INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 17 de enero de 2017, que no alcanzaron a ser abordadas.

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 17 de enero de 2017 y que no fueron abordadas. (*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

2. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Gobernación con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, de la Cámara de Diputados.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Migración y de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde y a la Comisión de Gobernación, la parte que le corresponde, de la Cámara de Diputados.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisiones Unidas de Gobernación, y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

6. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

7. Que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a transparentar el uso de los recursos públicos financieros que se devolverán a la federación en razón de las medidas de ahorro y austeridad para el ejercicio fiscal del 2017, suscrita diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a actuar con dignidad y defender la soberanía del país, de conformidad con la fracción X del artículo 89 Constitucional, suscrito por el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la emisión de un plan de austeridad que permita reducir los gastos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

4. Con punto de acuerdo, relativo a la cancelación de todas las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos mexicanos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a desistir a su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, suscrito por la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que emprenda acciones que fortalezcan la generación de empleo, el mercado interno, el poder adquisitivo y el consumo de las familias mexicanas, suscrito por la diputada Mirna Isabel Saldivar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a que analice y valore la puesta en marcha de políticas públicas que atiendan el eventual cambio en las relaciones comerciales de México con sus socios del TLCAN, suscrito por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el por el que se exhorta a la Contraloría de la CDMX y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, presenten ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales que ambas instancias han presentado ante las autoridades correspondientes en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades relacionadas con el financiamiento y construcción de la Línea 12, asimismo, para que señale el estado que guardan los mismos y las sanciones que en su caso se hayan aplicado, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la República a promover la estabilidad en los precios de los productos básicos por medio de la compra gubernamental a productores nacionales, especialmente a pequeños productores, no mediante la importación de básicos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrito por los senadores Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEMANAT, la Profepa y al gobierno del estado de Chiapas, para que clausuren de manera definitiva e inmediata el Relleno Sanitario Intermunicipal del Municipio de Pichucalco, en esa entidad, hasta en tanto no se establezcan las medidas de saneamiento, mitigación y control, así como la resolución judicial correspondiente, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal en relación a los riesgos que enfrenta México frente a las diferentes medidas transfronterizas que el Presidente electo de los Estados Unidos de América ha propuesto implementar al inicio de su administración, suscrito por el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que dictamine la iniciativa por la que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo federal y al Titular de la SHCP, así como a la Cámara de Diputados, para que se reduzca de manera gradual el gasto público en compra de equipo militar, suscrito por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo. 14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador de Baja California para que informe del estado que guarda la búsqueda de la menor Memfis Marroquín de León, suscrito por la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, establezcan a la brevedad contacto directo con sus contrapartes, el Rep. Paul Ryan, Presidente de la Cámara de Representantes y el Sen. Orrin Hatch, Presidente pro-tempore del Senado de los Estados Unidos de América, en agenda conjunta, para invitarlos a celebrar reuniones interparlamentarias en territorio nacional y convenir fechas próximas, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a realizar recortes y ajustes presupuestarios para subsidiar los precios de la tortilla, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros artículos, suscrito por el diputado Omar Ortega Álvarez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos en comunicación social de los gobiernos estatales y municipales, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron separados injustificadamente de su trabajo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2015-2016 y publique su regularización laboral, suscrito por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado de Jalisco, para que tomen acciones inmediatas para investigar los términos bajo los cuales ese Instituto destinó recursos de los trabajadores de esta entidad a la empresa ¿Abengoa?, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM, para que tome las acciones pertinentes a fin de dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA de dicha institución, y sentar las bases para convertirla en un programa de asistencia, suscrita por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión refrenda su apoyo a la estrategia de política exterior del Estado mexicano en materia comercial migratoria y de inversiones en la nueva etapa de la relación con Estados Unidos de América, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la ASF, lleven a cabo una investigación exhaustiva referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. por parte de Pemex y a la Sener, se sirva enviar un informe pormenorizado sobre el costo-beneficio de dicha adquisición, suscrita por los senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al gobierno del estado de Chiapas, a implementar y apoyar programas de protección y conservación del Tapir en áreas naturales, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo

24. Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos prescindibles, innecesarios que no afecten el cumplimiento de los fines y labores de los órganos del Estado, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, para que se fortalezcan los programas sociales de apoyo alimentario con la finalidad de proteger la economía de las y los habitantes de la CDMX, ante la crisis económica derivada del alza de las gasolinas, suscrito por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a que haga públicos el uso o destino final de los objetos, explosivos, armas y demás materiales que fueron transferidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los meses de abril a julio de 2016 a esa Secretaría, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención médica a pacientes con cáncer de pulmón, suscrito por la senadora Cristina Díaz Salazar e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, respecto de los impuestos a las gasolinas, suscrito por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas, para que implementen acciones y programas de conservación, saneamiento y remoción de basura en aguas del Río Grijalva y en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, relativo al impulso del Turismo social, suscrito por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, para que instruya a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno capitalino, a no exponer en redes sociales a mujeres que han sido víctimas de violencia, suscrito por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y Conagua, para que tomen acciones inmediatas para detener la contaminación en la ?Cuenca del Ahogado?, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca, Conagua y Sagarpa, así como a los Gobiernos estatales, a implementar un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país, suscrito por la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conanp a desistir de la implementación del programa de cobro de derechos del Área Natural Protección de Flora y Fauna Balandra, en Baja California Sur, suscrito por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a apoyar los programas de reforestación para la protección y conservación del ?árbol de navidad? en el Cañón del Sumidero, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

36. Con punto de acuerdo, por el que se felicita al Gobierno de Colombia y a las FARC por la firma el 24 de noviembre de 2016, del acuerdo mediante el que se oficializa el cese al fuego bilateral, para alcanzar la paz en ese país, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a que haga públicos los motivos que le impiden o limitan a celebrar un convenio de Colaboración con el Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y a los 32 Congresos locales, a realizar mención meritoria a las y los profesionales de la enfermería, suscrito la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, por el que se rechaza la posición de injerencia de los Estados Unidos de América en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito por las senadoras María de la Luz Beristaín Navarrete y Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotería Nacional, a que emita un Billete Conmemorativo por los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se realiza un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los impactos negativos a la salud de la población, por los riesgos de inversión térmica y la concentración de contaminantes en el aire, a cargo del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos de América, a fin de conceder el indulto al señor Oscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño, suscrito por las senadoras María de la Luz Beristaín Navarrete y Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a realizar las acciones necesarias para destinar recursos provenientes de las devoluciones hechas por entidades autónomas y de la administración pública federal, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), suscrito por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, implementen políticas públicas de atención a madres adolescentes, suscrito la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar la difusión de información sobre la prevención de riesgos de contagio por el virus del Zika, así como a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus Secretarías de Salud con la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, suscrito por la diputada María Elena Orales López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, impulsen e incrementen sus campañas de concientización sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación motivada por cuestiones de género, obesidad y color de piel, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Pemex a que haga públicas las consideraciones que presentó Pemex Refinación a la ASF para atender las observaciones que ese Órgano de Fiscalización Superior le emitió como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014 según la revisión denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, suscrito por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, para que en coordinación con la SRE, fortalezcan las acciones, estrategias y campañas de difusión e información, a nivel nacional e internacional, para promover los atractivos culturales e históricos del país en el extranjero, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, relativo al Programa Prevención y Control de VIH, SIDA y Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), suscrito por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, para que instruya a la Segob a iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones que prevalecen en el Sistema Penitenciario de la ciudad y enviar un informe integral a esta soberanía en un plazo de 15 días, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LOTENAL y a Pronósticos para la Asistencia Pública, a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por diversas irregularidades cometidas en detrimento de dichas instituciones de asistencia pública del Estado mexicano, durante el periodo 2000-2012 y a señalar las sanciones que se han impuesto hasta la fecha, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, para que a través de su Secretaría de Salud refuerce e incremente sus acciones, políticas públicas y programas gubernamentales, a fin de garantizar el acceso universal, de calidad y calidez a los servicios de salud y prevenir la mortalidad materna, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la estrategia de combate a la seguridad pública y analice la pertinencia y posibilidad de solicitar apoyo al gobierno federal, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, que de manera coordinada con las entidades federativas, fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normatividad aplicada en la materia, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al gobierno municipal de Solidaridad, para que de manera coordinada instrumenten los protocolos y políticas de seguridad que garanticen la seguridad de los habitantes de dicha demarcación; así como de los turistas nacionales e internacionales en virtud del incremento de la inseguridad y los recientes hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot, en Playa del Carmen, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.»

INICIATIVAS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción I, y 78, fracción III, de la ley fundamental, sometemos a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 18 de mayo de 2016, los senadores Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como los diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo del Grupo Parlamentario de Morena, llevamos a tribuna de la Comisión Permanente la presente iniciativa; en virtud de que no ha sido dictaminada favorablemente en el Senado de la República y con fundamento en la fracción I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sometemos nuevamente a consideración de esta soberanía, con la solicitud de que sea tunada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Exposición de Motivos

I. Todo sistema anticorrupción debe controlar el poder más importante e impedir que el aparato anticorrupción esté en manos de los vigilados

La corrupción se sustenta en el débil o inexistente control al poder formal y fáctico, y por la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y supervisión de las conductas –actos y omisiones– de las autoridades. Un adecuado y correcto sistema anticorrupción fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquéllos servidores públicos y a los integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación y, debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a esos poderes.

En el país, ninguna autoridad formal tiene más poder que el presidente de la República. Por eso, el sistema anticorrupción debe partir ineludiblemente de la cúspide del poder porque de ahí se deriva y se proyecta al resto de las instituciones y a la sociedad. Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República, de los ex presidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México y que se vincularon con el poder presidencial, los esfuerzos anticorrupción serán estériles e inútiles.

Las reformas anticorrupción propuestas eluden enfrentar la corrupción del presidente de la República y la de los ex presidentes que han gobernado este país y, tampoco, se encaminan a combatir la corrupción de los poderes fácticos relevantes en México. Además, tal como ocurrió con la reforma constitucional en la materia, construyen un aparato institucional “anticorrupción” que estará capturado por el presidente y las nomenclaturas de los partidos, que no gozará de la independencia indispensable para realizar y cumplir sus atribuciones.

Las circunstancias anteriores son sumamente graves porque la lucha contra la corrupción es en esencia el establecimiento de límites al poder. Desde el enfoque del derecho constitucional, la corrupción constituye uno de los más claros y evidentes ejemplos de un uso fraudulento del poder que ocurre ante la ausencia de garantías para consolidar el principio de división de poderes y los derechos humanos. La corrupción significa el abuso del poder dirigido a la obtención de ganancias privadas. En este sentido, si el sistema nacional anticorrupción está capturado por los vigilados y no se dirige a enfrentar el poder de los presidentes y de los poderes fácticos relevantes del país, constituye una simulación inaceptable para los ciudadanos porque no va al origen de la corrupción ni genera las instituciones independientes que le hagan frente.

En México, los presidentes de la República no son, como se cree, jurídicamente impunes, desde la primera Constitución de 1824 se estableció que los presidentes eran responsables por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno y por cohecho o soborno, así como por actos dirigidos a impedir la realización de las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que éstos tomaran posesión del cargo o a que ejercieran las facultades que las leyes les atribuían. En la Constitución de 1857, además de traición a la patria y delitos graves del orden común, se podía proceder contra el presidente, por violaciones expresas de la Constitución y por ataques a la libertad electoral.

De acuerdo con la Constitución vigente, los presidentes mexicanos pueden ser imputados por traición a la patria y por delitos graves del orden común. El Código Penal Federal considera quince hipótesis de traición a la patria en el artículo 123 de ese ordenamiento. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, estipula más de cincuenta hipótesis típicas penales que estima graves. A su vez, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera delitos graves los contemplados en once supuestos. Y, de acuerdo al artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se considera delito grave toda conducta sancionable con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de los cinco años. Lo anterior quiere decir que si la Constitución y las normas en México se aplicaran respecto al titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República sería imputable, de incurrir en las conductas precisadas, por los supuestos tipificados en el sistema jurídico.

La supuesta excepcionalidad nacional debida a la hipotética irresponsabilidad del presidente mexicano viola la literalidad del artículo 108 de la Constitución y las leyes penales en vigor. Nuestra excepcionalidad “aparentemente” recogida y contemplada en el artículo 108 de la ley fundamental, demuestra que son otras las razones y los motivos por lo que aún no alcanzamos los niveles democráticos del estándar internacional y, que no podemos presumir adjetivándonos como un estado constitucional y democrático de derecho. ¿Cuáles son esas razones y motivos?

El sistema institucional anticorrupción de entrada está capturado por el poder del presidente y de los dirigentes de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción, amén de otras debilidades institucionales y competenciales que puedan presentar esos poderes y órganos. Se requiere, por tanto, de autoridades independientes, que ahora no tenemos –ni con la reforma constitucional anticorrupción–, en el poder judicial, en el ministerio público y en todo el sistema anticorrupción. Como no contamos con las autoridades independientes anticorrupción, las hipótesis de responsabilidad presidencial quedan en la nada jurídica y fáctica. No basta que existan setenta hipótesis de responsabilidad penal presidencial si el sistema institucional no garantiza la división de poderes y, si no se integra con autoridades auténticamente independientes de control y fiscalización a ese poder.

Solamente, para poner un ejemplo, de cómo las instituciones del Estado están capturadas y al servicio del presidente y de los poderes fácticos, podemos ver que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de las conductas graves de corrupción, sus integrantes responden a los intereses del presidente de la República y de los dirigentes de los partidos mayoritarios. Verbigracia, los magistrados Carlos Chaurand Arzate y Zulema Mosri tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones del PRI; los magistrados Julián Olivas y Guillermo Valls responden a Peña Nieto; y Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Es imperioso investigar los actos de corrupción del presidente de la República y de los ex presidentes en el ámbito de la operación y de los procedimientos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas del sector público, y en el área de las grandes compras gubernamentales y concesiones, así como en el incremento de las fortunas personales y familiares de los presidentes por órganos realmente independientes. En la calle, el mexicano común sabe, que desde la cúspide del poder formal al funcionario de menor nivel que participa en compras gubernamentales, éstos reciben un porcentaje equivalente al diez por ciento del contrato o concesión otorgado –el conocido “diezmo” o soborno– y, conoce que los presidentes y ex presidentes se enriquecen impunemente, incluyendo a sus familias.

Nuestra pretensión no es absurda. En las naciones del mundo democrático –europeas, americanas y aún latinoamericanas–, que se precien de fundarse en un estado constitucional, el primer ministro o el presidente de la República, es susceptible de responsabilidades políticas y jurídicas, señaladamente penales.

Equivocadamente se piensa que los presidentes y los primeros ministros no pueden ser investigados penalmente. En Francia, el ex presidente de la República Jacques Chirac fue imputado por desvío de fondos a miembros de su partido durante su mandato en la alcaldía de París entre 1977 y 1995 y, ya como ex presidente, fue interrogado en julio de 2007 sobre esos hechos. El 15 de diciembre de 2011 fue condenado por malversación de fondos públicos a 2 años de cárcel, misma que no cumplió dadas sus condiciones de salud y edad. Nicolás Sarkozy también ha recibido señalamientos de carácter penal que pueden aún concretarse en resoluciones condenatorias. El profesor Louis Favoreau señala, citando al Consejo Constitucional Francés, que los presidentes de la República francesa son jurídicamente responsables, son susceptibles de responsabilidad política y jurídica; y, pueden ser imputados y sentenciados penalmente.

Frente a la reforma constitucional anticorrupción aprobada por mayoría y respecto a las iniciativas de legislación secundaria de las otras fuerzas políticas que no van a la médula de la corrupción porque desde Salinas de Gortari se inició el saqueo “privatización” de los recursos públicos de la nación para transferirlos a manos privadas. Por ello, proponemos en esta iniciativa, entre otras cosas, una comisión de la verdad anticorrupción, que tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos como Argentina o Guatemala. Pretendemos que esta comisión de la verdad se oriente a investigar la corrupción presidencial, tanto en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas de las últimas décadas, como en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones de cada administración presidencial, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

En Argentina, la Comisión de la Verdad de 1983 fue trascendente, porque a pesar de las leyes de obediencia debida, que favorecían la impunidad de los militares involucrados con la dictadura, se pudo con posterioridad conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos, y a sus responsables llevarlos a juicio. En Guatemala en 1993, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico logró condiciones de cambio institucional hacia el establecimiento de un sistema más democrático y a favor de la reparación por las violaciones a los derechos humanos perpetradas, principalmente contra la población indígena y campesina, por los regímenes no democráticos de ese país.

II. La economía de compadres en el neoliberalismo promotor de la corrupción

En la república, destacadamente desde el inicio de los gobiernos neoliberales, han quedado muchas dudas sociales sobre la corrupción de los ex presidentes. Algunas de ellas plenamente acreditadas en los fundamentos, modos de operación y procedimientos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas, y en el otorgamiento de los contratos o concesiones más importantes en cada sexenio, así como en el desmedido crecimiento del patrimonio personal y familiar de cada presidente de la República.

El premio Nobel de Economía, el estadunidense Gary Becker, ha señalado que en América Latina se ha consolidado un “capitalismo de compadres”, por el que sectores privilegiados consiguen “favores del gobierno”, entre otras vías, a través de la privatización de las empresas públicas o, por medio, de jugosos contratos o concesiones. El ganador del premio Nobel en 1992 advierte que en el supuesto mexicano, esa forma de economía se observa en el sector televisivo y en telecomunicaciones.

Douglas North, quien también recibió el Nobel de Economía un año después, ha alertado sobre el asalto de grupos de intereses, que se supieron aprovechar del Estado en su propio beneficio, para enriquecerse mediante mecanismos de privilegio, tráfico de influencias y corrupción, fundamentalmente en los procesos de privatización de las empresas públicas, en el otorgamiento de contratos y concesiones, y en las compras gubernamentales.

Las reflexiones anteriores son propias del modelo económico hoy dominante. El neoliberalismo contemporáneo se caracteriza por repartir de forma desigual el poder económico de las personas, lo que entraña consecuencias políticas y jurídicas en cuanto a la distribución del poder en esos ámbitos. La principal es que los que tienen el gran poder económico utilizarán su poder político –influyendo en los Ejecutivos, en el Congreso y en otros poderes e instancias públicas– para garantizar mediante actos de corrupción el mantenimiento de las desigualdades, en vez de para lograr una economía y una sociedad más igualitaria y justa. Los intereses económicos más importantes participan mediante esquemas de cabildeo y de financiamiento de las campañas políticas en el diseño de leyes que les beneficien, por ejemplo, privatizando empresas públicas, obteniendo contratos bajo esquemas de corrupción, en las compras gubernamentales, en materia de propiedad intelectual, fiscal, subvenciones, laboral, de inversión extranjera, ambiente, etcétera.

Dice Joseph Stiglitz que las grandes empresas también influyen indirectamente, a través de los altos costos de acceso al sistema judicial, para no estimular que los débiles accedan al mismo en igualdad de condiciones que los ricos. Un ejemplo reciente en México lo tenemos con la reforma estructural de 2013, en materia de juicio de amparo, la que establece en el artículo 61 fracción I, de esa ley, que el amparo es improcedente respecto a las reformas constitucionales. ¿Qué es eso? Un mecanismo que impide el acceso a la justicia de todos los que estamos en contra de las reformas estructurales neoliberales que propician y se valen de la corrupción.

Para Stiglitz, el capitalismo de compadres se ha comprobado y, cita el caso de la privatización de Telmex. Igualmente menciona el Fobaproa como ejemplo de cómo el rescate bancario, implicó la transformación de deudas privadas en deudas públicas, es decir, se privatizaron los beneficios y se socializaron las pérdidas entre los ciudadanos mexicanos que pagan los impuestos para darle solidez al sistema bancario. El rescate de las carreteras en México es otro de sus ejemplos preferidos. Stiglitz indica que en los procesos de privatización de empresas públicas o de transferencias de recursos públicos a manos privadas participan dos partes: los funcionarios públicos que toman las decisiones y los empresarios que se benefician de ese traspaso de recursos públicos a su patrimonio privado, lo que implica una apropiación indebida de la riqueza pública de las naciones y, por tanto, entraña por ambas parte actos de corrupción.

La realidad es que los marcos jurídicos de los Estados se construyen con la complicidad de los presidentes y del Congresos para favorecer a los grandes intereses económicos nacionales y mundiales y, por encima de los intereses y los derechos humanos de la población. Los gobiernos de los Estados, particularmente los titulares del poder ejecutivo, en el modelo neoliberal de la globalización buscan seguir la pauta que señalan las grandes potencias, sus corporaciones y, los organismos financieros internacionales.

Los derechos humanos, principalmente los que tienen relación con la igualdad, son los más afectados por los actos de corrupción. ¿Por qué? la Comisión Europea en su Informe 2014 sobre la Lucha contra la corrupción en la Unión Europea,expresa que “la corrupción supone un perjuicio grave para la economía y la sociedad en su conjunto. Muchos países del mundo padecen una arraigada corrupción que frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña la justicia social y el Estado de Derecho. Los Estados miembros de la UE no son inmunes a esta realidad. La corrupción varía en su naturaleza y alcance de un país a otro, pero afecta a todos los Estados miembros. Compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados. En casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos”.

El mismo informe asevera que “de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales, el reporte define la corrupción en sentido amplio como cualquier “abuso de poder para obtener réditos privados”.

El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Koffi Annan señala que “ la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres–, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.

Cabe destacar que la corrupción y los derechos humanos son hechos tan antiguos como la humanidad misma. Los derechos humanos se han ido plasmando y reivindicando, en diversos documentos históricos, como en la Carta Magna de 1215, en Inglaterra, en la Declaración del estado federado de Virginia de 1776, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1791, entre otras.

En su acepción contemporánea, los derechos humanos significan “(...) los derechos del individuo que se desprenden de su esencia universal abstracta, los que son concebidos como anteriores y superiores al derecho positivo a fin de convertirse en el parámetro de su validez y limitando el poder legítimo del Estado”.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señala que “Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política, tratados internacionales y las leyes”.

A partir de la reforma constitucional de 2011 en México, las personas cuentan con la protección más amplia en derechos humanos tanto de los tratados y convenciones internacionales que ratifique México, como en las leyes nacionales, así como en su aplicación por parte de los jueces a escalas federal y local.

La promoción y defensa de los derechos humanos a través de las leyes y fallos judiciales es un paso importante en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Pero, ¿qué sucede con los derechos humanos cuando fenómenos como la corrupción y la impunidad en este ámbito son estructurales? Sin duda, estos fenómenos impactan la plena vigencia y puesta en marcha de dichos derechos.

La resolución Transparencia y Corrupción en la Unión Europea y América Latina de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) de la que es parte el Congreso Mexicano a través de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y el Parlamento Latinoamericano, señala que “las consecuencias económicas derivadas de la corrupción son nefastas, en particular, en lo que respecta al efecto sobre el empobrecimiento de la población y la calidad de los servicios públicos, así como al índice de crecimiento, la caída de las exportaciones y la fuga de inversiones, lo que se traduce en un estancamiento económico, un aumento de las desigualdades sociales y mayor empobrecimiento”.

Además, la citada resolución menciona:

• La corrupción favorece la cultura de la ilegalidad, la delincuencia y la desigualdad en la distribución de la riqueza.

• Considera que existe un círculo vicioso entre los altos índices de corrupción en los países que presentan un bajo índice de desarrollo humano y económico, bajos niveles de educación, falta de cultura cívica, derechos políticos limitados y una reducida o inexistente competencia política.

• Respalda la iniciativa del Parlamento Andino para la creación del Observatorio Andino de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

• Subraya la necesidad de reforzar las campañas de comunicación y sensibilización nacionales e internacionales que incluyan la participación ciudadana, para poner de relieve el empobrecimiento causado por la corrupción.

• Pide la creación de un órgano regional que investigue los casos de corrupción, emita declaraciones y promueva la formación y especialización de los recursos humanos para incrementar su eficacia.

• Propone la creación de un programa eficaz de protección de los denunciantes a escala birregional, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de la corrupción.

Si la corrupción daña y socava el régimen democrático, las instituciones políticas, el desempeño público, la impartición de justicia, las contrataciones públicas (licitaciones públicas en el ámbito de la salud, de obra pública, de servicios públicos), así como el financiamiento de los partidos políticos, las empresas estatales o de participación estatal, entonces la afectación hacia el bienestar ciudadano y social es evidente debido a un detrimento en la calidad y eficacia del sistema político, social y económico de los países.

Las transgresiones de los derechos humanos se presentan en distintos ámbitos como el de la salud, la justicia, el derecho al acceso a la información, etc. Por ejemplo, existen violaciones de los derechos humanos cuando niegan al derecho habiente de un hospital público medicamentos debido a que éstos son vendidos clandestinamente; cuando la justicia no es pronta ni expedita; cuando no existe información objetiva e imparcial en los medios de comunicación; cuando las cárceles se encuentran saturadas y no hay condiciones materiales ni médicas para la atención y rehabilitación de las personas; cuando no existen bases de datos y transparencia en las acciones, contratos, declaraciones patrimoniales, en el proceso de toma de decisiones que realiza la administración pública y el Estado.

En esta lucha frente a la corrupción, las asambleas parlamentarias nacionales, regionales y globales desempeñan un papel de primer orden, ya que es en ellas en donde se debate y se legisla en favor del interés público. Se trata de que exista una real división de poderes a través de la función de control del Congreso o Parlamento frente al Ejecutivo, comenzando por el presidente de la República o primer ministro, según sea el caso, porque ahí reside el vértice o cúspide del poder.

Hay que decirlo, la desigualdad, la pobreza y la corrupción no surgen de las fuerzas abstractas del mercado, nacen de la manera en la que se distribuye el poder político en una sociedad. El que tiene el poder político –en el caso mexicano, el presidente de la República– confecciona el orden jurídico en su beneficio para perpetuarse en el poder y mantener el estatus quo de privilegios a favor de algunos. La política configura los mercados y determina las reglas del juego de todos los subsistemas sociales y económicos. ¿Cómo logran unos cuantos poderosos determinar a la política y al mercado? Lo logran manipulando y poniendo a su servicio el sistema electoral y político de los respectivos países así como a las instituciones supranacionales que se destacan por su ausencia de democracia interna.

En países como México, en donde las desigualdades son enormes, la manipulación a favor de los poderosos del sistema político, se produce por las vías anteriormente citadas y, además, a través de: la compra o coacción del voto; el uso clientelar de los programas públicos –es decir, la manipulación de la pobreza con fines electorales–; la integración de los órganos electorales y futuros órganos anticorrupción de acuerdo a los intereses de la oligarquía; el desvío de los recursos públicos de los presupuestos con fines electorales, aprovechando los débiles mecanismos de fiscalización estatal; el mantenimiento, al margen del control jurídico del Estado y de la rendición de cuentas, de los poderes fácticos; la inhibición de los mecanismos de democracia participativa y deliberativa a favor de los ciudadanos; e impidiendo, que los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, sean exigibles al Estado para ayudar a remediar las condiciones de pobreza.

Existe una conciencia común de cómo en América Latina y en el mundo entero a raíz de la implantación del neoliberalismo en la década de los ochenta del siglo pasado, el patrimonio público viene cambiando de dominio, es decir, se transfieren recursos de lo público a lo privado, por lo que cuando se habla de corrupción, se está haciendo referencia a un discurso que funciona como estrategia globalizada para el control del Estado, la sociedad y la economía, con el fin de extraer beneficios específicos a favor de élites privadas en detrimento del interés general. Lo anterior se realiza a través de la captura del Estado por esos intereses y por medio de la corrupción.

En materia de corrupción existen situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, en países como México, ricos en recursos naturales, pero que carecen de instituciones democráticas fuertes, los funcionarios públicos corruptos tienen oportunidades para robar grandes y significativas cantidades de dinero y pueden hacerlo con la complicidad de las corporaciones. Lo mismo ocurre con los grandes proyectos de infraestructura que permiten a los funcionarios públicos entrar en contacto estrecho con las corporaciones para realizar actos de corrupción a cambio de concesiones, contratos, permisos y autorizaciones.

Un interesante estudio elaborado por The Corner House señala que el fenómeno de la corrupción más importante de nuestra época surge de los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social, impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo. Por ejemplo, se concluye que las empresas del primer mundo pagan sobornos del orden de los ochenta mil millones de dólares al año, aproximadamente la cifra que la Organización de las Naciones Unidas considera necesaria para erradicar la pobreza en el mundo.

En el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo denominado Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, que ya hemos citado, se precisa que la responsabilidad en la lucha contra la corrupción es fundamentalmente de las autoridades electas más importantes de cada Estado. La corrupción según este Informe se presenta en ámbitos de riesgo muy claros que queremos ejemplificar con casos de la realidad mexicana. Así, el mencionado informe dice:

1. La corrupción surge de un sistema de financiamiento y fiscalización inadecuado para los partidos políticos. En México, hemos tenido los conocidos casos de “Pemexgate” y “Amigos de Fox” y, otros que están pendientes de resoluciones definitivas de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el “Monexgate”.

2. Los conflictos de interés y declaraciones patrimoniales que no descansan en autoridades independientes capaces de verificar y controlar su legalidad. En México, los conflictos de interés no están bien regulados y las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no han dado lugar a responsabilidades de altos funcionarios públicos. Eso quiere decir, que en este punto, como en otros, nuestro sistema fracasa porque no contamos con autoridades independientes capaces de verificar y sancionar las transgresiones.

3. En materia penal, el equilibrio entre la corrupción activa y pasiva es desigual, es decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor público pero no en la misma medida al particular que lo soborna. En nuestro país, no existen en la realidad responsabilidades penales relevantes –en contra de servidores públicos de alto nivel– por soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos relacionados y, como indica el Informe de la UE, existe un tratamiento desigual entre corrupción activa y pasiva.

4. Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y eficaces. En México ninguno de ellos lo es. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados, carece de las facultades y del presupuesto para realizar debidamente su tarea.

5. Los servicios policiales, de la fiscalía y judiciales deben ser de carrera e independientes. Como sabemos en México no contamos en los hechos con un servicio civil de carrera fortalecido. Los nombramientos de los funcionarios del sector energético, por poner un ejemplo, carecen del perfil adecuado y evidentemente no son de carrera. Se trata de nombramientos políticos.

6. Para el Informe de la UE los sectores de mayor riesgo tienen que ver con la privatización de las empresas públicas, las compras gubernamentales, los cambios de uso de suelo, la opacidad del sector financiero, los sobornos en el extranjero, la persecución a los periodistas que denuncian la corrupción. Todas las anteriores variables las encontramos en México y, por eso es imperioso, que una Comisión de la Verdad independiente y ciudadana investigue las áreas de riesgo más preocupantes. En México se han privatizado empresas públicas desde el sexenio de Salinas de Gortari para beneficiar a unos cuantos, tal como Stiglitz lo ha señalado; en las compras gubernamentales, en muchas ocasiones autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, del ISSSTE o del IMSS han sido señaladas por actos de corrupción. El desarrollo urbano de las ciudades se ha realizado en un profundo caos, con afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas. El sector financiero nacional es uno de los menos transparentes del país y, no han faltado grandes escándalos de corrupción en esa área. En cuanto a las limitaciones a la liberación de expresión podemos simplemente mencionar el caso de Carmen Aristegui que fue despedida de su centro de trabajo por denunciar la corrupción del presidente de la República.

Todo lo anterior demuestra desde nuestro punto de vista que no hay tarea más importante en el Estado mexicano que luchar contra la corrupción pero ello exige de autoridades independientes que realicen ese cometido. Están en juego los derechos humanos de millones de seres que no pueden satisfacer sus derechos esenciales a la educación, salud, alimentación o vivienda por los desvíos de los recursos públicos que representan los actos de corrupción de los altos servidores públicos. También está a discusión el sistema político y la existencia misma del Estado de Derecho en México. ¿Cómo se puede decir que lo tenemos, si no hay división de poderes y autoridades independientes que enfrenten la corrupción?

Recientemente, John Kerry, ex secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y a propósito de la Cumbre global anticorrupción, celebrada en Londres en días pasados, ha insistido en fortalecer la lucha contra la corrupción a través de un Centro Internacional Anticorrupción que mejore el intercambio de información en la materia entre los países y entre los centros financieros con el fin de cooperar con la investigaciones anticorrupción, y entre otras medidas, comprometerse a proteger a los periodistas que la denuncian. Además, ese Centro Internacional Anticorrupción impulsará reformas en los países con las mayores debilidades en el tema y les proporcionará la asistencia necesaria. Kerry, considera que la lucha contra la corrupción será una prioridad de la política exterior norteamericana.

El discurso de Kerry parece rescatable. Sin embargo, desde nuestro punto de vista presenta dos aristas: una positiva que insiste en tomarse en serio la corrupción en el planeta; y, otra negativa, consistente en que el Centro Internacional Anticorrupción termine siendo un instrumento más de carácter geopolítico neoliberal para obligar a los países a diseñar sus instituciones políticas y jurídicas a conveniencia de los intereses norteamericanos, pues como el mismo Kerry lo señala, la lucha anticorrupción es una de las prioridades de la política exterior estadounidense.

Derivada de la “Cumbre Global Anticorrupción” de 2016 de Londres, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas, a implementar en el orden interno lo siguiente: 1) A realizar contrataciones abiertas con datos abiertos; 2) A garantizar licitaciones abiertas en las asociaciones público-privadas; 3) A establecer un estándar en las licitaciones de la Ronda 1 en materia energética pero también en el ramo de salud; 4) A la incorporación de una infraestructura de Datos Abiertos Anticorrupción con pleno respeto de la Carta Internacional de Datos Abiertos; y 5) En general, a promover el uso de los datos abiertos y tecnologías digitales para combatir la corrupción a escala global.

Las anteriores medidas, a pesar de la importancia que puedan tener, de nada sirven si no actúa respecto al origen de la corrupción en México, que tiene que ver con el inmenso poder del presidente de la República, sobre todo desde el inicio del neoliberalismo por la enorme cantidad de recursos públicos transferidos a manos privadas. De ahí deriva toda la corrupción en el país, de ahí se desprende el cáncer que nos carcome. Si no se resuelve la corrupción desde su origen poco podemos esperar de medidas de eficacia intermedia o nula.

III. Algunos casos de corrupción de los últimos presidentes de la República y nuestra reflexión sobre las herramientas anticorrupción

La Unión Europea en su Informe de lucha contra la corrupción de la UE de 2014 ha expuesto tanto las áreas de riesgo que promueven la corrupción como los instrumentos y herramientas que se pueden diseñar para enfrentarla. Para la Unión Europea, los principales riesgos propiciadores de la corrupción existen en los siguientes ámbitos: la contratación gubernamental; la privatización de las empresas públicas; el financiamiento de los partidos políticos –compra de votos y financiamiento privado de empresarios para recibir después los contratos, permisos y concesiones–; el desarrollo urbanístico y la construcción –los megaproyectos–; la planificación medioambiental –la especulación sobre los cambios de uso de suelo–; la contratación de los gobiernos con el sector farmacéutico que inciden en el sobreprecio de medicamentos y equipo; en la administración fiscal para favorecer a unos y perjudicar a otros; en el sector financiero que carece de regulaciones y controles que permiten la existencia de paraísos fiscales; y en los sobornos en el extranjero.

Para enfrentar los riesgos, en ese informe se proponen, entre otras, las siguientes herramientas o instrumentos de lucha contra la corrupción: la existencia de autoridades independientes anticorrupción; la protección de la libertad de expresión y del derecho a la información sobre las conductas corruptas; la transparencia en las decisiones, principalmente en los ámbitos de riesgo; las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y la revisión de las mismas por autoridades independientes; la regulación de los conflictos de interés; la estipulación en las leyes de delitos y faltas de corrupción; la eficiencia y eficacia del poder judicial, fiscales y policías en su combate; y, la protección jurídica de los denunciantes.

Si asumimos el marco teórico y jurídico expuesto, nos referimos ahora, a casos concretos de corrupción de los últimos sexenios que deben ser investigados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari merece profundizarse en las múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas que favorecieron a algunos cuantos potentados que hoy aparecen entre los hombres más ricos de México y del mundo. A nuestro entender se deben realizar diligencias sobre los procedimientos de privatización bancaria que beneficiaron estratégicamente a ciertos grupos económicos del país y del extranjero. Se debe aclarar el empleo discrecional de la partida secreta. También se debe aludir a la complicidad de Carlos Salinas con los actos de corrupción de su hermano Raúl Salinas. Y desde luego, al gran enriquecimiento personal y familiar de Carlos Salinas.

En el caso de Ernesto Zedillo Pone de León, es pertinente recordar las decisiones que fundaron la aprobación del Fobaproa y que implicaron privilegios para la oligarquía nacional, donde las deudas privadas se transformaron en deudas públicas con la complicidad del Poder Legislativo. También la privatización de los ferrocarriles en beneficio de empresas, donde Zedillo posteriormente se incorporó como miembro de los consejos de administración.

Sobre el sexenio de Vicente Fox, se pueden mencionar: la manera ilegal a través de la cual llegó a la presidencia, empleando un esquema de financiamiento paralelo, conocido como “Amigos de Fox”; a los escándalos de Oceanografía; al tráfico de influencia protagonizados por los hijos de su cónyuge; a los contratos de servicios múltiples para explotar hidrocarburos y otorgados en contra de la Constitución; al incremento en el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos grupos económicos nacionales y del extranjero, los que han despojado a nuestro país de las riquezas del subsuelo con afectación a poblaciones indígenas y campesinas; a los excesos en el gasto corriente durante su sexenio; a su intervención indebida en el proceso electoral de 2006, que implicó la violación al principio de equidad electoral, vulnerando el artículo 41 constitucional; y a compromisos internacionales inconstitucionales en contra de la soberanía nacional, tales como la firma del ASPAN (Acuerdo para Seguridad y Prosperidad de América del Norte), que no fue aprobado por el Senado de la República.

Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderón están a la vista: la manera ilegítima a través de la que llega a la Presidencia de la República; la corrupción en la CFE; la extinción inconstitucional al de Luz y Fuerza del Centro; la construcción irregular de la “Estela de Luz”; el “Wall Mart Gate”; las licitaciones en Pemex a favor de Ocean Mexicana, SA de CV, y Grupo TMM; el saqueo del ISSSTE; el “Quesogate”; el incremento exponencial del gasto corriente durante su administración que aumentó sin argumentos racionales y razonables a la alta burocracia; el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos grupos económicos nacionales y del extranjero, los que han despojado a nuestro país de las riquezas del subsuelo con afectación a comunidades indígenas y campesinas; a la guerra contra las drogas sin justificación constitucional; el aumento del gasto en materia militar y en seguridad pública sin licitación, entre otros muchísimos actos y omisiones que deben ser investigados.

En este sexenio, la privatización de la industria energética y la aprobación de las reformas estructurales en contra del pueblo de México; las relaciones de corrupción con grupos empresariales como Higa y OHL que han implicado en beneficio de esas empresas y de la familia del presidente numerosos y onerosos contratos generados en licitaciones simuladas; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y, a escándalos como el de la llamada “Casa Blanca”, entre diversas irregularidades, que incluyen la manera ilícita –mediante la compra de votos y el apoyo de Televisa– el arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

El sistema anticorrupción que nos proponen las iniciativas de los tres partidos mayoritarios no aluden al pasado, se desentienden de él, y no se dirigen a enfrentar la corrupción de los presidentes y ex presidentes –origen fundamental de la corrupción en México–, ni tienen por finalidad reducir la corrupción que generan los poderes fácticos más importantes que actúan en México. Esas iniciativas propenden a generar nuevas estructuras administrativas que estarán coordinadas y dirigidas por funcionarios públicos nombrados por el Ejecutivo, o por el Ejecutivo y el Senado, o por los diputados. Es decir, los vigilados estarán nombrando a sus vigilantes, lo que es totalmente contrario a los informes y recomendaciones internacionales en materia anticorrupción, los que exigen siempre la plena independencia de los órganos anticorrupción respecto de los sujetos susceptibles de investigación por conductas corruptas.

Sostenemos, a diferencia de lo ya aprobado constitucionalmente en el país y en la materia, que los titulares de los órganos e instancias encargadas de la corrupción, sean electos por los ciudadanos, y no mediante el consabido reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Los vigilantes de la corrupción deben gozar de total autonomía de los poderes fácticos y formales, principalmente respecto al presidente de la República.

Además, consideramos que la corrupción debe combatirse con mecanismos de democracia participativa y deliberativa, que en el país hasta ahora no existen: revocación de los mandatos de los servidores electos; acciones ciudadanas de inconstitucionalidad; consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país; y, referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes, como las que se pretende integren el sistema nacional anticorrupción.

Hemos también indicado muchas veces, que para combatir la corrupción se requiere de una la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente que debiera expedir el Congreso de la Unión y, que no se acompaña al paquete legislativo que proponen los tres partidos mayoritarios. Los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado y, órganos constitucionales autónomos, debieran percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no deberían gozar de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Igualmente, debiera estar prohibida la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. En cuanto a las aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, estimamos que deben ser enajenadas y el producto de la venta destinarse al gasto social en educación y salud.

Los indicadores del desempeño debieran, en caso de ser violados, implicar el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos, y no sólo el incumplimiento sistemático a los planes y programas de gobierno como está señalado actualmente, el que por ser enunciativo, nunca ha permitido fincar responsabilidades.

A los contratistas, a los beneficiados con privilegios fiscales, a los concesionarios, permisionarios, personas físicas, accionistas o directivos de empresas que tengan vínculos con instancias de autoridad, se les debiera prohibir donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, etcétera, que donaran a las campañas no podrían participar durante 15 años en las licitaciones, contratos u obras públicas.

La ley penal y las normas administrativas debieran establecer los delitos y faltas de corrupción como delitos imprescriptibles, ya que los actos y omisiones de corrupción son de extrema gravedad y en esencia dañan los derechos humanos esenciales del pueblo mexicano.

La ley debería regular que las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, así como de las declaraciones juradas, sean totalmente públicas. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones, debieran estar obligados por esa regla.

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes debieran enterarse anualmente a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos. Se deberían prohibir las figuras de fibras E o bonos educativos, que hipotecan el patrimonio público en favor del capital especulativo y lo ponen en riesgo para finalmente terminar en manos privadas.

Además, se deberían prohibir las asociaciones público-privadas porque son mecanismos de endeudamiento encubierto a cubrir en el largo plazo con costo a los ciudadanos, y que producen corrupción entre una clase empresarial ávida de negocios y servidores públicos corruptos.

La fiscalización del Presupuesto debe corresponder a los ciudadanos en estrecha coordinación con las autoridades de fiscalización del país. Los criterios para fiscalizar deben ser a) el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona; y b) las relaciones de los particulares y del sector social con la autoridad que impliquen concesiones, privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones.

IV. Nuestras críticas al sistema nacional anticorrupción vigente y a las propuestas de legislación secundaria en la materia

En nuestras intervenciones ante el pleno del Senado, previas a la aprobación constitucional del sistema nacional anticorrupción, nosotros cuestionamos, que la reforma constitucional en la materia no atendía a lo siguiente:

No se tocaba el poder presidencial. La reforma constitucional anticorrupción no modificó el artículo 108 de la Constitución. El presidente, el eje del poder formal, sigue jurídica y constitucionalmente impune.

No se consideró la extinción de dominio por delitos y faltas graves relacionadas con la corrupción –artículo 22 de la Constitución–. La extinción de dominio procede sólo por delitos de enriquecimiento ilícito.

Los órganos internos de control para los órganos constitucionales autónomos que prevé la reforma, serán controlados por los tres partidos mayoritarios porque ellos tendrán el poder político para imponerlos –artículos 28 y 74 de la Constitución.

Los órganos internos de las dependencias federales son designados por el secretario de la Función Pública.

El diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa –artículo 73, fracción, XXIX-H, de la Constitución– no augura independencia ni imparcialidad. Estarán detrás de él, el titular del Ejecutivo y las cúpulas de los tres partidos mayoritarios que designarán a los magistrados.

Las auditorías de desempeño dan lugar sólo a recomendaciones y no a responsabilidades –artículo 74, fracción VI, de la Constitución.

La Auditoría Superior de la Federación seguirá dependiendo constitucionalmente de la Cámara de Diputados, es decir, de los partidos mayoritarios. La reforma constitucional anticorrupción no propuso su autonomía constitucional, y sus competencias, aunque se incrementan, no son las esperadas para enfrentar la corrupción propiciada desde el poder presidencial y desde la influencia indebida de los poderes fácticos –artículos 74 y 79 de la Constitución.

El Poder Judicial tiene un tratamiento privilegiado. No forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción –artículo 109 de la Constitución.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, además de ser una estructura que no da cabida a Estados y municipios, estará influido por la presencia del Ejecutivo a través de la participación de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno –artículo 113 de la Constitución.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sólo producirá recomendaciones que no son vinculantes –artículo 113 de la Constitución.

El plazo máximo de prescripción en la materia de responsabilidades es de 7 años y nuestro cuestionamiento pregunta por qué no son imprescriptibles –artículo 114 de la Constitución.

El Sistema Nacional Anticorrupción es antifederalista. No participan los estados y municipios en su comité –artículo 113 de la Constitución.

El desarrollo de la reforma constitucional se realizará a través de leyes generales en donde no participarán las legislaturas de los Estados.

En cuanto a los proyectos o anteproyectos que dictamen sobre la legislación secundaria que hemos conocido hasta el momento de la presentación de esta iniciativa, expresamos:

A. Respecto al proyecto de dictamen que alude a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, expresamos lo siguiente:

1. La Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía constitucional. Es una instancia que depende de la Cámara de Diputados y que está sujeta a su vigilancia, presión, y escrutinio.

2. La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para consignar responsabilidades penales directamente ante los jueces, tiene que pasar por la Fiscalía en Combate a la Corrupción.

3. Para fiscalizar, el criterio sigue siendo –indebidamente– seguir la pista de los recursos públicos y no la relación de los particulares con el Estado. Todos los que reciben concesiones, subsidios, contratos, permisos o autorizaciones, debieran ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación en todos los casos y no sólo respecto a faltas específicas.

4. No existe un porcentaje obligatorio para licitar públicamente –por ejemplo un 90 por ciento de las compras gubernamentales.

5. La fiscalización de la revisión de la cuenta pública de ejercicios del pasado se da en escasísimos supuestos –artículo 44 del dictamen.

6. En la investigación de responsabilidades penales, la Auditoría Superior de la Federación, es coadyuvante pero no es parte en ellos –artículo 67 del dictamen.

B. Sobre el proyecto de dictamen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamos que el secretario de la Función Pública –empleado del presidente de la República– designa a los contralores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República, y de las empresas productivas del Estado –artículo 37 del dictamen.

C. En cuanto al proyecto de dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas advertimos lo siguiente:

1. No son públicas las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales. Exclusivamente lo serán si lo autoriza el servidor público o sus dependientes –artículos 26 a 31 del dictamen.

2. La clasificación de faltas no graves y graves que hace proyecto el dictamen no precisa el criterio que permite la distinción. El legislador está actuando arbitrariamente.

3. El plazo de caducidad de la instancia es muy corto, seis meses. Con seis meses de no actuación procesal caduca la instancia con los efectos procesales consiguientes en contra de la investigación de actos de corrupción–artículo 74 del proyecto de dictamen.

4. Las faltas no son imprescriptibles. Las graves prescriben a los siete años –artículo 74 del dictamen.

5. Los inversionistas extranjeros no son susceptibles de responsabilidades administrativas, sólo los organismos y servidores públicos extranjeros –artículo 70 del dictamen–. Omisión totalmente neoliberal.

6. La ley de responsabilidades permite válvulas de escape para decidir no iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa –cuando el asunto motivo de la denuncia sea opinable jurídicamente y, cuando la falta sea subsanada– (artículo 101 del dictamen).

D. Con relación al proyecto de dictamen que hemos conocido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción manifestamos:

1. El Comité Coordinador no sesiona en público –artículo 10 del dictamen.

2. Aunque el presidente de ese comité es un ciudadano, la mayoría son funcionarios públicos –artículo 10 del dictamen.

3. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán pagados con cargo al erario, no se consideran servidores públicos en violación al artículo 108 de la Constitución.

4. El Comité de Participación Ciudadana tampoco sesiona en público –artículo 17 del dictamen.

5. El poder, por el número de competencias que se le atribuyen en el Sistema Nacional Anticorrupción, reside en la Secretaría Técnica –artículo 35 del dictamen–, que es el que tiene todo el control del sistema.

6. En el Sistema Nacional de Fiscalización no participan debidamente los ciudadanos –artículo 37 del dictamen.

7. El Comité Coordinador sólo emite recomendaciones no vinculantes que no poseen ninguna obligatoriedad –artículo 57 del dictamen.

E. En cuanto al proyecto de dictamen de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos parece que será un Tribunal capturado por el Ejecutivo y los partidos mayoritarios del Senado, dado el sistema de nombramiento de los magistrados que implica un reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios –artículo 43 del dictamen–. No habrá independencia ni credibilidad ciudadana en un tribunal de esta naturaleza.

Todo lo anterior nos demuestra que el Sistema Nacional Anticorrupción, que pomposamente se ha presentado a los medios de comunicación del país, será un instrumento inútil, con instituciones controladas por el Ejecutivo o por los partidos mayoritarios, sin participación ciudadana real y, sin que se toque a la médula del poder en México, que como hemos dicho es la del presidente de la República y la de los poderes fácticos que operan en México con su aquiescencia.

V. La “democracia” de baja intensidad y el “Estado de Derecho” que tenemos favorecen la corrupción

Para nosotros, la democracia representativa tradicional es de baja intensidad y muchas veces es inexistente en México. Esta “democracia” no está bien equipada para combatir la corrupción. El sistema representativo de nuestro país no representa a muchos sectores sociales, debido a las complicidades de la oligarquía con la Presidencia de la República y a la complejidad y heterogeneidad de la sociedad contemporánea. Además, la brecha entre representantes y representados es cada día más amplia y, se ahonda, porque el ciudadano común no tiene armas ni mecanismos efectivos para exigir rendición de cuentas al gobernante, principalmente al presidente de la República, mediante instrumentos de democracia participativa o directa como la revocación del mandato, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, los referéndums a las reformas más importantes, la consulta obligatoria de carácter previo para preguntar a la sociedad sobre los asuntos administrativos y obras más importantes. La democracia representativa mexicana es un sistema en donde se participa medianamente y se delibera poco. La opacidad y la ausencia de controles institucionales, políticos y sociales son sus características fundamentales. Lo más grave es que los auténticos poderes no están en las instituciones tradicionales, sino en complicidad con ellos socavan la credibilidad de los procesos electorales. En efecto, los medios de comunicación electrónica, los intereses económicos nacionales y transnacionales “colonizan” las instituciones, se apropian de ellas con el respaldo de la Presidencia de la República y las utilizan para propósitos que no siempre tienen correspondencia con las necesidades y reclamos ciudadanos.

La corrupción tiene campo fértil en estas circunstancias: instituciones colonizadas, medios que manipulan el derecho a la información, debilidad de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia que no va a la médula del poder presidencial, inexistente deliberación sobre asuntos públicos, e imposibilidad para que la sociedad civil acceda a la justicia a través de acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Estas fallas hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo y que se produzca anomia.La corrupción es una respuesta inadecuada pero respuesta al fin para obtener ventajas, en un esquema en el que se confía poco en las instituciones, porque son las que primero promueven la corrupción, destacadamente las más importantes como la Presidencia de la República.

De esta manera, estimamos que la democracia no puede reducirse sólo a elecciones, y que el sistema representativo requiere de profundos ajustes: ampliar la participación ciudadana, profundizar en la publicidad de los asuntos públicos, reconocer la importancia debida a la deliberación, incrementar y hacer creíble la rendición de cuentas horizontal y social, contrarrestar cualquier manifestación del poder, principalmente del presidencial para que éste no se excluya del derecho, y democratizar internamente organizaciones como los partidos políticos.

Al analizar el estado de derecho, encontramos que en el ámbito nacional es profundamente deficiente por el desequilibrio de poderes a favor del presidente de la República, y porque se carece de controles institucionales horizontales y sociales eficaces. Combatir la corrupción en México entraña reformular todo el sistema institucional del país, comenzando por el poder presidencial para someterlo a controles y vigilancia estricta, y al mismo tiempo, despojarlo de poderes de nombramiento sobre las instituciones que fiscalizan o supervisan la corrupción. Así insistimos en un Tribunal Constitucional, cuyos titulares sean electos por los ciudadanos, con capacidad para ejercer un control constitucional amplio que permita a los ciudadanos las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad con un interés simple, y que no sólo como ahora la clase política tenga la exclusividad para plantearle asuntos, que favorezca además el desarrollo de una Constitución con fuerza normativa y que realice las tres funciones que de él esperaba Carlos Nino: controlador del proceso democrático, de protección de la autonomía individual y de continuidad de la práctica constitucional.

También apostamos por una reforma al sistema judicial en sus tres cuestiones torales: acceso a la justicia en cualquier tipo de asunto o materia, independencia y eficiencia judicial. Sobre el Ministerio Público, reivindicamos su necesaria independencia a través de la elección popular de sus titulares, y que sus funciones vayan acompañadas por una profunda reforma a los cuerpos policíacos y a los centros penitenciarios del país.

Los órganos de control de la actividad económico-financiera del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes locales, deben ser reformados para darles autonomía constitucional y que sus titulares sean electos por los ciudadanos para que no caigan en la cooptación de la presidencia o de las nomenclaturas de los partidos o, inclusive, de los órganos legislativos. Lo anterior es fundamental para transparentar su organización interna y su funcionamiento, y para fortalecer sus atribuciones de control, de fiscalización y de combate a la corrupción. En otros órganos como los de protección de derechos humanos, el banco central, y algunos más, sus titulares deben también ser electos por los ciudadanos y, diseñados desde la autonomía, la transparencia y la apoliticidad.

Sin un control social efectivo, el combate de la corrupción no podrá ser efectivo. Por esa razón reclamamos armas jurídicas para la sociedad, tales como: mecanismos de democracia directa, la legitimación procesal en los asuntos de trascendencia pública, la protección de múltiples intereses difusos y colectivos, la existencia de la figura del amicus curiae, y la aceptación jurídica de instituciones como el derecho a la resistencia. Igualmente estimamos que las diferentes formas de protesta social y de desobediencia civil deben ser valoradas por su contribución a la crítica, la transformación y el desarrollo social.

El combate de la corrupción será efectivo sólo cuando además de incorporar en el sistema político-institucional herramientas de solución, los ciudadanos se sientan obligados a cumplir con las normas. Ése es y será el instrumento preventivo más importante. Se pretende que los ciudadanos, y no sólo las autoridades, se sientan obligados a cumplir con ellas. El tema de la obediencia al derecho está ligado con el de la obligación política y por supuesto con el de legitimidad de los sistemas políticos y jurídicos. No existe para los ciudadanos una obligación incondicionada, apriorística, de obedecer moralmente un ordenamiento o un aparato institucional, aunque se diga democrático y ajustado al estado de derecho si éste en los hechos no lo es.

Al derecho debe obedecérsele, no sólo porque la norma prevea una sanción por su no acatamiento, o porque pueda resultar beneficioso para el desarrollo personal, sino porque estamos convencidos de su corrección, de su justeza, porque proviene de procedimientos democráticos y tiene como fin claro e indubitable la garantía de los derechos humanos. Cuando el ciudadano tiene esa convicción profunda, el derecho es obedecido, acatado. En las encuestas sobre la cultura de la Constitución y de la legalidad en México, encontramos respuestas penosas para la clase política, porque la gran mayoría de los ciudadanos no cree que su derecho sea justo o que provenga de procedimientos democráticos en donde se haya respetado la libertad y la equidad en los procesos electorales. Los ciudadanos saben, sobre todo en las elecciones presidenciales, que el voto se compra y que los medios de comunicación electrónica se ponen de lado de los candidatos del estatus quo.

Todos debemos generar hábitos de obediencia al derecho, y para ello es necesario establecer correctivos deliberativos y participativos a la democracia representativa, fortalecer la autonomía de los órganos de control del estado de derecho, y orientar el ordenamiento jurídico hacia una visión garantista. Al mismo tiempo, se requiere promover la construcción de una ciudadanía más informada, reflexiva y crítica con sus instituciones y normas para evaluarlas permanentemente, tanto en el procedimiento democrático para su aprobación como en el nivel de respeto a los derechos humanos que propician y, respecto a su eficacia. En el caso de la corrupción debe existir un compromiso social e institucional sin ambages, y ahí la educación cívica, en principios y valores democráticos, laicos y republicanos, es fundamental. El ciudadano debe saber, por ejemplo, que las instituciones y normas no expresan exclusivamente relaciones de poder o de dominio, sino que están orientadas hacia el desarrollo de fines como el respeto a la autonomía personal, la libertad, la igualdad y, a la rendición de cuentas para controlar a la autoridad y evitar los desvíos del poder, sobre todo de quién tiene más poder en la sociedad. Como parte de la educación cívica debe existir un cambio en la cultura jurídica de las autoridades que modifique la actitud neutral y pasiva de éstos hacia el ordenamiento y las instituciones.

La mayor parte de las veces, el presidente de la República, los funcionarios y jueces, son pasivos y reactivos frente a las normas, no intentan esforzarse en que éstas tengan un cumplimiento óptimo y extensivo, no sólo literal o gramatical, sino dirigido hacia los fines que el propio ordenamiento señala. Es frecuente, por poner el ejemplo de la “Casa Blanca” de este sexenio, que en materia de fiscalización, las autoridades se auto contengan para proteger al presidente de la República, utilicen el pretexto del “momento político”, las razones de Estado y, con argumentos formales de poca consistencia, olviden que su papel es el de maximizar en la mayor medida posible, sin violentar los derechos humanos, la rendición de cuentas.

