INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 31 de marzo de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 31 de marzo de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen

2. Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

4. Que reforma los artículos 18 y 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Vivienda, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que promueva a nivel nacional el uso de los sistemas de captación de agua pluvial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de Convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, e incentivar el abasto de leche nacional para los programas de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Ganadería, para opinión.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que elabore los estudios técnicos justificativos para la declaratoria de Área de Refugio para tiburón ballena, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, se intensifique la protección de la vaquita marina y la totoaba, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, relativo a las demandas penales dirigidas en contra de pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez en 2006, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, a fin de actualizar su Código Penal y para que en la impartición de justicia de la entidad se observe la aplicación de Jurisprudencia y Tratados Internacionales en las resoluciones que emiten, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob, para que realicen un registro de solicitantes de asilo político y asilados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de diversas entidades federativas, para que difundan las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de solicitar a la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), una comisión especial para la evaluación del modelo de adquisiciones en México, suscrito por los diputados Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

10. Con el Punto de Acuerdo relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implementación de acciones para actualizar y difundir los mismos, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que garanticen y respeten la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de crear un programa para la detección oportuna del VIH/sida en mujeres embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a los Sistemas Operadores de Agua de los estados, a garantizar el acceso, cantidad y calidad de agua que reciben los habitantes del país, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión del Recursos Hidráulicos, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del SAT, del SAE, de la PGR y de la CNBV, para que difundan las medidas que están llevando a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, y a la Fiscalía General de esa entidad, a consignar al juez de la causa en turno, el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que en coordinación con las procuradurías de los estados, inicie un proceso de simplificación y armonización de los procedimientos existentes para activar la alerta Amber, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga el caso de la averiguación previa por el delito de abuso sexual de menores de edad contra Walter Suk, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Tamaulipas, implemente las acciones necesarias para mejorar el índice de seguimiento de denuncias, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar, a instrumentar las vías para lograr que las Afores eficienticen sus sistemas de información, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramirez Nachis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a implementar medidas para prevenir y detener la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público, a cargo del diputado Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                          CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el delito de maltrato infantil o adolescente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la infancia, sobre todo la que es maltratada y violentada, es una preocupación para organismos internacionales y nacionales, así se refleja en una diversidad de ordenamientos jurídicos, estudios y análisis en el tema.

Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada y ratificada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, y que en su artículo 19 establece:

“1. Los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

Así también, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato a la niñez como: “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esos tipos de maltrato, tienen mayor incidencia en la familia, la escuela, los sistemas de asistencia social y de justicia, en el trabajo y la comunidad”.

Por lo que respecta a México, en las recientes reformas realizadas en el año 2011 al numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el principio del interés superior de la niñez, quedando consagrada de la siguiente manera:

Artículo 4o. constitucional. “(...)

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez” (...).

De igual manera, la reciente aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la protección para que tengan una vida libre de violencia, en diversos numerales:

“Artículo 13. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia.

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su comisión ejecutiva en los términos de la legislación aplicable”.

Todos los ordenamientos antes mencionados tienen un objetivo primordial, cuidar de la infancia, ya que es la etapa más importante en el desarrollo de todo ser humano en la cual se van a estructurar rasgos de personalidad determinantes para una vida futura.

Durante los primeros años de vida, el desarrollo del cerebro puede ser fisiológicamente alterado por prolongados y graves malos tratos a un niño incluyendo el estrés que las circunstancias pudieran provocarle. Lo anterior está científicamente demostrado, ya que el cerebro de un menor de 3 años crece desproporcionadamente grande y denso, alcanzando casi 90 por ciento del tamaño de un cerebro de adulto. Esa alteración en el desarrollo del cerebro tiene repercusiones negativas en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, dando como resultado que las afectaciones derivadas de la violencia en la infancia se manifiesten más tarde en la edad adulta de la persona.

El sufrimiento y maltrato al que son sometidos los infantes, les genera estrés causándoles con ello un daño permanente a su cerebro y los sistemas hormonales aumentando el riesgo de daño irreversible en la parte prefrontal del cerebro, justamente donde se regulan las emociones y los recuerdos. Otros impactos incluyen lesiones, trauma, enfermedad crónica y discapacidad para toda la vida. El daño en la salud mental incluyen depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta, alcoholismo, abuso de sustancias psicotrópicas, obesidad, arriesgada actividad sexual, entre otros.

Por otra parte, varios estudios han demostrado que los daños directos e indirectos que experimenta una persona por violencia en los primeros años de su vida, están estrechamente relacionados con una posible actividad delincuencial en un futuro; es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como un problema de salud pública el maltrato en la infancia, ya que es un precursor importante de la criminalidad y delincuencia. Otro ejemplo es el estudio realizado por el Sistema Nacional de Justicia de Estados Unidos, en el cual se advierte que el ser víctima de abuso o abandono en la infancia, aumenta la probabilidad de arresto por actos delincuenciales en la adolescencia en 59 por ciento y en la edad adulta en 29 por ciento; en este mismo estudio los especialistas afirman que “el maltrato, abuso, abandono y negligencia en la infancia son la génesis de los problemas sociales más graves como niños en situación de calle, suicidio, consumo de alcohol y drogas, secuelas de salud irreversibles por daño cerebral, afectación grave en las emociones (...)”.

Ahora bien, el maltrato, abuso, abandono y negligencia en la infancia también tiene una grave repercusión en la cohesión social y generan grandes costos económicos a las naciones; su impacto en el gasto público fluctúa entre 15 y 25 por ciento del presupuesto gubernamental anual, así lo reflejan estudios llevados a cabo en Estados Unidos y la Unión Europea.

En México, la Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil (Fupadi) ha realizado estudios en los cuales se refleja un ahorro aproximado de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) si los gobiernos optaran por invertir en prevenir a la infancia de la violencia, lo que conllevaría a una substancial disminución de niños en situación de calle, suicidio infantil o juvenil, consumo de alcohol, drogas, secuelas de salud irreversibles por daño cerebral.

Los esfuerzos por combatir este grave problema se reflejan en estrategias como la denominada Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), elaborada por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en cuyos resultados se revela que la mayor incidencia y mortandad, se produce entre los más pequeños, siendo 78 por ciento de los maltratados menores de 3 años y 38 por ciento menor de un año. Los lactantes son más vulnerables a traumatismos craneoencefálicos con graves repercusiones, incluida la muerte.

Desafortunadamente esto se ve reflejado en nuestro país, ya que el maltrato es la primera causa de muerte infantil. Además, entre los 33 países identificados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer sitio de violencia física y abuso sexual contra menores de 14 años. Así también, el Informe Nacional sobre Violencia y Salud realizado por la Unicef, señala que México y Corea del Sur presentan las tasas más altas de muertes por heridas en niños menores de 14 años y ocupa el primer lugar en el rubro de muertes intencionales a niños entre 1 y 14 años provocadas por sus padres.

En cuestión de denuncias, sólo 1 por ciento de los casos de infantes que llegan a los hospitales por maltrato infantil sea físico, sexual, emocional o por negligencia son referidos a la autoridad, 99 por ciento de los casos restantes son ignorados por el personal de salud o no son debidamente identificados. Es decir, según datos de la Fupadi, por cada caso denunciado hay 100 casos ocultos. Esto es resultado de un modelo de atención en salud que está enfocado a lo curativo y no a lo preventivo, aunado al factor complicidad o de negligencia del personal médico y paramédico por no querer involucrarse en las denuncias.

Lo más lamentable es que en el ámbito familiar, la primera generadora de violencia hacia los hijos es la propia madre, después el padre, ambos padres, padrastro/madrastra, abuelos, tíos, etcétera. Lo anterior lo confirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (Endifam-2005) en la cual se reporta que en 13 millones de familias, los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.

Los autores Sotelo y Muciño señalan que el maltrato infantil dentro de la familia se desarrolla en diversos niveles. En un primer nivel se emplean gritos, sacudidas, empujones o bofetadas, se castiga al niño hincándolo en un rincón por horas, le privan de los alimentos, se le insulta a la menor provocación. En otro nivel se utilizan todo tipo de objetos para lastimarle, como pueden ser hebillas de cinturón, planchas, alambres, cordones mojados, etcétera. En un tercer nivel le provocan hemorragias internas y externas, mutilación de alguno de sus miembros o bien le causan daño cerebral a causa de innumerables golpes en la cabeza, fracturas de huesos, o aún más grave, lo matan al asfixiarlo, quemarlo o azotarlo contra la pared.

Pero el maltrato infantil no sólo se genera en el ámbito doméstico, también se presenta en el escolar, institucional o social en cualquiera de sus tipos, ya sea físico, sexual, emocional, entre otros. En cada uno ellos, muchas de las ocasiones el infante o adolescente ha dado innumerables señales de inminente peligro y de pedir ayuda, mismas que son ignoradas por su familia, comunidad e instituciones públicas, pasando a ser un delito que no queremos ver y mucho menos castigar.

Como se puede verificar, en México miles de niños, niñas y adolescentes están creciendo en un contexto de violencia y maltrato cotidiano que deja secuelas profundas, incluso cada año termina con la vida de centenares de ellos. Y aunque las consecuencias para la salud del maltrato infantil o en adolescentes están bien establecidas y que contamos con ordenamientos jurídicos para garantizarles una vida sin violencia, en el Código Penal Federal no está tipificado como tal el maltrato infantil o adolescente y pocas son las legislaciones estatales que tienen tipificada la violencia y/o maltrato infantil como ilícito.

La niñez mexicana no puede seguir esperando, cambiemos su lamentable y vergonzoso escenario dotando de herramientas a las autoridades jurisdiccionales para transformar la cruda realidad de violencia y maltrato que actualmente están viviendo miles de niños y adolescentes en nuestro país.

Por las razones anteriormente fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal

Único. Se reforman los artículos 300 y 343 Quáter, se deroga 343 Ter, y se adiciona los artículos 343 Quinquies, 343 Sexies, 343 Septies, 343 Octies, 343 Nonies, todos del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 300.Si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 Bis y 343 Quinquies, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que preceden, salvo que también se tipifique el delito de violencia familiar y/o maltrato infantil o adolescente.

Artículo 343 Ter. (Se deroga)

Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en el artículo 343 Bis, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.

Capítulo Noveno Maltrato infantil o adolescente

Artículo 343 Quinquies. Comete el delito de maltrato infantil o adolescente quien lleve a cabo actos o conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y/o económica, de cualquier tipo de sufrimiento o maltrato, de obligar o inducir al consumo del alcohol, uso de drogas ilícitas y/o la comisión de algún delito, de actos de discriminación, en contra del menor de edad que este sujeto a su patria potestad, custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado de dicha persona o mantenga una relación de convivencia familiar.

No se considera maltrato infantil o adolescente al ejercicio del derecho de educar y/o de corrección, adecuadamente.

Este delito se perseguirá de oficio.

Artículo 343 Sexies. Al que cometa este delito se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión, o de 60 a 400 días multa, o ambas sanciones a juicio del juez, independientemente de la penalidad causada por lesiones u otro delito.

Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado impartido por instituciones públicas.

Artículo 343 Septies. Se incrementará en una tercera parte la pena correspondiente a este delito, cuando:

I. El sujeto pasivo sea una persona menor de doce años.

II. El delito sea cometido por quien dirija, administre, labore o preste sus servicios a una institución asistencial pública o privada que tenga la guarda, cuidado o custodia temporal del sujeto pasivo.

Artículo 343 Octies. A quien se encuentre ejerciendo la patria potestad o custodia y cometa este delito, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos.

Artículo 343 Nonies. Tratándose de este delito, el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes, velando siempre por el interés superior del menor.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Sotelo, María Teresa y Luis Muciño, Impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil.

2 El Universal, 01 de junio de 2014, artículo por Liliana Alcántara.

3 www.fundacionenpantalla.org

4 El Universal, 14 de septiembre del 2013.

5 Maltrato y abuso infantil en México: factor de riesgo en la comisión de delitos, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública en mayo del 2010.

6 Encuesta desarrollada por la Unidad de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

7 Sotelo, María Teresa y Luis Muciño, Impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil.

8 www.unicef.org/spanish/protection/index_violence.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de garantizar un medio ambiente sano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo de esta iniciativa es reformar diversos preceptos legales de la Ley General de Desarrollo Social con la finalidad de garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas en México.

El proyecto legislativo parte de un análisis donde el fenómeno de la globalización se encuentra en el centro de un debate político, social, económico y académico por las consecuencias positivas y negativas que trae consigo; uno de esos efectos tiene que ver con temas ambientales.

Hoy en día el medio ambiente y la sustentabilidad están rompiendo con el paradigma de ser abordados como temas unilaterales o aislados, para dar paso a enfoques integrales y multidisciplinarios donde se consideran aspectos sociales, culturales, legales, físicos, químicos, biológicos, económicos, etcétera.

El desarrollo sostenible es definido por el Brundland Report como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”, en esta definición se plantea la necesidad de poner atención tanto en el aspecto social, como en el desarrollo económico, los cuales deben ser compatibles con los objetivos medio ambientales. Es decir, el punto de atención ya no sólo es la naturaleza, sino también la sociedad, de tal manera que el eje “persona-entorno” adquiere prioridad en el planteamiento económico.

Por ello, el desarrollo sustentable debe ser enfrentado en forma integral, lo cual implica no solo concentrarse en lo ambiental, también se debe pensar en el suministro de servicios básicos, mejorar la salud de la población, dotación de viviendas dignas, mejores accesos y vías de comunicación, incrementar los indicadores educativos, de calidad de vida y desarrollo humano. Siempre pensando en un equilibrio con la naturaleza y en el impulso de proyectos sustentables que protejan y cuiden del ambiente.

El mundo actualmente sufre crisis humanitarias, económicas y ecológicas que afectan el desarrollo y aumentan el número de personas en condiciones de pobreza, de ahí que satisfacer las necesidades básicas de las familias y ofrecerles la oportunidad de una mejor calidad de vida, son los mínimos requerimientos para lograr un desarrollo sostenible. Al respecto J.D. Worfenson sostiene que: “las políticas de desarrollo tendrán que estar orientadas a proteger nuestros bosques, nuestros mares y nuestra fauna, así como a mejorar su productividad si queremos que los pobres puedan cerrar la brecha de desigualdad abierta en los últimos cincuenta años”.

Por otra parte, la población mundial sigue creciendo, proyecciones a futuro nos dicen que en el año 2050 seremos más 7 mil millones de habitantes en el planeta, este número aumenta la presión sobre los recursos naturales y desde luego que puede frenar el mejoramiento de los niveles de vida, sobre todo en las zonas rurales donde la pobreza es más visible.

En los últimos años, la preocupación de las naciones y organismos internacionales por cuidar del medio ambiente se manifiesta en una diversidad de acontecimientos, uno de ellos es la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, celebrada en 2000, en la cual 189 jefes de estado y gobierno se comprometieron a cumplir lo que llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los cuales se planteó una ambiciosa agenda que se concreta en ocho puntos, uno de ellos enfocado a tomar nuevas medidas y a sumar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Por otra parte, en 2002 se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, auspiciada por la ONU, la cual fue concebida como continuación de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro realizada en 1992, cabe hacer mención que el planteamiento de esta cumbre adolecía de una serie de errores que la hacían prácticamente inviable. De ahí que el objetivo principal de la cumbre celebrada en 2002, era dar respuesta de forma más realista a las cuestiones planteadas de la década anterior que se habían manifestado por primera vez en la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano de Estocolmo.

La Cumbre de Johannesburgo desde su nacimiento tuvo un doble desafío, por un lado mejorar las condiciones de vida de todo ser humano y, por otro lado, proteger el medio ambiente. Es decir, se busca alcanzar un balance entre el desarrollo económico, social y del medio ambiente.

En junio de 2014, en la Ciudad de México, se celebró la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE Internacional, en la cual se externó la preocupación de los parlamentarios porque el mundo continúa por el camino de la no sustentabilidad, y se hizo un llamado a los gobiernos para reforzar las legislaciones que propicien un desarrollo sustentable.

Así también, el pasado mes de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto acudió a la Asamblea General de la ONU, donde México adoptó la Agenda 2030 en la cual se establecieron 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En la agenda se afirma que uno de los mayores desafío del mundo actual, es cuidar del medio ambiente, por ello se destacan objetivos como: promover la agricultura sostenible; garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos; tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible; así como proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

Ahora bien, el desarrollo sostenible y la política social están estrechamente ligadas, ya que esta última tiene como objetivo central combatir la pobreza y buscar el bienestar de las personas.

En México, la política social toma un enfoque de derechos humanos y sociales, donde no sólo se contemplan derechos civiles y políticos, sino también se pone atención en los derechos sociales, económicos y culturales, así también está encaminada a la democratización, la transparencia en la toma de decisiones con el llamado buen gobierno y la sustentabilidad con el medio ambiente.

La diversidad cultural y geográfica que se tiene en México, exige una política social que no esté enfocada exclusivamente a disminuir los indicadores oficiales que miden la pobreza, también es necesario tener políticas públicas que tomen en cuenta las necesidades de cada región, así como fortalecer la cultura y el cuidado del medio ambiente.

Esta visión se contempla el artículo 4o. constitucional en su quinto párrafo, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En ese mismo sentido, el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que “la Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. Así también, el numeral 6 del mismo ordenamiento menciona que “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Como se puede ver, estamos ante una oportunidad histórica, ya que lo que hoy hagamos por el planeta Tierra y el cuidado del medio ambiente no solo tendrá repercusiones para las futuras generaciones, sino ya las está teniendo en las presentes generaciones.

Por las razones anteriormente fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

Ley General de Desarrollo Social

Texto Vigente

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

II. a V. ...

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a VIII. ...

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.

Texto Propuesto

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, así como el acceso a un medio ambiente sano. 

II. a V. ...

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a VIII. ...

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento y cuidadoambiental, así como de equipamiento urbano.

Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social, cuidado del medio ambientey generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforman la fracción I del artículo 14; la fracción IX del artículo 19 y el artículo 21; todos de la Ley de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, así como el acceso a un medio ambiente sano.

II. a V. ...

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a VIII. ...

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento y cuidado ambiental, así como de equipamiento urbano.

Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales, y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social, cuidado del medio ambiente y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Brundtland City Energy Network; (1987). The Brundland Report. Our common Future. Nørre-Rangsrup, Toftlund, Dinamarca.

2 Wolfensohn, J.D.; (2002). “El reto de Johanesburgo” en El País 23 de agosto de 2002. Madrid, España.

3 González García, Juan (2011), La pobreza en México y China, política de combate y resultados, Miguel Ángel Porrúa, México.

4 PNUD (2015), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avances 2015, PNUD, México.

5 López Pérez, Sócrates (2012), “Políticas sociales y nueva relación Estado pueblos indígenas”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.— Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma distintos artículos la Ley General de Salud, con la finalidad de reconocer la importancia del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, bajo el siguiente

Planteamiento del problema

México atraviesa una transición epidemiológica que se refleja en la carga de morbilidad y mortalidad en aumento. Los factores que han favorecido a esta transición se distribuyen entre económicos y sociales, estilos de vida, específicamente la falta de actividad física, la alimentación inadecuada, el consumo de drogas así como otros problemas que inciden directamente en la salud de los mexicanos.

En nuestro país es posible detectar tanto enfermedades de naturaleza infecto-contagiosa como enfermedades no transmisibles. Para ambas se hace necesario el establecimiento de acciones puntuales y organizadas que permitan que los impactos negativos se reduzcan y que la ciudadanía tome un papel proactivo en el cuidado de su salud, siguiendo un plan específico según su edad y sexo para llevar a cabo, de forma organizada, todas las acciones preventivas necesarias para la conservación de su salud.

A nivel mundial, las enfermedades no transmisibles están permanentemente en aumento y son, efectivamente, uno de los mayores retos a enfrentar, no solo por las repercusiones en los gastos en salud que afectan tanto a los gobiernos como a los individuos que directamente hacen frente a sus gastos, sino también por el impacto que tienen en la vida da cada familia mexicana, en la productividad laboral, en la educativa y en el desarrollo económico del país.

Es una necesidad imperante el fortalecer las acciones que se llevan a cabo desde el primer nivel de atención (o atención primaria en salud) dotándolo de herramientas amigables que faciliten la acción corresponsable paciente-servicios de salud, para avanzar en la implementación permanente y organizada de todas aquellas acciones preventivas y de promoción de la salud que permitan reducir la prevalencia de enfermedades infecciosas y crónico degenerativas así como aquella información que facilite el cambio a estilos de vida más saludables, reforzando la realización de acciones de salud que ayuden a evitar padecer enfermedades a la población o detectar enfermedades en su etapa inicial para asegurar un buen pronóstico y un control en el costo de la atención.

La política en salud, por tanto, debe pensar simultáneamente en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad así como en la recuperación de la salud trabajando en términos de los factores de riesgo y las condiciones generales que propician los problemas del enfermar de la población. De esta manera, se podrá avanzar en la construcción de una política integral de salud que, sin desconocer la importancia que tiene enfrentarse a la enfermedad, asuma los retos que le plantea la promoción y la prevención en la salud.

El reto de la promoción de la salud consiste en incorporar en las políticas públicas de otros sectores, acciones que impacten sobre los determinantes favorables de la salud, crear sinergia con todos aquellos que puedan incidir de manera favorable, detener el incremento de la cultura riesgosa y virar la cultura en salud de la población nacional, de tal manera que se contribuya en la educación individual y colectiva respecto a la salud, permitiendo llevar a cabo cambios sostenibles en el comportamiento, y ayudar así a reducir la carga que permita al Sistema de Salud dar más salud a la sociedad, poder ser eficiente y efectivo en sus intervenciones.

En 1978, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizaron la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. La conferencia ayudó a definir la atención primaria de salud, APS, la estableció en la agenda mundial y la recomendó como estrategia central para los ministerios de salud de la mayoría de los países en desarrollo, la meta global de la APS es obtener el más alto nivel posible de salud para todas las personas.

La salud se ha definido como un estado de completo bienestar físico, mental y social, en vez de limitarse a la ausencia de dolencias o enfermedades. La atención primaria de salud o primer nivel de atención, es el primer punto de encuentro entre las personas y el sistema de atención de salud, enfatiza la necesidad de realizar medidas preventivas, iniciativas locales y enfoques intersectoriales para tratar los factores económicos y sociales que contribuyen a la prevención de la enfermedad.

La presente iniciativa busca implantar a nivel de la Ley General de Salud el esfuerzo que se viene realizando para combatir uno de los principales problemas de nuestro país: la falta de una cultura de prevención y de promoción de la salud y el instrumento a utilizar es la Cartilla Nacional de Salud.

