INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 11 de enero de 2017, que no alcanzaron a ser abordadas.

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 11 de enero de 2017 y que no fueron abordadas. (*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017. — Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.

2. Que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

3. Que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

4. Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 2o., 4-A y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Cámara de Diputados.

6. Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y de los gobiernos de los estados de Estado de México, de Coahuila, de Veracruz y de Nayarit, para que realicen todas las acciones necesarias a fin de que los recursos públicos y programas sociales no sean utilizados con fines electorales en el marco de los procesos locales 2016-2017, suscrito por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades Municipales y Estatales del estado de Morelos para que implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles de violencia de género en la entidad, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a realizar diversas acciones con el fin de proteger los derechos del Consumidor de los usuarios del Servicio de Transportación Aérea, suscrito por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita el Decreto por el que se deroga el incremento a los precios de la gasolina Magna, Premium y Diésel, vigentes a partir del primero de enero de 2017, a cargo de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, generen campañas de toma de conciencia, sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos de comunicación, información o juego, fijando su énfasis en su incidencia en la obesidad y el sobre peso infantil, como causas de diabetes y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial y el cáncer, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México y a su vez pronunciarse a favor de una política exterior de estado a cargo del Ejecutivo federal, en coordinación con el Senado de la República, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca, a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las Presidentas, Sindicas, Regidoras electas, y funcionarias del estado en condiciones de seguridad y libertad, y en su caso investigar y sancionar a los responsables de las agresiones contra las mujeres, suscrito por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a que conceda un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos, suscrito por el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la SHCP, a la Sener y a Pemex, a tomar las decisiones necesarias para garantizar la recuperación de la capacidad de refinación de esta empresa, la disposición suficiente de materias primas y la inversión necesaria para operarlas a su máxima eficiencia, produciendo combustibles en beneficio de la población, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, a que en el ámbito de sus facultades revise el presupuesto de egresos 2017 destinado al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos a fin que los recursos se ajusten a la plantilla de personal autorizada que labora en dicho Instituto y cubran las obligaciones contractuales correspondientes; así como a la SHCP, para que haga públicas las acciones que ha emprendido y emprenderá en este 2017 respecto de la revisión de los presupuestos asignados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33) a fin de que se ajusten a las necesidades y metas planteadas por los ejecutores del gasto a nivel nacional, y se eviten los subejercicios que ha reportado la ASF, suscrito por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a llevar a cabo las visitas de verificación a permisionarios de estaciones de servicio y coadyuven en las investigaciones y la consecuente configuración de delitos a que haya lugar, a efecto de que se la apliquen las sanciones que se derivan de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel, y gas L.P. a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, suscrito por los diputados Omar Ortega Álvarez e Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud Federal y al Titular del IMSS, para establecer acciones de control y previsión, a fin de evitar que en periodos vacacionales exista carencia de personal médico especialista en los hospitales y/o centros de atención médica dentro del estado de Chiapas, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y sus subsidiarias que operan en la República Mexicana, a respetar lo establecido en el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo y se atiendan las peticiones que realicen sus trabajadores de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena y suscrito por el senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía, haga público el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía (PROSener), y en específico de los 6 objetivos del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), suscrito por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, se declare la zona de emergencia para diversos municipios del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, suscrito por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo federal y del Estado de San Luis Potosí, para que a través de las instancias correspondientes, se emita la Declaratoria del Área Natural Protegida en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna de Sierra de Álvarez y que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y en su caso sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, S.A. de C.V ubicada en la zona conurbada de San Luis Potosí, suscrito por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que establezca un margen de deducciones y exenciones al IEPS y al IVA que se cobran en gasolina y diésel e implemente una verdadera política de austeridad en las dependencias de la Administración Pública Federal que reduzca al máximo su gasto corriente, suscrito por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para crear la Comisión Especial del Ajedrez, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a garantizar el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia, para los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, a hacer pública la información estadística integrada en el Banco Nacional de Datos e Información sobre caso de violencia contra las mujeres (BANAVIM) observando lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrito por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CRE, en relación a la metodología para determinar los precios máximos de las gasolinas y el diésel, otorgar estímulos fiscales especiales para el Estado de Campeche y los municipios que lo integran, así como dar a conocer las razones por las que a la frontera sur se le excluyó del otorgamiento de los estímulos fiscales asignados a la frontera norte, suscrito por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob y la SRE, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, a cargo de los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que analice y, en su caso, revierta el Acuerdo relativo a la actualización las cuotas que se especifican en materia del IEPS sobre gasolinas y combustibles, publicado el 27 de diciembre de 2016 en el DOF, suscrito por la diputada Natalia Karina Barón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a Pemex, a la SHCP, a la CRE y a la Profeco, a reducir de manera urgente el alza de los precios de los hidrocarburos, como son la gasolina y el diésel, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar, a impedir la disposición final de salmuera residual de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, suscrito por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SE, a difundir un informe pormenorizado sobre el estado actual que guarda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a que presenten un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos de América a productos de México, suscrito por los diputados Omar Ortega Álvarez y María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco, para que se diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a mantener y vigilar los precios de los productos que componen la canasta básica, suscrito por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, relativo a la dictaminación de las iniciativas que modifican la Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición por Particulares que han sido previamente presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, suscrito por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, al SAT, a la Segob, a la Sedena, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía, para que, en coordinación con las entidades federativas, los ayuntamientos del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, emprendan diversas acciones relacionadas con la industria de la pirotecnia, suscrito por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales de las entidades federativas, a que homologuen el Código Penal Federal con sus Códigos Penales Locales, en materia de la tipificación del delito de feminicidio, suscrito por la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/ 2016, suscrito por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reajustar las reglas de operación con respecto al pago de contraparte Pari Passu en las entidades federativas y demarcaciones territoriales de la CDMX, según su capacidad financiera y su situación económica actual, suscrito por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a difundir e integrar políticas, programas y proyectos que apoyen la productividad, el control y la competitividad de las actividades pesqueras y acuícolas del país, suscrito por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a modificar el acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017, suscrito por el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Fonatur y al Ayuntamiento de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de dicha entidad federativa, a exhibir las autorizaciones y hagan del conocimiento público las razones por las cuales sustituyeron parte de la ciclopista de Cancún, suscrito por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa:

Planteamiento del problema

Situación actual

La Cámara de Diputados ejerce la facultad prevista en la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.”

Con esa base constitucional, se ha promovido por parte de la actual administración y asimilado por la mayoría de los diputados, la práctica de establecer año tras año un anexo, que con distintas denominaciones y regulaciones, asigna recursos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las deficiencias de dicho proceso son las siguientes:

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite los lineamientos conforme a los cuales se ejercen los recursos del Fondo y, de manera discrecional, mantiene la ministración en el transcurso de todo el año como un elemento a su favor en la relación con el Legislativo.

• Anualmente de forma paralela a la discusión presupuestal infinidad de proyectistas, constructores y gestores particulares buscan que los legisladores consignen recursos a determinados proyectos. Esas personas no realizan una gestión institucional, que sería válida como cualquier otro mecanismo para beneficiar a un núcleo de población o atender una necesidad social. Son gestores particulares y particulares sus intereses.

• No existe una cartera o registro previo de proyectos validados, por lo cual una vez publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación se inician gestiones lentas y tortuosas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, aunadas a la discrecionalidad, llevan al subejercicio de lo proyectado.

• No existe suficiente de transparencia y en especial no existen reportes de avance físico financiero, ni datos de los contratos y solamente en los últimos años se ha establecido el costo unitario.

• Las reglas de operación anuales tienen como referencia una disposición igualmente temporal, expresada en un artículo del propio Decreto, cuando lo correspondiente sería que hubiera referencia y criterios básicos en la ley, y que en consonancia el Ejecutivo emitiera las reglas de operación.

• No hay un límite para la modificación del presupuesto, de manera tal que ésta queda sujeta a la presión o circunstancia de cada ejercicio.

• La sanción a la conducta legislativa es sólo prevista, y de manera reciente, en materia penal, sin que exista un mecanismo de denuncia y sanción en la normativa interna del Congreso.

Propuesta

El objeto de la presente iniciativa, es reducir la discrecionalidad con la que se establece y modifica el apoyo a los gobiernos estatales y municipales, de manera que el Ejecutivo al presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos estará obligado a fijar una previsión de gastos, que sin que el recurso pierda el carácter de federal, ni la naturaleza del convenio; como parte del Ramo General 23.

En todo caso, se limita a la Cámara de Diputados para que no aumente el monto de la previsión en forma desproporcionada, respecto de los ingresos regulares y se fija reglas mínimas para su operación.

La intención, es que sea el Ejecutivo quien presente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, una estimación anual para que el Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública tenga recursos. No se establece un mínimo. Por lo cual, dicho fondo como política presupuestaria quedará dentro del ámbito del Ejecutivo en lo relativo a las fases de planeación, programación y presupuestación del gasto público.

Además, el ejecutor del gasto seguirá siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual, no es indispensable modificar la estructura programática. Eso sería necesario, solo si el recurso se radicara en alguna dependencia, pero no es el sentido de esta propuesta, porque se parte de que el recurso seguirá siendo ejercicio mediante los correspondientes y posteriores convenios.

Una de las ventajas de la propuesta, es que se establecería un registro de los proyectos de manera que el proceso de evaluación y validación queda bajo la responsabilidad de las entidades promoventes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eliminándose cualquier otra injerencia.

Manteniendo intactas las facultades de planeación, programación y presupuestación que son propias del Poder Ejecutivo, se propone adicionar el inciso w) a la fracción II del artículo 41 y adicionar el artículo 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para mayor precisión de los alcances que se propone establecer, se presentan los argumentos que sustentan la iniciativa en el siguiente cuadro:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Francisco Martínez Neri, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el inciso w) de la fracción II del artículo 41 y adiciona el artículo 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se adiciona el inciso w) a la fracción II del artículo 41 y se adiciona el artículo 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ...

II. ...

a) al v) ...

w) Las previsiones de gasto que correspondan al Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública.

III. ...

...

Artículo 82 Bis. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluirá los recursos que se proponen ejercer, mediante convenio de la Secretaría con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, por medio del Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública. Este Fondo tiene por objeto la generación de infraestructura pública, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción y modernización de mercados públicos; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte.

Para acceder a los recursos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México designarán un servidor público como representante único, responsable de gestionar los recursos de este Fondo y de presentar ante la Secretaría los proyectos correspondientes a más tardar en último día hábil del mes de mayo del mismo año en que el Ejecutivo presente el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Previamente a su validación, los proyectos serán analizados por la Secretaría, diferenciando los requisitos técnicos a revisar en función de su costo. El plazo máximo de análisis técnico a proyectos menores a 1,801,595 Unidades de Inversión será de veinte días naturales a partir de su revisión. Los costos de referencia con que se validarán los proyectos en ningún caso serán superiores a los emitidos por el Ejecutivo Federal.

La Secretaría publicará, en la misma fecha en que presente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, un listado de los proyectos validados, especificando denominación del proyecto, ubicación geográfica, municipio, ente promovente y costo estimado. Solamente los proyectos que estén publicados en dicha fecha podrán recibir recursos.

La Cámara de Diputados podrá modificar el monto propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos; pero en ningún caso la ampliación será mayor al 0.37 por ciento de los ingresos tributarios previstos en la Ley de Ingresos correspondiente.

Las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública, serán publicadas por la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en la primera semana de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Las reglas contendrán como mínimo:

a) El calendario de ministración para proyectos con montos superiores a 1 millón 801 mil 595 Unidades de Inversión, y la ministración en una sola exhibición de proyectos menores a dicha cifra.

b) El porcentaje que se destinará a los costos administrativos y a la fiscalización, que no podrá ser menor a uno al millar.

c) La obligación de los entes que reciban recursos de este fondo, de presentar reportes de avance físico financiero y de remitir a la Secretaría, para su publicación, los datos del contrato.

d) La leyenda y términos en que se informará al público sobre el origen de los recursos.

e) La obligación de la Secretaría de publicar, en sistemas de datos abiertos, la información de los convenios y los correspondientes a la ministración de los recursos.

Aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría convocará a las entidades, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México para firmar los convenios respectivos, en un plazo que no será mayor a treinta días hábiles a partir de la publicación del decreto correspondiente.

Queda estrictamente prohibido solicitar o gestionar los recursos de este Fondo a nombre y representación de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, sin contar con la designación formal correspondiente.

La Contraloría Interna de la Cámara de Diputados aplicará los procedimientos y sanciones por las responsabilidades administrativas en que incurran los legisladores federales, conforme a la normativa vigente.

Además, les será aplicable la sanción del delito de cohecho, prevista en el artículo 222, fracción III, del Código Penal Federal.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que decreto por el que se adiciona el artículo 117 y se reforma el artículo 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2 por ciento), los bosques templados (24.24 por ciento), las selvas (21.7 por ciento), manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1.06 por ciento) y otras áreas forestales (11.8 por ciento).

A fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable, regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, se expidió la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Dicho ordenamiento establece valiosos instrumentos de política forestal como son:

I. La Planeación del Desarrollo Forestal; II. El Sistema Nacional de Información Forestal; III. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos; IV. La Zonificación Forestal; V. El Registro Forestal Nacional; VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal; VII. El Sistema Nacional de Gestión Forestal; y VIII. Estudio Satelital anual del Índice de Cobertura Forestal.

Lamentablemente, pese a estas herramientas y las acciones en materia de medios de control, vigilancia y sanción forestales, diariamente la riqueza forestal se ve reducida de forma alarmante en razón de las siguientes amenazas: a nivel de ecosistema, destrucción del hábitat, deforestación, agricultura, ganadería, erosión, incendios forestales y cambio de uso de suelo en terreno forestal; y a nivel de especies, sobreexplotación y comercio ilegal e irracional de especies. Esta situación atenta contra el equilibrio ecológico y el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano.

Los bosques de todo el mundo se encuentran amenazados por la sobreexplotación y la tala ilegal, así como por el cambio de uso de suelo que se da para realizar actividades agropecuarias, industriales y mineras; como resultado de la expansión urbana, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y turística; el aprovechamiento de hidrocarburos y la generación energética, entre otros.

Aunado a la pérdida de biodiversidad, se estima que 15 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son resultado de la pérdida de masa forestal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) refiere que entre los años 1990 a 2015 el área forestal ha disminuido 3.999 millones de hectáreas (ha), lo que representa un cambio de 31.6 % de la superficie mundial de las tierras en 1990 al 30.6 por ciento en 2015.

Los bosques producen la mayor parte de los productos forestales mundiales y diversos servicios ecológicos y ambientales tales como la purificación del agua y el control de la erosión. Los bosques también funcionan como sumideros y fuentes de carbono y los cambios en su superficie pueden reflejar alteraciones que afectan su capacidad de proporcionar bienes y servicios que son importantes a escala mundial, incluyendo el empleo, los productos de la madera, los productos forestales no maderables y los servicios no ligados a la madera.

De acuerdo a la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en los últimos 25 años, el área de bosques se ha contraído 3.1 por ciento, pasando de 4,100 millones a un poco menos de 4,000 millones de hectáreas. Entre los períodos 1990-2000 y 2010-2015, la tasa de pérdida neta del área total de bosque se ha ido reduciendo en más del 50 por ciento. Esto es el producto combinado de la reducción de la pérdida neta forestal en algunos países y del aumento de los incrementos en otros.

Al parecer, el cambio neto en el área de bosques ha registrado una estabilización en los últimos diez años. Los diez principales países que albergan bosques representan alrededor del 67 por ciento del área de bosque mundial. La mayor proporción de los bosques del mundo se encuentra en los países de altos ingresos, seguidos por los de ingresos medianos-altos, medianos-bajos y bajos. Esto también es aplicable al área de bosque natural y bosque plantado.

Nos permitimos mencionar algunos efectos negativos que genera el cambio de uso de suelo en terrenos forestales:

1. La disminución de la productividad del suelo por erosión,

2. La salinización y compactación,

3. La pérdida de materia orgánica,

4. La retención hídrica y de actividad biológica,

5. Alteraciones en el ciclo del agua,

6. Pérdida de biodiversidad, incluyendo especies polinizadoras, y

7. Destrucción de cadenas alimentarias.

En materia de pérdida de masa forestal por cambio de uso de suelo por concepto de agricultura, la FAO indicó que, según algunas estimaciones, la expansión agrícola es la causa inmediata de aproximadamente el 80 por ciento de la deforestación a nivel mundial. Añade que un análisis de datos nacionales de 46 países tropicales y subtropicales que representan aproximadamente el 78 por ciento de la superficie forestal de estas regiones, reveló que la agricultura comercial a gran escala es el factor de la deforestación con mayor prevalencia, ya que causa el 40 por ciento de la misma.

La agricultura de subsistencia local provoca un porcentaje estimado del 33 por ciento de la deforestación; la expansión urbana, el 10 por ciento; la infraestructura, otro 10 por ciento; y la minería, el 7 por ciento. Igualmente, se menciona que, en algunos casos, al cambio del uso de la tierra le precedió una degradación forestal causada, por ejemplo, por una extracción de madera insostenible o ilegal.

Asimismo menciona que sobre América Latina la agricultura comercial generó casi el 70 por ciento de la deforestación en el periodo 2000-2010.

Respecto a la deforestación por cambio de uso de suelo en materia de ganaderia, la FAO indica que constituye una preocupación particular en los bosques tropicales, que albergan gran parte de la biodiversidad mundial. Por ejemplo, en el Amazonas cerca del 17 por ciento del bosque tropical se ha perdido en los últimos 50 años, principalmente debido a la conversión forestal para uso ganadero.

Por otro lado, la FAO ha destacado que tratándose únicamente de uso gandero, en los últimos 25 años se ha deforestado una superficie boscosa equivalente al territorio de India. Destaca además que esta práctica causa impactos ambientales que incluyen la pérdida y degradación de la biodiversidad, y la liberación de miles de millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera, entre otros.

La misma FAO exhorta a los países del mundo a contruir politicas eficaces para desalentar la expansión de la ganadería en las zonas boscosas y promover sistemas sustentables de pastoreo que frenen el ciclo de degradación y abandono de los bosques impactados.

El panorama en nuestro país respecto a la pérdida de cobertura forestal no es muy diferente a la problemática internacional descrita. A pesar de que la FAO reporta en 2015 que México está en el grupo de 23 países que han mantenido o incrementado la superficie forestal y han mejorado la seguridad alimentaria durante el período 1990-2015, también se ha reportado que entre 1990 y 2010 México perdió un promedio de 274,450 hectáreas anuales, o 0.39 por ciento de cobertura vegetal. En todo el periodo se perdieron 5 millones 489 mil hectáreas (7.8 por ciento).

Como resultado de lo anterior se estableció en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2012 que México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalente al 70 por ciento del territorio nacional. Asimismo, se señaló que el 49.48 por ciento del territorio del país conserva su vegetación primaria.

Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de ha, los manglares ocupan una superficie de 887 mil ha y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil ha de la superficie forestal del país.

La extensión de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en su edición más reciente de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México que en 2014 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en nuestro país sumaron 910 mil 906 millones de pesos, que representaron el 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De dicha cantidad, el agotamiento de recursos forestales sumó 14 mil 777 millones de pesos, es decir, 0.1 por ciento del PIB.

El costo por agotamiento de los activos forestales es resultado de las actividades silvícolas no sustentables, la tala clandestina, los incendios y el avance de la frontera agropecuaria. Para el periodo 2003-2014 dicho costo registró una disminución promedio anual de 2 por ciento nominal, como consecuencia tanto del crecimiento natural de los bosques como de la reforestación.

Así, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, la categoría de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura contribuye con un 6.3 por ciento del total de emisiones de nuestro país. Sin embargo, en esta estimación no se incluyen los aprovechamientos no autorizados (tala ilegal) por falta de información oficial.

Por su parte, el Anuario estadístico de la producción forestal 2013 establece que, en cuanto al periodo 2009-2013, la superficie más afectada se localiza en el año 2012, sobre todo en el sector Minero. Para el año 2013 la superficie afectada se incrementó en un 34.1 por ciento con respecto al 2009. Tal como puede constatarse en la siguiente grafica:

Fuente: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Semarnat.

Los ecosistemas más afectados por los cambios de uso de suelo autorizados en 2013, fueron las zonas áridas (65.0 por ciento), donde abundan los matorrales principalmente y que se localizan en la zona centro y norte del país; seguido por selvas (22.0 por ciento) y bosques (13.0 por ciento).

En nuestro país, el marco legal que regula el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y éste se define como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales, tales como carreteras, líneas de distribución y subestaciones eléctricas, desarrollos turísticos y habitacionales, proyectos mineros, caminos de acceso, actividades agrícolas, silvícolas, entre otros.

En este orden de ideas, a fin de lograr una auténtica conservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país es que la presente iniciativa busca prohibir expresamente las autorizaciones por concepto de cambio de uso de suelo de terrenos forestales para realizar cualquier actividad ajena a su vocación natural.

En ese orden de ideas, a efecto de privilegiar los derechos humanos a un medio ambiente sano y la protección a la salud consagrados con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, con el ánimo contribuir a las medidas necesarias para asegurar la adecuada provisión de los recursos forestales, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico de conformidad con el artículo 27 del mismo ordenamiento, resulta necesario establecer los criterios de excepción del cambio de uso de suelo de los terrenos forestales a que se refiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Así, la presente iniciativa busca prohibir expresamente las autorizaciones por concepto de cambio de uso de suelo de terrenos forestales para realizar cualquier actividad ajena a su vocación natural. El objeto de la presente iniciativa es establecer los criterios de excepción para otorgar el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales para realizar acciones diferentes a su vocación original, a fin de proteger la masa forestal del país, conservar los servicios ambientales que brindan los recursos forestales y garantizar el derecho de todo ser humano a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Lo anterior, en congruencia con los compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030, asumidos por el Gobierno Federal ante las Naciones Unidas. Entre ellos destaca como medida de adaptación el alcanzar en el año 2030 una tasa cero de deforestación, así como restaurar bosques y ecosistemas con alto potencial de captura de carbono como manglares y pastos marinos.

Para ello se debe reconocer que esta prohibición no podría ser absoluta, pues siempre existirán casos en que los cambios de uso de suelo resultan inevitables, por la necesidad de llevar a cabo obras y actividades indispensables que suponen mayores beneficios para la colectividad que los impactos ambientales derivados de “ la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales”, en los términos de la definición de cambio de uso de suelo en terreno forestal que establece la fracción V del artículo 7 de la LGDFS.

Lo que se propone mediante la presente iniciativa es fortalecer el régimen excepcional para la autorización de cambios de uso de suelo vigente, haciéndolo aún más rígido.

En tal sentido, se propone transitar de un régimen de excepcionalidad que parte de la verificación de que el otorgamiento de una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales no comprometerá el equilibrio ecológico de los ecosistemas forestales y los servicios ambientales inherentes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este órgano legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 117 y se reforma el artículo 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Único.Se adiciona el artículo 117 y se reforma el artículo 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Forestal

Artículo 117.La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

El carácter excepcional del cambio de uso de suelo forestal atenderá a los siguientes criterios:

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país;

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;

III. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas;

IV. Contribuir al desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los sujetos de derecho agrario, así como al sector agrícola;

Impulsar actividades agropecuarias que cuenten con acciones de manejo sustentable de tierras;

V. Contribuir a un servicio u obra pública indispensables para el Estado.

...

...

...

...

...

Artículo 143.El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con:

I. a IX. ...

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación. Los recursos obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento podrán también ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la presente ley.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisos o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada a vigor del presente instrumento, subsistirán hasta el término de su vigencia.

Tercero. Las solicitudes de permiso o autorizaciones de cambio de uso de suelo que fueron iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se hayan iniciado.

Cuarto.El Ejecutivo publicará en un término de noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de actualizar lo conceptuado en el artículo 121 referente a los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 del presente decreto, con objeto de que las justificaciones técnicas, económicas y sociales demuestren la autorización excepcional del cambio de uso del suelo, así como un análisis de costo-beneficio a 20 años de las acciones que se pretendan ejecutar.

Notas

1 Programa Nacional Forestal 2014-2018.

Véase:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha =28/04/2014

2 http://www.fao.org/3/a-i4793s.pdf

3 http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

4 http://www.fao.org/3/a-a0262s.pdf

5 http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

Mongabay (con cifras de FAO, 2010) Mexico Forest Information and Data http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Mexico.htm

6 INEGI. Cuentas económicas y ecológicas de México 2014.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/ especiales2015_11_13.pdf

7 Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2013.

file:///C:/Users/erica.parra/Downloads/anuario_2013.pdf

8 Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2013.

file:///C:/Users/erica.parra/Downloads/anuario_2013.pdf

9 Semarnat 2015, México asume compromiso de deforestación cero al 2030

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/mexico-asume-compromiso-de-d eforestacion-cero-al-2030?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Érika Araceli Rodríguez Hernández, Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones de expresidentes, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.El ámbito económico del país no presenta del todo un escenario alentador, y basta con observar los recientes recortes a la administración pública federal y medidas que fueron anunciadas recientemente por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer un ajuste preventivo en el gasto de la Administración Pública Federal por un monto cercano a los 132 mil millones de pesos, dentro de los ajustes se contemplan reducciones a viáticos, alimentación del personal, telefonía entre otros.

Si bien la situación económica actual del país depende en gran medida de la volatilidad en el mercado internacional, no debe ser justificación alguna para caer en una deficiente administración de los recursos públicos, ya que la política de gasto se vuelve trascendental y de suma importancia.

Incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 primer párrafo establece las características en que los recursos públicos deben ser administrados:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”

Segundo.La dinámica que ha venido presentando el desarrollo económico en el mundo sigue beneficiando a quien más tiene y perjudicando a quien menos tiene, y la brecha salarial se vuelve cada vez más amplia entre las personas que siguen ganando cada vez menos y aquellos más ricas.

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que el 10 por ciento de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima del 10 por ciento más pobre. Una desigualdad que indudablemente genera, de forma inmediata, una desaprobación social y que puede verse agravada cuando se incluyen abusos de poder, casos de injusticia o simplemente cuando el 21.4 por ciento de nuestra población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

“La capacidad adquisitiva de los mexicanos ha caído tres cuartas partes en los últimos 40 años. En 1976, con un salario mínimo, una familia podía comprar hasta casi cuatro veces más de lo que puede adquirir ahora. Los niveles de pobreza se han mantenido estables en los últimos 20 años, sin embargo, la tasa de crecimiento del PIB per cápita mexicano ha sido de más de un 1 por ciento anual en esos mismos años.”

Pareciera que el fenómeno de la desigualdad se ha convertido en algo común, y que ha logrado llegar a un punto donde es irremediable, por lo tanto provoca una aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”

Aunado a lo anterior nuestro país se caracteriza por tener trabajadores pobres, donde el 19 por ciento tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; por una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; por menores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

Tercero.El escenario desalentador que presenta nuestro país, que deja marcada una tendencia de gran desigualdad social y económica, es una realidad tangible para millones de personas, siendo indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos. Por lo que el gasto responsable de los recursos públicos es inminentemente, así como constitucionalmente establecido, prioritario si es que queremos llegar hacer frente a la desigualdad.

Por lo que una pregunta obligada sería: ¿cómo justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos?, en particular la de aquellos que se desempeñaron como presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

La presente iniciativa con proyecto de Decreto establece adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar las pensiones de retiro que reciben los ex presidentes, así como tener asignados servidores públicos o personal a su cargo para protección o servicio y que generen una gasto presupuestal.

Cuarto. El estudio realizado por los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, denominado “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes” permite conocer un ejemplo claro de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un punto de vista de transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los elementos fundamentales del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios.

“Según el periódico Reforma, en 2013 se destinaron 10 millones 970 mil pesos para cubrir las pensiones de exmandatarios, además 29 millones 770 mil pesos para el personal de apoyo de Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, Estos montos no incluyen las erogaciones por concepto de seguridad”.

Para poder llegar a dimensionar el gasto dirigido a los expresidentes, se presenta la siguiente información:

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con 19 personas a su servicio, 812,547 pesos mensuales. Vicente Fox Quezada con 20 personas, 471 mil 724 pesos. Ernesto Zedillo Ponce de León con 5 personas 77 mil 308 pesos mensuales. Carlos Salinas de Gortari, con 10 personas, 249,018 pesos mensuales, y Luis Echeverría que además de su pensión cuenta con 17 personas, 150 mil pesos al mes.

El estudio por parte de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, señala que además del salario mensual que recibe un expresidente “habría que agregar 4 millones 799 mil 999 pesos por gastos de ayudantía y seguridad”

Quinto. Como se mención en uno de los puntos anteriores, ¿cómo puede ser razonable un gasto de tales dimensiones millonarias como las que representan las pensiones de expresidentes? cuando la inmensa mayoría de los mexicanas y mexicanos no cuenta con un empleo digno, que pueda traducirse en una seguridad laboral y social estable para su retiro.

“En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo 1,250 semanas – más o menos el equivalente a 25 año de trabajo-, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”

Es necesario contextualizar la situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que “más del 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”

Solo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorra para tener un retiro, “56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante.”

“Cuando no existe una pensión justa no hay manera de dejar de trabajar. Se trata de un ciclo que perpetua la pobreza y la desigualdad”

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada “Ahorro y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo el 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que el 41 por ciento debe seguir trabajando [...] incluso el 20 por ciento de la población mayor de 80 años también debe seguir trabajando.”

“El panorama no luce alentador: de las poco más de 50 millones de cuentas de ahorro para el retiro administradas por las Afore, sólo alrededor de 20 millones están activas” Lo cual vuelve a plantear el sentido de la presente iniciativa, cómo justificar una pensión mensual de 200 mil pesos mensuales a expresidentes contra una pensión de 1,100 pesos para personas mayores de 65 años que se aspira llevar a cabo con una Pensión Universal. La situación merece su pronta atención y más si se considera el ritmo de envejecimiento en México, de lo contrario seguiremos teniendo a cuatro de cada diez adultos mayores trabajando paras poder mantenerse, por el simple hecho de que su pensión no es suficiente para sobrevivir.

Sexto. Podemos llegar a afirmar que existe un consenso político, o por lo menos éste puede llegar a ser interpretado de esa forma, ya que existen diferentes iniciativas que se han presentado sobre el tema de pensiones a expresidentes han provenido de diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, teniendo como finalidad regular los beneficios que reciben aquellas personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República.

En el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 mayo del 2015, es posible identificar el Tabulador mensual de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mano de las dependencias y entidades.

En dicho tabulador se encuentra la percepción total mensual que recibe aquella persona que se desempeñe como Presidente de la República, con un sueldo base bruto de 40, 766 pesos más una compensación de garantizada de 167 mil 804 pesos, siendo un salario total de 208 mil 570 pesos mensuales.

Sería cuestión de simple cálculo deducir que el presidente de la República recibirá más de 15 millones de pesos al finalizar su administración de seis años, esto sin incluir aguinaldo y bonos, además cabe mencionar que el gasto durante ese periodo se reduce considerablemente ya que no tendrá la preocupación, como la tenemos millones de mexicanos, por pagar una renta, gasolina, alimentación y demás servicios que se contemplan en el momento de encabezar una de las máximas representaciones populares.

Séptimo. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

En un país donde cerca de la mitad de la población vive por debajo de la línea de bienestar, no podemos permitir que el dinero de la gente se malgaste en las pensiones y los servicios que se otorgan a los expresidentes. La presente iniciativa busca ser un ejemplo que permita iniciar un cambio de rumbo en la forma en que se utilizan los recursos públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 83. ...

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, bajo cualquiera de las modalidades que menciona el párrafo anterior, no gozará de pensión por retiro ni de prerrogativas que representen erogación de recursos públicos.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.

Notas

1 Hacienda se previene: anuncia recortes al gasto; Banxico aumenta la tasa de interés a 3.75 por ciento, Animal Político, febrero 12 del 2016, www.animalpolitico.com

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

3 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/

4 La distribución del ingreso, cuestión de vértigo. Junio 23, 2015, Animal Político, Majo Siscar, www.animalpolitico.com

5 Ibídem.

6 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/

7 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso página 29.

8 Ibídem página 28.

9 Ibídem.

10 Ibídem página 32.

11 Ibídem página 14.

12 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

13 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, www.forbes.com.mx

14 Opinión por parte de Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias. México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, www.forbes.com.mx

15 Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013, www.forbes.com.mx

16 Los 20 millones de mexicanos que morirán trabajando, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 28 de febrero 2016, www.forbes.com.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Verónica Delgadillo García (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich.»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 2o., 4o.-A y 9o. de Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 73 numeral XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Durante 2016, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 225 mil 21.8 millones de pesos adicionales, respecto de lo presupuestado para los primeros nueve meses del referido año; es decir, recaudó un total de dos billones 41 mil 536.3 millones de pesos, que representa un aumento de 11.2 por ciento real anual.

En ese sentido el Sistema de Administración Tributaria reportó en un informe tasas de crecimiento de 36 por ciento en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas, con un total histórico de 217 mil 924.8 millones de pesos, es decir, 61 mil 289.8 millones de pesos más que lo programado; y, de 22.2 por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios general, para dar un total de 322 mil 514.8 millones de pesos, es decir, un monto mayor en 63 mil ocho millones de pesos con relación a lo estimado.

Consecuentemente, y derivado de la aprobación del Congreso de la Unión, se estima que en 2017, con la liberación de los precios de la gasolina y de diésel, el estado recaudará más recursos por el cobro de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a estos combustibles, pues, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación de 2017, se obtendrá total de 284 mil 432 millones de pesos por este impuesto, es decir, 75 mil 46 millones de pesos adicionales, lo que representa 36 por ciento mayor a lo que se estimó en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016.

Lo anterior se explica, toda vez que, como plantea Adrián García, investigador de Ingresos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “con la liberación de los precios, el IEPS siempre se va a mantener fijo, pues anteriormente era un impuesto que variaba y se reducía cuando los precios de la gasolina eran altos y tenía un impacto negativo en la recaudación, pero como ahora será fijo, es probable que también en el 2017 obtengan más recursos de este gravamen”.

En ese sentido, y como explica Alejandra Palacios, comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, los impuestos son el segundo componente que más impacto tienen en el precio de la gasolina, por lo que los precios máximos de la gasolina se determinan de la siguiente manera: precios de referencia internacional, más el margen que considera costos de transporte y más los impuestos.

Sin embargo, y dado el impacto en la economía de los mexicanos, se hace indispensable acompañar, como indican Mariana Gómez Sánchez, directora ejecutiva de Inteligencia Pública, y Liliana Estrada, investigadora ambiental de la referida organización, las medidas recaudatorias que ha impuesto el estado con propuestas que planteen que dichas medidas, “sean [...] [reorientadas] hacia un fondo que desarrolle un sistema de transporte público seguro, eficiente, seguro, accesible, incluyente y limpio, nuevas formas de movilidad urbanas sustentables y energías renovables para avanzar a la transición energética”.

En ese sentido, Xavier Treviño, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ha señalado que no debería destinarse a gasto corriente, sino que debe “estar etiquetado al menos una parte para inversiones de alto valor social y ambiental, no dejarlos a la decisión de la estructura burocrática y política de los estados”, es decir, este impuesto debería “mitigar el impacto ambiental y social del consumo de combustibles”.

Asimismo, el economista Gerardo Esquivel ha indicado que, de lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para gasolinas y diésel, “deberían utilizarse los recursos en políticas más eficientes, las cuales pueden ser tipo política social o construcción de infraestructura”.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, titulado Invertir para Movernos,entre 2011 y 2015, la inversión para transporte público en México sufrió una reducción de casi 50 por ciento, al pasar de 108 a 55.9 mil millones de pesos.

Es necesario mencionar que los proyectos de movilidad normalmente se dividen en dos grupos: por un lado, los que promueven el uso del automóvil a través de la ampliación de la infraestructura vial y la pavimentación; por otra parte, la Movilidad Urbana Sustentable (MUS), que incluye los proyectos de infraestructura ciclista, espacios públicos y de transporte público.

El gobierno ha priorizado la movilidad por medio de automóviles, muestra de ello es que de las inversiones en movilidad para el año 2012, sólo 35 por ciento se destinó a proyectos de movilidad sustentable y mejoras al espacio público, y 64 por ciento de los recursos se destinaron a ampliar y mantener la infraestructura vial.

El estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, señala además que tan sólo durante el ejercicio 2015, 80 por ciento de los recursos destinados a movilidad se concentró en generar infraestructura en favor de los automóviles. A pesar de que nuestros gobernantes realizan constantemente declaraciones en las que aseguran estar comprometidos con el medio ambiente, la inversión en proyectos de infraestructura vial no es congruente con los patrones de movilidad de los habitantes de las 56 zonas metropolitanas analizadas, pues 70 por ciento de la población se desplaza a través de formas alternas al automóvil.

La tendencia de política pública de invertir en el automóvil ha fracasado, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México según estimaciones de la Dirección General de Tráfico indican que los capitalinos pasan 23 horas atorados en el tráfico y 276 al año, lo que equivale a 11 días improductivos.

Por su parte, la Consultoría Credo a petición de la empresa Siemens realizó un estudio que lleva por título La oportunidad de movilidad. Mejorías del transporte público para producir crecimiento económico,el cual analiza las redes de transporte de 35 grandes ciudades, entre ellas, la Ciudad de México. La conclusión de dicho estudio es que el transporte público eficiente puede atraer la actividad económica a las grandes ciudades, al tiempo que puede impulsar la productividad al mejorar la conectividad y reducir los tiempos de trayectos. En pocas palabras, la inversión en transporte público es un factor clave para el crecimiento económico de las urbes.

En la actualidad, el transporte público en nuestro país presenta diversos problemas, entre ellos, la percepción de inseguridad por parte de los usuarios. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, 83 por ciento de los ciudadanos de la zona metropolitana del Valle de México, se sienten inseguros en el transporte público. Dicha percepción de inseguridad tiene sustento, ya según la citada encuesta, el 26 por ciento de los delitos que se reportados en la zona metropolitana durante 2014, se cometieron en el transporte público. Otro dato arrojado por la encuesta es que, en promedio, 14.6 por ciento de la población de todas las áreas metropolitanas ha dejado de usar el transporte público por temor a ser víctima de un delito.

La investigadora Jimena David señala algunas medidas que se deben tomar, para solucionar dicha situación:

•Cámaras dentro de los autobuses, trenes, taxis y estaciones de transporte público.

•Instalación de botones de alerta en autobuses, trenes y estaciones de transporte público.

•Patrullaje y operativos aleatorios en rutas de transporte público de superficie.

•Mayor vigilancia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, principalmente en las estaciones de mayor demanda y en horas pico.

•Fomentar que existan mejores condiciones de seguridad en los alrededores de las estaciones de transporte público.

Todas ellas son medidas que conllevan una inversión por parte del estado para llevarse a cabo, toda vez que la movilidad es un factor central para la prosperidad y bienestar de la población debido a que de ello depende la capacidad que tenemos los mexicanos para trasladarnos de un lugar a otro.

Invertir en la movilidad no motorizada representa un beneficio a largo plazo. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas emitió a través del reporte La movilización del transporte sostenible para el desarrollo, en el que se alerta que “cada año 3.5 millones de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire”, también se destaca un beneficio económico debido a que “el cambio a modelos de transporte sustentable originaría un ahorro de 70 millones de billones de dólares para 2050” esto se debería a la reducción del gasto de combustibles fósiles, en inversión de capital y gastos operativos relacionados con vehículos y la infraestructura vial.

El documento mencionado concibe que “el transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio que permite a las personas acceder a lo que necesitan: puestos de trabajo, mercados, la interacción social, de educación y una amplia gama de servicios e instalaciones que contribuyen a una vida plena y sana”.

Es importante destacar que México es un país eminentemente urbano, “de cada 10 habitantes más de 7 residen en localidades mayores a 15 mil habitantes”, en nuestro país se reconocen 59 zonas metropolitanas donde los mexicanos buscan mejorar su calidad de vida. Priorizar y promover el uso del vehículo de forma privada ha empeorado la situación, además que no se ha previsto un desarrollo del transporte público a pesar que es el “medio más utilizado por la mayoría de la población”. Por lo tanto, resulta necesario rescatar el transporte público y sus vías, tan sólo en la zona metropolitana de la Ciudad de México 80 por ciento del transporte público ya es obsoleto.

En consecuencia, se propone que un veinte por ciento de lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de Ley de Coordinación Fiscal a gasolinas, se destine a inversión en movilidad no motorizada, y modernización y ampliación en la capacidad del transporte público, para, de esa manera, revertir el rezago en materia de movilidad urbana y en transporte público.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero.Se adiciona un último párrafo al inciso D) de la fracción I, del artículo 2o.; y se reforma el párrafo sexto del artículo 2o.-A, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2.[...]

I [...]

A) [...]

B) [...]

C) [...]

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles

Cuota

Unidad de medida

a. Gasolina menor a 92 octanos

2.59 pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos

2.19 pesos por litro.

c. Diésel

2.85 pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles

2.19 pesos por litro.

[...]

[...]

Los recursos que se recauden en términos de este artículo, un veinte por ciento se destinarán a inversión en movilidad no motorizada, y modernización y ampliación en la capacidad del transporte público, y el resto en términos de la presente ley, la Ley de Coordinación Fiscal y las demás aplicables.

E) a J) [...]

...

II. [...]

III. [...]

Artículo 2o.-A. [...]:

I. a III.

[...].

[...].

[...].

[...].

Los recursos que se recauden en términos de este artículo, un veinte por ciento se destinarán a inversión en movilidad no motorizada, y modernización y ampliación en la capacidad del transporte público, y el restose destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal .

[...].

[...].

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción VIII, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2o.; y, se reforma la fracción VII del artículo 2o., el primer párrafo y los párrafos primeros de las fracciones I y II, del artículo 4o-A, y el primer párrafo del artículo 9, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 2o.[...].

[...]:

I.[...];

II.[...];

III.[...];

IV. [...];

V. [...];

VI.[...];

VII. La parte de la recaudación correspondiente obtenida en términos de lo previsto en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

VIII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

IX.[...];

X.[...], y

XI.[...].

[...].

[...]:

[...]

[...]:

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Artículo 4o-A. El restante del total recaudado derivado de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:

I.Del restante recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

[...].

[...].

II.Del restante recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un fondo de compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el producto interno bruto estatal total y el producto interno bruto estatal minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo.

[...]:

[...]

[...]:

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y los municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente ley, que podrán ser afectadas a fines específicos, tales como en inversión en movilidad no motorizada, y modernización y ampliación en la capacidad del transporte público, y en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las entidades o los municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

[...].

[...].

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 El SAT captó 225 mil mdp adicionales; creció 22% recaudación de IEPS, Excélsior, disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/30/1125226

2 Ibíd.

3 En el 2017, IEPS a gasolina dejará más de 280,000 mdp, El Economista, disponible en:

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/20/2017-ie ps-gasolina-dejara-mas-280000-mdp

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Gómez Sánchez, Mariana y Estrada, Liliana, ¿Cuál es la alternativa frente al aumento del precio a la gasolina?, Animal Político, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/20 14/01/30/cual-es-la-alternativa-frente-al-aumento-del-precio-la-gasolina/

8 ¿A dónde va lo recaudado con aumento a la gasolina?, Animal Político, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2013/08/a-donde-ha-ido-a-parar-lo -recaudado-con-los-gasolinazos/

9 Ibíd.

10. Ibíd.

11 En 5 años bajó inversión a transporte público en México, arroja estudio, Milenio, disponible en:

http://www.milenio.com/df/transporte_publico-inversion-invertir _para_movernos-itdp-movilidad-milenio_noticias_0_ 844715825.html

12 ¿Qué se necesita para mejorar el transporte público en México?, Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, disponible en:

http://amtm.org.mx/amtm2/index.php/featured/924-necesita-mejora r-transporte-mexico-molinero

13 Gobiernos concentran gasto de movilidad en coches, y relegan a bicis y transporte público, Animal Político, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2016/11/gasto-infraestructura-mov ilidad-bicis-automovil/

14 Ibíd.

15 Cuánto de tiempo nos roba el tráfico de la Ciudad de México, La Gran Metropoli, disponible en :

http://ivn.us/2017/01/09/will-trump-effect-impact-economy/

16 Transporte público, ¿clave para el crecimiento económico?, Forbes, disponible en:

http://www.forbes.com.mx/transporte-publico-clave-para-el-creci miento-economico/#gs.pAZ5yBc

17 David, Jimena, El miedo no anda en burro... anda en transporte público, Animal Político, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalu a/2016/06/03/el-miedo-no-anda-en-burro-anda-en-transporte-publico/

18 Ibíd.

19 López, Lorena, ONU recomienda transporte mundial sostenible fuera de la movilidad motorizada, Milenio, disponible en:

http://www.milenio.com/internacional/onu_transporte-uso_bicicle tas-movilidad_motorizada-trafico_autos-milenio_noticias_0_837516481.html

20 Ibíd.

21 Ibíd.

22 Organización de las Naciones Unidas, Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015, disponible en: http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20M exico%202014-2015%20-%20Final.pdf

23 ONU, Ibíd.

24 Valdez Ilich, Domínguez, Pedro y Ávila, Alondra, Es obsoleto el 80% del del transporte público: experto, disponible en:

http://www.milenio.com/region/Transporte_publico_obsoleto_CdMx- contingencias_ambientales_en_CdMx-transporte_publico_0_723527667.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y General de Sociedades Cooperativas, suscrita por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con Max Weber, la economía es una acción racional con arreglo a fines orientada a superar la escasez de bienes y la satisfacción de necesidades de las personas. “La actitud específica de lo económico –decía el sociólogo alemán– es la escasez de medios en relación con lo que se apetece”.

Para enfrentar el problema de la escasez, las sociedades a lo largo del tiempo han creado diversos instrumentos que permiten no solo cubrir las necesidades más elementales, sino también financiar actividades productivas, entre otras cuestiones más sofisticadas que canalizan el ahorro y el crédito.

En este tenor surge la importancia del sistema financiero, entendido como el conjunto de servicios e instituciones especializadas que procuran la asignación eficiente de recursos entre ahorradores y demandantes de crédito.

El sistema financiero ofrece a la población las herramientas para hacer más eficiente la administración de los recursos, por medio de servicios y productos financieros tales como el ahorro, el crédito, los seguros y las pensiones.

Por sus ventajas, lo más deseable es que todas las personas tengan al alcance un servicio o producto financiero. En este orden de ideas, la inclusión financiera se define como “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar la capacidad financiera de todos los segmentos de la población”.

Una institución financiera es aquella entidad que brinda servicios financieros a sus clientes o miembros, entre otros, a través de la intermediación de recursos. Su labor consiste en captar el ahorro y ponerlo en circulación en forma de créditos, la adquisición de acciones o bonos emitidos por empresas comerciales, entre otros servicios, para con la finalidad de alentar el crecimiento económico.

El sistema financiero se segmenta en diversas instituciones que ofrecen sus productos adaptándolos a las características socioeconómicas y demográficas de la población. De esta manera existen los bancos tradicionales, pero también las cajas de ahorro y préstamo formales, las sociedades financieras de objeto múltiple, las sociedades financieras populares, las uniones de crédito, tan solo por nombrar algunas de las instituciones financieras que operan en el país.

La presente iniciativa busca mejorar la regulación de las cajas de ahorro y crédito popular o cajas populares, un tipo de institución financiera que, por su naturaleza y características, brinda servicios a los hogares de más bajos recursos y en las zonas más marginadas del territorio nacional.

Historia y evolución de las cajas populares en México

La historia de las cajas populares en México es la historia del tránsito de las organizaciones financieras informales poco profesionales, a las instituciones formales del sistema financiero que forman parte del sector social de la economía.

Las cajas populares comenzaron a proliferar como alternativa financiera a mediados del siglo pasado. En aquel entonces, las cajas populares nacieron en el seno de la iglesia católica como organizaciones de ayuda mutua en las que las personas se asociaban para ahorrar conjuntamente, a efecto de contar con dinero que les permitiera atender alguna eventualidad. Una de sus particularidades era su forma de gobierno eminentemente democrática, ya que los cuerpos directivos de las cajas se elegían en una asamblea, pudiendo ser elegido cualquiera de sus integrantes.

Este tipo de prácticas no contaba con ningún tipo de regulación, por lo cual eran consideradas parte del mercado financiero informal. Precisamente por ello, algunos investigadores señalan que las cajas populares surgieron como un instrumento económico de la sociedad civil para satisfacer sus necesidades de financiamiento ante la falta de acceso a los canales formales.

Para enero de 1964 había en el país aproximadamente medio millar de cajas populares, con más de 30 mil asociados y ahorros por un monto superior a 12 millones de pesos.

En la década de 1970, las cajas populares se emanciparon de la Iglesia para adoptar un perfil más empresarial. De esta manera comenzó la profesionalización de su personal y se hizo evidente la necesidad de legislar para regular su funcionamiento.

En 1991 se aprobó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con la cual las cajas populares fueron reconocidas legalmente como sociedades de ahorro y préstamo. Tres años más tarde, en agosto de 1994, se llevaron a cabo diversas reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas que otorgaron incentivos para que un gran número de cajas populares solicitaran su registro como cooperativas. De este modo, durante el periodo 1991-1994, cerca de 500 cajas populares pasaron de la informalidad a la formalidad ya sea como sociedades de ahorro y préstamo, o bien como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, iniciándose así una nueva fase en la regulación de las cajas populares. Mediante el nuevo ordenamiento, se estableció un esquema regulatorio orientado a convertir a las cooperativas, cajas de ahorro, uniones de crédito, micro bancos y cajas solidarias, en entidades financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto con objeto de fortalecer la supervisión y proteger a sus usuarios.

Las reformas de la Ley General de Sociedades Cooperativas incorporaron al ahorro y préstamo como uno de los rubros en los que se podía desarrollar este tipo de organizaciones.

En 2009 se aprobó una nueva ley especializada para el sector del ahorro y crédito popular: la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). Con esta norma, vigente hasta nuestros días, se definieron las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) como las que tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios, y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

Otra de las novedades de esta ley es que reconoció a las Socap como integrantes del sector social de la economía, esto es, en tanto “formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, según lo dispuesto en el artículo 25, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el ordenamiento de las Socap, la LRASCAP planteó siguientes objetivos:

I. Regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones por parte de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con sus socios;

II. Regular, promover y facilitar las actividades y operaciones de estas últimas, su sano y equilibrado desarrollo;

III. Proteger los intereses de los socios ahorradores; y

IV. Establecer los términos en que el Estado ejercerá las facultades de supervisión, regulación y sanción.

En uno de los artículos transitorios de esta ley se fijó el 31 de marzo de 2014 como fecha límite para que las Socap con activos superiores a 2.5 millones de unidades de inversión; es decir, aproximadamente 13 millones de pesos, solicitaran autorización ante la CNBV.

Con la reforma financiera, publicada por el presidente Enrique Peña Nieto el 9 de enero de 2014, se sentaron nuevas bases para hacer más barato y más accesible el crédito en nuestro país, por medio de cuatro pilares fundamentales: incrementar la competencia en el sector financiero; fomentar el crédito través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas; y mantener un sistema financiero sólido y prudente.

Esta reforma estructural introdujo la figura de los corresponsales de ahorro y crédito popular con el objetivo de acercar más y mejores productos y servicios financieros a las comunidades, fomentando el ahorro en tiempo y dinero.

Como se observa, la regulación del sector del ahorro y crédito popular ha evolucionado para mejorar el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios financieros a las personas con menores ingresos y, particularmente, a aquellas que viven en las comunidades rurales del país.

En este proceso, las cajas populares se han convertido en auténticos instrumentos de inclusión financiera en México, pues han sido la institución financiera que ha registrado el mayor crecimiento, más aún con la implantación de la reforma financiera.

En el periodo 2010-2015, las Socap mostraron una tasa de crecimiento de 23 por ciento, seguido de las sociedades financieras populares, con 5 por ciento, y la banca múltiple, con 2 por ciento, como se observa en la siguiente gráfica:

Comparativo de instituciones financieras, 2010-2015

Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Inclusión Financiera.

Si bien de 1964 a junio de 2016, el número de Socap disminuyó, pasando de 500 a las 149 que actualmente se encuentran autorizadas y supervisadas por la CNBV, el número de personas y el monto de los activos que administran han aumentado exponencialmente. Hoy existen 5.7 millones de socios de Socap, y éstas manejan activos por 108.1 mil millones de pesos, que representan aproximadamente 87.6 por ciento de los activos del sector del ahorro y crédito popular. Por si fuera poco, en 2016 se hallaban en proceso de autorización al menos otras 39 empresas.

La expansión de las Socap es una buena noticia porque como se ha dicho anteriormente, estas entidades brindan servicios en los municipios y zonas geográficas en donde los bancos no tienen presencia, sin embargo, para que este sector funcione correctamente, aún es necesario mejorar la legislación que lo regula para y consolidarlas como una alternativa financiera segura para la gente de escasos recursos.

Algunas Socap imponen condiciones en sus contratos que, por sus excesos y daños contra los usuarios han sido denominadas en la ley como Cláusulas Abusivas. Derivado también de la reforma financiera, el artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para emitir disposiciones de carácter general con el acuerdo de su Junta de Gobierno, en las que se establezcan los casos y supuestos en que se considere la existencia de una cláusula abusiva.

El 19 de noviembre de 2014, la Condusef publicó en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión”. En dichas disposiciones, se definió como cláusula abusiva

Cualquier estipulación, término o condición, establecida en los contratos de adhesión, que verse sobre temas distintos a tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por la institución financiera y que cause un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes, en detrimento o perjuicio del usuario.

De este modo, en 2015 la Condusef identificó 67 cláusulas abusivas en los contratos de adhesión del sector de ahorro y crédito popular en el país. En los servicios de crédito popular se descubrieron 31 irregularidades y otras 20 cláusulas que permitían el cobro de cargos sin indicar al usuario el momento o monto por el que se realizarían.

Pese a estar prohibidas por la ley, este tipo de prácticas siguen existiendo y afectando al patrimonio de las familias más necesitadas. Esto resulta intolerable por que las cajas populares, al ser el instrumento básico de acceso al sistema financiero en nuestro país, cargan con una doble responsabilidad social, pues no solo prestan servicios a las personas con menores ingresos, sino también a las que tienen mejores niveles de cultura financiera. Por ello, la regulación de las Socap debe ser más clara y precisa para evitar abusos y hacer más eficiente su supervisión.

La política nacional de inclusión financiera reconoce esta realidad y señala que

Es necesario continuar con los esfuerzos para fortalecer la regulación del sector de ahorro y crédito popular, de tal forma que sea acorde con los riesgos que enfrentan y con lo que se ha observado en su desarrollo. Se deberán cuidar aspectos prudenciales, de competencia y de lavado de dinero, entre otros. Por otra parte, los esfuerzos de supervisión sobre el sector, deberán mantenerse para detectar, de manera oportuna, las debilidades que puedan surgir.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa busca reforzar la regulación del sector de ahorro y crédito popular en el país, protegiendo a los usuarios de cláusulas abusivas que pudieran afectar su patrimonio e introduciendo disposiciones generales que sienten las bases para mejorar los controles internos, procesos crediticios, criterios contables y la administración integral de riesgos de las Socap.

Para lo anterior se propone, en primer término, reformar Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a efecto de fortalecer la vigilancia y sancionar el uso de cláusulas abusivas que afectan el patrimonio de las personas.

En segundo término, se plantea reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas, con objeto de facultar a sus asambleas y consejos de administración para formular políticas y programas para el mejoramiento de los controles internos, procesos crediticios, criterios contables y la administración integral de riesgos.

Con estas nuevas disposiciones contaríamos con nuevas herramientas para combatir los abusos en el sector del ahorro y crédito popular al tiempo que generaríamos nuevas bases para hacer más eficiente su funcionamiento en beneficio de la economía social.

Por todo lo expuesto y motivado me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se adicionan una fracción IV al artículo 28 y una fracción V al artículo 35 y se reforma el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar de la siguiente manera:

Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 28. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo estarán obligadas a:

I. a III. [...]

IV. Eliminar de sus contratos de adhesión las cláusulas que hayan sido identificadas como abusivas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Artículo 35. La comisión contará con facultades de inspección y vigilancia, respecto de las personas morales que presten servicios de auditoría externa en términos de esta ley, incluyendo a los Socios o empleados de aquéllas que formen parte del equipo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de esta Ley y la observancia de las disposiciones de carácter general que de ella emanen, apegándose a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Leyes aplicables, al efecto de garantizar las formalidades de los procedimientos, así como de la audiencia previa al inspeccionado para la imposición de acciones correctivas o sanciones. Para tal efecto, la citada comisión podrá

I. a IV. [...]

V. Colaborar con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para la identificación y sanción de cláusulas abusivas que atenten contra los derechos de los usuarios.

Artículo 62. La supervisión de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV y del Fondo de Protección estará a cargo de la comisión, quien la llevará a cabo sujetándose a lo previsto en esta Ley, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el reglamento de supervisión expedido al amparo de esta última ley.

La citada comisión podrá efectuar visitas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, así como al Fondo de Protección y sus Comités Técnico, de Supervisión Auxiliar y de Protección al Ahorro Cooperativo, que tendrán por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar las actividades, operaciones, organización, funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno, de administración de riesgos y de información, así como el patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos, la calidad de los activos, la eliminación de cláusulas abusivas y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera, económica, contable, administrativa y legal, conste o deba constar en los registros, a fin de que las sociedades y el citado fondo, se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que los rigen y a las sanas prácticas de la materia, según sea el caso.

Segundo.Se reforma la fracción III del artículo 36; se adiciona una fracción XII, sustituyendo a la actual y recorriendo las subsecuentes del artículo 43 Bis 1 y se reforma la fracción IX del artículo 46 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Ley General de Sociedades Cooperativas

Artículo 36. La asamblea general resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente ley y las bases constitutivas, la asamblea general conocerá y resolverá de

I. y II. [...]

III. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento , así como de las políticas y programas para el mejoramiento de los controles internos, procesos crediticios, criterios contables y administración integral de riesgos de la sociedad cooperativa;

Artículo 43 Bis 1. Son facultades y obligaciones indelegables del Consejo de Administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

I. a XI. ...

XII. Proponer y someter a consideración de la asamblea las políticas y programas para el mejoramiento de los controles internos, procesos crediticios, criterios contables y administración integral de riesgos de la sociedad cooperativa; y

XIII.Las demás que esta ley, la asamblea o las bases constitutivas de la cooperativa determinen.

Artículo 46 Bis. El Consejo de Vigilancia de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a VIII. [...]

IX. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan , incluyendo la supresión de las cláusulas abusivas identificadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Max. Weber. Economía y Sociedad.Nueva edición, revisada y comentada por Francisco Gil Villegas, Fondo de Cultura Económica pp. 471 y 472.

2 Véase Banco de México, Sistema financiero.

3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, página vii.

4 Véase Ramón Imperial Zúñiga, “Las cajas de ahorro: instrumentos de la sociedad civil”, en revista Comercio Exterior,volumen 54, número 7, julio de 2004, página 606.

5 Ibídem, página 608.

6 Gobierno de la República, Explicación ampliada de la reforma financiera,México, 2014, página 7, disponible en

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_a mpliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf

7 CNBV. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, disponible

http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Dif usi%C3%B3n/Paginas/Sociedades-Cooperativas-de-Ahorro-y-Pr%C3%A9stamo.aspx

8 Véase la nota “El 2016 será ágil en autorización de Socap: Concamex”, en El Economista,4 de enero de 2016, disponible en

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2016/01/04/2016-s era-agil-autorizacion-socaps-concamex

9 Véase Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Política nacional de inclusión financiera,página 6, disponible en

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1 jul2016CONAIF_vfinal.pdf

10 Diario Oficial de la Federación. Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368784&fecha =19/11/2014

11 Véase “Condusef detecta 67 cláusulas abusivas en cajas de ahorro y crédito popular”, en El Financiero,24 de febrero de 2016.

12 Política Nacional de Inclusión Financiera, obra citada, página 6.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

María del Rocío Rebollo Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Que el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

No obstante la existencia de la citada obligación constitucional, para los diferentes niveles de gobierno de administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, el reclamo de la sociedad actual es casi unánime en el sentido de que la constante ha sido el incumplimiento de dicho imperativo en la República Mexicana, por parte de algunos funcionarios principalmente del pasado, de los distintos niveles de gobierno, y en algunos casos de manera escandalosa.

No pretendo politizar caso específico alguno, porque la finalidad que se persigue con el presente planteamiento es la propuesta de medidas que en el futuro eviten la realización de actos de derroche o despilfarro del recurso público, independientemente del partido u organización política a la que pertenezca el funcionario público en funciones.

Debo mencionar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, se reformaron los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la llamada disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Conforme a la referida reforma constitucional, en términos del artículo 73, fracciones VIII, y XXIX-W, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes secundarias, lo siguiente:

a) las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento;

b) los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan;

c) la obligación de los mismos de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente, en un registro público único;

d) un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos;

e) la posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios; y

f) las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.

Bajo esa reforma constitucional, se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, siendo uno de sus objetivos principales, la de establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

Sin embargo, debe decirse que el tema central tanto de la reforma constitucional de mayo de dos mil quince como la referida legislación, van encaminadas a la determinación de aquellas disposiciones necesarias para un manejo sostenible de las haciendas locales, para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

Ahora bien, en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se establece que: “Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”.

En ese sentido, cabe destacar la acertada inclusión de la palabra “austeridad” que se emplea en dicho párrafo, palabra cuyo significado conforme al diccionario de la Lengua Española significa “cualidad del austero” y austero como adjetivo, significa, entre otras “sin excesos, sin lujos”. Luego entonces, el sentido de la palabra austeridad en materia de recursos económicos públicos, debe enlazarse con el de la modestia. Lo modesto es rehusar lo innecesario, lo lujoso.

Un gasto será necesario si no puedes prescindirlo para realizar los fines de ese ente público. Pero la obligación inmediata que surge si debe realizarse ese gasto, es que el mismo no debe ser lujoso.

Enunciar ejemplos de gastos innecesarios, provocaría que abordáramos cada una de las dependencias, lo cual nos apartaría de lo práctico de esta propuesta, sin embargo se pueden mencionar algunos que pudieran servir de reflexión como los Gastos en Publicidad y Publicación de la gestión del funcionario actual, los Gastos de Viáticos y Viajes en donde existen varias líneas comerciales bajo diferentes precios del pasaje, los Gastos de Vehículos o si es indispensable que el funcionario disponga de un vehículo para uso oficial, como los empleados de la Comisión Federal de Electricidad que todavía no sabemos la explicación del por qué cuentan con vehículo oficial, si es para uso particular.

La ciudadanía nos demanda, a todos los poderes, la austeridad, y esta, debe establecerse de manera institucional, como obligación constitucional de administrar los recursos públicos bajo ese principio.

En el presente caso, propongo incluir la palabra “austeridad” en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede en los siguientes términos: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

La justificación de la reforma anterior obedece a las siguientes razones:

1. Los objetivos fundamentales del gasto público son el impulso del bienestar colectivo de los gobernados, para abatir la marginación y la desigualdad social, a la vez de generar inversión, así como el sostenimiento racional y transparente de las instituciones públicas.

2. Los recursos financieros de que disponen las instituciones públicas siempre serán escasos si se toma en cuenta, las crecientes necesidades sociales y públicas, y toda vez que algunas de las fuentes de esos recursos a nivel federal, atraviesan por circunstancias inciertas ante los efectos de la crisis financiera internacional.

3. Debe ser obligación institucional de la federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejercer la administración de los recursos públicos buscando la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad, para lo cual las Dependencias y Entidades públicas, deberán instrumentar las medidas necesarias para fortalecer las acciones tendientes a lograr ahorros y economías en el gasto o gestión pública, sin detrimento de los resultados, para reorientarlos al gasto social, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, a una educación pública de calidad y a una vida acorde con su dignidad.

4. Existe actualmente un generalizado descontento social, al no evidenciar un gasto público ausente de austeridad por parte de las instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno.

Propongo entonces, que el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reforme para incluir el adjetivo “austeridad”, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 134.Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

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Para mayor claridad, la propuesta se ilustra en la siguiente tabla a modo de comparación.

Texto vigente

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

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Texto propuesto

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

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Por lo antes expuesto y justificado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se reforma el artículo 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado como sigue:

Artículo 134.Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero de 2017.— Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES

RECURSOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES NO SEAN UTILIZADOS CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS LOCALES 2016-2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, del estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit a realizar acciones para que los recursos públicos y los programas sociales no sean utilizados con fines electorales en los procesos locales de 2016-2017, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y del estado de México para que realicen todas las acciones necesarias a fin de que los recursos públicos y programas sociales no sean utilizados con fines electorales en el marco de los procesos locales 2016-2017, bajo las siguientes

Consideraciones

En el año 2017, en los estados de Coahuila, Nayarit Estado de México y Veracruz, se desarrollarán procesos electorales en los cuales se elegirán diversos cargos de elección popular como gobernador, presidentes municipales y diputados locales por principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

De acuerdo a sus legislaciones locales, los cargos a renovarse y los periodos de precampaña y campaña son los siguientes:

Coahuila: Se elegirá 1 gobernador, 16 diputaciones locales de mayoría relativa, 9 diputaciones locales de representación proporcional y 38 ayuntamientos.

Precampaña: Del 20 de enero al 28 de febrero de 2017.

Campaña: Del 2 de abril al 31 de mayo de 2017.

Estado de México:Se elegirá 1 gobernador.

Precampaña: Del 23 de enero al 3 de marzo de 2017.

Campaña: Del 3 de abril al 31 de mayo de 2017.

Veracruz:Se elegirán 212 ayuntamientos.

Precampaña: Del 5 de febrero al 12 de marzo de 2017.

Campaña: Del 2 de mayo al 31 de mayo de 2017.

Nayarit: Se elegirán 1 gobernador, 18 diputaciones locales de mayoría relativa y 12 diputaciones locales de representación proporcional y 20 ayuntamientos.

Las precampañas se realizarán, para el caso de gobernador dentro de los 116 y hasta 77 días antes de la jornada electoral y para la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos dentro de los 69 y hasta 50 días antes de la jornada electoral.

Por tal motivo, tanto el Instituto Nacional Electoral como las Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas antes citadas, han iniciado los correspondientes procesos electorales de acuerdo a sus atribuciones.

Con la finalidad de respetar los principios de legalidad y de equidad durante los procesos electorales, los gobiernos federal, estatales y municipales tienen la obligación constitucional y legal de destinar recursos públicos sin fines electorales así como suspender la propaganda gubernamental durante el tiempo que duren las campañas con la finalidad de garantizar la equidad e imparcialidad en las contiendas electorales.

Esto es, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, contemplan la protección y la imparcialidad del uso de los recursos públicos y establecen las sanciones en caso de que cualquier autoridad o servidor público hagan uso de dichos recursos para inducir al voto o la preferencia hacia algún candidato o candidata.

Tal es el caso de lo establecido en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 449. 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

No obstante la importancia de que no se suspenda la operación de programas sociales y el uso de recursos públicos para la atención de las necesidades de diversos sectores de la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional urge a las autoridades federales y estatales para que sean garantes de que los comicios electorales se realicen en equidad e imparcialidad desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta soberanía apruebe de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno federal y a los titulares de los gobiernos de los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y de México para que realicen las acciones necesarias a fin de que los recursos públicos y programas sociales no sean utilizados con fines electorales en el marco de los procesos locales 2016-2017.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el marco de sus atribuciones, atienda de forma expedita y puntual las denuncias presentadas por la comisión de delitos electorales durante los procesos electorales locales 2016-2017 en los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit y del estado de México.

Palacio Legislativo, a 11 de enero de 2017.— Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTEN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales y estatales de Morelos a implantar medidas para reducir los niveles de violencia de género en la entidad, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Kofi Annan, afirmó que: “La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.

Han pasado más de diez años de la declaración anterior y, lamentablemente, la violencia hacia las mujeres se ha incrementado, como botón de muestra, la Organización de las Naciones Unidas refiere en el año 2016 que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida; y son asesinadas al día siete mujeres en promedio.

Sin duda alguna, hablar de los derechos humanos exclusivos para la mujer parece contradecir el carácter universal de los derechos humanos que formalmente protegen a hombres y mujeres por igual, y pone en tela de duda la igualdad humana de los géneros. Por el contrario, la necesidad de establecer derechos, normas e instancias internacionales y nacionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, confirma la dimensión y especificidad de las violaciones a la dignidad humana que ellas enfrentan. Violaciones sustentadas, en gran medida, en la prevalencia de los roles y estereotipos atribuidos cultural y socialmente a las mujeres.

La violencia de género es una de las actividades que nos afectan como sociedad y que laceran a nuestra infancia y a nuestras mujeres, pues la continua exposición a ella la convierte en un acto normal y cotidiano, tanto para quien lo ejerce como para quien la padece. Es por ello, que especialmente los feminicidios, son fuertemente sancionados y perseguidos por las autoridades judiciales e investigadoras, pues en ellos se priva de la vida a una persona por el simple hecho de ser mujer.

En ese sentido, no debemos permanecer indiferentes ante los feminicidios y su incremento como está ocurriendo en el estado de Morelos, lo cual ha sido denunciado y evidenciado por la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, quien en declaraciones recientes afirmó que en el año 2016 se registraron un total de 85 feminicidios.

Sobre el particular, señala también la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del estado de Morelos, que la violencia feminicida en la entidad se rebasó en más de 66 por ciento a la cifra registrada en 2015, pues de agosto de ese año al 22 de diciembre de 2016 se acreditó la comisión de 95 feminicidios. Incluso, a pesar de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, la misma se ha incrementado en dicho estado.

Por eso, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos proponiendo a esta Comisión Permanente hacer un exhorto a las autoridades estatales y municipales del estado de Morelos para que a la brevedad implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles de violencia de género en contra de las mujeres que durante el año 2016 fue denunciado por el Congreso del estado y, en su caso, dictar sentencias condenatorias en contra de los responsables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades municipales y estatales de Morelos para que implementen todas las medidas necesarias para reducir los niveles de violencia de género en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PROTEGER LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la SCT a realizar acciones para proteger los derechos como consumidores de los usuarios del servicio de transportación aérea, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuesta de enero para el año 2017, es la cuesta que más le ha pegado al bolsillo de los mexicanos, con las medidas económicas tomadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que se traducen en un aumento desmedido en los precios de la gasolina, afectará también el precio de los bienes y servicios de manera directa e indirecta.

De manera directa se verán afectados bienes que utilicen como insumos estos combustibles: transporte, electricidad, productos químicos, de limpieza y medicamentos. De manera indirecta, impactará a bienes y servicios que usan el transporte en su operación o comercialización, Julio Soto, economista senior de Consultores Internacionales indicó que tan solo el transporte representa el 40% del costo logístico, por lo que ninguna industria se salvará de estos efectos. De hecho se prevé una variación quincenal en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.9% y de 1.1% para la primera mitad del mes de enero, solo el hecho del alza de las gasolinas le va a sumar 80 puntos a la base a la inflación en la primera mitad del año.

Ante la dura crisis económica que se avecina para todas y todos los Mexicanos, la sociedad civil se organizó para manifestarse contra los abusos que comete el gobierno en turno, al grito de “No al gasolinazo” miles de compatriotas han marchado y siguen movilizándose en diversas ciudades del país para solicitarle al gobierno de la república revierta la decisión tomada respecto al alza de los precios de los hidrocarburos, sin embargo, el presidente de la república, a pesar de las diferentes propuestas para “revertir el gasolinazo” que han hecho diversos Grupos Parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ha mantenido firme en la postura respecto al alza en el precio de los combustibles.

En este sentido, y como representante del pueblo, es necesario que redoblemos los esfuerzos a partir de las facultades conferidas a las diferentes instituciones gubernamentales, para que los proveedores de bienes y servicios no se aprovechen de la crisis económica que atraviesa nuestro país, aumentado los precios de manera unilateral y que no vulneren los derechos de los consumidores mexicanos.

Al respecto, quiero manifestar mi preocupación ante los abusos cometidos por los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y los concesionarios y permisionarios aeroportuarios.

Da acuerdo a declaraciones de la ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, de enero a julio del año pasado, la dependencia recibió mil 200 quejas en contra de las aerolíneas que operan en el país, siendo Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobus las más denunciadas .