La corrupción es un cáncer que nos daña profundamente como sociedad. No merecemos ni en lo individual ni en lo colectivo seguir permitiendo que crezca y, todos somos corresponsables por no hacer lo suficiente. Sin embargo, los más responsables son los que tienen el mayor poder en la sociedad y en la vida política, y ésos son en México los presidentes de la República y los poderes fácticos que operan en el país en relación con ellos.

VI. Nuestras propuestas anticorrupción

Por eso en esta iniciativa proponemos lo siguiente:

1. Que el presidente de la República esté sujeto a los delitos y faltas de corrupción que prevé el ordenamiento, como cualquier otro servidor público.

2. Que independientemente de lo anterior se constituya una comisión de la verdad con cinco integrantes electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República en funciones y de los ex presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones.

3. Que en la elección de los titulares de la Comisión de la Verdad se siga el siguiente procedimiento:

Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016 y reunirán los requisitos exigidos para ser electo diputado federal. Concluirán sus funciones el día último de noviembre de 2017, en donde presentarán sobre sus resultados y hallazgos un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario. El presidente será designado de entre ellos por mayoría de dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser titular de la Comisión de la Verdad harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés., aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco plazas habrá cinco candidatos, que serán los que obtengan las calificaciones más altas. Los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de precampañas y campañas, así como recibir cualquier tipo de financiamiento público o privado. Será causa de inelegibilidad para el cargo el patrocinio de los partidos, poderes mediáticos o formales.

4. La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación electoral de sus titulares y, tendrá plenas competencias para investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la república. No se pueden oponer a sus investigaciones los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial ni cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondrá del auxilio de la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas ocurridas en las últimas décadas, como en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales, así como en el análisis detenido del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

5. Los delitos y las faltas de corrupción sean imprescriptibles.

6. Todos los titulares de los órganos e instancias encargadas de la anticorrupción serán electos por los ciudadanos y no mediante el consabido reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los congresos o los Poderes Judiciales del país.

7. La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país; los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y, las acciones populares de inconstitucionalidad.

8. En un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado, y órganos constitucionales autónomos, deberán percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no gozarán de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. Las aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, serán enajenadas y el producto de la venta se destinará al gasto social en educación y salud.

9. En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos.

10. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales o subsidios, accionistas o directivos de empresas, con vínculos con las instancias públicas tienen prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios o beneficiarios de estímulos fiscales que donen a las precampañas y campañas, además de las sanciones penales, administrativas, electorales y civiles que correspondan, no podrán durante 15 años participar en las licitaciones, contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias de autoridad.

11. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que ejerzan o administren, por sí o a través de personas morales, recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y, fiscales, tanto de sí mismos como de sus cónyuges y parientes en primer grado.

12. Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deben regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes deberán enterarse anualmente a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos.

13. Se derogan las asociaciones público-privadas, la privatización de cualquier espacio público que corresponda a la federación, estados y municipios, y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privatizan el patrimonio público mediante bursatilización con el capital especulativo.

14. Los criterios para fiscalizar son: el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona; y, las relaciones de los particulares y del sector social con cualquier autoridad, en donde se hayan obtenido concesiones, contratos, privilegios fiscales, permisos o autorizaciones.

15. La extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción.

16. La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional.

17. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado proponemos el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo federal

Único. Se reforma el artículo 108, párrafo segundo; y se adiciona con quince párrafos el 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 108....

El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por delitos y faltas que constituyan corrupción,por traición a la patria y, por delitos graves del orden común.

...

...

...

Se constituye una comisión de la verdad, integrada con cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República en funciones y de los ex presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones. Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para los diputados federales y serán electos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de junio de 2017. Concluirán sus funciones el día último de junio de 2018, donde presentarán sobre sus resultados y hallazgos un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario. El presidente será designado de entre ellos por mayoría de dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser titular de la Comisión de la Verdad harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés., aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco plazas, los cinco aspirantes que obtengan las calificaciones más altas, serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de precampañas y campañas, así como recibir cualquier tipo de financiamiento público o privado. Será causa de inelegibilidad para el cargo el patrocinio de los partidos, poderes mediáticos o formales.

La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación de validez de la elección de sus titulares. Tendrá plenas competencias para investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la república. No se pueden oponer a sus investigaciones los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial ni cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondrá del auxilio de la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará fundamental, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de las empresas públicas en las últimas décadas; en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales; y, en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

Los delitos y faltas de corrupción son imprescriptibles.

Todos los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción serán electos por los ciudadanos. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los congresos o los Poderes Judiciales del país.

La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país que se adopten en los tres niveles de gobierno; los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y las acciones populares de inconstitucionalidad.

En un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado, y, órganos constitucionales autónomos, deberán percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no gozarán de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. Se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. Las aeronaves recientemente adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, serán enajenadas y el producto de la venta se destinará al gasto social en educación y salud.

En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos electos.

Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, accionistas o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas tienen prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, y personas que perciban privilegios fiscales, que donen a las precampañas y campañas, además de las sanciones penales, administrativas, electorales, y civiles que correspondan, no podrán durante 15 años participar en las licitaciones, contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias de autoridad.

Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que, por sí o a través de personas morales, ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y, fiscales, tanto propias como de sus cónyuges y parientes en primer grado.

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberán regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Sus excedentes deberán anualmente enterarse a la Tesorería de la Federación e informarse a los ciudadanos.

Se derogan las asociaciones público-privadas, se prohíbe la privatización de cualquier espacio público que corresponda a la federación, estados y municipios, y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privaticen el patrimonio público mediante bursatilización.

Los criterios para fiscalizar son el ejercicio de recursos públicos por cualquier persona; y, las relaciones de los particulares y del sector social con cualquier instancia de autoridad en donde se hayan obtenido concesiones, privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones.

La extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobará las leyes generales y federales que hagan posible la eficacia plena de este decreto.

Tercero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria para los aspirantes que estén interesados en participar y formar parte de la Comisión de la Verdad. La convocatoria y los lineamientos que apruebe ese día el Consejo General del INE establecerán conforme a este decreto, y en lo que resulte aplicable, la legislación electoral en vigor.

Cuarto.Se derogan todas las disposiciones constitucionales que en su parte conducente se opongan a lo previsto en este decreto.

Notas

1 Camisón Yagúe, José Ángel. “El informe anticorrupción de la Unión Europea”, en Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, UNED, número 32, 2013, páginas 373-388.

2 Periódico Reforma, 9 de mayo de 2016.

3 Latinobarómetro. Opinión Pública latinoamericana. Informe 1995-2015, Corporación Latinobarómetro, CAF, BID, CESOP, Santiago de Chile, 2015, páginas 69-75.

4 Favoreau, Louis. “De la responsabilité pénale á la responsabilité politique du président de la République”, Cairn.Info, Distribution électronique Cairn pour Presses Universitaires de France, páginas 7-29.

5 Stiglitz, Joseph. El precio de la desigualdad. El 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita,México, Taurus-Prisa Ediciones, 2012, página 251.

6 Stiglitz, Joseph. El precio de la desigualdad. El 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita, México, Taurus-Prisa Ediciones, 2012, páginas 89, 127, 229 y 235.

7 Comisión Europea, Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, Bruselas, 2014, página 2.

8 En particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, así como los instrumentos jurídicos de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, incluida la resolución 24 (97) sobre los 20 principios rectores de la lucha contra la corrupción y las recomendaciones números R (2000) 10 sobre los códigos de conducta de los funcionarios públicos y R (2003) 4 sobre las normas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. No debe descartarse la Convención Interamericana contra la Corrupción.

9 Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Nueva York, 2004, Prefacio, página III.

10 Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, obra citada, página III.

11 Duhamel Olivier, Mény Yves. Dictionnaire constitutionnel, París, Presses Universitaires de France, 1992, página 333.

12 Página electrónica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Consultada el 12 de abril de 2016 en el sitio URL

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

13 Página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Consultada el 8 de abril de 2016, en el sitio URL

http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos

14 El Congreso Mexicano designa a dos diputados y tres senadores para ser miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) en donde convergen igualmente parlamentarios de América Latina y Europa. Así, México participa a través de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (dos senadores y un diputado para Euro-Lat), y através del Parlamento Latinoamericano (un senador y un diputado para Euro-Lat). Por parte del Senado de la República participan el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, la Sen. Gabriela Cuevas Barron, y el Sen. Eviel Pérez Magaña (de licencia en este momento). Por parte de los diputados aún no hay legisladores designados por la renovación de la legislatura. Existen otros parlamentos subregionales como son el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento del Mercosur, mientras que por parte de Europa participan diputados pertenecientes al Parlamento Europeo. Todas estas asambleas, más la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea, participan en la Euro-Lat a través de legisladores que ellas mismas designan. El objetivo de la Euro-Lat es la integración euro-latinoamericana además de la discusión y propuesta de soluciones a temas comunes para ambas regiones (por ejemplo la corrupción, los derechos humanos, la el financiamiento de los partidos políticos, la democracia, entre otros). Cabe destacar que sus resoluciones no tienen carácter vinculante.

15 Weber, Renate; y Zambrano, Patricio. Transparencia y Corrupción en la Unión Europea y América Latina, Resolución, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Atenas, Grecia, 29 de marzo de 2014, páginas 4-6.

16 Ello también puede trasladarse a un observatorio mexicano de transparencia y lucha contra la corrupción. “El observatorio ciudadano es un mecanismo y herramienta que promueve la participación ciudadana y busca el empoderamiento de la sociedad, a través de transparentar y legitimar la información disponible respecto de las diferentes actividades de la administración pública. Busca articular a las diferentes organizaciones sociales a fin de que incidan verdaderamente en las acciones de las autoridades y coadyuven a marcar el rumbo que se quiere para su comunidad”, Apperti, Luis. “¿Qué es un observatorio ciudadano?”, en Milenio Diario, 14 de julio de 2014, consultado el 15 de mayo de 2016. Sitio URL:

http://www.milenio.com/firmas/luis_apperti/observatorio-ciudada no_18_334946568.html

17 Cárdenas Gracia, Jaime. La crisis del sistema electoral mexicano. A propósito del proceso electoral de 2012, México, UNAM, 2014.

18 Rincón Patiño, Rafael. Corrupción y derechos humanos. Estrategias comunes por la transparencia y contra la corrupción, Medellín, Colombia, Instituto Popular de Capacitación –IPC– de la Corporación Popular, 2005, página 30.

19 International Council on Human Rights. La corrupción y los derechos humanos. Estableciendo el vínculo, Monterrey, México, EGAP-Tecnológico de Monterrey, 2009, página 70.

20 Hawley, Sue. Exporting corruption. Privatization, multinationals and bribery, Reino Unido, The Corner House, Briefing 19, junio de 2000, páginas 1-24.

21 KERRY, John. “Corrupción y seguridad”, en periódico Reforma, 13 de mayo de 2016, página 9.

22 Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea, Bruselas, 2.3, 2014.

23 Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea, Bruselas, 2.3, 2014.

24 Véase el Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea, Bruselas, 3.2, 2014.

25 Según Robert K. Merton la anomia no implica falta de normas, ya que en toda sociedad, por rudimentaria que fuere, existe un conjunto de pautas, usos y costumbres, normas jurídicas, más o menos sistematizado, más o menos integrado; un grado mínimo de quebrantamiento de las reglas de un sistema normativo no puede considerarse anomia; hay grados y clases de anomia, la simple es un estado de confusión de un grupo o sociedad sometido al antagonismo entre sistema de valores, que da por resultado cierto grado de inquietud y la sensación de separación del grupo; la anomia aguda es el deterioro en último extremo y la desintegración del sistema de valores que da por resultado angustias pronunciadas; la anomia puede referirse más a algunos sectores que a otros de la población; y, la conducta socialmente divergente o conducta desviada es la resultante de la anomia. Merton, Robert K. Teoría y estructuras sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, páginas 9-11.

26 Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, análisis jurídico y politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, páginas 657 y siguientes.

27 Sabemos que el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo restringe la procedencia del Juicio de Amparo en contra de las reformas constitucionales lo que constituye de suyo una vulneración del derecho de acceso a la justicia.

28 Los Poderes Judiciales del país carecen de independencia porque los titulares máximos de esas instancias son producto del reparto de posiciones entre los partidos mayoritarios.

29 Los Poderes Judiciales podrían hacer más con menos si existiera respecto de ellos la figura de la auditoría o contraloría ciudadana para darle seguimiento a sus procedimientos y decisiones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputados: Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la figura de gobierno de coalición, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

México enfrenta, otra vez, un proceso de “sucesión adelantada”: los principales medios de comunicación publican desde principios de año encuestas presidenciales, al tiempo que las acciones de los líderes de los partidos y los principales miembros del gabinete tienen una clara intencionalidad electoral.

Es claro que la sucesión entra por la puerta que abre la debilidad del gobierno en turno, como pasó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora lo hace con un presidente que tiene el nivel más bajo de aprobación en décadas para un titular del Ejecutivo.

Pero también es claro que este fenómeno (el de la “sucesión adelantada”), que en el régimen autoritario podría haberse considerado atípico, se ha vuelto común en los últimos sexenios: tanto Felipe Calderón como Vicente Fox llegaron debilitados al final de su gobierno, a grado tal que ambos enfrentaron una rebelión política dentro su propio partido.

Por eso, habría que preguntarse si lo que enfrenta México es solamente una crisis de liderazgo o es también una crisis de régimen: preguntarse si el Estado Constitucional en México puede seguir apostando una y otra vez al simple recambio electoral, al cambio de personas, o es tiempo de generar una alternativa distinta desde el punto de vista de lo que Zagrebelsky define como “la política constitucional”.

Habría que preguntarle a los aspirantes a la presidencia de la República: ¿Qué país quieren administrar a partir del 2018? Y si el costo que los mexicanos debemos de pagar por sus aspiraciones son dos años más de un estancamiento infructuoso de nuestra vida institucional.

La hipótesis es que la clave para la crisis de nuestra vida pública (evidente, por ejemplo, en la incapacidad del Estado para proteger la vida) no está en el proceso electoral del 2018, sino en la impostergable necesidad de un cambio de régimen.

Para ello, es necesario plantear la solución de un problema exige, como paso previo, definirlo: ¿Qué características tiene el momento actual de la vida pública de México y por qué nos referimos a él como una crisis de gobernabilidad?

Consecuentemente, hay dos vías para responder la pregunta: la primera es validar el diseño constitucional frente a su nivel de efectividad en términos de aplicabilidad. Es decir, la división de poderes, los contrapesos al interior de nuestro Estado, la reacción de nuestras instituciones a la coyuntura, ¿Tienen un soporte constitucional sólido? ¿Son simulados? ¿Tienen un problema de diseño?

Por ello, es menester plantear el análisis en áreas estratégicas: Relaciones Exteriores, por ejemplo, en donde el Senado tiene facultades constitucionales. ¿Qué rol ha jugado el Poder Legislativo en la crisis diplomática con los Estados Unidos? ¿Qué restricciones reales pudo imponer el Senado a la pésima decisión de invitar a Donald Trump y darle trato de jefe de Estado?

Otra área sustantiva es la económica y podemos analizarla a partir de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto y fiscalización: ¿Cuál es el rol que está jugando el Poder Legislativo ante los escandalosos casos de corrupción de gobernadores? ¿Cuántos juicios políticos han tenido trámite? ¿Cuál es la reacción a la volatilidad que ha desatado la elección presidencial en los Estados Unidos?

Aquí entra en juego lo que Giovanni Sartori planteó en su conferencia “Límites de la ingeniería constitucional”: “no concibo a las constituciones meramente como documentos legales, caracterizados por mandatos y prohibiciones; también, y especialmente, las concibo como estructuras de incentivos, de recompensas y reprimendas”.

Es decir, lo que valdría la pena analizar no es sólo que la división de poderes sea un principio planteado en nuestra Constitución, sino evaluar los incentivos y mecanismos de contrapeso que nuestra estructura genera.

La segunda vía necesaria para evaluar la crisis de gobernabilidad en México debe ser, necesariamente, la democrática. Si, como señala Miguel Carbonell, la ciudadanía es el “mecanismo de defensa” más importante del Estado Constitucional, el grado de satisfacción (o insatisfacción) de los ciudadanos con su régimen y sus instituciones debe ser un asunto central del análisis.

Según el Latinobarómetro 2016, el apoyo a la democracia en México se sitúa en 48% (frente al 54% de promedio en la región) y se encuentra entre los países en los que una mayoría (en el caso específico, un 57%) prefiere la restricción de libertades a la sociedad, a cambio de orden.

Asimismo, un 46% de los mexicanos asegura haber sido víctima (o algún familiar) de algún delito en el último año, frente a un promedio de 36% en Latinoamérica, al tiempo que solo 1 de cada 4 ciudadanos en México aprueba a su gobierno (13% menos que el promedio de la región).

En resumen: la percepción es que el Estado Constitucional perdió el monopolio de la violencia, que su sustento democrático dejó de tener consenso social y que la clase política está al servicio de intereses ajenos a los de los ciudadanos (un 76% de los mexicanos dijo que el gobierno estaba al servicio de los grupos de poder y no de la gente). Hay evidencia de la crisis de gobernabilidad.

Y si partimos de la noción de que “la primera función de todo poder político y de todo sistema jurídico es la organización pacífica de la convivencia” entonces vale la pena preguntarse, ¿cuáles cambios son necesarios en nuestro sistema político?

Para ello, vale la pena retomar una premisa de Sartori en su disertación sobre los límites de la ingeniería constitucional: “las constituciones son como las rutas y las leyes del tráfico; establecen un itinerario que permite un ejercicio controlado del poder; y si estas leyes de tráfico conducen al estancamiento o, en todo caso, a un gobierno ineficaz y débil, entonces tenemos una Constitución pobremente fraguada; vulgo, una mala Constitución”. Esto nos permite pasar al siguiente punto de la discusión, que sería: ¿Cuáles son los cambios constitucionales pertinentes para el régimen mexicano?

Las coaliciones de gobierno son una realidad en México, pero se han consolidado por mecanismos informales y acuerdos políticos, como el pacto por México, más que como un diseño institucional transparente, con reglas y que genere obligaciones y nuevas responsabilidades a los actores en juego.

Giovanni Sartori hace una categorización de los sistemas políticos democráticos en presidenciales y parlamentarios, estableciendo tres criterios que definen a un sistema presidencial puro:

• La elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado.

• En esos sistemas, el gobierno no es designado o desbancado por el voto parlamentario; es una prerrogativa presidencial nombrar o sustituir a discreción a los miembros de su gabinete.

• El Poder Ejecutivo se deposita y es dirigido por el presidente.

En el caso de América Latina, los regímenes presidenciales han oscilado entre el abuso de poder y la falta del mismo. Por ello, académicos como Juan Linz y otros estudiosos de la realidad latinoamericana han llegado a la conclusión de que el remedio es, en lugar de mejorar el presidencialismo de los países de la región, suprimirlo y adoptar una forma parlamentaria de gobierno.

Sin embargo, dadas las condiciones actuales del ejercicio y distribución del poder político en México, parece más pertinente darle continuidad al sistema presidencial, pero acotando las facultades del Poder Ejecutivo, para paulatinamente arribar a una efectiva división de poderes.

En ese sentido, en nuestro país, hemos vivido un régimen presidencial muy particular a partir de la promulgación de la Constitución de 1917. A diferencia del modelo estadounidense, basado en la separación de poderes, el mexicano se basó históricamente en la concentración del poder, lo que permitió la práctica de un presidencialismo autoritario. A pesar de que nuestra Constitución “ha sufrido 642 modificaciones, a través de 225 decretos de reforma constitucional”, sigue conservando características del sistema de gobierno que prevaleció en el país a lo largo de gran parte del siglo XX.

Una de las particularidades, pieza clave del presidencialismo mexicano a la vez, fue el Partido Revolucionario Institucional, que nació desde el poder y fungió como partido hegemónico, gobernando el país de manera ininterrumpida durante 70 años. Además, gobernando la totalidad de los estados hasta que en 1989 perdió la gubernatura de Baja California. En cuanto a la composición del Congreso de la Unión, el partido perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y la de Senadores en 2000.

A partir del triunfo de la oposición en 1997, el poder del Ejecutivo y del partido hegemónico se han acotado paulatinamente, mientras que la oposición se ha consolidado y fortalecido (en el plano electoral). Podemos afirmar que en México se ha establecido, desde 1997, un gobierno sin mayoría.

Cabe apuntar aquí que esta nueva realidad, la del pluralismo político, es uno de los principales motores de transformación constitucional según afirma el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky en su obra de “El derecho dúctil”.

Este cambio de escenario ha obligado a las fuerzas políticas a optar cada vez más frecuentemente por coaliciones, no sólo en el ámbito electoral, sino en la actividad legislativa, con el objeto de crear un consenso entre el partido que detenta el poder y la oposición y establecer condiciones de gobernabilidad.

Un ejemplo de lo anterior es el gobierno actual, al no contar con un Congreso controlado por su partido, se vio obligado a fraguar el “Pacto por México”, que fue la formalización de una coalición parlamentaria integrada por el PRI, el PAN, el PRD y algunos partidos satelitales al régimen.

A través de esa coalición, la oposición tuvo la oportunidad de negociar su apoyo a iniciativas que presentó el Presidente; introducir temas prioritarios en la agenda de gobierno; exigir cambios en áreas que consideraban estratégicas; y, modificar algunos de los contenidos de las iniciativas que se presentaron.

En este contexto se produjo la reforma político-electoral de 2014, que entre otras cosas, facultó al Presidente de la República para optar por un gobierno de coalición.

Esta reforma incorpora ciertos elementos de gobierno parlamentario a nuestro régimen político, para lograr una distribución del poder más equitativa y funcional, partiendo de la idea de que “el gobierno de coalición funciona por diversas razones. Establecer coaliciones de gobierno en un sistema parlamentario conlleva una lógica indispensable para gobernar pues el poder ejecutivo no obtiene su legitimidad en las urnas (como lo hace en el presidencialismo) sino que ésta emana precisamente del Parlamento, por lo tanto gobernar sin el apoyo del Parlamento no existe siquiera como opción.”

También vale la pena retomar otro elemento para el análisis: el de las mayorías electorales, recordando que en las últimas elecciones presidenciales ninguno de los candidatos ha obtenido más del 50% de los votos de la ciudadanía. En el año 2000, el candidato ganador obtuvo un 42.52%. En 2006, 35.89%. Nuestro actual presidente obtuvo el 38.21% del total de los votos.

Si la legitimidad política se desprende de la aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder, al no existir una verdadera mayoría que haya llevado a quienes gobiernan al poder, puede llegar a ponerse en tela de juicio su legitimidad y, con ello, la legitimidad de las acciones de gobierno que se emprenden.

En teoría, el hecho de que el partido ganador de la elección presidencial no cuente con la mayoría absoluta en el Congreso, debería ser un estímulo suficiente para llevar al presidente a negociar incentivos con otros partidos.

Sin embargo, debido a diferencias ideológicas y a la falta de convencimiento de los partidos políticos sobre las ventajas de la cooperación, así como a un manejo perverso de los recursos públicos y de la discusión presupuestal (con el surgimiento de los famosos “moches”), ello no ha ocurrido, impidiendo la construcción de una agenda legislativa pública con respaldo democrático.

En la reforma constitucional que entrará en vigor hasta 2018, sólo se faculta al Presidente de la República a optar en cualquier momento por un gobierno de coalición. Es una facultad discrecional que se le asigna al Ejecutivo.

Sin embargo, para lograr una verdadera redistribución del poder y establecer incentivos para la cooperación, los gobiernos de coalición tendrían una mayor fuerza si la Constitución los contemplara como obligatorios.

Siguiendo con Giovanni Sartori, el politólogo italiano propone, en su obra Ingeniería constitucional comparada, un sistema “híbrido” para desconcentrar el poder en México. Se trata del presidencialismo alternativo o presidencialismo intermitente.

Sartori advierte que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo son sistemas impulsados por un sólo motor: el Presidente en el primero, el Parlamento en el segundo. Por su parte, el semipresidencialismo posee los dos motores, pero ambos funcionan simultáneamente.

En cuanto al presidencialismo alternativo, “la idea básica es tener un sistema parlamentario motivado o castigado, respectivamente, por el desplazamiento del presidente o por el reemplazo de éste. Mientras el sistema parlamentario funcione, se le deja ser. Pero si no puede cumplir las condiciones predeterminadas, entonces se apaga el motor parlamentario y se enciende el presidencial”.

Sartori pone especial énfasis en la creación de incentivos, que recompensen los buenos resultados y sancionen las malas conductas. En ese sentido, su tesis puede adecuarse a la realidad mexicana para establecer la manera en que funcionarán los gobiernos de coalición.

El modelo institucional partiría de una premisa: El presidente electo tendría la obligación de conformar una mayoría parlamentaria al inicio de su mandato, es decir, que los gobiernos de coalición adquirirían la calidad de obligatorios, no opcionales, como actualmente se dispone.

Ese sería el primer motor democrático del sistema, ya que tal como ocurre en un gobierno de tipo parlamentario, el jefe del Ejecutivo contaría inicialmente con el apoyo de la mayoría en el Congreso, además de que su gabinete tendría una composición pluripartidista y sería ratificado por las Cámaras. Asimismo, el gobierno de coalición contaría con un programa sujeto a la ratificación del Poder Legislativo.

Una de las ventajas fundamentales de este nuevo modelo tiene que ver con el previamente expuesto dilema de la crisis democrática en México y el mundo: la crisis de representación. Y es que “compartir responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas supone una apuesta decidida por el pluralismo político, ampliando de esta forma la base social del gobierno. Como efectos de estas dinámicas coaliciones de ejercicio del poder compartido, la sociedad obtiene mayores explicaciones sobre la acción de su gobierno, se percibe una mayor sensibilidad gubernamental hacia sus reivindicaciones, los ciudadanos se interesan más por la política y la sociedad en su conjunto gozará de mayor salud democrática.”

Además, el proceso de formación de una coalición, conlleva la interacción y negociación en varios escenarios políticos, por lo que se crean vínculos sólidos con otros niveles de gobierno dentro del Poder Ejecutivo, tanto estatales como municipales. Es decir: la idea de gobierno de coalición no rompe con la lógica federalista que nuestra Constitución contempla.

Por otra parte, si bien es cierto que en un gobierno de coalición, los secretarios de Estado tendrían que ser ratificados por la Cámara de Diputados o el Senado, eso no debe suponer que tengan asegurado el cargo durante toda una Legislatura.

Por ello, habría que incorporar un mecanismo puramente parlamentario: la moción de censura. De esta manera, el Poder Legislativo tendría la facultad de destituir por una mayoría (podría ser una mayoría calificada para no generar inestabilidad) a uno, a varios Secretarios de Estado o a la totalidad del gabinete, en caso de que se acreditara un gobierno inviable e incompetente.

En caso de que la moción de censura procediera, y que el Poder Legislativo no ratificara una nueva propuesta del Ejecutivo, se echaría a andar el segundo motor democrático: el presidente podría nombrar libremente nuevos miembros de su gabinete, los cuales ya no podrían ser destituidos por el Legislativo.

Para evitar el riesgo de que los diputados o senadores ejercieran su facultad de censurar permanentemente al gabinete, con el incentivo de negociar un cargo en el gabinete nombrado por el presidente, una alternativa sería prohibir que los legisladores en activo puedan ser nombrados secretarios de Estado.

Lo fundamental en un buen sistema de gobierno es la existencia de mecanismos que recompensen el buen desempeño o castiguen la falta de resultados. Para lograrlo, el modelo que se propone, posee varios incentivos que lo hacen funcionar.

El hecho de que los secretarios de Estado fueran ratificados por el Poder Legislativo, generaría una dinámica de corresponsabilidad, incentivando a que los secretarios de Estado ratificados por consenso de los legisladores, sean personas que se consideren aptas para ejercer el cargo y que procuren hacerlo correctamente, pues de lo contrario, podrían ser removidos del mismo.

Aquí podemos tomar como ejemplo los casos mencionados al principio. En el caso particular de la cancillería, por ejemplo: ¿No tendríamos los mexicanos una mejor alternativa frente a la relación bilateral que se avecina con Donald Trump, si se tuviera que elegir un perfil de consenso para la Secretaría de Relaciones Exteriores?

¿No tendríamos un mejor escenario para el cierre del actual sexenio si las áreas sustantivas del gobierno estuvieran encabezadas por actores políticos más preocupados por generar gobernabilidad que por hacer campaña?

La democracia requiere para su correcto ejercicio, tomar en consideración todas las opiniones que se ejercen en su seno. Los valores supremos en un gobierno democrático deben ser el diálogo y la tolerancia. Es una falacia que la pluralidad de participantes lleve necesariamente a la ingobernabilidad por falta de acuerdos. Consideramos que se debe terminar con la toma de decisiones entre una minoría, bajo el argumento que de esa manera el gobierno entrega mejores resultados. Esa “eficiencia” que pregonan muchos miembros de la clase política actual, es la misma “eficiencia” que poseía el régimen de partido hegemónico que prevaleció durante 70 años en nuestro país. Es por ello que se proponen los gobiernos de coalición obligatorios, para fomentar el diálogo y la cooperación entre los diversos actores políticos en el ejercicio del poder.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la figura de gobierno de coalición

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XXX, recorriendo el subsecuente, al artículo 73, un segundo párrafo a la fracción II del artículo 89; y, se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del 76, las fracciones II y XVII del 89, todos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. ... XXIX-W

XXX. Para ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios Secretarios de Estado o a la totalidad del gabinete;

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. ... II. ...

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda;

IV ... IX

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, con excepción del Secretario del ramo de Hacienda; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III ... XIV

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. ...

II. Nombrar , con ratificación del Senado,a los Secretarios de Estado, con excepción del Secretario del ramo de Hacienda, que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados. Nombrar y remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución , en el convenio de gobierno de coalición oen las leyes.

Los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En caso de que el Congreso de la Unión hubiese ejercido moción de censura contra dos terceras partes de los Secretarios de Estado o contra la totalidad del gabinete, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los nuevos Secretarios, con el único impedimento de nombrar a quienes hubieren estado ejerciendo como diputados o senadores al momento de la censura.

III. ... XVI.

XVII. Establecer un gobierno de coalición con varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión , mediante convenio.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y ratificados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

En caso de no ser aprobados los respectivos convenio y programa por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, ni ratificados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o ante el incumplimiento del respectivo convenio y programa por parte de estos, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, y decidir libremente sobre la administración del Gobierno Federal.

XVIII ... XX

Artículo Segundo.Se deroga el artículo décimo segundo transitorio, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

Décimo Segundo. Se deroga.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá homologar las leyes correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto.

Tercero. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación secundaria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto.

Cuarto. Respecto de la actual administración del gobierno federal, las dos terceras partes del Congreso de la Unión, o en su caso el titular del Poder Ejecutivo, podrán, excepcionalmente, optar en cualquier momento por un gobierno de coalición, en los términos de lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Según las evaluaciones públicas de Parametría y Reforma, la aprobación del presidente es la más baja desde que iniciaron sus estudios de opinión:

http://www.animalpolitico.com/2016/09/pena-aprobacion-encuesta- sexenios/

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=617339&idFC=20 16

2 En “El derecho dúctil”, el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky detalla la transición de la “ciencia constitucional” a la “política constitucional”, la cual se caracteriza por el reconocimiento de la pluralidad y la constante administración de tensiones.

3 Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre fueron asesinadas 2 mil 187 personas en México: lo que equivale a un muerto cada 20 minutos.

4 El 4 de Julio de 1996, Giovanni Sartori dictó esta conferencia en el marco de la “Tercera Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales”.

5 Latinobarómetro, Informe 2016. Disponible en www.latinobarometro.org.

6 Peces Barba, Gregorio, “Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales”. Historia de los derechos fundamentales, tomo 1, Madrid, Universidad Carlos III, Editorial Dykinson, 1998, p.39.

7 Sartori, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

8 Salazar Ugalde, Pedro, Hacia la reordenación y consolidación del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en:

http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolida da/estudio-introductorio#n1

9 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Trotta, 2011., p. 160.

10 No obstante, el ritmo y los tiempos con los que se aprobaron dichas iniciativas, privilegiando las denominadas “reformas estructurales” en materia económica, condenaron al fracaso a la mayor parte de la agenda consensada, en detrimento de las iniciativas alentadas por la oposición.

11 Márquez Espinosa, Solange. Gobiernos de coalición en la Reforma Política.Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, 2014. Disponible en:

http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/a rticle/view/7024/8960

12 Crespo, José Antonio. Elecciones y democracia. Instituto Federal Electoral. Disponible en:

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/elecciones_y_democraci a.htm#II

13 Op. cit., Sartori, Giovanni.

14 Reniu Vilamala, Josep María. El desafío del poder compartido en escenarios de gobierno dividido. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en:

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3677/10.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Población, de Educación y de Salud, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La política migratoria de detención y deportación de los Estados Unidos, combinada con la crisis económica, y la llegada de Donald J. Trump a la presidencia, han impactado en el aumento del retorno de mexicanos al país y por consiguiente, de sus familiares cercanos. En su retorno a México, a muchos de ellos les han seguido sus hijos, ya sea nacidos en México o en Estados Unidos. De esta forma, hoy en día, existe un grupo creciente de mexicanos, jóvenes, niños y adultos, que regresan a su país de origen después de haber vivido algún tiempo en el país vecino.

Resulta oportuno señalar que, de acuerdo con datos del Pew Research Center, basados en la oficina de Censo de Estados Unidos, en 2014 vivían en el país del norte 5.8 millones de mexicanos sin documentos, del total de los 11.1 millones de inmigrantes que se tenían registrados.

Donald J. Trump ha prometido que expulsará aproximadamente tres millones de inmigrantes. No vale la pena subestimar sus declaraciones ni evaluar la factibilidad de su política migratoria, ya que tan sólo durante el periodo comprendido entre 2009 y 2013, es decir los primeros 4 años de la administración del Presidente Barack Obama, 2.3 millones de mexicanos fueron deportados. Lo que resulta imprescindible es realizar los cambios legales que garanticen los derechos de los repatriados, para que nuestro orden jurídico provea las condiciones necesarias que les aseguren una reinserción satisfactoria en todos los ámbitos, pero esencialmente en lo que respecta a lo laboral, lo educativo y la salud.

A su regreso a México, la población expulsada de Estados Unidos, se enfrenta a otro sistema de exclusión: el del gobierno y la sociedad mexicana. Las políticas públicas en torno a las familias retornadas en México son escasas e infructuosas. No existen programas de reinserción realmente provechosos, sino que la rigidez y desidia del gobierno mexicano construye otro tipo de muros. La inexistencia de un programa de reinserción social eficaz, ha convertido a los repatriados en víctimas constantes del crimen organizado y de la trata de personas, lo cual reduce considerablemente sus expectativas de vida.

En ese sentido, los mexicanos deportados se enfrentan a problemas de diversa índole. Uno de los más graves es la dificultad de demostrar su nacionalidad mexicana, lo que provoca que su estatus jurídico sea incierto, y les acarrea muchas inconveniencias. María Aragonés señala al respecto que: “No sólo enfrentan nuevamente la tragedia de la indocumentación, pero ahora en su propio país, sino que esta condición resulta uno de los mayores obstáculos para su inserción productiva, pues difícilmente encuentran trabajo.”

Además, otro de los principales problemas de exclusión que sufren los repatriados, junto con sus familiares, es el problema del empleo, ya que muchos no son aceptados por no hablar correctamente español o porque están sobrecualificados para los trabajos que buscan ejercer. Esta situación es especialmente grave, dado que la falta de empleos en nuestro país es precisamente una de las causas de la migración hacia los Estados Unidos.

Gómez, Partida y Tuirán señalan que entre los factores desencadenantes del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos, destacan los siguientes:

• Insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el excedente de fuerza de trabajo.

• Demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y de servicios de la Unión Americana.

• Considerable diferencial salarial entre ambas economías.

Considerando la incapacidad que ha mostrado la actual administración para generar empleos dignos para quienes habitan en nuestro país, la reinserción laboral de los mexicanos que eventualmente serían deportados, será excesivamente complicada, ya que implica su adaptación a una sociedad, una cultura e incluso un idioma que no dominan totalmente. Es necesario apoyar a este grupo vulnerable de connacionales, y a sus familiares, para facilitar su incorporación apropiada al mercado laboral.

En ese sentido, un grupo de académicos del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Guadalajara y la UNAM, han analizado los procesos de inserción laboral de repatriados en ciudades como Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara. Uno de los retos a los cuales se enfrentan, es el de aprovechar sus competencias laborales y los conocimientos adquiridos en Estados Unidos para adecuarlos al entorno mexicano. “Buscan oportunidades en mercados de trabajo que si bien recompensan sus habilidades, sobre todo el dominio del inglés, a veces reflejan también rasgos de precariedad característicos del panorama laboral mexicano.” Un ejemplo de ello, es el empleo de algunos deportados en call centers, debido a su manejo del idioma inglés.

Cabe mencionar que, a pesar de que muchos de los trabajos que se ven obligados a realizar los migrantes ilegales afectan su salud, su estancia en Estados Unidos se caracteriza por la inaccesibilidad a la cobertura de salud. Aún más, a su retorno a nuestro país, se siguen enfrentando a la misma problemática. Un estudio del investigador Rodolfo García Zamora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estimó que de los 3 millones de mexicanos que fueron repatriados en los últimos siete años, tan sólo el 20 por ciento cuentan con acceso a servicios básicos de salud. Asimismo, calcula que 6.5 millones de migrantes mexicanos volverán al país en los siguientes 15 años, y que, 80 por ciento de ellos estarán enfermos o envejecidos prematuramente.

Asimismo, como bien apunta Yetzi Rosales Martínez, investigador y catedrático Conacyt de El Colegio de la Frontera Norte, “regresar a México no elimina del todo la condición de vulnerabilidad en salud que vivieron los migrantes mexicanos en EU. En nuestro país, las opciones de atención médica para esta población se restringen a la infraestructura de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y servicios médicos básicos que ofrecen algunas organizaciones de la sociedad civil”.

Por si fuera poco, “los mexicanos deportados llegan a los puntos de recepción del Instituto Nacional de Migración, y es ahí donde se presenta la primera demanda de atención en salud. De acuerdo con el Sistema de Información en Salud (SSA), en 2014 había en promedio 0.07 camas censables por cada mil habitantes no derechohabientes distribuidas en los seis estados fronterizos [...]. Una situación similar ocurre con el personal de salud: en toda región fronteriza había 1.5 médicos en contacto con paciente por cada mil habitantes no derechohabientes [...]”.Por lo que, se hace evidente que “la región norte requiere dedicar mayor inversión en infraestructura en salud y crear más plazas para profesionales de la salud en pro de solventar la demanda de atención médica pronta y de calidad que los migrantes de retorno merecen por derecho constitucional”.

Por su parte, el sistema educativo nacional también discrimina sistemáticamente tanto a la niñez mexicoamericana que regresa con sus padres deportados como a los jóvenes indocumentados retornados y deportados, obstaculizando su acceso para poder continuar sus estudios en nuestro país. Un ejemplo de ello es que existen requisitos de difícil cumplimiento para las personas repatriadas: la Secretaría de Educación Pública establece que cualquier documento de identidad y escolaridad emitido en el extranjero debe ser apostillado y traducido por peritos oficiales.

Según estadísticas del Consejo Nacional de Población, de 2007 a 2009 hubo 106 mil menores repatriados de Estados Unidos a México, es decir, alrededor de 35 mil anuales. En las escuelas de estados como Zacatecas, se incorporan en promedio mil menores repatriados al año. Sin embargo, ni las instituciones educativas ni aquellas encargadas de proteger a la niñez, realizan las acciones indispensables para evitar la deserción escolar por parte de los menores. Consideramos que, entre otras cosas, el Estado está obligado a proveer a los menores repatriados de atención médica y psicológica, además de apoyo académico para que su proceso educativo no se vea obstaculizado. Al igual que en los rubros de trabajo y salud, el Estado Mexicano no se encuentra preparado para brindar servicios educativos a la población repatriada.

En ese sentido, la presente iniciativa propone diversos mecanismos para facilitar la incorporación de mexicanos que regresan al país, a consecuencia de una deportación:

1. La primera propuesta consiste en que, ante la falta de documentación a su llegada al país, se permita a los mexicanos repatriados les sea aceptada la constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración como identificación social.

2. La segunda propuesta consiste en facilitar la revalidación de estudios realizados en el extranjero a los mexicanos repatriados, otorgando facilidades de acceso, ingreso, permanencia y egreso al sistema educativo, a fin de evitar que se enfrente a trabas que les impidan seguir desarrollándose e incorporarse al sistema educativo.

3. La tercera consiste en que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a fin de salvaguardar el interés superior de los menores, brinde atención psicológica y médica a los menores repatriados, y se les brinde apoyo para que su proceso educativo continúe y no se trunque.

4. La cuarta propuesta consiste en que, en consonancia con los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Convención de los Derechos del Niño, no se le condicione a niñas, niños y adolescentes el acceso a planteles educativos, ante la falta de documentación.

5. La quinta propuesta, en materia de salud, pretende establecer que las familias y personas que fueron repatriados y no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, sean incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, con apoyo del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación.

6. Finalmente, se propone facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en la implementación de mecanismos efectivos para facilitar su incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud, así como orientación, información o guía acerca de la serie de trámites a realizar necesarios para reiniciar sus vidas, incluyendo opciones de vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Por último, y a fin de dar prioridad a la atención de las necesidades de la presente propuesta, se propone hacer un corte en el gasto en compra de equipo militar que el Gobierno Federal hace a Estados Unidos. Pues, de los más de mil 300 millones de dólares en menos de un año que ha gastado el Gobierno Federal, se propone reducir de manera gradual dicha erogación, para que se empleé en otras necesidades sociales, en un contexto de agudización de crisis económica, política y social.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se adicionan las fracciones III, IV y V, recorriendo los subsecuentes, y un párrafo cuarto y quinto, al artículo 84; se reforma el artículo 83, y el párrafo segundo del artículo 84, todos de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 83. La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en la implementación de mecanismos efectivos para facilitar su incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud, así como orientación, información o guía acerca de la serie de trámites a realizar necesarios para reiniciar sus vidas, incluyendo opciones de vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Artículo 84. [...].

Asimismo, la Secretaría vigilará y dispondrá lo necesario para que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten y garanticen los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. [...];

II. [...] ;

III. Recibir atención legal, psicológica y médica;

IV. Recibir apoyo para la tramitación de documentación necesaria que les permita identificarse, a fin de facilitar su incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud, tales como el acta de nacimiento, la constancia de repatriación, la Clave Única de Registro de Población;

V. Acceder a la incorporación al Seguro Popular, mismo que deberá contar con los recursos necesarios para atender la demanda generada, principalmente, en la zona fronteriza;

VI. ... XII.

[...].

La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Salud, de Educación y de Trabajo y Previsión Social promoverá acciones de coordinación interinstitucional y las facilidades necesarias para brindarles una adecuada incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud.

La Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para permitir que sea aceptada la constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración como identificación social.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción IV Ter, al artículo 33, y un párrafo tercero al artículo 61, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.[...]:

I. [...];

II. [...];

II Bis. [...];

III. [...];

IV. [...];

IV Bis. [...];

IV Ter. Prestarán servicios educativos para atender a quienes fueron repatriados y se encuentran en situación de vulnerabilidad y rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, ingreso, permanencia y egreso;

V. [...];

VI. [...];

VII. [...];

VIII. [...];

IX. [...];

X. [...];

XI. [...];

XII. [...];

XIII. [...];

XIV. [...];

XV. [...];

XVI. [...], y

XVII. [...].

[...].

Artículo 61. [...].

[...].

La revalidación de estudios podrá realizarse sin que sea necesario la apostilla para documentos de escolaridad; asimismo, se podrá dispensar la apostilla del acta de nacimiento extranjera para el acceso y acreditación de estudios. Las traducciones de documentos extranjeros podrán realizarse por un traductor común, perito oficial, o por el mismo alumno.

Artículo Tercero.Se adicionan un párrafo segundo al artículo 77 Bis 3, y un párrafo segundo al artículo 77 Bis 8, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 3.[...].

Para atender a las familias y personas que fueron repatriados y no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, con apoyo del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.

Artículo 77 Bis 8. [...].

Para el caso de las familias y personas que fueron repatriados, no estará condicionada su incorporación al Sistema de Protección Social en Salud a los requisitos señalados en el artículo anterior, ni a la previa solicitud de incorporación a que hace referencia el presente artículo, toda vez que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, estarán a cargo de los trámites de su incorporación, por lo que bastará con la presentación de la respectiva constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración para que gocen de los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Titular del Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y demás instituciones encargadas de proteger a la niñez, deberán implementar un programa de atención sicológica, médica y de apoyo para que el proceso educativo de las Niñas, Niños y Adolescentes no se trunque.

Tercero. El Titular del Ejecutivo Federal deberá, a fin de garantizar a mexicanos repatriados el acceso e incorporación al Seguro Popular, los recursos necesarios para atender la demanda generada, principalmente, en la zona fronteriza.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá adecuar las consecutivas Leyes de Ingresos que emita, a fin de que el gasto público en equipo militar que compra a los Estados Unidos de Norteamérica, tenga una reducción gradual y dicho gasto público se destine a otros fines de carácter social, de acuerdo con el presente decreto.

Quinto. El Titular del Ejecutivo, a través de las dependencias encargadas, deberán reducir de manera gradual el gasto público en equipo militar que compra a los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de que el gasto público se destine a otros fines de carácter social, de acuerdo con el presente decreto.

Notas

1 ¿5.8 millones de regreso a casa? Acá les espera pobreza, guerra y corrupción, Sin Embargo.Disponible en:

http://www.sinembargo.mx/17-11-2016/3115692

2 Meza González, Liliana, Mexicanos deportados desde Estados Unidos: Análisis desde las cifras,SCIELO, Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1665-89062014000200009

3 Acecha crimen a mexicanos repatriados de Estados Unidos, Excélsior, Disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/17/944154

4 Aragonés, Ana María, Crisis humana de los deportados en México, La Jornada, Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/02/index.php?section=politic a&article=021a2pol

5 Gómez de León, José; Partida, Virgilio; Tuirán Rodolfo, La evolución demográfica de México y la migración hacia Estados Unidos en el nuevo Milenio, en Consejo Nacional de Población, Migración México- Estados Unidos. Presente y futuro, México, enero de 2000.

6 ¿Cuál es el destino laboral de los mexicanos deportados?, CONACYT, Disponible en:

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/10005 -cual-es-el-destino-laboral-de-los-mexicanos-deportados

7 Rosales Martínez, Yetzi, Migración de retorno y servicios de salud en México, Milenio, disponible en:

http://www.milenio.com/firmas/corredor_fronterizo_corredor_fron terizo/Migracion-retorno-servicios-salud-Mexico_18_ 674512584.html

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Jacobo, Mónica y Landa, Nancy, La exclusión de los niños que retornan a México, Nexos, Disponible en:

http://www.nexos.com.mx/?p=25878#_ftn4

11 Niños repatriados padecen abandono escolar y familiar, La Jornada, Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/13/sociedad/040n1soc

12 http://ljz.mx/2016/05/29/ano-cerca-mil-ninos-repatriados-se-incorporan-escuelas -del-estado-seduzac/

13 EU arma a México: le vende 1,300 mdd en un año... y sin guerra, Revista Proceso, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/399679/washington-arma-al-gobierno-me xicano-a-precio-de-oro

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE MIGRACIÓN Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes de Migración, y General de Educación, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de Educación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La teoría liberal habla de liberalizar la economía en cuatro dimensiones: bienes, servicios, capitales y libre tránsito de personas. Sin embargo, la globalización sólo se ha centrado en las tres primeras, de manera acotada beneficiando a grupos de interés, olvidándose de las miles de personas que atraviesan a diario las fronteras de los países.

La constante negativa de incluir en tratados internacionales la libre circulación de personas, ha propiciado el aumento del cruce ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos. La globalización no puede tener un doble discurso, no puede exigir el libre tránsito de capital, y excluir el libre tránsito de personas.

No obstante, en las últimas décadas, particularmente en lo que llevamos del siglo XXI, se han dado grandes procesos migratorios, tanto en América como en Europa. “De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 240 millones de personas viven fuera de sus países de origen como emigrantes. De estos, cerca de 150 millones son considerados estrictamente emigrantes económicos y una cantidad similar se ha establecido en los países desarrollados. Las cifras mundiales de movilidad humana se han multiplicado por dos a lo largo de la última década”.

El siglo XXI es ya el de las migraciones y, ante tal reto, los Estados-naciones han adoptado diferentes medidas; entre las más polémicas se encuentra la de regular y establecer medidas para definir quiénes se encuentran dentro de sus fronteras, situación que ha desatado conflictos internos. Tal es el caso que viven algunos países de Europa, donde recientemente -en 2015- se ha agudizado una “crisis migratoria” debido al incremento en el flujo de refugiados, que se estima en 2016 llegará a casi 2.5 millones de personas, consecuencia de los conflictos bélicos que se desataron en la región del mediterráneo.

Otro caso particular de migración forzada, es el desplazamiento de miles de latinoamericanos hacia Estados Unidos, especialmente de mexicanos y centroamericanos, en busca del sueño americano. Durante todo el año, migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua realizan toda una odisea para atravesar México y así poder llegar a Estados Unidos de América. De acuerdo con “En El Camino”, proyecto que busca documentar y visibilizar la situación que pasan los migrantes, desde 2004 unos cinco millones de migrantes indocumentados han cruzado la frontera de México y Estados Unidos, un dato relevante si consideramos que en total el país vecino mantiene alrededor de 11 millones de hombres, mujeres y niños en la ilegalidad.

Para las personas que se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de origen debido a que, como menciona Gonzalo Fanjul, han caído en el lado equivocado de la desigualdad, la emigración constituye una vía rápida y eficaz de cruzar la brecha —de la desigualdad—, por arriesgada que parezca. En el caso de nuestro país, que se ha convertido en un enorme cementerio para los migrantes, el riesgo que implica atravesar México está lleno de grandes peligros (robo, extorsión, secuestro, violaciones, entre otros), que involucra a las propias autoridades mexicanas y al crimen organizado, por lo que muchos migrantes tienen desconfianza hacia ellos y, apenas entran en nuestro país, se sienten amenazados.

En una reciente publicación de la Organización Internacional para las Migraciones, ‘ Fatal Journeys’, se menciona a la frontera entre Estados Unidos y México como uno de los puntos más mortíferos para los migrantes. En 2015 se registró la muerte de al menos 320 migrantes y refugiados provenientes, en su mayoría, de Centroamérica. En la misma investigación se menciona, con estimaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América, que entre 1998 y 2013 se encontraron un total de 6,029 migrantes muertos en el lado estadounidense de la frontera.

Si bien los datos anteriores sólo documentan las muertes en la frontera, brindan un panorama de lo mortal que es para los migrantes el atravesar nuestro país. Sin embargo, las cifras de migrantes muertos y desaparecidos en México son una incógnita. Esta situación pone de manifiesto que, “a diferencia de otros símbolos de la globalización como el comercio de bienes y servicios, el cambio climático o la responsabilidad penal internacional, las migraciones carecen de un marco institucional sólido que facilite la cooperación entre las partes sobre la base de un interés común”.

Como señala Gonzalo Fanjul, “el resultado es una combinación de ineficiencia económica, crueldad institucional y desgobierno que no deja satisfecha a ninguna de las partes involucradas y amenaza con dinamitar derechos internacionales adquiridos como la protección de quienes huyen de la guerra y la persecución”.

En un estudio, publicado por la Organización Internacional de las Migraciones y el Colegio de la Frontera Norte, se señala que “un factor fundamental de vulnerabilidad de los migrantes es la falta de documentos migratorios o de autorización por parte del Estado para transitar o residir en su territorio. Esto los obliga a movilizarse por medios y redes clandestinas. Se vuelven así invisibles ante la ley y muchas veces ante la opinión pública. La falta de reconocimiento les impide el ejercicio de derechos que deberían ser garantizados y protegidos por el Estado”.

Ante esta falta de “capacidad de los migrantes por hacer valer sus derechos, consecuencia de la ausencia de documentos, impide su acceso a viviendas y empleos seguros, a la asistencia en contextos de emergencias, como también su participación en la fase de prevención y recuperación, incrementando su vulnerabilidad”.

Por otra parte, la vulnerabilidad se hace manifiesta en casos documentados de migrantes centroamericanos encarcelados, cuya incriminación se debe a confesiones que realizaron sometidos a tortura por parte de las autoridades. Un caso emblemático es el de Ángel Amílcar Colón, hondureño de origen garífuna, que Amnistía Internacional consideró un “preso de conciencia”. Ello, debido a que por su condición de migrante y afrodescendiente, fue detenido en el territorio nacional en 2009; posteriormente, fue torturado por elementos del Ejército y policías federales antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público para obligarlo a autoinculparse en la comisión de varios delitos relacionados con el crimen organizado. Ángel pasó más de 5 años recluido injustamente en una prisión de máxima seguridad, hasta que en 2014 fue puesto en libertad, al probarse su inocencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca eliminar las diferencias, partiendo una premisa: la universalidad es el rasgo característico de los derechos fundamentales, por lo que no garantizar sus derechos fundamentales a los migrantes, sería una actitud discriminatoria.

Ante esta situación, resulta pertinente traer a colación las reflexiones del jurista italiano, quien señala que “no todos los derechos fundamentales corresponden a todos los seres humanos y no todos los seres humanos son titulares de los mismos derechos fundamentales”, entendiendo estos como “derechos subjetivos, o sea, intereses jurídicamente protegidos en forma de expectativas positivas o negativas, pertenecientes sólo a las personas naturales, y no también a las artificiales”

En ese sentido, Ferrajoli explica que “la distinción entre personas naturales y personas artificiales quedó asociada a una interpretación filosófica-política: si las personas naturales son constituyentes, o sea, artífices de las personas artificiales, y éstas son constituidas, o sea, artificios construidos por aquéllas, su relación se configura en términos funcionales, de manera que las primeras tienen el valor de fines y las segundas, incluso las de carácter público, ostentan el carácter de medios”.

Se entiende, pues, que los derechos fundamentales, y, “debido a su carácter universal, constituyen la base y la justificación de la esfera pública en oposición a las esferas privadas (formadas por los derechos patrimoniales y demás intereses particulares)”.

En ese sentido, Luigi Ferrajoli apunta que “en la época premoderna la igualdad jurídica de los seres humanos estaba excluida por múltiples discriminaciones (de sexo, clase, nacionalidad y religión) relativas a sus estatus jurídicos”. No obstante, “lo que ha cambiado con el progreso del derecho... no son los criterios de atribución de los derechos fundamentales (personalidad, capacidad de obrar y ciudadanía) sino sólo su significado extensional, al principio restringido y fuertemente discriminatorio, después más amplio y tendencialmente universal”.

Por otra parte, Ferrajoli, indica que “dependerá pues de la extensión de [...] [las] clases, o sea, de la supresión o reducción de las diferencias y de las discriminaciones de estatus que determinan aquellas, y, obviamente, de la cualidad y la cantidad de los intereses protegidos como derechos fundamentales, el grado de democracia y la calidad democrática del ordenamiento caracterizado por su garantía”.

En ese sentido, es menester terminar con las diferencias de “estatus” que todavía impiden la igualdad entre los individuos. Nuestro orden normativo debe caracterizarse por estar a la vanguardia y garantizar sus derechos fundamentales a todas las personas que se encuentren en el país, sean mexicanos o no.

Así, es pertinente retomar la reflexión del jurista Ferrajoli, quien indica que “una plena igualdad jurídica solo será alcanzada por tanto con la superación del carácter privilegiado y discriminatorio que hoy presenta la ciudadanía”, a lo que él identifica dos vías para hacerlo: “la progresiva transformación de los derechos del ciudadano en derechos de la persona o su progresiva extensión hasta la instauración de una ciudadanía mundial”.

Consecuentemente, es indudable que dicha plena igualdad jurídica, es un valor que deben perseguir los regímenes democráticos, y que, siguiendo a Ferrajoli, sólo será alcanzada mediante la superación del carácter privilegiado y discriminatorio que hoy presenta nuestro ordenamiento jurídico hacia los migrantes. Es ese el espíritu de la presente iniciativa, pues, como señala el jurista Miguel Carbonell: “Una vez que una persona está dentro de cierto territorio y reside en él de forma permanente, debería adquirir un estatuto jurídico de pleno derecho, al menos en relación con los derechos fundamentales.”

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más de 140,000 migrantes centroamericanos transitan por territorio nacional cada año. Por tanto, a fin de reforzar la Ley de Migración, se propone, entre otras cosas, crear una visa de tránsito con una vigencia de 180 días, para cuya obtención bastará con que el migrante muestre los documentos de identidad de su país de origen, sin que sea exigible cualquier otro requisito, con la finalidad de, como señala Miguel Carbonell, “desmercantilizar” el discurso sobre migración, es decir, terminar con “la idea de admitir solamente a aquellas personas que puedan trabajar y beneficiar a las economías de países receptores”, que es, en sí misma, discriminatoria.

Asimismo, se propone establecer que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá solicitar a las personas comprobar su situación migratoria, ni podrá detenerlas por tener una situación migratoria irregular en el país; de igual manera, se prohíbe la expulsión colectiva de migrantes, las celdas de castigo en estaciones migratorias, así como cualquier mecanismo de coerción que atente contra sus derechos humanos.

En este sentido, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno y protección de los derechos humanos de los migrantes durante su estancia por el país, se propone que, independientemente del estatus migratorio en que se encuentren, los migrantes gocen de un trato en condiciones de igualdad que el que reciben los nacionales en lo tocante a oportunidades de acceso a educación, salud y de trabajo.

Por otra parte, Unicef ha señalado que hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes extranjeros que transitan solos por México hacia la frontera norte. Las autoridades migratorias mexicanas han detectado un aumento del “333% de 2013 a 2015 (5,596 y 18,650 casos respectivamente)”, por lo que se requiere toda “la atención para garantizar que sus derechos sean respetados”.

