sean susceptibles de darle el destino que corresponda, en apego a la normativa y la estrategia de liquidación, así como a la situación jurídica de los bienes solicitados.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-0473 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/0657/2016 suscrito por el licenciado Luis Norberto Cacho Pérez, director general jurídico de la Secretaría de Cultura, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que remita un informe sobre las zonas arqueológicas que tienen plan de manejo y su estado actual, informe sobre las que no cuentan con dicho plan coadyuve con los responsables del manejo y operación de las zonas arqueológicas para que en un p1azo no mayor de 365 días, tengan el documento concluido, aprobado y en ejecución,; así como realizar inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas para revisar que se cumpla lo establecido en los planes de manejo y en los programas operativos anuales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/161/16 de fecha 28 de enero del presente año, mediante el cual informa que la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión comunicó el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2015, y que señala:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que remita a esta soberanía un informe sobre las zonas arqueológicas que tienen plan de manejo y su estado actual. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a informar a esta soberanía sobre las zonas arqueológicas que no tienen plan de manejo; asimismo, le solicita que coadyuve con los responsables del manejo y operación de zonas arqueológicas para que en un plazo no mayor de 365 días tengan el documento concluido, aprobado y en ejecución. Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas para revisar que se cumpla lo establecido en los planes de manejo y en los programas operativos anuales.”

Sobre el particular, hago de su conocimiento el informe que al respecto emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a. través de su Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos:

1. Consideraciones generales

• La investigación, conservación, restauración, protección, recuperación, promoción y difusión de patrimonio arqueológico de la Nación está garantizado en términos del marco normativo que rige las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En ese contexto, la salvaguarda del patrimonio arqueológico del país está determinada en los artículos 6, fracción VIII y 7, fracción XII, de la Ley General de Bienes Nacionales; 2o., 27 y 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que señalan que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, cuya investigación, protección, conservación, restauración y recuperación es considerada como de utilidad pública.

• Por otra parte, la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia está determinada por los artículos 3o., fracción IV y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en su Ley Orgánica, la cual señala que sus objetivos generales son la investigación científica sobre antropología e historia, relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia de dicho Instituto, para lo cual se establece una serie de funciones a cumplir.

• Además de lo anterior, el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales señala que la Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos.

• Cabe señalar que han sido declaradas por el Ejecutivo federal, 48 zonas de monumentos arqueológicos, en términos de los dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; en cuyos decretos presidenciales se establecieron las medidas de salvaguarda para cada una de las zonas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, conjuntamente. .con las autoridades locales, conforme lo establezca a decreto.

• En ese sentido, debe resaltarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple con las funciones institucionales de investigación, protección y difusión de los monumentos arqueológicos, por mandato de ley, así como de aplicar los criterios establecidos en instrumentos normativos internacionales, a través de diferentes planes, estrategias y acciones institucionales, las cuales tienen indicadores de gestión y metas a cumplimentar.

2. En relación con el numeral primero del punto de acuerdo, se señala lo siguiente:

• En cumplimiento a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 de la UNESCO, ratificada por México en 1984, el Instituto Nacional de ‘Antropología e Historia desarrolla permanentemente una serie de esfuerzos interdisciplinarios para la elaboración de planes de manejo desde el año de 1993.

La formulación de los planes de manejo es el resultado de un proceso de planeación y análisis especializados de modelos estratégicos de gestión, de 1994 a 2010 se elaboraron 24 planes de manejo, entre ellos, los de las zonas arqueológicas de Sierra de San Francisco, Monte Albán, Palenque, Xochicalco, Cacaxtle-Xochitécatl y Tlatelolco.

• Ante el cumplimiento institucional de los preceptos de la UNESCO señalados previamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado una serie de procesos que cumplen con lo establecido en el marco normativo internacional referente al manejo del patrimonio arqueológico, adaptando diferentes lineamientos y consideraciones al contexto institucional mexicano.

Este proceso se institucionaliza a través de los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Uso Público, aprobados en el año de 2006 como marco normativo de referencia, y a través de la implementación del Programa de Fortalecimiento y Regulación de Zonas Arqueológicas (Proforeza), el cual surge en el año de 2010 como una necesidad para sistematizar a mediano y largo plazo las acciones tendientes a consolidar la presencia de dicho Instituto en la política y práctica del manejo de operación de las zonas arqueológicas con uso público. Entre éstas, las acciones de planeación son de crucial importancia ya que a partir de ellas se generan los programas y acciones específicos para cada zona arqueológica.

• De acuerdo a los lineamientos mencionados previamente, “el manejo y operación de una zona arqueológica sólo se pueden llevar a cabo en un marco de planeación, por lo cual las actividades y proyectos que se realicen en una zona arqueológica deben ser el producto de un proceso de planeación a largo plazo, en el que se contemple el manejo y operación de la zona en relación con su contexto local, estatal, nacional e internacional.”

• En ese sentido, surgió la necesidad de instrumentar los denominados “planes de manejo”, instrumentos estratégicos en los cuales se integran los preceptos institucionales que norman la protección del patrimonio arqueológico, las disposiciones que se deben cumplir institucionalmente, así como la guía planificada de los proyectos y acciones que se deberán llevar a cabo para garantizar la protección y preservación del patrimonio arqueológico de la zona en cuestión, a corto, mediano y largo plazo.

• En los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Uso Público se identifica al “plan de manejo” como el documento resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de zona arqueológica a largo plazo.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia considera que el objetivo general de un plan de manejo es el de disponer de una herramienta de gestión que garantice, mediante políticas, estrategias y acciones específicas, la atención a las problemáticas apremiantes que comprometen la conservación integral y la difusión de los valores de la zona arqueológica en un horizonte de largo plazo, al tiempo de fomentar la acción concertada entre los sectores públicos, privados y la sociedad civil, para lograr un mayor compromiso y participación en la salvaguarda del patrimonio cultural.

• A partir de 2011, y como resultado de la Auditoria de Desempeño: 10-0-11D00-07-0109 realizada al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la Auditoría Superior de la Federación, la Coordinación Nacional de Arqueología en atención al Resultado Núm. 18. 10-0-11D00-07-0109-07-038. Recomendación al Desempeño: Para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia elabore e instrumente un programa de trabajo de corto, mediano y largo plazo, a fin de que todas las zonas arqueológicas abiertas al público cuenten con planes de manejo que garanticen la conservación integral del patrimonio arqueológico, implementó el Programa de Elaboración de Planes de Manejo 2012-2018.

• Resulta indispensable reconocer que el proceso especializado implica la elaboración de los documentos mencionados, las metas de ese programa se enfocan en la elaboración de un promedio de 20 planes de manejo por año, por lo que se tiene contemplado que para el año 2018, todas las zonas arqueológicas que están abiertas al público cuenten con un Plan de Manejo. Para enero de 2016, el INAH cuenta con 123 planes de manejo elaborados (ANEXO 1).

3. Respecto al numeral Segundo del Punto de Acuerdo, se informa lo siguiente:

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta actualmente con una cobertura de 67.95 por ciento de zonas arqueológicas con plan de manejo elaborado. Cabe aclarar que para 2010, 181 zonas abiertas a la visita pública contarán con un plan de manejo, en virtud que la zona Sierra de San Francisco está compuesta por un conjunto de 7 sitios abiertos al público por lo que todo conjunto se considera como una zona arqueológica. De esta manera, se tendrán cubiertas las 187 zonas arqueológicas que conforman la Red del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

• En seguimiento a lo planificado en el Programa de Elaboración de Planes de Manejo 2012-2018, se ha programado que para 2016 se elaborarán 22 documentos más para 2017, 20 y para 2010, 22. Con lo que se atenderá la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (Anexo 2).

• Para estar en posibilidad de cumplir con la elaboración de los 58 planes de manejo pendientes hacía 2018, se debe tomar en consideración una serie de requerimientos técnicos especializados, determinados por diversas condiciones y circunstancias administrativas e institucionales, que implican la evaluación de ciertas particularidades y situación contextual específica de cada zona arqueológica, para así proponer estrategias oportunas y de carácter prioritario, reforzando las tareas sustantivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la investigación, protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio arqueológico del país.

4. En relación con el numeral tercero del punto de acuerdo, se informa que:

• Además de las acciones anteriormente descritas, el Programa Anual de Trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, implementado desde 2012, es un instrumento de verificación de las acciones que se ejecutan en materia sustantiva institucional para el patrimonio arqueológico, las cuales consisten en tareas de investigación, conservación, restauración, difusión, protección y preservación del patrimonio arqueológico en el país.

• El programa anual de trabajo incluye zonas arqueológicas que cuentan con un plan de manejo, o que está en proceso de elaboración. Estas medidas son los procesos de evaluación y verificación del cumplimiento de metas de los planes de manejo, como parte de las estrategias para el fortalecimiento de la operación en zonas arqueológicas con vivista pública.

• La Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabaja en la elaboración de 22 planes de manejo para el año en curso, y en el desarrollo de las estrategias para fortalecer los procesos de planeación estratégica para la evaluación y actualización de los planes de manejo de las zonas arqueológicas prioritarias.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general jurídico.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-8-0601, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0197/2016, suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría para que se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables del asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido de su oficio SELAP/UEL/311/011/16, por el que comunica a esta Procuraduría, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 7 de enero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco, Morelos.

”Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a reforzar y mantener la coadyuvancia y coordinación con las autoridades federales en la investigación y esclarecimiento de este crimen, para que en el ámbito de las facultades de los órganos de procuración de justicia, entre ellos la Procuraduría General de la República, se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de este artero crimen y así evitar que quede en la impunidad.” (sic)

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89 fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta área a mi cargo que:

“...fue turnado a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Morelos, para que actuara conforme a derecho corresponda; la cual instruyó al agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata de esa Delegación Estatal para que actuara en consecuencia.”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2016.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se remite al promovente, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0464, signado por el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/0377/2016, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita a esa secretaría exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, así como rendir un informe de los términos y condicionantes de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición en materia de mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP /300/234/16, mediante el cual informó que a través del oficio número D.G.P.L.63-II-1-0464, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunicó a esa secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, el cual se cita:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y rinda un informe pormenorizado de los términos y condicionantes’ de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición en materia de mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que informe puntualmente sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada.”

Al respecto, hago de su conocimiento que dentro del ámbito de sus atribuciones, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental emitió el Oficio número SGPA/045/2016, anexo al cual se presentó en medio electrónico la documentación relacionada con la manifestación de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo del malecón Tajamar en el estado de Quintana Roo. Se anexa copia simple del oficio señalado y 2 discos compactos.

Lo anterior, para que sea remitido un disco compacto a la Cámara de Senadores y otro a la Cámara de Diputados y puedan dar a conocer dicha información a sus integrantes.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario de Planeación y Política Ambiental.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental.— Presente.

Por este conducto se hace entrega en medio electrónico de la documentación relacionada con la manifestación de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo de malecón Tajamar en el estado de Quintana Roo, con la atenta solicitud de hacerla llegar a los Presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República y de la Honorable Cámara de Diputados.

Se anexa índice del contenido.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Química Farmacobióloga Martha Garciarivas Palmeros (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Anexo

Relación de ubicación de la información relativa a manifestación de impacto ambiental, autorización, desmonte, cambio de uso de suelo, e informes presentados relativos a diversos puntos de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria por senadores de la República, así como diputados federales pertenecientes a diversos Grupos Parlamentarios predio conocido como malecón de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.

1. En referencia a puntos de acuerdo por los cuales exhorta a la Semarnat para informar al Senado de la República ya la Cámara de Diputados si las resoluciones emitidas en el 2005 y 2006 al Proyecto malecón Cancún Tajamar, estuvieron vinculadas con el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNA T:

a) Se anexa la resolución

S.G.P.A./DGIRA.DEI.1855.05 del proyecto, se encuentra escaneada en la carpeta tomo II, en los archivos (*.pdf):

23QR2005T0007 VI

23QR2005T0007 V

b) La vinculación del proyecto con respecto de la NOM-022-SEMARNAT-2003 (Resolutivo 2005), quedó asentada en los siguientes archivos y páginas:

Archivo 23QR2005T0007 V

Páginas

64/84, 67/84.68/84.80/84,81/84,82/84,83/84

Archivo 23QR2005T0007 VI

Página 9/79

c) De la resolución emitida en 2006 (ampliación de plazo de la vigencia del resolutivo), obra lo siguiente:

Petición ingresada por Fonatur, en las páginas 1/91 a 12/91 (archivo 23QR2005T0007 III.) y 81/82 y 82/82 (archivo 23QR2005T0007 II)

d) La resolución emitida (ampliación de plazo) contenida en las páginas 77/82.78/82 y 79/82, la cual no asentó vinculación con la NOM-022-SEMARNAT-2003, debido a que dicha resolución sólo se refiere a la ampliación del término, por lo que todas las condicionantes quedan como se especificó en la resolución del 2005.

2. Sobre los puntos de acuerdo por los cuales se solicita información, así como la exhibición de la manifestación de impacto ambiental en referencia al proyecto Cancún-Tajamar e informe los términos y condicionantes de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición del mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; y sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada. Al respecto, me permito informar:

a) La manifestación de impacto ambiental modalidad particular del proyecto, se encuentra en la carpeta tomo I, en los siguientes archivos:

23QR2005T0007

23QR2005T0007 I

23QR2005T0007 II

23QR2005T0007 III

23QR2005T0007 IV

Los planos anexos de la manifestación de impacto ambiental, se encuentra en la carpeta planos, tomo I, imágenes (*.jpg) 1, 2, 3, 4.

b) La resolución S.G.P.A./DGIRA.DEI.1855.05 del proyecto, se encuentra escaneada en la carpeta tomo II, en los archivos (*.pdf):

23QR2005T0007 VI

23QR2005T0007 V

• Sin embargo, la resolución en materia de impacto ambiental no fue vinculada con lo establecido por el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, ya que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre adicionando el artículo 60 Ter fue publicado en el D.O.F el primero de febrero del año 2007, dos años posteriores a la fecha de ingreso de la manifestación de impacto ambiental al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, así como de emitida la resolución en materia de impacto ambiental correspondiente.

e) Las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre, conforme a los términos y condicionantes a los cuales se sujetó el proyecto, quedaron asentadas en la condicionante número 2 del oficio resolutivo, la cual se lee en la carpeta tomo II, archivo 23QR2005T0007 VI, páginas 15/79 y 16/79.

Los documentos en su momento presentados en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, para el cumplimiento de dicha condicionante, fueron atendidos a través de los siguientes oficios:

• S.G.P.A./DGIRA.DEI.0840.06 de fecha 3 de mayo de 2006, en la carpeta tomo II, archivo 23QR2005T0007 V, páginas 5/84 a 11/84.

• S.G.P.A./DGIRA.DEI.1144.06 de fecha 08 de junio de 2006, en la carpeta tomo II, archivo 23142005T0007 IV, páginas 49/103 a 54/103.

• S.G.P.A./DGIRA/DESPyS/0391/07 del 13 de abril de 2007, en la carpeta tomo II, archivo 23QR200ST0007, páginas 62/83 y 63/83

• S.G.P.A./DGIRA.DEI.1128.08 del 10 de abril de 2008, en la carpeta tomo II, archivo 23QR200ST0007 1, páginas 13/100 a 17/100.

• S.G.P.A./DGIRA/DESPyS/0821/08 del 21 de junio de 2008, en la carpeta tomo IV, archivo 23QR2005T0007 VI.

• S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./1967 del 07 de marzo de 2012, en la carpeta tomo IV, archivo 23QR2005T0007, páginas 3/121 a 4/121

3. En lo que respecta a solicitar información a la Semarnat sobre cambio de uso de suelo:

• La autorización del cambio de uso de suelo, se asienta en el oficio SGPA/DGGFS/712/0196/06 del 07 de febrero de 2006, contenido en el tomo II, archivo 23QR2005T0007 V, páginas 13/84 a 24/84.

4. Adicionalmente se incluyen las opiniones recibidas durante el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental:

• Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo (INIRAQROO) Tomo II, archivo 23QR2005T0007 VII, páginas 25/64 y 26/.64.

• Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. Dirección de Ordenamiento Ecológico (DGPAIRS) tomo II, archivo 23QR2005T0007 VII, páginas 18/64 a 23/64

• Honorable ayuntamiento de Benito Juárez. Dirección de Ecología (ayuntamiento), tomo II, archivo 23QR2005T0007 VII, páginas 15/64 y 16/64

• El análisis de las resoluciones recibidas se encuentra en tomo II, archivo 23QR2005T0007 VI, páginas 1/79 a 5/79, y 83/84 a 84/84.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo.—DIF del Estado de Guanajuato.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto doy atención a su oficio D.G.P.L.63-II-2-252, por el que comunica a la señora María Eugenia Carreño de Márquez, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guanajuato, el contenido del único acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2015.

En dicho acuerdo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidades federativas para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los alberges e institucionales público y privadas dedicadas, al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

En ese sentido me permito comunicarle que el pasado 11 de septiembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 146, segunda parte, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; en ese entendido, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, comprometido principalmente con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro estado, y con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto por los artículo tercero y séptimo transitorios de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato ha trabajado en conjunto con diversas instancias del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para la creación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Secretaría Ejecutiva de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es importante hacer de su conocimiento que en nuestro estado se encuentra vigente la Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato, publicada el 10 de junio de 2014 en el Periódico Oficial, número 92, segunda parte, cuyo objeto es regular el funcionamiento de las instituciones, casas hogar, refugios y albergues que tengan bajo su custodia a personas en estado de vulnerabilidad y sean sujetos de asistencia social, teniendo como finalidad, en el marco de respeto a los derechos humanos, el garantizar la seguridad y el desarrollo integral físico, emocional y jurídico de los menores, personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, omisas de cuidados, expósitos o en abandono y, en general, toda aquella persona que requiere de la asistencia social y se encuentren bajo el resguardo de centros de asistencia social, instituciones, casas hogar, refugios y albergues.

La aplicación y seguimiento de la citada ley, corresponde entre otras autoridades, también al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual, tiene entre sus atribuciones promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los residentes en las organizaciones de asistencia social; hacer del conocimiento de la autoridad competente las irregularidades que, en el ejercicio de sus atribuciones, detecte en el funcionamiento de las organizaciones de asistencia social; así como designar al personal que le esté adscrito a efectos de realizar visitas de verificación, en el ámbito de su competencia.

Adicionalmente, este organismo descentralizado a través de la Coordinación de Fortalecimiento a la Organización de la Sociedad Civil de la Dirección de Protección Jurídica Familiar, otorga apoyos económicos para los gastos de operación, así como capacitación para la mejora de la atención y operación de las organizaciones, entre otras, que otorguen servicios de albergue a menores de edad en situación vulnerable o de riesgo psicosocial como lo son las casas cunas o casa hogar; teniendo como responsabilidad revisar de las organizaciones beneficiarias los siguientes aspectos: infraestructura, recursos humanos, empleados y voluntarios de la asociación; recursos materiales, equipamiento y bienes con los que cuenta la asociación; gastos realizados con el apoyo económico; número de personas beneficiarias atendidas y expedientes integrados de los mismos y capacitación para la mejora de su atención y operación, revisión que se realiza a través de las visitas de seguimiento.

Del mismo modo realiza también las llamadas visitas multidisciplinarias, cuyo objetivo es supervisar a las organizaciones en la revisión del expediente legal, médico, educativo y psicológico de los beneficiarios y el seguimiento que se le da a cada uno; la revisión psicológica de por lo menos tres personas que estén siendo atendidas en la asociación; en caso de ser necesario se realizarán pruebas psicológicas a las personas atendidas en la asociación; y por último la revisión de los aspectos sociales dentro de la dinámica de atención en la institución revisada.

Informo lo anterior, además, con la competencia que me confieren los articulos 31, fracciones VI y XII de la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social y 54, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 14 de enero de 2016.— José Alfonso Borja Pimentel (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance al oficio 710.2016.20.3-0798 de fecha 27 de enero del presente y en sujeción a lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación medio superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite disco compacto con información correspondiente al cuarto Trimestre del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlan, enviada por la subsecretaría de Educación Media superior, con diverso número 205X10000/0195/2016 recibido en esta dirección General el 9 de marzo del año en curso.

Lo anterior, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 de su Reglamento; 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Remítanse a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

REINCORPORACIÓN DE CIUDADANA DIPUTADA

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado presidente:

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle mi reincorporación al cargo de diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, por la primera circunscripción, de Baja California, a partir del jueves 10 de marzo del presente año.

Por lo anterior, le solicito atentamente hacer del conocimiento del pleno del Congreso de la Unión mi reincorporación, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos para los efectos conducentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2016.— Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: De enterado. Comuníquese.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1 y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal, con efecto a partir de la fecha en que se presenta esta solicitud y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a mi petición.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No me enojo, no me enojo. No le avisamos, así que continúe, sin rubor alguno. Es más fácil reírse que enojarse, así que, dicen los que dicen que saben.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Oficio...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Auxílienla ahí, por favor. Y no precisamente con Protección Civil ni con el Servicio Médico de la Cámara.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en los artículos 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que habrán de desempeñarse como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

Alta:diputado Jorge López Martín (consejero propietario); senadora María del Pilar Ortega Martínez (consejera suplente); diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (consejero suplente).

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 15 de marzo de 2016.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS DE SENADORAS

LEY FEDERAL DE DERECHOS Y LEY DE MIGRACIÓN

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos y el artículo 19 de la Ley de Migración.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Diaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza integrante de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 11; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo 19 de la Ley Migración con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Que con fecha 11 de febrero de 2014, en el foro que se llevó acabo en el Senado de la Republica, denominado “Migración con Rostro Humano: Fortalecimiento Institucional”. En éste, se dio voz a varios de los actores de la migración en México, participaron los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adriana Dávila, Layda Sansores San Román, Mariana Gómez del Campo, Humberto Mayans y Marcela Guerra y representantes del Poder Ejecutivo, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Asuntos Migratorios , Religiosos y Población de la Secretaría de Gobernación y el licenciado Ornar de la Torre, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Así como un nutrido grupo de organizaciones civiles y expertos en materia de normativa migratoria.

En este foro se vertieron las necesidades que reclama la sociedad civil y los usuarios de los Servicios Migratorios en México, que a través del Instituto Nacional de Migración, INM, el Estado tiene la obligación de proveer. Se recalcó sobre la deficiencia de infraestructura en las instalaciones migratorias, la falta de capacitación de los servidores públicos, etc.

Estos actores coincidieron en que para tomar medidas cabales antes es necesario partir de una visión integral de lo que significa el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, “un Instituto Nacional de Migración que no tenga recursos suficientes para hacer su trabajo, tampoco va a servir de mucho como institución no le sirve a los mexicanos y mucho menos a nuestros migrantes” recalcó la senadora Adriana Dávila.

Ernesto Rodríguez, ex titular de la Unidad de Política Migratoria y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, mencionó en este foro que “la nueva dinámica rebasa con mucho las competencias y las actuaciones del instituto, sobre todo en temas que tienen que ver con la seguridad de los migrantes” y señaló que ...se tendría que destacar algunos cambios importantísimos que han ocurrido en los últimos 10 años y muchas veces toda la discusión sobre el Instituto Nacional de Migración es mucho más reactiva que proactiva y no toma en cuenta lo que está ocurriendo realmente en el país”.

Entre los temas en que debe ocuparse actualmente el INM, están las protección de todos los migrantes que transitan por México, sin importar si son turistas o indocumentados así como de adultos y menores mexicanos retornados, repatriados o devueltos. Es decir en este foro se reconoció que la dinámica de la migración en México ha cambiado y como consecuencia de ello es inminente que las estructuras del Estado se adecuen para atender el fenómeno migratorio.

Se hizo un llamado de atención para que se mejorará el sistema de documentación migratoria. Así también mencionó que el Instituto Nacional de Migración, en los últimos 10 años, ha respondido a una dinámica de los flujos migratorios en el momento que se creó, pero que para que lo siga haciendo es necesario invertir no solamente en lo normativo, sino también en las estructuras, en las instalaciones físicas , en el personal, en algunos aspectos de la capacitación, en los problemas del control de confianza , en la creación de grupos de protección al migrante, en la generación de estadística sistematizada, etcétera.

Se puntualizó en que la ampliación de capacidades en recursos humanos no solamente tiene que ver con el incremento del personal, con la profesionalización definitiva de los funcionarios del Instituto de Migración. Donde esté vinculado a los procesos de capacitación y ello tiene que ver con los recursos financieros.

Como lo mencionó Ornar de la Torre, titular de la Unidad de Política Migratoria, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla la importancia de la migración en México y así la creación de un Programa Especial de Migración, que se plantea a partir de 5 objetivos principales, y de ahí derivan las estrategias hacia líneas de acción y por supuesto hacia una medición de indicadores básicos.

La subsecretaria Mercedes Guillén Vicente asumió que el fenómeno migratorio es el tema del siglo XXI y reiteró su disposición y la del Secretario de Gobernación de trabajar para mejorar la gestión migratoria a través de mejores instituciones. Así mismo aceptó que el nuevo reto de México no tiene nada que ver con el que existía hace 20 años. Que México tiene una gran labor al incorporar a las personas repatriadas no sólo en el ámbito social, sino educativo y laboral. Y reconoció “que en los siguientes años México tenga el gran reto respecto a los repatriados. Y tenemos que responder de alguna manera”.

Dijo que el reto institucional del Instituto de Migración es, como se ha dicho aquí también, un reto de imagen institucional. Es decir, de alguna manera tenemos que trabajar todos juntos para hacer un replanteamiento y hacerlo mucho más fuerte.

Mencionó que durante 2013, el Instituto rescató a 9 mil 900 menores. Y que muchos de estos rescates son por vía aérea por la seguridad que esta vía provee, y ello con las limitaciones presupuestales con que cuenta el instituto, puntualizó. En este mismo tenor mencionó que las estaciones migratorias también hacen lo necesario con el mismo presupuesto, pero aseguró que pese a ello los extranjeros, recibieron los servicios establecidos en la ley. La Subsecretaria mencionó que se atendieron 662 solicitudes de alerta en el marco del Programa Ángel Guardián, de la agencia estadounidense de Migración y del Programa de Alerta Ámber , “...con instrucciones precisas del señor secretario de Gobernación , licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, se dispuso que en política migratoria delineáramos un cambio cualitativo de fondo y de gran calado para que el Estado mexicano pueda responder más eficazmente a los diversos rostros y desafíos de la migración”, concluyó.

Es decir, en este foro se vertieron diversas áreas en las que el Instituto Nacional de Migración, órgano encargado de ejecutar la política migratoria en nuestro país, debe transformarse entre ellos el fortalecimiento de valores, de principios vinculados a la convivencia democrática, la transparencia, la rendición de cuentas, la certeza jurídica, la profesionalización de sus servidores públicos, y sobre todo en el financiamiento. Se reconoció que México tiene una infraestructura institucional para atender el fenómeno migratorio, pero hay deficiencias y hay desafíos.

Bajo tales argumentos, los presentes se comprometieron a trabajar para fortalecer institucionalmente al Instituto Nacional de Migración, reconociendo la limitación de capacidades y recursos humanos, misma que ha acarreado una serie de deficiencias.

A consecuencia de lo anterior, en esa fecha los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Marcela Guerra Castillo, Adriana Dávila Fernández, Zoe Robledo Aburto y Humberto Domingo Mayans Canabal suscribieron un punto de acuerdo en el que se exhortó Al Instituto Nacional de Migración, a través de su titular, para que se realice mediante una institución educativa pública un diagnóstico que permita identificar las necesidades administrativas, financieras y profesionales así como, el uso y el destino de los recursos presupuestales que recibe dicho instituto.

Derivado de este punto de acuerdo el Instituto Nacional de Migración firmó un convenio con el Instituto Politécnico Nacional a fin de que se diera cabal cumplimiento al punto de acuerdo mencionado en el párrafo anterior.

2. Derivado del punto expuesto, el Instituto Politécnico Nacional, realizó un diagnóstico administrativo al Instituto Nacional de Migración partiendo desde la administración pública federal y el contexto que ocupa el INM en ésta y así determinar los objetivos del análisis. Saber de dónde se parte y hacia dónde se dirige.

Contextualizando que la globalización no es un fenómeno actual dentro de los aspectos económicos. La economía mundial estaba globalizada desde hace décadas dado que es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, es el resultado de las tecnologías y la innovación humana. Por lo que refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio internacional y los flujos financieros. En casos particulares este término se refiere al desplazamiento de personas, mano de obra y la transferencia de conocimientos, la tecnología, por lo que todo está altamente integrado.

La globalización toca aspectos culturales, políticos y ambientales. Sin embargo, nunca antes el comercio y los servicios financieros han estado tan desarrollados e integrados, tal es el caso del desplazamiento de capitales en todo el mundo. Por lo que este proceso de integración de los mercados financieros, que ha sido posible gracias a las comunicaciones electrónicas actuales.

La sociedad y la economía mundial que resultan en un incremento importante del comercio internacional y el intercambio cultural. El término fue empleado en primera instancia en 1985, por Theodore Levitt en “The Globalization of Markets” para describir las transformaciones que venía sufriendo la economía internacional desde mediados de la década del 60. La globalización es el proceso que se da por la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo, dado que une los mercados, las sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. En este marco se registra un gran incremento del comercio internacional y las inversiones, debido a la caída de las barreras arancelarias y la interdependencia de las naciones. En los ámbitos económicos y comerciales representados por empresas, el término se utiliza para referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital, y particularmente a los efectos de la liberalización y desregulación del comercio y las inversiones, lo que a su vez suele denominarse como libre comercio. En el siglo XX el crecimiento económico casi quintuplicó el producto interno bruto, PIB, mundial per cápita. Sin embargo, este crecimiento no fue regular, ya que la mayor expansión se concentró en la segunda mitad del siglo, período de rápida expansión del comercio exterior a la par de un proceso de liberalización comercial y, en general un poco más tarde, de la liberalización de los mercados bursátiles.

Durante el período entre las dos guerras mundiales, el mundo cambió a la internacionalización o la globalización como se la llama actualmente y los países cerraron su economía y adoptaron medidas proteccionistas y un control generalizado de los capitales. Este fue el principal factor determinante de los devastadores resultados de ese período: el crecimiento del ingreso per cápita se redujo a menos del 1 por ciento entre 1913 y 1950. Durante el resto del siglo, aunque la población creció a un ritmo extraordinario, el aumento del ingreso per cápita superó el 2 por ciento, principalmente durante la fase de expansión de que disfrutaron los países industriales después de la guerra. El siglo pasado tuvo un notable crecimiento del nivel medio de ingresos, pero los datos muestran que el crecimiento no estuvo repartido de manera igual. La brecha entre los países ricos y los países pobres, y entre los sectores ricos y pobres dentro de cada país, se amplió. Para la cuarta parte de la población mundial más rica el PIB per cápita casi se sextuplicó durante el ·siglo, en tanto que para la cuarta parte más pobre no llegó a triplicarse. Sin duda, la desigualdad de ingresos se ha agravado. Sin embargo, cabe señalar que el PIB per cápita no explica totalmente la situación.

Modernización administrativa

Modernización significa adaptación al entorno actual y a la realidad presente. Un entorno sometido a permanente cambio en el que surgen nuevos retos y expectativas. Por tanto, el concepto de modernización es aplicable a cualquier tipo de organización, pública o privada, si bien podemos definirlo en el contexto de las administraciones públicas y la administración local en particular, como la transición de un sistema burocrático a otro de gestión, capaz de definir objetivos, optar por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar los resultados obtenidos.

Así, la modernización debe entenderse como transformación, desde una perspectiva organizativa y cultural.

Este cambio implica un cambio en la cultura administrativa que ha de afectar necesariamente a las formas de gestión, siendo sus valores fundamentales:

• Obtener resultados.

• Participación y motivación.

• Estimulo de la responsabilidad.

• Prioridad del servicio al ciudadano.

• Crear conciencia de costos.

• Favorecer el cambio, la innovación y la mejora continua.

• El ciudadano como cliente.

Mediante la modernización y la aplicación de la Nueva Gestión Pública se pretende conseguir:

I. Una Administración receptiva: que atiende las demandas y necesidades de los ciudadanos y organiza sus servicios de acuerdo con éstas, dentro de su ámbito de competencia.

II. Una Administración fácil para el ciudadano: próxima, menos complicada, más ágil en la respuesta, etc.

III. Una Administración eficaz, pero también eficiente: que planifica sus actividades y obtiene resultados, un costo razonable, como garantía de que el dinero de los ciudadanos está siendo bien empleado.

IV. Una Administrac ión que hace un buen uso de las nuevas tecnologías : no solo para mejorar los procesos de trabajo internos, sino también para relacionarse con los ciudadanos .

V. Una Administración profesional, formada por personal capacitado , con directivos competentes y un equipo político de gobierno comprometido .

Uno de los enfoques otorga importancia central al desarrollo de la teoría de sistemas, que produjo un efecto fundamental en el enfoque de la administración. Esta teoría, desarrollada por Bertalanfy y otros en el campo de la biología, invadió las ciencias sociales e impuso sus principios por varias décadas. Sólo en la última década ha habido una crítica a este enfoque en administración que se fundamenta en que los sistemas corresponden a “formas naturales”, mientras que los fenómenos sociales y humanos corresponde a “artificial form”, que no pueden estar regidos en todos sus aspectos por el sistema. La crítica se centró en el concepto de sistema cerrado, lo que se intentó superar desarrollando la teoría en el campo de los llamados “sistemas abiertos” en los cuales quedaría ubicada la empresa y la administración pública.

La administración pública de la actualidad

Actualmente se requiere un Estado procurador del desarrollo humano, fortalecedor de la democracia , capaz de producir eficiencia, competitividad , calidad, crecimiento, promovedor de la participación ciudadana en las actividades productivas y en las tareas gubernamentales , capaz de enfrentar con efectividad los desafíos que caracterizan a este nuevo siglo, y capaz de gobernar a la sociedad y de cumplir con decisión y objetividad el rol de coordinador de los esfuerzos privados y públicos. Con un Estado fuerte, dimensionado, eficiente y predecible es posible desarrollar un ámbito público competitivo.

El Estado moderno

La sociedad espera efectivamente un Estado responsable en determinadas funciones , como educación, salud, justicia social, medio ambiente; y una buena gestión de la cosa pública, mediante su propia estructura estatal: la administración pública.

La administración pública y su utilidad

La administración pública es un instrumento a través del cual se debería lograr la satisfacción de derechos, necesidades y la promoción del crecimiento del ser humano; y en consecuencia, debe estar orientada hacia el ciudadano. Desde una concepción funcional, el objetivo primario de la administración pública con relación a sus acciones, no es la realización de actividades, sino más bien la satisfacción de las necesidades. También se pueden resumir en: brindar servicios, resolver problemas, satisfacer necesidades, favorecer el progreso y el desarrollo. De acuerdo con esta perspectiva, el curso de la acción tomada reviste relevancia; es decir, las interrelaciones que se establecen entre los ciudadanos, la administración pública y el aparato burocrático.

La administración pública promotora de políticas públicas

La administración pública es la organización del Estado encargada de implementar las políticas públicas y de satisfacer las demandas de la ciudadanía. Si el diseño de la administración no es funcional a ambos objetivos, es porque la misma se ha burocratizado. Los diseños administrativos deben ser permeables, abiertos y flexibles a los cambios de políticas. Las tecnologías de la información y la comunicación pueden originar aumentos considerables de productividad para la administración pública. Para ello, deben cumplirse varias condiciones, como por ejemplo un cambio profundo en las relaciones entre el Estado, la administración pública y los ciudadanos, partiendo de una fuerte voluntad política, capaz de mantener la vista en el objetivo y consciente de que en ciertos momentos será necesario “caminar a ciegas”. Si los cambios son meramente superficiales o aparentes y no inciden en las relaciones sustanciales con los ciudadanos, entonces no sólo serían insuficientes sino también probablemente perniciosos. Debe formularse una política que establezca prioridades, abarcando un período lo suficientemente amplio, más allá de los tiempos políticos o los plazos electorales que pueden sobrevenir antes de que los cambios se consoliden.

Las políticas públicas y su función

Si bien las funciones del Estado se han reducido, debe continuar prestando una serie de servicios a la sociedad, tales como salud, educación, seguridad social, etc. Es importante lograr una acción conjunta con el fin de diseñar e implementar políticas en un entorno incierto donde diferentes grupos, tanto dentro como fuera de la organización, pueden tener objetivos diferentes. Existen diversos mecanismos para acomodar la propia institucionalidad del sector público a las políticas que se desarrollan, enfatizando la necesaria flexibilidad organizativa y la especialización de funciones. Pero es una tarea difícil en un sector público tan rígido como el que se tiene.

Se puede entender que política pública es un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar, desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil. Cuando desde el Estado se plantean propuestas hacia la sociedad, existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, y en ese nivel las políticas públicas desempeñan un rol fundamental. Una política es una declaración de carácter general que informa cursos de acción.

Así es que una vez ubicados los contextos de la administración pública, se delimitaron los objetivos para el diagnóstico aplicado al INM, siendo estos los siguientes:

• Realizar un análisis-diagnóstico y recomendaciones sobre la ejecución presupuestaria del INM, su ejercicio y gasto.

• Proponer encomiendas del uso más eficiente de los ingresos, por parte de Secretaría de Gobernación, mediante el INM, para lograr una eficiencia en las operaciones del propio instituto, abriendo con ello la calidad de los programas existentes al igual que sus actividades actuales.

Se identificaron las necesidades y sus funciones relacionadas con la modificación del ingreso del INM por parte de los autogenerables.

Se elaboró el análisis Foda de las áreas y programas del INM, para analizar y clasificarlos de acuerdo a su importancia operacional, incluyendo su zona fronteriza, su objetivo, fecha de implementación, actualización, en su caso y personal involucrado, así mismo como su impacto presupuestario.

Se revisaron los procedimientos administrativos, especialmente su objeto, aspectos técnicos y operativos, como son su programación presupuestal.

Se analizaron los programas prioritarios que son el “ser” del instituto y que se originaron por una disposición jurídica, normativa o derivados de disposiciones fiscales, para ello se determinó su vigencia.

Para la operación del INM se analizaron los procesos de control, procedimientos o administración de programación, presupuestario o registro contable donde se definió el área que los opera o administra, las áreas usuarias internas y externas y su interrelación horizontal y transversal con los demás procesos internos del INM, y con otros procesos externos.

Se analizaron los productos que generan dichos recursos autogenerables, o los servicios que proporcionan al interior del INM, a los diferentes sectores, y al público en general.

Se estudió la fecha y condiciones de creación, de los productos que generan dichos recursos autogenerables, o los servicios y del monto que recaudan año con año y de su impacto en las funciones del INM.

3. Partiendo del surgimiento a la vida jurídica del Instituto Nacional de Migración, no debemos perder de vista que surge como un órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Diario Oficial de la Federación, 19 de octubre de 1993).

Artículo 1o. Se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Primero. Reconocimiento

Finalmente, el 18 de mayo de 2005 mediante acuerdo es reconocido como instancia de seguridad nacional.

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, y considera “...la seguridad nacional tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones...” y propone “concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio”.

Donde el marco jurídico de aplicación refiere a la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, bajo la tutela del Consejo de Seguridad Nacional como una Instancia para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional, que establece y articula la política a seguir en la materia.

Por lo que la ley citada contempla como amenazas de seguridad nacional, principalmente las siguientes:

- Los actos tendentes a consumar espionaje.

- Sabotaje o terrorismo.

- Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.

- Los tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.

- Los tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contra inteligencia.

Siendo dos los motivos principales por los que se le otorga al Instituto Nacional de Migración la calidad de Institución de Seguridad Nacional.

1o. En términos de la Ley de Seguridad Nacional, menciona que, por Instancias e instituciones y autoridades que en función de sus atribuciones participan directa o indirectamente en la Seguridad Nacional, donde se determinó que, de acuerdo con las facultades operativas del Instituto Nacional de Migración. Menciona en su Decreto de creación que es un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene por objeto la planeación , ejecución , control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal en materia migratoria, lo que lleva a depender en decisión de ejercicio presupuesta! para dar cumplimiento a autorización de la Secretaría de Gobernación , sin poder hacer uso directo de los recursos autogenerados en materia de inversión en sus diferentes recursos donde representen una amenaza a la Seguridad Nacional, entre ellos, los sistemas de resguardo y manejo de información así como la localización y seguimiento de las actividades del personal a cargo de dicha información.

2o. Se otorga, el 6 de abril de 2005 a través del Consejo de Seguridad Nacional, el reconocimiento como Instancia de Seguridad Nacional al Instituto Nacional de Migración por las atribuciones y funciones que realiza, al mismo tiempo indica que:

“Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo, a emitir el acuerdo de reconocimiento correspondiente y proveer lo necesario a fin de incorporar las bases de datos y sistemas del Instituto Nacional de Migración que resulten pertinentes a la Red Nacional de Investigación, y que el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional tiene la obligación de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo”...(sic)

No debemos dejar de ver que la naturaleza jurídica del INM, limita su actuar presupuestal, al no poder disponer del ejercicio de sus recursos asignados , así como en el ejercicio de recursos autogenerados , lo cual representa una carencia en la inversión de tecnologías y desarrollo de personal, atención a los usuarios y la propia seguridad nacional, ya que al no disponer de capital de inversión suficiente en el fortalecimiento de sus actividades institucionales repercute en la violación o falta de aplicación en la Ley de Seguridad Nacional y Ley General de Población, entre otras secundarias de aplicación en la materia.

3o. De acuerdo con el decreto del miércoles 18 de mayo de 2005 publicados en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), indica que el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, da razón de actuar, límites y funciones del INM, por lo que hace alusión a:

“Que las atribuciones del Instituto Nacional de Migración tienen relación directa con la Seguridad Nacional... de acuerdo con la Ley General de Población y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, dicho instituto tiene la facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través dela restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija ; organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos; negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; suspender o prohibir la admisión de extranjeros cuando así lo determine el interés nacional; expulsar a los extranjeros en casos de que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional; así como señalar el periodo durante el cual el extranjero no deberá reingresar al país; tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite de las calidades migratorias otorgadas; instruir lo necesario para el cumplimiento de arraigos judiciales ordenados respecto a nacionales o extranjeros ; investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas, y en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades competentes; así como operar y controlar los archivos de la documentación migratoria...”

“Que para una adecuada realización de sus actividades y, con el fin de que éstas se encaminen dentro del contexto de la seguridad nacional, es necesario que exista una colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que éste se constituya como la institución rectora de la Red Nacional de Investigación y por lo tanto funja como órgano de coordinación, definición y articulación de las acciones tendentes a la constitución y operación de la Red Nacional de Investigación”.

1o. Donde los requisitos que debe cumplir una instancia de seguridad nacional y establecer esa coordinación de trabajo, menciona el decreto:

Artículo Tercero. A fin de instrumentar la Red Nacional de Información de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Migración compartirá sus bases de datos y sistemas de información pertinentes y otorgará la cooperación técnica necesaria para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tenga la posibilidad técnica de acceder directamente a dichos sistemas.

Como se puede observar la normatividad que hoy día aplica al INM, no ha sufrido modificación alguna, aun cuando el fenómeno migratorio ha variado desde la creación del mismo, razón por la cual es necesario una tranformación que permita abordar la migración de una manera transversal pero bien dotada del presupuesto suficiente y necesario, a continuación se expone como se integra y el destino éste.

Previo a la integración del presupuesto del INM, debemos revisar la Misión, Visión y Líneas de acción del propio instituto, que sin lugar a dudas son acordes a lo que sociedad civil busca sin embargo, no se aplican al cien por ciento debido a la deficiencia presupuesta! del desconcentrado.

Misión

Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros , reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana.

Visión

Ser la entidad del gobierno federal que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta y segura, y que, con base en el pleno respeto a los derechos humanos, favorece el desarrollo y seguridad nacional, y participa armónicamente en el concierto internacional.

Objetivos Estratégicos:

1. Facilitar los flujos migratorios legales

Líneas de acción:

1.1. Ampliar y modernizar la infraestructura para la facilitación de la entrada, estancia y salida de los flujos migratorios.

1.2. Simplificar los trámites migratorios para brindar un mejor servicio a los usuarios.

1.3. Promover acuerdos y tratados internacionales para establecer nuevos mecanismos que incrementen y faciliten las entradas regulares de extranjeros al país.

2. Fortalecer la gestión de regulación, control y verificación

Líneas de acción:

2.1. Incrementar la capacidad operativa del proceso de verificación migratoria.

2.2. Modernizar las delegaciones y subdelegaciones del INM para mejorar los servicios migratorios.

2.3. Modernizar las estaciones y estancias migratorias para el alojamiento y atención de extranjeros conforme a los requerimientos de ley, con la creación de infraestructura y dotación de equipamiento de última generación.

2.4. Coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas.

2.5. Mejorar los mecanismos de registro de extranjeros.

2.6. Impulsar acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno para reducir los ingresos irregulares en la frontera sur.

2.7. Fortalecer la relación bilateral y multilateral con países centroamericanos para facilitar el ingreso legal de sus connacionales al país.

2.8. Crear puntos de control interno con la participación de los organismos de seguridad federal y estatal, aduanas y control fitosanitario.

2.9. Fomentar la cultura de legalidad migratoria con países centroamericanos que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia México.

3. Actualizar el marco jurídico

Líneas de acción:

3.1. Actualizar las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia migratoria de acuerdo a las necesidades prácticas que en materia de servicios y trámites se presentan.

3.2. Actualizar la normatividad interna.

4. Modernizar la gestión institucional

Líneas de acción:

4.1. Hacer más eficiente la atención en el control y verificación de entradas de extranjeros para consolidar una cultura de calidad en la prestación de los servicios migratorios.

4.2. Consolidar el servicio profesional de carrera y crear la academia de capacitación para el desarrollo y profesionalización de los servidores públicos.

4.3. Desarrollar el trabajo sustantivo y administrativo del Instituto bajo una visión de procesos.

4.4. Aplicar mecanismos de control de confianza para combatir la corrupción y mejorar la selección y promoción de los servidores públicos del INM.

4.5. Fortalecer los procesos de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción en el INM conforme a las disposiciones legales.

4.6 Implementar el uso de tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar la eficiencia de las funciones del instituto.

5. Garantizar el respeto de los derechos de los migrantes

Líneas de acción:

5.1. Fortalecer y ampliar los grupos de protección a migrantes.

5.2. Fortalecer los grupos de protección al migrante en las fronteras norte y sur, y crear nuevos grupos.

5.3. Impulsar la capacitación, profesionalización y certificación de los integrantes de los grupos de protección al migrante.

5.4. Revisar y renegociar permanentemente los Arreglos Locales de Repatriación con el gobierno norteamericano.

5.5. Construir en puntos de repatriación la infraestructura para la atención y organización de traslados a comunidades de origen de los repatriados.

5.6. Fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional, para el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados.

5.7. Impulsar iniciativas que permitan la creación de fuentes de empleo e incorporación de mano de obra calificada de connacionales repatriados.

5.8. Fortalecer las relaciones con los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil para incrementar las acciones de protección a migrantes.

5.9. Otorgar a los Grupos Beta, Oficiales de Protección a la Infancia y Paisano el estatus de Programa, con presupuesto propio.

5.10. Incrementar la participación de los DIF en las fronteras norte y sur para la atención de menores de edad nacionales y extranjeros repatriados y asegurados.

5.11 Certificar albergues civiles que contribuyen al auxilio de migrantes y otorgamiento de apoyos presupuestales del gobierno federal.

4. EI diagnóstico determina que el INM, integra sus recursos en dos vías, lo asignado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y a través de los autogenerados por los servicios migratorios.

Acorde a la naturaleza jurídica del INM, el diagrama de integración de sus autogenerados es el siguiente:

Resulta de vital importancia reflejar el análisis realizado entre el presupuesto 2014 con el inmediato anterior 2013, resultando lo siguiente:

El Presupuesto de Egresos 2014 contempla solamente un aumento de 10 por ciento con respecto a 2013 en el Instituto Nacional de Migración (INM).

La dependencia, en la actualidad carece de un incremento en sus activos monetarios, como se lo observó el análisis de estatus financiero, realizado por el Instituto Politécnico Nacional, denota la falta de dichos recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, los cuales, en orden prioritario acorde a las necesidades cambiantes de la población migratoria en el territorio nacional, se encuentran los siguientes:

• Oficiales de Protección Infantil.

• Repatriación

• Grupos Beta.

• Paisano.

Por lo que respecta a los autogenerados, éstos encuentran su fundamento legal en lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos:

Artículo 8. Ley Federal de Derechos

“Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagará derechos conforme a las siguientes cuotas...”

1. Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas $ 305.56...

Artículo 18- A.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8. De la presente ley, (Ley Federal de Derechos), por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México, para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para los estudios, provectos y la inversión en infraestructura que se determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos. (Sic).

Ahora bien, la sumatoria de estos dos rubros integran el presupuesto del INM, traducido en números, se aprecia que la asignación presupuestal para 2014 fue de 2 millones 102.08 pesos, ahora bien, particularmente por concepto de “visitantes sin permiso”, se ha recaudado un total de 2 mil 386 millones 50 mil 859 pesos bajo el mecanismo de retorno implementado por la Tesofe, al INM se le asignó 20 por ciento los cuales deben ser utilizados en la mejora de instalaciones, más no en programas prioritarios.

5. Gastos de operación

Las siguientes observaciones, son parte del estudio realizado por el IPN y fueron realizadas y revisadas en su conjunto con los agentes económicos en materia de bienes y servicios otorgados

Derivado del estudio que realizó el IPN se pudo observar que el INM destina la mayor parte del presupuesto asignado a pagar Servicios Profesionales e Impuestos sobre nómina. Y solamente 14.47 por ciento de éste su presupuesto se usa para los gastos operativos de delegaciones, subdelegaciones locales y los diferentes programas.

El siguiente cuadro representa un resumen del presupuesto, en el que se identifican los antes mencionados rubros: Gastos de Operación y Presupuesto de Servicios Personales e Impuestos sobre Nómina.

Las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales en las entidades federativas del INM, antes referidas, atienden programas en materia de migración de acuerdo a las circunscripciones territoriales. Esos programas son:

• Grupo de Oficiales de Protección al Infante. Que atiende de forma perzonalizada, desde 2007 a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que hacen una importante labor con los niños repatriados Estados Unidos de América.

Sus principales funciones son:

1. Salvaguardar la integridad física y mental de los menores.

2. Brindarles de manera inmediata los servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso.

3. Facilitarles el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas.

4. Mantener informado al menor sobre su situación migratoria, utilizando lenguaje amable y acorde con su edad.

5. Acompañarlos durante su proceso de repatriación.

Los OPI, como son llamados, cuentan con apenas 543 elementos dispersos en las 32 delegaciones federales, y cumplen con el perfil diseñado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Es importante destacar que de acuerdo con el INM, cada año alrededor de 40 mil niños y niñas son repatriados desde Estados Unidos de América y por lo menos 18,000 viajan solos. El estado mexicano, a través del INM, traslada a los niños de origen centroamericano a su país de origen, en 2007 fueron 5,771 niños centroamericanos.

El estudio arrojó que con el esquema actual, México difícilmente podrá enfrentar la actual crisis que viven los niños y adolescentes no acompañados debido a que la atención directa, especifica y personalizada que brindan los OPI, apenas puede cubrir con 16.9 elementos, por Delegación divididos en 3 turnos, es decir a 5.6 por turno . Apenas se podría atender a 15 niños por día, cifra que de ninguna forma se acerca a la disipación de la crisis humanitaria.

La actuación de los OPI, están fundados en el artículo 112 de la Ley de Migración, y tienen la obligación de “Cuando un niño, niña o adolecente migrante no acompañado sea puesto a disposición del INM quedará bajo la responsabilidad de los OPI, para garantizar el respeto, de sus derechos humanos”, por esta razón el INM, pretende replicar el modelo OPI a lo largo de América Latina, y ya se cuenta con avances en el Salvador , Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, donde bajo el modelo ACNUR , y en coordinación con el DIF y la SRE. Ya que México como país de tránsito, ha convertido a la infancia migrante en victimas de otros abusos en sus trayectos, entre ellos, violación sexual, robos, secuestros , entre otros.

Este programa, concluye el estudio realizado por el IPN, será prioritario para dar atención a los menores migrantes, lo que se transmite en una necesidad de inversión y re direccionamiento de presupuesto en su favor.

La siguiente tabla representa a los niños, niñas y adolescente mexicanos que fueron beneficiados con este programa durante 2006, y la siguiente los niños, niñas y adolescentes centroamericanos que fueron llevados a su país de origen durante 2007:

Programa Repatriación. Este es otro de los programas que opera el INM, y su objetivo general es procurar mejores condiciones de vida a mexicanos, repatriados o deportados, por los Estados Unidos de América, en coordinación de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e iniciativa privada.