Entre los perjuicios ocasionados por las aerolíneas a los usuarios se encuentran principalmente las sobreventas de los vuelos, retrasos, cancelaciones, cobros extras o no respetar los precios anunciados.

En lo que respecta a la primera afectación –las sobreventas- a pesar que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil permite a los concesionarios expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, y también establece los derechos que tendrán los usuarios en caso de que se actualice el supuesto, es necesario que la Profeco intervenga para obligar a las aerolíneas a informar a los consumidores, antes de adquirir el boleto, la ocupación del vuelo o en su caso, si se encuentra sobrevendido o no.

En lo que respecta a los retrasos y cancelaciones, las aerolíneas se justifican en la mayoría de los casos, aduciendo al excesivo tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país –siendo el de la Ciudad de México, el más mencionado- o aducen a cuestiones meteorológicas como causantes de la cancelación o el retraso.

Si bien es cierto, ante ambos argumentos –que por cierto, son causas inimputables a la aerolínea y por lo tanto, los derechos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil no son operantes- los usuarios no tenemos manera de corroborar dicha información más que creer en la palabra y buena fe de las operadoras, pero de acuerdo a las cifras de quejas y denuncias antes mencionada, la credibilidad de las empresas que proporcionan servicios de transportación área se ven más debilitados.

Otra de las actuaciones de las aerolíneas que repercuten directamente en el bolsillo de los mexicanos, son los cobros “extras” y la falta de seriedad para respetar los precios promocionados en los sitios de internet.

El artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, estipula de forma clara y precisa que el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

En este orden de ideas, es claro que la aerolíneas violentan este precepto legal, basta con intentar adquirir un boletos través de las páginas de las aerolíneas, al seleccionar las fechas probables para el viaje, inmediatamente se despega una ventana con el precio total del boleto –sea este redondo o sencillo-; cuando seleccionas el viaje que por precio o por horario se ajuste al itinerario y conforme uno va avanzando en el llenado de los formularios para poder adquirir el boleto, poco a poco se va uno percatando que el precio mostrado en la primera búsqueda va incrementando, esto se debe a que las aerolíneas incluyen –sin previa consulta y autorización del consumidor- servicios extras para asignación de asientos, aumento de tarifas por equipaje extra, diversos tipos de seguros, entre otros. Así en cada compra, los consumidores deben de estar al pendiente de qué cargos extras se le están cobrando sin su consentimiento y deshabilitarlos en los formularios. Algunas aerolíneas como Vivaerobús, en ocasiones, no permiten eliminar el cargo extra por asignación de asientos, por citar un ejemplo.

En este orden de ideas, y como medidas para proteger la economía de los mexicanos y para brindar equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y consumidores; es necesario que la Profeco, realice acciones para evitar que las aerolíneas, amparadas en las leyenda de “se aplican restricciones”, sigan vulnerando los derechos de los usuarios al incrementar los precios de los boletos con el pretexto de “cargos o servicios extras” sin el consentimiento del cliente.

La defensa de los consumidores es uno de los temas clave de la sociedad moderna e industrial en que vivimos, calificadas precisamente como “sociedad de consumo”, y es el Estado quien debe ser el principal garante y responsable por la efectiva protección de los consumidores ante los abusos cometidos por las empresas que tienen en sus manos, la concesión del transporte aéreo. Una política que pretenda amparar a una clase de sujetos débiles jurídicamente, necesariamente debe ser impulsada desde el propio Estado. No debemos de minimizar los esfuerzos hechos por la Profeco en la defensa de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, sin embargo, es el Estado por medio de sus instituciones quien tiene la potestad de equilibrar esa desvirtuada relación de fuerzas. No obstante ello, debe ser debidamente destacado que su intervención en la materia no obedece al imperium de ley que lo reviste para hacer coercitivas sus resoluciones, sino que le viene impuesta por su intrínseca obligación de asegurar y preservar el bienestar de la población, sobre todo, en momentos de crisis económica como la que nuestro país está atravesando, por ello, solicito la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y al maestro Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de forma coordinada, realicen las acciones necesarias para que en los aeropuertos del país y por medios electrónicos, se informe en tiempo real y con proyecciones a corto plazo, en lenguaje ciudadano, el estado meteorológico y de tráfico aéreo; con la finalidad de que los usuarios tengan la información oportuna para planear sus viajes o en caso de cancelaciones de vuelos o demoras, puedan ejercer los derechos consagrados en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, emprender las acciones necesarias para eliminar la publicidad engañosa de las aerolíneas respecto a los precios finales de los boletos y los cobros de servicios extras de forma predeterminada, sin consentimiento del usuario y que incrementen el precio final del boleto.

Tercero. Se solicita respetuosamente al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que continúe y amplié en todos los aeropuertos del país, el Programa de Módulos de Asesoría e Información establecidos en la temporada vacacional en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Nota

1 Profeco falló a favor de usuarios en 90% de quejas contra aerolíneas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

EMITA EL DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCREMENTO A LOS PRECIOS DE LA GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIÉSEL, VIGENTES A PARTIR DEL 1O. DE ENERO DE 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto por el que se deroga el incremento de los precios de las gasolinas Magna y Prémium, y el diésel vigentes a partir de este 1o. de enero, a cargo de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Palafox Gutiérrez, senadora de la República del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que emita el decreto por el que se deroga la decisión de aumentar el precio de las gasolinas, bajo las siguientes

Consideraciones

De mal en peor. Lo advertimos la mal llamada reforma energética y las que le siguen, sean estas la Hacendaria, la de Telecomunicaciones, la Educativa, son simples cortinas de humo. Pero quizá lo más grave de la administración actual es la serie torpezas, de estulticias que ni para su propio beneficio le atinan.

Muchos de los teóricos del marxismo afirmaron que la política económica, sigue siendo economía política. Estos tecnócratas no han entendido “ni papa” de esto. Ya no sé si todo esto que pasa en el país y que lo sufren las clases más necesitadas es un “Elogio a la locura” o es un monumento a la estulticia política. Suicidas en el mejor de los casos.

Observar el incremento desmedido a las gasolinas, después de todos los problemas de corrupción y desprestigio de este gobierno, solo se puede entender por una desmedida ambición o de plano gobernar este país les vino grande, o ambas.

Lo tienen deshecho, a un vilo de la desestabilidad social. Decía Tocqueville que el Estado hace cosas inmensas, pues este gobierno no tiene idea, ni siquiera tantito de lo que es el Estado.

Tenemos enfrente ya los problemas que se avecinan con el triunfo del locuaz, desenfrenado y xenofóbico Donald Trump. La principal industria de exportación en nuestro País, la automotriz ya sufrió su primer revés, sea esta la Ford o la General Motors. Cuando deberíamos estar atentos proactivos, generando nuestra propia agenda que nos blinde de los de los ataques y riesgos que tendremos del exterior, el gobierno receta el aumento desmedido a las gasolinas que desatará, además de la indignación social que ya vivimos, un aumento exponencial en el precio de los alimentos de la canasta básica, que les pegara ‘directamente a los más pobres y a los consumidores que somos todos.

No solo las gasolinas que ahora su precio promedio es de 15.99 pesos por litro de la magna, la Premium 17. 79 pesos, y el diésel 17.05. Pero si uno revisa las 90 regiones que estableció la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la magna llega a tener un precio de 16.33 pesos, la Premium más de 18 pesos. En fin, esto es una barbaridad.

Ya el gobierno implemento otro Pacto de acuerdos ficticios, más bien parece una ocurrencia que nadie cree. También ya se hace uso de sus plumas y santones de la opinión pública para a defender lo indefendible, a fin de que expliquen las razones del aumento. Incluso ha recurrido a la fuerza pública para amedrentar con su poder a los que se manifiestan.

Aunque lo hagan, ya la Comisión Federal de Competencia lo había advertido de la falta de infraestructura para el abastecimiento de combustible. También sabemos, desde hace muchos años, que importamos más del 50% de la gasolina que consumimos. Que solo del 2010-2015 Pemex Refinación perdió más de 660 mil millones de pesos. Y la reforma energética donde quedó. Pues no que ya no habría gasolinazos, lo afirmó el Presidente Peña. ¿En qué quedamos?

La mayoría de la gasolina que se distribuye en el país es en carros tanque (pipas), cuesta trasportarla 13 veces más que hacerlo por ductos y la mitad si se hace por tren. ¿Por qué se sigue haciendo la mayoría de su distribución en pipas? Por la corrupción.

Recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la Constructora brasileña Odebrecht pago jugosos sobornos a altos funcionarios de México (entiéndase la hoy empresa productiva del Estado Pemex) que superan los 200 millones de pesos (10.5 millones de Dólares) en el periodo de 2010-2014. Los contratos que le fueron adjudicados son los más grandes de los últimos años, uno de ellos la planta petroquímica Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, por más de 5 mil millones de dólares; otra la Ramones II, el gasoducto de 450 km. que corre de Nuevo León a San Luis Potosí por un mil 200 millones de dólares; otro más para la modernización de la refinería de Tula, Hidalgo, por un mil 800 millones de dólares. Esta empresa acusada de millonarios sobornos a altos funcionarios mexicanos, por la institución de justicia norteamericana, no de México con todo y su festejado Sistema Nacional Anticorrupción donde todavía ni siquiera contamos con el “fiscal anticorrupción”, Odebrecht se le adjudicaron contratos por la friolera cantidad de 8 mil millones de dólares, algo así como 160 mil millones de pesos, equivalentes a más de tres veces el presupuesto para el 2017 destinado al programa Prospera.

Más aun las tarifas eléctricas se incrementaron de enero de 2016 a enero de 2017 en 53 por ciento la de uso industrial, la comercial en 37 por ciento y la de alto consumo doméstico en 25 por ciento.

Los voceros con sus plumas ya salieron a explicar las sesudas razones del aumento. Que si el precio de referencia es alto porque se han incrementado los precios internacionales del petróleo, que si la depreciación del peso respecto al dólar; que si el costo de transportación, que si seguimos importando el 50 por ciento de la gasolina que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo cierto es que no solo es un golpe brutal a la economía de los más necesitados, sino que el gobierno sigue abonando a su desprestigio porque no sabe qué hacer y de verdad no sabe qué hacer.

Este es un asunto de política económica, de política de Estado, pero estamos muy lejos que estos tecnócratas y su mercado sepan algo de esto. Qué pena, porque ahora sí parece que nos enfilamos, sin remedio aun Estado fallido.

Por lo anterior y en aras de no golpear la economía popular de millones de compatriotas y de darle cuando menos un respiro a la indignación en que hoy nos encontramos, los legisladores de diferentes grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proporción con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto para que, de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución General de la República y demás leyes en la materia, emita el decreto por el que se deroga el incremento a los precios de la gasolina Magna, Premium y Diésel, vigentes a partir del primero de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Senadora Martha Palafox Gutiérrez.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

OBESIDAD Y EL SOBREPESO INFANTIL, COMO CAUSAS DE DIABETES Y OTRAS ENFERMEDADES RELACIONADAS, COMO LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y EL CÁNCER

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Ssa a generar con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes campañas de toma de conciencia sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos de comunicación, información o juego, haciendo énfasis en su incidencia en la obesidad y el sobrepeso infantil como causas de diabetes y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial y el cáncer, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública, la cual pudiera colapsar los Sistemas de Seguridad Social de nuestro país en el futuro próximo sino somos capaces de generar acciones que disminuyan su prevalencia a través de la prevención.

Es importante resaltar que esta enfermedad crónica y degenerativa, tiene como una de sus principales causas, el sobrepeso, la obesidad, la mala nutrición y el sedentarismo asociado a una vida pasiva, carente de actividad física, presente sobre todo en los centros urbanos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición en el año de 2012, cerca de 6.5 millones de adultos en México, habían sido diagnosticados con diabetes, de acuerdo a un muestreo estadístico aplicado a 4,500 personas adultas diagnosticadas con este padecimiento, referido en el documento titulado “Diabetes en adultos”, revela que, el 63.2% de los diabéticos reporto? cumplir con la periodicidad de consultas médicas, donde se realizaron detecciones de colesterol y triglicéridos a 70.6% de los pacientes, y 44.1% refirió toma de presión arterial al menos una vez al mes. Sin embargo, se detectan desviaciones importantes en el cumplimiento de la norma de atención médica: únicamente un porcentaje pequeño de diabéticos reporto? seguir una vigilancia estricta del control metabólico.

El anterior estudio desprende las siguientes recomendaciones, que coinciden con el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo: Debemos actuar ante el reto emergente que representa la diabetes y consolidar la política integral para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el riesgo cardiovascular, que incluya su evaluación sistemática y se enfoque en lograr una mayor sensibilización sobre la diabetes, sus complicaciones y su prevención. La consolidación del programa derivado de esta política debe incluir acciones y guías de actividades aplicables a los distintos proveedores de salud para mejorar la calidad de la atención, tomando en cuenta las necesidades de promoción a la salud, prevención y control de la enfermedad. Sera? importante mejorar la calidad de la información sobre diabetes y sus complicaciones con la creación de registros longitudinales que alimenten las decisiones de política pública y evalúen el uso de recursos destinados a prevenir y controlar estar enfermedad

Es la intención de la Proposición con Punto de Acuerdo contribuir a una cultura que coadyuve al control del sobre peso, como un mecanismo de prevención de la diabetes mellitus en la población adulta futura en México, es decir fortalecer las acciones para niñas, niños y adolescentes con la finalidad de reducir el impacto de la diabetes en las futuras generaciones de México.

La misma Ensanut, a través del documento titulado “Resultados de Actividad Física y Sedentarismo en Personas de 10 a 69 años” arroja lo siguiente: A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la Ensanut 2012, se estima que 58.6% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física organizada (ie participación en deportes organizados) durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizo? uno o dos actividades y 2.5% más de tres actividades, De acuerdo con la clasificación de la OMS,8 en México 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. [...] Cuando se evaluó? el tiempo frente a una pantalla, un indicador de sedentarismo, únicamente 33% de los niños y adolescentes reporto? haber cumplido con la recomendación de pasar un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, mientras que 39.3% reporto? pasar de más de dos y menos de cuatro horas diarias y el 27.7% cuatro o más horas diarias frente a una pantalla. Para el grupo de adolescentes, 36.1% reporto? haber pasado un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, mientras que 63.9% refrió? pasar más de dos horas diarias.

En otras palabras, el uso prolongado de tecnologías de información o de carácter lúdico, están convirtiéndose en una causa fundamental del sedentarismo en niñas, niños y adolescentes, lo que ocasionará un aumento en el sobrepeso y la obesidad, que a su vez tendrá consecuencias directas en la epidemia de la diabetes, si bien es cierto la revolución tecnológica que actualmente vivimos es fundamental, por lo que se propone que el Senado de la República se pronuncie para que la Secretarías de Educación Pública y de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, elaboren campañas que informen a la población sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado de dispositivos de comunicación, información o juego, y su influencia directa en la obesidad y la diabetes.

La Organización Mundial de la Salud, publicó una serie de datos, que coadyuvan a entender las acciones necesarias para reducir la obesidad y el sobre peso infantil:

• En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo período.

• En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%.

• Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.

• Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta.

• La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y cardiopatías.

• La lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses de edad es un medio importante para ayudar a impedir que los lactantes se vuelvan obesos.

De igual forma la inactividad física genera una serie de problemáticas de salud pública, referidas por la OMS, que a continuación se enlistan:

• Un 6% de las muertes mundiales son atribuidas a la inactividad física. Solo la superan la hipertensión (13%) y el consumo de tabaco (9%), y la iguala la hiperglucemia (6%).

• Además, la inactividad física es la principal causa de aproximadamente un 21–25% de los cánceres de colon y mama, un 27% de los casos de diabetes y un 30% de los casos de cardiopatía isquémica.

• Las personas físicamente activas tienen:

– Menor frecuencia de: cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, accidentes vasculares cerebrales, diabetes, cáncer de colon y mama, y depresión;

– Menos riesgo de caídas y fracturas vertebrales o de la cadera;

– Más probabilidades de mantener un peso saludable.

Es por tanto que la Proposición con Punto de Acuerdo se manifiesta en pro de alentar la actividad física y concientizar sobre los daños a la salud, sobre el permanente uso de dispositivos electrónicos en niñas, niños y adolescentes, Para lo cual se considera:

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CEPEUM en su Artículo 4º, establece el derecho a la salud universal, en su más alto nivel posible.

2. Que la misma CEPEUM, en el Artículo 4o, mandata a través del Principio del Interés Superior de la Infancia, a tomar medidas que permitan el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiado las acciones que más les favorezcan.

3. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su artículo 50 establece que este grupo poblacional tiene derecho a la salud, para lo cual atribuye diversas disposiciones a cumplir por las autoridades entre las cuales se destacan las siguientes fracciones del artículo en comento:

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VII Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así? como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;

4. Que la Ley General de Educación, señala que uno de los criterios para determinar las políticas públicas, adicionales a lo estipulado en el artículo 3º de la CPEUM, será el fortalecimiento de la actividad física y la práctica del deporte de acuerdo a la fracción IX, del artículo 7, que a la letra dice:

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

Así la proposición con punto de acuerdo coincide con los diversos ordenamientos legales, que promueven la salud en niñas, niños y adolescentes, con lo que su alcance tendrá como finalidad una toma de conciencia positiva sobre los beneficios de la actividad física en los individuos y los riesgos del sedentarismo, asociado a una de sus causar principales en este grupo poblacional como lo es, el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos.

De acuerdo con los artículos mencionados en el proemio es que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a generar campañas de Toma de Conciencia, sobre la relación entre el sedentarismo y el uso prolongado y cotidiano de dispositivos electrónicos de comunicación, información o juego, fijando su énfasis en su incidencia en la obesidad y el sobre peso infantil, como causas de diabetes y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial y el cáncer.

Notas

1 Artículo 4: [...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

2 Artículo 4: [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así? como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [...]

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero de 2017.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

RECHAZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México y, a su vez, se solicita un pronunciamiento en favor de una política exterior de Estado a cargo del Ejecutivo federal, en coordinación con el Senado de la República, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 118, 121, 122, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde el anuncio oficial de la aspiración de Donald Trump a la Candidatura Republicana a la Casa Blanca, el pasado 16 de junio de 2015, la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos se convirtió en una de las principales propuestas de campaña, prometiendo en todo momento que los costos serían cubiertos por nuestro país. De hecho, en su plataforma sobre “cómo hacer a América grande de nuevo”, en el tema de migración establece que en el primer día de su mandato se comenzará a construir una muralla físicamente impenetrable en la frontera sur.

En ese sentido, en las primeras declaraciones, el entonces precandidato argumentó que “cuando México envía a su gente, no manda lo mejor, sino que manda personas con muchos problemas y traen drogas, crimen y son violadores”, además de afirmar que nuestros connacionales restan empleos a los estadounidenses y que nos beneficiamos desproporcionadamente del comercio bilateral en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En principio, las propuestas, así como la propia precandidatura de Donald Trump, resultaban poco creíbles. Sin embargo, el 21 de julio de 2016, el magnate se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano a la Presidencia. En su discurso de aceptación ante la Conferencia Nacional de su partido reiteró que, de convertirse en el titular del Ejecutivo estadounidense, construiría un “gran” muro fronterizo para detener el ingreso a territorio estadounidense de la inmigración “ilegal” de las organizaciones delictivas; así como para frenar la violencia y el flujo de drogas hacia ese país.

De esta manera, y siendo ya candidato, el martes 31 de agosto de 2016, Donald Trump fue recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos, hecho que fue desaprobado por el 82.2 % de los mexicanos. En aquella ocasión, el Presidente de México afirmó que “al inicio de la conversación, dejó claro que nuestro país no pagaría por el muro”. No obstante, y cuatro horas después del encuentro, el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos reafirmó en el contexto de la presentación de los 10 puntos de su plan migratorio, en la ciudad de Phoenix, Arizona, su proyecto de construir el muro, mismo que, de acuerdo con él, sería pagado por México.

Contra todo pronóstico, objetando a la mayoría de las encuestas electorales, e18 de noviembre de 2016, Donald Trump se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos de América. El 6 de enero pasado, la cadena de noticias internacionales CNN publicó la intención del presidente electo de solicitar al Congreso de ese país la autorización de fondos del presupuesto estadounidense destinados a 2017, para la construcción .del muro fronterizo entre ambos países. La información fue corroborada en la cuenta de twitter del Presidente Electo, añadiendo que esta medida se tomó por cuestiones de rapidez, y estar en condiciones de cumplir la promesa de campaña, y que México tendrá que reembolsar los fondos erogados. Se prevé que la propuesta presupuestal sea presentada oficialmente en febrero y resuelta en abril próximo.

Segunda. Es imperante recordar que ésta no ha sido la primera ocasión en la que se plantea la creación de un muro entre ambos países, en el 2006, el ex presidente George W. Bush firmó una ley que autorizaba la construcción de un muro de más de mil kilómetros. Sin embargo, la construcción del muro se enfrentó a diversos obstáculos, entre ellos la oposición de Organizaciones ambientalistas y la oposición de terratenientes que se vieron afectados por la construcción de cercas y demandaron al gobierno solicitando indemnizaciones de millones de dólares.

La construcción de un muro enfrenta no sólo obstáculos diplomáticos, también ambientales y económicos. En el acuerdo de fronteras creado en 1970 el cual, se encarga de las construcciones, entre los ríos Colorado y Bravo, se estipula la prohibición de la construcción de cualquier estructura que pueda causar desviación u obstrucción de la corriente normal de los ríos.

Ante esto, el muro propuesto por Trump tendría que construir estructuras para que el muro no provoque inundaciones, permita el paso de sistemas de drenaje y no tenga impactos colaterales en carreteras y edificios fronterizos.

En la cuestión ambiental, diversos grupos defensores de la vida animal y silvestre subrayan que un muro tendría un gran impacto negativo en la vida de especies migratorias y su hábitat natural. La Norma Oficial Mexicana y la Ley para la preservación de Especies estadounidenses protegen cerca de 60 especies a nivel federal que habitan en la región fronteriza y aseguran que la migración de las especies es necesaria para su sobrevivencia y un muro fronterizo limitaría su paso. Adicionalmente, se estima que la eventual construcción del muro afectaría el ecoturismo y la economía de las comunidades locales.

Según estimaciones del presidente electo Trump, la construcción del muro costará entre 8 mil millones de dólares y 12 mil millones de dólares. No obstante, según una publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en realidad costará 38 mil millones de dólares, costo que el presidente electo planea sea cubierto por las remesas de los mexicanos o con aranceles que también generarían problemas al consumo de los estadunidenses.

Desde la crisis de 2008 la migración desde México se ha reducido hasta ser de tasa cero, según el Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el costo de deportar un mexicano asciende a 12,500 dólares. Si la intención del presidente electo es disminuir el paso de migrantes de México a Estados Unidos resultaría más cara la construcción de un muro que el impacto actual de la migración. De acuerdo con el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), los inmigrantes indocumentados pagan en Estados Unidos cerca de 11,000 millones de dólares en concepto de impuestos. Contribución que se perdería al cumplirse las amenazas del futuro Presidente Donald Trump.

Tercera. Asimismo, la suscrita está convencida de que más allá de construir muros que dividan a nuestras sociedades, el Estado mexicano debe redoblar sus esfuerzos para promover ante la coyuntura actual una relación franca, directa y propositiva con Estados Unidos de América, y superar con hechos y acciones concretas los obstáculos que ha impuesto la retórica expuesta por el presidente electo Trump contra México y los mexicanos.

En ese sentido, es preciso recordar que México y Estados Unidos recién han cumplido 193 años de relaciones diplomáticas. Los vínculos entre nuestras sociedades son históricamente inquebrantables. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por donde cruzan más de 1 millón de personas al día. Diariamente un millón de personas y 437,000 vehículos transitan de manera ordenada de un lado a otro de la frontera. Asimismo, en Estados Unidos viven más de 35 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 11 millones nacieron en México y 6 millones son indocumentados.

Para ninguno de nosotros es ajena la complejidad y transcendencia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ésta comprende una gran diversidad de temas en los ámbitos político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. A lo largo de la última década, ambos países han promovido una visión de responsabilidad compartida en la atención de los retos comunes que ambos países enfrentan. Destaca también los esfuerzos emprendidos por México y Estados Unidos para modernizar la infraestructura fronteriza que conduzca a cada vez una mayor competitividad y prosperidad en la región de América del Norte.

En materia comercial, es preciso recordar que durante 2015, los intercambios entre México y Estados Unidos equivalieron a 531 mil millones dólares, cifra mayor a la acumulada a través del comercio de ese país con Japón, Alemania y Corea del Sur, en su conjunto. Estados Unidos es el primer socio comercial de México, mientras que México es el tercer socio comercial para Estados Unidos. Las exportaciones de México ascendieron a 294 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 240 millones de dólares, con una balanza comercial positiva de 53 millones de dólares. De acuerdo con cifras del Censo de Estados Unidos en 2014, el comercio bilateral ha crecido en 441% desde 1994, a una tasa promedio anual del 11.3%. Casi 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen hasta hoy de la relación comercial entre nuestros países.

El impacto de la inversión extranjera directa de México en Estados Unidos es también innegable. Desde 2007 ésta se ha casi duplicado y contribuye hoya la generación de más de 123,000 empleos en diversas industrias, desde la construcción hasta los servicios financieros. Por otro lado, Estados Unidos es el principal inversionista en México. De enero de 1999 a septiembre de 2015, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México alcanzó los 192.8 millones de dólares (46.3% de la IED total que ingresó en ese periodo al país).

Igualmente, es fundamental recordar que la comunidad migrante mexicana es emprendedora y genera empleo, contribuyendo de esa manera al desarrollo ya la prosperidad de la sociedad estadounidense y de las comunidades a las cuales han decidido integrarse. De acuerdo con un estudio elaborado por la Fundación BBVA Bancomer en 2012, la población mexicana en Estados Unidos contribuyó en 8% al producto interno bruto de ese país. El impacto de la comunidad migrante en la generación de empleos en Estados Unidos es trascendental (el 12% de los migrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos son mexicanos); Existen aproximadamente 570 mil empresas en Estados Unidos propiedad de inmigrante s mexicanos (1 de cada 25 empresas en el país). Los ingresos generados anualmente por estas empresas están calculados en 17 mil millones de dólares.

Por último, la suscrita recuerda que es preciso construir una política exterior de Estado que permita actuar de manera coordinada y hacia una misma dirección al promover los intereses de México y defender los derechos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza rotundamente la intención del Presidente electo de Estados Unidos de América de construir un muro que divida a la frontera común entre México y ese país, y se compromete con el pueblo de México a no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno que tenga como finalidad cumplir con esa pretensión.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la construcción, a cargo del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en coordinación con el Senado de la República, de una política exterior de Estado y de largo plazo, que permita a ambos poderes de la Unión .actuar conjuntamente a fin de promover los intereses de México en Estados Unidos y asegurar el respeto y protección de los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen en ese país.

Notas

1 Donald J. Trump’s 10 point plan to put America First. Donald J. Trump vision. Revisado el 09 de enero de 2017 en

https:/ /www.donaldjtrump.com/policies/immigration

2 Ye Hee Lee, M. (2015). Donald Trump’s false comments connecting Mexican immigrants and crime. The Washington Post. Revisado el 9 de enero de 20 17.

3. Donald J. Trump Republican Nomination Acceptance Speech. Donald J. Trump for President, Inc. Revisado el 09 de enero de 2017 en

https:/ /assets.donaldjtrump.com/DJT_Accceptance_Speech.pdf

4 Consulta Mitofsky (2016). Impacto de la visita de Trump a México. Revisada el 9 de enero de 2017 en

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/852-v isita-trump-mexico

5 El País, Agencias, (2006), “Bush firma la ley que autoriza el muro fronterizo de 1,100 km entre México y EEUU”. El País. Revisado el 9 de enero de 2017 en:

http://intemacional.elpais.com/intemacional/2006/10/26/actualid ad/1161813608_850215.html

6 El Universal, (2016), “¿Puede Trump construir un muro en la frontera?” El Universal. Revisado el 9 de enero de 2017 .en:

http://www.e1universal.com.mx/articulo/mundo/2016/03/8/puede-tr ump-construir-un-muro-en-la-frontera

7 “Tratado para resolver las diferencias fronterizas, y pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, (1970). Revisado el 09 de enero de 2017 en:

http://ordenjuridico.20b.mx/Publicaciones/CDs2011/CDTratados/pd f/B108.pdf

8 Brooks, D. (2016), “4 efectos concretos que tendría la construcción del muro que Donald Trump propone en la frontera entre EEUU y México”. BBC Mundo. Revisado el 09 de enero de 2017 en:

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36466006

9 Kakaes, K. (2016) “Bad Math Props Up Trump’s Border Wall”. MIT Technology Review.Revisado el 9 de enero de 2017 en;

https://www.technology.review.com/s/602494 /bad-math-props-up-trumps-border-wall/

10 Ayuso, S. (2016). Op. Cit.

Recinto de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Senadora Gabriela Cuevas Barron.»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS PRESIDENTAS, SÍNDICAS, REGIDORAS ELECTAS, Y FUNCIONARIAS DEL ESTADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LIBERTAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las presidentas, síndicas, regidoras electas y funcionarias del estado en condiciones de seguridad y libertad; y, en su caso, investigar y sancionar a los responsables de agresiones contra mujeres, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental, como un requisito básico para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha posibilita- do la definición de la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito político como un tema importante en la agenda internacional de los derechos huma- nos. Sin embargo, tal como apuntan Alda Facio habría que tener presente que la concepción de los derechos humanos ha variado históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido que cada época y cada sociedad le han dado; por ello, el reconocimiento de la necesidad de garantizar la participación política equilibrada entre mujeres y hombres ha implicado una serie de procesos históricos de movilización social que ha tenido como protagonistas a las mujeres en su exigencia por lograr el reconocimiento pleno de su ciudadanía.

La creencia de que las mujeres no son tan humanas como los hombres al no poseer las mismas cualidades, fue la justificación para su exclusión del ámbito de la política. Con el tiempo dicha exclusión dio pie a la realización de múltiples movilizaciones fe- meninas, así como al desarrollo de una mayor conciencia internacional en torno a los derechos de las mujeres, hasta lograr el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y, por ende, requieren estar plenamente integrados en los instrumentos internacionales de la materia.

Este proceso es fundamental porque da cuenta de las situaciones y fenómenos socio-históricos que han posibilitado traspasar del reconocimiento de “los Derechos del Hombre” al paradigma de los “Derechos Humanos”, tránsito que ha implicado la incorporación de las mujeres como género en lo humano, reconociéndose que son tan humanas como los hombres y, por tanto, la discriminación contra las mujeres, por su condición de género, es una violación a los derechos humanos.

En México, como en todo el mundo, las demandas de igualdad de género han pasado de ser demandas de los movimientos feministas a incorporarse a la corriente principal de la política. Esa institucionalización de las demandas feministas tuvo, como una de sus consecuencias, la focalización del problema del acceso de las mujeres al ejercicio de la política.

En el caso mexicano, en particular, esa atención se centró, primero, en el establecimiento de un mecanismo de cuota de género y, en un momento posterior, en elevar su efectividad. El tema de la equidad de género y de los mecanismos que se emplean para lograrla de forma más efectiva y ejecutiva han recibido una importante atención en el debate público.

La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca transformarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico. Por ello, la paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar.

Hace dos años las Senadoras de la República, dentro de la llamada reforma política, lograron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50 por ciento de postulaciones para las mujeres.

Sin embargo el resultado adverso de este avance se ha presentado en reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tienen acceso a las candidaturas en los diversos procesos electorales. En los dos últimos años los casos de violencia hacia las mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales, que registran desde asesinatos hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas.

Uno de los casos más emblemáticos es Chiapas donde las mujeres pudieron ser candidatas en 2015 gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se han documentado casos como la golpiza contra la entonces candidata a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, o bien la renuncia de la Alcadesa electa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a dimitir. Sin embargo, una vez electas como alcaldesas, síndicas o regidoras no han ejercido sus funciones. A estos casos se suman las denuncias de funcionarias municipales de Oxchuc, Tecpatán, Amatenango del Valle, Malpaso y San Cristóbal de las Casas, entre otros, que denuncian no poder ejercer sus actividades como autoridades e incluso la retención de sus sueldos.

Es importante mencionar los crímenes contra la precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, asesinada en marzo de 2015; y de Gisela Raquel Mota Ocampo presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada en enero de 2016, un día después de tomar posesión del cargo.

Existe un vacío en la legislación sobre el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género, ante la falta de determinación por el Congreso de la Unión de legislar en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaria de Derechos Humanos de las Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas(CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Señala que tipo de violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto: “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

De acuerdo a datos de la FEPADE entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría vinculados con el apoderamiento, destrucción o alteración de material o documentos electorales, de los cuales en 103 casos se abrió una indagatoria y solo 14 personas fueron condenadas, esto debido a como ya lo hemos mencionado, al no existir el delito específico la FEPADE, con el objeto de sancionar la conducta, basa sus denuncias en los tipos penales que se establecen en el artículo 7 de la ley General en Materia de Delitos Electorales.

Aunado a ello, el TEPJF ha conocido de casos donde resuelve que se deben de restituir los derechos vulnerados de las quejosas, tal son los casos de Rosa Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó y de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, sin que hasta el momento se haya podido hacer nada debido a los vacíos que sobre la materia existen.

Es necesario señalar que en el Senado de la República han sido presentadas, por diversas Senadoras, de todos los partidos representados en la Cámara, iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación, con el fin de tipificar y sancionar el delito de violencia política contra las mujeres por razones de género.

Sin embargo y muy a nuestro pesar los casos sobre violencia política en contra de las mujeres por razones de género se siguen multiplicando, muestra de ello es el caso de las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, que han sido víctimas de acoso antes y después de asumir el cargo se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.

De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género.

La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de mujeres en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática. Actualmente sólo 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres.

Después de la incorporación del principio de paridad en la Constitución, en septiembre de 2013, en Oaxaca durante el proceso electoral de 2016, los partidos políticos se vieron obligados a registrar candidaturas que incluyeran 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres, tanto para diputaciones como para presidencias municipales.

En el caso de los municipios que se rigen por SNI el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió en 2015 un acuerdo del Consejo General, a través del cual previene a los municipios para que garanticen la participación de las mujeres en las asambleas y en los espacios de representación comunitaria.

Dichas acciones derivaron en el incremento de la participación política de las mujeres oaxaqueñas en el proceso electoral, y con ello la violencia política en distintas formas, como: campañas de difamación y desprestigio, violencia física, verbal, emocional, amenazas para impedir que ejerzan el cargo, amenazas contra miembros de su familia, entre otras.

Ante la ausencia de la obligación legal hacia los partidos de postular la mitad de candidatos mujeres a nivel municipal, la actuación del Tribunal Electoral, las Salas del TEPJF establecieron una postura firme a favor de la paridad de género, obligando a los partidos políticos a cumplir con ese principio en la integración de las listas de candidatos a los cargos de elección popular, con especial énfasis sobre las postulaciones en el ámbito municipal. El criterio general adoptado por la Sala Superior señala que “la paridad horizontal y vertical a nivel municipal es un mandato constitucional y convencional y, por tanto, su aplicación resulta incuestionable.”

Es decir, es de observancia obligatoria” y que su finalidad es “el adecuado equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, en el caso, en la integración de los Ayuntamientos y con ello lograr la participación política efectiva en la toma de decisiones del mencionado ente público colegiado, en un plano de igualdad sustancial, con el objetivo de consolidar dicha paridad de género como práctica política” (SUP-REC-128/2015).

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por Santiago Nieto Castillos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacía las mujeres.

Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, su hermano fue asesinado el mismo día. Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.

Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.

Diversos grupos de Mujeres oaxaqueñas han hecho un llamado a las autoridades estatales y federales, a los partidos políticos y a las autoridades comunitarias a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca, tanto en el sistema de partidos políticos como a través de los Sistemas Normativos Internos.

En el caso de las mujeres electas para desempeñar el cargo de sindicas en diversos municipios del Estado, existe la amenaza de que sean destituidas, básicamente para quitarlas de la Comisión de Hacienda, espacio importante para la toma de decisiones y en la que se pretende colocar a hombres.