Por último, “el 97% de los niños migrantes en 2015 provenía de Honduras (27.4%), Guatemala (49.6%) y El Salvador (20.5%). La mayoría de ellos eran adolescentes de entre 12 y 17 años”. La Unicef ha declarado que “los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen sueños, quieren estudiar y tener una vida plena, y necesitan todo nuestro apoyo para que puedan reunirse con sus familiares y superar la violencia que los ha llevado a huir de sus casas y logren vivir la vida a la que tienen derecho, sin violencia, con educación y oportunidades”.

Los niños, niñas y adolescentes, en su carácter de personas con derechos que deben ser respetados, sin importar nacionalidad, situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión, deben ser protegidos, por lo que proponemos que la Secretaría de Gobernación cuente con registro de las niñas, niños y adolescentes que se encuentre bajo la tutela del Estado Mexicano, en términos de los artículos 29 y 52, fracción V, de la ley de Migración, a fin de darle seguimiento a cada caso y garantizar la protección de sus derechos humanos.

Consecuentemente, esta iniciativa es un esfuerzo más, como señala Miguel Carbonell, desde el ámbito del derecho constitucional -un constitucionalismo de signo cosmopolita-, que pone de manifiesto “la necesidad de prescindir de las fronteras, al menos tal y como se las entiende actualmente, para avanzar hacia una protección universal de los derechos fundamentales, comenzando por la protección de la libertad de tránsito”, y demás derechos de fundamentales de migrantes en tránsito por el territorio mexicano, a fin de que dichos derechos fundamentales adquieran un estatuto jurídico de pleno derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 29, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 29. [...].

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos de que gozan todas las personas, tales como el derechoa la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

[...].

[...].

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Artículo Segundo.Se adiciona un párrafo segundo, al artículo 6, un párrafo quinto y dos incisos, y un párrafo sexto, al artículo 8, un párrafo segundo al artículo 17, una fracción I BIS, al artículo 52, un párrafo segundo al artículo 74, y, un párrafo segundo al artículo 114; y, se reforma el párrafo tercero del artículo 2, el artículo 106, la fracción VI, y el último párrafo, del artículo 107, el artículo 108, la fracción IV del artículo 109 y el primer párrafo, del artículo 114, todos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 2. [...].

[...]:

Respeto irrestricto de los derechos humanos , consagrados en los artículos 1o. y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Artículo 6. [...].

Asimismo, el Estado realizará políticas públicas encaminadas a prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia en contra de los migrantes.

Artículo 8.[...].

[...].

[...].

[...].

Los trabajadores migrantes gozarán de un trato en condiciones de igualdad que el que reciben los nacionales en lo tocante a remuneración y de:

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término;

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.

Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable en la materia.

Artículo 17. [...].

Ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá solicitar a las personas comprobar su situación migratoria, ni podrá detenerlas por tener una situación migratoria irregular en el país. Tales facultades corresponden exclusivamente a las autoridades del Instituto Nacional de Migración; cualquier violación a esta prohibición será sancionada conforme al Capítulo II del Título Séptimo, y del Título Octavo de esta ley.

Artículo 52. [...]:

I. [...].

I Bis. Visitante de tránsito. Autoriza al extranjero para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país.

Para la obtención de un permiso para obtener la condición de estancia de visitante de tránsito, bastará con que el migrante muestre los documentos de identidad de su país de origen, sin que sea exigible cualquier otro requisito. El permiso no representará un gasto oneroso para el migrante.

III. ... IX.

Artículo 74. [...].

La Secretaría deberá contar con un registro de niños, niñas y adolescentes migrantes que están la bajo tutela del Estado Mexicano, en términos los artículos 29 y 52, fracción V, de la presente ley, a fin de darle seguimiento a cada caso y garantizar la protección de sus derechos humanos.

[...].

Artículo 106. Para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes , en condiciones que garanticen el goce y respeto de sus derechos humanos. No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada. En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente.

Artículo 107. [...]:

I. ... V.

VI. Mantener instalaciones adecuadas , quedando prohibidoel hacinamiento y las celdas de castigo, así como cualquier mecanismo de coerción que atente contra sus derechos humanos;

VII. ... X.

El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, para verificar la situación de los migrantes en las estaciones migratorias. La sola acreditación de la organización será suficiente para que puedan acceder durante los horarios de visita.

Artículo 108. A fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría y respetando en todo momento sus derechos humanos, quedando prohibido cualquier mecanismo de coerción y castigo.

Artículo 109. [...]:

I. ... III.

IV. Recibir asesoría sobre sus derechos y obligaciones, los mecanismos y las instituciones ante las que puede reclamar su protección y cumplimiento, así como asesoría y acompañamiento ante las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas;

V. ... XV.

Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente , cuando exista causa fundada y pueda ser probada, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los migrantes no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será analizado y determinado individualmente.

Artículo Tercero.Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2o., de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. [...].

Los migrantes tienen derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, y las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional que los nacionales, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

[...].

[...].

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal, deberá reformar los reglamentos correspondientes en la materia, a fin de armonizarlos con el presente decreto.

Tercero. El titular del Ejecutivo federal, deberá garantizar e instrumentar el derecho de acceso de migrantes, a la seguridad social, con independencia de su regular estancia. Este derecho debe abarcar tener acceso a programas sociales gubernamentales.

Notas

1 Witker Velásquez, Jorge Alberto, Derecho del Comercio Exterior, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 28, disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf

2 Ibídem, pp. 5 - 8.

3 Méndez Cruz, Marisol , Derecho a la libertad de circulación, derecho humano de los inmigrantes indocumentados en un mundo globalizado,disponible en:

https://es.scribd.com/doc/312206204/Derecho-a-La-Libre-Circulac ion

4 Alternativas a un modelo migratorio roto, El País, disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/02/16/planeta_futuro/1455634133_8 98420.html

5 Ibídem .

6 ¿Estamos dando una respuesta adecuada al desplazamiento forzado?, El País, disponible en:

http://elpais.com/elpais/2015/12/11/planeta_futuro/1449835058_ 218110.html

7 Truax, Elieen, Detrás del sueño americano, disponible en:

http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/historia/detras-del- sueno-americano/

8 Op.cit. Alternativas a un modelo migratorio roto.

9 Fanjul, Gonzalo, Alternativas a un modelo migratorio roto, El País, disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/02/16/planeta_futuro/1455634133_ 898420.html

10 El informe de los olvidados,El País, disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/08/02/planeta_futuro/1470132781_ 128986.html

11 Ibídem.

12 Alternativas a un modelo migratorio roto, El País, disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/02/16/planeta_futuro/1455634133_8 98420.html

13 Op. cit., FANJUL, Gonzalo.

14 Migrantes en México Vulnerabilidad y Riesgos,Organización Internacional de las Migraciones y el Colegio de la Frontera Norte, disponible en:

http://oim.org.mx/Discursospdf/MICIC_Mexico_desk_study.pdf

15 Ibídem

16 Centro Prodh presenta caso de Ángel Amílcar, defensor de DH criminalizado por ser migrante; Amnistía Internacional lo adopta como preso de conciencia,Amnistía Internacional. Disponible en:

http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/07/22/centro-prodh-presenta-c aso-de-angel-amilcar-defensor-de-dh-criminalizado-por-ser-migrante-amnistia-int ernacional-lo-adopta-como-preso-de-conciencia/?o=n

17 Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia”, Tomo 1, España, Trotta, 2007, pp 684 – 800

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem

21 Ibídem

22 Ibídem

23 Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia”, Tomo 1, España, Trotta, 2007, pp 684 – 800.

24 Ibídem

25 Ibídem

26 Carbonell, Miguel, Derecho a migrar, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en:

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/derecho_a_migra r_1.pdf

27 Ibídem México gana en violación de derechos de migrantes, El Economista, disponible en:

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/03/10/mexico-gana-viol acion-derechos-migrantes

28 Op. cit., Carbonell, Miguel.

29 Ibídem

30 Niñez migrante: vidas en tránsito, Unicef, disponible en:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.html

31 Ibídem

32 Ibídem

33 Ibídem

34 Ibídem

Sala de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde y a la Comisión de Gobernación, la parte que le corresponde, de la Cámara de Diputados.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, del Servicio Exterior Mexicano, y sobre la Celebración de Tratados, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la Ley sobre la Celebración de Tratados, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El resultado de las pasadas elecciones en los Estados Unidos de América (EEUU) ha generado mucha incertidumbre en nuestro país, ya que a lo largo de su campaña, Donald John Trump, otrora candidato del Partido Republicano, realizó numerosos comentarios racistas y xenófobos, muchos de ellos dirigidos contra México y los inmigrantes mexicanos.

Recientemente, el ahora presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, declaró, recientemente, que entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados serían deportados o encarcelados en los primeros días de su gobierno.

La historia nos muestra que los EEUU ya han vivido episodios de expulsiones masivas de extranjeros de su territorio, los cuales generalmente han coincidido con periodos de recesión económica, en los cuales tienden a exacerbarse la ideología nacionalista y las posiciones xenofóbicas. Dos grandes ejemplos de dicho fenómeno son la deportación que ordenó el presidente Hoover durante y después de la Gran Recesión de 1929 para facilitar la inserción laboral de los trabajadores nativos. El otro evento tuvo lugar en 1954, cuando el presidente Eisenhower deportó más de un millón de mexicanos durante lo que se denominó Operación Wetback.

Jorge Bustamante, académico y sociólogo especializado en migraciones mexicanas, indica al respecto: “En las épocas de recesión siempre han buscado, un culpable exterior. En el siglo pasado fueron los irlandeses, luego los italianos, más tarde los chinos y desde hace cincuenta años los mexicanos.”

De la misma manera, la administración del presidente Barack Obama registra cifras muy altas de mexicanos repatriados. De 2009 a 2016 fueron expulsados 2 millones 858 mil 980 personas, que no acreditaron su estancia legal en EEUU, de las cuales, 47 por ciento no registraba antecedentes penales. Se trata de una cifra muy similar a la que el ahora presidente electo de dicha nación, Donald John Trump, ha prometido que va a deportar.

En la actualidad, aproximadamente 55.2 millones de inmigrantes de origen hispano viven en EEUU. Representan 17 por ciento de la población total del país. El bloque hispano tiene una composición bastante heterogénea, pues los inmigrantes proceden de diversos países latinoamericanos. Las nacionalidades que lo conforman, principalmente, son:

• Mexicanos, 35 millones de personas aproximadamente (63 por ciento del total).

• Puertorriqueños, 5 millones de personas aproximadamente (10 por ciento).

• Salvadoreños, 2 millones de personas aproximadamente (3.8 por ciento).

• Cubanos, 2 millones de personas aproximadamente (3.7 por ciento).

• Dominicanos, 1.7 millones de personas aproximadamente (3 por ciento).

• Guatemaltecos, 1.3 millones de personas aproximadamente (2.3 por ciento).

• Otros (14.2 por ciento).

El número de mexicanos en los Estados Unidos es muy elevado. Se trata de aproximadamente de 35 millones de personas que serían víctimas potenciales de las tendencias xenófobas que se están presentando en la sociedad norteamericana, además de que, en algunos casos, podrían ser deportados. Por ello, resulta preocupante la excesiva pasividad con que el gobierno federal está haciendo frente al problema.

Por otra parte, el ahora presidente electo de los Estados Unidos de América, ha difundido desde el inicio de su campaña como candidato del Partido Republicano, la promesa de, en los primeros 200 días de su gobierno, evaluar si dicho país deja o no el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994, a fin de “dar vuelta atrás a décadas de política comercial conciliatoria [...] en pos de los intereses de EEUU y sus trabajadores”, lo que anticipa un duro golpe a la relación comercial entre México y aquél país, y por ende, a la economía mexicana.

En este contexto, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que agrupa a diversos académicos, líderes de opinión y miembros de organizaciones civiles, emitió un pronunciamiento en el que lanzó algunas recomendaciones al Estado mexicano para hacer frente al triunfo de Trump como presidente de los Estados Unidos de América, a fin de proteger los derechos e intereses de nuestros connacionales que habitan el país vecino. Se trata de evitar que nuestro país sea presa de la incertidumbre derivada del triunfo del republicano. Para ello, entre otras cosas, instaron al Estado mexicano a “Fortalecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los consulados de México en Estados Unidos a las áreas protección y vinculación comunitaria.”

El espíritu de la presente iniciativa es retomar dicha propuesta, pues ante la lenta actuación del gobierno para ejecutar acciones precautorias contra la situación que se avecina, nuestra obligación como Poder Legislativo es realizar los cambios necesarios a la normatividad, con el fin de ampliar las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Servicio Exterior Mexicano y de los consulados, para proteger los intereses de los mexicanos residentes dentro y fuera del país, y agilizar la implementación correcta de políticas públicas que puedan hacer frente a la probable crisis.

Por ello se plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores capacite a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, para fortalecer las estrategias de defensa legal a los mexicanos en el extranjero y de empoderamiento de las comunidades mexicanas en el extranjero; asimismo, se le faculta para que conduzca la diplomacia consular indispensable para contrarrestar tendencias xenófobas, promoviendo la aportación de los mexicanos y de México como país, a la economía, la sociedad y la cultura de los países con los que México tiene relación, especialmente de los Estados Unidos de América.

De igual manera, se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, establezca alianzas con dirigentes políticos, representantes y actores clave en países con los que México tiene relación y conducir la diplomacia consular al máximo de sus capacidades, en beneficio de México y los mexicanos en el extranjero; y, finalmente, facultar a dicha secretaría para, en caso de celebración, negociación o renegociación de cualquier tratado internacional, emitir una opinión acerca de la procedencia de suscribirlos, si y sólo si convienen a los intereses de México y sus habitantes.

Por tanto, es necesario, como señala José Woldenberg, construir un horizonte en este momento plástico que vivimos, que los actores facultados para ello, tomen las decisiones correctas de las que dependerá el futuro inmediato, y evitar, así, que “la inercia [...] acabe por modelar lo que pueda modelar” y hacer de este un momento perdido de la historia, en el que “si se hubiera hecho A en lugar de B el desenlace hubiese sido radicalmente” distinto.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la Ley sobre la Celebración de Tratados

Artículo Primero.Se adiciona una fracción II C y una fracción II D al artículo 28, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. [...];

II. [...];

II A. [...].

II B. [...].

II C. Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, para fortalecer las estrategias de defensa legal a los mexicanos en el extranjero y de empoderamiento de las comunidades mexicanas en el extranjero;

II D. Conducir la diplomacia consular para contrarrestar tendencias xenófobas, promoviendo la aportación de los mexicanos y de México como país, a la economía, la sociedad y la cultura de los países con los que México tiene relación;

III. [...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...];

VII. [...];

VIII. [...];

IX. [...];

X. [...];

XI. [...], y

XII. [...].

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción IX y X, recorriendo las subsecuentes, del artículo 2, una fracción V al artículo 43, una fracción VIII y IX al artículo 44; se reforman las fracciones III y IV del artículo 43, las fracciones VI y VII del artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:

I. [...];

II. [...];

III. [...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...];

VII. [...];

VIII. [...];

IX. Fortalecer las estrategias de empoderamiento de las comunidades mexicanas en el extranjero;

X. Conducir la diplomacia consular para contrarrestar tendencias xenófobas, promoviendo la aportación de los mexicanos y de México como país, a la economía, la sociedad y la cultura de los países con los que México tiene relación;

XI. [...]; y

XII. [...];

XIII. [...].

[...], y

XIV. [...].

Artículo 43. Corresponde a los jefes de misión:

I. [...];

II. [...];

III. [...] ;

IV. [...] ; y,

V. Establecer alianzas con dirigentes políticos, representantes y actores clave en países con los que México tiene relación y conducir la diplomacia consular al máximo de sus capacidades, en beneficio de México y los mexicanos en el extranjero.

Artículo 44. Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. [...];

II. [...];

III. [...].

[...].

[...].

[...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...] ;

VII. [...].

[...] ;

VIII. Fortalecer las áreas protección y vinculación comunitaria, mediante la defensa legal a los mexicanos en el extranjero y de empoderamiento de las comunidades mexicanas en el extranjero; y,

IX. Contrarrestar tendencias xenófobas, promoviendo la aportación de los mexicanos y de México como país, a la economía, la sociedad y la cultura de los países con los que México tiene relación.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 6o., de la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración , negociación o renegociación de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo , si y sólo si conviene a los intereses de México y sus habitantes, y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal deberá reformar los reglamentos correspondientes en la materia, a fin de armonizarlos con el presente decreto.

Tercero.A fin de hacer frente al discurso xenófobo y racista, así como las posibles acciones que pueda emprender el presidente electo de los Estados Unidos de América a raíz de las amenazas hechas contra de México y los mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá, a través de su cuerpo diplomático y consulados, y de acuerdo a lo establecido en el presente decreto, conducir la diplomacia consular al máximo de sus capacidades para entablar diálogo y establecer alianzas con dirigentes políticos y representantes en dicho país, en todos los niveles de representación y en todo el país, que son o pueden ser sensibles a la circunstancia, y reforzar su capacidad para vincularse positivamente con actores locales que tengan incidencia en el entorno político y social en el que viven las comunidades de mexicanos residentes en aquél país.

Cuarto. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá implementar diversos programas de apoyo a migrantes mexicanos residentes en el extranjero, y principalmente en Estados Unidos de América, tales como de atención, asesoría y defensa legal; de fortalecimiento de vinculación y empoderamiento de las comunidades mexicanas en el extranjero; y, de promoción y protección de derechos de mexicanos en el extranjero.

Quinto. En caso de renegociación de tratados internacionales celebrados entre México y Estados Unidos de América, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las demás dependencias competentes, así como el Senado de la República, deberán privilegiar en todo momento los intereses de México y los mexicanos, a fin de favorecer la economía, cultura y la seguridad nacional.

Notas

1 Estados Unidos: Donald Trump dice que deportará hasta 3 millones de indocumentados con antecedentes judiciales, BBC, Disponible en:

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37966905

2 Meza González, Liliana, Mexicanos deportados desde Estados Unidos: Análisis desde las cifras, SCIELO, Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1665-89062014000200009

3 Los “espaldas mojadas” mexicanos invaden en silencio el sur de Estados Unidos en busca de trabajo, El País, Disponible en:

http://elpais.com/diario/1981/06/07/internacional/360712804_ 850215.html

4 Con 2.8 millones, Obama es el que más ha deportado indocumentados, El Financiero, Disponible en:

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-millones-obama-es-e l-que-mas-ha-deportado-indocumentados.html

5 Las verdaderas cifras de los hispanos en EE.UU. y cuánto poder tienen, BBC, Disponible en:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_internacional_ elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf

6 Ibíd.

7 México: frente al triunfo de la ira, Nexos, Disponible en:

http://www.nexos.com.mx/?p=30271

8 Woldenberg, José, Oportunidades y peligros, Nexos, Disponible en: http://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=248

9 Ibíd.

10 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma el numeral 1 del inciso d) y los numerales 3 y 10, del inciso h), y deroga el numeral 5 del inciso h) de la fracción I del artículo 2 recorriéndose los subsecuentes, y el artículo 2-A todos ellos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución establece lo siguiente:

El Congreso tiene facultad:

I. ...

... XXVIII

XXIX.- Para establecer contribuciones:

5o. Especiales sobre:

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

II. La Ley Reglamentaria de los Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios, lo es la “Ley del impuesto Especial sobre Producción y Servicios” (LIEPS), la cual fue publicada en el DOF el 30 de diciembre de 1980.

III. Los Sujetos del IPES son; las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen ciertos actos o actividades, para el caso que nos ocupa, la enajenación o importación de Gasolinas y otros combustibles fósiles.

IV. El IEPS se calcula aplicando al precio, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y en su caso, la cuota establecida en la misma Ley.

V. Hasta el ejercicio fiscal de 1993 la tasa del IEPS fue fija para diferentes productos petrolíferos (derivados del petróleo crudo, a diferencia de los petroquímicos, que son derivados del gas natural), que enajenaba Pemex-Refinación, siendo para las gasolinas 60%, el diésel 20% y el gas avión 50%.

VI. Se proponía que los precios de venta de los productos de Pemex reflejaran los precios de mercado mundiales. Así, se propuso un IEPS con tasa variable cuya fórmula partiera de precios de referencia internacionales.

VII. A partir de 1994 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios tributaban el derecho sobre hidrocarburos (DSH) a la tasa del 60.8 % sobre el total de ventas de hidrocarburos y petroquímicos a terceros. Cuando el precio internacional del crudo se elevaba, la base del derecho sobre hidrocarburos aumentaba, mientras que el IEPS disminuía proporcionalmente, ya que el precio de referencia internacional para las gasolinas y el diésel aumentaba y no le dejaba espacio al IEPS. Por el contrario, cuando el precio del petróleo caía, la recaudación del IEPS aumentaba, ya que el precio de referencia caía también, mientras que los precios nacionales, determinados por la SHCP, se mantenían altos.

VIII. En este impuesto aplicado a la gasolina y diésel la misma ley del IEPS establece que petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios, estaciones de servicios, al momento de realizar la venta de combustible al público en general se cobrara un monto equivalente a la cuota IEPS la cual ya venía repercutida en el precio. De modo que las gasolineras participan como caja recaudadoras de IEPS para enterarlo a la autoridad fiscal.

IX. Sin embargo; derivado de la aprobación del paquete de reformas en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, el mercado de gasolinas y diésel cambió sustancialmente respecto al diseño que se tenía previo a la reforma. En particular, conforme al transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos a partir de 2016 se comenzaron a otorgar permisos a terceros para el expendio al público de combustibles, permitiendo a partir de este año la libre importación de gasolinas y diésel, y que en los próximos meses los precios de estos combustibles se determinen bajo condiciones de mercado. Por lo tanto, el mercado de los combustibles automotrices será un mercado abierto y con libre determinación de precios, pudiendo estos aumentar aún más en cualquier momento afectando aún más la ya muy deteriorada economía nacional.

X. La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé 3 cuotas de IEPS que inciden en el precio de venta al Consumidor final; la primera es la establecida en el artículo 2 fracción I, inciso d) de dicha Ley bajo el concepto de Combustibles Automotrices. La segunda es la establecida en el inciso h) bajo el concepto de Combustibles Fósiles, habiendo una tercera cuota IEPS que es la llamada cuota adicional establecida en el artículo 2-A de la Ley del IEPS a la enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional.

XI. Actualmente las Cuotas de IEPS para combustibles automotrices son las siguientes:

a) Gasolina menor a 92 octanos (Magna): $4.30 pesos por litro.

b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos (Premium): $3.64 pesos por litro.

c) Diésel $4.73 pesos por litro.

Cabe señalar que las cantidades señaladas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Para lo cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

XII. Asimismo las Cuotas de IEPS para combustibles fósiles del inciso H) son las siguientes:

Gasolinas: 11.41 centavos por litro.

Diésel: 13.84 centavos por litro.

Cabe señalar que al igual que sucede con el IPES Cuota del inciso d), las cantidades señaladas en el inciso h), se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.

XIII. Adicionalmente, la cuota de IEPS establecida en el Artículo 2-A de la Ley del IEPS es la siguiente:

Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:

I. Gasolina menor a 92 octanos 38.00 centavos por litro.

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 46.37 centavos por litro.

III. Diésel 31.54 centavos por litro.

XIV. El aumento reciente en los precios de los Combustibles Automotrices, originado principalmente en la Reforma Energética, además de los nuevos aumentos que vendrán en los próximos meses, están provocando una situación inflacionaria sin precedente en los últimos años, afectando gravemente la economía de las familias mexicanas. La economía de un país se sostiene del gasto familiar y no del gasto del gobierno que por sí mismo es incapaz de generar crecimiento económico, máxime con la serie de errores que el actual gobierno ha venido teniendo y ante las dudas en la población sobre el buen manejo de los dineros públicos. Por lo cual nos parece acertado que el Gobierno Federal sacrifique una parte de sus ingresos con la finalidad de obtener un bien mayor que es el bienestar de las familias mexicanas, pues teleológicamente la razón de ser de un Estado es la búsqueda del bien común de su pueblo.

Por tales razones, se propone reformar el numeral 1 del inciso d) y los numerales 3 y 10, del inciso h), y derogar el numeral 5 del inciso h) de la fracción I del artículo 2 recorriéndose los subsecuentes, y el Artículo 2-A todos ellos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a efecto de contrarrestar el alza en los combustibles y detener la escalada inflacionaria que está viviendo el país como consecuencia de la Reforma Energética.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el numeral 1 del inciso d) y los numerales 3 y 10, del inciso h) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

I. A a C (...)

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida

a. Gasolina menor a 92 octanos 2.58 pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 2.18 pesos por litro.

c. Diésel 2.83 pesos por litro.

Segundo. Por el que se derogan el numeral 5 del inciso h), recorriéndose los subsecuentes de la fracción I del artículo 2, y el Artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. Se deroga

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Luis Ernesto Munguía González, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, estableciendo el requisito para las empresas de no contratar únicamente a trabajadores sin derecho a recibir utilidades o de lo contrario serán consideradas como patrones en los términos del artículo 15-A de dicha ley, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El reparto de utilidades es un mecanismo a través del cual se reconoce a la fuerza de trabajo como una parte fundamental en el proceso productivo. La fracción IX apartado A del artículo 123 constitucional recoge este principio al establecer que “Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas”; sin embargo, en todo el país es prácticamente letra muerta, puesto que la mayoría de las empresas encuentran la forma de evadir el cumplimiento de dicha obligación y nuestra legislación laboral hace todo lo posible por facilitar ese fraude que se comete año con año a los trabajadores.

El destacado jurista mexicano, doctor Mario de la Cueva, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se refirió al derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa en los siguientes términos:

“[La empresa moderna es] una comunidad de producción que resulta de la combinación de dos elementos, el trabajo y el capital. Por tanto, los resultados de su actividad deben destinarse a satisfacer las necesidades de uno y otro y el excedente habrá de distribuirse, en la proporción que se estime adecuada, pero sin que pueda excluirse de la distribución a ninguno de los dos, porque se dañarían los principios de justicia distributiva: el salario es el equivalente a los gastos de mantenimiento, reparación y substitución de la maquinaria y utilería [...] En cambio la participación de las utilidades [...] impone la obligación de distribuir los resultados del esfuerzo común.”

En México se ha establecido que la parte que corresponde a los trabajadores por realizar la creación material de la riqueza es de 10 por ciento de la utilidad grabable, mientras que a los accionistas les corresponde el 90 por ciento restante, por ser dueños del capital de la empresa. Puede o no considerarse una repartición poco equitativa, considerando el esfuerzo invertido por cada parte; pero, aun así, a los capitalistas les parece demasiado otorgar su 10 por ciento a los trabajadores y buscan todo tipo de argucias legales, fiscales y hasta ilegales para despojar a los trabajadores de su participación en las utilidades de la empresa. Lo cual es propiamente uno de los robos más viles que se pueden cometer y que se cometen de forma sistemática y generalizada ante la indolencia de las autoridades del Estado y, particularmente, de nosotros los legisladores.

Con fecha del 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”, por virtud del cual, de conformidad con la exposición de motivos de la iniciativa preferente presentada por el entonces titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, tenía como uno de sus objetivos regular “la subcontratación de personal u outsourcing, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”. De forma demagógica, el ex presidente se proponía poner algunos candados al outsourcing, para evitar la simulación de las empresas. Como resultado de dicha iniciativa se adicionó un artículo 15- A a la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

“El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón.”

El resultado de la entrada en vigor de esta reforma no fue “evitar la evasión y elusión del cumplimiento de las obligaciones a cargo del patrón”, sino todo lo contrario: las empresas consultaron a sus despachos de abogados sobre el cómo evitar el reparto de utilidades de cara a la nueva reforma. La respuesta era sencilla: cumplir con los requisitos a, b y c, del artículo 15-A, y de esa forma no ser considerado patrón. Si el régimen de subcontratación no podía abarcar “la totalidad de las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo”, eso significaba que al menos algunas de sus actividades debía ser realizadas fuera del régimen de subcontratación, es decir, tendrían que tener algunos trabajadores contratados directamente por la empresa generadora de utilidades y, si tenían trabajadores contratados, entonces tendrían la obligación de repartirles utilidades.

Por supuesto que ese no era el caso, la reforma tenía contemplado que hay trabajadores excluidos del derecho a recibir utilidades, como se establece en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo:

“El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes:

I. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades;”

¿Cómo hacer que la totalidad de las actividades de una empresa no estuvieran cubiertas por el régimen de subcontratación? Contratando directamente a los directores, administradores y gerentes generales. De este modo las empresas cumplirían con los requisitos para no ser consideradas patrones y seguirían eludiendo el reparto de utilidades.

Este comportamiento, realizado por la mayoría de las empresas generadoras de grandes utilidades, constituye un fraude masivo a la clase trabajadora, porque, si bien el trabajador tiene derecho a participar de las utilidades de la empresa contratista, lo cierto es que dichas empresas no suelen generar utilidades y se ven privados de las utilidades del sitio donde realmente laboran. Si a la clase trabajadora mexicana le correspondía 10 por ciento de las utilidades de las empresas para las cuales genera riquezas, la realidad es que ese 10 por ciento termina en manos de los accionistas/patrones.

Es por ello que la presente iniciativa considera necesario subsanar la legislación laboral, poniendo un candado extra a los requisitos para la subcontratación, reformando el inciso a) del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el régimen de subcontratación no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo, ni podrán ser los trabajadores de la empresa contratante, en su totalidad, del tipo que no recibe utilidades, establecidos en la fracción I del artículo 127 de dicha ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma el párrafo segundo en su inciso a) del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 15-A....

...:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; ni los empleados por la empresa contratante podrán ser en su totalidad del tipo que no recibe utilidades establecido en la fracción I del artículo 127 de esta ley.

b) ...

c) ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Mario de la Cueva, Panorama del Derecho Mexicano. Pág. 266, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Luis Ernesto Munguía González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES

TRANSPARENTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FINANCIEROS QUE SE DEVOLVERÁN A LA FEDERACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a transparentar el uso de los recursos públicos financieros por devolver a la federación dadas las medidas de ahorro y austeridad para el ejercicio fiscal de 2017, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy más que nunca la sociedad mexicana exige más de sus gobernantes; exige un combate efectivo a la corrupción, a la ineficiencia burocrática, a la opacidad en el manejo de los recursos públicos que en última instancia son aportados por los contribuyentes.

La sociedad hoy dice: ¡Basta al derroche, al dispendio irresponsable e ilegal del dinero público! y por ello los ciudadanos exigen resultados positivos en la correcta administración, aplicación y gestión del presupuesto público.

Hoy como nunca es fundamental la confianza de la sociedad en su gobierno, pero ésta no se la ganan los gobernantes de forma automática, ni muchos menos con discursos retóricos o demagógicos. Esta confianza se gana por la vía de los hechos y los resultados en la gestión de gobernar.

Es necesario recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una cultura de honestidad que exige mecanismos ágiles de participación ciudadana en la planeación, el seguimiento, el control, la evaluación y la retroalimentación de las decisiones públicas.

La estabilidad económica es una condición indispensable para alcanzar un crecimiento económico, dinámico y sostenido, la falta de estabilidad económica se refleja en la presencia de procesos inflacionarios que erosionan los salarios reales, aumentan la pobreza, empeoran la distribución del ingreso, inhiben los mercados financieros y limitan el crecimiento.

Dada la actual crisis económica por la que atraviesa el país, los ciudadanos le exigen, con justicia, al gobierno que también se ajuste el cinturón y haga un uso racional y efectivo de los recursos públicos de los que dispone principalmente para beneficiar a la sociedad.

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la construcción de su nueva sede y solicitó una partida para ello dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017. Sin embargo, y dadas las condiciones económicas en que el país se ve envuelto a inicios del presente año, el INE anunció que reintegrará a la federación los mil 70 millones de pesos autorizados para dicha obra, situación que a la luz de la opinión pública ha sido vista de manera positiva.

Sin embargo a los legisladores del PAN nos preocupa el destino que el Ejecutivo federal dará a dichos recursos devueltos. ¿Qué uso se le dará a los recursos presupuestarios que se devuelvan o sean producto de los ahorros o economías que se generen por parte de diversas instituciones o dependencias públicas?

¿Qué es exactamente lo que hará el gobierno de la República con los recursos que devolvió el INE?

Será importante conocer y dar seguimiento a la forma en que el Ejecutivo utilizará esos recursos que sin duda serán de mucha ayuda ante la situación económica prevaleciente.

Por ello la exigencia en que se transparenten todos los recursos devueltos o generados por medidas de austeridad y que de ellos tenga cuenta el gobierno federal para su aplicación correcta.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transparente los montos y el destino de los recursos públicos que le sean devueltos por motivos de austeridad y ahorro.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento puntual del destino de los recursos devueltos a la federación durante el ejercicio fiscal de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ACTUAR CON DIGNIDAD Y DEFENDER LA SOBERANÍA DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actuar con dignidad y defender la soberanía del país, conforme a la fracción X del artículo 89 constitucional, suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como habíamos alertado durante todos los meses recientes, estamos a unos días de enfrentar un sisma en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos de los migrantes mexicanos que residen en aquella nación debido al arribo al poder de un personaje racista y xenófobo como es Donald Trump.

En días recientes hemos visto con enorme preocupación cómo los nombramientos que ha hecho públicos el presidente electo han recaído en personajes que han mantenido en el pasado posturas radicales contra los migrantes. Estas nominaciones confirman que las propuestas más nefastas hechas por Trump durante la campaña presidencial contra México y contra las y los mexicanos están en ruta de hacerse realidad.

En su momento denunciamos públicamente la falta de previsión del ejecutivo federal sobre los enormes riesgos que se avecinaban para el país así como sobre las posibles consecuencias que acarrearía la victoria de Trump. Durante todo este tiempo el gobierno federal ha actuado de manera reactiva y no propositiva, como obligaría la emergencia nacional que está enfrentando nuestra nación.

Ahora ante la inminente toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero la Cancillería mexicana sigue inerte ante la nueva realidad, argumentando con tibieza que se cuenta “escenarios” y haciendo un llamado a la “no especulación” para no poner bajo una mayor vulnerabilidad a nuestros connacionales.

Es absolutamente absurda y peligrosa la posición oficial manifestada por la Cancillería de esperar hasta la asunción oficial de Trump para comenzar a delinear las estrategias de acción; se está perdiendo un tiempo precioso y nos vamos a arrepentir de no haber construido una posición sólida de Estado para enfrentar los riesgos que se avecinan.

Las medidas anunciadas en semanas recientes por la Cancillería a fin de otorgar auxilio a la población mexicana que reside en Estados Unidos son notoriamente insuficientes. Para enfrentar eficazmente el recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes que impulsará la administración Trump se requerirá mucho más que de un centro de información en Estados Unidos y de otras acciones aisladas como las presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desafortunadamente queda claro que no existe un plan de contención del Poder Ejecutivo para revertir o mitigar propuestas como la construcción de un muro en la frontera, la deportación de los mexicanos indocumentados o la confiscación de las remesas que envían nuestros connacionales al país.

Desde el inicio de su campaña, Donald Trump no ha cesado en sus ataques contra nuestro país y nuestros ciudadanos. Calificó a los inmigrantes sin papeles de criminales y violadores; dudó de la honorabilidad de un juez por ser hijo de mexicanos; dibujó el Tratado de Libre Comercio como una maniobra mexicana para perjudicar a los trabajadores estadounidenses; y prometió la construcción de un muro que habría de ser pagado por México. Ya como presidente electo, no ha moderado su postura y el miércoles anterior, durante una conferencia de prensa, mientras nuestro nuevo canciller insistía en el carácter dialogante de Trump, éste reiteró que construirá su gran muro y que nos lo haría pagar de un modo u otro.

Ante las presiones de Trump como la de forzar a la empresa Ford a suspender la inversión de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, que representaría para el país 3 mil 600 empleos, ha sido evidente la inacción del gobierno mexicano. El gobierno federal ha sido incapaz de poner en marcha un plan de acción para enfrentar la realidad de Trump. Hace falta una política exterior activa, valiente y decidida en defensa de la soberanía del país. Es urgente tomar acciones, por la vía de la política y la negociación, que busquen retener las inversiones en el país. Se debe fijar una postura firme y digna ante Trump.

Lo que ha sido claro es la ausencia de liderazgo en el gobierno federal. Estamos comprobando día con día que el titular del Ejecutivo federal no cuenta con los tamaños suficientes para enfrentar las bravatas del señor Trump. Además, la diplomacia mexicana va a enfrentar retos para los cuales no está preparada.

Por si fuera poco, el nombramiento del señor Luis Videgaray Caso como secretario de Relaciones Exteriores debe ser rechazado. El propio Videgaray ha admitido que no cuenta con los conocimientos para desempeñar adecuadamente el cargo. Se trata de una improvisación. El titular del Ejecutivo Federal deja ver con esta decisión que no importa la capacidad, sino el compadrazgo y la determinación de mantener en el juego político a un probable candidato presidencial del PRI.

Además, y mucho más grave, la designación del señor Videgaray debe ser vista como una imposición del señor Donald Trump por la amistad que aquel mantiene con el yerno de éste; es evidente que ante esta situación, Videgaray está impedido a actuar con firmeza ante el presiente electo de Estados Unidos.

El nombramiento de Videgaray ratifica el extravío de la política exterior de México durante la presente administración. Es insostenible que el presidente Peña Nieto haya decidido nombrar a un canciller por el hecho de haber establecido la relación con el equipo de Trump. Es por tanto absurdo y en contra de los principios de la política exterior. Al determinarse la posición de canciller por su cercanía a Estados Unidos, automáticamente se deja de lado la imperiosa necesidad de fomentar las relaciones políticas y las inversiones extranjeras procedentes de otras latitudes como Europa, Asia y otras regiones en donde existe interés por hacer negocios en México.

Con esta nominación existe el evidente riesgo de Videgaray, quien ha calificado a Trump como una persona “muy amable y negociadora”, en aras de cumplir con las demandas de su amigo Trump, la cancillería bajo su liderazgo, dedique el grueso de su trabajo a complacer los caprichos de Trump, dejando de lado las relaciones de México con el resto del mundo, las cuales, hoy más que nunca, deben reforzarse en una suerte de estrategia de “diversificación protectora”, a efecto de fortalecer la posición negociadora del país y la cabal promoción de sus intereses en el mundo.

Las bravuconadas recientes de Trump contra México han dejado claro que la “gran idea estratégica” de buscar un acercamiento con el entonces candidato republicano fue una estrategia equivocada y fallida. Trump no cambió su forma de ser ni de actuar por el hecho de haber sido invitado con honores presidenciales a Los Pinos, porque no está formado como político, sino como un empresario pragmático que va acomodando sus fichas en función de sus intereses.

Pensar, como lo hicieron Peña Nieto y Videgaray, que organizó la visita en agosto, que podían confiar en Trump, fue ingenuo. Cuatro horas después de despedirse de Peña Nieto en Los Pinos, Trump insistió que México pagaría por el muro. Lo reiteró belicosamente el miércoles pasado en su conferencia de prensa. Sin embargo, la negación en el equipo del Presidente Peña Nieto es absoluta.

Por otro lado, se ha anunciado un nuevo cambio en la representación de México en la embajada de Estados Unidos y en la subsecretaría para América del Norte. Una muestra más de que en los últimos años la política exterior de México con respecto a esta nación ha estado caracterizada por la incertidumbre y la inestabilidad. Tan solo en este sexenio han desfilado cuatro subsecretarios de Relaciones Exteriores para América del Norte y desde que Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos, suman cinco embajadores de México en Estados Unidos, eso sin contar los seis meses de 2015 en los que la representación en Washington estuvo acéfala.

Ante este contexto tan complicado, se requiere mayor firmeza y audacia por parte del gobierno federal. No se debería menospreciar la posibilidad de renegociar, por ejemplo, todo el esquema de cooperación en materia de seguridad (narcotráfico, crimen organizado, inmigración de Centroamérica y el Caribe, etcétera) que se tiene con Estados Unidos, en donde es evidente que México cumple una serie de exigencias que favorecen la seguridad nacional estadounidense, y en donde nuestro país hace el trabajo sucio contra la población de otras naciones hermanas de Centroamérica y el Caribe.

Además, el gobierno federal debe dejar claro que México no hará nada que vaya en contra de la dignidad de nuestro país, como pagar el muro o permitir que se confisquen las remesas o cualquier disposición en ese sentido. El gobierno federal debe ser mucho más firme en su postura hacia Donald Trump. Exigimos acciones específicas y una postura enérgica por parte del titular del Ejecutivo Federal. No es con buenas intenciones como va a enfrentar a Trump con éxito. Tampoco es con enunciados y generalidades.

Esperamos que el titular del Poder Ejecutivo adopte una posición más firme y que coloque a la migración como un fenómeno global que debe involucrar acciones simultáneas de gobiernos, instituciones internacionales y organismos multilaterales.

La posición de México necesita ser mucho más enérgica. Debemos manifestar nuestro absoluto desacuerdo no sólo con pagar el Muro, sino con su existencia misma por todo tipo de razones políticas, económicas, de derechos humanos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir con lo establecido en la fracción décima del artículo 89 constitucional en materia de conducción de la política exterior a fin de defender el principio de autodeterminación de los pueblos, el respeto a nuestra soberanía y la protección y promoción de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, y a hacer frente dignamente y con firmeza a las amenazas que contra nuestro país ha formulado el presidente electo de Estados Unidos de América, Donald Trump.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Diputados Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EMISIÓN DE UN PLAN DE AUSTERIDAD QUE PERMITA REDUCIR LOS GASTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la emisión de un plan de austeridad que permita reducir los gastos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los primeros días del presente año el país ha vivido diversas protestas y manifestaciones en las calles que aunque han afectado la vida cotidiana de muchos mexicanos, así como la actividad económica de diversos sectores, resultan más que comprensibles.

El detonante de estos eventos ha sido el alza en los precios de las gasolinas y el diésel, medida que resultaba ineludible frente a la convergencia de diversas circunstancias económicas adversas que hacían imposible mantener un esquema de subsidios como el que hasta 2016 venía aplicándose, sin embargo, en el fondo, lo que la sociedad ha puesto de manifiesto es su hartazgo frente a las muestras de dispendio, irracionalidad e ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos, las cuales, lamentablemente, han estado presentes en gobiernos de todos los signos políticos y de todos los niveles, por lo cual resulta urgente tomar medidas en materia de austeridad presupuestaria a través de las cuales los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, perciban que es el gobierno y no ellos quienes realmente se aprietan el cinturón con las restricciones presupuestales.

En este sentido, diversos organismos constitucionalmente autónomos y el Senado de la República han anunciado ya diversas acciones en busca de reducir los gastos que se desprenden del ejercicio del poder público, a fin de generar ahorros mediante un ajuste en las erogaciones en diferentes rubros.

Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció a mediados de la semana pasada, la reducción y cancelación de gastos como: apoyos a telefonía celular, la suspensión de la construcción de dos torres de lo que será su nueva sede; reducción de salarios; revisión del uso de vehículos oficiales, entre otras.

De igual forma, el Senado de la República, el día jueves de esa misma semana, comunicó una serie de medidas que buscan reducir el monto de los recursos económicos que gasta anualmente a través de un Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestaria que implica el incremento cero de plazas y de adquisición de vehículos nuevos; reducción de más del diez por ciento en servicios profesionales, digitalización, telefonía, comunicación social, combustible, gastos de viaje, entre otros.

En ese contexto, cabe recordar que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde hace un año propuso a esta Cámara de Diputados dos acciones que, además de su intención de ser ambientalmente responsables, significarían una reducción de gastos como son: la compra de botellas de agua y papelería. En cuanto al uso racional de papel, sustituyéndolo por medios electrónicos, estimamos que la Cámara de Diputados podría generar un ahorro de casi 51 millones de pesos cada año.

En lo relativo a la compra de botellas de agua, de acuerdo a la información de la Dirección General de Materiales y Servicios, durante la LXII Legislatura, se erogaron poco más de 4.5 millones de pesos en la compra de agua en diferentes presentaciones, con un gasto diario promedio de 5 mil 502 pesos.

A continuación, se presenta el desglose del gasto de agua embotellada realizado por la legislatura anterior:

“... La presentación más popular son las botellas de consumo individual de 350 mililitros, en las que se invirtieron 2 millones 625 mil 788 pesos. En total se han adquirido 64 mil 290 cajas con 24 botellas de 350 mililitros; esto representa un millón 542 mil 960 botellas.

Se adquirieron también 253 mil 680 botellas –21 mil 140 cajas– de 1.5 litros con una inversión de 750 mil 330 pesos. En la compra de 76 mil 432 garrafones de agua se gastó un millón 135 mil 891 pesos”.

Más allá de estos conceptos, recordemos que hay gastos que provocan la indignación de los ciudadanos en tanto que para el imaginario colectivo representan la existencia de privilegios a los cuales la gran mayoría de los mexicanos no tiene acceso, por lo cual en una época de austeridad como la que hoy vive nuestro país deben ser eliminados.

Por cuanto hace al tema de las erogaciones por cobertura de gastos médicos, la información recabada por diversos medios de comunicación señala que para este año la Cámara de Diputados tiene presupuestado gastar 161 millones de pesos por este concepto.

En lo que se refiere a papelería, la Cámara de Diputados eroga anualmente 37 millones de pesos. Mientras que en energía eléctrica se gastan aproximadamente 22 millones de pesos. Por último, en viajes al extranjero la Cámara de Diputados erogó alrededor de 7.5 millones de pesos. Es decir, solamente en estos cinco rubros citados, botellas de agua, papelería, gastos médicos, energía eléctrica y viajes la Cámara de Diputados podría generar ahorros en este 2017 de alrededor de 233 millones de pesos.

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados ha realizado diversas acciones para reducir el consumo de energía a través del cambio de lámparas convencionales por lámparas ahorradoras, lo que además de ser una medida que ayuda a reducir los efectos del calentamiento global, también significa un importante ahorro económico en los gastos que se generan por este concepto, aún es posible generar un mayor ahorro si se trabaja en inculcar a los trabajadores una cultura de uso eficiente de la energía eléctrica en las instalaciones del recinto legislativo.

Sin embargo, en el PVEM consideramos que es momento de asumir un mayor compromiso con la sociedad que nos exige reducir los gastos superfluos, prescindibles e innecesarios en la Cámara de Diputados, sin que ello signifique afectar el desempeño de los trabajos parlamentarios.

Así, la reducción o, en su caso, cancelación de gastos como viáticos, vales de gasolina, edición de libros, viajes al extranjero, entrega de tarjetas de peaje carretero, papelería membretada, telefonía celular, seguro de gastos médicos mayores y de vida, comunicación social, pago de renta de los vehículos oficiales, reducción del personal de seguridad para los legisladores, por citar algunos, se entendería, sin duda alguna, como un mensaje de solidaridad con los ciudadanos que representamos.

Si bien las restricciones presupuestales han sido necesarias desde el año pasado para hacer frente al difícil panorama económico que se vive a nivel internacional, lo cierto es que 2017 parece ser el año más complicado en ese sentido, además de que el alza en el precio de las gasolinas y el diésel tiene un impacto directo en el bolsillo de muchos mexicanos, más allá de que se ha explicado reiteradamente que el costo del transporte es sólo uno de los múltiples componentes del precio final de un producto.

Derivado de lo anterior, en el PVEM reconocemos que la sociedad mexicana atraviesa un momento complicado y de incertidumbre que la ha llevado a manifestar reiteradamente su descontento porque percibe que carga con la mayor parte de los impactos consecuencia de las restricciones presupuestales del sector público. Por ello tenemos la convicción de que todos los órganos del Estado estamos obligados a sumar esfuerzos para generar ahorros que pudieran ser reorientados hacia sectores prioritarios y la Cámara de Diputados no puede ser la excepción.

Con base en ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone a los órganos de gobierno de esta Cámara emprender diversas acciones que conformen un plan de austeridad que permitan ahorrar recursos de los que ya se tienen presupuestados para el presente ejercicio fiscal y destinarlos al apoyo de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad que pudieran haberse visto afectados por las restricciones presupuestales en este 2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo para la reducción de viajes al extranjero de diputadas y diputados que permita reducir al mínimo los gastos por concepto de boletos de avión, hospedaje y viáticos.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo que permita reducir significativamente el presupuesto asignado para comunicación social.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo para la cancelación de gastos prescindibles, innecesarios o que no afectan el cumplimiento de los fines y labores parlamentarias como vales de gasolina para diputadas y diputados, telefonía celular, papelería membretada, alimentos y servicio de meseros para las comisiones, seguros de gastos médicos mayores para legisladores y funcionarios, tarjeta de peaje carretero y el pago de renta de vehículos oficiales.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario general de la Cámara de Diputados para que, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, proponga un plan que permita reducir significativamente la compra de papelería y botellas de agua, así como reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones del recinto legislativo.

Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar un mecanismo que permita rendir un informe al pleno de los ahorros generados por las medidas de austeridad emprendidas a fin de darles seguimiento y emitir un acuerdo a través del cual esos recursos económicos puedan destinarse a programas en apoyo de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad.

Nota

1 Véase. Informe Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 2015.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Transparencia/Inf ormacion-Finaciera

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

CANCELACIÓN DE TODAS LAS CONCESIONES, CONTRATOS Y PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la cancelación de las concesiones, los contratos y los proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos mexicanos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera.El 22 de diciembre del 2016, no enteramos por diversos medios de comunicación que la constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documento liberados ese mismo día por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante el periodo señalado, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.

“Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó (...) sobornos por alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras públicas. Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones como resultado”, de acuerdo al expediente liberado en Estados Unidos.

“Por ejemplo, en o alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de que un funcionario ayudara a Odebrecht con la obtención de un proyecto. En diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a funcionarios 6 millones de dólares”

Uno de los contratos que consiguió Odebrecht con Pemex Refinación fue a través de adjudicación directa, es decir, sin haber participado en un concurso de licitación junto con otras empresas competidoras.

El 15 de febrero de 2014, Odebrecht firmó un contrato por más de mil 436 millones de pesos con la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control de Pemex Refinación. El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 tenía como propósito realizar el acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de “aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”. El contrato de Odebrecht tenía fecha de terminación el 10 de agosto de 2015. Sin embargo, el contrato fue modificado el 20 de noviembre de 2014, debido a la inclusión de “volúmenes y conceptos no previstos e incrementos” al monto original pactado.

Por esta modificación, Pemex Refinación pagó un monto extra por poco más de 358 millones de pesos a la empresa brasileña. Es decir, se pagaron casi mil 795 millones de pesos.

Durante este periodo, el director de Pemex Refinación fue Miguel Tame Rodríguez, quien se jubiló de la paraestatal a inicios de este año.

La noticia de los sobornos pagados por Odebrecht en México forma parte de un caso que se sigue en contra de la empresa brasileña, la cual aceptó pagar una multa por 2 mil 600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber entregado sobornos a funcionarios públicos.

México no es el único país donde Odebrecht incurrió en corrupción. Otros países de América Latina donde operó con sobornos fueron Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.

Segunda.Odebrecht comenzó a operar en México en 1991 y ha participado en obras como represa Los Huitles, en Sinaloa, la renovación de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila; mientras que su filial Braskem se unió a la mexicana Idesa para desarrollar el Proyecto Etileno XXI en Veracruz.

En el año 2005, Odebrecht también firmó dos contratos con Pemex Refinación. Pero en ese momento, la empresa formó parte de un consorcio de compañías que ganó una licitación pública internacional. Los contratos PR-OP-L-001/05P y PR-OP-L-002/05P sumaron en conjunto un total de 634.9 millones de pesos. Junto a Odebrecht, el consorcio estuvo conformado por las empresas Proyectos Ebramex, Río San Juan Construcciones y Técnicas Reunidas. Los contratos estuvieron vigentes entre enero de 2005 y abril de 2008.

Tercera.Antes de que se aprobará la reforma energética, en una entrevista realizada por la revista Forbes México,al Director General de Odebrecht Infraestructura México, Luis Weyll, éste anunció que la empresa brasileña contaba con un plan de inversiones en áreas clave como infraestructura y química.

La compañía que en 2012 reportó ingresos brutos por 41,317 millones de dólares, invertía en México 8,000 millones de dólares en cinco años. De ese monto, la mitad está puesta en proyectos en curso, en su mayoría en uno de petroquímica en el estado de Veracruz que arrancó en 2011.

Aunque el ejecutivo no dio cifras actuales ni proyectadas sobre la operación de la empresa en México, dijo que aunque aún los ingresos representan una parte modesta del total del conglomerado, se espera que “cada vez más ganen más relevancia”.

Las apuestas en México están principalmente en la planta Etileno XXI que Odebrecht construye en Veracruz. Constituye la inversión más grande de la firma fuera de Brasil, de unos 4,000 millones de dólares.

Etileno XXI es una asociación entre Braskem -en la que Odebrecht tiene casi 39 por ciento de las acciones- y la mexicana IDESA. Se espera que cuando entre en operación tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos.

Otro proyecto en curso es una presa multipropósito en Veracruz, en el oriente del país y con costas en el Golfo de México, con un costo estimado de unos 450 millones de dólares, a ser ejecutado junto con el gobierno estatal.

Además, según la fuente consultada por Morena, están esperando luz verde para desarrollar un proyecto para la construcción de una carretera entre Tuxpan, en Veracruz, y Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas.

Weyll dijo que entre los proyectos en estudio hacia el 2018 hay unos de infraestructura de energía, de agua y carreteras, pero podrían incluir ferrocarriles y aeropuertos.

“Nuestro presidente presentó un proyecto que está muy bien definido y estructurado para los próximos años, ese plan está muy direccionado a infraestructura de agua y energía y transporte y el tema de etanol para poder implementar un proyecto piloto que pueda generar condiciones de competitividad”, dijo Weyll.

El director presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, se reunió el martes con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, para presentar el plan de negocios de la firma, ampliamente diversificada.

Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis refinerías del país; la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo; así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa, en el norte del país.

Cuarta.De las indagatorias realizadas por Morena, se encontró que en marzo de 2013 el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la prestación de servicios. Se trata de un proyecto planeado desde el 2008 y dado a conocer oficial y superficialmente en 2014. En la Gaceta Oficial No.142, en la que se argumenta lo siguiente:

“En virtud de que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa [...] enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja dotación de agua por habitante, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua, disminuyéndose así la dotación actual del agua por habitante”.

Ante el problema, se propone como solución:

“[...] la implementación de una infraestructura multipropósito, a través del esquema de Proyecto para la prestación de Servicios, cuya autoridad contratante será la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo el amparo de la Ley de Fomento Económico y de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado”.

El proyecto antes mencionado fue concesionado (sin licitación) a la empresa brasileña Odebrecht, la cual desde sexenios anteriores se le ha invertido fuertes cantidades de dinero en la construcción una planta de polietileno (Proyecto Etileno XXI) en Coatzacoalcos. El proyecto Propósitos Múltiples de Xalapa consiste en la construcción de una presa de almacenamiento de agua sobre el río Los Pescados (en la cuenca de La Antigua), un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento.

De esta manera son tres los propósitos que busca cubrir este megaproyecto: abastecer de agua a Xalapa en los próximos 25 años, generar energía con una capacidad instalada de 70 megawatts y “el incremento significativo en la eficiencia anual de los sistemas de riego de los Módulos La Antigua y Puente Nacional del Distrito de Riego 035, así como el control de avenidas para reducción de riesgos de inundaciones en las crecidas del río La Antigua.”

Dicho proyecto implicaba la construcción de una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud que almacenaría 135 millones de m3 de agua (y un embalse de 440 has), los cuales serían bombeados y conducidos en un acueducto de 42 km. desde una altitud de 500 msnm hacia la ciudad de Xalapa a los 1400 msnm. La Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa, integrada por la empresa Odebrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz, operaría los sistemas relacionados con la presa en un lapso de 25 años. Sin embargo, desde un principio la opacidad en la información ha sido la constante. Se sabe por diferentes fuentes de información que la inversión global del proyecto ascendería a los 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 72% del capital correspondería a Odebrecht y el resto al gobierno del estado.

Por si esto no fuera suficiente, el caso más reciente de inversión privada en el que se involucra a la empresa Odebrecht, es con un organismo operador del agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Su origen se remonta al 12 de noviembre de 2002 cuando el gobierno del estado transfiere a los municipios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, apegándose al artículo 115 de la Constitución Política de México. El SAS se conforma en ese momento como un organismo público descentralizado paramunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con recursos provenientes de la ciudadanía.

Cuando se dio a conocer el proceso de licitación para integrar una empresa de asociación pública-privada, se tenía previsto dar a conocer el fallo a favor de una de las empresas concursantes el día 20 de abril del 2015. Sin embargo, las mismas empresas solicitaron al Órgano de Gobierno una prórroga de tiempo para conocer a detalle la situación técnica y financiera del SAS. Aunque se tenía previsto que para el mes de mayo se daría a conocer el nombre de la empresa ganadora, no fue sino hasta el 10 de junio cuando en conferencia de prensa, el director del SAS, José Tello en compañía del alcalde del puerto de Veracruz, dieron el fallo. Resultaron ganadoras las empresas Aguas de Barcelona Interagbar de México S.A. de C.V. y Odebrecht Ambiental S.A., que junto con el SAS integrarán la empresa mixta denominada Grupo MAS. En esta empresa será el Órgano de Gobierno quien controlará las tarifas y la infraestructura. Las empresas tendrán una concesión por 30 años y la inversión de arranque es de más de 7 mil mdp. Grupo MAS iniciará operaciones a partir del 31 de agosto de este año y durante este tiempo se integrará una Comisión de Transparencia para analizar temas como las tarifas del servicio y la situación del sindicato.