Tomando en cuenta que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se desarrollan en escenarios complejos de vida, con factores multifactoriales muy sensibles a un contexto siempre heterogéneo y cambiante y donde la evidencia de efectividad respecto a resultados finales es a veces difícil de demostrar, se deberán realizar todas las actividades de promoción y prevención de la salud de acuerdo a programas específicos y evidenciarlas en las Cartillas Nacionales de Salud,

En ellas, en las Cartillas Nacionales de Salud, deberán estar evidenciadas las estrategias para prevenir la enfermedad y aplicarse a lo largo de todo el curso de vida, y que tienen que ver, no sólo con un individuo en diferentes edades, características, y etapas vitales, sino también con las condiciones en las que vive.

Con la presente iniciativa, se busca que la Cartilla Nacional de Salud se posicione como un instrumento obligatorio para la persona y para el Sistema de Salud, que permita al profesional de la salud, el registro preciso y periódico de todas las acciones de promoción, prevención y control de enfermedades incluidas en el Paquete Garantizado de Servicios de Salud, de acuerdo a los grupos de edad, al mismo tiempo que la persona obtendrá los conocimientos y habilidades necesarios para el cuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad, estimulándolos a crear y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia saludables.

La obligatoriedad del usuario de servicios de salud de mantener actualizadas las Cartillas Nacionales de Salud, ayudará a lograr el objetivo de la promoción de la salud y prevención de enfermedades: lograr el más alto nivel posible de salud para todas las personas.

Si las políticas públicas tienen coherencia y continuidad, los mensajes preventivos se podrán ir instalando hasta consolidarse como normas sociales, con beneficios indudables para toda la población.

La salud de todos los mexicanos, no depende sólo de la atención médica, sino del compromiso de la ciudadanía para adoptar una actitud corresponsable con su salud y acudir a recibir los servicios aún en la ausencia de enfermedad, durante todas las etapas de su vida, mostrando autocuidado de su salud, además de adoptar formas y estilos de vida saludables, respetando la exposición a posibles factores de riesgo conocidos. En pocas palabras, en lo que se refiere a nuestra salud debemos de ser subsidiarios, tantas acciones individuales para conservar la salud como sean posibles, y tantas intervenciones médicas como sean necesarias.

Este trabajo parlamentario se presenta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que establece el artículo 4o de la Constitución; es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Es en la Ley General de Salud donde se definen los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, al señalar expresamente que:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Como podemos observar, las fracciones III y IV están directamente relacionadas con la promoción y la prevención en salud, fundamentales para lograr lo que se establece en las fracciones I y II.

En relación con la definición del concepto Promoción de la salud encontramos lo siguiente:

La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 dice que la promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son: construir políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud.

La promoción de la salud, de acuerdo al artículo 110 de la Ley General de Salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

El numeral 111, la Ley General de salud señala que la promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;

IV. Salud ocupacional, y

Fomento Sanitario

En relación con la prevención, la Ley General de Salud no contempla una definición puntual ni las acciones que comprende, por lo cual considero necesario el incluir en la Ley General de Salud el concepto de prevención en salud y los tipos de prevención que pueden ser realizados, así como el concepto de prevención de accidentes.

Entendemos que la prevención en salud hace referencia a la acción de prevenir enfermedades. La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Referencia: adaptada del glosario de términos utilizado en la serie Salud para Todos, OMS, Ginebra, 1984.

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz. La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término complementario de la promoción de la salud. Pese a que a menudo se produce una superposición del contenido y de las estrategias, la prevención de la enfermedad se define como una actividad distinta. En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente emana del sector sanitario, y que considera a los individuos y las poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo. El siguiente cuadro nos presenta los tipos de prevención que existen:

Respecto a este punto la Organización Mundial de la Salud señala que uno de las principales acciones a implementar por los países de bajos y medios ingresos es considerar en sus sistemas de salud, la prevención de las enfermedades crónico degenerativas no transmisibles como medida urgente, para ello señala en el informe denominado “Enfermedades crónicas y promoción de la Salud” que estos países deben adoptar medidas fundamentales como comunicar los conocimientos y la información más reciente y precisa a los profesionales sanitarios de atención directa y al público en general.

El crecimiento de dichas enfermedades es actualmente un problema que genera 80 por ciento de los decesos en los países de bajos y medios ingresos afectando a igual número de hombres y mujeres. Por otra parte es necesario que estas medidas se implementen de manera urgente pues de no ser así representa una amenaza creciente de pobreza que dificulta el crecimiento económico de los países, pues cada día afecta a más familias en todo el mundo.

A lo largo del informe, la Organización Mundial de la Salud señala que países donde se han adoptado las medidas señaladas, han logrado reducir las tasas de mortalidad causadas por las enfermedades crónicas, 2 por ciento anual adicional, respecto a las tendencias actuales durante los próximos 10 años. Esta audaz meta se añadiría por tanto, a las disminuciones de las tasas de mortalidad por edad ya previstas para muchas enfermedades crónicas y se traduciría en la prevención de 36 millones de defunciones por enfermedades crónicas, en los países de ingresos bajos y medios. El logro de esa meta mundial reportaría además grandes beneficios económicos a dichos países.

En la Primera Conferencia Internacional de Promoción de Salud, realizada en Ottawa en 1986 con el patrocinio de la OMS, se señala que es necesario facilitar el proceso según el cual se puede movilizar a la gente para aumentar el control sobre su salud y mejorarla, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social y ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente.

Para lograr verdaderamente esto es imprescindible comprender que el desarrollo de la Salud no se puede reducir a la lucha contra la enfermedad y a las prácticas clínicas tradicionales. Es necesario abrir nuevas perspectivas en este sentido, socializando el concepto de la promoción y prevención entre la población y dando una herramienta muy útil para los profesionales de la salud para atender los padecimientos de los pacientes.

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país, enfrenta actualmente, una gran presión, debido al rápido incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, vinculado principalmente a cambios en los estilos de vida de la población mexicana, como el sedentarismo y los malos hábitos de alimentación, además del envejecimiento de la población.

“La mayor longevidad, en conjunto con una disminución significativa de la tasa de fecundidad en México se refleja en un envejecimiento poblacional. Esta transición demográfica en paralelo con estilos de vida no saludables –como el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, el sedentarismo y la ingesta de dietas hipercalóricas– se ha traducido en una prevalencia importante de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Asimismo, y a consecuencia de que en el Sistema Nacional de Salud se ha privilegiado la atención médica sobre la promoción de la salud y prevención de enfermedades y por la falta de corresponsabilidad de la población, estas enfermedades se están traduciendo en un incremento de la mortalidad y pueden mermar el desempeño escolar y la productividad laboral (Aguilera y Quintana 2011, Cawley y Spiess 2008 y Cawley 2004).”

La Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2012, la más reciente en su tipo, refirió que en el país hay 34 millones de personas con sobrepeso y 26 millones con obesidad, condiciones que ponen a México en el primer lugar del mundo por la prevalencia de estas enfermedades, que le cuestan al Estado más de 70 mil millones de pesos.

Al igual que en el resto del mundo, la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares (ECV). Al revisar las estadísticas, se puede observar que en el 2013 hubo 113 mil fallecimientos, sin considerar el paro cardíaco. Esto representa el 18 por ciento del total de las causas de muerte. Y aunque las ECV se enfilan como un problema global, en México sus detonantes podrían ser otros, apuntan expertos. Tienen especial injerencia las enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, obesidad y la diabetes.

Ante los graves problemas de salud que enfrenta nuestro país queda claro, como se menciona en el Diagnóstico del Programa Sectorial de Salud que “Una vez abordados los determinantes sociales, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la protección contra los riesgos a la salud en cualquier actividad de la vida son las herramientas con las que cuenta el sector salud para asegurar que la integridad física y mental de una persona sólo se vea amenazada por factores genéticos o por el proceso de envejecimiento.”

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como eje prioritario para el mejoramiento de la salud la promoción, la prevención de las enfermedades y la protección de la salud, siempre con perspectiva de género, apegado a criterios éticos y respondiendo al mosaico multicultural que caracteriza al país. En este documento se menciona que para que una política pública de prevención, protección y promoción sea exitosa “debe incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y en general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental”.

Las Metas Nacionales propuestas incluyen objetivos precisos para atender en este tema:

Para lograrlo, el Programa Sectorial de Salud ha definido un primer objetivo:

Objetivo 1: Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Para alcanzar el objetivo 1, la Secretaría de Salud ha establecido una serie de estrategias:

Estrategia 1.1. Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario.

Estrategia 1.2. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Estrategia 1.3. Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y reemergentes.

Estrategia 1.4. Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones.

Estrategia 1.5. Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables

Estrategia 1.6. Fortalecer acciones de prevención y control para adoptar conductas saludables en la población adolescente.

Estrategia 1.7. Promover el envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Aunque en diversas administraciones se han realizado esfuerzos por consolidar estrategias para la promoción y prevención de la salud a nivel nacional, estos esfuerzos no han sido suficientes. Por ello se considera que es necesario fortalecer el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud a través de las acciones específicas, que tengan como objetivo fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan ser partícipe y corresponsable en la prevención de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles así como enfermedades infecciosas y reducir así los riesgos de poner en peligro la salud y el patrimonio de las familias mexicanas. Las Cartillas Nacionales de Salud contemplan acciones específicas y medibles para ser realizadas en y por los usuarios de los servicios de salud para concretar las estrategias anteriormente mencionadas.

El Sistema Nacional de Salud está organizado por niveles de atención en donde el Primer Nivel o Atención Primaria en Salud es el primer contacto con el paciente y el que recibe aproximadamente entre el 70% y 80% de la demanda de servicios médicos de la población. La severidad de los problemas de salud que atiende son de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y tecnificación de sus recursos, es en este nivel donde se desarrollan principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

Para fortalecer los objetivos de las Metas Nacionales de Salud se requieren incrementar las herramientas que ayuden al personal que recibe a un paciente en el Primer Nivel de Atención para que su actuación sea más eficaz en la proteccio?n, promocio?n, prevencio?n de la salud y de enfermedades. Se busca que el Primer Nivel tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas de la Sociedad y desempeñe un papel proactivo en la promoción de la salud, ubicándose en el centro del mismo sistema de salud y funcionando como enlace entre otros niveles y servicios del sistema.

En un primer intento, el Sector Salud diseñó las Cartillas Nacionales de Salud unificadas, como un instrumento de salud pública inscrito dentro de la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud 17, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo el 13 de febrero del año 2007 y de esa forma se buscó impulsar nuevas acciones de carácter anticipatorio para reducir el impacto de las secuelas por tratamientos tardíos de enfermedades y lesiones en individuos, familias, comunidades y sociedad. Para lograrlo, se plantearon dos objetivos: reducir la carga de enfermedad, modificando los determinantes con entornos y comportamientos saludables e integrar la protección personal con prevención específica para cada etapa de la vida.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados por la estrategia nacional, la federación y los servicios estatales de Salud firmaron un convenio de colaboración institucional encaminado a garantizar un paquete de intervenciones de promoción y prevención accesible a toda la población a través de una herramienta única, válida para todo el Sector Salud, como son las Cartillas Nacionales de Salud unificadas.

Así, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de salud de Sedena, Semar y Pemex se dieron a la tarea de diseñar cinco Cartillas Nacionales de Salud: de Niñas y Niños de 0 a 9 años, del Adolescente de 10 a 19 años, de la Mujer de 20 a 59 años, del Hombre de 20 a 59 años y del Adulto Mayor de 60 años y más que integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades, esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.

Las Cartillas Nacionales de Salud unificadas se han encontrado disponibles en las unidades de salud de todo el país desde enero del año de 2009, pero no han sido de uso obligatorio en el Sistema de Salud Mexicano, ya que no están contempladas en la Ley General de Salud, sino solamente con carácter reglamentario.

A pesar de que las Cartillas Nacionales contemplan acciones para todas las estrategias mencionadas en el Objetivo 1 del Plan Sectorial de Salud 2013-2018, sólo son consideradas dentro de los antecedentes de acciones en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Las acciones de prevención de enfermedades son determinantes e indispensables para lograr reducir el riesgo de sufrir enfermedades y poder aumentar la calidad de vida de los mexicanos, ahí la importancia que tienen las Cartillas Nacionales de Salud, ya que estas serán documentos oficiales y de carácter personal para la población mexicana.

Son también instrumentos que servirán al personal de salud y a los usuarios para llevar el control de las acciones de promoción de la salud, prevención, detección oportuna y control de las enfermedades, así como para facilitar el seguimiento del estado de salud, promover estilos de vida saludables y registrar los principales servicios de salud que se proporcionan a través del apartado de citas médicas.

Los antecedentes históricos nos muestran cómo ha ido evolucionando la sistematización de la promoción y prevención de la salud en nuestro país, en los registros encontramos que en el año de 1973 se organiza en México la vacunación masiva mediante el Programa Nacional de Inmunizaciones, con cuatro vacunas: antipoliomielítica, DPT, BCG y antisarampión, además del toxoide tetánico.

Cinco años más tarde la Cartilla Nacional de Vacunación se estableció por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1978, en el que se establece con carácter obligatorio a menores de cinco años de edad.

También se rediseñó la Cartilla Nacional de Vacunación con una nueva imagen, que incluye a la población de recién nacidos hasta los 19 años de edad, con objeto de brindar un esquema preventivo a los adolescentes. Por otra parte, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1998 se estableció por Decreto Presidencial el uso de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

En el marco de la presentación del Programa Nacional de Atención al Envejecimiento, el 28 de octubre de 2001 se presentó la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor de 60 años en adelante. Y el 23 de octubre de 2003 se hizo la presentación la Cartilla Nacional de Salud del Hombre de 20 a 59 años de edad como parte del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.

En 2002 se reestructuró la presentación de la cara interna diferenciando las vacunas del esquema básico y las del esquema complementario. En este sentido es de resaltar que desde el 24 de diciembre de aquel año 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un decreto Presidencial por el que se estableció el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud; el cual consiste en un Sistema integrado por las Cartillas Nacionales de Vacunación, de Salud de la Mujer, de Salud del Hombre y de Salud del Adulto Mayor, es decir, por grupos de edad.

Este trabajo legislativo tiene como finalidad reconocer la importancia del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud y la necesidad de la implementación obligatoria de su uso en todo el Sistema de Salud, en virtud de lo cual propone elevar a rango de ley este modelo, ya que en este momento opera apegado a la normativa reglamentaria. Como lo señala el numeral 30 del Reglamento de Protección Social de la Salud:

Artículo 30. De conformidad con el artículo 77 Bis-38 de la Ley los beneficiarios deberán participar en el autocuidado de la salud, por lo cual al incorporarse al Sistema (SPSS) recibirán la Cartilla Nacional de Salud que les corresponda, de acuerdo con su edad y sexo, misma que deberán presentar en toda atención de salud que soliciten.

En el caso de la atención de urgencias la falta de presentación de la Cartilla Nacional de Salud no podrá ser motivo para negar la atención médica.

La información de la que estará integrada una Cartilla Nacional será de la siguiente manera:

• Identificación y datos generales:

Esta primera página de la cartilla tiene la finalidad de que se recaben los datos básicos del propietario de la cartilla, como son su CURP, nombre, edad, sexo, número de expediente, domicilio, lugar y fecha de nacimiento y su tipo y grupo sanguíneo, de tal forma que permitan la identificación precisa de la persona, a fin de que se otorguen las acciones de salud que le corresponden. En esta área, existe un espacio que de manera opcional puede ser destinado para adherir la fotografía de la persona

• Promoción de la salud:

La finalidad de esta sección es enlistar todos los temas de promoción de la salud que debe conocer la persona de acuerdo a su sexo y grupo de edad y permitir que el prestador de servicios médicos lleve un registro periódico de la asistencia a los talleres en los que participe el usuario de los servicios. Se pretende con esto el desarrollo de competencias para el adecuado manejo de determinantes.

• Nutrición:

Realizar las acciones que nos ayuden a la evaluación y vigilancia del estado nutricional de la población. De los 0 a los 5 años de edad se tomará en cuenta el peso y la talla de los niños y niñas y se comparará con las tablas establecidas en la cartilla correspondiente, a partir de los 6 años se calculará el índice de masa corporal (IMC) comparando resultados igualmente en las tablas para ese fin, adicionalmente también se deberá tomar la medida de la cintura considerando los valores de referencia establecidos. De acuerdo a los resultados encontrados se proporcionará orientación alimentaria de acuerdo a los grupos de edad y sexo que corresponda. Durante la intervención se proporcionara información y administración de complementos nutricionales como son hierro, ácido fólico y vitamina A.

• Esquema de vacunación:

Que la población reciba la aplicación de las vacunas para evitar que padezcan algunas enfermedades infectocontagiosas, que pueden llevar a la muerte o dejar secuelas graves. Las vacunas serán aplicadas de acuerdo a los esquemas establecidos por grupo de edad.

• Prevención y Control de Enfermedades

Mantener informada a la población mediante la orientación consejería sobre los cuidados y acciones a realizar para mantener la salud bucal, evitar riesgos por adicciones, enfermedades infecto-contagiosas y crónicas degenerativas. Además se registran las pruebas de detección de padecimientos como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tuberculosis pulmonar, cáncer cervicouterino, cáncer de mama

• Salud sexual y reproductiva

Promover entre la población mediante la orientación-consejería la salud sexual y reproductiva, el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para el libre ejercicio de su sexualidad y disminuir los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo; favorecer los factores protectores y la atención a los grupos con necesidades específicas, así como el otorgamiento de métodos anticonceptivos a los usuarios que lo soliciten. También se deberá proporcionar a las mujeres en edad reproductiva la vigilancia prenatal, la atención del parto y la vigilancia posparto, así como la orientación-consejería sobre el climaterio y menopausia con el respectivo tratamiento hormonal que necesiten.

• Citas de atención médica

Contar con un espacio para que se registren las citas con su médico y/o servicio al que deberá acudir para recibir la atención médica integral necesaria.

Los servicios de salud privados forman parte del Sistema Nacional de Salud y también deberán distribuir y utilizar las Cartillas Nacionales de Salud para brindar una atención integral a sus pacientes que incluya las acciones de promoción, prevención y control.

Los médicos privados deberán solicitar a las autoridades de salud las Cartillas Nacionales de Salud que distribuyan a sus usuarios y deberán reportar a la Secretaria de Salud Estatal las acciones que realicen, especialmente las relacionadas con prevención y control de padecimientos infecto-contagiosos y enfermedades crónico, degenerativas.

En la actualidad las Cartillas Nacionales de Salud, integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades, esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.

La misión de la Cartilla Nacional de Salud es convertirse en instrumento imprescindible para evidenciar el desarrollo de estilos de vida saludables incorporando conductas favorables a su salud. La estrategia de atención primaria pretende que el individuo y la comunidad conozcan, participen y tomen decisiones sobre su propia salud, adquiriendo así responsabilidades sobre ella, siendo una herramienta más del quehacer diario del personal de salud, y convertirse en una parte indivisible entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios de salud.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el Título Tercero –Prestación de los Servicios de Salud– de la Ley General de Salud, capítulo IV reformando en su contenido al artículo 51 Bis para incluir el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud recorriendo los artículos actuales del texto vigente de la ley, se reforma el artículo 52 agregando un segundo párrafo, se reforma el artículo 54 agregando un segundo párrafo, se reforma la fracción VII el artículo 58 y se reforma el artículo 133 adicionando tres párrafos al inicio, recorriendo el texto vigente y se adiciona una fracción V al mismo para quedar como sigue:

Título TerceroPrestación de los Servicios de Salud

Capítulo IVUsuarios de los servicios de Salud y participación de la comunidad

51 Bis 1. Se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud como el esquema a través del cual los usuarios de los servicios de salud y los prestadores de servicios de salud, tanto del sector público como privado, podrán llevar un seguimiento personalizado y continuo de las acciones de prevención y promoción de la salud que se reciban en cada etapa de la vida.

51 Bis 2. El Sistema de Cartillas Nacionales de Salud estará constituido por una serie de documentos oficiales y personales para la población mexicana que serán entregados de forma gratuita y obligatoria; funcionando como un instrumento que le sirva al personal de salud y al usuario para llevar el control de las acciones de promoción de salud, prevención, detección oportuna y control de las enfermedades facilitando el seguimiento del estado de salud, promoción de estilos de vida saludable y el registro de los principales servicios de salud.

51 Bis 3. La Cartilla Nacional de Salud estará integrada de la siguiente manera:

• Identificación y Datos Generales. Su finalidad es recabar los datos básicos del propietario de la cartilla.

• Promoción de la salud. Esta sección busca enlistar los temas de promoción de la salud que debe conocer la persona de acuerdo a su edad y sexo.

• Nutrición. Permite realizar acciones que ayuden a la evaluación y vigilancia del estado nutricional de la población; de acuerdo a los resultados derivados de la evaluación nutricional se proporcionará orientación alimentaria de acuerdo al sexo y edad.

• Esquema de vacunación. Su finalidad es que la población reciba las vacunas para evitar que padezcan algunas enfermedades infectocontagiosas, que pueden derivar en muerte o consecuencias graves. Las vacunas son aplicadas de acuerdo al grupo de edad.

• Prevención y control de Enfermedades. Busca mantener a la población informada mediante la orientación sobre los cuidados y acciones que se deben realizar para mantener salud bucal, evitar adicciones, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas no transmisibles.

• Salud Sexual y Reproductiva. Promover salud sexual y reproductiva mediante la orientación y otorgamiento de métodos anticonceptivos.

• Citas de Atención Médica. Su propósito es el registro de citas médicas y o servicio al que se deberá acudir para recibir atención.

Las Cartillas Nacionales de Salud se entregarán de acuerdo al grupo de edad: niñas y niños (0 a 9 años), adolescentes (10 a 19 años), mujer (20 a 59 años), hombre (20 a 59 años) y adulto mayor (60 años o más).

51 Bis 4. Todas las Cartillas Nacionales de Salud serán gratuitas y deberán entregarse a los usuarios por conducto de los prestadores de servicios de salud de manera obligatoria en cualquiera de los establecimientos integrantes del Sistema Nacional de Salud.

51 Bis 5. Todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud deberán utilizar el formato de cartillas que establezca la Secretaría de Salud.

51 Bis 6. Las Cartillas Nacionales de Salud deberán contener los datos generales de identificación y fotografía de la persona a la que pertenezca, además de los rubros básicos de información siguientes:

I. En la Cartilla Nacional de Vacunación:

a) Esquema básico de vacunación vigente señalando los tipos de vacunas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Control de peso y talla para niños y niñas menores de 5 años;

c) Control de índice de masa corporal para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad;

d) Tabla de peso normal de acuerdo con la edad para niños y niñas;

e) Tabla de índice de masa corporal normal de acuerdo con la edad para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad; y

f) Los demás que establezca la Secretaría de Salud.