Dentro de las actividades que se ocupa, se encuentra la elaboración de una guía denominada PRIM, donde aporta una serie de apoyos a recibir por los repatriados, agua alimentos. comunicaciones consulares, asistencia médica y psicológica, canalización a albergues, traslados a albergues, vacunación , oficinas de gobierno, comedores y estaciones de transporte, las cuales son desarrolladas por 9 estaciones de repatriación a lo largo de la frontera norte de nuestro país en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

El siguiente esquema da cuenta de los módulos de repatriación humana de los que se comentó con antelación:

Bienvenido a casa Paisano. Este es un programa permanente que tiene como finalidad establecer políticas, estrategias y acciones preventivas que garantiza el ingreso, tránsito y salida de connacionales bajo la plena garantía de los derechos humanos y seguridad tanto de los bienes como de las personas.

Con una figura de Comisión Intersecretarial de 21 dependenc ias de Gobierno en periodos vacacionales de mayor importancia y afluencia en México y con la colaboración de tres mil participantes voluntarios de niveles estatales y municipales en mayor cantidad que federales.

Los servidores públicos que pertenecen a este programa deben contar con vocación de servicio ya que tienen trato directo con los connacionales. Este programa hace uso y distribución de herramientas administrativas, publicitarias y de información en las cuales se plasma principalmente información necesaria para el ingreso a territorio Nacional, tanto de mercancías que pueden ingresar, impuestos por pagar e importaciones de vehículos.

Esta información es crucial para proteger a mexicanos, pues facilita los procesos administrativos que se deben llevar a cabo, como son las obligaciones a su paso por el país. Así mismo emite una guía para la emisión de quejas o abusos de autoridades nacionales. Actualmente esta información se encuentra también en una APP para dispositivos móviles que da a conocer entre otros puntos, una ruta segura de viaje.

El IPN detectó que en los puntos operativos para este programa en el territorio nacional, se detectó, un alza en la distribución de información con relación a años pasados. En este sentido, las encuestas realizadas por el IPN al usuario, detectaron que tienen más presente este programa que otros que realiza la institución incluso a nivel internacional. Sin embargo, existe la percepción de que “el único inconveniente que le ven es el de no tener facultados a efectivos del INM para asuntos de seguridad, además del uso constante de voluntarios”.

• Grupos Beta. Este programa tuvo como primer fin el combate a la delincuencia y abatimiento de los crímenes de los cuales eran víctimas los migrantes en Baja California en 1994. Hoy está presente en 9 Estados de la República, con representación e integración de los tres niveles de Gobierno, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de las personas y la seguridad nacional. Su objetivo es proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes sin importar su nacionalidad o situación migratoria durante el tránsito por nuestro país y durante su repatriación, en cumplimiento con el artículo 71 de la Ley de Migración y el 188 del Reglamento de la Ley de Migración.

Dentro del diagnóstico, se apreció la distribución, acción y reacción de los Grupos Beta, y se notó la falta de una base de datos y una deficiente coordinación intersecretarial, como se estipula en el programa paisano. Así pues, se observó la necesidad de fortalecer la capacidad autónoma de dispersión de recursos, inversión en tecnología a fin de que el INM tenga un sistema diseñado para el registro, captación y control del flujo migratorio en las zonas donde atienden a estos grupos.

Mapa de localización de los Grupos Beta

Los cambios en el tema de la migración de personas, en la actualidad, representa la firmeza de atención de los gobiernos a nivel internacional, en el caso de México, ya se nombran cifras por diversos organismos en las cuales se maneja un aumento significativo en la población de infantes y mujeres, lo que conlleva a una mayor demanda de servicios otorgados por el propio INM en cada una de sus estaciones migratorias, casas de atención a menores y personas con capacidades diferentes, que también aunque pocos casos, migran con el auxilio de sus familiares en la búsqueda de mejores horizontes.

Se puede considerar que la demanda de un bien o servicio en particular, será determinada por la conducta de quienes lo requieren, de tal modo que el beneficio se ve afectado por las restricciones existentes o regulaciones que en el caso del INM, tienden a ser los jurídico-institucionales, tomando en consideración el ingreso con el que cuentan y la cantidad que se destina en la operación y manejo de los migrantes, en la praxis, a mayor tránsito de personas por el territorio nacional, mayor será la necesidad del Instituto para cubrir las necesidades, de atención, retención, manejo y repatriación segura de migrantes, que en caso especial, los infantes obtienen un trato internacionalmente regulado bajo un estándar.

Dentro de este análisis estructural, jurídico, operativo y funcional, el INM, requiere de una asignación óptima de los recursos considerando el aumento del flujo migratorio al igual que las reacciones a las que se enfrenta como Institución de Seguridad Nacional, en el marco de sus atribuciones.

En la actualidad, el INM, requiere de personal altamente calificado, para poder ayudar a solucionar el problema creciente de la migración infantil, otra detección de necesidades es la de un centro de selección, reclutamiento, capacitación y adiestramiento especializado en formar Oficiales de Seguridad Migratoria de primer nivel, en función del acompañamiento de un sistema de servicios regulatorios para el ingreso y egreso de visitantes, legales e ilegales a territorio nacional.

Ante las deficiencias, se observa que la necesidad pública de atención efectiva tiene repercusiones sociales, sin importar el volumen de trabajo o acciones intermedias que se realizan para lograr un esfuerzo palpable en la materia, que conlleva a la responsabilidad de ejecutar los trabajos y lograr resultados a cargo de la entidad ejecutora , en donde se permitirá dar una definición de acción y actuación certera bajo la utilización de recursos propios, direccionados , en este caso a los Oficiales de Protección de la Infancia.

En el esquema de promedio simple se optó por realizar la ponderación de junio, con la finalidad de observar el flujo de comportamientos en el mes inmediato siguiente, y realizar un análisis financiero de comportamiento de presupuestos contra captación de auto generado.

Realizando la totalización de los montos se obtuvo que:

a) En los primeros 5 meses del año se capta el 88% del recurso que otorga la federación al INM.

b) El recurso otorgado por el PEF al INM, solo atiende las necesidades básicas de sueldos, insumos de limpieza, alimentación y viáticos del personal por un lapos de 3 a 4 meses aproximadamente, por lo que se deja sin atención a los programas prioritarios.

c) La atención a niños migrantes, puede ser aún más efectiva bajo el cambio de asignación de recursos directamente a los Oficiales de Protección de la Infancia.

6. Para tener una visión más clara de lo expuesto el Instituto Politécnico Nacional expone lo siguiente:

II. Ingresos obtenidos por concepto de derechos de enero a mayo de 2014

Los ingresos, al igual que el presupuesto derivan de actividades , ya sea por la captación hacendaria o bien por el pago de derechos para recibir bienes, productos o servicios por parte del Estado direccionados hacia los ciudadanos de un país, en la instrumentación del análisis financiero, del cual se desprende el razonamiento financiero , se debe dejar en claro, que el Instituto Nacional de Migración ofrece bajo su catálogo de trámites y servicios ciertas formas migratorias correspondientes a regularizar la estancia de los visitantes en territorio nacional.

Por las cuales, se paga una cantidad la cual está determinada bajo la Ley Federal de Derechos, que en este caso, se consideran recursos autogenerables del propio INM, sin embargo, estos recursos son captados por la Tesorería de la Federación, y repartidos en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística y en 20 por ciento para el propio INM.

Después de haber analizado a detalle la operación .del INM se sobre entiende que la falta de este 80 por ciento bien podría ser destinados al Programa Oficiales de Protección de la Infancia, OPI, en donde a nivel internacional, es de suma importancia atender a la población migratoria en estado de indefensión por propia naturaleza de la edad y condiciones sociales.

La segmentación y asignación de este recurso financiero, merma la operatividad y efectividad en la atención a migrantes, lo que prolonga su estadía en territorio nacional y en ocasiones llegan a convertirse en problemas de salud en las estaciones migratorias por las condiciones en que realizan su travesía a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Ahora bien, el ejercicio presupuestal, de conformidad con la Ley Federal de Derechos, el Consejo de Promoción Turística, debe hacer uso de ese 80 por ciento para la promoción de destinos turísticos, mientras que el INM debe atender acciones propias relacionadas con la migración de personas con tan sólo el 20 por ciento, de manera tal que es insuficiente de acuerdo con los programas, estructura y actividades estudiadas en el principio del diagnóstico.

“El planteamiento nacional coordinado, en que la iniciativa la toma principalmente el gobierno, es una técnica relativamente moderna. Como depende mucho de la doctrina social y política de un país, puede estar muy centralizado o descentralizado. Esta centralizado cuando los planes detallados se preparan en el centro del país y la ejecución de los planes está estrechamente vigilada por las autoridades centrales”.

El análisis de relación presupuestaria con que cuenta el INM, se aprecia en la gráfica siguiente, donde la lectura de los datos indican que tan sólo en el 2014, en el periodo comprendido de enero-mayo, por concepto general de autogenerados, han ingresado, 3 mil 186 millones 365 mil 916 pesos, bajo el monto total que dictan los rubros de la Ley de Derechos en diversos artículos.

7. Sin embargo, es de hacerse notar que

a) Se rebasa el monto del presupuesto otorgado por la federación al instituto dentro de los primeros 5 meses, que es de 2 mil 102 millones 142 mil 765. Para ejercicio presupuestal anual.

b) La correspondencia entre lo asignado y lo captado, se muestra abismal, por lo que se estima que el INM, se queda sin presupuesto dentro de los primeros 3 meses del año.

c) Se observa un punto de flotación en sus operaciones hasta el cierre del año fiscal, con el buen manejo de recursos autogenerados.

Total del presupuesto de PEF 2014: 2 mil 102 millones 142 mil 765 pesos

Total de Ingresos Autogenerados: 2 mil 744 millones 266 mil 348 pesos

Los montos ejercidos han sido calculados bajo el promedio estándar de acuerdo a la temporalidad marcada, lo que arroja un consumo total del presupuesto antes de los 4 primeros meses aproximadamente , con lo que queda un remanente destinado a operaciones bajo el uso y aplicación de los recursos auto generados. Para la estimación del cálculo se tomaron como base los 5 primeros meses del año I los montos reportados tanto en el PEF 2014 como en la sumatoria sólo de los montos correspondientes al Artículo 8 fracción 1 de la Ley Federal de Derechos.

Correspondencia y acotación gráfica de los montos totales, de acuerdo con el ejercicio de 2014 en el periodo comprendido enero-mayo.

a) Se observa la variación en las cantidades de concentración en alto grado de importancia para el INM, bajo el esquema del artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

8. Ahora bien, un punto que también se detectó en el diagnóstico de fortalecimiento al Instituto Nacional de Migración, es la naturaleza jurídica de que goza , por lo que se recomienda que se transforme de un órgano desconcentrado a un organismo descentralizado, con la factibilidad de hacer uso, destino y aplicación de sus recursos autogenerados en la atención de sus programas principales en orden de prioridades de acuerdo a las circunstancias específicas del momento que se vive, atendiendo así a los grupos vulnerables de migrantes en el territorio nacional. Y considerando que tiene el sustento jurídico como institución de seguridad nacional, resulta de vital importancia dotar de recursos suficientes y necesarios al INM, pero de igual manera dotarlo de las atribuciones necesarias para que puedan ejercerlo de manera más eficiente, eficaz, transparente y oportuna.

Derivado de esto último, el IPN, recomienda la creación de un cuerpo especializado y un área de capacitación en donde el personal del actual INM, recurra y sea inducido y capacitado mediante un proceso detallado para el desempeño de sus funciones como agentes migratorios, conformando un Centro de Capacitación y Adiestramiento Migratorio, en lo relativo a los agentes migratorios, grupo Beta y OPI.

Se detectan necesidades claras de inversión en el INM, algunas de ellas se enlistan a continuación.

• Sistema eficiente de comunicación o control de personal.

• Unidades físicas y móviles o trasiego de información.

• Registro de extranjeros.

• Reforzar puntos de acceso y reportes en momento real o desarrollo y aplicación de TIC (nuevas tecnologías).

El IPN, recomienda la modificación de la naturaleza jurídica del INM, en razón de que 100 por ciento de lo que recaude será destinado a la operación de los programas que se definan, en beneficio de los migrantes y a los servidores públicos al mejorar las condiciones bajo las cuales realizan su trabajo , incrementando sustancialmente la calidad de servicios.

Principio de descentralización

Para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se organiza la administración pública mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, y responsables de una actividad específica de interés público.

La descentralización como forma de organización administrativa, y en relación con el procedimiento administrativo , surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico de los entes centralizados.

Órganos descentralizados

A través de esta forma de organización y acción administrativa, se atienden fundamentalmente servicios públicos.

Consiste de confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la jerarquía.

Órganos desconcentrados

Son partes de la centralización administrativa cuyas atribuciones los ejercen en forma local, fuera del centro geográfico en que tiene su sede las instancias académicas centrales. Luego puede desconcentrarse las distintas administraciones.

Es aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa.

Diferencias entre descentralización y desconcentración

Descentralización

• Están sujetos al poder jerárquico.

• No están sujetos a la administración central.

• Los empleados gozan de autonomía orgánica.

Desconcentración

• Están fuera de la relación jerárquica del poder central.

• Son parte de la centralización.

• No se goza de autonomía ya que el superior mantiene un poder sobre las decisiones del órgano subordinado.

Características

Órganos desconcentrados

• Está dentro del cuadro de la centralización

• Las atribuciones las ejerce en forma local, fuera del centro geográfico en que tiene su sede las instancias académicas centrales.

• Se puede desconcentrar en distintas administraciones.

• Prestan servicios o desarrollan acciones en distintas regiones del territorio del país.

• Su objetivo es doble, acerca la prestación de servicios al lugar o domicilio del usuario, con economía para este, y descongestionan la instancia central.

• Se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de las jerarquías.

Órganos descentralizados

• Se confía la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan relación con la administración central.

• No están sujetos a los poderes jerárquicos.

• Los empleados y funcionarios que lo integran gozan de autonomía orgánica.

• Se organiza la administración pública mediante la creación de entes públicos

• Los entes públicos son dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio.

• Atiende fundamental mente servicios públicos.

• Se conserva el poder central

Importancia

Órganos desconcentrados

La importancia que tiene este órgano es que la administración centralizada con organismos o dependencias propias, prestan servicios en distintas regiones del país; y su finalidad es acercar la prestación del servicio al lugar o domicilio del usuario y descongestionar la instancia central.

Órganos descentralizados

La importancia que tiene este órgano es que debido a la descentralización de actividades se puede agilizar o realizar más rápidamente, evitándole los problemas menores al órgano superior; ya que el órgano encargado goza de autonomía o poder para tomar las decisiones correctas en cualquier situación que se presente.

Beneficios para el INM

1. Transferencia de competencias desde la administración central a nuevos entes morales o jurídicos

2. El Estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado.

3. Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración central.

4. El Estado sólo ejerce tutela sobre éstos.

5. Se basa en un principio de autoabastecimiento.

Tipo de descentralización

Descentralización funcional, que consiste en el reconocimiento al órgano correspondiente de competencias o delimitadas sólo a un sector de actividad; es decir, el Estado asigna una función técnica o de servicio a una entidad gestora que dispone de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Fuente: derechoadministrativopedro.blogspot.com

Fuente: derechoadministrativopedro.blogspot.com

Necesidad del manejo de la migración de una forma descentralizada

El objetivo prioritario de presentar una iniciativa de reforma, que fortalezca y acelere, a través de políticas públicas integrales, la respectiva inclusión de los diversos grupos de desarrollo, evitando toda índole de discriminación.

De esta forma, se mantendrá la atribución y el deber de atender de forma específica y concisa las necesidades de los migrantes y de nuestro país.

Lo anterior, ante la imperiosa necesidad de categorizar adecuadamente las atribuciones de los diversos organismos descentralizados que se encargan de la atención a los sectores sociales; por lo que se redefinirán los procesos de atención de mecanismos de decisión correspondientes al Instituto Nacional de Migración, para que de esta forma el gobierno federal pueda llevar a cabo una gestión sustentada en la coordinación y en la orientación de resultados.

El espíritu de esta reforma es incluyente, puesto que se evitará la dispersión de políticas públicas de atención a grupos específicos para impulsar, con sentido integral e impacto directo, los temas sociales que requieren esfuerzo coordinado, combatiendo eficazmente la pobreza y fortaleciendo la cohesión institucional para que exista justicia social.

9. De las necesidades detectadas y propuestas sobresalen las siguientes:

A. Establecer una academia de formación migratoria en la que se impartan tanto los cursos de formación inicial como los cursos de capacitación permanente, a fin de que los futuros y actuales servidores públicos del INM, en todos los niveles, tengan los conocimientos requeridos desde su ingreso al instituto.

B. Diseñar e implementar un sistema de supervisión que permita un efectivo control del personal en servicio, independientemente de la labor realizada y el lugar de operación, para que los mandos medios y super iores estén enterados, en todo momento, de las acciones de sus subordinados y, si fuera necesario, puedan tomar las medidas necesarias.

C. Fortalecer el sistema de promoción laboral, para que este deje de ser casi exclusivamente de movilidad y sea, principalmente, de ascenso en función de cualidades y capacitación.

D. Crear un protocolo que regule el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios e impartir la capacitación correspondiente para que el personal del Instituto Nacional de Migración esté debidamente instruido en la prevención de conflictos.

E. Diseñar e implementar un sistema de rendición de cuentas más holístico que permita una colaboración efectiva entre los mecanismos internos y externos.

F. El cambio de naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Migración, manteniéndolo como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, lo que permitiría:

1) La profesionalización de mandos medios y superiores.

2) La transparencia y la responsabilidad de los administradores públicos ante la sociedad.

3) La descentralización de la ejecución de servicios públicos.

4) En el caso de las actividades exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del gobierno central, la administración debe basarse en la desconcentración organizacional, pero siempre teniendo en cuenta que debe existir una separación funcional entre las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y autónomas ejecutoras de los servicios.

5) El control de los resultados, contrariamente al control paso a paso de las normas y procedimientos, como se hace en el modelo burocrático weberiano. Vale decir, que ello redunda en una modificación de las premisas que guiaron a la administración burocrática. En efecto, con el control a posteriori de los resultados: en primer lugar, la premisa orientadora es la confianza limitada y no la desconfianza total en relación con los funcionarios públicos; en segundo lugar, obliga a la organización a definir claramente sus objetivos, analizados en sus aspectos sustanciales y no como procesos administrativos, y en tercer lugar, esto se convierte en un instrumento técnico capaz de hacer que las organizaciones aprendan de sus errores y a partir de ello elaboren sus estrategias futuras.

Ahora bien, el control de resultados requiere la presencia de algunos mecanismos esenciales. El primero de estos mecanismos es el establecimiento de un modelo contractual entre el organismo central y las agencias descentralizadas. Es el denominado contrato de gestión, que tiene como base metas cuantitativas definidas a priori y posteriormente evaluadas. El contrato de gestión también debe definir qué hacer después de la evaluación, en términos de sanciones, premios u otras formas de corregir los errores.

6) La complementación de la mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus gestores con nuevas formas de control: a. El control de resultados, realizado a partir de indicadores de desempeño estipulados de forma precisa en los contratos de gestión. b. El control contable de costos, que abarcará no sólo el control de los gastos realizados, sino también el descubrimiento de formas más económicas y eficientes de hacer cumplir las políticas públicas. c. El control por competencia administrada o por cuasimercados, en los cuales las diversas agencias buscan ofrecer el mejor servicio a los usuarios. d. Por último, el control social por medio del cual los ciudadanos evaluarán los servicios públicos o participarán en la gestión de los mismos.

7) El reconocimiento de la existencia de un espacio público no estatal, que comprende la capacidad de la sociedad para actuar en asociación con el Estado en el suministro de servicios públicos, ya sea en el control, en la producción, siempre y cuando aquél continúe actuando en la formulación general, la regulación y el financiamiento de las políticas sociales y de desarrollo científico y tecnológico.

8) La orientación de suministros hacia el usuario, lo que se pone de relieve en la necesaria participación de éstos, tanto en la evaluación como en la gestión de las políticas públicas.

9) El aumento de la responsabilidad del servidor público en tres aspectos: a. Ante la sociedad, tornando la administración pública más transparente y orientada a la rendición de cuentas; b. Ante los políticos electos en términos de la democracia representativa, sean del gobierno o sean de la oposición y c. Ante los representantes formales o informales de la sociedad, que estén actuando en el ámbito de la esfera pública no estatal.

Recomendaciones de cambio en la figura jurídica, razones y beneficios

En México las dependencias de Gobierno, a nivel Federal o Gobierno Local, incluyendo el Distrito Federal, son consideradas dentro del sector servicios en el ramo público de la Administración , donde, se encuentran , compuestas por oficinas denominadas unidades departamentales bajo los esquemas de organigramas lineo funcionales en su mayoría, en los cuales se destaca el área responsable , tramo de control y actividad de cada departamento de forma específica y en general de cada entidad, independientemente del ejecutor o responsable de la acción.

En el caso concreto del Instituto Nacional de Migración se observó, en el análisis diagnóstico realizado por el Instituto Politécnico Nacional, que su organigrama representa una alta concentración de áreas, que oscila en los 350 departamentos. De ahí que se requiere avanzar con cambios estructurales contundentes acordes a la situación del país y sus funciones operativas, administrativas y de control de migrantes; ésta debe ser lo suficientemente completa para el logro de sus metas y que le permitan ser congruentes con su misión, visión y objetivos; particularmente en relación con la atención a los usuarios del servicio otorgado en los límites territoriales nacionales así como la garantía de seguridad nacional en sistemas con herramientas contundentes que garanticen información oportuna de llegada y abandono de nuestro país. Tales condiciones serían posibles de contar con una autonomía relativa que le evite estar sometiendo sus decisiones al comité que preside la Secretaría de Gobernación, de igual manera permitiría realizar cambios para que su operación sea eficaz y eficiente.

Del análisis sobre el marco teórico de los entes públicos desconcentrados y descentralizado, complementado con la investigación de campo, se obtuvieron datos que han permitido conocer tanto fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en cada uno de los sistemas que lo integran , tales como, el financiero, presupuestario , contable, administrativo, operativo y de control electrónico que engloba la seguridad de los datos, la prontitud y certeza en la ubicación de los migrantes en cuanto entrada, estancia y abandono del territorio nacional por cada uno de los puntos de arribo.

En efecto, el principal propósito de la realización de esta investigación fue reflejar de manera sencilla, clara, y lo más completa, tanto la situación de la estructura organizacional como de la situación de los distintos departamentos que conforman al INM, tomando como base de referencia la información proporcionada por la propia dependencia , misma que fue requerida por el Instituto Politécnico Nacional, para el desarrollo del análisis correspondiente , donde se desprenden diferentes propuestas de mejora, con la salvedad de aplicación a consideración del INM.

Análisis general

El Instituto Nacional de Migración, desde sus orígenes cuenta con una serie de cambios en sus funciones , fundamentos legales y reglas de operación para atención de migrantes en el país, donde, actualmente , basa parte de esa creación mediante un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 19 de octubre de 1993, que le da vida a la dependencia como un órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, bajo, los estatutos , ejercicio y facultades que confiere la Carta Magna en su artículo 89, fracción I, al igual que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 17 y 27, en el mandato del entonces presidente de la República Mexicana, licenciado Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, se le dictamina como Institución de Seguridad nacional, de acuerdo con lo entonces descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 en el 18 de mayo del 2005.

Sin embargo , de acuerdo con la partición de recursos autogenerables, los cuales se obtienen a través de lo estipulado en la Ley Federal de Derechos, en la obligatoriedad dictada bajo el Artículo 18 -A , del propio ordenamiento, y en el encuadre del Artículo 8, fracción 1, donde relata la exactitud a la que corresponde las cantidades destinadas, así como los montos y porcentajes respectivos en ambos artículos, cuya publicación vigente data del 11 de diciembre del 2013 , y su última reforma, en 13 de junio del 2014, no hace mención alguna para la modificación de aplicación o ejecución en porcentajes para el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de México, de los cuales se extracta.

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 80. de la presente Ley, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona , y en 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual trasferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de esta ley, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Donde, derivado del análisis del texto y redacción de la propia ley, tendremos que:

Promoción

La palabra proviene del latín promotio, es la acción y efecto de promover, impulsar ya sea un proceso o una cosa, haciendo referencia a la toma de iniciativa para que un grupo determinado de personas o población objetivo conozca de un bien, servicio o producto en particular, el cual se pone a la venta.

Turístico

Se define al término como las actividades que pueden o desarrollan los seres humanos en conjunto o individualmente con motivo de esparcimiento, relajación o bien viajes de placer y descanso, ya sea en periodos establecidos o bien por lapsos breves de tiempo, donde para ello se requiere contar con instalaciones adecuadas al tema, que generalmente son propiedad de los particulares o empresas privadas en su mayoría.

Promoción Turística

Se entiende la alusión a la difusión de uno o varios lugares o destinos físicos de descanso y relajamiento para personas que representan una derrama económica favorable, para las empresas y el país destino, en ese estricto orden de captación de recursos.

Campaña Publicitaria

Se dice que son todo tipo de ideas creativas desarrolladas por una o varias personas con el claro objetivo de vender un producto, bien o servicio, mediante la captación de la atención de un público al cual se le crea la necesidad a partir de un campo de oportunidad donde puede penetrar dicho bien, servicio o producto sin tanta dificultad mediante la fijación del producto en la mente del consumidor bajo mecanismos de persuasión.

Siendo así, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, la Promoción Turística que marca el destino del 80 por ciento de los recursos para el Consejo de Promoción Turística de México, el cual es generado a través de trámites X servicios derivados de la operación del propio Instituto Nacional de Migración de acuerdo a sus facultades, y recaudado por medio de la TESOFE, el concepto de “promoción turística”, que no explica la propia ley en comento, se sobre entiende que se destina a promover destinos o atracciones turísticas no del todo gubernamentales , lo que abre la posibilidad de que sea una promoción de actividades de recreo del sector privado con inyección financiera del gobierno federal bajo el concepto que indica el artículo 8o., fracción I, de dicho ordenamiento legal, en el precepto de...

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

1. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas $305.65

Las campañas publicitarias, forman parte del mecanismo de satisfacción de necesidades de una sociedad o grupo de personas, a partir de la injerencia en mercados poco explotados o sobre explotados, ya sea con mucho o poco recurso, el impacto real y el éxito de una campaña publicitaria reaccionan a la exposición del bien, producto o servicio al que se ha expuesto a esa población objetivo, no necesariamente a la cantidad de recursos inyectados, el objetivo es en concreto, generar elementos tales como fascinación, deseo, identificación y sensación de pertenencia.

En el sentido estricto de que el Instituto Nacional de Migración realiza funciones de seguridad nacional y parte de estas es, la vigilancia y control de las zonas fronterizas del país, este fundamento legal sólo le otorga la captación, uso y destino de 20 por ciento de ese recurso financiero, por lo que se contrapone con el párrafo segundo del artículo 18 - A, en donde menciona...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de esta ley, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Un punto crucial del análisis, demuestra la incertidumbre y baja de recursos conforme a la distribución económica recaudada y destinada sólo a la frontera sur del territorio nacional, dejando en actividad poco segura a las fronteras norte, este y oeste del país: de tal forma que la operatividad, mantenimiento, equipamiento, mobiliario y sistemas de calidad o control fronterizo, no aportan la calidad integral de los servicios en materia migratoria. Esta brecha propicia que se caiga en el incumplimiento de la propia ley en cuestión por falta de activos financieros. En función de ello, es recomendable solicitar la modificación de porcentajes de asignación a favor del INM, tanto para garantiza r el desarrollo de actividades así como la calidad de servicios en materia migratoria.

10. Como se puede apreciar en el dictamen que emite el IPN, el Instituto Nacional de Migración, no ha tenido un despunte en el Presupuesto de Egresos de la Federación , teniendo que mitigar mayormente con los autogenerados sus necesidades dé atención y política migratoria que emite la Secretaría de Gobernación.

Consideramos que al incluir ambos apartados, además de destinar más recursos al INM y a otras dependencias (como las secretarías de Salud y Educación) para implementar los compromisos del Estado a raíz de la Ley de Migración, el Poder Legislativo dará un paso fundamental para combatir la opacidad del Ejecutivo en materia migratoria. Adicionalmente, permitirá avanzar en el proceso de rendición de cuentas entre poderes favoreciendo un sistema de evaluación sobre el destino del gasto en materia de protección a personas migrantes. Hecho que representará un avance en la protección y garantía de los DDHH de las personas migrantes mexicanas y extranjeras en nuestro país.

11. Recomendaciones

Siguiendo el fondo del exhorto para que el INM, realizara un diagnóstico que permita identificar las necesidades administrativas, financieras y profesionales así como, el uso y el destino de los recursos presupuestales, el IPN, determina lo siguiente y en las prioridades que se citan:

1. Redistribuir los recursos autogenerados del INM, el IPN, sugiere revertir el 80-20 en favor del INM en 100 por ciento, con respecto al pago de los derechos, con la intención de mejorar la calidad en el servicio y la eficacia en los proyectos.

Sin embargo, se considera que llevarlo a la paridad de 50 por ciento al INM, le permitirá en el mediano plazo atender de fondo el fenómeno migratorio.

2. Cambio de la naturaleza jurídica del Instituto, de desconcentrado a descentralizado, toda vez que aún y cuando se redistribuya el recurso, la estructura jurídica del mismo impediría la disposición inmediata de éste y a través de autonomía financiera permitiría una atención eficiente y eficaz al fenómeno migratorio.

Cabe precisar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el INM, será un organismo autónomo, en todo momento contará con una cabeza de sector y ésta será la Secretaría de Gobernación, al ser quien de acuerdo a la Ley de Migración determine la política migratoria del país.

3. Fortalecer y renovar las acciones tecnológicas en favor del INM. (Creando un Software especializado para tener en tiempo real la información de quién y cómo entran al país, así mismo que se pueda enlazar con otras instancias de inteligencia y seguridad).

4. Capacitar y certificar al personal del INM, para que el mismo se apegue a los protocolos de derechos humanos y sistematizar el trabajo realizado en las delegaciones federales a efecto de homologar el mismo entre sí.

5. Mejorar las condiciones de la estación migratoria del Distrito Federal y en general todas, conforme a la visita realizada, se observó y constataron la presencia de menores de edad, las cuales oscilan entre los 0 y 17 años, que por motivos de seguridad y protección al derecho del migrante, no tuvimos acceso a realizar un archivo fotográfico de las instalaciones y condiciones generales que presenta dicha estación, así como tampoco nos fue permitido realizar entrevistas con los viajeros sin permiso, concentrados en los espacios físicos destinados por el INM.

Sin embargo, en el recorrido, presenciamos que de la población observada , destaca la particularidad de la persona adulta, adulta mayor, mujeres, mujeres en estado de gestación y hombres en diferentes edades y condiciones.

La observación y la visita, permitió experimentar un incremento considerablemente visible de jóvenes y niños no acompañados por un adulto, en donde se apreció la carencia de recursos para atender, en primera instancia, mínimo 10 dietas especialmente diseñadas por día, bajo los siguientes parámetros de variación.

Población infantil Alimentación.

• Fluctuación de edades de 0 a 6 meses. Su consumo principal radica en dos dietas:

• Líquidos y semisólidos

- Líquidos. Alimentación por dieta especial para mantener los niveles de nutrición correspondiente e hidratación, ya que carecen de dentadura no pueden acceder al mismo tipo de alimentación que los de mayor edad, además de ser con periodos más repetitivos mínimo 5 veces por día.

- Semisólidos. Alimentación variada entre frutas semi blandas, lácteos especiales y genéricos, de contenido energético y calórico adecuado para mantener los niveles de temperatura adecuados que corresponden a la facilidad de pérdida de calor que invariablemente afecta a los menores en esas etapas.

• Edad de 1 a 3 años.

- Sólidos y lácteos especiales.

• Sólidos, ya la dieta es un poco más genérica, similar a la del grueso de la población, sin embargo , aún se realizan dietas especiales para el caso de pequeños con capacidades diferentes que llegan a estar en las estaciones migratorias, además de los que llegan a presentar intolerancia o alergias a ciertos condimentos o alimentos.

• Lácteos especiales, por lo general aún dentro del 1 al 1.5 años de edad requieren la intervención de tomas de fórmulas especiales, además de la problemática de intolerancia a la lactosa, cuestiones que repercuten en el ejercicio presupuesta! para la atención y protección del migrante, no solo en materia de alimentación, sino en medicamento y atenciones médicas especializadas.

• Mujeres y mujeres en gestación.

- Ya requieren de alimentación general, salvo los casos especiales de enfermedades que requieren control especifico como cáncer, o diabetes , lo que se traduce en consideración de la elaboración de 3 raciones diarias con contenidos 3 o 4 contenidos diferentes y diversas formas de preparación.

• Adulto y adulto mayor

- En casos especiales, el adulto mayor requiere de la elaboración de comidas especiales, o de diferente contenido, al igual que la población adulta en general, por lo que representa la elaboración de otras 2 dietas de preparaciones diversas, en 3 tiempos de abastecimiento.

En materia de salud.

La estación migratoria del DF, da atención médica general, médica odontológica, atención psicológica, y traslado a hospitales de convenio como el Doctor Manuel Gea González, para lo cual se requiere hacer traslados especiales, en donde tiene que ser acompañado por personal de Migración y personal de Custodios que garanticen la seguridad del migrante en todo momento.

Dentro del tema de las transportaciones, el INM, en especial la estación migratoria del DF, cuenta con la transportación vía aérea, nacional e internacional y terrestre, en donde en un autobús sólo se destina 10 por ciento de personal como custodio del cupo total, (parametrado, el cual no se revela por motivos de seguridad, aunque si se aportaron los datos correspondientes)

Mientras que en la transportación aérea se destina el doble de lo que representan el envío de migrantes, por lo que el impacto al desabastecimiento de personal en la atención de las repatriaciones eleva la desprotección de las estaciones migratorias por falta de personal, en donde se tiene que recurrir al desplazamiento y comisión del personal de seguridad para apoyo con las repatriaciones.

En materia de seguridad y atención a los menores, se ha registrado que un solo OPI llega a tender en promedio 15 niños, siendo completamente insuficiente, por lo que la baja de personal asignado, puede representar situaciones de perdida de seguridad y control en el manejo y cuidado de los migrantes, que a su vez puede generar también riesgo para los agentes migratorios.

De los agentes migratorios, se realizaron varias entrevistas a distintos niveles jerárquicos, en diferentes áreas de operación y administración, encontrando la particularidad de requerir con carácter de urgente 3 elementos básicos en el desempeño de sus funciones .

6. Contar con un Instituto de Formación y Capacitación para Agentes Migratorios.

- En términos generales, la inquietud radica en la constante migración de grupos delictivos quienes no identifican cual es la labor y el trabajo de un agente migratorio, con el de un agente de policía, ya sea Federal, Estatal o Municipal, por lo que el personal de migración no cuenta con la capacitación mínima de acción y reacción para auto defensa y protección personal.

- Enfrentamiento o dispersión de motines, de los cuales pudieran ser víctimas en el traslado vía terrestre o aérea, e incluso en las propias instalaciones de las estaciones migratorias del país.

- Detección, control y evaluación de situaciones de riesgo.

- Atención, seguridad y primeros auxilios básicos y especializados que refuercen tanto las actividades como el servicio para el cual se encuentran desempeñando sus funciones dentro del INM, sin importar el área en la que se encuentren o la división a la que pertenezcan.

7. Fortalecer las áreas de atención al menor migrante.

- Los OPI, son Oficiales de Protección Infantil, los cuales se encargan de atender a los menores durante su estadía, en el territorio nacional, por lo que con el incremento de esta actividad en el flujo migratorio y en especial en este rango de edades, ya es insuficiente el personal con el que se cuenta, debido a que no tienen la misma preparación a detalle como la de un Agente Migratorio, o bien la capacitación del personal de Grupos Beta, donde ambos grupos de personal, tampoco son numerosos para las operaciones que se realizan en el día a día del INM, por lo que poco a poco se verán rebasados en demanda vs operación y efectividad del cumplimiento de las acciones establecidas.

- De acuerdo con el incremento y la ponderación estimada del flujo de migrantes no acompañados y menores de edad, que se reflejan en las gráficas presentadas líneas arriba del propio diagnóstico, se estima que la operación de las OPI, Beta y Agentes Migratorios, será rebasada dentro de los 2 a 3 próximos años si no se incrementa, y refuerza la formación de los agentes migratorios.

8. Sin embargo, otro factor es la remuneración y re tabulación del personal, en donde deberán considerarse, capacitación, .desempeño , preparación académica, experiencia, puesto actual y puesto inmediato superior de estimulación mínimo de 2 a 3 niveles, que garantice y continúe asegurando la operación bajo la línea de rectitud con que son vistos los agentes migratorios a nivel nacional e internacional.

• Ser dotados de los implementos y herramientas necesarias para la atención, manejo y control en el desempeño de sus funciones.

- En materia de seguridad, existe la percepción de ser contemplados y llamados agentes, mientras que en realidad cuentan con las facultades que tiene un “agente” de cualquier otra institución de seguridad, en donde también el INM es Institución de Seguridad Nacional reconocida, y sin embargo, el personal no realiza actividades, o capacitación o formación relacionada con la seguridad, ni nacional ni personal.

11. En virtud de lo anterior se concluye que:

Todo extranjero que ingrese al territorio mexicano estará al amparo de alguno de los programas que tiene a su cargo el INM. Y que se debe priorizar el bienestar y seguridad de quienes transitan, retornan, salen y se establecen en México.

Que en virtud de las actuales crisis que en materia migratoria presenta México es primordial que se tomen medidas inmediatas para evitar la vulnerabilidad de los derechos humanos internacionales del infante, quienes en todo momento deben ser protegidos por el Estado mexicano.

Que no todas las personas que ingresan a México como “visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas” son turistas meramente. Tal es el caso de estudiantes que vienen a cursos, seminarios, etcétera.

Que debido a que hoy en día el Sector Turístico en México ha crecido de una manera importante y consistente, puede generar recursos propios para autopromoverse, por lo cual resulta viable que los recursos autogenerados puedan destinarse al INM, con el fin de mejorar las instancias y servicios que complementan al sector mencionado.

Que para que el turismo continúe en crecimiento, es necesario que México sea percibido como un país seguro y fiable para los extranjeros. Con un trato digno y con un total respeto a los Derecho Humanos. De hecho la seguridad es una de las principales pautas de valoración que una persona toma para elegir un destino turístico. De hecho la Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como “la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras”. Y en esta, como ya se ha puesto en evidencia el Instituto Nacional de Migración juega un papel central, por lo que es primordial fortalecerlo.

La migración en México ha tenido bemoles, en donde el Estado mexicano debe poner atención pues ante los acontecimientos desafortunados en territorio mexicano, un destino turístico puede presentar una imagen en el mercado de “destino inseguro”, posicionamiento que podría causar una desvalorización de México como destino vacacional.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de este Senado, las reformas al artículo:

Ley Federal de Derechos

Texto vigente

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 1 del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios , proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Propuesta

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 1 del artículo 8o. de la presente ley, referente a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; y en 50 por al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de capacitación, modernización tecnológica, equipamiento e infraestructura para mejorar el control migratorio, las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios y programas que dependen del Instituto Nacional de Migración.

Para efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, también serán considerados los ingresos obtenidos por el Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas sin fines turísticos.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Texto vigente

Artículo 19. El instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que ex ida la misma Secretaria.

Propuesta

Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo descentralizado de la secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma secretaría.

Proyecto de Decreto

Primero. Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 1 del artículo 8o. de la presente ley, referente a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; y en 50 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de capacitación, modernización tecnológica, equipamiento e infraestructura para mejorar el control migratorio, las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios y programas que dependen del Instituto Nacional de Migración.

Para efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, también serán considerados los ingresos obtenidos por el Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas sin fines turísticos.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Segundo. Artículo 19. El instituto es un órgano administrativo descentralizado de la secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma secretaría.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de este decreto, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realizará las modificaciones correspondientes a los reglamentos correspondientes.

Tercero. La Secretaría de Gobernación dentro de los 120 días siguientes a la publicación del presente decreto, realizará las modificaciones que corresponda a los lineamientos y disposiciones generales administrativas que al caso correspondan.

Notas:

1 Levitt Theodore, The marketing imagination. Nueva York: The free press, 1986.

2 http://biblio.ju ridicas.unam.mx/LIBROS/4/1594/12.PDF

3 Para 2012 el monto es el contenido en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.

4 http//www.letraese.org mx/2011/11/ hoja-informativa-5-opacidad-en-el-instituto-nacional-de-migracion/

Senadoras: Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, Layda Sansores Sanromán (rúbrica), Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Luisa María Calderón Hinojosa, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agrícola mexicano enfrenta retos y oportunidades que deben ser resueltos para que sea competitivo y para favorecer un desarrollo nacional equitativo. El campo ha sido escenario de intereses políticos que dificultan el bienestar tanto de los productores como de los trabajadores. Existe una marcada separación entre la actividad productiva y las cadenas de valor que responden a las preferencias del consumidor. La cadena de valor privilegia la plusvalía de los eslabones de mayor cercanía con el consumidor y no hay mecanismos eficientes para trasladar el valor hacia los eslabones iniciales de la cadena, es decir, hacia el sector primario. Esto resulta en un campo subcapitalizado, particularmente entre los productores más pobres y más pequeños, que no perciben beneficios claros como resultado de su inversión y por lo tanto prefieren, de manera racional, invertir sus escasos recursos en la migración hacia las ciudades o el extranjero. Esta descapitalización tiene además consecuencias importantes al concentrar la población en centros urbanos y el despoblamiento creciente de las zonas rurales.

En México no se ha pensado en el establecimiento de cooperativas como instrumento para captar el valor de comercialización de los productos agropecuarios con el propósito de impulsar al sector primario y hacer atractiva su inversión y crecimiento. Como consecuencia de los obstáculos para el establecimiento de cooperativas agrarias u otros mecanismos de integración del sector primario para acercarlo al consumidor, en México hay una carencia de organizaciones intermedias de productores y transformadores y por tanto pocos incentivos para la capitalización del campo. Aunque jurídicamente existe la figura de la cooperativa en la legislación mexicana, ésta es vista más como un modelo de organización laboral, que como un modelo de organización de la producción, lo que ha devenido en que sea utilizada como instrumento de control político que promueve la politización de la figura jurídica.

El objetivo se traduce en crear mecanismos rentables de participación en el sector que permitan la integración de la cadena de valor, incentivar la inversión productiva e incrementar el valor patrimonial de la propiedad rural, en cualquiera de sus formas, para el establecimiento de agroindustrias altamente competitivas y rentables.

El modelo de cooperativas o asaciones empodera a los pequeños agricultores y les permite, producir, comprar y comerciar como grupo ordenado. Les favorece en su desarrollo de habilidades, tener una sola voz, enfrentar retos en conjunto y aumentar su poder de negociación para influir en la formulación de políticas.

A escala internacional, el desempeño económico de las asociaciones o cooperativas es altamente rentable; el caso de las cooperativas agrarias es el más fuerte. Esto significa que no sólo tienen un impacto importante por país, sino que sus resultados son muy favorables para sus miembros, de las principales 533 asociaciones agrarias mundiales que se encuentran en 30 países, su facturación supera 600 mil millones de dólares.

Como ejemplo internacional, en Japón 90 por ciento de los productores agropecuarios son socios de cooperativas que, en conjunto, facturan anualmente una cifra superior a 90 mil millones de dólares. En Estados Unidos, 30 por ciento de la producción agrícola nacional es procesada y comercializada a través de cerca de 3 mil 500 cooperativas activas en todo el país.

En América Latina cabe destacar, que de su producto total sólo 20 por ciento proviene de la actividad agrícola, a pesar de que 50 por ciento de la población económicamente activa se concentra en el sector agropecuario. El número total de cooperativas agropecuarias en América Latina rebasa 10 mil, con más de 500 mil afiliados.

Para 2050, la población mundial alcanzará 9 mil millones de habitantes por lo que la producción agropecuaria deberá de incrementarse en 60 por ciento para poder alimentar a este incremento en el número de personas. La producción actual de las cooperativas agrícolas a escala global representa 32 por ciento de la producción agraria, por lo que su creciente importancia refleja enormes ventajas frente a los productores agrícolas individuales.

La participación organizada en los mercados de insumos y de productos agropecuarios les facilita mejorar su capacidad competitiva, elevar sus estándares de calidad y participar en su función como sujetos colectivos organizados en la influencia sobre las políticas públicas a fin de obtener apoyos, subvenciones, créditos, tratamiento fiscal benigno, además de influir en los poderes locales y ser factores dinamizadores del desarrollo comunitario y local.

Se propone cambiar el artículo 74 de la LISR para extender el régimen preferencial a toda la cadena de valor. El actual artículo 74 excluye la comercialización y distribución al otorgar exclusivamente la preferencia a los productores. Excluye la integración de productores primarias para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización, así como la distribución. Esto ocasiona un distanciamiento entre consumidores y productores que no favorece el desempeño de las cadenas de valor.

El objetivo es justamente incluir la comercialización y las demás tareas de valor agregado con el fin de acabar con la discriminación que implica distanciar al productor primario de los eslabones más valiosos de la cadena. Para lograr esto, se proponen dos adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta; primero al artículo 74, del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y al artículo 180, relativo a los precios de transferencia.

En este tenor, el artículo 74, la propuesta específica que quedaría sujeta a cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del ISR, las personas a las que se refiere este artículo, que se integren en una sociedad para procesar, transportar y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros. Además, se detalla que estas sociedades podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, de transporte y de comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal agropecuario si 80 por ciento de operaciones es con ellos.

Las propias condiciones de productividad del sector agropecuario, que dependen de si existen lluvias, heladas, inundaciones o escasez de agua, variaciones de precios de insumos y productos, por mencionar tan sólo algunos factores, reclaman que el régimen especial de ISR para el campo, se extienda hasta el consumo final de bienes primarios o transformados, de manera proporcional a la contribución de cada participante. Al integrarse la cadena, se establece un balance entre los altos riesgos de la producción primaria, y la demanda de los consumidores finales por productos de calidad y disponibilidad adecuada, lo que se refleja en una mayor rentabilidad y demanda consistente en los últimos eslabones de la cadena.

También, se presenta una propuesta de adición al artículo 180 con el fin de favorecer el funcionamiento del sector agropecuario en su conjunto y evitar la brecha entre productores y consumidores. Respecto a dicho artículo, con la finalidad de que el régimen sea verdaderamente simplificado y se eviten ambigüedades de interpretación, se establece que dichas sociedades no estarán sujetas a las reglas aplicables por las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o las que las sustituyan.

Con estos cambios, los productores primarios de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras podrían extender el régimen preferencial del propio artículo 74 a la comercialización y la distribución; es decir, hacia los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización.

El régimen fiscal actual no fomenta la integración de los productores primarios a la cadena de valor de tal suerte que las preferencias del consumidor se vean reflejadas en su costo, y no incentiva la inversión al obstaculizar que el mercado de los productos terminados impacte la valoración que recibe el productor primario. Sin embargo, con un cambio de régimen fiscal, se permitiría que los productores primarios se asocien con otros para la transformación y la comercialización de sus productos, y no solo para la producción de los bienes primarios.

Actualmente y uno de los mayores retos que enfrenta el sector agrario, es la falta de incentivos, hoy en día no existe un incentivo suficientemente atractivo para que la parte de mayor valor agregado sea compartida con la producción primaria. De ahí que se generen pocos casos de sinergia entre el sector primario y la industria agroalimentaria. Uno de los principales problemas del campo mexicano, tal y como se reconoce en los Programas Sectoriales, es que con frecuencia existe una separación entre la actividad productiva y las cadenas de valor que responden a las preferencias del consumidor.

Por otro lado, se requiere buscar un término diferente para la figura de las cooperativas que permita entenderlas no como se ha utilizado en México sino como funcionan en el ámbito internacional. De esta manera, serán una solución para mejorar la situación en el sector agropecuario del país.

En esta propuesta de iniciativa se busca incentivar la inversión productiva e incrementar la productividad para que el valor agregado de la cadena de producción le favorezca en mayor grado al productor primario. Este objetivo fiscal será estratégico para México, es la oportunidad de tener un campo productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo.

Con la modificación del artículo 74 de la LISR, el modelo obtendrá como resultado que el punto de equilibrio se encuentre en el cincuenta y cuatro por ciento de los precios. Esto permite formalizar al cien por ciento el sector agropecuario. Con este aumento, todos los miembros del sector tienen un incentivo para formalizarse. Ésta sería una acción concreta que promueva modelos de asociación que articulen a los pequeños productores con empresas agroindustriales integradoras.

En consecuencia, al implantar esta propuesta se obtiene un escenario de ganar-ganar para todos, gobierno, productores y consumidores. Los logros, sin embargo no serán inmediatos, sino paulatinos, en la medida que los pequeños agricultores se van familiarizando con el esquema, En este esquema las asociaciones integradoras pueden promover el esquema y efectivamente hacer de las cooperativas modelos de asociación más productivas y competitivas.

Se busca encontrar la manera más eficiente de lograr ese objetivo. Esta es incentivar la asociación de cadenas de valor para que se llegue a la meta con un sistema de preferencias fiscales, de esta manera logra evitar el esquema que se mantiene hasta ahora, en el que los productores no producen lo que se consume, ni se consume lo que se produce. Lo anterior es indispensable para lograr uno de los grandes objetivos estratégicos del crecimiento del sector agropecuario pase del uno punto ocho por ciento promedio anual, a la tasa de 3 por ciento que la Sagarpa se estableció como meta. Así, es congruente con el objetivo de promover modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector.

Decreto

Artículo 1. Se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 74. Deberán cumplir sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes:

I. a III. ...

...

I. a III. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Cuando dos o más personas a las que se refiere este artículo se integren en una sociedad para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el procesamiento, la comercialización y otras actividades de valor agregado, podrían trasladar , durante los primeros 5 años de su constitución como persona moral, al precio final de venta menos los costos de las actividades referidas a sus socios manteniendo el régimen fiscal expresado por este artículo, siempre y cuando al menos 80 por ciento de insumos agrícolas, pesqueros o pecuarios sean producidos por las personas asociadas.

Artículo 180. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 179 de esta ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:

I. a VI. ...

...

...

...

...

...

Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta ley, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las normas de información financiera.

A las sociedades a que se hace referencia el artículo 74 de esta ley, no les serán aplicables las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1995, o las que las sustituyan.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 World Cooperative Monitor, 2014. En https//dl.dropboxusercontent.com/u/24617037/QRcode/WCM2014.pdf (Consulta: 2016.)

2 Ibídem

3 International Cooperative Alliance, en http:/_/ica-coop/en/co-operatives-foster-food-security (Consulta: 2016.)

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de marzo de 2016.— Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos ahora con el capítulo de presentación de Iniciativas. En consecuencia tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado César Octavio Camacho Quiroz, ambos del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones en los mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones familiares, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de la mujer.

En México hemos logrado avances normativos, como el derecho al voto en 1953, la igualdad jurídica con el hombre en 1974, y más reciente, en el 2014 la incorporación de la paridad de género, que vino a impulsar una mayor participación en elecciones de legisladoras federales y locales.

Celebramos que nuestro país, con 211 compañeras diputadas en la LXIII Legislatura, se encuentre entre las cinco naciones del continente con una notable transformación y representación femenina en sus congresos, que también es visible en nuestros congresos locales.

Sin embargo, a pesar de los logros, principalmente de la reforma constitucional en materia de paridad de 2014, así como la creación de nuevas legislaciones en materia político-electorales, en el Grupo Parlamentario del PRI tenemos claro el compromiso de seguir uniendo esfuerzos para lograr la inclusión e igualdad sustantiva que nuestras mujeres siguen demandando, especialmente para garantizar su verdadera participación en la toma de decisiones de nuestra sociedad mexicana.

Luego entonces, uno de los espacios de gobierno donde resulta necesario e inaplazable impulsar el empoderamiento de las mujeres es, sin duda, en los procesos de elección e integración de las candidaturas a presidencias municipales.

Cabe señalar que en 2014, de los 2457 municipios existentes en todo el territorio nacional solo 192 eran representados por presidentas municipales, mientras que en el 2015 esta cifra se redujo a 178.

Evidentemente que por interpretación de algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos se reconoce parcialmente la paridad de género.