Frente a los hechos de corrupción en los que, según las denuncias, están involucrados servidores públicos mexicanos y los diversos proyectos de infraestructura y servicios en los que actualmente participa la empresa Odebrecht, la Comisión Permanente está obligada a pronunciarse. Hacerlo impediría un posible daño patrimonial futuro y aceleraría las investigaciones de las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción; asimismo permitiría identificar a los responsables de dichos actos. Para Morena las y los legisladores debemos atender de inmediato las denuncias de corrupción aquí planteadas y evitar que el malestar social se siga acumulando, en perjuicio de nuestras instituciones y de nuestra débil democracia.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno del Estado de Veracruz y al Congreso de esta entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen todas las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados servidores públicos mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Públicaa que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones procedentes sobre las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas, en las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, que se deriven de las denuncias públicas de los sobornos que pagó la empresa a servidores públicos mexicanos para obtener recursos del erario público, y presente un informe a esta soberanía.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a PEMEX, hacer del conocimiento de esta Soberanía el estado que guarda el contrato Etileno XXI suscrito con la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, y presente un informe a esta soberanía.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias y presente un informe a esta soberanía.

Quinto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Veracruz y a los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.

Notas

1 Apuntan sobornos de Obedecht a Pemex refinación, Aristegui Noticias, 22 de diciembre de 2016,

http://aristeguinoticias.com/2212/mexico/apuntan-sobornos-de-od ebrecht-a-pemex-refinacion/

2 Portal de Obligaciones de Transparencia, Pemex Refinación, contrato: PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarC ontrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4- 14&_idDependencia=18576

3 Odebrecht ‘pone pausa’ a inversiones petroleras en México, Forbes México, 2 de octubre del 2013

http://www.forbes.com.mx/odebrecht-apuesta-en-mexico-rodea-sect or-energetico/#gs.1SQ33us

4 Contrato de suministro de Etano “Etileno XXI”, Pemex Gas y Petroquímica Básica, 19 de febrero del 2010

http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/541FEDB5-D791-49D8-9560-9 8846FE09EA5/0/contratoetilenoXXI.pdf

5 Palacio Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial no. 142, 12 de marzo de 2013.

6 Iraís Aguirre, “Presentan Grupo MAS, empresa mixta que sustituye a SAS”, e-consulta.com Veracruz, 10 de junio de 2015, consultado el 19 de junio de 2015

http://e-veracruz.mx/nota/2015-06- 10/municipios/presentan-grupo-mas-empresa-mixta-que-sustituye-sas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputada Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

DESISTIR A SU PENSIÓN DE RETIRO ASÍ COMO A TODA PRERROGATIVA QUE REPRESENTE UNA EROGACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de su pensión de retiro y toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, suscrita por la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. La situación económica del país obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la Federación en el manejo eficiente de los recursos públicos, particularmente en relación a las distintas medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para realizar recortes financieros a las entidades y dependencias de la administración pública federal y, aunado a las medidas adoptadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, el cual contempla un recorte cercano a los 240 mil millones de pesos a entidades, dependencias y programas federales de gran relevancia social para el país.

Es por ello que se considera fundamental, que el destino de los recursos públicos debe cumplir la finalidad de garantizar el desarrollo del país sin menoscabar los derechos de las personas ni las necesidades básicas sociales que el Estado debe de garantizar, por lo que deben quedar eliminadas aquellas erogaciones presupuestales que representan un abuso y una evidente ineficiencia en la administración de recursos públicos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los recursos destinados a los ex presidentes por conceptos de retiro, personal de apoyo y de seguridad, ya que además de los 205 mil pesos mensuales que reciben los exmandatarios como pensión estos pueden llegar a representar un gasto al erario de hasta 5 millones de pesos.

II. El artículo 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características bajo las cuales deben ser administrados los recursos públicos:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De lo anterior se destaca la obligación de la Federación en administrar los recursos públicos bajo los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, entendidos bajo un sentido de responsabilidad social y no de privilegios a servidores públicos como lo representan las pensiones y prerrogativas a los expresidentes.

III. La delicada situación económica que padece nuestro país se ve acentuada por la desigualdad, la cual pareciera haberse establecido como un fenómeno irremediable y de aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que el 10 por ciento de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima de 10 por ciento más pobre. Y se caracteriza por tener trabajadores pobres donde: 19 por ciento tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; existe una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; no hay mayores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

“En México, para que un ciudadano pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 años de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común.”

La situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro es preocupante, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se señala que “más del 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”. Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorra y poder tener un retiro, “56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante.”

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados de 2013, denominada “Ahorro y futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo el 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que 41 por ciento debe seguir trabajando (...) incluso 20 por ciento de la población mayor de 80 años deberá seguir trabajando.”

IV. Actualmente existe una opacidad para conocer los recursos públicos erogados por el concepto de pensión vitalicia, así como lo correspondiente al personal de apoyo y seguridad militar que son asignados a aquellas personas que se desempeñaron como presidentes de la República.

Y a pesar de ser una obligación de la Oficina de la Presidencia de la República publicar en su respectiva página de internet de manera permanente el destino de los recursos asignados a los ex presidentes, es necesario insistir que prevalece una opacidad sobre los montos, destino y uso de los recursos públicos asignados a los exmandatarios.

Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación denominada Los parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los ex presidentes dan a conocer que los privilegios de los expresidentes son un claro ejemplo de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y, bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los elementos clave del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios

V. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

El escenario que presenta nuestro país es desalentador, con una marcada tendencia en la desigualdad social y económica, por lo que es indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos, siendo necesario contar con un gasto responsable de los recursos públicos que permita hacer frente a la desigualdad.

Por lo que es indispensable cuestionar el cómo es posible justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos, en particular la de aquellos que se desempeñaron como Presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

Por lo expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, particularmente lo correspondiente a gastos en personal de apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Notas

1 Ibídem.

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

3 OCDE Distribución del Ingreso, Base de Datos

www.stats.oecd.org/

4 Ibídem página 14.

5 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

6 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014,

www.forbes.com.mx

7 Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013,

www.forbes.com.mx

8 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso página 29.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FORTALEZCAN LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EL MERCADO INTERNO, EL PODER ADQUISITIVO Y EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS MEXICANAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a emprender acciones que fortalezcan la generación de empleo, el mercado interno, el poder adquisitivo y el consumo de las familias, suscrita por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada, el Ejecutivo federal suscribió junto con representantes de las empresas y de los sindicatos el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, con objeto de dar fortaleza a la economía interna mexicana.

Dicho acuerdo busca proteger el bienestar de la sociedad mexicana. El acuerdo anunció una serie de medidas que se deben tomar para garantizar la estabilidad de las variables macroeconómicas y de las microeconómicas.

En Nueva Alianza nos interesa defender el bienestar de las familias mexicanas en lo que se refiere al empleo y al consumo.

Ante el anuncio de la liberalización del precio de los combustibles, de la gasolina y del diésel, principalmente, se generó un ambiente de pánico y, con ello, la amenaza de una escalada de incremento en los precios de los bienes y servicios.

En Nueva Alianza consideramos que es nuestra responsabilidad hablar de la estabilidad de las finanzas domésticas, de que los hogares mexicanos tengan certidumbre en su ingreso, en su consumo y en sus satisfactores cotidianos.

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor ha implantado una serie de estrategias encaminadas a vigilar que no haya abusos de los oferentes de bienes y servicios, entre las medidas aplicadas encontramos multas hasta el cierre de establecimientos.

En Nueva Alianza consideramos que está actuando de manera responsable; sin embargo, también es importante saber quiénes son aquellas personas físicas o morales que pretenden aprovecharse del incremento de los precios del combustible para que de manera unilateral suban los precios de los bienes y servicios.

El acuerdo anunció también que a la banca de desarrollo se destinarán 18 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto asignado para 2017. Con esos recursos se pretende financiar una serie de proyectos a fin de fortalecer el mercado interno.

En Nueva Alianza consideramos que la banca de desarrollo debe volver a tomar un papel protagónico en el desarrollo del país, financiando proyectos y, no sólo a las Pyme sino, también, integrando a las Mipyme.

Las Mipyme son un motor muy importante de crecimiento económico. Efectivamente, generan 75 por ciento de los empleos en el país; además, contribuyen al producto interno bruto en 50 por ciento.

Sin duda, debemos seguir impulsando el desarrollo y la generación de empleos a través de las Mipyme. Los recursos adicionales por 18 mil millones de pesos que se le otorgaron a la banca de desarrollo deben considerar el apoyo a las Mipyme, toda vez que son un eslabón fundamental en el desarrollo de la economía doméstica de las familias mexicanas.

El Fondo Nacional Emprendedor ha sido un instrumento eficiente en la asignación de recursos para las Mipyme; no obstante, para el ejercicio fiscal de 2017 se le asignó 50 por ciento menos de su presupuesto con relación a 2016. Ante este escenario de inestabilidad sería pertinente reconsiderar incrementar su presupuesto.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene por objeto establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida de los trabajadores que lo perciben y de sus familias, de manera que los factores de la producción validen el derecho del trabajador a una vida digna.

Empero, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció que el salario mínimo para 2017 será de 80.04 pesos al día, lo cual consideramos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jefes de familia.

El actual salario mínimo poco ayuda al bienestar de los mexicanos. El poder adquisitivo en el país tiene décadas estancado; por lo menos presenta un rezago de 20 años.

En Nueva Alianza consideramos adecuado el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar; sin embargo, pensamos que se puede fortalecer.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice las adecuaciones presupuestales pertinentes a fin de que se destinen los mismos recursos que tenía en 2016 el Fondo Nacional Emprendedor, con objeto de que las Mipyme fortalezcan la generación de empleo, el mercado interno y el consumo de las familias mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la banca de desarrollo, de los 18 mil millones de pesos adicionales que se le van a asignar considere a las Mipyme en los proyectos que va a realizar, a fin de que éstas generen empleo y fortalezcan el mercado interno y el consumo de las familias mexicanas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en su página de internet publique de manera más clara las personas físicas o morales que presenten el mayor número de quejas en el buró comercial, a fin de que las familias mexicanas conozcan quiénes son los oferentes que atentan contra los precios de los bienes y servicios de la canasta básica.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que su determinación del salario mínimo sea fijada con los precios de la canasta básica, a fin de que las familias mexicanas mantengan su poder adquisitivo en el consumo de los bienes y servicios que la integran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ANALICE Y VALORE LA PUESTA EN MARCHA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATIENDAN EL EVENTUAL CAMBIO EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE MÉXICO CON SUS SOCIOS DEL TLCAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar y valorar la puesta en marcha de políticas públicas que atiendan el eventual cambio en las relaciones comerciales de México con sus socios del TLCAN, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que se analice valore y ponga en marcha políticas publicas ante un eventual cambio en las relaciones comerciales de nuestro país con sus socios del Tratado de Libre Comercio de américa del Norte, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, con base en lo siguiente:

Consideraciones

El discurso del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica hace suponer que no dará marcha atrás a su idea proteger la planta industrial de su país; en tal sentido ha dejado ver que buscara renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e imponer altos impuestos a las empresas que produzcan fuera de su país. Tal situación ha generado gran incertidumbre, principalmente, en la industria automotriz, la cual ha sido amenazada -por el presidente electo- con un posible impuesto del 35 por ciento por la venta de automóviles importados.

Dicha situación ha generado un escenario adverso para nuestra economía, que ha padecido la cancelación y retraso en inversiones que ya se encontraban convenidas; además, los mexicanos hemos tenido que padecer un fuerte deslizamiento de nuestra moneda frente al dólar, entre otras consecuencias más.

Ahora bien, existe un fuerte vínculo entre ambas economías, como lo muestran los siguientes datos:

• En 2015 el comercio entre México y EE.UU. alcanzó los $ 531 mil millones de dólares.

• México es el segundo mayor mercado de exportación de Estados Unidos y el tercer mayor proveedor de bienes.

• En 2015, Estados Unidos exportó 30.8 mil millones de dólares en servicios a México.

Como se podrá apreciar existe una muy fuerte interdependencia económica entre ambas naciones; la cual, ha traído desarrollo y prosperidad a la región; a pesar de lo anterior, el presidente electo Donald Trump, ha manifestado en diversas ocasiones su intención de modificar la política comercial de EE.UU. con el fin de promover el empleo en el sector manufacturero de ese país, para lo cual, ha propuesto modificaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e instrumentar políticas fiscales que obligue a las empresas a repatriar la planta productiva a los EEUU.

Las amenazas del presidente electo ya tuvieron consecuencias económicas en ambos países, por lo cual, resulta necesario que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Economía se dé a la tarea de analizar, valorar e implementar las medidas necesarias para hacer frente a posibles medidas proteccionistas por parte del gobierno de los EEUU.

En este sentido resulta de la mayor urgencia que el gobierno federal a cargo del Presidente Peña Nieto, trabaje en la planeación e implementación de políticas de acción que tengan como finalidad:

1. Diversificar el intercambio comercial de nuestro país con un mayor número de naciones.

2. Crear estímulos, de toda índole, para que en el caso de que el gobierno de EE.UU. imponga altos aranceles a los productos mexicanos, siga resultando atractivo, para las empresas, seguir produciendo en nuestro país.

3. Trabajar urgentemente, en la creación y reactivación de una planta productiva nacional para atender las necesidades del comercio interno; lo anterior, como una medida preventiva, ante el creciente proteccionismo que se está presentando a nivel global.

4. Definir las estrategias legales pertinentes para hacer frente a las posibles acciones anunciadas por la administración entrante de los EE.UU.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación, con carácter de urgente u obvia resolución, de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a fin de que se analice valore y ponga en marcha políticas publicas ante un eventual cambio en las relaciones comerciales de nuestro país con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y el STC-Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales promovidos por ambos ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12, así como a señalar el estado que guardan aquéllos y las sanciones aplicadas en su caso, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro representa la obra de infraestructura más importante de la administración del entonces jefe del gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. No obstante, su financiamiento y proceso de construcción estuvieron plagado de irregularidades que la convierten en un símbolo de la corrupción de ese gobierno.

Luego de que 11 de las 20 estaciones que forman la Línea 12 dejaran de funcionar, se hizo necesario conocer los motivos de dicha situación a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de sancionar a los responsables de presuntas irregularidades en la construcción del proyecto.

Para dicho fin, la Asamblea Legislativa formó la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del Metro, que en abril de 2015 presentó el informe de su investigación, donde se detallan no sólo los aspectos técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del Metro sino, también, el incumplimiento de distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de la obra, que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco.

El informe citado explica que el gobierno del Distrito Federal, con el argumento de “racionalización” por problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra en 2 mil millones de pesos, que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el informe precisa:

Las modificaciones de la ingeniería básica, del trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como de las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.

Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente.

La obra se adjudicó en el esquema de precio alzado: de acuerdo con el artículo 44, fracción segunda, párrafo segundo, de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no puede modificarse en monto o plazo ni estará sujeto a ajustes de costos. Los hechos descritos contravienen claramente dicha norma, pues se modificó el monto destinado al proyecto. Asimismo, no se entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron nuevos cobros.

De igual forma, se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio que se presentó en las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en el tramo Tláhuac-Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF concluyó en su dictamen: “El desgaste ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en elementos”.

Otra de las grandes irregularidades se presentó en el mecanismo para adquirir los trenes que prestarían el servicio en la Línea 12. La Secretaría de Finanzas realizó mediante el oficio número SFDF/ 0328/ 2009 la autorización multianual al STC para contratar un proyecto de prestación de servicios (PPS) de trenes para la Línea 12 mediante el cual se comprometieron parte de sus recursos por un monto de mil 500 millones 152 mil 500 dólares por pagar en un lapso de 15 años.

Con esto no sólo se comprometieron los recursos del Metro durante 15 años, sino que la deuda se adquirió en dólares, que ante la fluctuación del tipo de cambio podría poner en riesgo las finanzas de este fundamental medio de transporte público de la Ciudad de México.

La secretaría argumentó que el esquema de PPS era el más conveniente para realizar el proyecto, pues la Ciudad de México no contaba con recursos “para comprar de contado los trenes”, por lo que este mecanismo no significaría mayor presión financiera. Además, con esta figura, la empresa se encargaría del mantenimiento y la actualización tecnológica durante la duración del contrato, “de tal manera que el Metro siempre tenga trenes como nuevecitos y al final del contrato el Metro se queda con los trenes”.

La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el PPS para adquirir trenes de la Línea 12 constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica”. En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del gobierno de la Ciudad de México.

La empresa CAF México, SA de CV; y Provetren, SA de CV, continuaron cobrando costos fijos por servicios pese a que 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 no funcionaron por más de 20 meses. La comisión detectó que se realizó la totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, pese a que éstos no habían sido entregados en su totalidad. Resalta que los costos se manejaron en dólares.

La Secretaría de Finanzas había estimado que la Línea 12 costaría aproximadamente 22 mil millones de pesos, mas por las distintas anomalías e irregularidades se estima que su costo ascendió 47 mil millones de pesos.

La Contraloría General del Distrito Federal ha llevado a cabo 12 auditorías, que han derivado en la aplicación de 99 sanciones a 71 personas. De igual forma se ha fincado responsabilidad penal a 27 personas.

Por su parte, el STC realiza las investigaciones 5G, la cual abarca la adquisición de trenes contratación, recepción y mantenimiento de los trenes; y 24G, que se refiere en el mantenimiento preventivo y correctivo por el STC a la Línea 12, así como 5 investigaciones para determinar la responsabilidad de servidores y ex servidores públicos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que estos procesos se lleven a cabo conforme al principio de máxima publicidad y la estricta aplicación del derecho en los procesos administrativos y penales que se hayan iniciado. Consideramos que en un uso indebido de los recursos públicos no debe haber cabida para la impunidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe detallado sobre los procesos administrativos y penales que ambas instancias han presentado ante las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables de diversas irregularidades relacionadas con el financiamiento y la construcción de la Línea 12; asimismo, a señalar el estado que guardan los mismos y las sanciones que, en su caso, se hayan aplicado.

Notas

1 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro (2014), página 112. Disponibilidad:

<https://www.scribd.com/embeds/261998218/content?start_page= 1&view_mode=scroll&show_recommendations=true> Consultado el 9 de enero de 2017.

2 Ibídem, página 84.

3 “¿Qué mecanismo se usó para contratar los trenes de la Línea 12?”, en YouTube. Recuperado el 9 de enero de 2017.

4 “Línea 12 costará más que el tren México-Querétaro”, en El Financiero,

<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/linea-12-costara-ma s-que-el-tren-mexico-queretaro.html> Consultado el 9 de enero de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROMOVER LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover la estabilidad de precios de los productos básicos por la compra pública a productores nacionales, especialmente a pequeños, no mediante la importación de básicos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrita por los senadores Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Fernando Yunes Márquez y Luisa María Calderón Hinojosa, senadores de la LXIII Legislatura del Senado de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. numeral I , fracción II; 95; 108 numerales 1 y 2; 109; 110; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República presentamos, con el carácter de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno de la república a promover la estabilidad en los precios de los productos básicos por medio de la compra gubernamental a productores nacionales, especialmente a pequeños productores, no mediante la importación de básicos, en el marco del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que, el 1 de enero del presente año se registró el primer “gasolinazo” del año, teniendo aumentos del 14.2 por ciento en el precio de la gasolina Magna, del 16.5 por ciento para el diésel y del 20.1 por ciento para la Premium, generando protestas sociales que han ido desde las manifestaciones y marchas, hasta el vandalismo y robo de electrodomésticos, pantallas y otros artículos, en diversas tiendas de algunos puntos del país, reportándose 250 robos en tiendas al día 5 de enero del presente.

2. Que en lo referente al gas LP se han observado aumentos mínimos de 13 por ciento en las zonas con más infraestructura para el reparto, como el Centro de la Ciudad de México, y de hasta 30 por ciento en zonas remotas del resto de la República en el precio al consumidor de este hidrocarburo.

3. Que la electricidad por su parte tuvo un aumento para el sector industrial [de] (...) entre 3.7 y 4.5 por ciento en comparación con diciembre de 2016, mientras que para el sector comercial, [fue de] entre 2.6 por ciento y 3.5 por ciento en el mismo periodo. (...) En tanto, la tarifa de uso doméstico de ano consumo (tarifa DAC) registra un aumento marginal de 2.6 por ciento de diciembre de 2016 a enero de 2017.

4. Que con todos estos aumentos la inflación en el mes de enero se espera rebase el 5.5% y Sea la más alta en 17 años.

5. Que el gobierno federal ante el enojo social que ha ido en aumento por lo mencionado, y siendo que el presidente registra niveles de aprobación bajísimos (24 por ciento en diciembre del 2016), decidió promover un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar.

6. Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto indicó que, como políticas para proteger la economía de la sociedad mexicana, el gobierno mexicano se encuentra preparado para dar paso a la ‘importación preferencial’ de productos de la canasta básica, esto en caso de que /os precios sean incrementados de manera desmedida.

7. Que de acuerdo con Héctor Robles coordinador de Subsidios al Campo [OSC], los pequeños productores conforman 70 por ciento de las unidades de producción, cultivan el 16 por ciento de la superficie laborable del país y producen uno de cada siete alimentos. [Además de que] siete de cada diez productores [de] cinco hectáreas o menos, (...) aportan 40 por ciento de la producción de granos básicos; generan seis de cada diez empleos contratados y todas [las empresas agroindustrial es] trabajan con pequeños agricultores.

8. Que el gobierno federal, en apego a lo establecido en el artículo 36 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, [determinó que] a partir de (...) [ese] año los programas y apoyos de la Sagarpa proporcionan atención prioritaria a los pequeños productores y a las pequeñas unidades de producción, con base en los esquemas de impulso a la productividad y competitividad.

9. Que en esta situación de inflación, aumento generalizado de los precios por el impacto del aumento de los combustibles y siendo que el 70 por ciento de los pequeños productores se encuentran debajo de la línea de pobreza y son quienes más se verán afectados por los aumentos, es por lo que se considera que cualquier compra de parte del gobierno, de productos básicos para asegurar precio, realizar a productores nacionales, especialmente pequeños productores.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al gobierno de la república a promover la estabilidad en los precios de los productos, básicos por medio de la compra gubernamental a productores nacionales, especialmente a pequeños productores, no mediante la importación de básicos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Notas

1 Los incrementos de las gasolinas serán de 14.2 por ciento en el precio de la Magna; 20.1 por ciento para la Premium y de 16.5 pera el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.

Animal Político. 27 de diciembre de 2016. Gasolina subiré hasta 20 por ciento en enero de 2017; estos son los nuevos precios.

http://www.animalpolitico.com/2016/12/precio-gasolína-aumento-2 017/.

2 La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que durante la madrugada los saqu806 ascendieron a 250 en el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Querétaro, Michoacán y Quintana Roo. El Diario. 5 de enero de 2017. Reportan 250 robos en tiendas por ‘gasolinazo’.

http://diario.mx/Nacional/201701-05_f81de21a/reportan-250-robos -en-tiendas-por-gasolinazo-/

3 El Economista 3 de enero de 2017. Aumento de precios de gas LP rebasa alza gasolinera

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/03aumento-precios -gas-lp-rebasa-alza-gasolinera

4 Animal Político. 2 de enero de 2017. La luz también subiré en 2017 (pero no para el uso doméstico de bajo consumo).

http://www.animalcolitico.com/2017/01/luz-tambien-subíra-2017/

5 La Jornada. 8 de enero de 2017. La inflación en enero será la más alta en 17 años por el gasolinazo.

http://www.íornada.unam.mx/2017/01/08/economía/017n1eco

6 El presidente Enrique Pena Nieto, cumple su cuarto año de gobierno con una aprobación del 24 por ciento entre la ciudadanía y del 16 por ciento entre líderes de acuerdo con una encuesta nacional a mil 200 adultos y un sondeo vía correo electrónico a 920 líderes. Grupo Reforma Blogs. 1 de diciembre de 2016. Mantiene Peña Nieto baja aprobación.

http://aruporeforma-blogs.com/encuestas/?cat=38

7 Excélsior. 9 de enero de 2017. México dispuso a importar productos básicos en caso de haber alzas: Peña.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/09/1138750

8 Idem

9 Sagarpa. 10 de enero 2016. Reglas de Operación 2016 promueven mayor inclusión de pequeños productores y simplifican programas: Sagarpa.

http://www,sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletínes/Pagina s/201601B002 aspx

Dado en el salón de sesiones del Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Senadores: Fernando Yunes Márquez, Luisa María Calderón Hinojosa (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y el gobierno de Chiapas a clausurar de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control, y la resolución judicial correspondiente, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Chiapas para que clausuren de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control, así como la resolución judicial correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2003 inició el proyecto de relleno sanitario en Pichucalco, Chiapas, con recursos de Petróleos Mexicanos. La elaboración del proyecto ejecutivo estuvo a cargo de la consultora Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, SA de CV. De conformidad con lo previsto en la NOM-0083-SEMARNAT-2004, se efectuaron los estudios técnicos relativos a la carta geológica y tectónica y, por último, se realizaron los planos de vulnerabilidad y la descripción técnica respecto a los sitios seleccionados para la evaluación.

El 3 de marzo de 2005 se solicitó la aprobación de la adquisición del predio La Alergia, en la ranchería Mariano Matamoros, Primera Sección, a 13.5 kilómetros de la cabecera municipal, en el tramo Pichucalco-Sunuapa. El 30 de abril de 2005 se aprobó el cambio de uso de suelo para el relleno sanitario municipal, a través del acta de cabildo sesión número 14, con carácter de extraordinaria.

El 19 de mayo de 2006, mediante el oficio número PM/103/06, el ayuntamiento de Pichucalco ingresó para su evaluación al Instituto de Historia Natural y Ecología, el proyecto Relleno Sanitario de Pichucalco, el cual fue autorizado el 22 de noviembre de 2006, mediante el oficio número IHNE/DG/001072/06.

Sin embargo, en marzo de 2007, ciudadanos vecinos al relleno sanitario, a través de la representación del Ing. José Martínez Escobar manifestaron afectaciones que estaban ocurriendo por la contaminación generada por el Relleno Sanitario, extendiendo su solicitud tanto al presidente municipal como al gobernador.

No obstante lo anterior, el 22 de septiembre de 2009 se firmó el convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de destino final de residuos sólidos entre los ayuntamientos de Pichucalco, Juárez, Sunuapa, e Ixtacomitán (administraciones 2008-2010). Y el 17 de enero de 2011 reanudó operaciones el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, para brindar servicio a los municipios de Sunuapa, Juárez, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Solosuchiapa.

En marzo de 2013, los ciudadanos vecinos volvieron a manifestar ante el gobernador y la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural afectaciones por la contaminación generada por el relleno sanitario.

El 24 de marzo de 2014 se llevó a cabo un estudio técnico del funcionamiento del relleno sanitario intermunicipal en Pichucalco, Chiapas; por los Inspectores Federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, quienes emitieron a través de oficio número PFPA/14.2/8c.17.5/0055/2014, la siguiente conclusión:

La disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso en el tiradero en el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco no es realizada de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, lo que ocasiona un impacto ambiental severo, debido a la contaminación de los ecosistemas y deterioro de los recursos naturales; flora, fauna, el agua, aire, suelo o subsuelo. Lo que representa un riesgo a la salud pública y al medio ambiente mantenerlo en dichas condiciones.

En dicho documento se establece la siguiente recomendación:

la clausura definitiva e inmediata del Relleno Sanitario Intermunicipal del municipio de Pichucalco; de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, hasta en tanto no se establezcan las medidas de mitigación.

En el documento referido se menciona que durante el recorrido por el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco no se observó la existencia de medidas para identificar, clasificar, separar, envasar almacenar temporalmente y dar destino final a los residuos peligrosos que ingresa en sitio de disposición final, a pesar que la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que los sitios de deposición final de residuos sólidos urbanos deben de adoptar medidas para que los residuos peligrosos no sean admitidos en el sitio de disposición final; por lo que, la presente conducta realizada por el Relleno Sanitario Intermunicipal del municipio de Pichucalco, no sólo se contrapone con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003 sino, también, se contrapone con los dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento; así como, a las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 Y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, traduciéndose este cumplimiento a la normativa en un riesgo inminente a la medio ambiente y a la salud pública.

En mayo de 2015 se levantó una minuta de acuerdos para dar solución a los problemas generados por el relleno sanitario; en donde el presidente municipal (en ese entonces Ricardo Cruz Kerlegand) se comprometió a acompañar a una comisión que representara a las comunidades afectadas para gestionar la solución al problema ante las instancias gubernamentales estatales correspondientes y que dicho relleno estaría cerrado hasta que las instancias estatales tomaran las medidas necesarias para la solución a los problemas de contaminación.

Sin embargo, ante esta problemática de años y toda vez que los vecinos percibieron como acciones sin soluciones, las actos de las autoridades municipales, se recurrió a autoridades Federales y el 28 de mayo de 2015, el ciudadano José Martínez de Escobar Herrera y otros, por derecho propio, mediante escrito solicitaron el amparo y protección de la justicia federal (juicio de amparo indirecto número 1083/2015-D). El juez sexto de Distrito en Chiapas resolvió otorgar la protección y amparo de la justicia federal el 22 de febrero de 2016. Y si bien el 10 de marzo de 2016; el presidente municipal de Pichucalco, interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el juicio de amparo, el 14 de julio de 2016, por Unanimidad de votos, resolvió el pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mantener el amparo y protección a José Martínez de Escobar Herrera contra el acto reclamado del presidente municipal y otros.

El 25 de agosto de 2016, el juez requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo. El 8 de noviembre de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado promovió un escrito por medio del cual señala que no se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado haya autorizado para el funcionamiento del relleno sanitario.

A su vez, se requirió al presidente municipal de Pichucalco y autoridades municipales responsables, para que de inmediato realizaran las gestiones necesarias para dejar de verter basura y otros desechos tóxicos en el relleno sanitario; en el entendido, que quedo bajo su más estricta responsabilidad. Además, fue apercibido que en caso de no acatar lo antes expuesto, se harían acreedores en lo personal e individual, a una multa equivalente a 500 unidades de medida y actualización; cantidad fijada en virtud de que, al estar en funcionamiento el relleno sanitario en mención, sin contar con la autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, se genera un alto riesgo de contaminación a los ecosistemas y deterioro de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo o subsuelo; todo lo cual, representa un riesgo a la salud pública y medio ambiente; contraviniendo además con ello, la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas.

Por lo expuesto propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, en los ámbitos de sus respectivas competencias, ejecuten la clausura de manera definitiva e inmediata el relleno sanitario intermunicipal de Pichucalco, hasta en tanto no se establezcan medidas de saneamiento, mitigación y control respecto a la contaminación producida y se cumpla la resolución dictada en el juicio de amparo indirecto número 1083/2015-D.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

RIESGOS QUE ENFRENTA MÉXICO A LAS DIFERENTES MEDIDAS TRANSFRONTERIZAS QUE EL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ESTÁ IMPLEMENTANDO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal sobre los riesgos que enfrenta México frente a las medidas transfronterizas que el presidente electo de Estados Unidos de América ha propuesto implantar al inicio de su administración, suscrita por el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a los riesgos que enfrenta México frente a las diferentes medidas transfronterizas que el presidente electo de los Estados Unidos de América ha propuesto implementar al inicio de su administración, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo del proceso electoral para elegir al presidente de los Estados Unidos de América para el período 2017-2020, el hoy presidente electo Donald Trump, anunció en diversas ocasiones su intención de incrementar los impuestos a la importación de bienes manufacturados en México, cuya fabricación originalmente tenía lugar en territorio estadounidense.

De acuerdo con su lógica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha provocado a lo largo de su vigencia que millones de fuentes de trabajo hayan desaparecido en la economía estadounidense, principalmente porque empresas que originalmente fabricaban bienes en ese país, habrían optado por trasladar esos procesos manufactureros a territorio mexicano. Este argumento fue utilizado de manera reiterada, no obstante que ha sido ampliamente documentado que el comportamiento de las cifras de fuentes de empleo cerradas en Estados Unidos frente a las de fuentes de empleo creadas en México no coinciden en absoluto, y tampoco son siquiera cercanas.

Las advertencias del Presidente electo Donald Trump sobre su intención de hacer uso de la política comercial para tratar de obligar a las empresas que arman, fabrican o manufacturan bienes en México y que exportan dichos bienes al mercado de los Estados Unidos, entre otros países, se han tornado cada vez más frecuentes a partir de la jornada electoral que vivió ese país el pasado 8 de noviembre de 2016.

Son múltiples los casos de empresas que han sido objeto de estas advertencias focalizadas. Entre ellos están los casos de la empresa Carrier, Ford, General Motors, Toyota, Chrysler, Fiat o BMW.

Sin embargo, aun cuando las posibilidades de que México, Estados Unidos y Canadá inicien conversaciones para renegociar diversos términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son cada vez mayores, es importante tener claridad sobre los márgenes dentro de los cuales el gobierno de los Estados Unidos puede moverse en cuanto a los niveles de aranceles o de otras medidas transfronterizas para las importaciones de bienes manufacturados como son los vehículos, aires acondicionados, así como otros enseres domésticos como refrigeradores, lavadoras o pantallas planas que se fabrican en México.

Ello, porque no puede pasarse por alto que al mismo tiempo que Estados Unidos tiene compromisos específicos con México en el TLCAN, también tiene compromisos a nivel multilateral en el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC), específicamente los que se conocen como aranceles nación más favorecida, y que en los hechos, se constituyen en el límite superior de aranceles que Estados Unidos podría tratar de imponer a nuestro país. Cualquier arancel por encima de los niveles de la OMC estaría fuera de cualquier lógica legal a nivel internacional y pondrían en riesgo ya no solo el TLCAN, sino más grave aún, el andamiaje multilateral en materia de libre comercio, representado por la OMC.

Si bien es cierto que el Presidente electo Donald Trump ha enviado señales sobre su intención de no apoyar a otros organismos multilaterales como el caso de las Naciones Unidas (ONU), se antoja difícil que de manera unilateral pueda desconocer los compromisos hechos en materia comercial en la OMC, en virtud del elevado costo que ello representaría para la economía, los consumidores y la fuerza laboral en los Estados Unidos.

La continua difusión de las advertencias sobre el posible uso de aranceles u otras medidas a manera de presión sobre diversas empresas que fabrican bienes en México y que exportan parte de su producción al mercado de los Estados Unidos de América ha provocado un escenario de incertidumbre que naturalmente ha tenido efectos adversos sobre la cotización del tipo de cambio del peso frente al dólar de los Estados Unidos.

Ante tal escenario, en la medida en que haya información pública sobre el verdadero alcance que podrían llegar a tener las medidas que de manera informal ha venido anunciado el Presidente electo Donald Trump, la economía mexicana podría empezar a reducir el nivel de incertidumbre y por tanto la volatilidad que impactan negativamente las decisiones de inversión y producción de muchos agentes económicos.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, dentro de un plazo de 10 días naturales, remita un informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los riesgos reales que enfrenta México frente a los diferentes tipos de medidas transfronterizas que el Presidente Electo de los Estados Unidos de América ha advertido que utilizará a partir del inicio de su administración que potencialmente pueden tener efectos negativos sobre la producción o las exportaciones de México.

En el informe requerido en el párrafo anterior, se deberá incluir explicaciones sobre lo siguiente:

a) Los segmentos de la economía mexicana, incluyendo información sobre la evolución reciente de sus niveles de producción, inversión, empleo, así como volumen y valor de sus exportaciones, que podrían verse afectados por la imposición de medidas por parte de la nueva administración de los Estados Unidos de América que tienen por objeto alterar el comercio transfronterizo entre ambas naciones.

b) El nivel máximo de arancel que el gobierno de los Estados Unidos de América podría imponer a las exportaciones de la industria automotriz de nuestro país dirigidas al mercado de estadounidense conforme a los compromisos multilaterales de ese país en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, frente a un escenario en que la nueva administración de Estados Unidos de América insista en replantear los compromisos asumidos con México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

c) Otras medidas distintas a las arancelarias que la nueva administración de los Estados Unidos de América podría utilizar para alterar los flujos de comercio transfronterizo, independientemente de si esas medidas tienen lógica económica, comercial o fiscal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— Senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DICTAMINE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa por la que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mario Ariel Juárez, en nombre de Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la historia de México, la construcción de la democracia ha tenido grandes avances y no podemos negar que tenemos que hacer todo lo posible por conservar la confianza de los ciudadanos.

Los partidos políticos son una forma de organización para hacer llegar a los puestos de elección popular representantes que al frente de la gestión pública beneficien al país con vocación de servicio. Aunque en muchos casos hemos visto que el funcionario público es el único beneficiado y eso, es lo que causa gran molestia en la ciudadanía y hace que se pierda la confianza en los representantes.

Dentro las reformas electorales ya existe la posibilidad de que existan candidatos independientes, pero su capacidad de gestión se ve reducida de manera importante porque no tiene un grupo de apoyo que fortalezca las iniciativas, proposiciones y gestiones para llevar a buen puerto la representación popular.

Durante mucho tiempo las elecciones estuvieron en manos del gobierno, pero están por cumplirse 20 años de haberse constituido un órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral (INE), que se hace cargo de organizar y supervisar todos los procesos electorales.

No cabe duda de que el motor de los procesos electorales que son supervisados por el INE son los partidos políticos.

En los últimos 40 años ha habido ocho reformas electorales importantes que han sido necesarias para subsanar errores, vicios, costumbres y todo tipo de fallas que entorpecen los procesos electorales.

Para hacerlo posible, el Estado debe considerar una cantidad de dinero importante para dotar al INE de la infraestructura, personal, y materiales de todo tipo necesarios para poder operar.

Pero no sólo se entrega recursos a este Instituto, sino que para que los partidos políticos puedan trabajar para encontrar a las mejores personas que ocupen los cargos de elección popular y difundir sus respectivas plataformas, el Estado también destina un recurso considerable para su funcionamiento. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la cantidad que se debe destinar a los partidos para que cumplan con su cometido.

Por supuesto que a lo largo de la historia se han constituido partidos políticos que se han caracterizado por representar un interés particular y en algunos casos, hasta familiar. Algunos se han disuelto y los recursos se repartieron descaradamente entre sus agremiados. Esto ya no es posible gracias a la última reforma electoral, afortunadamente. Sí creemos que para muchos, el partido político sigue siendo un modus vivendi que les proporciona una buena cantidad de recursos, posiciones políticas y acceso a un círculo político en muchas ocasiones privilegiado.

Para Morena, la razón fundamental para constituirse en partido político ha sido atender la demanda de un gran sector de la población que está harto del abuso del poder y de ver cómo se mantienen los partidos con un financiamiento proveniente del erario público para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Estos recursos se entregan a través del INE, quien además supervisa de manera permanente el uso y comprobación de los gastos. El manejo institucional para su suministro ha servido para equilibrar las condiciones de los partidos políticos para realizar sus labores. Lamentablemente, en muchos casos las expectativas no se han cumplido.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el INE deberá atender lo relativo a los derechos y prerrogativas a los partidos políticos, y para ello se rige por un principio de proporcionalidad, es decir que entre más cargos de elección popular haya ganado el partido, más recursos recibe.

Estos recursos se han convertido en privilegios que han corrompido a las cúpulas a partir del poder político que han adquirido derivado de la gran cantidad de recursos que obtienen.

En Morena no estamos de acuerdo con el exceso de recursos que el Estado destina para los partidos políticos. Estamos convencidos que con la mitad de los recursos los partidos políticos pueden cumplir con sus funciones, lo cual se traduciría en un importante ahorro, más de 2 mil millones de pesos, que bien se podría utilizar para beneficio de la población. Por ejemplo, la modernización de las refinerías que nos permitiría procesar el petróleo que producimos para no tener que importar gasolinas, cuyo costo se ha incrementado derivado de la privatización de los servicios.

Convencidos de que la reducción de recursos para los partidos políticos es algo absolutamente necesario, los diputados de Morena Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala presentaron en septiembre de 2015 una iniciativa de reforma constitucional para reducir sustantivamente los recursos para los partidos políticos.

Lamentablemente y con base en lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa precluyó sin haberse dictaminado en la comisión competente.

Por ello, el pasado 24 de noviembre, los mismos legisladores presentaron nuevamente la iniciativa la cual fue turnada nuevamente para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, conscientes de que la situación actual y la inconformidad social existente por el manejo de la economía del gobierno actual, pongo a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento permanente a los partidos políticos, presentada por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, el pasado 24 de noviembre de 2016.

Dado en la Comisión Permanente en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

REDUZCA DE MANERA GRADUAL EL GASTO PÚBLICO EN LA COMPRA DE EQUIPO MILITAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SHCP, así como a la Cámara de Diputados, a reducir de manera gradual el gasto en compra de equipo militar, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

No obstante que, de manera oficial -y a diferencia de lo que ocurría durante el mandato del ex Presidente de la República, Felipe Calderón-, México no se encuentra en “estado de guerra”, toda vez que, desde 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto retiró de algunas zonas del país al Ejército, con miras a reducir el papel de éste en las tareas de seguridad nacional, por medio de la implementación de una unidad policial especializada, denominada gendarmería.

Sin embargo, un análisis realizado por Insight Crime, revela que, por lo menos en 2014, el Gobierno Federal ha destinado más de mil 300 millones de dólares en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica, a través del programa de Ventas Militares Extranjeras de dicho país, cifra que supera en cien veces lo gastado en años anteriores.

Este aumento en el gasto público para la compra de armas, es, contrario a lo que señala el Gobierno Federal, “una indicación de que la militarización de la guerra contra las drogas está aquí para quedarse”, ya que, “después de que las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de 400 mil dólares a más de 1.2 billones de dólares, el gasto se mantuvo por encima de 1 billón en 2013, primer año del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto”.

Posteriormente, -detalla la investigación-, en 2014 Estados Unidos le vendió a México 2 mil Humvees (vehículos militares multipropósito), por un total de 245 millones de dólares; 3 helicópteros Blackhawk, por 110 millones de dólares -menos de un años después, de que México dispusiera añadir 18 Blackhawks a su flota de helicópteros–, a fin de ser empleados en la lucha contra los cárteles de narcotráfico, según informó el Congreso Norteamericano sobre América Latina, con un valor total de mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 100 millones de dólares en compras realizadas en año anteriores.

Consecuentemente, el análisis realizado por Insight Crime, señala que ante el hito histórico que representa el gasto público en compra de equipo militar, se presenta “un panorama inquietante”, toda vez que las organizaciones de derechos humanos, “han vinculado el refuerzo militar a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de seguridad”, pues, “aunque el Ejército ha dicho que los reportes de abusos están disminuyendo, otras evidencias sugieren que las autoridades buscan imponerse mediante violaciones de derechos humanos”, por lo que Insight Crime considera que el desproporcionado gasto público en equipo militar, es “decepcionante dados los anuncios del Presidente Peña Nieto con respecto al manejo de la seguridad”.

Sin embargo, el contexto mexicano de agudización de la crisis económica, política y social, requiere de recortes en el gasto público, a fin de favorecer las áreas que de verdad requieren recursos, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por ende, es necesario reducir la importación de armas en México, que ha crecido un 331%, en comparación con el periodo 2006-2010, en donde el 52% del equipo militar proviene de los Estados Unidos de América.

Por tanto, solicitamos que la Comisión Permanente, exhorte al Titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que implemente las medidas necesarias, para reducir, de manera gradual, la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba año con año, se reduzca el gasto público, de manera gradual, en la compra de equipo militar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Notas

1 México hace historia... en compra de armas a EU; el país “se militariza”, dice un estudio, SinEmbargo, disponible en:

http://www.sinembargo.mx/02-04-2015/1299641

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 EU arma a México: le vende 1,300 mdd en un año... y sin guerra, Proceso, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/399679/washington-arma-al-gobierno-me xicano-a-precio-de-oro

6 Op. cit., SinEmbargo.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 ¿De dónde vienen las armas del mundo?, Tercera Vía, disponible en: http://terceravia.mx/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA BÚSQUEDA DE LA MENOR MEMFIS MARROQUÍN DE LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a informar del estado que guarda la búsqueda de la menor Memfis Marroquín de León, suscrita por la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES

Cynthia Gissel García Soberanes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que informe el estado que guarda la búsqueda y ubicación de la menor de nombre Memfis Marroquín de León; asimismo, para que instruya a la Procuraduría del estado a que intensifique las investigaciones para dar con el destino de la menor, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, con base en la siguiente

Consideraciones

El pasado 14 de noviembre, desapareció en la ciudad de Tijuana, Baja California; la menor de 10 años de edad, de nombre Memfis Marroquín de León, misma que fue vista por última vez en la escuela primaria Eucario Zavala de la Colonia Obrera.

La madre de la menor dio aviso inmediato de la desaparición de la menor a las autoridades correspondientes; sin embargo, estas activaron la alerta Amber hasta el día 17 de noviembre de 2016, lo cual se comprueba con las notas periodísticas que con tal motivo publicaron diversos medios locales.

Esta situación, afecto de forma grave la pronta localización de la menor, pues se perdieron horas valiosas. En este sentido, es que se puede afirmar que existen sospechas fundadas de, por lo menos, una deficiente actuación de las autoridades estatales, en la demora de la activación de la alerta Amber.

De igual manera, se puede observar un deficiente proceso de investigación por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda y ubicación de la menor, lejos de presentar pruebas que acompañen sus conclusiones, han declarado, sin la menor reserva que Memfis había escapado de su casa por problemas familiares; por lo que daban por concluida las investigaciones; como lo público El Mexicano, el 23 de noviembre de 2016 y El Sol de Tijuana, el 25 de noviembre pasado. De igual manera, a través de Grupo Cadena el periodista Alfredo Álvarez, hizo mención a lo antes señalado, en el sentido de que las autoridades de la procuraduría habían concluido que la menor había voluntariamente escapado de su casa derivado de la situación familiar.

Ante la insensibilidad de las autoridades, los familiares y amigos de la menor, realizaron una marcha el pasado 4 de diciembre para solicitar el apoyo de las autoridades y ciudadanía en la localización de Memfis, como consecuencia de la marcha, el viernes 23 de diciembre de 2016, con apoyo de la Cruz Roja Internacional, Asociaciones Civiles y ciudadanos en general, se realizó una búsqueda para localizar a la menor.

El pasado 30 la asociación “Unidos por los Desaparecidos de Baja California”, realizó una marcha, demandando que la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California investigue de forma profesional el paradero de Memfis. Resulta revelador saber que el Estado de Baja California, ocupa el quinto lugar nacional de Personas Desaparecidas, según datos de dicha Asociación.

Los familiares de la menor han solicitado una audiencia para reunirse con el Gobernador y el Procurador del estado, sin que hasta el momento se haya atendido la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California para que informe el estado que guarda la búsqueda y ubicación de la menor de nombre Memfis Marroquín de León; asimismo, para que instruya a la Procuraduría del estado a que intensifique las investigaciones para dar con el destino de la menor.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTABLEZCAN A LA BREVEDAD CONTACTO DIRECTO CON SUS CONTRAPARTES, EL REPUBLICANO PAUL RYAN, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y EL SENADOR ORRIN HATCH, PRESIDENTE PRO-TEMPORE DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores establezcan con la mayor brevedad contacto directo con sus contrapartes, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y Orrin Hatch, presidente pro témpore del Senado de Estados Unidos de América, en agenda conjunta, para invitarlos a celebrar reuniones interparlamentarias en territorio nacional y convenir fechas próximas, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas décadas, México y Estados Unidos, hemos forjado una de las relaciones más sólidas, productivas y complejas en el mundo entero que en materia demográfica y económica, entre otros rubros, representa probablemente el caso de integración más exitosa, integral y ambiciosa, entre dos países independientes.

La integración bilateral se ha visto favorecida en prácticamente cada rubro de interés mutuo y se ha institucionalizado en numerosos esquemas de cooperación e intercambio que inciden prácticamente en todos los componentes del diálogo político y la vinculación económica, cultural, artística y social. Ningún país tiene mayor incidencia sobre la vida de los mexicanos que Estados Unidos y viceversa. De ahí que se haga imprescindible favorecer una cooperación propia de socios naturales en una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y de alcance global.

Las acusaciones generalizadas contra los inmigrantes de origen mexicano están fundadas en la intolerancia y el dogmatismo; y contrasta con su enorme importancia y aportación para el desarrollo económico en Estados Unidos. La expulsión masiva de migrantes mexicanos no autorizados, una acción de dudosa legalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, podría adoptar rápidamente dimensiones catastróficas para la economía estadounidense y especialmente para estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas que contribuyen enormemente a la riqueza nacional.

Cabe señalar que 40% de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes de primera y segunda generación que son responsables de alrededor de 10 millones de empleos. Más aún, de acuerdo con un estudio de Partnership for a New American Economy, alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, más de 1 de cada 25 son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. De acuerdo con otro estudio del Selig Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos impulsa el 70% del PIB de Estados Unidos y supera ya 1.5 trillones de dólares, es decir alrededor del 11% de los ingresos totales del país.

La propuesta de grabar o frenar el envío de remesas a México sería equivalente a confiscar ilegalmente recursos privados, donaciones entre familiares. Dicha propuesta, de implementarse indebidamente, provocaría resultados contrarios a los intereses de ambos países. Generaría mayores incentivos a migrar a los Estados Unidos incluyendo al migrante y a todo su núcleo familiar para de esta manera evitar los envíos.

Ninguna frontera en el mundo entero, entre países socios de tantos instrumentos bilaterales y multilaterales de intercambio y cooperación, ha atestiguado la construcción de un muro como barrera simbólica o real para impedir el comercio o la migración. Una decisión de esta naturaleza resultaría un obstáculo para los intereses recíprocos y señaladamente para los de los Estados Unidos. Un muro en la frontera obstaculizaría el comercio, la inversión y la migración, a partir de los cuales, la sociedad y la economía estadounidense se han beneficiado notablemente. No resolvería ninguno de los complejos problemas del desarrollo económico, la seguridad y la integración de la región norteamericana como premisas imperativas para favorecer su competitividad frente al resto del mundo.

Se ha insistido en encabezar una lucha de proteccionismo comercial frente a una realidad inobjetable de generación de empleos. Millones de ellos en los Estados Unidos dependen directamente del comercio con México cuyo volumen reporta un intercambio anual de 580 mil millones de dólares, lo cual deja una enorme derrama de ingresos a ese país. Cada minuto se comercia un millón de dólares entre nuestros países y el 15% de la población de ese país, de origen mexicano, es crucial para favorecer el crecimiento de este intercambio que ha hecho de México, el segundo socio comercial de Washington y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas.

La relación México-Estados Unidos inicia una nueva etapa a partir de la elección presidencial de noviembre de 2016, por la que fue electo Donald Trump. Sus propuestas marcan un cambio sustancial en la agenda bilateral dadas las propuestas que durante su campaña formuló como candidato, presidente electo y que fueron plasmadas en la plataforma del Partido Republicano.

Es notorio la falta de reconocimiento a los múltiples aspectos positivos para ambos países y nuestros pueblos. Cuestiona los profundos lazos comerciales, sociales, culturales, turísticos y de cooperación entre México y los Estados Unidos. Es por ello que se requiere un replanteamiento de nuestra relación bilateral.

El Congreso de la Unión se ha sumado a la política del Estado mexicano para defender la dignidad de nuestro país, defender nuestra soberanía así como para proteger el interés nacional. Los retos y desafíos requieren de unidad en la pluralidad, altura de miras para sumar esfuerzos en favor de la patria y ofrecer soluciones viables para evitar el daño a la prosperidad nacional. El diálogo, como integrantes de uno de los Poderes que constituyen nuestra República, será indispensable para orientar la nueva relación que debemos de diseñar para los próximos años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores establecer a la brevedad contacto directo con sus contrapartes; el representante Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y el senador Orrin Hatch, presidente pro-tempore del Senado de los Estados Unidos de América.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión autoriza a los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a reunirse personalmente con los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de la Unión Americana, en agenda conjunta, para invitarlos a celebrar reuniones interparlamentarias en territorio nacional y convenir fechas próximas. Asimismo, se les solicita reunirse con el vicepresidente electo y presidente del Senado, Michael Richard Pence y los líderes de la mayoría republicana senador Mitch McConnell y representante Kevin McCarthy, el senador Charles Schumer y representante Nancy Pelosi, líderes de la minoría demócrata en ambas Cámaras. La Embajada de México en los Estados Unidos de América organizará dichos encuentros.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.— Diputado Federico Döring Casar (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

REALIZAR RECORTES Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA SUBSIDIAR LOS PRECIOS DE LA TORTILLA, LOS HIDROCARBUROS, LA ENERGÍA ELÉCTRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar recortes y ajustes presupuestarios para subsidiar los precios de la tortilla, los hidrocarburos y la energía eléctrica, entre otros artículos, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscribimos, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Sin duda, la decisión del gobierno federal de ejecutar el alza de los combustibles, ha lastimado seriamente la economía de los mexicanos pero ha lacerado aún más su dignidad.

Desgraciadamente, en el año 2012 regresó el viejo “dinosaurio” con una nueva cara a ocupar el poder, mostrando el mismo nepotismo, cinismo, técnicas y prácticas de corrupción que se acrecentaron al interior del partido durante los doce años que el Acción Nacional les relevó.

Hoy, a cuatro años de ese nuevo-viejo gobierno, entre los duros golpes a la sociedad mexicana de los que destacan los escándalos de corrupción de la Casa Blanca y la del actual secretario de Relaciones Exteriores, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapan, la masacre y represión orquestada por el gobierno federal en Nochixtlán, así como la vergüenza de recibir en la Residencia Presidencial al presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual siendo sólo candidato a dicho cargo, humilló, ofendió y atentó contra la dignidad de los mexicanos, encontramos el daño que provoca la decisión tomada por el gobierno federal en el alza a los combustibles.

Esta alza ha provocado aumentos en los bienes y servicios aún más elevados que el impuesto a los hidrocarburos, pues bajo este pretexto, comerciantes y empresarios han establecido nuevos precios que rebasan por mucho, el decretado al combustible.

Ello ha provocado la inconformidad de la ciudadanía, la cual de manera pacífica, ha manifestado su repudio e inconformidad contra esta medida pese a los actos llevados a cabo por el gobierno federal de infiltrar personas que realizan actos vandálicos para desvirtuar la verdadera intención de las manifestaciones.

Frente a esto, resalta una pregunta ¿cómo puede un pueblo no estar inconforme cuando de manera por demás injustificada y bajo someros pretextos de un precio internacional en el combustible, se realizan conductas que atentan no sólo contra la economía, sino además contra la inteligencia y dignidad de la población?

Los últimos acontecimientos suscitados a lo largo y ancho del país, han demostrado el hartazgo de los mexicanos a las decisiones tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, molestia a la que se suma la derivada de la distribución de los recursos para burócratas del Poder Ejecutivo del gobierno federal, el pago de elevadas pensiones y otras prestaciones a los ex presidentes, el destino de recursos públicos para órganos descentralizados como el Instituto Nacional Electoral (INE) –que planea ya la edificación de una nueva sede con lujos y equipamientos no acordes, menos aún necesarios para las funciones y obligaciones para el cual fue creado–, la continuación de obras innecesarias de alto costo como lo es el tren de Toluca o bien la realización de obras aún no ejercitadas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, los viajes al extranjero del Ejecutivo federal y sus “invitados” no oficiales (entre otros muchos).

Al respecto, es menester mencionar que es obligación de todo gobierno brindar a la población un bienestar, seguridad, calidad de vida digna y atención social. Contrariamente a ello, el plan de gobierno del Ejecutivo federal parece alejarse cada vez más de tales fines ejerciendo políticas de gobierno que sumen día a día un estado de incertidumbre, inseguridad y pobreza.

Si bien toda nación necesita la recaudación de ingresos para desarrollar los planes de gobierno que otorguen a los ciudadanos las condiciones de vida digna que necesiten, no es mediante el alza indiscriminada del precio de los combustibles como se debe satisfacer tales rubros.

La realidad es que existen alternativas legales, financieras y administrativas que permiten contar con los recursos y elementos suficientes para hacer un México grande y justo, empezando con la reducción y ajuste de los altos costos que representan los sueldos de los burócratas que conforman la estructura federal, eficientar la recaudación fiscal, así como aplicar los recursos existentes para el mejoramiento de la sociedad y no para la construcción de obras o edificios que más que representar un beneficio a la nación asumen el ejemplo de soberbia y presunción de la figura del Ejecutivo a costa de la marginación del pueblo a través de mantener un bajo nivel de poder adquisitivo, con pésimos y vergonzosos ingresos.

Con todo esto, no se niega la necesidad de contar con instalaciones e infraestructura que permitan el desarrollo global del país, no se trata de dejar de realizar obras que beneficien a los diversos sectores de la sociedad, menos aun de negar a cualquier individuo un ingreso digno y suficiente para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no es viable que se desvíen y destinen recursos estratosféricos en conceptos que resultan innecesarios e incluso humillantes para la mayor parte de los mexicanos, esto es así, derivado de la comparación de los altos ingresos y prestaciones que reciben aquellos que conforman la planilla del Poder Ejecutivo federal frente al precario ingreso de un obrero e incluso de un profesionista que no alcanza a percibir más allá de diez mil pesos mensuales sin contar con las prestaciones que por ley le corresponden.

En este tenor de derroche de recursos, se estima que no sólo es necesario sino vital e imprescindible, realizar un ajuste en el destino de los recursos con que se cuentan y suspender de manera inmediata, toda obra, los viajes del Ejecutivo al extranjero y las aportaciones a las instituciones de gobierno centralizadas y descentralizadas que no sean necesarias para cumplir y desarrollar sus funciones.

Los pocos o muchos recursos existentes en las arcas del gobierno, deben destinarse para atender las necesidades de los ciudadanos, pues son ellos quienes sostienen mediante sus aportaciones fiscales al país, “lo que no es prioritario, no es necesario”, menos aún inmediato. Por lo que en este contexto, se propone un reajuste en el gasto público, en el destino de los recursos públicos a lo que realmente es inmediato y por ello, vital.