II. En la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer:

a) Todas las vacunas que se apliquen a la mujer de 20 a 59 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Planificación familiar;

c) Antecedentes patológicos personales y familiares;

d) Antecedentes gineco-obstétricos;

e) Salud perinatal;

f) Antecedentes de lactancia materna;

g) Prevención, detección y control de cánceres cervicouterino y mamario, en donde se deberán considerar, entre otros, los estudios de papanicolau, exámenes clínicos de mama y mastografías, así como las pruebas de tamiz;

h) Prevención y atención durante el climaterio y la menopausia; considerando la detección y el tratamiento recibido;

i) Agudeza visual;

j) Prevención, detección y control de diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual;

k) Control de peso;

l) Salud bucal, y

m) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

III. En la Cartilla Nacional de Salud del Hombre:

a) Todas las vacunas que se apliquen al hombre de 20 a 59 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Planificación familiar;

c) Antecedentes patológicos personales y familiares;

d) Agudeza visual;

e) Prevención, detección y control de diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, hiperplasia prostática y enfermedades de transmisión sexual;

f) Control de peso;

g) Salud bucal, y

h) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

IV. En la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor:

a) Todas las vacunas que se apliquen a la mujer y al hombre mayor de 60 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Prevención, detección y control de enfermedades crónico-degenerativas, tuberculosis, entre otras de importancia en salud pública;

c) Prevención de complicaciones de hipertensión arterial y diabetes;

d) Prevención, detección y control de cáncer;

e) Agudeza visual;

f) Control de peso;

g) Salud bucal, y

h) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

51 Bis 7. Las instituciones públicas y privadas utilizarán instrumentos de seguimiento y sistematización de la información referente a los servicios otorgados en el marco del Sistema Nacional de Cartillas de Salud y estarán obligadas a entregar un informe anual a la Secretaría de Salud del avance en las acciones de promoción y prevención realizadas a cada uno de los usuarios de sus servicios de salud.

51 Bis 8. Las autoridades del Sistema Nacional de Salud promoverán que los jueces u oficiales del Registro Civil entreguen la Cartilla Nacional de Vacunación a los padres, tutores o responsables del menor que aún no cuenten con ella, o la soliciten a efecto de asentar los datos del menor en la misma.

51 Bis 9. La Cartilla Nacional de Vacunación quedará en poder y bajo custodia de los padres, tutores o responsables de su titular hasta en tanto éste alcance la mayoría de edad. Los padres, tutores o responsables del menor deberán presentarlo en las unidades aplicativas para su vacunación y, al efectuarse ésta, los prestadores de servicios deberán anotar en la cartilla la información a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 51 bis 4 de esta ley.

51 Bis 10. La Cartilla Nacional de Vacunación y todas las Cartillas del Sistema Nacional de Cartillas tendrán plena validez en las dependencias, entidades o instituciones ante las que deba comprobarse la vacunación o las acciones de prevención realizadas.

51 Bis 11. Se considerará que una cartilla esta activa cuando esté registrada por lo menos una intervención de salud otorgada en los últimos 6 meses y se considerará que está al corriente cuando una cartilla se encuentra llenada en tiempo y forma puntual en el registro de todas las intervenciones de promoción de la salud, nutrición, esquema de vacunación, prevención y control de enfermedades y salud reproductiva, de acuerdo a la frecuencia indicada por el grupo de edad al que corresponda.

51 Bis 12. Cuando se presten servicios de salud a un individuo que no cuente con la Cartilla Nacional de Salud correspondiente a su grupo de edad, el prestador estará obligado a entregársela y asentar en ella los datos generales del usuario.

Asimismo, el prestador de servicios deberá indicar al usuario la necesidad de presentar la Cartilla Nacional de Salud correspondiente cada vez que sea atendido, independientemente del lugar en donde reciba el servicio.

51 Bis 13. En ningún caso se podrá negar la prestación de los servicios por la falta de presentación de la Cartilla Nacional de Salud.

51 Bis 14. En caso de una emergencia de salud, la Secretaría podrá emitir la cartilla especializada que sea necesaria para verificar y monitorear el estado de salud de la población.

51 Bis 15. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua.

Artículo 51 Bis 16. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.

Artículo 51 Bis 17. Las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la solución corresponda a su ámbito de competencia.

Artículo 52. Los usuarios deberán ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales y equipos médicos que se pongan a su disposición.

Los usuarios tendrán la obligación de participar activamente en la conservación de su salud, a través de llevar a cabo las acciones de promoción y prevención de la salud que establezca su cartilla Nacional de Salud respectiva, en los términos del artículo 77 Bis 38 de esta Ley General de Salud.

Artículo 54. Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y en relación a la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos. En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y en su caso la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región o comunidad.

Con la finalidad de facilitar el manejo de las Cartillas Nacionales de Salud a que hace referencia el artículo 51Bis 1 de esta Ley General de Salud, las autoridades brindarán toda la información y asesoría necesaria para promover el uso correcto de éstas.

Artículo 58. La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones:

I. a VI. ...

VII. Promover la utilización generalizada de las Cartillas Nacionales de Salud y todas las actividades que coadyuven a la protección de la salud.

Artículo 133. Se entiende por prevención de la enfermedad todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz.

Se entiende por prevención de accidentes todas aquellas acciones destinadas a evitar, anticipar y dar solución a todo acontecimiento fortuito, generalmente dañino, independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.

En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se expidan;

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III.

V.Proporcionar a los usuarios del Sistema Nacional de Salud de manera gratuita, las Cartillas Nacionales de Salud a las que hace referencia el artículo 51 Bis 1, esto con la finalidad de involucrar a los pacientes en las acciones de conservación de la salud, señaladas en el párrafo segundo del artículo 52 de esta Ley General de Salud.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task= doc_ view&gid=19004&Itemid=2518

2  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

3  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

4 http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/2_ carta_de_ottawa.pdf

5 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_ DE_SALUD.pdf

6  Referencia: adaptada del Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos, OMS, Ginebra, 1984.

7  http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/

8  http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/index17. html

9  http://www.who.int/chp/chorinc_disease_report/part1/es/

10 http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/2_carta_de_ottawa.p df

11  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013, Citado de la página 24 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

12  http://ensanut.insp.mx/

13  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013, Citado de la página 30 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

14  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013, Citado de la página 48 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

15  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013, Citado de la página 48 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

16  http://bloghelenkeller.com.mx/inicio/?p=274

17  http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia_nacional.pdf

Bibliografía consultada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4o. Derecho a la Protección a la Salud.

Ley General de Salud.

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud:

Artículo 19 fracción XIV. Administración del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud

Artículo 30.

24 De diciembre de 2002 Diario Oficial de la Federación: 24 de diciembre de 2002 decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.

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http://www.psicologia-online.com/colaboradores/ barbara/prevencion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, Y CUARENTA DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

«Iniciativa que reforma los artículos 18 y 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del PAN

Presentación y fundamento legal

El suscrito, diputado federal Armando Rivera Castillejos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con base en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 y adiciona un párrafo, al artículo 79, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y reforma el artículo 40, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Planteamiento del problema

Si bien ha resultado eficaz el sistema de cuentas individuales manejadas por administradoras de fondos de pensiones conocidas como Afore, vigente desde 1997, para la administración de los recursos de los trabajadores adscritos al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque evitó el colapso previsible del antiguo sistema de pensiones, actualmente los fondos para la renta vitalicia o el retiro programado de los asegurados que se encuentran en condiciones de retiro, resultan insuficientes para garantizarles una vida digna cuando concluyen su etapa como trabajadores activos.

Uno de los problemas que se han presentado en el nuevo esquema pensionario es el monto de las cotizaciones de los trabajadores para las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por ello, en el momento de separarse de la vida laboral, los trabajadores sólo obtienen en promedio entre 30 y 50 por ciento de su último salario. Además, la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años, que representa un 78.66 por ciento, de acuerdo a un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México no ha permitido el ahorro voluntario por parte de los asegurados en la cuenta individual.

Por ello, es pertinente plantear una opción para que, con el consentimiento del trabajador, los recursos destinados a financiar sus futuras pensiones se incrementen durante su vida activa y por ende sus rendimientos, a fin de que en el momento de su separación definitiva puedan acceder a un retiro digno, de acuerdo a sus necesidades.

Argumentos

El día martes 24 de noviembre de 2015, el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de la Secretaría de Gobernación remitió a la Cámara de Diputados el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015, en nombre del ciudadano Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con el artículo 5o., fracción XIII y XIII bis, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El citado informe fue turnado por el Presidente de la Mesa Directiva, diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

En dicho informe se hace referencia al anterior, correspondiente al segundo trimestre de 2015, en donde se incluyó un diagnóstico presentado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), respecto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), detallando tanto los antecedentes que dieron lugar a éste, como sus beneficios y principales desafíos. Como parte del documento se señalaron 11 grandes retos que son necesarios enfrentar para fortalecer al SAR:

“• Un bajo nivel de aportaciones obligatorias,

• El reto de incorporar a los mexicanos desde temprana edad al sistema,

• El desafío de elevar los niveles de densidad de cotización,

• El reto de contar con una edad de retiro acorde a las tendencias demográficas del país,

• La necesidad de incrementar los rendimientos futuros en el SAR,

• La necesidad de seguir con la tendencia de reducción de comisiones,

• Aumentar la cobertura;

• Promover una mayor competencia;

• Elevar el ahorro voluntario;

• Prepararse para la fase de desacumulación;

• Promover la educación financiera y la cultura previsional”.

En el mismo sentido, “el pasado 15 de octubre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un estudio integral sobre el sistema de pensiones en México, el cual fue entregado por el secretario general de dicho organismo, José Ángel Gurría, al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. Dicha institución es reconocida por establecer directrices y mejores prácticas a nivel global en materia de pensiones a través de su grupo de trabajo Working Party on Private Pensions y la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones IOPS, dos foros únicos a nivel global donde se discuten los principales retos en materia pensionaria”.

El citado documento emitió una serie de recomendaciones en materia pensionaria para el sistema mexicano sin dejar de reconocer los avances logrados en el sector. En particular, señaló como focos de atención entre otros temas, los bajos niveles de aportaciones.

Tal como se resaltó en el Diagnóstico del SAR, el estudio de la OCDE muestra que el nivel de las aportaciones del sistema de cuentas individuales mexicano es bajo a nivel internacional y se encuentra en último lugar entre los países miembros de dicho organismo, así como entre otros países cuya información se encuentra disponible. Señala el estudio que el sistema no está preparado para poder garantizar un monto de pensión de más del 50 por ciento del último salario del trabajador. De acuerdo con los cálculos realizados por la OCDE, una contribución del 6.5 por ciento para un asalariado medio, podría alcanzar una tasa de reemplazo de sólo 26 por ciento. Para obtener una tasa de remplazo del 50 por ciento con una probabilidad del 75 por ciento al 90 por ciento, el estudio indica que se requiere una tasa de contribución media entre el 13 por ciento y 18 por ciento por un período de 40 años.

Si se compara la situación de México en el nivel de la aportación obligatoria, con otros países de América Latina, se encuentra que es de alrededor de 10 por ciento (Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador y Perú). El estudio señala que en 14 de los países que integran la OCD, la aportación se encuentra entre el 16 por ciento y 20 por ciento, en tanto que en Italia y Hungría es superior al 30 por ciento.

Las cifras anteriores demuestran la necesidad de encontrar soluciones viables que permitan incrementar el monto de las aportaciones de los trabajadores en activo, como una de las opciones para incrementar la tasa de remplazo, una vez que el asegurado se encuentre en los supuestos de retiro y pueda mantener un nivel adecuado de vida. Ello sin afectar sus ingresos mientras se encuentre laborando, es decir, que su salario no se vea afectado por una cuota adicional a la ya destinada para su retiro.

En este sentido, la presente iniciativa propone que, previa solicitud por escrito del trabajador, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores  realice el traspaso de los recursos de la subcuenta de vivienda a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, siempre y cuando el propio asegurado determine que no hará uso del derecho a solicitar un préstamo para vivienda.

Con ello también estaremos garantizando el derecho del trabajador a decidir sobre el destino y administración de sus recursos de la subcuenta de vivienda, en caso de que opte por no solicitar un crédito durante su vida laboral, así como un mejor goce de los derechos universales a la seguridad social y a una vida digna en la época de retiro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a su consideración el siguiente Proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 18 y adiciona un párrafo, al artículo 79, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y reforma el artículo 40, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero, fracción II, del artículo 18 y se adiciona un párrafo, al artículo 79, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

...

Las administradoras, tendrán como objeto:

I a  I Quáter...

II. Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales de conformidad con las leyes de seguridad social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, así como realizar los traspasos entre las subcuentas que corresponday los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser recibidos en las cuentas individuales y administrar los recursos de los fondos de previsión social;

III. a XI. ...

...

Artículo 79. ...

...

...

...

El trabajador afiliado podrá solicitar que el importe de las aportaciones de la subcuenta de vivienda sea trasladado a la subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro, en el entendido de que no solicitará un crédito de vivienda. Ese recurso servirá para incrementar el monto de la pensión y ésta transferencia podrá realizarse en cualquier momento.

...

...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 40, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que , el trabajador afiliado decida no aplicar durante su ejercicio laboral, podrán ser transferidos en cualquier tiempo, a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, siempre que éste lo solicite por escrito ante el Instituto. De lo contrario, estos fondos queno hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Centro de Análisis Multidisciplinario. UNAM. Publicado el Viernes 29 de agosto de 2014. http://cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseri a-perdida-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion- 117/#poder-adquisitivo

2 Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4411-I, martes 24 de noviembre de 2015.

3 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Informe trimestral al Honorable Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, correspondiente al tercer trimestre de 2015, julio-septiembre. SHCP. México. 2015. Páginas 4 y 5.

4 Artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida el 10 de diciembre de 1948. Organización de las Naciones Unidas ONU. Consultados en: http://www.un.org/es/documents/udhr/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputado Armando Rivera Castillejos (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Vivienda, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                                       PROMUEVA A NIVEL NACIONAL EL USO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover a escala nacional el uso de sistemas para captar agua pluvial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en atención a sus facultades promueva a nivel nacional, el uso de los sistemas de captación de agua pluvial como parte de una política de cuidado al agua, desarrollo sustentable y preservación del medio ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente es parte fundamental del quehacer político y sobre todo social, en el día a día.

Todo esto, motivado por el deterioro y las considerables consecuencias negativas que hemos creado en nuestro medio ambiente, y por derivación en nuestra propia calidad de vida.

En este sentido, la sustentabilidad en el desarrollo, la eficiencia en la disposición de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza, el adecuado manejo y procesamiento de desechos, la reducción de emisiones contaminantes, el  mejor aprovechamiento de las energías y el cuidado del agua entre otras medidas, son cada vez más, una constante en nuestra conducta diaria.

A pesar de que se ha logrado avanzar al respecto, nos hemos dado cuenta que aún falta mucho por hacer y el camino es todavía largo.

Cabe señalar que los efectos del cambio climático representan un peligro para todos; derivado del incremento de la temperatura global que estudios oficiales, determinan, ha sido en 0.8 grados centígrados.

De continuar así y en esa tendencia; dependencias internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo, han señalado que sus consecuencias serían devastadoras para la raza humana y su progreso, destacando 6 efectos:

1. Sobre la producción agrícola y seguridad alimentaria, se estima que los afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI por las carencias de alimento.

2. Se advierten problemas por la carencia de agua e inseguridad de la misma, estimando que para finales del siglo, 1,800 millones de personas podrían habitar en regiones con severa escases de agua.

3. Sobre el aumento en el nivel del mar y la exposición a desastres meteorológicos, de llegar el aumento global de la temperatura a 3 grados centígrados, obligaría a más de 330 millones de personas a migrar por las inundaciones que se presentarían.

4. En lo referente a la pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, con un aumento del calentamiento global de 3 grados centígrados, 20 o 30% de las especies terrestres podrían extinguirse irreversiblemente.

5. Sobre las amenazas a la salud humana; se concluye que las personas expuestas a enfermedades como el paludismo, aumentarán considerablemente en forma exponencial.

6. Finalmente, los daños económicos podrían provocar una recesión del 20% del PIB mundial, lo que en la economía mundial seria completamente desastroso.

En nuestro territorio, la realidad no es distinta ni estamos ajenos a padecer las consecuencias de todo lo anterior.

Las conocemos y sobre todo; las hemos sufrido.

Un ejemplo de esto es que se tiene registrado que en la década 2000 - 2010 las emisiones de gases contaminantes y generación de desechos o residuos, se incrementó desproporcionadamente, colocándonos como el primer lugar en América Latina en la emisión de este tipo de gases.

Todo ello, con las conocidas consecuencias, económicas, sociales y ante todo, en la salud pública.

Sobre nuestros recursos naturales, el panorama es igualmente desolador; entre el año 2005 y el año 2010 se registró en promedio la pérdida anual de 160 mil hectáreas de bosques.

Como es sabido, lo anterior nos ha generado importantes factores de devastación y erosión del suelo, con un amplio impacto zonal.

Sobre el uso y manejo del agua, el panorama es alarmante; el 30% de la extracción de agua para consumo humano en nuestro territorio se obtiene mediante fuentes no sustentables o sin el mínimo control ambientalmente.

En contraparte y de manera desafortunada, la tasa de recolección de aguas pluviales que tenemos; está entre las más bajas mundialmente.

Lo anterior es incomprensible, en primer lugar porque México ocupa la cuarta posición a nivel mundial en lo que se refiere a biodiversidad y en segundo lugar porque tenemos la capacidad y los medios, así como la imperante necesidad de corregir esta situación debido a que el 60% del agua para nuestro consumo proviene de fuentes superficiales como ríos, lagos y arroyos, el restante 40% de fuentes subterráneas; mientras que, únicamente el 4.8% del agua de lluvia se filtra al subsuelo para recargar los mantos acuíferos.

En la actualidad, la carencia de agua es un problema latente con una importante tendencia a agravarse. Estadísticas oficiales estiman que al menos 13 millones de mexicanos en todo nuestro territorio padecen o sufren el desabasto de este vital líquido y cerca de 3.3 millones de viviendas conllevan el mismo problema.

Cabe señalar que las cifras anteriores son solo una muestra de las grandes proporciones de personas así como de hogares, que se verían seriamente damnificados por escases de agua derivada de las afectaciones a nuestro medio ambiente.

El desabasto de agua a la fecha, sigue siendo un problema que no se ha solucionado ni tampoco atendido de manera decisiva; y a pesar de lo anterior, los criterios de construcción y de expansión de grandes desarrollos ya se de vivienda o uso comercial, industrial y de servicios, siguen siendo ajenos, insuficientes o tímidos para cooperar en corresponsabilidad ante este asunto.

Las soluciones están ahí, son conocidas y están al alcance; tanto de las autoridades como de los particulares; lo que parece hacer falta es la voluntad de una parte y el efectivo compromiso de la otra; para aplicarlas.

Un ejemplo de ello; es que en la actualidad, la recolección de agua pluvial; sigue siendo una solución menospreciada y subvalorada, y a pesar de ser una importante herramienta, sigue estando como un invaluable recurso desestimado.

Es incomprensible que tanto las autoridades y los particulares del ramo de la construcción, hagan de lado un método tan eficaz y ancestralmente utilizado, como lo es la recolección y el aprovechamiento del agua pluvial; por considerarlo una herramienta costosa, con bajo beneficio económico, a pesar de que el social y el ambiental es alto.

Su efectividad probada, por encima de su costo -que hay que reconocer es inicialmente alto-, se basa en que en nuestro país recibimos en promedio 1500 millones de metros cúbicos de agua al año por lluvia, ya que nuestra condición climática establece una estación húmeda con una media de entre 6 meses al año, es decir de mayo al mes de octubre; destacándose que en la actualidad los efectos climáticos han extendido el periodo de lluvias y además aumentado la periodicidad, la cantidad de agua que llueve y la fuerza de éstas, en una gran medida.

Con los datos anteriores, se estima que sin una eficiencia alta en el sistema de captación de agua de lluvia, durante un año en una vivienda de tamaño promedio; se estaría ahorrando como mínimo el 15% del consumo de agua para uso doméstico de ese hogar.

Por ende, es clara la necesidad de insistir en el uso e instalación de este tipo de sistemas en todo nuestro territorio nacional como una medida de impacto positivo tanto social, ambiental e incluso económico para los particulares, por el ahorro que les representaría en sus pagos por el agua que consumen.

Con ello, podemos afirmar que la recolección de agua pluvial es un importante esfuerzo que estamos desaprovechando de manera desafortunada y sobre todo de forma deliberada y consciente.

Esta situación no puede seguir así, porque por cada año que estamos dejando pasar sin hacer nada al respecto; estamos desperdiciando en el drenaje público una importante cantidad de agua para nuestro uso y aprovechamiento, y sobre todo la oportunidad de hacer algo más por nuestro planeta y su medio ambiente, así como para nuestro futuro como sociedad y civilización.

Además y de antemano, en este sentido estamos todos obligados a actuar, tanto autoridades como particulares; y nosotros los representantes populares no podemos ni debemos ser ajenos o excluirnos de ello.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la fracción III de su artículo 15, es muy clara al respecto.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a II. ...

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;

IV. a XX.

Como se puede apreciar en la fracción tercera del artículo anterior, el cuidado y la protección a nuestro medio ambiente es un ejercicio de corresponsabilidad que no solo es competencia de las autoridades y responsabilidad únicamente de la sociedad civil organizada.

Actuar de manera activa y propositiva para el efecto, es obligación de todos por igual y como se puede percibir, al hacerlo; estamos dando importantes avances en materia de sustentabilidad; y ese es precisamente el espíritu del presente punto de acuerdo.

Estaríamos realizando un transcendental esfuerzo ambiental, a la par de sentar un importante precedente.

Estamos ante un tema que debemos asumir como un valioso esfuerzo que no puede, ser medido en términos de costo-beneficio económico; sino como inversión ambiental y para nuestro futuro.

Sin duda alguna reconocemos que la inversión inicial para implementar un sistema de captación de agua pluvial en cualquier inmueble seria significativa, pero a la vez no se puede omitir su elevado beneficio e impacto positivo para nuestro país y en general para todos como sociedad.

En la actualidad y sobre este tema en particular, la captación de agua pluvial debemos de asumirla como una tarea pendiente que nos involucra a todos.

Requerimos actuar, e insisto en no asumir lo anterior como un gasto sino como una inversión en nuestro futuro y en la herencia que dejaremos a esas generaciones, un mejor México para que vivan en él.

Como representantes populares, no podemos ni debemos mantenernos al margen de actuar a favor del bienestar en común y del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en atención a sus facultades promueva a nivel nacional, el uso de los sistemas de captación de agua pluvial como parte de una política de cuidado al agua, desarrollo sustentable y preservación del medio ambiente.