El 25 de febrero de 2016, la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca aprobó el decreto por el que se adiciona el artículo 401 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que contempla salvaguardar los derechos políticos de las mujeres, incorporando acciones penales contra quienes ejerzan este tipo de violencia, siendo esta la primera entidad del país en tipificar la violencia política de género, contempla imponer prisión de dos a seis años y multa de siete mil a 15 mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad.

La puesta en marcha de la paridad supone una trasformación radical de las instituciones y de la vida social que, en última instancia, cambiaría la agenda política al reconocer a cabalidad la conjunción entre la vida privada y la pública. Por tanto, su implementación requiere, necesariamente, de normas jurídicas y políticas públicas cuyo objetivo sea no sólo la superación del desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones y poder público, sino también la re- distribución paritaria de las responsabilidades y cargas de trabajo del ámbito privado, contribuyendo de este modo a la desaparición de la dicotomía excluyente público- privado y con ello avanzar hacia una igualdad de facto, esto es, una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno estado de Oaxaca a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las Presidentas, Sindicas, Regidoras electas, y Funcionarias del estado en condiciones de seguridad y libertad y en su caso investigar y sancionar a los responsables de las agresiones contra las mujeres, tal y como lo establece el artículo 401 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Segundo.Se exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a garantizar de manera integral las condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos e imparta cursos para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación.

Notas

1 Medino Espino, Adriana . La participación política de las mujeres: de las cuotas de género a la paridad. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Página 30.

2 Ibídem. Página 35.

3 http://www.milenio.com/politica/Senado_ignora_iniciativas_tipificar_violencia_p olitica-violencia_politica_mujeres_0_784121606.html

4 http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.p df, página 19.

5 http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf

6 http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/76

7 http://codicesoaxaca.com/?p=6761

8 http://oaxacadiaadia.com/2016/12/08/oaxaquenas-exigen-alto-a-la-violencia-polit ica/

9 http://www.equidad.org.mx/index.php/es/2014-11-21-23-07-10/2-uncategorised/616- tipifican-violencia-politica-de-genero-en-oaxaca

Sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

CONCEDER UN BENEFICIO FISCAL EXTRAORDINARIO A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR DISTURBIOS Y SAQUEOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a conceder un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos, suscrita por el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a que conceda un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos realizados en el marco de las protestas por el alza en el precio de los combustibles, de manera que puedan deducir las pérdidas sufridas, directamente del impuesto sobre la renta generado en el ejercicio fiscal de 2016, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México enfrenta grandes desafíos en el año que comienza, tanto de orden interno como externo. En lo interno, la positiva y necesaria apertura del mercado de combustibles en México, ha ocasionado molestias e inconformidades entre la población, y esto, es más que entendible. Sin embargo, es una realidad innegable que la escalada de precios de petrolíferos indispensables para el consumo nacional, como la gasolina, aunado a la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, hacía obligado un ajuste que impidiera el crecimiento del endeudamiento público o el sacrificio de importantes programas sociales, que habrían lastimado aún más a los mexicanos más desfavorecidos. Más importante aún, es que una vez liberalizado el mercado, habrá más competencia y, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda y del tipo de cambio, los combustibles podrían abaratarse en un futuro.

Por desgracia, so pretexto de manifestarse en contra de esta liberalización del precio de los combustibles, algunas personas –con gran irresponsabilidad– convocaron y se organizaron para realizar disturbios y saqueos que afectaron a cientos de establecimientos de distintas empresas, generándoles con ello enormes pérdidas. Para contribuir a la preservación de los puestos de trabajo, las autoridades fiscales federales y de las entidades federativas deben tomar acciones decididas de estímulos fiscales, para que las empresas afectadas compensen en parte estas mermas deduciéndolas inmediatamente de los impuestos generados en el ejercicio fiscal de 2016, con independencia de que se debe actuar con todo el peso de la ley contra los responsables.

El beneficio fiscal aludido se daría en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que han firmado el lunes el gobierno de la República, las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo, en el que definieron acciones que contribuirán a la estabilidad económica y el bienestar de las familias mexicanas.

De este modo, las medidas anunciadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se verían reforzadas y acompañadas con un apoyo extraordinario a los afectados por los actos delictivos a los que nos hemos referido.

En México enfrentamos circunstancias y retos históricos en lo interno como en lo externo, y ante ello, es indispensable responder también con golpes de timón sin precedentes.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que conceda un beneficio fiscal extraordinario a las empresas afectadas por disturbios y saqueos –que se realizaron en el marco de las protestas por el alza en el precio de los combustibles–, de manera tal que puedan deducir las pérdidas sufridas, directamente del impuesto sobre la renta generado en el ejercicio fiscal de 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2016.— Senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE ESTA EMPRESA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener y a Pemex a tomar decisiones para garantizar la recuperación de la capacidad de refinación de la empresa, la disposición suficiente de materias primas y la inversión necesaria para operarlas a su máxima eficiencia, produciendo combustibles en beneficio de la población, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La obsesión privatizadora propicia ineficiencia

La obsesión de los funcionarios de los últimos gobiernos, de llevar a cabo una reforma energética privatizadora, se reflejó en su decisión de propiciar el progresivo deterioro de la capacidad productiva de Petróleos Mexicanos, quitándole recursos en exceso, dejando de invertir en ella, corrompiendo sus operaciones y actuando con una rapiña desmedida.

Ese proceso se inició en el gobierno de Fox y uno de los hechos más significativos fue la decisión del equipo de Hacienda, encabezado por Gil Díaz, de financiar la campaña de Calderón, otorgando a Sedesol un presupuesto extraordinario con los ingresos generados por Pemex en el primer semestre de 2006. Eso obligó a la empresa a contratar deuda para mantenerse en operación.

Lo que siguió fueron las operaciones para comprar y revender con pérdidas acciones de Repsol en España, la compra de “floteles”, la renta de plataformas y el financiamiento de una empresa como Oceanografía, a la que constituyeron en un monopolio para el suministro de servicios básicos para Pemex. Todo con una gran irresponsabilidad. Incluso ahora pretenden licitar los yacimientos en aguas someras, que ya han sido explorados y en las que los técnicos y trabajadores de Pemex tienen una gran experiencia y capacidad.

En el área industrial de Pemex, se actuó de la misma forma. Las plantas de refinación se sometieron a diferentes operaciones de reconfiguración que significaron una fuerte salida de recursos, pero ningún resultado. Actualmente las tienen operando a menos del 50% de su capacidad, llegando incluso a suspender operaciones por falta de insumos. Paralelamente se ha apresurado la liberación de las importaciones y ya representan más del 50% de las necesidades nacionales. A su vez, en el caso de las petroquímicas, éstas fueron sometidas a un sistemático proceso de abandono, que desembocó en la venta disfrazada de Pajaritos, a Mexichem, cuya operación fue tan “eficiente” que provocó la explosión de una planta.

Todo ha sido “negocio” para unos cuantos, derroche, incompetencia y una enorme corrupción, identificada en auditorías cuyas consecuencias no trascienden. Ningún plan para construir, capacitar, investigar, integrar, sólo para desmantelar. Han sido por lo menos 15 años de engaños, mentiras, pésima administración y la rapiña más descarada, y todo con el objetivo de crear las condiciones para privatizar el patrimonio petrolero de los mexicanos y entregar el mercado nacional a proveedores foráneos.

Nada de eso es justificable, pero ahora, con el cambio del entorno internacional, proseguir en ese proceso de entrega del patrimonio, de la infraestructura energética y del mercado a empresas extranjeras, es un gravísimo error, que pone en riesgo la soberanía nacional.

Si las grandes trasnacionales manufactureras que tienen operaciones en México han debido aceptar presiones políticas, incluso en contra de sus intereses económicos, ¿cuál va a ser la posición de las empresas extranjeras que adquieran control de yacimientos o de partes del mercado interno, cuando el nuevo gobierno de su país adopte alguna disposición para aumentar los beneficios para su economía? ¿Cómo suponen los funcionarios privatizadores que van a hacer valer los intereses de los mexicanos frente al gobierno estadounidense que ha cuestionado a los organismos multilaterales? ¿Cómo van a responder ante un posible diferendo con sus empresas?

Por eso insistimos. La corrupción, el derroche y la entrega de recursos y mercados a inversionistas extranjeros siempre ha sido injustificable y hoy, más que nunca, es inaceptable.

Por eso nos parece tan absurdo que el presidente Peña y los funcionarios de Hacienda afirmen que el aumento de precios de las gasolinas no es consecuencia de la reforma energética. Eso es falso.

Si no estuvieran obsesionados por expropiar los recursos de los mexicanos, los gobiernos recientes habrían actuado para fortalecer a Pemex, para aumentar su eficiencia y para terminar con la impunidad que caracterizó a su administración.

Hoy las consecuencias las sufrimos todos los mexicanos, menos los “socios”.

La incertidumbre económica

Al debilitarse los precios del petróleo se hizo evidente la vulnerabilidad en la que habían colocado a la economía nacional. Primero el gobierno de Calderón y después el de Peña, al tiempo que avanzaban en la privatización, buscaron compensar la reducción de los precios petroleros, mediante la contratación de deuda, aprovechando las bajas tasas de interés internacionales, para prolongar la aplicación de su insostenible estrategia de estabilización sin soporte sólido, y una gran corrupción.

Sin embargo, aunque la mayoría del PRI, PAN, Panal y Verde aprobó la reforma privatizadora en 2013, el financiamiento se comenzó a reflejar en un preocupante aumento en la deuda externa que, ante la inminente alza de tasas de interés en los mercados internacionales, fue motivo de incertidumbre. A eso se agregó que los débiles precios del crudo impidieron que las “reformas” se reflejaran en una avalancha de divisas, como los deseaban para su beneficio.

Finalmente, la elección de Trump, que terminó de levantar el último velo sobre la incompetencia de las últimas administraciones, encareció aún más el financiamiento externo y aceleró la devaluación del peso.

Todo eso que, en resumen, fue resultado de la mala administración y la corrupción de los últimos gobiernos y la reversión del entorno que hasta 2014 les resultó muy favorable, sumó un conjunto de sucesos que por sí mismos generaron un ambiente de gran inestabilidad económica.

La puntilla la dio el mismo gobierno, con el aumento en los precios de las gasolinas, en una medida en la que buscaron sobreproteger a las empresas que han recibido autorizaciones para importar gasolinas, frente a la posibilidad de mayores precios de importación y, sobre todo, una mayor devaluación del peso, que pudieran encarecer los precios de esos combustibles y poner en riesgo las utilidades de las empresas distribuidoras.

Ignorando el mal humor social que él mismo reconoció, el presidente Peña prefirió garantizar las utilidades de esas empresas. El problema está en que la decisión de incrementar el precio de la gasolina se suma a un conjunto de factores inflacionarios que permanecían contenidos y que ahora encuentran la necesidad de concretarlos, sobre todo porque el tipo de cambio tiende a debilitarse todavía más.

Conviene aclarar que la baja demanda seguirá siendo un factor contra el aumento de la inflación, porque las mayores tasas de interés y la devaluación van a impactar en el financiamiento del consumo. Pero también es cierto que el impacto de las gasolinas es ineludible en los costos de las diferentes actividades, como es el transporte privado y el transporte de mercancías.

Frente a eso, en Morena consideramos que el gobierno tiene la obligación de diseñar una estrategia que permita corregir progresivamente todo lo que se ha hecho mal en los últimos años.

En particular, en los momentos actuales, se requiere que tome todas las medidas necesarias para fortalecer la capacidad productiva de refinados por parte de Pemex, la empresa del Estado.

Para eso, además de suspender la aplicación de las medidas de liberalización del mercado, debe destinar más insumos petroleros y recursos financieros, para revertir la grave situación en la que se encuentran las refinerías de Pemex y el país.

Hay que recordar que, hasta el momento, a pesar de la mayor demanda, la producción de la planta de refinación se mantiene debajo de 50% de su capacidad instalada, mientras que crece la importación de gasolinas hasta representar casi 60% de la demanda nacional.

En buena medida eso se debe a la decisión de las autoridades del sector, a la dirección de Pemex, de no suministrarle crudo suficiente para elevar su producción de refinados.

Se reduce el suministro de crudo a las refinerías

Aunque ha disminuido la extracción de crudo, en lugar de destinar un mayor porcentaje a la refinación, se ha preferido reducir lo menos posible la exportación de esta importante materia prima.

La decisión de no aprovechar plenamente la capacidad instalada y de mantener un sistema de refinación sin atención para adecuarlo a las necesidades crecientes, dio lugar a que la riqueza del país se desaprovechara y hoy nos deja en riesgo de una gran dependencia, no sólo de materia prima –el petróleo-, sino de capacidad de transformación y, lo más grave, en condiciones de vulnerabilidad frente a los cambio de la industria en el exterior.

La corrupción que se generó en las esferas gubernamentales y empresariales a partir de la riqueza petrolera, propició que las propuestas de “reconfiguración” de las refinerías se usaran para enriquecimiento de unos cuantos funcionarios y empresarios, pero no contribuyeron a mejorar la producción nacional, que se mantuvo prácticamente plana y en los últimos años en descenso.

A pesar de las “reconfiguraciones” la producción de refinados no crece

Esa enorme corrupción de los funcionarios de los sexenios recientes, muchos de los cuales hoy se afanan en explotar los recursos petroleros desde la iniciativa privada, fue evidente en la falta de voluntad política de funcionarios y administradores para fortalecer a nuestra principal empresa. Las consecuencias se observan hoy en la enorme dependencia de productos petrolíferos o refinados, que propicia una grave sangría de recursos financieros.

No está de más destacar que a dólares corrientes, del año 2000 al 2015, el total de las importaciones de productos de refinación, eso que las administraciones de los últimos sexenios consideraron que no eran negocio, para el país, representó egresos por 235 mil millones de dólares. Esa pérdida de recursos derivada de una decisión injustificada y a todas luces contra el interés nacional, debería obligarnos a analizar cuidadosamente nuestras decisiones y no, como lo sigue haciendo la actual administración, continuar por el mismo camino que ha representado pérdidas crecientes para el país.

Por supuesto que el costo de la dependencia es mucho más grave si, de acuerdo con las estadísticas de la balanza comercial del Banco de México, se considera el saldo comercial de productos petroquímicos y de origen petroquímico –textiles, plásticos y químicos- que en el mismo período, de 2000 a 2015, sumó un déficit en dólares corrientes de 166 mil 740 millones de dólares.

Por cierto, ninguno de los gobiernos de ese período, incluso el actual, podría decir que no había recursos para llevar a cabo esas inversiones, porque en ese tiempo México recibió ingresos acumulados por exportaciones de petróleo crudo por 464 mil 890 millones de dólares, además de que en esos años las tasas de interés en los mercados internacionales se mantuvieron históricamente bajas.

El problema reside en que, si no corregimos ya las pésimas decisiones del pasado, todo tendremos que importarlo pero sin contar con las divisas para pagarlo.

El déficit anual es mucho mayor si se analiza la balanza comercial petrolera, incluyendo el intercambio de productos petroquímicos. En ese caso, aunque las exportaciones petroleras totales son un poco más altas, por ejemplo en 2015 sumaron 23 mil 172 millones de dólares, las importaciones alcanzaron 33 mil 287 millones de dólares, lo que provocó en ese año un déficit petrolero fuera de 10 mil 114 millones de dólares. Eso, hay que recordarlo, sin duda es consecuencia de su irresponsable obsesión privatizadora.

Se debe recalcar que la necesidad de fortalecer al sistema nacional de refinerías de Pemex es, además, una exigencia para generar valor agregado. Hay que recordar que los productos petrolíferos tienen mejores condiciones de comercialización, comenzando por cubrir las necesidades del mercado interno.

Además, como se señaló al principio, la vulnerabilidad en la que se ha puesto a la economía nacional, propicia que la dependencia de las importaciones de petrolíferos se convierta en un factor de alto riesgo para la estabilidad en la que han empeñado al país y a los mexicanos.

No hay que perder de vista que, además, persiste la incertidumbre acerca de la forma en la que se alinearán los mercados financieros con la economía real. Un probable aumento de tasas limitará la posibilidad de abastecer la demanda de petrolíferos y/o los encarecerá, impulsando un proceso inflacionario.

Por eso es indispensable corregir la estrategia y fortalecer a las refinerías instaladas en el país y recuperar el proyecto de construir una nueva refinería.

Por lo anterior, pongo a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, a que tomen las decisiones necesarias para garantizar la recuperación de la capacidad de refinación de Petróleos Mexicanos, así como la disposición suficiente de combustibles y recursos para inversión en beneficio de la población mexicana.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus atribuciones, audite las condiciones en las que se realizan las importaciones de gasolinas y diésel, así como las condiciones impuestas para su adquisición por parte de los proveedores extranjeros.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

AJUSTEN A LAS NECESIDADES Y METAS PLANTEADAS POR LOS EJECUTORES DEL GASTO A NIVEL NACIONAL, Y SE EVITEN LOS SUBEJERCICIOS QUE HA REPORTADO LA ASF

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SEP a revisar en el ámbito de sus facultades el Presupuesto de Egresos de 2017 destinado al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos a fin que los recursos se ajusten a su plantilla de personal autorizada y cubran las obligaciones contractuales correspondientes; y a la SHCP, a hacer públicas las acciones iniciadas y por emprender este año respecto a la revisión de los presupuestos asignados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ramo 33, a efecto de que se ajusten a las necesidades y metas planteadas por los ejecutores del gasto a escala nacional, y se eviten los subejercicios que ha reportado la ASF, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vulnerabilidad humana no es nueva, pero está aumentando debido a la inestabilidad financiera y a las crecientes presiones medioambientales como el cambio climático, que tienen un potencial de crecimiento para socavar el progreso en el desarrollo humano.

La reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad de las personas a caer en la pobreza ha sido uno de los ejes centrales de atención del gobierno federal.

Una de las maneras de salir de la marginación y vulnerabilidad es a través de la educación dando prioridad a los servicios educativos para jóvenes y adultos que se ven afectados por factores socioeconómicos y culturales que les impiden su desarrollo.

Según el Programa de Alfabetización y Rezago Educativo 2014-2018 señalaba que la población con rezago educativo en el año 2000 totalizaba 32.6 millones cifra que se redujo en un 2% con relación a los 31.9 millones de personas en esas condiciones en el 2010.

La reducción antes citada es producto del trabajo que emprende a nivel nacional el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su Programa Educativo.

Ese programa plantea el tratamiento de los contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender.

La labor del INEA permite a muchos jóvenes y adultos en México aspirar a mejor su forma de vida y permitirles nuevas oportunidades para su desarrollo.

En el estado de Tamaulipas, según decreto gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado no. 27 de fecha 1 de abril de 2000 se crea el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA)con el objeto de desarrollar en el Estado las acciones de alfabetización, primaria, secundaria y comunitaria para adultos y operar los servicios que le han sido transferidos por el INEA.

Según cifras del portal electrónico del ITEA en el 2015, la población tamaulipeca mayor de 15 años con rezago educativo totalizaba 821 mil 232 personas, lo que representaba el 31.3 por ciento de la población mayor de 15 años en el estado de Tamaulipas. Importante es destacar que en estas cifras se incluyen 68,769 personas que son reconocidas como analfabetas.

Para atender a la población con rezago educativo el ITEA recibe de la federación recursos provenientes del ramo 33 vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, del ramo 11 y del estado.

En lo que respecta a los recursos federales etiquetados del ramo 33, año con año, han sufrido incrementos como se muestra a continuación:

Presupuesto del ITEA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33)(Miles de pesos)

Como se puede apreciar desde el 2011, el ITEA ha incrementado los recursos del ramo 33 en un promedio global del 2.9%. Con esos recursos ha cubierto sus metas y objetivos que se ha planteado para el combate al rezago educativo.

Sin embargo, de la revisión de los informes de auditoría a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ITEA recurrente ha presentado subejercicios, esto es recursos que no ha utilizado al cierre del ejercicio correspondiente.

Para ejemplificar lo anterior, presento el cuadro siguiente:

Subejercicios Presupuestales del ITEA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33)(Miles de pesos)

Como se puede apreciar desde el 2011 los subejercicios en el ITEA han sido recurrentes y si bien han disminuido esta situación no refleja una adecuada planeación de los recursos que se requieren para la atención de las necesidades de la población mayor de 15 años con regazo educativo.

Lo anterior se ha generado en gran medida por el desconocimiento del ejercicio efectivo del gasto federalizado constituye un significativo espacio de opacidad en la gestión de estos recursos.

En el documento denominado Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado elaborado por la ASF en Julio de 2013 se señalaba que era necesario que se implementarán acciones específicas para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades federativas y municipios de informar a la SHCP en los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos y programas, incluso sobre el gasto de ejercicios anteriores.

Si bien el reporte de información ha sido más constante y con información útil, las acciones para revertir los subejercicios no han sido totalmente útiles ya que se siguen presentando.

Es importante recordar que en los últimos años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció la metodología de presupuesto basado en Resultados como indispensable para el presupuestal a fin de estimar presupuestos reales y evitar en gran medida los subejercicios o los sobre ejercicios; sin embargo, en el caso del ITEA estas acciones no fueron efectivas ya que los subejercicios se continuaron presentando.

En la Plataforma Nacional de Transparencia se identificó la respuesta del ITEA a una solicitud de información con folio 00217316 en el que se preguntó sobre el ejercicio del presupuesto del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos en el 2014 y en cuya respuesta el ITEA señaló que los subejercicios que viene presentando se generan en el rubro de Servicios Personales debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza un presupuesto con base a un promedio o media nacional, sin considerar en lo individual la plantilla de personal transferido y sus prestaciones por estado, además que en ese 2014, se recibió una ampliación presupuestal de 1,558,200 pesos por concepto de incremento salarial y sus respectivas prestaciones que previamente el instituto ya había cubierto.

Como se aprecia en la respuesta del ITEA los presupuestos del capítulo de servicios personales del Instituto no se adecuan a las plantillas vigentes por lo que se generan subejercicios que son observados por la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con la normativa aplicable y que generan observaciones derivadas de la fiscalización que practican.

Por tal motivo, es obligatorio se replantee anualmente la presupuestación de los recursos que cubran la plantilla de personal del ITEA y que esos recursos excedentes puedan ser asignados a otras actividades del ramo 33 en el estado de Tamaulipas.

Hoy la austeridad debe ser una acción primordial del gobierno federal sin que esta incumpla con la atención, en este caso de la población mayor de 15 años con rezago educativo en Tamaulipas y en su caso, en todo México.

A modo de conclusión, expresó la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisen con mayor minuciosidad la presupuestación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33) que ejerce el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos y aquellas entidades y dependencias que realizan las mismas labores a nivel nacional e inclusive las relacionadas con la educación tecnológica que abarca dicho fondo.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública a que revise, de conformidad con sus facultades, el presupuesto de egresos 2017 destinado al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos a fin que los recursos se ajusten a la plantilla de personal autorizada que labora en dicho Instituto y cubran las obligaciones contractuales correspondientes, a fin de que con ello se dé cumplimiento a las buenas prácticas en materia de austeridad del gasto, transparencia y rendición de cuentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que haga públicas las acciones que ha emprendido y emprenderá en este 2017 respecto de la revisión de los presupuestos asignados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33) a fin de que se ajusten a las necesidades y metas planteadas por los ejecutores del gasto a nivel nacional, y se eviten los subejercicios que ha reportado la Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor fiscalizadora de la Cuenta Pública que sin duda representa un área de opacidad importante en el proceso de gestión de los recursos federales transferidos.

Notas

1 Programa de Alfabetización y Rezago Educativo 2014-2018, disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343876&fecha=08/ 05/2014, consultado el 4 de enero de 2017.

2 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), disponible en http://www.gob.mx/inea/, consultado el 4 de enero de 2017.

3 Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), disponible enhttp://itea.inea.gob.mx/ , consultado el 4 de enero de 2017.

4 Población con Rezago Educativo en Tamaulipas 2015, disponible en http://itea.inea.gob.mx/index.php/estadisticas-en-tamaulipas/, consultado el 4 de enero de 2017.

5 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33), disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congre so_de_la_Union, consultado el 4 de enero de 2017.

6 Subejercicios Presupuestales del ITEA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (ramo 33), disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/enti dades/instituto-tamaulipeco-de-educacion-para-adultos-itea/, consultado el 4 de enero de 2017.

7 Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, disponible en http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_s obre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf, consultado el 4 de enero de 2017.

8 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, consultado el 4 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 11 de enero de 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

VENTA INCOMPLETA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, DIÉSEL, Y GAS LP A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco y la Comisión Nacional de Hidrocarburos a practicar las visitas de verificación a permisionarios de estaciones de servicio y colaborar en las investigaciones y la consiguiente configuración de delitos a que haya lugar, a efecto de aplicar las sanciones derivadas de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel y gas LP a que se refiere la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez e Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

1. En México, además de enfrentarnos al fracaso de la política energética que se implementó mediante la privatización de los hidrocarburos sufrimos cotidianamente la estafa que cometen las gasolineras del país, así como las estaciones que suministran gas licuado de petróleo.

Por tal razón y más aún en este momento en que el propio Ejecutivo Federal ha anunciado la celebración de un “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, se requiere hacer valer la ley y sancionar de manera ejemplar a los permisionarios que la infrinjan, así como evitar a toda costa que quienes se incorporen a este negocio realicen dichas prácticas.

2. La falta de información pública sobre este delito no permite conocer cifras precisas, sin embargo se estima que una de cada tres gasolineras roban a los automovilistas, es decir, nos venden litros de combustible que no lo son, y lo mismo sucede con las estaciones de gas licuado de petróleo que entregan cantidades inferiores a las que registran sus instrumentos de medición.

Como consecuencia de lo anterior, la publicación en 2016 de la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, y la reforma a diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los Órganos reguladores coordinados en materia energética a que procedan en contra de estos defraudadores y se les retire el permiso con el que actúan libremente.

3. En ese orden de ideas, si bien es cierto la normatividad descrita pretende endurecer la punibilidad respecto a la comisión de este delito; también lo es que existe opacidad en los resultados de las verificaciones que se han realizado, lo que hace necesaria la exigencia sobre la trasparencia en la información que permita contar con los antecedentes que faciliten a los consumidores orientación sobre los sitios donde podrían exponerse a una estafa.

De conformidad con la Ley de órganos reguladores en materia energética, se deben realizar estas visitas de verificación, inspección o supervisión, y requerir la presentación de información y documentación en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables respecto de la regulación, autorizaciones y permisos que se hubieran emitido.

Dicha información debe ser pública de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y al mismo tiempo se deben aplicar las sanciones por la tipificación de este delito, en el cual deben intervenir de manera urgente estas instituciones, ya que se está lastimando aún más la economía de la ciudadanía si se le agregan los altos incrementos al precio de los combustibles.

4. Al no conocer detalladamente el tipo de sanción o medidas que se han aplicado, se genera mayor incertidumbre en la población sobre un probable contubernio entre las propias autoridades y las empresas que se dedican a este negocio, ya que se sabe que la mayor parte del tiempo la conducta se repite y las estaciones de servicio continúan burlando la ley.

5. De acuerdo a los datos de Profeco hasta antes de la ley que tipificó este delito, el treinta y seis por ciento de las gasolineras que había verificado, presentaba alteraciones, además de haber detectado otras violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005-SCFI-2011 (sobre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos); sin que a la fecha se tenga conocimiento exacto de las sanciones, la reincidencia, como es que se les ha permitido seguir operando, los procedimientos por infracciones cuando se confirmó la irregularidad de algún proveedor, las multas, clausuras, inmovilización, o el retiro de permisos.

Por tratarse de un delito es indiscutible la intervención del Ministerio Público Federal para acreditar los elementos del tipo penal que correspondan y por ello esta Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al órgano regulador en materia energética en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que coadyuven a las investigaciones a que haya lugar y proporcionen información detallada estas verificaciones haciendo del conocimiento público en su propio sitio oficial el resultado de las sanciones que se apliquen a cada caso en concreto.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que desde sus respectivos ámbitos de competencia, lleven a cabo las visitas de verificación a permisionarios de estaciones de servicio y coadyuven en las investigaciones y la consecuente configuración de delitos a que haya lugar, a efecto de que se la apliquen las sanciones que se derivan de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel, y gas LP a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

Segundo. Se publique en sus sitios oficiales los resultados de las sanciones que se deriven de la venta incompleta de combustible, gasolina, diésel, y gas LP a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos por permisionarios de estaciones de servicio.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

EVITAR QUE EN PERIODOS VACACIONALES EXISTA CARENCIA DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALISTA EN LOS HOSPITALES Y/O CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA DENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y al IMSS a establecer acciones de control y previsión para evitar en periodos vacacionales carencia de personal médico especialista en los hospitales o centros de atención médica en Chiapas, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio social que se observa en el país y en particular en el Estado de Chiapas, obliga a proponer alternativas de atención a las consecuencias que devienen en problemáticas complejas en la calidad de vida de los grupos sociales, particularmente en el ámbito de la salud.

La falta de médicos en temporadas vacacionales es un problema que se presenta en todos los hospitales y centros de salud, mismo que actualmente se encuentran vacíos casi en su totalidad solo cubriendo el 50% de su capacidad productiva, pues es durante las épocas vacacionales, que sólo se cuenta con el 10% del personal médico que se va de vacaciones, es decir, algo que se traduce en una disminución de la calidad asistencial médica, una mayor presión laboral y la desmotivación de los mismos trabajadores, el aumento en las listas de espera, etcétera; pues en los hospitales hay pocos doctores que pueden ser capaces de hacer frente y atender una urgencia o consulta médica programada.

Ante esta situación, son muchas las molestias presentadas por la población del Estado de Chiapas, debido a la ausencia de médicos capaces de sacar adelante a algún paciente que requiera la atención.

Es incuestionable que esta situación ha evidenciado la falta de coordinación de la Secretaría de Salud y el IMSS, para brindar la atención a la que tiene derecho la población de uno de los Estados más vulnerables del País, porque ésta no brinda un trabajo preventivo ni colaborativo a la salud de los pacientes. Aunado a lo anterior, existe una falta de coordinación entre los hospitales y la jurisdicción sanitaria, pues, y aunado a esto también hay falta de médicos especialistas, que en su lugar dejan médicos pasantes carentes de experiencia y supervisión siendo esto por demás preocupante toda vez que la salud de la población es un derecho constitucional y no se puede dejar a la ligera esta gran responsabilidad y derecho de la sociedad, así mismo, también se propaga la carencia de medicamentos, y esto se agrava aún más debido a la temporada de vacaciones.

Hay situaciones que cobran mayor relevancia donde prevalecen quejas por falta de personal médico, en el Hospital General del municipio de Tapachula, donde se han cerrado un 30% de las camas del hospital, o en las zonas centrales del Estado, donde el número de habitantes aumenta durante los periodos vacacionales y las plantillas médicas no se refuerzan lo suficiente, durante las vacaciones se registra la falta de especialistas, pues aún y cuando existe una plantilla completa no se cuenta con suplentes.

Situación similar se vive en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” en Tuxtla Gutiérrez, donde alrededor de 679 pacientes han mostrado su malestar ante la falta de médicos de este nosocomio, esta situación provoca que no solo se queden sin recibir atención médica, sino también pierdan tiempo y dinero, en estos graves problemas también se ha visto el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, donde se reporta que además de la ausencia médica, existe un desabasto en medicamentos, lo que vuelve inoperante a la clínica.

La carencia de clínicas, médicos y en general todos los obstáculos que impiden un acceso efectivo a los servicios médicos han terminado por repercutir en las condiciones de salud de los pobladores del Estado de Chiapas.

Es imperativo que las autoridades federales y estatales en la materia de salud desde un ámbito de coadyubancia, puedan resolver a la brevedad esta problemática en los centros médicos y hospitales, ya que son muchos las personas que constantemente acuden en busca de soluciones médicas y que desafortunadamente regresan a sus hogares sin ser atendidos de una manera eficiente.

Se considera imprescindible que la subrogación del servicio por la falta de médicos, no sólo se otorgue en situaciones de urgencias, tipo catástrofes o accidentes, sino que se extienda al servicio de ceder y atender una consulta regular.

De tal forma que los servicios de salud no deben ser interrumpidos, por el contrario, se deben reforzar acciones para que se preste la atención oportuna a los pacientes que así lo requieran.

Debido a lo anterior, es necesario dar una urgente solución a la situación, por ello también se alude un incremento al personal médico especializado en sus diferentes áreas, y se solicita el permiso de apertura para cubrir los lugares cuando los actores salgan de vacaciones, con la finalidad de que con dicho aumento se logren cubrir a los faltantes ya que urge impulsar la reubicación de los especialistas, pues cuando salen de vacaciones no hay quien cubra a los médicos ausentes, por ello, los hospitales y centros médicos en general se ven en la necesidad de suspender las consultas y reprogramarlas posteriormente haciendo caso omiso de la necesidad de atención médica presente del paciente.

En consecuencia, de ésta forma se estarán cubriendo las incidencias que se tienen actualmente y recurrentemente disminuyendo gradualmente los daños a la sociedad en el Estado de Chiapas.

Se sugiere que el personal médico salga de vacaciones de manera escalonada para que hospitales y centros de salud estén funcionando sin dejar de atender ninguna unidad de la Entidad. Así mismo se garantice que se ha realizado el debido suministro de medicamentos, y de ser necesario se conserve un sobre abasto de medicamentos en los hospitales y en los centros de salud en beneficio del paciente.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para establecer acciones de control y previsión, a fin de evitar que en periodos vacacionales exista carencia de personal médico especialista en los hospitales y/o centros de atención médica dentro del estado de Chiapas.

Notas

1 http://encuestam.info/notas/se-queda-sin-doctores-hospital-por-vacaciones/

2 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/urgen-doctores-en-todos-los-hospitale s-1410328847

3 http://www.cuartopoder.mx/cancelanatencionporfaltadedoctores-141358.html

4 http://aquinoticias.mx/comunidades-indigenas-de-chiapas-sin-medicos-ni-medicina s-ni-nada/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

ATIENDAN LAS PETICIONES QUE REALICEN SUS TRABAJADORES DE MANERA INDIVIDUAL, SIN DETRIMENTO DE SUS DERECHOS COLECTIVOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Pemex y sus subsidiarias que operan en la república a respetar lo establecido en el artículo 375 de la LFT y atender las peticiones que sus trabajadores formulen de manera individual, sin detrimento de sus derechos colectivos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García y suscrita por el senador Carlos Manuel Merino Campos, de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PT, respectivamente

Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena y Carlos Manuel Merino Campos, senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Desde la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical ha sido considerada un derecho fundamental. La propia Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que establece derechos de cumplimiento obligatorio para todos los estados con independencia de que hayan o no ratificado los convenios en cuestión, considera la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98) como derechos universales que deben aplicarse a todas las personas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, su régimen político o su modelo laboral.

El Convenio 87 sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación de la OIT ratificado por México reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. Asimismo obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y obliga a los estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por su parte, el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato, y garantiza la no injerencia de empleador o de organizaciones de empleadores. Además, obliga a los estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación, así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores para fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo.

Este último convenio no ha sido ratificado por México, aún y cuando ya ha sido avalado por 164 estados, incluyendo todos los países de América Latina, porque existe particular reticencia hacia la obligación del estado de proteger a los sindicatos de actos de injerencia y, sobre todo, de garantizar el derecho a la negociación colectiva.

II. Ciertamente dentro del respeto que debe haber a la autonomía sindical, se necesita vigilar y observar el estado de derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que no puede haber un estado de excepción dentro de los sindicatos, todos deben estar dentro de los parámetros legales.

A pesar de esto, hay varios ejemplos de la intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos, violando el derecho de sindicación, autonomía sindical y contratación colectiva, como es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en donde la intervención de la empresa en la vida interna del sindicato es indudable.

El STPRM se constituyó en 1935, es el sindicato petrolero mexicano que agremia a los trabajadores en categoría de sindicalizados, que trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex) y organismos subsidiarios; tiene 113 mil afiliados, con 36 secciones en la República Mexicana.

El STPRM, está adherido al Congreso del Trabajo, es un organismo que se caracteriza por la recepción de las cuotas de poder que el sistema político le reserva al sindicato para las candidaturas a puestos de representación popular.