Esto se traduce en tomar medidas que permitan amortiguar el daño económico en el gasto diario de los mexicanos, entre ellos, el transporte y los alimentos, por citar algunos. El alza de los precios en los combustibles ha afectado de manera inmediata la elevación en los precios de los artículos que comprenden la canasta básica, como el frijol, el huevo, la tortilla. Lógicamente si lo más elemental se ha elevado afectando así al grueso de la población, pensar en el vestido, alquiler, educación, ahorro y esparcimiento da terror.

Es por ello que el suscrito somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición a efecto de exhortar al gobierno federal para que suspenda de manera inmediata de toda obra innecesaria; el recorte y reajuste de las pensiones y demás prestaciones que indebidamente se entregan a los ex presidentes de la República; los viajes al extranjero que no tengan beneficio o repercusión en pro de la nación; el recorte en el gasto de adquisidores de bienes y servicios no indispensables, con el fin de aplicar tales recursos en el subsidio al precio de la tortilla, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros artículos necesarios e indispensables en la vida diaria de los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta e insta al gobierno federal, a través del titular del Poder Ejecutivo federal y sus dependencias correspondientes, para que de manera inmediata proceda a suspender toda obra innecesaria, a recortar los viajes al extranjero, el gasto de adquisidores de bienes y servicios no indispensables, a reajustar las pensiones y demás prestaciones que se entregan a los ex presidentes de México, sueldos y prestaciones de los órganos que conforman la estructura gubernamental, así como a proceder con la venta de la Casa Blanca y el avión presidencial.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo los actos y acciones necesarias y pertinentes para aplicar los recursos públicos que se obtengan de las acciones de recorte, venta y ajustes señalados en el anterior exhorto, para subsidiar los precios de la tortilla, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros artículos necesarios e indispensables en la vida diaria de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputados: Omar Ortega Álvarez, Francisco Martínez Neri, Felipe Reyes Álvarez, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Tania Victoria Arguijo Herrera, María Concepción Valdés Ramírez, Karen Hurtado Arana, Candelario Pérez Alvarado, Olga Catalán Padilla, Óscar Ferrer Abalos, María Luisa Beltrán Reyes, David Gerson García Calderón, Eva Florinda Cruz Molina, Araceli Sánchez Madrigal, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Érika Irazema Briones Pérez, David Jiménez Rumbo, Héctor Peralta Grappin, Elio Bocanegra Ruíz (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

REDUCCIÓN DE GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos en comunicación social de los gobiernos estatales y los ayuntamientos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el marco de la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno de la República anunció que realizaría una reducción importante en el gasto público, derivado de que el país enfrentaba desde entonces retos importantes en torno a diversas circunstancias económicas que afectaban significativamente las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno.

El paquete económico aprobado para el presente ejercicio fiscal refleja el compromiso de la actual administración de continuar con un manejo responsable de las finanzas públicas, con el único objetivo de velar por la estabilidad económica de la nación y el bienestar de las familias mexicanas, manteniendo el crecimiento económico y fomentando la inversión en los diferentes sectores productivos.

Bajo esta lógica de ajustes cuya realización resultaba indispensable, se acordó comenzar con el proceso de liberalización del precio de los combustibles, el cual se puso en marcha desde el pasado 1 de enero, al establecerse nuevos costos regionales máximos de las gasolinas y el diésel, los cuales reflejan con mayor fidelidad el costo de producción, transportación y almacenamiento de los mismos. A través de la Comisión Reguladora de Energía, de manera gradual y ordenada, se flexibilizarán los precios de los combustibles, mismos que fluctuarán de acuerdo a las condiciones de mercado y cuyo fin último es contar con un mercado competitivo que genere inversión en beneficio de los consumidores.

Las reformas estructurales, en particular la reforma energética, son transformaciones que generarán un impacto positivo para el país, sin embargo, los beneficios de las mismas no han sido percibidos en el corto plazo por la población, en buena medida porque se trata de cambios que requieren un tiempo de maduración y también porque la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros nos condujo a una situación en donde el sostenimiento de determinados esquemas, como el subsidio gubernamental a los combustibles, ponen en riesgo serio la estabilidad económica nacional pero sobre todo los bolsillos de las familias mexicanas.

De cara a los nuevos retos en materia económica que enfrenta nuestro país, es menester que los gobiernos de todos los niveles y sus dependencias, así como los diferentes órganos del Estado asuman el compromiso de manejar de forma austera y responsable los recursos públicos de los cuales disponen, privilegiando la eficiencia operativa y dándole al gasto un enfoque social.

Derivado de lo anterior, y ante el complejo panorama que enfrentamos, es de vital importancia aplicar en el futuro inmediato los mecanismos necesarios para proteger nuestra economía y mitigar los riesgos del contexto económico internacional, el cual se caracteriza por una alta complejidad para el presente año 2017.

En este sentido, el Gobierno de la República ha implementado un plan de reducción de gastos en rubros que no resultan prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico, los cuales representan un ahorro significativo a favor de la economía nacional; un ejemplo de ello es la reducción en el gasto de comunicación social, pues para el presente ejercicio se redujeron aproximadamente setecientos millones de pesos, con el fin de redireccionar dichos recursos a sectores prioritarios y estar en condiciones de hacer frente de mejor manera a las dificultades económicas.

En este contexto, autoridades de distintos gobiernos estatales han anunciado algunas de las medidas de austeridad que adoptarán a fin de contrarrestar los efectos negativos en las familias mexicanas por el alza del costo de la gasolina; entre las medidas más comunes se encuentra la reducción de los salarios de los servidores públicos, estímulos fiscales para los ciudadanos y disminución en gastos de comunicación social.

Aquí cabe hacer una distinción y diferenciar entre comunicación social y gubernamental, la primera, se refiere a todos aquellos mensajes que emiten las instituciones públicas con fines sociales y consiste en un servicio público, en información útil y a la que tiene derecho y necesidad el grueso de la población, no busca persuadir sino que convence por sí misma, el término designa las intervenciones comunicacionales que apoyan las causas consideradas como socialmente buenas e ineludibles para el desarrollo colectivo (entiéndase campañas de vacunación, de empadronamiento, de promoción de servicios comunitarios o de la participación ciudadana). Por su parte, la comunicación gubernamental se refiere a la información que emiten las dependencias con fines informativos, pero sobre todo de promoción institucional o personal, la comunicación gubernamental pretende la persuasión de los individuos y está más cerca de la propaganda e incluso de las campañas electorales.

De acuerdo a Jorge Bravo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, “En México los programas y campañas informativas (federal, estatal, municipal) en los diferentes medios están rotuladas como de ‘comunicación social, aunque en la práctica, o en un mayor porcentaje, correspondan a comunicación gubernamental. A diferencia de otros países, incluso con el mismo nivel de desarrollo, en México es una costumbre arraigada que los gobernantes en turno anuncien inauguraciones de carreteras, cifras de créditos entregados o viviendas construidas, como si no fuera su obligación emprender e intensificar esas acciones en beneficio de la población”.

Siguiendo esta lógica, existe un amplio número de campañas que corresponden más al ámbito publicitario que al informativo´, las cuales son susceptibles de ser revisadas para determinar si resultan realmente indispensables para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y cumplir con la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades, o bien, si es que no lo son, analizar la posibilidad de que sean canceladas a fin de recortar gastos superfluos.

Se trata entonces de suprimir las campañas dirigidas a promover la imagen de los funcionarios en turno o anunciar los logros gubernamentales más recientes, para dejar sólo aquellas que sirvan auténticamente a los intereses ciudadanos, pues éstas requieren de cuantiosos recursos públicos y humanos y en ocasiones distan mucho de ofrecer contenidos de auténtico servicio público.

En cuanto al control de los montos gastados en comunicación social, si bien es difícil por diversas circunstancias -como la ausencia de información o la falta de transparencia- determinar una cifra exacta, lo cierto es que existen diferentes estudios que muestran una tendencia creciente de los recursos destinados a ese rubro. Por ejemplo, el estudio realizado por los equipos de investigación de Artículo 19 y Fundar, confirma una tendencia generalizada al aumento sustancial en los montos y concluye que el total del gasto en publicidad oficial en 18 entidades federativas se duplicó de 2005 a 2010. Lo anterior, demuestra que el rubro de comunicación social es uno de los presupuestos que pueden ser ajustados en tiempos de austeridad y baja disponibilidad de recursos.

La estabilidad y desarrollo económico, así como el bienestar de las familias mexicanas es una prioridad para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos de que vivimos momentos en los que es menester cerrar filas e impulsar todas las medidas necesarias a favor de la economía familiar, es por ello que nos sumamos a la demanda social de generar ahorros para hacer frente al complejo contexto internacional que afecta actualmente las finanzas públicas.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a reducir significativamente su gasto en comunicación gubernamental, ante el complejo escenario económico que enfrenta el país.

Notas

1 Véase, Bravo, Jorge, “La comunicación gubernamental de Vicente Fox”, El Cotidiano, número 155, mayo-junio 2009, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Pp. 43-45

2 Ibídem. Página 45.

3 Véase, “Diagnóstico 2011. Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas”, Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México, 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero del año 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, QUE FUERON SEPARADOS INJUSTIFICADAMENTE DE SU TRABAJO POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA SU PERMANENCIA EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a garantizar los derechos laborales de los docentes separados injustificadamente de su empleo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2015-2016, y publicar su regularización laboral, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentarios de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El cinco de noviembre del 2013, se reunieron representantes del Gobierno Federal, coordinados por la Secretaría de Gobernación, con la Comisión de Negociación del Movimiento Magisterial, con el objeto de abordar diversas cuestiones relacionadas con la reforma educativa, expuestas en la reunión celebrada el pasado 30 de octubre de 2013, precisándose por parte del Gobierno Federal, entre otros puntos , que ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas, y que además, los maestros conservarán los derecho adquiridos a lo largo de su carrera magisterial.

En el proceso de convocatoria y posterior aplicación, para el Examen de la Permanencia Ciclo Escolar 2015-2016, se presentaron diversas irregularidades como convocatoria fuera de tiempo, emitida por autoridades no competentes, la publicidad de diversas convocatorias sin la notificación correspondiente, formas arbitrarias y no públicas de selección de los sustentantes, omisión en la información sobre bibliografías obligatorias, falta de guías de estudio así como su entrega extemporánea tiempo y forma, coaccionados a participar sin la formalidad prescrita por la ley y las disposiciones reglamentarias emitidas por la propia autoridad.

Las graves acciones ilegales por parte de la autoridad, quien a través de un proceso punitivo, sustentado en amenazas e intimidación, que a través de diversos medios (avisos en sus casas, por teléfono, correo postal, correo electrónico, y un trato degradante e inhumano) viciaron los procedimientos de evaluación que dado como resultado la suspensión de la relación de trabajo de los siguientes maestros:

Jalisco

Morelos

Quintana Roo

Estado de México

Aunado a los anteriores, en el Estado de Durango, se registran a 30 profesores que por las irregularidades en el proceso de notificación de evaluación de 2015, no participaron, mismos que no tienen proceso administrativo ni laboral para el cese en el cargo y función, pero tampoco aparecen en nóminas, les permitieron continuar laborando con la condición de presentar la evaluación de noviembre pasado (2016), comprometiéndose incluso, ante notario público. Condición que refleja inseguridad en su relación laboral.

De igual forma a profesores en los Estados de Tabasco y Querétaro que por las irregularidades en el proceso de notificación para la evaluación 2015 no participaron están siendo constantemente hostigados con la amenaza de ser separados de su trabajo, sin mediar proceso judicial alguno.

Resultando que en el proceso de evaluación se han violados los Derechos Humanos de los maestros cesados a la seguridad jurídica, al derecho de audiencia, de petición, del libre ejercicio de la profesión, de las garantías protectoras del trabajo, con lo que, los ahora compañeros separados injustificadamente de su trabajo se encuentran en un estado de excepción al vulnerarse el principio y derecho de la dignidad humana plenamente protegida y garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a esta Comisión Permanente, en los siguientes términos, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron separados injustificadamente de su trabajo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2015-2016 y publique su regularización laboral.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA INVESTIGAR LOS TÉRMINOS BAJO LOS CUALES DESTINÓ RECURSOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ABENGOA EN EL ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Instituto de Pensiones, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Jalisco a emprender acciones inmediatas para investigar los términos en que ese instituto destinó recursos de los trabajadores de la entidad a la empresa Abengoa, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado de Jalisco, para que tomen acciones inmediatas para investigar los términos bajo los cuales el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco destinó cuantiosos recursos de los trabajadores del Estado de Jalisco a la empresa Abengoa, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los años 2014 y el 2015 el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) adquirió alrededor de 604 millones de pesos de certificados bursátiles a la empresa de origen español “Abengoa” luego de que su Consejo Directivo decidió que invertir el dinero de los servidores públicos en esa empresa tendría atractivos rendimientos.

En el mes de noviembre del 2015, la referida empresa Abengoa, incurrió en mora en el pago de los réditos y capital que debía abonar al IPEJAL, dándose a conocer por medios de comunicación que una fuente cercana a Abengoa aseguró en ese momento que:

“La compañía se encuentra negociando el proceso de reestructura de esta deuda con los tenedores, quienes designaron a un despacho legal para tal efecto. Dicho proceso contempla la devolución íntegra de la deuda adquirida.”

En el mes de mayo del año 2016, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en comparecencia ante diputados locales, el subsecretario de Finanzas del gobierno estatal y miembro del Consejo Directivo del IPEJAL, Hugo Alberto Michel Uribe, minimizó la falta del pago de intereses y capital de la empresa Abengoa a dicho Instituto, señalando que:

“...el riesgo habría que medirlo con distintos parámetros, son 604 millones de pesos de un patrimonio de 30 mil millones de pesos que conforman la reserva técnica de Ipejal.”

Posteriormente, en entrevistas dadas a conocer por Grupo Milenio en el mes de agosto del 2016, el presidente del IPEJAL, Francisco Ayón López, aseguró que se tenía la confianza en que se iba a recuperar la inversión realizada con la empresa española, afirmando categóricamente que:

“Es la parte más importante de Abengoa en México que tiene muchos activos y flujo futuro. El problema de la empresa es de liquidez en el corto plazo, no es una quiebra, es una empresa que tiene flujo futuro.”

Por su parte, ante dicho medio de comunicación, el secretario de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado y quien también forma parte del Consejo Directivo del IPEJAL, Juan Pelayo Ruelas, afirmó que los trabajadores también tienen la tranquilidad de que se recuperará la inversión realizada con Abengoa, aunque en un plazo más largo del estipulado originalmente, señalando que:

“En el Ipejal se busca la forma de hacer las inversiones más certeras que no se tenga riesgo, pero a veces se caen en alguna complicación, pero nosotros como miembros del Consejo les fijamos reglas.”

En días posteriores a dichas declaraciones, el Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Partida Morales adivirtió que debido al concurso mercantil en el que se encontraba la empresa en España, se corría el riesgo de que se realizará una quita del 70% respecto de los montos adeudados a sus acreedores, por lo que contrario a lo afirmado por Francisco Ayón y Juan Pelayo, sí se encontraba en riesgo el capital invertido en dicha empresa, añadiendo que:

“Aquí el tema es que España para cumplir sus compromisos y sobre todo estando en un tema de concurso mercantil, no estaba facilitando los recursos que se generan aquí, todo lo jalaron a España y no dejaron recursos para pagar en México, la buena noticia es que esto puede acelerar la resolución en México porque ya cerrándose el tema jurídico en España y poniéndose la empresa a trabajar pero con una situación más desahogada, la idea sería que ya no necesite todos los recursos de México y ya se puede llegar a un acuerdo para empezar a pagar en el corto plazo, aquí en las negociaciones no se ha hablado de una quita, sigue habiendo mucho riesgo y vamos a estar muy al pendiente de la situación, sobre todo una vez que ya empiece la mesa de negociación para que las cosas se den de la mejor manera para IPEJAL, y no estamos presionando para que se haga la auditoría.”

De acuerdo a una investigación publicada por la peridista Sonia Serrano Íñiguez en mayo de 2016, el IPEJAL adquirió 6 paquetes de bonos por más de 500 millones de pesos entre el 2 de julio y el 12 de noviembre del año 2015, cuando aparentemente ya habían trascendido los problemas financieros de la empresa. En dicho artículo hace el siguiente recuento de las inversiones que el Instituto realizó con la empresa Abengoa:

“El Consejo de Administración del Ipejal autorizó la inversión en estos bonos en 2014. La primera compra se hizo el 2 de julio, por un monto de 50 millones de pesos, que venció al año siguiente y dejó ganancias en intereses por más de 3 millones de pesos.

La autorización de la inversión no aparece en las actas de las sesiones del Consejo de Administración, a pesar de que éstas son información fundamental que debe ser publicada. Al respecto, Hugo Michel dijo que se trata de información reservada.

A partir de la primera compra de bonos, Ipejal hizo tres nuevas adquisiciones, de manera que terminó invirtiendo, entre el 2 de julio de 2014 y el 10 de agosto de 2015, más de 319.1 millones de pesos.

Michel Uribe afirmó que cuando se tomó la decisión para la compra de bonos se valoraron elementos financieros, como la tasa que ofrecían y la calificación favorable que dieron HR Ratings, de HR3, y Moody’s, d MX-3.

Con el argumento de que hubo una recuperación sin dificultades del capital invertido en Abengoa y se obtuvieron rendimientos en 2014, el Comité de Inversión de Ipejal volvió a autorizar la compra de bonos de deuda para el año siguiente, por un monto de 604 millones de pesos.”

En el último capítulo que se conoce de esta historia, el pasado 21 de diciembre del 2016, se hizo público que la juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Gabriela Elena Ortiz González, declaró el concurso mercantil involuntario de Abengoa México, empresa subsidiaria de la compañía española de ingeniería y energía renovable, Abengoa, Sociedad Anónima.

Con la declaratoria del referido concurso mercantil involuntario, hoy más que nunca se puede inferir que se encuentran en riesgo los recursos de los burócratas del estado de Jalisco supuestamente invertidos en dicha empresa, contradiciéndose con ello la postura oficial de la sostenida hace apenas unos meses por los miembros del Consejo Directivo del Ipejal, Francisco Ayón y Juan Pelayo. En ese tenor, considero que es importante no solo que los trabajadores del Estado reciban una explicación clara de cuáles fueron los criterios claros que se tomaron para contratar estos bonos de riesgo y los escenarios que se tienen enfrente, sino que toda la sociedad merece una explicación clara de lo sucedido.

Es importante destacar que el artículo 158 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco dispone que:

El Instituto podrá realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, que esté permitida por las leyes, previo el cumplimiento de los requisitos que las mismas establezcan, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones, en beneficio del patrimonio institucional. Toda asociación deberá someterse a la aprobación del Consejo Directivo en Pleno y deberá ser aprobada por mayoría de cuando menos cinco votos.

En ese sentido, es importante que se conozcan con toda claridad y precisión cuales fueron los criterios que se utilizaron por el Consejo del Instituto para dar cumplimiento a su obligación de velar siempre por la seguridad y rentabilidad de las inversiones que se realicen.

Por otra parte, la propia Ley del Ipejal establece en su artículo 166 las “Responsabilidades Administrativas” de los miembros del Ipejal, señalando que “El incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de esta Ley y sus reglamentos, a cargo de los consejeros, Director General y demás funcionarios y servidores públicos del Instituto, se sancionará de conformidad a las formas y términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, además de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.”

De igual forma, es no podemos olvidar que el Código Penal del Estado de Jalisco dispone la existencia del delito de “Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades”, definiéndolo en dos de sus tipos, en su artículo 152, de la siguiente manera:

Artículo 152. Comete este delito el servidor público que, indebidamente:

IV. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores, con recursos económicos públicos;

V. De a los fondos recibidos por razón de su cargo, dolosamente, una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados, o hiciere un pago ilegal;

En conclusión, considero que en este tema tan delicado, deben de darse a conocer todos los elementos que rodearon la compra de dichos certificados cuando apartentemente ya había información de que podrían ser de alto riesgo, y cuya falta de pago pudiera representar un enorme daño al patrimonio de los burócratas de Jalisco. Hecho lo anterior, y una vez que se tenga toda la información, las autoridades competentes deben deslindar responsabilidades, y determinar si existen o no elementos de responsabilidad administrativa o incluso penal por aquellos que tomaron dicha decisión, de cara a la sociedad y a los trabajadores del Estado, para que se pueda tener absoluta certeza de que no existió un error doloso o culposo detrás de la compra de los certificados bursátiles referidos.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, el siguiente resolutivo con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para que dé a conocer públicamente todos los elementos, actas, acuerdos y documentos que respalden la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Segundo.Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, y a través de las dependencias competentes, emprenda inmediatamente las acciones necesarias para investigar los documentos públicos que respalden la decisión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, emprenda inmediatamente las acciones necesarias para investigar los documentos públicos que respalden la decisión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para la compra o contratación de certificados bursátiles con la empresa Abengoa.

Notas

1 https://www.am.com.mx/2016/08/11/leon/local/enfrenta-abengoa-otra-deuda-604-mil lones-de-pensiones-305184

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/20/en-riesgo-604-mdp-de-fondo-de-pen siones-en-jalisco

3 http://www.milenio.com/jalisco/Confia-Ipejal-recuperar-inversion-Abengoa_0_7997 20063.html

4 http://www.milenio.com/negocios/milenio_noticias-acreedores_ Abengoa-inversion_Pensiones_Jalisco_0_793720706.html

5 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=38457

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

TOMAR ACCIONES A FIN DE DAR LAS FACILIDADES PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA TERMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DESARROLLADA EN EL CFATA DE LA UNAM Y SENTAR LAS BASES PARA CONVERTIRLA EN UN PROGRAMA DE ASISTENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM a emprender acciones a fin de dar facilidades para continuar el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA, y sentar las bases a efecto de convertirla en un programa de asistencia, suscrita por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

En México, y a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México es punta de lanza en investigación científica y humanística; así como en materia de desarrollo tecnológico, con el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación científica.

La innovación tecnológica es un tema fundamental para contar con un mejor desarrollo tanto en el ámbito científico como económico, por lo que resulta primordial apoyar a los estudiantes, académicos y científicos en sus proyectos de investigación.

Durante los últimos años en todo el mundo se presenta una gran problemática en cuestión de salud, ya que el cáncer de seno representa el 25% de los casos de cáncer a nivel mundial, es la primera causa de muerte y discapacidad de las mujeres con neoplasia maligna. En México, la tasa de mortalidad ha aumentado en las últimas décadas, no obstante que las técnicas modernas de detección han incrementado la certeza diagnóstica; los estudios de patología en la que se presentan los pacientes generalmente es en torno a la etapa IIB o superior, esto es, en un grado avanzado de la enfermedad, representando más de 5,000 muertes anuales en mujeres de 25 años. En reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social se aprecia que el costo anual por paciente en etapa I es del 37.35% con respecto al costo de la etapa IV. De acuerdo con el estudio “Impacto económico del cáncer en México” de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el costo promedio por año de tratamiento es de $334,421 pesos por paciente. Es claro que, desde el punto de vista económico, la detección no oportuna del cáncer de mama representa costos directos muy elevados para el sector de salud pública así como también costos indirectos elevados por la disminución en la productividad de la gente que se incapacita por desarrollar esta patología.

Al margen de los claros beneficios económicos inherentes a la detección oportuna del cáncer de mamá, el simple pero importantísimo hecho de salvar vidas justifica cualquier esfuerzo para “ganarle terreno” a dicha enfermedad que no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres, aunque con menor frecuencia.

Ante este escenario en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), de la UNAM Campus Juriquilla, se desarrolló un sistema de detección de patología en las glándulas mamarias por medio de termografía superficial y análisis de imágenes utilizando un software inteligente desarrollado en el CFATA que emplea un algoritmo de autómatas celulares que tiene la capacidad de aprender y reconocer patrones asociados a los tumores. Así, cuantas más imágenes de pacientes se procesen el software tiene mayor capacidad de identificar patrones que caracterizan a los tumores, el cual puede ser de gran ayuda al implementarse como técnica complementaria para la detección oportuna del cáncer de mama.

En el CFATA se tiene la experiencia de más de 10,000 estudios realizados con voluntarias y pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM Querétaro). En el CFATA también se desarrolló un gel que permite obtener hasta un 400% más de contraste y una definición mayor de vasos sanguíneos en las imágenes termográficas.

La idea de la utilización de la termografía se comenzó a gestar en el CFATA de la UNAM Campus Juriquilla, con un trabajo de investigación que tenía como tituló en ese entonces (2011) “Sistema mecatrónico termovisual para detección de cancer de seno”. Esta experiencia sentó las bases para que al siguiente año concursara por recursos para dar continuidad al trabajo. Así, en 2012 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) financió el proyecto bajo el título “Modelo Estadístico referencial de Distribución Térmica en las Glándulas Mamarias por Medio de Termografía”. En 2013 se consiguieron de nuevo recursos por parte de CONCYTEQ con el proyecto titulado “Tipificación de Patologías en Glándulas Mamarias por Termografía”.

Reconozco que ha habido apoyo por parte de algunas instituciones involucradas, lo cual aplaudo, pero también me doy cuenta, que para un proyecto de gran beneficio para la sociedad civil y el sector salud, se requiere de un mayor compromiso por parte de la UNAM, ya que los recursos no son suficientes para cubrir la creciente demanda del servicio así como para reemplazar la única cámara termográfica con la que se cuenta y que está por terminar su vida útil. En caso de no contar con los medios para seguir operando, sería inminente la desaparición de este proyecto que ya ha salvado vidas y que potencialmente podría salvar muchas más.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que a la brevedad tome las acciones pertinentes a fin de dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA de la UNAM, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia, con presupuesto propio para cubrir los gastos tanto de personal como de infraestructura e investigación tecnológica.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIA DE POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA COMERCIAL MIGRATORIA Y DE INVERSIONES EN LA NUEVA ETAPA DE LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión refrenda el apoyo a la estrategia de política exterior del Estado mexicano en materia comercial, migratoria y de inversiones en la nueva etapa de la relación con Estados Unidos de América, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos constituye un cambio de gran relevancia en el escenario internacional y las relaciones de este país con el mundo. Para México, este acontecimiento da inicio a una nueva etapa en la relación bilateral, la representa grandes retos pero también oportunidades.

La relación con los Estados Unidos es de gran importancia para nuestro país. Es nuestro principal socio comercial, con un monto total que supera los 495 mil millones de dólares, es el destino principal del 80% de nuestras exportaciones y el mayor inversor en nuestro país con más de 15 mil millones de dólares, lo cual representa el 53% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.

La relación bilateral va más allá de lo comercial. México y Estados Unidos mantienen una relación histórica de casi 200 años, nuestros lazos de amistad se han consolidado y fortalecido a través de los múltiples acuerdos que se han establecido en materias de diversa índole.

Compartimos una de las fronteras más grandes del mundo con 3 mil 140 kilómetros de longitud, por la cual cruzan diariamente un millón de personas y más de 300 mil vehículos. El flujo comercial que circula a través de la frontera alcanza un millón de dólares por minuto.

Actualmente, la agenda bilateral se ha diversificado, sumándose a los temas comerciales y fronterizos otros de gran relevancia, tales como cooperación académica, científica, medioambiental, cultural y en materia de justicia. La relación entre ambos países es estratégica y de interdependencia, la cooperación es fundamental para lograr el objetivo de hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo.

Estados Unidos es el país en donde más migrantes mexicanos residen (más de 35 millones, de acuerdo con el Pew Research Center), donde destacan California y Texas con más de 12 millones y 9 millones, respectivamente. Nuestros connacionales juegan un rol importante en la vida económica y social de ese país, ya que su trabajo produce cerca de 600 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 8% del PIB estadounidense.

Como países vecinos, existen diversos retos que exigen de compromiso y responsabilidad mutua, tales como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y la migración irregular, por ello, el gobierno mexicano siempre se ha mostrado a favor de la cooperación. El intercambio de información entre agencias de inteligencia de ambos países, es un ejemplo del éxito que la cooperación y el diálogo han tenido en la relación bilateral, ya que gracias a ello se ha logrado capturar a múltiples líderes del crimen organizado.

Con el nuevo gobierno en Estados Unidos, México debe mantener su postura de una nación abierta al diálogo, la negociación, la cooperación y la solución de controversias por la vía diplomática y el entendimiento mutuo. En esta nueva etapa de la relación, nuestro país debe mostrar firmeza y seguridad en el establecimiento de los principales temas de la agenda bilateral, teniendo siempre en consideración nuestro interés nacional y el bienestar de los mexicanos.

En este sentido, el gobierno federal ha anunciado su postura a favor del diálogo, guiado por el optimismo, el pragmatismo y el respeto mutuo entre ambas naciones, velando siempre por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren.

La cancillería mexicana también se ha pronunciado en favor de una postura abierta al diálogo y una negociación digna e inteligente que tenga como prioridad los intereses de México y el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior.

La soberanía, el interés nacional y la dignidad de nuestro país deben ser el eje de nuestra política exterior, y en las negociaciones entre los Estados siempre debe prevalecer la igualdad jurídica y el irrestricto respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos.

Como senadores de la República, velaremos por el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior y por nuestros intereses nacionales y dignidad como país.

Siendo revisores de la política exterior, estaremos atentos a una eventual renegociación de nuestros acuerdos comerciales con los Estados Unidos para evitar que sean dañados los intereses de empresarios e inversores mexicanos.

Asimismo, estamos comprometidos con nuestros connacionales en el exterior, por ello, velaremos por que se respeten los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión refrenda su apoyo a la estrategia de política exterior del Estado mexicano en materia comercial, migratoria y de inversiones en la nueva etapa de la relación con los Estados Unidos.

Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión refrenda su apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso de velar por sus intereses y derechos humanos.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unióndará puntual seguimiento a los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos y velará que se protejan los intereses y las inversiones de los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— (Rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL COSTO-BENEFICIO DE LA ADQUISICIÓN DE AGRO NITROGENADOS, SA DE CV POR PARTE DE PEMEX

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SFP y la ASF que lleven a cabo una investigación exhaustiva referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por Pemex; y a la Sener, que envíe un informe pormenorizado sobre el costo-beneficio de dicha compra, suscrita por los senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unid Mexicanos, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de e soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo una investigación referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos; y a la Secretaria de Energía se sirva enviar a la Comisión Permanente un informe sobre el costo-beneficio de dicha adquisición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses el Congreso de la Unión y diversas organizaciones ciudadanas han impulsado la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita conocer, con oportunidad y transparencia, el destino y correcto ejercicio de los recursos públicos. No sólo hay que poner atención en los montos y ejercicio del gasto corriente, sino en .las distintas inversiones que entidades descentralizadas y las empresas productivas del Estado realizan. En este sentido, resulta fundamental conocer con oportunidad, los planes de negocios que amparan las inversiones productivas, así como la viabilidad social y económica que dichos negocios aportarán al país.

El pasado 1 de agosto; el periódico Reforma publicó en su primera plana un reportaje sobre la adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014. En ese año, el mismo diario de circulación nacional evidenció el excesivo pago que realizaba la paraestatal en la compra de una planta que tenía en esa fecha más de 30 años de antigüedad. La justificación de la compra en ese momento era la intención de que Pemex entrara en el mercado nacional de fertilizantes.

La planta de Agro Nitrogenado, SA de CV, pertenecía a Fertilizantes Mexicanos, SA de CV, (Fertimex) a finales de los años 70 y fue privatizada en 1992 con el argumento de romper con el monopolio que la paraestatal tenía en la producción y distribución de fertilizantes. En ese año su producción era de 3 mil toneladas mensuales de urea.

La compra de la planta fue realizada por Rogelio Montemayor Seguy, en sociedad con sus hermanos, a través de la empresa Servicorp, en una operación 40 por ciento por debajo de su valor. Posteriormente los Montemayor se asociaron con Grupo Acerero del Norte, hoy Altos Hornos de México, empresa propiedad de las familias Ancira y Autrey, para la operación de la planta.

Durante sus primeros años, como empresa privada, producía un poco más del 60 por ciento de la urea en el país y tenía exportaciones importantes. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la empresa fue perdiendo competitividad y en 1998 solicitó la imposición de cuotas compensatorias a la importación de urea procedente de Estados Unidos, Rusia y Letonia, petición que resultó improcedente.

En 1999 cerró sus operaciones ya que Petróleos Mexicanos suspendió el suministro de amoniaco por adeudos millonarios, además de enfrentar una huelga que los trabajadores estallaron por falta de pago de sus salarios y una demanda por prácticas monopólicas.

En 2000 Petróleos Mexicanos demandó a dos afianzadoras por 155 millones de pesos porque Agro Nitrogenado, SA de CV, no le había pagado el amoniaco que le surtía. En 2008, la empresa se declaró en concurso mercantil, asunto que finalizó el 14 de enero de 2014 y al día siguiente, Petróleos Mexicanos través de su empresa filial PMI Comercio Internacional, SA de CV, anunció la compra de Agro Nitrogenados, SA de CV.

La información disponible hasta este momento, muestra que por tal adquisición se pagaría a Altos Hornos de México, dueña de la planta de urea, 3 mil 575 millones de pesos los que se tendrían que sumar un aproximado de 2 mil millones de pesos más, para rehabilitar las instalaciones y estar en condiciones operativas. Debe destacarse que se planeaba que dicha rehabilitación tardaría 15 meses.

Además, para complementar el proceso de elaboración de fertilizantes, Petróleos Mexicanos pagó 2 mil 148 millones de pesos para rehabilitar una planta de amoniaco en el complejo de Cosoleacaque, a fin de abastecer de materia prima a la planta productora de fertilizantes, a través de un amoniaducto de 28 kilómetros que también tenía que ser rehabilitado para su operación.

Después de dos años siete meses de la compra descrita en la nota periodística, Petróleos Mexicanos ha reportado un avance de 55 por ciento en la rehabilitación de la planta, que será finalizada en 2017 con la generación de mil 400 empleos. Sin embargo, existen serias dudas sobre la rehabilitación y operación de la planta.

En informes públicos de Petróleos Mexicanos, se da cuenta de que el complejo Cosoleacaque está al 100 por ciento de infraestructura en la producción de amoniaco, por lo que se contrapone a los testimonios citados en la nota periodística, con lo que se generan dudas razonables sobre la operatividad y funcionalidad de las instalaciones.

Se desconoce la motivación que Petróleos Mexicanos tuvo para comprar una planta obsoleta e inoperable. En este sentido, es necesario conocer el plan de negocios que la empresa productiva del Estado diseñó para entrar al mercado de los fertilizantes y en especial en costo económico y los beneficios sociales que dicha estrategia tiene prevista.

Se ha generado una gran desconfianza sobre la transparencia, pertinencia y viabilidad económica de la compra realizada en 2014 por las autoridades de Petróleos Mexicanos a una empresa presumiblemente en ruinas y poco productiva, a la cual habría que invertir más en su rehabilitación que en construir una nueva.

Es por ello, que resulta de la mayor importancia el solicitar la investigación a detalle de la motivación, las operaciones, plan de negocios, costos y beneficios asociados que tuvo la dirección general de Petróleos Mexicanos y su Consejo de Administración, para autorizar la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, SA de CV, hace más de dos años.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo una investigación exhaustiva referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos y se sirvan enviar un informe pormenorizado a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Energía se sirva enviar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre el costo-beneficio de dicha adquisición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Senadores: Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTAR Y APOYAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TAPIR EN ÁREAS NATURALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el gobierno de Chiapas a implantar y apoyar programas de protección y conservación del tapir en áreas naturales, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Tapir Centroamericano (Tapirus Bairdii), es una de las cuatro especies de tapires en el mundo y la única que habita en México. Es el mamífero terrestre más grande del sureste mexicano llegando a medir hasta dos metros de longitud con un peso que va desde los 150 kilogramos a los 300 en los animales adultos. Son considerados “fósiles vivientes” pues son una de las pocas especies de megafauna (como mamuts y perezosos gigantes) que sobrevivieron al fin de la última glaciación durante el final del Pleistoceno; justo cuando los grupos humanos comenzaban a llegar a América.

Los tapires centroamericanos solían distribuirse de manera prácticamente continua desde el norte de Colombia y Ecuador hasta el sur de México. Sin embargo, debido a la cacería y la destrucción de su hábitat, ahora su distribución se encuentra restringida a unos cuantos remanentes de bosque para mantener sus poblaciones.

De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) el tapir de Baird es una especie clasificada En Peligro, y se estima que en las últimas tres décadas su población se ha reducido en más de un 50 por ciento, quedando poco más de 5 mil individuos; y el número sigue en descenso.

El nacimiento dado en cautiverio en el año pasado (Agosto del 2016) de dos ejemplares de esta especie es un gran logro dado por biólogos y especialistas de vida silvestre dado que el Tapir Centroamericano es una especie en peligro de extinción.

Tan sólo en México, el tapir centroamericano se encuentra extinto de manera local en Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán; por lo que sus poblaciones remanentes se concentran en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Oaxaca, con un total de 120 ejemplares, distribuidos en zoológicos y en vida silvestre.

El tapir cumple un papel importante en el ecosistema, pues contribuye al balance del mismo, además, siendo el tapir una especie herbívora, contribuye a la germinación de las semillas al expulsarlas a través de su excremento, lo que logra germinarlas en muy poco tiempo.

Al tapir se le considera como una especie sombrilla, lo que significa que, al proteger al tapir y su hábitat estamos protegiendo otra serie de especies (tanto flora y fauna) que, o se encuentran en una estrecha relación con la ecología del tapir.

La historia de amenaza del Tapir Centroamericano, no es diferente a la de otras especies: está en peligro de extinción principalmente por la reducción y fragmentación de su hábitat; por la caza y una tasa de reproducción baja, pues el periodo de gestación dura aproximadamente 13 meses, tiempo en que solo es posible gestar una cría. Los períodos mínimos entre camadas son de alrededor de 17 meses, ya que las crías permanecen con la madre por lo menos un año, lo que hace más difícil su preservación silvestre. A estos factores hay que agregar que se ha comprobado que los tapires pueden adquirir enfermedades de caballos y ganado vacuno, lo que constituye otro factor de riesgo.

Es importante proteger su hábitat y fomentar la creación de corredores biológicos, la promoción de la educación ambiental e incentivar actividades productivas compatibles con su conservación, así como el apoyo de la sociedad civil para proteger y cuidar las áreas ecológicas.

Así, el tapir es el gigante de Centroamérica, el mamífero terrestre nativo más grande en la región; y está por extinguirse. En Chiapas tenemos la oportunidad de reproducir y liberar en áreas protegidas a ejemplares de Tapir, para conservar la especie y ayudar al balance ecológico.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada implementen programas de protección, reproducción y conservación de ejemplares de Tapir en áreas naturales protegidas del Estado de Chiapas.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada implementen programas de apoyo a Instituciones dedicadas a fomentar la reproducción y conservación del Tapir en el estado de Chiapas y así, ayudar al balance ecológico.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 17 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

REDUCCIÓN DE GASTOS PRESCINDIBLES, INNECESARIOS QUE NO AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y LABORES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reducción de gastos prescindibles o innecesarios que no afecten el cumplimiento de los fines y las labores de los órganos del Estado, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al comienzo de este año nos hemos encontrado con un escenario político, económico y social de gran complejidad. Nuestra divisa cotiza a la baja empujada por la política agresiva dirigida hacia nuestro país por el aún presidente electo de los Estados Unidos, paralelamente, la liberalización de los precios de las gasolinas han causado un comprensible enojo entre la población mexicana, dichos factores han propiciado incertidumbre y ponen en riesgo nuestra economía.

Por lo tanto, consideramos que los tres niveles de gobierno necesitan establecer medidas encaminadas a reducir el gasto público, pero esta reducción no debe ser implementada para recortar el gasto social, por el contrario, se debe suprimir el gasto inútil, vano y estéril.

Un ejemplo de lo anterior, es la medida anunciada el 12 de enero de 2017 por el Instituto Nacional Electoral, el cual suspendió la construcción de dos torres y un conjunto arquitectónico, lo cual supone un ahorro superior a los mil millones de pesos.

Otras medidas de austeridad anunciadas por el Instituto Nacional Electoral consisten en reducir los salarios de los consejeros electorales y de la junta directiva en un 10 por ciento, la renuncia al servicio de telefonía del mismo personal y a la eliminación de las partidas para gasolina de los vehículos.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 11 de enero de 2017 acciones de austeridad con el fin de amortiguar el ajuste en el precio de las gasolinas, entre éstas se encuentran: el que no circulen un día a la semana 1,500 vehículos oficiales destinados a labores administrativas, desde luego, sin involucrar en esta medida a las unidades de emergencia y seguridad pública, asimismo, se reducirá el uso de aparatos de comunicación, como radios y teléfonos móviles de los servidores públicos, y por último se disminuirá un 20 por ciento el consumo de combustible, al tiempo que los recibos de nómina serán electrónicos para evitar el consumo de papel.

En este mismo sentido, el gobierno del Estado de Jalisco, escuchando la indignación de los ciudadanos quienes consideran que los funcionarios públicos gozan de beneficios exclusivos y excesivos que son pagados con el dinero de todos, ha propuesto 10 medidas inmediatas de austeridad, entre las que se encuentran:

• Ningún funcionario público utilizará vehículos de gobierno de forma exclusiva.

• Los vehículos oficiales tendrán un uso utilitario: para que las dependencias presten servicios y cumplan con sus tareas.

• Se subastarán públicamente todos los vehículos de lujo y los que no puedan ser reasignados.

• Se elimina el pago de radios y celulares a funcionarios de todos los niveles.

• Se cancelan los seguros de gastos médicos mayores con empresas privadas para funcionarios y sus familias.

• Se subastarán todos los bienes innecesarios del Gobierno y sus entidades.

• Se promoverá el uso del correo y firma electrónica avanzada para disminuir el consumo del papel.

• Se fomentará el uso del papel reciclado para todos los documentos que no puedan utilizarse de manera electrónica.

• La impresión de publicaciones y papelería indispensable se llevará a cabo en la Dirección de Publicaciones del Estado.

• Todos los viajes al extranjero tendrán que justificar el beneficio que generen para Jalisco.

Medidas similares están tomando municipios como el de Corregidora en Querétaro, que en su Plan de Austeridad 2017 considera la reducción en 10 por ciento al salario de funcionarios de primer nivel, asimismo, queda sin efecto el aumento al salario de los funcionarios municipales de primer nivel anunciado el año pasado, también se limita el uso de vehículos oficiales para asuntos personales, adicionalmente se evita la asignación de teléfonos celulares a funcionarios de primer nivel, se reduce en un 80 por ciento el monto destinado al pago de alimentos en reuniones de funcionarios, se contempla la afiliación de personal de primer nivel municipal al sector salud eliminando los seguros de gastos médicos mayores y se reestructura la entrega de viáticos a personal municipal.

Y esto sólo es un ejemplo, ya que en total son alrededor de 16 estados de la república los que han prometido medidas de austeridad, buscando no sólo sanear sus finanzas, sino al mismo tiempo enviar un mensaje a sus gobernados.

En el estado de Morelos, el gobernador anunció la disminución del gasto corriente y la reducción en 30 por ciento en gastos de comunicación. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que prevé reducir 15 por ciento el costo de la nómina y reducir 10 por ciento el gasto corriente. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mencionó que reducirá 20 por ciento su salario y el del gabinete, además de eliminar bonos para servidores públicos. En Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la eliminación de escoltas, seguros de gastos médicos superiores, pagos de teléfonos celulares, así como restricciones en los viáticos. Como se puede ver, las medidas de austeridad consistentes en la reducción o cancelación de los gastos superfluos que no afectan el desarrollo de las labores y la consecución de los objetivos de las instituciones públicas se están dando en gobiernos de todos los signos políticos y en todos los niveles.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos prudente realizar un llamado para que, dada la realidad nacional, más gobiernos e instituciones estatales asuman medidas de reajuste de sus gastos con el fin de sanear sus finanzas, evitar el dispendio, usar eficientemente los recursos públicos y, por consiguiente, aminorar la irritación social y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Diputación Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los órganos del Estado a abstenerse de realizar gastos prescindibles, innecesarios o que no afectan el cumplimiento de sus fines y labores como la contratación de seguros de gastos médicos privados para sus funcionarios, pagarles la telefonía celular, otorgarles vales de gasolina para vehículos no oficiales y asignar elementos de seguridad pública para su resguardo personal cuando no sea estrictamente necesario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FORTALECER PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO ALIMENTARIO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ECONOMÍA DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DEL ALZA DE LAS GASOLINAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer los programas sociales de apoyo alimentario para proteger la economía de los capitalinos ante la crisis económica derivada del alza de las gasolinas, suscrita por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México se ha distinguido por haber implementado diversos programas sociales con los cuales se ha buscado garantizar diversos derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la alimentación, la capital del país fue pionera en comenzar a formular estas políticas públicas:

Durante su administración al frente del gobierno del Distrito Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador puso en marcha en febrero de 2001 el Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentes Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el Distrito Federal, para el 17 de septiembre de 2003 el entonces mandatario capitalino presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta años, en la exposición de motivos de esta iniciativa se menciona lo siguiente:

“El principal objetivo del Gobierno del Distrito Federal, es establecer en la Ciudad un Estado igualitario y fraterno, donde los pobres, los débiles y los olvidados, encuentren protección ante las incertidumbres económicas, las desigualdades sociales, las desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores.

El Estado igualitario y fraterno que postulamos contempla, entre otras cosas, el derecho a la pensión universal ciudadana.

Por eso, desde el inicio de nuestro Gobierno se estableció un programa de apoyo que otorga a los adultos mayores de 70 años una pensión alimentaria como una pequeña recompensa para quienes, con su trabajo, han hecho posible esta gran Ciudad.

Este programa se justifica por razones humanitarias y porque no podríamos hablar de justicia si los ancianos viven con carencias y en el olvido.”

La referida iniciativa fue aprobada por el Legislativo local por unanimidad el 11 de noviembre de 2003 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2003. El 22 de octubre de 2008 este ordenamiento fue reformado para que la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores se otorgara a partir de los sesenta y ocho años.

En el 2014 la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino realizó un estudio sobre el impacto que ha tenido la Pensión Universal para Adultos Mayores: “El estudio fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y consta de 90 preguntas hechas a los beneficiarios del programa Pensión Universal.

El 84.2 por ciento de 4 mil 744 beneficiarios aseguraron que la pensión universal, que este año tiene un monto de mil 92 pesos, les hace sentirse más felices, en tanto que 14 por ciento no ha tenido cambios en su estado de ánimo.

Son las mujeres las que sienten una mayor felicidad, con 87.2 por ciento de las encuestadas, por 80.7 de los hombres.

La pensión ha hecho que, tal vez por interés, en miles de familias se revalore a las personas de la tercera edad, pues 36 por ciento de los encuestados aseguraron que la relación con sus familiares ha mejorado.

De las personas que reciben la pensión, 39.5 consideraron que hasta antes de obtener esos recursos no contaban con el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

El 80 por ciento de las personas de más de 68 años que reciben la pensión dicen que utilizan la tarjeta para comprar alimentos, o medicinas, además de ser ellos mismos quienes emplean el plástico y no sus familiares o representantes.

La tarjeta les ha permitido no sentirse una carga para sus familias.”

Hasta este mes 520,002 adultos mayores de la Ciudad de México reciben mensualmente $1,075.20., sin embargo y a pesar de que se trata de un derecho establecido en la ley, al menos 100 mil adultos mayores de 68 años, no han recibido su pensión universal, otro problema se presenta porque los trámites para poder comenzar a recibir la pensión llegan a tardar varios meses, con lo que el Gobierno de la Ciudad de México está incumpliendo con la ley afectando así a miles de adultos mayores que desafortudamente no encuentran opciones de empleo acordes a ellos y muchos de los cuales no cuentan con ninguna fuente de ingresos que les permita vivir con dignidad.

Por otra parte en enero de 2009 la Secretaría de Desarrollo Social capitalina encabezada en ese entonces por Martí Batres Guadarrama se puso en marcha el Programa de Comedores Comunitarios, destacando en los lineamientos y reglas de operación de este programa que “entre las líneas programáticas del Programa de Desarrollo Social de la Secretaría, se encuentra la de impulsar el ejercicio de los derechos sociales y el combate a la desigualdad y a la pobreza; así como promover acciones en favor del derecho ciudadano a la alimentación, para mejorar los niveles de salud y nutrición de la población. De igual forma, le corresponde promover y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas de desarrollo social.”

Se trató de un programa exitoso, pionero en el país, para apoyar la economía familiar. En esos comedores comunitarios se sirven comidas completas y nutritivas, por $10.00 (diez pesos 00/100 M.N) Además, de convertirse en una fuente de empleo para los encargados de los mismos, ya que dichos comedores son operados por un comité integrado por vecinos del lugar donde se instala el comedor. Este programa fue complementado con el Programa de Comedores Populares operados por el DIF capitalino, bajo el mismo esquema de los comedores comunitarios, donde también se proporciona una ración de comida por una cuota simbólica de $10.00 y por los Comedores públicos operados por el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México donde la ración de comida es gratuita.

Con todos estos comedores se ha beneficiado a grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y a población en extrema pobreza.

Tan importante resultó este programa que el 8 de diciembre de 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México. Recientemente, el programa Comedores Comunitarios que aplica desde el sexenio pasado el Gobierno de la Ciudad de México obtuvo un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Ante la crisis económica por la que se atraviesa derivada del aumento a las gasolinas, es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México dé cumplimiento a la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y ocho años para que todos los adultos mayores que tengan derecho a la pensión que se otorga en términos de este ordenamiento la reciban puntualmente y para que se amplíe la cobertura de beneficiarios de los Comedores comunitarios, populares y públicos que funcionan en la Ciudad de México.

Con estos programas se beneficia directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables de la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se fortalezcan los Programas de Comedores Comunitarios, Populares y Públicos con la finalidad de ampliar su cobertura de población beneficiaria y para que se observe y cumplan las disposiciones de la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y ocho años residentes en el Distrito Federal, a efecto de que todos los adultos mayores que tengan derecho a la pensión que se otorga en términos de este ordenamiento la reciban puntualmente.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

HACER PÚBLICOS EL USO O DESTINO FINAL DE LOS OBJETOS, EXPLOSIVOS, ARMAS Y DEMÁS MATERIALES QUE FUERON TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a hacer públicos el uso o destino final de los objetos, los explosivos, las armas y demás materiales transferidos a ella por el Servicio de Administración Tributaria entre abril y julio de 2016, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a lo establecido en el artículo 145 de la Ley Aduanera el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de conformidad con políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de comercio exterior podrá asignar mercancías a que se refiere ese artículo para su uso, o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, sin que requiera la opinión previa de un consejo asesor que actuara conforme lo determinado en el artículo 207 del Reglamento de la Ley Aduanera en comento.

A su vez, el SAT conforme el artículo de la ley antes citada está obligado a enviar mensualmente un reporte de las asignaciones tanto al Consejo como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y en periodo de receso a la Comisión Permanente.

En ese contexto, el SAT remitió los informes mensuales de los meses de abril a julio de 2016 del destino de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, mismos que fueron consultados en la Gaceta del Senado de la República.

En dichos informes mensuales se identificó que el SAT entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) diversos bienes, mismos que se anexan en el cuadro siguiente:

Es importante mencionar que de acuerdo con los bienes antes citados existen tanto armas como bienes entre los que destacan artículos de limpieza y aseo, barnices, pinturas, solventes y lubricantes, y productos químicos, mismos que en la página de internet de la dependencia (http://www.gob.mx/sedena) no fue posible identificar su uso o destino final.

Sobre el particular, se identificó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la pregunta con folio número 700231216 en la que se preguntó a la Sedena entre otras cuestiones la fecha de la donación de mil 124 litros de pinturas, barnices, solventes y lubricantes, el estado físico de la recepción y el uso o destino de los mismos. La entidad, respondió de manera textual como sigue:

“Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento de información, resultando aplicable el criterio número 007/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el sentido de que no será necesario que el Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia”.

Del análisis a la respuesta emitida por la secretaría en comento, se desprende la inquietud de si los bienes que se enlistaron anteriormente fueron realmente recibidos, en su caso destruidos o como lo señala el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos“los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social”.

En este sentido, es importante que la Sedena se sume a acciones de gobierno abierto, donde busque ser una secretaría más transparente, que rindan más y mejores cuentas y mejore la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, lo anterior con objetivo de mejorar la eficiencia del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Sin lugar a duda, esto requiere de un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración genuinos entre el gobierno y la sociedad civil.

A modo de conclusión, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá generar nuevas maneras de comunicarse con la sociedad a fin de que la participación ciudadana en temas de rendición de cuentas sean acciones que la dependencia no las vea como ajenas o aisladas, si no por el contrario imprescindibles en la relación entre la ciudadanía y autoridades.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional a que haga públicos el uso o destino final de los objetos, explosivos, armas y demás materiales que fueron transferidos por el Servicio de Administración Tributaria en los meses de abril a julio de 2016 a esa secretaría y reportados así al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional según el Reporte de mercancía no transferible al SAE de acuerdo a lo informado por las autoridades aduaneras en los meses señalados, a fin de que con ello dé cumplimiento de buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Notas

1 Ley Aduanera, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 3 de enero de 2017.

2 Reglamento de la Ley Aduanera, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm, consultado el 3 de enero de 2017.

3 Gaceta del Senado de la República, disponible en

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2019, consultada el 3 de enero de 2017.

4 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), disponible en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, consultada el 3 de enero de 2017.

5 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 3 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención médica de pacientes con cáncer de pulmón, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Las que suscriben, María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención médica a pacientes con cáncer de pulmón, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2015 diariamente murieron 216 personas en México a causa de seis diferentes tipos de cáncer. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en México.

Frente a esta grave situación, es necesario destacar las medidas que por su relevancia e impacto deben materializarse urgentemente en acciones:

Se debe evitar la discriminación que sufren los pacientes con cáncer de pulmón: el paciente con cáncer de pulmón merece atención sin importar la causa de su padecimiento. Existe un estigma ligado al cáncer de pulmón puesto que hay quienes creen que los pacientes son responsables de tener la enfermedad debido a hábitos como el tabaquismo. No obstante, 43% de los pacientes con cáncer de pulmón nunca fumaron.

Es necesario realizar campañas de información sobre los otros factores de riesgo: la exposición al humo de leña, las secuelas de tuberculosis pulmonar, la contaminación ambiental, aspiración de sustancias tóxicas en el lugar de trabajo y la exposición al asbesto, radón y algunos minerales. Al día de hoy, el 34 por ciento de la población mexicana utiliza humo de leña para cocinar, es necesario realizar campañas de información sobre las consecuencias de usar el humo de leña en casa e implementar las políticas públicas destinadas a la prevención y/o tratamiento del cáncer de pulmón ajenas al tabaquismo.

Es necesario crear una Norma Oficial Mexicana para la atención del cáncer de pulmón en México, así como homologar las guías clínicas para mejorar sustancialmente la atención a los pacientes en las instituciones públicas de salud. El 80-97% de los mexicanos con cáncer de pulmón mueren en el mismo año en que fueron diagnosticados principalmente por falta de acceso a tratamientos.

Garantizar el diagnóstico oportuno: actualmente más del 90% de los casos son detectados en etapas III y IV lo que contribuye a la alta mortalidad del padecimiento. Debemos asegurar y facilitar el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón y buscar el acceso al mejor tratamiento disponible en cada institución.

Garantizar la atención en el Seguro Popular: De los cinco tipos de cáncer que causan mayor mortalidad en la población mexicana (cáncer de mama, cervicouterino, próstata, colorrectal y pulmón), el cáncer de pulmón es el único que no cuenta con cobertura en el Seguro Popular.

Garantizar los recursos para la atención: Para que sea posible la materialización de la incorporación el cáncer de pulmón en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, es necesario prever una fuente de financiamiento. En razón a lo anterior propongo que los recursos recaudados por el IEPS de tabaco labrado (la LIF-2017 pronostica una recaudación de casi 42 mmdp) sean etiquetados para garantizar la atención del cáncer de pulmón en el Seguro Popular.

Por lo anterior y en aras de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer de pulmón, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, realicen campañas de información que tengan por objeto poner un alto a la discriminación que sufren los pacientes con cáncer de pulmón.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, realicen campañas de información sobre factores de riesgo de Cáncer de Pulmón, además del tabaquismo.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma Oficial Mexicana para la atención del cáncer de pulmón en México.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, garanticen el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón y busquen el acceso al mejor tratamiento disponible.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a formalizar la incorporación del cáncer de pulmón en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el martes 17 de enero de 2017.— Senadora María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

CELEBRAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CON EL OBJETO DE REFORMAR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, RESPECTO DE LOS IMPUESTOS A LAS GASOLINAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, respecto a los gravámenes de las gasolinas, suscrita por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, senadores de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios respecto al impuesto a las gasolinas, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se considera como un impuesto al consumo, caracterizado porque el contribuyente lo puede trasladar a terceros, de manera que no sufra el impacto económico del gravamen, y que el costo recaiga de forma definitiva sobre el consumidor final.

El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco, las bebidas embriagantes, los refrescos y bebidas azucaradas, etcétera, para desincentivar su consumo. Evidentemente, las gasolinas, el diésel y otros combustibles fósiles derivados del petróleo no encuadran en este tipo de bienes, por tratarse de insumos básicos para los medios de transporte, y uno de los factores de mayor impacto en la inflación de los precios de productos y servicios.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que, en el plazo del 1 de enero al 3 de febrero del año en curso, los precios al público de la gasolina tendrán un incremento, quedando de la siguiente forma:

Tipo de combustible Precio al público

Gasolina magna 15.99 pesos

Gasolina premium 17.79 pesos

Diésel 17.05 pesos

Lo anterior significa un aumento de 14.2 por ciento adicional para gasolina magna, 20.1 por ciento gasolina premium y 16.5 por ciento más para el diésel. Asimismo, se dio a conocer la calendarización para la liberalización de los precios de los combustibles, destacando que a partir del 18 de febrero del presente año se actualizarán los precios diariamente.