Notas:

1 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

3 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

4 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

6 Estadísticas del Agua. Conagua.

7 Censo de Población y Vivienda. Inegi.

8 Dirección General de Geografía. Cartas de Tipos de Clima. INEGI:

9 Guía del Agua y la Construcción Sustentable. Agua.org

10 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 15.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2016.— Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arambula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LA EMPRESA LICONSA, SA DE CV, E INCENTIVAR EL ABASTO DE LECHE NACIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la celebración de convenios con Liconsa, SA de CV, y el estímulo del abasto de leche nacional para los programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, e incentivar el abasto de leche nacional para los programas de desarrollo social al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La producción diaria de leche en México alcanzó en 2010 casi los 30 millones de litros que representaron alrededor del 77 por ciento del consumo nacional, estimado en unos 39 millones de litros diarios. El déficit de 9 millones diarios, el 22 por ciento del consumo, se complementó por la importación.

El 80 por ciento de la producción nacional de leche se concentró en 11 Estados fundamentalmente. Los dos productores principales son Jalisco que produjo mil 967 millones de litros anuales y Coahuila con mil 328 millones de litros anuales al 2010 haciendo el 30 por ciento de la producción del país. No obstante, la industria lechera nacional enfrenta retos que amenazan su desarrollo y que van desde los de índole climático, naturales hasta los comerciales y de tratados internacionales. Uno de los mayores desafíos es la competitividad y vencer la dependencia del exterior.

Liconsa, SA de CV,  es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad bajo una distribución de precios subsidiados con el propósito de elevar la nutrición de millones de mexicanos debajo de la línea de bienestar, fundamentalmente en niños de 6 meses a 12 años de edad y otros sectores vulnerables de la población, como mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia; mujeres de 45 a 59 años; enfermos crónicos y personas con discapacidad y adultos de 60 y más años.

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 destaca en su diagnóstico que la desnutrición en menores de cinco años disminuyó  considerablemente entre 1988 y 2012. La emaciación (bajo peso para talla) decreció de 6.2 por ciento a 1.6 por ciento y el indicador de bajo peso descendió de 10.8 por ciento a 2.8 por ciento en la población menor a cinco años, sin embargo la desnutrición crónica mantiene una incidencia en millón y medio de menores de cinco años registrados en el año 2012. De acuerdo con los planes y resultados, los productos Liconsa demostraron su incidencia en la mejora de los indicadores de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, gracias al consumo de la leche fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12 nutrientes fundamentales para el crecimiento.

En 2015, el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche aglutinó a seis millones cuatrocientas mil personas concentradas, fundamentalmente, en los municipios atendidos por la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En ese mismo año, la distribución para los beneficiarios se realizó en 9 mil 826 puntos.

De acuerdo con el informe de labores de Sedesol septiembre de 2015, respecto al Programa de Adquisición de Leche Nacional,se autorizó un presupuesto de 2 mil 783.2 millones de pesos ejercidos, en esa fecha según el informe, el 100 por ciento, mismos que adquirieron alrededor de 624.7 millones de litros de leche fresca y en polvo con una derrama económica superior a los 3 mil 714.8 millones de pesos beneficiando a 11 mil 124 productores nacionales.

Actualmente, el padrón de proveedores nacionales de Liconsa asciende a 11 mil 248 productores. En 2014, Liconsa compró 778.5 millones de litros de leche a productores nacionales; para 2015, la cifra alcanzó niveles récord al ascender a más de 800 millones de litros.

Una de las metas prioritarias para el logro de los objetivos de Liconsa es dejar de importar para activar el mercado interno e incentivar y apoyar a los productores nacionales para beneficiarlos en la compra de leche; se trata de privilegiar la adquisición de leche mexicana por encima de la extranjera, pese a que esta tiene un precio más bajo: 3 pesos con 90 centavos, contra 6 pesos con 20 centavos por litro de producción nacional.

Liconsa es una de las empresas principales que importan leche en polvo para el abasto social. Se realizaron importaciones de leche en polvo por aproximadamente el 20 por ciento del total del consumo interno. Liconsa complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina. Estos países son excelentes productores de leche y la sobre oferta del alimento lleva a la compra más barata a diferencia de la leche producida en el país.

Una de las mejores soluciones que permitirían mejores garantías de compra a los productores nacionales es que Liconsa realice más convenios con los gobiernos de los Estados y los Sistemas DIF de las entidades federativas a fin de que la empresa provea de leche de calidad y suficiente para dotar a los diferentes programas de desarrollo social y a los programas de desayunos escolares para contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y escolar con raciones alimenticias pertinentes que permitan el aprovechamiento escolar, disminuyan la población en desnutrición o en riesgo de padecerla que asisten a planteles públicos de educación preescolar y primaria, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas en marginación.

Es también oportunidad para vencer el intermediarismo que eleva los precios de la leche además del fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la producción del alimento, disminuir los impactos y, sobre todo, incentivar la eficiencia productiva de la industria lechera que beneficie la producción nacional a través del abasto social para los grupos vulnerables beneficiados a través de los distintos programas de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de los estados a considerar la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, y así incentivar la compra de leche nacional para abasto y consumo de los beneficiarios de los distintos programas estatales de Desarrollo Social.

Segundo. Se exhorta a los Sistemas DIF de las entidades de la Federación a considerar la celebración de convenios con la empresa Liconsa, SA de CV y así incentivar la compra de leche nacional para abasto y consumo de la población infantil beneficiada con los distintos programas de desayunos escolares.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Ganadería, para opinión.

ELABORE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA LA DECLARATORIA DE ÁREA DE REFUGIO PARA TIBURÓN BALLENA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar los estudios técnicos justificativos sobre la declaratoria de área de refugio para tiburón ballena, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tiburón ballena ( rhincodon typus), el pez más grande del planeta, se encuentra en todos los mares tropicales cálidos del mundo salvo en el Mar Mediterráneo. Esta especie se avista ocasionalmente en aguas oceánicas, pero por lo general se le observa alimentándose en grupos cerca de las costas. Aunque esta especie está ampliamente distribuida por todos los mares, la frecuencia con la cual se observan en la mayoría de éstos es baja, salvo en algunas zonas costeras aparentemente preferidas, donde se observan de manera habitual en grupos relativamente grandes durante determinados meses del año (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –Cites–, 2002).

Generalmente se considera al tiburón ballena como un animal solitario; sin embargo, puede exhibir agrupaciones masivas de más de 100 individuos o mostrar asociaciones pequeñas de 5 a 20 organismos (Beckley, et al., 1997; Colman, 1997a).

Según la información disponible, su distribución se caracteriza por apariciones altamente estacionales, con la aparición de grupos de tiburones ballena durante algunos meses en lugares donde el zooplancton, su alimento, abunda como resultado de la freza periódica de peces o invertebrados (Fowler, 2000; Norman, Heyman, et al., 2001).

La especie se caracteriza por ser altamente migratoria y el seguimiento de algunos ejemplares mediante satélites demuestra que sus migraciones suelen ser de muy larga distancia y duración (Norman, 2002).

En ese orden de ideas, podemos localizar al tiburón ballena en zonas de aguas someras cerca de los estuarios y la desembocadura de cuerpos de agua. La presencia del tiburón ballena se asocia con la etapa de reproducción de corales, peces y cangrejos (Norman, 1999).

El hábitat en el cual vive el tiburón ballena es altamente vulnerable a la contaminación, por este motivo el desarrollo económico y demás actividades humanas amenazan su existencia, tal como sucede en la zona marina del noreste de la Península de Yucatán al sur del Golfo de México, área donde confluye una muy variada biodiversidad, producto de un ambiente propicio para ello.

Actualmente, en México la observación y nado con tiburón ballena a través del aprovechamiento no extractivo, es una actividad importante y económicamente rentable para muchas comunidades aledañas al mar; sin embargo, de no regularse puede ocasionar daños a las áreas de distribución del tiburón ballena y su hábitat.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha incluido dentro de su plataforma política 2015-2018, la protección de los océanos y de los mares de todo tipo, considerando como pieza fundamental la preservación de la flora y fauna que en ellos se encuentran, tal es el caso del rhincodon typus o tiburón ballena.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que la conservación de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna del país requieren de un mayor conocimiento para lograr su manejo sustentable, del mismo modo, afirma que los mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de espacios que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico, como es el establecimiento de áreas de refugio de ecosistemas representativos, de alta biodiversidad o amenazados.

En congruencia con lo anterior, consideramos que es necesario proteger al tiburón ballena, llamado también “pez dominó”, “damero” o “pez dama”, representante de la familia rhincodontidae, perteneciente al orden de los orectolobiformes.

Cabe señalar que, a pesar de tener una distribución mundial, se tiene poco conocimiento de los hábitos del tiburón ballena, y fuera de las áreas de congregación se sabe poco de esta especie que, como ya se mencionó, es altamente migratoria.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), relativa a las especies de flora y fauna que se encuentran en riesgo, el tiburón ballena está catalogado como especie amenazada, lo cual significa que se trata de una especie que podría desaparecer en el corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

A nivel internacional el tiburón ballena es capturado por su carne y por el alto valor de sus aletas; su comercio está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) pero, a pesar de los esfuerzos internacionales por la conservación de la especie, sus población van en declive, por lo que se hace necesario reforzar las medidas encaminadas a preservarlo.

En México, el tiburón ballena se encuentra protegido por la Ley General de Vida Silvestre y su captura está prohibida por la Norma Oficial Mexicana 029, de pesca responsable de tiburón.

Las características fisiográficas de la zona marina del noreste de la península de Yucatán, al sureste del Golfo de México, ocasionan que ahí se concentre el mayor número de especies de tiburón ballena registrado en el mundo, sin embargo, el turismo está provocando grandes impactos sobre las poblaciones del mismo, a pesar de existir una reserva de la biósfera, así como planes de manejo.

La Semarnat, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, otorga permisos de avistamiento de la especie con reglas claras y códigos de conducta para los turistas. No obstante, el área de distribución del tiburón ballena es más grande que los polígonos de protección. Esto produce un turismo mal regulado que impacta en la conducta del tiburón ballena en uno de sus sitios de mayor congregación en el mundo. Cuando no se siguen las indicaciones establecidas para la observación correcta y no invasiva, los impactos pueden producir abstinencia del contacto con humanos, inmersiones más largas y hasta abandono del hábitat, además de los daños físicos provocados por los golpes con embarcaciones o cortes provocados por las propelas.

En este contexto, creemos pertinente solicitar a la Semarnat que considere la elaboración de un estudio técnico justificativo, en los términos que establece la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 65, 66 y 67, en los cuales se hace alusión a la figura de áreas de refugio para especies acuáticas que, de acuerdo a la ley, se podrán establecer en aquellos casos en que:

“Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento; por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones”.

Lo anterior da cuenta de la procedencia de una eventual declaratoria del Área de Refugio para proteger al tiburón ballena en la zona de concentración que corresponde a la franja marina del noreste de la península de Yucatán, al sureste del Golfo de México.

En virtud de lo aquí expuesto ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus facultades, elabore los estudios técnicos justificativos para la declaratoria de Área de Refugio para tiburón ballena, en la zona de distribución de esta especie en la confluencia del Atlántico Sur y el Mar Caribe, a fin de que puedan establecerse medidas de aprovechamiento no extractivo sustentable, y se evite el impacto sobre las poblaciones de esta especie en su área de mayor congregación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez,  Juan Manuel Celis Aguirre (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INTENSIFIQUE LA PROTECCIÓN DE LA VAQUITA MARINA Y LA TOTOABA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por las autoridades correspondientes la protección de la vaquita marina y la totoaba, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es una de las áreas de nuestro país con un alto grado de biodiversidad, siendo además el único mar en el mundo que pertenece a un solo país. En sus aguas habitan 36 especies de mamíferos marinos; 31 especies de cetáceos; cinco de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo; más de 700 especies de peces, mantarrayas y tiburones, además de 210 variedades de aves, y poco más de 6 mil especies de macro invertebrados.

Como parte de esta riqueza biológica podemos también congratularnos de contar con un gran número de especies endémicas, es decir, especies que nada más se pueden encontrar en una región del mundo.

Dentro de las especies endémicas de nuestro país tenemos a la vaquita marina ( Phocoena sinus), también conocida como marsopa del golfo de California, con apenas 1.5 metros de largo es la especie de cetáceo más pequeño del mundo, siendo su área de distribución la parte norte del Golfo de California, desde el delta del río Colorado hasta la línea imaginaria que conecta Puertecitos en Baja California y Puerto Peñasco en Sonora.

Por otra parte, en lo referente a las actividades económicas que se desarrollan en las aguas del Golfo de California es de destacarse la pesca, este mar con una extensión 258 mil 593 kilómetros cuadrados y más de 900 islas provee de aproximadamente 62 por ciento de las capturas nacionales, por lo que se considera la zona pesquera más importante de nuestro país.

Ya desde el siglo XVI especies del golfo de California fueron intensamente explotadas, como fue el caso de la ostra perlera, que pasó de ser una especie representativa de la parte sur y centro del golfo, a encontrarse próxima a la extinción. Posteriormente otras especies de este rico mar estuvieron sujetas a la captura intensiva, en su momento ballenas y otros mamíferos marinos que frecuentaban estas aguas o habitaban permanentemente en ellas fueron llevados al borde de la desaparición.

Como ya se mencionó, el golfo de California tiene una gran importancia pesquera, por lo que también algunas especies de peces han sido sobreexplotados, tal es el caso de la totoaba, pez que actualmente se encuentra en peligro de extinción y por lo mismo desde el año de 1975 en veda permanente.

De hecho, ya desde hace décadas se advirtió la necesidad de proteger a las especies que habitan en el golfo de California, por lo que las medidas tendientes a este fin comienzan a mediados del siglo pasado y van desde la declaración como “zona de refugio para todas las especies” en 1955 por la desaparecida Dirección de Pesca e Industrias Conexas, hasta el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 1993.

En el caso particular de la vaquita marina, a inicios de la década de 1970, varios investigadores se interesaron por la existencia de este cetáceo, realizándose reportes que incrementaron el conocimiento de su biología y el estado de salud de su población, concluyéndo que se trataba de una población aislada, reducida y amenazada. Inicialmente se sugirió que la captura incidental en redes pesqueras, la falta de aportes de agua del río Colorado al alto golfo, la contaminación y la endogamia podían afectar severamente a esta especie, por lo que se comienza a temer por la sobrevivencia de la misma.

Por varias décadas en la zona de distribución de la vaquita se desarrollaron actividades pesqueras, siendo la totoaba y el camarón los recursos que daban origen a esta actividad de manera comercial a gran escala, de hecho, la vaquita nunca fue el objetivo de captura, pero como consecuencia colateral de las operaciones de las flotas que pescaban las especies comerciales, las vaquitas marinas caían en las redes como pesca incidental, causando su muerte.

Así a partir de la década de 1990, se establecen las primeras medidas para proteger a la vaquita con la prohibición del uso del chinchorro totoabero (red agallera de más de 12 pulgadas de luz de malla) en todo el golfo de California (Diario Oficial de la Federación 13 de febrero de 1992) y la creación, en 1992, del Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba, CTPVT. Este comité logró conjuntar esfuerzos para la conservación por parte de organismos gubernamentales, centros de investigación, de educación superior y de organizaciones no gubernamentales, que en 1993 culminaron con el establecimiento de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con una superficie total de 934,756 hectáreas (Diario Oficial de la Federación 10 de junio de 1993).

En 1997 se establece el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), con el mandato de desarrollar un plan de recuperación para la especie basado en la mejor información científica disponible y que además considerara los impactos socioeconómicos de cualquier potencial regulación, por medio de alternativas pesqueras, económicas y sociales. Posteriormente, a mediados de 2005 se dio la conformación del grupo Alto Golfo Sustentable, el establecimiento del Área de Refugio para la Protección de la Vaquita (Diario Oficial de la Federación, 8 de septiembre de 2005) y su Programa de Protección (Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2005).

Pero, pese a las medidas que se han tomado para proteger a esta irremplazable especie, ésta cada vez se acerca más a la extinción, ya en 1997 la Cirva estimó el tamaño de la población en alrededor de 567 individuos, para 2012 la Cirva estimó que se tenía una población de 200 vaquitas y para el 2014 en un máximo de 97 individuos. Del último reporte de la Cirva, correspondiente a su reunión de 2014 se puede leer:

“A pesar de todos los esfuerzos hechos a la fecha, los datos más recientes muestran que la población de vaquita está disminuyendo a una tasa de 18.5 por ciento por año. La mejor estimación de abundancia actual es de 97 vaquitas de las cuales menos de 25 podrían ser hembras sexualmente maduras. La vaquita se extinguirá, posiblemente en 2018, si la captura incidental en redes de pesca no es eliminada inmediatamente. Por lo tanto, el Cirva recomienda firmemente que el gobierno de México promulgue regulaciones de emergencia estableciendo una zona de exclusión de redes agaleras cubriendo totalmente el área de distribución de la vaquita (no solamente el refugió ya existente) empezando en septiembre de 2014.

Esfuerzos anteriores de vigilancia en el mar han fallado y la pesca ilegal se ha incrementado en años recientes a lo largo del área de distribución de la vaquita, especialmente por el resurgimiento de la pesquería de otra especie en peligro, la totoaba. Sin embargó, ya no es suficiente con eliminar sólo la pesca ilegal como ha sido recomendado muchas veces en el pasado. Con menos de 100 vaquitas restantes, toda la pesca con redes agalleras debe ser eliminada. Para salvar a esta especie de la extinción, las regulaciones deben prohibir a los pescadores el uso, posesión o transporte de estas redes dentro de la zona de exclusión y esto debe ser acompañado de programas de vigilancia en mar y en tierra. CIRVA recomienda que el Gobierno de México proporcione vigilancia suficiente para asegurar que la pesquería con redes agalleras sea eliminada dentro de la zona de exclusión. Cirva ademas recomienda que todas las herramientas de vigilancia disponibles dentro y fuera de México, sean aplicadas para detener la pesca ilegal, especialmente la captura de totoabas y la comercialización de sus productos.”

Continúa el citado informe presentando la siguiente gráfica.

En fechas recientes, atendiendo en parte a las recomendaciones del Cirva se tiene la expedición en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de abril de 2015 del “Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y palangres operadas con embarcaciones menores, en el norte del golfo de California” y el 16 de abril de 2015 el titular del Poder Ejecutivo federal anuncia la puesta en marcha de la estrategia integral para preservar el ecosistema marino del alto golfo de California.

Pero, no obstante estos anuncios y acuerdos tan solo hace unos cuantos días en el alto Golfo de California se encontraron tres ejemplares de vaquita marina muertos, con escoriaciones y laceraciones en la piel como las que les causarían el enmalle en las redes de pesca para totoaba, pez que como ya señalamos también está en peligro de extinción, vedada su pesca, pero que sigue siendo objeto de captura por parte de los pescadores furtivos.

Para que se tenga alguna esperanza en la recuperación de esta especie la captura incidental de ésta debe de ser de tasa cero, es decir, no se puede permitir que ni una sola vaquita muera por las actividades pesqueras.

El que se hayan encontrado ejemplares muertos por actividades de pesca ilegal no debería de haberse presentado, el marco jurídico para la preservación de esta especie está hecho, contamos con leyes como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con normas oficiales y el Código Penal Federal también tipifica como delito conductas aplicables al caso que nos ocupa, entonces, el problema es de aplicación de estas normas, es un problema de gobernabilidad, de actuar como autoridad, de no ser un “país sin ley”, de que las autoridades, sobre todo las federales hagan su trabajo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a que en el marco de las atribuciones y facultades conferidas respectivamente a estas instituciones, intensifiquen de manera eficiente y eficaz las acciones para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus) y la totoaba (Totoaba macdonaldi).

Notas:

1 El orden de los cetáceos ( Cetacea) engloba a varias familias de mamíferos marinos como las ballenas, cachalotes, zifios, delfines, orcas y marsopas. En total alrededor del mundo existen alrededor de ochenta especies de estos animales.

2 Reporte de la quinta reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva-5), julio de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada María Chávez García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DEMANDAS PENALES DIRIGIDAS EN CONTRA DE PASADAS ADMINISTRACIONES FEDERALES, Y REVISAR LAS ACCIONES REPRESIVAS CONTRA MANIFESTANTES EN EL OPERATIVO JUÁREZ EN 2006

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca sobre las demandas penales dirigidas contra pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el operativo Juárez en 2006, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición de con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Durante los años 2006 y 2007 el Estado de Oaxaca vivió una ola de protestas sociales que involucraron primeramente a las clases magisteriales locales pero que posteriormente implicaron a grandes sectores populares del Estado, que exigieron la destitución del entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, así como la desaparición de poderes. Las protestas derivaron en un grave conflicto social en el marco del cual se produjeron homicidios, desapariciones, hostigamientos, tortura, detenciones arbitrarias y una represión generalizada por parte de los cuerpos de seguridad estatales y federales.

Los profesores de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se habían instalado en el Zócalo central de la capital del Estado como forma de protesta hasta el cumplimiento de su pliego petitorio. Sin, embargo, el 14 y 15 de junio de 2006 el entonces gobernador Ulises Ruiz ordenó el desalojo de la plaza, lo que produjo un severo enfrentamiento con los manifestantes, que respondieron con piedras y palos, resultando en la retirada de las fuerzas de seguridad. A raíz de ello, fue constituida la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que integró a diversas organizaciones sociales y populares que se adhirieron a las demandas del movimiento magisterial. La APPO tuvo como objetivo primordial la destitución del Gobernador Ruiz Ortiz.

Durante la tarde y noche del 27 de octubre, ocurrieron diversos enfrentamientos entre miembros de la APPO y un grupo de radicales con filiación priista, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas, entre las que se cuenta al periodista estadounidense William Bradley Roland, quien murió abatido en plena calle por un disparo de arma de fuego. Ante la imposibilidad de resolver el conflicto mediante otras vías, el gobernador Ulises Ruiz solicitó de forma urgente y formal al entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada, la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el conflicto oaxaqueño.

La PFP ingresó finalmente el 29 de octubre y desalojó violentamente el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, mediante la utilización de vehículos antimotines, disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos, y después de enfrentarse durante más de dos horas a los manifestantes. El saldo fue de tres personas muertas y más de una treintena de detenidos. La APPO se retiró del centro histórico y se replegó hacia el campus principal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

La escalada de violencia e incertidumbre en la vida pública se extendió hasta bien entrado el 2007 y sus consecuencias en términos económicos, sociales y culturales continúan resintiéndose en la entidad.

II.Las comisiones de la verdad son instrumentos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza de la ciudadanía en las mismas, respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

«Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema de casos y peticiones.»

En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que se ocupa, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente:

«iii) Tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos [...] con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.»

Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que el mismo debe ser eliminado.