No obstante a ello, la falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales de justicia electoral para proteger los derechos político-electorales, especialmente para respetar la paridad horizontal y vertical en la postulación de candidatas y candidatos en elección de ayuntamientos de diversas entidades del país, que se supone ya tienen garantizados las mujeres mexicanas.

En este contexto, el magistrado Flavio Galván del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado necesario incluir en la Constitución la obligatoriedad de paridad de género vertical y horizontal en la integración de ayuntamientos, señalando que la paridad de género debe cumplirse a cabalidad por los partidos políticos.

Por ello, consideramos que llevar la paridad de género a nuestros municipios del país constituye una herramienta fundamental para combatir las desventajas, violencia, invisibilidad y estereotipos que hoy en día, además de menoscabar la autonomía de nuestras mujeres están generando una inmensa brecha de desigualdad que impacta el desarrollo y el progreso de nuestro Estado mexicano.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como representantes de la población mexicana tenemos el compromiso de unir esfuerzos legislativos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, para que también nuestras mujeres puedan desarrollarse integralmente, ejerciendo sus derechos humanos en igualdad de oportunidades.

En ese sentido es inaplazable fortalecer y garantizar desde el texto constitucional la obligatoriedad de paridad de género, vertical y horizontal, en la integración de los ayuntamientos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y César Octavio Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y César Camacho Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, inciso I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes

Exposición de Motivos

La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de la mujer.

En la actualidad es posible observar en los países del mundo, la cambiante actitud hacia la paridad, cada vez más se torna favorable y crece a pasos agigantados el interés de nuestras sociedades por buscar el fortalecimiento, la consolidación y sobre todo impulsar el empoderamiento de las mujeres.

En el caso de México, lograr estos importantes avance normativos en la materia, han llevado un proceso histórico de lucha femenina, donde han librado múltiples obstáculos y dificultades por lograr el reconocimiento de la plena ciudadanía que en el constituyente de 1917 les había negado, fue hasta 1953 cuando una reforma constitucional garantizó el derecho al voto femenino, en 1974 lograron la igualdad jurídica con el hombre y más reciente en 2014, con la incorporación de la paridad entre los géneros, se impulsa una mayor participación de la mujer en elecciones de legisladores federales y locales.

En septiembre de 2015 el marco del aniversario de los 20 años de la aprobación por parte de 189 países de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ONU Mujeres a través de la publicación La hora de la igualdad sustantiva: Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe hispano, reconoció los esfuerzos del Ejecutivo, partidos políticos, legisladoras y legisladores, así como a las organizaciones sociales para lograr la plena participación política de las mujeres mexicanas y eliminar su discriminación, mismos que hoy colocan a México entre los once países a nivel mundial y siete de América Latina en legislar la paridad.

Hoy en día América Latina cuenta con un 27.7 por ciento en los Congresos Nacionales que la colocan como la primera región donde la ley de paridad se hace realidad, destacando 5 países con más del 40 por ciento de representación (Cuba, Educador, México y Nicaragua) y Bolivia con el 50 por ciento de mujeres en sus respectivos Congresos. Nuestro país particularmente a nivel federal con un 42 por ciento (211 Diputadas) y estatal con más del 50 por ciento en los Estados de Colima, Guanajuato y Querétaro, lo anterior como resultado de las pasadas elecciones del 7 de julio de 2015 y con rango de 40-50 por ciento en un gran número de nuestras entidades federativas.

A pesar de estos importantes logros conquistados en nuestro sistema normativo principalmente de la reforma constitucional en materia de paridad de febrero 2014, así como la creación de nuevas legislaciones en materia político electoral, es claro que debemos seguir uniendo esfuerzos para lograr la inclusión e igualdad sustantiva que nuestras mujeres siguen demandando especialmente para garantizar su verdadera participación en la toma de decisiones dentro de nuestra sociedad mexicana. Lo anterior en el marco de los diversos compromisos Internacionales asumidos por el Estado mexicano plasmados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos principalmente.

Luego entonces en la actualidad uno de los espacios de gobierno donde resulta necesario e inaplazable impulsar el empoderamiento de las mujeres, es sin duda en los procesos de elección de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos municipales.

Cabe señalar que en 2014 de los 2,457 municipios existentes en todo el territorio nacional, sólo 192 estaban representados por presidentas municipales, mientras 2015 esta cifra se redujo a 178, de las cuales 90 ubicadas en la región sur del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), 58 en la zona centro (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis y Zacatecas) y finalmente 30 en la región norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Actualmente, por interpretación de algunas deposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos, se reconoce parcialmente la paridad de género, no obstante a ello, la falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales de Justicia Electoral para proteger los derechos políticos-electorales, especialmente para respetar la paridad horizontal y vertical en la postulación de candidatas y candidatos en elección de ayuntamientos de diversas entidades del país, que se supone ya tienen garantizados las mujeres mexicanas.

En este contexto, en septiembre del 2015, el Magistrado Flavio Galván, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, consideró necesario incluir en la Constitución la obligatoriedad de paridad de género, vertical y horizontal, en la integración de Ayuntamientos, durante la presentación del Informe final de Justicia electoral 2015, una evaluación de la reforma política- electoral, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, señaló que la paridad de género se debe cumplir a cabalidad por los partidos políticos.

Sin lugar a duda que al llevar la paridad de género también a nuestros municipios del país, además de complementar la reforma constitucional en materia de paridad de febrero de 2014, constituye una herramienta fundamental para combatir las desventajas, violencia, invisibilidad y estereotipos que hoy en día además de menoscabar la autonomía de nuestras mujeres, están generando una inmensa brecha de desigualdad que impacta en el desarrollo y progreso del Estado mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores, como representantes de la población mexicana tenemos el compromiso de unir esfuerzos legislativos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, para que ellas también puedan desarrollarse integralmente, ejerciendo sus derechos humanos, en igualdad de oportunidades, en este sentido, es inaplazable fortalecer y garantizar desde el texto constitucional la paridad de género en los procesos de elección de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos municipales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41...

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, así como de ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

II. a VI...

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine garantizando la paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

II. a X. ....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf. Página 27.

2 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/09/presentacion- hora-igualdad-sustantiva

3 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/09/solo-72-las-alcaldias-estan-ocup adas-mujeres

4 http://www.jornada.unam.mx/2015/09/28/politica/019n2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia,Ana Georgina Zapata Lucero, Beatriz Vélez Núñez, César Octavio Camacho Quiroz, Delia Guerrero Coronado, Edith Anabel Alvarado Varela, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Kathia María Bolio Pinelo, María Bárbara Botello Santibáñez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Soledad Sandoval Martínez, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Omar Noé Bernardino Vargas, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula, Susana Corella Platt, Xitlálic Ceja García, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tiscareño. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Diputada Tiscareño, la diputada Bárbara Botello le pregunta si usted admite –y tiene también otro legislador que suscribe la iniciativa– que pueda también ella suscribirla. Nos dice que sí. Por lo tanto, ahí está a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Antes, diputado Salim, la diputada Delia. Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero, por favor.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Sí, presidente, para solicitarle a la diputada Ruth que si me permite adherirme a esta iniciativa tan importante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya manifestaron y reiteran su disposición para que eso suceda.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa. ¿Es Alle? Usted me dice ahorita cómo se pronuncia. Alle, ¿Verdad? Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 22 del Código Fiscal de la Federación. Alle, es Salim Alle. Ahora sí, diputado Salim Alle, por favor.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Gracias, presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este momento en que tenemos un tipo de cambio elevado y una caída notable de los ingresos en dólares por la venta de petróleo, nuestro deber como legisladores es ocuparnos en plantear adecuaciones legales para sacarle provecho a esta coyuntura.

En este sentido estoy convencido de que para lograrlo tenemos que voltear al turismo. Y es que pese a todos nuestros problemas, el turismo ha sido y puede seguir siendo nuestro salvavidas y motor de desarrollo.

Así lo reflejan las estadísticas entre el año 2010 y 2015, los ingresos del sector turismo aumentaron 32 por ciento con un crecimiento similar del número de turistas extranjeros en nuestro país. México está entre los 15 países con mayores llegadas de turistas extranjeros, con poco más de 30 millones de visitantes anuales. Además, según el departamento de comercio de Estados Unidos, somos el destino favorito de los americanos.

En lo que respecta al turismo de negocios, por citar un primer caso, se realizan 200 mil eventos en el país y para el 2016 se prevé que eta actividad tenga un crecimiento del siete por ciento. Con esta dinámica y entre enero y diciembre de 2015, las cinco principales fuentes de ingresos de dólares, para México se comportaron de la siguiente manera:

Turismo internacional: un ingreso de 17 mil millones de dólares, 7.7 por ciento más.

Remesas: un ingreso de 25 mil millones de dólares, 4.5 por ciento más.

Exportaciones no petroleras: 357 mil millones de dólares, en un decremento del seis por ciento.

Pero adivinen quién se llevó el campeonato. La historia de terror de este país, Pemex, 23 mil millones de dólares, 45 por ciento menos. Vaya historia de terror de esta empresa.

Un dato anecdótico durante noviembre de 2015, los ingresos por turismo alcanzaron mil 385 millones de dólares, mientras que a las ventas de crudo fueron de mil 259 millones de dólares, lo que significa que por primera vez en 16 años, México tuvo más ingresos por turismo que por petróleo.

Todo lo anterior demuestra el potencial decrecimiento dinamismo que tenemos para el sector turismo.

Por eso, amigas y amigos, les propongo lo siguiente. En este proceso existe el reembolso a los extranjeros del IVA. Hoy en día este reembolso del IVA representa el 35 por ciento de comisión que cobran las empresas concesionadas, cuando a nivel mundial está entre el 10 y el 20 por ciento. También la devolución de este IVA es un plazo de 40 días, cuando el promedio internacional es de 20 días.

La propuesta, amigas y amigos, es que la comisión que cobran estos intermediarios baje del 35 por ciento al 20 por ciento para que los turistas tengan más incentivo para gastar en este país, y que la devolución de 40 días baje a 20 días.

Con estas medidas este Congreso estará promoviendo un mecanismo de certidumbre jurídica para turistas extranjeros y al mismo tiempo se estará generando un mecanismo que otorgue mayor competitividad en nuestros destinos turísticos, al establecer una devolución más rápida, menos costosa, que se traduzca en una mayor afluencia de turismo y con la consiguiente generación de empleos.

Les pido, amigas y amigos diputados, nos apoyen en esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se reforman los párrafos sexto y décimo cuarto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas así como por la contribución que realiza al desarrollo regional y nacional.

Nuestro país se encuentra dentro de las quince naciones con mayor número de llegadas de turistas extranjeros; de acuerdo con el Ranking Mundial de Turismo Internacional actualmente visitan nuestro país cerca de 30 millones de turistas cada año, y los ingresos generados en este sector de la economía sumaron 17 mil 457 millones de dólares en 2015; México, además, es el país más visitado por estadounidenses, de acuerdo con los datos más recientes de la “Office of Travel and Tourism Industry (OTTI)” del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En los últimos años, el turismo en México se ha mantenido estable pese a períodos complicados como fue la crisis económica mundial de 2009, el virus de la influenza y recientemente por los problemas sociales y de seguridad pública que afectaron seriamente la imagen del país ante el resto del mundo, no obstante el crecimiento en el número de turistas siguió un ritmo favorable como se muestra en la siguiente tabla.

Comportamiento de número de turistas versus ingresos monetarios

A pesar de las dificultades en la economía nacional, los esfuerzos realizados por el sector privado junto con los Gobiernos, Federales, Estatales y Municipales por mantener a flote la industria turística han resultado eficientes, ya que por ejemplo para julio de 2015, Acapulco logró alcanzar el 90% de su capacidad, pese a ser un destino muy golpeado por la inseguridad.

Esto se logró, en gran medida, por los incentivos fiscales otorgados por los tres órdenes de Gobierno, como por ejemplo el “ Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los municipios de Guerrero” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Diciembre de 2015, en el cual se establecen facilidades en materia de pagos provisionales en Impuesto sobre la Renta, pagos por salarios, Impuesto al Valor Agregado, entre otros.

Se prevé que la industria del turismo siga en crecimiento, por ejemplo, la industria de turismo de negocios que engloba la realización en el país de congresos, convenciones, ferias y exposiciones tendrá un crecimiento del 7 % tanto en eventos como también en la derrama económica respecto a lo reportado el año anterior. De acuerdo con estimaciones de la Secretaria de Turismo (SECTUR) durante 2015 se realizaron 200 mil eventos en el país y este año se espera superar esta cifra. Los Estados que concentran el mayor volumen de reuniones son Quintana Roo, Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Aguascalientes.

De la misma forma, el turismo cultural mantuvo un crecimiento constante, en 2015, el total de visitantes a zonas arqueológicas ascendió a 13.6 millones de personas de las cuales el 30% son turistas extranjeros, mientras que los turistas extranjeros que visitaron museos en el país crecieron en un 5.9% con respecto al 2014.

Sin embargo la industria turística mexicana presenta aún grandes desafíos, entre los que se encuentran los problemas de oferta y demanda, competencia y financiamiento; esto significa que para seguir siendo competitivos y maximizar las oportunidades en los entornos locales, regionales e internacionales, las empresas turísticas y los turistas deben de contar con los incentivos positivos que fomenten el crecimiento de este sector.

Para Acción Nacional el impulso al sector turístico es una prioridad, así ha quedado plasmado en nuestra plataforma electoral 2015-2018 y también en la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Proponer las reformas que impulsen, consoliden y regulen el turismo, así como proponer los incentivos y apoyos a los distintos tipos del sector a fin de impulsar la llegada de visitantes extranjeros que incrementen la derrama económica en favor del desarrollo regional, es un compromiso traduciremos en acciones concretas.

Ahora bien, es una realidad que el sector turístico se encuentra en recuperación, pero no debemos olvidar que aún existen retos y problemáticas importantes que todavía frenan la expansión plena de este sector. Dentro de estos problemas a resolver se encuentra particularmente aquellos que enfrentan los turistas extranjeros con la devolución de impuestos efectivamente trasladados, específicamente con el impuesto al Valor Agregado, pues este es uno de los trámites más tardados y costoso para los turistas con respecto a países Asiáticos, Europeos y con Estados Unidos.

En nuestra legislación la devolución del impuesto a turistas extranjeros se encuentra regulado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que en su artículo 31 menciona:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general;

II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificara? en la aduana aeroportuaria o marítima, según sea el caso, por la que salga el turista, y

III. Que el valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, ampare un monto mínimo en moneda nacional de 1,200 pesos.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá? las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá? otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá? disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas.

Derivado de lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria emitió la correspondiente Convocatoria para otorgar concesiones, así como las reglas de operación para efectuar las devoluciones de conformidad con los párrafos penúltimo y último del artículo 31 de la Ley del IVA.

De conformidad con la reglas de operación el plazo para la realización del abono a un medio de pago electrónico por parte del Concesionario no deberá exceder de 40 días naturales, a partir de la recepción de la documentación del Extranjero en el Módulo de Atención de la Concesionaria, dicho plazo se encuentra en armonía legislativa con lo que establece el Código Fiscal de la Federación.

De la misma forma las reglas establecen que el Concesionario podrá cobrar una comisión al turista por los servicios de administración de devolución del IVA que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, la cual deberá disminuirse del importe a pagar al turista y no podrá exceder 35% del total de la devolución, incluyendo el IVA que se cause con motivo del servicio prestado por parte del concesionario.

Pero la realidad es que en comparación con otras partes del mundo, la comisión que cobran las empresas que realizan la devolución de IVA en México es muy alta, así lo han denunciado diversos medios de comunicación1; en Europa el promedio es entre el 4 y 6% en España por ejemplo ,se ha establecido cierta flexibilidad en el importe de las comisiones a cobrar por las entidades colaboradoras para favorecer la libre competencia entre ellas por lo que las comisiones de la devolución oscilan entre el 21%, 10% y 4, mientras que en Estados Unidos concretamente en Texas el “taxback” cobra una comisión de 3 dólares más el 2.75% del total de las compras, pero en México las Concesionarias (TaxFree y MoneyBack) cobran una comisión del 35% del total de la devolución; es decir el máximo posible de conformidad con las reglas de operación del Servicio de Administración Tributaria.

Existe la posibilidad derecuperar parte de los impuestos al instante sin embargo, el cobro de comisión se eleva sobre el monto que se recuperaría y sólo pueden realizarse devoluciones por hasta 10 mil pesos de conformidad con las reglas establecidas, el remanente se reintegra vía transferencia electrónica.

Ante esta situación organizaciones como la Federación Mexicana de Organizaciones Turísticas, consideran que debería agilizarse la devolución de este impuesto y disminuir el porcentaje de comisión que se cobra porque pareciera que se trata de poner obstáculos para que la gente desista de hacer el trámite.

En cuanto a los tiempos de la devolución del impuesto, con información de las propias empresas TaxFree y Moneyback las concesionarias realizan el reembolso entre 45 y 60 días hábiles, muchos más de los que establece la legislación.

Taxfree tiene seis años operando en el mercado y en este tiempo han devuelto el IVA a aproximadamente 121,000 turistas de 127 nacionalidades, quienes generaron compras a comercios por más de 2,071 millones de pesos en destinos como el DF, Cancún, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa, Taxco, Mahahual y Monterrey, pero no debemos omitir que actúa fuera de la ley al realizar la devolución a los turistas hasta 20 días hábiles después de lo que establece la legislación, además de cobrar un porcentaje de comisión superior a los del resto del mundo, lo que ocasiona un obstáculo para el pleno desarrollo del sector turístico y un perjuicio para los turistas extranjeros.

Por lo que se hace necesario que la devolución por cualquier forma de pago se realice en plazos más cortos y las comisiones sean más bajas. En este sentido, debemos mencionar que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la infraestructura tecnológica para hacerlo, se tiene como ejemplo la devolución de impuesto sobre la renta a los contribuyentes asalariados que presentaron su declaración anual 2015 y en el que el SAT devolvió más de 271 millones de pesos correspondientes a 30,679 declaraciones, con plazos máximos de cinco días para cada contribuyente, así como el recientemente el anunció de la devolución de IVA para PYMES en un término máximo de cincos días, por lo que es técnicamente posible realizar la devolución de impuestos a turistas extranjeros en plazos más cortos.

Por ello la presente Iniciativa, tiene como objetivo establecer en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente en su artículo 31 que la comisión que se descuente a la devolución no deberá exceder del 20% del valor total de la devolución tal y como aplica en muchos países de Europa, Asia, América Latina y en algunos Estados de la Unión Americana. De la misma forma se establece que la devolución del impuesto solicitado deberá de realizarse en un máximo de veinte días a partir de la solicitud realizada ante la autoridad fiscal o concesionario, ello a través de la propuesta de reforma al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Con estas medidas se estará alentando un mecanismo de certidumbre jurídica para los turistas extranjeros al solicitar la devolución del impuesto, pero sobre todo se estará generando un mecanismo que otorgue mayor competitividad a nuestros Estados que viven del turismo, al establecer una devolución más rápida y una comisión más baja que resultara en una mayor afluencia de turismo extranjero en nuestros estados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se Reforma el último párrafo del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. ...

II. ...

III.

...

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas, sin que éste exceda del 20% del monto total a devolver.

Artículo Segundo. Se reforman los párrafos sexto y décimo cuarto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

...

...

...

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de veinte días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente o bien, tratándose de la devolución del impuesto al valor agregado a los extranjeros con calidad de turistas, ante el concesionario respectivo, debiendo ser presentada con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

...

...

...

...

...

...

...

El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de veinte días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización.

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara? en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2016— Diputados y diputadas: Miguel Ángel Salim Alle,Alejandra Gutiérrez Campos, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hernán Cortés Berumen, José Teodoro Barraza López, Kathia María Bolio Pinelo, Lorena del Carmen Alfaro García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Norberto Antonio Martínez Soto, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salim. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma los artículos 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y 130 y 170 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La seguridad pública, forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

De acuerdo a nuestra Ley Fundamental, la procuración de justicia debe regirse bajo el principio de legalidad, sin embargo observamos que la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones dedicadas a la procuración de justicia, por la corrupción y la impunidad, es por ello que resulta de vital importancia que las asociaciones civiles sean un apoyo para los ciudadanos que han sido víctimas del delito.

Con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, se estima que en 2014 se denunció el 10.7% de los delitos, de los cuales el 67.5% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público.

Del total de delitos, se inició averiguación previa en el 7.2% de los casos. Lo anterior, representa un 92.8% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.

No podemos hablar de un desarrollo económico así como una disminución de la desigualdad, si no existen las condiciones que aseguren el cumplimiento de la Ley y el cumplimiento de la justicia.

Argumentos

Por otro lado, el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, menciona:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Podemos observar, que las estadísticas nos muestran que en 2014 se identificaron 17,324 víctimas de homicidios dolosos, mientras que en 2015 fueron 18,650, lo que significa 1,326 víctimas más respecto a 2014, equivaliendo a una alza del 7.65%.

De acuerdo a cifras estadísticas,en lo que se refiere a homicidio culposo, Nuevo León a pesar de encontrase en la posición número 13 a nivel nacional de este delito, por cada 100 mil habitantes; su variación presentó una alza del 50.39% respecto al promedio de 12 meses atrás.

En promedio en México, cada 8 horas y 19 minutos se registró una averiguación previa por secuestro en el fuero común, en 2015. En este mismo año se registraron 1,053 averiguaciones previas por secuestro del fuero común.

En extorsiones, el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, presentaron el mayor número de averiguaciones previas de este delito en el último mes del año, estas entidades representaron el 53.44% del total del país.

Cabe mencionar, que en 2015 Nuevo León reportó una tasa superior en 221% a la nacional, mientras que en todo ese año su tasa fue 140.14% mayor que la del país.

Las anteriores cifras son alarmantes, pero también es de preocupar el bajo número de denuncias, tomando en consideración que el denunciar es un paso para el abatimiento de la inseguridad.

Por lo anterior mencionado, la inseguridad, requiere de esfuerzos de la sociedad civil, es por ello que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental en el combate a la misma, clasifica a las organizaciones de acuerdo con las acciones que realiza cada uno.

Las Organizaciones civiles dedicadas a la investigación, son aquellas que tienen con objetivos principales investigar, analizar, generar, difundir datos y estadísticas de la seguridad pública. Lo anterior lo podemos ver mediante encuestas aplicadas a la población, esta información regularmente se encuentra disponible en publicaciones o bien en su página de internet.

En lo que se refiere a las organizaciones que ofrecen capacitación y difusión, su principal actividad instruir, por medio de talleres, cursos, círculos de estudio y seminarios a todo tipo de población en temas relacionados con la seguridad pública.

Las organizaciones civiles asistenciales, dedican sus acciones a la atención, apoyo, defensa y/o asesoría de sujetos u otras organizaciones que hayan sido víctimas de algún acto de delincuencia o abuso de autoridad. Se denominan asistenciales por que canalizan a las víctimas con las autoridades correspondientes.

Otro ejemplo de estas organizaciones, lo podemos observar con lo realizado por el Centro de Integración Ciudadana (CIC) en el estado de Nuevo León, en donde en su página de internet, menciona que actúan como un enlace con las autoridades para atender temas de interés común, además, de promover la participación y los valores cívicos para fortalecer a la ciudadanía y así despertar la conciencia ciudadana con el fin de construir una mejor sociedad, con mejor calidad de vida.

Asimismo, su fin es proveer un espacio claro, confiable y auténtico de participación, para fortalecer la ciudadanía y detonar las acciones con sentido de las autoridades.

Un Estado moderno está formado por una sociedad activa que exige cuentas a sus autoridades. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, universidades, medios de comunicación y organismos constitucionales autónomos deben contribuir al análisis y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.

Con la participación y corresponsabilidad del gobierno, el sector privado y la sociedad civil se lograrán generar las oportunidades de interacción que permitan encontrar a las personas que deben concentrarse en soluciones de largo plazo; atendiendo a prioridades que juntos determinen, mediante el establecimiento de mecanismos así como procedimientos de participación de la comunidad. Esto permite que las instituciones, los ciudadanos y los grupos articulen sus intereses mediante sus distintos roles y ejercicio legal de sus derechos y obligaciones.

Cabe destacar que el Modelo Integral de Atención a Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de junio de 2015, ya prevé la intervención de las organizaciones de la sociedad civil que proporcionan atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el que destaca que estas organizaciones realizan acompañamiento jurídico y psicosocial con las víctimas en procesos de litigo o de otro tipo, estableciendo los requerimientos para la reparación integral ante las distintas instancias.

Es de gran relevancia el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la atención integral a las víctimas, pues estas derivado de su sentimiento de vulnerabilidad, se sienten más seguras con el contacto directo con las personas de las organizaciones, más que con las autoridades en las que lamentablemente no confían.

Por lo anterior mencionado, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la lucha contra la inseguridad, además de que son un acompañamiento de las víctimas del delito desde la denuncia hasta la sentencia del delincuente.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 5o. y se recorre la subsecuente para ser fracción XXX de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; se adiciona un tercer párrafo al artículo 130 y se adiciona una fracción III al artículo 170 de la Ley General de Víctimas

Primero.Se adiciona la fracción XIX, del artículo 5 recorriéndose la subsecuente de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Asistencia jurídica a ciudadanos que sean víctimas del delito, y

XXX. ...

Segundo.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 130; y se adiciona la fracción III, del artículo 177 recorriéndose las subsecuentes de la Ley General de Victimas, para quedar como sigue:

Artículo 130....

...

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la ayuda y asistencia de las víctimas, podrán acceder al fondo, siempre y cuando estén en el registro que para tal efecto lleve a cabo la Junta Directiva.

Artículo 177. Son las facultades de la Junta Directiva:

I. a II. ...

III. Llevar a cabo el registro de las organizaciones de la sociedad civil que atiendan a las víctimas;

IV. a XII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 González Fernández José Antonio, La Seguridad Pública en México, “Los Desafíos de la Seguridad Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México 2002.

2 Reporte sobre delitos de alto impacto, Observatorio Nacional Ciudadano, diciembre 2015.

3 Alfonso León Pérez, La Seguridad Pública y las Organizaciones Civiles en México, Veredas, Revista del Pensamiento Sociológico.

4 http://www.cic.mx

5 Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016, Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia, Universidad de las Américas Puebla, coord. Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, febrero 2016.

6 Lima Malvido María de la Luz, Un nuevo paradigma: La participación ciudadana en seguridad pública, Los Desafíos de la Seguridad Pública en México, coord. Peñaloza Pedro José y Garza Salinas, Mario A, 2002.

7 Información disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395286&fecha=04/06/2015 fecha de consulta: 10 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen.

El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Sonido en la curul del diputado Wenceslao Martínez, por favor.

El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): Gracias, presidente. Primeramente para pedirle al diputado Salim que nos permita suscribir su iniciativa. Es muy importante comentar que al turismo tendríamos que dar todas las facilidades posibles, que es una gran fuente de ingresos de nuestro país.

Nosotros recibimos aproximadamente –como él lo comenta– 30 millones de turistas anualmente. Quiero hacer una comparación. En el estado de California, nuestro vecino del norte, únicamente en el condado de San Diego y en el condado de los Ángeles, reciben 77 millones de turistas al año. Por eso tendríamos que mejorar las condiciones y ser mucho más atractivos para recibir más turistas y mejorar nuestros ingresos por ese concepto. Es todo, presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Diputado Salim, le preguntan si acepta que suscriba el diputado Martínez la iniciativa que usted acaba de presentar.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): Adelante, sí, muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, ha manifestado expresamente su disposición a ello y entonces está a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes deseen suscribirla.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Gracias. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito reformar los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable sea presidido por un representante de los productores y agentes de la sociedad rural, electo por dos terceras partes de todas las organizaciones nacionales del sector social y privado rural que lo integran.

El tema de la participación ciudadana ha sido un referente en la actualidad, sobre todo cuando hablamos del papel que juega la sociedad de cara a las acciones que emprenden los gobiernos. En este sentido una de las innovaciones más significativas en los procesos de democratización en América Latina, ha sido la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en asuntos de políticas públicas, más allá de los procesos electorales.

Precisamente la presente propuesta tiene como finalidad el fortalecimiento de uno de los mecanismos de participación de productores del campo, esto a fin de que ellos mismos sean los agentes activos en los cambios de fondo que se necesitan en el sector rural.

En nuestro país encontramos un rezago en nuestro marco jurídico en lo que hace a la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el orden federal, y en menor medida en el orden estatal.

Así las cosas, advertimos que la participación ciudadana ejercida mediante los consejos consultivos favorecen las democracias como la nuestra, ya que a diferencia de las decisiones tomadas unilateralmente por un solo individuo, el carácter colegiado de estas instancias y las interacciones propias de cualquier proceso deliberativo favorecen la legitimidad de las decisiones robusteciendo así a las instituciones públicas involucradas en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El actual diseño de este órgano colegiado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como característica que en los hechos se consolida una clara sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo, donde la participación de los representantes del sector de mérito, está destinada a transitar lo meramente testimonial.

Más grave resulta el hecho de que aunque los representantes de los productores y agentes de la sociedad rural tienen el aforo necesario en la composición del Consejo, sus deliberaciones no son de carácter vinculante, toda vez que estos últimos sólo tienen la facultad de opinar acerca de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente.

Precisamente, el propósito de la presente iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como propósito empoderar a las organizaciones de la sociedad rural para que sean actores de primera. Precisamente en la planeación, programación y acción de las políticas que se ejecuten en el campo. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

El tema de la participación ciudadana ha sido un referente en la actualidad, sobre todo, cuando hablamos del papel que juega la sociedad de cara a las acciones que emprenden los gobiernos.

En este sentido, una de las innovaciones más significativas en los procesos de democratización en Latinoamérica ha sido la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en asuntos de gubernamentales más allá de los procesos electorales.

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo aduce que la participación ciudadana constituye un mecanismo para la construcción de la democracia y es, por sí misma, un derecho constitucional que debe ejercerse en un marco de respeto a los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- y de superación de cualquier forma de exclusión, discriminación o desigualdad.

En este contexto se fueron desarrollando importantes procesos de innovación institucional que se orientaron a dar respuesta a la demanda de mayor involucramiento ciudadano en la vida pública.

Sin embargo, y a pesar de que los mecanismos de participación ciudadana son, hasta cierto punto, abundantes aún presentan grandes resabios de opacidad.

Precisamente, la presente propuesta tiene como finalidad el fortalecimiento de uno de los mecanismos de participación ciudadana que ha permitido la intervención de la ciudadanía en los procesos deliberativos y de toma de decisiones de las políticas públicas.

Nos referimos a los consejos consultivos, que se pueden identificar como instrumentos con propósitos deliberativos o definitivamente resolutivos; también como los mecanismos utilizados para emitir una opinión sobre un tema concreto, o bien, se llegue al extremo de la toma de decisiones conjunta, en el ideal del co-gobierno.

Resulta necesario señalar que la consulta como un mecanismo de participación ciudadana en un sentido amplio es una forma de acercamiento del gobierno a la ciudadanía con el objetivo de incorporar la voz de la sociedad civil en los procesos deliberativos sobre políticas públicas.

En este contexto es pertinente mencionar que en las últimas décadas, en prácticamente todos los países latinoamericanos se implementaron una gran variedad de mecanismos de participación de diverso perfil, tipo y capacidades, a saber: “Mesas de concertación y diversos mecanismos de democracia directa en Perú; veedurías ciudadanas en Colombia; audiencias públicas en Argentina; organizaciones territoriales de base en Bolivia; y mesas de expertos en Chile”.

Para el caso mexicano, encontramos un rezago a nivel legislativo en términos de la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el orden federal, y en menor medida en el estatal.

Aún con este rezago, no podemos dejar de admitir que nuestro país experimentó una serie de cambios en las últimas décadas que apuntan a la creación y fortalecimiento de un sinfín de consejos, comités y otras instancias colegiadas de participación en los tres órdenes de gobierno.

En este orden de ideas, en la Carta Magna encontramos pocos espacios que dan cabida al concepto de participación ciudadana, pero no por eso resultan menos importantes. Uno de ellos y quizá el principal lo encontramos en el artículo 26, apartado A, que versa sobre el deber del Estado de organizar un sistema de planeación democrática que incluya la participación de los distintos sectores sociales con el fin de incorporar tanto sus demandas como sus aspiraciones en los planes de desarrollo nacional.

En virtud de lo anterior, observamos que la Ley de Planeación integra el término de mérito en aspectos de consulta, coordinación y concertación de todo el proceso de elaboración del plan nacional.

Asimismo, encontramos que la participación social encuentra sustento normativo en el artículo 6 también constitucional, donde se consagra el derecho al acceso de información; el artículo 8, mediante el cual se tutela el derecho de petición de los ciudadanos; artículo 9, donde se instituye el derecho de asociación.

En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la participación ciudadana cobra relevancia ya que uno de los objetivos de este precepto es el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y el de Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

En tal sentido la Comisión Intersecretarial para la Transparencia define el término como la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gubernamentales que le afectan.

El organismo en cita señala también, que existen mecanismos a través de los cuales las administraciones públicas tienden a facilitar la interacción de los actores sociales, en función del interés público.

Otro criterio jurídico que incorpora el principio que nos ocupa es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil que determina como parte imprescindible de su objeto el favorecer la coordinación el gobierno federal y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en lo relativo a las actividades que fomenta la misma Ley. Una de estas actividades son las cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

En este orden de ideas y con la finalidad de identificar la importancia del concepto referido, transitamos al terreno internacional en donde es frecuente que se aborde el tema para lograr que se consoliden las relaciones de colaboración gobierno-sociedad en asuntos de interés público. Ejemplos de lo anterior los encontramos en:

• La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).

• La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (ONU).

En este momento queremos resaltar que todas estas convenciones tienen que ver con el combate a la corrupción y por ende al de la rendición de cuentas, todo esto encaminado a que la participación de los sectores sociales organizados, contribuyan en los mecanismos mediante los cuales se logrará una efectiva rendición de cuentas.

Así las cosas, advertimos que la participación ciudadana ejercida mediante los consejos consultivos favorece las democracias como la nuestra, ya que a diferencia de las decisiones tomadas unilateralmente por un solo individuo, el carácter colegiado de estas instancias, y las interacciones propias de cualquier proceso deliberativo, favorecen la legitimidad de las decisiones, fortaleciendo así también a las instituciones públicas y gubernamentales involucradas en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

En este orden de ideas, como lo señalamos al principio de nuestra propuesta, la presente iniciativa pretende fortalecer el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable que se enmarca en la Ley de Desarrollo Sustentable y que es un órgano de consulta de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como todos sabemos este Consejo tiene como objetivo primordial favorecer las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal para lograr que se ejecuten de manera diferenciada, prioritaria, inclusiva y descentralizada a efecto de atender efectivamente las necesidades de las zonas con mayor rezago social y económico mediante el impulso de actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva y el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso todo esto con un carácter vinculante.

Empero, podemos afirmar que la actual conformación de los Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable resulta lesiva para el afán democrático de contar con esquemas de participación ciudadana y de deliberación horizontales, donde lo que prive sea una naturaleza colegiada; criterios guía de la de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

El modelo del Consejo Mexicano como organismos del sector, contemplado por esta Ley como órgano de consulta y representación social, resulta poco práctico pues implica un rebuscado procedimiento de operación que resulta, en la mayoría de los casos innecesario, debido a que al final los acuerdos y decisiones del mismo no serán tomadas en cuenta para la creación, implementación o evaluación de planes y programas de trabajo, toda vez que la opinión de todos los representantes del sector agropecuario son tomadas pocas veces en cuenta para incidir realmente en la toma de decisiones.

El actual diseño de este órgano colegiado, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene como corolario que en los hechos se consolida una clara sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo, donde la participación de los representantes del sector de mérito está destinada a transitar hacia lo meramente testimonial.

Más grave resulta el hecho de que, aunque los representantes de los productores y agentes de la sociedad rural tienen el aforo necesario en la composición del Consejo, sus deliberaciones no son de carácter vinculante toda vez que estos últimos sólo tienen la facultad de opinar acerca de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente.

Esta restricción normativa rompe totalmente con la esencia de los consejos consultivos que fueron creados con el propósito fundamental de ser mecanismos de consulta que sirvan como espacios formalizados de interlocución y diálogo con los representantes de grupos o comunidades con efectos decisorios conforme a la vinculatoriedad de sus determinaciones, para el gobierno.

Son estos tipos de restricciones legales las que pretendemos enfrentar con la siguiente iniciativa de reforma.

La finalidad pues, es la fortalecer el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable otorgándole mayores atribuciones a los representantes organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único.Se reforman los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por un representante de los productores y agentes de la sociedad rural electo por dos terceras partes de todas las organizaciones nacionales del sector social y privado rural que lo integran; y operará en los términos que disponga su reglamento interior.

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consistirá en la emisión de opiniones con carácter vinculante y la coordinación de las actividades de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la presente Ley.

Artículo 20. La Comisión Intersecretarial , con la participación del Consejo Mexicano, será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría en un plazo de noventa días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación deberá realizar los ajustes pertinentes al Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de organismos, instancias de representación, sistemas y servicios especializados.

Tercero.La Secretaría en un plazo de noventa días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación deberá realizar los ajustes pertinentes al Reglamento Interior del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable.

Notas:

i Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ii Font, Núria (1998). New Instruments of Citizen Participation. Barcelona: Institut de Ciènces Polítiques I Sociais, Universitat Autònoma de Barcelona.

iii Hevia, Felipe; Vergara-Lope, Samana y Homero Ávila (2011). “Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal” En: Perfiles Latinoamericanos, núm. 38, México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

iv Monsiváis, Alejandro, 2006, “Rendición de cuentas democráticas y justificaciones públicas: una concepción deliberativa de la calidad de la democracia”, Sociológica, núm. 62, México.

v Font, Joan (1993). “Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y metodologías.” En: Alicia Ziccardi (coord., 2003) Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barón. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la lucha por proteger la naturaleza, los mamíferos marinos tienen un lugar preponderante, ya que su protección conlleva al mismo tiempo la de los ecosistemas en los cuales habitan.

La riqueza en los mares de nuestro país deriva de la confluencia de corrientes frías y cálidas, una oceanografía dinámica y una topografía del fondo marino compleja que favorece la existencia de mamíferos marinos.

La importancia de estos tiene diversos enfoques, desde el aspecto biológico por su influencia en la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas, debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia.

Ahora bien, desde el aspecto social, la importancia radica en sus altas capacidades de aprendizaje y sociabilidad, las cuales les permiten adecuarse a los cambios ambientales en el término de conductas aprendidas. Es precisamente esta característica la que los hace ser blanco de un aprovechamiento no sustentable. Lamentablemente su utilización cada día va en aumento, debido a las falsas creencias de que son especies capaces de disfrutar del acompañamiento humano.

Como se ha referido, los mamíferos marinos son un amplio grupo de especies, sin embargo, no todas ellas son atractivas a los ojos de quienes buscan aprovecharlas; los delfines, los lobos marinos e incluso las orcas, son las que han sido sujetas a usos y confinamientos fuera de su medio natural.

Su principal uso es para exhibición en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies con las cuales no conviven en estado natural, así como la interacción forzosa con seres humanos.

Las afectaciones más comunes que padecen estos mamíferos en cautiverio son el daño en sus órganos internos, ya que descansan y ejecutan ciertas actividades apoyando su vientre sobre una superficie dura, así como envenenamiento por cloro y el estrés, lo que provoca que al menos 50 por ciento de estas especies en cautiverio mueran en menos de 7 años.

Dichas afectaciones no solo se limitan a las complicaciones derivadas de su nueva estancia en confinamiento, sino que engloban también los mecanismos utilizados para su captura y traslado.

Si bien dicha información cada día tiene más difusión y cada vez somos más los que nos sumamos a la lucha por eliminar la captura y utilización de los mamíferos marinos, lo cierto es que mientras sigan existiendo poderosos intereses de por medio seguirá siendo difícil acabar con dichas actividades.

Si bien en México existe regulación clara respecto de la captura de estas especies en trabajos de experimentación científica y la educación superior, lo cierto es que poco se ha logrado para impedir su uso en actividades que ponen en riesgo la vida de las especies confinadas y su preservación futura.

El Partido Verde ha mostrado su preocupación constante por esta situación y en su afán de garantizar su protección en 2015 logramos que se prohibiera la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes.

Efectivamente es un gran logro, dicha prohibición sin embargo debemos reflexionar y cuestionarnos cuántos son los espectáculos que incluyen mamíferos marinos de carácter itinerante que existen en nuestro país. Definitivamente no se sabe, ya que no existen registros oficiales actualizados de los mismos, pues sería poner nombre y apellido de las personas que con o sin intención propician maltrato a estas especies.

La característica más relevante de este espectáculo, sea itinerante o fijo, es que busca la diversión del público a costa de exhibición de los animales realizando actos bajo el comando de los entrenadores, que lo único que hacen es forzarlos mediante un mecanismo de suministro y privación de alimentos, simulando bailar o cantar, realizando saltos y giros espectaculares y en general haciendo cosas antinaturales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para erradicar en su totalidad la utilización de mamíferos marinos en espectáculos e incluso el tráfico ilegal de estos animales, sumando el verdadero objetivo que es garantizar el bienestar de dichas especies marinas, abandonando con ello a la subsistencia y preservación futura. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la lucha por proteger la naturaleza, los mamíferos marinos tienen un lugar preponderante ya que su protección conlleva al mismo tiempo la de los ecosistemas en los cuales habitan.

Los mamíferos marinos se caracterizan por ser especies bien adaptadas para vivir en el agua de forma permanente o temporal; ser de sangre caliente con temperatura constante de entre 36 a 38 grados centígrados; con una forma corporal hidrodinámica; piel con una gruesa capa de grasa; extremidades transformadas en aletas; sentido auditivo muy desarrollado; complejas habilidades para buceo y navegación; gran capacidad respiratoria y múltiples adaptaciones de sus órganos sensoriales al medio acuático.

Los mamíferos marinos pertenecen a tres distintos órdenes: Cetácea (ballenas y delfines), Sirenia (manatíes y dugones) y Carnívora (focas, lobos marinos, morsas, osos polares y nutrias), los cuales a su vez se subdividen en los siguientes grupos:

* Mamiferos Marinos. Benjamín Morales-Vela, Janneth Adriana Padilla-Saldívar y Diana Medeleine Antochiw Alonzo.

Por lo que respecta a nuestro país, contamos aproximadamente entre 45 y 49 especies de mamíferos de los órdenes Cetácea (ballenas, cachalotes, zifios, delfines y marsopas), Carnívora (lobos marinos, focas y nutrias) y Sirenia (manatíes).

Esta riqueza en los mares mexicanos, deriva de la confluencia de corrientes frías y cálidas, una oceanografía dinámica y una topografía del fondo marino compleja que favorece la existencia de estas especies.

La importancia de los mamíferos marinos tiene dos enfoques, desde el aspecto biológico, como consumidores principales en todos los niveles tróficos, desde consumidores primarios (herbívoros) pasando por consumidores secundarios de amplio rango que se alimentan de zooplancton (grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, delfines, focas y lobos marinos), hasta los depredadores de peces mayores y grandes calamares (cachalote, orca, pinnípedos y osos polares), e incluso de otros mamíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares).

En otras palabras, los mamíferos marinos tienen una influencia importante en la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia. Por ello, su biología puede reflejar algunos aspectos del flujo de materiales y energía de los ecosistemas marinos, razón por la cual sus impactos positivos para la conservación de la vida en el mar son un hecho innegable.

Ahora bien, un segundo enfoque se dirige al aspecto social, ya que son por demás conocidas sus altas capacidades de aprendizaje y sociabilidad, las cuales les permiten adecuarse a los cambios ambientales en el término de conductas aprendidas.

Es precisamente esta última característica la cual los hace ser blanco de un aprovechamiento no sustentable, su utilización en estos términos va cada día en aumento, debido a las falsas creencias de que son especies capaces de disfrutar del acompañamiento humano.

Como se ha referido, los mamíferos marinos son un amplio grupo de especies, sin embargo, no todas ellas son atractivas a los ojos de quienes buscan aprovecharlas; los delfines, los lobos marinos e incluso las orcas, son las variedades que más comúnmente han sido sujetas a usos y confinamientos fuera de su medio natural.

Su principal uso es para exhibición en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies con las cuales no conviven en estado natural, así como la interacción forzosa con seres humanos.

Un ejemplo de las afectaciones más comunes que padecen los delfines en cautiverio, es el desarrollo de comportamientos estereotipados (nadar repetitivamente en círculos con los ojos cerrados y en silencio) como consecuencia del aburrimiento y del encierro.

Según estudios científicos (principalmente desarrollados en los Estados Unidos de América), señalan lo perjudicial que es el uso de mamíferos marinos en espectáculos, debido, inicialmente, a que descansan y ejecutan ciertas actividades apoyando su vientre sobre una superficie dura, lo que con el tiempo puede llegar a dañar sus órganos internos, sumado a las condiciones del llamado “condicionamiento operante” (entrenamiento), que no es otra cosa más que el aprendizaje a base de castigos como el hambre.

Prácticas como esas provocan que al menos el 50% de los delfines en cautiverio mueran en menos de 7 años, siendo las enfermedades, el envenenamiento por cloro y el estrés, las principales razones que los llevan a la muerte.

Dichas afectaciones no sólo se limitan a las complicaciones derivadas de su nueva estancia en confinamiento, sino que engloban también los mecanismos utilizados para su captura y traslado. Por lo que hace al proceso de captura, la técnica más común es conducirlos hacia la costa, separándolos de la manada y atándolos desde el agua a un vehículo de transporte, lo cual se consideran actividades altamente traumáticas y que elevan la probabilidad de muerte inmediatamente después de la captura.

La experiencia, tanto a nivel internacional como nacional, ha demostrado que los delfines en cautiverio no viven más de unos pocos años. Son las especies de delfines conocidos como nariz de botella los únicos que han sido criados en cautiverio con relativo éxito. Aquí cabe aclarar que el hecho de que sobrevivan, no implica que se encuentren en óptimas condiciones de salud, más bien, ello habla de un alto grado de tolerancia, adaptación y sobrevivencia de estas especies, y no de una condición que haga creer que los delfines pueden vivir en cautiverio.

Lo anterior es así, ya que aquellos delfines que no logran adaptarse a su nueva estancia son devueltos a su medio natural, lo cual no garantiza su subsistencia, debido a los grandes impactos y modificaciones a los cuales han sido sometidos.

Desafortunadamente, sus propias características físicas impiden observar a simple vista las graves afectaciones que sufren, pues incluso su anatomía presume un estado de felicidad y sonrisa, que se ha comprobado científicamente nada tiene que ver con su estado de ánimo y salud.

Si bien dicha información es cada día más aceptada y conocida, del mismo modo que cada vez somos más quienes nos sumamos a la lucha por eliminar la captura y utilización de los mamíferos marinos, lo cierto es que mientras sigan existiendo intereses de por medio, seguirá siendo difícil acabar con la explotación de este tipo de especies.

Como mecanismos de defensa, las personas que se dedican a la exhibición y uso de estas especies en espectáculos, utilizan infinidad de argumentos que van desde argumentar que “son felices porque les gusta convivir con los humanos”, hasta la generación de programas terapéuticos, lo cual lleva a difundir información inadecuada sobre los mismos.

Para la erradicación de estos actos, a nivel internacional se han sentado bases sólidas para evitar el maltrato por la vía legislativa, siendo un camino recurrente la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos.

El primer país que logró prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como el nado con delfines fue Costa Rica, continuaron Hungría y Chile; más tarde fue la India, en donde quedó prohibido a nivel nacional, tener delfines en cautiverio para ser utilizados en espectáculos.

No se puede afirmar que nuestro país se encuentre ajeno a dichos esfuerzos, sin embargo, ha sido complicado insertar en la sociedad la responsabilidad que debemos adoptar para el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Los avances pudieran calificarse de incipientes, pero esa no es razón suficiente para cesar en el esfuerzo de igualar a las naciones que ya lo han logrado.

Inicialmente, México se suma a la lucha para lograr la protección de los mamíferos marinos, insertando la obligatoriedad a cargo de las personas interesadas en hacer uso de estas especies, de garantizar un aprovechamiento sustentable, lo cual podrá ser verificado por la autoridad ambiental, pues será a través de una autorización otorgada por la misma, que se pretende lograr su protección.

No obstante, en nuestro país, aun cuando en la Ley General de Vida Silvestre no se permite el aprovechamiento extractivo, ni la importación de ejemplares de mamíferos marinos, se sigue observando la utilización de ciertas especies para espectáculos.

Si bien existe regulación clara respecto de la captura de estas especies en trabajos de experimentación científica y la educación superior, lo cierto es que poco se ha logrado para impedir su uso en actividades que además de antinaturales, ponen en riesgo la vida de las especies confinadas y su preservación futura.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha mostrado de manera constante su preocupación por esta situación y en un afán de garantizar su protección, presentamos una iniciativa que fue aprobada el pasado año 2015, a través de la cual logramos se prohibiera la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes.

Efectivamente, dicha prohibición representa un gran logro, sin embargo, siendo objetivos, lo cierto es que debemos reflexionar y cuestionarnos acerca de cuántos son los espectáculos de carácter itinerante que utilizan delfines en nuestro país.

Definitivamente es difícil saberlo con precisión, ya que no existen registros oficiales actualizados de los mismos, pues sería poner nombre y apellido de las personas que, con o sin intención, incurren en maltrato hacia estas especies.

Generalmente estos espectáculos recorren por carretera el país de pueblo en pueblo, sobre todo en las llamadas ferias, en donde se realizan este tipo de exhibiciones.

Ya en el lugar donde se realiza el espectáculo, se cava una fosa de pequeñas dimensiones, la cual se cubre con lona impermeable; agregándole agua potable, sal marina y cloro, para evitar la proliferación de bacterias, para posteriormente depositar a los delfines.

Esta actividad es sin lugar a dudas la más cruel y riesgosa para estas especies marinas, pues se registra una mortalidad más alta y por ende, una vida más corta.

Las causas de muerte durante los espectáculos itinerantes, de acuerdo con los registros de las propias empresas, sorprenden por la violencia de las muertes: “múltiples traumatismos por accidente vehicular”, “infarto cardiaco y agua en los pulmones”, “ingesta de objetos, los cuales no pueden ser extraídos”; “insuficiencia cardiaca y exceso de trabajo”; “peritonitis por perforación intestinal de divertículo”, entre muchas otras.

Los delfinarios empezaron a funcionar en nuestro país a principios de los años setenta del siglo pasado cuando una empresa comercial de autoservicio utilizó dos delfines y dos lobos marinos para atraer clientes, dando paso a la construcción de los primeros centros de este tipo en México: Acuario Aragón en el zoológico del mismo nombre, y el parque Atlantis, ambos localizados en la Ciudad de México. Después se construyó el Acuario Reino Aventura, hoy Six Flags, donde se mantuvo en condiciones críticas a la famosa orca “Keiko”.

La característica más relevante de este tipo de “espectáculos”, sean itinerante o fijos, es que se busca la diversión del público a costa de la exhibición de los animales realizando actos circenses, bajo el comando de los entrenadores que lo único que hacen es forzarlos mediante un mecanismo de suministro y privación de alimentos; simulando bailar o cantar, realizando saltos y giros espectaculares, y en general, haciendo cosas antinaturales.

En virtud de la crueldad asociada a la existencia de este tipo actos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone la presente iniciativa para erradicar en su totalidad la utilización de mamíferos marinos en espectáculos, sean fijos o itinerantes, pues estamos convencidos que con ello se desincentivará la captura desmedida e incluso el tráfico ilegal de estos animales, sumado al verdadero objetivo, que es garantizar el bienestar de dichas especies marinas, abonando con ello a su subsistencia y preservación futura.

En mérito de lo aquí expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre

Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 60 Bis. ...

...

...

Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2016.—Diputadas y diputados: Alma Lucia Arzaluz Alonso, Alejandra Gutiérrez Campos, Arturo Álvarez Angli, Beatriz Vélez Núñez, Daniela De los Santos Torres, Delia Guerrero Coronado, Edgardo Melhem Salinas, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Omar Noé Bernardino Vargas, Susana Corella Platt (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arzaluz. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o y 12 de la Ley General de Educación.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Buenos días, compañeros y compañeras diputadas, para Morena con educación cambiaremos para bien a nuestro México, por lo que no estamos de acuerdo en que desaparezcan las Normales, y apoyamos la puesta en marcha de ocho universidades en diferentes partes de nuestro hermoso y agraviado país.

Tal es el caso de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe, María Alicia Martínez Medrano, en Valladolid, Yucatán, que la maestra Olga María de la Luz Cupul Díaz dirigirá.

Con su venia, presidente. La mejora en la educación es un reto que México debe enfrentar con responsabilidad a largo plazo y visión de competitividad para sus niños y niñas, dado el mundo globalizado en el que vivimos.