Actualmente el gremio petrolero conserva una dirección nacional subordinada al gobierno federal, dirigida por el Senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, quien ha sido denunciado en diversas ocasiones por los afiliados por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

III. Otro grave problema es la alianza que mantienen el STPRM y la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ésta última apoya las violaciones que se cometen contra los trabajadores, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales laborales firmados por México, sostienen que el Estado mexicano no puede ni debe intervenir en la vida interna del sindicato, éste lo hace, permitiendo a la dirigencia sindical el sistemático método de abuso en contra de algunos agremiados al STPRM, quebrantando los derechos de los trabajadores.

Las violaciones cometidas consisten en negar a algunos empleados petroleros sindicalizados, el disfrute de algunos derechos contenidos en el artículo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1, 3, 3 Bis, 5, 6, 17, 18, 33 y 375 de la Ley Federal del Trabajo, así como de las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que rige en la industria petrolera, tales como ascensos y mejoras laborales, permisos de ausencia, trámite de vacaciones, incentivos, imposición de jubilaciones a trabajadores que no la desean o no lo han solicitado, créditos de vivienda y personales, becas e incluso en algunos casos de negarles el derecho de afiliar a sus familiares en el servicio médico a que está obligada la empresa.

Desde hace años persiste la problemática en todas las secciones que componen el STPRM, misma que surge de los malos manejos de los líderes sindicales de este sindicato, siendo afectados miles de trabajadores activos, pensionados y jubilados, a quienes les limitan los derechos y prerrogativas que les corresponden, conforme el contrato colectivo de trabajo, por diferencias sindicales o políticas.

Los requisitos para que Pemex otorgue becas anualmente a los trabajadores sindicalizados, se establecen en la cláusula 171 del contrato colectivo de trabajo, como sigue:

“El patrón otorgará a sus trabajadores de planta para su formación académica en escuelas o facultades reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mil 500 becas anuales, cuya distribución se realizará en términos del acuerdo CMC/014/11 y la asignación se hará a propuesta del Comité Ejecutivo General del STPRM. El monto mensual de las becas será: El sindicato, a través del comité ejecutivo general, propondrá antes de iniciar el ciclo lectivo, candidatos para las becas y el patrón los aceptará con los requisitos siguientes:

• Ser trabajador de planta con una antigüedad de empresa mínima de un año.

• Que los estudios a realizar sean impartidos por instituciones nacionales reconocidas por la SEP.

• Constancia oficial de calificaciones de los estudios del ciclo lectivo anterior con promedio mínimo de ocho.

• Constancia de inscripción del ciclo o estudios a cursar y lista de materias.

• Registrar buenos antecedentes laborales, de aptitud y desempeño.

• Presentar solicitud por conducto del sindicato.”

Sin embargo la realidad es otra, ya que las becas se otorgan únicamente a los trabajadores que simpatizan, o se alinean con los intereses del sindicato o cumplen con la militancia, y su asignación se utiliza como medida de control y represión hacia los trabajadores.

Otro caso evidente de discriminación en la asignación de préstamos de vivienda o de préstamos personales que son otorgados preferentemente a los trabajadores simpatizantes del sindicato, a pesar de que lo establecido en la cláusula 154 el contrato colectivo, que señala:

“El patrón directamente o a través de institución bancaria autorizada, apoyará financieramente sólo a los trabajadores de planta con una antigüedad general de empresa de dos años o más, con cualquiera de los beneficios siguientes:

I. Asignación de vivienda

II. Préstamo con garantía hipotecaria

III. Aportación financiera.”

En el caso de la vivienda el trabajador es obligado a habitar en fraccionamientos, con casas de precios elevados, de baja calidad y hechas por constructores foráneos que sin compromiso alguno, una vez terminada su obra, se pierden y no hay manera de hacer reclamación alguna, y si el trabajador acude al funcionario sindical encargado del área o al secretario general, no existe ni respuesta ni apoyo alguno. Un ejemplo de esto es el del fraccionamiento Mis Blancas Mariposas, de Villahermosa, Tabasco.

Es pues necesario que se dé un trato igualitario a todos los trabajadores que forman parte del STPRM, quienes han luchado por décadas para conseguir dichas prestaciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y subsidiarias que operan en la República Mexicana, para que respeten lo establecido en el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que se atiendan las peticiones que ejerzan sus trabajadores de manera individual, sin detrimento de los derechos colectivos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a que en la administración de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

Tercero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que se apeguen a la legislación federal y a los tratados internacionales laborales firmados por México, para que se respete el derecho de autonomía sindical de los trabajadores, cumpliendo con la obligación del Estado de no intervención en la vida interna del sindicato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), senador Carlos Manuel Merino Campos.»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

HAGA PÚBLICO EL AVANCE DEL OBJETIVO 5 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA (PROSENER), Y EN ESPECÍFICO DE LOS SEIS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA (PRONASE)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer público por la SE el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía y, en específico, de los 6 incluidos en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía, haga público el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía (Prosener), y en específico de los 6 objetivos del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El año 2017 ha comenzado con un turbulento aumento en los precios de los energéticos fósiles de los que destacan las gasolinas y el gas licuado del petróleo (gas LP) en México. La situación que ha generado un malestar generalizado y protestas públicas, ha generado también un efecto inflacionario que habrá de evaluarse al cierre del primer trimestre de este año, pues dicha situación se ha conjugado con una devaluación constante de la moneda nacional.

En el marco de la liberalización de los precios de la gasolina, diversos sectores se han manifestado inconformes, e incluso actores como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), han considerado de un ajuste abrupto con terribles efectos en la economía de las y los mexicanos.

La falta de pericia del gobierno federal para soportar su creciente gasto teniendo que recurrir a más deuda, obligó en años recientes a gravar la gasolina y el diésel con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que privó a los consumidores mexicanos del beneficio de pagar precios bajos de combustibles, cuando el precio de las gasolinas importadas cayó a sus mínimos en este siglo.

México como actor internacional que ha ratificado más de 77 instrumentos internacionales en materia de protección ambiental, tiene también el compromiso de promover la producción y el consumo de energías limpias y sustentables en los próximos años. Si dicha política estuviese en marcha y con buenos resultados, las y los mexicanos podrían enfrentar la liberalización de los combustibles fósiles con alternativas verdes y sostenibles, sin embargo, no existe hasta la fecha certeza sobre los resultados de estos programas, que en muchos casos son mal comunicados a la población.

La Ley General de Cambio Climático indica que para 2024 al menos 35 por ciento de la generación eléctrica debe hacerse a partir de fuentes limpias mientras que en la Ley de Transición Energética, en su artículo tercero transitorio, se subraya que la meta es una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de 25 por ciento para el año 2018, de 30 por ciento para 2021 y de 35 por ciento para 2024.

Sin embargo, la misma Secretaría de Energía confirma en el documento Prospectivas de energías renovables 2013-2027 que no será posible llegar a la meta pese al crecimiento que prevé en fuentes como la eólica o solar, pues aun implementándose todas las medidas posibles se llegará como máximo a 23 por ciento, y eso sólo si se toma en cuenta la energía nuclear.

Es por ello, que es urgente saber en razón de la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética el pasado 24 de diciembre de 2015 (poco más de un año), qué tanto se ha avanzado para lograr cumplir este objetivo, toda vez que la ciudadanía requiere de manera urgente alternativas energéticas limpias, y asequibles que brinden una solución real a los problemas de desabasto y encarecimiento de los combustibles fósiles, pero también de episodios como los que sufrió el Valle de México y la Megalópolis durante la primavera-verano de 2016, en el que la calidad del aire se vio afectada dramáticamente debido al consumos masivo de estos combustibles demandan soluciones integrales a estos problemas que de no ser atendidos eficiente y oportunamente seguirán generando mayores problemas a la sociedad mexicana.

Considerandos

I. Desde la Cumbre de la Tierra en Río en 1982, la publicación del informe Brundtland en 1987, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994, las naciones han prestado mayor atención a las consecuencias ambientales, climáticas y de salud pública de las acciones humanas que antes pasaban desapercibidas. México ha sido un actor clave en estos procesos internacionales, sin embargo, no existe a hasta la fecha resultados concretos y tangibles sobre los impactos de las políticas públicas que a nivel interno se han implementado en los últimos años como consecuencia de estos esfuerzos.

II. El aumento en la demanda de gasolinas en México se debe al incremento demográfico, así como al del parque vehicular nacional; sólo éste último promedia un crecimiento anual de 7.9 por ciento en la última década, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La importación creciente de gasolinas es pagada a proveedores extranjeros en dólares para su venta a los consumidores nacionales en pesos. Durante 2016 el peso se depreció 20 por ciento con respecto al dólar estadounidense. Su transporte al país además genera fletes, almacenamiento y distribución que aumentan su costo. Esta situación se ha agravado duramente con la liberalización de los combustibles, pues no existen en la práctica alternativas reales y limpias para hacer frente a tal crisis.

México importó al cierre de 2016, 67 por ciento de los combustibles que consume, es decir 550 mil de 820 mil barriles diarios. En 2015 el peso de las importaciones fue de 54 por ciento.

El incremento se explica por la deficiente operación del Sistema Nacional de Refinación, que por ejemplo trabajó al 46 por ciento de su capacidad de producción en septiembre de 2016; la falta de mantenimiento e inversiones, la escasez de crudo ligero y una normatividad ambiental más severa han mermado la producción de refinados muy por debajo de estándares internacionales de eficiencia, sumado a que nuestro país no ha construido una nueva refinería en casi 40 años, da como resultado que en la actualidad se produzcan los mismos volúmenes de combustibles que en 1978.

III. A pesar de ello, México ha invertido más de 2 mil 100 millones de dólares en proyectos de energías renovables; de los cuales no existe certeza sobre sus resultados.

México cuenta con un amplio y diverso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables que podrían contribuir a cubrir el aumento de la demanda energética, diversificar la matriz de producción y generar seguridad energética a largo plazo. De la reforma energética de 2008 derivaron dos leyes para promover la sustentabilidad de la política energética y reducir la dependencia a los hidrocarburos. No obstante, en ocho años la participación de las energías renovables ha aumentado sólo 5 por ciento.

IV. La actual crisis generada por una liberalización forzada de combustibles fósiles –producto de la reforma energética–, ha evidenciado que en el terreno energético, México se encuentra lejos de la eficiencia, ya que la dependencia por estos combustibles es alta incluso a nivel cultural.

V. Las energías renovables en México, además de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, ofrecen beneficios, permiten tener una matriz de generación eléctrica más limpia, equilibrada, diversa y por tanto menos vulnerable a los vaivenes internacionales de abasto y de precios, menores impactos a la salud por exposición a contaminantes y generación de miles de empleos asociados con la fabricación e instalación de materiales y equipos.

No debemos perder tiempo, debemos acelerar el paso hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía, haga público el avance del objetivo 5 del Programa Sectorial de Energía, y en específico de los 6 objetivos del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ya que de ellos depende la ciudadanía para contar con fuentes alternativas a los combustibles fósiles, frente a la desmesurada y apresurada liberalización de estos energéticos.

Nota

1 “Con las consideraciones de planeación actuales el nivel de generación renovable alcanza el 19.58 por ciento en 2018, se incrementa a 20.62 por ciento en 2024 y reduce su participación de nuevo hacia el final del periodo de planeación. Si se considera la energía nuclear, en 2024 se alcanza solamente un 23.14 por ciento de la generación necesaria mediante fuentes no fósiles (...) Es decir, de acuerdo con los parámetros de planeación aquí descritos no existe certeza sobre las trayectorias que permitan cumplir con los mandatos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático”. Prospectivas de Energías Renovables 2013-2027 SENER.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DECLARE LA ZONA DE EMERGENCIA PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que se declare la zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, suscrita por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8, numeral 1, fracción II, 58 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación se declare zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, con base en las siguientes consideraciones:

Consideraciones

El pasado 7 del presente mes y año, autoridades de Protección Civil del estado de Oaxaca, alertaron a la población por el evento del Norte, que ocasionaría vientos de más de 100 kilómetros por hora con rachas superiores a los 110 kilómetros por hora y olas de 7.3 metros de altura.

Estos fuertes vientos en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca ocasionaron una serie de daños como la caída de árboles, cortes a la energía eléctrica, líneas telefónicas e internet, desprendimiento de techos de láminas de viviendas y escuelas, volcaduras de vehículos automotores, 14 tráileres, ya que las rachas de viento fueron de hasta 201 kilómetros por hora, en el tramo carretero de la Venta-La Ventosa.

Desafortunadamente, hubo tres personas muertas, y una decena de localidades se quedaron sin servicio de energía eléctrica.

Como Senador de la República por el Estado de Oaxaca, estoy obligado a apoyar a nuestros hermanos oaxaqueños, que enfrentan esta contingencia ambiental que los dejó desprotegidos en sus viviendas. Los municipios más lesionados fueron: Unión Hidalgo, Jalapa del Márquez con sus comunidades Llano Grande, San Cristóbal.

Por todo lo anterior, quiero someter a consideración de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación se declare zona de emergencia para diversos municipios del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca

Notas

1 https://oaxaca.quadratin.com.mx/alertan-fuertes-vientos-istmo-tehuantepec/ (consultado el 10-01¬2017)

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/08/937208, (consultado el 10-01-2017)

3 http://despertardeoaxaca.com/fuertes-vientos-siguen-afectando-la-region-del-ist mo-de-tehuantepec/ Consultado el 10/01/2017

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 11 días del mes de enero de 2017.— Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

EMITA LA DECLARATORIA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DE SIERRA DE ÁLVAREZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y de San Luis Potosí a emitir por las instancias correspondientes la declaratoria del área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y realizar las supervisiones correspondientes para investigar y, en su caso, sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, situada en la zona conurbada de SLP, suscrita por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del estado de San Luis Potosí, para que a través de las instancias correspondientes, se emita la declaratoria del área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y en su caso sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, situada en la zona conurbada de San Luis Potosí , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El valle de San Luis Potosí se encuentra limitado orográficamente al norte por un conjunto de cerros llamados “Alto La Melada”, al Occidente y Sur por la Sierra de San Miguelito y al Oriente por la Sierra de Álvarez.

El 7 de Abril de 1981 se estableció por Decreto la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, conocida como Sierra de Álvarez, localizada en los Municipios de Armadillo de los Infantes y Zaragoza con una superficie de 16,900 hectáreas. Posteriormente mediante Acuerdo del día 7 de junio del 2000, se recategorizó la zona como área de protección de flora y fauna “Sierra de Álvarez”.

El artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) establece que en las áreas de protección de flora y fauna “...podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria”.

Sin embargo, la recategorización como área de protección de flora y fauna de la Sierra de Álvarez, no se realizó a través de una Declaratoria por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 57 que determina que “Las áreas naturales protegidas (...) se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.

En consecuencia, tampoco se cumple con el artículo 60 de la LGEEPA donde se establece que “Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos:

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;

II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección;

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de las Leyes de Expropiación, Agraria y los demás ordenamientos aplicables;

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área, y

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables;

Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la preservación y protección de las áreas naturales protegidas, serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la presente Ley, las leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, Federal de Caza, y las demás que resulten aplicables”.

En consecuencia, al no aplicarse lo establecido en la LGEEPA, tampoco se cuenta con un Programa de Manejo, incumpliendo con lo establecido en el artículo 65de la misma ley donde se determina que “La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas”.

Es por ello que en la Sierra de Álvarez se han permitido diversas actividades que han afectado el equilibrio de ecosistemas y se han detectado y denunciado afectaciones como contaminación de cuerpos de agua.

Estudios académicos han documentado contaminación en los acuíferos del Valle de San Luis Potosí, el cual forma parte de la cuenca hidrológica denominada “El Salado”. Hay que precisar que en el centro de esta cuenca hidrológica se encuentra la zona conurbada de los municipios de San Luis Potosí que en conjunto con los municipios de Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y Zaragoza dependen del suministro del agua subterránea en un 95% para sus distintos usos.

Se ha encontrado que el origen de metales pesados como mercurio, plata, bario y estroncio en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, se debe a las actividades mineras en los patios de beneficio realizadas poco después de la fundación de la ciudad, que además se llevaron a cabo sin ningún tratamiento de manejo de los residuos.

La actividad industrial y minera ha afectado el equilibrio de la región y alterando los servicios ambientales de la flora, fauna y del ciclo hidrológico. Una de las empresas que se ha denunciado en los últimos años como causante de este desequilibrio es Cal Química Mexicana, S.A. de C.V, dedicada a la extracción y procesamiento de cal y ubicada en el Valle de San Luis Potosí y en zonas del Área Natural Protegida. Fundada en 1966, comenzó a operar en el Municipio de Graciano Sánchez y ha ampliado sus zonas de producción a otros municipios colindantes.

Y a pesar que la Subdelegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de San Luis Potosí, concedió en junio del 2005 a Cal Química Mexicana, S.A. de C.V. la Licencia Ambiental Única, tomando en cuenta que la misma contaba con:

- Autorización en materia de Impacto Ambiental, expedida por el Instituto Nacional de Ecología el 13 de junio de 1995, vigente 5 años y la revalidación de la misma por un plazo de dos años y seis meses, para el Proyecto “Explotación de la Cantera del Cerro Tata Gómez para la Extracción de Piedra Caliza y Ampliación de la Planta de Calcinación ubicadas en el Municipio Villa de Zaragoza. En dicha autorización la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó los problemas ambientales a los que presentaba el proyecto en la zona y se otorgó bajo ciertas condicionantes que la empresa estaría obligada a cumplir.

- Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos otorgado por la Delegación estatal de Semarnat el 18 de agosto del 2000, y

- Licencia Estatal de Uso del Suelo, expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con fecha del 11 de mayo del 2000.

Habitantes de Villa de Zaragoza, activistas de Pro San Luis Ecológico y el Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez, han acusado que la calera Cal Química Mexicana está cometiendo un ecocidio en la Sierra de Álvarez, ante la inacción de las autoridades.

Diversos actores sociales han denunciado que la empresa ha provocado una destrucción brutal de la Sierra de Álvarez. “Se está muriendo a muchos kilómetros de distancia el bosque que nos da el oxígeno a la ciudad de San Luis Potosí”, además del problema de contaminación del agua superficial y subterránea por la actividad de la empresa calera.

Actualmente la deforestación y la contaminación de acuíferos continúan a pesar de las denuncias realizadas y los efectos nocivos que estos han generado, tanto a los ecosistemas como a los habitantes del Valle de San Luis Potosí y del Área Natural Protegida.

La problemática generada por la empresa Cal Química Mexicana se originó por la falta de certeza jurídica en el manejo del Área Natural Protegida y por la ambigüedad en el cumplimiento de la normatividad por parte del Ejecutivo y de las autoridades locales para hacer efectiva la protección a los recursos naturales y la responsabilidad ambiental. Es por ello que se requiere que se realice la Declaratoria por parte del Ejecutivo Federal y contar con un Plan de Manejo que establezca la zonificación oficial que defina jurídicamente las actividades permitidas y prohibidas en la región afectada. Y en tanto esto se cumple atendiendo lo que establece la normatividad en la materia, es necesario se realice una investigación para establecer la responsabilidad de la empresa y, en su caso, se lleven a cabo acciones de restauración y mitigación en zonas afectadas.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se haga la declaratoria del área natural protegida “Sierra de Álvarez” en la categoría de área de protección de flora y fauna, en San Luis Potosí y se publique el programa de manejo como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dadas las afectaciones a los ecosistemas y a la población por las actividades de la empresa Cal Empresa Cal Química Mexicana, SA de CV, siendo necesario realizar las supervisiones correspondientes para investigar y en su caso sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación de agua y suelo, así como la afectación a la flora y fauna en la zona urbana y conurbada de San Luis Potosí, así como en el territorio del Área Natural Protegida “Sierra de Álvarez”.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luís Potosí, para que a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y a los Municipios donde opera la empresa calera Cal Química Mexicana, SA de CV, inspeccionen la contaminación provocada por la producción y manejo de residuos peligrosos así como el uso de suelo en las zonas de explotación y extracción donde opera dicha empresa.

Notas

1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-3322201300 0100003

2 http://planoinformativo.com/nota/id/460713/noticia/sierra-de-%C3 %81lvarez,-ecocidio-sin-precedentes.html

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 11 de enero de 2017.— Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTABLEZCA UN MARGEN DE DEDUCCIONES Y EXENCIONES AL IEPS Y AL IVA QUE SE COBRAN EN GASOLINA Y DIÉSEL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un margen de deducciones y exenciones del IEPS y el IVA cobrados en gasolina y diésel e implantar una política de austeridad en la Administración Pública Federal para reducir al máximo el gasto corriente, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República en la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado lunes 9 de enero de 2017, el titular del Ejecutivo federal anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Se trata de un acuerdo suscrito por el gobierno federal con los sectores empresarial, laboral y del campo con la finalidad de atender la problemática derivada del incremento a los precios de la gasolina y el diésel que han generado el descontento popular.

En dicho acuerdo las organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo de manera conjunta con el gobierno federal se comprometen a realizar las acciones necesarias a fin de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.

En ese sentido el sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de los precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas de especulación, particularmente de los productos de la canasta básica.

Por su parte los sectores laboral y del campo se comprometen a permanecer atentos a efectos de denunciar aquellos casos de abuso.

El sector gubernamental se compromete a impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso, así como modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, mejorando las condiciones de crédito a través de la banca de desarrollo así como emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables y realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.

Por su parte los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

Destaca del acuerdo que tiene como objetivo principal impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.

Asimismo el tercer eje de dicho acuerdo busca preservar la estabilidad económica e impulsar a través de reducir el endeudamiento y establecer otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales, sin que estas medidas afecten los programas sociales.

2. Se trata de un acuerdo a todas luces insuficiente, que no asume un compromiso real con la población afectada, no existe un compromiso claro de revertir el aumento al que se cobran en gasolina y diésel, como tampoco un compromiso claro de establecer un plan de austeridad real en el gasto del gobierno. Tan es así que la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se negó a firmar dicho acuerdo argumentando que la situación económica y social actual exige sí un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, pero que el mismo no se puede construir en tres días, por lo que resulta urgente que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública. Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances, por lo que “particularmente, el gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso”.

3. Al respecto es importante señalar que existen argumentos técnicos y jurídicos que nos permiten sostener que sí hay viabilidad para reducir esta medida.

“Que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel en 2017 no está relacionado directamente con una mayor recaudación federal. En 2016 y de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta noviembre se habían obtenido 263 mil millones de pesos por la cuota fija que se le impone a cada litro de gasolina y que es parte del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Las proyecciones de captación para ese concepto para 2017 son del orden de los 252 mil millones de pesos a precios constantes de 2016, esto es descontando la inflación. Lo que significa que si el gobierno federal desistiera de aplicar el aumento en las gasolinas y el diésel, de ninguna manera dejaría de recibir los ingresos presupuestados para 2017 por lo que no tendría que aplicar recortes a los programas federales, lo anterior sin considerar que los ingresos del gobierno federal pueden ser sustancialmente mayores a lo proyectado en el presente ejercicio fiscal por el aumento en el precio internacional del petróleo y en la cotización del dólar frente al peso”.

Por otra parte, de acuerdo con un análisis de la Consultoría KPMG señala que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobran en gasolina y diésel sí se pueden reducir.

Dicho análisis señala que “Dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, el monto previsto para este año de recaudación de IEPS es de 433 mil millones de pesos, de ese total, 65 por ciento proviene de lo que se cobra a combustible que son 284 mil millones de pesos y este monto es 75 mil millones de pesos mayor a lo previsto en el 2016”. Como es de observarse si existe un margen para su reducción.

Asimismo señala además que: “Del precio final de la gasolina, 36 por ciento se debe al cobro del impuestos entre IVA y el IEPS, el cual es alto porque hace que el costo de los combustibles represente un gasto muy numeroso para la sociedad en general”. Adicionalmente se agrega que “De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este año el IEPS a gasolina se redujo, pues en 2016 representaba 26 por ciento del precio por cada litro; mientras que para este año significa 22.9 por ciento”. Por tanto es necesario que el gobierno reduzca al máximo su gasto corriente para poder reducir el IEPS a combustibles y así no impactar sobre los recursos que se destinan a programas sociales y a la población.

4. Adicionalmente el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación señala que el Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá: condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Así, la práctica jurídica ha mostrado que la condonación puede ejercerla el presidente de la República mediante un decreto presidencial y son facultades concedidas por el legislador en virtud de una emergencia económica o de una emergencia que provenga de un fenómeno natural.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que con fundamento en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establezca un margen de deducciones y exenciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado que se cobran en gasolina y diésel e implemente una verdadera política de austeridad en las dependencias de la administración pública federal que reduzca al máximo su gasto corriente.

Notas

1 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo general para cancelar las disposiciones de los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación de 2017 sobre el incremento de los precios al público de las gasolinas y el diésel, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados jueves 5 de enero de 2016.

2 Hay margen para reducir impuesto a gasolina: KPMG. Periódico El Financiero, lunes 9 de enero de 2017, nota de Elizabeth Albarrán. En

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/01/08/hay-mar gen-reducir-impuesto-gasolina-kpmg.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AJEDREZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial del ajedrez, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con; punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados para crear la Comisión Especial de Ajedrez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ajedrez es un juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un damero en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas.

El ajedrez es uno de los entretenimientos de mesa más antiguos y tradicionales, el cual es jugado en el mundo entero, sin distinción de raza, cultura o costumbres sociales.

Se le considera como un deporte, un juego que es favorable para todas las edades en el desarrollo de sus aptitudes mentales, beneficiando socialmente al niños, adolescentes y adultos, contribuyendo en brindar madurez como a nivel personal, un mejor carácter y una mejora en su rendimiento cognitivo.

Por otra parte, las investigaciones que se realizaron para comprobar que el aprendizaje de ajedrez, tiene una influencia positiva dentro del desarrollo de aptitudes numéricas y verbales, al concluir el estudio se demostró que el ajedrez promueve una madurez intelectual anticipada. Dicha observación la realizó el doctor Ferguson, dentro de la cual investigó a los estudiantes dentro de los primeros cuatro años escolares .

En este mismo sentido el estudio realizado por investigadores alemanes, demostró que los jugadores expertos así como los novatos en ajedrez, utilizaban por igual sus dos hemisferios del cerebro al competir en una partida, el estudio logró demostrar que los participantes que practicaban el ajedrez se destacaban por su memoria, pues se debe agregar que esta habilidad es fundamental en el desarrollo para ser un buen ajedrecista, capacidad que influye también en el aprovechamiento y rendimiento escolar, ayuda a mejorar la conducta y aumenta la concentración en los alumnos .

La Comisión del Ajedrez en la Educación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), lo considero como parte del currículo escolar.

El FIDE menciona que los beneficios del ajedrez son:

• Desarrollar la memoria,

• Incrementar la creatividad,

• Enriquecimiento cultural y

• Desarrollo mental.

Otros beneficios son: que genera resolución de problemas y toma de decisiones, ayuda a que el niño o adolescente, cuando enfrente diferentes contratiempos, pueda definir y aplicar una estrategia de solución. A nivel personalidad fomenta la capacidad organizativa y el equilibrio entre lo racional y lo emocional. También ayuda a que el niño acate reglas, que acepte sus errores y se responsabilice de los mismos, fomenta sus propias capacidades y acciones y le ayuden a determinar su desempeño.

El ajedrez ayuda a los niños hiperactivos o con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), esto fue comprobado tras un estudio que realizó el Dr. Hilario Blasco, psiquiatra del Hospital Puerto de Hierro, donde señala que el ajedrez puede sustituir a la medicina en algunos casos de TDAH.

Se considera que el ajedrez es una actividad que está al alcance de cualquiera, tan solo se necesita un tablero y unas piezas para que el niño pueda aprender a jugarlo, dando como resultado que el niño entre a un universo mágico y enriquecedor, el cual le aportará una serie de beneficios a largo plazo.

Es por lo anterior que es necesario contar con una Comisión Especial del ajedrez, de esta manera se cuente con apoyo, impulso, difusión y supervisión del mismo, implementando estrategias para su promoción y práctica dentro de las escuelas, ferias plazas, etcétera con la finalidad de incrementar su práctica y adquirir sus beneficios y todos los niveles de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine y someta a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial del Ajedrez.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 http://dle.rae.es/?id=1MllZ9j

2 http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150826/abci-ajedrez-ninos-tdah-2015062 31424.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA YURIBIA, PARA LOS MUNICIPIOS DE COATZACOALCOS, MINATITLÁN Y COSOLEACAQUE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a garantizar el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al amparo de las siguientes

Consideraciones

Al sur de Veracruz se encuentran Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, cuya historia en las últimas décadas del siglo pasado está vinculada con el auge de la industria petroquímica, que trajo grandes beneficios a todo el país. La entrada en operaciones del complejo Pajaritos, en 1967, y la construcción de los complejos La Cangrejera (1980) y posteriormente el Morelos (1988) fueron detonantes de la economía regional y nacional.

Con el aumento de las actividades económicas en estas ciudades vino también un incremento importante en la población que las habitan y con ello los problemas que conlleva la continúa urbanización, por ejemplo, el abasto del agua se volvió un asunto crítico.

Los pozos que abastecían el agua a Coatzacoalcos resultaban insuficientes, frecuentemente se contaminaban con las aguas pluviales, la continua deforestación impedía la recarga natural por los terrenos arenosos, ocasionando que algunos de los excedentes fueran vertidos al río Coatzacoalcos o al Golfo; otras más comenzaron a correr por encima de las calles y se desalojaban por donde encontraran su curso según los desniveles del terreno, contaminando las norias que todavía en la década de 1980 estuvieron enclavadas en el vivero municipal.

En una circunstancia semejante se encontraba Minatitlán, ya que al igual que la primera población, su abastecimiento de agua se encontraba en Canticas, perteneciente a Cosoleacaque, este último también ya presentaba problemas en el abasto del vital líquido.

De lo anterior resultó que a principios de la década de los ochentas en numerosas colonias de Coatzacoalcos y Minatitlán el vital líquido en ocasiones estaba ausente por más de dos semanas, lo que ocasiono movilizaciones sociales que consiguieron captar la atención de los respectivos gobiernos municipales y del estatal.

Para garantizar el abasto de agua a Minatitlán y Coatzacoalcos se explotaron varias opciones, entre ellas la construcción de la presa Yuribia, en lo que actualmente es Tatahuicapan, en la sierra de Santa Martha, cerca de manantiales, además en la región se tienen altas precipitaciones pluviales con escurrimientos, por lo que se supuso que el abasto del vital líquido sería ilimitado. De tal forma, la construcción de dicha presa fue la opción que ofrecía los gastos de extracción y distribución más bajos; además de permitir ampliar la red a más poblaciones.

Las obras de la presa y el tendido de los ductos comenzaron en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración que comprendía los 64 kilómetros de tubería de acero que transportan el agua, pero, desde el inicio de los trabajos, los conflictos con los habitantes de Tatahuicapan, ya que su opinión no atendida para realizar la obra, la presencia de los tubos en el manto acuífero fue considerada por los habitantes del lugar como un atentado contra las deidades y seres que ahí viven.

Tatahuicapan es una comunidad indígena con su muy respetable sistema de valores y creencias, en que la relación con los elementos naturales como agua, tierra, flora y fauna tienen un significado distinto al que le atribuye la cultura occidental y cabe señalar que por efectos de diversos tratados internacionales de los que México es parte, estas comunidades tienen derechos sobre los terrenos que tradicionalmente han ocupado y sobre los recursos naturales que en ellos se encuentran.

Además, los habitantes de la localidad de la sierra en donde se encuentra el agua viven en poblaciones con poca urbanización y múltiples carencias de servicios, ellos son en su mayoría indígenas y campesinos que sienten que el recurso hídrico es propiedad de su comunidad, no aceptan fácilmente que se lleven el preciado bien para uso de otros.

Ante la inconformidad por parte de los pobladores de Tatahuicapan para ceder su agua se les ofreció a cambio obras públicas que elevaran su bienestar, lo que resultó en un acuerdo entre autoridades estatales, municipales y representantes de los tatahuicapen?os.

Con la entrada en función de la presa y sus ductos los problemas de agua entubada en Coatzacoalcos y Minatitlán se redujeron para un noventa y cinco por ciento de los habitantes de estas ciudades; sin embargo, “El pacto fue cumplido por Tatahuicapan, pero no por Coatzacoalcos que dejo? obras inconclusas y solamente ha mandado eventualmente alguna máquina para aplanar una calle o abrir un nuevo drenaje” (Roca Guzmán, María Elena. Tradición y modernidad: conflictos y movilizaciones en Tatahuicapan de Juárez, 1984-2010, tesis para obtener el grado de doctorado en historia y estudios regionales, Universidad Veracruzana, 2013). Ello ha generado desde entonces conflictos en los que los tatahuicapen?os toman las instalaciones de la presa y dejan sin agua a Coatzacoalcos y amplias zonas de Minatitlán y Cosoleacaque.

A mediados del año pasado, esta situación se recrudeció, cuando pobladores de Tatahuicapan amenazaron evitar el suministro de agua si el gobierno estatal no daba los recursos para obras que se encuentran inconclusas desde hace varios años, como son el asfaltado de la vía Mezcalpan-Zapotitlán, los puentes Encinalillo y Pilapillo, entre otras. A esas fechas, el gobierno estatal y el de Coatzacoalcos ya habían pagado 2.5 millones de pesos, pero se requerían 17.5 millones más para concluir las obras pendientes.

Ante la falta de la entrega de dichos recursos económicos en noviembre los tatahuicapen?os rompieron una tubería de la presa Yuribia, posteriormente, en los primeros días del presente año habitantes de Tatahuicapan tomaron las instalaciones de la presa para cerrar las válvulas, volviendo a dejando sin agua a más de medio millón de personas. La situación prevaleció hasta el pasado domingo 8 de enero cuando, por mediación del gobernador, se pactó la apertura del sistema de agua, sin que se dieran a conocer los términos de la negociación.

En otro orden de ideas, se ha acusado a Morena de estar detrás de estos “embargos” del agua, lo cual es falso, pero más allá de esto creemos que es sano el que se den a conocer los acuerdos por medio de los cuales se restableció el abastos de agua, además de conminar al gobierno de Veracruz a cumplir con las obras públicas que se les han ofrecido a los tatahuicapen?os y los acuerdos que el actual gobierno acordó para solucionar la confrontación que dejo sin el vital líquido amplias zonas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Con el cumplimiento de los acuerdos ganan todos, por una parte se combate el injusto atraso económico en que se encuentra la población de Tatahuicapan, y por la otra, se garantiza el suministro de agua a tres ciudades de gran relevancia estatal y nacional.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que haga públicos los acuerdos del pasado 8 de enero, entre el gobierno del referido estado y la comunidad de Tatahuicapan, que llevaron a restablecer el suministro de agua de la presa Yuribia. Asimismo, se dé cabal cumplimiento a los diversos acuerdos que el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave ha celebrado con el municipio Tatahuicapan y con la comunidad de este municipio, a fin de que se solucione el conflicto por el uso del agua de dicha presa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que garantice el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, en especial los referentes a las tierras que tradicionalmente han ocupado y los recursos naturales que en estas se encuentran, derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que México es país signante.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INTEGRADA EN EL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a hacer pública la información estadística integrada en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en observancia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El respeto de las identidades individuales marca un hito paradigmático en las sociedades modernas, que cada individuo tenga la libertad de ser, es la primicia sobre la cual se justifica la ideología neoliberal cuyos principios han sido adoptados por los Estados modernos. Que el neoliberalismo ayude a poner mayor énfasis al individuo, así como su capacidad de auto gestionarse, inhibe que se puedan visibilizar ciertos procesos derivados de estructuras que aún siguen presentes en nuestras sociedades y que influyen en gran medida comportamientos que violentan la integridad personal.

Tal es el caso de la estructura sexual que, al forjar el ordenamiento de la diferencia corporal, dicta comportamientos específicos para unos y para otros, derivados de un tipo de “temperamento” inherente y específico para hombres y mujeres. Cuando la diferencia corporal entre los sexos dicta comportamientos que se derivan de la tradición es evidente que contienen una carga densa de naturalidad y por ende de aprobación basada en el orden natural inscrito en un: “así deben ser las cosas”.