Es por ello que las recomendaciones emitidas por los informes finales de las comisiones de la verdad deben ser atendidos por las autoridades implicadas en las mismas, pues de otro modo no sólo se atenta contra el derecho a la verdad que dichas comisiones persiguen sino que se perpetúa el círculo vicioso que en principio dio origen a las violaciones de derechos humanos sobre las cuales se investiga.

III.La “Ley que crea Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007”, fue publicada el 19 de octubre de 2013 y tiene por objeto garantizar el derecho a la verdad a través de la creación de una comisión de la verdad que investigue los hechos que le dan nombre.

Dicha comisión de la verdad estuvo integrada por el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien la encabeza; así como por la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González.

La Comisión de la Verdad de Oaxaca informó en septiembre de 2015  que tras sus investigaciones, y luego de un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, se logró la consignación de los responsables de la ejecución extrajudicial del activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Arcadio Hernández Santiago, ocurrida el 2 de octubre del año 2006.

El 29 de febrero del presente año, la Comisión de la Verdad de Oaxaca informó sobre el término de sus labores y presentó a la sociedad un informe final en que se consignan graves señalamientos al Estado por su desempeño durante el virtual estallido social ocurrido en 2006:

«El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.»

Igualmente, la Comisión de Verdad estableció que en la represión y tortura ejercida contra manifestantes durante el conflicto se produjo un “patrón de actuación” por parte del Estado, lo que se enmarca en lo señalado en el numeral anterior:

«Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.»

Asimismo, la Comisión de la Verdad de Oaxaca emitió recomendaciones a las autoridades de la Administración Pública Federal, entre las que destacan las referidas a la revisión de las demandas penales contra las administraciones federales encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón:

«La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.»

En el mismo sentido, la Comisión recomienda a la Procuraduría General de la República, revisar las actuaciones de los principales funcionarios federales encargados de los operativos en Oaxaca durante 2006 y 2007:

«...se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.»

Además, la Comisión estableció que durante el conflicto oaxaqueño fueron ensayados por parte de las autoridades un conjunto de procedimientos para fortalecer la impunidad y que condujo a la actual crisis de derechos humanos:

«... el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.»

Es por todo lo anterior que los hallazgos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca obligan al Estado mexicano a acatar cabalmente sus recomendaciones, dado que en la actual crisis de derechos humanos que padece México, se requieren de decisiones firmes y claras que recuperen el rumbo, guíen a la rendición de cuentas y coloquen en el centro de la agenda pública a los derechos humanos, de otro modo, las autoridades estarían contribuyendo a continuar con el actual clima de impunidad, violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Procuraduría General de la República a atender a cabalidad las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca en su informe final, en el sentido de revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales de 2000 – 2006 y 2006 - 2012, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño investigado por dicha Comisión; así como para revisar la actuación de los ex funcionarios federales señalados por víctimas y actores del mismo conflicto como responsables de dirigir acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

Notas:

1 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 agosto 2014,

(http://www.oas.org/es/cidh/informes/ pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf), p.61

2 Ibídem, pp.59-60

3 “Comisión de la Verdad logra consignación de homicida de policía comunitario en Oaxaca”, La Jornada, 8 de septiembre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/08/comision-de-la-verdad-logra-consi gnacion-a-homicidas-en-oaxaca-9843.html

4 Resumen ejecutivo del informe Comisión de la Verdad “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, 29 de febrero de 2016, http://comisiondelaverdadoaxaca.org.mx/informe-de-la-comision-de-la-verdad-ya-s abemos-no-mas-impunidad-en-oaxaca/

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

OBSERVE LA APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y TRATADOS INTERNACIONALES EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITEN, Y EVITAR QUE SE PRESENTEN CASOS COMO EL DE WALTER SUK

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Guerrero a actualizar el Código Penal de la entidad para garantizar que en la impartición de justicia se observen la jurisprudencia y los tratados internacionales al emitir resoluciones, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ricardo Taja Ramírez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia y abusos dirigidos hacia las personas, en especial en niñas y mujeres, están presente en muchas regiones del país.

El problema se encuentra en grandes urbes como la Ciudad de México hasta en pueblos, tal es el caso del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

Es sabido que existe un importante foco rojo que debe atenderse en el caso de Acapulco, derivado de la explotación sexual que diario se observa en las calles del puerto, junto a ello podemos definir claramente tipos penales como: abusos deshonestos, trata de personas, estupro, violaciones, entre otros.

La grabación que hizo una persona con su celular sobre los hechos que el canadiense Walter Suk estaba realizando con dos niñas, fue ventajoso, humillante y lastimoso para las menores.

Consta en medios impresos y electrónicos que la persona caminaba por la avenida costera miguel alemán a la altura del edificio Oceanic 2000, cuando se percató que una persona de edad avanzada besaba en la oreja a una menor y después le daba besos en la boca, por ello comenzó a grabar y enfrentar al sujeto y llamó a la policía.

Según información de la Fiscalía General del estado de Guerrero de fecha 29 de marzo, informó que el ciudadano canadiense Walter Suk, fue consignado ante el juez quinto penal del Distrito Judicial de Tabares la noche del 28 de marzo, como probable responsable del delito de abuso sexual de personas menores de edad y corrupción de personas menores de edad (doloso).

El inculpado de 68 años y de origen canadiense  fue ingresado al Centro de Reinserción Social  la noche del 28 de marzo a las 22:50 horas, bajo el pedimento penal número 079/2016, antes de fenecer el término constitucional  a las 17:50 horas del 29 de marzo, de acuerdo a la averiguación previa número TAB/EDS/02/0272/2016.

Se señala en medios de información que el fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez, confirmó que Walter Suk, originario de Quebec, Canadá, “va a tener derecho a la libertad bajo fianza”.

Olea Peláez dijo que el canadiense es acusado de pedofilia y rechazó que haya lagunas en la ley penal de Guerrero, sino al contrario, está bastante adelantada.

El fiscal afirmó que hablaría con el juez para que analice que el presunto pedófilo, ya que es extranjero y se puede sustraer a la acción de la justicia, para que no lo deje en libertad, y solicitaría también que entregue su pasaporte para que no pueda salir del país.

Claramente se observa que el padre, quien estaba a unos metros de distancia, no hizo nada para quitar de las manos del canadiense a las menores. Las interrogantes son muchas.

¿Cuántas personas realizan los mismos actos lascivos con menores en Acapulco?

¿Estaba el padre de acuerdo con el canadiense?, si es así, ¿por qué?

¿Cuál es el real daño físico o psicológico que sufrieron las menores?

¿Cómo integró la averiguación previa el Ministerio Público en este caso?

¿Cómo resolvió la autoridad el auto de sujeción o no a proceso?

Son muchas las preguntas y respuestas que faltan de aclarar

En muchas ocasiones, los códigos penales de las entidades federativas, están desactualizados y no corresponden a la realidad social, hasta contravienen lo dispuesto en otros estados de la República o la federación.

No se conoce el status migratorio del canadiense, si esta como turista, está ilegal, donde vive y de donde provienen sus recursos económicos para estar en el país. De ello deriva la imposición del tipo penal o el sustento legal para sujetarlo a proceso.

Una carpeta de investigación es un asunto serio que involucra a las partes, la Fiscalía y el Tribunal superior de Justicia tienen que garantizar el equilibrio y la justa aplicación del derecho en sus resoluciones.

Cierto es que están obligados a la observancia del respeto a los derechos humanos del imputado Walter Suk, para ello deben tender los puentes de comunicación con el consulado de Canadá en Acapulco y que el detenido cuente con su defensor.

Se debe investigar el consentimiento del padre, cómo y con quien van a vivir las niñas ahora, cuál es su situación y como están impactadas las menores.

Tenemos la obligación todas las personas físicas y morales, así como las instituciones del Estado, de acatar lo que establece el artículo 133 constitucional.

“Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar delas disposiciones que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, es el denominado autocontrol constitucional”

Las resoluciones que emita la autoridad deben ser claras y fundadas en derecho, no caben declaraciones que no se sustenten en el análisis y estudio de la norma o las fuentes del derecho.

Se dice que el caso del canadiense Walter Suk, es la única averiguación previa por pedofilia en todo el Estado, ¿será cierto?, acaso no se darán más casos, no tan solo en Acapulco, sino en todo el Estado.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Honorable Congreso de Guerrero a revisar y, en su caso, actualizar el Código Penal local.

Segundo. Se exhorta a los servidores públicos y administradores de justicia de la Fiscalía General y del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero a observar la aplicación de Jurisprudencia y Tratados Internacionales en las resoluciones que emiten, con el fin de que no se existan dudas en las investigaciones, como en el caso del Imputado canadiense Walter Suk.

Notas:

Tomado de http://162.144.81.164/~fge/2016/03/29/consigna-fge-a-ciudadano-canadiense-ante- el-juez-quinto-penal-de-acapulco/ el 29 de marzo del 2016.

2 Tomado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/29/ 1083436 el 29 de marzo del 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

REALICEN UN REGISTRO DE SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO Y ASILADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Segob a integrar un registro de solicitantes de asilo político y asilados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha observado a México su preocupación por la crisis humanitaria de menores de edad acompañados o no, niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados que llegan o utilizan como ruta de tránsito nuestro país escapando de sus lugares de origen ante los escenarios de violencia que ponen en grave riesgo su vida. El señalamiento es ante la falta de instrumentos para identificar, ayudar, proteger, brindar representación legal a estos infantes; además ha señalado que las detenciones de los menores solicitantes de asilo son muy prolongadas; y visualiza puntualmente la ausencia de datos sobre el número de solicitudes de asilo y refugio hechas por niñas y niños.

2. Dichas observaciones son acompañadas por recomendaciones las cuales coinciden con las obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos de la infancia protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y demás leyes aplicables, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3. El sistema de protección internacional del Estado Mexicano se funda en el principio internacional de non-refoulement o no devolución; y frente a la infancia, rige por encima de todo, el actuar según el interés superior de la niñez, de conformidad con la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño, por lo tanto, este marco se aplica incluso para las niñas y niños que no hayan logrado obtener el reconocimiento de la condición de refugiado; esto último reforzado por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y el Protocolo de 1967 suscritas en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 que indican como deber de los Estados parte el reconocerles el derecho a una protección integral, especial y reforzada a los infantes migrantes.

4. El asilo en México y expresado en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 y reformado el 30 de octubre de 2014, solamente define el asilo por causas políticas.

La definición de Refugiado se hizo conforme a la definición Regional de Refugiado de Cartagena y la Convención de Ginebra en su Artículo 2 Fracción VIII que indica que la condición de refugiado es el estatus jurídico del extranjero reconocido como refugiado, que deberá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CG Comar).

Respecto a la protección complementaria, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político determina que la Secretaría de Gobernación deberá otorgar a los extranjeros dicha protección cuando no puedan ser devueltos a su país de origen porque su vida está amenazada o en peligro de ser sometido a tortura, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes.

5. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Unicef, el número de casos de niños, niñas y adolescentes que migran sin compañía de un adulto aumentó 333 por ciento de 2013 a 2015, situación que requiere atención para la garantía de sus derechos; estos datos también son motivo de alarma para la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación que hace notar un crecimiento del 470 por ciento del flujo de migrantes menores presentados ante el Instituto Nacional de Migración que en 2010 fue de 4 mil 043 niñas y niños, y para 2014 se tuvo un registro de 23 mil 96 menores.

6. En cuestión de datos de niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de protección a nuestro país la Comar ha publicado estadísticas generales de 2015 que arrojan que los menores solicitantes son originarios del Salvador con 64 niñas, niños y adolescentes, Honduras con 64; Guatemala 10; India 2 y Nicaragua 1, teniendo 141 solicitantes en total de los cuales 22 abandonaron el procedimiento y 27 desistieron; mientras que 92 lo concluyeron, 44 de estos fueron reconocidos y 35 no lo son. Cabe resaltar que de las cifras publicadas por la Comar donde señala tan solo a 44 niñas, niños y adolescentes no acompañados reconocidos como solicitantes de asilo, frente a los más de 120 mil niños latinoamericanos sin padre o tutor que cruzaron la frontera de México con Estados Unidos en 2015, de acuerdo con datos actualizados a marzo de 2016 que dio a conocer la representante de la Unicef en nuestro país.

7. Lo anterior se suma a dos situaciones:

• Datos de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR en México; indican que al menos el 20 por ciento de los menores migrantes tienen intención de quedarse en el país para huir de la violencia y la inseguridad de sus sitios de origen, por lo que son candidatos a la protección; de los cuales se tiene registro de 404 originarios del Salvador, 908 de Honduras y 805 de Guatemala.

• Un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los Estados Unidos y el Caribe indica que se entrevistó a “102 niños mexicanos de los cuales el 64% manifestaron necesidades potenciales de protección internacional. El 32% hablaron de la violencia en la sociedad, el 17% de la violencia doméstica, y el 12% mencionaron las dos anteriores. El 7% manifestaron haber vivido en situaciones de privación. A diferencia de los niños de los otros tres países, los niños mexicanos son a menudo reclutados por el crimen organizado y otros actores criminales para trabajar como guías para la industria del tráfico de personas. Además de su pequeño tamaño y gran tolerancia para tomar riesgos, es de gran conocimiento que si estos niños son capturados serán simplemente retornados a México. Un sorprendente 38% de los niños de México habían sido reclutados a la industria de tráfico de personas – precisamente por su edad y vulnerabilidad.”

8. La Comar señaló en 2014, durante el taller Protección Internacional de los Refugiados que el número de solicitudes generales de asilo se incrementó en más de 65 por ciento con respecto a 2013 en que se recibieron mil 196 solicitudes, de las cuales entre 30 y 40 por ciento recibieron la protección internacional. Sin embargo el documento “Tendencias Globales” de la ACNUR advierte que en 2014 México tuvo 2 mil 872 solicitudes de asilo en calidad de pendientes; en este rubro respecto a niñas y niños el reporte “Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos” de ACNUR y el Center for Gender & Refugee Studies indican que en 2014 México dio protección complementaria únicamente a dos menores de entre 5 y 11 años originarios de Honduras; mientras que a los niños, niñas y adolescentes de El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Venezuela quedaron en cero. En este reporte también se señala el incumplimiento del gobierno mexicano a lo indicado en el Artículo 52 fracción V, de la Ley de Migración que refuerza la prohibición de la detención migratoria y que además señala que mientras se resuelva la condición como refugiado se debe autorizar la estancia por razones humanitarias.

9. Cabe mencionar que con la problemática aquí expuesta con las cifras vertidas por diversas instancias internacionales y a pesar de que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político indica en su Artículo 14 Bis fracción III, que en materia de Asilo Político, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados, no se tiene registro alguno de manera oficial donde se conste que se está cumpliendo con esta obligación, por lo que la presente Proposición con Punto de Acuerdo pretende instar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en coordinación con la Secretaría de Gobernación establezca un mecanismo para contar con tan importante herramienta estadística y de información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lleve a cabo el Registro actualizado de solicitantes de asilo político y asilados, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, genere información desagregada respecto a niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 31 días de marzo de 2015.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

DIFUNDAN LAS RAZONES DEL SUBEJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y diversos gobiernos locales a difundir las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián Gonzálezen mi calidad de Diputada Federalde la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. De acuerdo con la revisión de las cuentas públicas efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como con las auditorías practicadas al ejercicio de gasto federalizado e información procedente de organismos civiles y de los gobiernos estatales, el ejercicio de los recursos destinados a programas diversos en Salud es bastante opaco e ineficiente, y varias entidades federativas del país han estado subejerciendo diversos recursos del presupuesto destinado a Salud, específicamente el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, de una manera reiterada desde, al menos, el año 2012.

Las conclusiones sobre el desempeño del sector muestran que el desorden en materia de licitaciones y cumplimiento de metas afecta principalmente al Seguro Popular, dejándose inconclusos programas de modernización tecnológica sin que nadie reclame la entrega de resultados por contrataciones pagadas a precios millonarios. A pesar de que en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012, se estableció la meta de llegar a la cobertura universal en 2012, al cierre de ese año el 6.2% de la población, equivalente a 7.1 millones de personas, no tuvo acceso a los servicios de salud.

II.En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF denunció subejercicios superiores a 23.2 por ciento en los estados, descontrol federal sobre el dinero que no se aplica a nivel local, pagos sin comprobar, aumento de transferencias al margen de lo autorizado e incumplimiento en la pregonada cobertura universal de salud, así como desabasto de medicamentos, provocado, entre otras causas, por la inexistencia de un programa anual de adquisiciones y una inadecuada planeación e indicadores de desempeño.

Ese mismo año, según la ASF, los subsidios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 2,574.9 millones de pesos destinados a las 31 entidades, no se ejercieron en 27 de éstas, representando un monto de mil 105.6 millones de pesos; y si bien 26 reportaron como ejercidos mil 265.8 millones, no acreditaron su correcta aplicación.

Evidenciándose casos graves como el de Chiapas, donde la verificación física de los recursos transferidos mostró que la cuarta parte de los mismos fueron utilizados para fines diferentes a los que se habían autorizado.

En el caso del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, la ASF identificó opacidad en las reglas de operación y en los convenios para la transferencia de los apoyos económicos celebrados con las entidades federativas, al tiempo que se carece de los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que garanticen la transparencia en la aplicación de estos subsidios.

En 2012, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) otorgó 196.6 millones de pesos de apoyos económicos a las entidades federativas para cubrir el incremento en la demanda de servicios de salud de nuevos afiliados, así como para la impartición de talleres, pero no comprobó la aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación de 153.2 millones de pesos. Por otra parte, los estados de Tabasco, Veracruz y Zacatecas no ejercieron ni reintegraron a la Tesofe 3.7 millones radicados para el equipamiento de “Bancos de Leche Humana”. Adicionalmente, la comisión entregó 124.6 millones de pesos a 37 unidades médicas, sin que contaran con el dictamen de acreditación de prestación de servicios bajo criterios de capacidad, calidad y seguridad.

III. En la revisión de las cuentas correspondientes a 2013, de una muestra de 33 auditorías realizadas por la ASF al FASSA, 32 a las Entidades Federativas y una a la Secretaría de Salud, se determinaron, entre otros, los siguientes resultados relevantes:

Recursos no devengados (incluye rendimientos financieros y penas convencionales) por 2 mil 331.6 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Transferencia de recursos a otras cuentas distintas al Fondo sin acreditar su destino por 1 mil 916.3 millones de pesos, en los Estados Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos del Fondo (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de impuesto local sobre nómina por 386.1 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Otros montos por aclarar por 153.1 millones de pesos, en los estados de Campeche y Jalisco.

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 120.6 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

En lo referente al Seguro Popular las principales observaciones ese año, fueron entre otras, las siguientes:

Recursos no devengados incluye rendimientos financieros y penas convencionales por 9 mil 155.4 millones de pesos, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos o Programas, y no reintegrados por 2 mil 954.1 millones de pesos, en los estados de Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.

Otros montos por aclarar 1 mil 658.7 millones de pesos, en los estados de Campeche, Chiapas y Jalisco.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores por 669.7 millones de pesos, en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas.

Lo anteriormente expuesto indica que sólo en 2013, se observa en estos programas un subejercicio de aproximadamente 11 mil 487 millones de pesos, más una cantidad insuficientemente comprobada o no aclarada que asciende a 5 mil 144.1 millones.

IV. Las mismas prácticas fueron detectadas por la ASF durante 2014, denunciando que específicamente 24 entidades no ejercieron, o lo hicieron con anomalías, los recursos que les fueron asignados para el sector salud.

De una muestra de las auditorías reportadas, la ASF encontró, entre otras, las siguientes anomalías respecto del FASSA:

Recursos no devengados por 1,954.5 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o transferidos por la tesorería estatal con oportunidad por 1,054.4 millones de pesos en los Estados de Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del FASSA, o que corresponden a ejercicios anteriores por 866.3 millones de pesos en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto, y/o contratos por 834.4 millones de pesos en los Estados de Campeche, Coahuila, Jalisco, México, Michoacán y Nuevo León.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos, y no reintegrados por 791.1 millones de pesos en los Estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

En cuanto al Seguro Popular, de una muestra de las auditorías reportadas por la ASF, algunas de las anomalías detectadas fueron las siguientes:

Recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fechas de la auditoría por 5,870.5 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja california, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la tesorería estatal con oportunidad por 3,200.7 millones de pesos en los Estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 2,946.8 millones de pesos en los Estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Sinaloa y Veracruz.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos o programas, y no reintegrados por 511.5 millones de pesos en los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz .

En cuanto al Programa para el fortalecimiento de la Calidad de los servicios de salud, el monto de los recursos no devengados durante 2014 ascendió a 1,092.5 millones de pesos, y esto lo detectó la ASF en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

También se detectó un subejercicio en la aplicación de los recursos del Prospera. De acuerdo con la ASF los recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fecha de la auditoría fueron por 562.4 millones de pesos, y esto se dio en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La ASF fiscalizó los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Los resultados mostraron que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no contó con criterios metodológicos actualizados para estimar la población programada, potencial, y objetivo, del Seguro. Además, la ASF indicó que los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y que la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2014 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo establecido en el mandato. Asimismo, la ASF señaló que la CNPSS otorgó un financiamiento para que 57 millones 300 mil personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud, sin embargo, no se dispuso de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Sobre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) la ASF señaló que en términos generales, el Sistema no cumplió con las disposiciones legales y normativas que deben ser aplicables durante los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registró presupuestal y contable, entre otros.

Por si eso fuera poco, la ASF señaló que el diseño del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” no fue congruente con las atribuciones mandatadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, no se dispuso de información para valorar las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que debía realizar el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico-uterino y de mama. Y tampoco se dispuso de criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población de responsabilidad institucional, impidiendo realizar con ello una valoración objetiva de su desempeño y su contribución en el mejoramiento de la salud reproductiva de la población.

Los resultados obtenidos por la ASF señalan que en 2014 también el programa “Reducción de la mortalidad materna” presentó deficiencias en su diseño por lo que, de seguir su tendencia de desempeño, calculó que sería en 2030, (15 años de retraso), cuando México podría alcanzar la meta establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de 22.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos.

V. Cabe destacar que de acuerdo con un informe que remitió al Senado, incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que durante 2014 que hubo también un menor ejercicio en el gasto en salud. Fue 15 mil 937 millones de pesos por menores recursos destinados al Seguro Popular y al Seguro Siglo XXI, a los Programas de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios y Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y actividades de apoyo administrativo.

Estamos hablando de que durante los años 2012 a 2014 se ha tenido un subejercicio de, por lo menos, 16 mil 200 millones de pesos en la aplicación del presupuesto destinado a diversos programas de salud, hecho que se ha venido convirtiendo en una tendencia reiterada que pone en riesgo la política social por parte de los gobiernos federal y algunos estatales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, y a los gobernadores de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, así como a jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que hagan públicas las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud y a diversos programas del mismo sector, y a que difundan las medidas que están tomando para resarcirlo y castigar a los responsables.