Si bien en la pasada legislatura se aprobó una reforma educativa que no contempló el cambio en planes integrales y programas de estudio, para dar a los alumnos educación que los prepare para competir en todas las áreas de oportunidad de nuestro país.

Por ello, es trascendental que se realice un proceso de cambio en la educación que se proporciona a nuestros estudiantes desde los niveles básicos, que es la educación primaria, secundaria y media superior, generando una verdadera transformación donde los prepare para un mundo globalizado, con mayores competencias para la generación de más oportunidades de trabajo que requerirán más capacitación por la complejidad e innovación continua de los mismos.

Al día de hoy existen rezagos educativos insoslayables que los gobiernos no han podido o no han querido superar, por lo que debemos hacer de la educación básica un área de interés fundamental para la recuperación y transformación de México, dando a las niñas y niños las herramientas básicas para poder obtener en un futuro el país con el desarrollo económico deseado, generando oportunidades de crecimiento eficiente y de manera eficaz.

Estamos lejos de ser un país competitivo, dado los rezagos históricos en educación, que se combinan con otros males, como la deserción y abandono escolar, por la mala economía de las familias, males que inducen a tomar caminos equivocados o conductas antisociales que han crecido en los últimos años.

El artículo 3o. de nuestra Constitución señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, misma que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, garantizando la calidad en la educación obligatoria, entre otras cosas.

Por su parte, el artículo 25 constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos.

De un análisis de los artículos constitucionales antes mencionados, podemos deducir que el Estado tiene en sus manos la obligación de garantizar educación de calidad y promover los mecanismos de desarrollo necesario para una vida digna de los ciudadanos.

En ese sentido, la presente iniciativa pretende abonar en dar cumplimiento a nuestra Carta Magna para el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una vez más, distribución del ingreso, a través de garantizar la calidad en la educación que incluya proveer, desde el nivel básico, las herramientas, que preparen a los educandos para ser competitivos en su vida laboral.

En Morena estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo futuro, del crecimiento profesional y humano para los mexicanos. Es por eso que presento la presente iniciativa para impulsar una mejora en la educación básica, con un perfil competitivo y humano para nuestras futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 en su fracción IV; el artículo 12 en su fracción XIII adiciona la fracción XIV recorriéndose la fracción XIV actual para ser la fracción XV, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mejora en la educación, es un reto que México debe enfrentar de cara al futuro con una visión competitiva para sus niños y niñas, dado el mundo globalizado en el que vivimos, si bien en la pasada legislatura se aprobó una reforma educativa, que no contemplo el cambio en planes y programas educativos y por supuesto dar a los alumnos educación de calidad que los prepare para ser competitivos, siendo que es un tema que incide directamente en todas las áreas de oportunidad de nuestro país, por ello es trascendental que se realice un proceso de cambio en la educación que se proporciona a la población desde los niveles básicos como lo es la educación primaria y secundaria, generando un ambiente de verdadera transformación, donde los disponga para un mundo globalizado, con mayores competencias y más oportunidades de trabajo que requieren más capacitación, por la complejidad de los mismos y por la dinámica de avances en todos los ámbitos que se van presentado diariamente en la sociedad moderna.

Debemos entender a la calidad educativa, como la capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo desarrollando valores y actitudes acordes con la sociedad que desea una vida de calidad, así como que el concepto de competitividad implica una serie de políticas públicas pensadas a futuro, para que en su momento los ahora alumnos que estén en edad de ser productivos tengan la posibilidad de emprender y crear empresas que compitan con altos estándares de calidad, en un entorno cada vez más complejo y que tengan la capacidad de incidir directamente en la vida económica de nuestro país, siendo productivos en cualquiera de las áreas en que se desarrollen.

Al día de hoy, existen rezagos educativos insoslayables que los gobiernos no han querido o no han podido superar, por lo que debemos hacer de la educación básica un área de interés fundamental para la verdadera transformación de México, dando a los ciudadanos las herramientas básicas para poder obtener en un futuro el país con el desarrollo económico deseado, generando oportunidades de crecimiento eficiente y de manera eficaz.

Estamos lejos de ser un país competitivo, dados los rezagos históricos en educación, así como por la ola de violencia que se ha generado en los últimos años, ya que unos de los grandes tópicos para ser un modelo de país competitivo es contar con un verdadero estado de derecho alejado de la violencia y la corrupción, sin embargo, el reto que tenemos como país es el de apostarle a la educación competitiva desde el nivel básico y profesional.

La impartición de educación desde un modelo que incluya la vinculación competitiva garantizará que las y los niños se conviertan en personas productivas para el país, y exitosas a nivel personal y profesional.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, misma que tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, garantizando la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, contribuyendo a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Por su parte, el artículo 25 constitucional, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

De un análisis a los artículos constitucionales antes mencionados, podemos colegir que el estado tiene en sus manos la obligación de garantizar la educación y una vida digna de la ciudadanía, en ese sentido la presente iniciativa pretende abonar en dar cumplimiento a nuestra carta magna para el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso a través de garantizar la calidad en la educación que incluya proveer desde el nivel básico las herramientas que preparen a los educandos para ser competitivos en su vida laboral, lo que conllevará en un futuro a tener un crecimiento sostenido del país, permitiendo un ingreso mayor a los mexicanos derivado de los nuevos procesos productivos, haciendo posible una distribución más equitativa de la riqueza y de los beneficios que se encuentran implícitos.

Por lo tanto la educación debe ser una condición sine qua non para el desarrollo humano, buscando proveer a los individuos de las herramientas que garanticen su dignidad, progreso y desarrollo personal, ya que una educación de baja calidad en nada ayuda a su desarrollo personal e inhibe la existencia de condiciones propicias para el crecimiento económico del país.

La formación de capital humano que corresponda a una oferta de trabajo competitiva y eficaz está muy lejos de serlo con la oferta educativa básica que existe en estos momentos, necesitamos generar condiciones que preparen a los mexicanos desde su temprana edad para responder a las condiciones de los mercados de trabajo que se presentan en la actualidad.

Los altos índices de deserción y reprobación en todos los niveles generan obstáculos y una insatisfactoria calidad en la educación, ya que por ejemplo: si bien es cierto que casi la totalidad de las y los niños mexicanos cuenta con el acceso a la educación primaria, tan sólo un poco más de la mitad de ellos la termina, por tanto, debemos generar una planeación educativa eficiente que contemple la preparación de los alumnos con políticas públicas que los doten de los conocimientos funcionales necesarios para su desarrollo competitivo.

Por otro lado, en un estudio de derecho comparado realizado en un capítulo del libro Educación para una Economía Competitiva: (CIDAC). Hacia una Estrategia de Reforma, se señala lo siguiente:

“... La educación debe ser entendida como un medio para el desarrollo económico, que incide en una justa distribución de la riqueza de un país, contribuyendo de manera eficaz para combatir la pobreza.

Los contrastantes casos de Japón y Estados Unidos resultan extremadamente ilustrativos de ambos enfoques educativos, así como de la relación que guardan las habilidades generadas por cada uno de ellos con la dinámica que actualmente domina en los mercados internacionales...

El sistema japonés se sustenta en la preeminencia de la disciplina y del conocimiento. A grandes rasgos, “la educación japonesa es una en que se desean conocimientos, no opiniones; esfuerzo, más que inteligencia; humildad, más que desplantes, pues su finalidad es la de incrementar la media del alumno promedio”. En este sentido, “el respeto por la sociedad y el orden establecido, que valora las metas grupales por encima de los intereses individuales, la autocrítica, el estudio disciplinado y bien organizado, al igual que los hábitos de trabajo, son cualidades que se encuentran dentro del ámbito de la educación”. Se trata, en general, de una educación rígida, centrada en los conocimientos que permiten una fácil reeducación (versatilidad) del estudiante ya que busca desarrollar, en forma primordial, la capacidad de trabajo -con miras a generar la mayor eficiencia productiva que sea posible- por medio de un sistema en que la memorización tiene gran importancia.

El sistema estadounidense, en contraposición, se basa en la innovación y la creatividad. No es rígido, ya que persigue la manifestación de las particularidades individuales. Su orientación fundamental no ha sido meramente la eficiencia en la productividad, sino que ha tenido como finalidad principal la de desarrollar la capacidad crítica. Si bien es verdad que en el modelo estadounidense se busca desarrollar las habilidades analíticas para resolver problemas, también lo es que se busca evitar que el alumno se ciña a caminos ya establecidos. Es por ello que la memorización no desempeña un papel importante en los estudios. En este sentido, la estadounidense es una educación en la que se estimula la expresión individual y que tolera el pensamiento poco ortodoxo. El resultado es el pensamiento creativo. Por lo tanto, la educación tiene como objeto fomentar la búsqueda de nueva información o la formulación de soluciones previamente desconocidas, más que la conformidad de aceptar una solución correcta predeterminada, como ocurre en el caso japonés.

¿Qué tipo de educación resulta mejor para los propósitos de una economía abierta y competitiva? ¿Es preferible permitir que se desarrollen las habilidades individuales o es mejor uniformar las capacidades? La respuesta no es obvia ni sencilla pues ambos países son líderes mundiales. Sin embargo, en la carrera por el liderazgo de la tecnológica de punta es donde mejor se aprecian las grandes diferencias entre las dos economías, originadas en buena medida, en las diversas orientaciones educativas. Por ejemplo, los estadounidenses son insuperables en investigación básica, en el diseño de nuevos productos y en la construcción de software. En una palabra, Estados Unidos ha desarrollado una ventaja competitiva en la innovación científica y tecnológica. En contraposición, la sociedad japonesa es inigualable en la generación de procesos tecnológicos a partir de la investigación básica realizada generalmente por terceros (especialmente los estadounidenses). Los japoneses, pues, gozan de enormes ventajas competitivas en el desarrollo de componentes y hardware, así como en la miniaturización de todo tipo de aparatos electrónicos. A partir de las reflexiones hechas sobre los dos países, es posible concluir que en ambas sociedades la orientación educativa y la dinámica económica no hacen más que reproducirse. Es decir, conforme se ha delineado una clara especialización, ambas economías demandan las habilidades que dieron origen y refuerzan su ventaja competitiva....”

En razón de lo anterior, es que se debe generar un modelo educativo con personalidad propia, dirigido a proporcionar las herramientas a los educandos desde el nivel básico, que les permita ser profesionales y como consecuencia competitivos en el área de desarrollo que escojan para tener una vida digna.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8o., en la fracción IV; el artículo 12, en la fracción XIII; adiciona la fracción XIV, recorriéndose la fracción XIV actual, para ser la fracción XV, de la Ley General de Educación

Artículo 8o. ...

I. a III. ...

IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, estimulando la creación de educandos competitivos en su vida profesional y/o laboral.

Artículo 12. ...

I. a XII. Bis ...

XIII. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural,

XIV. Formular planes y programas nacionales de educación estratégicos desde el nivel básico con enfoque competitivo, que provean a los educandos de las herramientas primordiales que permitan garantizar el ejercicio de su libertad y dignidad como individuos, y

XV. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 Idem 1

3 http://cidac.org/esp/uploads/1/Educaci__n_para_una_econom__a_competitiva_PDF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la escuela secundaria Octavio Paz, el turno matutino del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos todos ustedes, amigas y amigos.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con el permiso de la Presidencia. Conflicto de interés, corrupción, impunidad, la sociedad está cansada de estas palabras y desde luego que en Nueva Alianza no seremos indiferentes a sus exigencias.

Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que someto a consideración de esta honorable asamblea el día de hoy, tiene como finalidad que los procesos de licitación, de inicio a fin, sean más transparentes, objetivos e imparciales.

Por ello y para ello propongo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que la transparencia es y debe ser un principio fundamental de la acción política. Más aun cuando de la asignación de proyectos de obra pública se trata.

Sabemos todos nosotros que la corrupción es uno de los problemas que más daño ocasiona al país. Y para frenarla es necesario fortalecer nuestro marco normativo, a fin de eliminar de la ley las áreas grises que, si no la fomentan, sin duda la facilitan.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales en nuestra agenda legislativa, nos comprometimos con las y los mexicanos a realizar las reformas necesarias para que las obras públicas cumplan con los criterios más estrictos en materia de transparencia.

Si buscamos redignificar la política es indispensable hacer una revisión de las normas jurídicas que sirvan de base para construir un andamiaje que nos proporcione las herramientas que nos permitan tener un control de cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

Nuestra Constitución establece, en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, así como la contratación de obra que realice la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública abierta, con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etcétera.

Asimismo, refiere que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y la ciudadanía.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas es reglamentaria de dicho precepto, lamentablemente los procedimientos establecidos en ella contienen recovecos que servidores y empresas sin escrúpulos han utilizado para realizar prácticas corruptas o contratos millonarios que contienen claros conflictos de interés.

En este sentido, la iniciativa que se somete a su consideración pretende fortalecer las instituciones y los procedimientos de licitación pública con el objetivo de prevenir y combatir de manera eficaz y contundente los actos de corrupción. Para lograr dicho objetivo se pretende, por ejemplo, robustecer las funciones del testigo social, incluyendo su obligación de denunciar los casos en que presente conflicto de interés entre funcionarios de la entidad convocante y los contratistas participantes en el proceso de licitación, así como aquellos en que favorezca a alguno o algunos de los concursantes.

Por otra parte, se propone que antes de iniciar cualquier licitación se exija una investigación de mercado previa al procedimiento de contratación, con la cual se busca sustentar la necesidad de la obra pública y establecer la forma clara de su costo-beneficio.

La corrupción es un flagelo que le cuesta demasiado a nuestro país. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, realizado por Transparencia Internacional, México ocupó el lugar número 103 de 175 países. Esto significa que se encuentra reprobado, además de ocupar el último lugar de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se calcula que la corrupción le cuesta al país entre dos y nueve puntos del producto interno bruto. La omisión no es alternativa.

Para Nueva Alianza es imprescindible contar con mejores mecanismos de control que inhiban dichos actos de corrupción, para ello requerimos mayor transparencia en los procesos de licitación. Recobrar la confianza en las instituciones es un compromiso ineludible de Nueva Alianza. Es necesario reforzar la certidumbre jurídica de que se cuenta con reglas claras, así como objetividad e imparcialidad en el desahogo de los procedimientos y adjudicaciones en los contratos de obra pública. En este sentido, la iniciativa plantea una mejor difusión de dichos procesos a través del sistema Compranet.

Lo anterior, mediante la incorporación de todos los pormenores que se presenten durante las concesiones y adjudicaciones de obra, incluyendo las modificaciones, rescisiones y renovaciones de contratos.

Para evitar que situaciones de corrupción se repitan, proponemos que se establezca el compromiso y la obligación de los participantes de reparar defectos o deficiencias en la obra pública en su ejecución y funcionamiento.

El compromiso de Nueva Alianza es con la ciudadanía. Asumimos con responsabilidad impulsar acciones para cerrarle el camino a la corrupción. Por eso los invito a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a que seamos audaces y actuemos por México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente a la fracción II del artículo 2; se reforma el tercer párrafo del artículo 16; se reforman las fracciones I y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 21; se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 Bis; se reforma la fracción XVI al artículo 31; se reforma el artículo 32; se reforma el séptimo párrafo del artículo 36; se reforma el primer párrafo del artículo 38; se adiciona un segundo párrafo recorriendo el subsecuente del artículo 44; se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VII Bis y VII Bis 1 al artículo 46; se adiciona un párrafo sexto al artículo 54, se reforma el primer párrafo del artículo 56; se reforma el segundo párrafo del artículo 66; y, se reforma el inciso d) y se adiciona un inciso i) a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y se reforma el numeral 11 del inciso a) de la fracción XXVIII, se adiciona un numeral 12 al inciso b) y se adiciona un inciso c) a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que dar en los términos siguientes:

Planteamiento del problema

“La corrupción representa un grave problema para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. En contraste, la transparencia se posiciona como una condición de la gestión gubernamental que provoca visibilidad y claridad en el manejo de la hacienda pública.

No se puede ocultar que la corrupción le cuesta al país 9 por ciento del producto interno bruto, equivalente a 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. Pese a ello, no se observa un cambio favorable para combatir esos comportamientos ilícitos que nos haga sentir orgullosos a los mexicanos.

Siempre se presentan condenas en contra de tales actos perniciosos, inclusive por parte del sector oficial, pero no se materializan en situaciones concretas, por lo que es necesario un cambio de actitud tanto en la forma como en el fondo en la resolución de los asuntos públicos. El espectro de los cuestionados se amplía, pues lejos de disminuir muestra un comportamiento a la alza, llegando a abarcar desde funcionarios del más alto rango a otros con cargos más modestos. Las formas son diversas, pero el resultado es el mismo. Se daña al erario público y se altera el estado de derecho.

El comportamiento corrupto parece permanente y eterno, la percepción social no está lejos de la equivocación, sobre todo cuando los medios masivos de comunicación, electrónicos y escritos, dan cuenta de los malos manejos de las finanzas públicas, que se reflejan en los altos endeudamientos que reportan los gobiernos de los tres órdenes, además de licitaciones amarradas, asignación de concesiones previamente pactadas, firma de contratos leoninos y componendas en las adquisiciones y contrataciones de bienes y de obra pública. Estas prácticas desleales y contrarias a la responsabilidad que conlleva la vocación de servicio, exhiben al infractor de forma escandalosa y se le expone al escarnio público, sin embargo, la sanción o el castigo no llegan.

Nueva Alianza, atento al problema, promueve la presente iniciativa con proyecto de decreto para que los procesos de licitación sean más transparentes, objetivos e imparciales mediante las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley General de Acceso a la Información Pública.

Argumentación

La función pública debe sustentarse en parámetros que permitan medir la eficacia y eficiencia del desempeño de los representantes sociales. Sus actos y determinaciones deben regirse en todo momento por los principios de la rendición de cuentas y la transparencia. En ese contexto vale decir que el abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, provocan que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.

Como se arguye en el párrafo precedente, la asignación de contratos de obra pública, el otorgamiento de concesiones y licitaciones, entre otras cosas, en la mayoría de las ocasiones, se realiza favoreciendo a uno de los participantes, situación que resulta desigual para los demás convocados; no obstante, corresponde exponer que esas condiciones, en sí mismas, anómalas, no se presentan al principio, pues tradicionalmente se ha puesto mayor atención a los procesos que guardan relación directa con la adjudicación del contrato de obra pública; sin embargo, la experiencia arroja que para asegurar la transparencia no sólo se debe poner cuidado al momento de la contratación, sino que también se debe atender lo conducente durante y después de la contratación, porque se pueden presentar situaciones eventuales como modificaciones, ampliaciones, correcciones, novaciones e inclusive, rescisión del contrato.

Existen escenarios que pueden dar lugar a contextos censurables, como las que da cuenta la televisión exhibiendo mediante grabaciones de audio, conversaciones sostenidas que vinculan al contratista favorecido y un integrante del gobierno en situaciones nada transparentes, por ello, el esquema a seguir es que el procedimiento, con sus salvedades, debe ser monitoreado o inspeccionado desde el planteamiento, planeación y presupuestación del proyecto por la entidad gubernamental, hasta la realización del contrato, su operación y ejecución.

En esta última fase, es decir, en la ejecución de las obras o servicios, los problemas de corrupción se presentan con mayor contundencia y por lo tanto, el daño puede ser mayor; esto es así, en virtud de que en la mayoría de las ocasiones, la calidad de las obras muestran su verdadera dimensión, o bien, los costos de las mismas se elevan de manera exponencial. En razón de lo anterior, se vuelve indispensable incorporar la regulación para dar seguimiento, vigilancia y control permanente a las eventuales modificaciones o ampliaciones que se apliquen al contrato de obra, programa o proyecto de la gestión pública.

De aprobarse la presente expresión legislativa por esta asamblea, se estaría abonando el camino para inhibir o, al menos, disminuir notablemente la tasa de corrupción que lamentablemente se presenta en los procedimientos licitatorios, en contraparte, estaríamos transitando a procedimientos más transparentes y democráticos que tengan por objetivo el fomento de la competitividad.

La visión de la sociedad respecto al fenómeno de la corrupción considera que la opacidad es un elemento antagónico de la transparencia, por lo tanto, apostar por la primera nos hacer caer en el terreno de la sospecha, que a su vez fragmenta la certeza como principio que debe orientar el ejercicio de la potestad pública.

No se puede negar que la corrupción es un mecanismo de lo más nocivo, llega a afectar, incluso, los derechos fundamentales de los seres humanos, pues agrava la pobreza y agudiza, por lo tanto, la desigualdad, así también provoca el aumento en los costos, impidiendo de esa manera el desarrollo del país.

El concurso para la asignación de contratos gubernamentales es con el objetivo de que la administración pública, dentro de su esfera de competencia, obtenga mejores precios en la contratación de bienes y servicios, pero lamentablemente el régimen actual no realiza bien su tarea en esta materia y los órganos de vigilancia y control gubernamental tampoco desenvuelven su trabajo como manda la ley; la corrupción se nutre con chantajes y sobornos que favorecen a los intereses particulares en contraposición de los intereses sociales, en virtud de ello, muchos servidores públicos se enriquecen de manera inexplicable e ilícita.

Para acabar con el problema se requiere, entre otros aspectos, un sistema basado en la transparencia, una competencia leal y una auténtica imparcialidad en el proceso licitatorio, además de eficiencia en la prestación del servicio o en la construcción de la obra pública, optimización de los recursos y líneas de acción objetivas en la gestión pública.

Las reformas estructurales provocan que México se encuentre ante la mirada del mundo inversionista y, por ello, tiene el serio compromiso de demostrar que cuenta con todas las condiciones para ofrecer las mejores expectativas a quienes quieran venir con sus capitales a territorio nacional; sin embargo, se tiene que reconocer que dentro de la clasificación del ranking mundial ocupa el nada honroso lugar, que se ha movido en los últimos años, entre 95 y el 106, lo que nos conduce a la reflexión de que la corrupción sigue representando un desafío que el Estado Mexicano tiene que enfrentar de manera frontal y contundente, que abarque tanto a los servidores o funcionarios públicos, como a la sociedad.

Este panorama obliga a que nuestro país tenga que realizar acciones y políticas públicas para abatir el flagelo, pues el nuevo escenario legal provoca el arribo a suelo mexicano de un número de agentes económicos y financieros que vienen a invertir su dinero, para generar áreas de desarrollo e imprimir mayor competitividad a los sectores productivos nacionales, condición necesaria para que transitemos y generemos los escenarios apropiados que se traduzcan en la confianza del pueblo.

Por ello, Nueva Alianza convoca a los actores sociales, funcionarios públicos, legisladores, jueces, fiscales, empresarios, abogados, banqueros y público en general, para encarar con mayor rigor el problema, porque sin duda alguna, todos tenemos conciencia del daño que provoca al país el problema. El llamado que formulamos es para aprobar el proyecto de ley que se expone.

En las últimas anualidades se han presentado casos de corrupción que desnudan la realidad, que por su magnitud ya no se puede ocultar, tales sucesos se traducen en fraudes carreteros, escándalos por conflictos de interés, adjudicaciones que mantienen condiciones preferenciales para los amigos o para aquellos que ofertan mayores atractivos en la compra de conciencias, entre otros casos, en cada uno de los procesos que se deshagan bajo esos escenarios, subsiste la duda de que se presentó un intercambio entre funcionarios públicos y empresas contratistas favorecidas, lo que resulta pernicioso para los contribuyentes y la sociedad.

Es oportuno argumentar que la sociedad mexicana muestra un hartazgo sobre el tema de la corrupción en general, pero en particular la que se manifiesta en la asignación de contratos de obra pública y servicios, los medios de comunicación dan cuenta de los malos servidores públicos, que con sustento en estas prácticas han aumentado desproporcionadamente su patrimonio. En ese contexto, es urgente normar al respecto para que el procedimiento de licitación sea veraz, objetivo, imparcial, pero sobre todo, transparente.

Atender la problemática que representa la opacidad y la corrupción es una cuestión fundamental, considerando que a partir de allí se detonan una serie de expresiones ilícitas que destacadamente afectan al desarrollo económico del país, por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone con beneplácito el presente proyecto de ley en la sede natural del órgano legislativo, que contiene una serie de disposiciones que adicionan y reforman la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el correlativo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque estamos convencidos de que para transitar en el combate a los actos corruptos es necesario abordar el tema en todas sus aristas.

Ventajas de la iniciativa que se promueve

1. Promover los mecanismos jurídicos que tengan por objetivo fortalecer las instituciones y los procedimientos de licitación pública con el objetivo de prevenir y combatir de manera eficaz y contundente los actos de corrupción.

2. Mediante el fortalecimiento de la figura de testigo social, se cuenta con el instrumento adecuado que permite inhibir los actos tendientes a favorecer a cualquiera de los participantes en el procedimiento licitatorio, propiciando así, la competitividad en un plano de igualdad.

3. La transparencia y la rendición de cuentas son el binomio que auspicia y fomenta confianza en las instituciones generando certidumbre, objetividad e imparcialidad en el desahogo del procedimiento de adjudicación del contrato de obra pública, por ello, con la presente expresión legislativa se plantea la difusión a través del sistema Compranet, además de la información que posee, se propone incorporar todos los pormenores se presenten incluyendo las modificaciones, rescisiones y novaciones que se presenten en la concesión.

4. Se propone fortalecer e imprimir certeza al contrato que se adjudique, pues antes de iniciar cualquier licitación se exige que se proceda a una investigación de mercado previa al procedimiento de contratación, que sustente la necesidad de la obra pública y establecer su costo beneficio, como un instrumento efectivo que permita la confección y realización de los procedimientos para la obtención de mejores condiciones de contratación.

5. Se plantea que en la adjudicación directa y la invitación cuando menos a tres personas, la autoridad convocante deberá fundada y motivadamente justificar el criterio en que sustenta la aplicación de este tipo de procedimiento y seguirá con su difusión a través de Compranet. En el mismo tenor, se procederá en la etapa de presentación y apertura de proposiciones y la adjudicación. Con estas reglas se imprime mayor objetividad y transparencia en esta modalidad de adjudicación porque en la actualidad se concede mayor discrecionalidad al funcionario público que la concede, la propuesta acota esa discrecionalidad en la contratación, y con ello, le da más transparencia al desarrollo y contratación.

6. Se exige que para el proceso de contratación se debe realizar una investigación de mercado, aplicando un método riguroso como requisito para contratar, con la finalidad de determinar la calidad y características de los bienes y servicios a contratar.

Como es del dominio público, son múltiples los inconvenientes que se detonan a partir de la corrupción porque genera ingobernabilidad, elimina la competitividad para las empresas que participan en las contrataciones gubernamentales, provoca descomposición en las instituciones democráticas, siembra desconfianza social, y sobre todo, violenta flagrantemente los derechos humanos.

Esta práctica es tan perniciosa que pervierte y contamina gradualmente todo el sistema político, las finanzas públicas y genera un clima de ingobernabilidad; en ese sentido, es necesario e imprescindible instituir nuevos mecanismos e instrumentos legales orientados a inhibir estas maniobras.

La conducta corrupta tiene su sede en los acuerdos, componendas, simulaciones y complicidades, entre funcionarios públicos, o estos y los particulares (el que solicita y el que autoriza), para favorecerse y obtener un provecho personal y al mismo tiempo beneficiar a un tercero, a quien se designa en el procedimiento de licitación pública para ganar la titularidad en la contratación o asignación de la obra pública.

Nueva Alianza, comprometido con las causas nobles y los grandes proyectos que redunde en el beneficio social, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente a la fracción II del artículo 2; se reforma el tercer párrafo del artículo 16; se reforman las fracciones I y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 21; se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 Bis; se reforma la fracción XVI al artículo 31; se reforma el artículo 32; se reforma el séptimo párrafo del artículo 36; se reforma el primer párrafo del artículo 38; se adiciona un segundo párrafo recorriendo el subsecuente del artículo 44; se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VII Bis y VII Bis 1 al artículo 46; se adiciona un párrafo sexto al artículo 54, se reforma el primer parrado del artículo 56; se reforma el segundo párrafo del artículo 66; y se reforma el inciso d) y se adiciona un inciso i) a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y se reforma el numeral 11 del inciso a) de la fracción XXVIII, se adiciona un numeral 12 al inciso b) y se adiciona un inciso c) a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo Primero.Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente a la fracción II del artículo 2; se reforma el tercer párrafo del artículo 16; se reforman las fracciones I y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 21; se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 bis; se reforma la fracción XVI al artículo 31; se reforma el artículo 32; se reforma el séptimo párrafo del artículo 36; se reforma el primer párrafo del artículo 38; se adiciona un segundo párrafo recorriendo el subsecuente del artículo 44;se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VII bis y VII bis 1 al artículo 46; se adiciona un párrafo sexto al artículo 54, se reforma el primer párrafo del artículo 56; se reforma el segundo párrafo del artículo 66; y, se reforma el inciso d) y se adiciona un inciso i) a la fracción III del artículo 74 todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. ...

II.Compranet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos, las recisiones, suspensiones y terminaciones anticipadas de losmismos y sus resultados, y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

La información a que se refiere el párrafo precedente, también comprenderá las etapas de investigación de mercado, planteamiento, planeación, presupuestación del proyecto, contratación, adjudicación, operación, ejecución y resultados en cuanto a la funcionalidad de la obra pública.

....

III. a XII. ...

Artículo 16. ...

...

...

En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del contratista, como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en investigación de mercado como paso previo y necesario para una contratación pública, así como, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.

Artículo 21. ...

I.Los estudios de que comprenderán la investigación de mercado como paso previo y necesario para contratar, la preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;

II. a XV. ...

XVI. Estudios que sustenten el tiempo aproximado de vida útil de la obra pública materia del contrato, misma que se contará a partir de la terminación de la obra pública.

XVII. Las demás previsiones y características de los trabajos.

Artículo 27 Bis. ...

I. y II. ...

III. ...

a) a h) ...

IV. ...

a) a c) ...

...

En todos los procedimientos de licitación en los que participe, deberá denunciar los casos en se presenten conflicto de interés entre el funcionario de la entidad convocante y algunos de los contratistas participantes en el proceso de licitación, así como aquellos en que se favorezca a alguno o algunos de los concursantes.

...

...

Artículo 31. ...

I. a XV. ...

XVI.La forma en que los licitantes acreditarán que cuentan con la infraestructura, solvencia, experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XVII. a XXXIII. ...

...

...

...

...

Artículo 32.La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de Compranet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, la forma y método de la investigación de mercado, que contenga las mejores condiciones para contratar como paso previo y necesario para la adjudicación,el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación, los estudios que sustenten el tiempo aproximado de vida útil de la obra pública materia del contrato, y la fecha de publicaciónen Compranet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.

Artículo 36. ...

...

...

...

...

...

En todos los casos, se deberá preferir a los participantes que cuenten con la infraestructura, solvencia,especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a los contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

Artículo 38.Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar . En todo momento se deberá establecer el compromiso y obligación de los participantes adjudicatarios del contrato, para reparar los defectos o deficiencias que presente la obra pública en la ejecución y funcionamiento de las mismas, o porque no se cumplió con las expectativas o resultados esperados.

...

...

...

...

...

...

Artículo 44. ...

I. a VII. ...

...

La autoridad convocante en el caso previsto en este artículo, deberá fundada y motivadamente justificar el criterio en que sustenta la aplicación de este tipo de procedimiento y procederá a su difusión a través de Compranet. En el mismo tenor se procederá para la etapa de presentación y apertura de proposiciones y la adjudicación.

...

Artículo 46. ...

I. a V. ...

VI.El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; establecer los efectos para los casos de variación imputable a las partes o, en su caso, los que reciban influencia de los comportamientos del mercado nacional e internacional.

VII. ...

VII Bis. Establecer el compromiso y obligación del o de los participantes adjudicatarios del contrato, para reparar los defectos o deficiencias que presente la obra pública en la ejecución y funcionamiento de las mismas, o porque no se cumplió con las expectativas o resultados esperados.

VII Bis 1. Establecer la responsabilidad de los contratistas en caso de daño o deterioro que impida el buen funcionamiento de la obra pública derivado de caso fortuito o fuerza mayor;

VIII. a XVI. ...

...

...

...

Artículo 54. ...

...

...

...

...

El servidor público encargado de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, deberá realizar un informe mensual sobre los avances y calidad de los trabajos, pormenores e incidencias que se susciten en la obra, mismo que será difundido a través Compranet. La falta o deficiencia del informe mencionado hará incurrir en responsabilidad al residente de obra.

Artículo 56.Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. Todas las modificaciones, correcciones y ajustes que se realicen en conjunto con el resultado deberán ser difundidas a través de Compranet, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 66. ...

Los trabajos se garantizarán atendiendo a su naturaleza, pero nunca, la garantía será menor a doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

...

...

...

...

Artículo 74. ...

...

...

I. y II. ...

III. ...

...

a) a c) ...

d)La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; en todo lo relativo a las recisiones, suspensiones y terminaciones anticipadas de losmismos y sus resultados,

e) a h) ...

i) También comprenderá la información de todo lo relativo a las etapas de investigación de mercado, planteamiento, planeación, presupuestación del proyecto, contratación, adjudicación, operación, ejecución y resultados en cuanto a la funcionalidad de la obra pública.

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el numeral 11 del inciso a), se adiciona un numeral 12 al inciso b) y se adiciona un inciso c) a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública; para quedar como sigue:

Artículo 70. ...

I. a XXVII. ...

XXVIII. ...

a)...

1. a 10. ...

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; las recisiones, suspensiones y terminaciones anticipadas de losmismos y sus resultados

12. a 14. ...

b) ...

1. a 11. ...

12. La autoridad convocante, deberá fundada y motivadamente justificar el criterio en que sustenta la aplicación de este tipo de procedimiento, mismo que se publicarán a través de Compranet, en los términos previstos por la ley de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

c) Aunado a las modalidades de contratación previstas en los incisos precedentes, deberá contener:

1. La información de todo lo relativo a las etapas de investigación de mercado, planteamiento, planeación, presupuestación del proyecto, contratación, adjudicación, operación, ejecución y resultados en cuanto a la funcionalidad de la obra pública.

2. Los montos y términos de las garantías que se deben cubrir por los adjudicatarios;

3. El nombre del servidor público encargado de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; así como el contenido de los informes, que debe realizar de forma mensual sobre los avances y calidad de los mismos, pormenores e incidencias que se susciten en la obra, mismo que será difundido a través Compranet, en los términos y requisitos consignados en la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

4. Los efectos para los casos de variación imputable a las partes o en su caso aquellos que reciban influencia de los comportamientos del mercado nacional e internacional.

5. El compromiso y obligación del o de los participantes adjudicatarios del contrato, para reparar los defectos o deficiencias que presente la obra pública en la ejecución y funcionamiento de las mismas, o porque no se cumplió con las expectativas o resultados esperados.

6. Las responsabilidades de los contratistas en caso de daño o deterioro que impida el buen funcionamiento de la obra pública derivado de caso fortuito o fuerza mayor;

7. El compromiso y obligación de los participantes adjudicatarios del contrato, para reparar los defectos o deficiencias que presente la obra pública en la ejecución y funcionamiento de las mismas, o porque no se cumplió con las expectativas o resultados esperados.

8. La forma y método de la investigación de mercado, que contenga las mejores condiciones para contratar como paso previo y necesario para la adjudicación; y

9. Los estudios que sustenten el tiempo aproximado de vida útil de la obra pública materia del contrato;

XXIX. a XLIII. ......

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004.

2 Así lo consideró Rodrigo Aguilera, analista para México y América Latina de The Economist Intelligence Unit.

3 El país latinoamericano con menor percepción de corrupción fue Uruguay (posición 21), seguido muy de cerca por Chile (23) y Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador y Panamá empatados en la posición 72, Brasil en la 76, Colombia en el 83 y México en el 95. Al extremo opuesto, Venezuela permaneció como la nación latinoamericana con peor desempeño, al quedar en la posición 158.

4 La Secretaría de la Función Pública vigila el desempeño de los servidores públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita el gasto de los recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES, Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes, diputado presidente, compañeros de Mesa Directiva, compañeros legisladores. La configuración de la identidad de toda persona humana se forja, por supuesto, desde la primera infancia en la familia. La anterior frase, aun a pesar de su brevedad, implica varias realidades sustantivas del orden público dentro del marco jurídico del Estado mexicano. Persona, personalidad, primera infancia, patria potestad, tutela, curatela, interés superior del niño, familia, etcétera.

Estas realidades, por demás referenciadas como pilares del derecho público, constituyen también piedras clave y vigas principales en la construcción de esta sociedad. Su adecuada referencia y vinculación interpretativa entre los tratados internacionales y nuestro orden jurídico, así como su adecuada configuración constitucional y reglamentaria, no son temas menores. Con todo, varios doctrinistas y estudiosos del derecho han coincidido actualmente en que nuestro sistema jurídico ha sido superfluo e incluso quizás omiso en dicha vinculación y configuración.

La salud, entendida como el derecho a la integridad física-psicológica, imponga como obligación al Estado, a la familia y a la sociedad, la correcta configuración de los elementos de la personalidad del niño, así como la protección de sus procesos, de una inadecuada configuración de la personalidad durante la infancia, se sigue en consecuencia la fragmentación y daño precisamente en los elementos físicos y psicológicos de su salud, así como en el estado mental y emocional.

Por tanto, el aseguramiento del derecho a la salud del niño, así como su protección integral y en definitiva su interés superior, regulado en el artículo 3o. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, requiere no un libre desarrollo de la personalidad, sino una adecuada protección de los procesos del desarrollo evolutivo y una correcta configuración de la personalidad como resultado de estos procesos.

De hecho, conforme al principio sexto de la Declaración de los Derechos del Niño emitida por la Resolución 1386 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el término más adecuado sería derecho al pleno y armonioso desarrollo de la personalidad.

Por ello reorientar el término en cuestión para dar fin a su carácter discriminatorio respecto de los niños, implicará reforzar el marco jurídico y la constitucionalidad del interés superior del niño, tal y como lo define la Convención Sobre los Derechos del Niño sin manipulaciones de ningún espectro político.

Sobre este mismo interés superior del que se deriva el derecho del niño al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, la Convención Sobre los Derechos del Niño ha sido muy clara y dice: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño.

Los Estados parte se comprometen a asegurar el niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y los deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

En la convención también podemos referenciar el derecho y el deber que tienen los padres a dirigir y orientar los procesos de desarrollo evolutivo del menor de edad hacia un más pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, pero también encontramos respaldado la obligación del Estado de proteger a la familia para que ésta a su vez pueda ejercer esa función natural de guiar a sus hijos.

Conforme a esto, en ocasiones los padres en el ejercicio de su derecho y bajo una adecuada corresponsabilidad, depositan en instituciones educativas, públicas o privadas obligaciones derivadas y parciales respecto a la educación de sus hijos.

No obstante, dichas instituciones deberán conducirse con responsabilidad y cumplir siempre lo establecido en la convención. No intentar suplir, no intentar hacer a un lado el trabajo que los padres hacen respecto a sus hijos.

Como se puede ver, si bien de forma sumarísima en estos pocos segundos, estamos a un al inicio del camino de la configuración correcta de los pilares de orden público que deben regir el desarrollo armonioso de los niños. La respuesta modesta por parte de esta iniciativa se centra en la definición constitucional de los elementos que permitan seguir avanzando en ese camino, en la construcción de ese desarrollo armónico de los niños, de una manera responsable, no cediendo en otros, lo que como Estado, familia y sociedad, nos corresponde a cada uno. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1o.; el párrafo segundo del artículo 2o. y se adiciona un párrafo tercero al mismo artículo; asimismo se reforma el párrafo noveno del artículo 4o., y el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La configuración de la identidad de toda persona humana, se forja desde la primera infancia, en la familia.

Lo anterior frase, aun en su brevedad, implica varias realidades sustantivas del orden público, dentro del marco jurídico del Estado mexicano. Persona, personalidad, primera infancia, patria potestad -tutela, curatela-, interés superior del niño, familia, etc. Estas realidades, por demás referenciadas como pilares del derecho público, constituyen también piedras clave y vigas principales de la construcción de la sociedad. Su adecuada referencia y vinculación interpretativa entre los Tratados Internacionales y nuestro orden jurídico, así como su adecuada configuración constitucional y reglamentaria, no son temas menores. Con todo, varios doctrinistas y estudiosos del derecho, han coincidido actualmente, en que nuestro sistema jurídico ha sido superfluo e incluso quizá omiso, en dicha vinculación y configuración. Términos determinantes en la construcción.

Para el derecho, el término “persona”, es la base de toda atribución de derechos. Más allá de solamente incluir en él a todo ser humano en lo individual, se refiere más bien a una ficción jurídica -individual o colectiva- con la que se nombra a todo sujeto de derechos y obligaciones. Está por demás mencionar en este sentido, que por la naturaleza misma del concepto, sólo el ser humano, en lo individual o en asociación, podría ser dicho sujeto de derechos y obligaciones, al ser capaz de emitir de forma libre y consciente la manifestación de su voluntad, fuente de toda obligación.

Esta calidad de ser “sujeto” de derecho, en contraste con el derecho objetivo, atribuible a dicho sujeto, es la generadora de las condiciones, o mejor dicho, aptitudes, que hacen posible que dicho sujeto, tenga “personalidad” jurídica. Ser apto o capaz para exigir y reclamar el “ suus” en justicia, así como al mismo tiempo responder a obligaciones derivadas de lo justo objetivo del otro, es lo que llamamos personalidad jurídica, y es inseparable de la persona jurídica. No existe una sin la otra.

Ahora bien, todo ser humano en lo individual, está sujeto, desde el desarrollo prenatal, a procesos moleculares, biológicos, psicológicos, sociales, contextuales, anatómicos, fisiológicos, ambientales, históricos, etc., que lo configuran paulatinamente, en forma continua y sin pausas, con interacciones objetivas y subjetivas, externas e internas, determinando cada una de las dimensiones de su ser individual, incluyendo la capacidad de relacionarse con la otredad. Todo lo anterior determina otra concepción del término equívoco “personalidad”, entendiéndolo como el resultado de dichos procesos en dos sentidos: la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra (objetivo, determinado), y el conjunto de cualidades que constituyen a todo sujeto inteligente (subjetivo, determinante).

Conforme a lo anterior, la personalidad como diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de la otra, al ser un resultado de la personalidad como conjunto de cualidades del sujeto, no puede ser garantizada por el Estado, sino indirectamente. Son los procesos de desarrollo evolutivo y madurez, así como los procesos biológicos, sociales, ambientales, etc. los que pueden ser envueltos por el escudo legal de protección del Estado. Protegidos estos, en consecuencia, la personalidad como producto o resultado, configurada de tal forma que per se, jamás una persona podría ser igual a otra, también en automático llegará a feliz término. El objeto de protección del Estado no podría ser al revés.

Caso muy distinto es el de la protección del poder público a la dignidad humana. Al ser esta inherente a la definición esencial del ser humano, no puede ser definida por el Estado, de la misma manera en que nadie osaría definir al ser humano constitucionalmente, encasillando en un artículo lo que no le corresponde al Derecho. La dignidad del ser humano, como concepto iusnaturalista y jurídicamente relacionada con la doctrina internacionalista clásica de los derechos humanos, no puede ser definida ni por los Tratados mismos -como de hecho no lo hacen- ni por nuestra Constitución. Mucho menos por Ley alguna. De una manera análoga a la personalidad, la dignidad humana no puede ser garantizada por el Estado, sin indirectamente. Esta simplemente es, esencialmente completa, existe, y son los procesos de relaciones individuales y colectivas, sociales y jurídicas, las que el Estado debe regular, a fin de que estas sean las que se adecúen con la dignidad del ser humano.

De esta manera, la existencia del derecho a la dignidad humana, constituye un enfoque erróneo del tema. No es exigible lo que se posee. Tener derecho a la dignidad humana sería tan innecesario como tener derecho a ser persona. Simplemente se es. La protección del Estado a la dignidad humana, es pues una obligación que se expresa en las diversas manifestaciones jurídicas en que el Estado, mediante sus poderes, deberá velar porque el ser humano sea respetado en su condición (iusnaturalista) y por tanto merecedor de lo que le corresponde, correspondiente y proporcionadamente a dicha condición.

Bajo estas premisas, es totalmente posible equiparar el concepto “dignidad humana”, incluso desde la ciencia jurídica, al término “persona”, pues aquella es la fuente y esta el centro o núcleo de los derechos y obligaciones -aquí sí cabría la excepción en esta equiparación, en el caso de las personas morales-. De la dignidad humana se deriva pues, lo que cada ser humano “merece” o puede exigir en justicia, de otras personas, de la sociedad y del Estado mismo, así como también se deriva lo que también por derecho objetivo, tiene obligación de cumplir. La dignidad humana, inherente entonces al ser humano, es origen de todos los derechos, y estos a su vez, proporcionados a aquella, de forma que definir ser humano es definir sus derechos.

Con todo, la interpretación otorgada al desarrollo de este importante concepto, la personalidad, se ha centrado -afirmándolo así explícitamente– en la teoría kantiana, particularmente en su definición del ser humano. Esta, si bien contiene predicables esenciales, es reduccionista, y a fin de cuentas parcial en la consideración del concepto. Definir al ser humano como un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y la libertad, es dar a la voluntad humana potencia autónoma, razón suficiente para todo orden moral y al ser humano -en lo más individual del término- considerarlo el principio y centro de toda acción, origen de todo principio, conducta, razón o moral, de forma independiente de cualquier valor compartido socialmente, independiente de cualquier principio de conducta que no haya tenido su origen en la voluntad individual (ética, principios generales, el derecho mismo).

Tal concepción conlleva una innumerable cantidad de contradicciones. La primera de todas, considerar el absurdo de que el mismo Kant se contradecía al afirmar que el ser humano era solamente un conjunto de fenómenos sometidos a categorías puramente formales y apriorísticas, cuestión totalmente contraria a la afirmación del hombre como centro de sí mismo y a la libertad como concepto absoluto, pues no escapa a las categorías. La segunda contradicción consiste en la afirmación de que toda verdad (metafísica) se deriva de la verdad moral, entendida como independiente, individual y autónoma, y luego afirmar que existen “principios metafísicos del derecho o de la moral” es un total absurdo.

Lo anterior es particularmente importante, pues volviendo a la consideración del derecho y su protección a la dignidad humana y a los derechos de la personalidad, el mismo derecho, bajo la óptica comentada arriba, se convierte en sí mismo en una violación al libre desarrollo del ser humano y por tanto de su personalidad, pues constituye una moral (entendida como reglas de actuación, lato sensu), impuesta de forma exterior a la libertad individual. De la misma manera, cualquier consideración de valor (la misma tipificación penal es en sí una consideración de valor, así como cualquier sanción legal), bajo la óptica con la que se ha fundamentado el derecho a la personalidad, desde diversas jurisprudencias recientes, podría ser contradictoria, al ser impuesta con un fin distinto al propio de esta definición kantiana.

Una última mención de las contradicciones de esta teoría que sustenta nuestro actual derecho al libre desarrollo de la personalidad, consiste en que Kant basaba la libre determinación no sólo en la libertad, sino también en la razón; por tanto, en congruencia él mismo situaba la “ciencia” como elemento esencial en las decisiones acerca de la personalidad y de la moral en general. Por el contrario, nuestro actual sistema, de origen no legal, sino judicial, de protección al desarrollo de la personalidad, sitúa a la libertad como criterio absoluto de individualización y autodeterminación, incluso por encima de la razón científica, como fue el caso de la sentencia 237/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, al mismo tiempo que se afirmaba “...vale la pena destacar que la evidencia disponible muestra que efectivamente el consumo de genera daños o afectaciones de distinto tipo...”, se afirmaba también que su prohibición por parte del legislador “... afecta severamente el libre desarrollo de la personalidad.” La definición de la personalidad y dignidad humana, en el contexto de la moral independiente kantiana y la autonomía absoluta de la libertad individual, conllevan afirmaciones tan graves como la contenida en dicha sentencia:

Así, este alto tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona.

Y como este caso, otros muchos, dan cuenta de la debilidad del concepto “libre desarrollo de la personalidad”, cuando trata de protegerse el resultado, el producto, y no la causa, los procesos, de dicho desarrollo y de dicha personalidad, y máxime cuando para el objeto de dicha protección es un interés subjetivo, variable e insuficiente para configurar un bien jurídico que se encuentre por encima del bien común, de los principios e instituciones de orden público e interés social, como el matrimonio, la adopción, la salud, la identidad, etc.

Cuando al desarrollo de la personalidad y su configuración, se le añade la nota característica que lo adjetiva en la jurisprudencia arriba citada, pero además se coloca como fundamento, algo tan absoluto como la dignidad misma del ser humano, no es de extrañar, que un interés particular, de individualización o autonomía en cuestiones de “mores” o conductas ajenas incluso al derecho, estas mismas sean colocadas por encima de la institución del matrimonio, 12 de la identidad propia 13 y de la salud como responsabilidad del Estado.

Particularísima mención merece, para ilustrar aún más lo dicho anteriormente, la Tesis aislada P. LXXI/2009, titulada “Reasignación sexual. Preeminencia del sexo psicosocial frente al morfológico para respetar a plenitud los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual,” misma que establece:

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

Conforme a dicha jurisprudencia, el derecho deja de ser pues el ideal Ulpiano de impronta milenaria, “suum cuique tribuere”, que expresa la objetividad de la justicia y por tanto la raíz del derecho asentada en la realidad misma –y no en la libre determinación– de las cosas. Acorde con esta concepción de la justicia, estaban Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, etcétera. Si precisamente, en este mismo orden de ideas, “el derecho público no puede ser cambiado por pacto de particulares,” es evidente que dicho derecho público -no necesariamente identificado con el objetivo, mas sí con las instituciones comentadas- mucho menos podría ser cambiado por expresiones unilaterales e individuales de la voluntad. El derecho como lo justo objetivo, al amparo de esta definición de desarrollo de la personalidad, se convierte en un empoderamiento de pareceres, creencias, ideas, opiniones y preferencias sobre lo que para cada quien es el derecho que le corresponde, convirtiéndose en el fin último, incluso del derecho mismo, la individualización de la persona, y no el orden público y el bien común, escenario y marco precisamente de la realización de la persona y, como zoon politikon que es, la configuración de su personalidad.

Sin afán de abundar de más en el tema, baste como un ejemplo más de la subjetividad o arbitrariedad de este enfoque la argumentación presentada por los miembros de la parte actora en el amparo en revisión 237/2014:

Partiendo de lo anterior, los recurrentes alegaron que contrario a lo establecido por el juez de distrito, la normativa impugnada sí impone modelos y estándares de vida ajenos a los particulares, pues sólo se respeta la identidad de cada sujeto si se le permite actuar en consecuencia a sus propios rasgos, cosmovisiones, concepciones de la vida buena y elementos que a su juicio lo definen y singularizan. En este sentido, los recurrentes sostuvieron que ellos se singularizarían y lograrían tales objetivos mediante el consumo de marihuana, de la misma forma que otras personas lo logran a partir de los deportes que practican, sus pasatiempos, la comida que les gusta y la compañía que guardan, sin que le esté permitido al Estado estigmatizar y prohibir dichas conductas...

Por demás está, de paso, hacer referencia a la calidad de la argumentación jurídica presentada en dicho amparo.

Ahora bien, no nos es desconocido, que la definición aquí cuestionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad, tiene como su único límite, los derechos de terceros. Cabe anotar que dicha limitación no es afirmada de forma explícita por la Suprema Corte en ninguna jurisprudencia, sino por referencias a la argumentación de la parte actora en el amparo en revisión 237/2014 y mediante en que otro autor, y no el proyectista del amparo, es quien refiere dicho límite. Sin embargo, aún establecida dicha muralla al derecho al libre desarrollo de la personalidad, constatamos que ella es insuficiente para proteger la “juridicidad” el supuesto derecho que dicho amparo define, pues tal excepción ignora por completo el carácter dual del derecho. En efecto, partiendo de Ulpiano nuevamente, a cada atribución de derecho subjetivo, le corresponde una obligación de derecho objetivo. Cuando exijo un derecho mío, otro individuo –el Estado o un tercero– estará obligado a otorgarlo, permitirlo y protegerlo. De la misma manera, en el momento en que otro considere un objeto de derecho como suyo en justicia, será esa misma acción la concatenante de mi obligación a otorgarlo.