Cuando el machismo es justificado por la naturalidad de los temperamentos, se refuerza las identidades colectivas que hacen a hombres y mujeres, según el machismo: diferentes pero complementarias, pero sobretodo se permite la justificación en el desbalance de las relaciones de poder, empoderando a unos sobre el despojo del poder de otras. Así el hombre como identidad colectiva, es fuerte y agresivo, en comparación con la mujer, que debido a su corporalidad es débil y sumisa.

La violencia de género justamente se deriva de dicha naturalización de las identidades y roles sexuales que logran subsumir las identidades individuales a temperamentos colectivos naturalizados y que evidentemente como anteriormente lo explique, son inherentes y relacionan a los sexos inequitativamente, inequidad que tiene consecuencias inhumanizantes e injustas, donde las mujeres más que ser sujetos son consideradas objetos, de uso, de reproducción y de comodidad para el hombre.

Ejemplo de ello es que a pesar de los reiterados señalamientos de parte de diversas instituciones de orden mundial y nacional, condenando la violencia de género ésta no disminuye; según ONU Mujeres 1 de cada 3 mujeres y niñas en el mundo han sufrido violencia física o sexual, de ellas, menos del 40% han buscado algún tipo de ayuda y entre aquellas que lo hacen, solamente el 10% recurre a la policía. Vulnerando sistemáticamente los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida integra, sana y libre de miedo.

La violencia contra las mujeres, son actos que van desde el espacio privado hasta el espacio público, pues la naturalización de la violencia del hombre atraviesa todas las estructuras que permean la vida de los individuos y en esferas que son tan importantes para el desarrollo y crecimiento personal, como la: personal, laboral, educativa y política.

En dicha última esfera es donde nosotras y nosotros como autoridad garante de la democracia, de la diversidad de voces e intereses a los que da cabida la representación popular, debemos de hacer esfuerzos para no continuar con las inercias que impone la tradición, porque la política y nuestras instituciones, al transversalizar la vida de los individuos, tiene la capacidad y mecanismos suficientes para modificar la cultura que se justifica por medio de la naturaleza, la violencia contra la mujer no es natural, por eso debemos vigilar que sea sancionada, suprimida y eliminada, a fin de garantizar el respeto que todas y todos los individuos merecemos por el hecho de ser, seres humanos.

Cuando se vulnera sistemáticamente a las mujeres, también se vulnera al círculo en el que ella vive y en conjunto el progreso de la sociedad. Una parte elemental para poder incidir positivamente en la disminución de la violencia ejercida contra la mujer, es el reconocimiento de su existencia a nivel extendido, es decir, por medio de la contabilización de los casos existentes, afirmando no solamente la conducta como anormal sino también como medio para conocer el tipo de violencia que se ejerce que va desde la violencia psicológica y acoso sexual en los diversos espacios de desarrollo humano.

En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone en su artículo 17 que uno de los mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres es el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad.

Para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, el ejecutivo deberá publicar el programa integral para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Programa Integral), el cual deberá contener las acciones específicas con perspectiva de género para garantizar la investigación y elaboración de diagnósticos estadísticos sobre los causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia.

Asimismo, este precepto considera que se deberá publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de violencia contra las mujeres (Banavim).

Al respecto, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 establece explícitamente en la estrategia 5.2 que será responsabilidad de la Secretaria de Gobernación “Impulsar el Fortalecimiento de la integración y administración del Banavim para obtener información estadística confiable” así como “promover la elaboración de protocolos para expedir, registrar y dar seguimiento a las órdenes de protección e incorporarlas al Banavim”

Sin embargo, el artículo 44 de la Ley de Acceso señal que establece a la secretaria de seguridad publica integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres, recordemos que el pasado 02 de enero del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el cual se extingue la Secretaría de Seguridad Pública y de acuerdo a lo dispuesto artículo 27 fracción XII, será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes.

Para el caso del país, a fin de cumplir con los objetivos a los que el Estado mexicano se ha suscrito, el Programa Integral, establece que:

“Un compromiso para adoptar políticas públicas y medidas legislativas de acción afirmativa necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas sociales que discriminen a las mujeres y a las niñas, o que producen situaciones de desigualdad o marginación [...] de ahí la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos legales y administrativos que permitan de manera efectiva y sin escatimar esfuerzos, garantizar los derechos humanos de las mujeres, para erradicar las causas de violencia, armonizando los contenidos legislativos nacionales y estableciendo estrategias para impulsar la transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres”.

Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la creación del Inmujeres y específicamente la implementación del Programa Integral, es difícil asegurar si la violencia ha incrementado, disminuido o únicamente se está visibilizando debido a un proceso de empoderamiento de las mujeres ayudado del uso de las nuevas tecnologías; sin información cuantitativa no podemos medir la eficacia de las políticas impulsados por el Estado Mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta incertidumbre debería ser únicamente especulativa, incluso inexistente, debido a que en el programa integral y en la Ley de Acceso se establece la obligatoriedad de integrar el “Banco Nacional de Datos e Información sobre caso de violencia contra las mujeres (Banavim)” que tendrá por objetivo, conocer en un primer punto la naturaleza de la violencia así como su magnitud, y en un segundo aspecto dar seguimiento a los esfuerzos realizados por las instituciones involucradas en el proceso de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

“Asimismo, la creación de herramientas informáticas adecuadas, la homologación de registros administrativos y el diseño de tableros de control, permitirán que exista una adecuada sistematización de la información generada, con el fin de transparentar los resultados obtenidos que robustecerán el propósito y la vinculación de los esfuerzos en materia de combate a la violencia contra las mujeres”.

Lo que podemos apreciar a lo largo de la lectura del programa, es que, la recopilación de datos, sistematización y publicación sería un gran avance en el conocimiento de la violencia de la que son víctimas las mujeres en las diferentes esferas en las que se desarrollan, así como reconocer el avance en la aplicación de los protocolos y a su vez si se está accediendo o no a la justicia para último conocer la reparación del daño, de forma que se asegure a las mujeres su natural derecho a una vida libre de violencia.

En este punto yo me pregunto cómo es qué se puede medir la efectividad de las políticas adoptadas si no se cuenta con información estadística confiable, debido a la no adecuada integración e incluso desaparición del Banavim, ya que el enlace URL donde se debe publicar mensualmente de acuerdo al Programa Integral o semestralmente de acuerdo a la Ley de Acceso, las estadísticas de los datos registrados es inaccesible, es importante precisar que en lo referente a los plazos para la publicación de la información, también existe una diferencia de criterio entre lo dispuesto por la Ley y lo dispuesto por el Programa Integral.

El abandono al Banavim me hace pensar que las autoridades siguen omitiendo la importancia de la violencia contra la mujer como un cáncer que inhibe el crecimiento no solo personal sino también de la sociedad. Así como todo el proceso por el cual se ha planeado la erradicación de la violencia.

Concuerdo con la intención expuesta en el programa integral y considero que es más que necesario y urgente la utilización del Banavim, a fin de que este mecanismo se establezca como eje rector del programa, ya que este instrumento es idóneo para visibilizar la situación de violencia contra las mujeres en el país, materializando la integralidad que se propone al abarcar todos los tipos de violencia y todos los sectores donde se realiza, así como la reparación del daño y el debido acceso a la justicia, colaborando a fortalecer la cultura de la denuncia. Además, pienso, permitirá la disminución de los casos de feminicidios, al poder detectar casos de violencia temprana.

En este sentido considero más que necesario hacer pública que debiera estar integrada en el Banavim, respetando en todo momento, el derecho a la protección de los datos personales, en términos de la legislación aplicable, con el objetivo de hacer viable el debido cumplimiento tanto de la Ley General como del Programa Integral y con la firme convicción de que la justicia debe ser para todo ser humano sin importar el género, por lo anterior, solicito a esta asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al ciudadano licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a hacer pública la información estadística integrada en el Banco Nacional de Datos e Información sobre caso de violencia contra las mujeres (Banavim) observando lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Programa Integral para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado 30 de abril de 2014, enlace URL:

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=04&day= 30

2 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

RAZONES POR LAS QUE A LA FRONTERA SUR SE LE EXCLUYÓ DEL OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES ASIGNADOS A LA FRONTERA NORTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CRE a informar sobre la metodología para determinar los precios máximos de las gasolinas y el diésel, el otorgamiento de estímulos fiscales especiales para Campeche y sus municipios, y las razones por las cuales la frontera sur se excluyó del otorgamiento de los estímulos fiscales asignados a la frontera norte, suscrita por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

Con fecha 23 de diciembre de 2015 fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicables a los combustibles solamente para las ciudades fronterizas con Estados Unidos de América en su franja fronteriza de 20 hasta 45 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional.

Con fecha 4 de marzo de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo para Fronteras que tiene como objeto el otorgamiento de subsidios que se destinarán a coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, incluyendo a Baja California Sur.

Por otra parte, derivado de los efectos económicos adversos que han tenido las entidades federativas que dependen fuertemente de su actividad de la industria petrolera, con fecha 6 de mayo de 2016 el titular del Ejecutivo federal anunció el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, que son un paquete de acciones estratégicas para incentivar la actividad económica de esta región del país mediante el apoyo a la economía de las familias y de las empresas.

Con fecha 20 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número A/059/ 2016 que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que busca ir liberando paulatinamente, por regiones de norte a sur, los precios antes mencionados derivado de las condiciones y demandas del propio mercado.

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, que contempla como base los costos de logística y distribución aplicables al suministro de los combustibles mencionados en las distintas regiones del país.

Con base en los acuerdos antes mencionados, la Comisión Reguladora de Energía estableció los precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel por regiones durante el período comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017; así como, los montos de estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos de América y precios máximos al público de dichos combustibles, vigentes del 1 al 10 de enero de 2017.

Exposición de Motivos

Con relación a los precios máximos al público por región y en especial por lo que se refiere a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que forman parte de un área geográfica común como es la península de Yucatán, se advierten tratamientos diferenciados que ubican a Campeche con precios promedio máximos de mayor cuantía con relación con Yucatán, no obstante que Campeche históricamente es la principal entidad federativa productora del petróleo, que es la materia prima de la cual se procesan y producen las gasolinas y el diésel.

De la misma manera, se observa que Campeche cuenta con precios promedio máximos más altos que Tabasco, quien también es un importante productor de este importante recurso natural no renovable.

En los comparativos que a continuación se presentan, pueden observarse con claridad estos tratamientos diferenciados que consideramos son incongruentes y por lo menos inconsistentes, que ameritan ser revisados tomando en consideración todas las variables intrínsecas que necesariamente deben ser valoradas.

Nota 1: En el caso de la gasolina menor a 92 octanos, en Campeche en comparación con Yucatán se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más; para la gasolina mayor o igual a 92 octanos se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más; y en el caso del diésel se pagará en promedio por cada litro veintidós centavos más.

Nota 2: En el caso de la gasolina menor a 92 octanos, en Campeche en comparación con Tabasco se pagará en promedio por cada litro un centavo más; para la gasolina mayor o igual a 92 octanos se pagará en promedio por cada litro un centavo más; y en el caso del diésel se pagará en promedio por cada litro dos centavos más.

De lo antes detallado en cuanto al precio máximo promedio fijado a estos combustibles derivados del petróleo, por la Comisión Reguladora de Energía, se advierte con claridad que son más altos para Campeche, no obstante que Campeche es y ha sido históricamente principal productor del petróleo del cual se obtienen los combustibles derivados: gasolinas y el diésel, debiendo ser todo lo contrario por su condición intrínseca de entidad federativa productora del petróleo y en consecuencia, también entidad federativa receptora de los efectos e impactos económicos, políticos y sociales como los que ahora de manera negativa atraviesa mi estado.

En el comparativo con Veracruz, acontece lo mismo; es decir, los precios promedio máximos al público respecto de las gasolinas y el diésel son más bajos que los asignados a Campeche. Para la gasolina menor a 92 octanos en Veracruz se pagará 15.58 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 15.67 pesos por litro. Para la gasolina mayor o igual a 92 octanos en Veracruz se pagará 17.36 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 15.67 pesos por litro; y, para el diésel en Veracruz se pagará 16.66 pesos por litro, en tanto que en Campeche se pagará 16.74 pesos por litro.

Por lo tanto, la asignación de precios máximos que se dio a conocer, nos parece inequitativa y contraria al interés de los campechanos y la aportación histórica que Campeche ha hecho al país. Por lo que como representante popular es mi obligación expresar el descontento e interés de la entidad que represento de ser considerada de manera similar a los demás estados del Golfo.

Es por ello que consideramos indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Reguladora de Energía explique pormenorizadamente las razones por las que el precio máximo promedio al público de las gasolinas y el diésel es mayor en Campeche que el asignado al resto de los estados ubicados en el Golfo de México.

Por otra parte, con relación a los montos de estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos de América, y toda vez que se han anunciado acciones y compromisos por el titular del Ejecutivo federal dentro del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, se considera que existen razones eficaces y suficientes para que ese mismo tratamiento fiscal se le asigne a Campeche.

En promedio los estímulos fiscales para diversos municipios de Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, permiten vender las gasolinas a precios inferiores a los máximos autorizados para el resto de los estados de la república y se pueden apreciar con claridad en el cuadro siguiente:

No obstante, que aunque es preciso y claro que los fines de dichos estímulos fiscales es tener precios más competitivos con respecto a los de nuestro vecino país del norte, también es cierto que los municipios de las entidades federativas que tienen frontera sur, como son los municipios de Calakmul y Candelaria en mi estado se encuentran –de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– en situación de pobreza extrema, por lo que apoyarles con estímulos fiscales especiales similares les ayudaría considerablemente a la economía de las familias y de la productividad local, basada principalmente en las actividades agropecuarias y forestales, y particularmente apoyaría a incentivar el turismo en Calakmul, que cuenta con el único Patrimonio Mixto de la Humanidad en México.

No omito señalar que Campeche tiene frontera con dos países, Belice al sureste y la República de Guatemala al Sur.

En razón de la crítica situación económica por la que atraviesa Campeche, a consecuencia de la disminución de los precios del petróleo y con ello, de la reducción de su actividad económica, aunado a que ha sido históricamente el principal productor de petróleo a nivel nacional, exijo respetuosamente un trato equitativo y justo con relación a las demás entidades del país.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración y aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Reguladora de Energía a fin de que informen detalladamente en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos de las gasolinas y el diésel, así como los criterios que se usaron para la determinación del cronograma para la flexibilización de los precios al público para el estado de Campeche y los municipios que lo integran en comparación con las demás entidades del país ubicadas en el Golfo de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se otorguen estímulos fiscales respecto de los precios de las gasolinas y diésel para el estado de Campeche y en especial para el municipio de Carmen.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a fin de que informe las razones por las que a la frontera sur se le excluyó del otorgamiento de los estímulos fiscales asignados a la frontera norte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero de 2017.— Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTE UNA MEDIDA DE FACILITACIÓN MIGRATORIA PARA CIUDADANOS DE TAIWÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que implante por la Segob y la SRE una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, a cargo de los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Máximo García López, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II, del numeral 1, y III, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, implante una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Taiwán tiene una población de 23 millones de habitantes, con una superficie de 36 mil kilómetros cuadrados. En los últimos años Taiwán se ha comprometido con el desarrollo de semiconductores, energía solar fotovoltaica, información y comunicación, transporte y otras industrias de capital y de tecnología intensiva, logrando así que sean una importante base de la industria de la tecnología global.

La relación México-Taiwán se ha profundizado gradualmente con el beneficio mutuo en los últimos años, en términos de las relaciones de comercio e inversión. Para México, Taiwán es el tercer país inversionista de la región Asia-Pacífico (después de Japón y Corea del Sur). Es el séptimo mayor proveedor y noveno mayor socio comercial de México. El total de las empresas taiwanesas llegan a alrededor de 300, principalmente en los estados de Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y otros lugares. El monto de inversión llega a más de mil millones de dólares.

Ante el posible ingreso de Taiwán al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP), se anticipa un aumento sustancial de la inversión bilateral México-Taiwán, pues México cuenta con amplios recursos humanos de alta calidad, abundantes recursos naturales y fomento a la inversión extranjera directa. Los industriales de Taiwán ven a México como uno de los países más idóneos para la inversión.

Por lo que respecta al intercambio académico entre México y Taiwán. El gobierno de Taiwán ofrece anualmente diversos programas, como las becas para estudiar chino mandarín, de estudios profesionales, posgrados y cursos para los estudiantes mexicanos destacados. Durante los últimos 20 años, Taiwán ha otorgado casi 700 becas, para mexicanos que han tenido la oportunidad de estudiar en Taiwán.

Además, la cooperación México-Taiwán también es manifiesta en la educación superior: La Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad Nacional Chengchi, la Universidad Tamkang, y la Universidad Católica Fu Jen, entre un total de siete universidades, han firmado acuerdos, respectivamente, con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Iberoamericana y otras instituciones.

Cada año hay diversos intercambios de alumnos entre escuelas o proyectos para incentivar el estudio de los alumnos en el exterior.

Actualmente la relación entre México y Taiwán se encuentra en una de sus mejores etapas, sin embargo, es necesario fortalecerla mediante la eliminación de uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos taiwaneses, la visa para ingresar a nuestro país.

Desde 1930 México ha mantenido la “Doctrina Estrada” como eje de la política exterior y en el caso de China y Taiwán, el Estado mexicano se sujeta al principio de “una sola China” que implica el reconocimiento de Taiwán como parte integral de la República Popular China.

En enero de 2012, Estados Unidos de América exentó a los nacionales taiwaneses de visa para ingresar a Estados Unidos. En razón de lo anterior, si México eliminó dicho requisito a los portadores de visa americana, debería implantar una medida de facilitación migratoria a los nacionales de países que no requieran visa norteamericana, como lo es actualmente el caso de los nacionales de Taiwán.

Es importante mencionar que en América, países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, Belice, Ecuador, El Salvador, Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Perú, entre otros, han otorgado la exención de visado a los ciudadanos taiwaneses.

En Europa se han sumado a la exención de visa para Taiwán: Francia, Italia, Alemania, España y el Reino Unido; Australia, Japón y Corea, también les han otorgado el privilegio de la exención de visado.

México y Taiwán son naciones con muchas coincidencias y similitudes, los dos estamos formados por gente hospitalaria, cálida, trabajadora y con deseos de superación.

Hoy nuestra nación es una economía abierta con importantes acuerdos de libre comercio, cuenta con capital humano joven y altamente capacitado. Nuestro país ofrece costos competitivos, seguridad a los inversionistas extranjeros y una posición geográfica estratégica.

El gobierno de Taiwán considera que la eliminación de visa por parte del gobierno de México, sería una medida que reflejaría la excelente relación entre los dos países y que incentivaría una mayor inversión de empresas taiwanesas en nuestro país; fortalecería el turismo y el intercambio educativo y cultural entre nuestras naciones.

Ante los retos de la situación económica mundial; ningún país puede enfrentar los problemas globales por sí mismos, necesitamos amigos y aliados y hoy más que nunca México debe fortalecer sus relaciones comerciales y de turismo con otras naciones, especialmente cuando la experiencia ha sido exitosa.

Necesitamos expandir nuestros horizontes y para ello debemos eliminar los obstáculos que se presentan para el fomento a la inversión y el turismo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República, para que a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos de Taiwán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República, para que a través de la Secretaría Relaciones Exteriores, solicite al gobierno de Taiwán que bajo el principio de reciprocidad internacional, implemente una medida de facilitación migratoria para ciudadanos mexicanos que visiten dicho país.

Diputados: María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Máximo García López.»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

REVIERTA EL ACUERDO RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN LAS CUOTAS QUE SE ESPECIFICAN EN MATERIA DEL IEPS SOBRE GASOLINAS Y COMBUSTIBLES, PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL DOF

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a analizar y, en su caso, revertir el acuerdo relativo a la actualización de las cuotas especificadas en materia del IEPS sobre gasolinas y combustibles, publicado el 27 de diciembre de 2016 en el DOF, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se actualicen las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre gasolinas y combustibles al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía publicaron el acuerdo por el que se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017), las 7 regiones de frontera (válidos del 1 al 10 de enero), y los municipios que componen cada región.

La división del país en 90 zonas estableció precios diferenciados de las gasolinas aumentando hasta en 20 por ciento la tarifa de los combustibles en orden a una liberación de los precios y considerando diversos factores como el pago del precio real, de impuestos y transportación y logística.

De acuerdo con las versiones de las autoridades hacendarias y de energía, el artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos dispuso que hasta el 31 de diciembre de 2017 el precio de las gasolinas y el diésel estaría sujeto a un precio máximo.

El Ejecutivo federal establecería mediante acuerdo el precio máximo considerando:

a) Diferencias relativas por costos de transporte entre regiones;

b) Modalidades de distribución y expendio al público;

c) Ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía; y,

d) Precios internacionales de estos combustibles.

El 18 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) modificando el modelo de precios máximos dispuesto en el artículo transitorio decimocuarto de la Ley de Hidrocarburos.

Para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecería una banda con valores mínimos y máximos para los precios máximos de los combustibles para que los precios máximos fluctúen de forma consistente con referentes internacionales adelantando la liberación definitiva de precios a partir del 1o. de enero de 2018.

De esta manera, las autoridades dicen que la estrategia en materia de regulación de precios máximos al público hasta el 31 de diciembre de 2017 debe incentivar la entrada de nuevos competidores al mercado y facilitar la transición ordenada de un esquema de precio único a nivel nacional a uno de libre mercado. De acuerdo con la fracción I, inciso c) del artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en relación con los mercados de gasolinas y diésel, se establecía que a partir del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían bajo condiciones de mercado adelantándose para el 2017 de conformidad con el artículo decimosegundo transitorio, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

De igual forma, el artículo decimocuarto transitorio, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos estableció que a partir del 1 de enero de 2017 o antes, si las condiciones del mercado lo permitían, los permisos para importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables.

A mayor abundamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuotas aplicables a los combustibles automotrices, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año.

De esta forma, el 27 de diciembre pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. Según el acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año para determinar las cuotas aplicables a los combustibles automotrices, a los combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel destinadas a las entidades federativas. Así el acuerdo, en vigor desde el 1 de enero de 2017, determina lo siguiente:

Artículo Primero. El factor de actualización aplicable para el año de 2017 a las cuotas a las que se refieren los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es de 1.0330, resultado de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2016, que fue de 121.953 puntos, y el mencionado índice correspondiente al mes de noviembre de 2015, que fue de 118.051 puntos, procedimiento establecido conforme a lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Segundo.Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles automotrices a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

Artículo Tercero.Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

Artículo Cuarto.Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo primero de este acuerdo, las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel previstas en el artículo 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017, son las siguientes:

No obstante, las medidas han resultado impopulares impactando la economía de los más pobres y debilitando más y más el poder adquisitivo de las familias mexicanas. En orden a lo anterior, y dado el ajuste de los precios, se refleja la falta de sensibilidad social que quiere preservar la macroeconomía sin importar la estabilidad de los más pobres.

Es por lo anterior que, si se ha adelantado la liberalización de precios, las autoridades hacendarias del Poder Ejecutivo revisen y, en su caso, reviertan el acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios sobre gasolinas y combustibles en tanto haya las mejores condiciones que protejan, principalmente, la economía de las familias mexicanas.

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, analice y, en su caso, revierta el acuerdo relativo a la actualización las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre gasolinas y combustibles publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

REDUCIR DE MANERA URGENTE EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS HIDROCARBUROS, COMO SON LA GASOLINA Y EL DIÉSEL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, Pemex, la SHCP, la CRE y la Profeco a reducir de manera urgente el alza de hidrocarburos como la gasolina y el diésel, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las campañas políticas en general, se presentan como la coyuntura para proponer, crear, modificar plantear y expresar las promesas que el político en cuestión llevará a cabo, a fin de reparar todo aquello que se conciba como un área de oportunidad a mejorar.

El actual representante del Poder Ejecutivo de nuestro país hizo 23 propuestas durante su participación en el primer debate presidencial.

A la luz del estado que guarda la sociedad y la economía mexicana, parece conveniente hacer, aunque sea grosso modo, un repaso de las promesas hechas y de lo acontecido:

• Crear tribunales especializados para dirimir diferencias de competencia (en relación con su propuesta contra los monopolios);

• Incrementar tres veces la inversión en ciencia y tecnología;

• Impulsar reformas estructurales como la hacendaria;

• Crear un sistema de seguridad social universal;

• Aplicar impuestos justos y progresivos para que quien más gana, pague más, y revisar las atribuciones fiscales de los tres niveles de gobierno;

• Crear una gendarmería nacional;

• Erradicar la pobreza alimentaria;

• Implementar un seguro de riesgos de trabajo y el seguro de desempleo;

• Pensión universal para los adultos mayores;

• Modernizar Pemex, con la participación del sector privado;

• Bajar el precio a combustibles y hacerlos menos contaminantes;

• Incrementar apoyos al campo;

• Ampliar la cobertura educativa;

• Incrementar la producción agropecuaria; entre otras.

En varias de las promesas, sin duda el Presidente ha cumplido en haberlas llevado a la práctica, aunque sus beneficios, fueron cuestionados desde un inicio respecto de su carácter realmente positivo y, sobre todo, en los resultados que han mostrado hasta la fecha.

Los casos más sonados son el de las reformas estructurales mencionadas, como fueron la energética y lo relacionado con los precios de las gasolinas y la hacendaria, relacionada con la política fiscal.

Los mexicanos seguimos esperando que la reforma energética coadyuve a impulsar el crecimiento de la economía y de la economía de las familias.

Desde 2012, el precio de gasolina ha ido en contra de lo prometido en campaña y de lo acordado en el Pacto por México:

Baste como muestra, la gráfica anterior que refiere el aumento de alrededor de 6 pesos en el precio de la gasolina, concerniente a los últimos cuatro años.

Por otro lado, se ha señalado que la liberalización del mercado de las gasolinas fue parte del Pacto por México y aseguró esta medida traerá a México beneficios que se verán reflejados en dos años o hasta en ocho.

El Pacto por México que fue creado bajo el estandarte de “Desarrollo económico y bienestar social” incluía entre sus objetivos y promesas, legislar a favor de una reforma energética que diera como resultado el abaratamiento de la gasolina para el consumo de los ciudadanos mexicanos, así como el de las tasas de interés para que se desencadenara una oleada de préstamos que mejoraran el funcionamiento de la economía mexicana, sin embargo, tanto las promesas como el Pacto mismo, fracasaron.

Obedeciendo a la Teoría de los Precios de Friedman, el establecimiento y determinación de un precio debe obedecer a 6 ejes rectores:

1. Evaluación del Mercado

2. Oferta de Competidores

3. Establecer si el producto es duradero o no

4. Contemplar costos fijos y variables

5. Utilidad deseada

6. Propuesta de Valor final

Aplicando los ejes anteriormente mencionados al particular caso de la gasolina en nuestro país, la misma, sería concebida como producto no duradero -al cual el mercado mismo exige un precio bajo- debido a que es un producto que cubre una necesidad básica e inmediata que se consume rápidamente.

El alza del precio de la gasolina en México ha dejado a la gasolina magna en 15.99 pesos por litro, la Premium en 17.99, y el Diésel en 17.05. Sin embargo, al mismo tiempo, estaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) venden en Estados Unidos la gasolina en menos de la mitad de ese costo, es decir en US$0,40 por litro, el equivalente a 7 pesos, mientras que el diésel lo ofrece en un promedio de 9 pesos.

¿Por qué Pemex vende gasolina más barata en Estados Unidos que en México? La empresa dice que es parte de una estrategia para competir en el mercado estadunidense. Mientras que, asegura que los precios para transportar la gasolina a México son muy elevados, ya que las refinerías de nuestro país no tienen la capacidad de satisfacer la demanda interna de este combustible, porque no han sido adaptadas para procesar el crudo pesado de los nuevos yacimientos del país.

Este petróleo se envía a refinerías estadounidenses donde se convierte en gasolina, que regresa a México, y por consiguiente, el costo del proceso se suma al precio final.

En ese caso, podríamos argumentar que también se compra el combustible a otros países, como Taiwán, Singapur, España o China. Diariamente se importa un promedio de 398.000 barriles de gasolina, según datos de Pemex.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el aumento en el precio, obedece al proceso natural de la liberalización del mercado de hidrocarburos, y por consiguiente, al retiro del subsidio que proporcionaba el Gobierno Federal, lo cual le significaba un gasto de 2 mil millones de dólares mensuales y el cual –argumentan- se destinará a subsanar la deuda pública del país.

Por el contrario, la gasolina que las franquicias de Pemex venden en Texas no tiene esos gravámenes y por eso su precio es menor. Además su costo se regula de acuerdo con las variaciones del mercado, lo cual empezará a ocurrir en México a partir de 2017, y de acuerdo con la reforma energética, estará completa en 2018. Las autoridades aseguran, que el hidrocarburo no ha llegado a su valor real, lo cual abre otra interrogante preocupante, ¿Cuál su valor real, y cuál será el costo alrededor del cual fluctúe el mercado?

Indiscutiblemente, el primer factor de alarma lo supone la depreciación del peso –de 18 por ciento en 2016— y el mayor precio de la gasolina en Estados Unidos, como consecuencia del alza en las cotizaciones del petróleo, cambió fuertemente el escenario previsto por el Gobierno Federal cuando decidió proponer que se adelantara de 2018 a 2017 la liberalización del mercado de gasolina, planteamiento que fue aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos para el próximo año.

Otro factor alarmante ante el alza del precio del hidrocarburo es, el salario mínimo, que refleja el poder adquisitivo con el que cuentan los mexicanos. Actualmente se encuentra establecido en 80.04 pesos diarios. En contraparte, la canasta básica -un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas a partir de su ingreso -tiene un costo de 1327 pesos. La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios.

Así, por ejemplo, en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica (alrededor de 54 pesos por hora) y al día de hoy son necesarias 193 horas laborales.

Simultáneamente, las personas que no gozan de la comodidad de un automóvil se verán afectadas. Considerando que, el abastecimiento de los principales productos de consumo es llevado a cabo de manera terrestre, el aumento a la gasolina incurre en el aumento de los precios de las materias primas y los productos de primera necesidad. Como resultado, se ve reflejado en el aumento de las tarifas del transporte público, que además de ineficiente e insuficiente, será costoso gracias al aumento del precio de la gasolina y el diésel.

Existen economistas que coinciden en que esto traerá un golpe al bolsillo mediante la inflación de los precios de productos y servicios que los mexicanos pagan, usen o no vehículo.

“A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina”, dijo a BBC Mundo el analista Gerardo Esquivel, doctor en economía por la Universidad de Harvard (EUA).

Con respecto a lo expuesto por la SHCP, en 2017 habrá tres elementos que harán que un litro de gasolina o diésel será más caro o más barato, dependiendo de la región, estado y municipio en donde se compre.

• Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el costo de la gasolina, y el precio a nivel internacional será la referencia: ya no estará sujeto al precio que el gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones financieras y hasta políticas.

• Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o barato si una localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un puerto, si el combustible es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta más o menos almacenarlo.

• Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de recaudación llamado IEPS a cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá aplicando y no se incrementará en 2017, según promete el gobierno mexicano.

A pesar de que lo anteriormente mencionado puede traer consigo beneficios, el actual y elevado precio del litro de gasolina, deja un estándar muy alto para las nuevas gasolineras que entren a invertir y competir con Pemex, de manera que los nuevos precios que estas establezcan, no estarán muy por debajo del que se encuentre rigiendo en el momento de su entrada a México.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia puntualizar, que a pesar de la liberalización del mercado de hidrocarburos, todas las empresas que comiencen a competir con su marca, serán abastecidas únicamente por Pemex. De acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la venta de un solo producto no impulsará una competencia efectiva, y tampoco da margen a una baja de precios.

Con respecto a la banda establecida en 2016 - aumentos del 3%- la ley establecida el mismo año, prevé que podían existir cuotas adicionales. Si esto sucede, los contribuyentes podrían pedir la devolución del sobrecosto mediante una declaración. El problema radica en que 60% de la fuerza laboral del país está en la informalidad, sin posibilidad de reclamar una devolución

En concreto, si Pemex no puede dejar de pagar los gravámenes que la importación de la gasolina le significa, no existe ninguna posibilidad de que los precios disminuyan, ni de que el mercado fluctúe en un rango sostenible para la economía mexicana.

En definitiva, resulta indignante la promoción de la idea de la flexibilización del mercado, cuando la planeación no erradica el monopolio de Pemex, dejando a un lado la posibilidad de crear una competencia real y efectiva, que extinga la insostenible situación en la que lo anterior posiciona a la economía mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, a reducir de manera urgente el alza de los precios de los hidrocarburos, como son la gasolina y el diésel.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/las-promesas-de-enrique-pena-nieto-cumpl idas.html

2 http://www.proceso.com.mx/467875/los-gasolinazos-en-los-sexenios-calderon-pena- graficas

3 http://www.24-horas.mx/beneficios-por-liberalizacion-de-la-gasolina-se-veran-en -2-o-hasta-8-anos-diputado-del-pri/

4 http://www.pymempresario.com/2013/05/6-puntos-para-determinar-el-precio-de-tu-p roducto/

5 http://www.animalpolitico.com/2015/12/por-que-pemex-vende-gasolina-en-eu-a-la-m itad-del-precio-que-en-mexico/

6 http://www.forbes.com.mx/3-escenarios-negativos-del-nuevo-gasolinazo-en-2016/#g s.QyPZ7pE

7 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151230_pemex_gasolina_barata_mexico_e euu_an

8 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/20/alza-de-hasta-22-5-en-el-precio-d e-gasolina-en-2017-preve-citibanamex

9 http://www.profeco.gob.mx/lacanasta/canasta.asp

10 http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/

11 http://www.animalpolitico.com/2016/12/gasolinazo-gasolina-aumento-2017-precios/

12 http://www.forbes.com.mx/3-escenarios-negativos-del-nuevo-gasolinazo-en-2016/#g s.QyPZ7pE

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica p.a.).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SALMUERA RESIDUAL DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA EXPORTADORA DE SAL, SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a impedir la disposición final de salmuera residual de la empresa de participación estatal mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV, en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle García, diputados federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente productivos por la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, su contribución es relevante para la productividad pesquera de las áreas costeras adyacentes, sirven de zona de reproducción, desove, alimentación y refugio de un número muy importante de especies animales y protegen a las zonas costeras ante las inundaciones asociadas al impacto de fenómenos meteorológicos extremos, pero desafortunadamente estos ecosistemas son altamente sensibles a la contaminación de origen terrestre.

En México tenemos uno de los sistemas o complejos lagunares que por las especies que lo habitan, de forma temporal o permanente, está considerado como uno de los más importantes del mundo, encontrándose este en la parte central de la península de Baja California, sobre la costa del Océano Pacífico, conocido como Complejo Lagunar Ojos de Liebre-Guerrero Negro-Manuela.

Esta importancia que para el ambiente tiene dicho complejo es reconocida desde hace décadas, en 1972 por medio de dos decretos, el primero del mes de enero la Laguna Ojo de Liebre es declarada Zona de Refugio para Ballenas y Ballenatos, el segundo, fechado en el mes de septiembre la declara Zonas de Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre. En marzo de 1980 el decreto expedido en enero de 1972 fue modificado para aclarar que la zona de refugio incluye las lagunas Manuela y Guerrero Negro.

El 30 de noviembre de 1988 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la reserva de la biósfera “El Vizcaíno”(Rebivi), ubicado en el municipio de Mulegé, BCS., quedando el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela como parte de esta reserva. En dicho decreto por el que se crea la Rebivi se puede leer:

“Que en el litoral del Océano Pacífico se encuentra un sistema de lagunas conocida como Manuela, Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San Ignacio, a las que anualmente migra la ballena gris, para cumplir su ciclo biológico, constituyendo al mismo tiempo un singular refugio para diversas aves acuáticas migratorias y residentes, como el ganso de collar y el águila pescadora que tienen las más altas poblaciones invernales y de nidantes a nivel mundial, además de que albergan una enorme riqueza faunística.”

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1993 la Laguna Ojo de Liebre es incluida en la lista indicativa de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como bien natural, bajo el nombre de Santuario de Ballenas de El Vizcaíno. En esta lista se inscriben “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.”

A decir de la UNESCO, Semarnat y Conanp: “El Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, es el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris ( Eschrichtius robustus). La ballena gris está presente en la costa occidental y en las lagunas costeras de Baja California Sur y en particular en las de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno durante el invierno. En estas áreas las ballenas llevan a cabo la crianza y su apareamiento, siendo éstas las etapas más importantes y delicadas de su ciclo biológico.”