Notas:

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, ASF, Cámara de Diputados, febrero de 2014, página 163.

2 Ibíd., página 163.

3 Ibíd., página 163.

4 Ibíd., página 170.

5 Ibíd., página 164.

6 Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, UEC Unidad de Evaluación y Control, febrero de 2015, página 60.

7 Ibíd., página 61-62.

8 Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, UEC, Unidad de Evaluación y Control febrero de 2016, página 122.

9 Ibíd., página 123-124.

10 Ibíd., página 126.

11 Ibíd., página 72.

12 Ibíd., página 72.

13 Ibid, página 70.

14 Ibíd., página 71.

15 http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/013n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SOLICITAR A LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE ADQUISICIONES EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito una comisión especial para evaluar el modelo de adquisiciones en México, suscrita por los diputados Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El gobierno ha suscrito tres convenciones internacionales anticorrupción; en el marco del G-20 se encuentra la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, a nivel regional se encuentra la Convención Interamericana contra la Corrupción, mientras que a nivel internacional se tiene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En este mismo sentido, fundamentados en el Artículo 60 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que versa acerca de la “Capacitación y Asistencia Técnica”, en sus incisos, I, II, IV, VI y VII se transfieren las capacidades de un Estado Parte para solicitar la asistencia técnica para la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción.

Por encima del 50 por ciento de la población en México percibe que los niveles de corrupción en el gobierno han aumentado de forma alarmante. La gran mayoría de la población considera que la corrupción es un problema muy serio que se ha caracterizado por estar presente principalmente tanto en los partidos políticos, como en el Congreso de la Unión y en las policías con un 91, 83 y 90 por ciento respectivamente. Estos indicadores son una muestra clara que las acciones gubernamentales han dejado mucho que desear y que en lugar de buscar atacar de frente la corrupción, han coadyuvado a su permanencia.

Si consideramos que la percepción general respecto al sistema judicial es de un 80 por ciento de corrupción, y donde la gente ha tenido que desembolsar “sobornos” para poder acceder a recursos judiciales que en teoría deberían de ser gratuitos y expeditos, nos ayuda a sostener la tesis del Instituto Mexicano para la Competitividad, donde muestra que la corrupción representa un costo por persona de $165 pesos al día, misma que permea en la vida cotidiana de los ciudadanos y repercute de manera directa en la economía familiar, situación que ha incrementado de manera significativa la desigualdad. Esta práctica, de acuerdo al Banco de México, le cuesta al país alrededor del 9 por ciento del PIB anual, cantidad que es equivalente al 80 por ciento de la recaudación de impuestos a nivel nacional de acuerdo al Banco Mundial.

El informe “Peace and Corruption 2015” afirma que a medida que los costos en corrupción aumenta, los índices de paz disminuyen. De acuerdo, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entre los factores que afectan a las instituciones gubernamentales se encuentran la violencia, el crimen organizado y la  confianza en los servicios policiales. Para dicha organización México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores, situación que se hace evidente al considerar que el costo de la violencia durante el año 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el “Índice de Paz Global 2015”, costo muy superior al 15 por ciento estimado por Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En los últimos años hemos sido testigos de grandes muestras de corrupción por parte de funcionarios de alto nivel de nuestro gobierno en materia de licitaciones, asimismo las empresas contratistas son favorecidas estos funcionarios quienes otorgan favores de alto valor económico a cambio de viajes de lujo, propiedades a precios de oferta o recursos monetarios. Los casos más representativos en lo que va del sexenio han recaído en el caso de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto y su esposa, la casa de Malinalco del Secretario Videgaray, la del Secretario Osorio Chong en Las Palmas, el fraude carretero del Viaducto Bicentenario en el Estado de México o el malogrado proyecto del tren México-Querétaro cuyo consorcio ganador fue Grupo Higa, contratista que se le conoce por su cercanía al presidente Peña Nieto.

Una de las acciones más recurrentes, tanto por el gobierno federal como por los estatales, ha sido la violación a los plazos de licitaciones. Las altas tasas de contratos irregulares han resultado en un alto número de contratos promedio por proveedor, situación que debería representar un foco rojo. Los estados con el mayor porcentaje de contratos irregulares son Baja California Sur con 24 por ciento, Nuevo León18.2 por ciento, Aguascalientes 17.1 por ciento, Estado de México 15.9 por ciento, Jalisco 15 por ciento y Veracruz 13 por ciento, mientras que el gobierno federal representa un 2.5 por ciento. Desafortunadamente, para muchos de los casos antes mencionados la sanción de los actos ilícitos cometidos se mantiene en espera permanente con miras al olvido de la sociedad y de la misma justicia.

El ejecutivo ha manifestado a lo largo del presente sexenio su firme compromiso con el combate frontal contra la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Según palabras del presidente EPN a mediados de marzo del presente año, el combate a la corrupción y la impunidad es tarea de todos. Al mismo tiempo manifestó que la corrupción no es privativo del ámbito público, sino también del privado y que a veces “van de la mano”.

A pesar de que la corrupción es considerada un mal endémico a nivel de Latinoamérica, el caso de nuestro país vecino Guatemala nos demuestra que es posible movilizar a una sociedad para exigir justicia; logrando dar golpes a las estructuras criminales y de corrupción en el estado, revelando redes de tráfico de influencias para beneficiar a empresas privadas, esquemas corruptos de financiamiento, y llegando a procesar incluso a sus funcionarios de más alto nivel.

Lamentablemente en México el combate frontal contra la corrupción se ha mantenido enérgico a nivel discursivo pero cobarde en su ejecución, carente de acciones concretas y frontales que permitan un verdadero avance hacia la transparencia. La falta de independencia, autonomía y margen de acción por parte de las instituciones encomendadas para erradicar y sancionar los actos de corrupción, ponen en evidencia la urgente necesidad de la participación de un ente imparcial e independiente que constituya un primer paso contundente contra un mal que ha sido caracterizado por el propio presidente como un  “cáncer social”.

Por lo antes expuesto, se propone ante esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que bajo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción solicite a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), una comisión especial para la evaluación del modelo de adquisiciones en México que contemple: un muestreo de los proyectos de inversión y adquisiciones realizados en el presente sexenio y; un estudio y análisis de los 10 proyectos o adquisiciones de mayor inversión a realizarse en lo que resta de la actual administración. Dicha Comisión deberá presentar sus conclusiones que  incluirán un estimado del costo de mercado del proyecto o adquisición y una lista de proveedores de reconocida integridad, con capacidad para cumplir con los objetivos de los proyectos o adquisiciones correspondientes.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal a que con base a los resultados del estudio y análisis de la comisión especial, lleve a cabo las acciones correspondientes que permitan licitar, concesionar y ejecutar dichos proyectos y adquisiciones bajo un marco de transparencia y eficiente rendición de cuentas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados: Daniel Adrián Sosa Carpio, José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

ESTADO ACTUAL DE LOS ATLAS DE RIESGO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LOS MISMOS

«Proposición con el punto de acuerdo, relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implantación de acciones para actualizarlos y difundirlos, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Matías Nazario Morales, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según cifras que nos presenta el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, en su Reporte de Cambio Climático de 2014, los desastres provocados por esta problemática han ido en aumento exponencialmente, cada vez  se presentan temperaturas más extremas, tanto bajas como altas; la atmosfera y los océanos se han sobrecalentado, generando que el hielo de los polos se derrita, ocasionando a su vez el incremento del nivel del mar y el cambio de las corrientes marítimas,  también se han apreciado fuertes precipitaciones en diversas regiones del mundo.

La injerencia del ser humano es más que clara, muestra de ello es que la producción de gases invernadero se ha incrementado desde la época preindustrial, y en los últimos años se han presentado los niveles más altos de la historia.

México es un país que por su locación geográfica tiene una enorme riqueza y diversidad, pero al mismo tiempo existen cuestiones naturales que pueden afectar a la población de nuestro país, somos un país que cuenta con 11, 122 km de longitud de costas y nuestro territorio está encima de cinco placas litosféricas, distintos volcanes, etcétera; por esto y más México ha sufrido a lo largo de su historia con un sinfín de imprevistos por fenómenos naturales que desgraciadamente han cobrado la vida de muchos y un enorme costo económico. En base a esto el Estado mexicano tiene que cambiar su visión sobre estos temas, de reactiva a preventiva.

Se ha hecho bastante para generar protocolos, sistemas e instituciones que puedan atender las afectaciones a las que nuestro territorio es proclive. La Tormenta Manuel en 2014 es un ejemplo de la mala planeación, rectoría y ejecución que ha tenido el gobierno mexicano en las situaciones en las que la población lo necesita más, en especial los sectores más vulnerables de la población. México tiene el objetivo de ser un país desarrollado y su gobierno debe tomar este reto, debe crear instituciones que prevean y actúen de forma en que garanticen la seguridad de los mexicanos en todos los ámbitos existentes, debe de generar políticas públicas integrales que promuevan la sustentabilidad y la planeación ante siniestros de diferentes índoles, tiene que buscar los esquemas y opiniones de los expertos para encontrar soluciones correctas a los problemas del futuro.

En junio de 2013,  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático”, el cual tiene como objetivo dar cumplimiento al derecho fundamental a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar,  consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma garantizar la rectoría del desarrollo nacional, de manera integral y sustentable, a través de  la regulación y fomento de actividades que demande el interés general, según lo establecido por el artículo 25 de la Carta Magna. Dentro de las herramientas, que contempla esta estrategia para cumplir con estos mandatos constitucionales  se encuentra el Atlas de Riesgo.

La estrategia de la prevención establece tres pasos fundamentales. Primero, conocer los peligros y amenazas para saber dónde, cuándo y cómo nos afectarán. Segundo, identificar y establecer en el ámbito federal, estatal y municipal, las características y los niveles actuales de riesgo ante los fenómenos. Por último, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente los riesgos a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura, mejorando normas y procurando su aplicación; y finalmente, preparando e informando a la población para que sepa cómo actuar antes, durante y después de una contingencia.

El Atlas de Riesgo es una herramienta que permite identificar los diferentes riesgos, el grado de exposición y la vulnerabilidad con la que nos afectan diversos siniestros, a través de estudios específicos; con el objetivo de minimizar los efectos de los mismos hacia la población, la infraestructura y el territorio nacional. Son sistemas que integran información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta la comunidad y su entorno.

La elaboración del Atlas Nacional de Riesgo está fundamentada por la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Cambio Climático y la fracción XXII del artículo 19° de la Ley General de Protección Civil, las cuales confieren la atribución a la Federación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Mismo que tiene la tarea de crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, la aplicación y la coordinación de tecnologías.

Debido al terremoto de 1985 en la Ciudad de México, se propusieron muchas iniciativas para generar esquemas para la prevención y cuidado de la ciudadanía en situaciones catastróficas. El gobierno Federal estableció el Sistema Nacional de Protección Civil y el Gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en relación con la prevención de desastres sísmicos; por su parte la UNAM decidió impulsar a su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de investigación y desarrollo en prevención de desastres. Estas tres ideas concurrieron en la creación del Cenapred, con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación.

El Cenapred integra el Atlas Nacional de Riesgos, con base en los Atlas Estatales y Municipales e información de instancias académicas y el Gobierno Federal. Mismos que deberán ser elaborados por las Entidades Federativas y los Municipios, a través de sus unidades de Protección Civil, de acuerdo con lo establecido en la primera fracción I del artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático, el cual también contempla que se deben considerar los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y las zonas de mayor riesgo.

Los Atlas de Riesgos deben incluir los siguientes tipos de fenómenos:

• Geológicos: Sismo, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y hundimientos.

• Hidrometeorológicos: Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormenta de nieve y granizo.

• Químico – Tecnológicos: Incendios, explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames.

• Sanitario – Ecológicos: Epidemias, plagas, contaminación del agua, aire y suelo.

• Socio – Organizativo: Accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, concentración o movimientos masivos de población.

La estructura y contenido del Atlas Nacional de Riesgos es una plataforma informática apoyada en sistemas de información geográfica y bases de datos, entre las que podemos mencionar los mapas de peligros por fenómenos perturbadores, mapas de susceptibilidad, inventarios de bienes expuestos, inventarios de vulnerabilidades, mapas de riesgos y escenarios de riesgos.

Un Atlas de Riesgo tiene como finalidad, el ayudar a orientar los planes de desarrollo urbano y así gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de riesgo; mejorar los procesos de contratación de seguros de infraestructura estratégica; valorar los posibles escenarios de afectación por la presencia de algún fenómeno natural y facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre; así como brindar seguridad a las inversiones públicas y privadas en eventos perturbadores.

Sus utilidades pueden ser muy variadas, entre las cuales podemos enlistar las siguientes:

• Conocer la frecuencia y la intensidad de los peligros en el territorio.

• Identificar los procesos físicos y sociales que genera el riesgo.

• Visualizar proyecciones a futuro del impacto de un fenómeno.

• Implementar medidas preventivas en infraestructura expuesta a un riesgo.

• Estimar el costo del impacto de un fenómeno.

• Estimar las necesidades de las áreas declaradas en emergencia o desastre.

• Concientizar a la población sobre los riesgos a los que está expuesta.

• Orientar políticas públicas para disminuir el riesgo, y por lo tanto, los desastres.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Conferencia Nacional de Gobernadores,  y a las unidades de Protección Civil estatal, informen a la ciudadanía del estado actual del atlas de riesgo nacional o estatal, según corresponda.

Segundo.Por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta  a las autoridades antes citadas, a redoblar esfuerzos en actualización y  difusión de los atlas de riesgos.

Notas:

1 IPPCC. Climate Change 2014. . Synthesis Report, Nueva York: UNEP; WHO, 2014.

2 INEGI. Cuéntame... Economía. Pesca. 2010. http://cuentame. inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E (último acceso: marzo de 2016).

3 Servicio Geológico Mexicano. Evolución de la Tectónica en México. Marzo de 2014. http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica-mexico (último acceso: marzo de 2016).

4 Cenapred; Segob. «Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos.» Cenapred. 2014. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf (último acceso: marzo de 2016).

5 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. «Atlas de Riesgos.» Seguridad. Guanajuato. s.f. http://seguridad.guanajuato.gob. mx/atlas.php (último acceso: marzo de 2016).

6 Cenapred. Antecedentes. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/dirQuienesSomos/Antecedentes/ (último acceso: marzo de 2016).

7 Cenapred. «Atlas de riesgos: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLASDERIESG OS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

8 Cenapred. «Atlas de riesgos: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLASDERIESG OS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

Referencias bibliográficas:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. «Ley General de Cambio Climático.» Cámara de Diputados. Mayo de 2015. 1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130515.pdf (último acceso: marzo de 2016).

—. «Ley General de Protección Civil.» Cámara de Diputados. Junio de 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Cenapred. Antecedentes. s.f.

http://www.cenapred.unam.mx/es/dirQuienesSomos/Antecedentes/ (último acceso: marzo de 2016).

—. «ATLAS DE RIESGOS: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?» Cenapred. s.f. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLASDERIESG OS.PDF (último acceso: marzo de 2016).

Cenapred; Segob. «Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos.» Cenapred. 2014. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Congreso Constituyente. «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.» Cámara de Diputados. Enero de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm (último acceso: marzo de 2016).

INEGI. Cuéntame... Economía. Pesca. 2010. http://cuentame.inegi.org. mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E (último acceso: marzo de 2016).

IPPCC. Climate Change 2014. . Synthesis Report, Nueva York: UNEP; WHO, 2014.

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. «Atlas de Riesgos.» Seguridad. Guanajuato. s.f. http://seguridad.guanajuato. gob.mx/atlas.php (último acceso: marzo de 2016).

Semarnat. «Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático.» Diario Oficial de la Federación. Junio de 2013.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093 &fecha=03/06/2013 (último acceso: marzo de 2016).Servicio Geológico Mexicano. Evolución de la Tectónica en México. Marzo de 2014. http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica-mexico (último acceso: marzo de 2016).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

GARANTICEN Y RESPETEN LA LABOR DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos locales, a garantizar y respetar la labor de los defensores de derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, establece en el artículo 1o. que

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en los planos nacional e internacional”.

2. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declara que el criterio identificador de quién debe ser considerado defensor o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no.

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los estados y por tanto genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”, y la estima fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también en la existencia plena de la democracia y el estado constitucional de derecho.

4. La Declaración sobre Defensores de la ONU indica diversas medidas que los estados deben adoptar para permitir y no obstaculizar el ejercicio de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.

5. Derivado de lo anterior, se adoptó en nuestro país el acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, y la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011 establece en su artículo primero lo siguiente:

“La Secretaría de Gobernación, por conducto del secretario, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales.”

6. Por su parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en 2012 tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

7. Sin embargo el panorama en México no refleja la aplicación de la ley anterior, situación que se refleja en el segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, el cual señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos. Poniendo en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.

8. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional han señalado que en México son las familias quienes están impulsando la defensa de los derechos humanos, por lo que es importante reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad sobre todo en un contexto marcado por la constante intimidación a éstos por actores tanto estatales como no estatales.

9. Entre los casos actuales de violación de los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, podemos resaltar el particular de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero; detenida el 21 de agosto de 2013 por soldados del Ejército y de la Marina y trasladada al penal federal de Tepic; acusada de secuestro por una acción en el desempeño de su cargo, reconocido por el gobierno estatal; sin embargo Nestora fue privada de su libertad.

10. Los casos de violencia y vulneración de sus derechos que atentan contra la integridad y vida de las defensoras y defensores de derechos humanos se cristalizan en amenazas, hostigamientos, agresiones, desapariciones, riesgos y asesinatos. La progresión de agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y los casos no atendidos son reflejo de una realidad que lacera la vida diaria de todas y todos los mexicanos y deja expuesta la cultura de impunidad y de nulo acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de derechos humanos y atiendan las obligaciones establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL VIH/SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS Y REDUCIR LA TASA DE TRANSMISIÓN MADRE-HIJO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear un programa para detectar con oportunidad el VIH/sida en embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, la estimación de adultos y niños viviendo con VIH y sida es de 170,000 y que cada año 9,300 personas lo adquieren, y un dato muy preocupante es que el porcentaje de personas infectadas que no lo saben es del 50%.

25 años de sida en México, logros desaciertos y retos, segunda edición. Dice: La lucha contra el VIH/sida en México se sustenta en el fortalecimiento de las políticas de prevención, que incluyen la educación sexual, los métodos para evitar el contagio, como el uso del condón, el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales, y el combate al estigma y la discriminación asociados a este padecimiento. En México la incidencia del VIH/sida tuvo un crecimiento inicial relativamente lento, pero después presentó una fase de crecimiento acelerado que alcanzó su máximo en 1999. Entre 2000 y 2003 se mantuvo estable y empezó a descender en 2004. La tasa de mortalidad en adultos de 25 a 44 años inició una fase de descenso a finales de los noventa, que continúa a la fecha. En las mujeres la mortalidad se incrementó ligeramente entre 1997 y 2004, pero en los hombres se redujo. Los casos acumulados registrados hasta el final de 2006 sumaban poco más de 110 300 y se estima que más de 182 000 adultos son portadores del VIH. México ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en cuanto al número absoluto de casos, después de Estados Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ubica en el lugar 23. La epidemia de SIDA en México afecta sobre todo a grupos que mantienen prácticas de riesgo: la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es de 23%, en trabajadoras del sexo es de 2% y en usuarios de drogas inyectables de 6%, contra sólo 0.3% en la población general adulta. Es muy posible que la mortalidad por esta causa se contenga en el mediano plazo en nuestro país como resultado del desarrollo de nuevos antirretrovirales y el incremento del acceso a ellos. En México, desde 2003, todos los pacientes con VIH/sida tienen acceso gratuito a estos medicamentos. Es importante, sin embargo, no bajar la guardia y fortalecer las acciones tendientes a abatir la transmisión del virus. La principal vía de transmisión en México es la sexual; por esta razón es fundamental seguir promoviendo las prácticas preventivas, incluyendo el uso del condón, y combatir el estigma y la discriminación asociados a esta infección y este padecimiento. El objetivo final de estas estrategias es disminuir la transmisión del VIH en los grupos más vulnerables y evitar que se extienda a la población general. El programa de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual ha tenido un fuerte componente preventivo que ha estado basado en las mejores prácticas recomendadas internacionalmente y sustentadas en evidencias científicas, entre las que se incluyen la distribución gratuita y focalizada de condones y la detección de sífilis en mujeres embarazadas. Además se ha dado seguimiento a los pacientes con enfermedades de transmisión sexual y a los pacientes bajo tratamiento con antirretrovirales. Estas medidas, sumadas a las dirigidas a garantizar la calidad de la sangre para transfusión, han permitido atenuar tanto la incidencia como la mortalidad por sida.

Se estima que en el ámbito internacional existen 2.3 millones de niños menores de 15 años que viven con VIH, y más del 90% de ellos se infectaron por transmisión vertical, esto a pesar de que desde hace más de 10 años existe suficiente evidencia científica sobre las intervenciones pertinentes para disminuir en más del 98% la posibilidad de transmisión del VIH madre-hijo.

Las mujeres con VIH que se embarazan tienen del 20 al 45% de posibilidades de transmitir el virus a su hijo, si ésta no recibe alguna intervención comprobada que permita disminuir este riesgo a menos del 2 por ciento.

Las intervenciones que han demostrado su eficacia para prevenir la transmisión perinatal en el plano mundial son:

• Fortalecer el acceso a servicios de planificación familiar de calidad a toda mujer con VIH o sida

• Identificación sistemática de las mujeres embarazadas que se encuentran infectadas por el VIH en los servicios de salud prenatales a través de la oferta de pruebas de detección

• Garantizar que toda mujer embarazada con VIH o sida tenga acceso al tratamiento integral; evitando en lo posible el uso de esquemas profilácticos de último minuto con nevirapina, que han demostrado menor eficacia y mayor riesgo de presentación de resistencia viral

• Acceso a las intervenciones obstétricas seguras recomendadas en mujeres embarazadas con VIH y sida, como la cesárea electiva

 • Consejería y apoyo para la alimentación artificial del bebé.