De esta manera, y conforme a la naturaleza misma del derecho, siempre dual, siempre realizando la homeostasis o automantenimiento de los derechos y obligaciones, el ideal del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se vuelve una subrealidad utópica, una mezcla entre la concepción estoica y la kantiana del ser humano y sus acciones, que mira más en retrospectiva más que hacia el desarrollo, simulando una ficción no sólo jurídica, sino existencial, donde el ser humano no es un ser primordialmente social, sino un ser autónomo e independiente, es decir aislado. A fin de cuentas, ficción. Ya lo afirmaba Antonio Viñas:

La humanitas supone una dignificación que proporciona autoestima y, a la vez, exige respeto y comportamientos impregnados de gestos intercambiables y recíprocos. Los otros, los semejantes tienen la misma personalidad, lo que impide anular o desconocer su existencia. Los actos del ser humano, sometidos al control del derecho, son, precisamente, aquellos que le afectan como ser social. Cualesquiera otros actos humanos, internos o externos que discurran al margen de las exigencias impuestas por la relación social no forman parte del ámbito jurídico.

Los actos del ser humano, pues, desde el punto de vista jurídico, y para efectos de interés únicamente jurídico, son siempre y sin excepción, sociales, duales, intercambiables y recíprocos. Las exigencias de la relación social lo impregnan y sobre todo, siempre sin excepción, afectarán a terceros.

Por otro lado, el problema aquí planteado de la obscuridad del concepto y la incapacidad técnica de su planteamiento judicial, más que constitucional, se complica aún más. En efecto, el cuidado y responsabilidad en grado máximo que el Estado ha de tener en la definición del derecho al desarrollo de la personalidad, se agrava por dos cuestiones:

1. La desprotección que genera, en temas como educación y salud (lato sensu), para el titular de dicho derecho, particularmente cuando este es un menor de edad.

2. La desproporcionada valoración penal que le da el artículo 19 de la Constitución Política de nuestro país.

Sobre el primer punto, baste traer a colación, la afirmación categórica de la resolución del amparo principal en este tema: “... la intimidad no sólo incluye el derecho a no revelar información, sino también el derecho a disponer de la persona y cuerpo en el ámbito privado.” Tal afirmación, considerando que se trata de un supuesto derecho humano, aplicada a un niño de 11 años, tendría consecuencias muy claras: la violación del derecho de los padres a la educación de sus hijos, consagrada en el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Considerar el desarrollo de la personalidad como un resultado consistente únicamente en la libertad con que se exprese, y no en el derecho a su configuración progresiva -y por tanto gradual- a través de la tutela de sus procesos, sería lo mismo que afirmar en la práctica que tal niño de 11 años tiene derecho a disponer de su persona y cuerpo en el ámbito privado, individualmente o con terceros, sin que el Estado o los particulares – sus padres- puedan obstaculizar dicho “derecho.” El multicitado amparo 237/2014, relaciona dichas “obstaculizaciones” con un paternalismo, estatal o parental –en el caso del niño– “que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas.” La cuestión es que dicha resolución abunda al evidenciar que el hipotético derecho al libre desarrollo de la personalidad supone la “proclamación constitucional, de que siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses.” En otras palabras, está sustentado en el aire, pues tal “proclamación constitucional” es inexistente y, en todo caso, al citarlo la resolución, citaban la constitución que regía al autor español, Luis Díez-Picazo.

El punto anterior reviste singular importancia, pues fundamentar un derecho al libre desarrollo de la personalidad en el supuesto de que el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona -en definitiva de responder por sus decisiones-, además de significar una epistemología poco ortodoxa, por subjetiva y “culpablemente suspicaz”, discrimina de dicho derecho –o bien lo asigna irresponsablemente– a los menores de edad, quienes, efectivamente, no cuentan con la capacidad racional suficiente para disponer de su cuerpo, mente y persona, de forma autónoma e independiente –como tampoco de su patrimonio.

Adelantando las conclusiones, el derecho al “libre desarrollo de la personalidad”, en el marco jurídico y sobre todo constitucional vigente, es insuficiente, pues o bien reconoce capacidad de ejercicio donde no existe, o bien llega tarde llamando desarrollo a lo que ya se encuentra desarrollado. El libre desarrollo de la personalidad no protege al niño en tanto no reconoce su derecho expresado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tampoco reconoce su derecho conexo, derivado de la interpretación correlativa del artículo 12.4. de la Convención, que otorga a los niños el derecho a recibir una educación que esté de acuerdo con las convicciones de los padres. Conforme a ambos artículos, el niño tiene derecho a medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, con base en su condición de sujeto de derechos plenos, pero con facultades en desarrollo. Tales medidas de protección por supuesto, al contrario de ser consideradas obstáculos a su desarrollo de la personalidad, son protección especial, derechos adicionales y no violación a los ya habidos. Pareciera entonces que el derecho al libre desarrollo de la personalidad fuera diseñado para sujetos distintos a los mencionados en el artículo 19 de la CADH; sin embargo, en tal supuesto, la personalidad, ya configurada, no está en desarrollo y, por tanto, es ineficaz tal “derecho.”

En el primer caso, de los menores de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras establecer que dichas medidas de protección serán establecidas interpretándolas conforme a los distintos tratados internacionales, analizando cada caso concreto, coloca como las dos principales la educación y la salud. Pues bien, considerando la educación conforme al artículo 12.4 de la CADH y a la salud conforme nuestra Suprema Corte la definió –acorde con la OMS– en su tesis aislada P. LXVIII/2009, de nuevo nos encontramos con la incapacidad del término “libre desarrollo de la personalidad” para proteger al niño. En la educación, al plantearla la Corte como una medida de protección, un derecho enfatizado en el niño, deja de ser “libre” en el sentido de autodeterminación absoluta, para convertirse en el trabajo plusquamperfecto del artículo 3.2. de la Convención sobre los Derechos del Niño y que es precisamente la definición del “interés superior del niño,” principio de derecho esencial en todo este estudio:

Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

En el caso del derecho a la salud, como medida de protección por parte del Estado, la familia y la sociedad, para el desarrollo de la personalidad del menor de edad, es necesario acudir a la definición que tanto la OMS como nuestra Corte Suprema han establecido para dicho derecho:

Novena Época

Registro: 165826

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXVIII/2009

Página: 6

Derecho a la salud. No se limita al aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general.

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

Dicho lo anterior por la Corte, la salud, entendida como el derecho a la integridad físico-psicológica, imponga como obligación al Estado, a la familia y a la sociedad, la correcta configuración de los elementos de la personalidad del niño, así como la protección de sus procesos. De una inadecuada configuración de la personalidad durante la infancia, se sigue en consecuencia la fragmentación y daño precisamente en los elementos físicos y psicológicos de su salud, así como estado mental y emocional. Por tanto, el aseguramiento del derecho a la salud del niño, así como su protección integral y, en definitiva, su interés superior, regulado en el artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, requieren no un libre desarrollo de la personalidad, sino una adecuada protección de los procesos de desarrollo evolutivo y una correcta configuración de la personalidad como resultado. De hecho, conforme al principio 6 la Declaración de los Derechos del Niño, emitida por la resolución 1386 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el término más adecuado sería “Derecho al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.”

Por ello, reorientar el término en cuestión, para dar fin a su carácter discriminatorio respecto de los niños, implicará reforzar el marco jurídico y la constitucionalidad del interés superior del niño, tal y como lo define la Convención sobre los Derechos del Niño, sin manipulaciones de ningún espectro político.

Sobre este mismo interés superior, del que se deriva el derecho del niño al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, la Convención es clara:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

A su vez, la Declaración de los Derechos del Niño, documento de derecho internacional vinculante, al ser un resolutivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es sumamente clara al referirse al interés superior del Niño:

Principio 2

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Principio 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre...

Principio 7

...

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

Y es precisamente en el sentido del principio 7, recién citado, que en la Convención también podemos referenciar el derecho y deber de los padres a dirigir y orientar los procesos de desarrollo evolutivo del menor de edad, hacia el más pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, pero a la vez también encontramos respaldada la obligación del Estado de proteger a la familia para que esta ejerza su función natural de guiar el desarrollo del nuevo ser humano, de inicio a fin, por encima de cualquier otro interés jurídico. El artículo 5 de dicha Convención mandata:

Los Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres... de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Conforme a esto, en ocasiones los padres, en el ejercicio de su derecho y bajo una adecuada corresponsabilidad, depositan en instituciones educativas, públicas o privadas obligaciones derivadas y parciales respecto a la educación de sus hijos. No obstante, dichas instituciones deberán conducirse con responsabilidad y cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño:

Artículo 14

2. Los Estados parte respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

Artículo 29

1. Los Estados parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Como se puede ver, si bien de forma sumarísima, estamos aún al inicio del camino de la configuración correcta de los pilares de orden público que deben regir el desarrollo armonioso de los niños. La respuesta modesta por parte de esta iniciativa se centra en la definición constitucional de los elementos que permitan seguir avanzando en este camino, de una manera responsable, no cediendo en otros lo que, como Estado, familia y sociedad, nos corresponde.

Por lo expuesto, se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 1o.; el párrafo segundo del artículo 2o. y se adiciona un párrafo tercero al mismo artículo; asimismo se reforma el párrafo noveno del artículo 4o., así como el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 1o.; el párrafo segundo del artículo 2o. y se adiciona un párrafo tercero al mismo artículo; asimismo se reforma el párrafo noveno del artículo 4o., y el segundo párrafo del artículo 19, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, protegiendo el adecuado desarrollo evolutivo del niño en todos sus procesos.

El interés superior del niño deberá ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad corresponde, en primer término, a sus padres.

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, así como su derecho a las medidas de protección que requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, por encima de cualquier otro interés jurídico. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 UNICEF, El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: un documento de debate, Organización Mundial de la Salud, página 5.

2 De la Parra T., Eduardo, Derechos de la personalidad: Teoría general y su distinción con los derechos humanos y las garantías individuales, obra separata del libro del mismo autor, El daño moral por la divulgación de la Información Genética, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2004, página 139.

3 Galindo Garfias, Derecho Civil, decimocuarta edición, Porrúa, México 1995, página 303.

4 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid 2016.

5 De alguna manera el regreso al iusnaturalismo por parte del constitucionalismo mexicano y latinoamericano, presenta consecuencias en el reconocimiento de la dignidad humana y por tanto los derechos humanos, así como también los derechos de la personalidad, como elementos intrínsecos de la definición esencial de ser humano, y en concreto de persona jurídica.

6 La Real Academia Española define digno (dignidad, calidad de digno), como merecedor de algo, correspondiente y proporcionado al mérito y condición de alguien o algo.

7 Bidart Campos, Germán J., Teoría general de los derechos humanos, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, México 1989, página 73.

8 El artículo de Pilar J. Monroy Guevara, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su página https://www.scjn.gob.mx/ Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/38/Becarios_038.pdf, consultado al 2 de marzo de 2016.

9 Kant, Emmanuel, Principios metafísicos del Derecho, editorial Espuela de Plata, México 2004, página 72.

10 Sentencia del amparo en revisión 237/2014, página 79.

11 Al respecto, la Tesis aislada P. LXVI/2009, Derecho al libre desarrollo de la Personalidad: aspectos que comprende, define la misma conforme a su texto: De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

12 Divorcio sin expresión de causa. Constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Décima Época, Registro: 2008492, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.), Página: 1392.

13 Tesis aislada P. LXIX/2009, Reasignación sexual. Es una decisión que forma parte de los derechos (sic) al libre desarrollo de la personalidad. Partiendo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad, se concluye que la reasignación sexual que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico y de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente y ser reconocido como tal por los demás, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, que influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la sociedad. Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. Así como también las Tesis aisladas LXIV/2009, LXIX/2009, LXXI/2009, LXXII/2009, LXXIII/2009 y LXXIV/2009.

14 Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

15 “Dar a cada quien lo suyo”, ULPIANO, Digestum 1, 1, 10.

16 Ibídem,50, 8, 2, 8. Ius rei publicae pacto mutari no potest.

17 Citado por el amparo en revisión 237/2014, NINO, Carlos, Ética y Derechos Humanos: un ensayo de fundamentación, Astrea, Buenos Aires 1989, pág. 223. “El bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros.”

18 Ulpiano, ídem, 3, 3, 40, 2. “Nam cum iudicatur rem meam esse, simul iudicatur illius non esse.”Pues cuando se ha juzgado que el objeto es mío, al mismo tiempo se ha juzgado que no es de otro.

19 Es particularmente interesante el enfoque de la resolución del Amparo en revisión 237/2014, que en su página 31, menciona la necesidad derivada del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de imponer límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, pues estos imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho en cuestión. Bajo este enfoque, no es el individuo mismo, sino el Estado y los “otros”, quienes podrían generar obstáculos para un proyecto de vida personal. El desarrollo de la personalidad, conjunto complejísimo de procesos de toda índole, que reclaman del individuo en desarrollo, todas sus facultades al servicio de este desarrollo, deja de correr el riesgo de ser impedido u obstaculizado por el sujeto mismo, quedando este exento de error, autoengaño, inmadurez, patologías, etc. y todo ello pasa a llamarse en adelante “autodeterminación.” Implica esto además, una oposición ficticia e inducida, entre el individuo y la unidad sociedad-estado, generando una dialéctica entre el yo y los otros, entre mi autodeterminación y la autoridad del Estado, que lo único que acabará generando es voluntarismo individualista, similar al del siglo XIX, pero sin el positivismo propio de esa época.

20 Viñas, Antonio, Teoría del Derecho y experiencia jurídica romana, Dykinson, Madrid 2002, página 59.

21 Es necesario insistir en la incapacidad del Derecho para proteger el derecho a la personalidad como un resultado, sin proteger previamente y arropar, los procesos que generan, desarrollan y configuran, precisamente, dicha personalidad.

22 Amparo en revisión 237/2014, página 11.

23 Ibídem, página 31

24 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren (sic) por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

25 Gelman versus Uruguay, Fondo, Reparaciones, Sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. C) número 221, 24 de febrero de 2011.

26 Comunidad Indígena Xákmok Kásek versus Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 214, 258 24 de agosto de 2010.

27 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3.2

28 Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

29 Citando a la licenciada Martha Isabel Villar Torres, de Guanajuato, en su artículo publicado en la página del Poder Judicial de dicho Estado, en la liga http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/255.pdf consultada al día 3 de marzo de 2016, interés jurídico, “es la ventaja protegida por la ley mediante los órganos jurisdiccionales del Estado, de modo que sin la intervención de estos, sufriría un daño el titular del derecho.” El interés superior del niño entonces, como interés jurídico, supone un derecho, protegido o no por la ley, que genera obligaciones del estado, la familia y la sociedad, jerarquizado por encima de otro interés jurídico en conflicto.

30 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3.1. y 3.2.

31 Declaración de los Derechos del Niño, AG res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (Número 16) página 19, ONU Doc. A/4354.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, 15 de marzo de 2016.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente, compañeras, compañeros diputados, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una ley muy reciente, pero necesitamos que el Estado mexicano a través de las instituciones se comprometa con la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres por razones de género. Por ello es que consideramos muy importante y como una obligación del Estado incluir la perspectiva de género para que con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estemos en el mismo tenor.

La perspectiva de género es una herramienta científica para lograrlo. Aun cuando está considerada como una estrategia y línea de acción, en el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018 de la administración federal, incluida como principio y visión científica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sigue siendo una asignatura pendiente en las acciones de seguridad pública e investigación de delitos, entre otras áreas de las administraciones públicas tanto federal como estatales, y no obstante que algunas leyes y programas de política pública han ido incluyendo paulatinamente la perspectiva de género, todavía tenemos como pendiente identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.

Necesitamos tener un efecto transversal en las acciones de políticas públicas como un proceso que a partir de identificar los actores de exclusión de las mujeres, distinga y establezca las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva de género. Es decir, la igualdad que genera resultados entre las diferencias de género.

Con esta situación lo que proponemos es que esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo la ley reglamentaria del artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, es omisa en cuanto a esa responsabilidad del Estado.

Por ello proponemos que además no solamente requerimos un programa nacional de seguridad pública e incluir la perspectiva de género trasversalmente para planear, identificar y combatir acciones específicas de la violencia feminicida.

Sólo por mencionar como la más extrema de todas las violencias, pero además para que sea la pauta para una coordinación interinstitucional de todas las autoridades en cuanto a la responsabilidad de adoptar estrategias y líneas de acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Sistema Penal Acusatorio es fruto de una reforma penal vigente en toda la República Mexicana, y a partir del mes de junio de 2016, serán las instituciones de seguridad pública en las que recaiga de manera trascendente las investigaciones de los delitos.

Por eso, eso nos lleva a que todas esas instituciones deben de estar preparadas profesionalmente, no sólo en técnicas científicas de investigación, sino en el conocimiento, sensibilidad, y especificidad que significa investigar con perspectiva de género.

Por ello nos pronunciamos a la siguiente iniciativa y que ponemos a su consideración, para reformar los artículos 14, 20, 47, 77 y 88 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública a la luz de la obligación, de la transversalización de la perspectiva de género y el combate a la violencia feminicida.

Y hay otras adiciones, pero sobre quisiera que hoy nos sensibilicemos ante este tema de transversalidad, transversalizar la perspectiva de género en la administración del sistema de seguridad pública como un paso muy importante de justicia para las mujeres. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada federal de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos de laLey General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para incluir principios de la perspectiva de género en los mandatos del sistema nacional,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano, a través de sus instituciones se ha comprometido con la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres por razones de género; en el camino para garantizar esa obligación estatal, se han suscrito varios instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, misma que de acuerdo al marco de interpretación constitucional constituye un estándar superior en el sistema legislativo mexicano, en el diseño de acciones de política pública, en la persecución de los delitos, en el establecimiento de programas de prevención y de seguridad pública, en el marco del sistema de procuración e impartición de justicia, entre otros campos del servicio público.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), nos recuerda que el Estado mexicano se obligó como Estado Parte, a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y a llevar a cabo:

“...incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso...”

La perspectiva de género es una herramienta científica para lograr lo anterior, aun cuando está considerada como estrategia y línea de acción en el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la administración federal, incluida como principio y visión científica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una asignación pendiente en las acciones de seguridad pública e investigación de delitos entre otras áreas de las administraciones públicas tanto federal como estatales.

No obstante que algunas leyes y programas de política pública han ido incluyendo paulatinamente la perspectiva de género a fin de que este principio (cuyo concepto refiere a la metodología que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres) tenga un efecto transversal en las acciones públicas como un proceso que a partir de identificar los factores de exclusión de las mujeres, distinga y establezca las acciones que deban emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva de género, es decir, la igualdad que genera resultados entre las diferencias de género.

En el ámbito de la persecución de los delitos y de la seguridad pública, esta metodología no ha sido suficientemente entendida ni aplicada, es necesario que los programas de prevención e investigación de la violencia contra las mujeres visibilice suficientemente las estrategias contundentes contra esa violencia; por ello, porque no es la misma violencia que afecta a la generalidad de las personas, ni las acciones de prevención y erradicación pueden tener la misma naturaleza a la luz de la perspectiva de género, tan es así que la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define cuáles y cómo son los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, incluye la violencia contra las mujeres entre los delitos de alto impacto (sustentándose en que la perspectiva de género es uno de los tres ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que ha impulsado la actual administración federal), ya que uno de sus objetivos es coadyuvar en la generación de investigación aplicada para formular estrategias y políticas públicas con perspectiva de género en la materia.

Con todo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo la ley reglamentaria del artículo 21 Constitucional en materia de seguridad pública, es omisa en cuanto a esta responsabilidad del Estado mexicano.

Entendiendo que la seguridad pública es una función a cargo de los gobiernos de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, comprende la prevención especial y general de los delitos, así como su investigación y la persecución, entre otros temas, debe tener contenidos que enfoquen la prevención y atención de las instituciones policiales a los delitos que se cometen con violencia contra las mujeres porque son delitos de alto impacto.

En la actualidad, la gravedad de la violencia feminicida es tal que el gobierno federal ha iniciado procedimientos de investigación para determinar si emite o no la declaratoria de alerta de género en nueve estados de la república, conforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la declaratoria confirmaría, como ya ocurrió en once municipios del Estado de México, la existencia de una condición grave de riesgo para la seguridad de las mujeres que amerita la intervención estatal para instrumentar, en un territorio determinado, las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia. Esto ocurre quizá porque pareciera que los programas nacionales y estatales de prevención, atención y erradicación de esta violencia, no han sido efectivos.

En consecuencia, los programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben incluir contenidos que transversalicen una perspectiva de género que permita planear e identificar acciones específicas para combatir la violencia feminicida, por mencionar la violencia más extrema que viven las mujeres, esto esboza la pertinencia de reformar esta ley nacional con dicho objetivo, que sea pauta para la coordinación interinstitucional de todas las autoridades en cuanto a su responsabilidad de adoptar estrategias y líneas de acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define en su artículo 44, las tareas que en materia de seguridad pública asigna a la entonces Secretaría de Seguridad Pública hoy Comisión Nacional de Seguridad; entre ellas, “Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres”, por lo que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe estar alineada a la primera mencionada.

Entre las adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se consideran pertinentes es la responsabilidad de crear y mantener una base de datos sobre la ejecución de feminicidios en el país a cargo del sistema nacional y alimentado por todas las instituciones de procuración de justicia atendiendo a que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública confluyen las procuradurías y fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En la medida que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aporte este enfoque, las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno tendrán que alinearse disponiendo explícitamente normas y deberes interpretados a través de la perspectiva de género, en esa medida estaremos avanzando en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado mexicano para erradicar la violencia feminicida.

Por otra parte, ante el advenimiento del sistema penal de corte acusatorio, fruto de la reforma penal vigente en toda la república mexicana a partir del mes de junio de 2016, serán las instituciones de seguridad pública en las que recaiga de manera trascendente las investigaciones de los delitos. Esto significa que deben estar preparadas profesionalmente no sólo en las técnicas científicas de investigación, sino en el conocimiento, sensibilidad y especialidad que significa investigar con perspectiva de género, para ello, desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia datan desde 2011 pronunciamientos para promover que cada procuraduría o fiscalía estatal y la Procuraduría General de la República, cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en las áreas ministerial, policial y pericial para investigar el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones de niñas, niños y mujeres.

La policía es una parte fundamental del equipo de investigación en la persecución de los delitos, por lo que la aplicación de la perspectiva de género y de los protocolos de investigación relativos deben ser parte de las políticas, programas y acciones de trabajo de las corporaciones policiacas y así se debe incluir en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que actualmente no lo contiene .

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos: 14, 20, 47, 77 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la luz de la obligación de la transversalización de género y combate a la violencia feminicida

Único: Se adiciona la fracción X, del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes; del artículo 20 se reforman a las fracciones I y II, se adiciona el inciso e) de la fracción III y reforma la fracción VI; del artículo 47 se adiciona la fracción III, recorriéndose las siguientes fracciones; del artículo 77 se adiciona la fracción XIV, recorriéndose las siguientes fracciones; y, del artículo 88 se reformala fracción I del apartado A; todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo. 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. la IX. [...]

X. Formular un programa nacional de prevención y erradicación de la violencia feminicida, así como integrar una base de datos nacional sobre ocurrencia de feminicidios en la república que apoye las investigaciones de esta violencia y la generación de política pública de prevención y seguridad pública con enfoque de género.

Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención desde la perspectiva de género, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia y discriminación.

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a). a d) [...]

e) Prevenir la violencia feminicida, entendida la prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IV. [...]

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito desde la perspectiva de género y de derechos humanos, en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

[...]

Artículo 47.-La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

I a la II [...]

III. Incluir en sus programas de capacitación la perspectiva de derechos humanos y de género.

Artículo 77.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

I a la XIII [...]

XIV. Aplicar los protocolos de investigación, especialmente enfocados con perspectiva de género en los casos de feminicidio y violencia sexual y en aquellos que se cometan con violencia de género.

Artículo 88. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

A. De Ingreso:

I. Ser c iudadanao ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con 90 días, a partir de la publicación del presente decreto, para reformar la legislación aplicable, en cumplimiento de las presentes disposiciones.

Notas.

1 Artículo 7, inciso c) de la CEDAW

2 De conformidad con lo mandatado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3 Estrategia 1.1 Atender prioritariamente los delitos de alto impacto. Pág.77; Programa Nacional de Procuración de Justicia, publicado diciembre 16 de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

4 Apartado A, Objetivo 3, Línea de acción 3.7.5 del Programa Nacional de Procuración de Justicia.

5 Recomendaciones de CEADW, número 12 inciso d), 16 inciso a) del Informe de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 9 a 27 de julio de 2012

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputadas: María Candelaria Ochoa Avalos,Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Saludamos la presencia de integrantes del Instituto Juventud, procedentes de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario de San Lázaro.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE “JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón.

El diputado Carlos Barragán Amador:Gracias. Muy buenos días. Con el permiso del señor presidente. Dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Benjamín Franklin.

Compañeros y compañeras, la mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que los recuerdan por el resto de sus vidas, ya que estos a través de sus enseñanzas marcan la forma de pensar, actuar y vivir de los alumnos, además de que tienen la habilidad de viajar por el tiempo y moldear futuros, es el caso del Maestro de la Juventud de América, José Vasconcelos.

José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, se trasladó a la Ciudad de México donde ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y luego cursó la carrera de leyes, fue secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1914 a 1915.

Vasconcelos contribuyó a la fundación de Savia Moderna, revista que derivó en la Sociedad de Conferencias que a partir del 26 de octubre de 1909, y constituyó el Ateneo de la Juventud, grupo inicial de la cultura moderna mexicana.

Como secretario de Educación Pública creó las misiones culturales e hizo de la educación rural una verdadera cruzada de conquista que alcanzó los más apartados rincones de nuestro país. Con Vasconcelos se editaron los clásicos y se adaptaron a nivel infantil.

José Vasconcelos renunció a la Secretaria de Educación Pública en 1924, fracasó en su intento electoral por el gobierno de Oaxaca y se exilió voluntariamente en Europa y Estados Unidos. A su regreso a México emprendió la lucha como candidato a la Presidencia de la República, en que se ve entusiastamente apoyado por la juventud universitaria. Posteriormente vino un nuevo destierro, Europa y América del Sur, que concluiría en 1940.

En 1943 pertenece a un grupo de miembros fundadores del Colegio Nacional y regresó como catedrático a las aulas universitarias, actividad que realiza hasta el 30 de junio de 1959, en el que acontece su muerte.

Entre sus libros destacan Ulises criollo, La tormenta, El desastre y El preconsulado. Vasconcelos no sólo vivió y formó parte de una trayectoria fundamental en los cimientos del Estado mexicano, sino que dejó enseñanzas que aún hoy en día se consideran fundamentales para aquello que él tanto defendió; la educación.

La educación es la llave para el éxito en la vida, y los maestros tienen un impacto duradero en la vida de sus estudiantes. Bien se dice que si se tiene que poner a alguien en un pedestal sin duda sería un maestro. Ello son los héroes de la sociedad. Es por ello que considero necesario rendirle un honor a un personaje olvidado en nuestro muro de honor, y que sin duda representó uno de los grandes pilares del sistema educativo.

Estimados diputados y diputadas, cuando llegué en septiembre a esta honorable Cámara me di a la tarea de leer todos los nombres a quien nuestra patria y todos los mexicanos les debemos, y ahí faltaba precisamente este nombre de este ilustre José Vasconcelos, un hombre que cuando vivió su época solamente de toda la población de nuestro país sabía leer el 15 por ciento. Imagínense el atraso tan rotundo que había.

Él fue el primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Se unió en 1909 a esa gran lucha que emprendió también Francisco I. Madero y hoy les digo a todos ustedes que un hombre que dedicó sus fines de semana siendo funcionario público, a enseñar a leer y a escribir a nuestros niños, a nuestros jóvenes en su tiempo, creo que es digno de que en este muro de honor aparezca este gran nombre de este gran prócer, José Vasconcelos.

Me despido de ustedes pidiéndoles el favor de su aprobación a la comisión que será turnada, y ojalá que en el pleno lo pudiéramos aprobar. Y no olvido esa gran frase que aún persiste en todos los universitarios, dicha por él mismo, por José Vasconcelos: Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI

“Dime y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo”: Benjamin Franklin.

El suscrito, Carlos Barragán Amador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 262 y undécimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de sus vidas, ya que éstos a través de sus enseñanzas marcan la forma de pensar, actuar y vivir de los alumnos, además que tienen la habilidad de viajar por el tiempo y moldear futuros; es el caso del “Maestro de la Juventud de América”, José Vasconcelos Calderón.

• Vida y obra

José Vasconcelos Calderón nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria y luego cursó la carrera de leyes. En 1907 se graduó con una tesis sobre teoría dinámica del derecho, que publicaría la Revista Positiva. De 1905 a 1908, Vasconcelos destaca como abogado, primero al servicio gubernamental y luego para la firma Warner, Johnson & Galston. Participa como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el breve lapso de 1914 a 1915. Vasconcelos se exilia y hace una brillante gira como conferencista en universidades norteamericanas, durante el mismo lapso, dictó en la Universidad de San Marcos en Lima, una célebre conferencia bajo el rubro de “El movimiento intelectual contemporáneo de México”.

Vasconcelos contribuyó a la fundación de Savia Moderna, revista de breve duración que derivó en la Sociedad de Conferencias que a partir del 26 de octubre de 1909, constituyó el Ateneo de la Juventud, grupo inicial de la cultura moderna mexicana.

Como secretario de Educación Pública creó las misiones culturales e hizo de la educación rural una verdadera cruzada de conquista que alcanzó los más apartados rincones del país; se editaron los clásicos y se adaptaron a nivel infantil, creó la Secretaria de Educación Pública y dio entrada al muralismo en los edificios públicos; estableció biblioteca y envió otras, incluso a los pueblos de la serranía, revivió los sistemas educativos y organizadores de Pedro de Gante y Vasco de Quiroga; inició la alfabetización: apoyó la creatividad poética, la conciencia hispanoamericana y captó la ayuda de los notables intelectuales como Pedro Henríquez Ureña y Gabriela Mistral.

José Vasconcelos renunció a la Secretaría de Educación Pública en 1924. Fracasó en su intento electoral por el gobierno de Oaxaca y se exilió voluntariamente en Europa y Estados Unidos. A su regreso a México, emprendió la lucha como candidato a la Presidencia de la República en que se ve entusiastamente apoyado por la juventud universitaria. Viene un nuevo destierro: Europa y América del Sur, que concluiría en 1940.

En 1943 perteneció al grupo de miembros fundadores del Colegio Nacional y regresó como catedrático a las aulas universitarias, actividad que realiza hasta el 30 de junio de 1959 en que acontece su muerte. Entre los libros que forman su autobiografía: Ulises criollo1936, La tormenta 1936, El desastre 1938, El preconsulado 1939; el postrer volumen de su obra autobiográfica, titulado La flama, apareció póstumamente (1959).

Vasconcelos no sólo vivió y formó parte de una trayectoria fundamental en los cimientos del Estado mexicano, sino que dejó enseñanzas que aún se consideran fundamentales para aquello que él tanto defendió, la educación.

Vasconcelos al decir que la educación se refería a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben, se refería a un enseñanza que sirviera para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa; al sustentar que los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás; al dejarnos claro que la ignorancia es la causa de la injusticia, y que la educación, suprema e igualitaria, es la mejor aliada de la justicia; dejaba claro que futuro quería para México.

La educación es la llave para el éxito en la vida, y los profesores tienen un efecto duradero en la vida de sus estudiantes; bien se dice que si tienes que poner a alguien en un pedestal, sea a un maestro. Ellos son los héroes de la sociedad.

Por esto considero necesario rendir honor a uno de los grandes pilares del sistema educativo mexicano.

Por lo anterior propongo al pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva a la develación de la inscripción.

Referencias electrónicas

http://juristasunam.com/vasconcelos-calderon/3115/

http://biblio.unam.mx:8050/index.php/la-biblioteca/ 7-historia-de-la-biblioteca

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputados y diputadas: Carlos Barragán Amador, Alberto Martínez Urincho, Alejandra Gutiérrez Campos, Álvaro Rafael Rubio, Ana Georgina Zapata Lucero, Antonio Tarek Abdala Saad, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Brenda Velázquez Valdez, Carmen Salinas Lozano, Delfina Gómez Álvarez, Edgar Spinoso Carrera, Edith Anabel Alvarado Varela, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Exaltación González Ceceña, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Fidel Kuri Grajales, Francisco Martínez Neri, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Hugo Alejo Domínguez, J. Jesús Zúñiga Mendoza, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Bárbara Botello Santibáñez, María Cristina Teresa García Bravo, María del Carmen Pinete Vargas, María Del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Olga Catalán Padilla, Rene Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Sandra Luz Falcón Venegas, Sergio René Cancino Barffuson, Ulises Ramírez Núñez, Xitlalic Ceja García, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Barragán. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma y luego en la curul de la diputada Cecilia Romero, por favor.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Me permito solicitarle amablemente a mi compañero que acaba de presentar esta iniciativa, me permita adherirme a ella, ya que es un justo reconocimiento a una de las personas que ha pensado en México, que ha cimentado una de las mejores batallas, que es precisamente por la educación que es la forma de transformar este país y le solicitaría amablemente a mi compañero, que me permita suscribirme a ella. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero, por favor. Adelante. Espéreme, ahí está.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Gracias, presidente. Primero, para felicitar al compañero diputado que acaba de presentar esta iniciativa y, por supuesto, decirle que por parte de los diputados de Acción Nacional rendimos homenaje al maestro de América y le pedimos que nos permite suscribir también su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Blanca Margarita Cuata, por favor

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Por favor, pedimos autorización al diputado para que el Grupo Parlamentario de Morena nos sumemos a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, ha escuchado usted las peticiones de suscripción a la iniciativa presentada por usted y manifiesta su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen al compartirla. Está a disposición de ustedes en la Secretaría de la Mesa Directiva, como lo hemos estilado.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, e igualmente para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en una sola intervención. Adelante, diputado.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez:Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Señoras y señores legisladores, el sector pesquero es primordial para el desarrollo de la economía nacional, sin embargo, es necesario reconocer que de unos años a la fecha la presencia de la delincuencia organizada se ha convertido en un obstáculo que impide que los beneficios de la pesca y la acuacultura se traduzcan en crecimiento y desarrollo para la población. Así dos de los principales problemas que impiden el eficiente desarrollo de la pesca en nuestro país, son el robo a las embarcaciones por parte de la delincuencia organizada y el saqueo sistemático de especies, como es el caso de los campos pequeros y, en especial, de las granjas acuícolas. Ambos problemas se han convertido en una constante que demanda nuestra atención urgente como Poder Legislativo.

En lo que respecta a la primera situación, la falta de acceso a tecnologías de comunicación y rastreo, han hecho que la actividad delictiva de piratería vaya en aumento a lo largo y ancho de la zona costera de nuestro país, y es que a pesar de que el delito de piratería se encuentra contemplado en los artículos 146 y 147 del Código Penal Federal, la problemática en cuestión pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las sanciones previstas para brindar un apoyo adecuado a las embarcaciones menores de los pescadores artesanales, ribereños y de algunas pesqueras industriales en varias zonas del país que han sido afectadas por la operación de la delincuencia organizada.

Esta acción además atiende, de forma puntual y responsable, el llamado de auxilio que demandan las familias dedicadas a la pesca y que han visto comprometido su desarrollo y sustento.

Ante esta situación, la primera iniciativa que presento busca evitar que los delitos cometidos a embarcaciones sigan incrementándose y deteriorando la actividad pesquera en nuestro país.

Así también, el robo en los campos pesqueros y en las granjas acuícolas de camarón se ha convertido en una constante que se presenta, incluso, en los periodos de veda y que impide se cumpla en su totalidad el ciclo de desarrollo del camarón, lo cual afecta directamente a los ingresos de las pesquerías de miles de trabajadores y de sus familias.

En diversas ocasiones las cooperativas y pescadores organizados me han reclamado y solicitado el apoyo, para juntos velar por el resguardo y prosperidad del sector camaronero y del pesquero en general.

Esta situación se vuelve más grave en las granjas acuícolas, puesto que la falta de vigilancia de parte de las autoridades policiacas ha fomentado que el robo de camarones en granjas acuícolas sea una práctica recurrente que afecta la inversión realizada por los productores acuícolas, toda vez que todos sabemos que los acuicultores primeramente preparan los estanques, llenan de agua, compran la larva, siembran el camarón, alimentan el camarón y lamentablemente cuando el camarón adquiere el tamaño comercial les es robado a la gente que se ha preocupado por ello, esto demuestra que los operativos de seguridad, prevención y vigilancia con patrullajes terrestres y marinos han sido insuficientes para contener dicha actividad ilícita.

Por esto, mi segunda propuesta que presento a nombre del Grupo Parlamentario del PAN plantea establecer sanciones económicas, y en su caso, privación de la libertad a quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, destruya o comercialice el camarón obtenido de manera ilícita o en periodos de veda. Con esto buscamos combatir de manera frontal y eficiente la problemática en cuestión y aportar una medida jurídica específica que favorezca el orden de la pesca y crianza de este recurso, a favor del sector camaronero de México y el crecimiento económico de nuestro país. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, del numeral 1, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis del Código Penal Federal. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Debido al crecimiento e importancia que tiene en el sector pesquero de nuestro país la captura directa y el cultivo del camarón aunado a los dividendos que representa para el sector social y privado dicha actividad, en la que el personal ocupado representa casi el 30% y más del 30% de la producción bruta total que llega a los 9 mil millones de pesos en el 2014 de todo el sector de la pesca y acuacultura, lo anterior dado a conocer por datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En las zonas del país donde se ha ido desarrollando tanto la captura como los campos pesqueros y bahías, se está presentado con mayor frecuencia el robo y saqueo en forma sistemática de camarón por parte de lugareños, muchas veces presentándose incluso en los periodos de veda, por lo que no permiten que se cumpla en su totalidad el ciclo de desarrollo del camarón; esto aunado por los constantes robos en el océano a las embarcaciones camaroneras.

Este escenario es sin duda una de las variables que frena y trasgrede la eficiencia y efectividad del sector; que se ha buscado a partir de la aplicación de los programas como el de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, el de Impulso a la Capitalización, entre otros; por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y afecta directamente a los ingresos de las pesquerías, de miles de trabajadores y sus familias.

En diversas ocasiones las cooperativas y pescadores organizados se han tenido que manifestar para presentar sus quejas y solicitar el apoyo de las autoridades e instituciones del gobierno para que juntos velen por el bien y prosperidad del sector camaronero y del pesquero en general.

Entre sus principales demandas destaca la oportuna captura y sanciones que desincentiven a los asechadores furtivos que sustraen con frecuencia pequeñas cantidades de camarón. Ya que aunque han aumentado los operativos de seguridad, prevención y vigilancia con patrullajes tanto terrestres como marinos, hasta el momento siguen siendo insuficientes para contrarrestar dicha actividad ilícita.

Esta iniciativa rescata la propuesta presentada por el Diputado Alfonso Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del PRI y suscrita por los diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), Francisca Elena Corrales Corrales (PRI), Raúl Santos Galván Villanueva (PRI), Román Alfredo Padilla Fierro (PRI), Blas Ramón Rubio Lara (PRI), Sergio Torres Félix (PRI) y Jesús Antonio Valdés Palazuelos (PRI) de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; propone que se establezcan sanciones económicas y en su caso hasta de la privación de la libertad; a quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercialice el camarón.

Con lo anterior se busca combatir la presente problemática y aportar una medida jurídica específica que favorezca el orden de la pesca y crianza de este recurso, en bien del sector camaronero de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de ésta Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se reforma el artículo 420, fracción II Bis. del Título Vigésimo Quinto, Capítulo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. ...

I. II. ...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón , camarón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. a V. ......

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i Base de Datos de Producción Anuario 2014 de CONAPESCA http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca.

ii El Sector Alimenticio en México 2010.

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/in tegracion/sociodemografico/SAM/2010/sam2010.pdf

iii http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx#

iv http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/02/ asun_2945390_20130228_1361898557.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Jesús Antonio López Rodríguez,Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Vélez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jacqueline Nava Mouett, José Hernán Cortés Berúmen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Leticia Amparano Gámez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nelly del Carmen Márquez Zapata, René Mandujano Tinajero, Ricardo del Rivero Martínez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Susana Corella Platt, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez:

«Iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jesús Antonio López Rodríguez, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, del numeral 1, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194, fracción I, numeral 25) del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector pesquero de nuestro país es primordial para la economía y desarrollo del país, México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas, en los últimos años ha venido teniendo un incremento en la producción; es decir, en las toneladas de peso vivo, alcanzando más de un millón setecientas cincuenta mil toneladas en el 2014, dato presente en el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); sin embargo, el sector no está aprovechando todas sus capacidades, es de resaltar que nuestro país es de los que menos valor agregado le da al sector pesquero a nivel mundial.

Uno los factores principales que impiden el adecuado y eficiente desarrollo de la pesca en México es el robo a las embarcaciones en el mar por parte de la delincuencia organizada.

Actualmente está vigente la Norma Oficial Mexicana NOM 062-PESC-2005, que estipula la obligatoriedad de contar con un sistema de monitoreo satelital de inspección y vigilancia para las actividades de captura en embarcaciones de diez metros de eslora o superior que cuenten con motor dentro de borda con potencia superior a los ochenta caballos de fuerza.

Sin embargo, existe la falta de apoyo a las embarcaciones menores de los pescadores artesanales y de algunas pesqueras industriales en varias zonas pesqueras del país para tener acceso a tecnología en comunicación y rastreo, esto ha hecho que la actividad delictiva sea difícil de contrarrestar y por ende vaya en aumento a lo largo y ancho de las zonas costeras del país.

Existen antecedentes como lo dispuesto en la Directiva 003/09 del 30 de septiembre del 2009 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 15 de noviembre del mismo año; "mediante la cual se le regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho". En la cual se identifica entre otras; el incremento de actividades ilícitas, como la pesca ilegal; el contrabando; el robo de embarcaciones pesqueras y artes de pesca o productos de ésta.

Es evidente que el acecho y robo a las embarcaciones por parte los llamados piratas ha venido aumentando; debido a que es difícil lograr su captura y de igual manera es casi imposible recuperar la mercancía robada, aunado a lo anterior hay que estar conscientes que las penas por dicho delito son menores. Todo lo anterior denota claramente la falta de apoyo que existe para los propietarios y tripulaciones de las embarcaciones, así como de los empresarios que transportan por esta vía sus mercancías.

Esta iniciativa busca que el robo a embarcaciones y lo contenido en ellas; se califique como delito grave, lo cual está establecido en la fracción XII del artículo 381 del Código Penal Federal, por lo que se plantea mediante su incorporación al artículo 194, numeral 25 del Código de Procedimientos Penales; es decir, se pretende evitar que los delitos cometidos a embarcaciones tanto pesqueras como de otro tipo, sigan incrementándose y continúen deteriorando la actividad de los empresarios, pesqueros, transportistas y de las miles de familias que dependen de ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma el artículo 194, fracción I, numeral 25) del Título Quinto, Capítulo Cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ... :

I. ...

1) al 24) ...

25)Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII,XIII, XV, XVI y XVII ;

26) al 36) ...

II. a XXIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i Base de Datos de Producción Anuario 2014 de Conapesca http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca.

ii http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033406&fecha=24/04/ 2008

iii http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114505&fecha=15/ 10/2009

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Jesús Antonio López Rodríguez,Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Vélez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jacqueline Nava Mouett, José Hernán Cortés Berúmen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Leticia Amparano Gámez, Lorena Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nelly del Carmen Márquez Zapata, René Mandujano Tinajero, Ricardo del Rivero Martínez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Susana Corella Platt, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

VOLUMEN II

DECLARA EL 27 DE ENERO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL DEFENSOR AMBIENTAL”

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 27 de enero como Día Nacional del Defensor Ambiental, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad a lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete la presente iniciativa a consideración de esta soberanía, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. En este sentido, es indispensable que, como establece el propio artículo, sea el Estado el garante de este derecho, igualmente seamos todas las personas promotoras del cuidado al medio ambiente.

Los recursos naturales, y en sí, el medio ambiente en el que nacemos todas las personas, crecemos, nos desarrollamos y envejecemos, tiene un valor específico en nuestra calidad de vida, sobre todo, cuando de salud se trata. Razón por la cual todas las personas debemos compartir, disfrutar y racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Garantizar el disfrute y aprovechamiento de los recursos naturales, requiere entre otras cosas, de la protección y conservación de los mismos, una labor que resulta nada lucrativa y, por el contrario, a quienes han dedicado sus esfuerzos a defender el medio ambiente, se les considera los luchadores sociales más perseguidos.

La criminalización hacia los defensores ambientales se ha generalizado bajo el supuesto de que atentan contra el desarrollo de los grandes complejos empresariales, pues en la lógica de quienes gobiernan, no permiten se lleven a cabo grandes proyectos económicos de infraestructura, principalmente, o bien de la industria en general, no obstante, no advierten la importancia sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la importante labor de quienes defienden nuestro patrimonio natural.

De acuerdo con Greenpeace, el acoso a los ambientalistas es una constante en México. Tan solo de enero de 2013 a abril de 2014 se reportaron 82 casos de ataques, y 3 asesinatos. A nivel global se reportaron 116 ejecuciones, el 75 por ciento de ellas en Latinoamérica.

Debemos detener este acoso y reconocer la labor de los defensores del medio ambiente. Debemos dar una muestra de gratitud hacia todas las personas que han dado su vida por la defensa de la naturaleza y hacia todas aquellas que diariamente luchan por proteger y mejorar nuestro patrimonio natural.

Esta iniciativa no tiene por objeto único generar comprensión, sino que es, un llamado a la acción. Es exhortar a participar a todas las personas a proteger, cuidar y racionalizar nuestros recursos naturales, así como emplear medidas para prevenir y disminuir la criminalización hacia los defensores ambientales.

La propuesta de la presente iniciativa va encaminada a declarar el día 27 de enero de cada año “Día Nacional del Defensor Ambiental”, ya que esta fecha conmemora, además, la reciente defensa del Manglar en Tajamar, en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.El Honorable Congreso de la Unión declara el día 27 de enero de cada año “Día Nacional del Defensor Ambiental”.

Nota

1 Boletín. Gobierno mexicano debe frenar criminalización de defensores ambientales. 3 septiembre, 2015. Consultado en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2015/Septiembre/Gobierno-mexicano-d ebe-frenar-criminalizacion-de-defensores-ambientales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

Desde 1992 en México, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se instruyó el primer Programa Nacional de Auditorías Ambientales (PNAA), debido a una serie de explosiones ocurridas en Guadalajara. El éxito del programa, y para su subsecuente implementación, se modificó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1996, el objeto de la modificación fue incluir la autorregulación y auditorías ambientales en la ley en comento.

La responsabilidad de solucionar, mitigar y enfrentar los problemas relativos al medio ambiente, es una responsabilidad compartida entre todos los individuos, empresas, organizaciones, sociedad civil y del gobierno en sus respectivas competencias.

En las políticas al ambiente, existen una serie de consideraciones que engloban las políticas por su enfoque. El caso referido a la autorregulación y auditorías ambientales se encuentran englobadas en los instrumentos de fomento. Estos, son esquemas voluntarios diseñados para fomentar el cumplimiento de estándares y normatividad ambiental, sin instrumentar métodos coercitivos, por el contrario métodos flexibles tendientes a la mejora (LGEEPA, artículo 38).

Los instrumentos de fomento “son todas las acciones tendentes a la promoción o inhibición de ciertas conductas o actividades desde una perspectiva voluntaria, sin un incentivo económico o un elemento coercitivo, sino por el convencimiento. Entre estas herramientas destacan los procesos de certificación y las actividades de afiliación voluntaria como son los mecanismos de autorregulación y auditorías”.

La LGEEPA integra esquemas flexibles para las organizaciones las organizaciones, incentivando la mejora de sus procesos de producción. Esto se conjunta en el mecanismo integral PNAA.

El PNAA es un mecanismo voluntario a través del cual las organizaciones evalúan su desempeño ambiental. El resultado de adherirse al PNAA es la obtención de un certificado, mismo que avala el cumplimiento de la legislación establecida en la LGEEPA y el marco legal en los tres órdenes de gobierno en materia ambiental.

El PNAA es un mecanismo necesario para “identificar las áreas ambientalmente críticas de una instalación empresarial y sus procesos. Este mecanismo permite formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas.

Las auditorías ambientales son un mecanismo sistemático, documentado y objetivo, por tanto, permite al sector donde se aplica cumplir con la legislación ambiental, a su vez, identifica problemas presentes y futuros que puedan generar efectos negativos al medio ambiente, sea en las instalaciones o en los procesos con los que recurrentemente operan las organizaciones.

La promoción de actividades de autorregulación y auditorias incluida en la LGEEPA, incentiva está responsabilidad a fin de incorporar los mecanismos necesarios para el cuidado medioambiental en los distintos sectores.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, se entiende por autorregulación

El proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y normatividad vigente que le aplique, la empresa se establece un conjunto de actividades y se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora el desempeño ambiental y se obtienen mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la auditoría ambiental

Asimismo, define auditoría ambiental como un

Examen metodológico de los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente;

Hoy, datos de la Profepa, a 20 años de la implantación de este mecanismo innovador se han logrado más de 4 mil empresas participan en el programa, en 2013 se certificaron 67 por ciento más de organizaciones que en los últimos 16 años.

La auditoría ambiental y los procesos de autorregulación hacen más eficientes los procesos productivos de las organizaciones, reduciendo los consumos de energía, agua y residuos sólidos, asimismo, conlleva una serie de beneficios para las organizaciones, entre ellos:

• Promueven la cultura ambiental entre sus trabajadores.

• Pueden acceder al reconocimiento de excelencia ambiental.

• Disminuyen su nivel de riesgo.

• Elevan sus posibilidades de supervivencia en los mercados.

• Elevan su capacidad de adaptación a la futura regulación ambiental.

• Utilizan su certificado como elemento para las campañas de publicidad de la empresa.

• Mejoran su imagen pública.

• Incrementan su competitividad al reconvertir sus procesos, para ser más eficientes.

• Comprueban ante accionistas y corporativos multinacionales el desempeño ambiental de la empresa.

• Pueden, a través del certificado, comprobar su desempeño ambiental para obtener créditos bancarios.

• Demuestran la inexistencia de pasivos ambientales al momento de su venta.

• Pueden cotizar más alto en la bolsa de valores.

• Favorece la exportación al comprobar el cumplimiento de la Legislación Ambiental de la empresa Se pueden obtener beneficios de los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

• Es el mejor programa que motiva a las empresas a alcanzar un mejor desempeño ambiental Programa voluntario que más impacto ha tenido en Norteamérica desde la perspectiva de la gestión gubernamental.

• Provoca sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno.

• Incentiva el uso de productos biodegradables.

• Ahorro en combustibles como gas natural y LP.

• Propicia la autorregulación ambiental

• Incremento en la eficiencia operativa

• Disminución de accidentes e incidentes en el trabajo

• Ahorro en las primas de pago de seguros de hasta 60 por ciento del ahorro total.

• Ahorro por eficiencia de aproximadamente 22 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

• Ahorros por la reducción en el consumo de agua de abastecimiento y pagos por descargas de aproximadamente 14.5 por ciento.

• La certificación aporta un valor agregado al producto.

No obstante, pese a los beneficios de las auditorías ambientales y la autorregulación, en el caso de la autorregulación, “abre la posibilidad a las organizaciones para que gestionen de manera individual y voluntaria los recursos y el tiempo para mejorar sus procesos de producción, en la práctica este mecanismo todavía no opera.

Por su parte, las auditorías ambientales se encuentran limitadas, en sentido estricto, el marco de referencia de las organizaciones donde se aplica es muy limitado, de ahí, la importancia de ampliar este marco de referencia y extenderlo a más organizaciones.

Las reformas y adiciones que aquí se presentan tienen la finalidad siguiente:

- Permitir la participación de todo tipo de organizaciones en esquemas de autorregulación ambiental que eleven su desempeño ambiental.

- Incluir el término “prevención de la contaminación ambiental”, que no sólo puede ofrecer beneficios al entorno, sino también, beneficios económicos al emplear de manera más eficiente los materiales utilizados en los procesos productivos.

- Abarcar la cadena de valor en la propuesta: materias primas, manufactura, importación/exportación, productos intermedios, productos terminados, distribución, comercialización, disposición final, recuperación para su aprovechamiento (reúso y, en su caso, reciclado interno y externo).

- Se propone abrir el espectro no sólo a normas, sino en general a cualquier estándar ambiental de carácter voluntario cuya adopción signifique una mejora ambiental.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción 1, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 38, se reforman las fracciones I a III del artículo 38; se adiciona el artículo 38 Bis 3, y se adiciona el artículo 38 Bis 4, para quedar como sigue:

Artículo 38.Los productores, empresas u organizaciones empresariales, de servicios, comerciales y de la sociedad civil, podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales se prevenga la contaminación ambiental, se mejoresu desempeño ambiental respetando la legislación y normatividad vigente en la materia, y de esta forma se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

La Secretaría, en el ámbito federal, inducirá o concertará

I.El desarrollo de procesos productivos, de comercialización y de generación de servicios adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de prevención, protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas;

II.El cumplimiento de normas, estándares voluntarios o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

III.El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir patrones de comercialización, de producción o de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio ambiente, de conformidad con lo que se establezca en las normas, estándares voluntarios o especificaciones técnicas en materia ambiental señalados en la fracción II del presente artículo, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y

IV. (...)

Artículos 38 Bis. a 38 Bis 2. (...)