El impuesto aplicado a las gasolinas ha sido uno de los principales ingresos que han servido de soporte a las finanzas del gobierno federal; tan solo en 2016 se recaudaron más de 140 mil millones de pesos, lo cual nos permite saber mediante un simple cálculo que los ingresos para el sector público con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos para este año será de alrededor de 300 mil millones de pesos. Esta cantidad supera con creces los primeros efectos del daño económico que sufrieron las familias y emprendedores con la tóxica Reforma Fiscal de 2013, misma que mantiene a México en la antesala de una crisis.

Estos 300 mil millones de pesos de sobreprecio que se les está cobrando por la gasolina a los ciudadanos, es el equivalente al total del crecimiento de la economía en su conjunto. Esta tendencia recaudatoria arroja un monto de recaudación mayor en 37.2 por ciento a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, lo cual permite estimar que para finales de 2017 el gobierno habrá recaudado vía impuestos a las gasolinas alrededor de 300 mil millones de pesos. Estos cálculos someros permiten cuestionar severamente las estimaciones recaudatorias de la Secretaría de Hacienda, y afirmar que están muy por debajo a lo real.

Aún más preocupante es que lo recaudado al final de 2016 equivale al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2015, y permite tener un punto de referencia del tamaño del saqueo de recursos que el órgano recaudador realiza a costa del dinero de los contribuyentes. En administraciones pasadas el gobierno federal subsidiaba el precio de la gasolina para que éste fuese menor al precio promedio internacional, es decir, el gobierno apoyaba la economía de las familias. Hoy en día el panorama es completamente distinto: los precios bajos del petróleo a nivel internacional permiten tener precios bajos en la gasolina; sin embargo, se mantienen precios altos, se siguen aumentando como nunca antes y lo que es peor, los ciudadanos subsidiamos las finanzas y el gasto improductivo e irresponsable del gobierno federal.

Es así que la actual administración se ha convertido en depredadora insaciable de la economía de las familias y los emprendedores, pues evidentemente está importando gasolinas más baratas, las vende más caras y se da el lujo de incrementar su precio como nunca antes, atropellando los reclamos de la ciudadanía e ignorando las protestas que anticipan los caros efectos negativos de una medida recaudatoria tan torpe como voraz.

El presidente Enrique Peña Nieto prometió, primero en campaña y luego en los inicios de su gobierno, que con la Reforma Hacendaria por primera vez los mexicanos no tendrían que pagar por más “ gasolinazos” los cuales dañan directamente la economía de las familias. El PRI en el gobierno sigue sin dar explicaciones suficientes, claras y razonables a los ciudadanos sobre la decisión de aumentar como nunca antes el precio de las gasolinas, y tampoco ha dado la cara para explicar los impactos que generarán en los bolsillos de las familias los nuevos precios de la gasolina y el diésel.

Es por ello que resulta indispensable que el Ejecutivo federal explique el motivo del incremento confiscatorio y abusivo en el precio de la gasolina y diésel que contradice sus ofrecimientos a favor de la economía de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios respecto a los impuestos de las gasolinas, que dará inicio el 19 de enero de 2017 y concluirá en la fecha que agote su agenda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senadores: Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

IMPLEMENTAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN, SANEAMIENTO Y REMOCIÓN DE BASURA EN AGUAS DEL RÍO GRIJALVA Y EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Chiapas a implantar acciones y programas de conservación, saneamiento y remoción de basura en aguas del río Grijalva y el parque nacional Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los gobiernos federal y de Chiapas para que a través de las acciones indicadas se implanten programas de saneamiento y remoción de basura en aguas del río Grijalva, en el Cañón del Sumidero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Cañón del Sumidero es una impresionante falla geológica formada hace aproximadamente 36 millones de años, un largo acantilado de paredes rocosas casi verticales de roca caliza de más de 900 metros de altura, en cuyo abismo fluye el río Grijalva, uno de los más caudalosos de México. Esta composición geológica forma el parque nacional Cañón del Sumidero.

Este sitio de importante diversidad biológica, donde hay especies únicas de orquídeas y bromelias, que concentra 11 por ciento de los mamíferos y 17 por ciento de las aves del país, ha perdido alrededor de 2 mil 600 hectáreas de las 21 mil 789 que estableció el decreto de creación del parque, publicado el 8 de diciembre de 1980.

En Chiapas, una de las visitas obligadas es recorrer en lancha a través del caudaloso río Grijalva el Cañón del Sumidero y apreciar su majestuosidad que nos ofrece con formaciones geológicas naturales, como La Cueva de los Colores.

En 2007 se estimó que en el Cañón del Sumidero se acumulan más de 5 mil toneladas de basura. Para diciembre de 2014 se iniciaron los trabajos para resolver la contaminación y el deterioro de la cuenca del Cañón del Sumidero, sin embargo, no ha sido suficiente, pues en octubre de 2016 Protección Civil del estado retiró alrededor de 500 toneladas de basura.

De las 5 mil toneladas de residuos extraídos anualmente, 85 por ciento es madera arrastrada por la corriente, 10 por ciento piedras y lodo, y 5 por ciento plásticos y otros residuos inorgánicos.

Desde entonces, la solución para la eliminación de la basura en el río Grijalva ha sido un proceso gradual, pues no solo tiene que ver con la remoción de la basura por las instituciones adecuadas, sino también con la educación de la sociedad para evitar que tiren basura en calles o lugares no asignados.

Esta basura, procedente de unos 14 municipios de la zona, es arrastrada por la corriente y lluvias, lo que provoca la saturación del canal, que forma parte del cauce del río Grijalva. El material de desecho impide además la navegación de los turistas y obstaculiza el tránsito de los cocodrilos de la zona. En las partes con mayor densidad de basura, el agua queda totalmente oculta y las aves se pasean entre los despojos y los troncos arrastrados por las corrientes.

La conservación de esta área natural protegida depende de la participación e implicación de los habitantes de los municipios cercanos, así como de turistas. Una de las consecuencias que trae esta acumulación de basura, recae en la acumulación y saturación específicamente en uno de los atractivos turísticos naturales conocido como “La Cueva de los Colores” donde la acumulación de basura impide y obstaculiza el libre acceso a esta área.

Conservar este majestuoso patrimonio natural se debe realizar por las Instituciones apropiadas, pero también con la participación y compromiso de la sociedad, es por eso que las campañas de educación y concientización pueden ser una alternativa para dar resultados benéficos de conservación ecológica.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Procuraduría Ambiental en el estado se implanten campañas de educación y toma de conciencia ecológica y se lleven a cabo limpiezas y recolección de basura en el caudal del río Grijalva.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en coordinación con el gobierno de Chiapas den seguimiento a los programas de saneamiento y remoción de basura en el área natural protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero para garantizar la conservación.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en coordinación con el gobierno de Chiapas se tomen las medidas pertinentes para mantener en condiciones óptimas la formación rocosa natural conocida como “La Cueva de los Colores”, toda vez que se trata de una de las principales atracciones turísticas y parte del patrimonio ecológico del parque nacional Cañón del Sumidero.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.—Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPULSO DEL TURISMO SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al impulso del turismo social, suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Mario Machuca Sánchez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando nos referimos a los derechos fundamentales, cuyos alcances hoy en día tienen vigencia universal, frecuentemente invocamos el derecho a la vida, libertad, conciencia, opinión y otros. Sin embargo, pocas veces o casi nunca relacionamos el derecho de esparcimiento o de recreación como derecho humano fundamental. Este derecho al recreo y al sano esparcimiento es un derecho humano establecido en el artículo 15 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que señala:

Toda persona tiene derecho al descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Es pertinente destacar que el turismo social es un concepto que tiene su base en el derecho que todos los seres humanos tienen de disfrutar de su tiempo libre y gozar de vacaciones en el trabajo, derecho reconocido en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

La Declaración de Montreal de 1996 y su posterior Adéndum de Aubagne de 2006, son documentos de referencia sobre el turismo social, donde se señala que éste debe ser:

a. Forjador de la sociedad, es decir, promotor de la lucha contra las desigualdades;

b. Factor de Potencia Económica, asegurando que los beneficios se reparten en la sociedad;

c. Protagonista del Ordenamiento del Territorio y del desarrollo local, buscando la sustentabilidad; y

d. Socio de los programas de desarrollo mundial para la mejora de la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, la realidad nos muestra que no está al alcance de muchos y que son todavía numerosas las personas que siguen excluidas de los derechos antes mencionados. Por ello se deben establecer las condiciones objetivas y materiales para que los ciudadanos gocen del derecho al esparcimiento y recreación a través del fomento y cuidado de los espacios públicos, parques, jardines, plazas, centros de recreación, etcétera.

A nivel internacional se ha promovido el así llamado “turismo social”, que se presenta como un recurso en la lucha contra la pobreza; otorgando facilidades y accesos a las personas de recursos limitados, adultos mayores, jóvenes, niños, personas con discapacidades para que viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Se puede precisar que se otorgan subvenciones o rebajas sustanciales en las tarifas y se establecen costos más bajos para posibilitar que puedan viajar.

Igualmente, es de señalar que el turismo tiene factores muy significativos en el desarrollo personal, social, económico.

Diversos estudios han demostrado que el esparcimiento y la recreación permiten aliviar los efectos adversos de la fatiga laboral y son un gran beneficio en la salud física y psíquica, que sin lugar a dudas conlleva a tener personas con mejores estándares de bienestar individual y colectivo, ayudando al mejoramiento de las relaciones interpersonales, familiares y de productividad laboral.

Cabe destacar que la importancia del turismo para nuestra economía es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador en el desarrollo local y regional, sino que nos permite difundir los atractivos culturales y naturales de nuestro país, generando una visión positiva de México ante el mundo. México posee una variedad turística enorme que permite el reencuentro entre la población, sus costumbres y paisajes.

Por ello debemos voltear hacia el turismo social, el cual es reconocido como un segmento del turismo doméstico que comprende viajes realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de lucro. Se caracteriza, además, por ser realizado por personas con niveles de ingresos reducidos que no les permiten aprovechar plenamente la oferta de servicios turísticos en el país, por lo que suele recurrir a diversas formas para satisfacer su demanda: aprovechar la oferta institucional destinada a ese segmento; recurrir a prestadores de servicios de precios reducidos, o bien, resolver de manera propia y/o mediante el apoyo de familiares, sus necesidades de alojamiento, transportación, alimentos y recreación. Además, en el concepto de turismo social visto desde el ángulo de la oferta, se asocia generalmente con los conceptos de turismo incluyente, accesible, solidario, y con efectos positivos para las comunidades locales, en síntesis, un “turismo para todos”.

Para que el turismo social sea una realidad el Estado debe establecer y fomentar mecanismos para que todos los ciudadanos disfruten de toda la variedad turística que posee México. Se requiere una oferta de trasportes económicos, visitas a lugares con alojamientos que tengan instalaciones de calidad, alimentos a precios razonables y aprovechar las zonas recreativas públicas, gratuitas como las playas, los parques nacionales, entre otros.

Por otro lado, la Ley General de Turismo en México lo define como aquel tipo de turismo que “comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Es pertinente destacar que en México la inquietud para apoyar el turismo de las masas trabajadoras comenzó a partir de los años setenta del siglo pasado, pero no prosperó en forma masiva; se puso en práctica a través de políticas de subsidio, de apoyo a trabajadores asalariados, y de construcción de infraestructuras destinadas al segmento de turismo social en particular. A lo largo de los años se han diseñado, nuevas orientaciones de políticas hacia el turismo social que eviten el asistencialismo y la segregación de los turistas; pero tampoco se ha visto un resultado favorecedor para esta población antes señalada. Esta oferta es aún insuficiente frente al tamaño y las características de la demanda y enfrenta dificultades para encontrarse con sus potenciales beneficiarios.

En el 2015 se establece una iniciativa nacional, estableciendo diversos convenios y alianzas importantes, lo cual no ha resultado suficiente; un claro ejemplo es que Turissste firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Quintana Roo para promover nuevos paquetes turísticos en la entidad, en especial en la zona Sur, lo que representa una gran aportación para esta población.

En el 2016 da inicio el programa “Viajemos por México”, pero no se han visto resultados favorables. Hay mucho que trabajar para asegurar que las personas que menos tienen, las personas con alguna discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores y las poblaciones indígenas logren ejercer su derecho de disfrutar su tiempo libre, por ello es necesario seguir incidiendo en la política pública, en los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y en la comunidad en general para alcanzar la meta de contar con un sector que garantice “turismo para todos, solidario y sostenible”.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar e incrementar el turismo social y establecer una política de inclusión en el que los derechos al esparcimiento y recreación, sean accesibles para todas las personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

NO EXPONER EN REDES SOCIALES A MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instruir a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de su Secretaría de Desarrollo Social para que no exponga en redes sociales a mujeres víctimas de violencia, suscrita por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Ciudad de México tiene a su cargo diversos e importantes programas sociales, entre los que destacan los siguientes: Comedores comunitarios, coinversión para el desarrollo, Reinserción social para mujeres víctimas de violencia familiar y seguro contra la violencia familiar.

En la página electrónica de la referida dirección, se menciona que ésta tiene como objetivo el siguiente:

Formular, promover y ejecutar políticas, estrategias, programas y acciones integrales de gobierno que promuevan la igualdad, la equidad, el acceso a una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad de México reconociendo la diversidad social, sexual, cultural, generacional y de género; poniendo énfasis en las personas, familias y grupos de la población que viven situaciones de exclusión y discriminación que limitan o impiden su acceso a niveles de bienestar más justos y equitativos.

Planear y expedir programas y políticas que promuevan constantemente la igualdad, la equidad, el acceso a una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Por su parte en el artículo 63 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se mencionan con atribuciones de esta dependencia las siguientes:

Artículo 63. Corresponde a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social:

I. Formular, promover y ejecutar políticas y programas sociales que favorezcan la equidad, reduzcan las desigualdades y eliminen los mecanismos de exclusión social de los grupos de atención prioritaria;

II. Promover políticas, programas y acciones sociales, con las instancias competentes del Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y las instituciones de asistencia pública y privada, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria;

III. Promover en el ámbito de su competencia los principios que fomenten la equidad en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la Administración Pública;

IV. Proponer y apoyar la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, orientados al desarrollo de los grupos de atención prioritaria, que tengan como fin propiciar la equidad e inclusión en la sociedad;

V. Diseñar, promover y ejecutar programas y acciones en materia de violencia familiar que determine la Secretaría de Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la ley de la materia; y

VI. Promover el desarrollo integral de la juventud.

A partir del mencionado objetivo y de sus atribuciones reglamentarias, es posible observar que a esta dirección general le corresponde formular, promover y ejecutar políticas, estrategias, programas y acciones integrales de gobierno que promuevan el acceso a una vida libre de violencia, diseñando, promoviendo y ejecutando de manera específica programas y acciones en materia de violencia familiar, en este sentido de la referida dirección dependen las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar que se encuentran ubicadas en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Se trata de unidades en las que de manera interdisciplinaria se atiende a víctimas de violencia, a través de apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social buscando hacer efectivo el derecho de los integrantes de las familias, especialmente las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, sin dejar de mencionar las actividades de prevención, como platicas y talleres, que se realizan en las comunidades, escuelas, entre otros espacios para que la población tenga información sobre la problemática. Así la atención en estas unidades está a cargo de psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, abogadas y abogados, así como personal administrativo. Se trata de servidores públicos con una clara vocación de servicio que realizan con mucho compromiso y profesionalismo su función, que es complicada, ya que el abordar y trabajar con el tema de la violencia, resulta ser muy desgastante.

Sin embargo, y a pesar de la importante función que tienen estas unidades, no han recibido el apoyo institucional que permita su adecuado funcionamiento, así durante la presente administración de Jesús Rodríguez Núñez al frente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, las mencionadas unidades se encuentran abandonadas, con falta de recursos materiales y con un valioso grupo de profesionales a los que no se les ha reconocido lo importante de su quehacer y por el contrario, se ha desvirtuada su función principal que es atender y prevenir la violencia familiar, para ser obligados a realizar diversas actividades que van desde repartir alimentos a peregrinos que asisten a la basílica de Guadalupe, hasta repartir rosca de reyes y tamales en el zócalo de la ciudad.

La debacle en la atención que se proporciona en esas unidades, se evidencia con las siguientes cifras: Durante 2012, se proporcionaron 54 mil 342 servicios, entre ingresos de trabajo social, constancias administrativas, atenciones psicológicas a víctimas, a niñas y niños y a agresores. Lo cual contrasta con el número de servicios proporcionados en 2015 que apenas llegó a los 31 mil 180 servicios. La atención en estas unidades ha venido disminuyendo hasta niveles considerablemente bajos, basta mencionar de manera particular los casos de constancias administrativas, mientras que en 2012 se levantaron 4 mil 76, para 2015 sólo se levantaron 2 mil 315; en cuanto a las atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, en 2012 fueron atendidos un total de 7 mil 584 niñas y niños, mientras que para 2015 sólo fueron atendidos 779; de igual manera en cuanto a los ingresos en el área de trabajo social, en 2012 se reportaron 17 mil 402, y para 2015 sólo se reportaron 11 mil 461.

Esta situación obedece a diversos factores, desde la falta de personal suficiente, hasta el desgaste físico y emocional que ha sufrido dicho personal, por la carga de trabajo y por la asignación de tareas que no corresponden a sus funciones, a lo que ya se hizo referencia anteriormente.

Para tratar de corregir esta situación y apoyar al personal que labora en estas unidades de atención y prevención de la violencia familiar, el suscrito diputado Renato Molina Arias, tuve a bien presentar durante la Comisión Permanente del pasado receso de sesión un punto de acuerdo que fue aprobado en los siguientes términos:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México se refuercen las acciones en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para que el personal cuente con condiciones de trabajo que permitan brindar un servicio de calidad en la prevención y atención de la violencia familiar; asimismo, se solicita remita un informen a esta asamblea de las medidas implementadas.

Desafortunadamente, dicho punto de acuerdo de esta soberanía, no fue atendido por las autoridades capitalinas, ya que no se remitió ningún informe y además los maltratos hacia las y los trabajadores no sólo continuaron sino que se acentuaron, no únicamente en el caso de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, sino también del área de comedores comunitarios, maltratos que terminaron con el despido de al menos una docena de trabajadores el pasado 31 de diciembre, algunos de los trabajadores despedidos contaban con quejas presentadas y admitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin que dicha comisión haya hasta la presente fecha concluido sus investigaciones por las presuntas violaciones a derechos humanos laborales que fueron denunciadas.

En el contexto de estos despidos, el director general de igualdad y diversidad social determinó cerrar y dejar sin servicio por más de una semana la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Cuajimalpa (afectando a las mujeres usuarias de esta unidad), con la finalidad de que las trabajadoras despedidas de esa unidad no pudieran ingresar a la misma, el citado funcionario fue más allá violentando los derechos de estas trabajadoras al no entregarles sus objetos personales que quedaron al interior de la referida unidad.

Es importante mencionar que el propio jefe del gobierno de la Ciudad de México, emitió el 14 de agosto de 2015 el acuerdo denominado “Nueva cultura laboral”, que tiene como principal objetivo conciliar la vida familiar con la laboral para apoyar fundamentalmente a las mujeres trabajadoras, y el 31 de diciembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo sobre estabilidad laboral con la finalidad de brindar certidumbre sobre su empleo y dotar de mayores derechos a las trabajadoras y los trabajadores que prestaban sus servicios bajo el régimen de honorarios, bajo el contexto en el que fueron despedidos trabajadores de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, dichos acuerdos no fueron observados ni respetados por el titular de la referida dirección general.

Durante los pasados festejos navideños, personal de las unidades de atención y prevención de la violencia familiar (abogados/as, psicólogos/as, trabajadoras sociales y administrativos) fueron obligados a disfrazarse de personajes navideños (soldaditos, caramelos, duendes, reyes magos, etcétera) situación a la que no se pudieron oponer los referidos trabajadores, y que no denuncian públicamente ante el temor de perder su empleo.

En otro orden de ideas, cada año entre el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas) y el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos), se realiza la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Esta campaña internacional tuvo su origen en 1991, por iniciativa del primer Instituto de Liderazgo Global de las Mujeres y con la coordinación del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres. En la Ciudad de México había sido la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social la que había tenido un papel central en su organización, realizando diversos actos para para generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, durante la pasada campaña realizada en 2016, se realizaron eventos y acciones con las que se revictimizó e incluso se puso en riesgo a mujeres que fueron víctimas de violencia usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, quienes fueron “invitadas” a rendir sus testimonios sobre la violencia de que fueron víctimas, así el 29 de noviembre de 2016 en la delegación Azcapotzalco y con la presencia del Director General de Igualdad y Diversidad Social se llevó a cabo un evento público denominado “Testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia” , mientras que el 4 de diciembre siguiente, fueron subidas a la red social denominada YouTube una serie de videos donde mujeres que señalan ser usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar hablan sobre su problemática, muchas de ellas se notan evidentemente nerviosas.

Tal vez se pueda argumentar que las mujeres dieron su autorización, sin embargo a partir de la perspectiva de género y el enfoque de derechos con el que la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social debe de actuar, no tenía ninguna necesidad de realizar estas acciones revictimizantes, la citada dirección debió y debe evitar la exposición de las víctimas de violencia, usuarias de los servicios de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, ante su victimario y ante personas ajenas a su situación, evitando repetir la historia delictiva de la cual sufrieron.

En las siguientes direcciones electrónicas es posible visualizar los referidos videos:

https://www.youtube.com/watch?v=i4VoPxjRLU4

https://www.youtube.com/watch?v=Wfa4rGdu9Ss

https://www.youtube.com/watch?v=7Mca7kwpzzc

https://www.youtube.com/watch?v=b_WpLv90nXM

https://www.youtube.com/watch?v=LhNU1az0Dak

https://www.youtube.com/watch?v=21MvdzO3jdo

https://www.youtube.com/watch?v=CyC373l3bGk

https://www.youtube.com/watch?v=XAPD6C4s1mM

https://www.youtube.com/watch?v=COMjlmPeTEw

Dichos videos fueron compartidos y difundidos a través de las siguientes cuentas oficiales de la red social twitter:

@jrodriguez_cdmx que corresponde al titular de la dirección general de igualdad y diversidad social.

@16diasactivismo

Y a través de las cuentas de las titulares de las Unidades de Atención y Prevención de la violencia familiar y del albergue para mujeres víctimas de violencia.

Todas y todos los servidores públicos en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así lo señala el artículo 1o. de la Carta Magna, las conductas que se atribuyen al titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, narradas a lo largo de las consideraciones de la presente proposición, evidentemente se alejan del cumplimiento a este precepto constitucional, por lo que el jefe del gobierno de la Ciudad de México debe de considerar mantener al frente de esta dirección al ciudadano Jesús Rodríguez Núñez.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, para que sus funcionarios retiren de sus cuentas de redes sociales ( twitter y YouTube) aquellos videos e imágenes donde se expone a mujeres que han sido víctimas de violencia, usuarias de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar; y para que la referida dirección ni alguna otra dependencia del gobierno capitalino realicen eventos públicos donde expongan a mujeres que han sido víctimas de violencia a dar testimonios sobre la violencia que viven o vivieron.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que instruya al titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social a respetar los derechos humanos de las y los trabajadores de esa dirección general.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México considerar la permanencia del ciudadano Jesús Rodríguez Núñez al frente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA DETENER LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL AHOGADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a emprender acciones inmediatas para detener la contaminación en la Cuenca del Ahogado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que tomen acciones inmediatas para detener la contaminación en la Cuenca del Ahogado, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes enero del año 2008, un niño de nombre Miguel Ángel López Rocha, vecino del fraccionamiento de La Azucena, ubicado a unos metros de la Cuenca del Ahogado, bebió agua del Río Santiago aparentemente al caer accidentalmente en él, y días después fue internado de gravedad en el Hospital General de Occidente de Guadalajara. Después de estar 18 días en coma, falleció el día 13 de febrero del mismo año. El entonces director de dicho nosocomio, doctor Enrique Rábago Solorio, dio a conocer que el motivo del deceso fue consecuencia de una intoxicación aguda por arsénico.

Han pasado ya 9 de años de dicha tragedia, y apenas el día 2 de enero del presente año, se dio a conocer en los medios de comunicación la existencia de un estudio realizado por los biólogos Aurora Rosas Ramírez, Josefina Casas Solís y Juan Gallardo Valadez de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el cual se señala la existencia de abundantes bacterias patógenas flotando en el aire en la Cuenca del Ahogado, que se encuentra en los municipios de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto.

Dicho estudio concluye que:

“El predominio de E. coli en todos los puntos estudiados nos indica contaminación de origen fecal. La presencia de E. coli, S. aureus y Salmonella en todos los puntos estudiados representa una amenaza a la salud de la población, es probable que la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias que presenta la población ubicada en el área de estudio pueda ser causada por las bacterias encontradas”

Los resultados de dicho estudio ponen de relieve la existencia de un grave problema que tiene al menos una década siendo señalado por los habitantes de la Cuenca del Ahogado y de las zonas aledañas, y en el cual tristemente no ha existido una autoridad u orden de gobierno que se haga plenamente responsable ni de atenderlo, ni mucho menos de las graves consecuencias a la salud que dicha contaminación ha generado y seguirá generando en miles de pobladores de dicha región.

Cabe señalar que en el mes de agosto del año 2015, se dio a conocer por medios de comunicación que el Comité Ciudadano para la Defensa Integral de El Salto que desde el año 2008 a mediados del 2015, diversas enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, insuficiencia renal y leucemia, han causado la muerte de 590 personas que vivían dentro del Polígono de Fragilidad Ambiental (Pofa) de la Cuenca de El Ahogado, y que tan solo en el primer semestre del 2015 habían fallecido 43 de ellas.

Por otra parte, en el año 2012 se dio a conocer un estudio elaborado por la agrupación ambiental internacional “GREENPEACE” en conjunto con “Agrupación Un Salto de Vida A.C.” en el cual dieron a conocer que habitantes de 9 municipios se habitaban a menos de 5 kilómetros del cauce de aguas contaminadas precisando que:

“Con base en la propuesta, encontramos que la población total de los nueve municipios que constituyen la zona de estudio ascendió a un total de 1,310,415 habitantes en 2010. Dentro de la franja de riesgo alto habitaban en esta misma fecha 211,331 personas, y 469,840 dentro de la franja de riesgo moderado. Estas constituyen poblaciones que deberían ser objeto de atención especial por las instancias de salud pública. La proporción de habitantes en riesgo, bajo el criterio de zonificación propuesto, es particularmente alta en los municipios de El Salto y Juanacatlán: 51 y 81 por ciento de su población, respectivamente, habitan a menos de 1 km de distancia del río; y prácticamente el 100 por ciento de sus habitantes viven a menos de 5 km.”

De dicho estudio se desprende que el problema es bastante grave, pues se refiere que en Jalisco existen cerca de 1,500,000 (un millón y medio de habitantes) en riesgo de algún tipo de daño producto de la implacable contaminación de la Cuenca del Ahogado y del Río Grande de Santiago, lo que representa básicamente al 20% de la población total del Estado de Jalisco, sin que existan indicios de que alguna autoridad federal, estatal o municipal estén tomando cartas urgentes en el asunto, o siquiera muestren una preocupación que corresponda con el tamaño del problema que esta contaminación representa para la población.

Imagen tomada del estudio referido.

Finalmente, cabe señalar que hace apenas un par de meses, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, señaló que no se puede hablar de progreso y desarrollo cuando en la Cuenca del Ahogado la población padece una terrible contaminación, porque las empresas no cumplen con las normas ambientales, sin embargo, desgraciadamente el referido mandatario lleva ya cuatro años en el cargo, y es increíble que en estos cuatro años solamente se limite a reconocer la existencia del problema, sin presentar resultados, ni mucho menos soluciones o acciones claras para solucionarlo.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, los siguientes resolutivos con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, en el ejercicio de sus respectivas facultades, atribuciones y obligaciones, se emprendan inmediatamente las acciones necesarias para la inspección y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos en materia ambiental, del tramo correspondiente a la Cuenca del Ahogado, la cual pertenece a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, tanto de empresas como de fraccionamientos y personas que viertan o hagan descargas en dicho cuerpo de agua.

Segundo.Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes, se realice de manera inmediata un análisis a muestras de agua y de aire tomadas de la Cuenca del Ahogado, donde se determine el grado de contaminación y sus principales compuestos contaminantes, los riesgos de los pobladores aledaños así como las acciones a realizar a efecto de proteger la salud de los habitantes de la región.

Tercero.Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, para que a través de sus dependencias competentes, tome las acciones inmediatas necesarias para proteger la salud de los pobladores de la Cuenca del Ahogado y sus alrededores.

Notas

1 http://concienciapublica.com.mx/rumbo-al-2012/jalisco/a-cinco-anos-de-la-muerte -del-nino-lopez-rocha-el-rio-sigue-su-curso/

2 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=60456

3 http://www.proyectodiez.mx/senalan-que-van-43-personas-fallecidas-en-2015-por-c ontaminacion-en-la-cuenca-de-el-ahogado/

4 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/9/informe_toxicos_ri o_santiago.pdf

5 http://www.notisistema.com/noticias/convoca-gobernador-a-atender-la-contaminaci on-en-la-cuenca-del-ahogado/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EMERGENTE INTERINSTITUCIONAL DE IMPULSO A LA ACUACULTURA, CON OBJETO DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PESCADO CON FINES ALIMENTARIOS EN CUERPOS DE AGUA, PRIORITARIAMENTE EN LAS ZONAS MARGINADAS DE TODO EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca, la Conagua, la Sagarpa y los gobiernos estatales a implantar un programa urgente interinstitucional de impulso de la acuacultura para incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas, suscrita por la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La senadora de la República, Carmen Dorantes Martínez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a los gobiernos de los estados del país, para que implanten un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura hídrica

De acuerdo con datos de la Conagua, en México se dispone de una infraestructura para el almacenamiento del agua de más de 5 mil presas y bordos, 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacenamiento pero sólo 181 presas son las que acumulan 80 por ciento de toda el agua.

La principal función de las presas es la generación de energía; apoyo a actividades agrícolas, y en menor medida el abrevadero.

Este inventario va en aumento debido a que en años recientes, a través de diversos programas y acciones del Gobierno de la República como el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) en el marco del Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua que opera la Comisión Nacional de Zonas Áridas, se han construido almacenamientos de agua con fines de riego, abrevadero e incluso para consumo humano, aprovechando los escurrimientos, manantiales e inclusive el agua de lluvia en diversas zonas del país.

Sólo en algunos de estos cuerpos se han sembrado peces para desarrollar pesquerías continentales o instalado jaulas flotantes para el cultivo de peces en ellas, desaprovechando la oportunidad de optimizar el uso del agua para fines de generación de alimentos, pues además de cumplir con el propósito para el que fueron creados, el agua de estos depósitos puede ser aprovechada para cultivar en ellos, peces de diferentes especies, según las propiedades fisicoquímicas del agua y convertirse en generadores de un alimento de alta calidad nutricional, de bajo costo económico, con lo que se pueden beneficiar a los habitantes ribereños y de comunidades aledañas.

El sector acuícola y pesquero en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Pesca, la infraestructura acuícola nacional asciende a 1 mil 963 unidades, y se clasifica en cinco categorías:

En ella, se cultivan 61 especies, 40 de las cuales son nativas y 21 exóticas introducidas al país.

La acuacultura es por tanto una actividad prioritaria que debe tomarse desde varios aspectos para potenciar su alcance, tanto a nivel productivo como comercial y de ingresos para las familias.

Basta decir que aporta 15.8 por ciento de la producción pesquera nacional y tiene potencial para alcanzar hasta un 40%.

En los últimos 10 años la actividad ha crecido 3.4 por ciento anual. Sin embargo, no está exenta de ciertas problemáticas y dificultades.

La problemática de la producción pesquera y acuícola de México

Entre los principales problemas que se advierten en la actividad acuícola y pesquera se encuentran aspectos sociales, tecnológicos y de mercado, entre ellos:

• Rezago social en la producción pesquera.

• Limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación.

• Insuficiente avance en modelos de desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo.

• Uso insuficiente de conocimientos básicos científicos y tecnológicos.

• Carencia de recursos suficiente para el desarrollo de nuevos proyectos.

• Carencia de un marco legal que garantice la tenencia legal de la tierra y que facilite el suministro de servicios y atención por parte de los bancos y otras instituciones financieras, particularmente en las zonas rurales.

Pero al mismo tiempo, la acuacultura y la pesca son actividades de gran potencial, ya que pueden desarrollarse en cuerpos de agua naturales, embalses, presas, lagos, pero también en ollas de agua y estanques hechos por la mano del hombre y puede tener un enfoque productivo-comercial o bien de auto consumo, pero en cualquier caso, el impacto del consumo de pescado fresco en la dieta de la población tiene alcances muy importantes, en los que toca al combate al hambre, la nutrición y la salud de niños y jóvenes.

El valor nutrimental del pescado en la dieta diaria

De todos son conocidos los beneficios nutricionales del pescado, los nutriólogos señalan que incluir el consumo de pescado cuando menos una vez a la semana, ayuda a un mejor funcionamiento del organismo humano, gracias a su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.

Por mencionar sólo unos aspectos podemos citar que con la ingesta de 2 raciones de pescado (100 gramos) a la semana se cubren las necesidades de yodo de un adulto. Las concentraciones de hierro en el pescado (2-6 miligramos/100 gramos) son superiores a los de la carne.

Una ración de pescado (100 gramos) cubre 50 por ciento del requerimiento de fósforo en un niño y 25 por ciento en un adolecente.

Las vitaminas, como la A existente en los pescados, por sus propiedades antioxidantes ayuda a prevenir el cáncer y fortalecer el sistema inmunológico, mejorando el sistema cardiovascular y nervioso, además de que el pescado que contiene minerales como el yodo, calcio, magnesio y zinc, indispensables para la buena salud.

Estudios científicos que destacan las cualidades nutricionales concluyen que este alimento sirve para apoyar en la disminución del colesterol y triglicéridos, que previenen la formación de coágulos en sangre, reducen la presión arterial en hipertensos y previenen ataques al corazón, infartos cerebrales y anginas de pecho.

Es por todos estas razones que resulta conveniente pensar que si ya se cuenta con la infraestructura arriba citada y si los problemas que aquejan a nuestra población rural es el hambre y la desnutrición, el cultivo de peces o acuacultura en embalses podría contribuir a paliar esta problemática y sin duda contribuiría junto con otras acciones a mejorar la salud y nutrición de la población rural que cuenta en sus inmediaciones con algún cuerpo de agua.

El potencial de la acuacultura

•La acuacultura es una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria, generar divisas y crear fuentes de empleo. Es fuente de alimento para autoconsumo y para comercialización de los excedentes

•México posee gran diversidad de condiciones climáticas y ecosistemas que contribuyen al desarrollo de un sector acuícola muy diversificado.

•El aprovechamiento del potencial que posee la acuacultura en México depende de la aplicación exitosa de tecnologías eficientes y de procesos de innovación, modernización y reconversión productiva. Por ejemplo, el cultivo de tilapia representa más de 60 por ciento del cultivo en centros acuícolas y productores.

El repoblamiento de embalses y cuerpos de agua

Por estas benéficas consideraciones acerca del desarrollo y uso de la acuacultura para la alimentación, el presente exhorto se plantea el aprovechamiento integral de embalses artificiales y cuerpos de agua naturales para fomentar la acuacultura, es decir compartir dichos recursos para lograr un uso múltiple, con una visión integral del agua, racional sostenible, equitativa y en armonía con los demás usuarios.

Y por esta razón se solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados del país, para que implanten un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con el objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país.

Considerando que entre las acciones que debe cubrir dicho plan, se tienen las siguientes como previas:

•Se requiere complementar la información de carácter limnológico (aspectos físicos, químicos, hidrológicos y biológicos del agua dulce) de estos embalses, apoyados por las instituciones de educación e investigación.

•Fortalecimiento de los centros acuícolas del país, tanto los del sector gubernamental, como los de sector privado, a través de incentivos que permitan garantizar la calidad genética y sanitaria de los peces a cultivar.

•Reforzar la plantilla de extensionistas con formación profesional y experiencia en acuacultura para acompañar a los beneficiarios de los embalses en la incorporación de esta actividad como complemento al resto de las actividades agropecuarias.

Debemos reconocer la importancia que la acuacultura tiene en la contribución a la seguridad alimentaria y que organismos internacionales como la FAO la consideran como una de las fuentes de abastecimiento más importante de alimentos en los próximos años.

Del mismo modo se señalan a continuación algunos aspectos generales para fortalecer la actividad acuícola en todo el país.

Para fortalecer y consolidar esta actividad, se requiere:

•Promover la diversificación y tecnificación de la misma Incrementar su eficiencia productiva.

•Diversificar las líneas de producción e incrementar la rentabilidad económica y social.

•Es la investigación y desarrollo tecnológico sobre aspectos como sanidad, nutrición, genética y manejo ambiental.

Investigación aplicada y transferencia de tecnología en el sector acuícola y pesquero

Teniendo como objetivos:

•Favorecer la adopción de la acuacultura como una actividad productiva sostenible en más comunidades.

•Ampliar el beneficio económico directo en los grupos o comunidades dedicados a la actividad.

•Disponibilidad de alimento con alto contenido proteico como lo es la carne de pescado.

•Promover la capacitación, transferencia de tecnologías, instalación o rehabilitación de infraestructura.

•Ampliar la asistencia técnica para incrementar la base productiva.

•Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura y el recurso acuático en las regiones rurales.

•Desarrollar e incrementar la acuacultura tecnificada.

•Incrementar los niveles de intensificación de los cultivos.

•Obtener estándares altos de sanidad acuícola en poblaciones acuáticas cultivadas.

Resultados positivos de un programa emergente interinstitucional a favor de la acuacultura, pueden impactar a estados como el mío, Hidalgo, que tiene grandes posibilidades de potenciar aún más esta actividad para avanzar más rápidamente en la mitigación del hambre y la marginación en diversas zona de la entidad.

Aquí algunos datos sobre la importancia de la acuacultura en mi estado.

Acuacultura y pesca en Hidalgo

- Se desarrollan en 77 de los 84 municipios es decir 92 por ciento.

- Existen registradas más 700 unidades de producción y 91 embalses en donde existe pesca de autoconsumo y comercial.

- El capital humano lo integran 3 mil 745 acuicultores y 866 pescadores.

- Hidalgo cuenta con excelente desempeño, se producen en promedio 6 mil 291 toneladas anuales de productos acuícolas y pesqueros y tiene lugares importantes en producción que lo destacan de las entidades sin litoral:

•Primerlugar de producción de tilapia

•Segundo lugar en producción total de los estados sin litoral

• Segundolugar en producción de carpa

•Cuarto lugar en producción de trucha

En suma, la aplicación de la política pesquera en nuestro país, aunado al trabajo de pescadores y acuicultores ha permitido en lo que va de esta administración del gobierno de la República, la producción de pescados y mariscos haya alcanzado ya un millón 752 mil toneladas, de las cuales 325 mil toneladas son obtenidas a través de la práctica de la acuacultura.

En 2015, el valor total de la producción pesquera y acuícola fue de 31 mil 489 millones de pesos, cifra que representó una tasa de crecimiento media anual de 18.3 por ciento en los últimos tres años.

La pesca es uno de los sectores del país con mayor dinamismo nacional, y en acuacultura en México se registra un ritmo de crecimiento de 12 por ciento anual desde hace tres años, mientras que la acuacultura a nivel mundial tiene un aumento del 6 por ciento. El producto interno bruto de las actividades primarias es de 3.1 por ciento y la pesca, caza y captura 9 por ciento.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados del país, para que implementen un programa emergente interinstitucional de impulso a la acuacultura, con objeto de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en cuerpos de agua, prioritariamente en las zonas marginadas de todo el país.

Fuentes

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para un mundo sin hambre

•https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=mBK4VKXtNMHFqAX9pID wDQ&gws_rd=ssl#q=investigacion+aplicada+y+transferencia+de+tecnologia+en+el +sector+pesquero+y+acuicola&start =10

• http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es -sobre-pesca-y-acuacultura

•http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es#tcN7014 4

•http://www.panoramaacuicola.com/articulos_y_entrevistas/2010/03 /10/un_innovador_model o_tecnologico_de_ informacion_y_comunicacion_para_transferir_la_tecnologia_a_la_acuacultu ra_.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— Senadora Carmen Dorantes Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DESISTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBRO DE DERECHOS DEL ÁREA NATURAL PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA BALANDRA, EN BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conanp a desistirse de implantar el programa de cobro de derechos del área natural protección de flora y fauna Balandra, en Baja California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas a desistir de la implementación del programa de cobro de derechos del Área Natural de Protección de Flora y Fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Balandra, localizada en el municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, misma que cuenta con una superficie total de 2,512-73-07.50 hectáreas, con dos polígonos generales; el polígono general Balandra, con una superficie de 2,250-14-79.00 hectáreas, dentro del cual se ubican cinco zonas núcleo, con una superficie total de 309-05-65.00 hectáreas, y una zona de amortiguamiento con una superficie de 1,941-09-14.00 hectáreas, y el polígono general Ensenada Falsa, considerado zona de amortiguamiento, con una superficie de 262-58-28.50 hectáreas.

La zona conocida como Balandra, ubicada en el Estado de Baja California Sur, representa un humedal costero rodeado de desierto sarcocaule perteneciente al Desierto Sonorense. Uno de los elementos que hacen de este sitio un espacio de gran importancia ecológica, son los manglares que rodean la laguna; estos sistemas de manglares en zonas áridas generalmente poseen una laguna costera, como es el caso de Balandra, con tres especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora mangle), seguido del mangle blanco (Lagunularia racemosa), y en la parte más alejada de la laguna, el mangle negro (Avicennia germinans), por lo que a nivel nacional estos ecosistemas resultan únicos.

El área de protección de flora y fauna Balandra posee una gran riqueza de especies de fauna y flora de gran importancia biológica y destaca por ser sitio de crianza, alimentación y protección para numerosos organismos, algunos de ellos de gran importancia económica para el país, como el camarón y los pargos, así como por ser sitio de anidación y protección para aves migratorias y residentes, algunas de ellas en peligro de extinción.

Dentro de esta área natural protegida existen zonas donde se pueden realizar actividades turísticas de bajo impacto ambiental por parte de los visitantes quienes se concentran en playa y áreas muy someras donde realizan actividades como observación de flora y fauna, nado y campismo, las cuales se deben realizar sin implicar modificaciones de las características o condiciones naturales originales, a fin de no interferir con los procesos ecológicos presentes.

Cabe mencionar que Balandra es un lugar de gran interés tanto para los sudcalifomianos, como para los visitantes del resto de la República y del extranjero, quienes visitan este lugar cuyo acceso por muchos años se ha mantenido como público, sin otros requisitos más que los del cuidado y la conservación del lugar, tales como la recolección de la basura que pudiera generarse por la visita o la no extracción de especies de la zona.

Sin embargo, recientemente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del área de protección de flora y fauna Balandra (APFF Balandra), anunció que iniciará la implementación del Programa de Cobro de Derechos de dicha Área Natural Protegida.

El anuncio de la instrumentación del cobro de derechos para uso, goce o aprovechamiento recreativo del área, despertó diversas manifestaciones por parte de la población, quienes consideran esta región como patrimonio natural de todos los sudcalifornianos, un espacio público que por muchos años han visitado cotidianamente y de forma gratuita, por lo que no están de acuerdo con el cobro para el acceso a este lugar.

En ese sentido, se solicita a la Conanp a que reconsidere la idoneidad de implementar el cobro de derechos en Balandra, pues hasta el momento, se trata de una zona cuya conservación se ha llevado a cabo mediante las acciones de la misma población que visita el lugar y que cumple con las reglas establecidas de no interferir con las condiciones naturales del lugar, llevando a cabo las actividades permitidas en orden y con apego al reglamento de la zona.

Por otro lado se anunció la exención del cobro de los residentes del municipio de La Paz, así como los menores de 6 años y las personas con discapacidad, lo que se considera que no es suficiente pues se trata de un lugar que visitan personas de todo el estado por lo que en caso de que se concrete la implementación del cobro de derechos, resulta necesario que se incluyan en dicha exención a los residentes de los cinco municipios del estado, siendo indispensable que se considere también la constitución demográfica del estado que implica que un número importante de la población proviene de otros estados y que aunque residan de forma permanente en Baja California Sur no cuenten con identificación oficial expedida por el estado.

Situación por la cual se solicita que se implementen mecanismos para que de concretarse el Programa de Cobro de Derechos se extienda la exención a todos los residentes de Baja California Sur y que se flexibilice la identificación de los mismos con otros documentos que acrediten la residencia de las personas en el estado, tales como comprobantes de domicilio de servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reconsiderar y en su caso desistir de la implementación del Programa de Cobro de Derechos en el área de protección de flora y fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en caso de aplicar el Programa de Cobro de Derechos en el área de protección de flora y fauna Balandra, en el estado de Baja California Sur, establezca la exención del pago a los residentes de los cinco municipios del estado. Así como a que flexibilice la identificación de los mismos con otros documentos que acrediten la residencia de las personas, tales como comprobantes de domicilio de servicios para el caso de los habitantes que residen en el estado de forma permanente pero que aún no cuentan con identificación oficial expedida por el estado de Baja California Sur.

Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

APOYAR LOS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL CAÑÓN DEL SUMIDERO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a apoyar los programas de reforestación para proteger y conservar el “árbol de Navidad” en el Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo ,al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Chiapas es el estado que más aportaciones ecológicas hace al país. Sus sorprendentes atractivos naturales hacen de Chiapas uno de los estados con mayor afluencia turística.

Chiapas es un destino muy particular, ideal para quienes gustan de experiencias llenas de contenido cultural, arqueología, ecoturismo y la contemplación de imponentes paisajes naturales.

La cascada que emana de una de las cuevas de la pared rocosa del Cañón del Sumidero, cuenta con 250 metros de altura, sus aguas han depositado al paso del tiempo carbonato de Calcio y creado una estructura geológica que sobresale en relieve de la pared del Cañón, que tiene la forma de un gigantesco árbol de navidad.

Las filtraciones y escurrimientos de la cascada han contribuido a la formación de humedad y nacimiento de vegetación como el musgo, lo que contribuye a que la formación rocosa tenga más parecido con un árbol de navidad. La vegetación de la pared que forma el Árbol de Navidad mide aproximadamente 750 metros de altura.

Este atractivo natural es considerado un símbolo emblemático en el Parque Nacional Cañón del Sumidero y de todo el estado de Chiapas: un monumento natural único en el mundo visitado cada año por miles de turistas.

En los últimos años el flujo de agua que alimenta a la gran cascada y emergente de una cueva ha disminuido progresivamente: en la época de lluvias el agua continúa cayendo, aunque en menor cantidad, y en otras estaciones del año el escurrimiento es mínimo hasta reducirse a cero, lo que ocasiona que la vegetación generada por la humedad se seque y se pierda.

Las causas de la disminución del flujo hídrico que alimenta la cascada son dos: la deforestación, que es el factor principal que afecta no solo a esta cascada, sino a diferentes áreas ecológicas en el estado; y el impacto antrópico en el altiplano y la progresiva obstrucción de carbonatos que se forman en el interior de la cueva, restringiendo la cavidad.

Esta problemática, es evidentemente un daño para el turismo y un riesgo ecológico para la flora y la fauna que encuentran en esta formación natural, su hábitat.

Rescatar la cascada “Árbol de Navidad” es una acción fundamental de infraestructura turística y ecológica, que permitirá a los turistas disfrutar de una belleza natural en todo su esplendor, todos los días del año.

La reforestación correctamente implementada es una alternativa para proteger y conservar no solo la permanencia del “Árbol de Navidad” sino la permanencia del Parque Nacional Cañón del Sumidero entero, la reforestación de áreas cercanas al parque puede traer beneficios al ambiente, tales como mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo de la erosión.

El proyecto bien implementado de reforestación se realizará utilizando especies autóctonas, es decir, especies nativas que existían en el área, ya que de esta manera se puede mantener el paisaje original, y lo más importante, revertir los daños causados anteriormente, con proyectos de reforestación correctos no se pone en riesgo a otras especies vegetales y animales que forman parte de los macro y micro hábitats que mantienen en equilibrio el ecosistema del Parque.

Para poder preservar la captación de agua que se vierte hacia el sistema de cuevas del Cañón del Sumidero, es necesaria la reforestación en la parte alta del Parque Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Chiapas para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, de manera conjunta y coordinada apoyen los programas de reforestación en ejidos cercanos al Parque Nacional Cañón del Sumidero para la protección y conservación de formación rocosa natural conocida como el “Árbol de Navidad”, presente en paredes del Cañón del Sumidero.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Comisión Permanente, el día 17 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FELICITA AL GOBIERNO DE COLOMBIA Y A LAS FARC POR LA FIRMA DEL ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE OFICIALIZA EL CESE AL FUEGO BILATERAL PARA ALCANZAR LA PAZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se felicita al gobierno de Colombia y las FARC por la firma el 24 de noviembre de 2016 del acuerdo mediante el que se oficializa el cese del fuego bilateral para alcanzar la paz en el país, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su calidad de integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron en 1964 en la selva del país latinoamericano con el objetivo de “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”, según asegura su carta fundacional.

Las FARC nacen tras una ofensiva del gobierno colombiano contra la “República de Marquetalia”, una comunidad autónoma creada por grupos armados comunistas y liberales en la selva colombiana. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín, apodado Manuel Marulanda o “Tiro Fijo” en honor a un líder comunista caído en combate. Este se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008.

En la década de los ochentas llega el cambio radical en el accionar de las FARC, que se transforma de pequeña guerrilla en una fuerza bajo el mando de un Estado Mayor y dividida en frentes y bloques. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando terreno desde la zona cordillerana hasta tomar la capital.

Segundo. La primera vez que las FARC se sentaron a negociar la paz fue en 1984 con el presidente Belisario Betancourt. Por primera vez un gobierno reconocía a la guerrilla como un interlocutor válido para buscar la superación del conflicto armado. Las FARC se comprometieron a suspender sus secuestros y formaron un movimiento político, la Unión Popular (UP). Tres años más tarde, la UP denunciaba el asesinato de más de 3.500 de sus miembros, incluyendo el de los candidatos a la presidencia Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, con lo cual se rompió el acuerdo.

El gobierno de César Gaviria (1990-1994) consiguió que algunos grupos guerrilleros participaran en la Asamblea Constituyente, pero el poder político siguió tratando a las FARC como un grupo de vándalos.

Andrés Pastrana (1998-2002) encabezó el llamado Proceso de Paz del Caguán, sin resultado.

En 2008 murió Tirofijo, que fue reemplazado por Guillermo León, alias Alfonso Cano, que fue abatido por el ejército en 2011. Entonces llega a la cúpula de las FARC Rodrigo Londoño, también llamado Timoleón Jiménez o Timochenko, que es quien se ha sentado en La Habana, Cuba a refrendar el acuerdo tras negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos que comenzaron en 2012.

Desde fines de 2012, la administración del presidente Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en La Habana un proceso de paz.

Las conversaciones desarrolladas durante cuatro años se basaron en una agenda previamente establecida de seis puntos generales.

Las FARC declararon un cese al fuego unilateral en julio del 2015, lo cual redujo la intensidad del conflicto armado. El gobierno suspendió los bombarderos aéreos.

El conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de aproximadamente 300 mil muertos y más de seis millones de desplazados durante casi 53 años de lucha.

Tercera. El 23 de junio de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sellaron el acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego, el paso previo para dar por terminado el conflicto armado y político.

El anuncio fue hecho por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, en presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, en esos momentos.

El fin de la violencia firmado en La Habana pretende poner un punto final a un relato regado por el dolor de más de seis millones de víctimas, pero que supone una grieta en la sociedad colombiana difícil de remediar, iniciando un paulatino abandono de las armas de los rebeldes y su reincorporación a la vida civil. .

El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refiere a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y contra quienes amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Se alcanzaron acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla y lucha conjunta contra el narcotráfico., atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional.

Sin embargo, este proceso tiene que ser completado y para ello ha debido surcar varias etapas.

El 2 de octubre de 2016, el acuerdo fue sometido a un referéndum en donde el 50.2% de decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. La abstención, de más del 60%, y la pésima imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación. La posibilidad de participar en política de los líderes guerrilleros y el hecho de que ninguno pagará cárcel siempre y cuando reconozca sus crímenes ha sido la piedra angular de la campaña, a sabiendas de que la mayoría de los colombianos, incluso entre los votantes del sí, no lo ven con buenos ojos.

A fin de salvar este escollo, con voluntad política, talento e imaginación el gobierno de Colombia emprendió nuevamente pláticas con la oposición y volvió a la mesa con la guerrilla para hacer ajustes. Esto dio como resultado modificaciones al acuerdo de paz, para que las FARC dejen las armas en seis meses y sus siete mil combatientes formen un partido político para acabar el conflicto.

Dicho acuerdo fue firmado el jueves 24 de noviembre de 2016, por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño en ceremonia celebrada en Bogotá.

Así mismo se transitó por una ruta legislativa para aprobar el acuerdo de paz a través del Congreso en ese país, el cual fue finalmente aprobado el miércoles 30 de noviembre de 2016.

Cuarta. El calendario fijado para la desmilitarización y entrega de armas se ha iniciado con la puesta en marcha de 19 zonas de desmilitarización y 7 campamentos donde se agruparán los contingentes de las FARC.

El 4 de enero de 2017 el Presidente Colombiano en rueda de prensa confirmó “La voluntad de todos es acelerar al máximo para cumplir cronogramas de dejación de armas”1yllamó a superar las dificultades que se han presentado en las zonas de agrupación de las FARC.

Anunció soluciones en materia de salud, construcciones de campamentos e intervención de vías han sido respuestas rápidas a dificultades presentadas; hizo precisiones sobre costos de alimentación para miembros de las FARC, extensión de las zonas veredales y resaltó la disminución de la violencia en las fiestas de fin de año.

También informó el Mandatario, que tuvo la ocasión de reunirse con miembros del Secretariado de las FARC para discutir algunos de los temas y ahí “se tomaron decisiones importantes para acelerar muchas de las decisiones que nos permitan comenzar la movilización de las FARC hacia las zonas veredales a la mayor brevedad posible”.

“Uno de esos acuerdos es que vamos a suministrarles a todas las zonas veredales los materiales para que esa construcción se haga por parte de las FARC” lo más pronto que se pueda. Así mismo, indicó con respecto a los alimentos que se suministran a los guerrilleros que en el informe que le fue entregado “me han señalado que se han entregado alimentos a 5.900 hombres de las FARC, todos en buen estado, salvo un problema con unas latas de conserva que afectaron a dos personas”. Advirtió que no hay comidas preparadas como se ha divulgado, solo “víveres es lo que se entrega”. “La alimentación diaria cuesta 16 mil pesos por hombre”, precisó.

En materia de salud el Jefe del Estado informó que “más de 2 mil 500 miembros de las FARC ya están afiliados al Sistema Subsidiado de Salud”. Añadió que se vienen organizando unas brigadas en los puntos de preagrupamiento hoy establecidos, y en los que se han reportado 48 casos de enfermos particulares y todos los 48 casos han sido atendidos de forma oportuna.

Igualmente indicó que en el país hay 19 zonas veredales, 7 puntos transitorios de normalización en 25 municipios de 14 departamentos. “En promedio una zona tiene 11 kilómetros cuadrados de extensión y todas las zonas juntas, este es un dato importante, no suman más 300 kilómetros cuadrados”. Y añadió que el 80 por ciento de estas zonas no cuenta con acueducto y el 50 por ciento red eléctrica, también afirmó que en materia de vías deben intervenirse cerca de 346 kilómetros, trabajo ya iniciado por los ingenieros militares que llevan casi 88 kilómetros intervenidos.

En materia de instalaciones de las sedes el Presidente informó que hay 24 operando, 20 instaladas y 4 son temporales. También precisó que hay 58 observadores en todo el país, 264 observadores en las sedes regionales y 225 observadores en la sedes locales, y ya se “han entregado todos los vehículos que se requerían, 93 vehículos para el mecanismo de monitoreo y verificación y 75 vehículos para protección del mecanismo”.

Informó, además, que 77 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicados en su totalidad. El Presidente afirmó que tanto los alcaldes de Mesetas y de Vistahermosa como los voceros de las juntas de acción comunal “resaltaron cómo ha mejorado la seguridad”.

“Acabamos de tener la Navidad y el Año Nuevo con menos muertos en la historia reciente de Colombia, por cuenta de algún tipo de enfrentamiento con las FARC no hubo un solo muerto”. “Es un momento para Colombia, el más esperanzador, el mundo entero así lo ha dicho”, indicó el Mandatario.

“Los invitó a todos a seguir acompañando con todo entusiasmo este proceso que nos llevar a hacer de Colombia ese país que todos nos merecemos”, puntualizó el Presidente Santos.

Quinta. Es de relevancia promover la paz como instrumento para la convivencia adecuada de los pueblos y las naciones, con el fin último del progreso conjunto de la humanidad en armonía con su entorno y medio ambiente.

Solo la Paz podrá garantizar la mejora de las condiciones e infraestructuras sanitarias, la seguridad alimentaria de los pueblos, y ofrecer oportunidades para potenciar el sistema educativo de niños y niñas en igualdad de condiciones.

Es necesario renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.

Finalmente considerando que los principios históricos de la política exterior mexicana se encuentran establecidos la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se establecen como principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, y con la finalidad de contribuir a la paz en Colombia, con la consiguiente estabilidad en la región sud continental, lo que contribuye a la inversión y el desarrollo de los pueblos.

Es de suma importancia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como órgano del estado mexicano, contribuya a la misma, a través de un pronunciamiento institucional del poder legislativo, saludando los esfuerzos que se dan en la nación Colombiana a fin de obtener una Paz duradera.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda y envía una felicitación por el histórico convenio firmado el pasado 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, representadas por el comandante Rodrigo Londoño, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en Colombia.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Jalisco a hacer públicos los motivos que le impiden o limitan a celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En términos generales abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

En Jalisco se considera persona con discapacidad a todo ser humano que tiene ausencia, disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o total que le impida o dificulte su pleno desarrollo e integración efectiva en el medio que lo rodea, de manera temporal o permanente, según lo descrito en la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.