En resumen el documento dice: Podemos concluir que los desafíos para la prevención de la transmisión perinatal se encuentran vinculados a:

• Generar y analizar la información necesaria para identificar las principales razones por las que en México no se está logrando el impacto deseado en la prevención de la transmisión perinatal

• Identificar de manera oportuna a toda mujer embarazada infectada, garantizando la oferta de la prueba de detección a toda mujer embarazada, con consejería y en un marco de respeto a sus derechos

• Garantizar que toda mujer embarazada que sea detectada con VIH reciba el tratamiento antirretroviral altamente efectivo recomendado antes del parto y el paquete de intervenciones recomendado para su situación dentro de un esquema de atención integral para el VIH y el embarazo

• Mejorar la calidad, calidez e integralidad de los servicios dirigidos a personas con VIH, atención prenatal, natal, postnatal, planificación familiar, cáncer cervicouterino y violencia familiar y de género

• Instrumentar acciones de manera interinstitucional e intersectorial para incrementar la percepción de riesgo, la adopción de medidas preventivas y el empoderamiento de las mujeres que tienen la mayor vulnerabilidad para infectarse por VIH y otras ITS

• Incrementar las opciones y el apoyo a las mujeres con VIH, como una estrategia de oportunidad y de justicia social, que permita disminuir su dolor y las consecuencias negativas para ella y sus hijos; sobre todo considerando que más del 90% de los casos de transmisión perinatal son prevenibles si se actúa a tiempo

Fundamento legal

Aunado a lo anterior y de acuerdo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice en su cuarto párrafo textualmente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 3 de febrero de 1983).

Así como también el artículo 17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dice: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Y el artículo 18 de esta misma ley que dice: En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

En el artículo 50 de la misma dice: Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. Reducir la morbilidad y mortalidad;

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las Niñas y adolescentes;

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre estas;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida.

Así como también el Código Civil de la Federación en el Artículo 22dice:La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para la creación de un programa intersectorial e interinstitucional para la detección oportuna del VIH/sida en mujeres embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, garantizando que reciban el tratamiento adecuado, en un marco de respeto a sus derechos.

Notas:

1 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/ epidemiologia/L_E_V_S.pdf

2 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/SIDA25axos-26mar.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita crear la comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano

El que suscribe, Diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de  esta soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las compras realizadas por el gobierno federal en sus diferentes formas, alcanzan año con año montos importantes y de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas compras pueden llevarse a cabo por cualquier de los tras siguientes métodos: Licitación pública, la que puede ser nacional o internacional, Invitación Restringida a cuando menos tres personas  o bien, Adjudicación directa. Esta última generalmente ocurre cuando el bien o servicio que se contrata puede estar vinculado con la Seguridad Nacional o sólo existe un proveedor exclusivo de dicho bien o servicio.

Por su parte, la licitación pública se define de manera general como la principal herramienta por la que el gobierno promueve la competencia entre particulares asegurando obtener, mediante este proceso, las mejores condiciones de servicio, precio, calidad, generación de empleo, crecimiento económico y sustentabilidad en beneficio del interés público.

De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, editado por la UNAM, el interés público se define como: “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”.

Es pertinente precisar que en el proceso de licitación pública el gobierno es tan sólo un interventor cuya responsabilidad central es la invariable salvaguarda del interés de la Nación.

En este marco durante la presente administración han salido a la luz una gran cantidad de casos que evidencian la sospecha fundada de favoritismos y actos de corrupción. En esta legislatura diversos Grupos Parlamentarios han presentado claros puntos de acuerdo en los que denuncian diversas irregularidades en los procesos de licitación, invitaciones y adjudicaciones de bienes y servicios.

Uno de los más relevantes, presentado por Morena, solicita hacer públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en relacionados con la participación de la empresa OHL México y sus filiales con Pemex, CFE y la SCT, solicitando a la ASF auditorías profundas para determinar las responsabilidad de funcionarios y empresarios.

Hay también denuncias públicas sobre licitaciones que implican miles de millones de pesos en otros ámbitos. Por ejemplo hace unos días el nuevo director general de IMSS denunció ante la Cofece revisar una denuncia sobre una presunta colusión de laboratorios para ganar una licitación de pruebas de laboratorio y diagnóstico promovida por este instituto. Paralelamente en una licitación, en donde el SAT es la entidad convocante, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, conocido como PITA, la empresa ganadora no cumplió con los requisitos planteados en la Ley y en la propia convocatoria lo cual constituye una ilegalidad y debe, sin duda, ser sancionado y corregido.

Lo anteriormente expuesto es tan solo un botón de muestra de graves irregularidades que presentan los procesos licitatorios. En este sentido es crucial para el desarrollo del proceso democrático que el Poder Legislativo, en el uso pleno de su facultad fiscalizadora, señale las deficiencias del Poder Ejecutivo para que estas se corrijan en beneficio del interés público al margen de favoritismos y actos de corrupción para el beneficio de unos cuantos.

Es por ello que haciendo uso responsable de las herramientas que la Ley nos proporciona solicitamos la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

GARANTIZAR EL ACCESO, CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA QUE RECIBEN LOS HABITANTES DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a los Sistemas Operadores de Agua estatales a garantizar el acceso, la cantidad y la calidad de agua recibida por los habitantes del país, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El acceso, la calidad y la cantidad del agua están estrechamente vinculados a la pobreza. La falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social e iniquidad; la carencia de este servicio básico afecta prácticamente todos los aspectos de la vida de los individuos y es uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano y económico.

El acceso universal al agua potable es esencial en la lucha contra la pobreza, pero además es un factor fundamental para la gobernanza. La inequidad que se manifiesta en la carencia de este servicio público deteriora el tejido social y magnifica la exclusión de los grupos más marginados de la población.

Por ello, la provisión de agua limpia y saneamiento es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de desarrollo mundial.

Igual que la mayor parte de los países del mundo, México enfrenta un serio problema en relación con el agua potable. Aunque en febrero de 2012 se incluyó en el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, lo cierto es que casi 9 millones de mexicanos carecen del vital líquido; de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales.

En 2012, el país alcanzó cobertura de agua potable y alcantarillado de 92 y 90.5 por ciento, respectivamente; sin embargo, este dato esconde violaciones al derecho humano al agua, ya que incluye a personas que tienen red pero el agua la reciben por tandeo y/o es de mala calidad para consumo humano.

La Organización Mundial de la Salud señala que cuando la cantidad de agua es intermitente, aumenta el riesgo de que se contamine; esto también deriva en riesgos para la salud por el funcionamiento insuficiente de los sistemas de saneamiento.

Si bien la mayor parte de las personas que carecen de acceso al agua se encuentra en zonas rurales, existe un grave problema de acceso a este servicio en las zonas urbanas del país. En las ciudades mexicanas, la provisión de agua es menor en la periferia que en las partes centrales; el acceso depende del nivel de ingreso.

Las zonas donde vive la población con mayores recursos económicos tienen mejores servicios de agua y saneamiento en términos de calidad y frecuencia. La gente de las áreas más pobres es la que más paga por el líquido ya que compra aguas de pipa, agua embotellada para beber y filtros para limpiarla, e incluso tienen que acarrearla.

La Ciudad de México es un claro ejemplo de cómo la mala prestación del servicio de agua potable es fuente de iniquidad social y obstáculo para el desarrollo integral de sus habitantes.

Según datos del Inegi, los mayores problemas de contaminación en el agua se presentan en el valle de México y el sistema Cutzamala, seguidos por la península de Baja California. En 2005, 20 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México recibían agua potable por tandeo y tenían problemas con la calidad del líquido.

La antigüedad de gran parte de la red, el mantenimiento deficiente, entre otras causas, genera un elevado índice fugas, que se estima entre 36 y 40 por ciento; y 88 por ciento de las aguas residuales no recibe tratamiento. A ello se añade la insuficiencia de inversión en el sector, que generalmente se dedica a la solución de emergencias o programas con visión de corto plazo.

El 24 de julio de 2015, el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que 12 por ciento del agua en la capital es de mala calidad y ésta se suministra principalmente en la parte oriente, específicamente en Iztapalapa, una de las áreas con mayor nivel de pobreza de la capital.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, entre los principales problemas en el sector de agua potable y saneamiento en México destacan:

• Riesgos para la salud pública.

• Manejo insustentable de los recursos hídricos.

• Ausencia de estándares de servicio y mecanismos de rendición de cuentas.

Como bien señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a menudo, los grupos e individuos locales carecen de acceso a la información, son excluidos de la toma de decisiones acerca del agua y, por tanto, no disponen de capacidad de acción.

Sobre el último punto me dirijo a esta soberanía, a fin de que todos los sistemas operadores de agua del país tengan la obligación de contar con un sistema integral de indicadores de la calidad y cobertura del servicio de agua potable que puedan ser evaluados por instancias ciudadanas.

La iniciativa constituye un mecanismo innovador y estratégico para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en un esquema de buena gobernanza.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a los Sistemas Operadores de Agua estatales a garantizar el acceso, la cantidad y la calidad de agua que reciben los habitantes del país, buscando cumplir lo señalado en el artículo 4o. constitucional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

PROTEGER EL PATRIMONIO PÚBLICO EN EL CASO DEL CONCURSO MERCANTIL DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del SAT, del SAE, de la PGR y de la CNBV a difundir las medidas en curso para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de Oceanografía, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presente punto de acuerdo tiene el propósito de citar a comparecer a los principales funcionarios de cuatro dependencias que han estado involucradas directamente en las investigaciones y el juicio por concurso mercantil de la empresa Oceanografía, SA de CV.

De acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Caso de la Empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República, el principal accionista es Amado Omar Yáñez Osuna, con 75 por ciento de las acciones; él se caracteriza por ser uno de los principales empresarios beneficiarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y en parte por el de Enrique Peña Nieto, al menos en lo que se refiere a no llegar al fondo del asunto.

Los otros accionistas son, con un 15 por ciento, Energy Group México SAPI, SA de CV, del que son accionistas Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, y los hermanos Rodríguez Borgio, empresarios gasolineras. Grupo Aknuuk, SA de CV, con 5 por ciento, en el que se llegó a decir que cuenta con inversiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Inmobiliaria Amagdez, SA de CV, con 4.94 por ciento, la cual también es de los Yáñez y Carlos Daniel Yáñez Osuna, con 0.003 por ciento y finalmente Alberto Duarte Martínez un 0.003 por ciento.

La Comisión del Senado también destaca que en las revisiones de la cuenta pública de Petróleos Mexicanos, Pemex, en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la Federación encontró serias irregularidades en la forma de operar de la empresa que dieron lugar a un sinnúmero de observaciones, mismas que fueron reportadas, en su momento, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Según ese informe, en 2006 se detectaron pagos de sobreprecio por la renta de buques; el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, el 6 de diciembre de 2007. Ese año, la Cámara de Diputados creó una comisión legislativa para darle seguimiento al pliego de observaciones. Un año después, el Ministerio Público federal determinó el no ejercicio de la acción penal.

La empresa Oceanografía, SA de CV, y sus principales accionistas volvieron a la luz pública a raíz de que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó, el 11 de febrero de 2014, de los procesos de contratación del gobierno, luego que Pemex encontró, en una revisión interna, ciertas irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas.

El informe señala que tanto Citigroup Inc., como Pemex, comenzaron la revisión de la exposición del crédito a Oceanografía, SA de CV, y de su programa de financiamiento de los últimos años. La medida de inhabilitación se publicó en el Diario Oficial de la Federación mediante una circular en la que se comunica a los estados, dependencias y entidades de la administración pública, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Oceanografía, SA de CV, por encontrarse inhabilitada por un año, nueve meses y 12 días.

El 28 de febrero de 2014, Citigroup Inc. informó que había descubierto un fraude en contra de su filial mexicana el Banco Nacional de México, Banamex, relacionado con la firma de servicios petroleros de Oceanografía, SA de CV. Derivado de lo anterior, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía, SA de CV, luego de que el grupo bancario Citigroup Inc. anunció la baja de sus resultados en 2013, por la cantidad de 235 millones de dólares netos, sin que aún se consideraran los montos que derivaron del supuesto fraude.

Se estima que la empresa Oceanografía, SA de CV, cometió un presunto fraude en contra de Banamex por la cantidad de 400 millones de dólares, derivados de la cesión de derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados entre la empresa y Pemex, por un total de 585 millones de dólares, de los cuales únicamente se encontraban respaldados por la paraestatal 185 millones de dólares. Finalmente, el 27 de febrero de 2014 se publicó el acuerdo de aseguramiento de la empresa y en julio de ese año entró en concurso mercantil.

Hasta ahora, esas acciones no han derivado en una investigación que profundice los términos de los contratos, la forma en que Oceanografía se convirtió en un proveedor de servicios estratégico y las participación de funcionarios y empresarios, incluso ejecutivos de Banamex, en una serie de eventos que provocaron la salida en octubre de 2014, de Javier Arrigunaga, su director general, y de Manuel Medina Mora de Citigroup, uno de los más altos funcionarios del corporativo.

En ese sentido, se considera que la participación de los funcionarios de la Procuraduría General de la República, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Sistema de Administración Tributaria y Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo que debería ser el cumplimiento de sus responsabilidades, ha puesto en riesgo recursos y patrimonio del sector público. Cabe señalar que, según un informe de la comisión de investigación del Senado, entre 2003 y 2013 obtuvo 106 contratos por 46 mil millones de pesos y en 2013 obtuvo 6 contratos por 3 mil millones de pesos.

Por lo que se refiere al desempeño de la procuradora, se advierte la presunción de un conflicto de intereses, ya que aun reconociendo que Oceanografía fue un instrumento para desarrollar actividades delictivas, que por consiguiente debió ser intervenida para proteger la fuente de empleo de una empresa que creció de manera acelerada y llegó a tener una importancia estratégica bajo la cobertura de funcionarios corruptos, facilitada por la intervención de Martín Díaz, familiar del exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz. De hecho, cuando era senadora, la actual procuradora Arely Gómez, se excusó de participar en la comisión investigadora, por reconocer que tenía vínculos familiares en cuarto grado con Martín Díaz.

Quizás eso explique porqué la funcionaria no promovió una intervención para investigar lo que se podría considerar el resultado más acabado de una sistemática y compleja trama de corrupción, que en apenas tres sexenios llevó a una empresas que en 2000 estuvo en riesgo de ser embargada, a formar un emporio gracias a las relaciones con funcionarios corruptos y a los jugosos negocios a costa de Petróleos Mexicanos y del patrimonio nacional. Así, optó por dejar que Oceanografía fuera intervenida mediante concurso mercantil, sólo para sanearla financieramente, sin investigar los hechos delictivos que habrían provocado un grave daño al patrimonio nacional.

Es necesario que la procuradora aclare la magnitud del daño a los distintos afectados, las intervención de los funcionarios de los distintos niveles, de las instituciones financieras y de las instancias reguladoras que propiciaron este fraude que en otros países habrían obligado a declarar a exsecretarios de Energía e incluso a expresidentes. El abuso de Oceanografía es tal que incluso se sabe de uso indebido de propiedades privadas en Campeche, que fueron invadidas por Oceanografía con la protección de funcionarios públicos. Por eso es necesario que comparezca la Procuradora Arely Gómez, porque también es necesario saber porque, una vez detenido en Estados Unidos Martín Díaz, no fue posible extraditarlo a México, para que aquí declare cómo llevó a cabo sus operaciones ilícitas.

La evolución del concurso mercantil no deja lugar a dudas y el convenio aprobado por el juez tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe V Consuelo Soto, abre la posibilidad de que este terrible caso de corrupción sea olvidado. En dicho convenio se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, en consecuencia, dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos. Asimismo, y sin perjuicio de lo determinado en los numerales citados, al existir incidentes y acciones supuratorias pendientes de resolver, deberán llevarse a su conclusión, según lo que en derecho proceda.

Finalmente, establece, con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso mercantil. Por lo que en su momento se ordenará al conciliador la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos.

No se debe olvidar que ese Juez fue el mismo que intervino en el caso de Mexicana de Aviación, caso en el que salvo algunas que supuestamente reflejaban sensibilidad para con los trabajadores de la empresa, en realidad no hizo nada, en ese caso, para recuperar la fuente de empleo y castigar al responsable de la crisis. Todo indica que sólo buscó librar de responsabilidades a un empresario corrupto consentido del régimen y es lo que está haciendo ahora con Oceanografía.

El problema está en que su propuesta de convenio no ha sido aceptada por el Servicio de Administración Tributaria. El miércoles 23 de marzo, trascendió que el SAT impugnará ese fallo porque implica el desconocimiento de un crédito mercantil por 18 mil millones de pesos. Lo cierto es que se requiere que el SAT despeje las dudas que existen acerca de la deuda de Oceanografía con esa instancia de recaudación y, sobre todo, se debe aclarar cómo se protegerán los recursos públicos afectados.

En el caso del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quedó claro que su intervención administrativa no tuvo la intención de investigar las causas del acelerado enriquecimiento del dueño de Oceanografía, de sus relaciones con los funcionarios de Pemex, así como las condiciones contractuales que fueron determinantes en el sorprendentemente acelerado crecimiento de la empresa privada.

Es importante tener presente que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, como administrador de la empresa en concurso mercantil estaba obligado a realizar inventarios de bienes y registrar e informar en detalle los adeudos y pasivos fiscales, para que fueran considerados por el juez en el análisis del caso. El SAE informó al Senado que “La Ley de Concursos Mercantiles otorga al juez facultades para proteger los activos de la empresa, proteger los derechos de los trabajadores y reconocer a sus acreedores sin detener sus operaciones. La demanda de concurso mercantil y las medidas cautelares “han permitido el flujo de recursos a la empresa para mantener su operación, proteger la masa concursal y maximizar el flujo de recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones más urgentes”. Y menciona que eso es necesario dado que “su operación es de importancia nacional en razón a los servicios que presta a Pemex y Pemex Exploración y Producción”.

El problema está en que ahora que se ha comenzado a divulgar la posibilidad de que se firme el convenio con los acreedores, que permita levantar el Concurso Mercantil, aún hay denuncias de empresas y empleados que ofrecían sus servicios a Oceanografía, que no han recibido una respuesta a sus demandas de protección de derechos por parte del interventor. En contra de los establecido por la Ley de Concursos Mercantiles. Incluso, hay denuncias de propietarios de terrenos cercanos a los muelles, que les fueron invadidos por Oceanografía, con el apoyo cómplice de autoridades locales, porque de esa manera aumentaba sus activos que presentaba como garantías para negociar créditos. Nada de eso ha sido atendido como lo ordena la Ley por parte del interventor del SAE.

Efectivamente, el funcionario del SAE argumentó que se dedicó a sanear la empresa, como una forma de garantizar esos derechos. El problema está en que no ha explicado cómo lo hizo, si en el informe de la intervención reconoció que Oceanografía tenía obligaciones de pago por 17 mil 823 millones de pesos y sólo disponía de activos líquidos por un mil 76 millones de pesos. ¿Otra vez incurrieron en contratos abusivos a costa de Pemex?

Finalmente, se requiere la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que explique la calidad de la regulación que se aplica en México y de la fuerza de las sanciones que se imponen ante malos manejos o ilícitos. Es importante conocer cuál fue la verdadera causa de la salida del director de Banamex y de la remoción de Manuel Medina Mora, porque esos hechos no se pueden desvincular de las investigaciones en torno a las acciones ilícitas de Oceanografía.

Hoy que se pretende cerrar el caso de uno de los hechos delictivos más importantes de los últimos años, sin culpables, sin sanciones, sin una investigación a fondo, en la que los funcionarios responsables dejaron muchas preguntas sin responder a la comisión especial del Senado, persisten muchas dudas y la importancia del tema no permite dejarlas en el olvido. Urge que los funcionarios involucrados proporcionen el “Libro Blanco” de la intervención a Oceanografía, y de las operaciones que hicieron para sanear su operación.

Por lo motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora general de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que difundan las medidas que han llevado a cabo en el ámbito de sus respectivas responsabilidades para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía, SA de CV.

Notas:

1 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/opinion/nacional/199287-oceanografia-los-brib iesca-gil-diaz-los-perez-jacome-otra-vez

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/03/23/economia/023n3eco

3 “Informe a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República”. Septiembre de 2014, páginas 42.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSIGNAR AL JUEZ DE LA CAUSA EN TURNO, EL EXPEDIENTE INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Veracruz a consignar ante el juez de la causa en turno el expediente inv. minist: 592/15/1esp/ver/05 mesa 1, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El delito de violaciónconsiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o intimidación, aprovechándose de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima.

El delito de violación, según lo establecen la legislación, jurisprudencia y los diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos: la copula, la falta de consentimiento de la víctima ya sea utilizando violencia física o moral.

• Cópula. La cópula es la acción de “juntarse sexualmente”, según cualquier diccionario. Esta definición de uso común no es suficientemente precisa para el derecho penal, que se aplica de manera muy estricta.

• Falta de voluntad y violencia. Es elemento normativo que indica que debe usarse la fuerza corporal o romper con otra conducta la voluntad de pasivo.

Bien jurídico tutelado

Se protege la libertad sexual, es decir la actuación sexual. La violación sexual se configura cuando la actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual de otro sujeto.

Sujetos del delito

•Sujeto Activo. Puede ser cualquier persona física independientemente del sexo que con violencia física o moral efectúa el coito con otra persona.

•Sujeto pasivo. Puede ser cualquier persona con independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, púber o impúber etcétera.

Objetos del delito

•Objeto jurídico. Es el bien jurídicamente tutelado por la norma penal; éste es, la libertad sexual de todo individuo de realizar relaciones sexuales con el sujeto que quiera.

•Objeto material. Es el sujeto pasivo, ya que en su cuerpo se realiza el fin del delito, o sea, el coito por medio de la violencia tanto física como moral.

Clasificación del delito de violación

•En función de su gravedad.

•La violación, es considerada como un delito, dentro de la clasificación bipartita, debido a que su sanción va a estar a cargo de la autoridad judicial no en una autoridad administrativa como sucede con las faltas.

•En orden a la conducta del agente.

•En este punto, los delitos pueden ser de acción o de omisión y dentro de este último supuesto, de omisión simple y de comisión por omisión.

•El ilícito de violación es eminentemente de acción, porque en su ejecución, necesariamente deben efectuarse movimientos corpóreos o materiales.

•Por el resultado.

•Es un delito material, porque en su realización se produce un resultado material, el cual es la cópula obtenida mediante violencia física o moral.

•Por el daño que causan.

•La violación es de lesión debido a que causa un menoscabo al bien jurídicamente tutelado, el cual es la libertad sexual que poseemos todos los individuos.

•Por su duración.

•Es de realización instantánea, en el mismo momento de su ejecución se consuma el acto delictivo; se comete mediante la realización de una sola acción única, o bien, de una compuesta por diversos actos que entrelazados producen el resultado, atendiéndose esencialmente a la unidad de la acción.

•Por el elemento interno.

•Es un ilícito doloso, porque el agente tiene la plena voluntad de realizarlo; es decir, al efectuar la cópula por medio de la violencia física o moral, es evidente que desea el resultado del hecho delictivo.

•En función de su estructura.

•Es simple, porque en su contenido, únicamente se tutela un bien jurídicamente tutelado, el cual es la libertad sexual.

•En relación al número de actos.

•Es unisubsistente el delito de violación, debido a que se ejecuta en un sólo acto, al realizar la cópula por medio de la violencia física o moral.