Artículo 38 Bis 3. La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar actividades rentables de prevención de la contaminación que se traduzcan, a través del ahorro y uso eficiente de los recursos, en beneficios ambientales.

Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria a través de su inscripción en el programa, realizar actividades a lo largo de su cadena de valor, y en particular con sus proveedores y clientes directos, que les permitan utilizar de manera eficiente sus recursos materiales y energéticos.

Artículo 38 Bis 4. La Secretaría desarrollará un programa dirigido a reconocer a las empresas cuyo desempeño sea calificado como excelente de conformidad con los criterios establecidos en las normas oficiales mexicanas. La Secretaría, a través de la Profepa, otorgará a las empresas que operen en territorio nacional que hayan cumplido con los criterios antes referidos, un reconocimiento público con la finalidad de promover su imagen y reconocer su liderazgo.

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La secretaría deberá implantar el programa a que hace referencia el artículo 39 Bis 3 en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.La secretaría y la Profepa, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implantar el programa a que hace referencia el artículo 39 Bis 4 en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 En adelante, organizaciones.

2 Sofía Cortina Segovia, Gäelle Brachet Barro, Mariela Ibáñez de la Calle y Leticia Quiñones Valades. “ Capítulo 3 Instrumentos de política”. Océanos y costas Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Instituto Nacional de Ecología. México, 2007. Página 130.

3 Profepa. Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Consultado en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/25/1/mx/auditoria_ambiental.html el 10 de marzo de 2016.

4 DOF 29 de abril de -2010. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, artículo 2o., numeral V.

5 Ibídem, artículo 2o., numeral IV.

6 Sofía Cortina Segovia, Gäelle Brachet Barro, Mariela Ibáñez de la Calle y Leticia Quiñones Valades. Obra citada, página 208.

Fuentes

Sofía Cortina Segovia, Gäelle Brachet Barro, Mariela Ibáñez de la Calle y Leticia Quiñones Valades. “ Capítulo 3 Instrumentos de política”. Océanos y costas Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Instituto Nacional de Ecología. México, 2007. Páginas 127-222.

DOF. Última reforma 29 de abril de 2010. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.

Profepa. Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Consultado en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/25/1/mx/auditoria_ambiental.html

DOF. Última Reforma 4 de junio de 2012. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud.

El diputado José Santiago López:Buenas tardes a todos. Con el permiso de la Presidencia. Para el Grupo Parlamentario del PRD, en esta Cámara de Diputados resulta fundamental lograr la construcción de comunidades seguras a partir de la educación, la salud y el empleo. Métodos que son, por sí mismos, una inversión en la prevención de los delitos y de las adicciones.

Las acciones en materia de seguridad y justicia en el país han privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penales sobre la prevención. El presupuesto público designado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero.

En ese sentido, resulta de la mayor importancia que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de prevenir y, cuando sea el caso, reducir los daños derivados del consumo de drogas, así como brindar atención médica a quienes tengan un problema de dependencia.

Quienes padecen algún tipo de adicción no son criminales sino enfermos y deben ser considerados como pacientes que requieren atención médica, para poder rehabilitarse y lograr integrarse a la sociedad.

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, para que los programas educativos contengan información sobre el problema de las adiciones, los vicios y los ocios, y generen conciencia sobre los riesgos derivados de estos.

Dichos programas deberán considerar acciones que propicien la interacción de la comunidad educativa con los alumnos, maestros y padres de familia, para orientarlos a partir de un enfoque de salud, para poder brindar ayuda a partir de una actitud solidaria y sin discriminación. Esto, en atención a lo que dispone el último párrafo del artículo 1o. constitucional.

La reforma al primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud propone que los programas de Consejo Nacional contra las Adicciones tenga por objeto implementar estrategias para la prevención, reducción del daño, tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de drogas; generando conciencia en los niños y adolescentes sobre las causas, riesgos y consecuencias de las mismas, buscando que la implementación de esas estrategias se haga en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Las autoridades educativas y las del sector Salud tienen que colaborar más estrechamente en materia de adicciones. Un factor determinante es que muchas veces los niños y jóvenes pasan más tiempo en el salón de clases y con sus maestros que con sus propios padres, ya sea porque estos tienen que salir a trabajar o por cualquier otro motivo, por lo que el aula educativa es el espacio idóneo para fomentar el intercambio del conocimiento sobre las causas y riesgos de las adicciones.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la experiencia de los países que han logrado fomentar situaciones extremas de violencia e impunidad demuestra que es imprescindible desplegar una política social que permita, desde abatir los índices más preocupantes de pobreza y exclusión social, hasta generar mejores formas de convivencia comunitaria de participación social, de recuperación de los espacios públicos y de prevención de los delitos y de las adicciones.

La prevención de las adicciones en la niñez y en la juventud, siguen siendo una tarea gubernamental pendiente. Es necesario y urgente actuar. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las acciones en materia de seguridad y justicia en México han privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penales sobre la prevención, lo cual resulta particularmente grave, pues no sólo no se ha abatido la impunidad sino que se ha desatendido prácticamente por completo el establecimiento de una política preventiva. El presupuesto público destinado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero.

Parece ignorarse que el gasto en educación, salud y empleo, es por sí mismo una inversión en la prevención. Ello denota desconocimiento de los métodos necesarios para lograr que desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras.

La experiencia de los países que han logrado remontar situaciones extremas de violencia e impunidad, demuestra que es imprescindible desplegar una política social que permita desde abatir los índices más preocupantes de pobreza y exclusión social, hasta generar mejores formas de convivencia comunitaria, de participación social, de recuperación de los espacios públicos y de prevención de los delitos y de las adicciones.

La prevención de las adicciones en la niñez y en la juventud, es el objeto de esta iniciativa.

Argumentos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera el derecho a la salud como un derecho humano. El cuarto párrafo del artículo 4o. constitucional establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.

En este sentido, resulta de la mayor importancia que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de prevenir y cuando sea el caso, reducir los daños derivados del consumo de drogas, así como brindar atención médica a quienes tengan un problema de dependencia a las drogas.

Los complicaciones derivadas del consumo problemático y la dependencia a las drogas son un problema de salud, por tal motivo las personas que tengan este tipo de padecimientos deben ser considerados como pacientes que requieren recibir atención médica especializada para poder rehabilitarse y lograr reintegrarse a la sociedad.

Si verdaderamente queremos reducir los daños que generan las drogas tanto a los individuos como a su entorno y a la sociedad, necesitamos implementar políticas de prevención del consumo pero no solamente eso, requerimos políticas que se dirijan a brindar servicios de salud a las personas que ya tienen un padecimiento porque el Estado y la sociedad no deben abandonar a sus enfermos a su suerte.

Al país le hace falta implantar una estrategia nacional basada en un enfoque de salud pública que abandone las medidas represivas, la criminalización y el encarcelamiento de los usuarios de drogas e instaurando alternativas orientadas a reducir los daños que las drogas provocan tanto a las personas como a la sociedad.

El Reporte Anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que cerca de 37 por ciento de los consumidores de cocaína en el mundo se encuentran en la región de Norteamérica, la cual comprende México, Canadá y Estados Unidos. Al analizar los datos de consumo anual relativos de México con otros países de América, tenemos que en cuanto a la mariguana, Estados Unidos tiene el mayor consumo anual (13.7 por ciento) y en México éste es de 1 por ciento, únicamente mayor que Ecuador (0.7) y República Dominicana (0.3). En cocaína, el mayor consumo lo tiene Argentina (2.6), y en México el consumo es de 0.4. En cuanto a las anfetaminas, México ocupa el último lugar (0.2) donde el mayor consumo se presenta en El Salvador (3.3) y en Estados Unidos (1.5).

La prevención de las adicciones en la niñez y en la juventud, sigue siendo una tarea gubernamental pendiente. Es necesario y urgente actuar. Quienes padecen algún tipo de adicción no son criminales, sino enfermos. La atención de esta problemática se debe hacer desde la perspectiva de salud pública.

Las autoridades educativas y las del sector salud tienen que colaborar más estrechamente en materia de adicciones. Un factor determinante es que los niños y jóvenes pasan más tiempo en el salón de clases y con sus maestros que con sus propios padres, ya sea porque éstos tienen que salir a trabajar y así obtener ingresos o por cualquier otro motivo, por lo que el aula educativa es el espacio idóneo para fomentar el intercambio de conocimiento sobre las causas y riesgos de usar tanto las drogas licitas (alcohol y tabaco) como las ilícitas (marihuana, cocaína, heroína, etcétera).

Por eso, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para que los programas educativos contengan información sobre el problema de las drogas de la sociedad y generar conciencia sobre los riesgos derivados del consumo de las drogas. Dichos programas deberán considerar acciones que propicien la interacción de la comunidad educativa con los alumnos, maestros y padres de familia para orientarlos a partir de un enfoque de salud, sobre los riesgos del consumo, así como las distintas modalidades que existen en el consumo, tales como el uso, abuso o dependencia para poder detectar si existe un problema de salud y brindar ayuda a partir de una actitud solidaria y sin discriminación.

La reforma del primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud propone que los programas del Consejo Nacional contra las Adicciones tengan por objeto implantar estrategias para la prevención, reducción del daño, tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de drogas, generando conciencia en los niños y los adolescentes sobre sus causas, riesgos y consecuencias, buscando que la implantación de esas estrategias se haga en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Por lo expuesto, el suscrito, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, así como el primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud

Primero.Se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. (...)

I. a IX. (...)

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como generar conciencia sobre las consecuencias derivadas de los problemas relacionados con el uso de las drogas.

Los programas educativos deberán contener información sobre el problema de las drogas de nuestra sociedad y generar conciencia sobre los riesgos derivados del consumo de las drogas. Dichos programas deberán considerar acciones que propicien la interacción de la comunidad educativa con los alumnos, maestros y padres de familia para orientarlos a partir de un enfoque de salud, sobre los riesgos del consumo, así como las distintas modalidades que existen en el consumo, tales como el uso, abuso o dependencia para poder detectar si existe un problema de salud y brindar ayuda a partir de una actitud solidaria y sin discriminación.

Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención, reducción del daño, tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de drogas, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dichos programas tendrán por objeto la prevención, reducción del daño, tratamiento y rehabilitación del uso, abuso y dependencia al tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia, fomentando en los niños y adolescentes. El Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, UNAM, México, 2011, página 5.

2 “Propuestas para la seguridad y la justicia en México. Conclusiones del foro Violencia e impunidad, diálogo más alternativas”, Fundación Colosio, México, 2010, página 55.

3 Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Drogas ilícitas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud, México, 2012, páginas 8 y 9. Disponible en http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf (Última consulta: 25 de enero de 2016.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputado José Santiago López(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley General de Educación, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. La educación pública es pilar para construir una sociedad de derechos y libertades, es un vínculo con el desarrollo y el capital humano que fortalece a la democracia, la cohesión, la justicia social, la cultura, la identidad nacional y la diversidad cultural.

La calidad en la educación superior debe impulsar la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa. Para ello, el Estado debe garantizar, supervisar e impulsar el mejoramiento de la calidad e infraestructura de la educación, innovar métodos pedagógicos y de organización escolar.

Tener instalaciones adecuadas con docentes y directivos preparados, capacitados para garantizar la enseñanza del estudiante son prioridades para el presidente Enrique Peña Nieto, que ha demostrado a través de la reforma educativa.

Para el Partido Verde, promover la educación de calidad en las instituciones educativas públicas y privadas a nivel superior es fundamental, ya que son clave para el crecimiento de nuestro país. Las escuelas de educación superior que imparten los particulares son aproximadamente dos mil en el país, de las cuales solo están certificadas 109 que atienden a 550 mil alumnos, que representan el 51 por ciento de la matrícula en las universidades particulares.

En los últimos años se han incrementado instituciones educativas privadas a nivel superior, que dañan la educación de excelencia, con la formación técnica y profesional de investigación del alumno, porque hay datos que revelan una preocupante operación de escuelas que imparten estudios superiores en la zona metropolitana en esta ciudad, donde hay 700 universidades particulares, de las cuales solo 35 cuentan con certificación.

Por tal motivo las escuelas privadas de educación superior de mala calidad se han convertido en un negocio para particulares, privilegiando las reglas del mercado y no nuestro derecho constitucional en el artículo 3o.

Actualmente estas escuelas no requieren de una certificación o autorización por parte de la autoridad educativa para operar. Sin duda esta es una laguna normativa que se ha aprovechado para hacer negocios.

Por ello proponemos adicionar un párrafo quinto al artículo 56 de la Ley General de Educación para que los particulares que quieran abrir instituciones de educación superior soliciten previamente a la autoridad educativa la autorización y reconocimiento de validez de sus planes y programas de estudio, y si no cumplen estos requisitos no podrán operar. Con esto el Partido Verde reitera su compromiso social y está en contra de las escuelas de nivel superior que no cumplan los requisitos legales y lucren con la educación.

Estamos convencidos que las instituciones educativas públicas y privadas tienen la obligación de dotar a los alumnos de los conceptos cívicos, éticos, científicos, de solidaridad, de justicia, tolerancia, respeto, igualdad y no discriminación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 56 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho humano plasmado en el artículo 3o. de la Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales signados por nuestro país. La educación pública impartida por el Estado en cualquiera de sus tipos y modalidades es pilar para seguir construyendo una sociedad de derechos y libertades.

Es así que la educación es un vínculo con el desarrollo y capital humano que en su conjunto fortalece la democracia, la cohesión, la justicia social, la cultura, la identidad nacional y la diversidad cultural.

En este sentido, las instituciones educativas públicas y las privadas tienen la obligación de dotar a los alumnos de conceptos cívicos, éticos, científicos, de solidaridad, de justicia, tolerancia, respeto, igualdad y de no discriminación.

El Estado debe en todo momento garantizar, supervisar e impulsar el mejoramiento de la calidad e infraestructura educativa, lo cual conlleva a innovar métodos pedagógicos, de organización escolar, instalaciones, idoneidad en los docentes y en directivos para que garanticen la enseñanza del estudiante.

En nuestro país la educación superior debe impulsar una la calidad educativa que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa.

La educación de tipo superior en nuestro país se conforma por tres niveles:

Técnico superior, el cual forma profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas de estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar posteriormente dos años más y lograr una licenciatura o ingeniería.

Licenciatura, que se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias y de formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más.

Posgrado, que se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado; forma profesionistas con alto grado de especialización profesional, que se acreditan mediante un título o grado.

Por tal motivo, es una prioridad para el Partido Verde fomentar la educación de calidad en el ámbito de las instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas que juegan un papel clave en la formación de profesionistas ya que contribuyen de manera significativa al desarrollo del país y a la transformación justa de la sociedad. Entendida la educación de calidad como aquella que sea: equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura.

Paralelamente las escuelas de educación superior que imparten los particulares suman 2 mil universidades de las cuales sólo están certificadas 109 que atienden a 550 mil alumnos, y representan el 51 por ciento de la matrícula estudiantil en escuelas particulares, además de estar agremiadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

En los últimos años han proliferado instituciones educativas privadas de nivel superior que han menoscabado la educación de excelencia, dejando de lado la formación técnica, profesional y de investigación del alumno.

Datos revelan la preocupante operación de escuelas que imparten estudios superiores, por ejemplo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México donde de 700 universidades particulares que se encuentran dando servicios, soló 35 están certificadas, según la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Por tal motivo, las escuelas de educación superior de mala calidad se han convertido en un negocio de particulares, privilegiando las reglas del mercado, no respetando el espíritu del artículo 3º de nuestra Carta Magna y de la Ley General de Educación.

En este sentido, el Partido Verde está en contra de las llamadas escuelas “patito” las cuales no cumplen los requisitos legales y privilegian la mercantilización de la educación. Y sí estamos a favor de garantizar la educación de calidad y reconocer a las instituciones privadas que imparten educación superior que cumplen con las disposiciones normativas correspondientes.

Actualmente las instituciones particulares de educación superior no requieren de autorización previa por parte de autoridad educativa alguna para poder operar. Sin embargo, si lo solicitan, pueden obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para los planes y programas.

Hasta hoy sólo tienen la obligación de tener autorización los privados que impartan estudios de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Sin duda es una brecha normativa que han aprovechado los particulares para instalar escuelas sin calidad.

Debemos como legisladores fortalecer la normatividad para colocar medidas preventivas que permitan dar certeza jurídica a los padres de familia y a los estudiantes para salvaguardar el derecho a la educación de nivel superior.

Hay que privilegiar las opciones educativas superiores que cuenten con los requisitos establecidos; hay que cerrar el paso a privados que intenten abrir espacios de educación superior evitando a la ley; fortalezcamos la norma jurídica para no permitir que haya escuelas de educación superior carentes de instalaciones adecuadas, docentes calificados y programas de estudio de calidad.

Con esto los estudios de educación superior privada seguirán siendo una opción alternativa a la pública donde se privilegie al alumno y a la igualdad de oportunidades para fomentar la inclusión social.

Es necesario que las instituciones de educación superior que imparten los particulares también cuenten con la autorización a iniciar sus operaciones académicas. Es así que la autoridad educativa debe solicitar previamente a los particulares que quieran abrir instituciones de educación superior la autorización y el reconocimiento de validez de sus planes y programas de estudios.

Por lo cual se propone adicionar un último párrafo al artículo 56 de la Ley General de Educación donde los privados deberán previamente tener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de sus planes y programas de estudios para poder operar.

En consecuencia y para armonizar esta reforma se dispone en el segundo transitorio, que entrando en vigencia el decreto, la autoridad educativa federal deberá en un plazo no mayor de 90 días hábiles reformar el artículo 3, fracción IX del Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios con la finalidad de que se adicione a los particulares que impartan estudios de educación superior.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 56 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 56 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Capítulo V
De la Educación que Impartan los Particulares

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que obtengan resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Los particulares para impartir educación superior deberán obtener previamente autorización y reconocimiento de validez oficial para sus planes y programas de estudio, si no lo hicieran no podrán operar.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Entrando en vigenciael decreto,la autoridad educativa federal deberá en un plazo no mayor de 90 días hábiles modificar el artículo 3, fracción IX del Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Notas:

1 http://www.ses.sep.gob.mx/acerca-de-la-ses/quienes-somos

2 http://www.ses.sep.gob.mx/acerca-de/quienes-somos/la-educacion-superior-parte-d el-sistema-educativo-nacional

3 Ibídem

4 Op. Cit.

5 Ibídem

6 Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

7 www.profeco.gob.mx/...07/28-35%20universidadesOKMM.pdf

8 Artículo 3, fracción IX del acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo del año 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Ya nos hemos referido desde esta tribuna a la gravísima situación por la que pasan los periodistas en México. La intolerancia es actualmente una de las características de la élite gobernante.

Según el informe de 2013 de la Asociación –artículo 29– dedicada a la protección de los comunicadores y periodistas, en nuestro país se agrede a un periodista cada 26.5 horas. En ese mismo año la Organización Especializada en Defensa de Periodistas, documentó 330 agresiones de todo tipo, siendo el índice más violento para la prensa desde 2007; cuatro casos de los documentados fueron homicidios. En el 2014 México figura en quinto lugar en la lista de países con más periodistas secuestrados, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras. La situación no ha cambiado en los últimos dos años.

La presente iniciativa adiciona un capítulo denominado “de las medidas para garantizar el derecho a la información”, con cuatro artículos con los que se busca fortalecer las garantías de los periodistas para ejercer su oficio con libertad.

Queremos que mediante esta ley se otorgue a los periodistas la seguridad para poder mantener en la confidencialidad las fuentes de donde obtienen la información. También dar certeza laboral para que no estén obligados a seguir una línea informativa por presiones corporativas o por indicaciones de instancias gubernamentales. De esta manera el periodista podría publicar con libertad cumpliendo con su deber ante la ciudadanía con información confiable sin el riesgo de perder su trabajo.

Por razones de tiempo pido a la Mesa Directiva que se inserte la iniciativa completa en el Diario de los Debates.

La iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía también tiene que ver con la conmemoración de la salida de la periodista Carmen Aristegui de las frecuencias de la radio, que el pasado 13 de marzo cumplió un año. Su ausencia no es comparable a la de cualquier otro periodista. La participación de Aristegui en el cuadrante radiofónico, era la pauta que marcaba la agenda política en México; fueron dos hechos noticiosos los que provocaron que el régimen autoritario determinara su salida de la cadena MVS. Primeramente la revelación pública de la mecánica de acoso y prostitución que manejaba el entonces presidente del PRI en el Distrito Federal, un secreto a voces que se conocía al interior de su partido, resguardado por la complicidad de sus colaboradores y que permanecía invisible para militantes, legisladores y funcionarios cortados con la misma tijera.

La misma disciplina que impide que las propuestas que no vienen del PRI no prosperen en las Cámaras. Fue un golpe duro del periodismo objetivo. Se propició la renuncia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

El otro hecho fue la investigación que el equipo de la comunicadora Carmen Aristegui hizo sobre la Casa Blanca del Pedregal, hecho que trataron de ocultar sobre la lógica de que la compra-venta fue producto del trabajo de la esposa del presidente, argumentando que la señora Angélica Rivera no tenía la obligación de declarar, porque no era funcionaria, sin querer considerar lo que señala claramente el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que señala de manera expresa:

Artículo 43. Proporcionar la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

Les recuerdo que el presidente de la República es un funcionario público.

A un año de la salida de Carmen Aristegui se ha generado un vacío en la radio en México. Es evidente la falta de un espacio crítico, abierto, libre y sin cortapisas. Un espacio noticioso reacio a seguir el guion gubernamental para el manejo de la información sesgada o conveniente para el despacho de Los Pinos.

Necesitamos un periodismo confiable que defienda su postura y que no limite nuestro derecho como ciudadanos a estar a informados. Contamos con los espacios noticiosos que responden al gobierno autoritario, al mismo que no ha permitido que los diputados conozcan el avión del Ejecutivo federal, al gobierno que pretende imponer un mando único violentando el municipio libre, consagrado en el artículo 115 de la Constitución.

El gobierno que no sólo hizo a un lado de un plumazo a una mujer valiente, el gobierno que nos arrebató el derecho a despertar cada mañana con la posibilidad de tener una opinión calificada del acontecer en nuestro país.

Se han alzado voces pidiendo la ubicación de Carmen Aristegui en un espacio para recuperar la posibilidad de ser informados, pero sabemos que es difícil hacer que se cambie de opinión. Es increíble, pero estamos ante una dictadura disfrazada en donde la mordaza impuesta a Aristegui, no es el mayor problema del ejercicio periodístico.

Este gobierno ha tolerado y solapado secuestros, amenazas y asesinatos de periodistas comprometidos con la sociedad para informar.

Termino. A un año de esa gran embestida contra el derecho a informar, desde esta tribuna recordamos con indignación la salida de Carmen Aristegui del espacio radiofónico y presento esta iniciativa con dedicatoria para esa mujer valiente.

Que sirva su ejemplo y antecedente para que desde aquí, como representante constitucional de la sociedad, se levante nuevamente una exigencia para que los gobiernos federal y local respeten la libertad de expresión de los periodistas y nuestro derecho a estar informados. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 68 a 71 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Virgilio Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa por la que se adicionan los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar en beneficio de todos los periodistas del país dos derechos fundamentales para el derecho a la información: la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

En México es alarmante la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan cotidianamente los periodistas, a pesar de los discursos gubernamentales y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la protección del ejercicio de la libertad de expresión. Representantes populares en el Poder Legislativo también tomaron conciencia de esta problemática y los diputados Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, así como los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Camarillo Ortega, iniciaron sendas iniciativas que derivaron en la Ley del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que fue debatida por poco más de dos años y finalmente publicada el 26 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

La Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, documento? 37 presuntas agresiones contra defensores de los derechos humanos entre septiembre de 2009 y octubre de 2010. Estos ataques incluyen amenazas, interferencias arbitrarias, hostigamiento y el uso arbitrario del sistema de justicia. Lamentablemente, más de 90 por ciento de estos casos permanecen en la impunidad.

Según el informe anual 2013 de Article 19, en nuestro país se agrede a un periodista cada 26.5 horas. En ese mismo año, la organización especializada en defensa de periodistas documento? 330 agresiones “de todo tipo”, siendo el más violento para la prensa desde 2007. Cuatro casos de los documentados fueron homicidios.

En 2014 México figura en quinto lugar en la lista de países con más periodistas secuestrados de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.

De la visita conjunta del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión y la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010, se desprendieron declaraciones en torno a que México fue el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en las Américas durante la década de 2000 a 2010, contabilizándose en ese lapso 66 periodistas muertos y 12 desaparecidos.

En este contexto resulta fundamental reconocer que los ataques a los periodistas no solamente vulneran la vida y los derechos de este importante gremio. Cuando se agrede a los comunicadores se pretende silenciar y ocultar información. Por eso es fundamental que el Congreso responda protegiendo decididamente los derechos del periodista, no solamente en cuanto a su vida e integridad, sino también como profesionales de la información.

Es necesario que en México se garantice la libertad de expresión para las diversas opiniones y la pluralidad en los medios de comunicación. Es un derecho constitucional.

El caso de la periodista Carmen Aristegui, despedida por publicar información incómoda para la Presidencia de la República, demuestra que los periodistas no cuentan con herramientas para defenderse debidamente ante los embates del poder.

Si garantizamos que los periodistas puedan ejercer sus derechos en un régimen de libertades, seremos capaces de proteger no solamente al comunicador, sino que también protegeremos nuestro derecho a la información.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 68, 69, 70 y 71 a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Artículo Único. Se adiciona un capítulo XIV que incluye la adición de los artículos 68, 69, 70 y 71 a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Capítulo XIV
De las medidas para garantizar el derecho a la información

Artículo 68. La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su trabajo.

Los periodistas podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de cualquier tipo de información contraria a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Artículo 69. En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación con la empresa o medio de comunicación en que laboren:

I. Cuando en el medio de comunicación en el que trabajen se produzca un cambio sustancial de orientación informativa, criterios editoriales o línea ideológica.

II. Cuando sin su consentimiento, los patrones o superiores jerárquicos del informador, le ordenen trasladarse a otro medio del mismo grupo empresarial, que por su género o línea editorial suponga una ruptura patente con su orientación laboral e ideológica previa.

El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no podrá ser inferior al equivalente de todos los ingresos que hubiere obtenido el periodista en los últimos 4 meses en la empresa, sin importar si dichos ingresos se devengan por honorarios, bonos extraordinarios o cualquier otro concepto.

Artículo 70. El periodista y sus colaboradores tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva.

El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo la identidad de la fuente reservada.

Artículo 71. El secreto profesional establecido en la presente ley comprende:

I. Que el periodista o el colaborador periodístico, al ser citado para que comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la revelación de sus fuentes de información a petición de la autoridad para ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;

II. Que el periodista o el colaborador periodístico, al ser requerido por las autoridades judiciales o administrativas, no está obligado para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;

III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista o del colaborador periodístico, son confidenciales y no son objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y

IV. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdicciones, con el propósito de obtener la identificación de cualquier fuente de información.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Organización Británica fundada en 1987, cuya finalidad es la protección y la promoción de la libertad de expresión y el derecho de la gente a la información

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Virgilio Dante Caballero Pedraza, Alberto Martínez Urincho, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Candelaria Ochoa Avalos, María Chávez García, Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo, Sandra Luz Falcón Venegas, Sergio René Cancino Barffusón, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Caballero. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen; e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo solicitó el diputado proponente.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Martínez Urincho, por favor.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Sí, diputado presidente. Solicitarle al proponente de esta iniciativa hacerle una pregunta, al diputado Virgilio.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. No estamos en ese momento procesal.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Bueno, solicitarle, diputado, por su conducto, al diputado Virgilio que nos permita suscribirla como diputados del PRD. Y recordar que lamentablemente, diputado Virgilio, es precisamente una tristeza en este país que esta periodista tan veraz, tan profesional en su compromiso haya salido del espacio radiofónico.

Y solamente recordar, diputado presidente, que el grupo parlamentario, diputado Virgilio, presentamos una iniciativa para que haya una reforma constitucional y que el Congreso General tenga esa facultad para poder reglamentar las bases generales que emita una ley de protección a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos.

Por eso permítanos suscribir, diputado Virgilio, esa iniciativa. Y hacemos un llamado a esta Cámara para que a la brevedad voten esas iniciativas. Es cuanto, presidente. Le agradezco.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado Virgilio Caballero manifiesta su aquiescencia para que puedan suscribirse.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Sonido en la curul del diputado Sergio René Cancino, por favor.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): También solicitar al diputado Virgilio si como Grupo Parlamentario de Morena nos permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Caballero ha expresado su disposición y la reitera en este momento. Entonces, está a disposición la iniciativa en comento para quienes deseen suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente, a ver, sonido en la curul –dónde anda, dónde está su curul– del diputado Jesús Valencia. Se la están usurpando momentáneamente, tenga cuidado con esas usurpaciones.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): A nombre del Grupo Parlamentario del PRD solicitamos al diputado Virgilio Caballero podernos sumarnos a la iniciativa que ya presentado. Todo el Grupo Parlamentario, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta que de todo corazón, según le entiendo por señas. Entonces aquí se reitera. Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor. Allá.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Diputado presidente, también quisiéramos en nombre del coordinador Clemente Castañeda, de la fracción ciudadana y de todas las y los diputados de la fracción, nos permita el diputado Virgilio Caballero firmar su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera igualmente su disposición para que el Grupo Parlamentario al que usted pertenece pueda también suscribirla.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente y con el permiso de las presentes y los presentes en la sesión. Antes de dar lectura al contenido de esta iniciativa quisiera decir, a propósito de lo que acaba de presentar el diputado Virgilio Caballero, que es muy lamentable que se haya cumplido un año de que los periodistas que hicieron su trabajo hayan sido despedidos, y que el secretario que no hizo su trabajo siga despachando en la Secretaría de la Función Pública.

La iniciativa que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por conducto de mi persona tiene un objetivo específico y claro; ampliar los periodos ordinarios de sesiones de los seis meses y medio que comprenden actualmente en el caso del año en que el presidente de la República asume funciones, hasta siete meses, a un periodo ordinario de sesiones, a dos periodos ordinarios de sesiones de 10 meses.

La inmensa mayoría de los países en el mundo han tenido esta tendencia de incrementar el número de días que sesionan ordinariamente al año. México no enfrenta condiciones distintas a las de estos países. Tenemos un rezago legislativo del que ya se ha dado cuenta aquí, y que los supuestos por los que fueron creados estos periodos de descanso o de receso no se están cumpliendo en la realidad.

Uno de los supuestos para que haya periodos de receso tan extendidos es que trabajen las comisiones, pero cuando nos vamos a receso normalmente también se van a receso las comisiones. Prueba de ello es que hoy, a varios meses de haber iniciado esta legislatura hay dos terceras partes de las comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados que no han presentado un solo dictamen en estos meses de trabajo y mucho menos ha sido votado por este pleno. Entonces, el supuesto de trabajo de comisiones que en teoría justificaría los recesos, no lo hace.

Hay múltiples opiniones de especialistas, de juristas sobre el tema. Dice Miguel Carbonell, que teniendo en cuenta las enormes necesidades y retos que necesitarían de la intervención legislativa, el periodo de sesiones que hay en el país es un lujo excesivo.

Hay que ponerlo en comparación, hay que hacer un ejercicio de política comparada. En Brasil se sesionan 10 meses al año, en Argentina y Francia nueve meses al año, en Estados Unidos 11 meses al año. ¿Nosotros por qué vamos a sesionar tres, cuatro o cinco meses al año menos que varias de estas democracias consolidadas?

Otro de los argumentos que ha dado para la defensa del incremento a los periodos ordinarios de sesiones el constitucionalista Diego Valadés, tiene que ver con el rol que juega el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el contrapeso natural al Poder Ejecutivo, es el centro del debate nacional. Si hay un lugar en el que hay individuos, en el que hay mujeres y hombres con la libertad y las garantías suficientes para dar el debate público es este recinto, porque por eso tenemos una inmunidad constitucional que nos permite no ser reprendidos por nuestras opiniones y que no nos pase precisamente lo que le pasó a Carmen Aristegui hace un año.

Este espacio de libertad para el debate público, ese espacio crítico, cuando pierde más de cinco meses al año estando cerrado, hay un favorecimiento claro al Poder Ejecutivo.

Lo que argumenta Diego Valadés, es que esa concesión del Poder Legislativo al Ejecutivo debilita el régimen de división de Poderes y debilita al Poder Legislativo mismo. Por eso deberíamos de pensar también en que se sesionaran más meses al año.

También tiene que ver con una cultura de la calidad del trabajo legislativo. También creo que vale la pena hacer la reflexión cuando hablamos de productividad de qué es el tipo de iniciativas que estamos discutiendo.

No sé si haya compañeros aquí que fueron a hacer campaña y a tocar puertas diciendo: te garantizo que llegando a la Cámara vamos a votar para que haya el día de tal cosa y para que haya también el día de tal cosa. Y hay iniciativas que dicen que hay que combatir el analfabetismo con alfabetización. Hay una iniciativa, por ejemplo, en el Senado de la República que dice que hay que quitarle la palabra México a la empresa Aeroméxico, porque denigra al país.

No sé si eso está en el centro de las preocupaciones ciudadanas y si nos detenemos a pensarlo, pero si ustedes revisan el tipo de dictámenes y el tipo de iniciativas que estamos votando sesión con sesión, están muy lejos de las expectativas que les fuimos a plantear a los ciudadanos al momento de pedir su confianza para representarlos.

Se trata pues, con esta iniciativa, de que trabajemos más, pero que también trabajemos con una mejor calidad parlamentaria. Creo que es un tema al que nadie se le puede esconder.

Esta iniciativa, con diferentes modalidades y diferentes cambios en las formas, ha sido presentada por otros grupos parlamentarios en pasadas legislaturas, como el propio Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática, y creo que merece la pena que ahora sí nos sentemos y nos juntemos a reflexionar sobre la necesidad de incrementar la productividad de este poder y sobre la necesidad de que sesionemos más meses al año. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Maynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en sujeción a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La creciente preocupación de los ciudadanos por los temas que involucran la vida pública, es decir, la política, se expresa –en palabras de Alejandra Moreno Toscano– en una crisis de confianza y de credibilidad profundas que ponen en duda lo que se dice y hace desde el gobierno –y agregamos, desde los Poderes de la Unión–, cuyo malestar Jesús Silva Herzog resume con la frase: “la perversión de las funciones elementales de la democracia”.

Como bien apunta Alejandra Moreno: “la cultura política es resistente al cambio. Como hábito aprendido de la sociedad funciona instintivamente ante impulsos externos”, diagnóstico del que, evidentemente, no escapa el Congreso de la Unión. Sin embargo, como consecuencia de la realidad por la que atraviesa este país, se exige un papel mucho más activo por parte del Congreso de la Unión. Por tanto, es urgente un cambio que impacte en la vida activa del Poder Legislativo.

Resulta inconcebible que, dada la carga de trabajo del Congreso de la Unión, los períodos de sesiones ordinarios, es decir, “los espacios de tiempo hábil en los que el Congreso de la Unión o sus Cámaras pueden reunirse para realizar sus funciones”, sean tan reducidos, haciendo propicia la acumulación de trabajo legislativo, en asuntos fundamentales para el futuro del país. Es decir, no es justificable que, a pesar del trabajo pendiente, el Congreso de la Unión tenga periodos de receso tan extensos.

Lo anterior, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66.Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la república.

Por ende, como explica Miguel Carbonell, “El tiempo normal de funcionamiento de una legislatura, sumando los dos periodos ordinarios, es de 5 meses al año. Es decir, durante 7 meses al año las Cámaras no sesionan de forma ordinaria.”

La consecuencias de periodos ordinarios de sesiones tan reducidos son, en palabras de Susana Thalía Pedroza de la Llave, “por un lado, la ineficacia y, por otro, la antidemocracia, que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado”, principalmente por cinco razones:

Primera: El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante siete meses, éste no está reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante sus recesos y que tiene numerosas atribuciones, representa tan sólo 6 por ciento de seiscientos veintiocho parlamentarios en total;

Segunda: Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente se convoca a sesiones extraordinarias;

Tercera: Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y obligaciones, por ejemplo, la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73, en sus XXX fracciones, facultades y obligaciones, además de otras previstas en diversos artículos constitucionales;

Cuarta: El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control que debe caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori pero, sobre todo, continuo, situación que no se da, y

Quinta: Las iniciativas de ley o cualquier otro asunto se conocen de manera superficial o, en lenguaje coloquial, “al vapor”.

No es óbice que, estos periodos tan acotados pudieran haber tenido alguna razón de ser en el pasado, “cuando la labor de los representantes y en general la tarea parlamentaria era mucho más simple”, sin embargo, “en la actualidad, teniendo presentes las enormes necesidades de regulación y de intervención legislativa que demanda la dinámica del sistema político y el mismo entorno social, parece un lujo excesivo para el país tener a las Cámaras fuera de funcionamiento normal durante tanto tiempo”.

No obstante, con períodos de sesiones tan breve, explica Miguel Carbonell, se rompe la continuidad del trabajo legislativo, pues no permite un análisis y un estudio detenido, detallado, ni facilita las tareas de fiscalización y de control político que debiera ejercer el Congreso de la Unión sobre el Poder Ejecutivo, por lo que, resulta incongruente que, mientras los demás Poderes de la Unión trabajen de manera continua todo el año, el Congreso lo haga apenas la mitad de ese tiempo, para realizar sus tareas, imposibilitando el equilibrio que debe haber entre los Poderes de la Unión.

Por ello, resulta pertinente lo señalado por Diego Valadés, con respecto a que “los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad”, por tanto, su propuesta pasa por la ampliación de los períodos de sesiones del Congreso de la Unión.

Es así, que Valadés argumenta que la tendencia a la ampliación de los períodos de sesiones tiene que darse de manera progresiva: “La presencia de los debates en el Congreso capta la atención ciudadana hacia los órganos del poder; encauza la manifestación de las inconformidades; permite advertir y prever la orientación de las demandas; habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, y permite que las expresiones de todos los partidos y de los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas y de sus posibles soluciones.”

Así, la ampliación del periodo de sesiones, reafirma el papel de los legisladores como actores centrales de la vida política del país y fortalece al sistema democrático y representativo:

Es indispensable ampliar y mejorar el concepto del servicio civil existente, para que la eventual alternancia de los partidos que ocupen el gobierno y la nueva relación con el Congreso, no suscite dudas y reservas en la ciudadanía. Esas dudas podrían incluso distorsionar el sentido del voto, privilegiando sólo por esa razón al partido que ya estuviera en el poder. Paralelamente, será necesario construir un servicio civil tan amplio como sea necesario y altamente profesional, en el Congreso. Además del apoyo indispensable para el cumplimiento de las labores legislativas, permitirá que la experiencia institucional acumulada facilite la acción de los representantes populares.

Por lo tanto, siguiendo a Diego Valadés, es necesario dotar a los legisladores de los insumos adecuados para el desempeño de sus responsabilidades, por lo que es pertinente ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, a fin de que el Poder Legislativo sesione de manera permanente, por lo que es conveniente reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de ampliar los dos períodos ordinarios de sesiones a diez meses y únicamente dos meses de receso, con lo que se estarían ampliando las oportunidades congresuales para desarrollar sus iniciativas; elaborar, discutir y aprobar las reformas que el país requiera, y, resolver “los demás asuntos que le correspondan de acuerdo con la Constitución”.

Por lo expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para quedar como sigue

Artículo Único: Se reforma el párrafo primero del artículo 65 y el párrafo primero del artículo 66, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

...

Artículo 66. Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Moreno, Alejandra, Volver al Congreso, Nexos, consultado en: http://www.nexos.com.mx/?p=26961

2 Ibíd.

3 Ibíd.

4 Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación.UNAM. 1997, consultado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=142

5 Carbonell, Miguel, Reforma del Estado y Cambio Constitucional en México.Documento de Trabajo. Número 2. Segunda versión. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, mayo, 2000, consultado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/418/5.pdf

6 Obra citada, Pedroza de la Llave, Susana Thalía.

7 Ibíd.

8 Carbonell, José, ¿Dónde están nuestros legisladores?,Nexos, consultado en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=1499

9 Obra citada, Carbonell, Miguel.

10 Ibíd.

11 Carbonell, Miguel, Valadés, Diego, Constitución y democracia,México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, 197 páginas, Biblioteca Jurídica Virtual, consultado en: http://www.juridicas. unam.mx/publica/rev/cconst/cont/6/rb/rb9.htm

12 Valadés, Diego. La transición del sistema presidencial mexicano. Este país. Consultado en: http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/65/8_ensayo_la%20transicion_valad es.pdf

13 Ibíd.

14 Valadés, Diego, Constitución y democracia,México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4

15 Obra citada, Pedroza de la Llave, Susana Thalía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Álvarez Maynez,Daniel Adrián Sosa Carpio, José Alfredo Ferreiro Velazco, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Bárbara Botello Santibañez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Maria Luisa Beltrán Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, perdón, antes, secretaria, sonido en la curul de la diputada Soralla Bañuelos, por favor.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para felicitar a nuestro compañero diputado Maynez, de Movimiento Ciudadano, y compartir con él esta preocupación.

Ya en fecha 18 de febrero de ese año, el coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó una iniciativa para ampliar los periodos ordinarios de sesiones, y yo creo que es pertinente que todos los grupos parlamentarios nos unamos en esa iniciativa, que es tan buena y que nos va a permitir abatir el rezago que tenemos, el rezago legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. El diputado Álvarez Maynez dice que sí. Bien. Entonces, está a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Ahora sí, secretaria diputada Delgadillo.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

Damos la bienvenida a amigos artesanos de Taxco de Alarcón, Guerrero, quienes están presentado la expo venta artesanal Manos de Plata, que están instalados acá en el patio posterior del edificio G, y estarán desde ayer hasta el viernes, invitados y auspiciados por el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Me solicita la palabra allá, diputado Barrientos. ¿Con qué propósito? A ver, sonido a la curul del diputado allá, por favor.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solo para hacerles extensiva la invitación a las compañeras y compañeros diputados que nos acompañen a esta exposición tan importante de nuestro pueblo de Taxco, Guerrero. Serán bienvenidos y ojalá puedan estar con nosotros. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y que les compren algo. Para que no se vayan con los bolsillos vacíos de regreso.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Salud. El primero con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. Y el segundo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1, de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, al artículo 61 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 64 y 115 de la Ley General de Salud para hacer énfasis en la nutrición de la mujer embarazada.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 14 de octubre de 2015, la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 551/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse, alimentarse es simplemente la acción externa de ingerir alimentos para sobrevivir y nutrirse es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los micronutrientes y macro nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

En cada etapa de la vida las necesidades energéticas varían, desde los mayores requerimientos en la etapa de crecimiento, hasta llegar a la vejez, en la que el gasto energético disminuye, es decir, se gasta menos energía. Por ello, para cubrir los requerimientos nutricionales en cada etapa se debe equilibrar la ingesta energética sin caer en el error de eliminar ciertos alimentos sin causa justificada.

“El embarazo es una etapa de la mujer donde la alimentación cobra una especial atención ya que los requerimientos nutrimentales son diferentes. A partir del cuarto mes de embarazo aumentan las necesidades energéticas. Mantener una alimentación vanada y equilibrada es la mejor garantía para cubrir todas las necesidades de la madre y el hijo y prevenir posibles consecuencias”.

La atención de la mujer embarazada lleva, ente otros aspectos, la evaluación del estado nutricional al inicio de la gestación con un seguimiento ponderal durante toda la etapa, y una orientación dietética que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre y el feto.

Desde que el bebé se encuentra en el vientre de la madre y hasta ser una persona independiente, su salud depende de su desarrollo gestacional y durante su infancia.

Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y post parto, prevenir anemias, y activar la producción de leche. No se trata de diseñar una dieta especial para el embarazo, sino de conocer la diversidad de propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y variedad de las comidas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de estos decesos se encuentran relacionados con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado.

En México, de 1990 a 2011, fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Asimismo, los índices de mortalidad en mujeres registrados en 2013 fue de un total de 861 defunciones con un porcentaje de 38.2 por la razón de mortalidad materna.

La mortalidad materna constituye un indicador de la situación de la mujer, su acceso a los servicios de salud, y el grado de adecuación del sistema de atención sanitaria en respuesta a sus necesidades.

La iniciativa de mérito tiene por objeto hacer énfasis en la nutrición de la mujer embarazada y nos da pie a crear también una serie de guías o información fidedigna de todas estas enfermedades y anomalías que todas las madres deben saber y que entonces le permitan atenderse como debe.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a)La iniciativa de la Diputada es considerada por esta Comisión como una propuesta viable, que tiene la intención de mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas, con la finalidad de proteger su salud y la de sus hijos.

Respecto de la propuesta de reformar e incluir la fracción V, del artículo 64, de la Ley General de Salud, los integrantes de esta comisión consideramos viable se realice sin embargo, no consideramos factible establecerlo en el artículo que propone la diputada, toda vez que en ese apartado se habla únicamente de la organización y operación de los servicios de salud, entendidos como la planeación y aplicación de la normatividad en materia de salud.

De tal manera, lo adecuado es ubicarlo en el artículo 61, que se refiere a la prioridad que tiene la atención materno infantil y las acciones que se deben seguir respecto del cuidado, atención e información a la madre durante y después del embarazo, asimismo creemos que la redacción es confusa para su aplicación e implementación en la ley y hacemos la propuesta para que quede de la siguiente forma:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I.La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis.La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

II.La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III.La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V.La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Al momento de establecer la orientación alimenticia, abarcamos la intención de la proponente de cubrir todos los rubros de una alimentación equilibrada que incluya todos los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y post parto, prevenir anemias y activar la producción de leche.

c)Por otro lado, en lo relativo a la adición de una fracción VI al artículo 115 de la Ley General de Salud y recorrer las subsecuentes, no es viable su aprobación, ya que la intención de la diputada ya se encuentra regulada en los artículos 114 y 115 de la legislación en comento:

ARTÍCULO 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participaciónen los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado

ARTÍCULO 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición,prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables;

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse, y

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Como se desprende de los artículos anteriores, la Secretaría de Salud, ya tiene dentro de sus funciones normar el desarrollo de programas en materia de educación alimenticia, así como recomendar a la población en general el consumo de nutrientes y sobre todo proveerlos en la esfera de su competencia.

Además, establecen también que promoverán la participación de organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la nutrición, lo que atiende la intención de la proponente sin limitar hacer limitativa la legislación al particularizar cada caso.

d)Por otro lado, la Secretaría de Salud, ha emitido una serie de Normas Oficiales Mexicanas (PROY-NOM-007-SSA2-2010, Para la Atención de la Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio, y del Recién Nacido, NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, y NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido), en las cuales se especifican las recomendaciones y orientación que se hace a las mujeres durante y después del embarazo, sobre su alimentación por lo que, de aprobar esta reforma como la plantea la legisladora, sería sobre regulatorio toda vez que el Gobierno mexicano ya emprende acciones a favor de una alimentación sana para las mujeres embarazadas.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. -...

...

I. a III. ...

IV.La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados

V.La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar, y

VI. La orientación alimenticia que debe tener la mujer durante el embarazo y el puerperio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea que la fundamentación de ambos dictámenes se hará en una sola intervención. Así como el posicionamiento correspondiente a los grupos parlamentarios. Y tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, para fundamentar los dictámenes de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados. No se nos pierda, ¿Dónde anda? Aquí viene. Adelante, diputado Ibarra.

El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya:Con su venia, señor presidente. A mis compañeras diputadas y compañeros diputados, la Comisión de Salud tiene a bien presentar a esta honorable soberanía dos dictámenes con proyecto de decreto para adicionar el artículo 61 y reformar el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes consideraciones.

Una adecuada alimentación durante el embarazo es crucial, tanto para la madre como para el bebé que está por nacer. Al planear un embarazo con asesoría nutricional es posible corregir las deficiencias y exceso de alimentación de la futura madre, que pudiera presentar un riesgo para ella o para el feto.

Es importante aumentar el consumo de agua a medida que lo recomiende el médico o el nutriólogo, para contribuir a la formación de líquido amniótico, el cual rodea al bebé durante el embarazo.

En el tercer trimestre de embarazo se pueden suplementar alrededor de 500 kilocalorías adicionales al requerimiento normal, vigilado siempre por la calidad sobre la cantidad. Esto implica consumir alimentos que contengan proteínas de buena calidad como carnes, leguminosas, ácidos grasos esenciales como pescado y nueces, frutas y verduras, llevando una dieta variada y suficiente.

Es importante evitar la comida rápida como fritas, con alimentos de conserva o congelados y los alimentos ricos en sal, el exceso de grasas y azúcares para la dieta.

Una regla no escrita es que la madre debe haber ganado un total de 10 kilos al término del embarazo, que en general puede ser un buen dato tener en mente, pero claramente depende del caso, ya que no todas las personas inician su embarazo en las mismas condiciones ni con el mismo peso.

La diabetes gestacional es uno de las posibles problemas que puede surgir durante el embarazo y están en riesgo, principalmente, personas mayores de 25 años con sobrepeso o con antecedentes diabéticos en la familia.

Actualmente desconocemos el porcentaje exacto de la población que sufre este padecimiento, pero el número de casos reportados han aumentado en los últimos años. Es por ello que les pido su voto a favor del dictamen en discusión, ya que es muy importante velar por la alimentación apropiada de la mujer durante el embarazo y el puerperio.

Con esta modificación la Ley General de Salud, con adición del artículo 61, se estará mandando con la prestación del servicio de salud en nuestro país que incluya la orientación alimenticia que debe de tener una mujer durante el embarazo y su puerperio.

Estoy seguro que con estas acciones, los diputados estaremos aportando mayores beneficios de salud a las mujeres durante y después del embarazo, pero además al recién nacido que gozará de una buena salud.

Por otra parte y en lo relativo a la reforma del artículo 268 Bis, de la Ley General de Salud, expertos de nuestro país afirman que al menos tres de cada 10 mexicanos tienen un tatuaje, destacando que éste se realiza a temprana edad y en la mayoría de los casos en lugares improvisados o ambulantes, sin gozar de la sanidad necesaria para garantizar su integridad y su salud.

Esto se debe a que en la República Mexicana existe mayor prevalencia de lugares improvisados y de los lugares establecidos con los permisos sanitarios correspondientes, los establecimientos que cuentan con todos los requisitos establecidos en la ley deben de prever que no existan riesgos y están obligados a aplicar ciertas medidas de beneficio de la salud y de la integridad de las personas que acudan a ellos.

Actualmente se garantizan las condiciones de salubridad que requieren un procedimiento como tatuarse o realizarse perforaciones a través del Reglamento de Control Sanitario de Productos de Servicio que prevé en el Título Vigésimo Quinto Bis de la Regulación de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones.

Asimismo, dispone que los tatuadores, micropigmentadores y perforadores para la prestación de servicios deben de contar con tarjetas de control sanitario, es decir, la documentación que compruebe que cuente con conocimientos sobre primeros auxilios y dominio de las técnicas de higiene y asepsia. A su vez determina que el material y utensilios que se empleen para realizar los diferentes procedimientos deben de ser los adecuados para evitar transmisiones de enfermedades infectocontagiosas o en contaminación microbiológicas.

Estas medidas precautorias han resultado efectivas para reducir los riesgos que conllevan procedimientos de esta naturaleza. Sin embargo, a pesar de la destreza de las personas que realizan estas actividades, es necesario que se lleven a cabo en lugares establecidos de los que más factibles para que se cumplan con las normas de seguridad y salubridad que establece la legislación.

La prohibición de realizar tatuajes y micropigmentaciones y perforaciones en lugares semifijos o ambulantes, es factible toda vez que estos no cuentan con higiene y salubridad necesaria para la realización de estos procedimientos, ya que presentan diversas dificultades que impiden el correcto resguardo de los materiales y disposiciones de instrumentos de diversos contaminantes.

Por los motivos expuestos, se considera viable reformar el primer párrafo del artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud de tal forma que se adicione la prohibición de realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, con el fin de proteger la salud de los usuarios de estos procedimientos y minimizar los riesgos a los que estos sean susceptibles. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias a todos.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Ibarra.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Saludamos a alumnos de la carrera de Derecho y Administración de Gobierno de la Universidad Anáhuac del estado de Oaxaca, invitados por la diputada Mariana Benítez Tiburcio. También a invitados de diferentes estados invitados por el diputado Waldo Fernández González.