Es importante destacar que el tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más importante del siglo XXI lo constituye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Convención, nuestro país se ha comprometido a adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

A fin de dar atención a lo dispuesto en la Convención en comento, se publicó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD) en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

En el PNDIPD se estableció que tanto gobiernos estatales como municipales incorporaran los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública a través de impulsar acciones en las entidades federativas y los municipios para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).

En el caso de Jalisco no existe información pública que acredite la existencia de un diagnóstico Estatal sobre las Personas con Discapacidad que sea reciente.

De manera pública se puede consultar el Diagnóstico y Pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco emitido por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco de fecha 28 de agosto de 2012, en que se da a conocer el nivel de cumplimiento de los diversos entes públicos en el estado, en relación a los lineamientos dictados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a esa fecha.

No obstante, como lo referí con anterioridad el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 exhorta a todos los estados de la República incluyendo al de Jalisco a adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que le permitan hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el gobierno de Jalisco al día no ha atendido lo siguiente:

a) Celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), siendo este el marco jurídico indispensable para facilitar la implantación y cumplimiento de los lineamientos del PNDIPD 2014-2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

b) Hacer públicos los avances sobre la armonización de la legislación estatal con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

c) Dar máxima publicidad a las acciones que el gobierno estatal ha emprendido y, en su caso, los logros conseguidos en el aseguramiento del cumplimiento de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco.

d) Difundir los progresos en establecimiento de protocolos para investigar casos de violencia contra las personas con discapacidad, que incluya la implementación de un registro de la condición de discapacidad, en cada una de las instancias de atención a víctimas de violencia.

e) Dar a conocer los adelantos anuales en el desarrollo o en su caso de la implementación del registro estatal de personas con discapacidad.

Ante lo expuesto, es necesario que el gobierno de Jalisco dé a conocer si las personas con discapacidad que radican en el estado se les garantizan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en esa entidad federativa.

Lo que expreso es necesario ya que anualmente en Jalisco se ejercen recursos bajo conceptos de ayuda para el bienestar de los jaliscienses a través de entrega de los denominados Bienevales para Personas con Discapacidad bajo el argumento de innovar la atención a este grupo de la población cambiando los apoyos funcionales por transferencias monetarias para reducir la vulnerabilidad por ingresos sin que esto pueda ser considerada una medida efectiva, oportuna o necesaria de acuerdo a las condiciones de este sector vulnerable de la población ni que esto contribuya a transparentar el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior, considero necesario exhortar al gobierno de Jalisco a fin de acredite los avances y las acciones que ha implantado ante los compromisos que el gobierno mexicano ha suscrito para la plena inclusión de la población con discapacidad y describa los motivos que le han impedido establecer un Convenio de Colaboración con el Conadis en beneficios de las personas con discapacidad en el estado.

En la actualidad no puede existir en el Ejecutivo estatal desinterés por adoptar y transparentar medidas que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

En conclusión, sin información pública que se pueda contrastar, el Gobierno de Jalisco retrasará el cumplimiento de la plena inclusión de la población con discapacidad en México según lo acordado en la resolución A/68/L.1 de las Naciones Unidades, la inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año9, misma que nuestro país suscribió.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco a que haga públicos los motivos que le impiden o limitan a celebrar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, considerando este el marco jurídico indispensable para facilitar la implementación y cumplimiento de los lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y dar máxima publicidad a los avances sobre la armonización de la legislación estatal con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los adelantos en el establecimiento de los protocolos para investigar casos de violencia contra las personas con discapacidad, que incluyan la implementación de un registro de la condición de discapacidad, en cada una de las instancias de atención a víctimas de violencia y finalmente, la evolución anual en el desarrollo o en su caso de la implantación del registro estatal de personas con discapacidad.

Notas

1 Discapacidades, disponible en

http://www.who.int/topics/disabilities/es/, consultado el 5 de enero de 2017.

2 Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco, disponible en

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busqued asleyes/Listado.cfm#Leyes, consultada el 5 de enero de 2017.

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

4 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha =30/04/2014, consultado el 5 de enero de 2017.

5 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 5 de enero de 2017.

6 Diagnóstico y Pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco emitido por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco de fecha 28 de agosto de 2012, disponible en

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/pronunciamientos/2012/Diagn ostico_y_Pronunciamiento_discapacidad_jal.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

7 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en

https://www.gob.mx/conadis, consultado el 5 de enero de 2017.

8 Bienevales para Personas con Discapacidad, disponible en

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependen cia/20, consultado el 5 de enero de 2017.

9 Resolución A/68/L.1 de las Naciones Unidades, la inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9654/Resolucion- Objetivos-del-Milenio.pdf, consultado el 5 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

REALIZAR MENCIÓN MERITORIA A LAS Y LOS PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas locales a realizar mención meritoria de los profesionales de la enfermería, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y a los 32 congresos locales, a realizar mención meritoria en honor a las y los profesionales de la enfermería, en su próxima sesión, con motivo del Día de la Enfermera, celebrado el pasado día 6 de enero.

Exposición de Motivos

El médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México, instituyó en el año 1931 el Día de la Enfermera, quien calificara en ese momento la presencia de las enfermeras como un “Regalo de Reyes” para los pacientes.

Por decreto presidencial, el titular del Poder Ejecutivo federal otorga a las y los profesionales del ramo de la enfermería diversos reconocimientos entre los que se pueden destacar los siguientes:

• Reconocimiento al Desempeño, desde 1998.

• Reconocimiento al Mérito en Enfermería Graciela Arroyo de Cordero, desde el año 2006.

• Reconocimiento en Enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido, desde el año 2008.

• Reconocimiento en Enfermería María Suárez Vázquez, desde el año 2012.

Estos reconocimientos se otorgan para resaltar las aportaciones científicas y humanísticas de la enfermería como parte fundamental de la mejora continua de la calidad y seguridad de los pacientes.

El Día de la Enfermera se celebra en México el día 6 de enero de cada año a partir de haber sido instituido y esta fecha no debe observarse únicamente como una efeméride más, considero que debemos ir más allá, celebrando en esta Comisión Permanente y en cada uno de los congresos estatales, un reconocimiento a todas y todos los profesionales de la rama de la enfermería, mediante un homenaje a quienes con su disposición, empeño, calidad humana y vocación de servicio, se dedican día a día a proveer no sólo cuidado a los enfermos, sino también compañía, calidez y sensibilidad.

Lo mismo la auxiliar de enfermería, que la enfermera general o las enfermeras especialistas y jefes de piso, todas y todos se esmeran en que los pacientes tengan calidad de vida e incluso aquellos que se encuentran en procesos de fase terminal, no quedan al margen del cuidado y buen trato de las y los enfermeros y no únicamente los pacientes son quienes reciben el buen trato, lo reciben igualmente los familiares de los enfermos quienes por el padecimiento de sus enfermos también ven mermadas sus condiciones de salud.

No existe una sola persona que en su tiempo de vida no se haya cruzado con una o un enfermero, lo mismo en una cita de rutina con su médico general, como igualmente se produce con la visita a algún médico especialista.

Todos en alguna ocasión hemos recibido por parte de estos profesionales de la enfermería, su atención y cuidado.

Las y los enfermeros se convierten en nuestros vigilantes de salud, algunos en compañeros de la soledad tanto del paciente como de sus familiares cuando éstos son tratados en lugar externo a sus lugares de origen o residencia y para estos casos siempre tenemos la palabra cálida, la palmada en el hombro, detalles que significan dosis de atención respeto y cariño que permiten continuar en la lucha por la recuperación de la salud.

El medio informativo en línea El Mañana,, nos refiere en su edición del 9 de enero de 2017, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermería abarca atención autónoma y colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.

Igualmente indica que en nuestro país, instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrecen la carrera de enfermería, sin dejar de mencionar las escuelas de nuestras fuerzas armadas.

Por otra parte señala que de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, hay casi 300 mil enfermeras y enfermeros, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que de cada cien profesionales de enfermería 85 son mujeres.

Asimismo, por cada 100 personas con esta ocupación, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en enfermería.

Finalmente nos indica que a través de la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT) 2013 del Inegi, revela que la enfermería es la segunda ocupación más respetada y valorada por la sociedad mexicana, sólo detrás de los bomberos.

Grandes tragedias han sacudido a nuestro país y de ellas conocimos cómo muchas enfermeras fallecieron con el lamentable terremoto de 1985 mientras intentaban evacuar algunos de los nosocomios de la Ciudad de México.

Otras tantas se quedaron ahí para ayudar al rescate de sus compañeros y de sus pacientes y familiares.

Tal como lo refiere la Presentación Dorada de Enfermería en Desastres, de la publicación Supercourse de Epidemiology, The Internet and Global Healt traducida al español por el doctor Nicolás Padilla Raygoza, Departamento de Enfermería y Obstetricia, División Ciencias de la Salud e Ingenierías, coordinador de Apoyo a la Investigación y Posgrado, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato, México y por la doctora Laura Ruiz Paloalto, Departamento de Enfermería Clínica, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato México, así como por la MIE Rosalina Díaz Guerrero, Departamento de Enfermería y Obstetricia, División Ciencias de la Salud e Ingenierías, secretaria Académica Campus Celaya Salvatierra Universidad de Guanajuato, México.

“La enfermera es el principal profesional de la salud de primer contacto con la comunidad.

Tienen conocimiento excepcional de las poblaciones más vulnerables y esta información puede ser inmediatamente usada en un desastre.

Enfermería reconoce el impacto físico y psicosocial de los desastres sobre el bienestar de los individuos, familias y comunidad.

La enfermera trata no sólo con el stress físico de un desastre, sino potencialmente, más importante, con el temor, peligros, stress e incertidumbre de los desastres.

Enfermeras en desastres, ofrecen apoyo y ayuda a la población y ganan confianza en la reconstrucción de sus vidas y vivir en tiempos difíciles. Entendiendo y encontrando un significado al sufrimiento ayuda a reducir el impacto y a sanar sobre la salud física.”

Las instituciones del Sector Salud reconocen cada día 6 de enero a las y los profesionales de la enfermería que prestan sus servicios en ellas, el Ejecutivo federal igualmente lo hace con los reconocimientos antes ya precisados.

En razón de lo anterior, presento la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente dentro del ámbito de sus atribuciones exhorte a todos y cada uno de los congresos locales para que en su próxima sesión hagan mención meritoria a todas y todos los profesionales de enfermería.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 congresos locales para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen mención meritoria a todas y todos los profesionales de la enfermería de cada uno de los estados, por la importante labor que diariamente desempeñan en el cuidado y atención que brindan a los pacientes en sus distintos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realiza mención meritoria en homenaje a todas y todos los profesionales de la enfermería quienes en su diaria actividad en sus centros de trabajo se destacan por brindar con calidez el cuidado y atención a los enfermos que la requieren.

Notas

1 http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dia-de-Ia-enfermera- 2013

2 http://www.elmanana.com/enfermerasapoYOincondiCionaldelospacientes-3568445.html

3 www.bibalex.orglsupercourselsupercoursePPT/39011-40001139651. ppt

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

RECHAZAR LA POSICIÓN DE INJERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA VIDA INTERNA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se rechaza la posición injerencista de Estados Unidos de América en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela, suscrita por las senadoras María de la Luz Beristáin Navarrete y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, senadoras Dolores Padierna Luna y María de la Luz Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos , rechaza la posición de injerencia de los Estados Unidos de América en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela, al emitir la Orden de Continuidad, primero por un año más, del Decreto Ejecutivo de “Declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela” suscrita desde el 9 de marzo de 2015 por el Sr. Barack Hussein Obama II, así como la extensión de la misma hasta el año 2019,con base en las siguientes consideraciones:

Antecedentes

El pasado 7 de abril de 2015 el honorable Senado de la República conoció de la proposición con punto de acuerdo, fundamentando la necesidad de que emitiera un acuerdo de conformidad con los principios rectores de la política exterior de México, principalmente el de la no intervención en los asuntos de otro Estado, rechazando la acción injerencista de Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela con base en la Orden Ejecutiva (decreto) suscrita el 9 de marzo de 2015 por el señor Barack Hussein Obama II, partiendo de los Principios del Derecho Internacional, sobre todo, al principio de la igualdad jurídica de los Estados, a efecto de exhortar respetuosamente al señor Barack Hussein Obama II a derogar dicha Orden. En el mismo tenor, se solicitó que en ese acuerdo, nos pronunciáramos por el más irrestricto respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresar, a la vez, nuestro rechazo a la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014por su claro sentido injerencista en los asuntos internos de Venezuela, además de reiterar el acoso diplomático y económico en contra de un gobierno por demás legítimo y que cuenta con el respaldo de su pueblo. Se trata de una acción unilateral que atenta contra la soberanía de una nación. Y eso, es inadmisible. Estados Unidos de América no tiene jurisdicción para sancionar y promulgar leyes en contra de Venezuela o de aplicar leyes de carácter extraterritorial, su actuación más que responder a los intereses democráticos, responden a intereses imperiales.

Antes de continuar con las consideraciones pertinentes, cabe señalar que en su momento, el honorable Senado de la República remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe dicha Proposición, sin que a la fecha se haya presentado dictamen alguno y como consta en la página oficial del Senado, se señala expresamente lo siguiente: Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Se mantiene en comisiones, por acuerdo de la mesa directiva (04-02-2016)” Es decir que prácticamente cumpliendo un poco menos de dos años de su presentación, todavía se desconoce la razón de por qué la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, no ha presentado el dictamen correspondiente a la soberanía del Senado, por ello y dada la circunstancia actual de la Orden de Continuidad y de extensión (marzo y abril de 2016) amerita sea la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Siguiendo con nuestra exposición y, volviendo al hecho de la extensión de la Orden Ejecutiva bajo el nombre Declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela;es de mencionar que el argumento de los Estados Unidos de América estriba en que Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad” y lo señala así, el país que se presupone es primera potencia mundial por cuanto hace a su poderío militar, riqueza económica, y desarrollo tecnológico. ¿Cómo un país como Venezuela podría suponer algún tipo de amenaza a la primera potencia nuclear del planeta? La declaración de una “emergencia nacional’ es una herramienta con la que cuenta el presidente estadounidense para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Un análisis nada exhaustivo muestra cómo el verdadero interés de la política estadounidense estriba en las grandes reservas petroleras de Venezuela y su posición geopolítica, sobre todo considerando que el gobierno nacional venezolano, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, han hecho de su principal recurso natural, una política nacional en el ejercicio de su propiedad. La Revolución Bolivariana convirtió al petróleo en un instrumento para consolidar la integración y unión regional, no sólo a nivel de gobiernos y Estados, sino materializando la tan ansiada integración de los pueblos.

El petróleo en suelo venezolano y sus derivados, son propiedad de la nación, no pueden ni podrán ser privatizados jamás. Ahora bien, no es casual este inusitado interés de los Estados Unidos de América en Venezuela, que tiene la mira puesta en la región, dado que su estrategia imperial apuntala a la Amazonía, al Acuífero Guaraní, a los hielos continentales, a las reservas de petróleo y minerales, a la biodiversidad y las condiciones para la reproducción de la vida que tiene la América Latina y El Caribe.

Pese a todas y cada una de las consideraciones expuestas en la proposición, mismas que además recogen la posición que la mayoría de países de nuestro continente, así como de otras partes del mundo, además de las pronunciamientos de los Organismos Regionales Internacionales como el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (New York, 16 de marzo de 2015), la Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP, 17 de marzo del 2015) el Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas, Mitad del Mundo, Quito (14 de marzo de 2015).En este orden de ideas y con el mismo espíritu que las declaraciones anteriores, el pasado 20 de marzo de 2015, se emitió en Nicaragua, la Declaración de Managua, en la cual, múltiples Movimientos Sociales, Laborales y Cooperativos de América Latina y el Caribe reunidos en Managua, Nicaragua, con motivo del 86 Aniversario del Lanzamiento del Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, escrito por el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, expresan su respaldo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, así como suscriben la Declaración Final de la Cumbre del ALBA-TCP y agrega “4. Que los Movimientos Sociales y Sindicales de Nuestra América lucharemos para que nuestra región sea siempre una zona de paz y ...a rechazar el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que acusa a la República Bolivariana de Venezuela de ser una amenaza para su seguridad nacional, pues tal actitud atenta contra la paz y la estabilidad en la región.”

La Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales reunidos en la Universidad de Panamá entre los días 9, 10 y 11 de abril de 2015, con más de 3,500 delegados/as representando a centenares de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular expresaron firmemente su posición en contra de la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y que ya ha merecido el rechazo unánime de todos los países de Nuestra América. Como se acreditó en su momento con el Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en rechazo a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama, de ampliar las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. (New York, 16 de marzo de 2015).

Así como la Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela aprobada por las y los jefes de estado y gobierno que pertenecen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en su III Cumbre realizada en Costa Rica (enero, 2015).El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) al igual que lo hiciera el Grupo de los 77 más China, en esencia, todos estos países, México incluido, coincidieron y lo siguen haciendo como veremos más adelante, en expresar su profundo rechazo a la acción de los Estados Unidos de América, de expandir sus sanciones unilaterales contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No es causal, dicha Orden Ejecutiva suscrita por el Sr. Obama, tiene alcances extraterritoriales y afecta a terceros países, sobre todos a los que mantenemos relaciones comerciales con Venezuela.

Es de reiterar que México, en tanto país miembro de los Organismos Internacionales mencionados, además de ser partícipe, ha suscrito las distintas Resoluciones, Acuerdos y Pronunciamientos, lo que nos obliga como nación, a actuar en consecuencia, sobre todo, en este caso, al tratarse de una posición compartida, principalmente de los países de la región, al reiterar que América Latina y El Caribe es Zona de Paz (II Cumbre de la Celac, La Habana, Cuba, 2014) y las implicaciones de una Orden Ejecutiva con carácter injerencista y extraterritorial como la suscrita por el señor Barack Obama, constituye una estratagema no convencional en contra de una nación soberana, además de afectar a terceros países.

Por otro lado y de la misma manera, millones de ciudadanos y ciudadanas de todas partes del mundo, firmaron en contra de la Orden Ejecutiva suscrita por el señor Barack Obama, demandado su inmediata derogación. 13.447.651 firmasfueron recabadas, cerca de 10.420.000tan sólo en Venezuela, mismas que fueron certificadas por el Consejo Nacional Electoral de dicho país. Ello como resultado de la campaña que internacionalmente se realizó desde el 19 de marzo de 2015 y a la que desde México, se sumaron cerca de cincuenta y cuatro mil firmas de apoyo, todas que fueran entregadas al Presidente Obama por la vía diplomática en el marco de la Cumbre de las Américas (Panamá, 2015) en donde el Presidente Nicolás Maduro, le tendió la mano para resolver los asuntos entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela ha venido enfrentando desde hace casi 18 años, un continuo Plan de Desestabilización, profundizado en estos recientes años de mandato legítimo del presidente Nicolás Maduro, que continúa enfrentando esta Orden Ejecutiva ahora con la extensión de un año y a punto de que el próximo mes de marzo de 2017, el nuevo Presidente norteamericano, Donald Trump, endurezca aún más la política de su país en contra de los gobiernos progresistas como el de Venezuela, sobre todo considerando que la extensión a dicha Orden Ejecutiva se dio mediante una Orden de Continuidad. En efecto, el pasado 3 de marzo del año en curso, el todavía presidente de Estados Unidos de América emitió una Orden de Continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, con el argumento de que la situación de Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos [de América] “, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”, así y mediante esta Declaración de emergencia puede aplicar unilateralmente sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso, al tiempo que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas”.

Es claro entonces que se trata de otra maniobra de Estados Unidos de América que, al entrometerse en la vida interna de otro país soberano y cuestionar a la institucionalidad del mismo, pretende subvertir el orden constitucional y se actúa en detrimento de los Principios del Derecho Internacional.

Las reacciones sobre la Orden de Continuidad no se hicieron esperar, nuevamente, los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos; La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas emitió un Comunicado Oficial sobre la decisión de prorrogar el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, rechazando la decisión de prorrogar por un año la vigencia del Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, porque, tal como fuera señalado por el Consejo de Cancilleres de la Unión el 14 de marzo de 2015, “...constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.” Igualmente, quienes integran el G77+China aprobó un comunicado en apoyo a Venezuela y en rechazo a la renovación de las sanciones unilaterales impuestas por EUA., tan sólo por mencionar algunos casos de respaldo a Venezuela y contra las acciones unilaterales y violatorias del Derecho Internacional por parte del vecino país del norte, tendiente a la desestabilización de ese país hermano.

Al igual que en 2015, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y sus Estados asociados rechazaron la decisión de los Estados Unidos de América de prorrogar por un año el decreto de “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela. De la misma manera, el Movimiento de Países No Alineados, el pasado 11 de marzo del año en curso, declaró que dicha acción era “una medida desproporcionada” al tiempo que reiteró su firme respaldo a la soberanía, integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo porque implica la renovación de las medidas restrictivas unilaterales en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo por lo que hace al pronunciamiento oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) Tal cual fue la posición del Grupo de los 77 más China que, en marzo de este año. Este Grupo conformado por 134 países, deploró la decisión del gobierno norteamericano contra Venezuela, al contravenir la Declaración adoptada en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del referido grupo que rechaza “imposición de leyes y reglamentos como impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluyendo las sanciones unilaterales contra países en desarrollo”.

Más allá de esos apoyos demostrado a nivel internacional y que se han materializado en declaraciones y Resoluciones, es de suma importancia destacar que en la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, en abril de 2015, se planteó la discusión del Decreto, destacando que todos los países condenaban la firma del Decreto Ejecutivo, incluyendo México, aún más, el mismo presidente Barack Obama tuvo que declarar que Venezuela no era una amenaza para los Estados Unidos de América, sin embargo, nunca se realizó la derogación del Decreto u Orden Ejecutiva, y un año después, en este 2016 se amplió y profundizó. El presidente Obama una vez más mintió a la comunidad internacional.

A mayor abundancia, el pasado mes de abril de 2016, el Senado estadounidense, a propuesta del Comité de Relaciones Exteriores aprobó un proyecto de ley que extiende hasta 2019 las sanciones aplicadas por dicha nación a funcionarios del Gobierno de Venezuela. Un proyecto de ley impulsado por el derechista republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, quienes por cierto, retuvieron desde 2015 la designación de Roberta Jacobson como embajadora estadounidense en México, con el fin de que la Casa Blanca le diera “prioridad” al tema de Venezuela. Es así que el 28 de abril de 2016, el Senado estadounidense, aprobó dicha extensión de sanciones contra funcionarios venezolanos hasta 2019 inclusive, la ley que congela sus activos en territorio estadounidense, unas restricciones ya vigentes que de otra forma expirarían a finales de este año.

De esa manera, el Senado norteamericano ha remitido a la Cámara de Representantes, para su dictamen posterior, la iniciativa para extender la terminación de las sanciones con respecto a Venezuela bajo la Ley de Defensa de Venezuela de la Sociedad Civil de 2014 Derechos Humanos denominada “Texto de la Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016” (29 de abril de 2016).Con esta acción, Estados Unidos de América muestran su verdadero interés, pese a que sus sanciones no tienen efecto práctico en cuanto a supuestos capitales de ningún funcionario del gobierno de la Venezuela Bolivariana, máxime que las decisiones de un país extranjero, de acuerdo a la norma constitucional de Venezuela, no son ni aplicables ni vinculantes en modo alguno. Se trata entonces de generar –internacionalmente,- la idea de que Venezuela es un país que merece ser intervenido, bien de manera diplomática como ahora y quizá militarmente, y sus recursos naturales como el petróleo, saqueados. Precisamente porque aunado a la Orden o Decreto Ejecutivo, pretenden además aislar internacionalmente a Venezuela, descalificando su gobierno y generando un clima propicio para la intervención de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) e incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Es evidente que el gobierno federal norteamericano no ha cejado en su idea pretenciosa de que la América Latina y El Caribe, sigue siendo su “patio trasero”. La política agresiva de la nación norteamericana contra Venezuela es también contra el resto de los países del continente que cuentan con gobiernos nacionales surgidos de las izquierdas y el progresismo, pues en su intención, no hay otro fondo que volver a tener un control geopolítico de la región, algo parecido a la década de los setentas, cuando edificaron dictaduras genocidas alineadas incondicionalmente con sus afanes imperialistas.

La extensión de la vigencia de dicho Decreto u Orden Ejecutiva, refrenda la hostilidad de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela y de todos los pueblos del mundo que en busca de su soberanía e independencia encuentran en el imperialismo estadounidense su principal enemigo; se instituye, en este sentido en una especie de declaración ofensiva, directa y un claro indicio de peligro para los países de la región, dada la campaña de desprestigio contra el gobierno de Nicolás Maduro con la pretensión de debilitar la soberanía popular, desconocer los logros de la Revolución Bolivariana en estos 17 años de gobierno y alentar las acciones desestabilizadoras impulsadas desde la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con la intención de derrocar al Presidente Nicolás Maduro desestabilizando al país.

Resulta por demás contradictorio que el gobierno federal norteamericano reitere su pretensión de sancionar a Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando es el propio gobierno estadounidense el que, ha sido evaluado por su incumplimiento en la materia. Tan sólo en 2015, los Estados Unidos de América formaron parte de la lista de naciones evaluadas por su mal desempeño en el tema por 47 países en Ginebra (Suiza), durante la Vigésimo Segunda sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

Como se aprecia, Venezuela no está sola y esta Soberanía no puede ni debe dejar de fijar su posición de respeto a los Principios de soberanía, no injerencia y de libre autodeterminación de los pueblos, pues como anoté en la Proposición interpuesta en abril de 2015 ante el honorable Senado de la República, y relativa a la presente, “de esa manera, cualquier conflicto interno sea de Venezuela o de cualquier nación del orbe, debe ser resuelto en el marco de sus respectivas normas constitucionales y por sus propias sociedades sin la injerencia de potencia o Estado extranjero alguno.”

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía se apruebe el presente acuerdo como de urgente y obvia resolución:

Primero:La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a los Principios rectores de la política exterior de México, principalmente el de la No intervención en los asuntos de otro Estado, se pronuncia enfáticamente por rechazar la acción injerencista de Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela con base en la Orden Ejecutiva suscrita el pasado 9 de marzo de 2015 por el señor Barack Hussein Obama II así como la Orden de Continuidad que extiende un año más las sanciones contra Venezuela de marzo de 2016 y la extensión sobre la misma de abril de 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, principalmente el relativo a la igualdad jurídica de los Estados, exhorta respetuosamente al señor Barack Hussein Obama II a derogar la “Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela” así como en base al irrestricto respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, expresa su rechazo a la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014por su claro sentido injerencista en los asuntos internos de Venezuela y su clara implicación de efectos extraterritoriales, así como la Orden de Continuidad de marzo de 2016 y de extensión de abril del año en curso (Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016)

Tercero.Remítase el presente acuerdo a través de la Cancillería mexicana al gobierno federal de los Estados Unidos de América.

Notas

1 Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de marzo del 2015

2 Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Mitad del Mundo, Quito, 14 de marzo de 2015.

3 Declaración de Managua. 20 de marzo de 2015.

4 Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en rechazo a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama, de ampliar las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. New York, 16 de marzo de 2015.

5 Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela. III Cumbre de CELAC, Belén, Costa Rica. 29 de enero de 2015.

6 Comunicado Especial de ALBA, Caracas, Venezuela. 8 de marzo de 2016

7 Comunicado Oficial, Secretaría General de UNASUR, Mitad del Mundo, Quito, 4 de marzo de 2016

8 MERCOSUR, Comunicado oficial del 2 de abril de 2016

9 Movimiento de Países No Alineados 11 de marzo de 2016

10 Comunicado especial del ALBA-TCP sobre la extensión de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, mayo de 2016

11 G77+ China rechaza sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, marzo de 2016

12 Texto de la Defensa de Venezuela Ley de derechos humanos y la extensión de la Sociedad Civil de 2016 (Número de Ley: S. 2845 del 29 de abril de 2016

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de enero de 2017.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

QUE SE EMITA UN BILLETE CONMEMORATIVO POR LOS 100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo por los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Lotería Nacional, licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, a que se expida un billete de lotería, a fin de conmemorar los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2017, se conmemorará el primer centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ese texto fundacional, significó sin duda alguna, un enorme avance para tutelar los derechos fundamentales de todos los mexicanos, modificando y perfeccionando la Constitución promulgada en 1857.

La Constitución de 17, plasmó las demandas enarboladas por las fuerzas revolucionarias que participaron en el movimiento armado que inició a finales de 1910, como respuesta, lo sabemos bien, a las enormes condiciones de desigualdad que aquejaban a la mayor parte de la población.

Los constituyentes que redactaron la Carta Magna tuvieron como premisa plantear las tesis más relevantes surgidas del más avanzado pensamiento social, a efecto de plasmar en la norma suprema la defensa irreductible de los postulados de reivindicación social que animaron la lucha armada.

El proceso no fue fácil. Después de largas deliberaciones, los constituyentes, poseedores de un enorme espíritu transformador se trazaron como objetivos centrales lograr un documento final donde se plasmaran, de manera clara y concisa, la orientación progresista que debía modificar el anquilosado pensamiento que caracterizó al régimen porfirista.

El resultado fue un texto constitucional que agrupó, de manera muy particular, los derechos esenciales de que debían disfrutar los mexicanos, tanto en beneficio de sus connacionales contemporáneos, así como de las generaciones venideras.

Reconocida como una constitución de avanzada y una de las precursoras de su tipo a nivel mundial, se convirtió en un sólido instrumento para sentar las bases de un México que inició el camino por un sendero de justicia social, además de generar las condiciones propicias para el surgimiento de instituciones sólidas y modernas que acompasaran las nuevas etapas por las que transitaría el país.

Por lo expresado es imprescindible conmemorar en su justa dimensión el pasaje histórico al que hemos hecho referencia, pues como se ha señalado reiteradamente, quien no conoce su historia, está condenado a repetir muchos errores.

Consideramos que una forma de recordar tan significativo episodio en la vida nacional, puede ser mediante la emisión de un billete de lotería que se una a los varios testimonios que, sin duda alguna, contribuirán a recordar su innegable importancia.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional, licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, director general, a que emita un billete de lotería conmemorativo de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS A LA SALUD DE LA POBLACIÓN, POR LOS RIESGOS DE INVERSIÓN TÉRMICA Y LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL AIRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se formula un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los efectos negativos a la salud de la población por los riesgos de inversión térmica y la concentración de contaminantes en el aire, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se realiza un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los impactos negativos a la salud de la población, por los riesgos de inversión térmica y concentración de contaminantes en la atmósfera durante la época invernal, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando, en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente y éste a su vez, enfría el aire en contacto con él, por lo que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior, lo que disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las dos capas de aire.

La inversión térmica se puede presentar en cualquier época del año, pero durante los meses de diciembre a febrero estas incidencias se presentan con mayor frecuencia, debido al frío y por ende a la capacidad de enfriamiento de la tierra y a las capas de aire más cercanas a ésta.

Este fenómeno natural, por sí mismo no es peligroso. El problema se presenta cuando se conjunta su presencia con emisiones contaminantes en determinado lugar, lo que implicaría efectos nocivos sobre la salud del ser humano y demás seres vivos.

Esto, porque el efecto de la inversión térmica en un lugar contaminado es la acumulación de dichos elementos contaminantes en una masa de aire estática, es decir, que no puede fluir hacía fuera del lugar donde está, generando la concentración de contaminantes de manera muy cercana al suelo, los que se van acumulando por el lapso que dure la inversión térmica. Ahí es donde se presenta el problema grave a la salud, ante la exposición directa de la población a altos índices de contaminación.

Como ya se dijo, en los presentes meses, debido a las bajas temperaturas propias de la época y al ingreso de los denominados frentes fríos, las afectaciones por concentración de contaminantes en las inversiones térmicas son mucho más comunes y peligrosas.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada de frío 2016-2017, se prevé el ingreso de al menos 50 frentes fríos a nuestro país. Disminución en la temperatura que se acentúa de mayor manera a partir de enero, lo que así se ha dejado sentir.

Si a ello agregamos la capacidad de emisiones contaminantes que por obvias razones tienen las grandes ciudades del país, el riesgo en ellas durante el invierno es evidente.

Este fenómeno ha comenzado a hacer presencia desde finales del mes de diciembre. Por ejemplo, en el Valle de México, entre los días 23 y 28 de diciembre se registró una inversión térmica a una altura de 450 metros, contribuyendo a la complicación en la dispersión de contaminantes. El pasado 3 de enero se repitió con una altura de 400 metros.

Recordemos que a principios del año pasado este fenómeno contribuyó a las contingencias ambientales por todos aquí conocidas, con los famosos “doble no circula”, por lo que debemos estar atentos y tomar medidas.

Y es que lamentablemente el invierno es la época del año en la que los factores meteorológicos y el aumento en la cantidad de emisiones provocan incrementos extraordinarios de partículas suspendidas, siendo los niños, adultos mayores y las personas con algún problema respiratorio o cardiovascular la población más sensible y susceptible a sufrir daños más severos a su salud.

Los efectos negativos más comunes por este fenómeno natural asociado con la contaminación son desde los catarros y gripes comunes, irritaciones oculares y de garganta, amigdalitis, sinusitis, resequedad en la piel, tos, dolor de cabeza, ataques de asma, bronquitis, laringitis y hasta la neumonía. Las complicaciones pulmonares son la principal causa de muerte.

Por ello, considero apremiante que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar que el escenario en materia de salud se complique en nuestro país.

Para disminuir los efectos nocivos en la salud causados por una inversión térmica, las autoridades sanitarias recomiendan principalmente, tratar de estar el menor tiempo posible en el exterior cuando se presenta este tipo de fenómeno, disminuir las actividades que requieran esfuerzo físico al aire libre, ya que esto aumenta la respiración y por lo tanto es mayor la cantidad de contaminantes que se inhalan.

Con la finalidad de contribuir a disminuir las emisiones, se recomienda reducir al estrictamente mínimo indispensable el uso del automóvil, incluso compartir el mismo con amigos y compañeros para asistir al trabajo o la escuela, por dar un ejemplo.

Además, el gobierno federal opera una red de instrumentos de medición y monitoreo de la calidad del aíre, que aunado a las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, dan la capacidad de determinar la intensidad y estimar la duración, en su caso, de una posible situación de peligro y la permanencia de una inversión térmica.

Medidas y elementos que de manera conjunta permitirían mitigar las afectaciones que estos fenómenos naturales asociados con las emisiones contaminantes ocasionarían a nuestra población, por lo tanto, la propuesta de que esa comisión se pronuncie a su favor, haciendo patente la preocupación al respecto.

Pronunciamiento que me permitiría proponer a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, al tenor de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta su preocupación por los riesgos a la salud que los fenómenos de inversión térmica y las concentraciones de elementos contaminantes en el aire podrían generar a nuestra población con motivo de su mayor incidencia en la temporada invernal; por lo que se pronuncia en favor de todas aquellas medidas preventivas que contribuyan a minimizar sus impactos.

Segundo. Por tal virtud, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que coordinadamente con los gobiernos locales, se mantenga e intensifiquen las acciones que resulten indispensables para prevenir incidencias que puedan afectar la salud de los mexicanos con motivo del incremento en las posibilidades de inversión térmica, tales como incrementar la difusión de las medidas preventivas mismas entre la población; exhortarle a contribuir con acciones que redunden en la disminución de emisiones contaminantes, realizar operativos de verificación sobre la generación de emisiones en fuentes contaminantes; así como, dar particular seguimiento a las labores de monitoreo de la calidad del aire.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a 17 de enero de 2017.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

CONCEDER EL INDULTO AL SEÑOR OSCAR LÓPEZ RIVERA, PRISIONERO POLÍTICO PUERTORRIQUEÑO, POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de Estados Unidos de América a indultar al prisionero político puertorriqueño Óscar López Rivera, suscrita por las senadoras María de la Luz Beristain Navarrete y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, senadoras Dolores Padierna Luna y Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno federal y al presidente de los Estados Unidos de América, señor Barack Hussein Obama II, a fin de conceder el indulto al señor Óscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Habida cuenta de que el 9 de junio de 2015, esta soberanía aprobó el dictamen mediante el cual la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera, al tiempo que respetuosamente y por la vía diplomática conducente, se hiciera el exhorto al gobierno federal de los Estados Unidos de América, a fin de obsequiar el indulto al señor Óscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Ello sobre la base de que el artículo II, sección 2 de la Constitución norteamericana le otorga al presidente de los Estados Unidos de América, la autoridad para conceder “Suspensiones de condenas e indultos por delitos contra Estados Unidos” al respecto, cabe señalar que, durante más de 100 años, los presidentes de esa nación han confiado en el Departamento de Justicia y en su Oficina del Abogado de Indultos para que les ayuden en el ejercicio de este poder.

Aunado a lo anterior, cabe recordar que Óscar López Rivera (San Sebastián del Pepino, 6 de enero de 1943) es un preso político puertorriqueño que cumple una larga condena en Estados Unidos de América acusado por las autoridades estadounidenses de ser miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, un grupo que buscaba la independencia de Puerto Rico. En 1999, el entonces presidente Bill Clinton concedió un indulto presidencial a varios prisioneros políticos boricuas, pero López Rivera no aceptó algunas de las condiciones que pretendían imponerle y tampoco quiso dejar al resto de prisioneros políticos no incluidos en el indulto de referencia.

Cabe mencionar que Óscar López Rivera es el luchador anticolonial condenado por la causa de la libertad de Puerto Rico y hoy por hoy, sigue siendo el prisionero político más antiguo del continente, purgando –en una prisión federal dos sentencias que en conjunto suman 70 años de cárcel– en los Estados Unidos de América. Es veterano de la guerra de Vietnam donde fue condecorado por su valor en combate, a su regreso a Chicago, donde residía, e integrándose a las luchas de su comunidad en defensa y afirmación de los derechos de los puertorriqueños.

Fue capturado por esa causa en 1981. Un año antes, en 1980, sus compañeros de lucha Haydée Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, Elizam Escobar, Carmen Valentín, Carlos Alberto Torres, Dylcia Pagán, Adolfo Matos, Alicia Rodríguez e Ida Luz Rodríguez habían sido capturados. Más adelante, en 1983, ocurriría lo mismo con Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez. Antes, también había sido capturado en la ciudad de Nueva York, otro luchador puertorriqueño William Guillermo Morales, y todos asumieron, al momento de sus capturas, la condición de prisioneros de guerra. Como tales, reclamaron la condición de combatientes anticoloniales no reconociendo la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos de América por lo que demandaron ser procesados por un tribunal internacional o por un tribunal de un tercer país que no formara parte del conflicto anticolonial entre Puerto Rico y los propios Estados Unidos de América.

De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la protección que dicho convenio internacional reconoce a los prisioneros de guerra, se extiende también a personas capturadas en conflictos o luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país por parte de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Así lo ratifica también la Resolución 2852 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13 de diciembre de 1973, cuando establece: “Todo participante en los movimientos de resistencia, luchando por la independencia y la autodeterminación si es arrestado, tiene que recibir el tratamiento estipulado en la Convención de Ginebra.” De acuerdo con el referido protocolo, un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial.

El carácter político de los procesos legales seguidos por Estados Unidos de América contra estos prisioneros lo establece la naturaleza de las acusaciones hechas por dicho país contra ellos, donde se les imputó conspiración sediciosa para derrocar al gobierno norteamericano. A lo anterior se suma el carácter desproporcionado de las sentencias impuestas. En el caso de la mujeres capturadas, el promedio de las sentencias impuestas fue de 72.8 años; mientras que en el caso de los varones, el promedio fue de 70.8 años. En el caso particular de Óscar, las sentencias impuestas ascienden a 70 años de prisión.

A través de los años, múltiples resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de Estados Unidos de América, la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños. Tribunales especiales convocados desde la sociedad civil igualmente han demandado su excarcelación y denunciado específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantenido encarcelados. Tales fueron los pronunciamientos del “Tribunal Permanente de los Pueblos”, el cual sesionó durante los días 27 al 29 de enero de 1989 y del “Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y Cárceles de Estados Unidos”, llevado a cabo los días 7 al 10 de diciembre de 1990 en la ciudad de Nueva York. Y, como se señala en el presente ocurso, en el caso particular de Óscar López Rivera, durante la administración de William Jefferson Clinton, en ocasión del indulto que fuera conferido a la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños que para entonces habían cumplido cerca de 20 años de prisión, se ofreció la posibilidad de la excarcelación de Óscar López Rivera unos años después de la salida del primer grupo. Esta oferta fue rechazada por Óscar mientras permanecieran encarcelados otros de sus compañeros, como era el caso de Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán. Estos últimos, sin embargo, ya se encuentran fuera de prisión. Al presente, a pesar el comportamiento ejemplar que Óscar ha mantenido en prisión en los pasados 30 años, la Junta de Libertad Condicional le niega la posibilidad de una salida de prisión.

Al reclamo por la excarcelación de Óscar López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño. Dirigentes políticos, religiosos, comunitarios, representantes del movimiento obrero, de los gremios profesionales, el sector cooperativista, organizaciones juveniles y estudiantiles; en fin, el más amplio conjunto de representantes de la sociedad civil puertorriqueña, demandan la excarcelación de Óscar. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes reclamos desde la comunidad internacional, incluyendo que en este año, incluso varios parlamentarios demócratas pidieron a Obama la liberación del líder puertorriqueño, solicitando una reunión urgente con él, para la discusión de la inmediata liberación a través de una misiva enviada al mandatario a finales de febrero, los congresistas solicitan la liberación de López Rivera, considerado en su país el último preso político puertorriqueño, y apelan al sentido de la justicia del presidente, suscrita por los legisladores Luis Gutiérrez (Illinois), José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York) y el Comisionado puertorriqueño, Pedro Pierluis destaca de la misma que se señale lo siguiente: “A nuestro entender, no hay objetivamente ninguna razón legítima criminal para el encarcelamiento continuo de este hombre de 73 años de Puerto Rico, cuando su pueblo y otros que valoran el clamor de los derechos humanos piden su liberación”.

Esta soberanía no puede soslayar que Puerto Rico sigue siendo un estado colonial hundido en una fuerte crisis financiera en donde el gobierno local se encuentra en bancarrota, pero las leyes estadounidenses (que rigen en la isla), no le permiten acogerse a un plan de quiebra para reestructurar su enorme deuda. Puerto Rico está obligado a pagar su deuda antes de ofrecer los servicios de salud, seguridad y educación al pueblo, a ello se suma la situación de Óscar López Rivera de 74 años, es un patriota encarcelado injustamente por luchar por la independencia de Puerto Rico. Son más de 35 años que ha estado en prisiones estadounidenses. Sus primeros años de encarcelamiento, fueron en el ya “tétricamente famoso” hoyo, donde no tenía contacto físico con sus familiares cuando lo iban a visitar. Varias resoluciones de las Naciones Unidas, cinco premios de Nobel de la Paz, múltiples parlamentos de diferentes partes del mundo y miles de organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, reclaman la inmediata liberación de Óscar. Por ello, estos temas ameritan que no sean ignorados y requieren de inmediata y justa solución, dado que están interrelacionados con la oprobia situación colonial de Puerto Rico, pese a las promesas de Obama de buscar una solución final al estatus de la isla caribeña. Es evidente que los Estados Unidos de América por un lado pregona el respeto a los derechos humanos al tiempo que mantiene una colonia y en su propio territorio mantiene prisioneros políticos, encarcelados como resultado de su lucha anticolonial como es el caso Óscar López Rivera.

Por otro lado, en junio de 2016, el Comité de Descolonización de Puerto Rico de las Naciones Unidas, después de escuchar las deposiciones de 60 personas, entre ellas la del gobernador Alejandro García Padilla, sobre la incertidumbre política que se vive en Puerto Rico, aprobó una resolución a favor de la isla y su derecho a la libre determinación, misma en la que se solicita que se eleve el caso de Puerto Ricoante la Asamblea General de la ONU, y por otro lado promueva un diálogoentre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos de América. La medida reconoce que el estatus político actual, especialmente en la coyuntura de una crisis económica y humanitaria, “impide al pueblo puertorriqueño la toma de decisiones soberanas para decidir su futuro”, explicó el embajador de Cuba, Humberto Rivera Rosario. El delegado cubano contó con el coauspicio de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Siria y Rusia. Se exhortó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre el asunto “lo más pronto posible”. La precaria situación fiscal de la isla, enmarcada en una deuda ascendente a 70 mil millones de dólares, ha desencadenado también una propuesta del Congreso de EUA, para imponer una junta de control fiscal, que estará por encima del gobierno local, para reestructurar esa deuda.

El caso de Puerto Rico, regresó al Comité en comento, mismo que ya ha aprobado 33 resoluciones que sintetizan un llamado a los Estados Unidos de América a asumir “su responsabilidad histórica” de facilitar la libre determinación del pueblo puertorriqueño, a lo que se suma el Movimiento de Países no Alineados –que, a través de Irán- también emitió mensajes de apoyo así como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por medio de un representante de República Dominicana.

Lo anterior se liga indiscutiblemente a la resolución que en junio de 2015, el mismo Comité de Descolonización había determinado “el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia y apoya el reclamo de excarcelación para Óscar López Rivera, que ya cumplió 34 años en cárcel por delitos relacionados por su lucha por la independencia de su país.”

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía que apruebe el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución en esta misma sesión

Puntos de Acuerdos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, nuevamente se solidariza con la demanda de excarcelación inmediata para el luchador independentista Óscar López Rivera, así como saluda la resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable de Puerto Rico a su independencia y libre autodeterminación

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios rectores de la política exterior de México, respetuosamente hace un exhorto por los canales diplomáticos correspondientes al gobierno federal de Estados Unidos a fin de que valore obsequiar el indulto al señor Óscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senadora Luz María Beristain Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

DESTINAR RECURSOS PROVENIENTES DE LAS DEVOLUCIONES HECHAS POR ENTIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a realizar acciones para destinar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recursos provenientes de las devoluciones hechas por entidades autónomas y de la administración pública federal, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las mexicanas y los mexicanos estamos enfrentando la crisis económica más severa de los últimos 20 años debido a la corrupción imperante en las dependencias federales y Pemex, los excesos de la clase política privilegiada y las llamadas reformas hacendarias –que en realidad son medidas impuestas de forma arbitraria, inequitativas y desproporcionales, violentando lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución– así como a la falta de inversión en áreas estratégicas como es el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, actividades que deben ser el pilar fundamental para el desarrollo económico de las naciones, de otra manera, estaremos condenados a ser un país de mano de obra barata.

La falta de interés del titular del Ejecutivo de invertir en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación se vio reflejado desde septiembre del año pasado, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, entregó el llamado “paquete económico” a la Cámara de Diputados, dentro del cual por supuesto estaba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Al inicio de este gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció como uno de sus proyectos más ambiciosos que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crecería anualmente hasta alcanzar un nivel de 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en un plazo de tres años, sin embargo mintió, porque este objetivo no se ha logrado, como también engañó cuando dijo que no subiría los precios de la gasolina y los de la luz y el gas bajarían. Todo lo contrario, entre las decisiones de su administración fue recortar 23 por ciento a estos rubros.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, se aprobó un poco más de 21 mil millones de pesos para el rubro de ciencia, tecnología e innovación, un presupuesto menor en 23.3 por ciento (7 mil 100 millones de pesos) con respecto de la cifra del ejercicio anterior.

En este sentido, y atendiendo al análisis del biólogo Omar Suárez García:

“El presupuesto alcanzará para mantener programas como el Sistema Nacional de Investigadores; el de Cátedras Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), y el Programa de Becas para Estudiantes de Posgrado. Otros programas como el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (Fomix); el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) resentirán el recorte presupuestal. En los hechos, habrá recursos para pagar a investigadores y estudiantes, pero no habrá dinero para financiar sus proyectos de trabajo, por lo que se reducirá bastante su margen de acción. Otro aspecto negativo será el hecho de que se dejarán de crear plazas de profesores e investigadores, en un país con una matrícula creciente de estudiantes de nivel medio superior y superior que requieren recursos humanos para su formación.”

Debo señalar también que durante la votación del Presupuesto de Egresos, solicité que se disminuyera 10 por ciento del presupuesto etiquetado en el rubro de Prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos, y destinar ese dinero para apoyar al Programa de Infraestructura de Ciencia y Tecnología, que depende directamente del Conacyt, propuesta que no fue avalada por la mayoría de los legisladores del partido de siempre, por lo que este programa tuvo un recorte de 75 por ciento, es decir, en 2016, se destinaron mil 200 millones, y para el ejercicio fiscal de 2017, sólo se le asignaron 300 millones de pesos.

Ante el aumento de 20 por ciento en la gasolina, que entró en vigor este mes, el cual desató protestas en todo el país, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se recortaron 190 mil millones de pesos del gasto del propio gobierno.

El pasado 11 de enero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron cinco medidas de austeridad para eficientar el destino del gasto público, destacando la suspensión de la construcción de su nuevo edifico sede en Viaducto Tlalpan. Es decir, el INE regresará mil 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Cámara de Diputados los reasigne al rubro que decidan los legisladores, es decir, entre ambas entidades se tiene un ahorro de 191 mil 70 millones de pesos.

Convencida de que las medidas de austeridad son las acciones mínimas que debe tomar el gobierno, no en pro de un acuerdo para el desarrollo de económico de México, sino como una respuesta a las demandas que los ciudadanos están exigiendo a través de marchas pacíficas y protestas en las redes sociales ante los abusos y excesos de gastos de una clase política privilegiada y aclarando, que los diputados de Movimiento Ciudadano así como los alcaldes pertenecientes a este partido, estamos haciendo uso de los recursos legales correspondientes para darle “reversa al llamado gasolinazo” con la disminución de 37 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y no afectar la economía de los mexicanos.

Apelo a la sensibilidad de las legisladoras y legisladores, y hago un llamado para que el dinero “ahorrado como medidas de austeridad” sea destinado para cubrir el déficit presupuestal en ciencia, tecnología e innovación: repito, un país que no invierte en estos rubros, está condenado al fracaso; la decisión del gobierno federal de aumentar el precio de la gasolina ha afectado la economía y los ánimos del pueblo mexicano; pero este gobierno, a pesar de los errores cometidos, todavía puede redireccionar el gasto público y utilizar el dinero de los mexicanos y las mexicanas en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país, por lo que solicito a esta Comisión Permanente votar a favor de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al doctor José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público y al diputado Alfredo del Mazo Maza, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias para destinar recursos provenientes de las devoluciones hechas por entidades autónomas y de la administración pública federal, como resultado de sus acciones de austeridad, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Nota

1 Suarez García Omar, Recorte a ciencia y tecnología: Retroceso Histórico, Contralínea, 11 de diciembre de 2016. Disponible en:

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/12 /11/recorte-a-ciencia-y-tecnologia-retroceso-historico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A MADRES ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Ssa a implantar con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes políticas públicas de atención de madres adolescentes, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México adoptó en el año 2000, una agenda multilateral denominada “Objetivos del Milenio”, en la cual se comprende como una de las metas la reducción progresiva der índice de mortalidad infantil, lo cual debe considerarse como un logro sostenido de nuestro país en los últimos 16 años, para evidenciar el avance que se ha observado basta comparar las siguientes cifras: en 1980 se tenía una tasa de 52 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos en menores de un año y 40.5 en menores de 5 años, en 1990 se ubicaron en 32.5 y 27 respectivamente, hacia el año 2000, fecha en que se firmaron los objetivos del milenio se observaron indicadores en 20 y 16 respectivamente, finalmente en 2015, se tienen indicadores de 12.4 y 13 de acuerdo a estimaciones preliminares del Inegi.

Para ejemplifica dicho progreso se presenta el siguiente gráfico:

Estos datos, colocan a México, en el sitio 120 a nivel mundial, pero en el último sitio entre los países que integran la OCDE, lo cual debe traducirse en una mayor puntualidad para identificar y generar mejores políticas para reducir estas cifras.

De acuerdo con el investigador del Colegio de México Eduardo Cordero (Cordero, 1968) son diversos los factores que originan la mortalidad infantil en el primer año de vida, entre los cuales el autor cita, la nutrición, las condiciones de la vivienda, los ingresos, la existencia y el uso adecuado de los servicios médicos. Es común que estos factores se agrupen en dos conjuntos, el primero denominado endógenos, es decir la falta de viabilidad intrínseca para sobrevivir que proceden de la constitución del recién nacido, sujeta a malformaciones eventuales y a las condiciones que se desarrollan tanto en el embarazo como en el parto y los factores exógenos, abarcan todos aquellos de procedencia extrínseca como las infecciones, las intoxicaciones alimenticias y los accidentes.

De acuerdo con un estudio publicado en 2012 por el Hospital Infantil de México, a través de los investigadores Sonia Fernández, et. al., se identifican los siguientes datos relevantes, por sexo el 56% correspondió a varones y el 44% a mujeres. La muerte neonatal es decir menores de 28 días represento el 63% y el 37% a mortalidad postneonatal, es decir, de 18 días a un año de nacidos. Lo cual hace evidente que son las causas endógenas las atribuibles a la mayoría de los decesos, asimismo se explica que las condiciones exógenas, continúan a la baja. (Fernández & Gutiérrez, 2012), este mismo estudio revela como las principales causas las siguientes:

En efecto se puede hablar de una reducción importante en este indicador, sin embargo, uno de los datos preocupantes y sobre el cual la proposición puntualiza es el desigual comportamiento regional del indicador en comento. Es decir, hay estados donde aún la prevalencia de mortalidad infantil en el estrato de edad de 0 a 1 año es alta, de acuerdo al estudio titulado “La mortalidad infantil en México, 2010” de los investigadores Alejandro Aguirre y Fortino Vela-Peón, muestra que el en 2010 el estado de Guerrero aún mantenía un promedio de 22.8 defunciones por cada mil nacimientos vivos, otros estados como Puebla, Chiapas o Campeche mantenían el indicador por encima de 20 fallecidos por cada mil nacimientos vivos (Aguirre & Vila-Peon, 2010).

De acuerdo al informe presentado por el Estado, a fin de Informar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en 2015, los estados mencionados reportaron los siguientes datos en los indicadores: menores de 5 años y mortalidad infantil: Campeche 16.8 y 13.7, Chiapas 19.2 y 13.7; Guerrero 19.4 y 14.7; y Puebla 18.6 y 15.6, con datos reportados al año 2013, situando la meta nacional en 13.7 y 10.8 respectivamente.

Hay dos factores íntimamente relacionados con la prevalencia alta de este indicador en los estados mencionados, el primero la incidencia de embarazos adolescentes y el segundo la pobreza en dichos estados, de acuerdo al Anexo Estadístico de la Pobreza de Coneval, el porcentaje de personas en pobreza en los estados señalados, es la siguiente: Chiapas 76%, Campeche 50%, Guerrero 67%, y Puebla 61%, señalando que México tiene el porcentaje más alto de embarazo adolescente.

Estos dos factores no generan una resiliencia capaz de reducir las cifras a un dígito, que es la expectativa deseable de la OCDE, por lo que la proposición con punto de acuerdo se manifiesta en puntualizar sobre estos dos factores relacionados con la mortalidad infantil.

De acuerdo con el estudio “Hijo de madre adolescente: riesgos, morbilidad y mortalidad neonatal” de los investigadores Luis Alfonso Mendoza y Martha Arias, et. al., se observa que:

El embarazo en la adolescencia es inevitable verlo con un matiz catastrófico, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, donde el medio proporciona factores como bajo nivel cultural, hacinamiento, falta de programas gubernamentales de apoyo específico a la madre adolescente, etcétera, que actuarán potenciando los efectos adversos que el embarazo traerá a la adolescente (parto prematuro, pre eclampsia, desprendimiento placentario, anemia, mayor número de abortos y cesáreas), así como a las condiciones propias del adolescente (inestabilidad emocional, dependencia económica, inexperiencia, uso de alcohol y otras drogas).

De las repercusiones en el recién nacido, todos los reportes internacionales coinciden en que los problemas comienzan en el útero: desnutrición, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, que junto a la prematuridad, serán las condiciones determinantes en la mayor morbilidad y mortalidad de estos en relación a la población en general. (Mendoza & Arias, 2011)

Aproximadamente el 51% de los embarazos en adolescentes terminan con nacimientos vivos, el 35% en .aborto inducido y el 14% en aborto involuntario o nacimiento de feto muerto (7, 11, 12). Por otro lado, los hijos de madres adolescentes tienen un riesgo aumentado de complicaciones médicas, riesgo que es mayor en las adolescentes más jóvenes. Estos hallazgos concuerdan con los nuestros, donde encontramos que las madres adolescentes menores de 15 años tuvieron hijos con más complicaciones, como mayor prematuridad, infecciones bacterianas, si lis congénita, paladar fisurado y mayor mortalidad. (Mendoza & Arias, 2011)

De acuerdo al siguiente artículo, el empoderamiento de las mujeres y un plan de atención especializado en embarazos adolescentes puede ser clave para un cambio en la tendencia de los mismos, reduciendo los riesgos inherentes de mortalidad infantil y materna:

Según el informe dado a conocer por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi la mitad de los países han adoptado nuevas medidas para evaluar las necesidades de los adolescentes en esta materia, como se los exhortó en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y posteriormente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en la Asamblea de las Naciones Unidas en la que se fijaron las Metas del Milenio, han enfatizado en la necesidad de realizar estrategias por parte de los organismos de cooperación internacional con el fin de reducir la pobreza y potenciar el desarrollo integral de las mujeres. Uno de los elementos priorizados por todas estas conferencias es la necesidad mundial de reducir el embarazo adolescente, lo que, de lograrse, conduciría a beneficios sociales muy importantes.