•En relación al número de sujetos.

•Es unisubjetivo, porque el texto legal así nos lo expone al mencionar las palabras “Al que...”, con lo cual entendemos que basta la participación de un sólo sujeto para que se colme el tipo penal.

•Por su forma de persecución.

•Es de oficio, por lo cual la autoridad tiene la obligación de perseguirlo aún en contra de la voluntad del ofendido; no opera el perdón del agraviado.

•En función de su materia.

•Es un delito de relevancia en materia común, debido a que será sancionado en la jurisdicción del estado o de la Ciudad de México, según en donde se cometa.

En días pasados a través de las redes sociales se dio a conocer la carta del señor Javier Fernández ¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! Carta de un padre destrozado a los familiares de los victimarios de su hija en donde les exigía que pararan las calumnias en contra de ella, a pesar de haber aceptado la comisión un delito tan grave como lo es de violación de una menor.

Los presuntos responsables de estos hechos y señalados por la víctima son Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de empresarios y políticos veracruzanos, que han gozado de la impunidad que impera en el estado en específico de la fiscalía general y su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, quien no ha determinado, ni siquiera ha consignado al juez de la causa el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/ VER/05 MESA I.

El tema de la impunidad en Veracruz no es un tema nuevo, se matan periodistas, desaparecen jóvenes a manos de elementos de seguridad, secuestros, homicidios, feminicidios y como este caso, violaciones a la seguridad y libertad sexual de las mujeres.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, doctor Javier Duarte de Ochoa, así como al fiscal general del estado de Veracruz, maestro Luis Ángel Bravo Contreras, para que se determine y consigne a la brevedad al juez de la causa en turno, el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SIMPLIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA ACTIVAR LA ALERTA AMBER

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar con las Procuradurías de los estados un proceso de simplificación y armonización de procedimientos para activar la Alerta Amber, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El protocolo nacional de la Alerta Amber en nuestro país fue publicado y puesto en operación el 2 de agosto de 2012, sin embargo este mecanismo ha sido poco difundido por las autoridades ministeriales de México. La Alerta Amber es un sistema masivo de notificación de menores de edad desaparecidos, de cero a 18 años que se ha puesto en práctica en varios países debido a su alta efectividad.

2. Amber es un acrónimo en inglés de las palabras America’s Missing Broadcasting Emergency Response y se relaciona con el caso de la niña Amber Hagerman, quien fue secuestrada y días después localizada sin vida en Arlington, Texas. En el mecanismo de la alerta se establece que en el robo, desapariciones y secuestro de menores de edad, las primeras horas del delito son vitales para que la autoridad y sus organismos policiales intervengan, ya que ésta se emite inmediatamente por medios de comunicación, televisión, radio, internet, pantallas electrónicas, para que la foto sea conocida por el mayor número de personas y pueda evitarse el delito.

3. Para activar la alerta se requiere de la denuncia y que la autoridad que conozca de la misma “considere” que la persona menor de 18 años se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional; de este modo la autoridad ministerial una vez que valida la desaparición del menor, cuenta con su foto, de los sospechosos y “suficientes” datos adicionales, realiza la Alerta Amber a nivel nacional, aunque en el protocolo se tiene estipulado que exista una pre-alerta en la cual se pueda iniciar la búsqueda aun cuando el caso no cumpla con todos los “criterios” de una alerta.

4. El gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada son los principales involucrados en la puesta en marcha y aplicación de la Alerta Amber, a quienes se suman la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. También están involucrados la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5. Para poder activar la Alerta Amber, los autorizados son la Procuraduría General de la República a través de la coordinación nacional, y cuando sea necesario, se coordinará con los enlaces estatales, ya que la solicitud se enviará al enlace de la Secretaría de Seguridad Pública quien activará la alerta a través de Plataforma México, con la información vertida en un formato único. En un siguiente paso, los medios de comunicación en los que se podrán apoyar las autoridades para la difusión son TV, radio e internet, a través de redes sociales.

6. De conformidad con el protocolo establecido el 2 de agosto de 2012, cada entidad federativa contará con una Coordinación Estatal de Alerta Amber, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la procuraduría general de justicia de cada estado o fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del protocolo como enlace Amber; las funciones del enlace será determinar los casos de la activación, actualización y desactivación de la alerta, además de coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión.

7. Los protocolos estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la administración pública federal que integran el programa nacional y remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la coordinación nacional, además de reportar al enlace de la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) de las entidades federativas, cada caso que sea susceptible de activación de una alerta o prealerta y todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para alimentar la base de datos a nivel nacional.

8. La función de Alerta Amber-México, es lograr con éxito la localización y la reintegración a sus hogares de las niñas, niños y adolescentes, a pesar de que la alerta ha sido una herramienta útil en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir alguna lesión, aún falta afinar este protocolo y estandarizar criterios en todos los estados de la República en pro de las niñas, niños y adolescentes, en este tenor el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dentro de sus observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México externó su preocupación por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha dado como resultado un alto número de asesinatos de niñas y niños; y en ese contexto se ve amenazado el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de niñas y niños y una de las preocupaciones del comité es el alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de diez años; en ese sentido instó al Estado mexicano a simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber con el fin de realizar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna.

9. A pesar de la aguda problemática por la que atraviesa el país en materia de desapariciones, aún se carece de cifras precisas sobre la desaparición de niños, a pesar de que este fenómeno debiese ser una emergencia nacional, por su incremento en los últimos años. La tendencia al alza de las desapariciones de menores coincide con el aumento del crimen organizado y la guerra que emprendió el estado contra los grupos criminales, esa violencia armada que se ha generalizado en México en los últimos años ha tenido un impacto negativo en la dinámica de la vida de los adolescentes y de los niños, la generalidad en los estados de la República es que lleve 72 horas abrir una averiguación previa por una denuncia de desaparición y no se diga en el caso de mujeres adolescentes, pues sus familiares encuentran siempre reticencias para que sea iniciada una investigación por la desaparición de mujeres jóvenes menores de edad.

En el caso de la Ciudad de México, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) que en teoría tiene el grado más alto de efectividad en localización de personas desaparecidas tiene un número muy pequeño de policías judiciales con serias limitaciones financieras y lo más grave: incapacidad técnica y profesional para hacer investigación de los casos. Con esto, la desaparición de un niño vinculándolo a una hipótesis al crimen organizado lleva la garantía de impunidad, lo que se repite en todos los estados.

10. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha solicitado al Estado mexicano actúe ante la creciente percepción de un mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas, y que se cuente con un sistema de respuesta completa, un sistema único o disponibilidad pública de datos para visibilizar el problema. Lo que sin duda ha repercutido en el desarrollo de las últimas generaciones de niñas y niños mexicanos, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 personas ya no dejan salir a sus niños a la calle o al espacio público por miedo a la inseguridad.

Es necesario generar sistemas de información únicos que permitan conocer la dimensión de la desaparición, extravío, ausencia de niños y adolescentes en todo el país, porque aún y cuando existe el Programa Nacional Alerta Amber es competencia estatal contar con su información o el registro de sus casos de desaparición. Por lo que también debiese ser urgente y prioritario para el Estado mexicano estandarizar los protocolos de alerta y búsqueda de niñas y niños desaparecidos en México.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con las procuradurías estatales, inicie un proceso de simplificación y armonización en las entidades federativas de los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber con el fin de realizar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna, eliminando criterios discrecionales y subjetivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

ATRAIGA EL CASO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD CONTRA WALTER SUK

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de la averiguación previa sobre Walter Suk por el delito de abuso sexual contra menores de edad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en el artículo 79, fracciones IV y VI y el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario Morena presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Este pasado domingo, se detuvo en Acapulco, Guerrero a un ciudadano canadiense de nombre Walter Suk de 68 años de edad bajo la “supuesta” conducta de pederastia, ejercida contra una menor de 3 años de edad. Se le ingresó a la Agencia de Delitos Sexuales del puerto de Acapulco, el Ministerio Público en Delitos Sexuales integró la averiguación previa TAB /EDS /02/0272/2016 por el delito de abuso sexual de personas menores de edad, donde debe encontrarse hasta el momento. Sin embargo se teme que este individuo quede libre el día de hoy hacia las dos de la tarde, porque en el estado de Guerrero, la pederastia no se tipifica como delito grave y puede salir libre con una fianza de cincuenta mil pesos. Este hecho está rodeado de varias agravantes, primero la conducta ilícita fue grabada con un celular y se aprecia que la menor fue manoseada y besada cuando por lo menos el testimonio grabado muestra que el padre de la menor estaba presente, pero otros testimonios afirman que también estaba la madre, que no sabemos si es Juana Epitacio Santos, madre de una de las menores afectadas, que fue quien presentó la denuncia por besar y tocar a su pequeña cuando se encontraba en la avenida Costera Miguel Alemán, También periodistas locales, refieren que estas conductas son pasadas por alto tanto por las autoridades como por los comerciantes de la zona de tal forma, que le llaman a este lugar “el paraíso de los pederastas”. También se evidencian un alto grado de descomposición social y familiar, la vulnerabilidad de pequeñas y pequeños que se vuelven susceptibles al halago y que sin saber plenamente qué sucede permiten tocamientos que devienen más tarde en violaciones de desconocidos que les ofrecen desde alimentos hasta juguetes o alguna prenda de vestir. Esto transforma a toda esa población infantil en sujetos explotados sexualmente, pues quedan enganchados en las redes de la prostitución infantil.

Por lo anteriormente expuesto y con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga el caso de la averiguación previa TAB /EDS /02/0272/2016 por el delito de abuso sexual de personas menores de edad (doloso) contra Walter Suk.

Segundo. Se exhorta de la manera más respetuosa y con estricto apego a su Soberanía, al Congreso del estado de Guerrero para armonizarla legislación de la materia, para que esta clase de delitos sean tipificados adecuadamente y se aplique a quienes los cometan todo el rigor de la ley.

Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Concepción Villa González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR EL ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Tamaulipas a implantar acciones para mejorar el índice de seguimiento de denuncias, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho requiere para su consolidación instituciones fuertes, capaces de cumplir los objetivos en que sustentan su existencia. La ley se convierte de esta manera en el eje rector del actuar de instituciones y autoridades que componen la estructura estatal.

Asimismo, la impartición de justicia figura entre las funciones principales del Estado, pues es este quien mediante las diversas leyes y reglamentos busca la convivencia armónica entre los miembros de la sociedad.

La capacidad para imponer los límites de actuación de las autoridades, así como las sanciones o penas a los infractores, resulta ser de vital importancia en medida que permite identificar y castigar todo tipo de abuso que perturbe la paz social y que impida un desarrollo integral para los ciudadanos.

Sin embargo, en México, la impunidad y la corrupción han permeado en gran medida a las instituciones encargadas de dicha función. Falta de prontitud y nulo carácter expedito de la justicia, disminuyen de manera significativa la calidad de impartición de justicia en nuestro país y hacen evidente que una justicia a destiempo es una injusticia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, realizada por el Inegi, la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y perseguir el delito en el país, ha ocasionado que 73.2 por ciento de la población de 18 años o más, considere que vivir en su estado es inseguro, situación que repercute en la economía familiar, pues genera un costo promedio por persona en gasto en medidas de protección de 5 mil 861 pesos a escala nacional.

La falta de credibilidad institucional, la baja percepción de seguridad de la ciudadanía y los procesos poco expeditos repercuten de forma directa en el número de delitos que son denunciados, ya que de acuerdo a la misma encuesta se estima que 92.8 por ciento de los delitos que se cometieron en 2014, no fueron denunciados y por ende, no se realizó averiguación previa, acrecentando así el número de delitos que no fueron castigados o sancionados por una institución judicial.

De las denuncias realizadas, 58.8 por ciento no fue resuelto, lo cual es de suma preocupación, pues muestra la incapacidad de las instituciones para dar seguimiento a los procesos judiciales, y peor aún para dar resolución a los problemas e impartir justicia.

En el caso particular del estado de Tamaulipas, y de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, los cinco delitos del fuero común con mayor incidencia son: robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, otros robos y lesiones.

Sin embargo, por su ubicación geográfica, en la frontera norte del país, en Tamaulipas se han registrado casos de abusos graves hacia los migrantes, siendo el caso de los 72 migrantes asesinados por un cártel mexicano en 2010 uno de los más conocidos y objeto de múltiples recomendaciones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), principalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de fallas en la investigación y en los procedimientos realizados.

En los últimos cinco años, la CNDH ha emitido numerosas recomendaciones a las autoridades locales tamaulipecas por indebida procuración de justicia principalmente en casos de desaparición y trata de personas. La cifra negra que se registra en Tamaulipas es de 91.9 por ciento, porcentaje que muestra que la mayor parte de los delitos que se cometen en la entidad no son denunciados ante las autoridades.

Pese a que el mayor porcentaje de delitos en dicho estado no se denuncia, las instituciones encargadas de la procuración de justicia muestran su incapacidad en lo que refiere al seguimiento a los delitos puesto que, de 36,867 averiguaciones previas determinadas, sólo hay 3 mil 895 causas penales en primera instancia abiertas.

De los 43 mil 26 inculpados o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas abiertas, sólo hay 4 mil 902 procesados o imputados registrados en las causas penales en primera instancia. Y de estos 4 mil 902 procesados, únicamente hay 2 mil 42 sentenciados en las causas penales en primera instancia totales.

Por lo anterior se estima que en la entidad, por cada averiguación previa y carpeta de investigación abierta, se aprehende y se sentencia a 0.05 personas.

Dichas cifras son muestra clara de la poca calidad y eficiencia de la procuración de justicia en la entidad, así como un factor de alta importancia en lo que a la confianza ciudadana se refiere. La impunidad es un fenómeno social patológico y genera incentivos perversos en el sistema en el que se presenta, también incrementa la corrupción y aumenta de manera significativa el número de delitos que quedan sin ser denunciados, investigados y, en su caso, castigados.

Como tamaulipeco y ciudadano consciente de los problemas que aquejan a la región, a fin de impulsar acciones que permitan fortalecer nuestro gobierno, me permito señalar que el sentimiento de desconfianza hacia los servidores públicos e instituciones encargadas de brindar justicia a la población, los trámites de denuncia sin resolución y, por supuesto, la percepción generalizada de inseguridad, son muestra clara de la ineficiencia e ineptitud con la que opera actual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Lo anterior ha dado pie a que continúen los altos índices de violencia e inseguridad, donde más de 3 millones de personas viven con el temor de ser secuestradas, desaparecidas o incluso asesinadas a la vista de todos y en total impunidad.

Por lo expuesto se propone ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al procurador general de Justicia del Estado de Tamaulipas a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar los índices de seguimiento de denuncias, subsanando las múltiples deficiencias que hasta el momento han impedido una pronta y efectiva expedición de justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

INSTRUMENTAR LAS VÍAS PARA LOGRAR QUE LAS AFORES EFICIENTICEN SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Consar a instaurar vías para que las Afore vuelvan eficientes sus sistemas de información, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante a la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es una prestación complementaria del Sistema de Pensiones, el cuál fue creado el 1o. de mayo de 1992. Mediante éste, el trabajador va creando un fondo que aumenta sus recursos para que al momento de su retiro pueda llevar una vida más digna.

Se compone de una cuenta individual a nombre de cada uno de los trabajadores y está conformada por dos subcuentas:

• La subcuenta de ahorro para el retiro.

• La subcuenta del Fondo de la vivienda.

Como es una prestación adicional para los Trabajadores al Servicio del Estado, son las propias dependencias y entidades donde laboran los trabajadores, quienes tienen la obligación de realizar las aportaciones por lo que no afecta tu salario.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tiene como labor fundamental regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las Afore, esto significa que Consar regula a las Afore de la siguiente manera:

• La Consar establece las reglas para que el SAR funcione adecuadamente,

• Vigila que se resguarden adecuadamente los recursos de los trabajadores.

• Supervisa que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la Comisión (Régimen de inversión).

• Se asegura de que brinden la información requerida para los trabajadores, es decir, que te envíen tu estado de cuenta tres veces por año.

• Está facultada para imponer multas a las Afore y sanciones a los empleados de éstas en caso de algún incumplimiento.

Estas funciones se complementan en materia de rendición de cuentas con lo que se establece en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en su art. 18 fracción IV la cual establece que las afores tienen la obligación de enviar, por lo menos tres veces al año de manera cuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales de acuerdo a lo que señala la propia legislación.

De esta manera las Afore tienen la obligación por Ley de entregar un Estado de Cuenta, el cual es el documento con el que se puede demostrar que es el dueño de una Cuenta Individual, y es requerido para diferentes trámites como: retiros, créditos de vivienda y cambios de Afore.

Sin embargo, en fechas recientes se han acercado diversas organizaciones y gremios sindicales para exponer sus demandas de diferentes temas de orden laboral entre los que se encuentra el recibir su estado de cuenta que permite conocer los movimientos que tienen los fondos de los trabajadores ya que no llegan de manera puntual en el mejor de los casos, o simplemente no llegan. Lo que ocasiona incertidumbre en el trabajador acerca del manejo y destino que tienen estos fondos que formaran parte de los montos de su pensión.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, instrumentar las vías necesarias para lograr que las afores eficienticen sus sistemas de información, entregando en tiempo y forma sus estados de cuenta a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PREVENIR Y DETENER LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a implantar medidas para prevenir y detener la violencia sexual contra las mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes para detener las violaciones sexuales a mujeres en el transporte público de la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Existe una amplia evidencia que documenta que la violencia de género tiene un impacto mayor sobre mujeres que sobre hombres, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los espacios públicos en que las mujeres enfrentan mayor violencia está el transporte público, el cual es un ámbito poco estudiado y en el que ocurren delitos sexuales que no se denuncian. Ello representa un problema grave de discriminación que limita la seguridad, libertad de tránsito y movilidad de las mujeres en el espacio urbano, lo que afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo.

II. Un informe de 2008 realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, subraya que debido a la realización de múltiples actividades, se ha observado en distintos estudios que las mujeres realizan desplazamientos más cortos y a lugares más diversos en el entramado urbano que los hombres, tales como dejar a los/las hijos/as en guarderías o escuelas, hacer las labores de abastecimiento familiar y de compras relacionadas con las necesidades familiares, llevar a las y los hijos o parientes al médico, realizar gestiones o trámites familiares, etc., lo que ocasiona que utilicen el transporte público de una manera más frecuente.

De este modo, la violencia sexual cotidiana a la que están expuestas las mujeres en el transporte público implica para muchas ampliar los tiempos de traslado al buscar vías alternativas seguras, asumir mayores costos en el traslado al buscar modos de transporte seguros aunque más caros, delimitar las rutas, los espacios, los modos y los horarios de traslado, lo cual redunda en una serie de limitaciones que las mujeres deben tomar en consideración al momento de decidir llevar a cabo un desplazamiento.

Aunado a lo anterior, la violencia sexual en el transporte es una situación que tiene como consecuencia inmediata que las mujeres sientan inseguridad y temor al utilizar con libertad este espacio, lo cual tiene, a su vez, repercusiones negativas en su movilidad, independencia y autonomía.

III. Aunque las cifras ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no son concluyentes, el estado de México es una de las entidades con mayor prevalencia de violaciones sexuales. La impunidad que goza este delito en la entidad ha sido documentada por diversos medios desde hace poco más de 6 años.

La violencia contra las mujeres en el estado, generó que el pasado 29 de julio de 2015 la Secretaría de Gobernación declarara para once municipios de la entidad, la alerta de violencia de género en el marco de lo establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IV. Las cifras oficiales señalan que el Estado de México ocurren en promedio 246 casos de violaciones sexuales al año, según estadísticas oficiales, sin embargo tan sólo el primer trimestre del año pasado se registraron hasta 350 casos.

V. El estado de México ha sido una de la entidades más marcada por la violencia sexual en los medios, teniendo incluso casos paradigmáticos, como el de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco, o la fuga y recaptura de César Armando Librado, El Coqueto, quien violó y mató por lo menos a siete mujeres. Y las bandas de violadores que operan en taxis y microbuses piratas. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco.

VI. El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.

VII. De las problemáticas más graves que se presentan en el transporte público del estado de México, destacan los asaltos a mano armada que han ocasionado muertes, acoso sexual hacia mujeres, violaciones y el maltrato constante de los conductores hacia los pasajeros; formas de violencia cotidiana que enfrentan los usuarios de transporte mexiquense.

Sin embargo, los programas de atención del delito como la instalación de cámaras de vigilancia, o de botones de pánico, cubren hasta la fecha apenas el 1 por ciento del total de unidades del transporte público que circula diariamente en la entidad.

VIII. Una encuesta realizada por “El Poder del Consumidor”, y la encuestadora Dinamia el año pasado arrojaron que ser mujer y subirse a un microbús representa el escenario en el que resulta más probable sufrir acoso sexual en el transporte público.

La pesquisa tuvo como muestra a 1,400 usuarios que atraviesan por puntos críticos de movilidad entre el Distrito Federal y el Estado de México. De los resultados más relevantes destaca el hecho que el 32% de ellos aseguró que alguna vez ha sido víctima de acoso en el transporte. La mayoría de los casos han sido de mujeres, ya que 48% contestó que lo ha sufrido, pero también hubo 17% de hombres que aseguró haber sido acosado.

En seis de cada 10 casos, se ha tratado de acoso físico, y en otros dos, de tipo verbal. Además, hay 15% que considera que fue objeto de acoso visual y 5% dice que lo ha sufrido en todas sus formas.

IX. En diciembre de 2012, la PGJEM reconoció un incremento de violaciones en transporte público a partir del citado caso del “coqueto” sin embargo, nunca se  hicieron públicas las medidas del gobierno estatal para combatir este delito en franco aumento y que hoy sigue cobrando víctimas.

X. El pasado 25 de marzo una de estas violaciones que repetidamente han sido documentadas en medios –sobre todo a través de testimonios que nunca terminan en denuncias, o que si lo hacen jamás obtienen justicia-, fue narrada por la periodista Elisa Alanís, del diario El Universal, en el que con un sano afán de no revictimizar  a su compañera, quien fuera la persona ultrajada, omitió su nombre en su columna.

La violación ocurrió en el transporte público, como muchas más que se hallan descritas en diversos medios –sobre todo aquellos de nota roja, que a diario dan cuenta del horror que se vive en la entidad-, y que generalmente tienen como escenario esa periferia de la ahora Ciudad de México, dónde se encuentran Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Tláhuac, Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Cuatitlán Izcalli, Atizapán, Naucalpan, y sobre todo Ecatepec, que ha sido una de las demarcaciones más señaladas.

La realidad es que la precaria calidad de vida de las personas que viven en la periferia de una de las Ciudades más grande del mundo, así como sus problemas tienen su epítome en la violencia de género que hoy perturba la vida de las familias mexiquenses.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único.La Honorable Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes para prevenir y detener la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público de la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.