A invitados provenientes del distrito 7, invitados por la diputada María Chávez García. A estudiantes de bachillerato y maestros de la preparatoria particular Cristóbal Colón del estado de Nayarit, invitados por la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez. Y a estudiantes de la escuela Primaria Urbana número 3 de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Sean todos ustedes muy bienvenidos.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los dos dictámenes las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutos.

En consecuencia tiene la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, vengo a posicionar dos dictámenes de la Comisión de Salud.

El primero con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, que hace énfasis en la nutrición de la mujer embarazada. Y un segundo dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 268 Bis 1 de la Ley General de Salud para prohibir la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

En Encuentro Social estamos conscientes de que la etapa del embarazo es una de las más importantes de las mujeres y donde la alimentación cobra vital importancia porque es fundamental garantizar todas las necesidades de la madre y del hijo para prevenir posibles consecuencias.

Esta iniciativa tiene especial relevancia, sobre todo si tomamos en cuenta cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, elaborada por la Secretaría de Salud, la cual arroja que en México el 17.9 por ciento de las mujeres embarazadas de 12 a 49 años de edad, presentan algún tipo de anemia. La situación es aún más grave en el medio rural mexicano donde la cifra se eleva a 20.5 por ciento de las mujeres que registran algún problema de alimentación durante el embarazo.

En ese sentido resulta relevante impulsar reformas legislativas para reforzar el marco jurídico que permita atender a la mujer embarazada y garantizar, a través de una evaluación del estado nutricional, todo el proceso de gestación, proporcionándole una orientación dietética capaz de garantizar la alimentación y nutrición adecuada a la madre y al hijo.

Por lo que se refiere al segundo dictamen de proyecto de decreto que reforma el artículo 268 Bis 1 de la Ley General de Salud, para prohibir la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, en Encuentro Social estamos preocupados porque muchos de esos establecimientos funcionan prácticamente en la clandestinidad y no existe un inventario nacional de este tipo de lugares que realizan estas prácticas, tarea que en la actualidad realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.

Oficialmente los lugares registrados son muy pocos contra los que realmente existen. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, sólo ha reportado 782 negocios de tatuajes a nivel nacional, siendo el estado de México el que ocupa el primer lugar con 149, seguido de la Ciudad de México con 117 y Guanajuato con 77.

En ese sentido, esta reforma resulta altamente pertinente, toda vez que, si bien no existen estadísticas oficiales sobre estas actividades, los expertos advierten que en México al menos tres de cada diez mexicanos tienen un tatuaje, y en la mayoría de los casos se los hicieron en lugares improvisados, sin la higiene necesaria y si ningún tipo de protección como para garantizar la salud, sobre todo de los adolescentes, que en su mayoría son quienes acuden a estos sitios.

Esta situación es aún más preocupante si se revisan esas condiciones en ciudades ubicadas en zonas rurales o alejadas de grandes centros urbanos, porque los establecimientos funcionan prácticamente en la clandestinidad y sin ningún tipo de salubridad.

Con las reformas que habremos de aprobar, estamos garantizando un sistema de monitoreo de este tipo de locales, y además previendo posibles consecuencias de salud para las personas que se realizan este tipo de prácticas en lugares poco propicios para ello.

Las diputadas y los diputados federales de Encuentro Social habremos de votar a favor de los dictámenes que se presentan ahora, pues consideramos que en ambos casos se deben garantizar mejores condiciones para las y los mexicanos.

En el primer caso para las mujeres embarazadas y su alimentación durante el proceso de gestación. Y, en el segundo, para evitar prácticas que puedan generar un problema de mayor salud. Muchas gracias. Es todo y cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Torres.

Saludamos la presencia del licenciado Enrique Neaves Muñiz, ex diputado federal y presidente de la Asociación Nacional Venustiano Carranza, A.C. y a integrantes que nos acompañan del estado de Coahuila, invitados por el diputado Carlos Barragán Amador.

También saludamos la presencia de campesinos provenientes del municipio de Jilotepec, estado de México, invitados por el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en esta ocasión me referiré a los dos dictámenes que nos presenta la Comisión de Salud de esta honorable Cámara. En primer lugar el dictamen que adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, para considerar prioritaria la orientación alimenticia que debe tener la mujer durante el embarazo y el puerperio.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos manifestamos a favor del dictamen, al considerar que esta propuesta tendrá un impacto positivo en el desarrollo de las niñas y de los niños de nuestro país. La nutrición de la mujer durante el periodo perinatal es fundamental, ya que los nutrientes transmitidos por la madre desde el embarazo le permitirán al producto contar con mejores condiciones de salud al nacer.

La orientación alimenticia se refiere a todos los rubros de una alimentación equilibrada, que incluyan los nutrientes necesarios para favorecer el crecimiento y desarrollo tanto de la madre como del bebé.

En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen, porque sabemos que la prevención es la mejor forma de abatir las enfermedades más comunes en la población mexicana. Durante la atención materno-infantil se presenta el momento ideal para sentar las bases de una nutrición adecuada cuando la madre, como su hija o hijo deben tener los elementos necesarios para su libre desarrollo.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, en nuestro país el 20 por ciento de las mujeres embarazadas sufrían desnutrición crónica y había 1 millón de niñas y de niños que padecían el mismo mal.

En el mismo documento, pero de 2012, solo 55.6 por ciento de las adolescentes que tuvieron un embarazo conocían el beneficio de tomar ácido fólico para prevenir algunas de las malformaciones al nacimiento. En el caso de las mujeres de 20 a 49 años de edad el porcentaje fue tan solo del 56.8 por ciento.

Por este motivo nuestro país debe tomar medidas urgentes en la materia para coadyuvar a crear una orientación alimentaria propicia durante el periodo perinatal.

El segundo dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 268 BIS-1 de la Ley General de Salud, a fin de prohibir la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos y ambulantes. Al respecto para Nueva Alianza consideramos que en los últimos años los tatuajes y perforaciones corporales han proliferado principalmente entre las jóvenes. En nuestro país al menos 3 de cada 10 mexicanos tienen un tatuaje debido a la gran popularidad que han adquirido y que cada vez ya más lugares donde pueden realizarse estos procedimientos.

Desafortunadamente, muchos se ubican en lugares improvisados o ambulantes, lo que les impide contar con las condiciones sanitarias para garantizar la integridad y salud de quienes acuden a practicarse alguno de estos procesos.

Las partes del cuerpo que se perforan con mayor frecuencia son las orejas, las fosas nasales y el ombligo. En la Ciudad de México se tiene registrado que 5 de cada 10 personas que se practican una perforación desarrollan posteriormente una infección en el área.

Actualmente la Ley General de Salud y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios regula la autorización y/o tarjeta de control sanitario que requieren los tatuadores, micropigmentadores y perforadores, así como las características que deben cumplir los materiales e instrumentos que se utilicen para llevar a cabo estos procedimientos sin imponer un riesgo a la salud, sin embargo, hasta el momento no existe ninguna regulación en torno a los lugares físicos donde se realizan dichos procedimientos, lo cual es preocupante.

Este dictamen se encarga de corregir esta omisión, al prohibir esta práctica en lugares semifijos o ambulantes, y de esta manera se pretende minimizar los riesgos de contraer infecciones o enfermedades de tipo viral.

En Nueva Alianza entendemos que se trata de un asunto de salud pública, por lo cual votaremos a favor del dictamen como una medida de protección de la salud de quienes deseen practicarse alguno de estos procedimientos Con la aprobación de esta reforma Nueva Alianza reafirma su compromiso con la salud de las y los mexicanos, desde la nutrición de los no nacidos que requieren de los nutrientes para no desarrollar enfermedades posteriores, hasta las condiciones de higiene para que las y los jóvenes que se realicen algún tatuaje o perforación gocen de esta libertad sin poner en riesgo ni en peligro su vida.

Recordemos, compañeras y compañeros, la comunidad es primero. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Sánchez. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para fijar postura, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, el día de hoy me presento ante ustedes a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a hablar a favor del dictamen que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, que surge de una iniciativa que presenté en octubre pasado y que propone incorporar una fracción para hacer énfasis en la importancia de la nutrición en las mujeres durante la etapa del embarazo.

Estar embarazadas puede ser una de las etapas más maravillosas en la vida de una mujer, pero es una etapa también llena de cambios para la madre, para el entorno familiar. Pero que también puede conllevar riesgos importantes, desde diabetes estacional, preclamsia, etcétera, asuntos ligados fundamentalmente con la nutrición, con la salud y con la información.

En esta etapa es fundamental cuidar la salud de la madre y del niño o niña. Su atención conlleva –entre otros aspectos– la evaluación del estado nutricional al inicio de la gestación, con un seguimiento ponderal durante toda la etapa y una orientación dietética para que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre, para el feto y para después de esta etapa.

La desnutrición materna durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo de mortandad infantil, en tanto que la obesidad también constituye un factor importante de riesgo, al aumentar algunas patologías del embarazo, como ya las comenté y la proporción de niñas macrosómicas y por este mecanismo diátesis y complicaciones del parto.

En los hogares más pobres es donde las mujeres y los niños sufren de esta condición, ya que por un lado no tienen acceso a los servicios de salud adecuados y su alimentación es deficiente también por falta de recursos.

Si una mujer embarazada está desnutrida es comprensible que el bebé en el vientre de la madre no reciba los nutrientes suficientes y, como consecuencia, el bebé exhibirá una tasa de crecimiento pobre y bajo peso. Existen también otros efectos como debilidades del sistema inmunológico en mayor riesgo a las enfermedades, el nivel de resistencia baja, menor la altura, etcétera.

Estos niños también pueden ser propensos a retrasos en el crecimiento, menos coordinación, mala visión, dificultad para aprender y muchas otras enfermedades.

La OMS apunta que todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto y muchas de ellas tienen que ver con pobreza, con acceso a los servicios de calidad y también con la nutrición.

En México, la mortalidad materna en números absolutos es de 28 mil 42 mujeres que fallecieron por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto, pauperio, entre 1990 a 2011.

Las malformaciones congénitas han crecido en los últimos años. La mortalidad materna constituye un indicador importante de la situación de las mujeres, su acceso a los servicios de salud y el grado de adecuación del sistema de atención sanitaria en respuesta a sus necesidades.

En México aún tenemos mucho por hacer, es evidente que no hemos cumplido en el combate a la pobreza, lo cual trae y conlleva graves consecuencias. En la Ley de Salud se establece la atención materno-infantil donde se protege y promociona la salud materna, pero desafortunadamente en ningún artículo de este apartado se hacía mención a una nutrición específica y particular para la mujer embarazada y su seguimiento.

Espero también que pronto también podamos impulsar temas conjuntos de lactancia materna de una manera enérgica, enfática y hacer de ello un tema integral, en el que creo que muchas y muchos coincidimos.

Agradezco mucho a las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud, al presidente, a Rosalina, a Rosalba, mi compañera también de Movimiento Ciudadano, por haber aprobado este dictamen, por traerlo el día de hoy al pleno.

Y los convoco, amigas y amigos, compañeros diputados y diputadas, a votar favorablemente y a seguir contribuyendo con reformas importantes para dar pasitos, aunque sean pasitos pequeños, en el grave problema de salud de nuestros niños y niñas y su nutrición. Es cuanto, presidenta, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Corichi. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Mariana Trejo Flores:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, incluir dentro de la Ley General de Salud la adición a la fracción VI del artículo 61, es un claro ejemplo que vamos por el camino correcto.

Orientar a las madres durante su embarazo, parto, puerperio y lactancia en materia de alimentación, como sociedad, nos dará una pauta para instruir una cultura de prevención y cuidado a la salud desde el hogar.

Sin embargo, aunque este proyecto de iniciativa se muestra favorable en materia de prevención y cuidado a la salud, desde la alimentación no es una acción suficiente para abatir el rezago alimenticio que tiene nuestro país, donde la desnutrición y la malnutrición hacen estragos a la salud de los mexicanos.

A la par de esta reforma, como legisladores, deberíamos de estar revisando marcos jurídicos que ayude a combatir la pobreza, pues en nuestro país más de 70 millones de mexicanos viven al día y ahora es un lujo tener tres comidas diarias, mucho menos podrán tener cinco comidas, como lo recomiendan los expertos en nutrición.

Diputadas y diputados, no podemos permitir que niños y mujeres en lactancia y embarazo padezcan hambre. Millones de mexicanos no tendrán nada qué comer y qué cenar el día de hoy.

El precio de la canasta básica contradice en todo lo que se habla en discursos oficiales, que exhiben un México sin hambre. Señores, en México hay hambre, hay miseria. Millones de ciudadanos padecen, y al parecer las acciones implementadas para combatir la pobreza solo se han administrado en lugar de erradicarla.

El pueblo de México tiene oportunidades para salir adelante. Somos un pueblo trabajador. Somos un pueblo de lucha que lucha con mucha tolerancia ante la desgracia de México.

Sirve de poco orientar a las madres en cómo alimentar a sus hijos, pero lo que sí falta son alimentos, lo que falta es trabajo, lo que falta es valor a los productos del campo.

¿Qué necedad tienen algunos de seguir administrando la pobreza? Intereses oscuros, esa es la necedad que tienen algunos para seguir manteniendo al pueblo en miseria.

Morena votará el día de hoy a favor de esta iniciativa. Sin embargo, dejamos ante todo el pleno esta reflexión planteada, respecto al hambre que padece nuestro pueblo.

Respecto a la iniciativa que propone la reforma al artículo 268 Bis de la Ley General de Salud, en Morena estamos de acuerdo. Nos compartimos la idea que ante todo contra la salud del pueblo de México avalamos el que se regulen y se prohíban los puestos semi fijos o ambulantes, hagan tatuajes, micro pigmentaciones o perforaciones si no cuentan con las condiciones de salubridad pertinentes para hacerlo.

Por salud de los jóvenes no podemos seguir permitiendo que se ponga en riesgo, debido a que se han suscitado una serie de enfermedades y padecimientos en jóvenes que han recurrido a este tipo de establecimientos no regulados y con pésimas condiciones para salubridad.

Regular este tipo de puestos, regular estas actividades es regular a favor de los y las jóvenes, de nuestros ciudadanos. Es cuanto, señora diputada.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Trejo. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes. Saludo a todas mis compañeras y compañeros diputados. Y a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.

Los dictámenes que hoy discutimos contribuirán a fortalecer los mecanismos de protección en la alimentación de las embarazadas. Y además, se perfeccionará la prestación de servicios para aquellas personas que se realizan tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones.

En relación con el embarazo, es necesario referir que este constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional. Esto se debe a que existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades alimentarias maternas de casi todos los nutrientes, ya que el feto se alimenta solo a expensas de la madre.

La Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición señala que en México 20 por ciento de las mujeres embarazadas padecen desnutrición crónica. Además, coloca a las complicaciones durante embarazo por desnutrición como la quinta causa de muerte en las mujeres adolescentes en nuestro país.

Por lo anterior, es que resulta indispensable establecer como carácter prioritario la atención materno-infantil, con una orientación alimenticia que debe tener una mujer durante todo su embarazo; ya que de no atenderse de esa manera, se potencializan los riesgos en la salud de la madre y, sobre todo, del niño.

Sin duda, estamos ante una realidad innegable que padecen las mujeres mexicanas y ante ello el gobierno de nuestro país debe enfocar sus trabajos a fortalecer los mecanismos de protección en materia de la salud materna.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor del presente dictamen de la Comisión de Salud, cuyo objeto es incluir la orientación alimenticia que debe tener toda mujer durante el embarazo., Esto como una directriz de carácter prioritario en la atención materno infantil, ya que al seguir una alimentación saludable se contribuirá a evitar en la madre y en el bebé muchas de las complicaciones que se pueden presentar por una mala nutrición.

Ahora bien, por lo que hace al segundo dictamen que hoy estamos discutiendo, debemos iniciar por señalar que los tatuajes, las micropigmentaciones y las perforaciones constituyen prácticas de origen milenario que representan una expresión cultural y social que nosotros respetamos.

Según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en México uno de cada diez habitantes posee un tatuaje. Los antecedentes en este tema los encontramos en el año 2006, cuando por primera vez se incluye en la Ley General de Salud lo que se debe entender por tatuador, por perforador o por micropigmentador.

Asimismo, en esa ley se estableció el requisito de contar con una autorización del padre o del tutor cuando el involucrado fuera menor de edad, y se señaló también la obligación de contar con una autorización sanitaria para ofrecer tales servicios.

No obstante lo que mencioné anteriormente, hoy en día observamos la proliferación de establecimientos ambulantes que prestan estos servicios sin tener una regulación adecuada, la oferta se torna alarmantemente peligrosa, ya que no se hacen exigibles los requisitos que nuestra ley establece.

Por lo anterior, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 Bis-1 de la Ley General de Salud, busca prohibir la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes. Pero es importante, compañeras y compañeros, precisar que en el Partido Verde estamos conscientes que cada mexicano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que de ninguna forma la propuesta que hoy se plantea es limitante, sino que lo que se está buscando es minimizar los riesgos de salud para aquellos que hacen uso de estos servicios.

Finalmente, les comento que en ambos dictámenes en la fracción parlamentaria del Partido Verde, estamos convencidos y por eso votaremos a favor de ellos y también estamos convencidos que acciones como estas fortalecen el diseño y el establecimiento de bases sólidas para seguir construyendo mejores políticas públicas en materia sanitaria y que lo cual se traducirá en beneficios para toda la sociedad.

Refrendamos nuestro compromiso para seguir apoyando este tipo de propuestas y todas las que vengan de nuestros compañeros y compañeras diputadas, siempre y cuando brinden una mayor certeza para los y las mexicanas y que la salud sea para todos en nuestro país una realidad. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Tiene ahora la palabra, la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez:Con su venia, diputado presidente. El artículo 4o. de nuestra Constitución establece la garantía del Estado para el cumplimiento del derecho de todos los mexicanos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Este precepto constitucional nunca es más valido como cuando nos referimos a la salud materna que abarca el periodo que va desde el embarazo hasta el parto, el postparto y el puerperio.

Existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse. Alimentarse es simplemente la acción externa de ingerir alimentos para sobrevivir y nutrirse. Es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los micro y macronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

El embarazo es una etapa de la mujer donde la alimentación cobra una especial atención, ya que los requerimientos nutrimentales deben ser suficientes para cubrir las necesidades del binomio madre e hijo, poniendo especial énfasis en cada trimestre del embarazo.

En el primero es la etapa del embarazo donde se está llevando a cabo la organogénesis del embrión hasta las ocho semanas y del feto de las ocho semanas en adelante. En el segundo y tercer trimestre la nutrición de la mujer debe ir encaminada al aumento ponderal que, según la obstetricia, debe ser no menor de un kilo a un kilo y medio por mes.

Una alimentación equilibrada que proporcione los nutrientes necesarios para la madre y el feto es garantía para que este goce de buena salud durante el periodo estacional, asegure un buen desarrollo placentario, previene también la anemia, así como asegura también la lactancia materna.

Una mujer embarazada que recibe atención prenatal disminuye el riesgo de muerte materna, los beneficios para el feto son muchos. Trae como resultado un adecuado crecimiento de este, se previenen las malformaciones congénitas, se disminuye la tasa de partos prematuros obteniendo así productos de mejor peso, asegurando así también un buen pronóstico de salud mental y física para la vida futura del nuevo ser.

Es necesaria la orientación alimentaria durante del embarazo informando a la madre sobre las propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y variedad de las comidas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En México los índices de mortalidad en mujeres registrados en el año 2013 fueron de 861 defunciones. De estas, 329 fueron por causas del embarazo o del parto.

La Organización Mundial de la Salud establece que la educación y asesoramiento nutricional es una estrategia que debe utilizarse en todas las mujeres embarazadas para mejorar su estado nutricional. Dicha estrategia está centrada en tres elementos: mejorar la calidad de la dieta materna, promover un aumento de peso adecuado mediante una ingesta suficiente y equilibrada de proteínas, de energía, y tres, promover el consumo sistemático y regular de suplementos nutrimentales, complementos alimentarios o alimentos enriquecidos.

Por lo anterior nuestro Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor del dictamen a fin de incluir dentro de la alimentación materno infantil, la orientación alimentaria que debe tener una mujer durante el embarazo y el puerperio.

Ahora quiero referirme al dictamen de la Comisión de Salud relacionada con la prohibición de los tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, en puestos semifijos o ambulantes y a personas menores de 18 años de edad.

Los tatuajes son marcas e incluso expresiones artísticas que intentan poner en evidencia, a través del cuerpo, aquello que no puede ser expresado con palabras o simplemente que las palabras son alcanzan para expresarlo.

Según la psicóloga Marina Alfonsi, tatuarse es una forma de tramitar aquellos difícil de elaborar sicológicamente. Recordemos que el mecanismo del tatuaje implica agredir la piel, provocar pequeñas lesiones para permitir que penetre la tinta utilizada para ese procedimiento. Aunque no hay estadísticas oficiales, expertos estiman que en nuestro país al menos tres de cada diez mexicanos tienen un tatuaje, destacando el hecho de que este se realiza a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares improvisados o bien ambulantes sin las condiciones de sanidad necesaria para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

Es mayor la prevalencia de lugares improvisados ambulantes o semifijos que ofrecen estos servicios a los lugares que están debidamente autorizados con sus permisos sanitarios.

Según fuentes oficiales, en la ciudad de México se tiene registrado que cinco de cada diez personas que se practican una perforación, desarrollan posteriormente una infección en el área; cuando se hace este procedimiento sin las medidas sanitarias suficientes son altos los índices de infección que pueden ser tan leves hasta muy severos como la transmisión del VIH Sida o causar lesiones, atrofias o deformaciones de los tejidos subyacentes y hasta la pérdida del movimiento.

Esto es algo que no lo podemos permitir, aunque el artículo 268 Bis de la Ley General de Salud establece la obligatoriedad de la autorización sanitaria y demás disposiciones aplicables para estas prácticas, resulta necesario legislar a favor de que los establecimientos donde se realicen tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, cuenten con las instalaciones, instrumentos e insumos necesarios para garantizar la salud de los usuarios de este tipo de servicios, y queda prohibido practicarlo en personas menores de 18 años y personas que no están en pleno uso de sus facultades mentales. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal.

Saludamos la presencia de estudiantes de la escuela primera indígena Trinidad Tiburcio Santos, del municipio de Ocuilan, estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado.

Igualmente, de integrantes de la preparatoria norte de Querétaro, Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo:Compañeras diputadas y compañeros diputados, Acción Nacional está totalmente a favor de los dictámenes de la Comisión de Salud con proyecto de decreto donde la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados ha trabajado muy en serio y con gran responsabilidad. Es por eso que hoy presento a estos diversos dictámenes sobre varias reformas a la Ley General de Salud, lo cual es motivo de una gran satisfacción para todos nosotros, porque ello representa el mayor bienestar para los mexicanos.

La mortalidad materna sigue siendo muy alta en nuestro país, y los embarazos están rodeados de una alta incidencia de abortos naturales, partos prematuros, bajo peso al nacer y traumas en el parto. Lo que pone en peligro las posibilidades de sobrevivir para la mujer y para su hijo.

Para la Organización Mundial de la Salud del estado nutricional de la mujer cuando queda embarazada y durante el embarazo, puede tener una influencia importante en los resultados de la salud del feto y el lactante y de la madre.

Deficiencias de micronutrientes, como el calcio, el hierro, la vitamina A, el yodo, pueden producir malos resultados en la salud de la madre al ocasionar complicaciones en el embarazo, poniendo en peligro a la madre y al neonato. De ello pueden derivarse un bajo peso al nacer, partos prematuros, mayor riesgo de morbilidad durante el primer año de vida.

La deficiencia del betacaroteno, el magnesio, el zinc, la vitamina C y posiblemente la vitamina B aumenta el riesgo de padecer una preclamsia.

Tal como se expresa en el dictamen, existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse. Alimentarse es simplemente por la acción externa de ingerir alimentos para sobrevivir y nutrirse es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los micronutrientes, también se obtienen los macronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

El embarazo es una etapa de la mujer donde la alimentación cobra una especial atención, ya que los requerimientos nutrimentales son diferentes. A partir del cuarto mes de embarazo aumentan las necesidades energéticas de la madre y del bebé. No debemos pasar por alto que un embrión en desarrollo gestacional es completamente dependiente de la madre, por lo que la salud se encuentra completamente condicionada y determinada por la de ella. Más aún, de esta alimentación primera dependerá su desarrollo durante el resto de su vida.

Una buena alimentación es la mejor garantía para cubrir todas las necesidades de la madre y del hijo, y prevenir consecuencias negativas. Por eso resulta indispensable que la madre reciba una orientación dietética que garantice una alimentación y nutrición adecuada para ella y para su hijo en esta gestión.

El 18 por ciento de las mujeres embarazadas padece anemia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, aunque la anemia se puede presentar en todas las etapas de la vida, sin embargo es más frecuente en las mujeres embarazadas y en los niños menores de dos años.

La causa más presente de anemia en México es la dieta deficiente principalmente en hierro, que puede estar condicionada por un aumento de los requerimientos del mismo, tal como sucede durante el embarazo. Esto se combina con el efecto de consumo de productos con un alto contenido de fitatos, que son ácidos que son absorbidos y que impiden la absorción de otros nutrientes.

El dictamen en este tenor que hoy se pone a consideración de este pleno, y que estamos totalmente a favor, propone mediante la adición de la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud que en la atención materna infantil incluya las acciones para la orientación alimenticia.

De la misma forma, por lo aquí expuesto estamos completamente a favor de la vida, que se dé un seguimiento durante esta etapa. Y Acción Nacional está a favor totalmente.

Por otra parte, en el otro punto de acuerdo que es de interés de la Comisión de Salud y del Partido Acción Nacional, y protegiendo la salud de las personas, también estamos a favor y proponemos que en la elaboración de tatuajes y piercing sea realizada por personal calificado, en lugares establecidos, en condiciones de higiene y seguridad óptimas, ya que en este proceso se perfora la piel, mucosas y otros tejidos donde generalmente se requiere causar una herida expuesta sobre la piel y el cuerpo, cotidianamente realizada con objetos metálicos como agujas y navajas, produciendo sangrado con riesgo de contraer Sida, hepatitis C y otras enfermedades de carácter mortal.

De la misma forma, la micropigmentación que se realiza como proceso estético normalmente para camuflajear cicatrices y quemaduras, se corre el mismo riesgo que en la situación antes expuesta, por lo que también requiere procesos de capacitación, seguridad e higiene.

Cabe mencionar que en algunos casos la tinta o la anestesia local que se utiliza para realizar dichos actos puede genera un choque anafiláctico al usuario. Es por eso que para realizar dichos trabajos se debe de recibir una capacitación adecuada. Es por eso que se propone en este pleno al decreto del dictamen de hoy, que Acción Nacional está a favor, mediante la reforma del artículo 268. Que quede claro antes de terminar, que esto no es en contra del libre actuar de las personas que deseen realizarse estos procedimientos, simplemente es un tema de salud y de un tema de bienestar para la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta. Ah, no, ya regresó el presidente, perdón.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo le di la palabra, nada más que usted anda embelesado con nuestras vicepresidentas. Gracias, diputado Cortés. Y tiene ahora la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rosalina Mazari Espín:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional los dictámenes de la Comisión de Salud que hoy se discuten en esta tribuna, son asuntos de importancia para la población en materia de salud pública.

Nosotros consideramos que los planteamientos ofrecen soluciones a exigencias que la sociedad necesita resolver. Nos pronunciamos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de orientación alimentaria.

El objetivo de la promovente es establecer en la ley que se dé una alimentación nutritiva de la mujer durante el embarazo y en el puerperio; que se lleve a cabo una alimentación equilibrada que proporcione los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del niño y de la niña, la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y postparto, prevenir anemias y activar la producción de leche.

El dictamen que nos ocupa obliga al Estado, a través de la Secretaría de Salud del país en fortalecer la atención materno-infantil, que tiene ya un carácter de prioritario, pero que se necesita robustecer a través de una política pública, que sería la correcta orientación alimentaria de la mujer en el embarazo y el puerperio.

Esto también implica evitar enfermedades futuras de la madre y del producto, por su incorrecta alimentación. Es decir, no únicamente en el embarazo y puerperio, sino de la buena nutrición que realice la madre su calidad de vida, de ella y del bebé, serán satisfactoria.

De acuerdo con los datos de la promovente, la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad, como mujeres que viven en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, y de muy escasos recursos. En México, del año 1990 al 2011, fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto y puerperio.

Consideramos que el derecho a la alimentación nutritiva es un derecho fundamental de todo ser humano, en cualquier etapa de la vida. Nuestro grupo está a favor de aprobar el presente dictamen.

En cuanto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para prohibir realizarse tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, a personas menores de 18 años de edad, o que no se encuentran en pleno goce de sus facultades mentales.

En el supuesto de ser menor de edad, debe estar acompañado de sus padres o tutor, previa acreditación y dar el permiso por escrito.

El promovente menciona en su exposición que, aunque no hay estadísticas oficiales, expertos estiman que en nuestro país al menos 3 de cada 10 mexicanos tienen un tatuaje, destacando que este se realizó a temprana edad y, en la mayoría de los casos, en lugares improvisados, o bien, ambulantes sin las condiciones de sanidad necesarias para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

La propuesta busca proteger a las personas que han decidido por propia voluntad ponerse un tatuaje o piercing, pues podrían correr peligro, ya que quienes realizan estas modificaciones corporales muchas veces reutilizan agujas o tintas contaminadas por lo que podrían contagiarse de VIH-Sida y hepatitis C, así como de infecciones cutáneas, es por lo que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor de los dictámenes.

Finalmente, quiero señalar que el trabajo que se hizo al seno de la Comisión de Salud ha sido un esfuerzo de las diputadas y los diputados, para dictaminar estos temas tan relevantes en materia de salud pública. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mazari. Y ahora para intervenir en pro tiene la palabra el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero agradecerle a todos los integrantes de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, que sensiblemente reconocieron que los tatuajes no son un asunto de la calle, son temas de cultura, de nuestra historia como sociedad, de nuestro arte y también de salud pública.

Celebro que en esta soberanía asumamos que una parte de la curación de nuestros problemas, como sociedad, radica en nuestra voluntad de sanar. Con este dictamen que se está sometiendo a consideración de la asamblea, se protege esta expresión y se cuida también a nuestra población en general.

Mediante esta reforma a la Ley General de Salud atendemos un asunto de salubridad de hoy y del mañana, porque la edad promedio en que las personas en nuestro país se realizan por primera vez un tatuaje es a los 15 años, edad en la que no asumen las consecuencias de realizarse un tatuaje en un lugar sin las condiciones apropiadas.

De manera desafortunada existe una mayor prevalencia de lugares ambulantes e improvisados que ofrecen tatuar en contraparte a los lugares establecidos con los permisos sanitarios, y por supuesto, con las medidas para que el procedimiento, así como la evolución, se lleve a cabo en óptimas condiciones.

Las diferencias entre ambos lugares, aunque lógicas, son enormes, al igual que el riesgo que representa tomar una decisión equivocada.

Ese fue el espíritu que motivó esta iniciativa que estamos por aprobar, porque cualquier persona que se realice alguno de estos procedimientos sin los cuidados necesarios está expuesta a contraer desde hepatitis hasta VIH, además de problemas en la piel por recibir tintas de dudosa procedencia, así como el uso de agujas y anestesias en las mismas condiciones.

Por ese motivo, es un gusto garantizar a quienes decidan hacer de su cuerpo su diario que no serán objeto de una mala práctica o negligencia que exponga su salud, y que además rescatemos al tatuaje de la desvalorización social, el anonimato y disimulo en que se encentra, bajo el preservo que obsequia la discriminación que padece. Afortunadamente, en este asunto como en otros más estamos actuando a tiempo para prevenir serios problemas de salud pública en un futuro que se veía cercano. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Orozco.

Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Otra vez se les pregunta: ¿Algún diputado, alguna diputada que falte por votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, a favor 426 votos, sin abstenciones y ninguno en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 426 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para dictamen, iniciativa que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para prohibir realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

El 19 de octubre de 2015, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud,para prohibir realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 617-44 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador menciona en su exposición que, aunque no hay estadísticas oficiales, expertos estiman que en nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tienen un tatuaje, destacando que éste se realizó a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares improvisados o bien ambulantes sin las condiciones de sanidad necesarias para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, existe mayor prevalencia de lugares improvisados, ambulantes o semifijos que ofrecen los servicios de tatuajes y perforaciones, que de los lugares establecidos con los permisos sanitarios correspondientes. A causa de ello, según fuentes oficiales, en la Ciudad de México se tiene registrado que cinco de cada diez personas que se practican una perforación, desarrollan posteriormente una infección del área.

El iniciante señala que cuando se hace una perforación y el procedimiento o las medidas sanitarias son deficientes e insuficientes, pueden generar infecciones en las que el músculo de la lengua se atrofie; los labios se deformen o pierdan sensibilidad; se presenten lesiones en los cartílagos de la nariz que pueden terminar por desfigurarla; o bien, cuando la perforación se realiza en el área de la ceja, se puede presentar pérdida parcial o total del movimiento.

El diputado remarca que, a diferencia de los lugares mencionados anteriormente, los establecimientos que cuentan con todos los requisitos establecidos por ley deben prever que no exista riesgos como los ya indicados y están obligados a aplicar ciertas medidas en beneficio de la salud y la integridad de la persona que acuda a ellos. Entre las más importantes incluye las siguientes:

• Deben de tener cartas de consentimiento para recibir el procedimiento (donde se detallan los peligros, la irreversibilidad y las medidas de cuidado subsecuentes).

• En el caso de menores de edad, el consentimiento por escrito del padre o tutor debidamente acreditado e identificado.

• Cuestionarios respecto al estado general de salud.

• Registro encuadernado y foliado de sus usuarios.

• Manual de procedimientos y protocolos en las técnicas y el material y equipo a utilizar, para garantizarle al usuario que no existe riesgo alguno de contaminantes en la fabricación, manufactura o manipulación de estos.

Finalmente, Indica que los lugares establecidos garantizan las condiciones de salubridad, que requiere un procedimiento como tatuarse y realizarse una perforación.

Por lo anterior, proponen reformar el primer párrafo del artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud de tal forma que quede prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. Esto además de la prohibición ya existente de realizar alguno de los tres procedimientos a menores de 18 años o personas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a)La Ley General de Salud, dispone en su artículo 268 Bis que “los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del Capítulo I del Título Décimo Sexto de la Ley y las demás disposiciones aplicables.

b)Por su parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, prevé un Título Vigésimo Quinto BIS en el que se regulan los Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones. En su capítulo único, dispone que los tatuadores, micropigmentadores y perforadores, para la prestación de sus servicios, deberán contar con tarjeta de control sanitario, la cual tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para obtener dicha tarjeta, el Reglamento señala una serie de requisitos, entre los que se encuentra entregar documentos que detallen el manual de procedimientos que se seguirá; currículum vitae del solicitante que contenga sus datos generales, estudios y experiencia laboral, relacionados con los procedimientos a realizar; documentación que compruebe que cuenta con conocimientos sobre primeros auxilios y dominio de las técnicas de higiene y asepsia; entre otros.

c)El Reglamento hace además, especial énfasis en el material y utensilios que se empleen para realizar los diferentes procedimientos. Dentro de los artículos más significativos se encuentran los siguientes:

La joyería, agujas, navajas, punzones u otro material punzo cortante que se utilicen en los procedimientos de tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones, deberán ser desechables y usados una sola vez.

Cualquier utensilio, equipo o instrumento susceptibles de ser reutilizados y que sea distinto a los señalados en el párrafo anterior, deberán ser esterilizados y almacenados con anterioridad a su uso, en condiciones que mantengan dicho estado.

Se prohíbe el uso de pistolas para perforar, o cualquier otro equipo, que debido a su imposibilidad de ser esterilizado o desinfectado, en todas sus partes, constituya un riesgo de transmisión de enfermedades.

Para el caso de perforaciones, deberán utilizarse materiales estériles de implantación o biocompatibles quirúrgicos. En el caso de tatuajes, las tintas deberán ser biocompatibles con el cuerpo humano y mantenerse en sus envases originales. En las micropigmentaciones los pigmentos deberán ser inocuos e insolubles.

Los tatuadores, micropigmentadores y perforadores sólo podrán utilizar anestésicos tópicos para disminuir el dolor de las laceraciones, quemaduras, implantes, escarificaciones o cualquier otra técnica semejante.

De lo anterior, se desprende la exigencia a los tatuadores, micropigmentadores y perforadores el uso de determinado material que prevenga la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y contaminación microbiológica.

d) Lo que se pretende con estas disposiciones es proteger la salud de los usuarios de estos procedimientos y minimizar los riesgos a los que son susceptibles.

Como se puede observar, los dos ordenamientos citados se concentran específicamente en regular la autorización y/o tarjeta de control sanitario que requieren los tatuadores, micropigmentadores y perforadores y las características que deben cumplir los materiales e instrumentos que se utilicen para llevar a cabo estos procedimientos.

Se puede concluir entonces, que lo que ha resultado más efectivo para reducir los riesgos que naturalmente conllevan procedimientos de esta naturaleza, es establecer requisitos a las personas que los realizan y a los materiales utilizados y no tanto los establecimientos en los que se aplican los tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones.

e)De esta forma, los tatuadores, micropigmentadores y perforadores, así como los materiales que éstos utilicen deben cumplir con los requisitos exigidos en la ley y el reglamento, independientemente de si el procedimiento se realiza en un lugar con domicilio establecido o en un puesto semifijo o ambulante.

Esto porque la capacidad y conocimientos del aplicador y las características de higiene de los materiales no varían en función del lugar en el que trabaje. Al contrario, son cualidades que siguen a la persona y al material, sin importar dónde se encuentre; sin embargo consideramos que, además de la destreza de la persona que realiza estas actividades, es necesario que se lleven a cabo en lugares establecidos, en los que es más factible se cumplan las normas de seguridad y salubridad que establece la legislación.

f)Atento a lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideramos que es necesario que se lleven estas actividades en lugares fijos y que además los procedimientos se realicen conforme a la normatividad vigente.

g)Por lo que los integrantes de esta Comisión consideramos, que es viable la propuesta del legislador, únicamente por lo que respecta a la prohibición de realizar tatuajes, micorpigmentaciones y perforaciones, en lugares semifijos o ambulantes, toda vez que estos no cuentan con la higiene y salubridad necesaria para la realización de estos procedimientos, presentando dificultades como:

1. A causa del traslado del puesto de un lugar a otro, los materiales e instrumentos se pueden contaminar; el nuevo lugar de ubicación puede no tener un piso adecuado para asegurar la estabilidad de la mesa de trabajo, el correcto resguardo de los materiales, entre otros.

2. Al existir con el fin de que sean fácilmente trasladables de un lugar a otro y al no contar con un registro específico, para la autoridad es más difícil identificarlo y proceder adecuadamente en caso de que haya alguna irregularidad. El dueño del puesto puede ubicarse en un lugar en determinado momento y luego moverse a otro sitio, lo que torna considerablemente complicado el control de la autoridad sanitaria.

h)Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, consideran que la iniciativa es procedente en lo relativo a la prohibición de realizar estos procedimientos en puestos semifijos y ambulantes.

Además se propone cambiar la redacción de las palabras “estén” y “cuenten”, por su forma verbal en infinitivo - estar y contar - en congruencia con la redacción del artículo que se pretende modificar.

Por lo tanto, propone la siguiente modificación a la iniciativa:

Artículo 268 Bis-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes, y a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En caso de ser menor de 18 años, deberá estar acompañado de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o contarcon la autorización por escrito. La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización respectiva.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 268 BIS-1 DE LA DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 268 Bis-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes, a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En caso de ser menor de 18 años, deberá estar acompañado de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o contar con la autorización por escrito.

La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización respectiva.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 60 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A continuación le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de amigas y amigos de la Universidad Bicentenario del municipio de Tultitlán, estado de México. Invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Bienvenidas, bienvenidos amigos, aquí a San Lázaro. Si no les aplauden mucho es porque están muy entretenidos votando, pero sean bienvenidos.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado o alguna diputada falta por votar, por favor?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les recuerdo que vamos, inmediatamente después de esta votación, a pasar a discutir un siguiente dictamen y a su correspondiente votación inmediatamente terminada la discusión del mismo, para que tomen sus prevenciones y no se nos desbalaguen demasiado. A ver, la Secretaría.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Una vez más se les pregunta a los diputadas y diputadas que faltan por votar, que lo hagan por favor. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXIII Legislatura en la H. Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente Iniciativa, según lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados propone a esta H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y de determinar debidamente el alcance, de la Iniciativa materia de dictamen, tomo en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

I. En el apartado de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida proposición y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “Contenido”, se sintetiza el planteamiento del problema.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, las Comisiones dictaminadoras expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2015, la diputada federal Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, con base en lo reglamentado por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

2. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en su carácter de órgano legislativo ordinario de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, expresa que le fue turnada para su resolución y dictamen, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentada por la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el 28 de octubre de 2015.

3. En sesión celebrada de igual fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L.63-II-3-111, turnó para dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.

II. CONTENIDO

La Diputada proponente, menciona que impera una gran necesidad, de fortalecer las sociedades de solidaridad social, a través de reconocer el derecho al trabajo que tienen las personas, disminuir el número de socios y actualizar las leyes e Instituciones vigentes que tienen facultades y obligaciones en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

Asimismo, considera de gran transcendencia, el reducir el número de socios a un número, mínimo de diez miembros, siempre y cuando se garantice el adecuado funcionamiento de la sociedad de solidaridad social.

Puesto que en la vida fáctica, las sociedades que se conforman con el carácter de solidaridad social, muchas veces no reúnen el requisito de ser quince miembros, por lo que representa un obstáculo, para que se conformen, como tal, y cumplan el objeto de constituirse en una sociedad de solidaridad social, con el fin de crear fuentes de trabajo y destinar una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social.

III. CONSIDERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Esta Comisión considera importante, elaborar un cuadro comparativo, a fin, de citar, la norma establecida, en la legislación vigente de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, confrontándola, con el texto de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del mismo ordenamiento, de la Diputada proponente, para efecto de realizar un análisis teórico-conceptual.

PRIMERA.Esta Comisión considera, respecto a la adición, que pretende establecer, la diputada proponente, al artículo 1 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social consistente en agregar el concepto sin fines de lucro, que no se adecua, a la constitución de toda sociedad, puesto que toda sociedad que produzca algún servicio o producto, tendrá a cambio alguna remuneración.

A la luz de lo anterior, el objeto de la sociedad de solidaridad social, de conformidad con en el numeral 2 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, consiste en fomentar fuentes de trabajo bajo una perspectiva de Derecho humano, acorde a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de producir, transformar y comercializar los recursos que les ofrece la región o localidad donde viven, al hacerlo, se crea desarrollo y mejora las condiciones así como la calidad de vida de la localidad.

SEGUNDA.Por lo que hace a la adición del concepto sustentableal artículo 2 fracción III, esta comisión considera que es viable al regular la adecuada explotación de los recursos naturales ya que, al hablar de sustentable, se mandata explotar los recursos naturales como fuente de trabajo de manera racional, sin agotarlos y mucho menos, dañar o destruirla biodiversidad, el entorno y los recursos naturales existentes, por ser esenciales para la existencia y disfrute de las generaciones futuras.

TERCERA.Esta Comisión coincide con reducir el número de socios a un número mínimo de cinco miembros, siempre y cuando se garantice el adecuado funcionamiento de la sociedad de solidaridad social.

CUARTA.Esta Comisión reconoce la necesidad de actualizar la Institución que regulará la forma en que operen las sociedades de solidaridad social, por lo que es menester señalar que, en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se establezca que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(SEDATU) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STyPS), las responsables de regular las actividades de las sociedades de solidaridad social, puesto que en la anterior legislación de sociedades de solidaridad social, la Secretaría de la Reforma Agrariasólo era la encargada de regularlas.

En la actualidad, la Secretaría de la Reforma Agraria ya no existe, puesto que formalmente el ocho de septiembre del año dos mil nueve, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció su desaparición como una medida de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México en el período 2008 a 2009.

QUINTA. De la iniciativa propuesta por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, esta Comisión, resalta que de la reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social en sus numerales 28, 34 y 36, se desprende que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), tiene por objeto consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, la cual, trabajara en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encargada de las relaciones obrero-patrón, con la finalidad de fomentar la capacitación laboral en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido dicha propuesta de articulación institucional, responde a una actualidad compleja, a un mundo competitivo y de amplio desarrollo científico tecnológico, inmerso en el marco de la era del conocimiento, el cual, requiere desarrollar habilidades y competencias en las personas para adaptarlas a las mutaciones laborales existentes y de ésta manera incorporarlas exitosamente al mercado laboral, con el fin de mejorar sus ingresos con expectativas de calidad laboral y por ende bienestar social.

SEXTA.Esta Comisión coincide con la necesidad de establecer un marco legal de transparencia, para efecto de que, en el supuesto de recibir estímulos, franquicias o subsidios, la sociedad beneficiada debe de informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para efecto de transparentar y evitar un mal uso de los mismos, por ser acordes a los esfuerzos que en la materia está realizando el Estado Mexicano.

SÉPTIMA. Una vez recibida esta propuesta, fue enviada al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para analizar el impacto presupuestal de la propuesta de la Iniciativa, de acuerdo a lo anterior, dicho Centro de Estudios concluyó que “... de aprobarse, esta generaría un impacto presupuestario asociado a la creación de un registro de las Sociedades de Solidaridad Social constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para sus actividades, con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y destino de los recursos públicos.”

Al respecto, “El impacto presupuestario estimado de la creación del Registro de las Sociedades de Solidaridad Social, asciende a 13.9 millones de pesos (mdp) para el ejercicio fiscal 2016, conforme se señala en el Anexo Metodológico del mencionado estudio.”

OCTAVA.Por lo que es menester señalar que de conformidad con lo estipulado en la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, es de destacar, para el caso que nos ocupa, las atribuciones más representativas del Registro Agrario Nacional (RAN), establecidas en dichos ordenamientos legales, como lo es el llevar el registro y control de las sociedades, asimismo en los artículos 7 y 8 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se establece que el acta y las bases constitutivas de dicha sociedad se deberán inscribir en el registro que para tal efecto lleve la Secretaría de la Reforma (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Es decir, ya existe una estructura dentro de la SEDATU que realiza registros similares por lo que podría utilizarse dicha estructura y evitar el impacto presupuestal señalado anteriormente.

NOVENA.A la luz de lo anterior, esta Comisión, propone agregar a la propuesta de adición al artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Diputada proponente, un último párrafo consistente en:

“Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.”

Para quedar como sigue:

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios públicos necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos, podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

Las autoridades federales y los organismos creados por la Federación para la promoción y fomento de la industrialización, transformación y comercialización, deberán asesorar gratuitamente a las sociedades de solidaridad social, cuando sean requeridos para ello.

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios públicos las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.

DÉCIMA.Asimismo se considera, que la palabra públicos,que la Diputada proponente adiciona a este mismo precepto legal (art.36), en su primer y segundo párrafo, de la Ley Sociedades de Solidaridad Social, específicamente, donde hace alusión al término subsidios y agrega la palabra públicos, para conformar la palabra subsidios públicos, esta Comisión considera que no impera la necesidad de adicionar la palabra públicos,en virtud de que la esencia de la palabra subsidio, trae implícito el carácter de público, toda vez que consiste en una prestación o asistencia pública, basada en una ayuda o beneficio de tipo económico.

Y de conformidad con la Enciclopedia de la Política,esta palabra significa, en el ámbito económico, la entrega por el Estado de una subvención monetaria o de una ventaja medible en dinero a favor de una empresa o entidad pública o privada a fin de coadyuvar para el financiamiento de su actividad, bien sea la fabricación de bienes o la prestación de servicios. Por tal motivo se considera que dicha adición no es necesaria.

Por lo anteriormente vertido el primer y segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social quedaría como sigue:

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos, podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

DÉCIMA PRIMERA.Por lo antes expuesto y una vez examinado, estudiado y comparado la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, con la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del mismo ordenamiento, esta Comisión, coincide que la presente propuesta es necesaria para la actualización de la ley en comento, para efecto de que las sociedades de solidaridad social, tengan un marco regulatorio actualizado y acorde a las Instituciones existentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en consideración de las valoraciones realizadas, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General de la Unión, con fundamento en el artículo 72, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL

Artículo Único.-Se reforman los artículos 2o., fracción III; 4o.; 7o., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 28, fracción I; 34, primer párrafo; 36, primer párrafo y 39, fracción IV de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.-Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto:

I.-y II.- ...

III.-La explotación sustentable de los recursos naturales.

IV.- y V.- ...

ARTÍCULO 4o.- Para la constitución de la sociedad se requiere un mínimo de cinco socios.

ARTÍCULO 7o.- Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

...

ARTÍCULO 20.- ...

...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanoo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité ejecutivo o el financiero y de vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 28.-La Comisión de Educación, tendrá los siguientes objetivos:

I.-Procurar la educación para la totalidad de los socios, tomando como base los principios que consagra el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación.

II.- y III.-...

ARTÍCULO 34.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente ley, las siguientes:

I.- a IV.-...

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos,podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

...

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.

ARTÍCULO 39.-El comité liquidador tendrá las facultades siguientes:

I.- a III.- ...

IV.- Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en sus respectivos casos;

V.- y VI.- ...

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, a 23 del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica), presidenta; Yerico Abramo Masso, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Óscar Valencia García, Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Héctor Javier García Chávez, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), secretarios; José Teodoro Barraza López (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Luis Gilberto Marrón Agustín (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Evelio Plata Inzunza, Heidi Salazar Espinosa, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. Agradezco a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el trabajo realizado.

Las sociedades de solidaridad social son aquellas que se constituyen con el patrimonio de las personas que la conforman, en las cuales los socios principalmente ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, realizan actividades mercantiles en beneficio de sus familias y de la comunidad en general.

Estas sociedades tienen como principal objetivo la creación de fuentes de trabajo para sus integrantes. La práctica de medidas relacionadas con la conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación de los recursos naturales, la producción, la industrialización y comercialización de bienes y servicios, así como la creación de un fondo de solidaridad social que permita proveer de servicios médicos y educativos a los socios y sus familiares, entre otras actividades encaminadas para elevar la calidad debida y de la comunidad en general, para otorgarles reconocimiento legal, así como para delimitar sus funciones y alcances, este tipo de sociedades se amparan bajo las disposiciones contenidas en la denominada Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que fueran publicada en el Diario Oficial de la Federación hace casi 40 años, sin que hasta el momento haya sufrido reforma alguna.

Muchos han sido los acontecimientos y cambios políticos, económicos y sociales y culturales que han ocurrido en el devenir de las pasadas cuatro décadas, cambios que han generado nuevos panoramas para la creación y para el funcionamiento de estas sociedades.

En el reconocimiento de ello se estima por demás necesaria la adecuación del marco normativo que las regula, en aras de mejorar las condiciones en las que opera una de las organizaciones sociales más importantes para el sector de la economía social.

Como todo ordenamiento, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social requiere actualizarse a efecto de que esté en condiciones de reflejar la situación actual de su objeto y aplicación, que redunda en la satisfacción de las necesidades de las sociedades.

Es nuestro deber como legisladores reconocer los problemas ocasionados por el anacronismo de esta ley y encontrar los mecanismos necesarios para que las disposiciones sean el reflejo de esta realidad con su aplicación en la ley actualizada.

Con la adecuación y actualización de los artículos 2, 4, 7, 20, 28, 34, 36 y 39 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se consigue:

1. Que la explotación de los recursos naturales que emplean las sociedades para el desempeño de sus funciones, se lleve a cabo de manera sustentable con respecto a la disponibilidad de los recursos naturales del territorio nacional propiciando su regeneración.

2. Que para la constitución de una sociedad se requiera la unión de un mínimo de cinco socios en contraposición con los 15 requeridos previamente a la presente modificación. Esto responde a la necesidad de facilitar la constitución de sociedades, derivado de sus importantes funciones para la economía social al cumplimiento de los objetivos de la ley.

3. Que la autorización para la constitución de las sociedades sea provista por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en contraste con lo dispuesto en la legislación, que en este caso se actualizó, la cual dispone de manera anacrónica que tal permiso sería concedido por la Secretaría de Reforma Agraria fenecida en 2009.