La mortalidad infantil en madres adolescentes es una de las más altas (25 por mil nacidos vivos), sólo la supera la mortalidad infantil en hijos de madres mayores de 40 años. Cerca del 40% de las adolescentes embarazadas presenta bajo peso durante la gestación, lo que conlleva a que sus hijos también puedan tener bajo peso al nacer. El embarazo en adolescentes está asociado con un riesgo adicional de 20-200% de mortalidad materna, además de mayores probabilidades de prematuridad, bajo peso al nacer y otras complicaciones. En términos de las consecuencias fisiológicas, el embarazo temprano presenta un riesgo intrínseco para la salud de la mujer, pero sólo cuando éste se produce antes de los 16 años. A partir de esta edad, tanto en lo que respecta a la mortalidad infantil como materna los riesgos no son particularmente más elevados en ese grupo que en las demás edades (Rodríguez, 2008).

En consecuencia, la proposición con punto de acuerdo se pronuncia, por realizar un exhorto a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, para que en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, diseñen y ejecuten un Programa Especial de Atención a Embarazos Adolescentes, que considere como ejes fundamentales:

1. Asegurar la salud en todo el proceso del embarazo.

2. Brindar atención médica y psicológica a la madre adolescente sobre los riesgos y consecuencias del embarazo prematuro.

3. Aumentar las campañas de toma de conciencia sobre la salud reproductiva entre las y los adolescentes de México.

4. Procurar el ingreso de madres adolescentes a los programas sociales enfocados a la reducción de la pobreza.

5. Prevenir la violencia obstétrica y cualquier otra forma de discriminación contra las madres adolescentes durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El cual tendrá un efecto positivo en la reducción de la mortalidad infantil, aún presente en la sociedad mexicana.

De acuerdo con los artículos mencionados en el proemio, es que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar políticas públicas de atención a madres adolescentes, que considere entre sus objetivos los siguientes:

i. Asegurar la salud en todo el proceso del embarazo.

ii. Brindar atención médica y psicológica a la madre adolescente sobre los riesgos y consecuencias del embarazo prematuro.

iii. Aumentar las campañas de toma de conciencia sobre la salud reproductiva entre las y los adolescentes de México.

iv. Procurar el ingreso de madres adolescentes a los programas sociales enfocados a la reducción de la pobreza.

v. Prevenir la violencia obstétrica y cualquier otra forma de discriminación contra las madres adolescentes durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Notas

1 Cifras disponibles en:

http://www.gaceta.unam.mx/20150504/bajo-la-mortalidad-infantil- en-mexico/

2 Cifras disponibles en:

http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsio r/item/ll54-permanente-fragilidad-de-Ia-ninez

3 Cifras disponibles en: http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-reduce-mortalidad-infan/

Bibliografía

Cordero, E. (1968). La subestimación de la mortalidad infantil en México. Demografía y Economía, 2(1), 45-62.

Aguirre, A., & Vila-Peon, F. (Julio de 2010). La Mortalidad Infantil en México 2010. Papeles de Población, 18(73), 1-15.

Fernández, S., & Gutiérrez, G. (2012). Principales causas de mortalidad infantil en México: tendencias recientes. Boletín del Hospital Infantil de México, 2(69), 144-148.

Mendoza, L., & Arias, M. (2011). Hijo de madre adolescente: riesgos, morbilidad, mortalidad infantil. Revista Chilena de Gineco Obstetricia, 5(77), 375-382.

Rodríguez, M. (Enero de 2008). Factores de riesgo para el embarazo adolescentes. Medicina UPB, 1(27).

Sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS DEL ZIKA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a intensificar la difusión de información para prevenir riesgos de contagio por el virus del zika y a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus Secretarías de Salud con la del gobierno federal, suscrita por la diputada María Elena Orales López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar la difusión de información sobre la prevención de riesgos de contagio por el virus del Zika, así como a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus secretarías de salud con la Secretaría de Salud del gobierno de la República, con base en las siguientes

Consideraciones

El virus de Zika se ha asociado a las zonas ecuatoriales de África y Asia, hoy representa uno de los retos para los sistemas de salud de América Latina. Muestra de ello fueron las decenas de casos que se presentaron en nuestro país durante 2016 y los casos en Brasil del síndrome de Guillain-Barré en recién nacidos (microcefalia).

La transmisión de esta enfermedad se genera a través del mosquito del género Aedes aegypti, incubado de manera natural en los charcos y agua estancada.

El problema de salud pública que representa este mosquito salió de las áreas tradicionales en 2007, cuando el virus se presentó con el primer brote documentado en las islas del Pacífico, en los Estados Federados de Micronesia. Asimismo, entre 2013 y 2014, otras cuatro naciones insulares del Pacífico han documentado grandes brotes por este virus y en 2015 se detectó el virus por primera vez en América.

En este contexto, se prevé que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño de este año conlleven un gran aumento de las poblaciones de mosquitos en muchas zonas, debido a la presencia de lluvias e inundaciones.

Consecuentemente, ante eventos meteorológicos como los que en fechas recientes acaecieron en entidades como Tabasco y Chiapas, generando inundaciones y encharcamientos, está en nuestra preocupación coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades a prevenir la aparición de brotes de esta enfermedad.

El gobierno dispone de fondos para lanzar una campaña de fumigación contra el vector, sin embargo, esta medida sería insuficiente si la población no elimina los focos donde se crían los zancudos del tipo aedes aegypti. En este sentido es importante que las autoridades locales redoblen esfuerzos para conjuntar y coordinar sus acciones de difusión de información con las de la Secretaría de Salud del gobierno federal para aprovechar el esfuerzo de la federación y aumentar el alcance de la prevención a través de la información.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar la difusión de información sobre la prevención de riesgos de contagio por el virus del Zika, así como a fortalecer la vinculación de los esfuerzos de sus secretarías de salud con la Secretaría de Salud del gobierno de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE COMBATIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR CUESTIONES DE GÉNERO, OBESIDAD Y COLOR DE PIEL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred y las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar e incrementar en el marco de sus atribuciones las campañas de toma de conciencia sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación motivada por razones de género, obesidad y color de piel, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los ejes rectores del Estado mexicano es el reconocimiento, la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, rubro en el que si bien se han alcanzado importantes logros, también prevalecen retos.

Sobre el particular, el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución federal señala que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia ley fundamental establezca.

En el párrafo final del precepto constitucional en comento también se dispone de manera expresa la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En contravención de lo anterior, es incuestionable que actualmente subsisten conductas, en prácticamente todos los ámbitos, que tienden a vulnerar el pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que repercute en el óptimo desarrollo individual y colectivo de la sociedad, la sana convivencia y el acceso a igualdad de oportunidades para la población, situación que nos constriñe en la obligación de impulsar acciones desde el Congreso de la Unión.

Para ponderar la magnitud de los desafíos que persisten, es oportuno referir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 12 de diciembre de 2016 a través del estudio sobre los principales resultados de la Encuesta de igualdad y no discriminación por razón de género, 2015, destacó que se han registrado incrementos en los casos de discriminación por cuestiones de género, sobrepeso y obesidad, y color de piel.

El efecto del contexto en que nos encontramos queda de manifiesto en que según el estudio aludido, 40.5 por ciento de las personas encuestadas considera que hay discriminación por ser mujer, mientras que un porcentaje menor (14.3 por ciento) señala que hay discriminación por ser hombre, cifras que permiten advertir una situación ante la cual no podemos ni debemos ser indiferentes.

Los resultados indican que la población mexicana advierte una mayor desigualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos laboral, social y político, con una percepción de 20.8, 18 y 16.5 por ciento, respectivamente. Un caso que llama la atención es el relativo a la discriminación en el mercado laboral, donde 32.1 por ciento de los entrevistados estimó que los hombres reciben salarios más altos y sólo 13 por ciento expresa que las mujeres son quienes reciben mejores salarios.

Además de su gravedad intrínseca, lo anterior se contrapone a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución federal, precepto que dice que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, igualdad que comprende todos los aspectos. Al efecto, un aspecto a considerar, es que 31.2 por ciento de las personas entrevistadas desconocen que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un derecho reconocido en la ley fundamental.

El artículo 1o. de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben contribuir a “garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo”.

Las cifras en comento son de la mayor gravedad e incompatibilidad con todo régimen que se asuma como democrático y, otra cuestión que resulta de la mayor preocupación es que se han registrado incrementos en la discriminación motivada por cuestiones de sobrepeso y obesidad y, de color de piel.

Respecto a los casos de discriminación por sobrepeso y obesidad, el estudio indica que mientras hace 8 años la percepción de actos discriminatorios por aspecto físico era de 18.7 por ciento, en 2015 la cifra pasó a 26.8. Este tipo de conductas no tienen paliativo alguno, sobre todo, si tenemos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad poseen repercusiones que vulneran la salud y en escenarios extremos, derivan en decesos.

Lo anterior se torna aún más grave si tenemos en cuenta que en México, entre 2012 y 2016, el sobrepeso y la obesidad presentaron un incremento de 34.9 a 36.3 por ciento entre adolescentes de 12 a 19 años de edad; mientras, en el caso de las personas de más de 20 años de edad, la cifra pasó de 71.2 a 72.5.

Con relación al aumento de casos por discriminación a causa del color de piel, la misma Encuesta de igualdad y no discriminación por razón de género, 2015, muestra que la percepción pasó de 9.3 a 16.6 por ciento, lo cual forma parte de una tendencia que se ha observado de manera permanente durante las últimas décadas en nuestro país a través de conductas constitutivas de racismo.

Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 5 de cada 10 consultados afirmaron que a las personas se les insulta por su color de piel; una de cada cuatro no está dispuesta a que en su hogar vivan personas de otras razas; y cuatro de cada diez opinan que a la gente se le trata de forma distinta por su tono de piel. Aunado a lo anterior, 1 de cada 10 justifica que se insulte a alguien en la calle por su color de piel; y 3 de cada 10 piensan que no se respetan nada los derechos de las personas de otra raza.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalezcan sus acciones encaminadas a combatir y erradicar la discriminación motivada por cuestiones de género, obesidad y color de piel.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar e incrementar en el marco de sus respectivas atribuciones sus campañas de toma de conciencia sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación motivada por razones de género, obesidad y color de piel.

Notas

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_ 2016_320.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

3 http://www.animalpolitico.com/2016/12/sobrepeso-obesidad-adolescentes-adultos/

4 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014, SEGÚN LA REVISIÓN DENOMINADA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA IMPORTACIÓN DE GASOLINA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer públicas las consideraciones presentadas por Pemex Refinación a la ASF para atender las observaciones que ésta le emitió como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según la revisión Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En palabras más o palabras menos, la gasolinaes una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza como combustible principalmente en motores de combustión interna, así como en muchos otros usos y aplicaciones.

Según el Plan de Negocios 2017-2021 de Petróleos Mexicanos (Pemex), señala que “el mercado mexicano representa el sexto consumidor de gasolinas, el noveno en gas natural y el tercer consumidor de gas licuado del petróleo”.

No obstante, según nota informativa del diario El Economista, fechada el 20 de septiembre de 2016, se señalaba que “México se ubicaba como el segundo importador de gasolina a nivel mundial, sólo superado por Estados Unidos, y remarcaba que se preveía que las importaciones mexicanas siguieran creciendo por la limitada capacidad de refinación interna que por la apertura comercial de ese energético”.

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación en su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 realizó una auditoría financiera y de cumplimiento a Pemex-Refinación (PREF) cuyo título fue Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319) en la cual informó que el 20 de febrero de 1992, Petróleos Mexicanos celebró el “Contrato de compraventa de productos petrolíferos” con P.M.I. Trading, Limited (P.M.I. Trading), con objeto de importar gasolinas, entre otros productos y que a partir de esa fecha ha celebrado 22 convenios modificatorios, de los cuales se encuentran vigentes los formalizados el 29 de diciembre de 2005 y el 12 de noviembre de 2012.

Los resultados de la revisión en comento se centraron en diversas omisiones por parte de Pemex Refinación mismas que enlisto:

a) Con la revisión del cumplimiento de las cláusulas del contrato y los convenios modificatorios referidos, se constató que PREF no incluyó en el convenio modificatorio del 12 de noviembre de 2012, las garantías de cumplimiento del contrato, penalizaciones por incumplimientos de la entrega del producto por parte del vendedor, indicadores de cumplimiento de las obligaciones contractuales; una cláusula que determine la responsabilidad por actos de corrupción, ni para la rescisión administrativa por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como se señala en el artículo 57 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de enero de 2010, bajo el argumento que la Gerencia Jurídica de Consultoría y Prevención de Pemex determinó ubicar a P.M.I. Trading como empresa filial de Petróleos Mexicanos siendo ésta la única empresa con la que PREF puede efectuar operaciones de importación de petrolíferos, y por tanto, de llegar a una rescisión del contrato se estaría eventualmente imposibilitado de completar la demanda de abasto de combustibles en el país.

b) Asimismo, se detectó que existen condiciones de desventaja para PREF en los convenios modificatorios vigentes, como las inspecciones de calidad y cantidad para la carga y descarga de las gasolinas, son certificadas por un inspector independiente que designa y paga P.M.I. Trading, con lo que pierde imparcialidad en la medición de la calidad y cantidad a la descarga del producto; en la cláusula quinta del convenio modificatorio del 29 de diciembre de 2005, se indica que PREF “...hará su mejor esfuerzo para aceptar el producto...”, aunque las gasolinas no cumplan con la especificación de la fórmula de transferencia; así como la falta de justificación para la determinación de 120 días naturales como término para presentar los reclamos por concepto de demoras. De lo anterior, se detectaron pruebas de calidad no aplicadas, descargas de gasolinas sin reportes de inspección o diferencias en los resultados reportados de las pruebas de laboratorio; asimismo, se detectó que PREF recibió gasolinas que no cumplieron con la calidad solicitada, ya que realizó el cálculo por el ajuste en las fórmulas de transferencia para determinar el precio de las gasolinas que no cumplió con la calidad solicitada; y se determinó que el promedio para presentar el reclamo de las demoras fue de 59 días.

Ese informe de auditoría determinó que las afectaciones económicas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 fueron las siguientes:

a) Por demoras según el análisis del documento denominado Facturas Pendientes de Pago de PR a PMI, ascendió a 1,403,785.5 miles de pesos, observando en adición que el probable pago de las demoras a P.M.I. Trading no garantiza que se erradique la problemática, porque el pasivo se sigue incrementado en dólares, lo que representa un impacto económico en las finanzas de la entidad fiscalizada, toda vez que dichas cantidades deben actualizarse al tipo de cambio de la fecha de pago.

b) De los 312 reportes de inspección seleccionados, en 129 por 19,524,639.8 miles de pesos, se constató que PREF no contócon los reportes de inspección, por lo que no acreditó que se hayan realizado las pruebas de calidad y cantidad establecidas en el Convenio Modificatorio del 12 de noviembre de 2012, del Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos del 20 de febrero de 1992, ya que no nominó a un inspector independiente para realizar una inspección de calidad de las gasolinas recibidas, por lo que no se garantizó que el producto distribuido en el país cumplió con los estándares requeridos conforme al Convenio Modificatorio al 12 de noviembre de 2012, inciso 2 Modificar la Cláusula Quinta del Contrato “Determinación de la Calidad y Cantidad de los Productos: Inspectores Independientes”.

Finalmente, como resultado de esa revisión la ASF emitió a la entidad fiscalizada observaciones para su atención, siendo estas siete recomendaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

No obstante, los resultados alarmantes de esta revisión que practicó la ASF es más preocupante que la ciudadanía no pueda conocer los términos en que la entidad fiscalizada dio atención a las observaciones que determinó al ente fiscalizado, ya que según el Sistema Público de la ASF denominado “Consulta de Auditorías” ubicado en la dirección electrónica http://www.asfdatos.gob.mx/, Pemex Refinación dio atención a dichas observaciones sin que se conozca cuándo se le dio atención ni los términos de esas solventaciones.

En otras palabras, los mexicanos no podemos conocer qué tipo de acciones se emprendieron para corregir lo observado en la importación de gasolinas ni mucho menos conocer los argumentos que se vertieron para evitar ser sancionados los servidores públicos involucrados en la operación de importación de gasolina de Pemex Refinación según esa revisión de auditoría.

Por ello, considero necesario que Pemex Refinación haga públicas las consideraciones que presentó a la Auditoría Superior de la Federación para atender las observaciones que le emitió como resultado de la revisión denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319) y a su vez, la ASF de máxima publicidad a las consideraciones que el ente fiscalizado le presentó y que derivado de su análisis, ese máximo órgano fiscalizador en México determinó que atendían lo observado y permitió así liberar de toda responsabilidad a los servidores públicos de Pemex Refinación.

Considero que esas resoluciones que hoy no se conocen deben ser públicas y a su vez, insumos que permitan a los diputados federales de esta LXIII Legislatura identificar aspectos legislativos que deban ser atendidos a fin de que se garantice normativamente hablando las condiciones para desempeñar la gestión gubernamental de la importación de gasolina en México con efectividad y eficiencia.

A modo de conclusión, Pemex Refinación y la Auditoría Superior de la Federación deben dar máxima publicidad a las acciones y determinaciones que se formularon y las conclusiones que se decretaron a fin de determinar que esa entidad gubernamental dio cumplimiento al contrato y convenio modificatorio para la importación de gasolina en nuestro país en el ejercicio 2014.

Hoy la rendición de cuentas es un acto imprescindible en la relación entre la ciudadanía y autoridades y como lo he expresado tanto Pemex Refinación y la Auditoría Superior de la Federación nos han quedado a deber.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a que haga públicas las consideraciones que presentó Pemex Refinación a la Auditoría Superior de la Federación para atender las observaciones que ese órgano de fiscalización superior le emitió como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según la revisión denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, así como las medidas que haya implementado para evitar la recurrencia de lo observado en la importación de gasolina en los ejercicios 2015 y 2016 y las que haya definido para 2017, a fin de que con ello se dé cumplimiento a las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación a que haga público el análisis y las resoluciones que determinó ante las consideraciones que presentó Pemex Refinación para atender las observaciones que emitió como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2014 según los resultados de la auditoría denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina, a fin de dar cumplimiento a las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad mexicana y que los mismos sean considerados insumos que permitan a los diputados de la LXIII Legislatura identificar aspectos legislativos que deban ser atendidos a fin de garantizar, normativamente hablando, las condiciones para desempeñar la gestión gubernamental de importación de gasolina con efectividad y eficiencia.

Notas

1 Plan de Negocios 2017-2021 de PEMEX, disponible en

http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannego cios-pmx_2017-2021.pdf, consultado el 04 de enero de 2017.

2 México, el segundo que más gasta en importar gasolinas, disponible en

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/20/mexico-segundo -que-mas-gasta-importar-gasolinas, consultado el 04 de enero de 2017.

3 Auditoría financiera y de cumplimiento a Pemex-Refinación (PREF) denominada Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio para la Importación de Gasolina (14-6-47T4M-02-0319), disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0319_a.pdf , consultada el 04 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FORTALECER ACCIONES, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA PROMOVER LOS ATRACTIVOS CULTURALES E HISTÓRICOS DEL PAÍS EN EL EXTRANJERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a fortalecer con la SRE las acciones, estrategias y campañas de difusión e información, a escalas nacional e internacional, para promover en el extranjero los atractivos culturales e históricos del país, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país es un lugar privilegiado debido a que tiene diversos sitios turísticos, destacando las construcciones coloniales, playas y reservas naturales, los cuales son reconocidos mundialmente por su amplia gastronomía, música, danza, flora y fauna.

El turismo es un sector que también impulsa el crecimiento económico de las regiones, el desarrollo de los pueblos y prosperidad de las familias. Ante este escenario, es importante que las instituciones del Estado mexicano promuevan esta actividad en el mundo, a efecto de fomentar el empleo, la inversión y el esparcimiento de las personas en los destinos turísticos de México.

Para dimensionar el efecto de esta actividad, baste decir que recibimos en 2015 a 32.1 millones de turistas internacionales, 37.4 por ciento más que en 2012, cuando llegaron 24.3 millones; es decir, se dio un incremento de 2.6, dato que representa el mayor porcentaje del mundo durante este lapso.

De acuerdo con cifras oficiales del Banco de México, 18.3 millones fueron turistas de internación y 13.7 de turistas fronterizos. Además, 48.9 millones de excursionistas fronterizos y 6.1 millones excursionistas en crucero.

El turismo en México también genera más de 7 millones de empleos, por si esto no fuera suficiente, juega un papel fundamental en la economía mexicana, ya que representa 8.5 por ciento del producto interno bruto, siendo 88 por ciento turismo nacional.

Lugares como Cancún, con casi 5 millones de turistas; la Ciudad de México, con 2.5 millones; Puerto Vallarta, con 857 mil visitantes; Guadalajara, con 570 mil; y Los Cabos, con 40 mil 248, fueron los más visitados durante el año pasado.

Los pueblos mágicos son otra opción para conocer un conjunto de poblaciones que destacan por su arquitectura, su historia o las leyendas que ahí se cuentan. Estos lugares contribuyen a revalorar las tradiciones y costumbres que como mexicanos tenemos, entre ellos están los siguientes: Mazunte, Huautla de Jiménez, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca; Aculco, México; Palenque, Chiapas; Mascota, Jalisco; e Isla Mujeres, Quintana Roo.

De acuerdo con el estudio La importancia del turismo 2016, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, los cruceros también presentaron un crecimiento de 6.1 por ciento, siendo Cozumel, Ensenada y Mahahual, los más visitados.

El Estudio de la política turística de México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, refiere que en 2015 se generaron más de 15 mil millones de pesos por la derrama económica en el sector turismo. En dicho análisis se enfatiza la importancia de apoyar el comercio local y las pequeñas empresas, así como de realizar inversiones en telecomunicaciones, seguridad y comunicaciones carreteras y aéreas.

Los beneficios de esta actividad se traducen en la generación de empleos y en inversiones, y la ampliación de la infraestructura carretera, aeroportuaria, hotelera y de telecomunicaciones.

Con las acciones hasta ahora emprendidas, como Viajemos Todos por México y Mejora Tu Hotel, el país se encuentra en los primeros lugares con relación a los destinos turísticos a escala mundial. Muestra de ello es que el turismo ha crecido en 8.9 por ciento.

Se prevé que la tendencia se mantendrá durante este año, ya que se espera un incremento de 1.3 por ciento de turistas y una derrama económica 7.4 por ciento. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estimamos determinante fortalecer la promoción del país. Para ello solicitamos respetuosamente que la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalezca sus acciones, estrategias y campañas de difusión e información para posicionar a los principales destinos como atractivos para el turismo nacional e internacional.

La nación cuenta con todo tipo de ecosistemas y ofrece una amplia gama de ofertas turísticas, desde las relacionadas con zonas arqueológicas, bosques o montañas hasta playas, cascadas o reservas naturales. Ahí radica la pertinencia del presente punto de acuerdo.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fortalecer en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores las acciones, estrategias y campañas de difusión e información a escalas nacional e internacional para promover en el extranjero los atractivos culturales e históricos del país.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/ 13/pena-nieto-presenta-estudio-de-la-politica-de-turismo

2 https://mexico.quadratin.com.mx/ven-oportunidad-turismo-mexico-economia-emergen te/

3 http://nssoaxaca.com/2016/12/14/crece-8-9-el-turismo-en-mexico/

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH, SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al programa Prevención y Control de VIH-Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”, situación que provoca que el sistema inmunitario no cumpla su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”.

La OMS, en el documento denominado Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021 identifica riesgos en la atención y prevención de esta epidemia:

a) Disparidad respecto al acceso al tratamiento y a la atención en población clave

b) Las violaciones de los derechos humanos y la estigmatización y discriminación generalizadas siguen dificultando el acceso a servicios críticos para las poblaciones clave.

c) Una respuesta al VIH que dependa únicamente de las intervenciones, planteamientos y alcance actuales es una invitación al fracaso; las nuevas infecciones aumentarán, el número de personas con VIH seguirá aumentando, la necesidad de tratamiento crónico y sus costos aumentarán indefinidamente, y la epidemia dejará atrás la respuesta.

d) Con una mejor utilización de los datos sería posible dirigir mejor las respuestas nacionales al VIH en función de la situación epidemiológica de cada país.

En México, según el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se estableció la estrategia 1.4 Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones, derivándose líneas de acción para atender la epidemia del VIH, destacando las siguientes:

a) 1.5.4. Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

b) 1.5.5. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras ITS.

c) 1.5.6. Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, sida e ITS, con énfasis en poblaciones clave.

d) 1.5.8. Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la transmisión vertical del VIH.

De su análisis, sólo se aprecian propuestas enunciativas que se suscriben en favor de ofrecer servicios a la población considerada clave y acciones enfocadas, sin destacar acciones en aquellos estados de mayor incidencia, ni enfocarse en la prevención.

Es importante destacar, que la Estrategia y líneas de acción antes citadas sólo atienden una de las cuatro orientaciones estratégicas contenidas en la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021 de la OMS; es decir, México sólo cumple con la orientación enfocada a la obtención de impacto y equidad: poblaciones y lugares, y deja al descubierto las 3 restantes relativas a los servicios e intervenciones esenciales decalidad, lainnovación como forma para acelera la atención, y el financiamiento para lasostenibilidadde la atención sanitaria.

Lo anterior, denota que nuestro país sólo busca el ejercicio de presupuesto del Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS para atender o mejor dicho reaccionar ante esta epidemia y las Infecciones de Transmisión Sexual, sin que se posible conocer su desagregación a fin de distinguir la cobertura para cada caso y dejando entrever que se deja a un lado la prioridad en la calidad de la atención del VIH/sida y la innovación en cuanto a la atención del tema dando preferencia a las medidas de previsión, lo que impide las acciones tomadas hasta hoy arrojen mayor cobertura y mejor ejercicio del recurso público.

Muestra de ello es que en el 2016, solo fueron asignados 420.7 millones de pesos al Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS, cifra que hubiera permitido asignar 3,138.14 pesos para cada uno de los 134,070 mexicanos vivos que eran considerados casos notificados de VIH y de sida según el estado de evolución registrado de conformidad con lo reportado en el Resumen de la Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos de Sida al 3er Trimestre de 2016 del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida.

En otras palabras, no existe información pública que permitan conocer el recurso presupuestado para la atención de la población con Infecciones de Transmisión Sexual y deja aún lado las acciones de innovación para la prevención del VIH/sida y ITS.

Sobre la evolución presupuestal de esos recursos, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2016, refleja que a Septiembre de ese año se habían ejercido 172.5 millones de pesos, lo que es igual al 41.0%, reflejando la falta de compromiso de este Gobierno Federal para consolidar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de estas enfermedades en nuestro país y demostrándonos lo lejos que esta de cumplimentar las cuatro orientaciones estratégicas según la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021 de la OMS.

En ese sentido, se puede concluir que no existen elementos suficientes para poder determinar si los ciudadanos mexicanos diagnosticados con VIH/sida o con Enfermedades de Transmisión Sexual gozan de atención oportuna y de calidad, y si el abasto de medicamentos en las unidades del Sector Salud son suficientes.

Por lo anterior, y a modo de conclusión, nuestro país a pesar de mantener clasificada a la epidemia del VIH/sida como un grave problema de salud pública en México no presta la atención suficiente a esta problemática al no ejercer con eficiencia y oportunidad los recursos que fueron presupuestados para su atención en el 2016, y en consecuencia, deja en incertidumbre el acceso al diagnóstico, tratamiento y cuidados para las personas que viven con VIH.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a que haga públicas las medidas, estrategias, mecanismos de control y acciones de mejora que instrumentará para atender las necesidades de planeación y ejercicio del recurso presupuestal del Programa Prevención y Control de VIH, Sida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a fin de que incidan en la adecuada operación de las unidades médicas y en los servicios médicos que se otorgan a los pacientes con VIH/sida a nivel nacional y se logre promover la innovación en la atención de esta epidemia.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud – Temas de Salud VIH/Sida, disponible en

http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/, consultado el 10 de enero de 2017.

2 Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para el 2016-2021, disponible en

http://www.who.int/hiv/draft-hiv-strategy-2016-2021_es.pdf?ua =1, consultado el 10 de enero de 2017.

3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf, consultado el 10 de enero de 2017.

4 Programa Presupuestario P016 Prevención y atención de VIH/sida y otras ITS, disponible en

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, consultado el 10 de enero de 2017.

5 Resumen de la Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos Sida al 3er Trimestre de 2016 emitido por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, disponible en

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_3er_ trim_2016_1.pdf, consultado el 10 de enero de 2017.

6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2016, disponible en

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/In formes_al_Congreso_de_la_Union, consultado el 10 de enero de 2017.

Oficinas de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INVESTIGACIÓN OBJETIVA, TRANSPARENTE Y EXPEDITA SOBRE LA PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN, TRÁFICO DE DROGAS Y EXTORSIONES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instruir a la Segob para iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones prevaleciente en el sistema penitenciario local y enviar en un plazo de 15 días un informe integral a esta soberanía, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se presentó, a través de una cadena de televisión nacional, una serie de reportajes denominado “Graduaciones del Infierno” que muestra videos y audios de las extorsiones telefónicas y la venta de drogas al interior Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.

Por ejemplo, se evidenció que los internos ubicados en el dormitorio 7, hacen llamadas intimidatorias a personas, engañándolos que tienen secuestrado a algún familiar, acto en el que cuentan con la complicidad de los servidores públicos.

Dichos reportajes, aunados a diversos sucesos que se han presentado en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, muestran con claridad que no se cumple con la obligación de readaptar y reinsertar exitosamente a quienes cometieron algún delito.

Ya en de febrero de 2011, el entonces fiscal para la Atención del Delito del Secuestro del Distrito Federal, quien hoy funge como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría de la Ciudad de México, declaraba que el 80 por ciento de las extorsiones procedían de la penitenciaría de Santa Martha, y de los reclusorios preventivos Norte y Oriente.

“De las 800 averiguaciones previas por el delito de extorsión telefónica, alrededor de 80 por ciento provienen de los penales del Distrito Federal. La mayoría de esas llamadas salen de la penitenciaría de Santa Martha y los reclusorios preventivos Norte y Oriente (...) esas investigaciones se han acumulado en los dos últimos años”, señalaba el funcionario, de acuerdo a los reportes periodísticos de la época.

Las estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México publicadas el mes de enero del año 2016, destacaban que de cada 10 internos que son liberados, cuatro reinciden en la comisión de un delito.

“Actualmente hay 36 mil 501 internos en los 13 penales de la Ciudad de México, de los cuales 14 mil 158 son reincidentes, lo que representa 38.78 por ciento, de acuerdo con la solicitud pública (0101000164615) requerida mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”.

Los principales delitos de alto impacto por los que un ex interno vuelve a ser aprehendido y procesado, son los que cometieron robo calificado con un total de nueve mil 472; homicidio, con 933; armas de fuego y explosivos, con 894; delitos contra la salud, con 665; y privación ilegal de la libertad, con 654 casos.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente es el que concentra el mayor número de reos reincidentes con 5 mil 24; le sigue el Reclusorio Varonil Norte con 4 mil 672, y en tercer lugar el Reclusorio Varonil Sur con 2 mil 284. La Penitenciaría del Distrito Federal concentra 751 internos reincidentes y el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha 288 mujeres que son reincidentes.

Adicionalmente, de los 36 mil 501 internos que están recluidos en la Ciudad de México, más de 50 por ciento (18 mil 791) están acusados de robo calificado, mientras que el homicidio es el segundo lugar por el que se encuentran privadas de libertad cuatro mil 481 personas, la privación ilegal de la libertad (secuestro) ocupa el tercer lugar por el que están recluidas tres mil 18 internos.

También es importante destacar que en los Centros de Reclusión de la capital del país, existe una sobrepoblación de 12 mil 871 presos, ya que su capacidad total es para 23 mil 947 reos y hasta el 23 de octubre del años 2015 albergaban a 36 mil 818 internos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia por medios informativos nacionales.

“La Oficina de Transparencia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario dio a conocer que el centro con mayor sobrepoblación es el Reclusorio Oriente, donde la capacidad instalada es de 5 mil 631 internos y su población asciende a 12 mil 793 personas. Asimismo, en el Reclusorio Norte la capacidad instalada es de 5 mil 631 y la población era de 10 mil 511 internos; mientras que en la Penitenciaría del Distrito Federal existe una capacidad instalada de mil 851 internos y hasta el 23 de octubre su población ascendía a 2 mil 918”, se lee en el reporte ya señalado.

A su vez, un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica en 2013, revela que el 82 por ciento de los reos de los penales de la Ciudad de México reportaron que sus familiares pagan por llevarles algunos objetos, al 80 por ciento les cobran por entrar con comida, al 57 por ciento por entrar al penal y al 33 por ciento por tener una visita conyugal.

La corrupción policial también aumentó, ya que en 2002, el 36.9 por ciento de los reclusos reportaron que algún policía les pidió dinero o alguna pertenencia, mientras en 2013 esta proporción aumentó a 46.1 por ciento. De acuerdo con este informe las condiciones de vida de los reos, ha empeorado y la corrupción del sistema penitenciario y de seguridad pública va en aumento, en relación con años anteriores.

Además, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México se presentan, en promedio, dos muertes por semana. Tan solo entre los años 2010 y 2015, se registró el fallecimiento de 667 reos, la principal causa son los asesinatos, los suicidios y las enfermedades.

A nivel país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34 extorsiones, la mayoría mediante llamadas procedentes de diferentes centros penitenciarios.

En septiembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos para el bloqueo de telefonía celular en los penales, medida establecida en el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mediante estos ordenamientos se buscó limitar las señales de múltiples bandas de frecuencia, y atacar el recurrente problema, así como no afectar a los usuarios que residen cerca o que pasan junto a los reclusorios.

En diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor, el dictamen de una iniciativa que reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como las extorsiones a la población.

De esa manera se estableció la obligación de que las autoridades responsables de los equipos para bloquear este servicio en las cárceles y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, presenten informes semestrales sobre su operación, los cuales deben entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

De acuerdo al artículo 32 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponden a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, las siguientes atribuciones:

• Organizar la operación y administración de los reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados.

• Normar, coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema de Prevención y de Readaptación Social del Distrito Federal.

• Determinar y coordinar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en los reclusorios y centros de readaptación social.

• Participar en la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas en materia de prevención de la delincuencia.

• Coordinar acciones con las instituciones que, dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar la realización de las tareas de prevención de conductas delictivas.

• Vigilar que todo interno participe en las actividades laborales, educativas y terapéuticas necesarias para su correcta estabilidad psicológica, moral y anímica, así como que se le practiquen con oportunidad estudios que muestren su esfuerzo y la evolución de su tratamiento y que mantenga siempre relaciones cercanas con sus familiares y seres queridos.

• Dictar las normas internas y revisar los procedimientos a fin de evitar los fenómenos de corrupción al interior de los Centros de Readaptación Social.

• Cuidar por la seguridad personal de los procesados, así como vigilar por su correcto equilibrio psicológico, moral y emocional.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es importante que las autoridades competentes investiguen las responsabilidades por acción u omisión en las que pudieron haber incurrido todos los funcionarios del Reclusorio Norte, los funcionarios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaria de Gobierno e incluso el propio jefe del gobierno de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Gobierno a iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones que prevalecen en el Sistema Penitenciario de la ciudad; asimismo, para que envíe un informe integral a esta soberanía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las acciones que restablezcan la gobernabilidad y el cumplimiento de las normas aplicables en la materia en todos los reclusorios de la capital del país, así como los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en su Sistema Penitenciario, a fin de prevenir e inhibir la comisión de conductas ilícitas en su interior.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que a través de las instancias competentes implemente de manera inmediata lo estipulado en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en lo referente al bloqueo de señales de telecomunicaciones en el interior de las instalaciones del sistema penitenciario.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que analice la viabilidad de crear una Comisión Especial para analizar las posibles reformas y mejoras al sistema penitenciario de la capital del país, a fin de lograr la adecuada inserción social de los reclusos y evitar actos de corrupción y conductas delictivas al interior de los penales.

Notas

1 http://www.imagentv.com/noticias/imagen-noticias-con-ciro-gomez-leyva/asi-extor sionan-desde-el-reclusorio-norte

2 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/745642.html

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/02/1072503

4 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/03/1055067

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/09/996758

6 http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/subsecretaria/quienes_somos/ atribuciones.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS INICIADAS POR DIVERSAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN DETRIMENTO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PÚBLICA DEL ESTADO MEXICANO, DURANTE EL PERIODO 2000-2012

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotenal y Pronósticos para la Asistencia Pública a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por irregularidades cometidas en detrimento de dichas instituciones durante el periodo 2000-2012 y a señalar las sanciones impuestas a la fecha, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública son instituciones del estado mexicano, que tienen el objetivo de recaudar recursos para brindar apoyo a los grupos vulnerables de la población mexicana.

El objetivo de la Lotería Nacional es el de apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Mientras que el propósito de Pronósticos para la Asistencia Pública es la obtención de recursos destinados a la Asistencia Pública mediante la organización y /o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia entidad o por terceros.

Sin embargo, durante el periodo 2000-2006, comenzó el deterioro de estas instituciones de asistencia pública, derivado de diversas anomalías en el manejo de sus recursos.

Un caso emblemático de la corrupción que prevaleció en la Lotería Nacional durante el período señalado, lo constituyen los presuntos desvíos de recursos de dicha institución por parte de la directora Laura Valdés Ruiz, a la organización Vamos México, que era presidida por Martha Sahagún a través del Fideicomiso Transforma México.

Durante dicha administración, se presentó un cambió en la forma en ejercían las ganancias de la Lotería Nacional y Pronósticos, al dejar de destinarse a obras públicas a través de instituciones de Salubridad y Salud y pasar a un esquema en el que se éstos se entregaban a organizaciones civiles e instituciones privadas a través del Fideicomiso Transforma México.

La Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública, correspondiente al año 2003, detectó que a través del Fideicomiso Transforma México, se provocó un quebranto a las finanzas de la Lotería Nacional, por 71 millones 725 mil pesos, de entre las que destacan las siguientes irregularidades cometidas por las organizaciones a las que se le entregaron los recursos:

– En la donación de recursos a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) por 17 millones de pesos, con el propósito de equipar 88 aulas en el estado de Oaxaca. No obstante, Unete triángulo recursos por un monto de más de 3.3 millones a una subsidiaria, por lo que la ASF señaló un probable un daño al erario público de poco más de 9.3 millones 3 pesos.

– La Asociación Compartamos Alimentos, AC, recibió 2 millones de pesos para entrega de despensas, sin embargo, ésta no acreditó la entrega de las mismas e incluso presentó listas que no correspondía a la fecha de aprobación del recurso.

– En las donaciones otorgadas a la organización del Desarrollo Social (Fiades) para telemedicina por 26 millones de pesos, no se aplicaron de acuerdo al calendario establecido y no se comprobó la aplicación de cerca de 16 millones de pesos.

– Se otorgaron a Provida, 3 millones 495 mil pesos, para la compra de aparatos auditivos y ecosonidos para nueve Centros de Atención a la Mujer; no obstante, el presidente de la organización, Jorge Serrano Limón, destinó el dinero a la compra de ropa íntima femenina.

El saldo de la administración 2000-2006 para la Lotería Nacional fue la adquisición de una deuda de 3 mil 500 millones de pesos y una cartera vencida de los billeteros de cerca de 1 mil 500 millones de pesos.

En el sexenio anterior, la situación de las instituciones de asistencia pública no sólo no mejoró, sino por el contrario aumentó el número de irregularidades en el manejo de sus recursos, que derivó en la más profunda crisis que hayan enfrentado.

Basta mencionar, que la Lotería Nacional pasó de destinar recursos para la Asistencia Pública, por un monto de 366 millones de pesos en el año 2006 y de 458 millones de pesos, en 2007; a entregar en 2008 sólo 15 millones e incluso llegar al extremo de no generar recursos a partir del año 2009 y prolongar dicha situación hasta el final del sexenio.

En abril del año 2009, el entonces Director de la Lotería Nacional Miguel Ángel Jiménez Godínez, fue denunciado por la empresa periodística Megamedia de tratar de contratar publicidad por 6 millones de pesos, para la campaña política del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila. Motivo por el cual presentó su renuncia.

Pronósticos, no estuvo exento de estas irregularidades durante la administración de Felipe Calderón, pues durante dicho periodo, se distinguió la simulación de sorteos, el desvío de recursos públicos y gastos excesivos en viáticos.

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HJY-02-0426GB-094 realizada por la ASF, el 22 de enero de 2012, se llevó a cabo el Sorteo Melate y Revancha número 02518, el cual fue manipulado con la intención de defraudar a Pronósticos para la Asistencia Pública, por un monto de 160 millones de pesos. En dicho fraude participaron tanto personal de la institución como trabajadores del proveedor de servicios de filmación.

El fraude tuvo el siguiente modus operandi:

– Previo a la transmisión del sorteo en vivo, los involucrados grabaron una urna con números ganadores.

– Posteriormente compraron los boletos con los números que previamente habían grabado.

– Durante la transmisión en vivo del sorteo sobrepusieron la imagen que previamente habían gravado.

De los 160 mil 45.3 millones correspondientes al primer lugar, sólo se cobraron 113 mil 623.0 millones de peos (71.0 por ciento). Posteriormente se conocería que dicho sorteo fue manipulado, y se pretendió ganar de forma fraudulenta la bolsa acumulada; el resto por 46,422.3 miles de pesos (29.0 por ciento) permaneció en la entidad fiscalizada.

Ante estos ilícitos, PAP presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, lo que generó cuatro averiguaciones previas, números 71/UEIDALPE/LE/ 9/2012; 126/UEIDALPE/LE/9/2012; 281/UEIDALPE/ LE/9/2012 y 53/UEIDALPE/LE/9/2012

El caso del Sorteo Melate y Revancha número 02518, correspondiente al 22 de enero de 2012, en el que funcionarios de Pronósticos para la Asistencia Pública y trabajadores del proveedor de servicios de filmación manipularon el sorteo con la intención de defraudar a dicha institución por un monto de 160 millones de pesos.

Además, la Secretaría de la Función Pública, inhabilitó a Adolfo Blanco Tatto, exdirector de Pronósticos Deportivos, por 17 años y una multa de poco más 60 millones pesos, así como la inhabilitación de exsubdirector de Pronósticos Gabriel Martínez Guízar, por un periodo de 15 años y una multa económica de más de 46 millones de pesos, derivados de la negligencia administrativa de ambos funcionarios.

La cartera vencida de la Lotería Nacional pasó de 471 millones de pesos en 2008 a 781 en el año 2012. Por otra parte, las ventas netas durante el mismo período pasaron de 5 mil 809 millones a 5 mil 516.

Derivado de estas anomalías la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública han perdido la capacidad para cumplir su función de la obtener recursos destinados a la asistencia pública.

La crisis por la que atraviesan las instituciones de asistencia del estado mexicano, es de tal magnitud que cada vez es mayor la necesidad de que éstas reciban mayores recursos federales para poder seguir funcionando.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta apremiante que se conozcan y se sancione a los responsables de las irregularidades que se presentaron en contra de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública que se presentaron durante el período 2000-2012.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Pedro Pablo Treviño Villareal, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y director general de Pronósticos para la Asistencia Pública, para que presente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por diversas irregularidades cometidas en detrimento de dichas instituciones de asistencia pública del estado mexicano, durante el período 2000–2012. Asimismo, para que señale las sanciones que se han impuesto hasta la fecha.

Notas

1 Ley Orgánica de la Administración pública

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4713878&fecha =14/01/1985> Consultado el 13 de enero de 2017

2 <http://www.pronosticos.gob.mx/Paginas/Nosotros/nosotros > Consultado el 13 de enero de 2016.

3 La Lotería... al revés, Proceso29 de julio de 2009,

<http://www.proceso.com.mx/117424/la-loteria-al-reves-2> Consultado el 13 de enero de 2017.

4 Ibíd.

5 Daño patrimonial en Lotería Nacional por triangulaciones a Transforma México, Jornada,1 de abril de 2005,

<http://www.jornada.unam.mx/2005/04/01/index.php?section=pol itica&article=011n1pol> Consultado el 13 de enero de 2017.

6 Donativos amañados por Transforma México,

<http://contralinea.com.mx/archivo/2006/febrero2/htm/donativ os_transforma_mexico.htm> Consultado el 13 de enero de 2017.

7 La Lotería... al revés, Proceso 29 de julio de 2009, Ibíd.

8 Lotería Nacional 5 años sin otorgar asistencia pública,

<http://www.elfinanciero.com.mx/economia/loteria-nacional-an os-sin-otorgar-asistencia-publica.html> Consultado el 13 de enero de 2017.

9 Jiménez Godínez sale de Lotería; es una medida temporal, aclara, La Jornada,4 de abril de 2009,

<http://www.jornada.unam.mx/2009/04/09/politica/003n1pol> Consultado el 5 de diciembre de 2016.

10 Corrupción panista en Pronósticos,

<http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/ 2015/01/19/corrupcion-panista-en-pronosticos/> Consultado el 13 de enero de 2017.

11 Historia de uno de los mayores fraudes a Pronósticos Deportivos,

<http://noticieros.televisa.com/mexico/1502/historia-mayores -fraudes-pronosticos-deportivos/> Consultado el 13 de enero de 2017.

12 SFP multa e inhabilita a ex director de Pronósticos Deportivos,

<http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sfp-multa-e-inhabil ita-a-ex-director-de-pronosticos-deportivos.html> Consultado el 13 de enero de 2017.

13 Ibíd.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

INCREMENTAR ACCIONES, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVENIR LA MORTALIDAD MATERNA EN EL ESTADO DE PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a reforzar e incrementar por la Secretaría de Salud local sus acciones, políticas públicas y programas para garantizar el acceso universal, de calidad y calidez a los servicios de salud y prevenir la mortalidad materna, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los gastos que se han realizado en materia de salud, en el estado de Puebla han aumentado los casos de mortalidad materna, esto significa que más mujeres no tienen asegurado el aseso a las consultas, medicamentos y acompañamiento antes, durante y después de las labores de parto.

Estos casos han sido de tal magnitud que se ha posicionado como uno de los problemas más graves en términos de salud pública en la entidad, en particular, el año 2016 se ha consolidado como periodo con el registro más alto de muertes en los últimos cuatro años, esto de acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Conforme a estas estadísticas, Puebla está en los primeros lugares a nivel nacional con al menos un promedio de 44 decesos por año o por lo menos tres cada mes. Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones, entre ellas la 54/2016, a través de la cual solicitó atender las violaciones a los derechos humanos y a la protección de la salud de una mujer y la vida de su recién nacido en el Hospital General del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte.

Los hechos se dieron cuando una mujer de 21 años, con 38.5 semanas de embarazo acudió a dicho hospital tras presentar líquido vaginal y síntomas de trabajo de parto. Después de ser revisada, personal médico le indicó que no presentaba suficiente dilatación y que podría regresar a su domicilio.

Al día siguiente, regresó al hospital donde dio a luz a su bebé, quien perdió la vida por cardiopatía congénita y síndrome de aspiración de meconio. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constató que la mujer que asistió al nosocomio no tuvo acceso a una atención médica adecuada y oportuna que derivó en la muerte del recién nacido.

Ante estos hechos, la recomendación enfatiza en reparar el daño, a través de una compensación y rehabilitación donde se le otorgue a la víctima atención médica y psicología de acompañamiento y seguimiento. Se solicitó a la Jurisdicción Sanitaria 3 para que instrumente cursos integrales de educación, formación y capacitación sobre los Derechos Humanos.

En el PRI, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer los programas del sector salud que tengan como objetivo asegurar la infraestructura, los medicamentos y el personal suficiente que supere la falta de ginecólogos y de gineco-obstetras.

Servidores públicos del sector salud en la entidad han señalado que no sirve tener espacios hospitalarios en Mecapalapa, Venustiano Carranza, Xicotepec y Huauchinango, si no se cuenta con los médicos que atiendan a los pacientes, de manera eficiente, rápida, adecuada y oportuna Por si esto no fuera suficiente, en la entidad la calidad de las consultas y la entrega de medicamentos han sido mal evaluados, muestra de ello, es el reporte correspondiente al segundo cuatrimestre del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud.

Entre los municipios peor evaluados destaca la capital del estado, Izúcar de Matamoros y Zacapoaxtla, en el que se han constatado cierres parciales o totales en las áreas de atención o reducción en los servicios como rayos X, atención general y urgencias, prueba de ello, es la jurisdicción 6 en la colonia Tepeyac, en la cual su centro de salud aparece en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud, sin embargo, no se ofrecen consultas o atención medica de primer nivel.

La pobreza, la distancia y la falta de información, se deben dejar de constituir como principales limitaciones y obstáculos en el acceso a los servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario, ante lo cual, las autoridades electas también beben tomar las previsiones pertinentes.

La muerte materna durante el embarazo, el parto o puerperio debe dejar de ser un problema de salud pública, debido a que representa una clara violación a diversos derechos humanos de las mujeres, en especial con los derechos sexuales y reproductivos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de Salud de la entidad, refuerce e incremente sus acciones, políticas públicas y programas gubernamentales, a fin de garantizar el acceso universal, de calidad y calidez a los servicios de salud y prevenir la mortalidad materna, como medida ante el aumento de sucesos durante esta administración.

Notas

1 http://www.e-consulta.com/nota/2017-01-04/seguridad/registra-puebla-la-mayor-ci fra-de-muertes-maternas-en-4-anos

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_ 2016_054.pdf

3 http://megalopolismx.com/noticia/13475/puebla-se-ubica-en-el-primer-lugar-a-niv el-nacional-en-muertes-maternas

4 http://www.e-consulta.com/medios-externos/2016-12-23/incumple-salud-en-puebla-c on-consultas-y-medicamentos

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— (Rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y ANALIZAR LA PERTINENCIA Y POSIBILIDAD DE SOLICITAR APOYO AL GOBIERNO FEDERAL, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Guanajuato a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones la estrategia contra la inseguridad pública y analizar la pertinencia y posibilidad de solicitar apoyo al gobierno federal, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es un derecho de primera relevancia de las personas, en la medida que permite garantizar su integridad física, patrimonio y su propia vida. Es una demanda de la población, que exige una estrecha coordinación de las acciones instrumentadas por los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de nuestra Constitución Política.

De acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible concluir que el total de delitos en el Estado de Guanajuato ha crecido de manera sistemática en lo que va de la actual administración, pese a que la seguridad pública constituye una de las prioridades gubernamentales.

Para dimensionar la gravedad de dicha problemática, basta señalar que según las cifras disponibles, tan sólo en noviembre de 2016, se presentaron 8 mil 441 denuncias, cifra que significa un incremento de 4.9 por ciento con respecto al mismo mes de 2015 y de 13.1 por ciento con relación a noviembre de 2013.

En este mismo sentido, conforme a datos del Semáforo Delictivo, los eventos de mayor incidencia, fueron los siguientes: lesiones, 893; robo a negocios, 429; robo a vehículo, 417; robo a casa, 281; y homicidios, con 83 casos en el mes de referencia.

Respecto a noviembre de 2015, el robo a negocio en la entidad aumentó 10 por ciento y 29 por ciento con relación a la media nacional; proporciones similares a las registradas por los homicidios, de 9 y 29 por ciento, respectivamente.

Durante los primeros 11 meses de 2016, la cifra acumulada de denuncias ascendió a 97 mil 215, cifra que significó aumentos de 8.8 y 29.2 por ciento con respecto a 2015 y 2013, respectivamente.

En este contexto de inseguridad, se enmarca la ejecución del excandidato del PRI a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, ocurrida en pasado miércoles 11 de enero.

Esta alza sistemática en la incidencia delictiva, revela el fracaso e ineficacia de la estrategia implementada por el gobierno estatal en materia de seguridad pública, pese a la inversión millonaria destinada para tal propósito durante la actual gestión.

El artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.

Los datos y hechos son contundentes, evidencian el retroceso en materia de seguridad pública, así como la ineficacia de la estrategia impulsada por el titular del gobierno estatal.

Para los legisladores del PRI, es preocupante el incremento exponencial del número de delitos en la entidad, que afectan el patrimonio y seguridad de los habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la estrategia de combate a la inseguridad pública y analice la pertinencia y posibilidad de solicitar apoyo al gobierno federal con el objetivo de restituir el orden y la tranquilidad ante el aumento sostenido del número de delitos en la entidad.

Notas

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del %20fuero%20comun/ Cieisp2016_112016.pdf

2 http://guanajuato.semaforo.com.mx/

3 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/132/Ley_del_S_ de_Seg_Pub_del_Edo_de_Gto_REF_P.O._01Jul2016.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A OPTIMIZAR LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICADA EN LA MATERIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer con las entidades federativas las acciones para optimizar la recolección, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normativa en la materia, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los residuos sólidos son aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.

Los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, los primeros se refieren a sustancias que se pueden descomponer en un tiempo relativamente corto, como las hierbas, hojas, verduras, raíces, vegetales, madera, papeles y cartón principalmente; en tanto que los segundos se descomponen fácilmente y llevan ciclos en degradarse como son los plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos y deconstrucción.

Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población del orbe, no tiene acceso a servicios regulares de recolección de basura, además estima que las ciudades producirán 2,200 millones de toneladas de residuos sólidos al año para 2025.

También señala que en muchos países de ingreso bajo, los municipios ya gastan entre 20 % y 50 % de sus presupuestos en el manejo de los residuos sólidos, sin embargo, solo logran proporcionar servicios a menos de la mitad de sus ciudadanos.

México no es ajeno a esta grave problemática que atenta contra la salud y el medio ambiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se recolectan 86 mil 343 toneladas de basura al día, es decir, 770 gramos por persona; tan sólo en la Ciudad de México se produce una quinta parte del total nacional.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se generan poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año, esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del sol de Teotihuacán y 231 veces al estadio de futbol más grande de nuestro país.

Ante esta problemática, cabe señalar que la cuestión no sólo está en los residuos sólidos, sino también en quienes la generan y en quienes consciente e inconscientemente la compran. Como ocurre con las gomas de mascar, bolsas de plásticos, entre otras.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo primero establece “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; y garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 7 fracción XXIII establece “ promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos”.

Ante la prevalencia de dicho problema, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de manera coordinada con las entidades federativas, fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos; asimismo para que instrumenten campañas de concientización, con el objetivo de fomentar las prácticas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad y urgencia de tomar las medidas pertinentes para prevenir los efectos negativos de los residuos sólidos en todo el país, que afectan la salud y quehacer cotidiano de los ciudadanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de manera coordinada las entidades federativas, fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia; asimismo para que instrumenten campañas de concientización entre la población con el objetivo de fomentar las prácticas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental.

Notas

1 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/30/how-to-finance-solid-was te-management

2 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_ SOLIDOS_URBANOS_ENCARTE.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

INSTRUMENTAR PROTOCOLOS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES; ASÍ COMO DE LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de Quintana Roo y de Solidaridad a instaurar de manera coordinada protocolos y políticas que garanticen la seguridad de los habitantes de la demarcación y de los turistas nacionales e internacionales en virtud del incremento de la inseguridad y los recientes hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot, en Playa del Carmen, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección de la vida y la salvaguarda del patrimonio de las y los mexicanos, es una función ineludible que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno, señala que:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

La seguridad pública constituye una de las principales funciones del Estado mexicano, en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo.

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo, en los últimos meses se ha presentado un incremento en las cifras delictivas del municipio de Solidaridad, de octubre a noviembre de 2016, la incidencia de robo de vehículos se incrementó en un 300 por ciento; mientras que de septiembre a noviembre tanto el robo a casa, el robo a negocios y la incidencia en lesiones aumentó en más de un 1000 por ciento.

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la situación que prevalece en el municipio, que amenaza la tranquilidad y seguridad de los habitantes y de los turistas tanto nacionales como internacionales.

Playa del Carmen constituye uno de los principales destinos turísticos del país, no sólo por su belleza natural y cultural, sino por su amplia oferta deportiva, artística y musical, destacando el DJ Fest y el The BPM Festival que se lleva a cabo a inicios de enero y que tan solo en 2016 atrajeron a poco más de 60 mil turistas.

La madrugada del lunes 16 de enero de 2017, en el marco del cierre del BPM Festival, se presentó una balacera en el club Blue Parrot de Palaya de Carmen, en que fallecieron 5 personas y 15 resultaron lesionadas.

El Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado a las autoridades del estado de Quintana Roo, para que cumplan con su función primordial de brindar las condiciones de seguridad necesarias para la protección de la vida, la seguridad y del desarrollo económico de la entidad.

Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y solicitamos a las autoridades que les brinden la asistencia Y apoyo necesario. Deseamos la pronta recuperación de los heridos y esperamos que cuenten con el apoyo por parte de las autoridades estatales.

Hacemos un llamado para que los responsables de estos actos no queden impunes, por los que solicitamos a las autoridades que se realice una investigación pronta, expedita y transparente, asimismo, consideramos apremiante que se instrumenten las acciones que ayuden a prevenir que este tipo de sucesos no se vuelvan a presentar en ningún municipio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al gobierno municipal de Solidaridad para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada instrumenten protocolos y políticas de seguridad que garanticen la seguridad de los habitantes de dicha demarcación, así como el de turistas nacionales e internacionales en virtud del incremento de la incidencia delictiva y los recientes hechos ocurridos en la discoteca Blue Parrot ubicada en Playa del Carmen.

Notas

1 Semáforo Delictivo Quintana Roo

<http://qroo.semaforo.com.mx/> Consultado el 16 de enero de 2016.

2 Riviera Maya registra cifras récord de llegada de turistas, El Financiero,

<http://eleconomista. .mx/industrias/2016/01/04/riviera-maya-registra-cifras-record-Ilegada-turistas> Consultado el 16 enero de 2016.

3 Informa del evento en Blue Parrot

<http://www:qroo.gob.mx/inicio/informacion-del-evento-en-blu e-parrot/> Consultado el 16 de enero de 2017.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 de enero de 2017.— (Rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

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