En el año 2000, con la finalidad de homogenizar las distintas categorías con que se habían creado las áreas naturales protegidas se recategorizan conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente varias de estas áreas, entre estas se encontraba la Zona de Refugio para ballenas y ballenatos Complejo Lagunar Ojo de Liebre, que comprende la Laguna del mismo nombre, así como las lagunas denominadas Manuela y Guerrero Negro, pasando esta zona a ser la Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre.

El 2 de febrero de 2004, si incluyó a la Laguna Ojo de Liebre como sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). En la ficha Informativa de Ojo de Liebre se menciona que además de proteger a la ballena se tienen otras especies de mamíferos marinos que encuentran refugio en sus aguas, como lo son el lobo marino ( Zalophus californianus) y el delfín ( Delphinus delphis), ambas especies con estatus de protección especial según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010. A su vez destaca por su importancia la presencia de la tortuga prieta o tortuga verde ( Chelonia mydas) que está en categoría de peligro de extinción según la citada norma y que utiliza a esta laguna como sitio de alimentación.

En cuanto a las aves, se tiene la presencia del ganso de collar ( Branta bernicla), cuya subespecie nigricans se encuentra amenazada en México y en las aguas del complejo lagunar el 25 por ciento de su población inverna, junto con otras especies, como pelicanos grises, blancos, águilas pescadoras, y en general se llegan a encontrar más de 270,000 aves playeras de distintas especies. Siendo que en el 2009 la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras (RHRAP), designa al Complejo Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro como Sitio de Importancia Internacional RHRAP.

En términos generales, son alrededor de 20 especies en peligro de extinción, entre ellas cuatro especies de tortugas marinas: laúd, la tortuga verde, tortuga carey, y golfina, las que encuentran refugio en sus aguas, por lo que no es de extrañar que el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela cuente con los instrumentos jurídicos para su protección descritos en párrafos anteriores.

En cuanto a las actividades económicas que se llevan a cabo en el sistema lagunar se tienen las relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de la pesca y la extracción de la sal, sobre esta última actividad se puede decir que es de gran importancia para la región y para todo nuestro país.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Sectorizada a la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería. En la estructura de su capital social, participa con el 51% de las acciones el Gobierno Mexicano a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49% restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation.

ESSA es de las salineras más grande del mundo, con volúmenes de producción por encima de 8 millones de toneladas anuales y sus propias instalaciones en Isla de Cedros para la carga de embarcaciones, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180,000 toneladas.

El proceso por medio del cual se obtiene la sal consiste en bombear agua de mar a lagunas de evaporación donde el contenido de sales se concentra, para posteriormente pasar a otra serie de vasos denominados cristalizadores, la sal precipita, principalmente como cloruro de sodio con una pureza del 99.70 por ciento y es cosechada como sal de alta calidad. Como parte del manejo que se realiza para obtener sal de buena calidad, la fracción líquida remanente (salmuera residual), se desecha de los vasos de cristalización a una concentración de 29° Bé (29 grados Baumé, equivalentes aproximadamente a 290 gramos de sales totales por kilogramo de salmuera, es decir, 29 por ciento de sales en solución).

Dados los niveles de producción de sal en Guerrero Negro, los diques en los que se deposita la salmuera residual están al límite de su capacidad y la superficie que ocupan sobrepasa las 4,000 hectáreas, en la que están depositadas cuando menos trecientos millones de toneladas de salmuera residual (Cloruro de magnesio -MgCl2- más otros componentes) más los fondos sólidos asentados en los vasos de almacenamiento de forma líquida y a estos habrá que agregar entre 10 a 17 millones de toneladas al año.

Como la producción de esta salmuera residual es inevitable, se obtienen anualmente cuando menos 10 millones de toneladas de la misma, lo que crea un serio problema ambiental o un área de oportunidad para allegar una cantidad importante de recursos económicos para la empresa y para el estado mexicano.

Esta oportunidad económica se da debido a que la salmuera residual contiene altas concentraciones de MgCl2,compuesto mineral con múltiples usos para la industria, entre estos se tiene que se utiliza en la fabricación de productos textiles, papel, agentes ignífugos, cemento y en la refrigeración.

De hecho, en el año 2013, la empresa Packsys, SA de CV, mostro interés en adquirir toda la salmuera residual, más la que se fuera produciendo como resultado de las operaciones de ESSA, situación que se formalizó por medio de un contrato de compraventa y suministro de exclusividad entre las dos empresas, firmado el día 3 de enero de 2014.

En dicho contrato ESSA se compromete a venderle a Packsys esta salmuera y la que se vaya produciendo, fijándose un precio de venta por tonelada de 4.00 dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, cuando el producto (salmuera) sea entregado a pie de vaso y de 6.50 dólares si la salmuera se entrega en un lugar que el mismo contrato señala.

Es decir, lo que se consideraba un residuo, resultó tener valor comercial y de hecho hay quién está dispuesto a pagar por él, por lo que se volvió un activo de ESSA que debiera estar incluido contablemente como parte de su patrimonio, simplemente, de la salmuera acumulada la empresa podría obtener cuando menos 1,200, millones de dólares y de la que se acumula anualmente 40 millones de dólares.

Con el cambio en la dirección de ESSA, esta empresa dejó de cumplir varios de los compromisos contraídos por su administración anterior, algunos de estos la favorecían en cuanto al precio de venta de su sal y en el caso que nos ocupa se negó a entregar la salmuera a Packsys, lo que ha ocasionado que ESSA enfrente demandas judiciales por parte de los afectados.

En lugar de vender la salmuera residual, de forma irracional ESSA pretende regresarla al complejo lagunar, gastando fuertes sumas de dinero para esto, lo cual resulta inexplicable, máxime cuando la empresa ha reconocido que es posible venderla. Por medio de la respuesta a la solicitud de información No. 1010100026716, sobre la pregunta expresa del por qué ESSA en lugar de tirar la salmuera que anualmente se produzca, la vende, esta empresa reconoció que el venderla era una opción para deshacerse del residuo en comento.

Con respecto a la parte económica de esta situación irracional, en que una empresa de la cual el estado mexicano es el mayor accionista pretende destruir un activo y además gastar fuertes sumas de dinero para esto, la diputada Norma Rocío Nahle García, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, misma que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de noviembre 2016.

Para la presente proposición lo que deseamos resaltar es el peligro ambiental en que se pondría al Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, de concretarse la disposición final de la salmuera residual en sus aguas.

Los vertimientos de salmuera en el agua de las lagunas, en este caso, Guerrero Negro, puede ocasionar alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de las aguas, como son; afectaciones en la salinidad; en la proporción de los iones principales y alteraciones asociadas a los cambios de salinidad que se reflejan con cambios en la densidad y en la capacidad de retención del oxígeno disuelto, entre otras.

Los efectos que a la vida marina puede generar la salmuera no son de poca importancia, los impactos biológicos potenciales se asocia principalmente a los cambios osmóticos severos a los que se verían expuestos los organismos por una exposición directa y prolongada con este residuo y a los impactos adicionales en su fisiología producto del desbalance iónico de los compuestos principales en la mezcla resultante (agua salmuera); particularmente en el ion magnesio. Otros impactos no toxicológicos se asocian a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que caracterizan a este residuo.

Si bien ESSA argumenta que la disposición final de la salmuera en Guerreo Negro será controlada y en la manifestación de impacto ambiental se desprende que el proyecto consiste en diluir de 100:1 la salmuera residual en estado líquido que genera el proceso de producción de sal industrial por el proceso de evaporación de agua de mar. Para lograr lo anterior, se requiere instalar la infraestructura (estaciones de bombeo fijas y portátiles, canales, diques, vaso regulador, tendido de tuberías de alta densidad, sistema de descarga, difusores, etc.) para transferir la salmuera residual del proceso de producción de sal industrial desde las áreas de almacenamiento hasta el puerto Venustiano Carranza B.C. en Laguna Guerrero Negro. En este sitio se establecerá un vaso regulador y un sistema de difusión para reincorporar al mar la salmuera de manera controlada y segura para la vida marina.

Ante esto hay que reflexionar que siempre existirá el peligro de un accidente que dañe severamente el valioso ecosistema que representa el sistema lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, siempre estará presente, ante desperfectos, accidentes o alguna eventualidad en el sistema de desecho que aumente significativamente la salinidad del agua de la laguna, el daño ambiental y la afectación a las especies protegidas puede ser muy severo, como se ha podido constatar por los derrames accidentales de salmuera que acontecieron a finales del siglo pasado, mismos que ocasionaron la mortandad de tortugas marinas, peces y otros organismos.

Por ejemplo, la muerte de los quelonios en 1997 fue investigada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y dio origen al informe técnico “Mortandad de tortugas marinas en la Laguna Ojo de Liebre B.C.S.”, fechado en 1998. En el referido informe se da cuenta de los estragos al ambiente y las especies que lo habitan.

Del análisis realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después del derrame accidental a la salmuera residual sabemos que contiene altos valores en las concentraciones de varios elementos minerales, entre estos se tienen floruros, magnesio, mercurio, plomo, arsénico, potasio y sodio, que impactaron la salud de diversos organismos en contacto con la salmuera, lo que confirma que estas aguas de mar hipersalinas resultan de alto riesgo para la vida acuática.

En las muestras tomadas en el agua de la laguna después del derrame de la salmuera se constató que los dinoflagelados habían desaparecido, lo cual no es de poca importancia. Los dinoflagelados después de las diatomeas son considerados como el grupo más abundante y diverso de microalgas del fitoplancton, la talla de estos organismos va de 5µm hasta 2mm y en ocasiones desarrollan estructuras anexas como aletas, cuernos o espinas. Pueden producir su propio alimento, mediante la fotosíntesis, aprovechando para ello la energía solar y algunos compuestos inorgánicos, aunque algunas especies se alimentan de otros organismos y la mayoría tiene la capacidad de combinar ambos mecanismos de nutrición. Por lo mismo, como parte del fitoplancton, son la base de la cadena alimenticia de moluscos filtradores, como ostiones y almejas, peces herbívoros, larvas de peces, crustáceos. De lo anterior se infiere que el “accidente” con la salmuera afectó toda la trama trófica de la mencionada laguna.

Además, organismos más complejos como los peces no salieron mejor librados, especies como la lisa desaparecieron de la zona afectada, siendo que las disecciones efectuadas mostraron lesiones causadas por un choque osmótico, ocasionando daño profundo en branquias que impidieron la oxigenación y en general el colapso de los órganos internos que generaron fuertes hemorragias.

En cuanto a las tortugas, la conclusión del informe fue la siguiente: “Un derrame o aporte puntual con elevada concentración salina y otros minerales provoco un choque osmótico o variación en la osmolalidad del agua de mar fue la causa de la mortandad de 94 tortugas marinas ( Chelonia mydas agasizzi según científicos extranjeros, o Chelonia agasizzi según científicos mexicanos) registrada a finales del mes de diciembre de 1997 en la laguna “Ojo de Liebre”, BCS.”

ESSA pretende restarle importancia a su pretensión de poner en peligro el complejo lagunar, al decir que las descargas serán solo en la Laguna de Guerrero Negro, más precisamente en Puerto Venustiano Carranza, pero, como su nombre lo indica el Sistema o Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, es precisamente eso, un sistema, las tres lagunas forman un todo, son una unidad, lo que pasa en una afecta a las demás, como lo dejó en claro el “Decreto por el que se modifica el diverso de 6 de diciembre de 1971, declarándose como zona de refugio para ballenas y ballenatos las aguas del complejo Laguna Ojo de Liebre, ubicados en Baja California Sur.” Publicado en el Diario Oficial Federación del 28 de marzo de 1980, cuando en este documento se afirma: “Que el complejo lagunar que geográficamente se conoce como Laguna Ojo de Liebre, comprende las Lagunas de Guerrero Negro y Manuela.... el Decreto mencionado en el considerando primero (haciendo referencia al decreto de 1972 por el que se declarada la Laguna Ojo de Liebre como zona de refugio para ballenas y ballenatos), no se hace referencia a las Lagunas Guerrero Negro y Manuela, lo cual ha dado lugar a confusiones que han ocasionado diversos problemas, ya que siendo una unidad, se dan las mismas condiciones en las lagunas que forman el complejo.”

De igual forma en el programa de manejo Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre podemos leer: “La Reserva de la Biosfera está constituida por las lagunas: Guerrero Negro y parte de Manuela, que en conjunto con la Laguna Ojo de Liebre conforman un complejo lagunar que se interrelaciona a través de la Bahía Vizcaíno, conectadas mediante un canal de mareas, si bien este canal es de poca profundidad permite la comunicación de ballenas y embarcaciones.”

Por otra parte, otra de las preguntas referentes a la salmuera residual que se le hicieron a ESSA por medio de la solicitud de información número 1010100026716 fue la siguiente; “¿Tiene permiso para tirar 17 millones de toneladas anuales?”, a lo que la empresa respondió: “Si, otorgado por Semarnat, mediante oficio número S.G.P.A.DGIRA.DIA-0977/03, fechado 22 de mayo de 2003, y prorrogado hasta junio del 2018, mediante oficio número DGPA/DGIRA/ DG/03360, del 16 de mayo de 2016”

Es decir, ESSA obtuvo un permiso para desechar en el complejo lagunar conforme a la normatividad vigente de 2003, consiguiendo una prorroga en el 2016, pero, en el año de 2016 la autoridad facultada para autorizar el desechar la salmuera residual en alguna laguna costera es la Secretaría de Marina (SEMAR), esto por efectos de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), publicada en el DOF del día 17 de enero de 2014. La LVZMM en su artículo 1 establece su el objetivo bajo el siguiente texto:

“Artículo 1. La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.”

En su artículo 2. define lo que es un desecho y cuáles son las zonas marinas mexicanas, en cuanto a la definición de desecho tenemos que:

“I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;”

Y en lo referente a las zonas marinas mexicanas tenemos que se definen como:

“XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.”

Por su parte la Ley Federal del Mar (LFM) en su artículo 3o. menciona cuales son las zonas en comento:

“Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:

a) El Mar Territorial

b) Las Aguas Marinas Interiores ...”

La LFM especifica en su artículo 36. “Son aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la presente Ley y que incluyen:

...

V. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.”

Entonces, queda más que claro que el Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela es una zona marina tutelada por la LVZMM.

En cuanto en qué casos se puede hablar de vertimiento, la LVZMM señala lo siguiente:

“Artículo 3. Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

...

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura, y...”

Para el caso que nos ocupa, ESSA cae es los supuestos de la fracción I del artículo 3., pero también en la fracción VI, ya que para la eliminación de la salmuera residual como desecho pretende colocar en el lecho de la laguna marina estructuras consistente cuando menos en difusores y tuberías.

En cuanto al permiso para el vertimiento, la LVZMM señala en su artículo 5 que es la Semar la autoridad en materia de vertimientos con las facultades de “Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias... Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;”.

Regresando al hecho de que la salmuera residual tiene utilidad, tiene un precio, puede ser vendida por ESSA y esto como la misma empresa ha declarado es una opción alterna a su disposición final en la Laguna Guerrero Negro. Este hecho por sí mismo imposibilita su disposición final en dicha laguna o cualquier otra zona marina mexicana, ya que la LVZMM señala en su artículo 11. lo siguiente:

“Artículo 11. El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias... deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas...”

La misma ley en su artículo 12., primer párrafo, obliga a Semar a negar el permiso cuando existe otras opciones para el supuesto desecho:

“Artículo 12. No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.”

En otro orden de ideas, vemos que ESSA no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo y por efectos de la ley en la materia, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo.

El pedirle a ESSA que cumpla con lo establecido en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no es violentar su derecho en cuanto a la irretroactividad de una ley, es decir, extender la norma vigente desde el 2014 sobre hechos pasados.

Al respecto cabe tomar en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la tesis histórica “Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”, misma que a continuación transcribimos:

“Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma [tesis histórica].

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Para el caso que nos ocupa ni ESSA dispuso de la salmuera residual cuando no existía la LVZMM, la Semarnat le dio la prorroga cuando ya estaba vigente la LVZMM y lo más importante, al momento no ha ejecutado los actos o supuestos que le fueron autorizados por la Semarnat, entonces, aquí cabe la parte de la tesis citada que a la letra dice:

“...en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Y por lo mismo ESSA no puede sin violar la LVZMM desechar su salmera residual como lo pretende hacer.

De todo lo anterior reiteramos, no se comprende el por qué la necedad de querer hacer la disposición final de la salmuera residual en las aguas del sistema lagunar, a costa de grandes gastos en infraestructura y operación, poniendo en peligro a uno de los ecosistemas de mayor relevancia que tenemos, contraviniendo la normatividad vigente, cuando esta salmuera realmente se ha convertido en un activo de la empresa, con un alto valor económico.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus facultades otorgada por la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y demás ordenamientos aplicables, impida la evacuación, eliminación, introducción o liberación en el Complejo Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, o en cualquier otra parte de las zonas marinas mexicanas, de la salmuera residual resultante de la producción de sal (cloruro de sodio) que efectúa la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, por sus potenciales efectos nocivos para el ambiente, por existir otras alternativas viables de reutilización y por lo mismo, su disposición final en aguas del Complejo Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, sería en contravención de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Notas

1 Artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. (Diario Oficial de la Federación del día 23 de enero de 1984).

2 UNESCO, SEMARNAT y CONANP. “Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, Bien de Patrimonio Mundial Natural, disponible en:

http://designacionesunesco.conanp.gob.mx/vizcaino.php

3 100 partes de agua de mar por 1 de salmuera residual.

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 7, Pleno, tesis P./J. 87/97; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 8.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 347, Pleno, tesis 294.

Nota: Histórica en virtud de que fue modificada por la tesis P./J. 123/2001, de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García.»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

PLAN PARA ENFRENTAR LA AMENAZA DE IMPONER MEDIDAS PROTECCIONISTAS POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A PRODUCTOS DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SE a difundir un informe pormenorizado sobre el estado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y presentar un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por Estados Unidos de América a productos de México, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante su campaña Donald Trump, dijo que evaluaría continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que es uno de los peores que ha firmado Estados Unidos (EU). El presidente electo de Estados Unidos, en consecuencia, iniciará un proceso de reforma al TLCAN desde el primer día de su gobierno, el próximo 20 de enero de 2017.

De acuerdo con un documento de su equipo de transición, la política comercial de Trump durante sus primeros 200 días de administración, incluye la renegociación o salida del acuerdo comercial de la región.

El documento fija tres plazos para resolver qué ocurrirá con los tratados comerciales. En el día 1 comenzará la renegociación del TLCAN, lo cual será avisado a México y Canadá, para lo que se realizará un estudio que evalúe los efectos que tendría para la sociedad estadounidense.

En el día 100, el gobierno de Trump seguirá con las negociaciones del tratado y revisará las condiciones de comercio de China. En el día 200 se tendría un panorama más detallado de si EU deja o se mantiene dentro del TLCAN, o busca tener solo acuerdos bilaterales con México y Canadá.

El plan propone cinco puntos que desarrollará durante los primeros 200 días de su gobierno: la primera es la renegociación o abandono del TLCAN; en segundo lugar detener el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), que se mantenía en un estatus de negociación con la Unión Europea, y Trump también rechaza.

Como tercer y cuarto punto es detener las importaciones injustas y el comercio inequitativo; como quinto punto está devolver los trabajos manufactureros y disminuir las regulaciones impositivas a negocios.

El planteamiento del presidente electo destaca que puede haber consecuencias negativas si se sale del acuerdo comercial trilateral, pero señala que se mitigarían si Estados Unidos consigue tratados bilaterales con esos países.

Según el mismo proyecto, el representante de Comercio de Estados Unidos notificaría a México y Canadá que tiene la intención de proponer algunas enmiendas al TLCAN, que podrían incluir medidas sobre la manipulación monetaria, el etiquetado del país de origen y las normas ambientales y de seguridad.

Recientemente, y en referencia específicamente para el sector automotriz, el presidente electo de Estados Unidos agradeció a la empresa Ford su decisión de dar marcha atrás a un plan para construir una planta en San Luis Potosí, y llevar esa inversión a territorio estadounidense creando 700 empleos para la población de ese país.

En abril de 2015, Ford había anunciado una inversión de 2 mil 500 millones de dólares (mdd) para ampliar sus operaciones en México. Dicha empresa destinaría 1 mil 300 millones de dólares en la ampliación de su fábrica de motores en el estado de Chihuahua, en la que espera producir dos nuevos tipos de equipos diésel. Los mil 200 millones de dólares restantes serían para instalar una planta de transmisiones en Guanajuato, en alianza con la alemana Getrag.

En tanto, Fiat Chrysler señaló que invertiría mil millones de dólares y que crearía 2 mil empleos en plantas en los estados de Ohio y Michigan, para construir nuevos vehículos SUV y camionetas. Ambas compañías dijeron que los nuevos planes responden meramente a razones de negocios, no a la presión de Trump.

El presidente electo de Estados Unidos, ha mencionado que las compañías en el sector automotor (un sector tan tradicional como importante todavía para el desarrollo económico de ese país) y otras industrias no están haciendo lo suficiente para crear empleos en ese país.

No obstante, la automotriz General Motors (GM) fabricará su nuevo vehículo tipo SUV modelo Terrain en México, además de que mantendrá la producción del compacto Chevy Cruze en sus instalaciones en el país, pese a las amenazas del presidente electo Donald Trump.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, rechazó que GM considerara transferir su producción de autos pequeños de México a Estados Unidos debido a que los proyectos de manufactura de un vehículo no pueden ser revertidos fácilmente.

Por su parte, pese a las advertencias de Donald Trump de imponer altos impuestos a los vehículos que se importen desde México, las automotrices alemanas aseguraron que continuarán con sus planes.

Recientemente Donald Trump señaló que Toyota construirá una nueva planta en Baja (California); sin embargo la nueva fábrica de la automotriz que construye en México para armar el Corolla está en Guanajuato.

La edificación de esta planta inició apenas en noviembre pasado, y contempla una inversión de 1 mil millones de dólares. Se prevé que inicie operaciones en 2019 y genere 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos.

Según especialistas el TLCAN tiene 20 capítulos, y en todos EU tiene intereses importantes para sus exportadores e inversionistas, cualquier afectación a estos intereses es contraproducente para EU. No obstante, la postura proteccionista de Donald Trump ha generado preocupación en diversos sectores.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Economía, para que hagan público un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el estado actual que guarda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, se presente un plan para enfrentar la amenaza de imponer medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos de América a productos de México, como del sector automotor.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Banco de Comercio Exterior y a Nacional Financiera para que en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan publica la estrategia de financiamiento en caso de modificarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para los apoyos a la industria.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputados: María Cristina Teresa García Bravo, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

MANTENER Y VIGILAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE COMPONEN LA CANASTA BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la Profeco a diseñar e implantar políticas encaminadas a mantener y vigilar los precios de los productos de la canasta básica, suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La canasta básica se define como un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas mediante uso de su ingreso.

Muchos mexicanos carecen de ingresos para adquirir bienes y alimentos necesarios, resultando inalcanzable la canasta básica, en 2014, el porcentaje de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, es decir, para comprar la canasta alimentaria alcanzó 24.6 millones de personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval señal que la canasta básica debe cumplir tres objetivos: 1) contener aquellos productos representativos de los hábitos de consumo de la población, 2) cuya ingesta permita alcanzar el valor requerido de energía, y 3) debe incluir todos los grupos de alimentos desde frutas hasta alimentos de origen animal. A partir del 1 de enero de 2016 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) estableció el salario mínimo en 73.04 pesos diarios, con esta cantidad apena alcanza para comprar 83 por ciento de la canasta básica.

En 2015 existe una población trabajadora que gana hasta dos salarios mínimos, equivalente a 4 mil 206 pesos mensuales, así 39 de cada cien mexicanos se encuentran en dicha condición.

En total son 19 millones 725 mil trabajadores del país con tal nivel de percepciones y que pueden ser formales o informales, de acuerdo con la encuesta más detallada sobre ocupación y empleo que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que abarca hasta el tercer trimestre de 2015.

El salario mínimo vigente resulta ínfimo por sí mismo, no alcanza a cubrir la llamada Canasta Obrera Indispensable (COI) o la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), parámetros que se usan para conocer el nivel de vida de los trabajadores. Con el paso de las décadas ha existido una pérdida de compra de 83.62 por ciento lo que le permite sólo adquirir el 15 por ciento de la COI. Lo que expresa claramente que el poder adquisitivo ha disminuido con el tiempo y sigue esa tendencia, acumulando una pérdida de compra de 83.62 por ciento a lo largo de los años.

“La Canasta Obrera Indispensable (COI) representa el precio de una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia obrera de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a, canasta integrada por 35 bienes y servicios (27 alimentos, 3 productos de aseo personal y el hogar, transporte (metro, metrobús o microbús), energía eléctrica, gas y agua. No incluye otros gastos, como renta de vivienda, vestido y calzado, educación, salud, diversiones. En relación a la CAR (canasta recomendable-modelo-ideal) es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un(a) joven, un(a) niñ@. Para su contenido, estructura y ponderación para consumo diario, se consideraron aspectos nutricionales, dieta, de tradición, hábitos culturales. Está conformada por 40 alimentos, su precio no incluye gastos en su preparación. El CAM realiza un seguimiento de su precio desde hace más de 15 años. Es importante recordar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos en pago de renta de vivienda, transporte, vestido calzado, etcétera.

En 2015 el precio de la CAR se incrementó a 205.90 pesos y el salario mínimo diario de 70.10, ya únicamente se podía adquirir 34.05 por ciento de la CAR.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a mantener y vigilar los precios de los productos que componen la canasta básica.

Nota

1 http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122-mexico-se-agudiza-la-s uperexplotacion-del-trabajo-continua-la-perdida-del-poder-adquisitivo-del-salar io-de-9-65-con-pena-nieto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE MODIFICAN LA LEY PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN POR PARTICULARES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al dictamen de las iniciativas que modifican la Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición por Particulares presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de abril de 2015 fue aprobada por el pleno del Senado de la República modificación del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobada por ésta el jueves 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el proceso de aprobación del Constituyente Permanente.

Finalmentefue publicada el miércoles 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece en el artículo segundo transitorio:

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Segunda. Actualmente, en la Cámara de Diputados se encuentran presentadas las siguientes iniciativas sobre el tema:

1. Con fecha 29 de septiembre de 2015 fue presentado ante el pleno de esa Cámara del Congreso de la Unión un proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura.

En dicha iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para análisis, discusión y dictamen el mismo día y año.

2. Con fecha 9 de diciembre de 2015 se presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas por los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual fue turnada igualmente para su estudio a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República están presentadas al menos las siguientes iniciativas sobre la misma materia:

1. El 13 de febrero de 2014, la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa de Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

2. El 19 de noviembre de 2014, el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas.

3. El 9 de diciembre de 2014, la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó iniciativa por el que se reforman los artículos 215-A y 215-B del Código Penal Federal y se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de desaparición forzada de personas.

4. El 3 de septiembre de 2016 fue entregada a diversas senadoras y senadores iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada de por parte de las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, respaldada por 274 organizaciones, que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos. Esta iniciativa fue presentada formalmente ante el pleno el 17 de septiembre de 2015.

5. El 10 de diciembre de 2015 el Ejecutivo federal presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.

Asimismo, la sociedad civil, a través de los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, la cual aglutina a organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, organizaciones populares y sociedad civil, han presentado iniciativa que expide una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares, ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el 6 de septiembre de 2016 ante la de Diputados y el 14 del mismo mes y año ante la de Senadores.

Tercera.El tema de desaparición forzada de personas ha cobrado especial importancia en nuestro país dada la enorme cantidad de personas desparecidas según datos oficiales. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa.

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que integra los datos de personas “no localizadas” 28 mil 937hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, se encuentran desaparecidos por todas las entidades del país, cifra que denota la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota al país. Esto debe y puede ser detenido mediante una acción concertada y cohesionada del estado mexicano. El baño de sangre debe parar.

Por ello hacemos hincapié en las obligaciones que tiene el Estado mexicano en regular el delito de desaparición forzada. Como antecedentes de ello exponemos lo siguiente:

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18 de marzo de 2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9 de abril de 2002).

Que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.

Que el 4 de mayo de 2012 se suscribió una solución amistosa con el Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.

Que el 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Que del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad.

Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de 2016, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, el Estado mexicano debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

Aunado a lo anterior, en el marco de la comparecencia ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas en febrero de 2015, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la legislación “es un reto inmediato. Primero tenemos que lograr esa reforma constitucional y después la ley antes de que termine esta legislatura”. Calculó que el proceso para la nueva legislación podría terminar en junio de ese año (Excélsior. “La ley contra las desapariciones forzadas, en junio”, 4 febrerode2015,

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source =web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFg g4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F02%2F04%2F1 006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w).

Cuarta. Conforme a lo anterior, considerando que el plazo otorgado por el Constituyente Permanente para que el Congreso de la Unión se legisle en la materia venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión, en la LXIII Legislatura incumpla el mandato constitucional.

Es decir, el plazo establecido en el mandato constitucional establecido en el artículo referido a fenecido en exceso, sin que a un año de distancia ninguna de las Cámaras haya dictaminado las diversas iniciativas que de manera formal se encuentran presentadas ante ellas, lo cual constituye una omisión legislativa,la cual implicaincluso responsabilidad del Estado mexicano en general y para el Poder Legislativo en particular.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...

Es decir, conforme a lo dispuesto por la disposición constitucional se encuentra establecida la obligación de“todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En consecuencia, el Congreso de la Unión, en tanto que encarna una autoridad del Estado mexicano, se encuentra obligado a“ promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, lo que para el caso concreto implica expedir una legislación general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Así,la responsabilidad del Estado por los hechos, acciones u omisiones imputables al Poder Legislativo está implícitamente contemplado en el precepto constitucional, y en consecuencia la omisión legislativa resulta un acto abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del estado constitucional de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la no discriminación, igualdad jurídica, el acceso a la justicia y la supremacía de la Constitución.

Afrontar la grave crisis humanitaria que padece nuestro país es una deuda que el Estado mexicano mantiene con todas las víctimas sus familias en particular y con toda la sociedad en general.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EMPRENDAN DIVERSAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE LA PIROTECNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, el SAT, la Segob, la Sedena, la Ssa y la SE a emprender con las entidades federativas, los ayuntamientos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México acciones relacionadas con la industria pirotécnica, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Servicio de Administración Tributaria, a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional , de Salud y de Economía, para que, en coordinación con las entidades federativas, los ayuntamientos del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, emprendan diversas acciones relacionadas con la industria nacional de la pirotecnia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de diciembre de 2016, alrededor de las 14:50 horas, ocurrió una desafortunada explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito, ubicado en el municipio de Tultepec, estado de México, la cual dejó un saldo de treinta y seis personas fallecidas y alrededor de una treintena de heridos, en un momento en que muchos clientes se surtían de fuegos artificiales para acompañar sus festejos en ocasión de la temporada navideña.

Fue tal la magnitud del estallido, que la vibración provocada por la explosión se sintió en los municipios vecinos de Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, desde donde se veía una gigantesca columna de humo, y cuyo fuego no fue controlado sino hacia las 17 horas, terminando por desaparecer prácticamente los 300 locales comerciales de dicho tianguis.

Para atender el suceso, fueron desplegados en la zona 450 policías estatales, 250 municipales y 50 federales, además de 180 militares que aplicaron el Plan DN-III.

La Procuraduría General de la República informó que en total ocurrieron seis explosiones y por ello abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lamentablemente, no es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza, puesto que otras tragedias similares ya habían ocurrido en este mismo lugar en 1998, 2005 y 2006, aunque también existen registros que en ciudades como Celaya, Veracruz, México y Tlaxcala han tenido verificativo esta clase de desgracias, las cuales cobran casi siempre víctimas mortales, muchos de ellos menores de edad. Incluso, el mismo día de los hechos motivo de la presente proposición, en el estado de Hidalgo también ocurrió otro estallido.

Tras las explosiones en el mercado de San Pablito, subsiste en la opinión pública un ambiente de cierta proclividad a sugerir mayores restricciones a las actividades relacionadas con la pirotecnia en el país, llegándose incluso a sugerir su total prohibición o la necesidad de dejar de reconstruir el mercado devastado.

Tales sugerencias, aunque respetables y atendibles, dejan de lado dos aspectos fundamentales que no pueden en nuestra respetuosa consideración obviarse: 1) el arraigo que tienen los fuegos artificiales en las festividades cívicas y religiosas de nuestro país; y, 2) la importancia que tiene esta actividad para la subsistencia de miles de personas, ello aunado al hecho de que una prohibición seguramente acarrearía un comercio clandestino de artificios pirotécnicos difícil de controlar por las autoridades competentes.

La pirotecnia es milenaria y su presencia en México data desde la Nueva España, habiéndose ligado ésta a festividades lúdicas y religiosas, siendo el sustento en la actualidad de cuando menos 5 mil familias. Constituye una actividad artesanal e industrial lícita y regulada, pero riesgosa, que exige la aplicación de severas medidas ambientales y de seguridad. La pirotecnia es actividad digna que debe apoyarse con mejor vigilancia, capacitación y seguridad industrial, sin clandestinidad ni extorsión.

De hecho, para la celebración de numerosas festividades como la Independencia Nacional o la conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe, resultan impensables para muchas personas sin el estallido de fuegos de artificio.

De acuerdo con algunos especialistas, en México hay 2 mil 400 permisos para producir o vender pirotecnia, de los cuales 544 se concedieron a habitantes de Tultepec, siendo San Pablito el sitio de venta legal de material pirotécnico más grande del país, donde existen los implementos más modernos y sofisticados para la fabricación de los fuegos artificiales.

La fabricación anual de pirotecnia -80 por ciento desde Tultepec- posiciona a México como el principal productor en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil y entre los cinco países más importantes del mundo junto con China, España y Perú, lo cual no se ha traducido en la exportación de tales bienes y el posicionamiento de dicha actividad, situación que resulta incomprensible dada la ventaja comparativa que significa nuestra vecindad con los Estados Unidos de América, un mercado potencial lleno de oportunidades al cual no se ha accedido adecuadamente.

Más allá de cualquier pretensión en el sentido de establecer un mejor marco regulatorio a la pirotecnia nacional, lo cierto es que resulta indispensable aprender de estos lamentables acontecimientos y promover la adopción de medidas destinadas a mejorar la infraestructura existente, capacitar a los productores y distribuidores, vigilar adecuadamente esta actividad y prevenir la importación ilegal de fuegos artificiales, medidas que en su conjunto se traducirán en menos accidentes y menos víctimas fatales o heridos de gravedad, sobre todo entre aquellos niños que se divierten con la quema de cohetes sin la vigilancia de adultos responsables.

Asimismo, es necesario promover la certificación de todos los involucrados en la cadena comercial, así como establecer políticas dirigidas a incorporarlos a la formalidad, esto con miras a modernizar esta actividad y así fomentar la exportación de nuestros productos, aprovechando, como ya mencionamos, nuestra cercanía con los Estados Unidos y el talento de nuestros productores, cuyas creaciones se cuentan entre las mejores del mundo.

En este sentido, hay quienes proponen la adopción de las siguientes medidas, las cuales nos parecen sumamente sensatas:

• Proscribir de manera definitiva la venta de artificios en puestos ambulantes;

• Mejorar la construcción de bodegas y expendios;

• Ofrecer capacitación para la fabricación, embalaje, transporte y venta de pirotecnia;

• Prohibir la presencia de menores de edad en los talleres y mercados;

• Incentivar el manejo correcto de inventarios;

• Hacer efectivas las restricciones contenidas en los reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, a efecto de que la quema de pirotecnia se realice de forma segura y sin atentar contra el orden público;

• Promover la autorregulación, a fin de que las reglas se cumplan en cada puesto, sin necesidad de la presencia de la autoridad, y

• Fortalecer la inspección para que se monitoree el correcto y legal funcionamiento y operación de la pirotecnia.

Es cierto que existen numerosas actividades en nuestro país que se desarrollan de manera contraria a lo previsto en la ley, pero pocas resultan tan peligrosas ni con tantas posibilidades de crecimiento como la pirotecnia, por lo que se vuelve necesario dejar de ver a ésta como un problema y empezar a percibirla como una oportunidad para miles de familias que ponen su creatividad al servicio del entretenimiento y la convivencia social.