4. Que los principios que orientan la educación proporcionada a los socios de las sociedades se ha establecido en la Ley General de Educación, misma que en 1993 abroga la Ley Nacional de Educación para los adultos a que hacía referencia la legislación que se actualiza, y que al momento de recibir estímulos, franquicias o subsidios, las sociedades sean sujetas de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, imponiendo también la obligación de informar a la autoridad sobre su uso y resultados derivados de su aplicación.

5. Como se aprecia, con el decreto que en este acto se somete a la consideración de esta soberanía, se actualiza la ley para dar certeza al funcionamiento de las sociedades. Asimismo facilita su constitución atendiendo las necesidades particulares del sector que la conforman, que se ha visto imposibilitado a obtener el reconocimiento legal por el número de personas que están en condiciones de conformarla.

Asimismo, se establecen nuevas obligaciones a cargo de las sociedades en materia de recursos proveniente del erario, lo cual posibilita la transparencia en el ejercicio de los recursos que provienen de los impuestos que pagamos todas y todos.

Para esta soberanía y las comisiones que la integran, es importante atender el dinamismo que caracteriza la legislación. Las leyes deben ser un reflejo de las condiciones actuales de esta esfera de competencia, también un medio por el cual se da certeza y certidumbre a quienes se ubican bajo estos supuestos. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández.

Está a discusión en lo general. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos integrada una lista de compañeras diputadas y de compañeros diputados.

Y tiene en consecuencia la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias. Amigas y amigos diputados, hoy venimos a confirmar y a aprobar, desde luego ir en pro de este dictamen que reforma la Ley de Sociedades de Solidaridad Social porque dará fortaleza a las microrregiones, contribuyendo a los emprendedores en las comunidades, generando con ello paz, armonía en muchos rincones de México.

Se trata de comuneros sin tierra, amigos diputados y amigas diputadas, comuneros que aportan su patrimonio para asociarse. La ley anterior les pedía 15 socios cuando menos, escuchamos en el dictamen que es un principio anacrónico. Hoy con cinco socios se les facilita y se simplifica su capacidad de asociarse en este anhelo de generación de empleos.

Por otro lado, tiene fortalezas este dictamen, sobre todo porque Encuentro Social está a favor de la creación de fuentes de empleos. Es un imperativo para nosotros como partido, Encuentro Social, todo aquello que genere empleos, que genere riqueza.

Por supuesto que también está a favor de prácticas tendientes a la conservación y mejoramiento de la ecología. Todo lo que tenga que ver a favor de la explotación sustentable de los recursos naturales vamos en pro, porque significa pensar en las futuras generaciones y por tanto en la regeneración de aquellos recursos explotados.

Ahí está la oportunidad que nosotros vemos en este dictamen, pero también hay ejemplos de éxito. Hay ejemplos de éxito, por ejemplo, en Costa Rica. Así como en este dictamen se le da facultades de fiscalización a la Sedatu, que era otro punto de anacronismo de esta ley, hoy se le da la oportunidad de crear un fondo de solidaridad para que aquellos estímulos, aquellos incentivos que se les dé a estas asociaciones se les pueda fiscalizar en una especie de tener rendición y transparencia de cuentas.

En Costa Rica, decía yo, tenemos ejemplos de éxito. Para que tengamos una idea. De los 7 mil millones de habitantes, mil millones de personas trabajan en este segmento de la economía en el sector cooperativo, digamos. Esa es la oportunidad que tenemos. Costa Rica pasó del 79 lugar de la economía en el mundo, al 58 lugar. Es decir es un modo de generación de economía, es un modo de generación de riqueza si sabemos estimular a la gente de estas condiciones que aportan su patrimonio con la idea de tener sociedades cooperativas responsables en la explotación sustentable.

En Estados Unidos el 30 por ciento de la producción agrícola nacional es procesada y comercializada a través, cerca de 3 mil 500 cooperativas activas en todo el país.

Otro dato más para terminar. En Dinamarca y Noruega entre 90 y 99 por ciento de este tipo de empresas, de sociedades, generan el 90 por ciento de dotación de leche. ¿Qué quiere decir esto?, que si bien estamos deteriorando la producción petrolera, los ingresos petroleros, tenemos que diversificar la economía y por eso para Encuentro Social este decreto, por modesto que represente, significa una oportunidad de generación de economía, de fortalecimiento financiero para ese segmento de la población noble, y en este caso vulnerable y que con este dictamen se robustece la producción de riqueza, porque representa empleos para la sociedad. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra, de Nueva Alianza, el diputado Ángel García Yáñez, hasta por tres minutos.

El diputado Ángel García Yáñez:Es necesario que la ley sea clara y precisa. Ése es el objetivo de esta reforma. Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social que propone a esta asamblea, y por el que se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

La finalidad de la reforma que plantea la comisión radica en la necesidad de adecuar el texto de la ley referida en cuanto a la institución a la que corresponde regular las sociedades de solidaridad social.

Lo anterior, para que se establezca claramente que son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las autoridades responsables de regular las actividades de las sociedades de solidaridad social.

Como todos sabemos, la Secretaría de la Reforma Agraria dejó de existir desde 2009; sin embargo, la ley vigente se sigue refiriendo a esta como autoridad responsable.

Según el artículo 2o. de la ley, las sociedades de solidaridad social tienen por objetivo la creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas que tienden a la conservación y mejoramiento de la ecología. La explotación racional de los recursos naturales, la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios; la educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social, entre otros.

Este precepto nos muestra la importancia para que la vida de las y los mexicanos tienen este tipo de sociedades, y por lo que es necesario que la ley se actualice respecto a la denominación de la Secretaría responsable de regular estas sociedades.

Aunado a lo anterior, la reforma propuesta por la comisión incluye la obligación de sociedades de informar a la Sedatu sobre el uso y los resultados derivados de los estímulos, franquicias o subsidios que hubieran recibido. Lo anterior a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Para Nueva Alianza la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones imprescindibles para el ejercicio de gobierno y mejorar la manera de dignificar la política. Por este motivo, votaremos a favor del presente dictamen, con la convicción de que estas medidas coadyuvarán a conseguir los objetivos de desarrollo que merece el país.

Podemos mejorar, hagámoslo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Buena tarde. Gracias, presidenta, muy amable. Considerando la gran oportunidad de hablar de justicia social a través de este posicionamiento en el que mi fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano manifiesta el respaldo al gran trabajo que hemos realizado en esa Comisión de Fomento Cooperativo, presento ante ustedes una reflexión precisa y real respecto de la gran oportunidad que tenemos para poder trascender en el ámbito de la economía social y llevar esa justicia tan anhelada al pueblo de México.

La Ley de Sociedades de Solidaridad Social se constituye sobre la base de la propiedad colectiva de un patrimonio, teniendo por objeto la promoción del trabajo, la integración de grupos para bienestar, respetando la explotación y sustentando los recursos naturales, produciendo, generando riqueza, generando ese gran sabor de boca de saber que en lugar de dádivas recibe oportunidades de salir adelante.

En el devenir histórico de esta sociedad y el de la propia sociedad en general, se han generado cada día nuevas demandas de información y rendición de cuentas. Esta forma de sociedad de carácter democrático permite el acceso a la información, para que conozcamos qué sucede con esos recursos que se inyectan a esas sociedades de solidaridad social y qué es lo que hace la unidad administrativa o el gobierno en aras de fortalecer a estos grupos sociales.

El reto de la transparencia, es entenderla más allá del acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados. La trasparencia debe servir para justificar la esencia del Estado, se trata de una terea fundamental en la construcción y consolidación del Estado democrático.

Por eso aplaudo que el día de hoy todos nosotros tengamos oportunidad de incidir, porque resalto el tema, que las reformas estructurales que se modificaron en el 2009 no fueron actualizadas oportunamente, por eso invito al Ejecutivo federal a que en lo subsecuente se vincule con el Legislativo para que al mismo tiempo se cree un ente público que genere esas respectivas actualizaciones de las leyes en la materia.

Por otro lado, hago mención que las empresas socialmente subsisten con mucho esfuerzo, y más cuando se trata de consolidar y de crecer en patrimonio social. Primero por carecer de cultura organizacional, de capacitación, de oportunidad de desarrollo técnico.

Por eso es necesario que trabajemos en conjunto como lo hicimos en esta ocasión para poder fortalecer a esos grupos vulnerables de ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas o personas que tengan la idea de generar riqueza a través de la organización de sociedades. Resalto la unidad y el trabajo de equipo para dar un paso al éxito socialmente empresarial.

Nuestro grupo parlamentario irá a favor por el gran compromiso que se tiene con la ciudadanía, resaltando la actividad del sector campesino y a todos los grupos sociales para buscar consolidar el crecimiento de las sociedades en solidaridad.

Solo falta trabajar los esquemas de incentivos fiscales. Sabemos que con base a sus ingresos es como tributan. Aun así, es necesario exenciones para beneficiar al sector social bajo el esquema de mejores metodologías que ayuden a reducir las cargas fiscales que les permitan poder impulsar más su desarrollo.

Si trabajamos estos mecanismos, las regiones podrán alcanzar riqueza social, mejor calidad de vida, y sobre todo, esa justicia tan ansiada que se necesita para seguir adelante.

Celebro la gran oportunidad del Ejecutivo federal de promulgar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en referencia al artículo 260, del artículo 14, respecto de las sociedades por acciones simplificadas, en donde la Constitución de una sociedad ya no va a ser necesaria si existe la oportunidad de que sea de una o más personas físicas pero que no rebase los cinco millones, no tendrán que ser inscritas ante notario público.

Esto es un incentivo para que sigamos asociándonos y sigamos generando riqueza en aras de un México más equitativo, más solidario, y sobre todo, que fomente la creación de cooperativas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto a los alumnos de Casa de la Cultura, Cecytec y CBTA, del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, invitados por el diputado Hugo Cabrera.

Y ahora tiene la palabra, también hasta por tres minutos, para hablar también sobre el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, por favor.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, diputada presidenta. La aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentada el 28 de octubre de 2015 ante la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, significa un gran avance en materia de integración de sociedades de solidaridad social; toda vez que en dicha iniciativa se contempla reducir el número de miembros para conformar una sociedad de solidaridad social con un mínimo de cinco socios, lo que genera un impacto positivo y de gran trascendencia en la economía social.

Puesto que en la vida fáctica las sociedades que se conforman con el carácter de solidaridad social muchas veces no reunían el requisito de ser 15 miembros, como lo contemplaba el texto vigente de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social en su artículo 4o., lo que representaba un obstáculo para que se conformaran como tal y cumplieran el objeto de constituirse en una sociedad de solidaridad social, con el fin de crear fuentes de trabajo y destinar una parte del producto del mismo a un fondo de solidaridad social.

Asimismo, con la reforma prevista a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social se logra consolidar el impulso para una economía social que produzca, transforme y comercialice los recursos con los que cuentan las personas de las distintas regiones, y al hacerlo se crea desarrollo y mejora en las condiciones, así como en la calidad de vida de las mismas.

De tal modo que esta reforma trae aparejados cambios significativos de gran trascendencia, como lo es también la visión del artículo 2o., fracción III, de la palabra sustentable, puesto que regula con dicha adición que la explotación de los reclusos naturales sea de manera racional, sin agotarlos y mucho menos sin dañar o destruir la biodiversidad, el entorno y los recursos naturales existentes, por ser esenciales para la existencia y disfrute de las generaciones futuras.

Es decir, la presente reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social surge como una respuesta a la necesidad que existía en relación de actualizar las instituciones encargadas de regular la forma en que operarán las sociedades de solidaridad social, así como también el implementar la transparencia para efecto de que, en el supuesto de recibir estímulos, franquicias o subsidios, la sociedad beneficiada informe su uso y resultado, derivado de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para efecto de transparentar y evitar un mal uso de los mismos, por ser acorde a los esfuerzos que en materia está realizando el Estado mexicano.

Para concluir el tema de la reforma en comento, concluyo que es un avance para el crecimiento de la economía social y que tiene un carácter noble, pues el espíritu de la iniciativa aprobada es poder crear más fuentes de trabajo y de forma paritaria mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan, situaciones que hacen que el país crezca en conjunto, ya que no hay que olvidar que México somos todos.

Compañeras y compañeros, Morena votará a favor de la siguiente iniciativa, y pido a esta soberanía que emitan su voto en el mismo sentido, puesto que de aprobarse la reforma a la Ley de Solidaridad Social, se estará fomentando la creación de empleos formales para los campesinos, subsidios por parte del gobierno para así generar una mejor calidad de vida y plasmar en una ley los derechos sociales. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también, hasta por tres minutos, el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Virgilio Mendoza Amezcua:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que el día de hoy se pone a nuestra consideración está basado en dos ideas significativas para apuntalar y optimizar nuevas formas de organización en el seno del campesinado mexicano, por lo que nuestro voto será a favor.

En primer lugar se pretende actualizar leyes e instituciones vigentes en término de las obligaciones y facultades de las cuales son responsables. En segunda instancia se busca reconocer el derecho al trabajo de cientos de ejidatarios que diariamente laboran en nuestro país. Las sociedades de solidaridad social en la actualidad son organizaciones sin fines de lucro que deben ser alentadas para crear nuevas fuentes de trabajo bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y de fomento de la solidaridad social, pero con la vigorosa convicción de mantener su carácter de respaldo comunitario hacia actividades que contribuyan a mejorar el desarrollo de las condiciones de su localidad, así como avanzar en términos de la calidad laboral y ensanchar el nivel de bienestar de sus participantes.

Lo anterior se logra a través del reconocimiento del derecho al trabajo que tienen las personas y de la disminución del número de socios necesarios para conformar sociedades solidarias al pasar de 15 miembros a cinco, lo cual es una reducción sustantiva de dos tercios en los sujetos antes requeridos para su constitución.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde resaltamos la importancia de la inclusión en la presente propuesta de reforma de uno de nuestros principios políticos, es decir el desarrollo sustentable.

El concepto de explotación sustentable de los recursos naturales, el cual se registra en el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, pone énfasis en la trascendencia que tienen nuestras decisiones para no comprometer la subsistencia de las generaciones futuras, con la substancial premisa de cuidar responsablemente el patrimonio que representan los elementos de la naturaleza.

Al hablar de la explotación sustentable hay que recalcar que se mandata utilizar los recursos naturales como fuentes de riqueza de manera racional, sin agotarlos y mucho menos dañas y destruir la biodiversidad o el entorno, por ser estos esenciales para el disfrute de las generaciones futuras.

Por último, reconozco la necesidad de consolidar una propuesta integral de interacción institucional de tres distintas secretarías. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Desarrollo Territorial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá verse reflejada en un mayor y mejor coordinación en beneficio de los intereses de las y los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Javier García Chávez –también por tres minutos–, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Héctor Javier García Chávez:Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. El dictamen que se nos presenta el día de hoy contempla la actualización de la ley, una tarea importante que esta honorable Cámara tiene para mantener la debida vigencia del marco normativo que rige las funciones del Estado y precepta la correcta regulación en sus ciudadanos; pero además la ley en cuestión es una de las leyes que asegura medidas que favorecen a las personas en situación de paro laboral, una figura asociativa que les permita a estas en situación de para laboral, el aprovechamiento de su capacidad para realizar trabajo.

Cuando el sistema económico no puede generar los suficientes puestos laborales o bien la evolución misma del mercado de trabajo, imposibilita la absorción de los suficientes trabajadores, genera con ello desocupación y desempleo abierto.

Las sociedades de solidaridad social se constituyen como las figuras asociativas a través de las cuales las personas pueden acumular la suficiente fuerza de trabajo para emprender esquemas productivos donde se aproveche su capacidad laboral.

Por supuesto de forma inherente las sociedades de solidaridad social privilegian el valor del trabajo en entornos productivos asociativos, favoreciendo un mayor equilibrio con el capital.

Las condiciones del mercado laboral en México han evolucionado incrementando el grado de calificación, un mayor rango en el ingreso y con la relocalización de las actividades industriales a nivel global, una mayor globalidad, horizontalidad y verticalidad en los puestos de trabajo por ramas de actividad económica.

Lo que no ha sido posible con estos cambios en el mercado laboral, es disolver la segmentación tradicional, así como tampoco se ha podido lograr abatir el desempleo abierto y la desocupación. Esto es particularmente preocupante para los jóvenes que no logran continuar sus estudios, que se enfrentan a un mercado de trabajo cuyas exigencias y se excluye con lo que se desaprovecha su capacidad de trabajo.

Pero también es preocupante para las personas adultas que no logran la calificación académica exigida, aun cuando han desarrollado competencias laborales y que se ven igualmente excluidas del empleo.

Es cierto que el mercado de trabajo se ha vuelto más dinámico y global, pero en México son persistentes la segmentación, la desocupación y la falta de empleo suficiente.

En un examen crítico del mercado laboral en México, es notorio que las medidas de ajuste estructural impulsadas desde hace dos décadas, no han sido capaces de resolver los problemas estructurales de desocupación y desempleo. Ello hace necesario asegurar alternativas que permitan evitar el paro laboral.

Es por ello que iniciativas como la que se presentan, presentan la necesidad de seguir promoviendo figuras asociativas que brinden oportunidades productiva en la actualidad, en el marco institucional con lo que hoy se presenta se mantiene vigente.

Celebramos con ello que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social nos presente este dictamen en sentido positivo. Reconocemos la importante labor de la comisión y el impulso que se da en este dictamen al sector social de la economía, como un sector estratégico en el desarrollo social y en este marco en el fomento de las figuras asociativas.

El Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor de esta iniciativa, pues significa la posibilidad de seguir impulsando estas figuras asociativas del sector social de la economía.

Concluyo señalando, que para el Grupo Parlamentario del PRD, el impulso al sector social de la economía es un punto crucial de la agenda nacional progresista en el marco de las políticas de desarrollo social. Es cuanto señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Central de Cuautla, Morelos, invitados por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera.

Saludamos también la presencia de alumnos de la Universidad Politécnica de Guanajuato, invitados por el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por tres minutos.

El diputado Luis Fernando Antero Valle:Con su venia, diputada presidenta. Hoy es un buen día para el Partido Acción Nacional porque éste ha sido el promovente de la iniciativa que el día de hoy discutimos y que votaremos en este dictamen sobre la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Por cierto, primera reforma que tendrá esta ley desde su expedición en el año de 1976.

Pero cabe destacar que, gracias a la iniciativa presentada por nuestra compañera Eloisa Chavarrias Barajas, es a quien agradecemos a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional como promotora de esta nueva reforma.

Esta ley tiene como propósito fomentar la organización de las sociedades de solidaridad social, para: crear fuentes de trabajo; conservar el medio ambiente; explotar racionalmente los recursos naturales; y producir, industrializar y comercializar bienes y servicios particularmente en beneficio de ejidatarios, en beneficio de comuneros, en beneficio de campesinos sin tierra y parvifundistas, a través todo ello de un Fondo de Solidaridad Social que se integra por la aportación de socios y donativos de parte de instituciones oficiales, personas físicas y personas morales.

De ahí que sea necesario flexibilizar la integración de este tipo de organizaciones, disminuyendo el número de integrantes para su constitución, así como actualizar diferentes preceptos que en términos de nuestro marco jurídico y las políticas públicas establecidas han cambiado de denominación, como es el caso de la secretaría responsable de los sujetos agrarios; o también, el tema de la sustentabilidad, que el día de hoy demandan acciones integrales de diversos frentes, que en este dictamen se privilegia como uno de los objetivos de estas organizaciones.

Sin duda uno de los aspectos fundamentales que propusimos reformar es el relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, tema en el que nuestro Partido Acción Nacional ha estado insistiendo en la gran mayoría de iniciativas que hemos presentado como una demanda que exige la ciudadanía, pero también como una obligación que tiene el Estado mexicano de informar sobre el destino de los recursos públicos.

No es posible que esta ley mantenga en una de sus disposiciones que los subsidios, franquicias y demás apoyos que les otorgue el Ejecutivo federal se den de forma discrecional. Por lo que propusimos eliminar esta fuente de opacidad y establecer la responsabilidad que tienen las sociedades de solidaridad social de sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas, de los recursos públicos.

Asimismo, este dictamen retoma la inquietud de conocer cuántas organizaciones de solidaridad social existen, quiénes reciben diversos beneficios fiscales y cómo los utilizan, así como conocer qué tipo de actividades se están actualmente desarrollando. De tal forma que se establece que el acta y las bases constitutivas de cada sociedad, el uso y resultados de los recursos públicos se conozcan a través del registro que para tal efecto lleve la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En suma, con estas reformas logramos una ley que nos permita incidir en uno de los grupos de población más vulnerables; los grupos agrarios, a quienes les debemos mejores leyes, más apoyos y sobre todo políticas públicas efectivas que incidan en su bienestar y en elevar la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, quiero reconocer el responsable trabajo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a los diputados integrantes de la misma y en particular al cuerpo técnico de la misma, que propuso modificaciones relevantes en aras de no generar un impacto presupuestal y mejorar la técnica legislativa. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto, a un grupo de personas representantes de comunidades de Ocosingo y Marqués de Comillas, del estado de Chiapas, invitados por la diputada María Soledad Sandoval Martínez. Bienvenidas y bienvenidos. Tiene la palabra por tres minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Alma Lilia Luna Munguía.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre de mi grupo parlamentario, el PRI, para respaldar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, misma que pone a consideración de este pleno.

La reforma propuesta tiene por objeto que la Ley de Sociedades de Solidaridad Social se armonice de acuerdo a las instituciones vigentes y facilite la conformación de sociedades de solidaridad social, con ello la creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas que tiendan a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios.

Esto quiere decir que se armoniza la Ley de Sociedades de Solidaridad Social al determinar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son las responsables de regular las actividades de las sociedades de solidaridad social.

Esta reforma también ofrece mejores condiciones para la constitución de las sociedades de solidaridad social, al reducir su número de socios de 15, que la actual ley establece a un mínimo de cinco.

Con estas modificaciones los grupos pequeños tendrán ventajas para constituirse, por lo que es más funcional que en menor cantidad de integrantes tendrán mayores oportunidades de organización y constitución.

En referencia a modificar la palabra de explotación racional de los recursos naturales al concepto de sustentable, se permite explotar los recursos naturales como fuente de trabajo de manera racional, sin agotarlos y mucho menos dañar o destruir la biodiversidad, el entorno y los recursos naturales, por ser esenciales para la existencia y disfrute de las generaciones futuras.

Con la propuesta de reforma que hoy votaremos, se evita el impacto presupuestario asociado a la creación de un registro de las sociedades de solidaridad social constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para sus actividades, con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y destino de los recursos públicos, ya que estas facultades las conserva actualmente el Registro Agrario Nacional, de acuerdo a lo que establece la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.

Por lo tanto, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social solo se actualiza a las instituciones vigentes y a las necesidades de los grupos sociales.

Con estas reformas y al pretender con ellas constituir más grupos en sociedades de solidaridad social, se mantiene activa y formal la economía del país, beneficiando con ello varios sectores sociales de la economía y a comunidades completas.

Hoy México se encuentra el desafío de seguir un modelo de desarrollo productivo y seguir participando de manera activa en los organismos multilaterales, con objeto de coadyuvar en la reglamentación y afinación de políticas públicas que tengan como fin el desarrollo social y la preservación de una nación económicamente activa.

Recordemos, que México necesita continuar con la activación de su economía y podemos contribuir con ello a reformar y a actualizar la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

En el Grupo Parlamentario del PRI queremos un México en donde los ciudadanos, autoridades y representantes populares compartan los mismos valores, actúen bajo los mismos principios éticos, hermanados por la confianza y el trabajo solidario, para conseguir mejores condiciones de desarrollo para todos.

Hoy proponemos soluciones en beneficio de la economía y del pueblo mexicano, por ello aprobaremos las modificaciones propuestas en el dictamen que hoy se presenta. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

Agotada la lista de oradores, y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Algún diputado, alguna diputada falta? Ahí viene. Está abierto el sistema. Una vez más se pregunta a los diputados, a las diputadas si faltan por votar, por favor. Adelante. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 408 votos a favor, sin abstenciones y ninguno en contra.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por 408 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social y pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez cause alta como secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Gretel Culin Jaime cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Gretel Culin Jaime cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause baja como suplente de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

• Que el diputado Cándido Ochoa Rojas cause alta como suplente en la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza cause baja como integrante del Grupo de Trabajo en materia de seguridad y justicia.

• Que la diputada Soralla Bañuelos de la Torre cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo en materia de seguridad y justicia.

• Que el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza cause baja como integrante del Grupo de Trabajo en materia de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo en materia de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que la diputada Soralla Bañuelos de la Torre cause alta como integrante en la Comisión de Justicia

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Alejandro González Murillo cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

IMPLEMENTE CAMPAÑAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE OVARIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente campañas en las entidades federativas para la detección temprana del cáncer de ovario, es una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes:Con la venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados de esta LXIII Legislatura, medios de comunicación que nos acompañan, mexicanas y mexicanos que nos ven por el Canal del Congreso, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la salud de todos los mexicanos como principio fundamental para gozar de una calidad de vida digna, es por ello que se crea el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos como parte del sistema de protección social en salud, el cual tiene como finalidad la atención de los servicios médicos de alta especialidad para las personas que no cuentan con seguridad social y que padecen de enfermedades de alto costo, que provocan fuertes gastos financieros que ponen en riesgo su patrimonio familiar.

Cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud refieren al cáncer como la primera causa de muerte en el mundo. Este padecimiento es de alta incidencia en nuestro país, por lo que de acuerdo con el censo de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, el número de defunciones por cáncer se incrementó entre los años 2004-2013 en México.

El cáncer de ovario representa el tercer tipo de cáncer ginecológico más frecuente en la población femenina. Históricamente se le ha llamado el asesino silencioso, pues no representa síntomas o signos específicos en la etapa inicial, por lo que se manifiesta en etapa avanzada, cuando las posibilidades de curación son escasas.

El cáncer de ovario se origina por tres tipos de células epiteliales, germinales y células del estroma. Lamentablemente ocho de cada 10 mujeres son diagnosticadas de forma tardía debido a que sus síntomas son confundidos con padecimientos comunes para las mujeres como la colitis, cistitis, gastritis, inflamación pélvica y la parasitosis.

En 2012 se incluyó al cáncer de ovario en la cobertura del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, esta medida únicamente contemplaba la atención del cáncer de ovario de tipo germinal, el cual padecen un porcentaje mínimo de las pacientes, lo que provocó que se dejará sin cobertura a las mujeres que padecen cáncer de ovario de tipo epitelial, el cual se presenta con mucho mayor frecuencia en la población.

El pasado 8 de marzo de la presente anualidad en el contexto del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto dio a conocer la ampliación de la cobertura del Seguro Popular para que éste incluya el diagnóstico y tratamiento para los tipos de cáncer de ovario.

Es aplaudible este gesto de nuestro presidente de la República, por lo que esta decisión merece nuestro reconocimiento y respaldo, ya que con ello da solución a todas aquellas mujeres que se ven afectadas por teste padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Secretaría de Salud, para que de manera periódica implemente programas de campaña en cada una de las entidades federativas para la detección precoz del cáncer de ovario. Los invito a votar favor sobre este exhorto y punto de acuerdo, y le podemos dar este beneficio a todas las mexicanas de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar en las entidades federativas campañas para la detección temprana del cáncer de ovario, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salomón Fernando Rosales Reyes, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos atribuye el derecho a la protección de la salud a toda persona, estableciendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, con aplicación en toda la República, lo señala el artículo 1o. de la Ley General de Salud y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 2o. de la misma ley, señala que el derecho a la protección de la salud, contendrá lo siguiente:

I. El bienestar físico y mental de la persona,para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III.La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V.El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI.El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII.El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es parte del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), mismo que busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen de enfermedades de alto costo que puedan poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

El Reglamento General de Salud en Materia de Protección Social en Salud establece en su artículo 99 la definición de las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, y los materiales asociados que generan gastos catastróficos será responsabilidad del Consejo de Salubridad General, estará sujeta a revisión y actualización periódica.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), refieren al cáncer como la primera causa de muerte en el mundo.

Este padecimiento es de alta incidencia en nuestro País y se ubica como la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas.

De acuerdo con el censo de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, siendo este de 718 mil 424 personas, de las cuales 351 mil 923 casos se trataron de personas del sexo masculino; mientras que 366 mil 458 se trató de casos femeninos.

En México el cáncer de ovario representa el tercer tipo de cáncer ginecológico más frecuente en la población nacional, pero éste ocupa el segundo lugar por causa de muerte.

Históricamente se ha llamado al cáncer de ovario “el asesino silencioso”, pues no presenta síntomas o signos específicos particularmente en etapa inicial, por lo que se manifiesta en etapa avanzada, cuando las posibilidades de curación son escasas. Entre las señales más comunes que se pueden manifestar en etapa temprana pueden ser inflamación, dolor en la pelvis o en el abdomen, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer y síntomas urinarios.

La detección del Cáncer de ovario requiere de pruebas que examinan el área de la pelvis, la sangre, los ovarios y su tejido, en el cual el médico explora el cuello uterino para descartar cualquier signo de enfermedad.

Dicho cáncer, se origina de 3 tipos de células: epiteliales, células germinales y células del estroma. Aproximadamente el 90 por ciento de los casos de cáncer de ovario son del tipo epitelial, que es la forma más frecuente de los 3 tipos histológicos y desafortunadamente una de las principales causas de muerte por cáncer del aparato reproductor femenino, al ser una enfermedad con sintomatología insidiosa e inespecífica, que lamentablemente tiene una mortalidad extremadamente alta.

Los tumores epiteliales se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario, estos reciben el nombre de carcinomas.

El cáncer epitelial de ovario constituye de 80 a 90 por ciento de todos los tumores malignos del ovario, de estos, 5 a 10 por ciento de ellos se encuentran dentro de los síndromes hereditarios. El diagnostico puede realizarse posterior a la menopausia, la edad promedio de presentación es a los 63 años.

En 2012, se incluyó al cáncer de ovario en la cobertura del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Sin embargo, esta inclusión solo contempló la atención del cáncer de ovario de tipo germinal, que es el que padecen un porcentaje mínimo de las pacientes, y con ello se dejó sin cobertura a las mujeres que padecen cáncer de ovario de tipo epitelial, el de mayor incidencia en la población.

La cobertura de cáncer de ovario en el Seguro Popular ha sido parcial, pues solo incluye el de tipo germinal, que representa aproximadamente el 5% de las pacientes, por lo que se deja desprotegidas al 95% con cáncer epitelial de ovario.

Los métodos de detección de cáncer de ovario están fuera del alcance económico de la mayoría de las mujeres del país, lo que esto genera que su prevención sea casi inexistente y el tratamiento comience cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, ocasionando con ello mayor tasa de mortalidad.

El artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, señala el derecho que tienen todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, siendo este un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Son importantes todos los esfuerzos que como servidores o funcionarios públicos se realicen en pro de la salud de los ciudadanos mexicanos, las Instituciones de los tres órdenes de Gobierno, están obligadas a generar mecanismos que conlleven a combatir estos padecimientos, para lograr contener y a su vez disminuir los casos de Cáncer en mujeres, en el País.

Por lo que en este sentido es importante que el sector salud lleve a cabo periódicamente la implementación de programas de campañas para la detección precoz del cáncer de ovario, en el cual se pueda dar atención primaria a dicho padecimiento, y este se reconozca como un problema de salud pública que afecta tanto a quien lo padece como a las familias y a su entorno social y laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que de manera periódica implemente campañas en las entidades federativas, para la detección temprana del cáncer de ovario y se les brinde atención adecuada y oportuna.

Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rosales. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se considera de urgente resolución. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que había habido un consenso tal que ya con la fundamentación que se daba del punto de acuerdo –del que ya se ha dado cuenta también a la asamblea– no habría posicionamientos de los grupos parlamentarios al respecto, en consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo propuesto.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mercado, a la izquierda viendo desde acá. Victoria Mercado.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (desde la curul): Muy bien, presidente, muchas gracias. El día de hoy mientras se discute en este Congreso de la Unión si el punto en comento es de urgente u obvia resolución, están falleciendo siete mujeres a causa de cáncer de ovario, por ello el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincide con el diputado proponente.

Compañeros legisladores, el cáncer de ovario es considerado, como decía el compañero, como un asesino silencioso, ya que todos los tipos de neoplasias de la mujer es que con mayor facilidad nos lleva a la muerte. Por esta razón se insiste en la detección oportuna, así que vamos tarde porque no se han creado las condiciones para su prevención y acción. En la actualidad no existen campañas de difusión respecto al cuidado y prevención de esta enfermedad.

Según las investigaciones realizadas en el Hospital de la Mujer, los índices de sobrevivencia dependen en todo caso de la etapa en la que sea detectado el cáncer. Entre más temprano se realice el diagnóstico, más probabilidad de recuperación tiene la paciente. Por eso estamos a favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. Así votó a favor, yo la vi desde acá. Qué bueno.

Saludamos la presencia de alumnos destacados de primaria en la Olimpiada del Conocimiento, de la zona escolar 215 de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada vicepresidenta Daniela de los Santos. Bienvenidas y bienvenidos a los alumnos de excelencia; de esos queremos que haya muchos en el país.

CONCLUYA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PASEO DE LA REPÚBLICA A LA DESVIACIÓN A SAN MIGUEL DE ALLENDE, UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL 57, QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora igualmente con una propuesta de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución tiene la palabra por cinco minutos el diputado Armando Rivera Castillejos, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se concluya la obra de ampliación de Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, ubicada en la carretera federal 57 Querétaro-San Luis Potosí, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos:Muchas gracias, presidente. Honorable asamblea, mis compañeros diputados federales del Partido Acción Nacional por Querétaro María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gerardo Cuanalo Santos, María García Pérez, Apolinar Casillas Gutiérrez y un servidor, presentamos a la consideración de ustedes una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República a la desviación de San Miguel de Allende, tramo kilómetro 15 al 18, ubicada en la carretera 57 Querétaro-San Luis, tomando en cuenta lo siguiente:

El proyecto de ampliación de Paseo de la República comenzó en el año 2010 con una primera etapa a cargo del entonces gobernados José Calzada, hoy secretario de la Sagarpa.

La segunda etapa del proyecto que aún está pendiente de conclusión, dio inicio en el año 2013, es decir, lleva tres años y lleva dos años de retraso y todavía le falta un año más. Se llevará a cabo en cuatro años, y dos directores del centro SCT en tan sólo tres kilómetros de construcción.

No cabe duda, hay indicios de que es el kilómetro más caro y más lento que ha construido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que para el desarrollo de esta segunda etapa el gobierno federal incorporo la participación de empresas como Constructora Organizadora Ixtapan, S. A., que junto con el gobernador Calzada han dejado inconclusa y que no es posible que deje tirado al estado de Querétaro y sea premiado con una secretaría. Pero de este tema hablaremos en otra ocasión.

Hoy, el informe del resultado de la Auditoría Superior de la Federación concluye que en términos generales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

Se determinaron pagos improcedentes de 46.7 millones de pesos por obra pagada que no se ejecutó; 22.3 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto; 3.1 millones de pesos por servicios que no se prestaron. En resumen, el desfalco suma 73 millones de pesos.

La información que he mencionado nos da muestra de la colusión del gobierno federal con el anterior gobierno estatal de Querétaro para desviar recursos públicos. Por lo tanto, señoras y señores diputados, votemos a favor de un exhorto al Ejecutivo federal a través de la SCT a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República, tramo kilómetro 15 al 18, ubicada en la carretera 57 Querétaro-San Luis, e informe a la opinión pública de manera detallada quiénes participan en su construcción, las razones por las cuales no fue entregada a tiempo, pero sobre todo, insisto, en que concluyan la obra en comento.

Es deber de los legisladores vigilar el destino y la aplicación efectiva de los recursos públicos que esta Cámara le autoriza al Ejecutivo para su ejecución. Es cuanto señor presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a concluir por la SCT la ampliación de Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Armando Rivera Castillejos, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, María García Pérez y Apolinar Casillas Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo federal, a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República, a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 28+000, situada en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, presentado por el gobierno federal incorporó como una de sus líneas de acción en materia de comunicaciones: “ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento”. En el mismo sentido, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 estableció entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción “contar con una red troncal carretera segura, completa y en buen estado que conecte las regiones estratégicas del país y permita disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado”. Por su parte, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, del gobierno federal señala en su compromiso de gobierno número 092, la obra para “Ampliar el Paseo de la República de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende, en Querétaro. Con el fin de contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad”.

Segunda. La carretera federal 57, en su tramo Querétaro-San Luis Potosí es, como su nombre lo indica, competencia del gobierno federal por cuanto a su modificación o mantenimiento. Esta vía forma parte del corredor México-Nuevo Laredo, considerado como el de mayor trascendencia nacional y comercial, por el volumen de carga y pasajeros que a diario se trasladan a través de esa vía.

Tercera. El Proyecto de Ampliación del Paseo de la República de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, del kilómetro 9+000 al 15+000 en ambos sentidos, comenzó en 2010 con una primera etapa, a cargo del entonces gobernador del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para construir el corredor vial urbano de 6 kilómetros de Jurica a Juriquilla y ampliar de 4 a 12 carriles, con una inversión federal de 257 millones de pesos, para beneficiar a 57 mil vehículos y 750 mil usuarios que transitan por la zona y se trabajó con constructores locales. Este tramo se concluyó en diciembre de 2010.

La segunda etapa del proyecto, que aún está pendiente de conclusión, dio inicio en 2013 y consiste en: La ampliación de la carretera federal México 057, Querétaro-San Luis Potosí, del kilómetro 15+000 al 20+000, con una inversión que ronda los 500 millones de pesos.

“El proyecto consiste en la construcción de tres carriles laterales por sentido en el subtramo del kilómetro 15+000 al 18+000 y del kilómetro 18+000 al 20+000; en ambas secciones –Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo a las declaraciones hechas en diversos medios de comunicación, durante 2014, por entonces titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Querétaro la obra sería entregada a los ciudadanos a principios de 2015 y para su desarrollo el gobierno federal incorporó la participación de empresas como Constructora Urbanizadora Ixtapan SA (Cuisa).

Cuarta. No obstante la importancia de esta vía federal para los usuarios y vecinos de las zonas aledañas a la obra, no se observa una pronta conclusión de los trabajos y tampoco se tiene información oficial respecto al avance y fecha de conclusión.

Es deber ineludible del gobierno federal proporcionar información clara y accesible a los ciudadanos respecto a las tareas que desempeña, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en este caso, con relación a un proyecto carretero de influencia nacional.

En tal sentido, es conveniente que la citada dependencia federal informe puntualmente sobre los avances de la obra, las modificaciones que se hubieran realizado, los constructores involucrados, la fecha de terminación y el monto total de recursos invertidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República, a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 28+000, situada en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, e informe a la opinión pública de manera detallada quiénes participan en su construcción y las razones por las cuales no fue entregada en el tiempo estimado.

Notas:

1 http://www3.queretaro.gob.mx/sduop/obrasestrategicas.aspx? q=0Uv4/vE5RX9PUwAe4mwtMRenj3v72lqK

2 http://www.queretaro.gob.mx/documentos_interna1.aspx? q=vUYGbsxLnlj2JbKxdg6qNUntEchV94lD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados y diputadas Armando Alejandro Rivera Castillejos,María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, María García Pérez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rivera. De conformidad con nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ah, verdad.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Diputado presidente...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, le pido que repita la votación, por favor. Repita la votación.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Es lo que veo aquí, o que lo voten nominal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A la vista, a la vista de la Presidencia, y de acuerdo con nuestra percepción, coincide con lo cantado por la secretaria.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, por lo tanto, sí, estamos si se considera de urgente resolución. Ahora vamos a ver... A ver, sonido en la... Sí, lo que procede después de esta votación que tuvimos es que se consulte a la asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto, que es el siguiente punto. Y, adelanto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita le doy la palabra, diputado Ramírez Marín. Adelanto, si consideran que la votación da lugar a dudas, su resultado, abrimos el tablero rápidamente por tres minutos y se despejan dudas, para que todo mundo quede contento, tutti contenti, ¿sí? Entonces, a ver, sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, vamos a seguir el trámite que usted propone, señor presidente, que no haya discusión y se pase inmediatamente a otra si se aprueba o no. Si ya se aprobó la urgente resolución, tome la votación...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se aprobó que es de urgente resolución...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Por eso.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A juicio de la Secretaría y de la propia Presidencia.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Correcto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que es de urgente resolución. Entonces, ahora vamos a pasar si la asamblea lo aprueba o lo desecha.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Así es.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces...

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Sonido acá en la curul del diputado Cuanalo.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): Presidente, para apuntarme por favor, en pro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, pero todavía vamos a entrar a ese momento. Vamos a entrar a ese momento. Quieren, ensayamos en votación económica y si hay duda pasamos directamente a abrir el tablero por tres minutos. Vamos a abrir el tablero por tres minutos. Abra el tablero, pida se abra el tablero por tres minutos para pasar a la votación nominal, a favor o en contra o abstenciones. Eso nos resuelve cualquier duda. Para eso está el tablero, entonces hay que...

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos para abrir el tablero de votación, de acuerdo a artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos ya votando si se aprueba o no se aprueba. A ver, detenga el tablero y vamos a regresar. Espéreme, vamos a precisar. Vamos a precisar el asunto, porque había el acuerdo de los grupos parlamentarios y así fue dado a conocer a la Presidencia, que no habría intervenciones. Bien, entonces no me reclamen que estoy yo como presidente obstruyendo u obstaculizando la discusión, y por lo tanto yo había pedido por ello mismo que se abriera el tablero para la votación nominal, porque quedó duda según una parte significativa de la asamblea.

A juicio de la Mesa no, pero para que no nos quedemos con duda en el resultado final si se aprueba o no, vamos a seguir en la votación nominal. Ya vamos a continuar en la votación nominal. Que continúe el tablero.

(Votación)

Se cierra el tablero de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 160 votos, 0 abstenciones y 179 votos en contra.

En consecuencia, se desecha.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Triana, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Presidente, solamente para que quede constancia de algo. El día de hoy estamos inaugurando una mala práctica parlamentaria; se votó de manera económica la urgencia u obviedad de un proyecto, aquí se dijo claramente: mayoría por la afirmativa. Luego entonces, el proyecto tiene que estar a discusión, en consecuencia tuvo que haber debate, oradores a favor y en contra.

Ni siquiera se permitió esa posibilidad, se pasó directamente a una votación nominal. Es una mala práctica parlamentaria, es un mal antecedente y, con todo respeto, diputado presidente, es cortesía de usted. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Hemos votado múltiples puntos de acuerdo que se consideran de urgente resolución y hemos pasado inmediatamente después a decidir si se aceptan o no. No hay, por lo tanto, cosas que le puedan reclamar como una práctica indebida a la Presidencia, con todo respeto, se los digo, diputadas y diputados a quienes así lo consideren.

Y esta Presidencia estuvo informada de que no habría oradores más que los proponentes, así se hizo del conocimiento, desde la reunión de Mesa Directiva por la mañana muy temprano, que así entraríamos a abordar los dos puntos que se consideraron en el orden del día de urgente resolución, y en esa tesitura fue que se votó.

A juicio de la Presidencia hubo mayoría porque se considere de urgente resolución, hubo un sector significativo de la asamblea que no estuvo de acuerdo y hasta me pedían que se abriera el tablero, que se hiciera votación nominal, que procede, por cierto, de acuerdo con el Reglamento. Sí, con el artículo 139 cuando hay duda en una votación económica se procede o se puede proceder, por disposición de la Presidencia, abrir el tablero económico. Entonces, las dudas que había aquí se disiparon.

Yo mismo, y lo aclaro, voté a favor, por lo tanto no me pueden acusar de dolo, con todo respeto. Entonces, el resultado de la votación así fue y ya fue, además, decidido así.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Juárez, por favor.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Lo que no puede ser es que, en el caso de algunos, nos citan a reunión de comisión y entonces ahorita usted determina una votación, llegué antes de que se cerraran la votación cuando preguntaron si faltaba un diputado o no y no se toma en consideración.

Cuando les conviene, usted les da hasta uno o dos minutos más cuando andan haciendo otra actividad. Lo de hoy va a marcar como una falta de respeto, porque usted no tiene la tolerancia suficiente para preguntar si falta algún diputado o no de votar. Por qué en algunas sí lo hace y en otras, que puede no convenir, no lo hace.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Debo decir, para ilustrar aún más a la asamblea, que con excepción del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que había, incluso, hasta la posibilidad de acceder a que después de votado el punto, hacer una intervención desde la curul, aunque insistían, desde el principio, en hacerlo en tribuna, pero en obvio de tiempo se había supuestamente aceptado que sería desde allá.

Pero ningún otro grupo parlamentario, como acostumbramos también en nuestra práctica parlamentaria, había inscrito oradores para participar en este punto. No había inscrito ni un solo orador de ningún grupo parlamentario.

Entonces, por tanto y dejando establecido también, para que no quede ninguna duda de que yo estoy actuando con dolo, quedó mi voto consignado, el sentido de mi voto.

Entonces, el asunto está decidido y desde luego quedan registradas las inconformidades, muy respetables, de una parte de la asamblea, y yo creo que ya no hay mucho qué darle vueltas.

Esperemos que en todo caso, cuando haya este tipo de situaciones, que quede como enseñanza, no como un mal precedente, que quede como una enseñanza y que lo resolvamos de otra manera, porque no conviene trabajar en un ambiente en el que no haya confianza de allá para acá ni de aquí para allá.

Entonces, a ver, me insiste el diputado Federico Döring y luego sonido en la curul del diputado Ramírez Marín. Y luego acá con el diputado Cancino. Sí, diputado Döring, por favor. Sonido ahí en su curul.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): A ver, señor presidente, primero reiterarle en nombre propio y del grupo parlamentario nuestro respeto en lo personal. Nadie lo ha acusado de dolo.

Simplemente quiero entender esto que usted ha dicho. No se habían registrado oradores en ningún sentido por una razón elemental, presidente, no sabíamos si la mayoría del PRI iba a obsequiar que se conociera de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo.

¿Debo entender que en las próximas ocasiones debemos apuntar oradores en un sentido, aun sin saber cómo va a votar la mayoría del PRI y si va a obsequiar que se conozcan como urgentes u obvios los asuntos, por encima, a priori de una decisión de la asamblea?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así se ha acostumbrado en todas las ocasiones anteriores.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Así no se ha acostumbrado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Digo, no estamos sentando un precedente que pueda considerarse. Si quiere le quito la palabra de dolo, pero se sentaba un mal precedente. Entonces.

Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, cuando pedimos la palabra, justo cuando usted dictaba el trámite, cumpliendo la obligación que tiene de ordenar los debates de esta Cámara de Diputados, el objeto de pedirle la palabra era insistir tal y como era nuestro derecho, en la votación en tablero para determinar si era de urgente o no. No lo hicimos porque usted, con el que muchas veces hemos estado en desacuerdo y no hay que dejar constancia porque ha sido evidente, dictó un trámite correcto, buscando equilibrio precisamente en el desahogo del punto que estábamos resolviendo.

Daba lo mismo votar por la urgencia o votar a favor o en contra y usted ordenó, inteligentemente, una votación en tablero. Tiene nuestro respaldo a su decisión y la confirmación de lo que afirmamos al principio. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Sonido aquí en la curul del diputado Cancino, por favor. Acá en el Grupo Parlamentario de Morena. Acá, ahí está ya.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson(desde la curul): Buenas tardes. Con todo respeto a la Presidencia y al pleno. Me parece que sí hubo una irregularidad en el procedimiento, porque entiendo que haya habido un acuerdo para que no hubiera oradores. Pero en la manera de llamar a la votación se permitió que fluyera un tiempo y no dar curso en la inmediatez al llamado a la votación.

Y, efectivamente, yo he notado que en otras ocasiones sí se da un margen para que venga la gente con el retraso que llega a votar todavía aquí en el sistema. Si no, se hace un llamado a si aún hace falta alguien de emitir su voto y si no lo puede emitir en el sistema, lo han hecho a mano alzada y se lo han contado.

Eso no ocurrió en esa ocasión. La compañera Blandina aquí estaba y ya no fue tomada en cuenta. Yo vi una mano levantada por allá que también quería emitir su voto y ya no fue el caso. Eso me parece de alguna manera irregular, independientemente de por lo que hayan querido votar. Esa es mi enunciación en este momento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. Por último, allá, sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar, por favor.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Solo para decir de manera personal, señor presidente, que si ha existido una Presidencia tolerante ha sido la de usted. Eso es correcto, ha sido muy tolerante. Ha dejado hablar desde la curul a muchos diputados, fuera del orden del día. Nosotros decimos que se ha apegado a la legalidad. Es mi comentario, muchas gracias. El diputado Héctor Peralta Grappin(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido aquí en la curul del diputado Peralta Grappin, por favor.

El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Gracias. Yo quiero dejar constancia que estamos discutiendo la forma y no el fondo. Digo, se está hablando ahí de una obra que quedó inconclusa, que hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación, es un organismo, una institución reconocida aquí en nuestro país y estamos discutiendo la forma, con todo respeto para el Grupo Parlamentario del PAN que hizo la propuesta, el Grupo Parlamentario del PRD votó a favor y yo creo que se cumplieron con todos los tiempos.

Yo apoyo a la Presidencia, se cumplieron con todos los tiempos, se hizo todo el procedimiento, pero no dejemos pasar que estamos discutiendo ahorita, llevamos media hora discutiendo forma, cuando el fondo que es lo más importante, es hacer un llamado a las autoridades y ojalá quede constancia, verdad, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de que hay una obra que se inició desde 2010, que era un compromiso presidencial y que ya la gente de ahí de Querétaro está exigiendo su terminación. Ojalá y le llegue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el mensaje.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Sosa, por favor, y espero que ya sea el último.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (desde la curul): Con su venia, presidente. Como usted lo dijo, Movimiento Ciudadano quería dar su postura. No se pudo, pero desde mi curul lo voy a hacer como diputado tamaulipeco.

Como diputado tamaulipeco nos interesaba mucho este punto de acuerdo, ya que el corredor México-Laredo es muy importante para nosotros. Entonces el punto de acuerdo de Movimiento Ciudadano lo aprobaba. Vamos a seguir luchando para que esto llegue a un buen término. Gracias, señor presidente.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sosa. Han quedado registradas.... Sonido aquí en la curul del diputado Cuanalo, por favor.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): Gracias, presidente. Lamentable lo que estamos viendo, porque no se está permitiendo que la finalidad de este punto de acuerdo llegue a su objetivo, que es transparentar y que haya claridad en lo que se está planteando.

Déjeme decirle, y cabe señalar, que para el desarrollo de esta segunda etapa, el gobierno federal incorporó la participación de empresas como Constructora, Urbanizadora Ixtapan, SA...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, con todo respeto...

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): ... Sí, la misma con la que Peña Nieto como gobernador del estado de México adquirió la Casa del Club Gran Reserva en Ixtapan de la Sal, y es justo donde el presidente se reúne con su secretario Calzada, a tocar los temas del campo. Sí, pero del campo de golf, pues Calzada es el único campo que conoce. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más les recuerdo, ya se votó. Yo espero y tengo la confianza de que la Junta de Coordinación Política habrá tomado nota para que no tengamos en lo sucesivo alguna situación en estos términos que no generan el mejor ambiente para la toma de decisiones.

Nosotros por supuesto tomaremos como enseñanza en la Mesa Directiva, particularmente un servidor como Presidente de la misma, verificar en situaciones futuras que no caigamos en una situación de estas características. Habiendo concluido...

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido de nueva cuenta en la curul del diputado Triana.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul). Disculpe la molestia, diputado. Mire usted, nada más para que quede también asentado, no es la Junta de Coordinación Política quien tendría que conocer sobre esta rectificación de hechos. Es la propia Mesa Directiva, presidente. Esto es reglamentario, esto es estatutario, esto es legal.

Espero que también se haya tomado nota de todas las malas prácticas –insisto– no dolo. Dejamos claro que no creemos que haya habido dolo, simplemente una mala praxis y que deja un antecedente sumamente negativo, diputado presidente. Una vez más, disculpe la molestia.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, pues yo reitero que respeto desde luego el derecho a decir lo que se piensa y lo defenderé, pero quiero dejar muy claro que yo en lo personal y a nombre de la Mesa Directiva niego cualquiera mala práctica que se pueda entender en un sentido de no generar el mejor ambiente para la toma de decisiones; discusión y toma de decisiones.

Con todo respeto se los digo, simplemente aplicamos –estrictamente a nuestro juicio– las disposiciones reglamentarias que nosotros mismos nos hemos dado soberana y democráticamente.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 16:21 horas): Por lo tanto, habiendo concluido los temas y habiéndose concluido los tiempos que nos habíamos dado, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles, mañana miércoles 16 de marzo de 2016 a las 11 horas.

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