Derivado de lo anterior, y atendiendo al contenido de los artículos 27, fracción XXXII, 29, fracciones XVI y XVII, y 39, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con los artículos 2 y 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, creemos que es necesario educar al público consumidor sobre los riesgos que implica el uso de fuegos artificiales, por lo que proponemos se exhorte a las secretarías de Gobernación , de la Defensa Nacional y Salud, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realicen campañas educativas permanentes que induzcan a fomentar la responsabilidad o a reducir la posesión, la portación y el uso de materiales pirotécnicos, esto en el marco de los sistemas nacionales de Salud y Protección Civil, pues estas dos últimas materias constituyen facultades concurrentes que involucran a los tres niveles de gobierno.

Asimismo y de conformidad con el artículo 34, fracciones I, II, IV, X Bis, XV, XXII, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y atendiendo a las posibilidades de crecimiento de la pirotecnia y a la necesidad de que ésta se desarrolle de manera segura y ordenada, se propone a la Secretaría de Economía la adopción de todas aquellas acciones que resulten de utilidad para fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de pirotecnia, procurando la organización de los productores, su inclusión en la formalidad, el establecimiento de empresas y cooperativas, la certificación a los productores, la complementación y mejora de normas oficiales mexicanas en la materia, la capacitación y la generación de habilidades destinadas al emprendimiento y la innovación, así como para que se comprenda el desarrollo de los mercados y la obtención de créditos para insertarse en ellos de manera exitosa.

También se propone se exhorte al Servicio de Administración Tributaria el reforzamiento de las medidas destinadas a prevenir y sancionar el contrabando de pirotecnia, toda vez que el contrabando de artificios pirotécnicos, además de ilegal, pone en riesgo a los productores nacionales y significa un peligro para la salud de las personas, ya que se carece de controles de calidad sobre tales productos.

Finalmente, se propone que esta Soberanía exhorte a la Procuraduría General de la República a fin de que concluya a la mayor brevedad posible la averiguación de los hechos suscitados en el mercado de San Pablito y, en caso de ser procedente, ponga a disposición de las autoridades judiciales a los autores de tales hechos, proveyendo en todo momento de la asistencia jurídica a las víctimas de tan lamentable suceso.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Salud a efecto de que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realicen campañas educativas permanentes que induzcan a reducir o a fomentar la responsabilidad en la posesión, portación y uso de materiales pirotécnicos, en el marco de los sistemas nacionales de Salud y Protección Civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo acciones dirigidas a fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de pirotecnia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a efecto de que refuerce todas aquellas medidas destinadas a prevenir y sancionar el contrabando de pirotecnia.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que concluya a la mayor brevedad posible la averiguación de los hechos suscitados en el mercado de San Pablito y, en caso de ser procedente, ponga a disposición de las autoridades judiciales a los autores de tales hechos, proveyendo en todo momento de la asistencia jurídica a las víctimas.

Notas

1 Con información del portal www.proceso.com.mx

2 http://jornada.unam.mx/2016/12/21/estados/031n1est

3 Revista Proceso, número 2095, 25 de diciembre de 2016, pág. 6.

4 Fernández-Castillo, Francisco, Ventaja Competitiva, “Caer 100 veces en la misma piedra”, periódico Reforma, 28 de diciembre de 2016, consultado en http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=10396 0

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

HOMOLOGAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL CON SUS CÓDIGOS PENALES LOCALES, EN MATERIA DE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales con el federal en cuanto a la tipificación del delito de feminicidio, suscrita por la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada de la LXIII de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se estima que entre 2007 y 2012, un promedio anual de 60 mil mujeres en el mundo fueron víctimas de homicidios, representa 16 por ciento de los homicidios intencionales.

Los hechos de violencia contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos y dan origen a obligaciones específicas de los estados de acuerdo con el derecho internacional. Los estados de América Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Son de particular relevancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En la última década los feminicidios en nuestro país se han incrementado alarmantemente. De la nada, un día comenzamos a mirar en los medios masivos de difusión a más y más mujeres desaparecidas primero, y luego encontrados sus cuerpos ya sin vida. Mujeres que han sido violentadas brutalmente.

Nuestro país ocupa uno de los diez primeros países a nivel mundial en feminicidios por armas de fuego. Es una de las 25 naciones que concentran la mitad de todos los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas a escala mundial.

La violencia que se ejerce día con día en contra de las mujeres y niñas, en todos los ámbitos, constituye una violación a sus derechos humanos. Y que tiene impacto en todos los ámbitos de su vida: social, salud, libertad, educación, desarrollo y su propia vida. Que finalmente se ve vulnerada cuando el delito es cometido.

El feminicidio comprendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el estado y sus agentes, por acción u omisión; ha despertado la alarma en diversos espacios de la comunidad internacional. A partir del fenómeno que hizo conocido en países de Centroamérica y México, un concepto originalmente de las ciencias sociales fue permeando en la opinión pública hasta llegar a los ordenamientos jurídicos.

El maltrato hacia la mujer en nuestro país es casi cultural. La mujer ha sido sometida durante décadas: en los hogares, en la sociedad, en el ámbito laboral, emocional y económicamente. Y también muchas mujeres han logrado impulsar e impulsarse ellas mismas y contagiarlo a otras mujeres. Estas mujeres son quienes desde sus puestos logran cambios en cuanto a la violencia y la cultura que existe.

Con la reforma al Código Penal Federal en el año 2012, se tipifica el feminicidio como delito autónomo.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Sin embargo no fue hasta el año 2007 en que en respuesta a la exigencia nacional e internacional se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vidal Libre de Violencia (LGAMVLV). Esta ley define por primera vez en México, en el ámbito normativo, la violencia feminicida y contempla como parte del proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. En un inicio a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo de la página oficial, no es posible acceder al link de acceso a información pública.

Además de la incorporación del delito en el Código Penal Federal, en el ámbito estatal 30 entidades federativas han incorporado en sus códigos penales el delito de feminicidio. Encontrándose pendiente de tipificar en los estados de Chihuahua y Nayarit.

Y es importante señalar que 16 entidades federativas cuentan con tipos penales homologados a la tipificación del delito federal de feminicidio como son: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En algunas de las entidades federativas es necesaria la homologación con el Código Penal Federal, ya que presentan inconsistencias que pueden llegar a impedir la correcta investigación y sanción del delito de feminicidio, como en los casos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Es imperante que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres; deben aplicar la NOM 046 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad. En la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia por parte de los servidores públicos, así como la re-victimización hacia las mujeres a través de acciones de muchos funcionarios que culpabilizan a las mujeres que van a denunciar a sus agresores.

Todas estas prácticas deben modificarse. Capacitar a los cuerpos ministeriales y darles a conocer las últimas actualizaciones legislativas tanto para la procuración de justicia como en tema de derechos humanos.

Cuando se habla de crímenes asociados al odio de género, no estamos hablando de un simple homicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres. Expresan situaciones contra las mujeres y niñas.

Lo preocupante es que los feminicidios en México siguen presentándose en su forma más cruel, brutal y dolorosa.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2005 a 2013, unas mil 767 mujeres han sido asesinadas en el estado de México, y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que entre el 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento y que 95 por ciento de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso: en varias entidades el asesinato de mujeres es de 15 veces más alto que el promedio mundial.

En seis años, más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, casi la mitad de ellas con armas de fuego. Lo anterior ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

De acuerdo al documento en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas. Y de acuerdo a éste mismo la opacidad es uno de los problemas. En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron mil 909 feminicidios en el país (ya comprobados y verificados). Nuestro país fue, entre el 2011 y el 2014 el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios.

El 20 de abril de este año fue publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014.

En el que señala que:

• En 2014 ocurrieron 2 mil 289 casos de feminicidios en México.

• Entre 1985 y 2014 son 47 mil 178 defunciones de mujeres presuntamente por homicidio.

Cabe hacer hincapié en que se carece de estadísticas oficiales reales, debido a que muchas de las denuncias presentadas por los familiares ni siquiera son perseguidas de origen por feminicidio, ya sea porque la víctima está desaparecida o porque sólo se persigue el delito de homicidio. De lo anterior es que no se pueda tener con certeza una cifra oficial.

Lo preocupante es que nuestra sociedad está acostumbrándose a vivir el día a día con los feminicidios. Niñas desaparecidas y luego encontradas muertas comienzan a tomar las primeras planas de periódicos internacionales. Pero, aún más allá de lo que nos deba preocupar la opinión pública internacional, es nuestro deber implementar acciones que verdaderamente auxilien, no sólo a la justicia o a los servidores públicos a castigar éste tipo de actos ilícitos, sino también dar a conocer a la sociedad en general, que nuestro país de ninguna manera seguirá permitiendo que sigan sucediendo este tipo de acciones en contra de las mujeres.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXIII Legislatura con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a los congresos locales de las entidades federativas a que a la brevedad homologuen el Código Penal Federal con sus códigos penales locales, en materia de la tipificación del delito de feminicidio.

Notas

1 http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/ global-burden-of-armed-violence-2015.html

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_070416.pdf

3 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

4 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

5 Estudio realizado por el CEDIP.

6http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violen cia_familiar_sexual_y_contra_las_mujeres_criterios_par.pdf

7 http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/ global-burden-of-armed-violence-2015.html

8 https://www.gob.mx/conavim/documentos/la-violencia-feminicida-en-mexico-aproxim aciones

9 http://www.proceso.com.mx/?p=401355

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO NÚMERO I 63001/ 2016

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/ 2016, suscrita por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nuestra calidad de diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho en que vivimos significa la obligación de que todas las autoridades que nos gobiernan se ajusten en sus actividades cotidianas a actuar conforme a derecho dentro del marco jurídico supremo que se establece desde nuestra Constitución Política General hasta la norma jurídica de menor jerarquía, por lo mismo toda decisión emitida por órgano administrativo siempre debe estar sujeta a los procedimientos regulados por la ley aplicando y respetando en todo momento los derechos humanos fundamentales de los gobernados.

Resulta que autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México han aplicado procedimientos administrativos completamente carentes de la garantía de legalidad, infundados y faltos de motivación legal alguna tal y como lo disponen los artículos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

En lo conducente dichos numerales mandatan lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En el contexto de la ilegalidad en que actúan autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, en la actualidad se afectó y molestó ilegítimamente a la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, persona de la tercera edad y propietaria de la lavandería La Burbuja Azul, ubicada en la calle de Oriente 91, número 2436, colonia Emiliano Zapata, código postal 07880, en la citada Delegación Gustavo A. Madero, a la que en un procedimiento totalmente viciado de origen dentro del expediente –SV/INVEA/EM/090/2016 por conducto del licenciado Ignacio Ruíz Avilés, director jurídico de la Delegación Gustavo A. Madero, se ordenó la suspensión de actividades y en consecuencia la clausura de la lavandería La Burbuja Azul, única fuente de ingresos para cubrir sus necesidades más elementales de subsistencia, por lo que con el proceder de dicha autoridad administrativa se viola por igual en perjuicio de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, el párrafo primero del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho al trabajo lícito que ejercía dicha ciudadana.

La ciudadana Martha Elva Pineda Matus, promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México demanda en contra de las autoridades delegacionales en Gustavo A. Madero solicitando la nulidad de los actos ilegalmente realizados por dichas autoridades administrativas , correspondiéndole a la Primera Sala de dicho tribunal tramitar y resolver sobre el particular, emitiéndose sentencia en el juicio número I-63001/2016 el 19 de septiembre del año en curso, en el cual en sus puntos resolutivos y en particular el cuarto se decretó la nulidad de los actos ejecutados por autoridades de la delegación Gustavo A. Madero en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, ordenando la restitución en el goce de los derechos indebidamente afectados con la suspensión de actividades y clausura de la lavandería en comento, para lo cual se le dieron quince días a dichas autoridades delegacionales para dar cumplimiento a dicha sentencia, lo cual a la fecha no ha sido así, no obstante estar insistiendo en que se cumpla la sentencia en cuestión.

Cabe mencionar que el procedimiento instaurado por las autoridades administrativas en la Delegación Gustavo A. Madero ha sido tan aberrante jurídicamente que los artículos en que se fundaron ni siquiera corresponden su aplicación al giro de lavandería, observándose que en el actuar de dichas autoridades se cometió una grave injusticia en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, tratándose inclusive de una discriminación, interpretándose dicha exclusión como el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera.

Toda autoridad en el actuar cotidiano de sus funciones administrativas deben fundarse ineludiblemente en la ley y no actuar por consigna en detrimento del soberano, se menciona lo anterior toda vez que dicho órgano administrativo en Gustavo A. Madero para ratificar su ilegal, arbitrario y discrecional proceder en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, con fecha 16 de diciembre de 2016, clausuré definitivamente el negocio de lavandería La Burbuja Azul e impuso una multa por la cantidad de $17,991.68 (diecisiete mil novecientos noventa y un pesos 68/100 m.n. en el expediente SV/INVEA/EM/ 090/2016 a la ciudadana arriba mencionada, por lo mismo la restitución de las garantías violadas en el ilegal e infundado procedimiento no se ha realizado y continúa el despojo de los derechos constitucionales dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo, y de no ser molestada en posesiones de la residente Martha Elva Pineda Matus.

Por todo lo anteriormente expresado y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al ciudadano Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional en la Delegación Gustavo A. Madero a que instruya al director jurídico de dicho órgano administrativo, licenciado Ignacio Ruiz Avilés a que dé cumplimiento a la sentencia que dictó el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/2016, restituyendo en el goce de sus derechos indebidamente afectados de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, respecto de la lavandería de su propiedad La Burbuja Azul, retirando los sellos de clausura que se encuentran colocados en el mencionado negocio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputados: María Chávez García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

REAJUSTAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN CON RESPECTO AL PAGO DE CONTRAPARTE PARI PASSU EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar las reglas de operación respecto al pago de contraparte pari passuen las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México según su capacidad financiera y situación económica actual, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo, a reajustar las reglas de operación con respecto al pago de contraparte “pari passu” en las entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según su capacidad financiera y su situación económica actual.

Consideraciones

El artículo 7, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se refiere a las aportaciones concurrentes entre las entidades federativas y en su caso los municipios con recursos federales.

En esta fracción se señala un criterio general sobre las reglas de operación y condiciones para todas las entidades federativas por igual, sin tomar en cuenta la situación financiera por la cual está atravesando cada entidad.

Cabe señalar, que hay una gran desigualdad en la situación actual de cada estado de la Republica y su solvencia tiende a ser diferente, con lo cual muchas entidades no pueden cumplir con los requisitos establecidos por la federación, creando una desigualdad en términos de desarrollo socioeconómico entre las entidades.

Tomando en cuenta las capacidades estructurales y coyunturales de las entidades, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) clasifica a la Ciudad de México, Baja California Sur y Aguascalientes como las entidades más competitivas, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las peores situadas en este índice, esto da como referencia que no todas las entidades federativas están en las mismas condiciones para hacerle frente a un pago de contraparte con la federación y la finalidad de corregir las desigualdades no se logra porque las zonas geográficas en la Republica con menores capacidades de pago son las mismas donde más se necesita el recurso y el apoyo federal.

Esta desigualdad abarca otras áreas. Por ejemplo, al analizar las calificaciones crediticias de los estados emitidas por las calificadoras, la situación de los estados tiene una tendencia similar colocando a los estados con mayor índice de competitividad con una mejor calificación crediticia.

La desigualdad regional dentro de la República Mexicana resulta notoria, y al momento de no considerarse en los programas de pago de contraparte con la federación, no se logra cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo en la meta de “México Próspero” al no detonar el crecimiento sostenido de la productividad mediante la generación de igualdad de oportunidades, lo cual ha derivado en mantener los índices de pobreza extrema con una tendencia a la región sureste del país.

Un ejemplo en la desigualdad en esta forma de operar es el Seguro Popular, en el que la mezcla de recursos está claramente marcada entre la federación y los estados, ya que la mayoría de sus afiliados pertenecen a los deciles más bajos en el país. En dicho programa los estados del centro y norte de la Republica suelen cumplir con las condiciones de pago de contraparte establecido por Federación, mientras que los estados del sur tienen serios problemas para poder hacerle frente a su obligación de pago en este programa.

Esta situación se replica en diversos programas, lo cual hace más grande la brecha entre las regiones del país. Al no tener recursos para hacer frente al pago de contraparte con la federación, los estados del sur y sureste tienden a caer en un ciclo negativo en términos de desarrollo regional, ya que están en desventaja financiera en comparación con los estados del norte del país, lo cual se vuelve un ciclo en el cual el desarrollo económico se focaliza en ciertas regiones del país.

Por lo expuesto, queda claro que al ser las mismas reglas de operación y porcentajes para el Ejercicio Fiscal de 2017, para todas las entidades federativas, en realidad se acrecienta la desigualdad socioeconómica entre las regiones del país.

Por tal motivo al Grupo Parlamentario del PRD le resulta fundamental, ajustar y negociar los porcentajes de pago de contraparte con la federación según sea la situación particular de cada entidad federativa. Para que todas las entidades tengan la capacidad de acceder a los programas federales, y lograr un desarrollo sostenido en todas las regiones del país.

Por lo expuesto se somete a la consideración de ésta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo, haga un reajuste a las reglas de operación con respecto al pago de contraparte “pari passu” en las entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según su capacidad financiera y su situación económica actual.

Notas

1 http://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2014-las-reformas-y -los-estados/

2 http://www.fitchratings.mx/sector/FinanzasPublicas/Edos/default. aspx

3 http://ciep.mx/situacion-de-las-entidades-federativas-2015/

Dado en la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DIFUNDIR E INTEGRAR POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE APOYEN LA PRODUCTIVIDAD, EL CONTROL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir e integrar políticas, programas y proyectos que apoyen la productividad, el control y la competitividad de las actividades pesqueras y acuícolas del país, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 28 entidades federativas del país cuentan con unidades económicas destinadas al sector pesquero, las cuales hacen un total de 19 mil 119, así como 177 mil 180 trabajadores dedicados a la pesca y acuicultura animal formal, razón por la cual, existe un gran potencial pesquero. No obstante lo anterior, las actividades pesqueras se constituyen en uno de los sectores menos favorecidos, ignorados y no potencializados por las políticas públicas.

La pesca y la acuicultura son actividades económicas que además de proporcionar alimento al aprovechar un recurso natural, representa una fuente de ingresos para muchas familias. En las zonas costeras, la pesca es una actividad importante, resaltando que en los estados que no se encuentran cerca del mar, también se realizan actividades pesqueras, ya sea en presas, lagunas o en granjas piscícolas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 35, establece la facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de fomentar la actividad pesquera, mediante una entidad pública dependiente denominado: Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), el cual tiene la obligación de proponer programas, políticas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas que incrementen la competitividad y el desarrollo del sector de carácter regional, estatal y municipal, así como la necesaria labor de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia.

Dicho Consejo está conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el objeto, facultades y obligaciones del sector, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias competentes en las materias de los gobiernos locales.

Las características económicas, productivas y las necesidades sociales de cada estado, hacen necesaria no sólo la proyección y aplicación de una política general que trate de cumplir con una estrategia marcada en un Plan Nacional de Desarrollo, sino también el cumplimiento de políticas conjuntas, opiniones y observaciones técnicas que respondan a la atención de las necesidades específicas de cada zona o región productora. De ahí que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su numeral 23 estableció que la Sagarpa promoviera la integración de Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura en todas las entidades federativas del país.

Sin embargo, se encuentra reflejado que sólo las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuentan con un Consejo Estatal de Pesca, donde sus actividades no se encuentran reflejadas en portales propios y al mismo no existe un enlace en portal oficial de la Sagarpa-Conapesca; a su vez es en las entidades de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz donde a la fecha no se refleja la existencia de un organismo del sector.

Conforme a los últimos datos estadísticos y atendiendo a un comparativo mínimo, en Perú por ejemplo es el mayor productor en volumen de pesca dentro de los países del continente Americano con 6 mil 964 toneladas al año, seguido por EUA y Chile, observándose que México ocupa el cuarto lugar; lo anterior no es tan alentador cuando se compara la extracción de cada país con la extensión de sus litorales, ya que Perú cuenta sólo con 2 mil 414 kilómetros y nuestro país con 11 mil 122 kilómetros. De ahí, la necesidad de voltear las miradas y dirigir los esfuerzos al sector pesquero en México, ya que de esto depende también la seguridad alimentaria y la competitividad del país en la materia.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es y será indispensable que las políticas públicas sean construidas en un terreno de coordinación interinstitucional, legalidad, funcionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, pero sobre todo con las voces de todas y todos los habitantes a quienes van dirigidos, pero no sólo con la participación de productores organizados o sociedad organizada, sino también por las y los pescadores individuales o ribereños que sin formar parte de una asociación, sociedad, fondo o agrupación hacen de la pesca legal su forma y sustento de vida.

Concatenando lo anterior, es necesario que la Sagarpa, por conducto de la Conapesca, realice los esfuerzos necesarios para complementar la normatividad vigente y fomente la instalación de todos los Consejos Estatales de Pesca de los estados costeros y no costeros, tomando en cuenta que sólo existen en los estados de Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa, Chiapas y Tlaxcala, respetando y promoviendo la participación de todas las unidades económicas y productivas en lo individual y en lo colectivo.

Asimismo, en un ejercicio de publicidad y transparencia, se permita observar a las instituciones educativas, investigación, producción, dependencias, así como a la sociedad en general, el avance y los alcances de la instalación y el número de éstos, y la operación de los Consejos Estatales de Pesca dentro de su Portal de Internet-Pagina Web, ya que hoy en día no se encuentra reflejada ni contabilizada, y no existen enlaces internos que permitan el seguimiento específico y puntual de cada estado al aplicar y promover proyectos y políticas que impulsen el sector pesquero.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que proceda a la instalación de los Consejos Estales de Pesca en aquellas entidades donde no existan, atendiendo a lo establecido por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para transparentar, difundir los programas y proyectos ejecutados por los Consejos Estatales de Pesca instalados y por instalar en aquellas entidades donde no existen, debiendo hacer pública esa información en los portales de transparencia y en la página o sitio web de la dependencia.

Nota

1 13 por ciento de los 7 millones de productores legales que trabajan todos los días en el sector primario del país son mujeres. Fuente Sagarpa.

Dada en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

MODIFICAR EL ACUERDO NÚMERO 25/12/16 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2017, suscrita por el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhortaa la Secretaría de Educación Pública (SEP) a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación.

Por su parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que: “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios...”

Ahora bien, la Ley General de Educación en su Capítulo III, De la Equidad en la Educación, establece en su artículo 32 que: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Se define además que las citadas medidas se encontrarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

Es así, que en el artículo 33, fracción VIII del mismo ordenamiento, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias: “Desarrollarán programas (...) para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación...”

Respetable asamblea:

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015, se encontraron matriculados casi 26 millones de educandos en la educación básica del sistema educativo nacional.

4 millones 800 mil para la educación media superior; 3 millones 550 mil para la educación superior; y 1 millón 790 mil en capacitación para el trabajo.

Con lo que tenemos aproximadamente 36 millones de mexicanos inscritos y recibiendo educación en nuestro país.

De los anteriores, casi 5 millones, es decir el 14%, se encuentran en instituciones privadas.

Para los fines del presente acuerdo, profundicemos en la composición general anteriormente expuesta: la mitad de estos 5 millones, es decir 2 millones 500 mil niños se encuentran inscritos en escuelas privadas de educación básica; 955 mil en el nivel medio superior; 1 millón 70 mil en el nivel superior y; 360 mil en capacitación para el trabajo.

Lo que se presenta nos indica el comportamiento del número de educandos fuera del sistema público, donde dicho proceder se resume a dos razones: las familias mexicanas determinan inscribir a sus hijos en esquemas privados de educación, porque en cierto momento es una opción viable dado que pueden solventarlo; o bien, porque no les quedo otra opción al no ser aceptados sus hijos en los esquemas públicos.

Tenemos así que de los 26 millones de alumnos en la educación básica, alrededor del 10% se encuentran inscritos en la educación básica privada; de los 4 millones 800 mil alumnos en la educación media, el 20% se encuentran inscritos en la educación media superior privada; y de los 3 millones 550 mil alumnos en la educación superior, el 30% se encuentran inscritos en la educación superior privada.

Sobresale por supuesto el entorno en la educación superior, dónde la educación pública que comprende la federal transferida, la estatal y la autónoma, se ha mantenido más o menos en estos rangos durante los últimos 15 años.

Es decir, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes de la educación superior en el país, se encuentra cursando sus estudios en una escuela privada. Es decir, que posee un costo no subsidiado por el sector público y que debe ser cubierto por el educando y/o sus familias o por algún otro medio.

Si bien el entorno socioeconómico de algunas familias puede solventar el gasto en la educación universitaria privada de los hijos:

¿Qué pasa cuando los hijos de familias de bajos ingresos son rechazados en la educación pública universitaria?

¿Qué sucede cuando quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de estudiar, desean o deciden continuar sus estudios profesionales en los sistemas semi-escolarizados o sabatinos, haciendo un gran esfuerzo porque en la semana trabajan para poder solventar los gastos de su familia y procurar tener también recursos para estudiar y superarse, siendo su única opción las instituciones privadas?

¿Qué pasa cuando no pueden hacerlo por su condición socioeconómica vulnerable?

Para no quedarse sin esta formación, las familias tienen que explorar casi siempre esquemas privados de educación.

En Campeche, por ejemplo, –así como en las demás entidades federativas del país– las instituciones de nivel superior privadas que existen, hoy en día se encuentra otorgando educación universitaria a segmentos poblacionales que no son en absoluto de altos ingresos, por lo ya expuesto en el párrafo anterior y por un tema de horarios que los esquemas públicos locales de educación universitaria no ofrecen para quienes tienen que trabajar y hacer el esfuerzo de cubrir sus gastos escolares.

Esta circunstancia hace que exista la necesidad y que no quede otra opción para sufragar los gastos educativos de nivel superior, más que la búsqueda de lo que la propia Ley General de Educación reconoce como becas de manutención.

Sin embargo, cuando las familias no consiguen becas para sus hijos, la educación comienza a posponerse con lo que se incrementa el riesgo de que se abandone el precepto educacional como prioridad formativa, tendiendo los jóvenes por la incorporación temprana al mercado laboral, y lamentablemente a veces en la informalidad.

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, la ley otorga facultades tanto al gobierno federal, con el concurso de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, para impulsar diversos programas de becas. Las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas.

Asimismo, la propia ley establece que las becas deberán existir tanto en los esquemas públicos como en los privados.

Las becas en la educación privada son definidas, en términos del artículo 57 fracción III de la Ley General de Educación y por el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del 2000, en un número mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de alumnos inscritos que cada institución debe otorgar. No obstante lo anterior, casi siempre son insuficientes y por cierto, casi todas son del tipo beca-crédito; en otras palabras, es una deuda que el educando adquiere y que en algún momento tendrá que saldar ya sea con trabajo o de manera pecuniaria.

Respecto de las becas en la educación pública, suelen ser subsidios determinados por un monto aprobado en el Presupuesto Federal y en los presupuestos de los Estados a través del Programa Nacional de Becas o programas estatales respectivamente. Asimismo, todas ellas se basan en formatos a fondo perdido, es decir, no implican en la mayoría de los casos, situaciones resarcitorias pecuniarias para quienes las reciben.

Si bien las diversas becas en ambos esquemas educativos tienen principios comunes para ser otorgadas, como el nivel socioeconómico de los educandos, el promedio de calificaciones, entre muchos otros, que varían de acuerdo con el o los otorgantes, el presente punto de acuerdo pretende abonar en el cabal cumplimento del postulado constitucional que señala la universalidad en el acceso a la educación; así como lo establecido en norma secundaria relacionado con una mayor equidad educativa y con el principio de que las becas y demás apoyos debieran otorgarsepreferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación y que demuestran además un eficiente desempeño escolar.

Entonces ¿por qué las becas de manutención que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior no respetan estos elementos fundamentales?, becas que se otorgan con recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015 se otorgaron 7 millones 817 mil becas en el país.

De las cuales el 66% se repartieron entre estudiantes de nivel básico; el 25% en nivel medio-superior; y el 8.7% en nivel superior (que incluye becas de postgrado).

Estimadas compañeras y compañeros legisladores:

Las becas que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior atienden a estudiantes inscritos en escuelas públicas; no se ofrecen a los estudiantes que –por las circunstancias ya expuestas con antelación– pudieran necesitarlas y que se encuentran inscritos y cursando sus estudios, con gran esfuerzo personal y familiar, en instituciones privadas, y que forman parte de la población en condiciones económicas vulnerable y en desventaja.

Esto se debe a que uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para obtener becas de manutención gubernamentales, es que el solicitante se encuentre inscrito en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES); 1 quedando negada la posibilidad de solicitarlo y de acceder como beneficiario de las becas cuando los solicitantes se encuentren inscritos en una institución probada, bajo la errónea suposición de que todos estos educandos y sus familias pertenecen a deciles de ingresos superiores.

Tenemos entonces la situación de que, cuando estos jóvenes solicitan alguna beca pública, son rechazados categóricamente.

Lo anterior es sin duda discriminatorio y el programa o los programas en cuestión podrían ser sujetos de algún recurso de inconstitucionalidad.

La política pública en la materia suele pasar por alto y no considera que muchos de esos solicitantes tuvieron que acudir a esas instituciones privadas al ser rechazados por esquemas públicos de educación, es decir, la educación privada nunca fue su primera opción educativa; o bien, porque en sus lugares de origen, no existe una cobertura pública educativa suficiente y las funciones educacionales tienen que ser absorbidas por entes privados.

Además, se olvida que la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en ninguna manera establece un criterio o parámetro diferenciado para quien estudia en una escuela pública o privada, sino que expresamente señala “....a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”.En consecuencia, “Donde la ley no distingue no hay porque distinguir”,de tal forma que no existe argumento legal que impida que la solicitud para el acceso a las becas puedan realizarlo tanto por estudiantes cursen sus estudios en escuelas públicas como por aquellos que lo hagan en instituciones privadas;no obstante a lo anterior queda claro, de igual forma, que para ser beneficiario de una beca se tendrá que acreditar que se enfrentan condiciones económicas y sociales vulnerables, lo cual se encuentra establecido en el marco normativo, se reconoce en la presente propuesta y, desde luego, dentro de los criterios de priorización del programa nacional de becas.

Asimismo, se pasa por alto, de forma específica para las Becas de Manutención del Nivel de Educación Superior, que las propias Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 en su apartado 2. Objetivo, 2.1 General expresa“Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico”, siendo que en el Glosario de esas mismas Reglas de Operación se encuentra la siguiente definición “Sistema Educativo Nacional: Está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”.

Bajo ese orden de ideas, la presente propuesta, en lo relativo a las Becas de Manutención que se otorguen a estudiantes del Nivel de Educación Superior, pretende:

a) Que prevalezca la situación socioeconómica del solicitante y/o beneficiario de una beca, por sobre si se encuentra inscrito en una institución de educación pública o no.

b) Ser sensibles y responder a la necesidad de la población que, aún en condiciones socioeconómicas vulnerables, realiza todos los días un gran esfuerzo para acceder a la educación superior.

Conviene aclarar además:

a) La propuesta que se realiza no conlleva el generar impacto presupuestal,sino establecer un mejor criterio para que los estudiantes de educación superior pueda solicitar su acceso a los programas de becas públicos, acorde con los principios establecidos en nuestras normas vigentes.

Se propone que estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan participar en el concurso de asignación del programa nacional de becas; y solamente cuando acrediten los criterios de priorización (por su circunstancia de vulnerabilidad y condición socioeconómica, así como su eficiente desempeño académico) para su elegibilidad, pueden ser beneficiarios.

Cabe señalar además que las propias Reglas de Operación establecen que el otorgamiento de la beca está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017.

b) Estamos en contra de la privatización de la educación, pero a favor del espíritu contenido en el artículo 32 de la Ley General de Educación y que alude a la equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No olvidemos además que como bien se infiere de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, la beca es una opción que tiene los estudiantes en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a modificar el primer párrafo del apartado 1) Población Objetivo, punto II. Apartados del Anexo 2: Becas de Manutención del Acuerdo Número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017, para establecer que en el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes de educación superior inscritos/as en el Sistema Educativo Nacional que comprende Instituciones Públicas de Educación Superior e Instituciones Particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que por su conducto consideren instruir a las dependencias o entidades locales encargadas del otorgamiento de becas escolares a considerar que para el caso de las becas de educación superior, la población objetivo podrán ser estudiantes regulares inscritos/as en el sistema educativo nacional que comprende instituciones públicas de educación superior e instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Notas

1 Ver Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016).

2 Como lo dispone el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016): “...cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca,”

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, siendo los 11 días del mes de enero de 2017.— Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

RAZONES POR LAS CUALES SUSTITUYERON PARTE DE LA CICLOPISTA DE CANCÚN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Fonatur, el ayuntamiento de Benito Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Quintana Roo a exhibir las autorizaciones y hacer del conocimiento público las razones de que hayan sustituido parte de la ciclopista de Cancún, suscrita por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Se ha causado un terrible daño por parte de empresas privadas a la ciclopista de Cancún, en el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. Inexplicablemente diversos particulares se han apropiado de esta ciclopista y la han destruido con la autorización presuntamente ilegal de la administración municipal y posiblemente con la anuencia Federal, pues esta obra forma parte de los proyectos realizados por Fonatur.

2. Sin que se tengan datos precisos sobre dichas autorizaciones, se construyó en sustitución de este espacio patrimonio cultural de los cancunenses y único en la República Mexicana, una ciclopista que está pegada a la banqueta. Se trata de 10 kilómetros desde el kilómetro cero hasta Playa Chaacmool, que de manera ilegal se ha adueñado Villas Pescadores y el hotel Temptation.

3. Se requiere por tanto una explicación de la autoridad federal, municipal y los particulares que aprovechando las fiestas de fin de año sin que se conozca la razón aparente por la cual se realizó esta modificación, están afectando a la ciudadanía que contaba con un espacio digno para la práctica del deporte.

4. Es imprescindible señalar la importancia del espacio público porque este cumple con una gran variedad de funciones dentro de la sociedad que permiten el desarrollo de la cultura, la recreación personal y colectiva, el desarrollo físico, el encuentro y la interacción con otros miembros de la sociedad, entre muchas otros aspectos.

El espacio público permite conocer la historia y la cultura de la ciudad, y en este caso en particular se trata de un lugar que ha desencadenado fenómenos sociales positivos como la apropiación para la recreación, por ello es que no se puede arrebatar de manera arbitraria como se ha hecho.

Mucho menos sin que se planteen estrategias de mejoramiento y se hayan tomado en cuenta las demandas de la sociedad para garantizarles mayor calidad en ellos, este no es el caso. Por el contrario se obstruye el derecho de este espacio, así como a la identificación de las personas con sus lugares de origen, su propio sentido de pertenencia, identidad, y tradición que permite exista mayor interés por parte de los ciudadanos de atender, cuidar y exigir dichos espacios.

5. Llamar la atención de las autoridades, en sus diferentes niveles, ya sea municipal, estatal y/o federal, por hacer prevalecer este tipo de espacios sobre el interés de unos cuantos particulares, implica acercar a quienes no cuentan con otros medios para hacerlo, a su derecho a tener esparcimiento.

Esta recreación, la ciclopista ha adquirido un reconocimiento y una importancia relevante en la vida actual por sus beneficios, independientemente de los estratos sociales, económicos, educativos; lo cancunenses son dueños de este espacio, le han dado un sentido de pertenencia porque hasta ahora así lo demuestra su sociedad, satisface sus necesidades, y no permitiremos que les sea arrebatado de forma inexplicable y sin que hayan sido tomados en cuenta.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Turismo y al ayuntamiento de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de dicho Municipio, para que exhiban las autorizaciones y hagan del conocimiento público las razones por las cuales sustituyeron parte de la ciclopista de Cancún afectando a la población que la empleaba para la práctica de actividades deportivas, con lo cual se vulnera de manera grave su derecho a la salud y se genera un detrimento importante respecto al acceso a este tipo de espacios recreativos de la sociedad en su conjunto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, Omar Ortega Álvarez (rúbricas).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.